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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 43.437

14 de agosto de 2026 · 24 páginas
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AÑO CLIII - MES XI Caracas, viernes 14 de agosto de 2026 Número 43.437

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 5.422, mediante el cual se nombra al ciudadano Edgar José Esteves Cabello, como Director General del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), Órgano desconcentrado dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en condición de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Edgar José Esteves Cabello, Como Director General del Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, Órgano desconcentrado dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en calidad de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES EXTERIORES

Y COMERCIO INTERNACIONAL Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Rojyar Seyeddi, como Directora General en calidad de Encargada, adscrita a la Dirección General para Comercio Internacional del Despacho de la Viceministra para Comercio Internacional, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Manuel Enrique Castillo Rengifo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Belarús.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Enrique Javier Campoverde Montiel, como Director General, adscrito a la Dirección General para Temas Multilaterales del Despacho del Viceministro para Temas Multilaterales, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DEL TRABAJO INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) Providencia mediante la cual se aprueba la delegación de atribuciones y competencias, al ciudadano Carlos Humberto Alvarado González, Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), según Decreto Nº 5.236, de fecha 29 de enero de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.306, de la misma fecha, en los casos que en ella se indica.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Katiuska Coromotо Flores Fernández, como Presidenta, en calidad de Encargada, de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres” (COFAE).

DEFENSA PÚBLICA Resoluciones mediante las cuales se ordena la publicación de los traspasos de créditos presupuestarios dentro de la partida gastos de capital de la Defensa Pública, por las cantidades que en ellas se mencionan.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ingrid Josefina Sánchez, como Directora Nacional de Técnico Científica.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Sentencia de la Sala Constitucional que interpreta los artículos 21 y 331 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 132, 138, 143 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cuanto a la preeminencia de los principios de igualdad, jerarquización, seguridad jurídica e institucionalidad militar como un pilar fundamental del Estado social y democrático de Derecho y de justicia en que se erige la República, y su observancia para el sistema que impera para los ascensos militares obtenidos por mérito, escalafón y plaza vacante, como competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

Decreto Nº 5.422 14 de agosto de 2026

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la profundización de la revolución, en la búsqueda de la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria Venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del País y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio delas atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 1 y 5 del Decreto Nº 4.668, de fecha 05 de abril de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 42.352 de la misma fecha, por medio del cual fue creado el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES); en correspondencia con los artículos 4°, 18, 19 y 20 numeral 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,

DECRETA Artículo 1°. Nombro al ciudadano EDGAR JOSÉ ESTEVES CABELLO, titular de la cédula de identidad Nº V-15.110.158, como DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS (GOES), Órgano desconcentrado dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en condición de Encargado, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  Artículo 2º. Delego en el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la juramentación del referido ciudadano.

Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los catorce días del mes de agosto de dos mil veintiséis. Años 216° de la Independencia, 167° de la Federación y 27° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Presidenta (E) de la República

Bolivariana de Venezuela Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz (L.S.)

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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472.718 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 14 de agosto de 2026

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES EXTERIORES

Y COMERCIO INTERNACIONAL

REPÚBUCA DE BOLNARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

DESPACHO DEL MINISTRO

216º, 167º y 27º FECHA: f1 4 AGO 2026 RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, DIOSDADO CABELLO RONDÓN, nombrado mediante Decreto N°A.981 de fecha 27 de agosto de 2024, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.830 Extraordinario de la· misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 19 y 27 del Decreto Nº 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; de confor:midad con lo establecido en el artículo 5 numeral 2 y artículo 20, numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 4.135 mediante el cual se crea el Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo en fecha 27 de febrero de 2020, publicado en la Gaceta Oficial' de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.828 de fecha 27 de febrero de 2020,

RESUELVE

ArtÍcl:llo 1. Se designa al ciudadano EDGAR JOSÉ ESTEVES CABELLO, titular de la cédula de identidad Nº V-15.110.158, como DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO, órgano desconcentrado dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones ' Interiores, Justicia y Paz, con las competencias inherentes al referido cargo, en calidad de encargado, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES INTERIORES,

JUSTICIA Y PAZ

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO INTERNACIONAL DESPACHO DEL MINISTRO DM No 04.7 Caracas, 1 3 AG0 2026 2160, 167° y 27°

RESOLUCIÓN

El Mínistro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de la República Bolivariana de Venezuela, FELIX RAMóN PLASENCIA GoNzÁLEz, designado mediante Decreto N° 5.389 de fecha 13 de julio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 7.055 Extraordinario de la misma fecha, en cumplimiento del Punto de Cuenta N° MPPRE 013-2026 de fecha 04 de mayo de 2026, aprobado por la ciudadana Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez, autorizado por la Asamblea Nacional, en Sesión Ordinaria de fecha 31 de julio de 2026 a través de acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.430 de fecha 05 de agosto de 2026, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424, de fecha 17 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de, Venezuela N° /6.147 Extraordinario de la misma fecha, y de acuerdo con lo previsto en el artículo, 10 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, así como,én su Disposición Derogatoria Primera, según la cual quedan vigentes todos los artículos referidos a las competencias, funciones, jerarquía, ingreso, permanéncia, capacitación, evaluación y régimen sancionatorio de los funcionarios y funcionarias del servicio exterior, establecidos en la Ley de Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la: República Bolivariana de Venezuela N° 38.241 de fecha 02 de agosto de 2005.

RESUELVE

Artículo 1. Designar al ciudadano MANUEL ENRIQUE CASTILLO RENGIFO, titular de la cédula de identidad N° V-10.049.604 como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Belarús.

Artículo 2. Encargar al ciudadanO MANUEL ENRIQUE CASTILLO RENGIFO, titular de la cédula de identidad N° V-10.049.604, como Responsable de los fondos en anticipo y en avance que le sean girados a la Unidad Administradora Desconcentrada N°42102, para el Ejercicio Económico Financiero 2026.

Artículo 3. El ciudadano mencionado deberá realizar la Declaración Jurada de Patrimonio y presentar ante la Oficina de Gestión Humana la copia fotostática del comprobante emitido por la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Contra la Corrypción.

Artículo 4. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada, en cumplimiento de (o establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinario de fecha 01 dejulio de 1981.

Comuníquese y publíquese, FÉLIXMÓN RLASENCIA GONZÁLEZ deber Popular para Relaciones Exteriores Minis y Comercio Internacional Decreto N° 5.389 de fecha 13 de julio de 2026 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 7.055 Extraordinario de la misma fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO INTERNACIONAL DESPACHO DEL MINISTRO

DM N° 049 Caracas, 1 3 AG0 2026

216°, 167° y 27°

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de la República Bolivariana de Venezuela, FÉLIX RAMÓN PLASENCIA GONZÁLEZ, designado mediante Decreto N° 5.389 de fecha 13 de julio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 7.055 Extraordinario de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma fecha, de conformidad al artículo 1 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de. la República de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969; de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, así como en su Disposición Derogatoria Primera, según la cual quedan vigentes todos los artículos referidos a las competencias, funciones, jerarquía, ingreso, permanencia, capacitación, evaluación y régimen sancionatorio de los funcionarios y funcionarias del servicio exterior, establecidos en la Ley de Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.241 de fecha 02 de agosto de 2005, en concordancia con el artículo 36 numeral 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.841, de fecha 12 de enero de 2012.

RESUELVE

Artículo 1. Designar al Ciudadano ENRIQUE JAVIER CAMPOVERDE MONTIEL, titular de la cédula de identidad N° V-14.657.744, como Director General, adscrito a la Dirección General para Temas Multilaterales del Despacho del Viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

Artículo 2. El Director designado ejercerá, por delegación, las funciones que se señalan a continuación:

1. Suscribir oficios, notas, memoranda, circulares e instrucciones de comunicaciones para las Misiones Diplomáticas, Delegaciones, y Oficinas Consulares de la República en el exterior y Direcciones dependientes del Despacho.

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2. Suscribir comunicaciones dirigidas a los Jefes de las Misiones Diplomáticas Permanentes Extranjeras acreditadas ante el Gobierno Nacional, los representantes de Organismos Internacionales y otros funcionarios internacionales que tengan categoría similar a los previamente señalados.

3. Dirigir comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y otros Organismos Públicos y los particulares.

4. Suscribir documentos relacionados con asuntos inherentes a su cargo.

5. Las demás atribuciones por el ordenamiento jurídico vigente y las asignaciones por el Ministro del Poder Popular para Relaciones y Comercio Exterior de conformidad con la ley.

Queda a salvo, lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 3. El Director designado deberá presentar un informe detallado de los actos y documentos que suscriba en el marco de esta Resolución al ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivos Nacional.

Artículo 4. Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, deberán indicar la fecha, el número de la Resolución y los datos de la Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

Artículo 5. Se instruye a la Oficina de, Gestión Humana para que notifique a la parte interesada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Ofigial N°2.818 Extraordinario de 01 de Julio de 1981.

Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Carnuhíquespublíquese,

RAMÓN PLASENCIA GONZÁLEZ MinisPoder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional Decreto N° 5.389 de fecha 13 de julio de 2026

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DEL TRABAJO INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 1110

Caracas, 19 de junio de 2026 Años 216°, 167° y 27°

Los Miembros de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Constituida por los Ciudadanos. Carlos Humberto Alvarado González, Ana Karina Elorza Rodríguez y Octavio Nicolás Solórzano, todos venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, civilmente hábiles y titulares de las cédulas de identidad Nros 6.815.103, 12.578.869 y 7.280.248 respectivamente, según consta en Decreto Presidencial N° 5.236, de fecha 29 de enero de 2026, publicado ese mismo día, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.306 y según Decreto Presidencial N° 5.338, de fecha 12 de mayo de 2026. Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.373, en fecha 12 de mayo de 2026: en uso de las facultades y atribuciones qué les confiere la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 34, 38, 42, 98, 100 y 101 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas ellas articuladas con los establecido en los artículos 51 y 52 de la Ley del Seguro Social y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como de conformidad con el artículo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

PRIMERO: Aprobar la Delegación de Atribuciones y Competencias, al Ciudadano Carlos Humberto Alvarado González, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.815.103. Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), según Decreto N° 5.236, de fecha 29 de enero de 2026 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.306, de la misma fecha, en los casos que a continuación se describen:

1. Todas las funciones y atribuciones que se generen con ocasión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 29, numerales 2, 3, 5, 6, 8 y 9 y en los artículos 30, 31 y 32 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012.

2. Otorgar y revocar poderes especiales, amplios y suficientes en cuanto a derecho se requiere y sean necesarios a los profesionales del derecho, para que en forma conjunta o separada sostengan y defiendan los derechos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ante Organismos Públicos, Privados, Administrativos, Jurisdiccionales, Policiales, Militares, Instituto Autónomos, Municipales, Estadales y/o Nacionales; intentar o atender cualquier juicio o procedimiento cualquiera que sea su naturaleza, dentro de la República Bolivariana de Venezuela o en el extranjero, en que fuere parte el IVSS, intentar o contestar demandas, conciliar,_ promover y contestar excepciones o cuestiones previas, promover pruebas y cuidar de su evacuación, solicitar y ejecutar medidas preventivas y ejecutivas, hacer oposición a cualquier medida que se practicar contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), solicitar citaciones, notificaciones e intimaciones, darse por citado, notificado e intimado, solicitar la decisión según la equidad, seguir los juicios en todas sus

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instancias, tramites e incidencias, interponer todos los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios que fueren necesarios hasta su definitiva conclusión, inclusive el de casación; solicitar, gestionar y hacer declaraciones de todo género ante los Organismos y Poderes Públicos, ya sean Nacionales, Estadales, Municipales o Institutos Autónomos; y en fin, realizar todos los actos procesales necesarios para la mejor defensa de los derechos e intereses del IVSS, por ante cualquier autoridad Judicial y Administrativa de la República Bolivariana de Venezuela o del extranjero, dejando expresamente establecido que las facultades para desistir, transigir, convenir, comprometer en árbitros, suspender el procedimiento, otorgar cualquier tipo de convenio de pago o transacción extrajudicial y/o judicial, establecer cláusulas compromisorias y hacer posturas en remate, quedan sujetas a la previa autorización que por escrito les otorgue la Presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

3. Autorizar y Suscribir convenios de pago con las Empresas Morosas, para la cancelación de las cotizaciones Obreropatronales, a objeto de simplificar procesos administrativos para tal fin.

4. Autorizar y suscribir la contratación del personal necesario para la ejecución de los fines del Instituto.

5. Autorizar y suscribir los Contratos o Convenios Judiciales y Extra- judiciales Personas Naturales o Jurídicas, así como con los Entes y Organismos de la Administración Pública Central y Descentralizada, al igual que con la Banca Nacional e Internacional.

6. Discutir y suscribir los Contratos Colectivos.

7. Autorizar y aprobar la adquisición de bienes bajo las modalidades de compra, permuta, donación, entre otros, conforme a lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos. Así como también Autorizar y aprobar la desincorporación y enajenación de bienes.

8. Realizar y suscribir solicitudes, oficios, pronunciamientos y cualquier tipo de comunicación dirigidos a la Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la República, CuerpodeInvestigacionesCientíficasPenalesy Criminalísticas, Ministerios y demás Entes y Organismos de la Administración Pública Central y Descentralizada.

9. Autorizar y aprobar la designación de los miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

10. Aprobar, adjudicar y suscribir los Convenios y Contratos correspondientes a los procesos aprobados por la Comisión de Contrataciones, independientemente de su cuantía, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

11. Decidir y suscribir los Recursos Administrativos en general.

12. Otorgar el Beneficio de Jubilación y Pensión por Sobrevivientes consagrados en los artículos 3 y 10 de la Ley de Estatutos sobre el Régimen de Jubilación y Pensión de los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública.

AceptarlasrenunciasdetodoslosFuncionarios Administrativos, Asistencial, Personal Obrero y Contratado del Instituto, incluyendo los de Alto Nivel, Confianza y de Libre Nombramiento y Remoción. Nombrar y Remover a los Funcionarios Administrativos,_ Asistenciales y de Libre Nombramiento y Remoción. Dar por concluidas funciones del personal adscrito al IVSs. Otorgar comisión de servicios al personal adscrito al IVSS. Autorizar al personal adscrito al IVSS, las transferencias físicas con o sin partida presupuestarias. Autorizar la clasificación del personal adscrito al IVSS. Autorizar las normalizaciones de cargos del personal adscrito al IVSS.

13. Autorizar los Anticipos de Prestaciones Sociales del personal adscrito al IVSS.

14. Autorizar traslado del personal adscrito al IVSS.

15. Autorizar el ingreso del personal asistencial.

16. Autorizar el pago a los trabajadores del IVSS de los beneficios derivados de los Contratos Colectivos.

17. Autorizar ascensos al personal adscrito al IVSS.

18. Autorizar cambios de denominación de cargos del personal adscrito al IVSS.

19. Autorizar permisos remunerados y no remunerados del Personal adscrito al IVSS.

20. Autorizar permisos sindicales establecidos en la Contratación Colectiva.

21. Autorizar prima de profesionalización al personal adscrito al IVSS.

22. Autorizar programas de capacitación y adiestramiento para el Personal adscrito al IVSS.

23. Autorizar reincorporaciones, reingresos y reenganche del Personal.

24. Autorizar la nivelación de sueldos para el personal de Libre Nombramiento Remoción, así como también, podrá otorgar remuneraciones extraordinarias al personal directivo, mediante bonificaciones o bonos especiales de productividad y eficiencia, sin incidencia salarial.

25. Autorizar la nivelación de sueldos y salarios del personal del IVsS (asistencial, administrativo y obrero).

26. Aprobar ayudas económicas para el personal asistencial, administrativo y obrero, adscrito al IVSS.

sEGunDo: Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma, nombre de quien lo suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha, el número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, según lo establecen los artículos 35 y 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

TERCERo: El prenombrado ciudadano deberá presentar mensualmente, una rendición de cuenta de todos aquellos actos firmados de conformidad con lo establecido en esta Providencia.

CUARTo: La Junta Directiva del Instituto del Seguro Social, podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Providencia.

QuInTo: La presente providencia entrará en vigencia a partir de la publicación en Gaceta Oficial.

DR. CARLOS HUMBERTO ALVARADO. epública Bolivariana de Venezueia PRESIDENTE DEL IVSS

CARACAS DIRENDESECRETRADELAUHTADRECADELIVSS ANA KARINA ELORZA RODRIGUEZ MIEMBRO PRINCIPAL

OCTAVIO NICOLÁS SOLÓRZANO MIEMBRO PRINCIPAL

página original (tal como se publicó)Página 5 de la Gaceta

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 216º y 1670

Caracas, 0 7 AG0 2026 RESOLUCIÓN N° 01-00-000 1 5 1 GUSTAVO ADOLFO VIZCAÍNO GIL Contralor General de la República

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los artículos 10 y 14 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en uso de las facultades que le confiere el artículo 9 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado "Gumersindo Torres", (COFAE), registrada ante la Oficina Subalterna de Registro del Cuarto Circuito del municipio Libertador del Distrito Federal, hoy Registro Público del Cuarto Circuito municipio Libertador del Distrito Capital, el 13 de junio de 1999, bajo el N.° 33, Tomo 4, Protocolo Primero del Tercer Trimestre y cuya última reforma estatutaria fue insertada en la mayo de 2013, bajo el oficina el 31 de misma N.° 50, Folio 302, Tomo 16 del Protocolo de Transcripción;

POR CUANTO De conformidad con el numeral 12 del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, son atribuciones y obligaciones del Contralor o Contralora General de la República, fomentar el carácter profesional y técnico en el ejercicio del control fiscal.

POR CUANTO Mediante Sentencia N° 1171, de fecha 14 de julio de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó establecida la posibilidad que en el Acta Constitutiva y/o en los Estatutos Sociales de las Fundaciones del Estado se otorgue expresamente el carácter de funcionarios públicos a sus empleados;

criterio este ratificado en Sentencia de la Sala. Plena del Tribunal Supremo de Justicia N.° 56 de fecha 23 de octubre de 2012 y en Gala Constitucional de fecha 30 de mayo de 2013 mediante decisión N.° 663; quien suscribe,

RESUELVE

PRIMERO: Designar a la ciudadana KATIUSKA COROMOTO FLORES FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.286.015, como PRESIDENTA, en calidad de encargada, de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado "Gumersindo Torres", (COFAE), a partir de su notificación.

SEGUNDO: Dejar sin efecto la Resolución N° 01-00-000141, de fecha 08 de julio de 2024, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.916 del 09 de julio de 2024.

TERcERo: Esta resolución entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 425 Venezuela.

Dada, firmada y sellada en Caracas, a los siete(o?) días del mes de dos mil veintiséis (2026). Años 216° de la de agasto Independencia y 167° de la Federación.

Comuníquese, notifíquese, publíquese, GUSTAVO ADOLFO VIZCAÍNO GIL Comtrator General de la República

4.4

DEFENSA PÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

DDPG-2026-198

Caracas, 03 de agosto de 2026 216°, 167° y 27°

El Defensor Público General, Dr. DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V 12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 14 numerales 1 y 6 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el título VII, numerales 3 y 4 del Manual del Sistema de Modificaciones Presupuestarias de la Defensa Pública 2026.

CONSIDERANDO

Que la Defensa Pública es un órgano constitucional del Sistema de Justicia con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible, bajo la dirección y responsabilidad del Defensor Público General.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el título VII, numeral 4 del Manual del Sistema de Modificaciones Presupuestarias de la Defensa Pública, los traspasos entre gasto de capital y de gasto corriente para gasto de capital, incluidos los señalados en el numeral 3 ejusdem, cuya autorización compete a la Directora o Director Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Organizacional, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela mediante Resolución dictada por el Defensor Público General, con indicación de las respectivas imputaciones presupuestarias.

RESUELVE ÚNIco: oRDENAR la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, del traspaso de créditos presupuestarios dentro de la partida gastos de capital de la Defensa Pública, por la cantidad de Dos Millones Quinientos Mil Bolívares Con Cero Céntimos (Bs.2.500.000,00), proveniente de la fuente de financiamiento 1 "Ingresos Ordinarios", previamente autorizados por la Directora o Director Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Organizacional de la Defensa Pública, cuya imputación presupuestaria es la siguiente:

Acción Gestión

2.500.000,00 Proyecto:

69.0002.000 Administrativa Bs.

Apoyo Institucional las Acciones a Específicas de los

69.0002.001 Acción Proyectos del Específica Organismos".

"1

2.500.000,00 DE:

2.500.000,00 Partida

4.04 Activos Reales -Ingresos FF Ordinarios Sub-partidas Genéricas, Equipos Específicas de Subespecíficas 09.02.00 computación

2.500.000,00 PARA:

Partida

4.04

2.500.000,00 Activos Reales -Ingresos FF Ordinarios " Sub-partidas Genéricas, de Específicas Equipos Subespecíficas 05.01.00 telecomunicaciones 2.500.000,00 "1 Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y Pualiguese,s

DEDANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DÉFENSOR DEEENSOR PÚBLICO GENERAL Designaão'mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26de julio de 2622, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivafiana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022.

página original (tal como se publicó)Página 6 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA DDPG-2026-199

Caracas, 03 de agosto de 2026 216°, 167° y 27°

El Defensor Público General, Dr. DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° v 12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 14 numerales 1 y 6 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el título VII, numerales 3 y 4 del Manual del Sistema de Modificaciones Presupuestarias de la Defensa Pública 2026.

CONSIDERANDO

Que la Defensa Pública es un órgano constitucional del Sistema de Justicia con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible, bajo la dirección y responsabilidad del Defensor Público General.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el título VII, numeral 4 del Manual del Sistema de Modificaciones Presupuestarias de la Defensa Pública, los traspasos entre gasto de capital y de gasto corriente para gasto de capital, incluidos los señalados en el numeral 3 ejusdem, cuya autorización compete a la Directora o Director Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Organizacional, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela mediante Resolución dictada por el Defensor Público General, con indicación de las respectivas imputaciones presupuestarias.

RESUELVE ÚNIco: oRDENAR la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, del traspaso de créditos presupuestarios dentro de la partida gastos de capital de la Defensa Pública, por la cantidad de Seis Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Dieciocho Bolívares con Cero Céntimos (Bs.6.143.118,00), proveniente de la fuente de financiamiento 1 "Ingresos Ordinarios", previamente autorizados por la Directora o Director Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Organizacional de la Defensa Pública, cuya imputación presupuestaria es la siguiente:

Acción Gestión Administrativa Proyecto:

69.0002.000 Bs.

6.143.118,00 Apoyo Institucional las Acciones a

69.0002.001 Específicas de los Acción Proyectos del Organismos".

Específica

6.143.118,00 11

DE:

4.04 Partida

6.143.118,00 Activos Reales -Ingresos FF Ordinarios Sub-partidas Genéricas, Específicas de Equipos Subespecíficas 09.02.00 computación

6.143.118,00 PARA:

Partida

4.04 Activos Reales

6.143.118,00 -Ingresos FF Ordinarios Sub-partidas Maquinarias y demás Genéricas, de equipos construcción Específicas 1.820.089,00 y Subespecíficas 03.01.00 mantenimiento Sub-partidas Genéricas, Específicas Maquinarias y equipos Subespecíficas 03.05.00 industriales y de taller 260.010,00 Sub-partidas Genéricas, Específicas Mobiliario y equipos de Subespecíficas 09.03.00 "1 alojamiento 3.903.134,00 máquinas.

Sub-partidas Otras Genéricas, Muebles demás y Específicas equipos de oficina y "1 159.885,00 Subespecíficas 09.99.00 alojamiento Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y Publíque

REA DE DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Desiediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 28a2, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivasiana-devenezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2026-202 Caracas, 05 de agosto de 2026 2160, 167° y 27° El Defensor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 3 y 14 numerales 1, 11, y 27 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que mediante Punto de Cuenta N° PC-DNGH-2026-0487, la Máxima Autoridad aprobó la designación de la ciudadana INGRID JoSEFINA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.549.905, como Directora Nacional de Técnico Científica.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana INGRID JOSEFINA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.549.905, como Directora Nacional de Técnico Científica, a partir de la fecha de su notificación.

SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y publíquese, DANIEL AUGUSTO RAMIREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Destradmediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de Yofio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bollvasanaade Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022 ENERAL

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

LA REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL 0825 Exp. N° 26-0982

PONENCIA CONJUNTA

El 4 de agosto de 2026, esta Sala Constitucional recibió escrito presentado por los ciudadanos María Edilia Sánchez Ochoa y Alejandro Isaac Otalora Jiménez venezolanos, mayores de edad, de profesión Abogados, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 11.490.032 y V-14.789.755, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros.59.450 y 187.326, actuando con el carácter de representantes judiciales de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en sustitución de la ciudadana Procuradora General de la República, según se evidencia en el Oficio Poder G.G.L. N° 000856, de fecha 03 de agosto de 2026, contentivo del recurso de interpretación constitucional respecto de los artículos 21 y 331 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 132, 138, 143 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vigente, "a fin de que se determine la preeminencia de los principios de igualdad y jerarquización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su observancia para el sistema que impera para los ascensos militares obtenidos por mérito, escalafón y plaza vacante, como competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se acordó asumir el asunto como ponencia conjunta de todas las magistradas que la componen, quienes con tal carácter suscriben la presente decisión.

Realizado el estudio del caso, se pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

página original (tal como se publicó)Página 7 de la Gaceta

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I DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN Los abogados María Edilia Sánchez Ochoa y Alejandro Isaac Otalora Jiménez, han incoado demanda de interpretación constitucional respecto de los artículos 21 y 331 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 132, 138, 143 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cuanto a la preeminencia de los principios de igualdad y seguridad jurídica y su observancia para el sistema que impera para los ascensos militares obtenidos por mérito, escalafón y plaza vacante, como competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, particularmente, en cuanto a dilucidar la legítima y razonable duda interpretativa que se plantea a continuación:

evolución que ha experimentado históricamente la legislación que regula a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a cuyos fines [estiman] conveniente reproducir aquí, el interesante recorrido histórico jurídico contenido en la sentencia N° 1.074 de fecha 02 de octubre de 2013, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, caso 'Alexis De Jesús González Cordero y Otros', del siguiente tenor: (Omissis)".

Que "[al] recorrido legislativo referido en la citada sentencia, debe agregarse la reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, promulgada y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.020 Extraordinario de fecha 21 de marzo de 2011, seguida por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, y, finalmente, con vigor en la actualidad, la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario de fecha 30 de enero de 2020, que se erige en el primer texto legislativo en su materia catalogado como Ley Constitucional', y cuyo objeto, plasmado en su artículo 1, resulta revelador para comprender su alcance: (Omissis)".

Que "[en] consideración a la trascendencia de este objeto, precisamente, es[t]a Sala Constitucional en su fallo N.° 1.518 de fecha 23 de noviembre de 2023, caso: 'Oliver Dax Gutiérrez Castellanos', se refirió a la vigente Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estos términos:

'Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, n.° 6.508, Extraordinario, del 30 de enero de 2020, la cual fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dicha ley constitucional tiene como objeto establecer los principios y las disposiciones que rigen la organización, funcionamiento, integración y administración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro del marco de la corresponsabilidad entre el Estado y el Pueblo, como fundamento de la Seguridad de la Nación consecuente con tos fines supremos ae preservar ta Consmuucion ae ia República Bolivariana de Venezuela y la República, por ser la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la institución que en forma permanente garantiza la defensa militar del Estado '.

Que "[t]ales enunciados, desarrollan de manera concordada los preceptos constitucionales que rigen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su correspondencia con los valores, principios y normas que orientan el pacto político venezolano que ha refrendado el pueblo democrática y popularmente al aprobar nuestra Carta Magna".

Que "[a]sí en el núcleo de la fuente normativa constitucional, se halla, entre otros en el artículo 331 Constitucional, que establece el principio de jerarquización que rige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los términos siguientes: (Omissis)".

Que "[I]a Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, denota el interés que el Constituyentista patrio ha tenido en que los procesos de ascenso, como un derecho para el personal militar en el desarrollo de su carrera profesional, consiga cobijo pleno en los principios de la igualdad, la jerarquización, transparencia y la objetividad, entre otros. En tal sentido esta Exposición de Motivos, expresa:

'En materia de ascensos militares, se establecen criterios para lograr la transparencia y objetividad, a través de la publicación del escalafón de méritos periódicamente y la determinación de las plazas vacantes, eliminándose el factor de corrección por ser muy subjetivo. Este nuevo proceso permite ascender cualquier día del año y que el personal conozca su ubicación en el escalafón de méritos. El ascenso será un derecho, si se han cumplido los requisitos necesarios, acabado con la discrecionalidad de las juntas de evaluación, las cuales se limitarán a respetar los resultados de las calificaciones de mérito'".

Que "[a]simismo, es pertinente acotar que es[t]a Honorable Sala Constitucional, se ha pronunciado en anteriores ocasiones respecto al sustrato constitucional del orden militar en el marco del Estado democrático y social de Derecho y de justicia; así como, respecto de la relevancia y descripción de los procesos de ascensos militares de oficiales en los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como parte del desarrollo profesional de la carrera militar".

Que "[a] este respecto, merece destacar que en su sentencia N° 1.444 de fecha 02 de agosto de 2004, en ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, es[t]a Honorable Sala Constitucional observó una descripción metodológica sobre proceso de ascensos del personal castrense, en los términos siguientes: (Omissis)".

Que "(...) como hemos destacado ut supra, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la legislación que rige a la Fuerza Armada Bolivariana ha sido modificada en diversas oportunidades con el propósito, entre otros aspectos, de introducir cambios en el tiempo de permanencia del profesional militar en cada grado o jerarquía; así como, en el tiempo de servicio en la carrera".

Que "[e]n ese sentido, se observa que la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana promulgada en el 2008 (Ley de 2008), modificó a cinco (5) años el tiempo de permanencia en cada uno de los grados de Oficial Superior (Mayor/Capitán de Corbeta; Teniente Coronel/Capitán de Fragata y Coronel/Capitán de Navío) y a 36 años el tiempo de servicio en la carrera del personal militar egresado como oficiales de los distintos Institutos Educativos de formación militar".

Que "(...) en el año2014, se produce una nueva modificación de la Ley que rige a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ley de 2014), reduciéndose a 33 años el tiempo máximo de servicio en la carrera del personal militar egresado como Oficiales; así como, a cuatro (4) años el tiempo mínimo de permanencia para los grados de Teniente Coronel/Capitán de Fragata y Coronel/Capitán de Navío".

Que "[e]stos nuevos tiempos de servicio, conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de 2014, comenzaron a regir a partir de las promociones egresadas en el mes de julio 2010, excluyendo de pleno derecho a las promociones de (sic) correspondientes a los meses de diciembre 2008 y julio 2009, a quienes se le exigirían los tiempos de servicio establecidos en la Ley de 2008, configurándose a partir de aquí una regulación imprecisa que, lejos de ser subsanada, se mantuvo en la vigente Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprobada en el año 2020".

Que "[a]l efecto, conviene analizar el contenido de los artículos 132, 138, 143 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuales establecen lo siguiente: (Omissis)".

Que "[d]e las normas transcritas con anterioridad, se observa que al establecerse que los tiempos de servicios únicamente aplican a partir del año 2010, las promociones correspondientes a los meses de diciembre 2008 y julio 2009, se encontrarían en una situación desigual respecto al resto de las promociones, trayendo como consecuencia que una promoción de menor antigüedad (2010) alcanzaría grados superiores, con anticipación a las promociones de mayor antigüedad (2008-2009); vulnerando así, el principio constitucional de igualdad; así como, el principio de jerarquización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los pilares constitucionales de disciplina, obediencia y subordinación en los que descansa la institución castrense".

Que "(...) tal circunstancia hace necesaria la interpretación de es[t]a Honorable Sala con miras a garantizar; principalmente, los principios de igualdad y jerarquización respecto de los Oficiales superiores egresados durante las promociones correspondiente a los meses diciembre de 2008 y julio de 2009, quienes afrontan una regulación imprecisa o vacío en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

Que "[particularmente, este principio constitucional a la igualdad está consagrado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es del siguiente tenor:(Omissis)".

Que "[clon relación a esta norma del Texto Fundamental, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N.° 898 de fecha 13 de mayo de 2002, caso Universidad Central de Venezuela', ha señalado lo siguiente:

....b) El referido artículo [21 de la Constitución] establece que todas las personas son iguales ante la ley, lo que explica que no se permitan discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

(Omissis)".

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Que "[e]s meritorio recordar el precedente líder de es[t]a Sala Constitucional sobre el Estado Social y el principio de igualdad, aun cuando no nos referimos al concepto de justicia social en nuestro planteamiento. Así, su sentencia N.° 85 de fecha 24 de enero de 2002, comúnmente conocida como el caso 'ASODEVIPRILARA', en ponencia del magistrado mérito Jesús Cabrera Romero, parte de que: [e]l concepto de Estado Social surge ante la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales, que atenta contra la igualdad jurídica reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental (artículo 21)' y asevera que: 'situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales ".

Que "[a] este respecto, surge igualmente la necesidad de abordar el derecho a la igualdad en el contexto de su interrelación con otros derechos. En efecto, es[tla Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N.° 0419 de fecha 22 de junio de 2018, caso 'Ley de Abogados', señaló:

'Efectivamente, el derecho a la igualdad es uno de los axiomas del Estado de derecho y de justicia. En otras palabras, un presupuesto cardinal y básico de nuestro ordenamiento y, de allí, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo reconoce como un derecho fundamental (artículo 21).

Por tanto, se trata de uno de los principios jurídicos del Estado y, al mismo tiempo, de un derecho relacional, es decir, de un derecho que:

En primer lugar, no debe analizarse de forma autónoma, sino respecto a otro derecho y por ende, adminiculado con otro derecho. Es decir, 'no se viola la igualdad en abstracto, sino en relación con — esto es en la regulación, ejecución o aplicación, ejercicio, etc.- el acceso a los cargos públicos, la libertad de residencia, el derecho al trabajo o la tutela judicial efectiva, por solo poner unos ejemplos' (García Morillo, Los Derechos de la Libertad (I). La Libertad Personal.

Derecho Constitucional Vol. I. Valencia: Cuarta Edición, p. 174) ".

Que "[plor ello, no hay duda que la igualdad como principio constitucional, debe examinarse en concordancia con la jerarquización como principio universal propio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entendiendo jerarquía según las palabras del autor español Juan José Álvarez Díaz, como:

'(...) con sustancial con la naturaleza humana, y el instrumento que permite a los hombres formar grupos que actúen como uno solo. En su aplicación a los ejército, es un concepto vertebrador de la organización militar y una de las señas más características de su identidad.

La autoridad militar emana de la jerarquía y conlleva, como atributos, Poder, Responsabilidad, Consideración y Precedencia, (...)'. (Juan José Álvarez Díaz, "La jerarquía militar. Conceptos y terminología", Revista de Lexicografia, XXIII (2017), pp. 7-38 ISSN: 1134-4539, e-ISSN: 2603-667. doi:

https://doi.org/10.17979/rlex.2017.23.0.4692)".

Que "[e]n virtud de todo lo expuesto, con la interpretación que aquí se petición, se busca evitar que se configure en la práctica, una situación desigual en perjuicio de un grupo de Oficiales egresados de los diferentes Institutos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana anteriores al año 2010; especialmente, las promociones correspondientes a los meses de diciembre 2008 y julio 2009; al establecerse que los tiempos de servicios únicamente aplican a partir del año 2010, en las Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo cual no constituye una objetiva y proporcional motivación para tal diferenciación, habida cuenta que otros grupos de Oficiales se serían beneficiados con tiempos de servicio menores, en virtud de lo estipulado en la vigente Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

Que "[e]sta duda razonable, en torno a la posibilidad de que pueda generarse una situación desigual respecto de los Oficiales antes descritos, provenientes de las graduaciones de diciembre de 2008 y julio de 2009, y el desfase en el principio de jerarquización que se ha venido explicando, a la luz de las disposiciones constitucionales de los artículos 21 y 331, en concordancia con los artículos 132, 138 y 143 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; es lo que, se plantea ante esa máxima instancia de justicia constitucional, con el objeto de preservar las normas y principios constitucionales inherentes a la situación concreta manifestada".

Que “[e]n tal sentido, luce indispensable que es[t]a Sala Constitucional, de acuerdo con los principios y normas que orientan la supremacía y efectividad de la Constitución, máximo cuerpo normativo que contempla la igualdad, la jerarquización, la seguridad jurídica y la institucionalidad militar como un pilar fundamental del Estado social y democrático de Derecho y de justicia en que se erige la República, dilucide esta duda interpretativa, considerando que los tiempos de servicio establecidos para los Oficiales Militares en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, deben aplicarse interpretando el contenido de las Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el sentido que:

a. Los tiempos de servicios especificados en la ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, deben comenzar a regir a partir de las promociones de Oficiales que egresaron de los institutos de formación de oficial en el mes de diciembre de 2008;

b. El ascenso a los grados de General de Brigada y General de División para el Oficial en la categoría de Oficial Efectivo Técnico y el ascenso al grado de General de Brigada de los Oficiales en la categoría de Asimilado y su equivalente en la Armada Bolivariana, deben comenzar a regir a partir de las promociones egresadas en diciembre 2008; y c. Que los profesionales militares de las promociones egresadas antes del mes de diciembre de 2008, mantendrán el tiempo de carrera y de servicio para todos los efectos legales, conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su graduación".

Asimismo, los demandantes se refirieron en su escrito a la competencia de esta Sala para dirimir o establecer el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, con carácter vinculante y rango constitucional; mencionando los artículos 266, numeral 6;

335 y 336 constitucionales: y 25, numeral 17, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en los cuales se evidencia la competencia con la que cuenta esta Sala para conocer de los recursos de interpretación; también mencionaron; entre otras, las siguientes sentencias de esta Sala Constitucional: n° 1.077 /2000, caso: 'Servio Tulio León'; n° 1.563/2000, caso: 'Alfredo Peña'; n° 2.855/2002, caso: 'Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA)'; n° 9/2016, caso: 'Gabriela Flores Ynserny'; n° 378 /2017,caso:

'Leopoldo Pita Martínez'; y n° 1.518/2023, caso: 'Oliver Dax Gutiérrez Castellanos'.

Luego de dejar claro el tema relacionado con la competencia de esta Sala, los demandantes argumentaron las razones de admisibilidad del presente recurso de interpretación, concluyendo que: “.la presente solicitud no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad delineadas por su jurisprudencia de máxima instancia; así como, tampoco en las previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, en el contexto expuesto, la presente demanda cumple con la totalidad de los requisitos de admisibilidad y procedencia que han sido establecidos por esa Sala, y así se solicita sea declarado".

En cuanto, a la urgencia de la solución de la solicitada interpretación, los demandantes alegaron que: "con fundamento en los precedentes jurisprudenciales de esa Sala (Sentencias Nros. 226/2001, 1684/2008 y 1547/2011), [consideran] que el presente asunto es de mero derecho, visto que no requiere la evacuación de prueba alguna, al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento interpretativo de normas y principios que integran el sistema constitucional, en lo relativo al mecanismo de tiempo de servicio y ascensos de Oficiales efectivos de comando bajo criterios de igualdad y en resguardo del principio de jerarquización que impera en materia militar; la urgencia para resolver la presente acción de interpretación viene dada esencialmente por la incidencia de este proceso para el desarrollo de la carrera militar y la garantía sobre la organización, funcionamiento, integración y administración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro del marco de la corresponsabilidad entre el Estado y el Pueblo, como fundamento de la Seguridad de la Nación, consecuente con los fines supremos de preservar la Constitución y la República. Como resulta obvio, toda la temática expuesta es de eminente interés general para la vida militar, y en suma, para la propia vida nacional. Como es conocido, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la vanguardia con el pueblo desde hace más de 25 años, ha sido un elemento vital para las transformaciones que se han dado en nuestro Estado y para el aseguramiento de las conquistas sociales más sentidas por el pueblo venezolano".

Finalmente, solicitaron que: "esta demanda de interpretación constitucional sea admitida, se declare el presente asunto como de mero derecho y la urgencia del caso, pasando a resolver el fondo del asunto interpretativo en lo constitucional a la brevedad posible y que en la sentencia sea fijada la interpretación, sentido y alcance de las normas y principios que integran el sistema constitucional que se especifican en esta demanda, inherentes a los tiempos de servicio establecidos en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a tenor de la argumentación y del análisis expuesto en el presente escrito".

página original (tal como se publicó)Página 9 de la Gaceta

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II DE LA COMPETENCIA Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la interpretación constitucional solicitada y, al efecto, observa lo siguiente:

La facultad de dirimir las controversias suscitadas con ocasión de la interpretación de normas y principios constitucionales, en su rol de máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos que postula su artículo 335, en concordancia con el artículo 336 eiusdem, fue reconocida tempranamente por esta Sala mediante fallo n° 1.077/2000, caso: "Servio Tulio León", como un mecanismo de integración de las disposiciones pertenecientes al "bloque de la constitucionalidad" y garantía esencial del carácter normativo de la Carta Magna reconocido en su artículo 7 (cfr.

entre otras, sentencias números 1415/2000, caso: "Freddy Rangel Rojas"; 1563/2000, caso:

“Alfredo Peña" y 1860/2001, caso: Consejo Legislativo del Estado Barinas").

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia acogió la doctrina comentada, estableciendo expresamente en su artículo 25.17 la competencia de esta Sala para: "Conocer la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional".

En el presente caso, ha sido planteada la interpretación respecto de los artículos 21 y 331 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 132, 138, 143 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cuanto a la preeminencia de los principios de igualdad, jerarquización, seguridad jurídica e institucionalidad militar como un pilar fundamental del Estado social y democrático de Derecho y de justicia en que se erige la República, y que deben imperar para los ascensos militares obtenidos por mérito, escalafón y plaza vacante, como competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Así las cosas, esta Sala observa que, se solicitó la interpretación de normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de Ia República Bolivariana de Venezuela, N.° 6.508, Extraordinario, del 30 de enero de 2020, la cual fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a la cual, se le otorgó el rango de "ley constitucional"; teniendo como objeto establecer los principios y las disposiciones que rigen la organización, funcionamiento, integración y administración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro del marco de la corresponsabilidad entre el Estado y el Pueblo, como fundamento de la Seguridad de Ia Nación consecuente con los fines supremos de preservar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la República; por ser la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la institución que en forma permanente garantiza la defensa militar del Estado. (Sentencia de la Sala Constitucional N.° 1518/2023, caso: “Oliver Dax Gutiérrez Castellanos").

Una vez indicado lo anterior, conforme lo establecido en los artículos 266, numeral 6, 335 y 336 de la Constitución de Ia República Bolivariana de Venezuela; 25, numeral 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, al igual que a la jurisprudencia invocada, esta Sala Constitucional se declara competente para conocer de la demanda de interpretación ejercida. Así se decide.

III DE LA ADMISIBILIDAD Dilucidada su competencia, con el propósito de determinar la admisibilidad de la demanda de interpretación presentada, la Sala estima conveniente reafirmar la doctrina que sobre este aspecto, ha venido planteando desde que reconocerá la existencia y relevancia de una especial acción mero declarativa destinada a precisar: "el núcleo de los preceptos, valores o principios constitucionales, en atención a dudas razonables respecto a su sentido y alcance, originadas en una presunta antinomia u oscuridad en los términos, cuya inteligencia sea pertinente aclarar a fin de satisfacer la necesidad de seguridad jurídica, siempre y cuando tal duda nazca de actos, hechos o circunstancias cuyo procesamiento o solución no le estén atribuidos a un órgano distinto"(véase, entre otras, sentencias nros.

1077/2000, caso: "Servio Tulio León"; 1347/2000; caso: "Ricardo Combellas"; y 457/2001, caso: “Francisco Encinas Verde").

En atención a su propia finalidad, como mecanismo judicial “esclarecedor y completivo y, en este estricto sentido, judicialmente creador; [y] en ningún caso legislativo", se ha dejado sentado que constituyen causales de inadmisibilidad de la acción de interpretación constitucional las siguientes circunstancias:

(i) La falta de legitimación del accionante;

(ii) Cuando no exista una duda razonable en cuanto al contenido, alcance y aplicabilidad de las normas constitucionales, respecto del supuesto fáctico en que se encuentra el accionante;

(ii) Cuando la Sala haya resuelto la duda alegada en torno al mismo caso o uno similar, persistiendo en ella ánimo de mantener su criterio;

(iv) Cuando se utilice esta vía como mecanismo para adelantar un pronunciamiento sobre un asunto planteado ante otro órgano jurisdiccional o para sustituir algún medio ordinario a través del cual, el juez competente para conocerlo, pueda aclarar la duda planteada. Esto es, cuando mediante su ejercicio, se pretenda desbordar su finalidad aclarativa;

(v) Cuando se acumule a la pretensión interpretativa otra de naturaleza diferente o sometida a procedimientos que se excluyan mutuamente;

(vi) Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la solicitud es admisible; y (vii) Cuando el escrito sea ininteligible o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

En el caso de autos, esta Sala Constitucional ha verificado la legitimidad que le asiste a los presentantes de la demanda de interpretación constitucional, habida cuenta que la Procuraduría General de la República, dado como lo expusieron los demandantes la inherencia palmaria entre la materia cuya interpretación se solicita, por iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y el ámbito competencial que le corresponde, en su condición de Órgano Superior de Consulta, responsable del sistema integral de asesoría jurídica de la Administración Pública Nacional, para cuyo ejercicio es de su incumbencia la solución de inquietudes e interpretaciones de los principios, valores y normas constitucionales, a los fines de la observancia del principio de legalidad administrativa y demás preceptos que atañen al Derecho Público en el aparato estatal, más aún cuando se precisa conocer el alcance de las disposiciones del bloque de la constitucionalidad, de acuerdo con la interpretación auténtica que corresponde exclusivamente a esta Sala, con los efectos de ley. Asimismo, fueron examinadas las causales de inadmisibilidad delineadas por su jurisprudencia de máxima instancia;

constatando que la presente solicitud no se encuentra incursa en ninguna de ellas; así como, tampoco en las previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; por lo que, resulta admisible la presente demandada. Así se declara.

IV DE LA DECLARATORIA DEL ASUNTO COMO URGENTE Y DE MERO DERECHO En el presente caso, esta Sala Constitucional, en atención a la facultad discrecional que posee como máxima instancia garante del ordenamiento jurídico, advierte que la solicitud planteada versa estrictamente sobre el alcance y sentido de normas de rango constitucional y legal, no existiendo hechos controvertidos que requieran de un debate probatorio o de evacuación de experticias. Por tal motivo, la presente causa se califica como un asunto de mero derecho.

En tal sentido, resulta imperativo traer a colación el criterio jurisprudencial pacífico de esta Sala Constitucional, plasmado en su sentencia N.° 469 de fecha 27 de junio de 2017, en la cual se dispuso que cuando la controversia se circunscribe a un asunto estrictamente hermenéutico que demanda una solución expedita, la Sala pose la potestad para entrar a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sin necesidad de abrir procedimiento alguno, por estimar que la presente causa constituye un asunto de mero derecho, que además debe resolverse con la menor dilación posible".

En virtud de la referida doctrina vinculante, resulta inoficioso y contrario a la economía procesal ordenar la sustanciación del trámite ordinario. En consecuencia, al prescindirse de la apertura del procedimiento, no hay lugar al libramiento de notificaciones a terceros, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo o a la Procuraduría General de la República (la cual es parte en el presente procedimiento), toda vez que el núcleo del debate es estrictamente de derecho y esta instancia cuenta ab initio con los elementos de convicción suficientes para emitir un pronunciamiento de fondo de forma inmediata.

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Aunado a ello, se constata la evidente e imperiosa urgencia de dictar el presente fallo, habida cuenta de que la duda interpretativa incide de manera directa en el desarrollo de la carrera militar, la dinámica de los ascensos y el principio de jerarquización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La continuidad de una indefinición jurídica sobre estos aspectos compromete la estructura de mando, la disciplina y la estabilidad organizativa de una Institución que constituye un pilar esencial e insustituible para la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, conforme al artículo 328 del Texto Fundamental.

Por las razones expuestas, a los fines de preservar la institucionalidad del Estado y restituir de forma expedita la seguridad y certeza jurídica en el estamento militar, esta Sala prescinde de cualquier trámite procedimental previo y procede a resolver el fondo del asunto en esta misma oportunidad. Así se decide.

V DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Para decidir sobre la interpretación planteada a esta Sala Constitucional, de los artículos 21 y 331 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 132, 138, 143 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cuanto a la preeminencia de los principios de igualdad, jerarquización, seguridad jurídica e institucionalidad militar como un pilar fundamental del Estado social y democrático de Derecho y de justicia en que se erige la República, y que deben imperar para los ascensos militares obtenidos por mérito, escalafón y plaza vacante, como competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.; en primer lugar, se observa la letra expresa de dichas disposiciones, que son del tenor siguiente:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“Articulo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables;

protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

(Omissis)".

“Artículo 331. Los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante. Son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional y estarán regulados por la ley respectiva".

Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana:

"Ascenso Artículo 132. El ascenso es la promoción de grado o jerarquía que se obtiene como resultado de un proceso transparente y objetivo de la evaluación integral continua y permanente de los méritos acumulados, que en igualdad de condiciones le permite al militar ocupar un puesto de precedencia en el escalafón, y tiene como finalidad fortalecer el espíritu militar, dar cumplimiento al principio de jerarquización en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cubrir las plazas vacantes que se generen.

Los ascensos se efectuarán de conformidad con el régimen establecido en el instrumento normativo respectivo".

“Tiempo Mínimo de Ascenso Artículo 138. El tiempo de servicio mínimo de permanencia en cada grado o jerarquía será el siguiente:

OFICIALES EFECTIVOS DE Años COMANDO Teniente o Teniente de Corbeta 3 Primer Teniente o Teniente de 5 Fragata 5$ Capitán o Teniente de Navío 5 Mayor o Capitán de Corbeta Teniente Coronel o Capitán de 4 Fragata Coronel o Capitán de Navío 4 General de Brigada o Contralmirante 3 4 General de División o Vicealmirante Mayor General o Almirante General en Jefe o Almirante en Jefe OFICIALES EFECTIVOS Años TÉCNICOS 3 Teniente o Teniente de Corbeta Primer Teniente o Teniente de 5 Fragata Capitán o Teniente de Navío 5$ 5 Mayor o Capitán de Corbeta Teniente Coronel o Capitán de 4 Fragata 4 Coronel o Capitán de Navío 3 General de Brigada o Contralmirante 4 General de División o Vicealmirante OFICIALES EFECTIVOS DE Años TROPA 3 Teniente o Teniente de Corbeta Primer Teniente o Teniente de 5 Fragata 5 Capitán o Teniente de Navío Mayor o Capitán de Corbeta 5$ Teniente Coronel o Capitán de 5 Fragata 4 Coronel o Capitán de Navío 3 General de Brigada o Contralmirante Años TROPA PROFESIONAL Sargento Segundo 3 5 Sargento Primero Sargento Mayor de Tercera 5 Sargento Mayor de Segunda 5 Sargento Mayor de Primera 4 4 Sargento Ayudante 4 Sargento Supervisor "Tiempo Límite Artículo 143. El tiempo máximo de servicio para el personal militar profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta el grado de Coronel o Capitán de Navío y hasta la jerarquía de Sargento Supervisor será de treinta años. Los y las Oficiales con el Grado de General de Brigada o Contralmirante podrán permanecer en servicio activo hasta los treinta y tres años de servicio de no haber alcanzado el grado inmediato superior.

Los y las Oficiales a partir del Grado de General de División o Vicealmirante podrán permanecer en servicio activo hasta los treinta y seis años de servicio. El cálculo de este tiempo se iniciará en la fecha en la cual se le acredite su condición de profesional".

"CAPÍTULO II DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES (Omissis) CUARTA. Los tiempos de servicio especificados en la presente ley, comenzarán a regir a partir de las promociones de Oficiales que egresaron de los institutos de formación de oficiales en el mes de julio de 2010. En cuanto al ascenso a los grados de General de Brigada y General de División para el Oficial en la categoría de Oficial Efectivo Técnico y el ascenso al grado de General de Brigada de los Oficiales en la categoría de Asimilado y su equivalente en la Armada Bolivariana, comenzará a regir a partir de las promociones egresadas en el año 2010.

(Omissis) SÉPTIMA. Los profesionales militares de las promociones egresadas antes del mes de julio de 2010, mantendrán el tiempo de carrera y de servicio para todos los efectos legales, conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su graduación.

(Omissis)".

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Se ha instado, pues, a esta Sala Constitucional, como máxima y última intérprete del Texto Fundamental, en el sentido interpretativo antes indicado, y es deber de ésta ejercer su competencia con el objeto de preservar las normas y principios constitucionales y de garantizar los principios, valores y normas del bloque de la constitucionalidad. A este respecto, principalmente, se ha invocado el principio constitucional de igualdad respecto de los Oficiales superiores egresados durante las promociones correspondiente a los meses diciembre de 2008 y julio de 2009, quienes afrontan una regulación imprecisa o vacío en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respecto de sus pares que han egresado en años posteriores, lo cual, además, como fue alegado en el escrito, afectaría el principio castrense de la jerarquización, entre otras circunstancias divergentes.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional, en sentencia N.° 1309/2001, caso:

“Hermann Escarrá", manifestó su concepción atinente a la interpretación constitucional, en atención al postulado del artículo 335 de la Carta Magna, para lo cual interpretó la noción y alcance de su propia potestad interpretativa, pronunciando los asertos que siguen:

"..La interpretación constitucional hace girar el proceso hermenéutico alrededor de las normas y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha previsto. Ello significa que la protección de la Constitución y la jurisdicción constitucional que la garantiza exigen que la interpretación de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la Constitución (verfassungskonfomeAuslegung von Gesetze). Pero esta conformidad requiere el cumplimiento de varias condiciones, unas formales, como la técnica fundamental (división del poder, reserva legal, no retroactividad de las leyes, generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden jurídico, etc.) [Ripert. Les Forces créatices du droit, París, LGDJ, 1955, pp. 307 y ss]; y otras axiológicas (Estado social de derecho y de justicia, pluralismo político y preeminencia de los derechos fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues el carácter dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no puede servir de pretexto para vulnerar los principios axiológicos en que descansa el Estado constitucional venezolano. Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, por tanto, salvaguardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto político que ella encarna por voluntad del pueblo.

(...) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé dos clases de interpretación constitucional. La primera está vinculada con el control difuso de la constitucionalidad de las leyes y de todos los actos realizados en ejecución directa de la Constitución; y la segunda, con el control concentrado de dicha constitucionalidad. Como se sabe, el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone a todos los jueces la obligación de asegurar la integridad de la Constitución; y el artículo 335 eiusdem prescribe la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, por lo que declara a esta Sala Constitucional su máximo y último intérprete, para velar por su uniforme interpretación y aplicación, y para proferir sus interpretaciones sobre el contenido o alcance de dichos principios y normas, con carácter vinculante, respecto de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República (jurisprudencia obligatoria). Como puede verse, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no duplica en estos artículos la competencia interpretativa de la Constitución, sino que consagra dos clases de interpretación constitucional, a saber, la interpretación individualizada que se da en la sentencia como norma individualizada, y la interpretación general o abstracta prescrita por el artículos 335, que es una verdadera jurisdatio, en la medida que se declara erga omnes y pro futuro (ex nunc), el contenido y alcance de los principios y normas constitucionales cuya interpretación constitucional se insta a través de la acción extraordinaria correspondiente. Esta jurisdatio es distinta de la función que controla concentradamente la constitucionalidad de las leyes, pues tal función monofiláctica es, como lo ha dicho Kelsen, una verdadera legislación negativa que decreta la invalidez de las normas que colidan con la Constitución, aparte de la interpretación general o abstracta mencionada no versa sobre normas subconstitcionales sino sobre el sistema constitucional mismo. El recto sentido del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace posible la acción extraordinaria de interpretación, ya que, de otro modo, dicho artículo sería redundante en lo dispuesto por el artículo 334 eiusdem, que sólo puede dar lugar a normas individualizadas, como son, incluso, las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo. La diferencia entre ambos tipos de interpretación es patente y produce consecuencias jurídicas decisivas en el ejercicio de la jurisdicción constitucional por parte de esta Sala. Esas consecuencias se refieren al diverso efecto de la jurisdictio y la jurisdatio y ello porque la eficacia de la norma individualizada se limita al caso resuelto, mientras que la norma general producida por la interpretación abstracta vale erga omnes y constituye, como verdadera jurisdatio, una interpretación cuasiauténtica y paraconstituyente, que profiere el contenido constitucionalmente declarado por el texto fundamental (.)".

Así las cosas, al ser la Constitución una estructura normativa necesariamente coherente y vinculante, ninguna disposición constitucional debe ser interpretada de forma aislada, apartada o con independencia al régimen jurídico estatutario y general, ya que la abstracción o el aislamiento de una norma, puede alterar el equilibrio del sistema normativo, desdibujando su contenido y generando contradicciones con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico como la igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima, entre otros- y, en consecuencia, en la consecución del bien común en general.

Sobre este particular, propiamente denominado interpretación sistemática, la doctrina patria, en palabras de Humberto J. La Roche, ha dicho que "[1]a llamada regla de la interpretación sistemática considera a la Constitución como un todo orgánico y sus disposiciones deben ser aplicadas en forma concertada. Como consecuencia de lo anterior, existen los siguientes rasgos fundamentales: a) Ningún artículo de la Constitución puede ser interpretado aisladamente. Por ello, quien limita la exégesis de una disposición constitucional separadamente de la misma e ignora el resto del documento constitucional, cumple en realidad una tarea incompleta llamada a alterar el equilibrio del entramado constitucional". (Humberto J. La Roche, Consideraciones generales sobre la interpretación constitucional, en Estudios de Derecho Público, Vol 1. Tribunal Supremo de Justicia.

Caracas. 2001. Pág. 15).

En igual sentido, esta Sala Constitucional, en su sentencia N.° 1326/2009, caso:

"Janeth Rosalía Hernández Márquez", precisó que:

"(.) la interpretación jurídica debe buscar el elemento sustantivo que se halla en cada una de las reglas del ordenamiento jurídico, constituido por los principios del derecho que determinan lo que García de Enterría (Revolución Francesa y Administración Contemporánea. Madrid: Editorial Cívitas, 4° edición. 1994. P. 29), denomina como fuentes significativas' del ordenamiento, esto es, lo que el iuspublicismo con Kelsen, por un lado, y Santi Romano por otro, teorizaron como una Constitución 'en sentido material' distinguible de la Ley constitucional' en sentido formal, como un condensado de reglas superiores de la organización del Estado, que expresan la unidad del ordenamiento jurídico. Así, la Constitución como expresión de la intención fundacional y configuradora de un sistema entero que delimita y configura las bases jurídico-socio-políticas de los Estados, adquiere valor normativo y se constituye en lex superior, lo cual imposibilita la distinción entre artículos de aplicación directa y otros meramente programáticos, pues todos los preceptos constituyen normas jurídicas directamente operativas, que obligan a las leyes que se dictan a la luz de sus principios a respetar su contenido esencial (...)' - Vid. Sentencia de esta Sala N.° 2.152/07-.

De ello resulta pues, que la Sala debe tener presente que toda manifestación de autoridad del Poder Público debe seguir los imperativos o coordenadas trazadas en la norma fundamental, como un efecto del principio de interpretación conforme a la Constitución y de la funcionalización del Estado a los valores que lo inspiran (Omissis) Asimismo, esta Sala reitera que ciertamente el ejercicio del Poder Público se encuentra sometido al imperio de la ley, lo cual garantiza la plena vigencia del Estado Democrático, Social de Derecho y Justicia consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -artículos 2 y 137-, ya que la formación y desarrollo del concepto de Estado de Derecho, "(...) tiene su origen histórico en la lucha contra el absolutismo, y por ello la idea originalmente se centraba en el control jurídico del Poder Ejecutivo, a fin de evitar sus intervenciones arbitrarias, sobre todo en la esfera de la libertad y propiedades individuales. Sin embargo, tal concepto fue evolucionando, y dentro de la división de poderes que conforman el Estado, en la actualidad el Estado de Derecho consiste en que el poder se ejerce únicamente a través de normas jurídicas, por lo que la ley regula toda la actividad Estatal y en particular la de la administración; y parte de la esencia del concepto consiste en 'el control judicial de la legalidad desde lo que se va a considerar la norma suprema: la Constitución' ('El Estado Social de Derecho en la Constitución' por Encarnación Carmona Cuenca. Consejo Económico y Social. Madrid. 2000), la cual encabeza una jerarquía normativa, garantizada por la separación de poderes.

Tal concepción está recogida en la vigente Constitución, donde toda la actividad Estatal está regida por la ley: leyes que emanan del Poder Legislativo y otros Poderes, y reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo, sin que estos últimos puedan contradecir la letra o el espíritu de la ley; mientras que la constitucionalidad es controlada judicialmente mediante el control difuso o el control concentrado de la Constitución (..)' -Cfr. Sentencia de esta Sala N.° 85/2002-".

Partiendo desde esa perspectiva, es menester señalar que, para el caso concreto resulta necesario el análisis del ordenamiento jurídico aplicable en su integralidad, lo cual comporta que la interpretación normativa debe realizarse enmarcada en el sistema global del derecho positivo, para así esclarecer el significado y alcance de las disposiciones normativas cuya interpretación se solicita.

Así, debe comenzar por señalarse que el régimen general relativo a los ascensos militaresse encuentra establecido en el artículo 331 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a los siguientes lineamientos: -Se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante; -Son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional; y - Estarán regulados por la ley respectiva.

Respecto a la organización, funcionamiento y administración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esta Sala Constitucional, en sentencia N.° 1255/2008, caso "Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, señaló que:

"(Omiss) Conforme a lo plasmado por el constituyente de 1999, el componente castrense forma parte del sustrato orgánico dirigido a preservar la seguridad de la Nación, sus principios de organización y actuación se insertan en el Capítulo III, 'De la Fuerza Armada Nacional', del Título VII del Texto Constitucional vigente, denominado 'De la Seguridad de la Nación', cuyos preceptos, que abarcan los artículos 328 al 331, constituyen directrices que deberá desarrollar el legislador con el propósito de integrar las actividades de vigilancia y defensa constitucionalmente asignadas a este cuerpo armado.

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En ese sentido, el Decreto Ley bajo estudio, sistematizar las normas dirigidas a fijar su organización, los órganos y entes que integran el sistema de defensa militar de la Nación, los principios que rigen el desarrollo de la carrera militar, la clasificación del personal militar y sus categorías, las disposiciones que rigen la modalidad de educación militar, el régimen administrativo que sirve de basamento a la conducta de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, organización y competencias del sistema de justicia militar y régimen de seguridad social.

(Omissis)".

En tal sentido, el régimen general relativo a los ascensos se encuentra desarrollado en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, principalmente en sus artículos 132, 138, y 143, entre otras Disposiciones.

Ahora bien, frente al mencionado ordenamiento general se establecieron unas reglas temporales; específicamente, en las Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las cuales señalan que "[1]os tiempos de servicio especificados en la presente ley, comenzarán a regir a partir de las promociones de Oficiales que egresaron de los institutos de formación de oficiales en el mes de julio de 2010. En cuanto al ascenso a los grados de General de Brigada y General de División para el Oficial en la categoría de Oficial Efectivo Técnico y el ascenso al grado de General de Brigada de los Oficiales en la categoría de Asimilado y su equivalente en la Armada Bolivariana, comenzará a regir a partir de las promociones egresadas en el año 2010". Así como, que“[1]os profesionales militares de las promociones egresadas antes del mes de julio de 2010, mantendrán el tiempo de carrera y de servicio para todos los efectos legales, conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su graduación".

Con miras a resolver el recurso de interpretación, la Sala observa que la parte actora fundó su pretensión siguiendo -básicamente- las siguientes líneas argumentales, que“(...) se observa que al establecerse que los tiempos de servicios únicamente aplican a partir del año 2010, las promociones correspondientes a los meses de diciembre 2008 y julio 2009, se encontrarían en una situación desigual respecto al resto de las promociones, trayendo como consecuencia que una promoción de menor antigüedad (2010) alcanzaría grados superiores, con anticipación a las promociones de mayor antigüedad (2008-2009);

vulnerando así, el principio constitucional de igualdad; así como, el principio de jerarquización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los pilares constitucionales de disciplina, obediencia y subordinación en los que descansa la institución castrense".

Así las cosas, de una simple lectura de los artículos parcialmente transcritos, resulta claro que el constituyente se limitó a establecer el término o período para la aplicación de ese régimen general, especialmente respecto a los ascensos y tiempo de servicio, a los oficiales egresados de los diferentes Institutos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, basado en el año de graduación y la expectativa de su ascenso en la carrera militar derivada de la normativa que se encontraba vigente al momento de ser investidos como tales oficiales.

En tal sentido, ya esta Sala Constitucional, en su sentencia N.° 356/2000, caso:

"Militares Efectivos y de Profesión Castrense Permanente", aludió a la categorización y jerarquización del personal militar, señalando que:

"[dJespués de un examen de las normas presuntamente en conflicto, así como del régimen jurídico de las Fuerzas Armadas en Venezuela, esta Sala Constitucional observa:

El legislador venezolano, al regular las fuerzas armadas venezolanas en el aspecto relativo al personal militar, estableció que los grados militares se concederían por rigurosa escala jerárquica en los términos establecidos en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales y en los reglamentos respectivos (artículo 109 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales). En tal sentido, se establecieron cuatro categorías, a saber: a) categoría efectiva; b) categoría honorario; c) categoría de reserva; yd) categoría de asimilados".

Al respecto, cabe resaltar que el hecho de que el establecimiento de los grados militares se concedan por una rigurosa escala jerárquica, reglada y previo cumplimiento de los requisitos, méritos y estándares conducentes, en los términos establecidos en la Ley aplicable a la Fuerza Armada Nacional y en los reglamentos respectivos, no resulta un hecho exclusivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino de la institución castrense universalmente bajo el principio de la jerarquización, convirtiéndose en uno de sus principales aspectos definitorios. Así tenemos, por ejemplo, lo previsto en la Ley de Carrera Militar del Reino de España, cuyo preámbulo, determina que: "[I]a carrera militar, entendida como el acceso gradual y progresivo a los diferentes empleos que facultan para desempeñar los cometidos en los destinos de la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas, comienza con la superación de la enseñanza de formación y la incorporación a una de las escalas en que se agrupan los militares profesionales. Supone conjugar su desarrollo profesional, ligado a una mayor asunción de responsabilidades y mejoras retributivas, con las necesidades de la organización. (Omissis). En la carrera militar la regulación de los mecanismos de ascenso es esencial (Omissis). Otro elemento clave es la ocupación de diferentes destinos, que se proveerán mediante los sistemas (...) concurso de méritos y provisión por antigüedad". (Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. Publicado en: "BOE" núm. 278, de 20/11/2007).

Esta Ley de España, específicamente en su artículo 1 define su aplicación sin distingo entre los profesionales militares: "2. Es de aplicación a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que adquieren condición militar desde su incorporación a las mismas (...". Asimismo, en su artículo 6 señala que: "1. La igualdad de trato y de oportunidades es un principio que en las Fuerzas Armadas se aplicará de conformidad con lo previsto en [otra ley allí mencionada]". Por su parte, el artículo 21 se refiere a los "empleos militares" y la jerarquización, de este modo: "1. Dentro de las diferentes categorías los militares están ordenados por empleos, criterio esencial en la organización jerarquizada de las Fuerzas Armadas (...)".

Ello así, respecto a los ascensos militares esta Sala Constitucional, en su sentencia N.° 1444/2004, caso: "Manuel Reyes Peña", precisó que:

“(Omiss) La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, en el Capítulo V, Secciones I al IV, consagra las normas que regulan los ascensos del personal militar. Conforme dichas disposiciones legales el ascenso es una recompensa al mérito y constancia en el servicio del militar, vale decir, el ascenso se concede por mérito y antigüedad.

La antigüedad y el mérito se acreditan mediante el escalafón que cada uno de los Componentes de las Fuerzas Armadas está obligado a publicar anualmente, y a su vez, el mérito se obtiene mediante un proceso de evaluación integral y continuo, donde se valoran y califican las cualidades y condiciones profesionales, morales, intelectuales y físicas del militar".

Visto lo expuesto, conviene entonces que, en el presente caso, se identifiquen y describan algunos antecedentes que motivaron al constituyente para establecer ese régimen particular transitorio contenido en las Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así, se tienen los siguientes:

La entonces vigente Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana publicada en Gaceta Oficial N.° 5.891 Extraordinario del 31 de julio de 2008, -En adelante, Ley de 2008- fue dictada bajo la modalidad de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Ésta estableció cambios en el tiempo límite de servicio (tiempo máximo de servicio), que hasta entonces permanecía inalterado por aplicación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial N.° 4.860 Extraordinario del 22 de febrero de 1995, esto es, de 33 años (ex artículo 250). Así, la Ley de 2008 varios hasta 30, 33 y 36 años, según la banda jerarquizada aplicable, en estos términos:

"Artículo 95. El tiempo máximo de servicio para el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta con el Grado de Coronel o capitán de Navío será de treinta años. Los Oficiales con el Grado de General de Brigada o contralmirante podrán permanecer en servicio activo hasta los treinta y tres años de servicio de no haber alcanzado el Grado inmediato superior.

Los Oficiales con el Grado de General de División o Vicealmirante podrán permanecer en servicio activo hasta los treinta y seis años de servicio de no haber alcanzado el Grado de Mayor General o Almirante. El cómputo de este tiempo se iniciará en la fecha en la cual se le acredite su condición de profesional".

A su vez, esta Ley de 2008 inserto variaciones en los tiempos mínimos de ascenso;

es decir, de permanencia mínima en cada jerarquía, en este sentido:

"Artículo 91. El tiempo de servicio mínimo de permanencia en cada grado o jerarquía será el siguiente:

AÑOS OFICIALES 3 Subteniente o Alférez de Navío 5 Teniente o Teniente de Fragata Capitán o Teniente de 5 Navío Mayor o Capitán de 5 Corbeta Teniente Coronel o 5 Capitán de Fragata 5 Coronel o Capitán de Navío 3 General de Brigada o Contralmirante General de División o 3 Vicealmirante Mayor General o Almirante General en Jefe o Almirante en Jefe

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AÑOS TROPA PROFESIONAL 3 Sargento Segundo 5 Sargento Primero 5 Sargento Mayor de Tercera Sargento Mayor de 5 Segunda Sargento Mayor de 4 Primera 4 Sargento Ayudante Sargento Supervisor 4 En efecto, hasta entonces; esto es, hasta la entrada en vigencia de la Ley de 2008, para los oficiales militares región los tiempos mínimos de servicios que se plasmaban en la Ley de 1995, a saber:

“Artículo 180.Los tiempos mínimos de permanencia en cada grado para optar a ascensos serán:

OFICIALES 3 años De Sub-Teniente o Alférez de Navío a Teniente o Teniente de Fragata 5 años De Teniente a Teniente de Fragata a Capitán o Teniente de Navío 5 años De Capitán o Teniente de Navío a Mayor o Capitán de Corbeta 4 años De Mayor o Capitán de Corbeta a Tcnel. o Capitán de Fragata 4 años De Tcnel. o Capitán de Fragata a Coronel o Capitán de Navío 4 años De Coronel o Capitán de Navío a General de Brigada o Contralmirante De General de Brigada o Contralmirante a 3 años General de División o Vicealmirante 3 años De General de División o Vicealmirante a General en Jefe o Almirante La Ley de 2008, habida cuenta de los diversos cambios que estaba introduciendo su texto en el estatuto de la carrera militar, respecto de estos tiempos de servicio, estatuyó en su Disposición Transitoria Décima que: "[Ilos tiempos de servicio especificados en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica comenzarán a regir a partir de las promociones de Oficiales que egresen de los Institutos de Formación de Oficiales en el mes de diciembre de 2008". Y a su vez, en la Disposición Transitoria Décima Primera, determinó que; "[Ilas promociones egresadas antes de la entrada en vigencia de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que se encuentren en servicio activo, mantendrán el tiempo de carrera y de Servicio para todos los efectos legales, conforme a las disposiciones legales vigentes a la fecha de su graduación".

De todo ello, se coligen los cambios en los tiempos de servicios que entraron en vigencia desde la referida Ley de 2008 (tanto mínimos como máximos); con lo cual, se generó la situación de diferenciación entre las diversas promociones que ingresaban a la carrera militar como oficiales.

Particularmente, en los años 2009, 2010 y 2011 (Gacetas Oficiales N.° 5.933 Extraordinario del 21 de octubre de 2009, N.° 39.359 del 2 de febrero de 2010, y N.° 6.020 Extraordinario del 21 de marzo de 2011; respectivamente), se promulgaron nuevas reformas a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en las cuales se mantuvieron los tiempos máximos de servicio de los oficiales que contemplaba la Ley de 2008; así como, los tiempos mínimos de estadía en cada jerarquía para optar a un ascenso.

Sin embargo, para el año 2014, fue publicada una nueva reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Gaceta Oficial N.° 6.156 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014) -en adelante, también, Ley de 2014-, en la que permaneció inalterado el tiempo máximo de servicio, pero los tiempos mínimos en cada rango o jerarquía fueron modificados del modo que sigue:

"Tiempo Mínimo de Ascenso Artículo 127. El tiempo de servicio mínimo de permanencia en cada grado o jerarquía será el siguiente:

AÑOS OFICIALES DE COMANDO 3 Teniente o Alférez de Navío 5 Primer Teniente o Teniente de Fragata 5 Capitán o Teniente de Navío Mayor o Capitán de Corbeta 5 4 Teniente Coronel o Capitán de Fragata Coronel o Capitán de Navío 4 3 General de Brigada o Contralmirante 4 General de División o Vicealmirante Mayor General o Almirante General en Jefe o Almirante en Jefe AÑOS OFICIALES TÉCNICOS 3 Teniente o Alférez de Navío 5 Primer Teniente o Teniente de Fragata 5 Capitán o Teniente de Navío 5 Mayor o Capitán de Corbeta Teniente Coronel o Capitán de 4 Fragata Coronel o Capitán de Navío 4 3 General de Brigada o Contralmirante 4 General de División o Vicealmirante OFICIALES DE TROPA Años 3 Teniente o Alférez de Navío 5 Primer Teniente o Teniente de Fragata Capitán o Teniente de Navío 5 5 Mayor o Capitán de Corbeta 5 Teniente Coronel o Capitán de Fragata Coronel o Capitán de Navío 4 3 General de Brigada o Contralmirante Años TROPA PROFESIONAL 3 Sargento Segundo Sargento Primero 5 Sargento Mayor de Tercera 5 5 Sargento Mayor de Segunda Sargento Mayor de Primera 4 4 Sargento Ayudante Sargento Supervisor 4

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Esta Ley de 2014, por virtud de los cambios que introdujo, incluyó algunas normas como disposiciones transitorias para modular los efectos de los mismos, pudiéndose destacar las siguientes:

"QUINTA. Los tiempos de servicio especificados en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, comenzarán a regir a partir de las promociones de Oficiales que egresaron de los institutos de formación de oficiales en el mes de julio de 2010. En cuanto al ascenso a los grados de General de Brigada y General de División para el Oficial Técnico y el ascenso a grado de General de Brigada de los Oficiales Asimilados, comenzará a regir a partir de las promociones egresadas en el año 2010.

SEXTA. El Tiempo de Servicio y el ascenso al grado de General de Brigada para el Oficial de Tropa, especificados en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Orgánica, comenzará a regir a partir de las promociones egresadas de los institutos de formación de Oficiales de Tropa del año 2011.

SÉPTIMA. Los profesionales militares de las promociones egresadas antes del mes de julio de 2010, mantendrán el tiempo de carrera y de servicio para todos los efectos legales, conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su graduación".

Y, finalmente, entró en vigencia la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el año 2020(Gaceta Oficial N.° 6.508 Extraordinario del 30 de enero de 2020); la cual, a pesar de mantener inalterados los tiempos de servicio mínimos en cada jerarquía para un ascenso; así como, los tiempos máximos de servicio, respecto de la Ley de 2014, mantuvo la situación que venía presentándose con las promociones de oficiales de diciembre de 2008 y julio de 2009, omitiendo referirse a éstas en las Disposiciones Transitorias. Estas promociones; cabe recordar, acataron los cambios y reglas que la Ley de 2008 inserto para la carrera y jerarquía militar.

Tal especificidad sobre esas promociones y su régimen data, pues, de los cambios legislativos del año 2008, con la reforma a la entonces Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de ese año, previendo ésta lo siguiente:

"Séptima. A partir de la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el proceso de formación regular de los Oficiales se realizará en cuatro años. En consecuencia, se deberán tomar las previsiones para que las promociones que actualmente cursan el quinto año egresen en diciembre de 2008, con la antigüedad del 1° de enero de 2009".

Por su parte, la Disposición Transitoria Cuarta de la vigente Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2020, señala:

“CUARTA. Los tiempos de servicio especificados en la presente ley, comenzarán a regir a partir de las promociones de Oficiales que egresaron de los institutos de formación de oficiales en el mes de julio de 2010. En cuanto al ascenso a los grados de General de Brigada y General de División para el Oficial en la categoría de Oficial Efectivo Técnico y el ascenso al grado de General de Brigada de los Oficiales en la categoría de Asimilado y su equivalente en la Armada Bolivariana, comenzará a regir a partir de las promociones egresadas en el año 2010".

Vale resaltar, en el repaso evolutivo y el análisis hermenéutico que viene efectuando esta Sala Constitucional, que todas las reformas legislativas a la ley sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, después de la Ley de 1995, reprodujeron una disposición, según la cual fue prevista la ultraactividad de las normas del sector militar que no presentaran contradicción con la nueva norma. Precisamente, la Ley de 2005 contempló que seguirán siendo aplicables aquellas normas de la Ley de 1995, en los términos que especificó su Disposición Transitoria Primera, a saber:

"Primera. Continuarán vigentes las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales publicada en la Gaceta Oficial N° 4.860 Extraordinario, de fecha veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en tanto no contradiga la presente Ley, hasta tanto se promulguen: La Ley de Carrera Militar, la Ley de Disciplina Militar y la Ley de Educación Militar".

En idéntico sentido, la Ley de 2008 y subsiguientes reformas a las que se hace referencia en este fallo, contemplaron una Disposición Transitoria, en estos términos:

"El resto del ordenamiento legal y sublegal, relacionado con la materia militar mantendrá su vigencia en todo lo que no la contradiga este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica".

En efecto, tal disposición, en su aspecto finalista, se repite en la vigente Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la siguiente manera:

"PRIMERA. El ordenamiento jurídico de rango legal y sub- legal, relacionado con la materia militar mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a esta ley".

Así las cosas, sin perjuicio de la vigencia de algunas normas de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales de 1995, por efecto de la repetida disposición sobre la vigencia extendida de aquellas normas militares que no contradijeran las reformas legislativas sucesivas, y que, el legislador vino implementando cambios en los tiempos de servicio en la carrera militar, es claro que la intención de la Asamblea Nacional Constituyente, autora de la vigente Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2020, al redactar y sancionar estas Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima, no fue la de desmejorar las condiciones en que tiene lugar la prestación de servicios de los oficiales militares, sino insertar una especificidad que permitiera la compatibilidad o equivalencia en el desarrollo de la carrera militar entre estos oficiales que pertenecen a diferentes promociones egresadas de los institutos de formación militar en diversos años.

Al respecto, ya esta Sala Constitucional, en su sentencia N.° 5.065/2005, caso "José Ramón Montilla", al referirse a la aplicación para cada caso de las normas vigentes que regulen las situaciones jurídicas sometidas a conocimiento de los jueces, adoptó una cita doctrinaria de la obra de SÁNCHEZ COVISA, según la cual el legislador, en su función de creación de las leyes, no precisa en esencia conocer las normas que quedan derogadas por la novel legislación, siendo este ejercicio propio del juez y del intérprete. Así lo expuso este autor:

"(..) Así como el Juez posee la obligación de conocer el Derecho vigente (iura novit curia), el legislador, en cuanto tal, no está obligado a ello. Su deber se limita a dictar normas de Derecho justas y útiles, que cumplan material y formalmente con la Constitución; más no tiene necesidad esencial de saber cuáles normas anteriores han quedado derogadas por su nueva decisión, lo que constituye precisamente, en cambio, la misión del intérprete y del Juez' (Vid. Sánchez Covisa, Joaquín, La Vigencia Temporal de la Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano', Ediciones de la Contraloría General de la República, Caracas, 1976, pág. 172)". (Resaltados de esta Sala).

Visto todo lo expuesto, se evidencia que efectivamente existe una regulación imprecisa o vacío en las Disposiciones Transitorias mencionadas en la Ley Constitucional del año 2020; en cuanto a las promociones de diciembre de 2008 y julio de 2009, las cuales han convivido o coexistido con las reformas de diversos aspectos de la carrera militar; entre ellos el tiempo máximo de servicio y el tiempo mínimo en cada rango, como ha reconocido esta Sala.

Siendo que reposa en esta Sala la responsabilidad sobre la interpretación auténtica, integradora y sistemática de las normas y principios que integran el sistema constitucional, con arreglo a lo antes analizado, deben ponderarse las implicaciones de la delimitación basada en el límite o período para la aplicación de ese régimen general, especialmente respecto a los ascensos y tiempo de servicio, a los oficiales egresados antes del año 2010 de los diferentes Institutos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Así pues, esta Sala, en cuanto a su naturaleza de máxima intérprete y garante de la Constitución, reiteró en su sentencia N.° 1757/2015, caso: "Jean Paul Alfonso", que:

“(Omissis) En atención a tales postulados, debe esta Sala señalar que bajo la concepción asumida por este mismo órgano de manera incipiente, en sentencia núm. 1309 de 1° de noviembre de 2000, dejó establecido que la atribución de esta Sala de prestar ..la tutela constitucional en su máxima intensidad, al punto de constituirse en el máximo intérprete y garante de la Constitución, al tiempo de ser el ente rector del aparato jurisdiccional respecto a su aplicación...'; que, .. del análisis del conjunto de normas que contiene el Capítulo I del Título VIII de la Carta Magna, denominado 'De la Garantía de la Constitución', concluye esta Sala que dicha salvaguarda debe ser estimada en tanto institución jurídica que responde a los siguientes principios:

democrático, republicano, de igualdad ante la ley, de seguridad jurídica, de regularidad de la actuación de los órganos del poder público y de supremacía constitucional, todos inherentes al denominado Estado Constitucional, caracterizado por la conexión entre los conceptos de democracia y Estado de Derecho, en su dimensión objetiva, y los derechos fundamentales, en su dimensión subjetiva'.

De tal manera que las potestades de la Sala Constitucional, como expresión orgánica de la institución de la garantía constitucional, y en desarrollo del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le atribuye garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; que la califica como el máximo y último intérprete de la Constitución deben dirigirse a velar por su uniforme interpretación y aplicación, sin que sea posible reducir las 'a parámetros materiales relativos al contenido de las diversas ramas en que se divide el derecho — criterio de afinidad-; ni objetivos vinculados, por ejemplo, al rango de los actos objetos de control, o subjetivos, atinentes a las personas, órganos u organismos a quienes se imputa un agravio al orden constitucional (idem)'.

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Indicó igualmente este Supremo Tribunal en el aludido fallo, del 1° de noviembre de 2000, que '.. la labor de la hermenéutica debe identificarse con la función que desempeña la Sala Constitucional, cual es, se insiste, la de vigilar y asegurar que el principio de supremacía constitucional permanezca incólume. Entonces, la labor que ejerza la Sala merced a los diversos medios de acercarse el interesado a ella, debe atender primordialmente a precisar si lo planteado afecta, en palabras de García de Enterría, la [...] esencia misma de la Constitución, a la cuidadosa distribución de poder (o a las) correlativas competencias por ella operada [..] ', esto es: su implicación constitucional'.

(Omissis)". (Resaltados de esta Sala).

En tal contexto de actuación, volviendo al caso que le ocupa, esta Sala estima que la laguna que se presenta en esta oportunidad es de tipo axiológico; por cuanto, la solución propuesta obedece a que el legislador, no tomó en consideración una cierta circunstancia año de graduación de los oficiales y los cambios en la legislación sobre los tiempos de servicio-. Con base a ello, esta Sala ha fijado en un caso similar, en su ya citada sentencia N.º 1326/2009, caso: "Janeth Rosalía Hernández Márquez", Io siguiente:

"(Omissis) Obviamente, debe destacarse que la Constitución, es la norma fundamental (tanto desde un punto de vista político como sociológico); la norma suprema (en la medida en ella están fundadas las bases del sistema político y de la relación de los ciudadanos con el Estado); y que, aparte de ello, es norma supralegal por excelencia (en vista de que todas las restantes disposiciones jurídicas que forman el ordenamiento le son tributarias). No obstante todo ello, dicho texto no deja de ser obra humana, y en tal sentido es, por una parte, susceptible de contener disposiciones que estén en contradicción (antinómicas), o cuyos enunciados dupliquen o repitan expresiones normativas (redundancias), o, de otra parte, contenga normas cuyos términos dificulten conocer a qué hechos o conductas se refieren (lagunas de conocimiento), o que adolezcan de vaguedad o ambigúedad manifiesta (lagunas de reconocimiento), o carezca de soluciones para un conjunto de acciones que amerite un tratamiento normativo (lagunas normativas) o que, habiendo dado solución, dicha solución no se corresponda con la naturaleza de las acciones o conductas reguladas (lagunas axiológicas).

Así, pues, volviendo al caso que le ocupa, esta Sala estima que la laguna que se presenta en esta oportunidad es de tipo axiológico, lo que implica elaborar '...un enunciado prescriptivo formulado desde un cierto sistema valorativo que denuncia el carácter axiológicamente inadecuado de un sistema normativo y, por otra, que el defecto axiológico de la solución prevista obedece a que el legislador no tomó en consideración una cierta propiedad que, de haber considerado, habría hecho variar su criterio...' (Vid. J. Rodríguez, Lógica de los sistemas normativos, pág.

75).

(Omissis) Lo anterior es asumir al derecho como sistema normativo de naturaleza pragmática, en tanto que la jurisprudencia debe 'ponerse al servicio de dos señores: la ley y la realidad. Solo a través de la tensión entre estas dos vertientes de la actividad judicial se podrá respetar esta concepción práctica del derecho (...). Cabe decir, en general, que el caso no puede comprenderse jurídicamente si no es con referencia a la norma y ésta por referencia a aquél, pues no sólo es el caso el que debe orientarse por la norma, sino también la norma la que debe orientarse al caso. La ignorancia de cada uno de estos elementos de la interpretación produciría dos efectos opuestos. Tomar en consideración exclusivamente los casos daría lugar a una casuística, incompatible con la existencia del derecho como ordenamiento; tomar en consideración exclusivamente el ordenamiento jurídico conduciría a una ciencia teorética, inútil para la finalidad del derecho. Exceso de concreción en un caso; exceso de abstracción en el otro. En cualquier caso, malentendiendimiento de la naturaleza del derecho y malentendimiento de la interpretación misma' -Cfr. Zagrebelsky, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ley, derechos y justicia. Trotta, Madrid, 2008, p. 132- (Omissis).

Ahora bien, a la luz de lo expuesto, subyace sustancialmente la necesidad de desentrañar la inquietud interpretativa; en cuanto a la aplicación a las promociones de oficiales egresados en los años 2008 y 2009 del régimen general, especialmente respecto a los ascensos y tiempo de servicio.

Para ello, en primer término, debe esta Sala invocar el contenido del artículo 21 Constitucional; según el cual, todas las personas son iguales ante la ley, sin discriminaciones que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona; una igualdad que ante la ley ha de ser real y efectiva y que, precisamente, está reconocida en el artículo 132 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como pilar elemental del principio de jerarquización y los procesos de ascensos militares que a su amparo tienen lugar.

Es fundamental, asimismo, tener en cuenta para el presente análisis de la Sala, su ya citada sentencia N.° 1326/2009, caso: "Janeth Rosalía Hernández Márquez”, en la que se precisa lo siguiente:

“(Omissis) (...) el ordenamiento jurídico constitucional se fundamenta en un conjunto de principios que constituyen sus cimientos, posibilitando no sólo un coherente desarrollo normativo -leyes, reglamentos, actos administrativos-, sino además permitiendo determinar el sentido real de las normas constitucionales, ya que son la esencia misma del sistema jurídico. Con base a ello, esta Sala ha fijado en algunos casos que normas bajo el examen jurisdiccional, no admiten interpretaciones gramaticales ya que las mismas no son las jurídicamente posibles -en la medida que contrariarían el sistema de principios constitucionales-; por ello, incluso si la norma plantea una solución que no se corresponda con la esencia axiológica del régimen estatutario aplicable, la interpretación contraria a la disposición normativa será la correcta, en la medida que es la exigida por el Derecho Constitucional, en su verdadera y más estricta esencia.

(Omissis)".

Además, respecto a la problemática expuesta en el presente caso, esta Sala Constitucional, de la misma manera en su sentencia N.° 1757/2015, caso Jean Paul Alfonso", se ha referido al principio pro homine en cuyo marco ha de optarse por el criterio hermenéutico posible y verosímil más favorable a la persona, al señalar que:

“(Omissis) [L]a protección del derecho que en definitiva se reclama ostenta una especial relevancia, desde el punto de vista ontológico, en consideración al principio pro homine, pues se trata de un bien jurídico de carácter abstracto e inherente a la persona humana, que atiende a sus valores y su dignidad, y a su especial condición de afectos y aptitudes frente a la sociedad, que puede definirse como el status del individuo frente al Estado y las demás personas; circunstancia ésta ponderada por este órgano jurisdiccional y considerada predominante a los efectos de proceder a la revisión de una sentencia o cualquier otro acto que menoscabe o disminuya su fuerza y eficacia.

En efecto, el principio pro homine funciona así como un criterio hermenéutico que exige una interpretación a favor de las personas y comporta la necesidad de acudir a la norma más amplia o realizar la interpretación más extensiva hacia la condición humana y plantea que ante una posible antinomia entre normas jurídicas, deba aplicarse aquella que presente un mayor beneficio al individuo.

(Omissis)". (Resaltados de este fallo) En este orden, y reiterando lo peticionado en la demanda de interpretación de marras, en cuanto a que resulta: "(...) indispensable que es[t]a Sala Constitucional, de acuerdo con los principios y normas que orientan la supremacía y efectividad de la Constitución, máximo cuerpo normativo que contempla la igualdad, la jerarquización, la seguridad jurídica y la institucionalidad militar como un pilar fundamental del Estado social y democrático de Derecho y de justicia en que se erige la República, dilucide esta duda interpretativa, considerando que los tiempos de servicio establecidos para los Oficiales Militares en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, deben aplicarse interpretando el contenido de las Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el sentido que:

a. Los tiempos de servicios especificados en la ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, deben comenzar a regir a partir de las promociones de Oficiales que egresaron de los institutos de formación de oficial en el mes de diciembre de 2008;

b, El ascenso a los grados de General de Brigada y General de División para el Oficial en la categoría de Oficial Efectivo Técnico y el ascenso al grado de General de Brigada de los Oficiales en la categoría de Asimilado y su equivalente en la Armada Bolivariana, deben comenzar a regir a partir de las promociones egresadas en diciembre 2008; y c. Que los profesionales militares de las promociones egresadas antes del mes de diciembre de 2008, mantendrán el tiempo de carrera y de servicio para todos los efectos legales, conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su graduación".

Esta Sala observa que, efectivamente, las promociones egresadas de los diferentes Institutos de Formación de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a partir del mes de julio de 2010, continuarán sus ascensos según la ley que las rige; es decir la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2020; igualarían a las promociones egresadas en el mes de julio de 2009 y superarían a las promociones egresadas en el mes de diciembre de 2008; estas dos últimas regidas por la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2008. De continuar así, una promoción de menor antigüedad (2010) alcanzaría grados superiores que las de mayor antigüedad (2008-2009);

pudiendo contrariar de esa manera el principio de jerarquización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los pilares constitucionales de disciplina, obediencia y subordinación en que descansa esa Institución.

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Visto, que efectivamente existe una regulación imprecisa o vacío en las Disposiciones Transitorias mencionadas en la Ley Constitucional del año 2020; en cuanto a las promociones de oficiales de diciembre de 2008 y julio de 2009, las cuales han convivido o coexistido con las reformas de diversos aspectos de la carrera militar; entre ellos el tiempo máximo de servicio y el tiempo mínimo en cada rango, ha de pronunciarse este Órgano de justicia constitucional.

Esta Sala Constitucional, partiendo de todo lo expuesto en cuanto al concepto y finalidad del derecho a la igualdad; así como, del principio de jerarquización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los pilares constitucionales de disciplina, obediencia y subordinación en los que descansa la institución castrense; del análisis de las disposiciones constitucionales y legales que los regulan y de la jurisprudencia referida, considera que las Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, deben ser interpretadas en el sentido de considerar que la alusión literal en su texto a las promociones de Oficiales que egresaron de los institutos de formación de oficiales en el mes de julio de 2010 o promociones egresadas en el año 2010 o antes de este año, se refiere a aquellas promociones que ingresaron a la carrera militar en diciembre de 2008, siendo ésta la teleología de las mismas para la regulación que correspondía luego de los cambios que se verificaron a partir de la Ley de 2008. Ello así, esta Sala Constitucional, en ejercicio de su competencia como máxima y última intérprete del Texto Fundamental, resuelve la interpretación solicitada, de la siguiente manera:

1.- Los tiempos de servicios especificados en la ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, deben comenzar a regir a partir de las promociones de Oficiales que egresaron de los institutos de formación de oficial en el mes de diciembre de 2008;

2.- El ascenso a los grados de General de Brigada y General de División para el Oficial en la categoría de Oficial Efectivo Técnico y el ascenso al grado de General de Brigada de los Oficiales en la categoría de Asimilado y su equivalente en la Armada Bolivariana, deben comenzar a regir a partir de las promociones egresadas en diciembre 2008; y 3.- Que los profesionales militares de las promociones egresadas antes del mes de diciembre de 2008, mantendrán el tiempo de carrera y de servicio para todos los efectos legales, conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su graduación. Así se decide. Finalmente, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ORDENA la PUBLICACIóN de la presente decisión en Ia Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, cuyo sumario deberá señalar:

“Sentencia de la Sala Constitucional que interpreta los artículos 21 y 331 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 132, 138, 143 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cuanto a la preeminencia de los principios de igualdad, jerarquización, seguridad jurídica e institucionalidad militar como un pilar fundamental del Estado social y democrático de Derecho y de justicia en que se erige la República, y su observancia para el sistema que impera para los ascensos militares obtenidos por mérito, escalafón y plaza vacante, como competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

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VI DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer de la interpretación constitucional de los artículos 21 y 331 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 132, 138, 143 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cuanto a la preeminencia de los principios de igualdad, jerarquización, seguridad jurídica e institucionalidad militar como un pilar fundamental del Estado social y democrático de Derecho y de justicia en que se erige la República, y que deben imperar para los ascensos militares obtenidos por mérito, escalafón y plaza vacante, como competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, solicitada por los abogados María Edilia Sánchez Ochoa y Alejandro Isaac Otalora Jiménez, actuando con el carácter de representantes judiciales de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en sustitución de la ciudadana Procuradora General de la República, según se evidencia en el Oficio Poder G.G.L. N° 000856, de fecha 03 de agosto de 2026.

SEGUNDO: ADMITE la demanda incoada, la resuelve de MERO DERECHO y declara laURGENCIA del presente asunto.

TERCERO:RESUELTA la demanda de interpretación constitucional, de los artículos 21 y 331 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 132, 138, 143 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cuanto a la preeminencia de los principios de igualdad, jerarquización, seguridad jurídica e institucionalidad militar como un pilar fundamental del Estado social y democrático de Derecho y de justicia en que se erige la República, y que deben imperar para los ascensos militares obtenidos por mérito, escalafón y plaza vacante, como competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por lo que, esta Máxima instancia constitucional dispone -de manera vinculante- lo siguiente: 1.- Los tiempos de servicios especificados en la ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, deben comenzar a regir a partir de las promociones de Oficiales que egresaron de los institutos de formación de oficial en el mes de diciembre de 2008;

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2.- El ascenso a los grados de General de Brigada y General de División para el Oficial en la categoría de Oficial Efectivo Técnico y el ascenso al grado de General de Brigada de los Oficiales en la categoría de Asimilado y su equivalente en la Armada Bolivariana, deben comenzar a regir a partir de las promociones egresadas en diciembre 2008; y 3.- Que los profesionales militares de las promociones egresadas antes del mes de diciembre de 2008, mantendrán el tiempo de carrera y de servicio para todos los efectos legales, conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su graduación. Así se decide.

CUARTO: Se ORDENA la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, cuyo sumario deberá señalar:

“Sentencia de la Sala Constitucional que interpreta los artículos 21 y 331 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 132, 138, 143 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cuanto a la preeminencia de los principios de igualdad, jerarquización, seguridad jurídica e institucionalidad militar como un pilar fundamental del Estado social y democrático de Derecho y de justicia en que se erige la República, y su observancia para el sistema que impera para los ascensos militares obtenidos por mérito, escalafón y plaza vacante, como competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana’.

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión a los ciudadanos Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, en su carácter de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Ministro del Poder Popular para la Defensa; Presidente de la Asamblea Nacional; y a la Procuradora General de la República. A tales fines, se pueden emplear medios telefónicos y/o electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los -3- días del mes de agesto de dos mil veintiséis (2026). Años: 216° de la Independencia y 167° de la Federación.

La Presigenta,

TANIA D'AMELIO CARDIET

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La Vicepresidenta,

LOURDES BENICIA SUAREZ ANDERSON

Las Magistradas, MICHEL ADRIANA VELÁSQUZ GRILLET Panha JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA CASTRO

ANABEL TELZARMEN HERNÁNDEZ ROBLES

El Secretario,

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL

Quien suscribe, Secretario de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE, certifica que: hecha la confrontación de estas copias con sus originales, se encuentra que es fiel y exacta, de lo cual doy fe.

En Caracas, a los 13 días del mes de agosto de 2026.

El Secretario, EZUE trece CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

Exp. N°: AA50-T-2026-000982.

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Gobierno Bolivariano

SERVICIO AUTÓNOMO Ministerio del Poder Popular de Venezuela Imprenta Nacional para la Comunicación y la Información y Gaceta Oficial

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANO CXIV · MESI Caracaes, lunes 30 de octubre de 2017 SUMARIO

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Número 41.267

Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización El trámite es PERSONAL.

En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos o sobrinos).

En su defecto consignar poder debidamente autenticado.

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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POESDNCL DE LAREPCSLICA

y Gaceta Oficial

Ahora usted puede certificar la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en nuestra página web www.imprentanacional.gob.ve Síguenos en Twitter @oficialgaceta COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL @moficialimprenta

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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)

Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.

Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.

Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria

Caracas – Venezuela

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.

http://www.imprentanacional.gob.ve

AÑO CLIII - MES XI Número 43.437

Caracas, viernes 14 de agosto de 2026

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