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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 43.487

26 de octubre de 2026 · 16 páginas
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AÑO CLIV - MES I Caracas, lunes 26 de octubre de 2026 Número 43.487

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto Nº 5.449, mediante el cual se nombra a los Miembros de la Junta Directiva de la empresa del Estado Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica; estará conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en él se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Miriam Albarrán González, como Responsable Académica; se designa a la ciudadana Yaxmareli Díaz Araujo, como Responsable Territorial; y se designa a la ciudadana Lilian Márquez Camacaro, como Secretaria, de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy “Arístides Bastidas” (UPTYAB).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA EL TRANSPORTE

INEA Providencia mediante la cual se nombra los Miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, de carácter permanente; estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA SALUD Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Génesis Norvielis Martínez Lodos, como Directora del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), "SANTA ANA" adscrita a la Dirección estadal de Salud del estado Anzoátegui.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Paola Sofía De La Rosa Amparan Parra, como Directora del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), "CHORRERÓN" adscrita a la Dirección estadal de Salud del estado Anzoátegui.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Lilibeth Alejandra González Jiménez, como Directora (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), "23 DE ENERO" adscrita a la Dirección de Salud del estado Monagas.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carla del Valle Escobar Díaz, como Defensora Delegada, en la Defensoría Delegada del estado Anzoátegui, adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Defensoría del Pueblo, en calidad de Titular.

DEFENSA PÚBLICA Resoluciones mediante las cuales se ordena la publicación, de los traspasos de créditos presupuestarios dentro de gastos de capital de la Defensa Pública, por las cantidades que en ellas se indican.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Resolución mediante la cual se crea, organiza y pone en funcionamiento un (1) Tribunal Superior en el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en La Villa del Rosario, municipio Rosario de Perijá, con competencia territorial en los municipios Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, La Cañada de Urdaneta, Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón y Francisco Javier Pulgar. Resolución mediante la cual se crea, organiza y pone en funcionamiento dos (02) Tribunales de Primera Instancia en el Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, extensión Perijá, con competencia territorial en los municipios: Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada y La Cañada de Urdaneta.

Resolución mediante la cual se modifica la estructura

organizacional de los Juzgados Especiales de Primera Instancia con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en el Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CÉDULA DE NOMBRES Y CARÁCTER APELLIDOS IDENTIDAD JUAN CRISÓSTOMO PRESIDENTE DE LA JUNTA V- 10.552.511 FERNÁNDEZ MANRIQUE DIRECTIVA FREDDY CLARET MIEMBRO PRINCIPAL DE V- 5.693.396 BRITO MAESTRE LA JUNTA DIRECTIVA MARTHA EVELIA MIEMBRO PRINCIPAL DE V- 6.086.803 TOVAR ZERPA LA JUNTA DIRECTIVA JOSÉ MIGUEL MIEMBRO PRINCIPAL DE V- 8.049.428 TORREALBA SANTIAGO LA JUNTA DIRECTIVA MIEMBRO PRINCIPAL DE VIANNEY MIGUEL V- 10.948.637 ROJAS GARCÍA LA JUNTA DIRECTIVA JOSÉ LUIS MIEMBRO PRINCIPAL DE V- 10.044.057 BETANCOURT GONZÁLEZ LA JUNTA DIRECTIVA PAOLA CAROLINA MIEMBRO PRINCIPAL DE V- 11.431.672 GÓMEZ RIVERO LA JUNTA DIRECTIVA GUSTAVO RAFAEL MIEMBRO PRINCIPAL DE V- 11.910.165 NÚÑEZ DÍAZ LA JUNTA DIRECTIVA MIEMBRO SUPLENTE DE LA MIGUEL GERARDO V- 9.601.572 JUNTA DIRECTIVA Y EREÚ MEDINA VICEPRESIDENTE FRANCISCO MARTÍN MIEMBRO SUPLENTE DE LA V- 5.571.595 MAYORA JUNTA DIRECTIVA ALBERTO JOANES MIEMBRO SUPLENTE DE LA V- 4.766.685 URDANETA URDANETA JUNTA DIRECTIVA JOSÉ GREGORIO MIEMBRO SUPLENTE DE LA V- 8.717.025 DUQUE PEÑA JUNTA DIRECTIVA TANIA ELIZABETH MIEMBRO SUPLENTE DE LA V- 9.671.491 MASEA LINARES JUNTA DIRECTIVA CARLOS ALFREDO MIEMBRO SUPLENTE DE LA V- 18.560.909 GONZÁLEZ JUNTA DIRECTIVA JOSÉ MARTÍN MIEMBRO SUPLENTE DE LA V- 14.073.543 MILANO RINCONES JUNTA DIRECTIVA LUIS ALFREDO MIEMBRO SUPLENTE DE LA V- 6.214.240 GALARRAGA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 2°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 3º. Delego en el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la juramentación de los referidos ciudadanos.

Dado en Caracas, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil veintiséis. Años 216° de la Independencia, 167° de la Federación y 27° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (L.S.) ROLANDO JOSÉ ALCALÁ MIRANDA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA

CARACAS, 26 DE 0CTUBRE DE 2026 RESOLUCIÓN N° 055 AÑOS 2160, 1670 y 270 La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, designada mediante Decreto Presidencial N° 5.287 de fecha 18 de marzo del 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 7.009 Extraordinario de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 78 numerales 1, 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo dispuesto en las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto N° 1.224 de fecha 03 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial No 40.547 de fecha 24 de noviembre de 2014, mediante el cual se crea la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy "Arístides Bastidas" (UPTYAB), y el artículo 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Despacho Ministerial,

RESUELVE

Artículo 1. Designar a la ciudadana MIRIAM ALBARRÁN GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° v-10.858.939, como Responsable Académica de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy "Arístides Bastidas" (UPTYAB), con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2. Designar a la ciudadana YAXMARELI DÍAZ ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° V-7.911.006, como Responsable Territorial de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy "Arístides Bastidas" (UPTYAB), con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 3. Designar a la ciudadana LILIAN MÁRQUEZ CAMACARO, titular de la cédula de identidad N° V-11.274.179, como Secretaria de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy "Arístides Bastidas" (UPTyAB), con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 4. Las ciudadanas designadas mediante la presente Resolución, antes de asumir sus funciones, prestarán juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de enmarcar sus acciones dentro de lo establecido en las leyes y demás actos normativos, y de rendir cuentas de sus actuaciones a la Ministra o al Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, en los términos y condiciones que determine la ley.

Artículo 5. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, ANA MARÍA SANJUÁN MA MINISTRA DEL PODER POPU PARA LA EDUCACIÓN UNIVE SITARIA 2026 Decreto Nº 5.287 de fecha 18 de marzo G.O.R.B.V E. N° 7.009 Extraordinario de fecha 18 d

página original (tal como se publicó)Página 2 de la Gaceta

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Lunes 26 de octubre de 2026 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 473.423

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA EL TRANSPORTE

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA SALUD

página original (tal como se publicó)Página 3 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DESPACHO DEL MINISTRO

CARACAS, 19 DE 0CTUBRE DE 2026 216º 167° y 27°

RESOLUCIÓN N° 595

El Ministro del Poder Popular para la Salud, designado mediante Decreto N° 5.320 de fecha 17 de abril de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 7.022 Extraordinario, de fecha 17 de abril de 2026, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78 numerales 1, 2, 19 y 27 del Decreto N° 1424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con el artículo 5 numeral 2 y artículo 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de acuerdo con las competencias establecidas en los artículos 46 y 17 numeral 2 del Decreto N° 2.378, Sobre la Organización General de la Administración Publica Nacional, con lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Resolución N° 007 de fecha 04 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.564 de fecha 15 de enero de 2019, de conformidad con el artículo 3 de la Resolución N° 033 de fecha 20 de febrero de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.886 de fecha 25 de mayo de 2020, y el artículo 44 numeral 3 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, este Despacho Ministerial,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar a la ciudadana PAOLA SOFÍA DE LA ROSA AMPARAN PARRA titular de la cédula de identidad N° V-19.156.008, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como DIRECTORA DEL ÁREA DE SALUD INTEGRAL COMUNITARIA (ASIC), "CHORRERON" adscrita a la Dirección Estadal de Salud del Estado Anzoátegui.

ARTícuLo 2. Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firme, de conformidad con lo previsto en el presente acto administrativo, deben indicar inmediatamente bajo la firma, el nombre de quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según lo establecido en el artículo 18 numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

ARTÍCULO 3. La DIRECTORA DEL ÁREA DE SALUD INTEGRAL COMUNITARIA (ASIC), "CHORRERON" deberá mensualmente rendir cuenta Popular para la Salud; así como, deberá cumplir con las líneas estratégicas derivadas del Despacho del Viceministerio de Redes de Atención Ambulatoria de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

ARTícuLo 4. La presente Resolución, entrara en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (E) Decreto N° 5.320 de fecha 17 de abril de 2026.

Gaceta Oficial N° 7.022 Extraordinario de fecha 17 de abril de 2026.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DESPACHO DEL MINISTRO

CARACAS, 19 DE 0CTUBRE DE 2026 2160 167° y 270

RESOLUCIÓN N° 596

El Ministro del Poder Popular para la Salud, designado mediante Decreto N° 5.320 de fecha 17 de abril de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 7.022 Extraordinario, de fecha 17 de abril de 2026, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78 numerales 1, 2, 19 y 27 del Decreto N° 1424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con el artículo 5 numeral 2 y artículo 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de acuerdo con las competencias establecidas en los artículos 46 y 17 numeral 2 del Decreto N° 2.378, Sobre la Organización General de la Administración Publica Nacional, con lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Resolución N° 007 de fecha 04 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.564 de fecha 15 de enero de 2019, de conformidad con el artículo 3 de la Resolución N° 033 de fecha 20 de febrero de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.886 de fecha 25 de mayo de 2020, y el artículo 44 numeral 3 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, este Despacho Ministerial,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar a la Ciudadana LILIBETH ALEJANDRA GONZÁLEZ JIMÉNEZ titular de la cédula de identidad N° V-14.118.571, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como DIRECTORA (E) DEL ÁREA a la Dirección de Salud del Estado Monagas.

ARTícuLo 2. Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firme, de conformidad con lo previsto en el presente acto administrativo, deben indicar inmediatamente bajo la firma, el nombre de quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según lo establecido en el artículo 18 numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

ARTÍCULO 3. La DIRECTORA (E) DEL ÁREA DE SALUD INTEGRAL COMUNITARIA (ASIC), "23 DE ENERO" deberá mensualmente rendir cuenta Popular para la Salud; así como, deberá cumplir con las líneas estratégicas derivadas del Despacho del Viceministerio de Redes de Atención Ambulatoria de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

ARTícuLo 4. La presente Resolución, entrara en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese yPublíquese, CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (E) Decreto N° 5.320 de fecha 17 de abril de 2026.

Gaceta Oficial N° 7.022 Extraordinario de fecha 17 de abril de 2026.

página original (tal como se publicó)Página 4 de la Gaceta

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DEFENSORÍA DEL PUEBLO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

Caracas, 14 de octubre de 2026 216° y 167° RESOLUCIÓN N°DdP-2026-152

EGLÉE GONZÁLEZ LOBATO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-8.810.766, Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 09 de abril 2026, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°43.351, de la misma fecha, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 37.995, de fecha 05 de agosto de 2004, en concordancia con lo previsto en el artículo 10 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución N°DdP- 2016-048, de fecha 04 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.959 del 04 de agosto 2016.

RESUELVE

Designar a la ciudadana CARLA DEL VALLE ESCOBAR DÍAZ, titular de la cédula de identidad N°V-10.286.230, como DEFENSORA DELEGADA, en la DEFENSORÍA DELEGADA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Defensoría del Pueblo, en calidad de Titular, a partir del 01 de octubre de 2026, de acuerdo a Punto de Cuenta de la misma fecha.

Comuníquese y publíquese, ARIA

PEP EGLÉE GONZÁLEZ LOBATO Defensora del Pueblo

DEFENSA PÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA DDPG-2026-265

Caracas, 20 de octubre de 2026 216°, 167° y 27° El Defensor Público General, Dr. DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° v 12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 14 numerales 1 y 6 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el título VII, numerales 3 y 4 del Manual del Sistema de Modificaciones Presupuestarias de la Defensa Pública 2026.

CONSIDERANDO

Que la Defensa Pública es un órgano constitucional del Sistema de Justicia con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible, bajo la dirección y responsabilidad del Defensor Público General.

CONSIDERANDO

Sistema de Modificaciones Presupuestarias de la Defensa Pública, los traspasos entre gasto de capital y de gasto corriente para gasto de capital, incluidos los señalados en el numeral 3 ejusdem, cuya autorización compete a la Directora o Director Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela mediante Resolución dictada por el Defensor Público General, con indicación de las respectivas imputaciones presupuestarias.

RESUELVE ÚNICo: oRDENAR la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de los traspasos de créditos presupuestarios dentro de gastos de capital de la Defensa Pública, por la cantidad de Doscientos Setenta y Un Mil Doscientos Noventa Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 271.290,00), proveniente de la fuente de financiamiento 1 "Ingresos Ordinarios", previamente autorizados por la Directora o Director Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Organizacional de la Defensa Pública, cuya imputación presupuestaria es la siguiente:

Acción Gestión Proyecto:

Administrativa Bs.

271.290,00

69.0002.000 Apoyo Institucional a las Acciones

69.0002.001 Específicas de los Acción del Proyectos Organismos".

Específica

271.290,00

Partida

4.04 Activos Reales

271.290,00 FF -Ingresos Ordinarios Sub-partidas Genéricas, Específicas Equipos de Computación Subespecíficas 09.02.00

271.290,00 PARA:

Partida

4.04 Activos Reales

271.290,00 FF -Ingresos Ordinarios Sub-partidas Genéricas, Específicas Mobiliario y Equipos de Subespecíficas 09.03.00 271.290,00 alojamiento 11 Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y Publíquese, Dr DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEPENSOR PÚBLICO GENERAL D°Désigado'mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de,2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bofivariana;de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022.

página original (tal como se publicó)Página 5 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA DDPG-2026-266

Caracas, 20 de octubre de 2026 216°, 167° y 27° El Defensor Público General, Dr. DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V 12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 14 numerales 1 y 6 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el título VII, numerales 3 y 4 del Manual del Sistema de Modificaciones Presupuestarias de la Defensa Pública 2026.

CONSIDERANDO

Que la Defensa Pública es un órgano constitucional del Sistema de Justicia con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible, bajo la dirección y responsabilidad del Defensor Público General.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el título VII, numeral 4 del Manual del Sistema de Modificaciones Presupuestarias de la Defensa Pública, los traspasos entre gasto de capital y de gasto corriente para gasto de capital, incluidos los señalados en el numeral 3 ejusdem, cuya autorización compete a la Directora o Director Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela mediante Resolución dictada por el Defensor Público General, con indicación de las respectivas imputaciones presupuestarias.

RESUELVE ÚNICo: oRDENAR la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de los traspasos de créditos presupuestarios dentro de gastos de capital de la Defensa Pública, por la cantidad de Ciento Veintiocho Mil Doscientos Sesenta y Cinco Bolívares Con Cero Céntimos (Bs. 128.265,00), proveniente de la fuente de financiamiento 1 "Ingresos Ordinarios", previamente autorizados por la Directora o Director Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Organizacional de la Defensa Pública, cuya imputación presupuestaria es la siguiente:

Acción Gestión Administrativa Bs.

69.0002.000

128.265,00 Proyecto:

Apoyo Institucional las Acciones a

69.0002.001 Específicas de los Acción Proyectos del Organismos".

Específica 11

128.265,00 DE:

4.04 Partida

128.265,00 Activos Reales "1 -Ingresos FF Ordinarios Sub-partidas Genéricas, Específicas Equipos de 128.265,00 Subespecíficas 09.02.00 computación "1

PARA:

Activos Reales Partida

4.04

128.265,00 -Ingresos FF Ordinarios Sub-partidas Genéricas, de Específicas Equipos 128.265,00 Subespecíficas 05.01.00 11 telecomunicaciones

Caracas.

Comuníquese y Publíquese, Dr. DANIELAUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Designade mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de Gea2r-publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA

Caracas, 13 de octubre de 2026 216° y 167°

RESOLUCIÓN N° 2026-008

De conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a este Alto Tribunal, la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano y rector del Poder Judicial, el cual goza de autonomía funcional, financiera y administrativa, conforme lo consagra el artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 1 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 2, 19 y 26, propugna a nuestra Nación como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, haciéndose indispensable, a través del Poder Judicial, forjar la garantía plena de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; para todos sus ciudadanos y ciudadanas, por lo que en aras del progreso insistente de una estructura organizacional, jurisdiccional y de los procesos, va en búsqueda de la plenitud de la tutela judicial efectiva, eficaz y para la protección en la diversidad de los derechos y la preservación de la seguridad jurídica, a cuyo propósito deberán ponerse a su disposición recursos tanto humanos como orgánicos, procesales como sustanciales, con el fin de que se respeten y protejan los contenidos de las garantías a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y el no sacrificio de la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

CONSIDERANDO

Que el 10 de diciembre de 2007, entró en vigencia la reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.859, en la cual se estableció en el artículo 680, un período de vacatio legis de seis (6) meses después de su publicación.

CONSIDERANDO

Que en fecha 08 de junio de 2015, fue reformada parcialmente la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.185, extraordinario, prevé la organización de los Tribunales de Protección en Circuitos Judiciales.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal Supremo de Justicia tiene el deber de apreciar los recursos humanos, presupuestarios y técnicos existentes en el Poder Judicial, para la optimización del Sistema de Administración de Justicia y garantizar así la celeridad de la misma.

página original (tal como se publicó)Página 6 de la Gaceta

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CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 2011-0045 de fecha 03 de agosto de 2011, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia creó el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en La Villa del Rosario, Municipio Rosario de Perijá, con competencia territorial en los Municipios Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, La Cañada de Urdaneta, Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón y Francisco Javier Pulgar. Su organización y funcionamiento se regirá según lo establecido en las disposiciones siguientes y aquellas que tal efecto dicte el Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO

Que el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en La Villa del Rosario, Municipio Rosario de Perijá, está conformado por cuatro (4) Tribunales de Primera Instancia, denominados: Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes;

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; e igualmente, por un (1) Tribunal de Primera Instancia de Juicio denominado: Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

CONSIDERANDO

Que en los Municipios Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, La Cañada de Urdaneta, Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón y Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, existe un gran número de habitantes quienes ven vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes que habitan esa entidad zuliana, al carecer el Circuito Judicial de Protección local de un Tribunal Superior dentro de su estructura, lo que obstaculizar la resolución oportuna de los conflictos y genera una percepción de afectación a la tutela judicial efectiva y a la proximidad de la justicia en la atención de los problemas de protección.

CONSIDERANDO

Que la distancia aproximada que existe entre los habitantes de los Municipios Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, La Cañada de Urdaneta, Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón y Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, y los Circuitos Judiciales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con sede en los Municipios Cabimas y Maracaibo —dónde operan los tribunales superiores competentes-, puede superar una (1) hora por carretera hasta alcanzar un máximo de seis (6) horas, lo que constituye una consecuencia directa de la inexistencia de un Tribunal Superior dentro de la estructura del circuito judicial local, obligando a los justiciables y a sus defensores técnicos, realizar grandes desplazamientos para el ejercicio efectivo de la defensa técnica en alzada, impidiendo de forma evidente el acceso expedito a la justicia y justificando plenamente la creación de un (1) Tribunal Superior en la localidad.

CONSIDERANDO

Que en el estado Zulia, para la fecha existen condiciones apropiadas para la instalación de nuevos Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la Región de Perijá, Municipio Rosario de Perijá, lo que constituirá la reducción de mora judicial, la optimización de la gestión administrativa y jurisdiccional y el fortalecimiento del principio de inmediación al permitir que los jueces y funcionarios se encuentren más próximos a los lugares donde habitan los usuarios y usuarias para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías.

RESUELVE

Artículo 1. Crear, organizar y poner en funcionamiento un (1) Tribunal Superior en el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en La Villa del Rosario, Municipio Rosario de Perijá, con competencia territorial en los Municipios Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, La Cañada de Urdaneta, Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón y Francisco Javier Pulgar.

Artículo 2. Se crea el Tribunal Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en La Villa del Rosario, Municipio Rosario de Perijá, con competencia territorial en los Municipios Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, La Cañada de Urdaneta, Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón y Francisco Javier Pulgar, con competencia para conocer de los asuntos que le sean distribuidos.

Artículo 3. El Tribunal Superior Primero (1) del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en La Villa del Rosario, Municipio Rosario de Perijá, tendrá competencia material para conocer y decidir en segunda instancia sobre todas las acciones, recursos de apelación y demás incidencias legales originadas en los tribunales de primera instancia de dicho circuito, en los asuntos relativos a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 4. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura dotará de la infraestructura, mobiliario, equipos de tecnología, telecomunicaciones, talento humano y demás insumos necesarios para la ejecución y normal funcionamiento del Tribunal creado en la presente Resolución.

Artículo 5. El juez o jueza que sea designado en el Tribunal Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en La Villa del Rosario, Municipio Rosario de Perijá, deberá participar en los programas de formación, capacitación y actualización en dicha materia que a tal efecto planifique y ejecute la Escuela Nacional de la Magistratura.

Artículo 6. Lo no previsto en la presente Resolución, será resuelto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a instancia de la Sala de Casación Social.

Artículo 7. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 8. Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tal publicación condicione su vigencia; asimismo, se ordena su publicación en la página web de este Alto Tribunal.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Años: 216° de la Independencia y 167° de la Federación.

LA PRESIDENTÀ

CARYSLIA BEATRIZ RODRÍGUEZ ROBRÍGUEZ

página original (tal como se publicó)Página 7 de la Gaceta

Página 8

PRIMER VICEPRESIDENTE, SEGUNDA-VICEPRESIDENTA, SoukC

LOS DIRECTORES Y LAS DIRECTORAS,

JAIME JESÚS BAZAMENEZRIDIONHONIO RAMOS GONZÁLEZ

tio

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY

LOS MAGISTRADOS Y LAS MAGISTRADAS,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA— TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA

COURDESBENICIA SUÁREZ ANDERSONJUPABLO FORRES DELGADO

FANNY B.MÁRQU TIERREZ PARRA

CIO A. FIGUEROA ARIZAIETA GRISELLLÓPEZ DEZACARIAS INO

pupeflico EULALIA C. GUERRERO RINERO JACOURENE IEL VALLE SOSA MARIÑO

MICHEL A. VELÁSQUEZ GRILLET ENEIDA ALRANDRA MORENO PERÉZ

mm LUIS EMILIO RONDÓN GONZÁLEZ JANETTE T. CÓRDOVA CASTRO

ANABEL DEL CARMEN BERNÁNDEZ ROBLES EDELIO ISABEL GONZALEZ DÍAZ

EL SECRETARIO,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA

Caracas, 13 de octubre de 2026 216° y 167° RESOLUCIÓN N° 2026-0009

De conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a este Alto Tribunal, la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial.

CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano y rector del Poder Judicial, el cual goza de autonomía funcional, financiera y administrativa, conforme lo consagra el artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 1 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 2, 19 y 26, propugna a nuestra Nación como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, haciéndose indispensable, a través del Poder Judicial, forjar la garantía plena de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; para todos sus ciudadanos y ciudadanas, por lo que en aras del progreso insistente de una estructura organizacional, jurisdiccional y de los procesos, va en búsqueda de la plenitud de la tutela efectiva, eficaz y para la protección en la diversidad de los derechos y la preservación de la seguridad jurídica, a cuyo propósito deberán ponerse a su disposición recursos tanto humanos como orgánicos, procesales como sustanciales, con el fin de que se respeten y protejan los contenidos de las garantías a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y el no sacrificio de la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

CONSIDERANDO

Que el 13 de agosto de 2002, se publicó la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.504, cuya ley estableció un período de vacatio legis de un (1) año, por lo que entró en vigencia plena el 13 de agosto de 2003.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se prevé la organización de los Tribunales del Trabajo en Circuitos Judiciales previendo tal artículo que la misma estará conformada por dos instancias, siendo la primera integrada por los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, y los Tribunales de Juicio del Trabajo y una segunda instancia integrada por los Tribunales Superiores del Trabajo.

CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo de Justicia tiene el deber de apreciar los recursos humanos, presupuestarios y técnicos existentes en el Poder Judicial, para la optimización del Sistema de Administración de Justicia y garantizar así la celeridad de la misma.

página original (tal como se publicó)Página 8 de la Gaceta

Página 9

CONSIDERANDO Que mediante Resolución N° 2003-0025 de fecha 06/08/2003, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia creó la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Su organización y funcionamiento se regirá según lo establecido en las disposiciones siguientes y aquellas que tal efecto dicte el Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO

Que la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia con sede en Maracaibo, a la presente fecha se encuentra conformada por Cuatro (04) Juzgados de Segunda Instancia denominados: Juzgado Primero (1°) Superior, Juzgado Segundo (2°) Superior, Juzgado Cuarto (4°) Superior y Juzgado Quinto (5°) Superior;

de igual manera se encuentran conformado por Siete (07) Juzgados de Primera Instancia en funciones de juicio denominados: Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia de Juicio, Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio, Juzgado Cuarto (4°) de Primera Instancia de Juicio, Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio, Juzgado Sexto (6°) de Primera instancia de Juicio, Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia de Juicio y, Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia de Juicio; y por Doce (12) Tribunales de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución, denominados: Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, Juzgado Noveno (9°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, Juzgado Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, Juzgado Décimo Segundo (12°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, Juzgado Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, Juzgado Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, y Juzgado Décimo Sexto (16°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución.

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 2025-0011 de fecha 04/06/2025, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia creó dos (02) Tribunales de Primera Instancia en el Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, extensión Santa Bárbara del Zulia del Municipio Colón, con competencia territorial en los Municipios: Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre, los cuales están conformados por: Un (01) Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución que se denomina Tribunal Décimo Séptimo (17°) de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del estado Zulia, extensión Santa Bárbara del Zulia. Un (01) Tribunal de Primera Instancia de Juicio que se denomina: Tribunal Décimo (10°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del estado Zulia, extensión Santa Bárbara del Zulia.

CONSIDERANDO Que en la Región de Perijá, Municipio Rosario de Perijá del estado Zulia, existe un gran número de trabajadores y trabajadoras de las áreas agroproductivas, industriales y del comercio, quienes requieren contar con una sede Judicial dónde poder ventilar sus acciones de índole laboral, y con ello garantizar la participación ciudadana, la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y optimización de los recursos, la colaboración interinstitucional, evaluación, monitoreo, así como la inclusión social, conduciendo asimismo a promover la legitimidad, la eficiencia, la efectividad de la administración de justicia y la confianza en la colectividad en cuanto a la atención de sus controversias laborales.

CONSIDERANDO

Que la distancia territorial que existe entre los habitantes de la Región de Perijá y la ciudad de Maracaibo, es de aproximadamente (177 km), lo que impide de forma evidente el acceso a la justicia de los trabajadores y las trabajadoras, razones éstas que justifican la creación de dos (02) Tribunales de Primera Instancia, uno (01) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución y, uno (01) de Primera Instancia de Juicio extensión Perijá.

CONSIDERANDO

Que en el estado Zulia, para la fecha existen condiciones apropiadas para la instalación y funcionamiento de nuevos Tribunales Laborales en la Región de Perijá, Municipio Rosario de Perijá, lo que contribirá a la reducción de la mora judicial, la optimización de la gestión administrativa y jurisdiccional, incluido el fortalecimiento del principio de inmediación al permitir que los jueces y funcionarios se encuentren más próximos a los lugares donde se originan los conflictos laborales.

RESUELVE:

Artículo 1° Crear, organizar y poner en funcionamiento dos (02) Tribunales de Primera Instancia en el Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, extensión Perijá, con competencia territorial en los Municipios:

Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada y La Cañada de Urdaneta.

Artículo 2° Se crea el Tribunal Décimo Octavo (18°) de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del estado Zulia, extensión Perijá.

Artículo 3° Se crea el Tribunal Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del estado Zulia, extensión Perijá.

Artículo 4° Se atribuye la competencia a los Juzgados Superiores del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de la ciudad de Maracaibo, para conocer en Segunda Instancia.

Artículo 5° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura dotará de la infraestructura, mobiliario, equipos de tecnología, telecomunicaciones, talento humano y demás insumos necesarios para la ejecución y normal funcionamiento de los tribunales creados en la presente Resolución.

Artículo 6° Los Jueces y Juezas que sean designados y designadas en los Tribunales con competencia en materia Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, deberán participar en los programas de formación, capacitación y actualización en dicha materia que a tal efecto planifique y ejecute la Escuela Nacional de la Magistratura.

Artículo 7° Lo no previsto en la presente Resolución, será resuelto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a instancia de la Sala de Casación Social.

Artículo 8° La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 9° Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tal publicación condicione su vigencia; asimismo, se ordena su publicación en la página web de este Alto Tribunal.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Años: 216° de la Independencia y 167° de la Federación.

página original (tal como se publicó)Página 9 de la Gaceta

Página 10

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZU LA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA PLENA

SEGUNDA VICEPRESIDENTA, PRIMER VICEPRESIDENTE,

ELAS ROBÉN BITTAR ESCALONA TANIA D' AMELIO CARDIET

LOS DIRECTORES YEAS DIRECTORAS,

JAIME JESÚS BÁEMENEZ EMLIO ANTONIG RAMOS GONZÁLEZ

Malasto

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY

LOS MAGISTRADOS Y LAS MAGISTRARAS,

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON JANABLO TORRES DELGADO

FANNY B. MÁRQUBZR JOSE UIS CUTIÉRREZPARRA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUEIÃ TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA

PCENCIO A FIGUEROARIZALETA GRISELLOREDE ZAGARÍAS

lukliaen EULALIA C. GUERRERO RIVERO JACOUIANE BEVALLE SOSA MARIÑO

MICHEL A, VELÁSQUEZGRILLET ENEIDA AVEXANDRA MORENO PERÉZ

funtu JANETTE T. CÓRDOV CASTRO JUIS EMLIO RONDÓN GONZÁLEZ

ANABEL DEL QARMMHERNÁNDEZ ROBLES ÉDELIO ISABEL GONZÁLEZ DÍAZ

EL SECRETARIO

página original (tal como se publicó)Página 10 de la Gaceta

Página 11

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA

Caracas, 13 de octubre de 2026 216° y 167°

RESOLUCIÓN N° 2026-0010

El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 7.025 (Extraordinario), del 22 de mayo de 2026, relativas a la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, icta la presente Resolución.

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho que tiene toda persona de acceso a los órganos de administración de justicia, por ser un servicio público esencial, que garantiza el derecho humano al debido proceso, derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses y la obtención de una pronta decisión; con garantía de una justicia gratuita, accesible equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propugna a nuestra Nación como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, haciéndose indispensable a través del Poder Judicial, forjar la garantía de una justicia plena, imparcial, idónea, independiente y responsable para todos sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente aquellos que intervienen en el campo del conflicto con la ley penal, por lo que en aras del progreso insistente de una estructura organizacional, jurisdiccional y de los procesos en tan sensible materia, va en búsqueda de la plenitud de la tutela judicial eficaz y efectiva.

CONSIDERANDO

Que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, como máximo órgano y rector del Poder Judicial, velar por el fiel cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás disposiciones de ordenamiento jurídico, con la finalidad de garantizar el respeto a la juridicidad, la paz y la protección de la integridad de sus ciudadanos y ciudadanas, y de las instituciones democráticas de nuestro país, mediante el desarrollo y diseño de políticas judiciales tendientes a optimizar el sistema de justicia penal y organización de los tribunales competentes para el conocimiento y juzgamiento de los delitos.

CONSIDERANDO

Que se hace indispensable a través del Poder Judicial la protección más eficaz de la diversidad de los derechos de las personas y la preservación de la seguridad jurídica frente a la complejidad de los ilícitos penales previstos en nuestro ordenamiento jurídico, la debida responsabilidad penal que tiene cada ciudadano frente al Estado venezolano por los hechos punibles cometidos, a la seguridad jurídica y a la justicia, a través de una sana y correcta administración de justicia.

CONSIDERANDO

Que es deber del Tribunal Supremo de Justicia en el marco de sus atribuciones de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, fortalecer la organización de los tribunales para la actuación en el proceso penal, garantizar la protección del orden público y los derechos ciudadanos con preeminencia a los principios fundamentales que propugna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los principios universales de la justicia, aún ante cualquier forma, clase o manifestación que origine, aliente, genere o permita toda actividad delictual inaceptable e incompatible en nuestro Estado Social de Derecho y de Justicia.

CONSIDERANDO

Que al Tribunal Supremo de Justicia, le corresponde hacer seguimiento a las causas que se encuentren ventilándose ante los tribunales especiales con competencia a nivel nacional, para abordar y resolver oportunamente las deficiencias estratégicas en la organización judicial, en pro de mejorar el control judicial en la investigación, el enjuiciamiento de los delitos y, en suma, la administración de justicia, y así garantizar un proceso sin dilaciones indebidas, ante un juez natural y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.

CONSIDERANDO

Que al Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás disposiciones del ordenamiento jurídico;

le corresponde ejercer las competencias otorgadas en el Código Orgánico Procesal Penal, en su Libro Final, Título I, de la Organización de los Tribunales, para la Actuación en el Proceso Penal, Capítulo I, De los Órganos Jurisdiccionales Penales, refiriéndose a los Circuitos Judiciales Penales, en su artículo 504, prevé que, “(..) Su organización, composición y funcionamiento se regirán por las disposiciones establecidas en este Código, (..) resoluciones y reglamentos que a tales fines dicte el Tribunal Supremo de Justicia. (...)".

CONSIDERANDO

Que en cada Circuito Judicial Penal, el tribunal de primera instancia en funciones de control, debe velar que el ius puniendi del Estado, se ejerza con respeto a los derechos y garantías fundamentales, debiendo evitar que se produzca una afectación en el ascenso excesivo de causas vinculadas a delitos asociados al terrorismo hacia la fase de juicio para el enjuiciamiento público de una persona sin una correcta calificación jurídica del tipo penal; situación que amerita la atención de este Alto Tribunal, en aras de erradicar cualquier eventualidad que vulnere las garantías fundamentales para una tutela judicial efectiva y fortalecer la administración de justicia.

página original (tal como se publicó)Página 11 de la Gaceta

Página 12

CONSIDERANDO Que el tribunal de primera instancia en funciones de control, debe cumplir con su obligación de ejercer el debido control formal y material de la acción penal, con el objeto de otorgarles a los procesados la seguridad jurídica de una debida calificación jurídica, lo que les permitirá realizar una efectiva defensa de forma idónea y apropiada, sin que se produzca una afectación a la garantía constitucional del juez natural ante el fuero atrayente de competencias penales especiales que no resulten aplicables.

RESUELVE

Artículo 1. Se modifica la estructura organizacional de los Juzgados Especiales de Primera Instancia con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en el Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para optimizar el servicio de administración de justicia en esta competencia especial.

Artículo 2. A los efectos del artículo 1, se suprime la competencia especial en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional, atribuida a los órganos jurisdiccionales que se especifican a continuación:

• Tribunal Trigésimo (30°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que fungía además como Juzgado Especial Primero (1°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional.

• Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que fungía además como Juzgado Especial Segundo (2°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional.

• Tribunal Quincuagésimo Segundo (52°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que fungía además como Juzgado Especial Tercero (3°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional.

• Tribunal Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que fungía además como Juzgado Especial Cuarto (4°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional.

Artículo 3. El conocimiento, la sustanciación y la decisión de los procesos penales seguido en la fase de investigación e intermedias por los ilícitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es asignada a la totalidad de los Juzgados de Primera Instancia Estadales en Funciones de Control de los distintos Circuitos Judiciales Penales de la República.

La determinación de la competencia en cada asunto concreto por la materia, el territorio y la conexión procesal se regirá de forma estricta por las reglas, fueros e instituciones ordinarias consagrados en el Código Orgánico Procesal Penal.

Artículo 4. Los asuntos nuevos ingresados con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Resolución, vinculados con delitos asociados al Terrorismo, serán distribuidos equitativamente entre los Tribunales de Primera Instancia Estadales en Funciones de Control de los distintos Circuitos Judiciales Penales de la República, para que continúen su trámite procesal, con estricta observancia del debido proceso y derecho a la defensa.

Artículo 5: A los fines de garantizar la efectividad de la investigación penal, el resguardo de las técnicas especiales de investigación y la tutela judicial efectiva, la redistribución de causas que se encuentren en fase de investigación preparatoria se sujetará a las normas del Régimen de Excepción previsto en la presente Resolución.

1: Aquellos expedientes donde conste la ejecución activa e inminente de una operación encubierta, entrega controlada, interceptación telefónica en tiempo real o medida cautelar urgente sin materializar, no se redistribuirán de inmediato. El Juez Especial suprimido mantendrá la competencia exclusivamente para culminar la diligencia o el procedimiento de urgencia en curso, fijándose un plazo máximo de 15 días hábiles para informar al Ministerio Público.

2: En las causas donde existan técnicas especiales archivadas o ejecutadas, las actuaciones confidenciales deberán ser foliadas en Cuaderno Separado y Sellado antes de su remisión, de conformidad con lo establecido en las normas del Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sobre resguardo del secreto de las actuaciones.

3: La remisión de estos expedientes no se hará a través del flujo ordinario de valija común, sino mediante Acta de Entrega Personal e Inmediata entre el Secretario del Tribunal suprimido, la Presidencia del Circuito Judicial Penal y el Juez de Control Ordinario Receptor designado mediante el sistema aleatorio automatizado.

4: Una vez recibido el expediente por el Juez de Control Penal Ordinario, este asumirá de pleno derecho la competencia de la causa en el estado en que se encuentre, declarando la continuidad de las medidas acordadas bajo la competencia especial.

Artículo 6. Se ordena a la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dar publicidad a la supresión de los juzgados que se determina en la presente Resolución, mediante un cartel que será fijado en las puertas de los despachos suprimidos, en el Palacio de Justicia y áreas públicas del referido Circuito Judicial Penal.

Artículo 7. Se ordena a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justieia, proceder de manera inmediata a la notificación del cese de funciones jurisdiccionales de las Juezas y Jueces con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional en los juzgados especiales indicados en el artículo 2, quedando a salvo los tramites inherentes en el Régimen de Excepción señalado en el Artículo 5 ambos de la presente Resolución.

Artículo 8. Se derogan y/o modifican todas las Resoluciones e instrumentos de igual rango normativo que colidan con lo aquí dispuesto.

Artículo 9. Lo no previsto en la presente Resolución respecto a su ejecución, será resuelto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 10. La presente Resolución entrará en vigencia a partir su aprobación por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Así mismo, se ordena su publicación en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 11. Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tales publicaciones condicionen su vigencia.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los trece (13) día del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026). Años:

216° de la Independencia y 167° de la Federación.

LA PRESIDENTA

CARYSLIA BEATRIZ RODRIGUEZRODRIGUEZ

página original (tal como se publicó)Página 12 de la Gaceta

Página 13

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PRIMER VICEPRESIDENTE,

SALA PLENA

SEGUNDA VICEPRESIDENTA,

ELÍAS RUBÉNBITTAR ESCALONA TANIA D'AMELIO CARDIET

LOS DIRECTORES AFEAS DIRECTORAS,

JAIME JESÚS BAEZAHIENEZ EMILIO ANTÓNIO RAMOS GONZÁLEZ Malastio

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY

página original (tal como se publicó)Página 13 de la Gaceta

Página 14

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JÚSTICIA SALA PLENA LOS MAGISTRADOS Y LAS MAGISTRXO

FANNY B. MÁROMORE

TPIGLIN

DELGAD

RIAM JOSEAIUISGUTIÉRREZ PARRA

INDCNCTO A. FIGUROA ARIZALÉTA GRISELL LOPEZ DE ZACARÍAS

EULALIA C. GUERRERO RIVERO JACQUELINE DEL VALLE SOSA MARIÑO

MICHEL A. VELÁSQUBZ GRILLET ENEIDA ALEKANDRA MORENO PERÉZ

CASTROLUIS EMILTORONIPONGONZÁLEZ JANETTE T. CÓRDO

EL SECRETARIO,

página original (tal como se publicó)Página 14 de la Gaceta

Página 15

Gobierno Bolivariano Ministerio del Poder Popular Imprenta Nacional para la Comunicación y la Información de Venezuela

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA OCCIA DE LA REPCELCA

y Gaceta Oficial

Ahora usted puede certificar la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en nuestra página web www.imprentanacional.gob.ve Síguenos en Twitter @oficialgaceta COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL @moficialimprenta

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Página 16

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)

Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.

Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.

Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria

Caracas – Venezuela

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.

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AÑO CLIV - MES I Número 43.487

Caracas, lunes 26 de octubre de 2026

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