Gaceta Oficial N° 43.489
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AÑO CLIV - MES I Caracas, miércoles 28 de octubre de 2026 Número 43.489
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA
SUMARIO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Capitán de Navio Ronald Edwin Oropeza Rodríguez, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, NOVENA BRIGADA DE POLICÍA NAVAL "GRAN MARISCAL DE AYACUCHO" DE LA ARMADA BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Coronel Yender José Méndez Castillo, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Capitán de Navío Douglas Ernesto Pernía Labrador, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA ANFIBIA "GENERAL DE BRIGADA MANUELA SÁENZ".
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de Brigada Guimer José Mújica Primera, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, HOSPITAL MILITAR "VICENTE SALIAS".
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano al General de Brigada Tomás Antonio Vera Contreras, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA CZGNB-22 (MÉRIDA).
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Resolución mediante la cual se establece que los créditos otorgados por las instituciones del sector bancario deberán ser expresados únicamente en Unidades de Valor de Crédito (UVC), calculadas conforme al índice de Inversión (IDI) determinado y publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela en su página web.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TURISMO Resolución mediante la cual se ordena la publicación en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, de una (1) Modificación Presupuestaria (Traspaso) entre Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, por la cantidad que en ella se indica.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FUNDACITE NUEVA ESPARTA Providencia mediante la cual se constituye el Comité de Bioética del estado Nueva Esparta, adscrito a la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Nueva Esparta (FUNDACITE NUEVA ESPARTA), estará integrado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.
FUNDACITE ZULIA Providencia mediante la cual se constituye y modifica la Comisión Permanente de Contrataciones Públicas de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Zulia (FUNDACITE ZULIA), estará integrado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, al ciudadano Enrique Luis Peraza Urdaneta.
Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a la ciudadana Magaly Celis Gil.
Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a la ciudadana Denis Coromoto Martín Linares.
Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a la ciudadana Rosa María Pacheco Arrieche.
Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a la ciudadana Maritza Antonia Cortez Godoy.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Resolución mediante la cual se acuerda la supresión y el cese definitivo de funciones de la Sala Especial Primera de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; y se deja sin efecto la prórroga de su funcionamiento.
Resolución mediante la cual se modifica la estructura organizacional de los Tribunales de Primera Instancia del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 14 OCT 2026 216°, 167° y 27° RESOLUCIÓN N° 002166 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 5.277 de fecha 18 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.999 de fecha 18 de marzo de 2026, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 18 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.699 de fecha 02 de mayo de 2022, RESUELVE ÚNICO: Designar al Coronel YENDER JOSÉ MÉNDEZ CASTILLO, C.I. N°
14.433.868, nombrado mediante Resolución N° 000956 de fecha 15 de julio de 2026, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, CódigO N° 29515.
Comuníquese y publíquese
ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ GUSTAVO General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 14 OCT 2026 216°, 167° y 27° RESOLUCIÓN N° 002167 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 5.277 de fecha 18 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.999 de fecha 18 de marzo de 2026, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con
de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 18 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.699 de fecha 02 de mayo de 2022,
RESUELVE ÚNICO: Designar al Capitan de NavÍO DOUGLAS ERNESTO PERNÍA LABRADOR, C.I. N° 14.401.807, nombrado mediante Resolución N° 001778 de fecha 07 de septiembre de 2026, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada Sin firma, TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA ANFIBIA "GENERAL DE BRIGADA MANUELA SÁENZ", CódigO N° 03722.
Comuníquese y publíquese;
ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ General en Jefe
para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 14 OCT 2026 216°, 167° y 27° RESOLUCIÓN N° 002168 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 5.277 de fecha 18 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.999 de fecha 18 de marzo de 2026, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 18 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.699 de fecha 02 de mayo de 2022, RESUELVE ÚNICO: Designar al General de Brigada GUIMER JOSÉ MUJICA PRIMERA, C.I.
N° 13.085.300, nombrado mediante Resolución N° 001897 de fecha 18 de septiembre de 2026, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, HOSPITAL MILITAR "VICENTE SALÍAS", Código N° 29505.
Comuníquese y publíquese
ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ General en Jefe
para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 14 OCT 2026 216°, 167° y 27° RESOLUCIÓN N° 002169 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 5.277 de fecha 18 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.999 de fecha 18 de marzo de 2026, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 18 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.699 de fecha 02 de mayo de 2022, RESUELVE ÚNICO: Designar al General Brigada TOMÁS ANTONIO VERA CONTRERAS, C.I. N° 12.386.555, nombrado mediante Resolución N° 001293 de fecha 11 de agosto de 2026, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada Sin firma, COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA CZGNB-22 (MÉRIDA), CódigO N° 60018.
Comuníquese y publíquese tob Por el Ejecutivo Nacion SGUSTAVE ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ General en Jefe para la Defensa
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BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA RESOLUCIÓN N° 26-10-01 El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7, numerales 1, 3 y 4; 21, numeral 13; 50; 51 y 52 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial que lo rige; y en los artículos 3° y 60 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Considerando Que la regulación del crédito y de las tasas de interés del sistema financiero, constituye uno de los instrumentos de política monetaria del Banco Central de Venezuela para cumplir sus cometidos esenciales, lo que facilita la orientación sobre la oferta monetaria y, con ello, favorecer el desarrollo armónico y equilibrado de la economía.
crédito, con el objetivo de mejorar la señalización de los recursos financieros disponibles hacia el consumo y las actividades productivas y, a la vez, reducir el impacto sobre el valor de la moneda ocasionado por operaciones de arbitraje cambiario.
Resuelve:
Artículo 1.- Los créditos a los que se refiere la presente Resolución, deberán ser expresados únicamente mediante el uso de la Unidad de Valor de Crédito (UVC). A tales fines, las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, en la fecha de otorgamiento del préstamo deberán expresar la obligación en términos de Unidad de Valor de Crédito (UVC), resultante de dividir el monto en bolívares a ser liquidado correspondiente al crédito otorgado, entre el Índice de Inversión (IDI) vigente para dicha fecha, determinado por el Banco Central de Venezuela tomando en cuenta la variación del tipo de cambio de referencia de mercado y publicado diariamente en su página web.
Artículo 2.- Los créditos otorgados en moneda nacional, en el marco de la Cartera Productiva Única Nacional, a ser concedidos por las entidades bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, tendrán una tasa de interés anual del doce por ciento (12%) sobre el saldo resultante de su expresión en Unidad de Valor de Crédito (UVC). Quedan excluidos los créditos otorgados al sector productivo desarrollado por las mujeres en el marco de la Cartera Productiva Única Nacional, los cuales tendrán una tasa de interés anual del seis por ciento (6%) sobre el saldo resultante de su expresión en Unidad de Valor de Crédito (UVC).
Artículo 3.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, deberán cobrar a sus clientes por los créditos comerciales y microcréditos en moneda nacional, una vez expresados en Unidad de Valor de Crédito (UvC), una tasa de interés anual mínima del dieciséis por ciento (16%).
Parágrafo Único: Queda expresamente entendido que están excluidas de esta Resolución aquellas operaciones activas relacionadas con los préstamos dirigidos a los empleados y directivos de las entidades bancarias, siendo la tasa de interés anual máxima aplicable para estos créditos el equivalente al noventa por ciento (90%) de la tasa vigente para las operaciones activas relacionadas con tarjetas de crédito, publicada mensualmente por el Banco Central de Venezuela mediante Aviso Oficial.
Artículo 4.- Los préstamos otorgados a través de tarjetas de crédito y cuya línea de financiamiento sea igual o superior a sesenta y un mil trescientas sesenta y tres (61.363) Unidades de Valor de Crédito (UVC), tendrán una tasa de interés anual mínima del trece por ciento (13%). Esta tasa será aplicable a otras modalidades de crédito al consumo, cuyo monto sea igual o superior al límite establecido para las tarjetas de crédito.
Parágrafo Único: Queda expresamente entendido que están excluidas de esta Resolución aquellas operaciones activas relacionadas con tarjetas de crédito, préstamos comerciales en cuotas a ser otorgados a personas naturales por concepto de créditos nómina y otros créditos al consumo, cuyos límites o montos sean inferiores a sesenta y un mil trescientas sesenta y tres (61.363) Unidades de Valor de Crédito (UVC). En estos casos, las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, deberán cobrar a sus clientes una tasa de interés anual que no podrá exceder de la vigente para las operaciones activas relacionadas con tarjetas de crédito, publicada mensualmente por el Banco Central de Venezuela mediante Aviso Oficial.
Artículo 5.- Sin perjuicio de la normativa e instrucciones que imparta en la materia la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en lo que respecta a sus atribuciones vinculadas entre otros aspectos, con el establecimiento de normas generales que regulen los contratos e instrumentos de las operaciones de intermediación, así como de aprobar las cláusulas generales de contratación que le sean sometidas por las instituciones sujetas a su competencia en función de lo estipulado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, las entidades bancarias que pretendan celebrar operaciones activas de conformidad con lo previsto en la presente Resolución, deberán incluir en las cláusulas de las propuestas de contratos a ser sometidas a la aprobación de dicha Superintendencia las siguientes condiciones:
a) Que todo crédito que considere la modalidad de pago por cuotas, el pago de estas debe incluir tanto el monto correspondiente de interés como una porción para amortización del capital expresado en Unidad de Valor de Crédito (UVC).
b) Para los créditos otorgados conforme a lo establecido en el artículo 2 de la presente Resolución y que consideren la modalidad de un pago único al vencimiento, se contemplará el monto total del principal e intereses expresados en Unidad de Valor de Crédito (UVC). De forma adicional, esta modalidad de crédito tendrá un cargo especial del veinte por ciento (20%) al momento de la liquidación del préstamo, el cual será expresado igualmente en Unidad de Valor de Crédito (UVC), y se deducirá del saldo deudor del préstamo al momento de la cancelación del mismo.
c) La posibilidad a discreción del deudor de cancelar anticipadamente en cualquier momento y de manera inmediata, los préstamos otorgados conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Resolución, sin pago de penalidad alguna por ello. Si por alguna razón, el Índice de Inversión de la fecha anticipada de cancelación del préstamo resultase inferior al Índice de Inversión de la fecha de otorgamiento del préstamo, a efecto de la determinación del monto a pagar se empleará el Índice de Inversión vigente para la fecha de otorgamiento del crédito.
d) Explicación detallada del procedimiento que será empleado por la institución bancaria para la expresión en Unidad de Valor de Crédito (UVC) del préstamo y para su posterior valoración o pago del crédito, en los términos contemplados en esta Resolución y demás normativa dictada por el Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en sus respectivos ámbitos de competencia.
e) Declaración del deudor que comprende y acepta los términos y condiciones de la obligación que asume en Unidad de Valor de Crédito (UVC).
Artículo 6.- A los efectos de la valoración contable y de la amortización o pago anticipado del crédito otorgado conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Resolución, el saldo del préstamo a una fecha específica será el resultado de multiplicar la posición deudora en Unidad de Valor de Crédito (UVC), por el valor del Índice de Inversión a dicha fecha, con excepción de lo previsto en el literal c) del artículo 5.
Artículo 7.- Las entidades bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, podrán cobrar como máximo cero coma ochenta por ciento (0,80%) anual, adicional a la tasa de interés anual pactada en la respectiva operación de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3 y 4, por concepto de las obligaciones morosas de sus clientes.
Parágrafo Único: Las entidades bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, podrán cobrar a sus clientes como máximo tres por ciento (3%) anual por concepto de mora, adicional a la tasa de interés anual pactada, en aquellos créditos distintos a los expresados en Unidad de Valor de Crédito (UVC).
Artículo 8.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, deberán pagar por los depósitos a la vista, una tasa de interés anual mínima del quince por ciento (15%), calculada sobre el saldo diario, indistintamente del saldo de las mismas.
Parágrafo Único.- Quedan excluidos de la aplicación del presente artículo los depósitos a la vista correspondientes al sector público.
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Artículo 9.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, no podrán pagar por los depósitos de ahorro que reciban incluidas las cuentas de activos líquidos, una tasa de interés anual inferior al cuarenta y siete por ciento (47%), calculada sobre el saldo diario, indistintamente del saldo de las mismas.
Artículo 10.- A los efectos de la presente Resolución, se entiende por saldo diario el monto disponible, incluidos los saldos bloqueados, mantenido por el titular del instrumento de captación respectivo al cierre contable de cada día de la entidad bancaria correspondiente, exceptuando únicamente los saldos diferidos por operaciones en curso en el Sistema de Cámara de Compensación Electrónica.
Artículo 11.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, no podrán pagar una tasa de interés anual inferior al cincuenta y un por ciento (51%), por los depósitos a plazos que reciban, y por las operaciones mediante las cuales se emiten certificados de participaciones a plazos, en el caso de que los sujetos antes mencionados estén autorizados para realizar operaciones del mercado monetario, independientemente del plazo en que se realicen cualesquiera de las referidas operaciones.
Artículo 12.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, deberán enviar al Banco Central de Venezuela información periódica sobre las tasas de interés que por operaciones activas y pasivas ofrezcan a sus clientes, en los términos y en la oportunidad indicada en la normativa dictada al efecto por el Banco Central de Venezuela.
Artículo 13.- Las tasas de interés por operaciones activas y pasivas de las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, serán ofrecidas de modo que aseguren al público usuario el conocimiento exhaustivo de sus particularidades, y anunciadas en todas sus oficinas en un lugar visible al público, así como en las páginas web de tales instituciones.
Artículo 14.- Se fija en cuarenta y ocho por ciento (48%) la tasa de interés anual a aplicar por el Banco Central de Venezuela en sus operaciones de descuento, redescuento y anticipo.
La tasa de interés anual a que se refiere el presente artículo, será fijada y revisada periódicamente por el Directorio del Banco Central de Venezuela e informada a través del sistema electrónico de transferencia de datos utilizado por el Instituto. Dicha información será igualmente publicada por el Instituto en su página web.
Artículo 15.- El incumplimiento de lo establecido en la presente Resolución podrá ser sancionado administrativamente de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela.
Artículo 16.- Los créditos de la Cartera Productiva Única Nacional, comerciales, y microcréditos concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Resolución, mantendrán las condiciones en las que fueron pactadas hasta su total cancelación.
Artículo 17.- Las instituciones bancarias sólo podrán cobrar a sus clientes o al público en general comisiones, tarifas y/o recargos por los conceptos que hayan sido establecidos por el Banco Central de Venezuela, mediante las Resoluciones y Avisos Oficiales dictados en la materia, hasta los límites máximos en ellos permitidos.
Artículo 18.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, se deroga la Resolución N° 26-08-01 de fecha 13 de agosto de 2026, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 7.073 Extraordinario del 11 de septiembre de 2026.
Artículo 19.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre de 2026.
Caracas, 22 de octubre de 2026.
En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad de la presente Resolución.
PRIMERA VICEPRESIDENCIA GERBNCIA Pascual Pinto Lentino Primer VicepresidenteGerente (É)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO DESPACHO DE LA MINISTRA
Nº Caracas, 26 0CT. 2026 048 AÑOS 216°, 167° y 27° RESOLUCIÓN La Ministra del Poder Popular para el Turismo, en condición de Encargada, designada mediante Decreto Nº 5.237 de fecha 02 de febrero de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.979 Extraordinario de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 65 y 78 numerales 3, 12, 15, 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario del 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.947 Extraordinario de fecha 18 de diciembre de 2025, y con fundamento en el artículo 86 numeral 3 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario dictado mediante Decreto N° 3.776 de fecha 18 de julio de 2005 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto de 2005.
RESUELVE ÚNIco: Ordenar la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de una (1) Modificación Presupuestaria (Traspaso) entre Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, por la Cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMos (Bs. 1.833.467,00), aprobado por este Ministerio a la fecha de acuerdo con la siguiente imputación:
102 DE:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
1.833.467,00
U.E.L.
00001 Oficina de Gestión Administrativa
1.833.467,00 ACCION 1020002000 Gestión administrativa CENTRALIZADA:
1.833.467,00 Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos ACCIÓN ESPECÍFICA:
1020002001
1.833.467,00 del organismo PARTIDA:
Activos Reales
404.00.00.00
1.833.467,00
404.09.00.00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 1.833.467,00 Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y 404.09.99.00 1.833.467,00 alojamiento
PARA:
102 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
1.833.467,00
U.E.L.
00001 Oficina de Gestión Administrativa
1.833.467,00 ACCION 1020002000 Gestión administrativa CENTRALIZADA:
1.833.467,00 Apoyo institucional a las acciones especificas de los proyectos 1020002001 ACCIÓN ESPECÍFICA:
1.833.467,00 del organismo PARTIDA:
4.04.00.00.00 Activos Reales
1.833.467,00 4,04.12.00.00 Activos intangibles
1.833.467,00
4.04.12.040 Paguetes y programas de computación
1.833.467,00
Comuníquese y Publíquee
DANIELLA DESIREE CABELLO CONTRERAS MINISTRA DEL PODÉR POPULAR PARA EL TURISMO (E) Decreto .23e fecha 02/02/2026, publicado en la Gaceta Oficial"de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.979 Extraordinario de la misma fecha
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO NUEVA ESPARTA (FUNDACITE NUEVA ESPARTA) Nueva Esparta, 18 de junio de 2026 Providencia Administrativa N°CJ-003-2026 216°, 167° y 27° Quien SuSCribe, VANESA EVELIN MALDONADo PEÑA, titular de la Cédula de identidad N° V-6.321.194, Presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta (FUnDACITE NUEVA ESPARTA), designada mediante Resolución Nº 110 de fecha 21 de de 2018, publicada en Gaceta Oficial de la República septiembre Bolivariana de Venezuela N° 41.490 de fecha 26 de septiembre de 2018; de conformidad con los artículos 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 204 de fecha 20 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 42.787 de fecha 28 de diciembre de 2023, enmarcado en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNEsCO, aprobado por aclamación en la trigésima tercera (33) sesión de la Conferencia General del 19 de octubre del 2005; Parte III del Código de Ética para la Vida, que regula las Normas Internas de la Comisión de Ética, Bioética y Biodiversidad y los Compromisos de los Investigadores e Investigadoras y Personas Participantes como Sujetos de Investigación, y en cumplimiento de las atribuciones conferidas en la Cláusula Vigésima Primera, numerales 12 y 14 del Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación y lo aprobado en el Punto de Cuenta 020-2026 de fecha 15 de junio de 2026;
DECIDE ArtíCulo 1.- COnStituir el COMITÉ DE BIOÉTICA DEL ESTADO NUEVA EsPArTA, adscrito a la. Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la TeCnología en el Estado Nueva Esparta (FUNDACITE NUEVA ESPARTA), como un órgano colegiado multidisciplinario encargado de evaluar, supervisar y certificar la dimensión ética de los proyectos de investigación científica y tecnológica en el estado. Su actuación se regirá por los principios de precaución, responsabilidad y transparencia previstos en el Código de Ética para la Vida y el Comité de Bioética del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología.
Artículo 2.- Se designan como miembros principales y suplente del Comité de Bioética del Estado Nueva Esparta, a los siguientes ciudadanos y ciudadanas que se mencionan a continuación:
Nº Nombres y Apellidos Nº de Cédula Tipo de Miembro 1 Ana María Grabini V- 12.194.917 Principal Principal V- 4.647.134 2 Carmen Gutiérrez Maxilú Rodríguez V- 14.841.344 Principal 3 V- 18.113.348 Principal 4 Jorge Rivero 5 V- 5.473.779 Principal Oswaldo González Sara Levy 6 V- 10.403.649 Principal Julio Rodríguez V- 4.655.023 Principal 7
Artículo 3.- El Comité tendrá la responsabilidad de velar por el desarrollo de los proyectos de investigación aprobados por el Comité de Bioética del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, contando con el debido consentimiento de información y los protocolos de bioseguridad.
Artículo 4.- El Comité deberá supervisar el cumplimiento del compromiso de los investigadores y participantes, asegurando que la producción de conocimiento científico en la región esté al servicio de la vida y el desarrollo soberano, pudiendo emitir dictámenes sobre la viabilidad ética de los proyectos evaluados, previa aprobación del Comité de Bioética del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología.
Artículo 5.- El Comité contará con un Coordinador o Coordinadora, quien será responsable de convocar las sesiones, dirigir los debates, custodiar los expedientes de los proyectos presentados y actuar como enlace principal ante el Comité de Bioética del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología.
Articulo 6.- Las normas de funcionamiento se regirán según lo dispuesto por el comité de Bioética del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología.
Artículo 7.- Mediante la presente Providencia Administrativa quedan juramentados los referidos ciudadanos para tomar posesión del cargo y dar cumplimiento a los deberes del mismo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que rigen la materia, debiendo rendir cuenta en los términos y condiciones que determinen las leyes.
Artículo 8.- La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha 18 de junio del 2026, la cual será publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, taueval.
FRESIDENCIA VANESA EVELIN MALDONADO PEÑA Presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta (FUNDACITE NUEVA ESPARTA), Resolución Nº 110 de fecha 21 de septiembre de 2018 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.490 de fecha. 26 de septiembre de 2018.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO ZULIA (FUNDACITE ZULIA) Maracaibo, 13 de Octubre de 2026 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° CJ-004-2026 215°, 166° y 26° Quien suscribe, JOSÉ LAREz RUBIo, titular de la cédula de identidad N° V- 11.612.107, Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (FUNDACITE zULIA), designado mediante Resolución N°148 de fecha 22 de octubre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.239 de fecha 22 de octubre de 2021, de conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 14 de la Ley de Contrataciones, 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, en Función Pública y en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Cláusula Vigésima Primera Numeral 12 y 14 del Acta Constitutiva Estatutaria, de la Fundación; y lo aprobado en el Punto de Cuenta UTZ-OF-013-2026 de fecha 28 de septiembre de 2026.
DECIDE Artículo 1.- Se constituye y modifica la Comisión Permanente de Contrataciones Públicas, como órgano colegiado y autónomo integrada por un número impar de miembros de calificada competencia profesional y de reconocida honestidad, para ejecutar los procedimientos de selección de contratistas, para la ejecución de obras, adquisición de bienes y la prestación de servicios, distintos de los profesionales y laborales.
Artículo 2.- Designar en las áreas: Jurídica, Técnica y Económica Financiera, a los miembros principales y suplentes de la Comisión Permanente de Contrataciones Públicas, así como una Secretaría, a los ciudadanos y ciudadanas que se mencionan a continuación:
Área Jurídica C.I. N° Miembro Nombre y Apellido Principal V- 18.626.139 Rosa María De La Cruz Uriana Suplente V- 14.823.622 Adriana Marina Gamero Trompiz Área Técnica Freddy Antonio Galué Castellano Principal V- 5.840.434 Ruben Manrique Suplente V- 14.895.838 Área Económica Financiera Principal V- 14.833.555 Laura Soledad Rondón Suplente Sheryl del Carmen Martínez Rincón V- 18.121.917 Secretaría V- 20.948.041 Principal Jesús David Morales Finol Suplente V- 11.870.302 Gilberto Soto Marquez
ARTIcuLo 3.- La Comisión Permanente de Contrataciones Públicas de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (FUNDACITE zULIA), podrá extender invitación a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación para que actué como observador, sin derecho a voto en los procedimientos de contratación.
ARTicuLo 4.- La secretaría se encargará de compilar, organizar y suministrar toda la información y documentación, que fuere necesaria para la correcta actividad de la Comisión de Contrataciones Públicas. En ejercicio de sus funciones deberá levantar las Actas de las reuniones que se lleven a cabo, y de los demás actos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas.
ARTicuLo 5.- La Comisión Permanente de Contrataciones Públicas, deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas su Reglamento y demás normativas que regulen la materia.
ARTIcuLo 6.- Los miembros de la Comisión Permanente de Contrataciones Públicas, podrá designar un equipo técnico para analizar las ofertas recibidas, dependiendo de la particularidad y complejidad de cada proceso de contratación, conforme al artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
ARTicuLo 7.- Los ciudadanos y las ciudadanas designados mediante la presente Providencia Administrativa, quedan juramentado para tomar posesión de sus cargos y dar cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que rijan la materia.
ARTicuLo 8.- La presente Providencia Administrativa entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
(cid Fundacste JOSÉ LAREZ RUBIO Presidente de \a Fundación Para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología En el Estado Zulia (FUNDACITE ZULIA) Resolución N.° 148 de fecha 22 de octubre de 2021 Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.239 de fecha 22 de octubre de 2021
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 216° 167° y 27°
Caracas, 10 de agosto de 2026.
RESOLUCIÓN N° 071-2026
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información MIGUEL ÁNGEL PÉREz PIRELA, designado mediante Decreto N° 5.213, de fecha 16 de enero de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.966 Extraordinario, de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 65 y 78 (numeral 19) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario del 17 de noviembre de 2014, y los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014;
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y la debida protección ante contingencias de previsión social;
CONSIDERANDO
Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución y Estado, a fin de garantizar la protección e integridad del individuo que le corresponde; el cual está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO
Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social que la proteja ante contingencias de vejez, invalidez y demás circunstancias de previsión social;
CONSIDERANDO Que el fin primordial del otorgamiento de la jubilación es proporcionar al trabajador jubilado condiciones de vida similares a las que gozaba al encontrarse en servicio activo, en reconocimiento a su entrega, dedicación y vocación de servicio;
CONSIDERANDO
Que el beneficio de la Jubilación Ordinaria es un derecho que el trabajador o trabajadora adquiere por la edad, en la cual haya alcanzado para el hombre sesenta (60) años y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años del tiempo de servicios en la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, a tenor:
..El derecho a la jubilación lo adquiere el trabajador o trabajadora cuando hubiere cumplido los siguientes requisitos:
1. Cuando el trabajador o trabajadora haya alcanzado la edad de sesenta (60) años, si es hombre o de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años de servicio en la Administración Pública. (Resaltado de este Ministerio).
2. Cuando el trabajador o trabajadora haya cumplido treinta y cinco (35) años de servicio independientemente de la edad.
Parágrafo Primero: Para que nazca el derecho a la jubilación será necesario, en todo caso, que el trabajador o trabajadora haya efectuado no menos de sesenta (60) cotizaciones.
Parágrafo Segundo: Los años de servicio en la Administración Pública en exceso de veinticinco (25) serán tomados en cuenta como si fueran años de edad, a los fines del cumplimiento del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo. Este parágrafo es inaplicable para determinar el monto de la jubilación."
CONSIDERANDO Que el ciudadano ENRIQUE LUIS PERAZA URDANETA, titular de la Cédula de Identidad Nº v- 3.862.939, ha cumplido setenta y cuatro (74) años de edad y treinta y cinco (35) años de servicio comprobados en la Administración Pública Nacional, desempeñándose actualmente como INGENIERO IV en la DIVISIÓN DE REGULACIÓN SECTORIAL de la GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), ente adSCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INForMAcIóN según la revisión exhaustiva realizada a su expediente por la Oficina de Gestión Humana de dicho ente;
RESUELVE
Artículo 1. Otorgar, a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el beneficio de JUBILAcIóN ORDINARIA al ciudadanO ENRIQUE LUIS PERAZA URDANETA, titular de la Cédula de Identidad N° v- 3.862.939, de conformidad con el Punto de Cuenta N° 01, Agenda N° 36, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veintiséis (2026), quien ejercía el cargo de INGENIERo IV en la DIVISIÓN DE REGULACIÓN SECTORIAL de la GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), ente adsCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFoRMAcIóN, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
Artículo 2. El monto correspondiente por concepto de Jubilación Ordinaria, será la Cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIÚN BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMos (Bs. 421,08), equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio de los últimos doce (12) salarios devengados por el trabajador, resultante de aplicar al salario base el porcentaje de multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos coma cinco (2,5), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, monto que será homologado al salario mínimo nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3. La Oficina de Gestión Humana de la COMISIóN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adsCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan al ciudadano ENRIQUE LUIS PERAZA URDANETA, titular de la Cédula de Identidad N° v- 3.862.939, todo conforme con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
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Artículo 4. Se encomienda a la Oficina de Gestión Humana de la CoMIsIóN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adSCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, efectuar la notificación al ciudadano ENRIQUE LUIS PERAZA URDANETA, titular de la Cédula de Identidad N° v- 3.862.939, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5. Se ordena la publicación de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, ELENA KIRA MEDINA FERNÁNDEZ Directora General del Despîichepe.
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Designación y Delegación de firma otorgada mediante Resolución N° 002-2026, de fecha 16 de enero de 2.026, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°43.297, de la misma fecha. Reimpresa por error material en Resolución N° 004-2026 de fecha 29 de enero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial N° 43.321 de fecha 23 de febrero de 2026
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 216° 167° y 27°.
Caracas, 10 de agosto de 2026.
RESOLUCIÓN N° 072-2026
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PIRELA, designado mediante Decreto N° 5.213, de fecha 16 de enero de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.966 Extraordinario, de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 65 y 78 (numeral 19) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario del 17 de noviembre de 2014, y los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014;
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y la debida protección ante contingencias de previsión social;
CONSIDERANDO
Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución y Estado, a fin de garantizar la protección e integridad del individuo que le corresponde; el cual está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO
Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social que la proteja ante contingencias de vejez, invalidez y demás circunstancias de previsión social;
CONSIDERANDO
Que el fin primordial del otorgamiento de la jubilación es proporcionar al trabajador jubilado condiciones de vida similares a las que gozaba al encontrarse en servicio activo, en reconocimiento a su entrega, dedicación y vocación de servicio;
CONSIDERANDO
Que el beneficio de la Jubilación Ordinaria es un derecho que el trabajador o trabajadora adquiere por la edad, en la cual haya alcanzado para el hombre sesenta (60) años y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años del tiempo de servicios en la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, a tenor:
"...El derecho a la jubilación lo adquiere el trabajador o trabajadora cuando hubiere cumplido los siguientes requisitos:
1. Cuando el trabajador o trabajadora haya alcanzado la edad de sesenta (60) años, si es hombre o de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años de servicio en la Administración Pública. (Resaltado de este Ministerio).
2. Cuando el trabajador o trabajadora haya cumplido treinta y cinco (35) años de servicio independientemente de la edad.
Parágrafo Primero: Para que nazca el derecho a la jubilación será necesario, en todo caso, que el trabajador o trabajadora haya efectuado no menos de sesenta (60) cotizaciones.
Parágrafo Segundo: Los años de servicio en la Administración Pública en exceso de veinticinco (25) serán tomados en cuenta como si fueran años de edad, a los fines del cumplimiento del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo. Este parágrafo es inaplicable para determinar el monto de la jubilación."
CONSIDERANDO Que la ciudadana MAGALY CELIS GIL, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.579.452, ha cumplido sesenta y seis (66) años de edad y veintiséis (26) años de servicio comprobados en la Administración Pública Nacional, desempeñándose aCtualmente COmo ANALISTA en la GERENCIA DE FORMACIÓN de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), ente adSCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INForMAcióN según la revisión exhaustiva realizada a su expediente por la Oficina de Gestión Humana de dicho ente;
RESUELVE
Artículo 1. Otorgar, a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el beneficio de JUBILAcIóN ORDINARIA a la ciudadana MAGALY CELIS GIL, titular de la Cédula de Identidad N° v- 5.579.452, de conformidad con el Punto de Cuenta N° 01, Agenda N° 37, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veintiséis (2026), quien ejercía el cargo de ANALISTA en la GERENCIA DE FORMACIÓN de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), Ente adSCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFoRMAcIóN, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
Artículo 2. El monto correspondiente por concepto de Jubilación Ordinaria, será la Cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON SETENTA Y SEIs CÉnTIMos (Bs. 331,76), equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del promedio de los últimos doce (12) salarios devengados por la trabajadora, resultante de aplicar al salario base el porcentaje de multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos coma cinco (2,5), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, dicho monto será homologado al salario mínimo nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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Artículo 3. La Oficina de Gestión Humana de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adsCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, qUeda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan a la ciudadana MAGALY CELIS GIL, titular de la Cédula de Identidad Nº v- 5.579.452, todo conforme con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Artículo 4. Se encomienda a la Oficina de Gestión Humana de la CoMIsIóN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adSCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, efectuar la notificación a la ciudadana MAGALY CELIS GIL, titular de la Cédula de Identidad N° v- 5.579.452, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5. Se ordena la publicación de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
ELENA KIRA MEDINA FERNÁNDEZ
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Designación y Delegación de firma otorgada mediante Resolución N° 002-2026, de fecha 16 de enero de 2.026, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°43.297, de la misma fecha. Reimpresa por error material en Resolución N° 004-2026 de fecha 29 de enero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial N° 43.321 de fecha 23 de febrero de 2026
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 216° 167° y 27°
Caracas, 10 de agosto de 2026.
RESOLUCIÓN N° 073-2026
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información MIGUEL ÁNGEL PÉREz PIRELA, designado mediante Decreto N° 5.213, de fecha 16 de enero de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.966 Extraordinario, de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 65 y 78 (numeral 19) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario del 17 de noviembre de 2014, y los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014;
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y la debida protección ante contingencias de previsión social;
CONSIDERANDO
Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución y desarrollado en las leyes, el cual puede ser objeto de regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e integridad del individuo que le corresponde; el cual está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO
Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social que la proteja ante contingencias de vejez, invalidez y demás circunstancias de previsión social;
CONSIDERANDO
Que el fin primordial del otorgamiento de la jubilación es proporcionar al trabajador jubilado condiciones de vida similares a las que gozaba al encontrarse en servicio activo, en reconocimiento a su entrega, dedicación y vocación de servicio;
CONSIDERANDO
Que el beneficio de la Jubilación Ordinaria es un derecho que el trabajador o trabajadora adquiere por la edad, en la cual haya alcanzado para el hombre sesenta (60) años y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años del tiempo de servicios en la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, a tenor:
"..El derecho a la jubilación lo adquiere el trabajador o trabajadora cuando hubiere cumplido los siguientes requisitos:
1. Cuando el trabajador o trabajadora haya alcanzado la edad de sesenta (60) años, si es hombre o de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años de servicio en la Administración Pública. (Resaltado de este Ministerio).
2. Cuando el trabajador o trabajadora haya cumplido treinta y cinco (35) años de servicio independientemente de la edad.
Parágrafo Primero: Para que nazca el derecho a la jubilación será necesario, en todo caso, que el trabajador o trabajadora haya efectuado no menos de sesenta (60) cotizaciones.
Parágrafo Segundo: Los años de servicio en la Administración Pública en exceso de veinticinco (25) serán tomados en cuenta como si fueran años de edad, a los fines del cumplimiento del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo. Este parágrafo es inaplicable para determinar el monto de la jubilación."
CONSIDERANDO Que la ciudadana DENIS COROMOTO MARTÍN LINARES, titular de la Cédula de Identidad N° v- 9.120.041, ha cumplido sesenta y un (61) años de edad y veintiséis (26) años de servicio comprobados en la Administración Pública Nacional, desempeñándose actualmente como ANALISTA en la GERENCIA DE REGIONES de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), ente adSCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN según la revisión exhaustiva realizada a su expediente por la Oficina de Gestión Humana de dicho ente;
página original (tal como se publicó)

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RESUELVE
Artículo 1. Otorgar, a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el beneficio de JUBILACIóN ORDINARIA a la CiUdadana DENIS COROMOTO MARTÍN LINARES, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.120.041, de conformidad con el Punto de Cuenta N° 01, Agenda N° 38, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veintiséis (2026), quien ejercía el cargo de ANALISTA en la GERENCIA DE REGIONES de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), ente adsCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, en concordancia con Io dispuesto en el artículo 8, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
Artículo 2. El monto correspondiente por concepto de Jubilación Ordinaria, será la Cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN BOLÍVARES CON TREINTA Y NUEVE CÉnTIMos (Bs. 321,39), equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del promedio de los últimos doce (12) salarios devengados por la trabajadora, resultante de aplicar al salario base el porcentaje de multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos coma cinco (2,5), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, dicho monto será homologado al salario mínimo nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3. La Oficina de Gestión Humana de la COMISIóN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adSCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan a la ciudadana DENIS COROMOTO MARTÍN LINARES, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 9.120.041, todo conforme con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Artículo 4. Se encomienda a la Oficina de Gestión Humana de la CoMIsIóN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adsCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, efectuar la notificación a la ciudadana DENIS COROMOTO MARTÍN LINARES, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.120.041, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5. Se ordena la publicación de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, ELENA KIRA MEDINA FERNÁNDEZ Directora General del Despaché Designación y Delegación de firma otorgada mediante Resolución N° 002-2026, de fecha 16 de enero de 2.026, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°43.297, de la misma fecha. Reimpresa por error material en Resolución N° 004-2026 de fecha 29 de enero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial N° 43.321 de fecha 23 de febrero de 2026
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 216° 167° y 27°
Caracas, 10 de agosto de 2026.
RESOLUCIÓN N° 074-2026
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información MIGUEL ÁNGEL PÉREz PIRELA, designado mediante Decreto N° 5.213, de fecha 16 de enero de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.966 Extraordinario, de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 65 y 78 (numeral 19) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario del 17 de noviembre de 2014, y los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014;
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y la debida protección ante contingencias de previsión social;
CONSIDERANDO
Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución y Estado, a fin de garantizar la protección e integridad del individuo que le corresponde; el cual está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO
Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social que la proteja ante contingencias de vejez, invalidez y demás circunstancias de previsión social;
CONSIDERANDO
Que el fin primordial del otorgamiento de la jubilación es proporcionar al trabajador jubilado condiciones de vida similares a las que gozaba al encontrarse en servicio activo, en reconocimiento a su entrega, dedicación y vocación de servicio;
CONSIDERANDO
Que el beneficio de la Jubilación Ordinaria es un derecho que el trabajador o trabajadora adquiere por la edad, en la cual haya alcanzado para el hombre sesenta (60) años y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años del tiempo de servicios en la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, a tenor:
página original (tal como se publicó)

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"..El derecho a la jubilación lo adquiere el trabajador o trabajadora cuando hubiere cumplido los siguientes requisitos:
1. Cuando el trabajador o trabajadora haya alcanzado la edad de sesenta (60) años, si es hombre o de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años de servicio en la Administración Pública. (Resaltado de este Ministerio).
2. Cuando el trabajador o trabajadora haya cumplido treinta y cinco (35) años de servicio independientemente de la edad.
Parágrafo Primero: Para que nazca el derecho a la jubilación será necesario, en todo caso, que el trabajador o trabajadora haya efectuado no menos de sesenta (60) cotizaciones.
Parágrafo Segundo: Los años de servicio en la Administración Pública en exceso de veinticinco (25) serán tomados en cuenta como si fueran años de edad, a los fines del cumplimiento del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo. Este parágrafo es inaplicable para determinar el monto de la jubilación."
CONSIDERANDO Que la ciudadana ROSA MARÍA PACHECO ARRIECHE, titular de la Cédula de Identidad Nº v- 9.963.546, ha cumplido cincuenta y nueve (59) años de edad y treinta y un (31) años de servicio comprobados en la Administración Pública Nacional, desempeñándose actualmente como JEFE DE DIVISIóN en la GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR DE COMISIÓN la NACIONAL TELECOMUNICACIONES de TELECOMUNICACIONES (CONATEL), ente adsCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SegÚn la revisión exhaustiva realizada a su expediente por la Oficina de Gestión Humana de dicho ente;
RESUELVE
Artículo 1. Otorgar, a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el beneficio de JUBILACIÓN ORDINARIA a la ciudadana ROSA MARÍA PACHECO ARRIECHE, titular de la Cédula de Identidad N° v- 9.963.546, de conformidad con el Punto de Cuenta N° 01, Agenda N° 39, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veintiséis (2026), quien ejercía el CargO de JEFE DE DIVISIÓN en la GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), ente adSCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFoRMAcIóN, en concordancia con lo dispuesto en el artícuio 8, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
Artículo 2. El monto correspondiente por concepto de Jubilación Ordinaria, será la Cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉnTIMos (Bs. 480,81), equivalente al setenta y siete coma cincuenta por ciento (77,50%) del promedio de los últimos doce (12) salarios devengados por la trabajadora, resultante de aplicar al salario base el porcentaje de multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos coma cinco (2,5), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la homologado al salario mínimo nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3. La Oficina de Gestión Humana de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adSCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, qUeda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan a la ciudadana ROSA MARÍA PACHECO ARRIECHE, titular de la Cédula de Identidad N° v- 9.963.546, todo conforme con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Artículo 4. Se encomienda a la Oficina de Gestión Humana de la CoMIsIóN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adsCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, efectuar la notificación a la ciudadana ROSA MARÍA PACHECO ARRIECHE, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.963.546, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5. Se ordena la publicación de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, ELENA KIRA MEDINA FERÑANDEZ Directora General del Despacho Ministerio del Poder Popular para la Comuracióneonformación Designación y Delegación de firma otorgada mediante Resolucion--002-2026, de fecha 16 de enero de 2.026, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°43.297, de la misma fecha. Reimpresa por error material en Resolución N° 004-2026 de fecha 29 de enero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial N° 43.321 de fecha 23 de febrero de 2026
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 216° 167° y 27°
Caracas, 10 de agosto de 2026.
RESOLUCIÓN N° 075-2026
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información MIGUEL ÁNGEL PÉREz PIRELA, designado mediante Decreto N° 5.213, de fecha 16 de enero de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.966 Extraordinario, de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 65 y 78 (numeral 19) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario del 17 de noviembre de 2014, y los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014;
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y la debida protección ante contingencias de previsión social;
CONSIDERANDO
Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución y desarrollado en las leyes, el cual puede ser objeto de regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e integridad del individuo que le corresponde; el cual está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
página original (tal como se publicó)

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CONSIDERANDO
Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, proteja ante contingencias de vejez, invalidez y demás circunstancias de previsión social;
CONSIDERANDO
Que el fin primordial del otorgamiento de la jubilación es proporcionar al trabajador jubilado condiciones de vida similares a las que gozaba al encontrarse en servicio activo, en reconocimiento a su entrega, dedicación y vocación de servicio;
CONSIDERANDO
Que el beneficio de la Jubilación Ordinaria es un derecho que el trabajador o trabajadora adquiere por la edad, en la cual haya alcanzado para el hombre sesenta (60) años y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años del tiempo de servicios en la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, a tenor:
"..El derecho a la jubilación lo adquiere el trabajador o trabajadora cuando hubiere cumplido los siguientes requisitos:
1. Cuando el trabajador o trabajadora haya alcanzado la edad de sesenta (60) años, si es hombre o de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años de servicio en la Administración Pública. (Resaltado de este Ministerio).
2. Cuando el trabajador o trabajadora haya cumplido treinta y cinco (35) años de servicio independientemente de la edad.
Parágrafo Primero: Para que nazca el derecho a la jubilación será necesario, en todo caso, que el trabajador o trabajadora haya efectuado no menos de sesenta (60) cotizaciones.
Parágrafo Segundo: Los años de servicio en la Administración Pública en exceso de veinticinco (25) serán tomados en cuenta como si fueran años de edad, a los fines del cumplimiento del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo. Este parágrafo es inaplicable para determinar el monto de la jubilación."
CONSIDERANDO
Que la ciudadana MARITZA ANTONIA CORTEZ GODOY, titular de la Cédula de Identidad N° v- 10.777.172, ha cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta y cuatro (34) años de servicio comprobados en la Administración Pública Nacional, desempeñándose actualmente como OBSERVADOR DE RADIO Y TV en la GERENCIA DE REGIONES de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), ente adsCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Según la revisión exhaustiva realizada a su expediente por la Oficina de Gestión Humana de dicho ente;
RESUELVE
Artículo 1. Otorgar, a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el beneficio de JUBILACIóN ORDINARIA a la ciudadana MARITZA ANTONIA CORTEZ GODOY, titular de la Cédula de Identidad N° V- 10.777.172, de conformidad con el Punto de Cuenta N° 01, Agenda N° 40, de fecha treinta (30) de julio del año dos mit veintiséis (2026), quien ejercía el cargo de OBSERVADoR DE RADIo Y TV en la GERENCIA DE REGIONES de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), ente adsCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
Artículo 2. El monto correspondiente por concepto de Jubilación Ordinaria, será la Cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMos (Bs. 395,56), equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio de los últimos doce (12) salarios devengados por la trabajadora, resultante de aplicar al salario base el porcentaje de multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos coma cinco (2,5), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, dicho monto será homologado al salario mínimo nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3. La Oficina de Gestión Humana de la COMISIóN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adsCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan a la ciudadana MARITZA ANTONIA CORTEZ GODOY, titular de la Cédula de Identidad N° V- 10.777.172, todo conforme con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Artículo 4. Se encomienda a la Oficina de Gestión Humana de la coMIsIóN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adsCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, efectuar la notificación a la ciudadana MARITZA ANTONIA cORTEz GODOY, titular de la Cédula de Identidad N° V- 10.777.172, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5. Se ordena la publicación de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
ELENA KIRA MEDINA FERNÁNDEZ
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Designación y Delegación de firma otorgada mediante Resolución N° 002-2026, de fecha 16 de enero de 2026, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°43.297, de la misma fecha. Reimpresa por error material en Resolución N° 004-2026 de fecha 29 de enero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial N° 43.321 de fecha 23 de febrero de 2026
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA
Caracas, 27 de octubre de 2026 216° y 167° RESOLUCIÓN N° 2026-0012
El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 7.025 (Extraordinario), del 22 de mayo de 2026, relativas a la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, otorgándole la potestad reglamentaria y organizativa interna para dictar las medidas estructurales necesarias que optimicen el funcionamiento de sus distintas Salas y dependencias judiciales; dicta la presente Resolución.
CONSIDERANDO
Que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho humano y fundamental a la tutela judicial efectiva, conforme al cual se garantiza que el Estado ofrecerá una justicia accesible, idónea, transparente, expedita y sin dilaciones indebidas, valores cardinales que obligan a esta máxima instancia a adecuar y agilizar de manera permanente su estructura organizativa;
CONSIDERANDO
Que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, faculta a la Sala Plena para crear e instalar Salas Especiales en cualquiera de las Salas que componen este Máximo Tribunal, en aquellos casos, cuando se acumulen por materia más de cien (100) causas pendientes para ser decididas, estableciendo para ellas un carácter eminentemente transitorio;
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución N° 2022-0008, del 14 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.570, del 14 de febrero de 2023, la Sala Plena de este Máximo Tribunal creó la Sala Especial Primera, con el objeto de conocer y decidir los expedientes recibidos en la Secretaría de la Sala Político- Administrativa hasta el mes de noviembre de 2022, previendo en su artículo 1, que ésta funcionaría durante el período de un (1) año, prorrogable sucesivamente, quedando formalmente instalada y constituida el 28 de abril de 2023;
CONSIDERANDO Que el funcionamiento de la referida Sala Especial Primera fue objeto de sucesivas prórrogas destinadas a garantizar la continuidad en la resolución de las causas asignadas, a saber: mediante Resolución N° 2023-0072 del 18 de diciembre de 2023, para el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 14 de diciembre de 2024; luego, mediante Resolución N° 2024-0016, del 10 de diciembre de 2024, para el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2024 y el 10 de diciembre de 2025; y, finalmente, mediante Resolución N° 2025-00024, del 9 de diciembre de 2025, cuyo artículo 1 acordó la prórroga más reciente que comprende desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 10 de diciembre de 2026;
CONSIDERANDO Que en la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 7.025 (Extraordinario), de fecha 22 de mayo de 2026, se modificó el artículo 8, determinándose, en consecuencia, una variación en el número de integrantes que componen las respectivas Salas de este Alto Tribunal, distribuido de la forma siguiente: la Sala Constitucional estará integrada por siete (7) Magistrados o Magistradas, y las demás Salas por cinco (5) Magistrados o Magistradas, cada una, situación que conlleva a contemplar una previsión funcional y estructural en las Salas.
CONSIDERANDO Que en fecha 4 de mayo de 2026, la Sala Plena acordó la reconstitución de la Junta Directiva y de las Salas que componen este Máximo Tribunal, cuya reorganización en la Sala Político-Administrativa implica a replantear la continuidad y vigencia de la Sala Especial Primera, situación que, asimismo, obliga a garantizar de forma plena el principio de celeridad procesal de aquellas causas que cursan en la mencionada Sala Especial, por tanto, esta condición justifica considerar su inmediata disolución con el fin de dar continuidad a estos asuntos en la Sala Principal o Sala Natural, competente en materia Político-Administrativa.
RESUELVE Artículo 1. DISOLUCIÓN Y CESE DE FUNCIONES. Se acuerda suprimir y, en virtud de ello, declarar el cese definitivo de funciones de la Sala Especial Primera de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, creada mediante Resolución de la Sala Plena N° 2022-0008, del 14 de diciembre de 2022. En .consecuencia, queda sin efecto la prórroga de funcionamiento acordada a favor de la Sala Especial Primera, aprobada en la Resolución dictada por la Sala Plena N° 2025-00024, de fecha 9 de diciembre de 2025.
Artículo 2. INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE CAUSAS. Se ordena a la Secretaría de la Sala Político-Administrativa, que en un lapso perentorio de cinco (5) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Resolución, efectuar el inventario detallado de la totalidad de los expedientes que contienen las causas que se encuentren en trámite en la Sala Especial Primera de la Sala Político-Administrativa, procediendo, en consecuencia, a la devolución de los mismos a la Sala Natural, a los fines de que la Presidencia de esta Sala practique la reasignación y distribución equitativa de ponencias entre los Magistrados que la integran.
Artículo 3. SITUACIÓN DEL PERSONAL. El personal que se encuentra adscrito a la Sala Especial Primera de la Sala Político-Administrativa, será reubicado conforme a la estructura organizativa de la Sala Político-Administrativa o a las distintas dependencias de este Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con las necesidades de servicio.
Artículo 4. EJECUCIÓN. El Presidente de la Sala Político-Administrativa queda encargado de la ejecución de lo previsto en la presente Resolución.
Artículo 5. PUBLICACIÓN. La presente Resolución iniciará su vigencia a partir de su aprobación por Sala Plena y publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial. Asimismo, se ordena su publicación en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a los veintisiete (27) días de octubre de dos mil veintiséis (2026).
Años: 216° de la Independencia y 167° de la Federación.
LA PRESIDEN
CARYSLIA BEATRIZ RODRIGUEZABODRIGUEZ
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PRIMER VICEPRESIDENTE, SEGONDA VICEPRESIDENTA, Deb C ELÍAS RUBÉN BITTAR ESCALONA TANIA D' AMELIO CARDIET
IRECTORAS, LOS DIREGORE
7 JAIME JESÚS BÁBAIMÉNEZ EMILIO ANTONIO RAMOS GONZÁLEZ
CARMEN MARISELA CASTRO GILLY LOS MAGISTRADOS Y LAS MAGISTRADAS,
OURDES BENICIA SUAREZ ANDHISO ANPABLO TORRES DELGADO
FANNY B. MÁRQ RDERO
GRIOELLXOPÉE DE ZACARTAS CENCIO A. FIGUEROA ARIZALETA Eeyficnf EULALIA C. GUERRERO RIVER DEL VALLE SOSA MARIÑO
ENEIDA ALEXANDRA MORENO PERÉZ MICHEL A. VELÁSQUEZGRILLET
IRONDÓGONZÁLEZ JANETTE T. GÓRDOVA CASTRO
EDELIO ISABEL GONZÁLEZ DÍAZ CARMEN HERNÁNDEZ ROBLES ANABEL
EL SECRETARJOT),
RESOLUCIÓN N° 2026-0013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA
Caracas, 27 de octubre de 2026 216° y 1670, RESOLUCIÓN N° 2026-0013
El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 7.025 (Extraordinario), del 22 de mayo de 2026, relativas a la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, dicta la presente Resolución.
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho de toda persona para acceder a los órganos de administración de justicia, garantizando el debido proceso y la tutela judicial efectiva, asegurando una justicia gratuita, accesible, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propugna a nuestra Nación como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, haciéndose indispensable a través del Poder Judicial, forjar la garantía de una justicia plena, imparcial, idónea, independiente y responsable para todos sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente aquellos que intervienen en el campo del conflicto con la ley penal, por lo que en aras del progreso insistente de una estructura organizacional, jurisdiccional y de los procesos en tan sensible materia, va en búsqueda de la plenitud de la tutela judicial eficaz y efectiva.
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra de forma absoluta el principio del Juez Natural, en las jurisdicciones ordinarias o especiales que correspondan.
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla a los adolescentes como sujetos plenos de derecho protegidos por la legislación, los órganos de administración de justicia especializados, garantizando los principios y derechos consagrados tanto en su texto como en los demás instrumentos normativos aplicables de carácter nacional e internacional.
CONSIDERANDO
Que, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prevé que corresponde a la Sección de Adolescentes de los tribunales penales el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, e igualmente las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal, enfatizando que a sus órganos de administración de justicia con competencia en la materia, les corresponderá el establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en que incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas.
CONSIDERANDO
Que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente (SRPA), es necesario adecuar la competencia de esta jurisdicción a los principios del juez natural y del interés superior del adolescente.
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CONSIDERANDO
Que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, como máximo órgano y rector del Poder Judicial, velar por el fiel cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás disposiciones del ordenamiento jurídico, con la finalidad de garantizar el respeto a la juridicidad, la paz y la protección de la integridad de sus ciudadanos y ciudadanas, y de las instituciones democráticas de nuestro país, mediante el desarrollo y diseño de políticas judiciales tendientes a optimizar el sistema de justicia penal y organización de los tribunales competentes para el conocimiento y juzgamiento de los delitos en el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
CONSIDERANDO
Que se hace indispensable a través del Poder Judicial la protección más eficaz de la diversidad de los derechos de las personas y la preservación de la seguridad jurídica frente a la complejidad de los ilícitos penales previstos en nuestro ordenamiento jurídico, la debida responsabilidad penal que tiene cada ciudadana y ciudadano frente al Estado venezolano por los hechos punibles cometidos, a la seguridad jurídica y a la justicia, a través de una sana y correcta administración de justicia.
CONSIDERANDO
Que es deber del Tribunal Supremo de Justicia en el marco de sus atribuciones de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, fortalecer la organización de los tribunales para la actuación en el proceso penal, garantizar la protección del orden público y los derechos ciudadanos con preeminencia a los principios fundamentales que propugna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los principios universales de la justicia, aún ante cualquier forma, clase o manifestación que origine, aliente, genere o permita toda actividad delictual inaceptable e incompatible en nuestro Estado Social de Derecho y de Justicia.
CONSIDERANDO
Que al Tribunal Supremo de Justicia, le corresponde hacer seguimiento a las causas que se encuentren ventilándose ante los tribunales especiales con competencia a nivel nacional en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, para abordar y resolver oportunamente las deficiencias estratégicas en la organización judicial, en pro de mejorar el control judicial en la investigación, el enjuiciamiento de los delitos y, en suma, la administración de justicia, y así garantizar un proceso sin dilaciones indebidas, ante un juez natural y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
CONSIDERANDO
Que al Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás disposiciones del ordenamiento jurídico; le corresponde ejercer las competencias otorgadas en el Código Orgánico Procesal Penal, en su Libro Final, Título I, de la Organización de los Tribunales, para la Actuación en el Proceso Penal, Capítulo I, De los Órganos Jurisdiccionales Penales, refiriéndose a los Circuitos Judiciales Penales, en su artículo 504, prevé que, "(..) Su organización, composición y funcionamiento se regirán por las disposiciones establecidas en este Código, (...) resoluciones y reglamentos que a tales fines dicte el Tribunal Supremo de Justicia. (...)".
CONSIDERANDO
Que en cada Circuito Judicial Penal, el tribunal de primera instancia en funciones de control, debe velar que el ius puniendi del Estado, se ejerza con respeto a los derechos y garantías fundamentales, debiendo evitar que se produzca una afectación en el ascenso excesivo de causas vinculadas a delitos asociados al terrorismo hacia la fase de juicio para el enjuiciamiento público de una persona sin una correcta calificación jurídica del tipo penal; situación que amerita la atención de este Alto Tribunal, en aras de erradicar cualquier eventualidad que vulnere las garantías fundamentales para una tutela judicial efectiva y fortalecer la administración de justicia.
CONSIDERANDO
Que el tribunal de primera instancia en funciones de control, debe cumplir con su obligación de ejercer el debido control formal y material de la acción penal, con el objeto de otorgarles a los procesados la seguridad jurídica de una debida calificación jurídica, lo que les permitirá realizar una efectiva defensa de forma idónea y apropiada, sin que se produzca una afectación a la garantía constitucional del juez natural ante el fuero atrayente de competencias penales especiales que no resulten aplicables.
RESUELVE
Artículo 1. Se modifica la estructura organizacional de los Tribunales de Primera Instancia del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para optimizar el servicio de administración de justicia en esta competencia especial.
Artículo 2. A los efectos del artículo 1, se suprime la competencia especial del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional, atribuida a los órganos jurisdiccionales que se especifican a continuación:
● Tribunal Séptimo (7°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que fungía además como Juzgado Especial Primero (1°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional.
• Tribunal Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que fungía además como Juzgado Especial Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional.
Artículo 3. El conocimiento, la sustanciación y la decisión de los procesos penales seguidos en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes en la fase de investigación e intermedia por los ilícitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es asignada a la totalidad de los Juzgados de Primera Instancia en Funciones de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes . de los distintos Circuitos Judiciales Penales de la República.
La determinación de la competencia en cada asunto concreto por la materia, el territorio y la conexión procesal se regirá estrictamente por las reglas, fueros e instituciones consagrados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aplicándose supletoriamente la legislación penal, sustantiva y procesal y, en su defecto el Código de Procedimiento Civil.
Artículo 4. Los asuntos nuevos ingresados con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Resolución, vinculados con delitos asociados al Terrorismo en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, serán distribuidos equitativamente entre los Tribunales de Primera Instancia en Funciones de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes de los distintos Circuitos Judiciales Penales de la República, para que continúen su trámite procesal, con estricta observancia del cumplimiento de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, como principios tutelados constitucionalmente.
Artículo 5. A los fines de garantizar la efectividad de la investigación penal, el resguardo de las técnicas especiales de investigación y la tutela judicial efectiva, la redistribución de causas que se encuentren en fase de investigación preparatoria se sujetará a las normas del Régimen de Excepción previsto en la presente Resolución.
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1: Aquellos expedientes donde conste la ejecución activa e inminente de una operación encubierta, entrega controlada, interceptación telefónica en tiempo real o medida cautelar urgente sin materializar, no se redistribuirán de inmediato. El Juez Especial suprimido mantendrá la competencia exclusivamente para culminar la diligencia o el procedimiento de urgencia en curso, fijándose un plazo máximo de 15 días hábiles para informar al Ministerio Público.
2: En las causas donde existan técnicas especiales archivadas o ejecutadas, las actuaciones confidenciales deberán ser foliadas en Cuaderno Separado y Sellado antes de su remisión, de conformidad con lo establecido en las normas del Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sobre resguardo del secreto de las actuaciones.
3: La remisión de estos expedientes no se hará a través del flujo ordinario de valija común, sino mediante Acta de Entrega Personal e Inmediata entre el Secretario del Tribunal suprimido, la Presidencia del Circuito Judicial Penal y el Juez de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes receptor designado mediante el sistema aleatorio automatizado.
4: Una vez recibido el expediente por el Juez de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, este asumirá de pleno derecho la competencia de la causa en el estado en que se encuentre, declarando la continuidad de las medidas acordadas bajo la competencia especial, siempre en resguardo del interés superior del adolescente.
Artículo 6. Se ordena a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dar publicidad a la supresión de la competencia especial de los Tribunales que se indican en la presente Resolución, mediante un cartel fijado en las puertas de los despachos suprimidos, en el Palacio de Justicia y en las áreas públicas del mismo.
Artículo 7. Se ordena a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, proceder de manera inmediata a la notificación del cese de funciones jurisdiccionales de las Juezas y Jueces del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional en los juzgados especiales indicados en el artículo 2, quedando a salvo los tramites inherentes en el Régimen de Excepción señalado en el Artículo 5 ambos de la presente Resolución.
Artículo 8. Se dejan sin efecto todas las Resoluciones e instrumentos de igual rango normativo que colidan con lo aquí dispuesto.
Artículo 9. Lo no previsto en la presente Resolución respecto a su ejecución, será resuelto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 10. La presente Resolución entrará en vigencia a partir su aprobación por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Así mismo, se ordena su publicación en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 11. Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tales publicaciones condicionen su vigencia.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los veintisiete (27) día del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).
Años: 216° de la Independencia y 167° de la Federación.
LA PRESIDENTA,
CARYSLIA BEATRIZ RODRIGUEXRUDNOUEZ
PRIMER VICEPRESIDENTE, SEGUNDA VICEPRESIDENTA, SaC UVARIANA ELÍAS RUBEN BITTAR ESCAONATANA D' AMELIO CARDIET
LOS DIRECTORESELAS DHRECTORAS,
JAIME JESÚS BÁEZ MÉNEZ EMILIO ANTONIO RAMOS GONZÁLEZ
Maeastio CARMEN MARISELA CASTRO GILLY
LOS MAGISTRADOS YIS MAGISTRADAS
JUPABLO TORRES DELGADO COURDES BENICIA SUAREZ ANDERSON
RANNY B. M GETIERREZ PARRA
INDEENCIO A. FIGUEROA ARIZALETA peyriac L VALLE SOSA MARIÑO EULALIA C. GUERRERO RIVERO
ANDRA MORENO PERÉZ MICHEL A. VELÁSQUE GRILLET
LUIS EMILIO RONDÓN GONZÁLEZ JANETTE T. CÓRDOVA CASTRO Lee ARMEN HERNÁNDEZ ROBLES FDELIO ISABEL GONZÁLEZ DÍAZ ANABEL
EL SECRETARIO
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)
Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.
Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.
Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.
Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela
Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.
http://www.imprentanacional.gob.ve
AÑO CLIV - MES I Número 43.489
Caracas, miércoles 28 de octubre de 2026
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