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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Extraordinaria

Gaceta Oficial N° 6.394 Extraordinaria

16 de agosto de 2018 · 24 páginas
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Caracas, jueves 16 de agosto de 2018 N° 6.394 Extraordiario AÑO CXLV - MES XI

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Oficina de Auditoría Interna Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos que en ellas se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE PETRÓLEO

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instalaciones de este Ministerio" y que: "en los expedientes pertenecientes a dichos vehículos, no se observó documento alguno que hiciera referencia al paradero de estos", evidenciados durante la Revisión del Acta de Entrega suscrita en fecha 24/10/2014, y en virtud de lo antes expuesto, fueron llamados como presuntos responsables al presente Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, los ciudadanos: Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, titular de la cédula de identidad N° V-9.327.314, por cuanto ejerció el cargo como Director, encargado, de Servicios y Logística de este Ministerio, según Resolución N° 087 de fecha 29/05/2007, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 del 29/05/2007 (Folios 195 al 197 del expediente) hasta el día 15/04/2012, siendo que en dicho período, de acuerdo con lo planteado en el informe de resultados que nos ocupa, le correspondía dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, al no adelantar presuntamente las acciones correspondientes para garantizar su vigilancia, conservación, preservación y salvaguarda, a lo fines de asegurar la aplicación de los controles correspondientes que llevaran a garantizar la seguridad y mantenimiento de ocho (8) vehículos identificados con las placas TAP25C, TAP43C, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, así como la determinación de su usuario final, en razón que los mismos se encontraban confiados a su guarda, uso o administración; al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, titular de la cédula de identidad N° v- 11.226.399, mientras estuvo en el ejercicio de su cargo como Director, encargado, de Servicios y Logística de este Ministerio, desde el día 16/04/2012 según Resolución Nº 037 de fecha 16/04/2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°

39.903 del 16/04/2012 (Folios 180 y 183 del expediente) hasta el 22/10/2014, siendo que en dicho período, de acuerdo con lo planteado en el informe de resultados que nos ocupa, le correspondía dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, presuntamente no adelantó las acciones correspondientes para garantizar su vigilancia, conservación, preservación y salvaguarda, a lo fines de asegurar la aplicación de los controles correspondientes que llevaran a garantizar la seguridad y mantenimiento de diez (10) vehículos TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08]; así como, la determinación de su usuario final, en razón que los mismos se encontraban confiados a su guarda, uso o administración; y al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad N° V-4.809.852, en su condición de Encargado de la División de Transporte y Comunicaciones adscrito a la Dirección de Servicios (hoy denominado Grupo de Trabajo de Transporte, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística) de este Ministerio, a partir del 01/06/2004, según Punto de Cuenta N° Ref 418 de fecha 01/06/2004 (Folio 187 del expediente) y posteriormente como Jefe (encargado) del Grupo de Trabajo de Transporte, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio, según Punto de Cuenta N° Ref 01137 de fecha 01/04/2009 (Folio 188 del expediente) hasta el 09/10/2014, según Punto de Cuenta N° Ref 000593 de fecha 09/10/2014 (Folio 189 del expediente) fecha en la que se acordó la finalización de su encargaduría como Jefe de Grupo adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, por cuanto durante el ejercicio de su cargo, no ejerció el adecuado control interno correspondiente a fin de garantizar el correcto manejo y custodia de diez (10) vehículos identificados con las placas TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, pertenecientes a la flota de este Ministerio, a los efectos de garantizar la seguridad y mantenimiento de ellos, así como "la determinación del usuario final" de los mismos, lo cual se evidenció por la ausencia en los expedientes que reposaban bajo la custodia del "Grupo de Trabajo de Transporte", entre otros documentos, de las "Actas de Asignación", con la excepción del expediente correspondiente al vehículo TAP35C, conforme se indicó en el informe de resultados de la investigación.

También se señaló en el Auto de Apertura de fecha 18/10/2017, que estas personas llamadas como presuntos responsables, habrían incumplido con los principios y normas que se transcriben:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, como pilar fundamental del estado democrático y social, de derecho y de justicia venezolano, que consagra los principios sobre los que se fundamenta la Administración Pública, a saber:

"Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.".

Además, de los señalados principios constitucionales, el numeral 1 del artículo 5 del Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos (CEsSP), expresa lo siguiente:

"Artículo 5. Son deberes de las servidoras y los servidores Públicos:

1. Salvaguardar en todo momento y en cada una de sus actuaciones, los intereses del Estado y preservar el patrimonio público".

Lo anterior se concatena con la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP), la cual establece en el numeral 7 de su artículo 33 lo siguiente:

"Artículo 33. Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los funcionarios o funcionarias públicos estarán obligados a:

(Omissis) 7. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la Administración Pública confiados a su guarda, uso o administración. (Omissis)'.

En ese mismo orden de ideas, las Normas Generales de Control Interno (NGCI), aplicable por razón del tiempo, establece lo que sigue:

"Artículo 8. Los sistemas de control interno deben ser estructurados de acuerdo con las premisas siguientes:

a) (Omissis) Asimismo, a los niveles directivos y gerenciales les corresponde garantizar el eficaz funcionamiento del sistema en cada área operativa, unidad organizativa, programa, proyecto, actividad u operación, de la cual sean responsables. (Omissis)".

Y el artículo 23 de las mismas NGCI, aplicable por razón del tiempo, que dispone:

"Artículo 23. Todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas con la suficiente documentación justificativa.

(Omissis)".

De igual manera, el artículo 55 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos (LOBP); dispone:

"Artículo 55. El órgano o ente que tenga la propiedad, custodia, protección, adscripción o asignación de un Bien Público, nombrará un encargado o encargada, quien tendrá la responsabilidad de mantener y administrar el mismo, respondiendo patrimonialmente por cualquier daño, pérdida o deterioro sufrido por el bien custodiado, en cuanto le sea imputable.

Quedan a salvo las responsabilidades del usuario final del Bien Público de que se trate, conforme al correcto uso que se haga del bier".

De acuerdo a la normativa previamente transcrita, se desprende que todos los órganos y entes de la Administración Pública, así como los servidores públicos que la integran, tienen el deber de salvaguardar los bienes que les sean adscritos en razón de las funciones que les corresponda adelantar, particularmente aquellos a los cuales les ha sido confiado de manera expresa la guarda y custodia de los mismos. Así las cosas, también se tiene que, el Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.867 del 11/01/2000, vigente desde el 11/01/2000 hasta el 23/03/2015, establece en su artículo 13 lo que sigue:

"Artículo 13. Corresponde a la Dirección de Servicios las siguientes atribuciones:

(Omissis) 2. Dirigir y coordinar las actividades asociadas con la (.) custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales adscritos al Ministerio.(Omissis)".

En virtud de lo expuesto, los hechos que se presumen irregulares y que motivaron el inicio de generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 2 del artículo 91 de la LOCGRSNCF, que establece:

"Artículo 91. Sin perjuicio de la Responsabilidad Civil o Penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

(..) 2.- La omisión, (..) negligencia (...) en la preservación y salvaguarda de los bienes (...) del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley. (...)" La afirmación sobre la comisión de los hechos presuntamente irregulares anteriormente mencionados, en relación con los referidos ciudadanos, se circunscribieron en el Auto de Apertura a cuatro (04) circunstancias fácticas según las condiciones conocidas por cada uno de los diez (10) vehículos involucrados en el presente procedimiento, razones que comprometen presumibiemente la responsabilidad personal de cada uno de los llamados como presuntos responsables en el presente procedimiento, situaciones éstas que se enumeran a continuación:

1.- Cuatro (4) vehículos adquiridos entre los años 2004 y 2007 por el Ministerio, de los cuales se evidenció transmisión de propiedad a nombre de particulares de los vehículos TAP25C y TAP43C en el año 2011 y en el año 2014 de los vehículos DBS16J y DBS94I, sin que constare en los expedientes de cada uno de ellos, documentación que sustente los mecanismos de control interno que justifiquen las transacciones: Así las cosas, y visto que de lus diez (10) vehículos anteriormente mencionados que ostentan la condición de Bienes Nacionales, pertenecientes a la flota de este Ministerio, sin ubicación material; siendo que efectivamente se verificó por medio de información solicitada al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (comunicación N° 13-05- 2015-1243, de fecha 10/03/2015) que cuatro (04) de ellos, identificados con las placas TAP25C, TAP43C, DBS163 y DBS94I, se encontraron registrados a nombre de particulares y no del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo); sin que constare este hecho en los archivos del Grupo de Trabajo de Transporte de este Ministerio, respecto a los cuatro (4) vehículos que se identifican a continuación:

A Vehículo Marca Toyota, Modelo Land Cruiser TD, color blanco, año 2007, placa TAP25C, serial de motor 1FZ0720895, serial de carrocería JTEFJ713270007772, según Certificado de Registro de Vehículo de fecha 07/01/2008 a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) (Folio 68 del expediente) N° de Bien Nacional 70626 según planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) de este Ministerio (Folio 69 del expediente; el cual de acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, se encuentra registrado en el Registro de Tránsito del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (RTINTT) desde la fecha 12/04/2011, a nombre de la ciudadana: JOHANA ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.194,344, y luego, desde la fecha 19/02/2015 aparece registrado a nombre del ciudadano ALBERTO PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° v- 18.039.017. Aunado al hecho que, entre esas fechas, se realizó una asignación de placas (AP1) bajo el trámite N° 30064293 de fecha 25/04/2011, correspondiéndole a dicho vehículo la Placa:

AA3683C (Folios 136 al 151 del expediente).

A Vehículo Marca Toyota, Modelo Land Cruiser TD, color beige, año 2006, placa TAP43c, serial de motor 1FZ0713163, serial de carrocería JTEFJ71J260006748, según Certificado de Registro de Vehículo de fecha 07/01/2008 a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio de/ Poder Popular de Petróleo) (Folio 72 del expediente) N° de Bien Nacional 70655 según planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) de este Ministerio (Folio 73 del expediente); el cual de acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, se encuentra registrado en el Registro de Tránsito (E) del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (RTINTT) a nombre del ciudadano: EDUARDO ZAVALA, titular de la cédula de identidad N° V-16.961.335, desde el 04/03/2011 (Folio 136 al 151 del expediente. Verificándose que el mismo se encontraba en condición de "reportado por persona natural" ante el CICPC (Anaco) en fecha 09/01/2012 (Folio 202 y vto. del expediente).

Vehículo Marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color gris, año 2004, placa DBs163, serial de motor 14V315267, serial de carrocería 8ZNDT13S14V315267, Certificado de Registro de Vehículo de fecha 27/08/2007 a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) (Folio 82 del expediente) N° de Bien Nacional 67462, según planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) de este Ministerio (Folio 83 del expediente); el cual de acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, le realizaron una asignación de placas (AP1) correspondiéndole al vehículo la Placas actual: AB104Pw, y en fecha 11/06/2014, se encuentra registrado en el Registro de Tránsito (E) del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (RTINTT) a nombre del ciudadano: ALVARO ARNEDO, titular de la cédula de identidad N° V-10.826.155 desde el 11/06/2014 (Folios 136 al 151 del expediente).

Vehículo Marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color rojo, año 2004, placa DBs94I, serial de motor 64V315538, serial de carrocería 8ZNDT13S64V315538, Certificado de Registro de Vehículo de fecha 27/08/2007 a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) (Folio 76 del expediente) N° de Bien Nacional 67463, según planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) de este Ministerio (Folio 77 del expediente); de acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, le realizaron una asignación de placas (AP1) correspondiéndole al vehículo la Placas actual: AA789Lx, en fecha 18/09/2014 y se encuentra registrado desde esa misma fecha en el Registro de Tránsito del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (RTINTT) a nombre del ciudadano: RAMIRO DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.634.825 (Folio 136 al 151 del expediente).

Conforme a lo anterior, además de las obligaciones señaladas en las normas supra transcritas, corresponde a la Dirección de Servicios (actualmente Dirección de Servicios y Logística) "Dirigir y coordinar" todas las actividades asociadas a la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales adscritos a este Ministerio, y de acuerdo a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 del 29/05/2007, el Director de Servicios y Logística (E) de este Ministerio, era el ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, titular de la cédula de identidad N° V-9.327.314, desde el 29/05/2007 hasta 15/04/2012,

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correspondiéndole en el ejercicio de su cargo, de acuerdo al artículo 13 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) vigente para la fecha, dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, adscritos a este Ministerio. En virtud de lo antes descrito, evidenciamos en el expediente que de los vehículos involucrados en la investigación que produjo el informe de resultado, solo los identificados con las placas TAP25C y TAP43C fueron registrados a nombre particulares en fechas 12/04/2011 y 04/03/2011, respectivamente. En cuanto al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, titular de la cédula de identidad N° V-11.226.399, quien sucedió en el cargo al ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez desde el 16/04/2012 hasta el TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07] y DBS08J, en los cuales se incluyen los vehículos placa TAP25C y TAP43c, en virtud del principio de continuidad administrativa, debido a los deberes y obligaciones que ostentaba en ejercicio de las funciones de su cargo, el cual debió ejercer con la suficiente eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad como para llegar a conocer y actuar respecto a la ausencia de dichos Bienes Nacionales, siendo que, además se evidencia que, los vehículos identificados con las placas DBS163 y DBs94I, fueron registrados a nombre de particulares, en fecha 11/06/2014 y 18/09/2014, respectivamente, al corresponderle en el ejercicio de su cargo, de acuerdo al artículo 13 ejusdem, dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, adscritos a este Ministerio. Aunado a lo anterior, se consideró el hecho que la Dirección de Servicios y Logística ha empleado equipos o grupos de trabajo, entre los que se encuentra el "Grupo de Trabajo de Transporte", y quien ejerció funciones como Jefe, encargado, de dicho Grupo, fue el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad N° V-4.809.852, desde el 01/06/2004 hasta el 09/10/2014, según Certificación de Cargos contenida en el memorando N° 000041-A de fecha 18/01/2016, quien de acuerdo con la información aportada por el propio ciudadano, en la fase de procedimiento de investigación, a través del memorándum Código DSL-GT-108 de fecha 19/10/2009 y sus anexos, tenía asignada dentro de sus funciones las de: "...planificar y programar el mantenimiento, prevención, recuperación y asignación de los vehículos del Ministerio, según lineamientos dictados por la Dirección de Servicios...", correspondiéndole lo concerniente a la planificación y programación, del mantenimiento, prevención, recuperación y asignación de los vehículos de este Ministerio, siendo así su responsabilidad la de mantener y administrar los mismos, sin que, presuntamente, se percatara de la ausencia de estos cuatro (4) vehículos placas TAP25C, TAP43C, DBS163 y DBS94I. Por los hechos antes expuestos se presume que, tanto los Directores (E) de Servicios y Logística, ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez y ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, cada uno durante el ejercicio de sus cargos, como el Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte, ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, quien a pesar de hacer constar en la Acta de Entrega suscrita el fecha 24/10/2014, que los referidos automóviles TAP25C, TAP43C, DBS16J y DBS94I, se encontraban operativos y en calidad de asignados al Despacho del ciudadano Ministro de Petróleo y Minería (hoy Ministerio del Poder Popular de Petróleo); se evidenció en la Auditoría de Seguimiento practicada a los resultados de la Revisión del Acta de Entrega del Grupo de Trabajo de Transporte, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, que presuntamente se dejaron de aplicar los controles internos necesarios a los efectos de poder garantizar, por una parte, la seguridad, prevención, mantenimiento y recuperación de los supra identificados bienes y por la otra, la "determinación del usuario final" de los mismos, responsabilidad que recaía en ellos, quienes tenían la competencia para ejercerla en su momento, al no adelantar presumiblemente las acciones correspondientes para garantizar la a su guarda, uso o administración, ello conforme a lo estipulado en los artículos 55, 87 y 94 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos, en concordancia con el numeral 7 del artículo 33 de la LEFP el numeral 1 del artículo 5 del Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos, el artículo 23 y el literal "a" del artículo 8 de las NGCI aplicable por razón del tiempo y el numeral 2 del artículo 13 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas (hoy Ministerio del Poder Popular de Petróleo).

2.- Un (1) vehículo volcado: Se pudo constatar, en el marco de la verificación efectuada por la Oficina de Auditoría Interna al contenido del Acta de Entrega del Grupo de Trabajo de Transporte de este Ministerio, que uno (1) de los diez (10) vehículos tantas veces mencionados, todos pertenecientes a la flota de este Ministerio, específicamente el identificado con placa DBs173 (N° de Bien Nacional 67460) fue ubicado en el Estacionamiento de PDVSA en Carrizales, Edo. Miranda, producto de un presunto "volcamiento", el cual de acuerdo con la comunicación N° DSL-528 de fecha 03/11/2015 (Folio 93 del expediente) que hace referencia a las signadas GTT-033 y DSL-GTT-087, fechadas el 02/03/2015 y el 31/08/2015, respectivamente (Folios 94 al 97 del expediente) expone que el vehículo antes descrito presenta: "..daños irreparables de latonería, pintura, tapicería y mecánica en general..." siniestro que ameritaba, a decir del funcionario remitente de estos últimos memorandos, su desincorporación; sin que conste en el expediente del vehículo, de acuerdo con el informe de resultados de la investigación, documentación alguna que avale tal actividad, esto es, haberse reportado en su momento la siniestralidad al "Grupo de Trabajo de Transporte" o a la compañía de seguros, a los efectos indemnizatorios patrimoniales del bien público propiedad de este Ministerio, identificado como:

Vehículo marca Chevrolet, modelo Trail Blazer, color azul, año 2004, placa DBs173, serial de motor 34V315402, serial de carrocería 8ZNDT13S34V315402, Certificado de Registro de Vehículo de fecha 27/08/2007 a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) (Folio 88 del expediente) N° de Bien Nacional 67460, según planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) de este Ministerio (Folio 89 del expediente).

Ahora bien, como quiera que, la Dirección de Servicios y Logística, no dispone del registro de entrada del referido bien nacional al supra citado estacionamiento ni del siniestro, se constató que el dicho vehículo fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 27/08/2007 y, conforme se indica en el informe de resultados de la investigación, cuando señala el artículo 13 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, el mismo quedó bajo la dirección y coordinación de la custodia del ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, titular de la cédula de identidad N° V-9.327.314, quien de acuerdo a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 de fecha 29/05/2007 desempeñándose como Director de Servicios y Logística (E) de este Ministerio desde el 29/05/2007 hasta 15/04/2012, custodia que posteriormente pasó al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, titular de la cédula de identidad N° V-11.226.399, quien, conforme a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.903 del 16/04/2012 y a la Certificación de Cargos contenida en el memorando N° 000041-A de fecha 18/01/2016, ocupó ese mismo cargo desde el 16/04/2012 hasta el 22/10/2014. En razón de ello, señala el informe de resultados de la investigación, correspondía en el ejercicio del cargo dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, propiedad de este Ministerio, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo). Y el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad N° V-4.809.852, que ocupó el cargo de "Jefe del Grupo de Trabajo de Transporte" desde el 01/06/2004 hasta el 09/10/2014, quien de acuerdo a las funciones contenidas en el Memorándum Código DSL- GT-108, debió ejercer las acciones necesarias que lo llevaran a garantizar el mantenimiento, prevención, recuperación y asignación del preidentificado vehículo perteneciente a la flota de este Ministerio. La situación antes descrita con el vehículo placas DBs173, hace presumir que los antes mencionados ciudadanos, dejaron de realizar las acciones correspondientes para garantizar su vigilancia, conservación, preservación y salvaguarda, al tratarse de un bien público que les fue confiado a su guarda, uso o administración, tal y como lo estipula el artículo 55 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos, en concordancia con el numeral 7 del artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP) el numeral 1 del artículo 5 del Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos, los artículos 8, literal "a", y 23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI) aplicable por razón del tiempo y el numeral 2 del artículo 13 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo).

3.- Un (1) vehículo asignado pero no ubicado en el marco de la verificación efectuada por la Oficina de Auditoría Interna al contenido del Acta de Entrega del "Grupo de Trabajo de Transporte" de este Ministerio: Uno (1) de los diez (10) vehículos a los cuales refiere el informe de resultados de la investigación y perteneciente a la flota de este Ministerio, identificado con la placa TAP35C, fue asignado mediante acta de fecha 15/02/2007 a un funcionario y no al Despacho del Ministro como lo indica el Acta de Entrega. Dicho vehículo, fue objeto de un hecho delictivo, "robo" lo cual no fue reportado en su momento al "Grupo de Trabajo de Transporte", tampoco a la compañía de seguros, a los efectos indemnizatorios del daño patrimonial correspondiente, causado en el bien público propiedad de este Ministerio identificado como:

A Vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser TD, color blanco, año 2007, placa TAP35C, serial de motor 1FZ0731799, serial de carrocería JTEFJ713770008528, Certificado de Registro de Vehículo de fecha 07/01/2008 a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) de este Ministerio (Folio 99 del expediente). Siendo el único expediente que incorporó un documento, el cual investigación, se encontraba en ejercicio de funciones como Jefe de la División de Protección Integral de la Dirección de Servicios y Logística "desde el 20/06/2006 hasta el 17/04/2007" (Folios 936, 965 y 1013 del expediente). Verificándose también, en el transcurso de la investigación, que Cristóbal Estado Táchira) en fecha 02/09/2010 (Folio 202 y vto. del expediente) sin que dicho correspondiente a este vehículo, la devolución de la asignación o de una nueva asignación.

Visto los elementos antes expuestos, habida cuenta que al no ubicarse el referido bien en las instalaciones de este Ministerio, de acuerdo al Acta levantada en fecha 12/02/2015 y, no evidenciarse del expediente llevado por el "Grupo de Trabajo de Transporte" que el mismo hubiese sido formalmente devuelto, y que de conformidad con el oficio 9700-054-1621 de fecha 18/11/2016, la Dirección de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC) (Folio 202 y vto. del expediente) indicaron, que en fecha 02/09/2010 se efectuó la denuncia "(...)por el Delito Estado Táchira; en virtud de los elementos reseñados, el mismo habría quedado bajo la dirección y coordinación de la custodia del ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, titular de la cédula de identidad N° V-9.327.314, quien de acuerdo a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 del 29/05/2007 se desempeñó como Director de Servicios y Logística (E) de este Ministerio desde el 29/05/2007 hasta 15/04/2012, responsabilidad que en ejercicio de funciones pasó al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, titular de la cédula de identidad N° V-11.226.399, quien, conforme a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.903 del 16/04/2012 y a la Certificación de Cargos contenida en el memorando N° 000041-A de fecha 18/01/2016, quien ocupó ese mismo cargo desde el 16/04/2012 hasta el 22/10/2014. Que, en razón de ello, les correspondía, en el ejercicio de sus cargos, dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, propiedad de este Ministerio, de acuerdo al artículo 13 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) vigente para la fecha. Asimismo, quien fungió como Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte desde el 01/06/2004 hasta el 09/10/2014, de acuerdo con la Certificación de Cargos contenida en el memorando N° 000041-A, de fecha 18/01/2016, ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad N° V-4.809.852, destacando el hecho que en "Acta de Entrega" suscrita en fecha 24/10/2014, indicó que el referido automóvil se encontraban operativo y en calidad de asignado al Despacho del ciudadano Ministro de Petróleo y Minería, el seguimiento efectuado por la auditoría a dicha acta evidenció la ausencia de la unidad móvil en las instalaciones de este Ministerio, la descripción de las responsabilidades funcionariales contenidas en el memorándum Código DSL-GT-108, hacen presumir, dejó de ejercer las acciones necesarias que lo llevarán a garantizar el mantenimiento, prevención y recuperación del preidentificado vehículo perteneciente a la flota de este Ministerio, ello conforme a lo estipulado en los artículos 55, 87 y 94 de la LOBP, en concordancia con el numeral 7 del artículo 33 de la LEFP el numeral 1 del artículo 5 del Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos y los artículos 8, literal "a", y 23 de las NGCI aplicable por razón del tiempo.

4.- Cuatro (4) vehículos a los que contrae el resultado del informe de la investigación, no se obtuvo constancia de información o la ubicación actual: Los cuales son los siguientes:

Vehículo marca Toyota, modelo 4Runner LTD V6, color plata, año 2007, identificado con la placa TAP89B, serial de motor 1GR5332380, serial de carrocería JTEBU17R278079668, Certificado de Registro de Vehículo de fecha 07/01/2008 a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día según planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) de este Ministerio (Folio 105 del expediente) el cual, durante la Revisión y posterior Seguimiento del Acta de Entrega del "Grupo de Trabajo de Transporte" suscrita en fecha 24/10/2014, no fue ubicado físicamente en las instalaciones de este Ministerio, asunto de lo cual se dejó constancia en el Acta levantada in situ de fecha 12/02/2015, se constató que, del mismo no existe constancia en su respectivo expediente de que hubiese sido asignado en calidad de préstamo o cualquier otra figura a organismos o "...ente descentralizado de este Ministerio". Constatando que este vehículo se denunció por ante los organismos del Estado competentes (CICPC), siendo incluido como "solicitado" a través del Sistema SIPOL, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, con remisión a la Fiscalía 11º del Ministerio Público.

A Vehículo marca Toyota, modelo Prado 5 Puerta, color blanco, año 2001, identificado con la placa MCF27H, serial de motor 5VZ1090575, serial de carrocería 9FH11VJ9519002983, Certificado de Registro de Vehículo de fecha 07/03/2001 a nombre del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) (Folio 108 del expediente) N° de Bien Nacional 60799, según planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) de este Ministerio (Folio 109 del expediente) el cual, durante la Revisión y posterior Seguimiento del Acta de

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Entrega del "Grupo de Trabajo de Transporte" suscrita en fecha 24/10/2014, no fue ubicado físicamente en las instalaciones de este Ministerio, asunto de lo cual se dejó constancia en el Acta levantada n situ de fecha 12/02/2015, se constató que, del mismo no existe constancia en su respectivo expediente de que hubiese sido asignado en calidad de préstamo o cualquier otra figura a organismos o "...ente descentralizado de este Ministerio". Verificándose que este vehículo se denunció por ante los organismos del Estado competentes (CICPC), siendo incluido como "solicitado" a través del Sistema SIIPOL, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, con remisión a la Fiscalía 11° del Ministerio Público.

Vehículo marca Chevrolet, modelo Trail Blazer, color gris, año 2004, identificado con la placa DBs073, serial de motor X4V315347, serial de carrocería 8ZND713SX4V315347, Certificado de Registro de Vehículo de fecha 07/01/2008 a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) (Folio 114 del expediente) N° de Bien Nacional 67461, según planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) de este Ministerio (Folio 115 del expediente) el cual, durante la Revisión y posterior Seguimiento del Acta de Entrega del "Grupo de Trabajo de Transporte" suscrita en fecha 24/10/2014, no fue ubicado físicamente en las instalaciones de este Ministerio, asunto de lo cual se dejó constancia en el Acta levantada in situ de fecha 12/02/2015, se constató que, del mismo no existe constancia en su respectivo expediente de que hubiese sido asignado en calidad de préstamo o cualquier otra figura a organismos o "..ente descentralizado de este Ministerio". Verificándose que efectivamente este vehículo se denunció por ante los organismos del Estado competentes (CICPC), siendo incluido como "solicitado" a través del Sistema SIIPOL, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en Ley Contra la Corrupción, con remisión a la Fiscalía 11° del Ministerio Público.

Vehículo marca Chevrolet, modelo Trail Blazer, color azul, año 2004, identificado con la placa DBs083, serial de motor X4V315364, serial de carrocería 8ZND713SX4V315364, Certificado de Registro de Vehículo de fecha 27/08/2007 a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) (Folio 119 del expediente) N° de Bien Nacional 67459, según planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) de este Ministerio (Folio 120 del expediente) el cual, durante la Revisión y posterior Seguimiento del Acta de Entrega del "Grupo de Trabajo de Transporte" suscrita en fecha 24/10/2014, no fue ubicado físicamente en las instalaciones de este Ministerio, asunto de lo cual se dejó constancia en el Acta levantada in situ de fecha 12/02/2015, se constató que, del mismo no existe constancia en su respectivo expediente de que hubiese sido asignado en calidad de préstamo o cualquier otra figura denunció por ante los organismos del Estado competentes (CICPC), siendo incluido como "solicitado" a través del Sistema SIIPOL, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, con remisión a la Fiscalía 11° del Ministerio Público.

Ahora bien, respecto a estos cuatro (4) vehículos no ubicados, se valoró que fueron registrados a nombre del Ministerio de Energía y Minas (Hoy Ministerio del Poder Popular de Petróleo) en fechas 07/01/2008, 07/03/2001, 07/01/2008, 27/08/2007, respectivamente y, conforme indicó el informe de resultados de la investigación, cuando señala al artículo 13 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, vigente para ese momento, también quedaron bajo la dirección y coordinación de la custodia del ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, titular de la cédula de identidad N° V-9.327.314, quien conforme a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 del 29/05/2007 se desempeñó como Director de Servicios y Logística (E) de este Ministerio desde el 29/05/2007 hasta 15/04/2012; cuyas funciones de dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de dichos vehículos, que posteriormente pasó al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, titular de la cédula de identidad N° V-11.226.399, quien, conforme a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.903 del 16/04/2012 y a la Certificación de Cargos contenida en el memorando N° 000041-A de fecha 18/01/2016 ocupó ese mismo cargo desde el 16/04/2012 hasta el 22/10/2014. En razón de ello, se tiene que correspondía tanto al ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez como al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, ambos en el ejercicio de su cargo, dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales (en este caso vehículos) adscritos a este Ministerio, y en virtud de la situación antes descrita, con Ios vehículos placas TAP89B, MCF27H, DBS07) y DBS08J, y del ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad N° V-4.809.852, quien era el Encargado o Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte desde el 01/06/2004 hasta el 09/10/2014, según Certificación de Cargos contenida en el referido memorando N° 000041-A de fecha 18/01/2016, por lo que, al tratarse de bienes que les fueron confiados, se tiene que presuntamente, no ejerció las acciones correspondientes para garantizar la vigilancia, conservación, prevención, preservación, recuperación, asignación y salvaguarda de estos vehículos pertenecientes a la flota de este Ministerio, tal y como lo estipula el artículo 55 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos, en concordancia con el numeral 7 del artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP) el numeral 1 del artículo 5 del Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos, los artículos 8, literal "a", y 23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI) aplicable por razón del tiempo y el numeral 2 del artículo 13 del Reglamento Orgánicc del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) al punto de afirmar el Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte, suscrita en fecha 24/10/2014 en el Anexo "J″ de su Acta de Entrega, que los referidos vehículos se encontraban operativos y en calidad de asignados al Despacho del ciudadano Ministro de Petróleo y Minería.

La afirmación sobre la ocurrencia de los hechos anteriormente mencionados, en relación con los referidos ciudadanos, ya identificada, se deriva fundamentalmente de los elementos y pruebas que se mencionan a continuación:

A- Documentos coincidentes a los vehículos placa TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, según las circunstancias fácticas que dan origen al procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades:

1. Copia certificada del Punto de Cuenta N° Ref 000593 de fecha 09/10/2014, mediante el cual se le aprueba la finalización de la encargaduría del ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, como Jefe de Grupo adscrito a la Dirección de Servicios y Logística. (Folio 189 del expediente).

2. Copia certificada del Acta de Entrega del "Grupo de Trabajo de Transporte", suscrita en fecha 24/10/2014, donde el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad N° V-4.809.852, en su carácter de Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte (E) saliente, deja constancia de lo siguiente: en el punto N° 13 "Listado de vehículos asignados ai despacho"(Anexo J), que los automóviles y camionetas identificados con las placas TAP25C, TAP35C, TAP43C, TAP89B, MCF27H, DBS16J, DBS07J, DBS08J, DBS94I y DBS17J, se encontraban operativos y en calidad de asignados al Despacho del Ministro. (Folios 128 al 134 del expediente).

3. Memorando N° DSL-00065 de fecha 08/12/2014, suscrito por el Director de Servicios y Logística de este Ministerio, donde informan que se pudo constatar que no hay evidencia física de ningún documento, que respalde la asignación y el uso de los vehículos placas TAP25C, TAP43C, TAP89B, MCF27H, DBS16J, DBS07J, DBS08J y DBS94I, y sobre el vehículo placa TAP35C, señala que se encuentra asignado mediante "Acta de Entrega" a la "División de Protección Integral". (Folio 125 al 127 del expediente).

Memorando N° 0036 de fecha 28/01/2015, suscrito por el Director de Servicios y Logística de este Ministerio y dirigido al Director General de la Oficina de Auditoría Interna, a través del cual responde que en relación a la información solicitada respecto de diez vehículos oficiales pertenecientes a este organismo, la Dirección a su cargo "..no ha podido constatar la ubicación física, dado que los mismo (sic) no se encuentran en uso del Despacho der Ministro como se manifiesta en el "Anexo J" del Acta de Entrega del Jefe de Grupo de Trabajc de Transporte saliente (Anexo) no encontrándose en calidad de asignados a ningún ente descentralizado de este Ministerio.". (Folio 135 del expediente).

5. Copia certificada del Acta de fecha 12/02/2015, con ocasión al Seguimiento de los resultados de la Revisión del Acta de Entrega del Grupo de Trabajo de Transporte, adscrita a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, a través de la cual dejó constancia que "..de la revisión in situ que se hiciera en el sitio designado por la Dirección de Servicios y Logística para aparcar los vehículos pertenecientes a la flota de este Ministerio, no fue posible la ubicación de ninguno de los automóviles que se detallan a continuación:(...)", los cuales se identifican con las siguientes placas: TAP25C, TAP43C, TAP89B, MCF27H, DBS16J, DBS07J, DBS08J, DBS94I, KBU740 y TAP35C. (Folios 64 al 65 del expediente).

6. Informe Definitivo N° OAI-DCP-AAF-ID 005 de fecha 05/03/2015, el cual se encuentra vinculado a la Auditoría de Seguimiento practicada a los resultados de la Revisión del Acta de Entrega del Grupo de Trabajo de Trasporte, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, la cual fuere suscrita en fecha 24/10/2014, (Folios 55 al 63 del expediente) y del memorando N° OAI-0672 de fecha 28/10/2015, suscrito por el Director General de esta Oficina de Auditoría Interna (E) y dirigido al Director de Servicios y Logística (E) de este Ministerio, a través del cual se subsanan errores materiales, sobre la correcta identificación de dos (2) vehículos, contenidos en el precitado Informe. (Folios 66 al 67 del expediente).

7. Copia certificada del memorando N° DSL-0292 de fecha 26/05/2015, suscrito por el Director de Servicios y Logística, dirigido al Director General de la Oficina de Gestión Administrativa, a través del cual le informa que siguiendo las recomendaciones emitidas por este órgano de control fiscal, con motivo de los resultados obtenidos del Seguimiento a la Revisión del Acta de Entrega del Jefe del "Grupo de Trabajo de Transporte", suscrita el 24/10/2014, se procedió a interponer, ante los organismos del Estado competentes (CICPC) las correspondientes denuncias vinculadas a los vehículos TAP89B, MCF27H, DBS16J, DBS07J, DBS08J, DBS94I y TAP25C, con la particularidad que "..no (se) interpuso la denuncia ante e C.I.C.P.C de los vehículos identificados con los números de placa: TAP-35C y TAP-43C, ya que los mismos fueron reportados por personas naturales ante el Organismo del Estado (...):".

(Folios 152 al 156 del expediente).

8. Memorando N° DSL-488 de fecha 13/09/2015, suscrito por el Director de Servicios y Logística de este Ministerio y dirigido al Director de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, a través del cual remite cuadro en donde se señala que en los expedientes pertenecientes a los vehículos con las placas TAP25C, TAP43C, TAP89B, MCF27H, DBS16J, DBS17J, DBS07J, DBS08J y DBS94I, no reposan, entre otros documentos, las correspondientes Actas de Asignación. (Folio 166 al 168 del expediente).

9. Memorándum N° 000041-A de fecha 18/01/2006, suscrito por el Director General de la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio y dirigido al Director General de la Oficina de Auditoría Interna, a través del cual remite la Certificación de Cargos de los funcionarios Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan (Folio 177 del expediente) de cuyo documento están vinculados al presente caso, los siguientes:

- Copia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.903 del 16/04/2012, donde se publicó la Resolución N° 037 de fecha 16/04/2012, emanada del Despacho del Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) donde se encarga como Director de Servicios y Logística de este Ministerio, al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, titular de la cédula de identidad N° V-11.226.399. (Folios 180 y 183 del expediente).

- Copia certificada del Punto de Cuenta N° Ref 418 de fecha 01/06/04, mediante el cual se le aprueba al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan la encargaduría de la División de Transporte y Comunicaciones de la Dirección de Servicios de este Ministerio, a partir del 01/06/04. (Foiio 187 del expediente).

- Copia certificada del Punto de Cuenta N° Ref 01137 de fecha 01/04/09, mediante el cual se le aprueba al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan la encargaduría al cargo de Jefe de Grupo, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio. (Folio 188 del expediente).

10. Copia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 del 29/05/2007, donde se publicó la Resolución N° 087 de fecha 29/05/2007, emanada del Despacho del Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) donde se encarga como Director de Servicios y Logística, al ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, titular de la cédula de identidad No v- 9.327.314. (Folios 195 al 197 del expediente).

11. Copia certificada de Memorándum Código DSL-GT-108 de fecha 19/10/2009, y su anexo referido a las funciones de personal adscrito al "Grupo de Trabajo de Transporte", suscrita por el Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte para esa fecha, ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, a través del cual dio respuesta a la Solicitud de Recaudos N° 4 de fecha 05/10/2009, que le fuera formulada con ocasión a la Auditoría Operativa en el Área de Grupo de Trabajo de Transporte, relacionada con la administración, manejo y custodia de los vehículos pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al ejercicio económico 2008. (Folios 169 al 176 del expediente).

12. Memorando N° OGA-DA-122 de fecha 03/08/2015, suscrito por el Director General de la Oficina de Gestión Administrativa y dirigido al Director de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna a través de la cual remite copia certificada del listado general de la flota de vehículos, año 2014, pertenecientes a este Ministerio, amparados bajo la póliza N° AUTC- 040101-1000850 de Seguros La Occidental, vigente del 31/12/2013 al 31/12/2014, en donde se verifican los vehículos identificados con las placas MCF27H, DBS16J, DBS07J, DBS08J, DBS94I, DBS17J, TAP25C, TAP35C, TAP43C y TAP89B. (Folio 158 y 165 del expediente) 13. Memorando N° DSL-043 de fecha 10/02/2016, suscrito por el Director de Servicios y Logística de este Ministerio, donde informa que los vehículos placas TAP25C, TAP43C, TAP89B, MCF27H, DBS16J, DBS17J, DBS07J, DBS08J, DBS94I y TAP35C, continúan con el estatus "desaparecido", a solicitud efectuada por la Oficina de Auditoría Interna. (Folio 198 al 199 del expediente).

14. Memorando N° DSL-142 de fecha 13/03/2018, suscrito por el Director de Servicios y Logística de este Ministerio, en respuesta a solicitud de información, en el marco del Auto para Mejor Proveer dictado en fecha 08/03/2018, donde informa que la última ubicación administrativa de los vehículos, corresponde a la Dirección del Despacho e informan sobre el estatus administrativo-procesal de los mismos. (Folios 1355 al 11361 del expediente).

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15. Memorando N° OAI-DCP-0018 de fecha 13/03/2018, suscrito por el Director de Control Posterior de la Oficina de Auditoría Interna, en respuesta a solicitud de copias certificadas, en el marco del Auto para Mejor Proveer dictado en fecha 08/03/2018, donde envían las actas de entrega de los ciudadanos Luís Abraham Benito Bastidas y Jhonjani Enrique Monroy Medina así como lo referente al área o grupo de transporte con especial atención a los vehículos allí mencionados. (Folios 1362 al 1382 del expediente).

16. Memorando N° CJ-105 de fecha 23/03/2018, suscrito por el Consultor Jurídico del Ministerio, en respuesta a solicitud de información, en el marco del Auto para Mejor Proveer dictado en fecha 08/03/2018, donde informan que no existen en los archivos de la Consultoría jurídica documentos, mediante los cuales conste la transferencia de propiedad de los vehículos ahí descritos, ni tampoco que hayan sido objeto de algún procedimiento que permitiera su salida del dominio de este ministerio. (Folio 1383 del expediente).

B.- Documentos adicionales a los indicados, no-coincidentes respectivamente a los vehículos, placas TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBs07J y DBs08J, según Ias circunstancias fácticas que dan origen al procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades:

Los elementos probatorios que se relacionan con el vehículo TAP25C, son los siguientes:

1.- Copia certificada del Certificado de Registro de Vehículo JTEFJ71J270007772-1-1, expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo identificado marca Toyota, Modelo Land Cruiser TD, color blanco, año 2007, placa TAP25C, serial de motor 1FZ0720895, serial de carrocería JTEFJ713270007772. (Folio 68 del expediente).

2. Copia certificada de planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (hoy día Land Cruiser, color blanco, año 2007, placa TAP25C, serial de carrocería JTEFJ71.J270007772, el cual aparece identificado con el N° de Bien 70626. (Folio 69 del expediente).

3.- Copia certificada de la factura N° 6586-N, de fecha 29/11/2006, a nombre del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Toyota, Modelo Land Cruiser, color blanco, año 2007, placa TAP25C, serial de carrocería JTEFJ7iJ270007772, por la cantidad de sesenta y cinco millones de Bolívares (Bs.65.000.000,00). (Folio 70 del expediente).

4.- Copia certificada del Certificado de Seguro N° 44, correspondiente a la Póliza N° PEMI- 005001-00000000000001, emitido por Seguros La Previsora a nombre de Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) con vigencia del 01/01/2015 al 31/12/2015, correspondiente al vehículo Toyota, Modelo Land Cruiser, color blanco, año 2007, placa TAP25C, serial de carrocería JTEFJ713270007772. (Folio 71 del expediente).

6.- Copia certificada de la comunicación RTINTT N° 13-05-2015-1243 de fecha 10/03/2015, suscrita por la Gerente de Registro de Tránsito (E) del Instituto Nacional de Transporte Terrestre y dirigida a la Oficina de Auditoría Interna a través de la cual informa, lo siguiente:

- Historial, correspondiente al vehículo Placas: AA368JC, serial de carrocería:

JTEFJ713270007772, clase: Rústico, el cual aparece registrado a nombre del (la) ciudadano(a): ALBERTO PÉREZ, C.I. N° V-18.039.017, que anteriormente poseía las Placas TAP25C, y le realizaron bajo el trámite N° 30064293 una asignación de placas (AP1) en fecha 35/04/2011. (Folio 136 al 151 del expediente).

8. Oficio signado con la numeración 9700-054-1621 del 18/11/2016, suscrito por la Directora de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y dirigido a la Oficina de Auditoría Interna, a través del cual informa, entre otros asuntos, que el vehículo identificado con las placas TAP-25C fue "recuperado" en fecha 08/09/2016 y puesto a la orden del Ministerio Público. (Folio 202 y 203 del expediente).

À Los elementos probatorios que se relacionan con el vehículo TAP43C, son los siguientes:

1.- Copia certificada del Certificado de Registro de Vehículo JTEFJ71J260006748-1-1, expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo identificado marca Toyota, Modelo Land Cruiser TD, color beige, año 2006, placa TAP 43C, serial de motor 1FZ0713163, serial de carrocería JTEFJ71J260006748. (Folio 72 del expediente).

2.- Copia certificada de planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Toyota, Modelo Land Cruiser, color beige, año 2006, placa TAP43C, serial de carrocería JTEFJ71J260006748, el cual aparece identificado con el N° de Bien 70655. (Folio 73 del expediente).

3.- Copia certificada de la factura N° 6641-N, a nombre del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Toyota, Modelo Land Cruiser, color beige, año 2006, placa TAP43C, serial de carrocería JTEFJ713260006748, por la cantidad de sesenta y cinco millones de Bolívares (Bs.65.000.000,00). (Folio 74 del expediente).

4.- Copia certificada del Certificado de Seguro N° 47, correspondiente a la Póliza N° PEMI- 005001-00000000000001, emitido por Seguros La Previsora a nombre de Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) con vigencia del 01/01/2015 al 31/12/2015, correspondiente al vehículo Toyota, Modelo Land Cruiser, color beige, año 2006, placa TAP43C, serial de carrocería JTEFJ713260006748. (Folio 75 del expediente).

5- Copia certificada de la comunicación N° 13-05-2015-1243 de fecha 10/03/2015, suscrita por la Gerente de Registro de Tránsito (E) del Instituto Nacional de Transporte Terrestre y dirigida al Director General de esta Oficina de Auditoría Interna, a través de la cual informa, lo siguiente:

- Historial, correspondiente al vehículo Placas: TAP43C, serial de carrocería:

JTEFJ713260006748, clase: Rústico, el cual aparece registrado a nombre del (la) ciudadano(a): EDUARDO ZAVALA, C.I. N° V-16.961.335. (Omissis). (Folio 136 al 151 del expediente).

6. Oficio signado con la numeración 9700-054-1621 del 18/11/2016, suscrito por la Directora de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y dirigido al Director General de la Oficina de Auditoría Interna, a través del cual informa, entre otros asuntos, que el vehículo identificado con las placas TAP-43C, desde el 09/01/2012, se encontraba como "solicitado" según actas procesales, por el Delito de Robo de Vehículo, por la Sub-Delegación del CICPC de Anaco.

(Folio 202 y 203 del expediente).

siguientes:

1.- Copia certificada del Certificado de Registro de Vehículo 8ZNDT13S14V315267-1-1, expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo identificado marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color gris, año 2004, placa DBS16J, serial de motor 14V315267, serial de carrocería 8ZNDT13S14V315267. (Folio 82 del expediente).

2.- Original de planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (hoy día Ministerio de Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color gris, placa DBS16], serial de carrocería 8ZNDT13S14V315267, el cual aparece identificado con el N° de Bien 67462. (Folio 83 del expediente).

3.- Copia certificada de la factura CxC/17008074, a nombre del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color gris, placa DBS16J, por la cantidad de noventa y un millones seiscientos cuarenta mil Bolívares. (Bs.91.640.000,00) (Folio 84 del expediente).

4.- Copia certificada de Cuadro Póliza-Recibo Seguro de Vehículo Terrestre, Certificado N° 25, perteneciente a la Póliza N° AUTC-040101-1000850 de Seguros La Occidental, con vigencia del 31/12/2013 al 31/12/2014, correspondiente al vehículo marca Chevrolet Trail Blazer, color gris, año 2004, placa DBS16J, serial de carrocería 8ZNDT13S14V315267. (Folio 85 del expediente).

5.- Copia de Certificado de Seguro N° 92, correspondiente a la Póliza N° PEMI-005001- 00000000000001, emitido por Seguros La Previsora a nombre de Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) con vigencia del 01/01/2015 al 31/12/2015, correspondiente al vehículo marca Chevrolet Trail Blazer, color gris, año 2004, placa DBS16J, serial de carrocería 8ZNDT13S14V315267. (Folio 86 del expediente).

6.- Copia certificada de la comunicación N° 13-05-2015-1243 de fecha 10/03/2015, suscrita por la Gerente de Registro de Tránsito del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, y dirigida al Director General de esta Oficina de Auditoría Interna, a través de la cual informa, entre otros, lo siguiente:

- Historial, correspondiente al vehículo Placas: AB104Pw, serial de carrocería:

8ZNDT13s14V315267, clase: Camioneta, el cual aparece registrado a nombre del (la) ciudadano(a): ALVARO ARNEDO, C.I. N° V-10.826.155, que anteriormente poseía las Placas DBS16], y le realizaron bajo el trámite N° 140100478696 una asignación de placas (AP1) en fecha 11/06/2014. (Folios 136 al 151 del expediente).

7.- Oficio signado con la numeración 9700-054-1621 del 18/11/2016, suscrito por la Directora de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y dirigido al Director General de la Oficina de Auditoría Interna, a través del cual informa, entre otros asuntos, que el vehículo identificado con las placas DBS16J fue incluido como "solicitado" a través del Sistema SIIPOL, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, y que las mismas fueron remitidas a la Fiscalía Undécima (11°) del Ministerio Público. (Folio 202 y 203 del expediente).

Los elementos probatorios que se relacionan con el vehículo DBs94I, son los siguientes:

1.- Copia certificada del Certificado de Registro de Vehículo 8ZNDT13S64V315538-1-1, expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo identificado marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color rojo, año 2004, placa DBS94I, serial de motor 64V315538, serial de carrocería 8ZNDT13S64V315538. (Folio 76 del expediente).

2- Copia certificada de planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color rojo, placa DBS94I, serial de carrocería 8ZNDT13S64V315538, el cual aparece identificado con el N° de Bien 67463. (Folio 77 del expediente).

3.- Copia certificada de la factura CxC/17008071, a nombre del Ministerio de Energía y Minas Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color rojo, placa DBs94I, por la cantidad de noventa y un millones seiscientos cuarenta mil Bolívares (Bs.91.640.000,00). (Folio 78 del expediente).

4.- Copia certificada del Cuadro Póliza Recibo Seguro de Vehículo Terrestre, Certificado N° 27, perteneciente a la Póliza N° AUTC-040101-1000850 de Seguros La Occidental, con vigencia del 31/12/2013 al 31/12/2014, correspondiente al vehículo marca Chevrolet Trail Blazer, color rojo, placa DBS94I, modelo 2004, serial de carrocería 8ZNDT13S64V315538. (Folio 79 del expediente).

5.- Copia de Certificado de Seguro N° 104, correspondiente a la Póliza N° PEMI-005001- 00000000000001, emitido por Seguros La Previsora a nombre de Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) con vigencia del 01/01/2015 al 31/12/2015, correspondiente al vehículo marca Chevrolet Trail Blazer, color rojo, placa DBS94I, modelo 2004, serial de carrocería 8ZNDT13S64V315538. (Folio 80 del expediente).

6.- Copia certificada de la comunicación N° 13-05-2015-1243 de fecha 10/03/2015, suscrita por la Gerente de Registro de Tránsito del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, y dirigida al Director General de esta Oficina de Auditoría Interna, a través de la cual informa, entre otros, lo siguiente:

-Historial, correspondiente al vehículo Placas: AA789Lx, serial de carrocería:

8ZNDT13S64v315538, clase: Camioneta, el cual aparece registrado a nombre del (la) ciudadano(a): RAMÍREZ DÍAZ, C.I. N° V-14.634.825, que anteriormente poseía las Placas DBS94I, y le realizaron bajo ei trámite N° 32926113 una asignación de placas (AP1) en fecha 18/09/2014. (Folio 136 a! 1.51 del expediente).

7.- Oficio signado con la numeracićn 9700-054-1621 del 18/11/20:5, suscrito por la Directora de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de: Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y dirigido ai Director Genera: de ia Oficina de Auditoría Interna, a través del cual informa, entre otros asuntos, que el vehículo identificado con las placas DBS94I fue incluido como "solicitado" a través del Sistema SIIPOL, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, y que las mismas fueron remitidas a la Fiscalia Undécima (11°) del Ministerio Público. (Folio 202 y 203 del expediente).

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Los elementos probatorios que se relacionan con el vehículo DBS173, son los λ siguientes:

1.- Copia certificada del Certificado de Registro de Vehículo 8ZNDT13S34V315402-1-1, expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo identificado marca Chevrolet, Modeio Trail Blazer, color azul, año 2004, placa DBS17J, serial de motor 34V315402, seria! de carrocería 8ZNDT13S34V315402. (Folio 88 del expediente).

2- Copia certificada de planilla emitida por el Sisterna de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) del Ministerio del Poder Popuiar para la Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color azul, año 2004, placa DBS173. serial de carrocería 8ZNDT13S34V315402, el cual aparece icientificado con el N° de Bien 67460. (Folio 89 del expediente).

3.- Memorando N° DSL-528 de fecha 03/11/2015, suscrito por el Director de Servicios y Logística de este Ministerio y dirigido al Director de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, a través del cual le informa que el vehículo identificado como marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color azul, año 2004, placa DBS17J, serial de carrocería 8ZNDT13S34V315402, N° de Bien Nacional 67460, "..al momento de la ocurrencia der siniestro no se reporte ante las autoridades competentes, cuando la actual Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte asume el cargo, hace las averiguaciones correspondientes y era extemporáneo gestionar el trámite ante la Compañía de Seguros (...). En relación a la fecha de ingreso al estacionamiento donde se encuentra actualmente el vehículo (Depósito de PDVSA en Carrizales, Estado Miranda) e! personal encargado del mismo no dispone dei registro de entrada del referido bien nacional." (Folio 93 al 97 del expediente).

4- Copia certificada de la factura CXC/17008073, a nombre del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Chevrolet, i-modelo Trail Blazer, color azui, placa DBS17J, por la cantidad de noventa y un ciones seiscientos cuarenta mil Bolívares (Bs.91.640.000,00). (Folio 90 del expediente).

5.- Copia de Certificado de Seguro N° 101, correspondiente a la Póliza N° PEMI-005001- 0000000000301, emitido por Seguros La Previsora a nombre de Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) con vigencia del 01/01/2015 al 31/12/2015, del vehículo marca Chevrolet Trail Blazer, color azul, placa DBS17J, modelo 2004, serial de motor 34V315402, serial de carrocería 8ZNDT13S34V315402.

(Folio 91 del expediente).

Los elementos probatorios que se relacionan con el vehículo TAP35C son los A siguientes:

1.- Copia certificada del Certificado de Registro de Vehículo JTEFJ71J770008528-1-1, expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo identificado marca Toyota, Modelo Land Cruiser TD, color blanco, año 2007, placa TAP35C, serial de motor 1FZ0731799, serial de carrocería JTEFJ713770008528. (Folio 98 del expediente).

2-Copia certificada de planilla emitida en fecha 07/10/2015 por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Toyota, Modelo Land Cruiser, color blanco, año 2007, placa TAP35C, serial de carrocería JTEFJ713770008528, identificado con el N° de Bien 70634 con fecha de registro 01/10/2008.

(Folio 99 del expediente).

3.-Copia certificada de la factura N° 6632-N, a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Toyota, Modelo Land Cruiser, color blanco, año 2007, placa TAP35C, serial de carrocería JTEFJ713770008528, por la cantidad de sesenta y cinco millones de Bolívares (Bs.65.000.000,00). (Folio 102 del expediente).

4.- Copia certificada del Certificado de Seguro N° 19, correspondiente a la Póliza N° PEMI- 005001-00000000000001, emitido por Seguros La Previsora a nombre de Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) con vigencia del 01/01/2015 al 31/12/2015, correspondiente al vehículo marca Toyota, Modelo Land Cruiser, color blanco, año 2007, placa TAP35C, serial de carrocería JTEFJ713770008528. (Folio 100 del expediente).

5. Copia certificada del "Acta de Entrega" de fecha 15/02/2007, correspondiente al vehículo marca Toyota, Modelo Land Cruiser TD, color blanco, año 2007, placa TAP35C, serial de motor 1FZ0731799, serial de carrocería JTEFJ713770008528, el cual fue asignado a un funcionario del Ministerio. (Folio 103 del expediente).

6.- Oficio signado con la numeración 9700-054-1621 del 18/11/2016, suscrito por la Directora de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y dirigido a la Oficina de Auditoría Interna, a través del cual informa, entre otros asuntos, que el vehículo identificado con las placas TAP35C, desde el 02/09/2010, se encontraba como "solicitado", según actas procesales, por el Delito de Robo 203 del expediente).

Los elementos probatorios que se relacionan con el vehículo TAP89B son los siguientes:

1.- Copia certificada del Certificado de Registro de Vehículo JTEBU17R278079668-1-1, expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo identificado marca Toyota, Modelo 4Runner LTD V6, color plata, año 2007, placa TAP89B, serial de motor 1GR5332380, serial de carrocería JTEBU17R278079668. (Folio 104 del expediente).

2.- Copia certificada de planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Toyota, Modelo 4Runner, color plateado metal, año 2007, placa TAP89B, serial de carrocería JTEBU17R278079668, el cual aparece identificado con el N° de Bien 70632. (Folio 105 del expediente).

3.- Copia certificada de la factura N° 6576-N, a nombre del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Toyota, Modelo 4Runner, color plateado metal, año 2007, placa TAP89B, serial de carrocería JTEBU17R278079668, por la cantidad de noventa y ocho millones de Bolívares (Bs.98.000.000,00). (Folio 106 del exp.).

4.- Copia certificada del Certificado de Seguro N° 62, correspondiente a la Póliza N° PEMI- 005001-00000000000001, emitido por Seguros La Previsora a nombre de Ministerio del Poder del 01/01/2015 al 31/12/2015, correspondiente al vehículo Toyota, Modelo 4Runner, color plateado metal, año 2007, placa TAP89B, serial de carrocería JTEBU17R278079668. (Folio 107 del expediente).

5.- Oficio signado con la numeración 9700-054-N° 1621 del 18/11/2016, suscrito por la Directora de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y dirigido al Director General de la Oficina de Auditoría Interna, a través del cual informa, entre otros asuntos, que el vehículo identificado con las placas TAP89B fue incluido como solicitado" a través del Sistema SIIPOL, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, y que las mismas fueron remitidas a la Fiscalía Undécima (11°) del Ministerio Público. (Folio 202 y 203 del expediente) Los elementos probatorios que se relacionan con el vehículo MCF27H son los siguientes:

1.- Copia certificada del Certificado de Registro de Vehículo N° 9FH11VJ9519002983-1-1, expedido por el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre, a nombre del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo identificado marca Toyota, Modelo Prado 5 Puertas, color blanco, año 2001, placa MCF27H, serial de motor 5VZ1090575, serial de carrocería 9FH11VJ9519002983. (Folio 108 del expediente).

2.-Planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Toyota, Modelo Prado 5 puertas, color blanco, año 2001, placa MCF27H, serial de motor 5VZ1090575, serial de carrocería 9FH11VJ9519002983, el cual aparece identificado con el N° de Bien 60799. (Folio 109 del expediente).

3.- Copia certificada de la factura TGC 00089, a nombre del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Toyota, Modelo Prado 5 Puertas, color blanco, año 2001, placa MCF27H, serial de motor 5VZ1090575, serial de carrocería 9FH11VJ9519002983, por la cantidad de diecinueve millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos treinta y cinco Bolívares (Bs.19.651.635,00). (Folio 110 del expediente).

5.- Copia certificada del Cuadro Póliza Recibo Seguro de Vehículo Terrestre, Certificado N° 15, perteneciente a la Póliza N° AUTC-040101-1000850 de Seguros La Occidental, con vigencia del 31/12/2013 al 31/12/2014, correspondiente al vehículo marca Toyota, color blanco, año 2001, placa MCF27H, serial de carrocería 9FH11VJ9519002983. (Folio 111 del expediente).

6.- Copia de Certificado de Seguro N° 123, correspondiente a la Póliza N° PEMI-005001- 00000000000001, emitido por Seguros La Previsora a nombre de Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) con vigencia del 01/01/2015 al 31/12/2015, correspondiente al vehículo Toyota, Modelo Prado, 5 puertas, color blanco, año 2001, placa MCF27H, serial de carrocería 9FH11V39519002983. (Folio 112 del expediente).

7.- Oficio signado con la numeración 9700-054-1621 del 18/11/2016, suscrito por la Directora de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y dirigido al Director General de la Oficina de Auditoría Interna, a través del cual informa, entre otros asuntos, que el vehículo identificado con las placas MCF27H fue incluido como "solicitado" a través del Sistema SIIPOL, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, y que las mismas fueron remitidas a la Fiscalía Undécima (11°) del Ministerio Público. (Folio 202 y 203 del expediente).

Los elementos probatorios que se relacionan con el vehículo DBso7J son los siguientes:

1.- Copia certificada del Certificado de Registro de Vehículo 8ZNDT13SX4V315347-1-1, expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo identificado marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color gris, año 2004, placa DBS07J, serial de motor X4V315347, serial de carrocería 8ZNDT13SX4V315347. (Folio 114 del expediente).

2.- Planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer 4x4, color gris, placa DBS07J, serial de motor X4V315347, serial de carrocería 8ZNDT13SX4V315347, el cual aparece identificado con el N° de Bien 67461, con indicación del precio por la cantidad de noventa y un millones seiscientos cuarenta mil Bolívares (Bs.91.640.000,00). (Folio 115 del expediente).

3- Copia certificada del Cuadro Póliza Recibo Seguro de Vehículo Terrestre, Certificado N° 29, perteneciente a la Póliza N° AUTC-040101-1000850 de Seguros La Occidental, con vigencia del 31/12/2013 al 31/12/2014, correspondiente al vehículo marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer 4x4, color gris, placa DBS07J, serial de motor X4V315347, serial de carrocería 8ZNDT13SX4V315347. (Folio 116 del expediente).

4.- Copia de Certificado de Seguro N° 115, correspondiente a la Póliza N° PEMI-005-001- 00000000000001, emitido por Seguros La Previsora a nombre de Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) con vigencia del 4x4, color gris, placa DBS07J, serial de motor X4V315347, carrocería 8ZNDT13SX4V315347.

(Folio 117 del exp).

5.- Oficio signado con la numeración 9700-054-1621 del 18/11/2016, suscrito por la Directora de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y dirigido al Director General de la Oficina de Auditoría Interna, a través del cual informa, entre otros asuntos, que el vehículo identificado con las placas DBS073 fue incluido como "solicitado" a través del Sistema SIIPOL, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, y que las mismas fueron remitidas a la Fiscalía Undécima (11°) del Ministerio Público. (Folio 202 y 203 del expediente).

Los elementos probatorios que se relacionan con el vehículo DBso83 son los siguientes:

1.- Copia certificada del Certificado de Registro de Vehículo 8ZNDT13SX4V315364-1-1, expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a nombre del Ministerio de Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo identificado marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color azul, año 2004, placa DBS08J, serial de motor X4V315364, serial de carrocería 8ZNDT13SX4V315364. (Folio 119 del expediente).

2. Planilla emitida por el Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRCBN) del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer 4x4, color azul, placas DBS08J, serial de carrocería 8ZNDT13SX4V315364, el cual aparece identificado con el N° de Bien 67459. (Folio 120 del expediente).

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3.- Copia certificada de la factura CxC/17008070, a nombre del Ministerio de Energía y Minas (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) correspondiente al vehículo marca Chevrolet, Modelo Trail Blazer, color azul, placa DBS08J, por la cantidad de noventa y un millones seiscientos cuarenta mil Bolívares (Bs.91.640.000,00). (Folio 121 del expediente).

4.- Asimismo, copia certificada del Cuadro Póliza Recibo Seguro de Vehículo Terrestre, Certificado N° 28, perteneciente a la Póliza N° AUTC-040101-1000850 de Seguros La Occidental, con vigencia del 31/12/2013 al 31/12/2014, correspondiente al vehículo marca Chevrolet Trail Blazer, color azul, placa DBs08J, modelo 2004, serial de carrocería 8ZNDT13SX4V315364. (Folio 122 del expediente).

5.- Copia certificada del Certificado N° 109, de Seguro correspondiente a la Póliza N° PEMI- 005001-00000000000001, emitido por Seguros La Previsora a nombre de Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) con vigencia del 01/01/2015 al 31/12/2015, correspondiente al vehículo marca Chevrolet Trail Blazer, color azul, placa DBS08J, modelo 2004, serial de carrocería 8ZNDT13SX4V315364. (Folio 123 del expediente).

6.- Oficio signado con la numeración 9700-054-1621 del 18/11/2016, suscrito por la Directora de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y dirigido al Director General de la Oficina de Auditoría Interna, a través del cual informa, entre otros asuntos, que el vehículo identificado con las placas DBS08J fue incluido como "solicitado" a través del Sistema SIIPOL, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, y que las mismas fueron remitidas a la Fiscalía Undécima (11°) del Ministerio Público (Folio 202 y 203 del expediente).

De las actas del expediente se observa que el ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, plenamente identificado, no hizo uso de su derecho a presentar escrito de descargos ni ofreció medio probatorio alguno en el ejercicio de su derecho a la defensa, no obstante haber sido debidamente notificado de manera legal.

Por su parte, el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, suficientemente identificado en autos, presentó dentro del plazo previsto en el artículo 99 de la LOCGRSNCF en concordancia con el 91 de su Reglamento, un escrito en fecha 27/11/2017, contentivo de veintiún (21) folios útiles -en once (11) páginas-, acompañado de sus respectivos anexos o medios probatorios, identificados desde la letra "A" hasta la letra "Ñ" con resaltador color amarillo, distribuidos con separadas de cartulina de colores, que suman -incluyendo las separadas- noventa (90) páginas, todas en copias simples, sin estar acompañado de profesional del derecho, aunque así lo indicó en dicho escrito, (Folios 1144 al 1244 del expediente). Al respecto la Dirección de Determinación de Responsabilidades, mediante auto de fecha 06/12/2017, admitió en cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, las documentales anexadas marcadas desde la "A" hasta la "N", al constatar que dichas copias simples reposaban en el expediente OAI-PDR-01-2017, en copias certificadas, de la siguiente manera:

Documento identificado con letra "A", en la Pieza 2 del expediente, folios: 581 y 582.

Documento identificado con letra "c", en la Pieza 3 del expediente, folios: 804 y 805.

Documento identificado con letra "D", en la Pieza 3 del expediente, folio: 869. Documento identificado con letra "E", en la Pieza 3 del expediente, folios: 822 y 823. Documento identificado con letra "F", en la Pieza 3 del expediente, folios: 759 al 771. Documento identificado con letra "G", en la Pieza 3 del expediente, folio: 696. Documento identificado con letra "H", en la Pieza 3 del expediente, folio: 693. Documento identificado con letra "I", en la Pieza 3 del expediente, folios: 689 y 990. Documento identificado con letra "3", en la Pieza 3 del expediente, folios: 795 al 798. Documento identificado con letra "K", en la Pieza 3 del expediente, folios: 683 al 685. Documento identificado con letra "L", en la Pieza 3 del expediente, folios: 809 al 814. Documento identificado con letra "M", en la Pieza 3 del expediente, folios: 667 al 674. Documento identificado con letra "N". Sin embargo, tanto la documental identificada como "N", y tres (3) documentos sin identificación con letra, agregados al final de los anexos del escrito de descargos (Folios 1217 al 1244 del expediente), a saber, copia simple de acta de Entrega del grupo de Trabajo de Transporte (octubre 2014) con sus anexos A y B, un correo electrónico con minuta de reunión de fecha 18/06/2014 y organigrama y Listado de personal adscrito a la Dirección de Servicios y Logística sin fecha, los cuales fueron declarados impertinentes, por cuanto el objeto que se pretendía demostrar con ellos, no se encontraba debatido, ya constaba en el expediente o no guardan relación alguna con los motivos del presente procedimiento, no fueron admitidos.

Dentro del contexto del escrito aludido, adicional a las documentales, fueron ofrecidos en su promoción de pruebas siete (7) testigos, quien suscribe estima pertinente señalar que de las Aricaguan, por las razones indicadas tanto en el auto de admisión de pruebas como en el Auto dictado en fecha 18/01/2018 (cursante a los folios 1290 y 1291 del expediente), dado la manifiesta inhabilidad para testificar en el presente procedimiento, al encontrarse dicho ciudadano incurso como presunto responsable y no poder testificar a favor o en contra del promovente, por el interés directo en las resultas del presente Procedimiento, según lo contemplado en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil10. Admitiéndose del modo en que fueron promovidas, las seis (6) testimoniales restantes, citando efectivamente, a los cuatro (4) primeros testigos, correspondientes a los ciudadanos y ciudadanas: José Luís Lozada, con cédula de identidad V-9.954.270, Pedro Elías Gutiérrez Buenaño con cédula de identidad V- 5.891.266, Juan Carlos Marrón, con cédula de identidad V-10.517.689 y Edith Sunirda Linares González con cédula de identidad V-4.338.819. En este sentido, se acordó su evacuación para los días 20/02/2018 a las 9:00 am, el día 20/02/2018 a las 02:00 pm, el día 21/02/2018 a las 9:00 am y el día 21/02/2018 a las 2:00 pm, respectivamente y las actas levantadas al efecto, contienen los dichos de las testimoniales y están suscritas por ellos, el representante legal y promovente, así como por el personal adscrito a esta Oficina de Auditoría Interna, tales actas reposan insertos en el expediente a los folios 1323 al 1340 del expediente; sin poderse citar a los últimos dos (2) testigos promovidos, ciudadana Serva Elena Romero Rondón con cédula de identidad V-8.495.563 y ciudadano Hilario José Cortez García, cuyos actos de deposición fueron declarados como "DESIERTO" tanto en la oportunidad fijada para la evacuación (Folios 1341 y 1342 del expediente), como DESIERTAS en la nueva fecha fijada, previo a la celebración del acto oral y público, como consta del Acta levantada en su ocasión, con fecha 08/03/2018 (Folios 1347 al 1349 del expediente).

Por su parte, el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, también suficientemente identificado en autos, presentó fuera del lapso legal establecido en el artículo 99 de la LOCGRSNCF en concordancia con el 91 de su Reglamento, por un (1) día hábil, un escrito constante de dos (2) folios útiles y sus Anexos de quince (15) folios en hojas de reciclaje, todos en copia simple (Folios 1246 al 1262 del expediente). Al respecto la Dirección de Determinación de Responsabilidades, mediante auto de fecha 07/12/2017, admitió dicho escrito, con base en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero respecto a los catorce (14) documentos anexados, titulados "Relación de Asignación de Vehículos", que carecían de validez legal al no consignarse en original o copia certificada (Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil) y no solicitar su cotejo, limitándose a solicitar que se "(...) revisen la relación de asignación de vehículos para realizar las tareas diarias de los años 2012, 2013 y 2014, en este sentido anexo copia de la relación.", se declararon impertinentes, al no aportar nada en su defensa, por cuanto dichos listados no incluyan ninguno de los diez (10) vehículos objeto de este procedimiento, identificados con las placas: TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B,MCF27H, DBS07J y DBS08J.

En este contexto, se admitió la copia simple del memorándum N°465 del 23 de marzo de 2017, indicando que en él: "(..) el Director de Gestión Humana (RRHH), me informa de las funciones asignadas como Jefe del Grupo del Área de Transporte adscrito a la Dirección de Servicio y Logística, del Ministerio de Petróleo.", al efectivamente constatar, que dicho documento reposaba en copia certificada en la Pieza 1 del expediente OAI-PDR-01-2017, folio 908 del expediente, por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente.

II MOTIVA El procedimiento administrativo de investigación, se inició al no encontrarse físicamente diez (10) vehículos propiedad de este Ministerio, durante la revisión del Acta de Entrega del ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, antes identificado, y adicionalmente a ello, el hecho que en las carpetas o expedientes pertenecientes a dichos vehículos, no se observó documento alguno que hiciera referencia al paradero de estos vehículos.

Que el primer responsable de la Dirección y Servicios y Logística de este Ministerio, desde el día 29/05/2007 hasta el día 15/04/2012, fue el ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, y desde el día 16/04/2012 hasta el 22/10/2014, era el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, a quienes en función del cargo, les correspondía dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales de este Ministerio, según lo establece el artículo 13 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo).

Y que, por el tiempo en que ocuparon sus cargos, los relaciona con los siguientes vehículos:

Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez con ocho (8) vehículos, a saber: Vehículos placas TAP25C y TAP43C, los cuales en fechas 12/04/2011 y 04/03/2011, respectivamente, fueron objeto de transmisión de propiedad a nombre de particulares. Vehículo placa DBs173, abandonado en un estacionamiento en condición de volcado con "daños irreparables", pero se logró constatar que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 27/08/2007.

Vehículo placa TAP35C, que se evidenció que en fecha 02/09/2010 fue objeto de robo en San Cristóbal, Estado Táchira. El vehículo placa TAP89B, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 07/01/2008. El vehículo placa McF27H, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 07/03/2001. El vehículo placa DBs073, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 07/01/2008 y el vehículo Placa DBs083, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 27/08/2007, sin que se lograse obtener constancia de información o ubicación actual de estos cuatro últimos vehículos mencionados.

Y Jhonjani Enrique Monroy Medina con diez (10) vehículos a saber: Vehículos placas TAP25C y TAP43c, los cuales en fechas 12/04/2011 y 04/03/2011, respectivamente, fueron objeto de transmisión de propiedad a nombre de particulares. Vehículos placas DBs163 y DBS94I que en fechas 11/06/2014 y 18/09/2014, respectivamente, también fueron objeto de transmisión de propiedad a nombre de particulares. Vehículo placa DBs173, abandonado en un estacionamiento en condición de volcado con "daños irreparables", pero se logró constatar que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 27/08/2007. Vehículo placa TAP35C, que se evidenció que en fecha 02/09/2010 fue objeto de robo en San Cristóbal, Estado Táchira. El vehículo placa TAP89B, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 07/01/2008. El vehículo placa MCF27H, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 07/03/2001. El vehículo placa DBs073, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 07/01/2008 y el vehículo Placa DBs083, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 27/08/2007, sin que se lograse obtener constancia de información o ubicación actual de estos cuatro últimos vehículos mencionados. Y por último, que el Jefe del Grupo de Trabajo de Transporte, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, desde el día 01/06/2004 hasta el día 09/10/2014 era el nn e en ee n n e n n mantenimiento de ellos, así como "la determinación del usuario final" de los mismos, actividades que constan en la Revisión del Acta de Entrega suscrita en fecha 24/10/2014, hecho corroborado en el Memorando emanado de la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, en respuesta a solicitud S/N de fecha 20/03/2017, realizada por el propio ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, mediante el cual se le informa de las funciones asignadas al cargo de Jefe de Grupo de Trabajo del Área de Transporte, en el período comprendido desde el 01/06/204 hasta el 20/12/2014, y que fue consignado por él mismo, en el procedimiento de investigación en original (Folios 908 del expediente) y en copia simple en el presente procedimiento (Folio 1262 del expediente), puntos 1) "Supervisar y asegurar e mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del MENPET y llevar un registro del mismo." y punto 3) "Controlar la flota vehicular del MENPET y garantizar que todas sus unidades de transporte sean asignadas.". Y que, por el tiempo en que ocupó el cargo, lo relaciona con los siguientes diez (10) vehículos a saber: Vehículos placas TAP25C y TAP43C, los cuales en fechas 12/04/2011 y 04/03/2011, respectivamente, fueron objeto de transmisión de propiedad a nombre de particulares. Vehículos placa DBS163 y DBS94I que en fechas 11/06/2014 y 18/09/2014, respectivamente, también fueron objeto de transmisión de propiedad a nombre de particulares. Vehículo placa DBs17J, abandonado en un estacionamiento en condición de volcado con "daños irreparables", pero se logró constatar que se evidenció que en fecha 02/09/2010 fue objeto de robo en San Cristóbal, Estado Táchira. El vehículo placa TAP89B, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 07/01/2008. El vehículo placa MCF27H, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 07/03/2001. El vehículo placa DBs073, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 07/01/2008 y el vehículo Placa DBs083, que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 27/08/2007, sin que se lograse obtener constancia de información o ubicación actual de estos cuatro últimos vehículos mencionados.

Tanto Ios mencionados ciudadanos Jhonjani Enrique Monroy Medina como Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, ejercieron su derecho a la defensa, presentando alegatos que a su juicio les favorecían, contenidos en escritos de fechas 27/11/2017 y 05/12/2016, respectivamente, anteriormente enunciados en la presente decisión.

En ei marco del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, fueron agotadas todas las fases procedimentales que le son ínsitas y que preceden a la oportunidad para que expresaran en forma oral y pública los argumentos de defensa que estimaron prudentes y fuesen evacuadas las pruebas indicadas, razón por la que en fecha 08/03/2018 se dio inicio a la Audiencia Oral y Pública a que se contrae el artículo 101 de la LOCGRSNCF, en concordancia con Ios artículos 92 al 97 del RLOCGRSNCF, dejando constancia de su realización en actas de fechas 08/03/2018 y 11/04/2018 (Folios 712, 713, y 1404 al 1408 del expediente), con la ausencia, en ambas ocasiones, del ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez.

Efectuadas las anteriores consideraciones que de manera general permiten evidenciar el procedimiento seguido por esta Oficina de Auditoría Interna, es preciso advertir que tanto el escrito presentado en fecha 20/02/2018 (Folios 1319 al 1322 del expediente) por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, como en la deposición de un testigo, como "Punto Previo" (Folios 1323 y 1324 del expediente), cuestionó la competencia que esta Oficina de Auditoría Interna como órgano de control fiscal interno, para tramitar y decidir el presente procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, expresando fundamentalmente, lo que se expone a continuación:

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"(..) esta sede administrativa pierde su fuero o competencia ante una evidente situación penal que representan los hechos investigados la ley y la jurisprudencia patria han dejado sentado que la acción penal pela a la civil en especial en este caso en esta jurisdicción meramente administrativa. (...) Lo expuesto (..) obliga a esta sede administrativa a ordenar lo conducente para que sea el Ministerio Público quien tiene la exclusividad de la acción penal, que inicie una exhaustiva investigación tendente a la determinación de si se ha cometido un delito o no de los tipos que establece nuestro código penal vigente para que sea un juez en materia penal quien definitivamente dicte un fallo estableciendo las calificación a priori de una apropiación indebida calificada. Pareciera una redundancia repetirlo, pero insisto que este proceso en primera instancia debe ser del dominio de la jurisdicción penal y no de esta como se pretende, la cual ha de quedar a la espera de los resultados de la investigación correspondiente (...y' Sobre este alegato, el abogado del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina en el documento identificado anteriormente, que fue consignado en fecha 20/02/2018 (Folios 1319 al 1322 del expediente) referido a una presunta "Oferta de Comercialización Pública de un Vehículo", vuelve a cuestionar la competencia administrativa de este Órgano de Control, exponiendo lo siguiente:

"(...) En tal sentido, creo prudente, sugerir a esta Dirección, que los hechos escapan al dominio de su simple Procedimiento de Determinación de posibles Responsabilidades y Sanciones Administrativas, por lo que sin más dilación, reclama la intervención de los Órganos de Justicia Penal, debe oficiar lo conducente a la Fiscalía del Ministerio Público, con la finalidad de que se inicie el Proceso Investigativo, tendente a la recuperación del vehículo en cuestión y se sancione ejemplarmente a quien pretende lucrarse ilegítimamente con bienes sustraídos de un órgano del Estado Venezolano, todo conforme a las previsiones que al efecto, establece el Código Penal vigente y el Código Orgánico Procesal Penal, ya que, a nuestro criterio, se trata de una flagrante acción delictual de Apropiación Indebida Calificada, cuyo órgano competente, es en primer lugar el Ministerio Público quien posee la exclusividad de la acción penal, más aún en el presente caso, dónde trata de bienes de la nación y, en segundo lugar, los Tribunales Penales, que es el órgano competente para evaluar la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y determinar responsabilidades y condena en la Sentencia de Mérito que eventualmente habría de proferir (..."' Los anteriores extractos, están referidos, a una presunta: "(...) Oferta de Comercialización Pública de un Vehículo Toyota, Land Crussier, del año 2010, distinguido con las Placas AD69zYM, el cual se ofrece en venta por la suma de siete mil dólares norteamericanos (7.00o,oo$usA), en el Portal o Red Social denominado instagram a instancias del usuario denominado GLOBAL.AUTOS (...)", que a fines "(...) ilustrativos y de colaboración en la presente causa (..." el representante legal del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, consigna tres (3) impresiones a color (marcadas con la letra A), de un vehículo identificado como: Vehículo Toyota, Land Crussier, del año 2010, distinguidos con las Placas AD697YM, con presunta "(...) asignación de PDVSA (..." y que "(...) falta sacarle título (..."; con ello, realmente pretendió establecer una conexión entre dicho vehículo con los diez (10) vehículos que dieron origen a las investigaciones que sustanciaron el presente Procedimiento Administrativo, poniendo de manifiesto la supuesta incompetencia de esta Oficina de Auditoría Interna para tramitar y decidir el presente Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, lo cual se materializa cuando su representante legal argumenta en su defensa, en el marco del acto oral y público, lo siguiente:

"(...) desde la primera oportunidad que yo tuve de acudir ante esta investigación, yo les hice saber que aquí hay una situación a mi criterio particular de un cariz penal y es de un cariz penal porque hay unos bienes públicos, unos bienes del patrimonio de la nación, específicamente de esta estatal petrolera, que son del interés de todos los venezolanos y como abogado y como venezolano les indiqué vía verbal y vía escrita de que eso es jurisdicción del ministerio público, es competencia del ministerio público, es competencia penal, porque aquí se aperturó una investigación en función de que aquí se han desaparecido unos vehículos y lo más grave, que el propio expediente lo reza allí, lo mencionó el doctor hace rato también, que ya aparecían a nombre de otras personas, yo me preocupé de hacer una pequeña indagación por ahí y me conseguí que en instagram, un portal público que hay por allí, hay un vehículo en venta y con el descargo que dice que ese vehículo en venta tiene asociación o nombraría a PDvsA y que pronto regularizarían la documentación para el posible adquirente, eso lo traje acá al expediente, y sorprendido estoy de que no hay ningún auto que aprecie esa denuncia que a mi modo de ver también es muy grave (..)" hay una presunción de una apropiación indebida calificada que está establecida como tipo penal en nuestro código penal y eso es competencia del ministerio público, no es competencia de esta administración, respetando por su puesto su competencia particular, sus atribuciones y su autonomía, pero la acción pública dice que todo venezolano que tenga conocimiento, independientemente que sea un órgano del estado, de un hecho punible, debe denunciarlo, debe ponerlo en manos del ente con competencia para investigar y castigar al mundo, el mismo perdón, en este caso el ministerio público y en consecuencia los tribunales de la república, donde un juez será el último quien podrá o no dictaminar si hay una responsabilidad penal sobre quien, tan cierto es lo que yo les estoy mencionando que aquí el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría de la República en su único aparte dice cuando se detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en el numeral 1 al 11 del artículo 9 de la ley pero no procede la formulación de un reparo, esa es la competencia de ustedes, los órganos de control fiscal remitirán al ministerio público que es quien en definitiva establecerá la responsabilidad, además de eso está la ley que nos preceptúa los delitos contra la cosa pública, contra la corrupción, y aquí hay una presunción, (..) de una apropiación de un uso indebido de bienes públicos que se han apropiado otras personas y los han comerciado a terceros y eso está plenamente prevenido en el artículo 52, 53 y 54 de esa misma ley, (..) esos hechos de cariz, de matiz y de competencia penal penal deben ser denunciados, deben ser llevados al ministerio público quien es al final quien va a iniciar una investigación que va a determinar una posible responsabilidad penal y sus sanciones y entonces por supuesto, eso derivada en las consecuencias civiles y administrativas que hoy se persiguen (...)"(marcado suyo).

Enrique Monroy Medina, en su defensa; ésta coincide con la realizada por el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, culminando su intervención en el acto oral y público, quién alega también en su defensa, lo siguiente:

"(...) hay vehículos ya a terceras personas ahí debemos ver con fiscalía , aquí se formó ahora un equipo de protección integral que se llama recuperación de vehículos, debe haber fiscalía con ministerio público, auditoría, armar una comisión para que vaya a la división de tránsito terrestre para ver como se hizo ese papeles allí de que hayan llegado vehículos que son bienes nacionales y hayan pasado a otras terceras personas, porque ahí tiene que haber, como la bancaria, una persona que tiene un código y ese código de quién es porque aquí hay informaciones que tengo que cuando hubo ese problema y también en PDvSA que estaban pasando a terceras personas y estas pasaron a nombres de otras personas ya PDvSA pidió las órdenes a fiscalía y fiscalía actuó y hubo auto de detención, yo pido aquí que se haga la amplitud de todo eso, (...)"

Sobre el documento consignado en fecha en fecha 20/02/2018, (Folios 1319 al 1322 del expediente) por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, asistido por su abogado, referido a una presunta "Oferta de Comercialización Pública de un Vehículo", por lo que esta Oficina de Auditoría Interna participó, como es debido, a los órganos y entes competentes para conocer de dicha denuncia, mediante los Oficios N° OAI-014 y OAI-015, ambos de fecha 28/02/2018, dirigidos a la Dirección Ejecutiva de Servicios y Logística Corporativa de Petróleos de Venezuela S.A., y al Instituto Nacional de Transporte Terrestre y Memorándum, respectivamente, así como el memorándum N° OAI-0059 de fecha 28/02/2018, dirigido a la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio. Estas actuaciones fueron independientes del expediente, por cuanto se compararon los datos del vehículo que presuntamente se encuentra en venta "Placas AD69zyM" y no coinciden con los vehículos propiedad de este Ministerio, identificados plenamente en el Auto de Apertura de fecha 18/10/2017, los cuales no se encontraron físicamente al momento de la actuación de control, ni en el procedimiento de investigación, identificados así: vehículo con Placa "TAP-43C", vehículo con Placa "DBS-16J" que posteriormente le fue asignada la Placa "AB104PW', vehículo con Placa "DBS-94I" que posteriormente le fue asignada la Placa "AA789LX", vehículo con Placa " TAP-35C", vehículo con Placa " TAP-89B", vehículo con Placa "MCF-27H', vehículo con Placa "DBS-07J" y vehículo con asignada la Placa "AA368JC" se recuperó por el CICPC en fecha 08/09/16 y el vehículo con Placa "DBS-17J", se encontró en un estacionado en PDVSA en Carrizales, Estado Miranda, en condición de volcado con "daños irreparables", por lo que se "desincorporó", según informó la Dirección de Servicios y Logística, mediante Memorando N° DSL-142 de fecha 13/03/2018, en respuesta a solicitud realizada en el marco del Auto para Mejor Proveer, dictado en fecha 08/03/2018 (Folios 1355 al 1361 del expediente), por lo que finalmente, se consideró que dichas remisiones no forman parte del presente procedimiento administrativo. Y así se decide.

Quien suscribe la presente decisión, estima conveniente ilustrar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela instauró el Sistema Nacional de Control Fiscal en el artículo 290, disponiendo que la Ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y de dicho Sistema, el cual tiene como objetivo fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente su función de gobierno, lograr la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público y establecer la responsabilidad por la comisión de irregularidades, constituyendo instrumentos del referido Sistema las políticas, leyes, reglamentos, normas, procedimientos e instructivos, de acuerdo con los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Es por ello que, esta Oficina de Auditoría Interna como órgano integrante del mencionado Sistema Nacional de Control Fiscal, se encuentra facultada para realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente sujeto a su control, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con los artículos 26 y 41 de la LOCGRSNCF, además de las competencias que la Ley le atribuye en materia de potestades investigativas, sancionatorias y resarcitorias, entre las cuales se encuentra la competencia plena y absoluta para iniciar, sustanciar y decidir el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, de acuerdo con el artículo 93 ejusdem, es decir, entre otras, la de declarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que presten servicio en el Ministerio, que hayan incurrido en los actos, hechos u omisiones generadores de dicha responsabilidad, previstos en los artículos 91 y 92 de la LOCGRSNCF y la responsabilidad civil, según lo contemplado en el artículo 84 y segunda parte del 85 ejusdem, cuando se ha causado daño al patrimonio público.

Por su parte, los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Internas, dictados por la Contraloría General de la República, a los fines de colaborar con los órganos y entes del sector público en cuanto a su estructura organizativa, funcionamiento y distribución de competencia entre las dependencias que la componen, han delimitado la cualidad y capacidad de actuación, al consagrar en su Capítulo XI, que le corresponde al responsable de la dependencia encargada de la Determinación de Responsabilidades, lo siguiente:

Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la A Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 85 de su Reglamento, mediante el cual, una vez valorado el informe de resultado de la potestad investigativa, se ordena el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio dei procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.

Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 96 de la Ley Orgánica de la A Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 88 de su Reglamento y notificarlo a los presuntos responsables.

A mayor abundamiento, quien suscribe, considera pertinente mencionar el criterio pacífico y reiterado de la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal de la República, sobre la competencia, según la cual es: "(...) la capacidad legal de actuación de la Administración, es decir, representa la medida de una potestad genérica que le ha sido conferida por la ley; de allí que la competencia no se presume sino que debe constar expresamente por imperativo de la norma legal. Por tanto, determinar la incompetencia de un órgano de la Administración supone demostrar que ésta ha actuado sin que medie un poder jurídico previo que legítimo su actuación (...) (Vid. sentencias N° 02190 de fecha 5 de octubre de 2006 y N° 1114 del 1 de octubre de 2008).

Aunado a ello, la referida Sala ha expresado reiteradamente sobre la competencia administrativa que: "(..) ha sido definida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo; es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un Los criterios sostenidos por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, deben ser revisados conjuntamente con lo que dispone el antes mencionado artículo 86 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que dispone en cuanto al inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, que esta atribución está reservada a la dependencia del órgano de control fiscal encargada de la determinación de responsabilidades.

Cabe advertir que, la referida potestad sancionatoria es la consecuencia de la presunta transgresión de preceptos que tutela los bienes e intereses de la Administración Pública, considerando que el origen del derecho sancionatorio "es el ejercicio del ius puniendi o potestad punitiva del Estado, que en el campo administrativo es ejercida dentro de la propia Administración mediante sus propias reglas que están sometidas al Derecho Administrativo..."4, lo cual se debe "a la necesidad de la Administración de contar con los mecanismos coercitivos para cumplir sus fines, ya que de lo contrario la actividad administrativa quedaría vacía de contenido, ante la imposibilidad de ejercer el ius puniendi der Estado frente a la inobservancia de los particulares en el cumplimiento de las obligaciones que les han sido impuestas por ley5.

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Lo aquí expuesto encuadra bajo el principio de la legalidad, al cual se contrae el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, cuando establece: "La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los actos administrativos de carácter normativo dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático, participativo y protagónico".

En atención a las consideraciones expuestas, quien decide observa que no existen elementos que permitan evidenciar que esta Oficina de Auditoría Interna se tomó atribuciones que no tiene conferidas, como se pretendió hacer ver, por cuanto la responsabilidad administrativa y civil, como se ha expuesto, por razón de la Ley y la materia, le otorga competencia, en el presente caso, a esta Oficina de Auditoría, como órgano contralor interno del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, sin menoscabar las otras responsabilidades, a saber, los funcionarios públicos pueden incurrir en distintos tipos de responsabilidades, que son independientes entre sí pero igualmente pueden estar asociadas a un mismo hecho o acto, Así pues, los funcionarios públicos en sentido amplio, en el ejercicio de sus cargos, pueden incurrir en cinco tipos de responsabilidad: civil, penal, administrativa, disciplinaria y política, las cuales pueden existir conjunta o separadamente, todas con base constitucional, legal o sublegal 16, por ello el artículo 79 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP) establece:

"Artículo 79. Los funcionarios o funcionarias públicos responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos , ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad no excluir la que pudiere corresponderles por efecto de otras leyes o su condición de ciudadanos o ciudadanas".

En nuestro caso, el artículo 82 y el encabezado del 91 de la LOCGRSNCF, diferencian claramente que los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, obreros y obreras que presten servicios en entes u organismos públicos, pueden responder penal, civil y administrativamente, por los actos, hechos u omisiones contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión del desempeño de sus funciones. Inclusive dichas responsabilidades acarrean sanciones que son independientes entre sí, como se puede apreciar de la simple lectura del artículo 114 ejusdem.

A los fines de ilustrar lo anterior, se considera necesario citar lo señalado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1.030 de fecha 9 de mayo de 2000, Caso: José Gregorio Rodríguez Silva, señaló lo siguiente:

"(.) Como puede observarse cada una de las responsabilidades señaladas supra, obedecen a procedimientos diferentes, a sujetos que la imponen distintos, y guardan entre sí una real y verdadera autonomía, aun cuando puedan ser originadas por un mismo hecho.

(...O0miss..) En efecto, si en un procedimiento administrativo un funcionario produce una distorsión, o un retardo doloso en los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo o toma una decisión por cohecho, violencia, soborno o fraude (numeral 3 del artículo 97 de la ley de formas administrativa), puede ser objeto de sanciones con establecerse mediante sentencia del juez competente su responsabilidad; puede ser demandado por daños y perjuicios por un tercero y en razón de ello el juez civil puede condenarlo; la Contraloría General de la República puede abrirle un procedimiento y establecer su responsabilidad administrativa, y multarlo; y, puede ser objeto de un procedimiento disciplinario que acarree su destitución.

Lo que está prohibido constitucional y legalmente es que por el mismo hecho pueda ser objeto de diversidad de sanciones de una misma entidad o naturaleza. No puede ser sancionado penalmente dos veces por el mismo hecho; tampoco puede ser objeto de diversas demandas (salvo los casos de litisconsorcio y de la acción de repetición) por el mismo hecho la Contraloría no puede imponerle dos multas distintas; ni el superior jerarca puede a la vez amonestarlo y destituirlo por el mismo hecho (..)" Así las cosas, quien decide es de la opinión que, el presente procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades no impide en lo absoluto, el ejercicio inmediato de las acciones penales a que hubiere lugar ante los tribunales competentes y seguirá su curso, sin que pueda alegarse excepción alguna por la falta de cumplimiento de requisitos o formalidades exigidas por la Ley (Artículo 111 LOCGRSNCF), sumado a los hechos siguientes (Folios 157, 1018 al 1021 del expediente):

A Consta inserto en el expediente el Oficio N° 025 de fecha 07/06/2016 mediante el cual se remitió el presente asunto a la Fiscalía General de la República, cumpliendo con el artículo 83 de la LOCGRSNCF, numeral 8 del artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público17 y numeral 1 del artículo 45 de la Ley Contra la Corrupción18, previo el inicio del procedimiento de potestad de investigación, contemplado en los artículos 77 al 81 de la LOCGRSNCF.

Consta inserto en el expediente como la respuesta que se obtuvo por parte del Ministerio Público, mediante el Oficio DCC-257-299477-2016 de fecha 13/07/2015 (Folios 157, 1018 al 1021 del expediente), de la remisión que se efectuó, previo al inicio de la potestad de investigación, en donde de su lectura, se desprende que dicho caso fue asignado a la Fiscalía 56 Nacional Plena a cargo de los abogados Roberth José Brizuela, ubicada entre avenida Este 6, esquina de Puente a Victoria, edificio Centro Vilasmil, piso 15, Municipio Bolivariano Libertador Actuaciones que fueron manifestadas en la Audiencia Oral y Pública, ya culminadas las intervenciones de los presuntos responsables asistentes, cuando quien decide, aclaró al apoderado legal del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, y a éste, lo siguiente:

" Yo quería acotar algo antes de continuar con este procedimiento, que es importante que los interesados tengan acceso a todo el expediente, así como dijo el abogado y saco copia, van a ver todas nuestras actuaciones y en el momento en que esta unidad de control fiscal se enteró de esta situación, cuando se cerró el informe definitivo, nosotros informamos a la fiscalía, que hubieren actuaciones de la fiscalía y del CICPC, entonces puede ser que haya ámbitos de competencia, el ministerio público tiene el ámbito de competencia penal pero las unidades de control fiscal tienen el ámbito de competencia y sanciones administrativas, quería aclarar eso, entonces es bueno que tengan y por mí no hay problema, pueden tener copia de todo el expediente, ahí está la base de todo nuestro trabajo para que lo puedan observar".

Así las cosas, quien decide, observa que no hay impedimento legal alguno que exceptúe la competencia dada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás normas de carácter sub-legal a esta Oficina de Auditoría Interna, para abrir, tramitar y decidir el presente Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades. Y así se decide.

Como punto previo, y habiendo sido dilucidado lo referente a la competencia de esta Oficina, se considera necesario aclarar tanto al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina como a su apoderado legal, que el denominado "Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades" es distinto al "Procedimiento de Potestad Investigativa", por cuanto se puede leer en los distintos escritos presentados por dicho ciudadano asistido por su apoderado legal, que se dirigen a dicho procedimiento sancionatorio como una " instancia de investigación" en repetidas veces, tanto en sus escritos presentados como en la Audiencia Oral y Pública efectuada el día 08/03/2018, de la siguiente manera:

En el escrito de descargos presentado en fecha 27/11/2017 señala: "(...) Por lo tanto, siendo así, no logro entender como se pretende en la presente investigación de Determinación de Responsabilidades Administrativas (...) para que sea apreciado a la hora de la decisión definitiva en la presente investigación (...) soy ajeno a la presente investigación a sí pido sea establecido en la decisión definitiva (...)" ; en su escrito presentado en fecha 15/12/2017 en oposición a la admisión de las pruebas indica: "(...) este despacho de Investigación (..) la cual va dirigido al proceso de investigación, por lo tanto resulta contradictorio y contraproducente que esta instancia investigativa, pretenda (...";

en su escrito presentado en fecha 16/01/2018, donde ratifica la oposición a la admisión de las pruebas expone: "(...) ya que no se entiende, que este órgano de Investigación, pretenda (...) además de ser del conocimiento de esta instancia de investigación (..) es inverosímil, que una Instancia de Investigación como la de Determinación de Responsabilidades Administrativas, pretenda (..) que es de obligación de esta Dirección de Investigación (..) el presente procedimiento, es una Investigación tendente a establecer responsabilidad administrativa (..) Ya el Auto de Apertura de la presente Investigación (..."; y en el acto oral y público el apoderado legal del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina expone: "(...) desde la primera oportunidad que yo tuve que acudir ante esta investigación (.." (resaltado añadido) siendo que, el poder que faculta al ciudadano Nerio E. Lozada A., fue autenticado y consignado en fecha 16/01/2018 y se encuentra inserto en el expediente en los folios 1282 al 1287 del expediente, correspondiente al presente Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades y no, en el Procedimiento llevado por el Área de Potestad Investigativa, adscrita a la Dirección de Control Posterior de esta OAI.

Como fue señalado anteriormente, tanto el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina como su apoderado, confunden las actuaciones que fueron realizadas en el marco de la potestad investigativa con las del presente procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, es por ello que, se estima pertinente referir el criterio sostenido por la Contraloría General de la República, y que reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia sobre la naturaleza y fines del ejercicio de la potestad investigativa, que de manera coincidente han señalado que dicha potestad debe estar desvinculada completamente del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. Así, en dictamen del Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, contenido en su memorando N° 04-00-335 del 20/10/200519, se indica que la potestad investigativa es una actividad inmanente de control posterior, pudiendo las unidades de auditoría interna realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuera el caso, así como la procedencia de acciones fiscales; competencia establecida en el Título III "DE LAS POTESTADES DE INVESTIGACIÓN, LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES" de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Sobre este particular, el dictamen en referencia sostiene que los funcionarios al ejecutar las actividades relacionadas con la potestad investigativa deben estar desvinculados de los que ejercen el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y, en este sentido las actividades relativas a la potestad investigativa deben ser ejercidas por el área de control posterior; porque es allí donde se desarrollan los elementos del hallazgo de auditoría con sus respectivas pruebas, las cuales serán utilizadas en el ejercicio de dicha potestad. Al respecto la dependencia encargada de ejercer el Control Posterior, en el marco de la potestad investigativa, tiene como principales funciones las siguientes:

1. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sub legal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.

2. Realizar las actuaciones necesarias a solicitud de los órganos de control externo, cuando estos presuman que hubieren ocurrido actos, hechos u omisiones, informando los resultados dentro del plazo que acuerde para tal fin.

3. Formar el expediente de la investigación.

4. Participar a la Contraloría General de la República el inicio de las investigaciones que ordene.

5. Notificar de manera específica y clara a las personas a quienes se le atribuyan, actos, hechos u omisiones que comprometen su responsabilidad.

6. Tomar declaración a cualquier persona en el curso de la investigación, ordenar su comparecencia mediante oficio notificado a quien deba rendir la declaración.

7. Elaborar un informe dejando constancia de los resultados de las actuaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la LOCGRSNCF.

8. Remitir a la Contraloría General de la República el expediente formado con ocasión de los resultados de una investigación o actuación de control cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparo, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de los entes y organismos a que se refieren los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica que rige nuestro funcionamiento, que se encuentren en ejercicio de sus cargos, con el fin de que ésta, mediante auto motivado que se notificará a los interesados según lo previsto en la LOPA continúe la investigación, decida el archivo de las actuaciones realizadas o inicie el procedimiento para la determinación de responsabilidades.

9. Remitir al Ministerio Público la documentación que contiene los indicios de responsabilidad penal, civil cuando detecten que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la LOCGRSNCF, y que no sea procedente formulación de un reparo.

En este contexto, quien suscribe, estima pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa de la República Bolivariana de Venezuela, en la sentencia N° 2008-01810, de fecha 15/10/2008, expediente número AP42-N-2008-000146, en la que se pone de manifiesto que la potestad de investigación y el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades son, por su naturaleza y fines procedimientos distintos, al expresar:

"(.) [EI] recurrente confunde el inicio del PROCEDIMIENTO DE POTESTAD INVESTIGATIVA, con el inicio del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, las CUales SOn dos (2) procedimientos administrativos completamente diferentes (...)".

(marcado y corchete añadido).

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Visto que los objetivos perseguidos en cada uno de los procedimientos descritos son diametralmente opuestos, se exige que ambos sean conocidos por funcionarios distintos, lo cual permite evidenciar la necesaria separación entre los órganos de instrucción y de decisión.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, esta autoridad administrativa considera que las facultades que le son inherentes a los órganos de control fiscal con ocasión a este procedimiento, previo al de determinación de responsabilidades, consisten según el texto constitucional, legal y reglamentario en realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de hacer del conocimiento a personas especificas (naturales o jurídicas, funcionarios públicos o no) de la ocurrencia de actos, hechos u omisiones que se presumen antijurídicos y que en una fase ulterior -procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidadespudieran comprometer su responsabilidad administrativa y/o civil.

La evidente separación de procedimientos y funcionarios competentes para su conocimiento tiene su fundamento, entre otros, en el principio de objetividad que rige las actuaciones a cargo de los órganos de control fiscal, así el llamado a conocer de la potestad de investigación, desde su formalización hasta la emisión del informe de resultados, mal pudiera intervenir en el procedimiento administrativo cuya decisión hoy nos ocupa y viceversa.

En este contexto argumentativo, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en sentencia de fecha 27/09/2011, al abordar el consabido principio de imparcialidad señaló, fundamentalmente lo siguiente:

"En cuanto al principio de imparcialidad y objetividad en sede administrativa, esta Sala, en Sentencia Nº 0518 de fecha 20 de mayo de 2004 (citada a su vez, entre otros, en fallo N° 01415 del 6 de noviembre de 2008), dejó sentado lo siguiente:

(...) Con respecto a esta denuncia (violación al principio de imparcialidad), se estima necesario advertir que la imparcialidad, es concebida como uno de los requisitos del 'juez natural, como lo sostuvo la Sala Constitucional en sentencia del 24 de marzo de 2000 (Caso: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR), donde se dispuso que:

'En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben concluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva de éste, no sólo se emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable; 4) preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribunal de excepción; 5) ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivaríana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área materia. Se considerará competente por la materia aquel que fuera declarado tal al decidirse un conflicto de competencia, siempre que para la decisión del conflicto se hayan tomado en cuenta todos los jueces que podrían ser llamados a conocer, situación que no ocurrió en este caso; o creando en la decisión del conflicto no se haya incurrido en un error inexcusable en las normas sobre competencia'...)'. (Negrillas de esta decisión).

El criterio contenido en el fallo parcialmente transcrito, si bien está referido a los jueces de la República, puede ser trasladado, con sus peculiaridades, a aquellas decidir los procedimientos en esa sede, en atención al enunciado constitucional según el cual, el debido proceso es aplicable a las actuaciones administrativas. (Ver sentencia N° 0817 de fecha 29 de marzo de 2006).

También debe precisarse que esta Sala ha establecido que el 'principio de la imparcialidad, relativo al deber que tiene la Administración de tratar en igual forma a todos los particulares que estén en las mismas condiciones, tiene entre otras las siguientes manifestaciones: la de respetar el orden en que hayan sido presentadas las solicitudes y la obligación de los funcionarios de inhibirse del conocimiento de las causas en las que tuviesen interés, cuando hubiere amistad o enemistad manifiesta con los interesados, cuando hubiesen manifestado previamente su opinión en el asunto de que se trate y cuando tuvieren relaciones de servicio o subordinación con los interesados, supuestos enumerados en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos' (sentencia N° 01533 del 28 de octubre de 2009).

Adicionalmente, este Alto Tribunal ha advertido que cualquier posible parcialidad en la que haya incurrido un funcionario administrativo, solamente puede ser corregida a través del control de legalidad que del acto administrativo se haga en sede judicial y más concretamente a través de la denuncia del vicio de desviación de poder: (Ver sentencia N° 02856 del 13 de diciembre de 2006).

En ese sentido, la parte accionante, a los efectos de fundamentar su denuncia, se limitó a afirmar que la actuación de la Administración 'ha sido sesgada, parcializada, reflejándose en la forma como se practicó la investigación...'. Sin embargo, para esta Sala el alegato referido a la parcialización de la Contraloría General de la República, sin la existencia de alguna prueba o elementos que pongan en evidencia dicha situación, basada solo en el hecho de una decisión desfavorable hacia su persona, no es suficiente para que pueda establecerse la existencia de dicha imparcialidad.

En consecuencia, se desestima la denuncia antes analizada. Así se determina." Efectuadas las anteriores precisiones doctrinarias y jurisprudenciales, quien suscribe debe reiterar que, desde el punto de vista organizativo y funcional, las actividades de la dependencia de control posterior deben estar bien diferenciadas de las que corresponden a la determinación de responsabilidades que, además de ostentar el mismo nivel jerárquico, al estar separadas garantizan la objetividad de los pronunciamientos que están llamados a emitir; es por ello que es exclusivo de la última de las mencionadas las actividades dispuestas en el Capítulo IV, Título III de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF).

En efecto, la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Petróleo a mi cargo, se encuentra integrada por dos (2) direcciones, denominadas: Control Posterior y Determinación de Responsabilidades, las cuales como se indicó, poseen la misma jerarquía, pero con distintas competencias; no siendo atribuido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades revisar, accionar o evaluar las actividades realizadas por la Dirección de Control Posterior, menos aún instaurar una nueva investigación, por cuanto la naturaleza y fines del procedimiento que le corresponde seguir a la última de las mencionadas en atención a lo dispuesto en el artículo 96 de la LOCGRSNCF se orienta a iniciar el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, si como consecuencia del ejercicio de las funciones de control o de las potestades investigativas surgieren elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o imposición de multa.

El dispositivo normativo en comentario debe ser concatenado con el artículo 86 reglamentario de la Ley Orgánica que rige nuestro funcionamiento, al establecer que la dependencia del órgano de control fiscal encargada de la determinación de responsabilidades, luego de valorar el informe de resultados y el expediente respectivo a que se refiere el artículo 79 del RLoCGRsncF²0, dictará el auto motivado mediante el cual ordenará el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.

Se evidencia de la base normativa prevista en la Sección IV "De las Responsabilidades", del CapÍtulo XI "DE LAS POTESTADES DE INVESTIGACIÓN, DE LAS RESPONSABILIDADES Y DE LAS SANCIONES" del Reglamento de la LOCGRSNCF que rige nuestro funcionamiento, que en ningún momento se le atribuye a la dependencia encargada de la determinación de responsabilidades revisar o constituirse en otra o nueva instancia investigadora de la dependencia encargada de control posterior, por tanto esta Dirección no puede tomar en cuenta las pretensiones de la defensa, en el sentido que la Dirección de Determinación de Responsabilidades amplíe o profundice las investigaciones realizadas por Control Posterior, en consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es desestimar dichas pretensiones. Así se decide.

Jhonjani Enrique Monroy Medina, vinculado con un supuesto vicio de nulidad del Auto de Apertura de fecha 18/10/2017, expresado en los siguientes términos:

"(...) Ya el Auto de Apertura de la presente Investigación, se encuentra viciado de nulidad, en virtud que en él, no se describieron claramente los hechos que pretenden imputarme, no se identificaron claramente los sujetos presuntamente responsables, no se indicaron los correspondientes elementos probatorios y las razones que comprometen presuntamente mi responsabilidad.

Para el Auto de Apertura sea idóneo a los fines de dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, debe contener en forma concurrente los siguientes elementos: La descripción de los hechos imputados, la indicación de los elementos probatorios, la identificación de los elementos probatorios(sic), la identificación de los responsabilidad.

A estos elementos debe añadirse la identificación del precepto que tipifica como supuesto o supuestos de responsabilidad administrativa los hechos imputados, así como el contentivo de las eventuales sanciones que le resultarían aplicables, si se determina la responsabilidad del imputado. (..)"

En ese sentido, quien suscribe la presente decisión, verifica que se cumplió con todos y cada uno de los extremos de Ley exigidos, contrariamente a lo expresado por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, como puede observarse de la lectura del Auto de Apertura de fecha 18/10/2017 (Folios 1050 al 1079 del expediente) el cual cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 98 de la LOCGRSNCF, así como en todo y cada uno de los numerales contenidos en el artículo 88 del RLOCGRSNCF que se transcriben a continuación:

"Artículo 98. En el auto de apertura, a que se refiere el artículo 96 se describirán los hechos imputados, se identificarán los sujetos presuntamente responsables y se indicarán los correspondientes elementos probatorios y las razones que comprometen, presumiblemente, su responsabilidad. Con la notificación del auto de apertura, los interesados o interesadas quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento.".

"Contenido del auto de inicio o apertura Artículo 88. Cuando la dependencia encargada de la determinación de responsabilidades ordene el inicio o apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, dictará un auto motivado que deberá contener lo siguiente:

1) La identificación del órgano de control fiscal, así como de la dependencia encargada de la determinación de responsabilidades, con indicación expresa de las disposiciones legales y reglamentarias que fundamenten su competencia.

2) La identificación del órgano o entidad donde ocurrieron los actos, hechos u omisiones.

3) Descripción de los actos, hechos u omisiones imputados.

4) Identificación de los sujetos presuntamente responsables.

5) Indicación de los correspondientes elementos probatorios y las razones que comprometen, presumiblemente, su responsabilidad.

6) La orden de que sean notificados los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones.

7) La indicación expresa en la notificación del auto de inicio o apertura, que los sujetos presuntamente responsables quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades." Quien suscribe la presente decisión, aprecia de las normas antes aludidas, respecto al contenido del Auto de Apertura del presente procedimiento lo siguiente:

1) En el encabezado del Auto de Apertura o inicio, página 1 de dicho auto (Folio 1050 del expediente), se puede leer: "REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES(...)", que es la identificación del presente órgano de control fiscal interno, así como de su dependencia adscrita, encargada de la determinación de responsabilidades, incluyendo al final de dicho Auto, la dirección física de este órgano de control: " Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, ubicada en el ala norte del piso 4, de la torre oeste del edificio MinPetróleo-PDVSA, Av. Libertador con calle El Empalme, La Campiña, Municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital', página 30 de dicho auto (Folio 1079 del expediente) y con respecto a la indicación expresa de las disposiciones legales y reglamentarias que fundamentan la competencia, se encuentra textualmente indicadas así : "(...) actuando según facultades contenidas tanto en la Estructura Organizativa, como en el Reglamento Orgánico del entonces Ministerio del Poder

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Popular de Petróleo y Minería, de conformidad con los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 81, 82, 93, 95, 96 y 98 de la LOCGRSNCF y los artículos 63, 86, 88 y 89 de su Reglamento (...y' página 9 de dicho auto (Folio 1078 del expediente).

Trabajo de Transporte, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio" que es, la identificación de las dependencias donde ocurrieron los actos, hechos u omisiones página 1 y 8 de dicho auto (Folios 1050 y 1057 del expediente). Y que incluso, se explica que: "(..) la Dirección de Servicios y Logística ha empleado equipos o grupos de trabajo, entre los que se encuentra el 'Grupo de Trabajo de Transporte' (..y" página 7 de dicho auto (Folio 1056 del expediente).

3) La descripción de los actos, hechos u omisiones imputados, fueron identificados por cada presunto responsable, de la siguiente forma: "(..) El ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, titular de la cédula de identidad N° V-11.226.399, mientras estuvo en el ejercicio de su cargo como Director (encargado) de Servicios y Logística de este Ministerio, desde el día 16/04/2012 según Resolución N° 037 de fecha 16/04/2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.903 del 16/04/2012 (Folios 180 y 183) hasta e 22/10/2014, siendo que en dicho período, de acuerdo con lo planteado en el informe de resultado que nos ocupa, le correspondía dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, preservación y salvaguarda, a lo fines de asegurar la aplicación de los controles correspondientes que llevaran a garantizar la seguridad y mantenimiento de los vehículos TAP25C, TAP43C, DBS16J), DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J;

así como, la determinación de su usuario final, en razón que los mismos se encontraban confiados a su guarda, uso o administración. Por último al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad N° V-4.809.852, en su condición de encargado de la División de Transporte y Comunicaciones adscrito a la Dirección de Servicios (hoy denominado Grupo de Trabajo de Transporte, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística) de este Ministerio, a partir del 01/06/2004, según Punto de Cuenta N° Ref 418 de fecha 01/06/2004 (Folio 187) y posteriormente como Jefe (encargado) del Grupo de Trabajo de Transporte, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio, según Punto de Cuenta N° Ref 01137 de fecha 01/04/200s (Folio 188) hasta el 09/10/2014, según Punto de Cuenta N° Ref 000593 de fecha 09/10/2014 (Folio 189) fecha en la que se acordó la finalización de su encargaduría como Jefe de Grupo adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, aunque la misma, no obstante, le fue notificada en fecha 20/10/2014, por cuanto durante el ejercicio de su cargo, no ejerció el adecuado control interno correspondiente a fin de garantizar el correcto manejo y custodia de los vehículos identificados con las placas TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, pertenecientes a la flota de este Ministerio, a los efectos de garantizar la seguridad y mantenimiento de ellos, así como "la determinación del usuario final" de los mismos, lo cual evidencian por la ausencia en los expedientes que reposaban bajo la custodia del "Grupo de Trabajo de Transporte", entre otros documentos, las "Actas de Asignación", con la excepción del expediente correspondiente al vehículo TAP35C, según indican en el informe de resultados de la investigación.(...)" páginas 4) Posteriormente a la descripción de los actos, hechos u omisiones imputados, se identifican a los sujetos presuntamente responsables, de la siguiente manera: "(..) En virtud de o antes expuesto, son llamados al presente Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, los ciudadanos Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo. Aricaguan, anteriormente fácticas que dan origen al procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. (..)"' página 5 de dicho auto (Folio 1054 del expediente).

5) Subsiguientemente se identificaron los correspondientes elementos probatorios y las razones que comprometen, presumiblemente, la responsabilidad, en todo un CapÍtulO, que Se denOminó: "C.- DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS Y LAS RAZONES QUE COMPROMETEN PRESUMIBLEMENTE LA RESPONSABILIDAD." Que, al hacer mención de una gran cantidad de datos importantes, como la identificación completa de los diez (10) vehículos que originaron la potestad de investigación, las condiciones fácticas de ellos y la vinculación individual con los presuntos responsables, fueron agrupados tales elementos, para una mejor comprensión, en cuatro (4) circunstancias fácticas, páginas 5 a la 13 de dicho Auto (Folios 1054 al 1062 del expediente), que se citan a continuación:

"C.1.- Cuatro (4) vehículos adquiridos entre los años 2004 y 2007 por el Ministerio, de los cuales se evidenció transmisión de propiedad a nombre de particulares en los años 2011 y 2014, de los vehículos TAP25C y TAP43C, sin que constare en los expedientes de cada uno de ellos, documentación que sustente los mecanismos de control interno que justifiquen las transacciones:

(...)" (marcado de la cita).

Cuya circunstancia abarcó cuatro (4) vehículos propiedad de este Ministerio, que se encontraron registrados a nombre de particulares, a saber: los identificados con las placas Nos TAP25C, TAP43C, DBS16J y DBS94I, Nos de Bien Nacional 70626, 70655, 67462 y 67463, respectivamente, vinculándose, los dos (2) primeros vehículos al ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez y los cuatro (4) vehículos en su totalidad a los ciudadanos Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, de la forma siguiente:

"(.) el ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, titular de la cédula de identidad N° V-9.327.314, desde el 29/05/2007 hasta 15/04/2012, correspondiéndole en el ejercicio de su cargo, de acuerdo al artículo 13 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) vigente para la fecha, dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, adscritos a este Ministerio. En virtud de lo antes descrito, evidenciamos en el expediente que de los vehículos involucrados en la investigación que produjo el informe de resultado, solo los identificados con las placas TAP25C y TAP43C fueron respectivamente (..) En cuanto al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, titular de la cédula de identidad N° V-11.226.399, quien sucedió en el cargo (..) desde el 16/04/2012 hasta el 22/10/2014 (..) se incluyen los vehículos placa TAP25C y TAP43c, en virtud del principio de continuidad administrativa, debido a los deberes y obligaciones que ostentaba en ejercicio de las funciones de su cargo, el cual debió ejercer con la suficiente eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad como para llegar a conocer y actuar respecto a la ausencia de dichos Bienes Nacionales, siendo que, además se evidencia que, los vehículos identificados con las placas DBS163 y DBs94I, fueron registrados a nombre de particulares, en fecha 11/06/2014 y 18/09/2014 (...) Jefe (encargado) de dicho Grupo, fue el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad N° V-4.809.852, desde el 01/06/2004 hasta el 09/10/2014 (..) sin que, presuntamente, se percatara de la ausencia de estos cuatro (4) vehículos placa TAP25c, TAP43C, DBS16J y DBS94I (...) (..) C.2.- Un (1) vehículo volcado: (..)" (marcado de la cita).

Cuya circunstancia abarcó un (1) vehículo identificado con la placa DBS173 N° de Bien Nacional 67460, vinculándose a los ciudadanos Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, de la manera siguiente:

"(.) fue ubicado en el Estacionamiento de PDVSA en Carrizales, Edo. Miranda, producto de un presunto "volcamiento"(...) siniestro que ameritaba, (...) su desincorporación; sin que conste en el expediente del vehículo, de acuerdo con el informe de resultados de la momento la siniestralidad al "Grupo de Trabajo de Transporte" o a la compañía de seguros, a los efectos indemnizatorios patrimoniales del bien público propiedad de este Ministerio (..) como quiera que, la Dirección de Servicios y Logística, no dispone del registro de entrada del referido bien nacional al supra citado estacionamiento, se constató que el referido vehículo fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 27/08/2007 (...) ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, (...) se desempeñó como Director de Servicios y Logística (E) de este Ministerio desde el 29/05/2007 hasta 15/04/2012, custodia que posteriormente pasó al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, (...) quien (...) ocupó ese mismo cargo desde el 16/04/2012 hasta el 22/10/2014. (..). Y el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, (.) que ocupó el cargo de "Jefe del Grupo de Trabajo de Transporte" desde el 01/06/2004 hasta el 09/10/2014, (...) (...) C.3.- Un (1) vehículo asignado pero no ubicado en el marco de la verificación efectuada por la Oficina de Auditoría Interna al contenido del Acta de Entrega del "Grupo de Trabajo de Transporte" de este Ministerio (..y" (marcado de la cita).

Cuya circunstancia abarcó al vehículo identificado con la placa TAP35C, N° de Bien Nacional 70634, vinculando los ciudadanos: Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, de la siguiente manera:

"(..) fue asignado mediante acta de fecha 15/02/2007 a un funcionario y no al Despacho del Ministro como lo indica el Acta de Entrega....) no evidenciarse del expediente llevado por el "Grupo de Trabajo de Transporte" que el mismo hubiese sido formalmente devuelto, y que de conformidad con el oficio 9700-054-1621 de fecha 18/11/2016, la Dirección de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC) (Folio 202 y vto.) indicaron, que en fecha 02/09/2010 procedieron a efectuar la denuncia por el delito de robo de vehículo, ante el organismo competente en la materia, en San Cristóbal, Estado Táchira (...) ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, (...) quien (...) se desempeñó como Director de Servicios y Logística (E) de este Ministerio desde el 29/05/2007 hasta 15/04/2012, responsabilidad que en ejercicio de funciones pasó al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina (..) quien ocupó ese mismo cargo desde el 16/04/2012 hasta el 22/10/2014 (.) ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, (..) en "Acta de Entrega" suscrita en fecha 24/10/2014, indicó que el referido automóvil se encontraban operativo y en calidad de asignado al Despacho del ciudadano Ministro de Petróleo y Minería (...) (...) C.4.- Finalmente, de los diez (10) vehículos a los que contrae el resultado del informe de la investigación, no se obtuvo constancia de información o la ubicación actual de los siquientes cuatro (4) vehículos (.. ' (marcado de la cita).

Cuya circunstancia abarcó a Ios vehículos identificados con las placas: Nos TAP89B, MCF27H, DBS07J, DBS08J, Nos de Bien Nacional 70632, 60799, 67461 y 67459, vinculando los ciudadanos: Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, de la siguiente forma:

"(...) respecto a estos vehículos no ubicados, se valoró que los referidos vehículos fueron registrado a nombre de este Ministerio de Energía y Minas (Hoy Ministerio del Poder Popular de Petróleo) en fechas 07/01/2008, 07/03/2001, 07/01/2008, 27/08/2007 respectivamente (..) ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, (..) quien (...) se desempeñó como Director de Servicios y Logística (E) de este Ministerio desde el 29/05/2007 hasta 15/04/2012; cuyas funciones de dirección (...) posteriormente pasó al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, (...) quien (...) ocupó ese mismo cargo desde el 16/04/2012 hasta el 22/10/2014 (...) ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad N° V-4.809.852, quien era el Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte desde el 01/06/2004 hasta el 09/10/2014 (..) al punto de afirmar el Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte, suscrita en fecha 24/10/2014 en el Anexo "J" de su Acta de Entrega, que los referidos vehículos se encontraban operativos y en calidad de asignados al Despacho del ciudadano Ministro de Petróleo y Minería. (...).

(...) Por todo lo expuesto anteriormente, se infiere en el presente caso, que los ciudadanos:

Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, quienes actuando en funciones, según la época de ocurrencia de los hechos planteados, ya sea en condición de autoridad competente, como: Director (E) de Servicios y Logística de este Ministerio o como: Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte (y Comunicaciones) adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, según su vinculación con las circunstancias fácticas ya expuestas en el presente Auto, respecto a la falta de cuidado, aplicación, diligencia por la que pudieron incumplir con el numeral 1 del artículo 5 del Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos (CEssSP) el numeral 7 del artículo 33 de la Ley de! Estatuto de la Función Pública (LEFP) el literal 'a' del artículo 33 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI) y el artículo, 55 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos (LOBP) LEY ORGÁNICA DE BIENES PÚBLICOS así como el artículo 13 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas, (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.867 del 11/01/2000, (vigente desde el 11/01/2000 hasta el 23/03/2015); es decir, el incumplimiento de las actividades de dirigir, coordinar, custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales adscritos a este Ministerio, particularmente la salvaguarda de los bienes que son adscritos o asignados a una persona, una Dirección o Área específica del Ministerio, en razón de las funciones que les correspondió ejercer.

Conducta que, podría constituir causal para una eventual declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que establece lo siguiente:

'Artículo 91.- Sin perjuicio de la Responsabilidad Civil o Penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

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2.- La omisión, (...) negligencia (..) en la preservación y salvaguarda de los bienes (...) del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley. '."(marcado de la cita).

6) Respecto a la orden de notificación de los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones, se puede leer en el Auto de Apertura, lo siguiente:

"2.- Notifíquese del presente auto a los ciudadanos Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, titular de la cédula de identidad N° V-9.327.314, Jhonjani Enrique Monroy Medina, titular de la cédula de identidad N° V- 11.226.3996, y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad N° V-4.809.852, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en los artículos 96 y 98 de la LOcGRSNCF (...".

(marcado de la cita) (Folios 1078 y 1079 del expediente).

7) Y para culminar con la verificación efectuada al Auto de Apertura del presente procedimiento, dictado en fecha 18/10/2017, con la finalidad de poder constatar su validez jurídica al contener los requisitos exigidos tanto en el artículo 98 de la Ley que rige nuestra materia, como el artículo 88 de su Reglamento, al referirse la defensa del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, en el escrito presentado en fecha 16/01/2018, en donde alega que "(...) el Auto de Apertura de la presente Investigación, se encuentra viciado de nulidad (..)" al no ser "idóneo" alegando el ciudadano antes mencionado, que dicho Auto debió indicar que en la notificación del auto de inicio o apertura, los sujetos presuntamente responsables quedarían a derecho para todos los efectos del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, lo cual efectivamente consta en dicho Auto de Apertura, y se puede leer en sus notificaciones, quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento, según lo previsto en el artículo 98 de la LOCGRSNCF. (...)".

Se evidencia del auto preparatorio suscrito en fecha 18/10/2017 por la Directora encargada de Determinación de Responsabilidades de esta Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Petróleo (Folios 1050 al 1079 del expediente) que el mismo efectivamente cumplió con los requisitos contenidos de forma genérica en el artículo 98 de la LOCGRSNCF y con los siete (7) ordinales del artículo 88 de su Reglamento, de una manera clara, entendible y concurrente, lo cual hace completamente idóneo dicho Auto y se ratifica su vigencia y validez, razón por la cual quien decide, desestima el referido alegato de nulidad. Así se decide.

Adicionalmente, la defensa del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, mediante escritos consignados el 15/12/2017 (Folios 1279 y 1280 del expediente) en día no hábil y ratificado en fecha 16/01/2018 (Folios 1288 al 1289 y sus vtos del expediente), impugna el auto de admisión de las pruebas dictado por la Dirección de Determinación de Responsabilidades en fecha 06/12/2017 (Folios 1263 al 1266 del expediente), fundamentado en lo siguiente:

"Ocurro con la finalidad de apelar en toda forma de derecho el auto administrativo de prueba, que me fuese notificado el día 14/12/2017, mediante oficio # 015. (..) en atención, a que he promovido las testimoniales de los varios ciudadanos que forman y han formado parte de la plantilla de empleados de esta Estatal Petrolera, Petróleos de Venezuela y del Ministerio del Poder Popular de Petróleo; (.) pretenda colocar sobre mis hombros la responsabilidad de traer a este despacho, su dirección domiciliaria, seguido que la misma debe constar de la Dirección de Recursos Humanos y debe ser dominio de esta Auditoría interna. (..), ya que siendo como son, empleados de esta institución, están a disposición en toda y cada uno de sus cargos."y "(.) esta sede de Determinación de responsabilidades administrativas, profirió un Auto de Admisión de Pruebas (...) en el referido Auto ciudadano Director, se ha establecido de manera inexplicable, la prevención(sic) ilegal e inconstitucional de que debo presentar un CUESTIoNARIo DE PREGUNTAS para todos y cada uno de los testigos promovidos, además de exigirme señalar su domicilio. (.) siendo que todos y cada uno de ellos, son empleados de la Estatal Petrolera PDVSA como claramente fue establecido en nuestro escrito de probanzas, donde señalé claramente sus funciones y cargo desempeñado, (...) la cual, posee la indelegable e impretermitible obligación de la búsqueda de la verdad de los hechos que investiga, por lo tanto, no puede pretender, poner sobre mis hombros el proveer un domicilio distinto al ya señalado en nuestro escrito y que es como ya señalé, su lugar del ejercicio de sus labores diarias para esta empresa, por lo tanto, a ellos ha de oficiarse lo conducente, para que presten su testimonio (...). En cuanto al pretendido cuestionario de preguntas a que refiere el impugnado Auto de Admisión de Pruebas, (..) dirigidas a los Testigos por mi opuestos, siendo que semejante formalidad, está reservada a Altos Funcionarios de Gobierno dada su investidura y, no como acá se pretende, para unos empleados de la empresa, (...) hoy acudo ante este Órgano de Determinación de Responsabilidades Admiistrativas (sic), para ratificar en toda forma de derecho, las pruebas promovidas en la oportunidad procesal correspondiente, en consecuencia, ratificar también la actuación de Apelación al Auto comentado (...)." (marcado suyo).

Con respecto a este alegato, quien decide considera oportuno citar el criterio de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 09/11/2010, recaída en el expediente identificado AP42-R-2004-000585, expresado en los siguientes términos:

"Así, en criterio de la Sala Constitucional, 'las vías idóneas para impugnar los actos de trámite dictados en el procedimiento administrativo son, bien los respectivos recursos administrativos o el contencioso administrativo contra el acto final o bien impugnado autónomamente el acto de trámite por alguno de los supuestos enmarcados en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es deci, indefensión, prejuzgamiento o imposibilidad de continuar Cámara Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda).

En ese mismo orden, la Sala Político-Administrativa de nuestro Máximo Tribunal ha señalado en cuanto a la impugnación de los actos administrativos denominados de trámite, que en principio no serían impugnables ante los órganos jurisdiccionales dada su naturaleza, por no implicar en modo alguno la resolución, con plenos efectos jurídicos, de la cuestión sometida al conocimiento de la Administración (acto definitivo). Sin embargo, ha sentado que tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen la posibilidad de su impugnación autónoma, de conformidad con el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando: (i) pongan fin a un procedimiento, (ii) imposibiliten su ejecución, (i) causen indefensión, o (iv) prejuzguen como definitivos, siempre que lesionen los derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares afectados por el procedimiento (...)" En ese sentido, tenemos que, dicho Auto de trámite dictado en fecha 06/12/2017, no causó indefensión por cuanto, no puso fin al procedimiento, no prejuzgó o imposibilitó continuarlo, por el contrario, se evidenció los siguientes elementos y actuaciones:

Se evidenció, del escrito presentado por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, en fecha 27/11/2017, que efectivamente identifica a los ciudadanos que fueron promovidos como testigos, haciendo referencia únicamente al cargo que cada uno de ellos ostentaban para el momento en que el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina se encontraba encargado de la Dirección de Servicios y Logística (período 16/04/2012 al 22/10/2014), aunque no indicó el domicilio para el momento de la promoción como testigos;

contrariamente a lo establecido en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil21, según estipula: "Al promover la prueba de testigos, la parte presentará al Tribunal la lista de los que deban declarar, con expresión de domicilio de cada uno..." Motivo por el cual, para garantizar su derecho a la prueba sin sacrificar la justicia por una formalidad, se le solicitó al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina que subsanase, indicando los domicilios de sus testigos, lo cual da lugar al escrito que presentó en fecha 16/01/2018, donde indicó que:

"(..) todos y cada uno de ellos, son empleados de la Estatal Petrolera PDVSA" y también solicitó la práctica de las citaciones por este órgano. Igualmente superada la formalidad ante la justicia se concedió, siendo libradas dichas boletas de citación (Folios 1309 al 1314).

En el escrito presentado en fecha 27/11/2017, dentro del lapso establecido en el artículo 99 de la LOCGRSNCF y 91 de su Reglamento, no se evidenció solicitud alguna que activara a este Órgano de Control Fiscal para citar a los testigos promovidos en su defensa. En fecha 16/01/2018 (fuera del lapso indicado anteriormente) fue cuando se realizó la petición, alegando además que todos los testigos promovidos "son empleados de la Estatal Petrolera PDVSA" afirmación parcialmente cierta, tal como consta del oficio N° DERRHH-00109-2018 de fecha 29/01/2018 (Folios 1296 y 1297 del expediente ) y del memorándum N° 00179 de fecha 02/02/2018 (Folios 1298 al 1301 del expediente), emanados tanto de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de PDVSA, como de la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, respectivamente, donde informaron que de los testigos promovidos, dos (2) se encontraban efectivamente activos en PDVSA (José Luís Lozada y Pedro Elías Gutiérrez Buenaño), mientras que los restantes, fueron funcionarios del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, Juan Carlos Marrón, Edith Sunirda Linares González, Serva Elena Romero Rondón e Hilario José Cortez García, permaneciendo activo únicamente el primero de ellos.

Procediendo este Órgano de Control Fiscal a realizar las respectivas citaciones, sin que haya sido posible citar a los ciudadanos Serva Elena Romero Rondón e Hilario José Cortez García, (Folios 1303 al 1314 del expediente) aunado al hecho que el promovente tampoco los presentó a la hora y fecha pautada para su deposición (22/02/2018), conforme a lo establecido en el primer aparte del artículo 483 del Código de Procedimiento Civil, el cual se cita a continuación: "(...) Cada parte tendrá la carga de presentar al Tribunal los testigos que no necesiten citación, en la oportunidad señalada (...)", siendo declarados "DESIERTO".

Mediante Auto de fecha 22/02/2018 (Folio 1343 del expediente), a solicitud del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, se fijo una nueva oportunidad para llevar a cabo la deposición de los testigos: Serva Elena Romero Rondón e Hilario José Cortez García, previo al acto oral y público, que se realizó en fecha 08/03/2018, sin embargo el promovente no presentó en esta nueva oportunidad a sus testigos, siendo declarados nuevamente como "DESIERTO" (Folios 1347 al 1349 del expediente).

Se pudo constatar, que en fecha 18/01/2018, la Dirección de Determinación de Responsabilidades mediante Auto, fijó las fechas, horas y sitio, para que se evacuaran las testimoniales, por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, salvo la correspondiente a la testimonial del ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, con cédula de identidad N° 4.809.852, que fue inadmitida por tratarse de un testigo inhábil, según lo contemplado en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, al encontrarse dicho ciudadano debidamente notificado y a derecho, como presunto responsable en este mismo procedimiento y tener un interés directo incuestionable en las resultas del mismo, sin que ello cause indefensión alguna. Obteniendo como resultando que, los ciudadanos: José Luís Lozada, con cédula de identidad V-9.954.270, Pedro Elías Gutiérrez Buenaño con cédula de identidad V-5.891.266, Juan Carlos Marrón con cédula de identidad V-10.517.689 y Edith Sunirda Linares González con cédula de identidad V-4.338.819, fueron efectivamente evacuados como testigos en fechas 20 y 21 de febrero de 2018, en las horas establecidas, según se evidencia del mismo expediente en los folios que rielan desde el 1323 hasta el 1340, dándole continuidad al procedimiento.

Las anteriores actuaciones que constan en el expediente administrativo, demuestran que, contrariamente a lo alegado por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, se le concedió lo solicitado en su escrito de promoción de pruebas y se le garantizó efectivamente su derecho a la defensa, respetando en todo momento el Debido Proceso. Y así se declara.

Por otra parte, en el escrito de descargos presentado por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, en fecha 27/11/2017, alegó, a los fines de soslayar su eventual responsabilidad por los hechos que motivaron el inicio del presente procedimiento, lo siguiente:

"(...) de la actuación del señor TEDDY TIAMo (...) conoce de vista y trato, pero nunca con la comunicación fluida y regular que debió existir entre su Departamento y el Superior Jerárquico que yo dirigí, dicho ciudadano, sistemáticamente se negó a dar cuenta de sus funciones y del equipo de transporte puesto a su cargo, siempre bajo el argumento de que recibía órdenes exclusivas del Director del Despacho, (..). No obstante tales manifestaciones y rebeldía a dar cuenta de sus funciones y equipos a su cargo, utilice todos los medios a mi disposición, entre ellos, convocatoria y realización de reuniones de trabajo, llamadas telefónicas y Memorándums, todo con la finalidad de lograr las lógicas respuestas del subordinado y resto de personal en tal departamento (transporte), esfuerzos que resultaron inútiles, infructuosos, en atención a que dicho ciudadano y el resto del personal a su disposición, se mostró rebelde y contumaz para con el departamento para entonces a mi cargo, violentando con ellos de manera flagrante, el respeto a la estructura organizacional, del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (...) De la misma forma debo aclarar que la Dirección de Servicios y Logísticos, es una Dirección medular en cuanto a su operatividad y procesos administrativos, que REPORTA TODAS SUS ACTIVIDADES, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa y esta última Dirección a su vez reporta, al DIRECTOR DEL DESPACHO. LÍnea de mando organizacional.(...) el ciudadano TEDDY DOMINGO TIAMO ARICAGUAN, titular de la cedula de identidad N° V- 4.809.852, así también el resto del personal a su cargo, se negaban de manera reiterada en inexcusable a Instrucciones, emanadas desde mi despacho como Director de Servicios y Logísticos, negativa que motivaban indicando que reciban órdenes superiores y n (sic) cumpliendo instrucciones de dicha superioridad y por ello, no podían ni debían atender instrucción alguna de mi Despacho, al grado, de indicarse, que requerir alguna información tendría que solicitamos de manera escrita a la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa, (..).

Esa anormal situación, me llevo a dirigirme personalmente a la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa, para sostener conversación con la Directora, (...), quien una vez expuesta la grave situación confrontada con el Departamento de Transporte a cargo de TEDDY TIAMo, donde éste y su personal, no acataba, no respetaba, las validas instrucciones y requerimientos de mi despacho. Ante mi exposición y valida queja, ella, me indicó de modo terminante, que TEDDY DoMInGo TIAMO ARICAGuAN, por lo complejo de su trabajo operacional y estratégica, reportaba

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directamente sus actividades a la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa a SU Cargo, y al ciudadano (.) DIRECTOR DEL DESPACHO y por ende Superior Jerárquico de todos en especial del Despacho a mi cargo.

Además (...) me índico que elevará mis inquietudes al ciudadano (...) quien como DIRECTOR DEL DESPACHO, me instruiría de los lineamientos a seguir ante la anomalía que se presentaba con TEDDY DOMINGO TIAMO ARICAGUAN y su personal. Por eilo, Solicite una audiencia para aclarar la situación laboral y de desacato que se me estaba presentando, dicha audiencia, me fue concedida. Una vez producida la aludida reunión, allí se me instruyó, fui compelido a respetar que toda actividad que realizara TEDDY DOMINGO TIAMO ARICAGUAN, comprendida por su labor operacional y estratégica la reportaba exclusivamente en primer termino, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa, (...) y en segundo al ciudadano (...) DIRECTOR DEL DESPACHO.

(...) (...) soy ajeno, en razón de que el responsable primario, es el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad Nº V-4.809.852; la economista Serva Elena Romero Rondón, titular de la cédula de identidad No V-8.495.563, quien unilateralmente asumió la Supervisión y control del departamento Grupo de Trabajo de Transporte y del jefe del mismo ya tanta veces mencionado y; el ciudadano (...) Director del Despacho, quien claramente me respeto que la economista (..) y su despacho, eran los entes llamados a las cuentas del departamento denominado Grupo de Trabajo de Transporte a cargo del ya tantas veces mencionado Teddy Tiamo y así, lo opongo en toda forma de derecho (...).

(...) Es claro pues, que la Dirección de Gestión Administrativa (..), asumió responsabilidades que eran competencias de la Dirección de Servicios y Logísticos en consecuencias, cobijó al TEDY TIAMO(sic) en el desempeño de sus funciones y en especial en el desacato al Departamento competente de modo organizacional que para ese momento era el que estaba a mi cargo; en ese asunción de la Licenciada mencionada, ella asumió a la información de todo relacionado a vehículos, ella y el DIRECTOR DEL DESPACHO (...), manejaron el Departamento de Grupo de Trabajo de Transporte a su albedrío y Discreción, impidiendo que la Dirección a mi cargo se inmiscuyera en tal situación, (...) (...) Desde mi nombramiento, como Director de Servicios y Logísticos, hasta mi salida como Director, nunca tuve acceso a la información de ios vehículos, siempre se me negó el acceso, la información o injerencia en tales operaciones; alí, se adquieran los vehículos o asignaban a las distintas direcciones. En conclusión, la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa, (...) y del ciudadano (...) DIRECTOR DEL DESPACHO, controlaron a buen o mal saber, las acciones administrativas y operativas de este Grupo de Trabajo Transporte a cargo del tantas veces mencionado TEDDY TIAMO (...)" (marcado suyo).

Asimismo, durante el desarrollo del Acto Oral y Público, el representante legal del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, expuso en su defensa, lo siguiente:

"(..) [El] señor Teddy Tiamo (...) trabajaba a las órdenes del señor [Director del Despacho], entonces me llama la atención que el señor [Director del Despacho] no ha sido llamado a esta investigación, y la señora [Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa] que ha sido mencionada porque nosotros la promovidos como testigo y lamentablemente pues, no ha sido posible notificar la (...) no logró el auxilio de la señora [Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa] ni del señor [Director del Despacho], quien contestó que él estaba bajo sus órdenes, ellos eran quienes probablemente dictaminaban las asignaciones vehiculares, (...) no obstante yo creo que si hay algún hecho que se le pueda imputar al señor Jhonjani Monroy Medina es el simple hecho del principio de la obediencia legítima, de la obediencia a un superior, porque cuando él se sienta con la señora [Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa] y cuando él compete al señor [Director del Despacho], es simple y tanto así que esa dirección, ese despacho superior baipasea la competencia de él, baja las órdenes directas al señor Teddy Tiamo, llévele ese vehículo a Nerio Lozada o a Pedro Perez y a él no se le toma en cuenta como su superior inmediato, (..) por lo tanto teniendo él allí una causa de justificación en esa obediencia debida de un superior como es la señora [Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa] y el señor [Director del Despacho], él simplemente está cumpliendo con el deber de un subordinado, (...) el director del despacho (...) debe ser traído a esta investigación, porque él también debe ser sancionado, debe responder por esa dirección de la cual dependía el departamento de la señora Serva y el departamento del señor Jhonjani, entonces por supuesto, el departamento del señor Teddy Tiamo (.) él ha heredado una situación por la cual se le pretende hoy hacer responsable, antes de él, en ese cargo de jefe de transporte ya estaba el señor Teddy Tiamo, antes de que él tomara su cargo de servicios y logística y antes de este señor Jhonjani estaba el señor Luís Bastidas Ramírez es decir, que la conducta o el desempeño del señor Tiamo viene desde el año 2004 no desde el 2012 como se pretende establecer acá, cuando el señor Jhonjani Monroy toma esa dirección en forma incidental porque creo que fue en una comisión de servicio, siendo así como es, no existe a nuestro modo de ver responsabilidad alguna, eso también está por nosotros fundamentado porque en su oportunidad trajimos cuatro testigos, los cuales fueron contestes y abundantes al decirle a este despacho lo que ocurría en el desenvolvimiento cotidiano de la dirección del señor Jhonjani, el señor Teddy por supuesto la señora [Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa] y el señor [Director del Despacho], que no es más que plasmar la realidad de los hechos de que el señor Teddy, que nos desmienta en su oportunidad si fuera el caso, recibía ordenes directas, precisas desde la parte más alta de esa pirámide de mando que tenían allá y éste señor en el ejercicio de sus funciones era ignorado,(...)"(corchete añadido).

Para apoyar sus dichos, el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, como lo indicó en el acto oral y público, presentó cuatro (4) testimoniales, correspondientes a los ciudadanos: José Luís Lozada, Pedro Elías Gutiérrez Buenaño, Juan Carlos Marrón y Edith Sunirda Linares González, identificados en autos. El primero de los ciudadanos promovidos como testigo, al ser ciudadano Hilario Cortez sabe si dicho cargo guarda o guardaba relación con el cargo desempeñado por el ciudadano Jhonjani Monroy y por el ciudadano Teddy Tiamo", conTEsTo: "Si, el señor Hilario Cortez como director del despacho realizaba las directrices o bajaba las directrices al director de servicios logísticos(Sic) como al jefe del departamento de transporte señor Teddy Tiamo.", en la pregunta DÉCIMA PRIMERA: "Diga el testigo si en el desempeño como ya se señaló del ciudadano Hilario Cortez éste, impartía directrices u órdenes directas al ciudadano Teddy Tiamo, especialmente con el parque automotor a cargo de éste último ciudadano", conTEsTo: "Si impartía directrices directas al señor Teddy Tiamo" y en la pregunta DÉcIMA sEXTA: "Diga el testigo si en ese conocimiento que él dice poseer de la ciudadana Serva Elena Romero, ésta impartía órdenes directas al ciudadano Teddy Tiamo" con TEso: "Si, la señora Serva Elena impartía igualmente directrices al señor Teddy Tiamo".

En relación con la testimonial del ciudadano Pedro Elías Gutiérrez Buenaño, suficientemente identificado en autos, al rendir declaración en el marco de la presente causa, concretamente al ser interrogado por la defensa, en la pregunta TERcERA: "Señor Pedro, diga usted a este despacho para qué dirección u organismo de este ministerio del petróleo tiene conocimiento del cargo desempeñado por el señor Teddy Tiamo y bajo la tutela laboral de quién se encontraba, cuando digo tutela laboral me refiero a su superior inmediato o a quién debía su subrrogación laboral?' conTEsTo: " El señor Teddy Tiamo era jefe de transporte del Ministerio y varias veces de una u otra forma se solicitaba información al señor Teddy, mencionó que trabajaba directamente con la dirección del despacho o, en algunos casos con la oficina general de administración de acá del Ministerio", en la pregunta CuARTA: "Señor Pedro usted menciona acá que el señor Tiamo manifestaba trabajar con el despacho y la dirección, diga usted a cargo de quién está o estaba ese despacho?" conTEsTo: "En ese tiempo lo llevaba el señor Hilario Cortez", en la pregunta QuinTA: "Don Pedro, diga usted a este despacho si sabe y le consta si el señor Teddy Tiamo recibía órdenes del señor Hilario Cortéz en su carácter de director del despacho". conTEsTo: "Desconozco realmente si tenía órdenes directas del señor Hilario Cortez, la respuesta anterior es referida a lo que el señor Teddy Tiamo comentaba o decía sobre sus actividades y a quien reportaba". Y en cuanto a la Repregunta 5. "Indique el testigo, ¿si tiene conocimiento de cómo eran las relaciones laborales y jerárquicas entre los ciudadanos Jhonjani Enrique Monroy Medina, Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, Serva Elena Romero Rondón e Hilario José Cortez García?" conTEsTo: "En el caso del señor Teddy Tiamo, reportaba directamente a la dirección del despacho y a la Oficina General de administración, en el caso de la Dirección del Despacho directamente al señor Hilario Cortez, en el caso de la Oficina General de Administración a la señora Serva Elena Romero, en el caso del señor Jhonjani Monroy en muchas oportunidades invitó al señor Teddy Tiamo para todas las reuniones que se realizaban en la Dirección de Servicios Logística los lunes a las 11 de la mañana aproximadamente con el fin de establecer tareas y asignaciones de las distintas unidades pertenecientes a la dirección de servicios y logística, en este caso el señor Teddy desconociendo el llamado de la autoridad, en este caso el señor Jhonjani diciendo que él reportaba directamente y que no le interesada reunirse con el grupo de servicio ya que él reportaba directamente a la dirección de despacho o a la Oficina General de Administraciór".

En relación con la testimonial del ciudadano Juan Carlos Marrón, suficientemente identificado en autos, al rendir declaración en el marco de la presente causa, concretamente al ser interrogado por la defensa, en la pregunta CuARTA: "Diga el testigo si en esa contumacia del señor Teddy Tiamo a comparecer a esas reuniones que ha comentado y se realizaban los días lunes a las 11 de la mañana, alguna vez motivó el por qué no asistía a ellas?" conTEsTo: "Sí, él manifestó ante todos los presentes de que él no le rendía cuentas a la dirección de servicios y logística sino que le rendía cuentas a la oficina de gestión administrativa y a la dirección del despacho directamente", en la pregunta QuinTA: "Diga el testigo en atención al ejercicio de su cargo si considera o consideró que el señor Teddy Tiamo desconocía la autoridad de la dirección al cargo pregunta lógicamente, refiere al ejercicio de sus labores, me refiero a usted como testigo, en la que tuvo oportunidad de interrelacionarse con la dirección de logística y, en consecuencia, con el desconociendo la autoridad del ciudadano director de servicios y logística sino que también todo lo que representa la estructura administrativa del organismo en cuanto a normas y procedimientos". sÉPTiMA: " Diga el testigo si tiene conocimiento de existir alguna relación de autoridad directa entre el señor Hilario Cortez y el señor Teddy Tiamo?' conTEsTo: "Sí, ya que de manera reiterada el señor Teddy Tiamo manifestaba que él le rendía cuenta directamente a la oficina de gestión administrativa y a la dirección del despacho" en la pregunta oCTAvA: "Señor Marrón, dado el cargo que usted ejerció en aquella oportunidad en esa dirección de logística que directa o indirectamente lo llevaron a apreciar las situaciones de autoridad y las relaciones laborales que cotidianamente allí se presentaban, pudo usted apreciar si la autoridad del señor Jhonjani Monroy fue baipaseada en función de que el señor Tiamo obedeciera exclusivamente al señor Hilario Cortez?' conTEsTo: " Sí, incluso el señor Jhonjani públicamente como director de servicios, en las pocas veces que el señor Teddy Tiamo se acero a las reuniones se lo manifestó, le hizo incapié de que le tenía que rendir cuentas a él y ante el caso omiso que le hizo el señor Teddy Tiamo, emitió varios oficios donde señalaba la situación irregular presentada por el señor Teddy Tiamo la cual fueron dirigidos a la oficina de gestión humana, a la oficina de gestión administrativa, a la dirección del despacho, a la consultoría jurídica y a la oficina de auditoría interna, no recibiendo respuesta alguna", en la pregunta DÉCIMA TERCERA: "Diga el testigo si tiene conocimiento de si esa ciudadana desempeña o desempeñó algún cargo para el ministerio del petróleo y si el mismo guarda o guardaba relación con el desempeñado por los ciudadanos Hilario Cortez en primer lugar, en segundo lugar el ciudadano Jhonjani Monroy y en de directora de la oficina de gestión administrativa, en cuanto al otro aspecto si guardaba alguna relación con el señor Hilario y con el señor Jhonjani Monroy, había una cadena de mando que él debía acatar, debiendo obedecer al señor Monroy, la cual en todo momento no acató, manifestando públicamente que él le rendía cuentas a la oficina de gestión administrativa y al director del despacho." Y en cuanto a la Repregunta 4. "Indique el testigo, ¿si tiene conocimiento de cómo eran las relaciones laborales y jerárquicas entre los ciudadanos Jhonjani Enrique Monroy Medina, Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, Serva Elena Romero Rondón e Hilario José Cortez García?" contesto: "Bueno, públicamente la relación no solamente con estas tres personas fue muy profesional, sino con todo el mundo, ahora bien, en el caso del jefe de transporte era una situación bastante tensa e incómoda para nosotros los jefes de grupos que estábamos presentes en las reuniones de los lunes cuando él iba, porque esa era otra, como él manifestaba que él le reportaba directamente a la oficina de gestión administrativa y al director del despacho, no le tenía que rendir cuenta a él, entonces las respuestas por parte del jefe de transporte muchas veces eran algo fuertes, razón por la cual se generaba un clima incómodo para todos los presentes e incluso para el señor Jhonjani Monroy Medina".

Y por último, la testimonial de la ciudadana Edith Sunirda Linares González, suficientemente identificada en autos, al rendir declaración en el marco de la presente causa, concretamente al ser interrogada por la defensa, en la pregunta QuinTA: "Señora Linares, diga usted qué tipo de inconvenientes o fue una relación fluida y normal?' conTEsTo: "Con el señor Tiamo la relación laboral fue normal como compañeros o equipo de trabajo pero a nivel operativo lo que eran sus funciones, siempre hubo un desacato con relación a por lo menos en el caso del señor Luís Bastidas, de hecho recuerdo en este momento que el señor Luís Bastidas en alguna oportunidad, a parte de los llamados de atención verbales, en alguna oportunidad me comentó que tuvo que dirigirse al despacho a exponer los inconvenientes que tenía con el señor Teddy", en la pregunta señor Teddy Tiamo en su relación laboral con el señor Luís Bastidas?" conTEsTo:

" Haciendo el recuento siempre fue un desacato pues a nivel de la dirección se daban algunas órdenes y él recibía órdenes era a nivel de la dirección de despacho, por la operatividad, por

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el tipo de funciones que tenía transporte, porque recuerdo muy claro que cuando eran por ejemplo asignaciones de vehículos el señor Bastidas se enteraba después que estaban asignados", en la pregunta sÉPTIMA: "Señora Linares, en el ejercicio de su cargo de quién que realizaba a espaldas del señor Luís Bastidas, quien para ese momento era su jefe asignaciones de vehículos, cuando hablo de asignaciones de vehículos eran las que se hacían a los directores, y las coordinada con la dirección del despacho", en la pregunta ocTAVA:

"Señora Linares, quiere decir usted que esas asignaciones vehiculares de que habla las hacía producto de una directriz del director del despacho?" conTEsTo: "Yo no hablaría de irrespetar, lo que expreso es que coordinada estas actividades con la dirección de despacho" en la pregunta DÉCIMA sEGUNDA: "Señora Linares, quiere decir usted que culminado el horario ordinario de trabajo, el control del señor Teddy escapaba al jefe de la dirección de servicios logísticos, escapaba de ese control quiero decir en cuanto a la libertad que podía tener o no de disponer de los vehículos fuera de su horario de trabajo?"' conTEsTo: "Sí en el sentido que él coordinada o recibía las instrucciones de superiores más arriba del director de servicios", en la pregunta DÉCIMA QuINTA: "Señora Linares, entiendo que el señor Monroy era su superior jerárquico y también era el superior jerárquico del señor Teddy Tiamo, esa actitud de rebeldía que usted observó en el señor Teddy Tiamo para con su antecesor, el señor Luís Bastidas, mejor o simplemente continuó cuando el señor Monroy inició el ejercicio de ese cargo?" conTEsTo: "Efectivamente el señor Monroy era el supervisor jerárquico en ambos casos, el mío como coordinación y el del señor Tiamo, ahora la actitud de ejecutar sus funciones sin la aprobación o coordinación con el director de servicios se mantuvo en ambas, tanto con el señor Bastidas como con el señor Monroy", en la pregunta DÉcIMA sEXTA: "Quiere decir usted que el señor Teddy Tiamo cuando comienza el señor Jhonjani Monroy en la dirección del departamento, continuó en su actitud de violación de los procedimientos para la asignación de vehículos a los distintos entes que lo solicitaban?" conTEsTo: " Bueno sí, él continuo operando como lo venía haciendo con el director anterior recibiendo instrucciones directas de la parte de arriba, del director de despacho y en este caso particular de la oficina de gestión administrativa". Y en cuanto a la Repregunta 2 "Indique la testigo, por su conocimiento ¿cual era el procedimiento para la asignación de vehículos en la Dirección de Servicios y Logística?' conTEsTo: "El procedimiento se plasmó en el manual de transporte que como manifesté no fue aprobado por la máxima autoridad, pero el procedimiento operativo debía ser que el director firmara cualquiera de los directores, firmaran cualquier solicitud hecha por los usuarios pero el que aplicaba transporte es el que ya se indicaron en las preguntas anteriores, él coordinada parte de ese trabajo con las máximas autoridades".

Ante semejantes declaraciones, quien decide estima pertinente hacer algunas consideraciones previas debido a que, cuando se examina a fondo lo aseverado por las testimoniales evacuadas, respecto al argumento de defensa referido a que el Director del Despacho, ciudadano Hilario José Cortez García y la Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa economista Serva Elena Romero Rondón, plenamente identificados en autos, controlaban, para ese entonces, las acciones administrativas y operativas del Grupo de Trabajo de Transporte a cargo del ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, se pone de manifiesto, por una parte, la poca certeza de las declaraciones rendidas, por cuanto se denota un desconocimiento real de la situación, y solo se basan en "comentarios" o supuestas "manifestaciones" públicas que según los testigos, "de manera reiterada" realizaba el mismo ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan cuando ocupaba el cargo de Jefe del Grupo de Trabajo de Transporte, y que incluso, dicho "desacato" (desobediencia) como lo indicó la última de las testimoniales evacuadas, se presentó tanto en la gestión del ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez como en la gestión del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, ambos como Directores de Servicios y Logística. Quien suscribe, estima pertinente evaluar que, si bien es cierto que las testimoniales aparentemente fueron contestes en aseverar que el Jefe del Grupo de Trabajo de Transporte reportaba directamente a la Dirección del Despacho y/o a la Oficina de Gestión Administrativa, ninguno menciona o indica el cómo o el por qué, (tiempo, modo y lugar) les constan sus aseveraciones, como es el caso del ciudadano José Luís Lozada, primer testigo evacuado en fecha 20/02/2018, promovido, por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, quien al responder a las preguntas DÉCIMA y DÉCIMA SEXTA, en la deposición de testigos, expuso: "(...) [el] señor (.) director del despacho realizaba las directrices o bajaba las directrices al director de servicios logísticos (Sic) como al jefe del departamento de transporte señor Teddy Tiamo." (Corchete añadido) y "(..) la señora Serva Elena impartía igualmente directrices al señor Teddy Tiamo", respectivamente, sin tomar en cuenta las respuestas que fueron un simple "S™" o "No" solamente, las cuales abundaron en todas las deposiciones de testigo, sin que se fundamente o indique el cómo o el por qué fue que se adquirió ese conocimiento, lo cual brinda poca certeza y fuerza a la declaración presentada por el ciudadano antes mencionado, recordando que Testigo, como lo indica el adquiere directo y verdadero conocimiento de algo."(marcado añadido). Por lo que dicha testimonial debe ser valorada, por quien decide, como una presunción o simple indicio al no haberse indicado el cómo o el por qué (tiempo, modo y lugar) obtuvieron conocimiento de los hechos atestiguados.

Aunado a lo anterior, respecto a las restantes tres testimoniales evacuadas, éstas alegaron en sus deposiciones que escucharon decir cosas (testigo de oídas o auricular) al deponer de la siguiente forma: " (..) [el] señor Teddy, mencionó que trabajaba directamente con la dirección del despacho o, en algunos casos con la oficina general de administración de acá del directas del señor Hilario Cortez, la respuesta anterior es referida a lo que el señor Teddy Tiamo comentaba o decía sobre sus actividades y a quien reportaba." (marcado añadido), y "(..) el señor Teddy Tiamo siempre se escudaba con la idea de que él no podía dar información y que él reportaba directamente a la dirección del despacho o a la oficina general de administración." (marcado añadido) del ciudadano Pedro Elías Gutiérrez Buenaño en respuesta a las preguntas TERCERA, QUINTA y DÉCIMA CUARTA, respectivamente, que le formulará la defensa del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina; así como "(...) de manera reiterada el señor Teddy Tiamo manifestaba que él le rendía cuenta directamente a la oficina de gestión administrativa y a la dirección del despacho" (marcado añadido) correspondiente al ciudadano Juan Carlos Marrón Machado, en respuesta a la pregunta SÉPTIMA, y por último, en la deposición de la testigo ciudadana Edith Sunirda Linares González, depuso: "(..) en ei caso del señor Luís Bastidas, de hecho recuerdo (.) en alguna oportunidad me comentó que tuvo que dirigirse al despacho a exponer los inconvenientes que tenía con el señor Teddy"', "(..) recuerdo que en una de esas reuniones que tuvo el señor Bastidas en el despacho, según lo que él me manifestó, pidió que lo removieran, pero no lo hizo por escrito, (..l', (haciendo referencia, en estos dos últimos casos, al ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez) lo cual conlleva a determinar que efectivamente fue el sentido del oído, el que los condujo a la percepción de los presuntos hechos que depusieron, lo cual convierte a los testigos como "referenciales" y no presenciales, por lo que, no aportan datos derivados de una percepción sensorial inmediata de los acontecimientos, sino que lo que informan es, sobre una versión que han obtenido de manifestaciones o confidencial de terceros, sin que hayan presenciado lo que relatan que puedan agregar al presente procedimiento, precisamente por tratarse de un "testigo de oídas" por lo que su valor probatorio, tiene carácter complementario o subsidiario, es decir, las testimoniales rendidas son valoradas al no indicar tiempo modo y lugar, sobre las cuales el testigo estaba dando su declaración, para dar fe y certeza real de lo que realmente vio o apreció personalmente mediante sus propios sentidos.

Por todo lo anterior, actuando con base en la "/a sana critica", contemplada en el artículo 102 de la LoCGRSNCF el cual indica: "A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el funcionario o funcionaria competente para decidir deberá apreciar la según las reglas de la sana crítica"(marcado añadido) le otorga valor a las cuatro (4) testimoniales rendidas por los ciudadanos: José Luís Lozada, Pedro Elías Gutiérrez Buenaño, Juan Carlos Marrón Machado y Edith Sunirda Linares González, a criterio de quién decide, de meros indicios o simple presunciones, que para formar prueba, debieron ser corroboradas a través de otros medios, como por ejemplo, haberse incorporado al procedimiento prueba escrita o documental de los hechos que se pretendió demostrar únicamente con testigos, basados en la máxima del derecho "quien alega un hecho debe acreditarlo". Y así se decide.

Por otra parte, sobre las testimoniales rendidas, también se encuentran elementos contestes vinculados con una presunta situación "tensa e incómoda"como el testigo Juan Carlos Marrón la describió, entre el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina y el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, mientras se encontraban ocupando sus cargos, hecho éste admitido y tendente a justificarlo cuando al comienzo de los alegatos expuestos durante el desarrollo del acto oral y público de fecha 08/03/2018 el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, en su defensa, expone:

"(.) en relación con lo que ha hablado el abogado del señor Monroy, al principio que él habla de que yo respondió órdenes del despacho, aquí estamos primero viendo en relación a unos vehículos que estaban asignados al despacho, cuando el señor Monroy llega aquí en el año 2012, ya todos esos vehículos (..) estaban en el despacho, en las relaciones de órdenes y cosas y el Despacho manejaba su relación de arreglos de vehículos con PDVSA, que es lo que quiere aquí el señor Monroy, cuando él viene a la división de servicios, y ahí se darán cuenta si piden una relación de compras de suministros de aceites, cauchos y cosas que mientras él estuvo esos dos años aquí en este ministerio, jamás se pudo comprar nada, porque el señor Monroy quería que todas esas cosas, que todo se hiciera a través de PDVSA y que fue lo que hicimos nosotros aquí la dirección del despacho y eso, que si nosotros enviábamos a arreglar eso a PDVSA, tendríamos que eliminar la parte que nosotros teníamos de aquí de reparación de vehículos, entonces ahí influyeron la serie de enfrentamientos y fue cuando él me hizo una amonestación (..)".

Ahora bien, puestas de manifiesto las debilidades de las testimoniales ofrecidas por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, quien suscribe estima conveniente ilustrar que la prueba testimonial en el ámbito administrativo, bajo ninguna circunstancia, puede suplir la prueba actividad administrativa; en este sentido el catedrático Humberto Bello Lozano considera que:

"..los documentos vienen a ser medios evidentes de prueba ...lo cual se debe a que es er testimonio humano existente y permanente que mantiene el vínculo con el pasado, señalando como ocurrieron los hechos y se manifestaron externamente..'º, en sintonía con la opinión vertida, el Dr. Arístides Rengel Romberg expresó sobre este particular que "...la función de documento administrativo, no es otra que la de documentar los actos de la administración..3.

En el mismo sentido indicado por la doctrina, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de Puerto Cabello, en sentencia de fecha 21/03/2012 recaída en el expediente GH22-X-2012-000011, reitera pronunciamientos judiciales al expresar:

"Segundo; De que nos encontramos y así se establece ante un documento administrativo; al respecto ha sido criterio reiterado por nuestro máximo tribunal el tratamiento que debe dársele a este tipo de documento, para lo cual estima necesario examinar la naturaleza jurídica de los documentos controvertidos, a fin de determinar si el mecanismo procesal escogido para su impugnación es el idóneo; Así tenemos:

Como documentos administrativos, los cuales si bien poseen una presunción de veracidad, legitimidad y autenticidad, pueden ser desvirtuados por prueba en contrario, sin que sea necesaria una tacha de falsedad (Sala Político Administrativa- Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia Nº 497, de fecha 20-05-04). También ha asentado la jurisprudencia que la especialidad del documento administrativo lo configura como una tercera categoría de prueba documental (Sala Político Administrativa, Sentencias números 300 del 28- 05-98; y 692 del 21-05-02). Así que no resulta posible asimilar los documentos administrativos a los documentos públicos, cuyo valor probatorio sólo puede ser destruido mediante la simulación o el juicio de tacha, mientras que los primeros admiten a los fines de su impugnación cualesquiera prueba en contra de la veracidad de su contenido (Sala de Casación Social, Sentencia Nº 209 del 21-06-00; y la Sala Político Administrativa, Sentencia Nº 40, del 15-01-03). Conforme a los razonamientos expuestos ut supra, cabe concluir que, una vez establecido el carácter de documento administrativo de la certificación emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de fecha 22-febrero-2012, suscrito por el ciudadano (..), en su condición de Medico Ocupacional de la Diresat Carabobo, la tacha de falsedad no resulta ser el mecanismo de impugnación idóneo para el presente caso, por tanto, resulta forzoso dada la falta de idoneidad, formalización y fundamentación de la tacha de falsedad propuesta, declarar inadmisible la tacha documental planteada por el apoderado judicial de la codemandada (..). Y Así se decide." (destacado añadido).

En el caso sub examine, cuando el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina alega que en una "(..) conversación con la Directora, ciudadana [Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa], quien (...) me indicó de modo terminante, que Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, por lo complejo de su trabajo operacional y estratégica, reportaba directamente sus actividades a la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa a su cargo, y ar ciudadano (..) DIRECTOR DEL DESPACHO (...)"; así como, cuando alega que, el mismo Director del Despacho, en reunión sostenida: "(..) me instruyó, fui compelido a respetar que toda actividad que realizara TEDDY DOMINGo TIAMo ARICAGUAN, comprendida por su labor operacional y estratégica la reportaba exclusivamente en primer termino, a la [Directora] General de la Oficina de Gestión Administrativa, (..) y en segundo al ciudadano (..) DIRECTOR DEL DEsPAcHo", (Corchetes añadidos) alegatos de los cuales no se consignó documento alguno que dé certeza, o prueba, que lo alegado ocurrió como lo indica el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina y no consta en el expediente documento alguno relacionado o que indique que lo alegado sea cierto; de otra parte, al ser promovidos como testigos y admitidos los ciudadanos Serva Elena Romero Rondón e Hilario José Cortez García, los cuales no pudieron ser citados para que prestaran testimonio, ni fueron presentados por el

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promovente, tal como era su obligación, y cuyos actos de deposición fueron declarados como "DESIERTO" en dos (2) oportunidades en fechas 22/02/2018 y 08/03/2018, se debe considerar que el artículo 100 de la LOCGRSNCF contempla "Salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la solución del caso por cualquier medio de prueba que no esté expresamente prohibido por la ley:" y a su vez, el artículo 102 ejusdem establece que "A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el funcionario o funcionaria competente para decidir deberá apreciar la según las reglas de la sana crítica.".

En fundamento lógico con "/a sana critica"; a objeto de mayor abundamiento, se toman fragmentos de la sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, de fecha 22 de junio de 2011, recaída en el expediente AP42-N-2008-000423, respecto a la responsabilidad individual de las funcionarias o funcionarios públicos:

"El ejercicio de la función pública impone a quienes la detentan la sujeción de actuar conforme a la Constitución y las leyes, siendo entonces el ordenamiento jurídico el que define su esfera de atribuciones y deberes, competencias y funciones.

Los funcionarios ejecutan actos concretos orientados hacia el interés común de los ciudadanos; las tareas y actividades que realizan los servidores públicos están orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad social. Por ello, atendiendo al mérito intrínseco encontrado en las prestaciones de los servidores del Estado, ellas deben ser ejercidas respetando la Ley y no con arbitrio doloso u irresponsable, obteniendo un fin distinto al previsto en la norma, que es quien protege que la actividad desempeñada por el servidor público se sujete a los intereses colectivos.

La excelencia de los asuntos de la gestión pública se podrá alcanzar y conservar en la medida en que los funcionarios cumplan eficazmente con sus deberes, sujetando su actuar al respeto y seguimiento del ordenamiento jurídico y al mayor beneficio que su conducta pueda traer a la específica prestación que le toque cumplir.

Y es que el servidor público se debe a la sociedad, su remuneración es sufragada por el pueblo y por lo tanto tiene una responsabilidad y un compromiso con ella, bien en un plano directo, dentro del servicio especial que ejecuta, bien en el plano, asistiendo en que el Estado actúe eficientemente en la tutela del interés general.

La responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos reside en la esencia de la importante prestación que desempeñan, al detentar aquellos sujetos la tutela del interés general y el respeto al ordenamiento jurídico en los servicios específicos que realizan, y viene determinada en todos los supuestos donde se constate la inobservancia o violación de las normas legales y reglamentarias que regulan actividades.

Las normas que preceptúan la responsabilidad de los funcionarios públicos tienen su origen en el poder de control que delegó la colectividad a los órganos de control Fiscal, que en el país está presidido por la Contraloría General de la República, en aras de custodiar el correcto uso de los recursos que pertenecen al patrimonio público y procurar que los mismos sean administrados con eficiencia y estricta sujeción a la legalidad. El control público es un atributo del poder soberano de la sociedad, y es inherente a un sistema democrático y de Derecho como el nuestro. Ninguna actividad que tenga por objeto la administración del patrimonio público puede ser inescrutable, vedada a la vigilancia popular y en representación de ella, a los órganos que determine la Ley, porque la esencia de la democracia y de un Estado sujeto en forma irrestricta al derecho es que el que administra la cosa pública, lo haga ciñéndose a cánones de eficacia y honestidad, en apego y destinación de las normas jurídicas.

La causa u origen de la responsabilidad administrativa es la violación de una norma legal o reglamentaria, lo cual configura un ilícito administrativo que coloca al sujeto de derecho que incurre en el mismo, en la situación de sufrir determinadas consecuencias sancionatorias previstas en la Ley. Esta responsabilidad surge, por tanto, por actuaciones contrarias a derecho, aunque las mismas no hayan producido daño adicional de repararlo, (...).

Por ello, los funcionarios, empleados públicos o particulares que tengan a su cargo o intervengan de cualquier forma en la administración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos de las entidades sometidas a control, responden de sus actos, hechos u omisiones, en los términos que señale la ley y de acuerdo a las proporciones del daño ocasionado. Así vista, la responsabilidad administrativa es una herramienta disuasiva para la defensa de la integridad de la Hacienda Pública y la moralidad y excelsitud pública.

De esta manera, para hacer posible en forma plena el orden político, económico y social justo de que trata el preámbulo y articulado establecido en la Carta Fundamental, así como el objetivo esencial del Estado de procurar por la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, resulta indispensable que el orden jurídico se aplique en toda su firmeza a quienes los ejecutados por aquellos que incumpliendo con sus deberes y obligaciones, infringen el ejercicio de las funciones públicas.

Ahora bien, para que se configure la responsabilidad administrativa, considera la Corte que se requiere verificar el supuesto generador de la responsabilidad, sin que para ello sea necesario entrar a valorar las razones de hecho que pudieron influir en el funcionario al momento de incurrir en una actitud antijurídica.

Adicionalmente, la verificación de la responsabilidad en estudio implica en el ámbito sancionatorio que la persona autora sea la causante de la conducta tipificada como infracción, o, dicho en otros términos, que sólo puede ser responsable de una acción u omisión calificada de ilícita, quien la comete. Ello significa que en los procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa, nadie podrá ser responsable por un hecho cometido por otra persona. Aquí se enlaza dentro del ámbito sancionador administrativo las reglas generales del Derecho Penal, en particular, el principio de que la responsabilidad penal es personalísima y no puede transferirse.

Finalmente, la coacción administrativa para ser una coacción legítima ha de estar sometida a las mismas reglas de legalidad que presiden todo el actuar administrativo.

Debe por ello estar presidida por el principio de legalidad que hace de la coacción material una manifestación jurídica de la Administración y justifica en esta medida su utilización.

La fuente constitucional de la responsabilidad de los Servidores Públicos se encuentra en el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley'. Como se observa de la disposición reseñada, el ejercicio de una potestad pública acarreará responsabilidad individual (disciplinaria, administrativa, penal, civil) cuando, entre otros resultados, los actos ejecutados en ejercicio de esa potestad hayan transgredido las normas constitucionales y las Leyes.

Así pues, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilícito de un funcionario: 'Se basa en las infracciones que, en criterio del órgano que la declare, hayan cometido personas encargadas de la Administración Pública' (Vid. Sentencia N° 1338 del 25 de junio de 2008, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

De igual forma, tenemos que el Texto Constitucional destaca entre los principios que rigen a la Administración Pública contenidos en su artículo 141, a la 'responsabilidad en el ejercicio de la función pública'.

En el plano legal, es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal el texto legislativo que se encarga de normalizar lo programado en la Lex Fundamentalis respecto a las responsabilidades incurridas por el ejercicio de las prestaciones públicas, y lo hace dentro del Capítulo II de su Título III, denominado 'De las Potestades de Investigación, de las Responsabilidades y de las Sanciones, comenzando con el artículo 82, en cuyo contenido expreso deja establecido:

'Los funcionarios, empleados y obreros que presten servicios en los entes señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, así como los particulares a que se refiere el artículo 52, responden penal, civil y administrativamente de los actos, hechos u omisiones contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión del desempeño de sus funciones'.

Por su parte, los supuestos que dan origen a la responsabilidad administrativa se encuentra contenidos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, los cuales son del siguiente tenor:

(...) Finalmente, es menester señalar que los efectos de la declaratoria de responsabilidad administrativa por la comprobación de alguno de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa contemplados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se encuentran regulados en los artículo 94 y 105 de la citada Ley, los cuales prevén las sanciones por la incursión de tales supuestos de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubiesen causado".

En este orden, tenemos que del principio de la responsabilidad individual, indica el catedrático Eloy Lares Martínez: "Según el concepto doctrina, incurre en responsabilidad afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio"24.

Pública (LEFP) lo siguiente:

"Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los funcionarios o funcionarias públicos estarán obligados a: 2.- Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos"(marcado añadido).

Y las Normas Generales de Control Interno (NGCI) aplicable por razón del tiempo, en su artículo 20 contempla:

"En los organismos y entidades deben estar claramente definidas, mediante normas e instrucciones escritas, las funciones de cada cargo, su nivel de autoridad, responsabilidad y sus relaciones jerárquicas dentro de la estructura organizativa, procurando que el empleado funcionario sea responsable de sus actuaciones ante una sola autoridad". Y Articulo 21 ejusdem "El supervisor responsable de unidades, programas, proyectos u operaciones, debe comunicar claramente las funciones y responsabilidades atribuidas a cada supervisado, examinar sistemáticamente su trabajo y asegurarse que se ejecute conforme a las instrucciones dictadas al efecto" (marcado añadido).

En éste sentido, la definición de la organización jerárquica; consiste en un doble orden de operaciones, unas atinentes a dividir entre las unidades orgánicas y entre los puestos de trabajo que integran cada unidad (distribución o reparto de tareas); otras, que establecen relaciones de autoridad-responsabilidad (jerarquización). La prevalencia de la voluntad del órgano de grado superior sobre el grado inferior en razón de la determinación de las relaciones de autoridad-responsabilidad; lo que obliga a definir el contenido de la relación jerárquica, desplegándose un amplio elenco de facultades, entre ellas, el poder de: impulso de la actividad de los órganos inferiores y la dirección de la misma; de inspección y de vigilancia sobre la actividad de los inferiores; suplir a los titulares de los órganos inferiores;

operar transferencias en el ejercicio de competencias respecto a los órganos inferiores;

control sobre la actuación de los órganos inferiores; resolución sobre conflictos de atribuciones de los órganos inferiores y la facultad disciplinaria sobre los titulares y funcionarios de su órgano.

Si nos fijados bien la relación jerárquica no precisa de una concreción normativa para cada una de las facultades que puede requerir la orden del superior, sino que la atribución que la jerarquía atribuye es global, amplia, omnímoda, siempre, claro está, dentro de la legalidad constitucional. En consecuencia la jerarquía y la potestad reconocida al órgano administrativo, genera la responsabilidad del titular por el uso indebido de la facultad de autoridad.

Bajo este contexto tenemos que, en la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP)25 vigente para el momento de los hechos, contempla el principio de jerarquía, en los términos siguientes:

"Artículo 28. Los órganos y entes de la Administración Pública estarán internamente ordenados de manera jerárquica y relacionados de conformidad con la distribución vertical de atribuciones en niveles organizativos. Los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la dirección, supervisión, evaluación y control de los órganos superiores de la Administración Pública con competencia en la materia respectiva.

El incumplimiento por parte de un órgano inferior de las órdenes e instrucciones de su superior jerárquico inmediato obliga a la intervención de éste y acarrea la responsabilidad de las funcionarias o funcionarios a quienes sea imputable dicho incumplimiento, salvo lo dispuesto en el artículo 8º del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica". (marcado añadido).

En conexión y, a los fines ilustrativos, tramos parcialmente el contenido de la decisión del expediente número AP42-R-2008-001555 del año 2010, de la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, donde advierte:

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"(..) esta Corte advierte que la obediencia del funcionario público es un deber estrictamente formal, pues se obedece cumpliendo las funciones del cargo siguiendo las instrucciones del superior, pues de no ser así constituiría el no cumplimiento al principio de jerarquía en la organización administrativa.

En efecto, esta Corte observa que la jerarquía dentro de la organización administrativa, tiene carácter elemental, por cuanto, no se entiende una organización sin un punto de referencia, sin un órgano que tenga categoría o superioridad con respecto a los demás. Por ello, debe señalarse que la jerarquía basa su actuación de superioridad por cuanto posee la potestad de establecer a priori, la línea de conducta que el inferior debe mantener. Es decir el superior tiene la autoridad para determinarse al inferior como debe realizarse alguna actividad, a tal efecto el no cumplir con una orden superior implica romper con el principio de jerarquía, se traduce en una actitud renuente, pasiva o remisa a lo ordenado.

De lo anterior se evidencia, que la referida Ley, señala que existe entre los Órganos de la administración pública una ordenación jerárquica, por lo que los cargos inferiores estarán sometidos a la dirección, supervisión y control de los cargos superiores, con competencia en la materia respectiva. En este sentido, la jerarquía implica una relación de supremacía frente a otra de subordinación. El superior tiene la potestad de determinar los criterios y lineamientos a ser valorados y realizados por el inferior, y este, está en la obligación salvo expresa disposición normativa, de cumplir de jerarquía. (Vid. Régimen jurídico de la Función Pública en Venezuela, Fundación de Estudio de Derecho Administrativo pág. 91).

Ello así, debe entenderse a la subordinación como la obligación que todo funcionario público tiene de cumplir las órdenes e instrucciones de sus superiores, como consecuencia de una vinculación directa del deber de la obediencia, que se fundamenta en la necesidad de mantener la estructura orgánica dentro de la Administración Pública, pues sin la debida obediencia no puede materializarse el principio de jerarquía.

Ello así, se establece en el artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función pública el cual establece en su numeral 2 lo siguiente:

'Artículo 33: Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los funcionarios o funcionarias públicos estarán obligados a:

(...omiss...) 2. Aceptar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos (...)'.

Del anterior artículo, se desprende que en efecto todo funcionario público de carrera o de libre nombramiento y remoción, está obligado por Ley a acatar y en consecuencia ejecutar con eficiencia y eficacia las órdenes que los superiores impartan desde cualquier nivel de superioridad, ello en acatamiento del principio de jerarquía propio de toda organización administrativa, siempre que esa orden no sea ilegal ni inconstitucional".

En conexión con lo anterior, se desprende del testimonio del ciudadano José Luís Lozada, al ser interrogado por la Dirección de Determinación de Responsabilidades, en el marco de la presente causa, respecto a la pregunta: "Indique el testigo, por su conocimiento ¿cual era el procedimiento para la asignación de vehículos en la Dirección de Servicios y Logística?', contesto: "Se recibía una solicitud o un oficio de alguna dirección, ésta llegaba a la oficina del director de servicios logísticos el cual bajaba las directrices hacia el jefe del departamento de transporte (..)."; lo cual es cónsono con lo expuesto por el segundo testigo Pedro Elías Gutiérrez Buenaño, en respuesta a la misma pregunta anterior contestando: "Las direcciones o diferentes entes a través de oficios dirigidos a la dirección de servicios logísticos del ministerio solicitaban el apoyo del bien, en este caso los vehículos, (..)". De la misma manera el tercer testigo Juan Carlos Marrón Machado, respondió a la misma pregunta, lo siguiente "Debía llegar el requerimiento al director general de servicios bien sea por parte del despacho o de otras direcciones, porque suele suceder; llamaban algunos directores, e inmediatamente el director le notificada al responsable que era el jefe de grupo de transporte (...". E incluso, la cuarta testigo Edith Sunirda Linares González, respondió: "(...) el procedimiento operativo debía ser que el director firmara cualquiera de los directores, firmaran cualquier solicitud hecha por los usuarios (..).", siendo contestes en las respuestas otorgadas por todos los testigos promovidos por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, en que la Dirección de Servicios y Logística era la encargada de recibir las solicitudes de asignaciones de vehículos y participar al Grupo de Trabajo de Transporte para que ésta procediera a la efectiva designación al órgano o área solicitante.

Ahora bien, todas las organizaciones administrativas, se entienden como órganos supeditados las funcionarias y funcionarios adscritos en un ente administrativo, como lo es el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con un mismo fin; por cuanto, si bien es cierto que pese a la organización jerárquicamente subordinada de la Administración Pública, es importante establecer que las órdenes impartidas por el funcionario superior deben estar enmarcadas dentro de las competencias del mismo, así como el cumplimiento de los procedimientos estructurales necesarios para el buen funcionamiento de la actividad administrativa; es decir, Ministerio de Energía y Minas" (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) vigente desde el 11/01/2000 hasta el 23/03/2015, y en el cual destaca, en su artículo 13, las atribuciones que le correspondía ejercer a la Dirección de Servicios (hoy Dirección de Servicios y Logística) de este Ministerio, como una estructura vertical, evidenciándose, entre dichas atribuciones, la que nos ocupa o vincula con el presente procedimiento, en su numeral 2, la cual es: "Dirigir y coordinar las actividades asociadas con la (...) custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales adscritos al Ministerio.(Omissis)", siendo señalado en el Auto de Apertura del presente procedimiento de fecha 18/10/2017, como presuntamente desatendido por los ciudadanos Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez y Jhonjani Enrique Monroy Medina, ambos en ejercicio de sus funciones en condición de Directores bajo Petróleo al momento de los hechos que les son vinculados en el presente procedimiento. Y así se decide.

Adminiculado con lo antes mencionado, la "obediencia debida" debe estar envuelta en el acatamiento de los procedimientos preestablecidos por la misma Administración en el momento de ejecutar cualquier orden emanada de un superior jerarca. Es así como, este principio es alegado en defensa por el apoderado del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, en la Audiencia Oral y Pública del 08/03/2018, denominándolo como: "(..) principio de la obediencia legítima, de la obediencia a un superior (..)" y que lo acredita a su favor, como una "causa de justificación" de su responsabilidad. Ai respecto, quien decide, considera que la denominada "obediencia debida" (también denominada obediencia jerárquica, cumplimiento de mandatos antijurídicos o cumplimiento de órdenes antijurídicas) que es, efectivamente en el Derecho Penal, una causa eximente de responsabilidad por delitos cometidos en el cumplimiento de una orden impartida por un superior jerárquico; el subordinado, autor material de los hechos, se beneficia de esta eximente, dejando subsistente la sanción penal de su superior, principio éste que también se relaciona con la actividad castrense, debido a la subordinación que los miembros de una jerarquía militar deben rendir a sus superiores en las acciones que competen al servicio prestado. No obstante, puede presentarse en otras actividades de Derecho Público, como en la Administración²6. Tiene unos requisitos que dependen de la naturaleza que se le atribuya a ésta, pero que de modo general, pueden señalarse de la siguiente manera:

1) Relación de subordinación entre el que manda y el que obedece: Ésta debe estar establecida por una norma jurídica de Derecho Público, tal y como las Leyes Orgánicas que rigen las actividades de la Administración Pública; lo cual excluye el sector empresarial privado.

2) Orden formal: El mandato debe provenir de un superior, es decir, emanar de la relación jerárquica, y cumplir las formalidades habituales.

3) Orden con contenido delictivo: El mandato debe referirse a la realización de una conducta típica, antijurídica y culpable.

4) Subordinado no coaccionado: El subordinado debe cumplir imperado por la orden, no bajo coacción). Es decir que, para que la obediencia debida o jerárquica opere como una causa de justificación de responsabilidad, debe el agente ignorar por completo que el mandato que recibe constituye un delito-falta o que por la esencia de aquél, no resalta su notoriedad como tal; pero si el inferior percibió claramente que se trataba de un acto que conllevaba el incumplimiento de sus normales deberes, y sin embargo continuó asociado al cumplimiento de dicha orden, la excluyente de responsabilidad es claramente inoperante.

En el caso de marras, quien suscribe considera, que el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, se encontraba consciente de la conformación y responsabilidades asumidas según la estructura organizativa en la cual se encontraba prestando servicios como Director de Servicios y Logística (encargado) adscrito a la Dirección de Gestión Administrativa de este Ministerio, al evidenciar de la simple lectura del escrito de descargos presentado en fecha 27/11/2017, la aclaratoria que él mismo realizó en dicho documento: "(..) De la misma forma debo aclarar que la Dirección de Servicios y Logísticos (sic), es una Dirección medular en cuanto a su operatividad y procesos administrativos, que REPORTA TODAS SUS ACTIVIDADES, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa y esta última Dirección a su vez reporta, al DIRECTOR DEL DESPACHO (.)" es decir, que poseía pleno conocimiento de la relación de subordinación y cadena de mando, lo cual estaba plasmado en la estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular de Petróleo para ese entonces y, que verificando el segundo requisito, "2) Orden formal: El mandato debe provenir de un superior, es decir, emanar de la relación jerárquica, y cumplir las formalidades habituales", no se demostró, en lo absoluto, porque no se consignó documento alguno ni consta en el expediente, que dichas órdenes o mandatos, como dicho ciudadano alegó en su defensa, se hayan realizado, que haya tenido lugar la audiencia aludida, lo cual sólo debió ser probado de manera formal y como es habitual en la administración pública, mediante escrito, documento administrativo como memorándum o nota, correo electrónico institucional u otro orden formal como medio de probanza que pueda ser considerado válido, y por consiguiente que sustente el ser eximido de responsabilidad.

Sobre "la responsabilidad", quien decide estima pertinente acotar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su Vigésima Segunda Edición (2001) indica que es:

la "cualidad de responsable, cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado"; así como, la "capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.".

Esta cualidad de responsable, en los términos del mencionado Diccionario la tiene e lato, es el resultado dañoso que recae sobre una persona como consecuencia de su actuar u omisión.

Ahora bien, contrariamente a lo pretendido por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, en la presente causa, de haber ocurrido los hechos tal cual lo alegó, que, como ya se mencionó, no se logró demostrar en el procedimiento de manera alguna, dado que el referido ciudadano se encontraba en perfecto, pleno y claro conocimiento que las presuntas órdenes o mandatos que supuestamente recibió de sus superiores, cuando ocupaba el cargo de Director de Servicios y Logística de este Ministerio, se trataban de un acto antijurídico, que violentaba la estructura organizativa y jerárquica del Ministerio, que lo conllevaría a un incumplimiento de sus normales deberes como Director y, sin embargo, continuó en ejercicio del cargo, a pesar de ese conocimiento, ejerciendo normalmente sus funciones, obviando las consecuencias asociadas a esas supuestas ordenes o mandatos, lo cual hace más grave la falta cometida por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina por cuanto, al preguntar la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Petróleo al testigo Juan Carlos Marrón Machado, sobre si tenía conocimiento del inicio o impulso de algún procedimiento disciplinario o sancionatorio ante la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio en contra del ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, respondió: "Sí, tenía la firme decisión de hacerlo (...". Y en este contexto, la testigo Edith Sunirda Linares González, respondió a dicha pregunta: "(..)con relación al señor Monroy, (...), no recuerdo si hubo otras acciones más concretas", lo cual evidencia la no activación de los mecanismos establecidos en la Ley27, como lo sería: la Amonestación Escrita y/o la Destitución (ya que la Ley del Estatuto de la Función Pública no contempló la amonestación verbal como una sanción); por lo que, para quien decide, la eximente de responsabilidad solicitada por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina fundada en una supuesta obediencia debida, no es procedente. Y así se decide.

Es así que, respecto a las documentales consignadas como anexos al escrito de indicación de pruebas presentado en fecha 27/11/2017 por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina;

se precisa que, sin identificación o marca alguna, consignó en primer lugar copia del Acta de Logística (Folios 1156 al 1157 del expediente) observando, consignó sólo el "Acta" sin los anexos de la misma, por lo cual, actuando en el marco del Auto para Mejor Proveer de fecha 08/03/2018 (Folio 1350 del expediente) se solicitó información a la Dirección de Control Posterior de la Oficina de Auditoría Interna, a través del Memorándum N° OAI-0069 de fecha 08/13/2018 (Folio 1352 del expediente), para que suministraran copia certificada de las actas de entrega de los ciudadanos Luís Abraham Benito Bastidas y Jhonjani Enrique Monroy Medina, quienes ocuparon el cargo de Director (E) de Servicios y Logística de este Ministerio e incluyendo los anexos relacionados con los vehículos placas: " TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J" para ser agregados al expediente y valoradas en esta decisión; recibiendo respuesta mediante Memorando N° OAI- DCP-0018 de fecha 13/03/2018 (Folios 1362 al 1382) constatándose que el ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez en Acta suscrita en fecha 20/04/2012, indicó en el anexo "Relación de Vehículos", recuadro denominado: " LISTADO DE VEHÍCULOS REGIÓN CAPITAL" (Folios 1363 al 1366 del expediente), y a su vez el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy

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Medina, en Acta de Entrega suscrita en fecha 28/10/2014, incluyó como anexo, lo cual se entiende forma parte integral de su Acta de Entrega, el Acta de Entrega del Grupo de Trabajo de Transporte (Folios 1367 al 1382 del expediente), suscrita por el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan en fecha 24/10/2014, donde indica en el Anexo J" un recuadro "LISTADC DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL DESPACHO DEL MINISTRO". En donde se encuentra la totalidad de los diez (10) vehículos antes mencionados y que dieron inicio a las investigaciones del presente procedimiento, al no encontrarse físicamente dentro de las instalaciones del Ministerio, lo cual confirmó que efectivamente fueron recibidos en el año 2012 y a su vez, entregados en el año 2014, respectivamente, entre otros, los diez (10) vehículos, objeto de este procedimiento, propiedad de este Ministerio, identificados con las placas TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, señalando, inclusive, que se encontraban: "operativos y en calidad de asignados a Despacho del ciudadano Ministro (..)" teniendo la certeza, al comparar las fechas de las cuatro (4) circunstancias fácticas descritas en el Auto de Apertura del presente procedimiento que ambas Actas de Entrega fueron realizadas con información inexacta e incumpliendo en el caso de las tres (3) Acta de Entrega: de fechas 20/04/2012, 24/10/2014 y 28/10/2014 con lo establecido en el artículo 18 sobre los datos e información que deben incluirse en los anexos, de acuerdo al texto, de las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias28, dictado por la Contraloría General de la República, que establece:

"Los anexos del acta de entrega deberán incluir datos e información, con fecha de corte al momento del cese en el ejercicio del empleo, cargo o función pública del servidor público que entrega.

Es responsabilidad de quien entrega, la exactitud del acta y sus anexos tanto cualitativa como cuantitativamente." Aunado a lo anterior se constató, quien recibió el Acta de Entrega de fecha 20/04/2012, no procedió nunca a informar por escrito a este Órgano de Control Fiscal, dentro de los ciento veinte (120) días hábiles siguientes a la fecha de la referida suscripción, observación alguna sobre su contenido, convalidándola y haciéndose co-responsable el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina (funcionario Entrante) con el ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas (Funcionario Saliente) en virtud del Principio de Continuidad Administrativa, lo cual se encuentra estipulado en el artículo 22 de las Normas antes citadas, que establece:

"El servidor público que recibe el órgano, entidad, oficina o dependencia, que con posterioridad a la suscripción del acta de entrega, tenga observaciones sobre el contenido de la misma, que pudieran dar lugar al ejercicio de la potestad de investigación y, de ser el caso, al inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, las informará por escrito al órgano de control fiscal competente dentro de los ciento veinte (120) días hábiles siguientes a la fecha de la referida suscripción.(.)" (marcado añadido).

Por lo tanto, quien decide estima que las Actas de Entrega consignadas en el expediente, en el marco del Auto para Mejor Proveer dictado, demuestran la falta de control interno que se llevaba, tanto en la Dirección de Servicios y Logística como en el Grupo de Trabajo de Transporte, al tener un desconocimiento total y absoluto del estado y condición real de dichos bienes y ser incluidos en las Actas de Entrega los vehículos como "operativos y a disposición del Ministerio", demostrando en el transcurso de las investigaciones que cuatro (4) habían sufrido transmisión de propiedad a nombre de particulares, identificados con placas TAP25C y TAP43C en el año 2011. Los vehículos placas DBS163 y DBS94I en el año 2014. Un (1) vehículo siniestrado (volcado) placa DBs17J. Un (1) vehículo objeto de "robo" placa TAP35C. Por último, se desconoce el paradero o ubicación de cuatro (4) vehículos, los cuales no están en posesión del Ministerio, identificados con las placas TAP89B, MCF27H, DBso73 y DBso83, dada la responsabilidad de garantizar el efectivo control tanto en la seguridad como en el mantenimiento, así como la determinación de usuario final, ya que los mismos se encontraban confiados a la guarda, uso o administración y les correspondía la custodia, inspección y conservación de dichos bienes nacionales. Y así se decide.

El caso de marras, permite considerar que los ciudadanos Luís Abraham Benito Bastidas oportunidad en el presente procedimiento para argumentar, sustentar y demostrar que fueron diligentes en el ejercicio de sus funciones, garantizando la seguridad y mantenimiento de los vehículos propiedad de este Ministerio, confiados a su guarda, uso o administración e identificados con las placas TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J; sin embargo, contrariamente no fue posible demostrar un efectivo control que permitiera conocer la determinación del usuario final, garantizado por la oportuna vigilancia, conservación, preservación y salvaguarda de dichos bienes públicos.

Cuando además, se demostró la falta de participación al superior jerárquico sobre el extravío o desaparición por posible distracción de alguno de cuatro (4) vehículos que actualmente se encuentran en paradero desconocido, como la de los otros cuatro (4) vehículos registrados a nombre de particulares, así como la de dos (2) vehículos objeto de siniestro (robo y volcamiento) y la continuidad de adquisición de las pólizas de seguros cuando no fue reportado en la oportunidad los siniestros a los efectos indemnizatorios; ocasionando continuidad de pago indebido al Ministerio del Poder Popular de Petróleo por las primas de seguro al ejercicio 2014 y 2015 de los vehículos identificados con las placas antes señaladas, según se desprende de la documental inserta al expediente del presente procedimiento administrativo.

Respecto al documento consignado como anexo al escrito de descargos, identificado con la letra "A", referido a un memorándum de fecha 14/10/2013 emanado de la Dirección de Servicios y Logística a la Oficina de Gestión Administrativa con la identificación "DSL-0476" o "DSL 704", ambos citas textuales del documento de indicación de pruebas presentado en fecha 27/11/2017, siendo ilegible el número de identificación de dicho documento, con el asunto siguiente: "Adscripción Grupo de Protección Integral" (Folios 1159 y 1160 del expediente) dirigido "con copia al ciudadano (...) DIRECTOR DEL DESPACHO. Al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan y a la Dirección de Recursos Humanos (...", donde señala:

"(..) desde mi designación (...) no ha sido posible coordinar con este Grupo de Trabajo (...' dirección". Quien decide valora en dicho documento cuando alega en su defensa, que "(...) se responsabilidad, (...y" refiriéndose en su alegato al área o departamento denominado "Grupo de Trabajo de Transporte" ratifica la responsabilidad que como Director, encargado, de la Dirección de Servicios y Logística tenía con el personal a su cargo, entre los que destacan los adscritos a ese grupo y en ella no se evidencia solicitud de actuación alguna o de respuesta al destinatario o de las organizaciones a las cuales envió copia de dicho documento, siendo la responsabilidad del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, como Director (E) de Servicios y Logística, aplicar los correctivos necesarios, inicio o impulso del procedimiento disciplinario correspondiente por ante la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio vinculado al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, conforme lo prevé la Ley del Estatuto de la Función Pública y, dado el contenido del documento identificado con la letra "A", según el asunto es, un recordatorio sobre la "Adscripción Grupo de Protección Integral", quien decide observa que dicho documento no aporta al presente procedimiento información relevante o pertinente, cuando demuestra, contrariamente ante lo pretendido, ausencia de solicitud de actuación y/o respuesta por parte de las organizaciones receptoras de las copias. Y así se decide.

Con referencia al documento, identificado con la letra "B", copia de un memorándum de fecha 07/02/2014 N° DSL-0047, emanado de la Dirección de Servicios y Logística al Grupo de Trabajo de Transporte, (Folios 1162 al 1163 del expediente) referido a "información (..) de los niveles de autoridad y organización funcional de cada departamento (...", enviado con copia "(..) al ciudadano (...) DIRECTOR DEL DESPACHO; a la Direción General de la Oficina de Gestión Administrativa (..); al Director de Consultoría Jurídica (.) y a la Dirección de Auditoría Interna (...", de cuyo texto se demuestra la ausencia de solicitud de actuación y/o situación relacionada con los "Niveles de autoridad" como lo menciona el asunto de dicho comunicado, concluyendo que éste documento, al igual que el anterior demuestra la falta de activación de inicio o impulso al procedimiento disciplinario establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública vinculado al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan como Jefe del Grupo de Trabajo de Transporte adscrito a la Dirección en la que se encontraba como su supervisor inmediato o superior jerárquico el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina. Y así se decide.

Respecto al alegato relacionado con los documentos signados con las letras "B" y "H" (memorándum N° DSL-0047 de fecha 07/02/2014 y memorándum N° "DSL-0048" de fecha 13/02/2014, respectivamente) donde afirma el envío, específicamente, a la Oficina de Auditoría Interna por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, en los cuales valorados en la presente decisión por separado, se señala lo siguiente:

"(....) Llama la atención de quien suscribe, que la Dirección de Auditoría Interna (..), siendo este, un órgano PREVENTIvo y AUTóNoMo, no dio respuesta alguna sobre este comunicado.

(..) (..) noto con muchísima preocupación que la Dirección de Auditoría Interna (.), Siendo este como efeCtivamente es, un órgano PREVENTIVO, DE CONTROL Y AUTÓNOMO, No dio respuesta alguna sobre este comunicado.

(...) (..) la Dirección de Auditoría Interna, dirección ésta, que nunca se pronunció (sic) a pesar de Ser Un ÓRGANO PREVENTIVO, DE CONTROL QUE GOZA DE AUTONOMÍA FUNCIONAL.

(..." (marcado suyo).

Ante tales afirmaciones esta Oficina pone de manifiesto que las Unidades de Auditoría Interna de los entes de la administración pública, realizan un "examen objetivo, sistemático, profesional y posterior de las operaciones financieras, administrativas y técnicas (..) a los órganos y entes del sector público" (marcado añadido) (artículo 4 de las Normas de Auditoría de Estado29, dictado por la Contraloría General de la República). Este carácter de actuación fue reconocido incluso, por la última de las testimoniales promovidas por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina; es así como en respuesta a la pregunta DÉcIMA NoVENA: "Señora Linares, esas comunicaciones o medidas que dice usted tomó el señor Monroy recibieron respuesta o apoyo alguno de esas entidades a las cuales fueron dirigidas, entre ellas el director del despacho y la dirección de auditoría?", la ciudadana Edith Sunirda Linares González, respondió "No, no recuerdo haber visto alguna respuesta por lo menos der director del despacho, con relación a auditoría siempre he estado clara que sus actuaciones son posteriores a los hechos". (resaltado añadido).

En este sentido, de acuerdo al texto del folio (Folios 1162 al 1163 del expediente) invocado, realmente estaba dirigido como llamado de atención al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan en su condición de Jefe del Grupo de Trabajo de Transporte, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística, en función de competencia, correspondía iniciar la acción disciplinaria por ante la Oficina Gestión Humana. La competencia de la Oficina de Auditoría Interna, está dada para los procedimientos de control posterior establecidos y aplicados para evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración e información gerencial y de los instrumentos de control interno incorporados en ellos; el examen de los registros y estados financieros para determinar la pertinencia y confiabilidad, así como la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones realizadas (Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional30); en cuyo efecto, ubicada dentro de la administración fiscal, de observarse circunstancias irregulares en el manejo administrativo, pudiera dar lugar a los procedimientos de investigación o determinación de responsabilidades.

Por todo lo expuesto anteriormente, quien decide considera que la Oficina de Auditoría Interna en el ejercicio de las atribuciones fue informada mediante "copia" de una situación de competencia laboral sobre los "niveles de autoridad y organización funcional de cada departamento"dentro de la Dirección de Servicios y Logística. Y así se decide.

Alegó consignar en copias y como anexos al escrito de descargos, identificándolos con las documento, con el presunto Asunto: " 'Relación del Personal unidad de transporte..)" correspondientes a: memorando N° "GTT 032" de fecha 31/07/2014, con Asunto " Vehículos Asignados al Pool de la Unidad". Memorando N° "GTT 034" de fecha 31/07/2014, con Asunto:

"Vehículos Reportados (Perdida Total". Memorando N° "GTT 031" de fecha 31/07/2014, con Asunto: "Vehículos Asignados Unidad de Transporte". Memorando N° "DSL-033" de fecha 31/07/2014, con Asunto: "Vehículos Asegurados" (Folios 1165 y 1166, 1170 al 1171, 1193 al 1996 y 1200 al 1205, del expediente, respectivamente) todos emanados del Grupo de Trabajo de Transporte a la Dirección de Servicios y Logística dirigidos a la Dirección de Servicios y Logística, por medio de los cuales se pretende demostrar que el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan recibía "(...) instrucciones expresas de la ciudadana (...) Directora de la oficina de Gestión Administrativa (...y" al extraerse del contenido de llos, lo siguiente:

"Siguiendo instrucciones de la Econ. Serva Elena Romero (...)" quien decide considera así la vinculación estructural de la organización, en cuanto con lo alegado por el promovente en su defensa, la Dirección de Servicios y Logística se encuentra como superior jerárquico del Grupo de Trabajo de Transporte y esta a su vez está adscrita a la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio por lo que dichos documentos son desestimados al reflejar vinculación propia de la competencia de la función del Grupo de Trabajo de Transporte y no aportar información relevante que, exima del cumplimiento de las obligaciones propias en cuanto a la competencia del Director de Servicios y Logística. Y así se decide.

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Sobre la documental identificada con la letra "D", contentiva de una copia del memorándum de fecha 13/08/2014 N° "DSL-GTBN-096", emanado de Grupo de Trabajo de Bienes Nacionales al Grupo de Trabajo de Transporte con el asunto "Solicitud de información" (Folios 1189 del expediente) referida a la relación de vehículos indemnizados y por indemnizar desde el año 2009 hasta el 2014, sin que se indique en el escrito de descargos o pruebas qué se pretende demostrar con dicho instrumento, el mismo se desestima, por cuanto no aporta información o prueba sobre los hechos en que se fundamenta el presente procedimiento. Y así se decide.

Sobre la documental, identificado con la letra "F", copia de un memorándum de fecha 27/01/2014 N° "DSL-0015", emanado de la Dirección de Servicios y Logística al Grupo de Trabajo de Transporte copiado a la Oficina de Gestión Administrativa y a la Dirección de Despacho, con el asunto: "Implementación de Formularios" (Folios 1173 al 1185 del expediente), indicando la remisión de cinco (5) de ellos para llevar un control de actividades y procesos en el Grupo de Trabajo de Transporte. Quien decide observa que aunque con estos formularios, hacen indicio al intento de implementar los correctivos de control dentro de la unidad o Grupo de Trabajo de Transporte, fueron insuficientes para que se pudiese garantizar la vigilancia, conservación, preservación y salvaguarda de los vehículos del Ministerio, lo que conllevó a la pérdida, extravío o distracción de ellos, lo cual causó que su estado actual se encuadre en una de las cuatro (4) circunstancias fácticas como lo son: PRIMERo: Que cuatro (4) vehículos placas TAP25C, TAP43C, DBS163 y DBS94I fueron objeto de transmisión de propiedad a nombre de particulares en fechas 12/04/2011, 04/03/2011, 11/06/2014 y 18/09/2014, respectivamente; SEGUNDO: El vehículo placa DBS173, fue abandonado en un que fue registrado a nombre de este Ministerio en fecha 27/08/2007. TERCERo: El vehículo placa TAP35c, que se evidenció que en fecha 02/09/2010, fue objeto de robo en San Cristóbal, Estado Táchira. Y CUARTO: que los vehículos placa TAP89B, MCF27H, DBS073 y DBs083, registrados a nombre de este Ministerio en fechas 07/01/2008, 07/03/2001, 07/01/2008, 27/08/2007 no se encuentran físicamente en posesión del mismo, sin que se lograse obtener constancia de información o ubicación actual de estos cuatro últimos vehículos mencionados, sin que tales hechos y circunstancias se reflejasen en las carpetas de dichos vehículos, en el archivo llevado por el Grupo de Trabajo de Transporte ni en la Dirección de Servicios y Logística, por lo que se desestima dicho documento. Y así se decide.

Referente al documento, identificado con la letra "G", copia de un memorándum de fecha 28/10/2013 N° "DSL-0514", emanado de la Dirección de Servicios y Logística al Grupo de Trabajo de Transporte copiado a la Oficina de Gestión Administrativa y a la Dirección De Despacho, con el asunto: "Pernocta de vehículos" (Folio 1187 del expediente), sin que se indique en el escrito de descargos o indicación de pruebas, qué se pretende demostrar con este instrumento, ni su contenido invita a realizar actuación alguna o que se pronuncie algún órgano o instancia de este Ministerio; el mismo se desestima por cuanto no aporta información o hace prueba alguna sobre los hechos en que se fundamenta el presente procedimiento. Y así se decide.

Sobre la documental alegada, identificada con la letra "H", copia de un memorándum de fecha 13/02/2014 N° "DSL-0048", emanado de la Dirección de Servicios y Logística al Grupo de Trabajo de Transporte y, copiado a la Dirección del Despacho, Oficina de Gestión Administrativa, Oficina de Auditoría Interna y Oficina de Trámites Administrativos, con el asunto: "Adquisición de Repuestos para Vehículos", documento este con el cual pretende probar que existía presuntamente "irregularidades en el procedimiento", siendo evidenciado en el mismo que se informa, sobre unas carpetas que son devueltas por cuanto solicitaba información para la aprobación de los suministros requeridos (Folio 1189 del expediente), denotando, a pesar de las competencias atribuidas a este Órgano de Auditoría Interna a la fecha de la emisión de la copia del documento, no hubo actuaciones, apreciándose además, del texto de esa documental que no contenía solicitud de actuación o pronunciamiento de las organizaciones a quienes indirectamente envió la comunicación, y en todo caso, la documental pedía detalles de información para la aprobación de los suministros de repuestos vehiculares. Razón por la cual quien suscribe, desestima por cuanto tampoco aporta información relevante que permita esclarecer o hace prueba alguna en favor o en contra de los hechos en que se fundamentan el presente procedimiento. Y así se decide.

Referente al documento, identificado con la letra "I", copia de un memorándum de fecha 13/12/2014 N° "DSL-GTBN-030", identificado en el escrito de indicación de medios probatorios erróneamente como "DSL DTBN-032", emanado del Grupo de Bienes Nacionales para la Dirección de Servicios y Logística, con el asunto: "Lo indicado.-" (Folio 1191 y 1192 del expediente), con el cual el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina pretende demostrar que el Grupo de Bienes Nacionales solicitaba a la Dirección de Servicios y Logística "copia de los expedientes de vehículos con la finalidad de revisión e identificación con etiquetas", haciendo una comparación de las placas, modelos, descripción de vehículos, así como el número de bien nacional asignado, quien decide observa que no se encontró coincidencia alguna con los diez (10) vehículos por los cuales se inició la investigación e identificados plenamente en el Auto de Apertura, por lo tanto, el referido documento se debe desestimar ya que no aportó información relevante ni trata sobre los hechos o bienes públicos en que se fundamenta y fueron objeto el presente procedimiento. Y así se decide.

Sobre la documental, identificado con la letra "k", que consiste en copia de un memorándum de fecha 10/03/2014, N° "DSL-GTBN-032", emanado del Grupo de Bienes Nacionales dirigido al Grupo de Trabajo de Transporte, con el Asunto: "Lo indicado.-" (Folios 1197 al 1999 del expediente), donde se hace solicitud de información, sobre la ubicación física de treinta y dos (32) vehículos, sin que se indicarse en el documento de descargos, qué se pretendió probar con dicho instrumento; quien decide estima acotar que en dicho listado aparecen, efectivamente, mencionados los diez (10) vehículos identificados en el Auto de Apertura; sin embargo, dicha documental promovida como prueba, debe ser desestimada, por cuanto no aporta elemento alguno que permita desestimar ninguna de las imputaciones planteadas en el presente procedimiento. Y así se decide.

En cuanto al documento identificado también con la letra "K" pero con foliatura distinta (Folio 1206 al 1213 del expediente) que consiste en copia de memorándum de fecha 10/03/2014, N° "DSL-GTBN-034", emanado del Grupo de Bienes Nacionales dirigido a la Dirección de Servicios y Logística, con el Asunto: "Lo indicado.-", del mismo se puede extraer lo siguiente: "Vale mencionar, estamos en espera por parte del Grupo de Trabajo de Transporte de la información de los vehículos que a la fecha no se han podido verificar por desconocimiento de su ubicación Física (ver anexo N° 1)" (marcado añadido). Se constata que no se consignó el referido "Anexo N° 1", sino una lista denominada: "Relación de vehículos verificados", y la razón o pretensión por la cual se consignó dicho instrumento fue: "(.) precisar al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, vía los memorándum(sic) enviados y ubicación de vehículos su respuesta era la misma la cual indicaba, 'De requerir alguna información tendría que hacerse por escrito a la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa, la Sra. SERVA ELENA ROMERO ".

Al respecto, quien decide observa que dicho instrumento, contrariamente a lo pretendido por el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, lo cual era demostrar que el Jefe del Grupo de Trabajo de Transporte, ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, recibía instrucciones directas de la Directora de Gestión Administrativa, lo que realmente evidencia es que desde por lo menos el 10/03/2014, fecha de dicho instrumento, se ponía en conocimiento de una serie de vehículos los cuales no se habían podido verificar por parte del Grupo de Bienes Nacionales, al desconocerse su ubicación física, sin poder apreciar en el listado del indicado anexo N°1 los vehículos identificados en el Auto de Apertura del presente procedimiento por no haberse consignado. Lo cual hace suponer que de activarse los mecanismos correctos, se pudo haber evitado el extravío o distracción de alguno de los bienes nacionales y/o lograr recuperarlos; lo que confirma una debilidad en el control interno llevado tanto en la Dirección de Servicios y Logística como en el Grupo de Trabajo de Transporte. Así se decide.

Sobre la documental, identificada con la letra "N", que consiste en copia de un memorándum de fecha 18/08/2014, N° "OGA 240", emanado de la Oficina de Gestión Administrativa para la Oficina de Tecnología e Informática, con el Asunto: "Solicitud.-" (Folios 1215 del expediente) para designar personal del Área de Desarrollo de Software a fin de mejorar el Sistema que se encuentra instalado sobre el Control y Registro de Bienes Nacionales y Vehículos, sin que se indicara el objeto o hechos que se pretende demostrar con dicho documento. Por lo cual, quien decide, considera que dicho documento se debe desestimar por cuanto no aporta información relevante que permita esclarecer los hechos en que se fundamenta el presente procedimiento. Y así se decide.

Sobre la documental, identificado con la letra "Ñ", que consiste en copia de un memorándum de fecha 20/10/2014, N° "ORH 02704" (0000013), emanado de la Oficina de Recursos Humanos, dirigido al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, con el Asunto:

"Cese de encargaduría" (Folio 1217 del expediente) referente a la notificación de cese de funciones del Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte, sin que se indicara el objeto que se pretende demostrar con dicho documento. Quien decide, considera que dicho instrumento no aporta ni guarda relación alguna con las causas que originaron el presente procedimiento para la determinación de responsabilidades. Y así se decide.

Sobre los documentos consignados por el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan en su escrito de descargos o indicación de medios probatorios, aunque presentado fuera del lapso (un (01) día hábil en fecha 05/12/2017) según lo establecido por el artículo 91 de la LOCGRSNCF. Se admitió una (1) sola documental consignada en copia, la cual es el memorándum N°465 del 23/03/2017, donde la "Dirección de Gestión Humana, informa de las funciones asignadas como Jefe del Grupo del Área de Transporte adscrito a la Dirección de Servicio y Logística, del Ministerio de Petróleo." (Folio 1262 del expediente). En ejercicio del principio de la Comunidad de la Prueba, guien decide estima pertinente citar las funciones del cargo de "Jefe de Grupo de Trabajo del Área Transporte" adscrito a la Dirección de Servicios y Logística, a saber:

"1) Supervisar y asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del MENPET y llevar un registro del mismo.

2) Supervisar y evaluar el cumplimiento de normativas y desempeño de los trabajadores adscritos al Grupo de trabajo del Área de Transporte, de acuerdo al Sistema de evaluación de este Ministerio.

3) Controlar la flota vehicular del MENPET y garantizar que todas sus unidades de transporte sean aseguradas.

4) Programar las rutas urbanas y extraurbanas que deben cumplir las unidades de transporte del MENPET y verificar el cumplimiento de las mismas.

5) Garantizar el servicio de traslado oportuno y satisfactorio al personal del MENPET." (resaltado añadido).

Lo antes citado y resaltado, confirma el contenido del Memorándum Código DSL-GT-108 de fecha 19/10/2009, en respuesta a solicitud de recaudos, N° 4 de fecha 05/10/2009, efectuada por esta Oficina de Auditoría Interna, donde anexaban 1as funciones del personal adscrito al Grupo de Trabajo de Transporte (Folio 169 hasta 176 del expediente) entre los cuales destacan las funciones del "Jefe de Grupo": "Planifica y programa (...) el mantenimiento, prevención, recuperación y asignación de vehículos.", de este Ministerio, según lineamientos dictados por la Dirección de Servicios y Logística; y las funciones genéricas realizadas por el Grupo de Trabajo de Transporte, como lo son: "Planificar y Programar ei mantenimiento, prevención, recuperación y asignación de los vehículos ";

"Planificar, dirigir y ejecutar la recuperación, desincorporación, de vehículos.";

"Supervisar y verificar que los vehículos (...) estén en condiciones mínimas y disponibilidad para la prestación de servicios." "Supervisar y coordinar todos los medios de control de salida de los vehículos."; "Supervisar y evaluar el mantenimiento de los vehículos (..."; "Programar mensualmente el servicio de mantenimiento (mecánicos, eléctricos, lavado, engrase y cambio de aceite) de todos los vehículos del Organismo."; "Coordina lo concerniente a la tramitación y reclamo de siniestro(sic) de vehículos ante la empresa aseguradora." (marcado añadido); y que dicho Grupo de Trabajo "Sirve de instrumento de orientación e información ai personal, a nivel central y regional involucrado en siniestro(sic) de los vehículos adscritos a Ministerio". Lo cual determina que dichas funciones no fueron cumplidas por el Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte mientras ejerció sus responsabilidades, cuando debió garantizar la seguridad y mantenimiento de los vehículos del Ministerio así como "/a determinación de usuario final", sin embargo permitió que, los mismos salieran del dominio y propiedad del Ministerio, en los casos de los vehículos identificados con placas TAP25C, TAP43C, DBS163 y DBs94I, que el vehículo placa DBs173, fuera abandonado en un estacionamiento luego de su volcamiento y no se reportará oportunamente dicho siniestro al seguro, para su indemnización, así como que el vehículo placa TAP35c, fuera objeto de robo en San Cristóbal, Estado Táchira. Y por último, que se perdieran, distrajeran y no se encontrasen los vehículos placas TAP89B, MCF27H, DBS073 y DBS08J, propiedad de este Ministerio. Sin que se reportará a las compañías de seguros dichos siniestros a efectos indemnizatorios. Así se decide.

Por su parte, el ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez no hizo uso de su derecho a la defensa, a pesar de haber sido legalmente notificado, sin que ello impida que este Órgano de Control Fiscal pueda estimar y apreciar con todo su valor probatorio los elementos cursantes en autos, tanto en lo que le beneficie como en lo que no, con relación a la determinación de su responsabilidad en los hechos que dieron origen al presente procedimiento. Así se decide.

Con motivo del Auto para Mejor Proveer, dictado en fecha 08/03/2018 (Folio 1350 del expediente), se solicitó información a la Oficina de Consultoría Jurídica de este Ministerio, mediante Memorándum N° OAI-0070, de fecha 08/03/2018, sobre "(..) la existencia de algún trámite jurídico que autorizó la transferencia de propiedad de los siguientes vehículos (...) placa TAP25C (...) TAP43C (..) DBS16) (...) DBS94I (...) TAP89B (...) MCF27H (...) DBS07) (...) DBso8] (..), fueron objeto de algún procedimiento, que permitiera la salida de los mismos del dominio público del Ministerio" (Folio 1353 del expediente) mediante Memorando N° CJ-105 de fecha 23/03/2018 (Folio 1383 del expediente) responden: "que no existen en los archivos de la Consultoría Jurídica documentos, mediante los cuales conste la transferencia de propiedad de los vehículos (...), ni tampoco que hayan sido objeto de algún procedimiento que permitiera su salida del dominio de este ministerio". Motivo por el cual quien decide, concluye del texto de la comunicación anterior que los vehículos vinculados al

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presente procedimiento de determinación de responsabilidades no fueron objeto de actuación jurídica que permitiera la salida legítima del dominio de este Ministerio por cuanto, la forma por la cual salieron del dominio patrimonial del Ministerio del Poder Popular de Petróleo (identificados con placas AP25C, TAP43C, DBS16] y DBS94I) que aparecen registrados, de acuerdo a información suministrada por el Registro de Tránsito del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (RTINTT) a nombre de particulares, en las fechas 12/04/2011, 04/03/2011, 11/01/2014 y 18/09/2014, respectivamente (Folios 136 al 151 del expediente) no se determinó legalmente, así como los vehículos identificados con las placas: TAP89B, MCF27H, DBS07J, DBS08J, de los cuales no se obtuvo constancia de información o ubicación actual pero, continúan en la data del Registro de Tránsito del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (RTINTT) a nombre de este Ministerio (Folios 136 al 151 del expediente).

Aunado a lo anterior, actuando también en el marco del Auto para Mejor Proveer, esta Oficina solicitó información al Director de Servicios y Logística de este Ministerio, mediante Memorándum N° OAI-0071 de fecha 08/03/2018 (Folio 1354 del expediente), referente a la última ubicación administrativa registrada y asignación conocida, según el "Control de Inventario de Bienes Públicos", llevado por el Área de Bienes Nacionales de los vehículos:

TAP25C, TAP43C, DBS16], DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, informando mediante Memorando N° DSL-142 de fecha 13/03/2018 (Folios 1355 al 11361 del expediente) que la última ubicación administrativa registrada de dichos vehículos "corresponde a la Dirección del Despacho" y también informan sobre el estatus administrativo-procesal actual, de los mismos, que aparece reflejado en un cuadro con el título " Ubicación o estatus", los cuales son:

El vehículo placa TAP25C: "Vehículo recuperado el día 08-09-16 por funcionarios adscritos a la División de Investigaciones de Vehículos del CICPC, Estamos en espera que la Fiscalía asigne el Tribunal correspondiente".

El vehículo placa TAP43C: "Solicitado bajo acta procesal N° I-876.785".

El vehículo placa DBS163: "Solicitado a través del Sistema SIPOL, acta procesal N° K-15- 0054-00078".

A El vehículo placa DBS94I: "Solicitado a través del Sistema SIIPOL, acta procesal N° K-15- 0054-00078".

A Ei vehículo placa DBs173: "Se instó ante el Grupo de Bienes Públicos la inclusión der DBS17) en el proceso de desincorporación (...)"' El vehículo placa TAP35C: "Solicitado bajo acta procesal N° I-452.032' El vehículo placa TAP89B: "Solicitado a través del Sistema SIIPOL, acta procesal N° K-15- 0054-00078 A El vehículo placa MCF27H: "Solicitado a través del Sistema SIIPOL, acta procesal N° K- 15-0054-00078 El vehículo placa DBs073: "Solicitado a través del Sistema SIPOL, acta procesal N° K-15- 0054-00078 AEl vehículo placa DBs083: "Solicitado a través del Sistema SIIPOL, acta procesal N° K-15- 0054-00078 los diez (10) Lo anterior, ratifica que para la fecha de respuesta, (13/03/2018) que vehículos propiedad de este Ministerio, permanecen en el mismo estado en que se encontraban al momento de dictarse el Auto de Apertura del presente procedimiento, de fecha 18/10/2017, por lo que, a criterio de quien decide, la pérdida material para el Estado de dichos Bienes Públicos queda confirmada. Y así se decide.

En relación con la apreciación o valoración de los elementos probatorios documentales, arriba expuestos, se debe hacer la siguiente consideración, es criterio pacifico y sostenido de la Sala Político Administrativa del tribunal Supremo de Justicia que, "(...) admitida y adquirida la prueba en el proceso, bien por haberlo permitido las partes o por mandato del juez, la prueba escapa de la esfera dispositiva de las partes y pertenece al juzgador para el hallazgo de la verdad y la realización de la justicia, en cuyo caso éste deberá determinar si la forma procesa incumplida, esto es, la falta de indicación del objeto de la aprueba, impidió alcanzar la finalidad prevista en la ley, es decir: su pertinencia con los hechos discutidos, pues si su contenido permite establecer la relación entre éstos, la prueba debe ser apreciada y no podrá ser declarada su nulidad, con pretexto en el incumplimiento de un formalismo que no impidió alcanzar la finalidad perseguida en ley, siempre que no hubiese causado indefensión. (..."31 Es así, que tanto el ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, como el ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, anteriormente identificados, no lograron desvirtuar con sus alegatos y medios probatorios consignados en sus escritos de descargos o indicación de pruebas admitidos y debidamente valorados en su totalidad en la presente decisión, los hechos que les fueron imputados a ellos y al ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, contenidos en el Auto de Apertura del presente procedimiento para la determinación de responsabilidades, razones por las cuales se considera que efectivamente incumplieron con su conducta omisiva y permisiva, los siguientes principios y normas:

El artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI) aplicable por razón del tiempo, que dispone lo siguiente:

"Artículo 23. "Todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas con la suficiente documentación justificativa.

(Omissis) ".

Aunado a ello, incumplieron con los principios y normas que se transcriben a continuación:

"(..) la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, como pilar fundamental del estado democrático y social, de derecho y de justicia venezolano, consagra los principios sobre los que se fundamenta la Administración Pública, a saber:

'Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho'." Además, se incumplió con el numeral 1 del artículo 5 del Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos (CESSP), que expresa lo siguiente:

"Artículo 5. Son deberes de las servidoras y los servidores Públicos:

1. Salvaguardar en todo momento y en cada una de sus actuaciones, los intereses del Estado y preservar el patrimonio público".

También se incumplió el numeral 7 de su artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP), que indica lo siguiente:

"Artículo 33. Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los funcionarios o funcionarias públicos estarán obligados a:

(Omissis) 7. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la Administración Pública confiados a su guarda, uso o administración. (Omissis)".

Se incumplió con las Normas Generales de Control Interno (NGCI), aplicable por razón del tiempo, y que establece lo que sigue:

"Artículo 8. Los sistemas de control interno deben ser estructurados de acuerdo con las premisas siguientes:

a) (Omissis) Asimismo, a los niveles directivos y gerenciales les corresponde garantizar el eficaz funcionamiento del sistema en cada área operativa, unidad organizativa, programa, proyecto, actividad u operación, de la cual sean responsables. (Omissis)" Y también se tiene que, se incumplió con el Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas3², (hoy día Ministerio del Poder Popular de Petróleo) el cual establecía en su artículo 13, lo que sigue:

"Artículo 13. Corresponde a la Dirección de Servicios las siguientes atribuciones:

(Omissis) 2. Dirigir y coordinar las actividades asociadas con la (..) custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales adscritos al Ministerio.(Omissis)"'.

Con respecto a la Ley Orgánica de Bienes Públicos (LOBP) que se mencionó en el Auto de Apertura del presente procedimiento, se utilizó erróneamente la publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014, cuando lo correcto debió ser indicar la publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945 de fecha 15 de junio del 2012, la cual se encontraba vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron origen tanto a las investigaciones como al presente procedimiento para la determinación de responsabilidades.

Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez identificado en autos, se le imputó, según las cuatro (4) circunstancias fácticas, por los hechos irregulares ocasionados a ocho (8) vehículos propiedad del Ministerio, a saber: 1) Vehículos placa TAP25C y TAP43C, los cuales en fechas 12/04/2011 y 04/03/2011, respectivamente, fueron objeto de transmisión de propiedad a nombre de particulares, considerándose para ambos casos, la Unidad Tributaria vigente para el año 2011, establecida en la cantidad de Setenta y Seis Bolívares con Cero Céntimos (Bs.76,00), según Providencia Administrativa N° SNAT/2011/0009 de fecha 24/02/2011, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°

39.623, de fecha 24/02/2011. 2) Vehículo placa DBS173, abandonado en un estacionamiento, al no lograrse constatar fecha alguna del siniestro, por lo que se consideró, el principio universal omnia pro reo beneficus, y se estableció la fecha de nombramiento del Director, encargado, de Servicios y Logística, ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 de fecha 29/05/2007(*) (Folio 195 al 197 del Expediente), considerándose la Unidad Tributaria vigente para el año 2007, establecida en la cantidad de Treinta y Siete Bolívares con Sesenta y Tres Céntimos (Bs.37,63), según Providencia Administrativa N° SNAT/2007/0012 de fecha 12/01/2007, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.603, de fecha 12/01/2007. 3) Vehículo placa TAP35C, del cual se evidenció que en fecha 02/09/2010 fue objeto de robo en San Cristóbal, Estado Táchira, considerándose la Unidad Tributaria vigente para el año 2010, establecida en la cantidad de Sesenta y Cinco Bolívares con Cero Céntimos (Bs.65,00), según Providencia Administrativa N° SNAT/2010/0007 de fecha 04/02/2010, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.361, de fecha 04/02/2010, y 4) Cuatro (4) vehículos que no se logró obtener constancia de información o su ubicación actual, los cuales se identifican con las placas correspondientes: TAP89B, MCF27H, DBS073 y DBS08J, al no conocerse la fecha exacta de la desaparición, extravío o pérdida de ellos; se consideró, el principio universal omnia pro reo beneficus, y se estableció la fecha de nombramiento del Director, encargado, de Servicios y Logística, ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 de fecha 29/05/2007(*) (Folio 195 al 197 del Expediente), considerándose la Unidad Tributaria vigente para el año 2007, establecida en la cantidad de Treinta y Siete Bolívares con Sesenta y Tres Céntimos (Bs.37,63), según Providencia Administrativa N° SNAT/2007/0012 de fecha 12/01/2007, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.603, de fecha 12/01/2007, cálculos que se detallan en el cuadro:

Ciudadano: LUIS ABRAHAM BENITO BASTIDAS RAMÍREZ (Director (E) de Servicios y Logística entre el 29/05/2007 y el 15/04/2012) Valor en Bs. de Bs. a Pagar(por Multa en U.T.

Fecha del Hecho Irregular Situación Fáctica por Placa del Conocida por la Administración U.T.

a Imponerse cada Vehículo Vehículo (A la fecha) Involucrado Involucrado 67.450,00 76,00 887,50 En fecha: 04/03/2011, según 1) Transmisión de informó el INTT.

propiedad a nombre de particulares.

887,50

67.450,00 En fecha: 12/04/2011, según 76,00 TAP43C 1) Transmisión de propiedad a nombre de informó el INTT.

particulares.

887,50

33.396,62 37,63 Nombramiento del Director (E) Luis DBS173 2) Volcado y abandonado en un estacionamiento, sin Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO fecha conocida del siniestro N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) o de entrada.

887,50

57.687,05 65,00 En fecha: 02/09/2010, según 3) Objeto de robo en San informó el CICPC.

no fue reportado.

37,63 887,50

33.396,62 Nombramiento del Director (E) Luís 4) No se logró obtener TAP89B Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*)

33.396,62 887,50 37,63 Nombramiento del Director (E) Luís 4) No se logró obtener Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o Nº 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) ubicación del mismo.

33.396,62 37,63 887,50 Nombramiento del Director (E) Luis DBS07J 4) No se logró obtener Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) ubicación del mismo.

33.396,62 887,50 Nombramiento del Director (E) Luis 37,63 DBS083 4) No se logró obtener Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) ubicación del mismo.

359.570,15 TOTAL DE MULTA A PAGAR:

República Bolvariana de Veneuela N° 37.347 de fecha 17/12/2001, según ed Prindpio ulum Crimen Aufl oena Sine Lege.

Al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, identificado en autos, se le imputó, según las cuatro (4) circunstancias fácticas, por los hechos irregulares ocasionado a diez (10) vehículos, propiedad del Ministerio, a saber: 1) Por el Principio de Continuidad Administrativa, los vehículos placa TAP25C y TAP43C, los cuales en fechas 12/04/2011 y 04/03/2011, respectivamente, fueron objeto de transmisión de propiedad a nombre de particulares, considerándose para ambos casos, la Unidad Tributaria vigente para el año 2011, establecida en la cantidad de Setenta y Seis Bolívares con Cero Céntimos (Bs.76,00), según Providencia Administrativa N° SNAT/2011/0009 de fecha 24/02/2011, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de

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la República Bolivariana de Venezuela N° 39.623, de fecha 24/02/2011. Por los vehículos respectivamente, también fueron objeto de transmisión de propiedad a nombre de particulares, considerándose para ambos casos, la Unidad Tributaria vigente para el año 2014, establecida en la cantidad de Ciento Veintisiete Bolívares con Cero Céntimos (Bs.127,00), según Providencia Administrativa N° SNAT/2011/0008 de fecha 19/02/2014, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.359, de fecha 19/02/2014. 2) Vehículo placa DBs173, abandonado en un estacionamiento, al no lograrse constatar fecha alguna del siniestro, por lo que se consideró, el principio universal omnia prc reo beneficus, y se estableció la fecha de nombramiento del Director, encargado, de Servicios y Logística, ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 de fecha 29/05/2007(*) (Folio 195 al 197 del Expediente), considerándose la Unidad Tributaria vigente para el año 2007, establecida en la cantidad de Treinta y Siete Bolívares con Sesenta y Tres Céntimos (Bs.37,63), según Providencia Administrativa N° SNAT/2007/0012 de fecha 12/01/2007, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.603, de fecha 12/01/2007. 3) Vehículo placa TAP35C, del cual se evidenció que en fecha 02/09/2010 fue objeto de robo en San Cristóbal, Estado Táchira, considerándose la Unidad Tributaria vigente para el año 2010, establecida en la cantidad de Sesenta y Cinco Bolívares con Cero Céntimos (Bs.65,00), según Providencia Administrativa N° SNAT/2010/0007 de fecha 04/02/2010, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.361, de fecha 04/02/2010. 4) Cuatro (4) vehículos que no se logró obtener constancia de información o su ubicación actual, los cuales se identifican con las placas correspondientes: TAP89B, MCF27H, DBS073 y DBso83, al no conocerse la fecha exacta de la desaparición, extravío o pérdida de ellos; se nombramiento del Director, encargado, de Servicios y Logística, ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 de fecha 29/05/2007(*) (Folio 195 al 197 del Expediente), considerándose la Unidad Tributaria vigente para el año 2007, establecida en la cantidad de Treinta y Siete Bolívares con Sesenta y Tres Céntimos (Bs.37,63), según Providencia Administrativa N° SNAT/2007/0012 de fecha 12/01/2007, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.603, de fecha 12/01/2007, cálculos que se detallan en el cuadro que sigue:

CludadanO: JHONJANI ENRIQUE MONROY MEDINA (Director (E) de Servicios y Logística entre el 16/04/2012 y el 22/10/2014) Multa en U.T.

Bs. a Pagar (por Valoren Bs. de.

Fecha deil Hecho Irreqular.

Placa del.

Situación Fáctica por.

Hecho Irregular) Vehicule Conocida por. la Administración U.T.

a Imponerse cada Vehículo.

(A la fecha) Involucrado Involucrado 76,00

67.450,00 887,50 1) Transmisión de En fecha: 04/03/2011, según informó el INTT.

propiedad a nombre de particulares.

887,50

67.450,00 En fecha: 12/04/2011, según 76,00 TAP43C 1) Transmisión de propiedad a nombre de informó el INTT.

particulares.

En fecha: 11/06/2014, según 887,50

112.712,50 127,00 DBS163 1) Transmisión de propiedad a nombre de particulares.

127,00

112.712,50 887,50 En fecha: 18/09/2014, según DBS94I 1) Transmisión de informó el INTT.

propiedad a nombre de particulares.

33.396,62 887,50 37,63 Nombramiento del Director (E) Luís DBS173 2) Volcado y abandonado Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO en un estacionamiento, sin N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) fecha conocida del siniestro o de entrada.

57.687,05 887,50 En fecha: 02/09/2010, según 65,00 TAP35C 3) Objeto de robo en San Cristóbal, Estado Táchira y informó el CICPC.

no fue reportado.

33.396,62 37,63 887,50 Nombramiento del Director (E) Luis TAP89B 4) No se logró obtener Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) ubicación del mismo.

33.396,62 37,63 887,50 MCF27H Nombramiento del Director (E) Luís 4) No se logró obtener Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) ubicación del mismo.

33.396,62 37,63 887,50 Nombramiento del Director (E) Luís DBS073 4) No se logró obtener Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) ubicación del mismo.

887,50

33.396,62 37,63 Nombramiento del Director (E) Luís DBS083 4) No se logró obtener Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) ubicación del mismo.

584.995,15 TOTAL DE MULTA A PAGAR:

Repúbica Bolivariana de Venezuela Nº 37.347 de fecha 17/12/2001, según el Principio Afum Crimen Null Poena Sine Lege Y al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, identificado en autos, se le imputó, según las cuatro (4) circunstancias fácticas, por los hechos irregulares ocasionado a diez (10) vehículos, propiedad del Ministerio, vinculados al tiempo en que ocupó el cargo, a saber: 1) Por los vehículos placas TAP25C y TAP43C, los cuales en fechas 12/04/2011 y 04/03/2011, respectivamente, fueron objeto de transmisión de propiedad a nombre de 2011, establecida en la cantidad de Setenta y Seis Bolívares con Cero Céntimos (Bs.76,00), según Providencia Administrativa N° SNAT/2011/0009 de fecha 24/02/2011, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.623, de fecha 24/02/2011. Por los vehículos placas DBS163 y DBS94I los cuales en fechas 11/06/2014 y 18/09/2014, respectivamente, también fueron objeto de transmisión de propiedad a nombre de particulares, considerándose, para ambos casos, la Unidad Tributaria vigente para el año 2014, establecida en la cantidad de Ciento Veintisiete Bolívares con Cero Céntimos (Bs.127,00), según Providencia Administrativa N° SNAT/2011/0008 de fecha 19/02/2014, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.359, de fecha 19/02/2014. 2) Vehículo placa DBs173, abandonado en un estacionamiento, al no lograrse constatar fecha alguna del siniestro, por lo que se consideró, el principio universal omnia prc reo beneficus y, se estableció la fecha de nombramiento del Director, encargado, de Servicios y Logística, ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 de fecha 29/05/2007(*) (Folio 195 al 197 en la cantidad de Treinta y Siete Bolívares con Sesenta y Tres Céntimos (Bs.37,63), según Providencia Administrativa N° SNAT/2007/0012 de fecha 12/01/2007, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.603, de fecha 12/01/2007. 3) Vehículo placa TAP35c, del cual se evidenció que en fecha 02/09/2010 fue objeto de robo en San Cristóbal, Estado Táchira, considerándose la Unidad Tributaria vigente para el año 2010, establecida en la cantidad de Sesenta y Cinco Bolívares con Cero Céntimos (Bs.65,00), según

Providencia Administrativa N° SNAT/2010/0007 de fecha 04/02/2010, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.361, de fecha 04/02/2010. 4) Cuatro (4) vehículos que no se logró obtener constancia de información o su ubicación actual, los cuales se identifican con las placas correspondientes: TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBso83, al no conocerse la fecha exacta de la desaparición, extravío o pérdida de ellos; se consideró, el principio universal omnia pro reo beneficus, y se estableció la fecha de nombramiento del Director, encargado, de Servicios y Logística, ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.693 de fecha 29/05/2007(*) (Folio 195 al 197 del Expediente), considerándose la Unidad Tributaria vigente para el año 2007, establecida en la cantidad de Treinta y Siete Bolívares con Sesenta y Tres Céntimos (Bs.37,63), según Providencia Administrativa N° SNAT/2007/0012 de fecha 12/01/2007, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.603, de fecha 12/01/2007, cálculos que se detallan en el cuadro que sigue:

Ciudadano: TEDDY DOMINGO TIAMO ARICAGUAN (Encargado y Jefe (E) del Grupo de Trabajo de Transporte entre el 01/06/2004 y el 20/12/2014) Valor en Bs. de.

Bs. a Pagar (por.

Fecha del Hecho Irregular.

Multa.en U.T.

Placa del.

Situación Fáctica por.

(A leche) Hecho Irreqular) a Imponerse Conocida por la Administración Vehicule cada Vehiculo.

Involucrado Involucra de En fecha: 04/03/2011, según 76,00- 887,50 67.450,00 1) Transmisión de TAP25C informó el INTT.

propiedad a nombre de particulares.

67.450,00 76,00 887,50 En fecha: 12/04/2011, según TAP43C 1) Transmisión de inform6 el INTT.

propiedad a nombre de particulares.

112.712,50 En fecha: 11/06/2014, según 127,00 887,50 1) Transmisión de DBS163 propiedad a nombre de informó el INTT.

particulares.

127,00 DBS941 887,50

112.712,50 En fecha: 18/09/2014, según 1) Transmisión de informó el INTT.

propiedad a nombre de particulares.

887,50

33.396,62 37,63 Nombramiento del Director (E) Luis DBS173 2) Volicado y abandonado Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) fecha conocida del siniestro o de entrada.

57.687,05 En fecha: 02/09/2010, según 65,00 887,50 TAP35C 3) Objeto de robo en San informó el CICPC.

Cristóbal, Estado Táchira y no fue reportado.

33.396,62 37,63 887,50 Nombramiento del Director (E) Luís TAP89B 4) No se logró obtener Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) ubicación del mismo.

33.396,62 37,63 887,50 MCF27H Nombramiento del Director (E) Luis 4) No se logró obtener Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) ubicación del mismo.

887,50

33.396,62 37,63 Nombramiento del Director (E) Luis DBS073 4) No se logró obtener Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) ubicación del mismo.

37,63 887,50

33.396,62 DBS083 Nombramiento dol Director (E) Luís 4) No se logró obtener Abraham Benito Bastidas Ramirez, GO constancia de información o N° 38.693 de fecha 29/05/2007.(*) ubicación del mismo.

TOTAL DE MULTA A PAGAR:

584.995,15 (*) Ley aplicabie: Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal publicado en la Gaceta Oficlal de la República Bolvariana de Vencezuela N° 37.347 de fecha 17/12/2001, según el Principio Nuflum Crimen Aufe Poena Sine Lege.

Los cálculos que anteceden, se realizan tomando en cuenta que, ninguno de los tres (3) ciudadanos, antes mencionados, han sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en la LOCGRSNCF; que todos ejercían funciones en condición de funcionarios públicos, que los hechos por los cuales comprometen la responsabilidad administrativa de dichos ciudadanos, son considerados por quien decide, como graves por la magnitud de haberse causado daño al encuadran en atenuantes y agravantes de imposición de Multa, contemplados en los numeral 1 del artículo 108 del RLoCGRSNCF y numerales 2, 4 y 5 del artículo 107 ejusdem, respectivamente, aplicando el contenido del artículo 109 ibídem, las correspondientes Multas que aquí se impondrán por cada uno de los vehículos objeto del presente procedimiento, por la cantidad de Ochocientos Ochenta y Siete con Cincuenta Unidades Tributarias (887,50 UT), aplicables a la fecha de la ocurrencia, según la circunstancia fáctica de cada uno de ellos descritas en el Auto de Apertura del presente procedimiento.

Finalmente y en virtud de todo lo antes expuesto, quien decide considera existen suficientes elementos de convicción y prueba para determinar que en el presente caso, se causó efectivamente daño al patrimonio público del Ministerio del Poder Popular de Petróleo por la pérdida material de los diez (10) vehículos identificados con las placas TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la LOCGRSNCF, respecto a la conducta omisiva y negligente, lo cual conllevó incluso a que la República, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, incurriera en erogaciones por concepto de pago de primas de seguro de dichos bienes públicos, según se desprende del informe de resultados de la investigación, correspondientes al ejercicio económico financiero 2014 y 2015, sin que los mismos evidente inacción ante las compañías aseguradoras correspondientes a los fines de obtener las indemnizaciones del caso. Las erogaciones de dinero, según se describieron en cada una de las circunstancias fácticas tantas veces descritas, hace procedente la formulación de reparo, como se detalla a continuación:

PRIMERO: Por los cuatro (4) vehículos adquiridos entre los años 2004 y 2007 por el Ministerio, de los cuales se evidenció transmisión de propiedad a nombre de particulares en los años 2011 y 2014; identificados con placas TAP25C y TAP43C, sin que constare en los expedientes de cada uno de ellos, documentación que sustente los mecanismos de control interno que justifiquen las transacciones y sus primas de seguro:

Bien Prima anual pagada Costo de adquisición Prima anual pagada Marca / Modelo Año.

Placa.

Nacional 2014 2015 N° Bs. 65.000,00 Bs. 245.595,75 Toyota / Land Cruiser Bs. 72.513,48 70626 2007 TAP 25C Bs. 68.100,80 Bs. 256.200,71 Bs. 65.000,00 Toyota / Land Cruiser 70655 2007 TAP-43C Bs. 501.796,46 Bs. 140.614,28 Bs. 130.000,00 SUB-TOTAL Los montos antes indicados representan la pérdida patrimonial que sufrió el Estado por órgano de este Ministerio del Poder Popular de Petróleo, sujeta a reparo, por los ciudadanos:

Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, todos ampliamente identificados, operando entre ellos la solidaridad, según lo establecido en el artículo 90 de la LOCGRSNCF. Y por los vehículos placas DBs163 y DBs94I y sus correspondientes primas de seguro a los ejercicios económico financiero 2014 y 2015 son:

Bien Prima anual pagada Prima anual pagada Costo de adquisición Año.

Marca / Modelo Placa.

Nacional 2014 2015 N° Bs. 50,964,20 Bs. 129.496,48 67462 2004 Bs. 91.640,00 DBS-163 Chevrolet / Trail Blazer Bs. 50.964,20 Bs. 129.496,48 67463 2004 Bs. 91.640,00 DBS-94I Chevrolet / Trail Blazer Bs. 101.928,40 Bs. 258.992,96 Bs. 183.280,00 SUB-TOTAL

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del Poder Popular de Petróleo, en consecuencia la actuación omisiva y negligente de los ciudadanos: Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, ambos ampliamente identificados, operando entre ellos la solidaridad, según el artículo 90 de la LOCGRSNCF.

SEGUNDO: Por un (1) vehículo volcado, identificado con la placa DBS-17J: Es dable señalar que la República por órgano de este Ministerio incurrió en las erogaciones de dinero por concepto del costo de adquisición de dicho vehículo y sus correspondientes primas de seguro a los ejercicios económico financiero 2014 y 2015 son:

Bien Prima anual pagada Costo de adquisición Prima anual pagada Marca / Modelo Año.

Placa.

Nacional 2015 2014 en Bs. F.

N° Bs. 50.964,20 Bs. 129.496,48 Bs. 91.640,00 67460 2004 Chevrolet / Tail Blazer DBS-173 Bs. 129.496,48 Bs. 50.964,20 Bs. 91.640,00 SUB-TOTAL Representando la pérdida patrimonial que sufrió el Estado por órgano de este Ministerio del Poder Popular de Petróleo, en consecuencia la actuación omisiva y negligente de los ciudadanos: Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, todos ampliamente identificados, operando entre ellos la solidaridad, según lo establecido en el artículo 90 de la LOCGRSNCF.

TERCERO: Por un (1) vehículo asignado pero no ubicado en el marco de la verificación efectuada por la Oficina de Auditoría Interna al contenido del Acta de Entrega del "Grupo de Trabajo de Transporte" de este Ministerio: El vehículo placa TAP35C asignado mediante Acta de fecha 15/02/2007, no ubicado en el marco de la verificación efectuada por la Oficina de Auditoría Interna al contenido del Acta de Entrega del "Grupo de Trabajo de Transporte" de este Ministerio, evidenciando que fue objeto de un hecho delictivo "robo", no reportado en su momento al "Grupo de Trabajo de Transporte" ni a la compañía de seguros a los efectos indemnizatorios del daño patrimonial correspondiente.

Dichos montos de adquisición del vehículo y sus correspondientes primas de seguro a los ejercicios económico financiero 2014 y 2015 son:

Bien Prima anual pagada Costo de adquisición Prima anual pagada Nacional Año.

Marca / Modelo Placa.

2015 2014 N° Bs. 246.641,26 Bs. 72.513,48 Bs. 65.000,00 70634 2007 TAP-35C Toyota / Land Cruiser Bs. 72.513,48 Bs. 65.000,00 Bs. 246.641,26 SUB-TOTAL Representando la pérdida patrimonial que sufrió el Estado por órgano de este Ministerio del Poder Popular de Petróleo, en consecuencia la actuación omisiva y negligente de los ciudadanos: Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, ampliamente identificados, operando entre ellos la solidaridad, según lo establecido en el artículo 90 de la LOCGRSNCF.

CUARTO: Por cuatro (4) vehículos que no se obtuvo constancia de información o la ubicación actual: En el marco de la verificación efectuada por la Oficina de Auditoría Interna, al contenido del Acta de Entrega del "Grupo de Trabajo de Transporte" de este Ministerio, identificados con las placas TAP89B, MCF27H, DBS073 y DBS08J, el costo de adquisición de dichos vehículos y sus correspondientes primas de seguro a los ejercicios económico financiero 2014 y 2015 son:

Bien Costo de adquisición Prima anual pagada Prima anual pagada Marca / Modelo Año.

Placa.

Nacional 2015 oN Bs. 112.538,09 Bs. 229.503,18 Bs. 98.000,00 70632 2007 TAP-89B Toyota / 4 Runer Bs. 51.036,35 Bs. 179.059,32 Bs. 19.651,63 Chevrolet / Prado 60799 2001 Bs. 50.964,20 Bs. 129.489,58 Chevrolet / Tril Blazer 67461 2004 Bs. 91.640,00 (**) DBS-073 Bs. 129.496,48 Bs. 50.964,20 Bs. 91.640,00 67459 2004 DBS-083 Chevrolet / Trail Blazer Bs. 667.555,46 Bs. 265.502,84 SUB-TOTAL Bs. 300.931,63 (**) Monto obtenido de planilla emitida por ed Sistema de Registro y Control de Bienes Nacionales (SRcCBN) del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petrleo, corresponcinte al Bien Nacilonal N° 67461.

Cantidades que representan la pérdida patrimonial que sufrió el Estado por órgano de este de los ciudadanos: Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, ampliamente identificados, operando entre ellos la solidaridad, según lo establecido en el artículo 90 de la LOCGRSNCF.

Por todo lo antes expuesto, se determina reparo al ciudadano: Luís Abraham Benito Director (E) de Servicios y Logística de este Ministerio, cargo que ocupó desde el día 29/05/2007 hasta el día 15/04/2012, a quien le correspondió dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, mientras estuvo en el ejercicio de su cargo como Director de Servicios y Logística de este Ministerio, por el costo de adquisición de ocho (8) vehículos identificados con las placas TAP25C, TAP43C, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08], cantidad que suma: Bs.587.571,63 y sus correspondientes primas de seguro a los ejercicios 2014: Bs.529.594,80 y 2015 por la cantidad de: Bs.1.415.986,28 lo cual en virtud de los indicios del daño causado al patrimonio público, se fija el monto en la cantidad de Dos Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Dos Bolívares con Setenta y Un Céntimos (Bs.2.533.152,71), según lo siguiente:

Prima anual pagada Costo de adquisición Prima anual pagada Bien Placa Año.

Marca / Modelo 2015 2014 Nacional N° en Bs. F.

Bs. 245.595,75 Toyota / Land Cruiser Bs. 72.513,48 70626 Bs. 65.000,000 TAP25C 2007 Bs. 256.200,71 Toyota / Land Cruiser Bs. 68.100,80 TAP43C 2007 Bs. 65.000,00 70655 Bs. 129.496,48 DBS173 2004 Bs. 91.640,00 Bs. 50.964,20 67460 Chevrolet / Tail Biazer Bs. 246.64,26 Bs. 72.513,48 TAP35C 2007 Bs. 65.000,00 70634 Toyota / Land Cruiser Bs. 229.503,18 Bs. 112.538,09 TAP89B 2007 Toyota / 4 Runer Bs. 98.000,00 70632 Bs. 51.036,35 Bs. 179.059,32 60799 Chevrolet / Prado Bs. 19.651,63 MCF27H 2001 Bs. 129.489,58 Bs. 50.964,20 DBS073 67461 2004 Bs. 91.640,00 (**) Chevrolet / Tril Blazer Bs. 50.964,20 Bs. 129.496,48 Bs. 91.640,00 DBS083 2004 67459 Chevrolet / Tril Blazer Bs. 1.415.986,28 Bs. 587.571,63 Bs. 529.594,8 SUB-TOTAL:

Bs. 2.533.152,71 TOTAL MONTO A REPARAR:

Energía y Petróleo, correspondiente al Bien Nacional °º 67461.

Asimismo, se determina reparo al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, titular de la cédula de identidad N° V-11.226.3996, en su condición de Director (E) de Servicios y Logística de este Ministerio, cargo que ocupó desde el día 16/04/2012 hasta el 22/10/2014, a quien le correspondió dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, mientras estuvo en el ejercicio de su cargo como Director de Servicios y Logística de este Ministerio por el costo de adquisición de diez (10) vehículos identificados con las placas: TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, cantidad que suma:

Bs.770.851,63 y sus correspondientes primas de seguro del ejercicio 2014, de: Bs.631.523,20 mas el ejercicio 2015 de: Bs.1.804.482,62 lo cual, en virtud de los indicios del daño causado al patrimonio público, se fija el monto en la cantidad de Tres Millones Doscientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Bolívares con Cuarenta y Cinco Céntimos (Bs.3.206.857,45) además se determina reparo al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, titular de la cédula de identidad N° V-4.809.852, quien en ejercicio de sus funciones tenía la responsabilidad de mantenimiento y administración, en su condición de Jefe de Grupo de Trabajo de Transporte adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, cargo que ocupó desde el día 01/06/2004 hasta el 09/10/2014, cuyo monto relativo al costo de adquisición de diez (10) vehículos identificados con las placas: TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, cantidad que suma: Bs.770.851,63 y sus correspondientes primas de seguro al ejercicio 2014 de:

Bs.631.523,20 y 2015 de: Bs.1.804.482,62 lo cual, en virtud de los indicios del daño causado al patrimonio público, se fija el monto en la cantidad de Tres Millones Doscientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Bolívares con Cuarenta y Cinco Céntimos (Bs.3.206.857,45), como se detalla en el cuadro siguiente, para ambos ciudadanos:

Prima anual pagada Bien Costo de adquisición Prima anual pagada Año.

Placa Marca / Modelo Nacional N° 2014 Bs.

2015 Bs.

en Bs. F.

70626 Bs. 245.595,75 TAP25C 2007 Bs. 65.000,00 Bs. 72.513,48 Toyota / Land Gruiser 2007 TAP43C Bs. 68.100,80 Bs. 256.200,71 70655 Toyota / Land Cruiser Bs. 65.000,000 Bs. 91.640,00 Bs. 50,964,20 DBS163 Bs. 129.496,48 67462 2004 Chevrolet / Tail Blazcr Bs. 50.964,20 67463 Bs. 91.640,00 Bs. 129.496,48 2004 DBS94I Bs. 50.964,20 Bs. 91.640,00 Bs. 129.496,48 67460 2004 DBS173 Chevrolet / Trail Blazer Bs. 246.641,26 TAP35C 2007 Toyota / Land Cruiser Bs. 65.000,00 Bs. 72.513,48 70634 Bs. 112.538,09 Bs. 229.503,18 TAP89B 2007 Toyota / 4 Runer 70632 Bs. 98.000,00 Bs. 19.651,63 B. 51.036,35 Bs. 179.059,32 60799 2001 MCF27H Chevrolet / Prado Bs. 50.964,20 Bs. 129.489,58 DBS073 67461 2004 Chevrolet / Tril Blazer Bs. 91.640,00 (**) 67459 Chevrolet / Tril Blazer Bs. 91.640,00 Bs. 50.964,20 Bs. 129.496,48 DBS083 2004 SUB-TOTAL:

Bs. 770.851,63 Bs, 631.523,20 Bs. 1.804.482,62 Bs. 3.206.857,45 TOTAL MONTO A REPARAR:

n g e () Energia y Petróieo, correspondiente al Bien Nacional N° 67461.

Por lo tanto, este órgano contralor, declara procedente la responsabilidad civil contemplada en los artículos 1.185 (hecho ilícito) y 1.196 del Código Civil de Venezuela33, los cuales se citan a continuación:

"Artículo 1.185.- El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo...)" "Artículo 1.196.- La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito".

Quien suscribe, pasa a pronunciarse y en este orden, confirma las imputaciones contenidas en el Auto de Apertura de fecha 18/10/2017, cursante a los folios 1050 al 1079 del expediente, por cuanto: el ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, en su condición de Director, encargado, de Servicios y Logística de este Ministerio, desde el día 29/05/2007 hasta el día 15/04/2012, quien para el momento de ocurrencia de las circunstancias fácticas descritas e imputadas en el Auto de Apertura del procedimiento administrativo de fecha 18/10/2017, le correspondía dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, al no adelantar las acciones correspondientes para garantizar su vigilancia, conservación, preservación y salvaguarda, a lo fines de poder asegurar la aplicación de los controles debidos que llevaran a garantizar la seguridad y mantenimiento de los ocho (8) vehículos plenamente identificados, con las placas:

TAP25C, TAP43C, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, así como la determinación de su usuario final, en razón que los mismos se encontraban confiados a su guarda, uso o administración. También se declara la responsabilidad administrativa del ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, en su condición de Director, encargado, de Servicios y Logística de este Ministerio, desde el día 16/04/2012 hasta el 22/10/2014 quien para el momento de ocurrencia de las circunstancias fácticas descritas e imputadas en el Auto de Apertura del Procedimiento Administrativo que nos ocupa de fecha 18/10/2017, le correspondía dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, al no adelantar las acciones debidas para garantizar su vigilancia, conservación, preservación y salvaguarda, a lo fines de mantenimiento de los diez (10) vehículos identificados plenamente con las placas: TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07] y DBS08J, así como la determinación de su usuario final, en razón que los mismos se encontraban confiados a su guarda, uso y/o administración. Por último, se determina la responsabilidad administrativa del ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, en su condición de Encargado y, posteriormente Jefe (encargado) del Grupo de Trabajo de Transporte, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, desde el día 01/06/2004 hasta el 20/10/2014, por cuanto la conducta de los pre citados ciudadanos es subsumible en el numeral 2 del artículo 91 de la patrimonio de este Ministerio, según su vinculación con las circunstancias fácticas descritas e imputadas a cada uno de ellos, en el Auto de Apertura del Procedimiento Administrativo de fecha 18/10/2017, por falta de cuidado, aplicación, diligencia en el cumplimiento del numeral 1 del artículo 5 del Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos (CESSP) el numeral 7 del artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP) el literal "a" del artículo 33 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI) aplicable por razón del tiempo, así como el artículo 13 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas, (hoy día Ministerio dei Poder Popular de Petróleo); es decir, el incumplimiento de las actividades de: dirigir, coordinar, custodiar, inspeccionar y conservar los bienes nacionales adscritos a este Ministerio, particularmente la salvaguarda de los bienes que son adscritos o asignados a una persona, uno de los ciudadanos llamados como presuntos responsables al presente procedimiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 91.- Sin perjuicio de la Responsabilidad Civil o Penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

2.- La omisión, (..) negligencia (...) en la preservación y salvaguarda de los bienes (..) del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.".

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DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quien decide, Licenciado Miguel Ángel Clemente Limongi, en su condición de Director General, encargado, de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, según Resolución N° 086 del 15/10/2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Número 40.520 del 16/10/2014, habiendo privilegiado el derecho a la defensa y las garantías administrativas consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, durante todo el procedimiento, en atención a la atribución prevista en los artículos 103 y 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 97 de su Reglamento, una vez analizados como han sido los razonamientos de los interesados o presuntos responsables y la representación legal en torno a los hechos y al derecho que dieron origen al presente expediente, y a los documentos cursantes en autos, se reitera los pronunciamientos expuestos el día 11/04/2018, en los términos siguientes:

PRIMERo: Se Declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano: Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, con cédula de identidad N° V-9.327.314, en su carácter de Director, encargado, de la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio para el momento de ocurrencia de las circunstancias fácticas descritas e imputadas en el Auto de Apertura del procedimiento administrativo de fecha 18/10/2017, referido a la inactividad administrativa evidenciada en su condición de autoridad competente mientras estuvo en el ejercicio de su cargo, desde el día 29/05/2007 hasta el día 15/04/2012, a quien le correspondía dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, al no adelantar las acciones correspondientes para garantizar la vigilancia, conservación, preservación y salvaguarda, a lo fines de asegurar la aplicación de ios controles internos correspondientes que llevaran a garantizar la seguridad y mantenimiento de ocho (08) vehículos identificados con las placas:

TAP25C, TAP43C, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, pertenecientes a este Ministerio; así como, la determinación de su usuario final, en razón que los mismos se encontraban confiados a su guarda, uso o administración, subsumiendo su conducta en el artículo 91 de la LOCGRSNCF.

SEGunDo: Se Declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano: Jhonjani Enrique Monroy Medina, con cédula de identidad N° V-11.226.399, en su carácter de Director, encargado, de la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, para el momento de ocurrencia de las circunstancias fácticas descritas e imputadas en el Auto de Apertura del procedimiento administrativo de fecha 18/10/2017, referido a la inactividad administrativa evidenciada en su condición de autoridad competente mientras estuvo en el ejercicio de su cargo, desde el día desde el día 16/04/2012 hasta el 22/10/2014, a quien le correspondía dirigir y coordinar todas las actividades asociadas a la dirección y coordinación de la custodia, inspección y conservación de los bienes nacionales, al no adelantar las acciones correspondientes para garantizar la vigilancia, conservación, preservación y salvaguarda, a los fines de asegurar la aplicación de los controles internos correspondientes que llevaran a TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, pertenecientes a este Ministerio; así como la determinación de su usuario final, en razón que los mismos se encontraban confiados a su guarda, uso o administración, subsumiendo su conducta en el supuesto generador de responsabilidad administrativa, consagrado en el numeral 2 del artículo 91 de la LOCGRSNCF.

TERcERo: Se Declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano: Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, con cédula de identidad N° V-4.809.852, en su carácter de Encargado y posteriormente Jefe (encargado) del Grupo de Trabajo de Transporte adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, para el momento de ocurrencia de las circunstancias fácticas descritas e imputadas en el Auto de Apertura del Procedimiento Administrativo de fecha 18/10/2017, referido a la inactividad administrativa, mientras estuvo en el ejercicio de su cargo desde el día 01/06/2004 hasta el 20/10/2014, a quien le correspondía la custodia, manejo, administración y mantenimiento de los vehículos, al no mantenimiento de los diez (10) vehículos identificados con las placas: TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, de este Ministerio;

así como, la determinación de su usuario final, evidenciado por la ausencia, entre otros documentos, de las "Actas de Asignación" en los expedientes que reposaban bajo la custodia del Grupo de Trabajo de Transporte, subsumiendo su conducta en el supuesto generador de responsabilidad administrativa, consagrado en el numeral 2 del artículo 91 de la LOCGRSNCF.

CUArTo: En atención a lo dispuesto en el artículo 105 de la de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual señala que la declaratoria de responsabilidad administrativa será sancionada con multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.) a un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.), prevista en el artículo 94 ejusdem y atendiendo lo dispuesto en el artículo 103 de dicha Ley Orgánica, habiéndose considerado y compensado de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de dicha Ley Orgánica, según el cual para la aplicación de las sanciones derivadas de la responsabilidad administrativa se tomarán en cuenta la gravedad de la falta, los perjuicios causados, así como las circunstancias agravantes y atenuantes, quien suscribe, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, aplicó la circunstancia atenuante prevista en el numeral 1 del artículo 108 de dicho Reglamento, referida al hecho de no haber sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica y las circunstancias agravantes contempladas en los numerales 2, 4 y 5 del artículo 107 del mismo Reglamento, relacionadas con la condición de funcionario público, la gravedad del acto, hecho u omisión que compromete la responsabilidad administrativa de los ACUERDA: IMPONER SANCIÓN DE MULTA: al ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, identificado en autos, en su carácter de Director, encargado, de la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, por la cantidad de Ochocientos Ochenta y Siete con Cincuenta Unidades Tributarias (887,50 UT), por cada uno de los hechos o circunstancias imputadas, aplicables a la fecha de la ocurrencia, según la circunstancias fácticas descritas en el Auto de Apertura del presente procedimiento, de fecha 18/10/2017, por las Unidades Tributarias vigentes para el momento de ocurrencia de los ocho (8) hechos, las cuales sumadas equivalen a la cantidad de Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta Bolívares con Quince Céntimos (Bs.359.570,15) según se desarrolló en la Motiva de la presente decisión. IMPONER SANCIÓN DE MULTA: al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, identificado en autos, en su carácter de Director, encargado, de la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, por la cantidad de Ochocientos Ochenta y Siete con Cincuenta Unidades Tributarias (887,50 UT), por cada uno de los hechos o circunstancias imputadas, aplicables a la fecha de la ocurrencia, según la circunstancias fácticas descritas en el Auto de Apertura del presente procedimiento, de fecha 18/10/2017,

por las Unidades Tributarias vigentes para el momento de ocurrencia de los diez (10) hechos, las cuales sumadas equivalen a la cantidad de Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco Bolívares con Quince Céntimos (Bs.584.995,15) según se desarrolló en la Motiva de la presente decisión. IMPONER SANCIÓN DE MULTA: al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, identificado en autos, en su carácter de Encargado y posteriormente Jefe (encargado) del Grupo de Trabajo de Transporte adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, por la cantidad de Ochocientos Ochenta y Siete con Cincuenta Unidades Tributarias (887,50 UT), por cada uno de los hechos o circunstancias imputadas, aplicables a la fecha de la ocurrencia, según la circunstancias fácticas descritas en el Auto de Apertura del presente procedimiento, de fecha 18/10/2017, por las Unidades Tributarias vigentes para el momento de ocurrencia de los diez (10) hechos, las cuales sumadas equivalen a la cantidad de Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco Bolívares con Quince Céntimos (Bs.584.995,15) según se desarrolló en la Motiva de la presente decisión.

QuInTo: Se ordena la aplicación y formalización de las multas a que se contrae la presente decisión, en atención a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, de conformidad con el artículo 110 de la LOCGRSNCF. En virtud de ello, SE ORDENA: remitir la presente decisión al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, para la emisión de las planillas de liquidación y a la Procuraduría General de la República a los efectos que se proceda a ejercer inmediatamente las acciones de cobro correspondientes a las multas impuestas en esta decisión, una vez que las mismas queden firmes en vía administrativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento de la LOCGRSNCF.

SEXTO: SE FORMULA REPARO al ciudadano Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, ya identificado, en su carácter de Director, encargado, de la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, para el momento de ocurrencia de las circunstancias fácticas descritas e imputadas en el Auto de Apertura del procedimiento administrativo de fecha 18/10/2017, por el costo de adquisición de ocho (8) vehículos identificados con las placas: TAP25C, TAP43C, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07] y DBS08J, cantidad que asciende a Bs.587.571,63, y sus correspondientes primas de seguro de los ejercicios 2014 por Bs.529.594,80 y el ejercicio 2015, por la cantidad de Bs.1.415.986,28. En consecuencia, el daño causado al patrimonio público se fija en la cantidad de: Dos Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Dos Bolívares con Setenta y Un Céntimos (Bs.2.533.152,71), operando la solidaridad, según lo contemplado en el artículo 90 de la LOCGRSNCF.

SÉPTIMO: SE FORMULA REPARO al ciudadano Jhonjani Enrique Monroy Medina, ya identificado, en su carácter de Director, encargado, de la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, para el momento de ocurrencia de las circunstancias fácticas descritas e imputadas en el Auto de Apertura del procedimiento administrativo de fecha 18/10/2017, por DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07] y DBS08J, cantidad que asciende a Bs.770.851,63, y sus correspondientes primas de seguro del ejercicio 2014, por Bs.631.523,20 y del ejercicio 2015 por la suma de Bs.1.804.482,62. En consecuencia, el daño causado al patrimonio público se fija en la cantidad de Tres Millones Doscientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Bolívares con Cuarenta y Cinco Céntimos (Bs.3.206.857,45) operando la solidaridad, según lo contemplado en el artículo 90 de la LOCGRSNCF.

OCTAVO: SE FORMULA REPARO al ciudadano Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, ya identificado, en su carácter de Encargado y posteriormente Jefe (encargado) del Grupo de Trabajo de Transporte, adscrito a la Dirección de Servicios y Logística de este Ministerio, para el momento de ocurrencia de las circunstancias fácticas descritas e imputadas en el Auto de Apertura del procedimiento administrativo de fecha 18/10/2017, por el costo de adquisición de diez (10) vehículos identificados con las placas TAP25C, TAP43C, DBS16J, DBS94I, DBS17J, TAP35C, TAP89B, MCF27H, DBS07J y DBS08J, cantidad que asciende a Bs.770.851,63, y sus correspondientes primas de seguro del ejercicio 2014, por Bs.631.523,20 y del ejercicio 2015, por la cantidad de Bs.1.804.482,62. En consecuencia, el daño causado al patrimonio público se fija en la cantidad de Tres Millones Doscientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Bolívares con Cuarenta y Cinco Céntimos (Bs.3.206.857,45), operando la solidaridad, según lo contemplado en el artículo 90 de la LOCGRSNCF.

NovEno: Se notifica a los ciudadanos Luís Abraham Benito Bastidas Ramírez, Jhonjani Enrique Monroy Medina y Teddy Domingo Tiamo Aricaguan, ya identificados, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y 108 de la LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la aludida Ley, podrán interponer contra la presente decisión, el Recurso de Reconsideración ante quien decide, dentro del lapso de quince (15) días hábiles siguientes a que haya sido pronunciada la presente decisión o podrán interponer Recurso de Nulidad por ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, dentro de un lapso de seis (6) meses siguientes.

DÉcIMo: Remítase copia certificada de la presente decisión, una vez firme en vía administrativa a la Contraloría General de la República, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 del RLOCGRSNCF, a los fines de que ese órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, resuelva lo conducente respecto a las sanciones que le corresponde imponer, de manera exclusiva y excluyente al ciudadano Contralor General de la República, de conformidad con el artículo 105 del mencionado instrumento legal.

DÉCIMo PRIMERo: Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, una vez firme en sede administrativa, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento de la LOCGRSNCF.

DÉCIMo sEGuNDo: Remítase un ejemplar de la presente decisión al Ministro del Poder Popular de Petróleo, a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de Petróleos de Venezuela S.A. y al Ministerio Público.

Cúmplase en los términos resueltos en ésta Decisión.

Comuníquese y publíquese.

Leto. Miguel A. Clemente L.

Director General de la Oficina de Auditoría Interna (E) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.520 de fecha 16/10/2014.

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Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente a 11,65 % valor Unidad Tributaria AÑO CXLV - MES XI N° 6.394 Extraordinario Caracas, jueves 16 de agosto de 2018

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