Gaceta Oficial N° 43.368
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AÑO CLIII - MES VII Caracas, martes 5 de mayo de 2026 Número 43.368
SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL Acuerdo mediante el cual se autoriza a la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la designación del ciudadano Ernesto Emilio Villegas Poljak, como Embajador Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, República Francesa.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 5.335, mediante el cual se nombra al ciudadano Guillermo Enrique Sánchez Golding, como Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
Decreto N° 5.336, mediante el cual se nombra al ciudadano Gabriel José Sirit Morillo, como Vicepresidente de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida.
Decreto N° 5.337, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a los enriquecimientos obtenidos por los tenedores, personas naturales y jurídicas residenciadas o domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, provenientes de las inversiones que realicen en títulos valores u otros instrumentos de similar naturaleza emitidos y avalados por el Banco Central de Venezuela.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General César Augusto Lugo Rivera, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL CAPITAL DEL CEOFANB.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL CENTRAL DEL CEOFANB.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Orlando José Vásquez Moya, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE APRESTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de División Orlando José Vásquez Moya, en su carácter de Director de la Dirección de Apresto Operacional del Ejército Bolivariano, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE APRESTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Carlos José Abreu Rivero, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de División Carlos José Abreu Rivero, en su carácter de Director de Dirección de Logística del Ejército Bolivariano, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes del Consejo Directivo de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y COMERCIO NACIONAL Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Neider Yocse Lara Graterol, como Presidente de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL ALGODONES DEL ORINOCO, C.A., ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargado.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Vicente Rodríguez Calderón, como Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ (UNESR), en condición de Encargado.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana que en ella se menciona, para ocupar el cargo que en ella se indica, en condición de Encargada, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional “Sentencia Nº 73 del 6 de febrero de 2024, que establece con carácter vinculante consideraciones en torno al sistema de justicia y el fraude procesal, el principio de intervención mínima y subsidiaria del derecho penal, el territorio judicial y el uso arbitrario de la jurisdicción penal, en casos cuya naturaleza es netamente civil.”
Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resolución mediante la cual se procede al cambio de condición de Titular a Encargada, a la ciudadana Maygualida del Valle Contreras, como Directora Administrativa Regional del estado Cojedes / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se procede al cambio de condición de Titular a Encargada, a la ciudadana Norelys Yamileth Álvarez Pérez, como Jefa de la División de Administración, Finanzas y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Barinas / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se procede al cambio de condición de Titular a Encargado, al ciudadano Douglas Alberto Guerrero Navas, como Coordinador de Cultura / División de Bienestar Social / Dirección de Servicios al Personal / Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se procede al cambio de condición de Titular a Encargada, a la ciudadana Keren Elynor Villaroel de Juárez, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Delta Amacuro, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Zunny Abigail Araque Lacera, como Jefa de la División de Servicios Judiciales de la Dirección Administrativa Regional del estado Barinas / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.
MINISTERIO PÚBLICO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro José Lindarte Mejía, como Director de Investigación y Postgrado de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales, del Ministerio Público.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Marcos Pereira Pereira, como Director de Gestión Administrativa de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales, del Ministerio Público.
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471.710 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 5 de mayo de 2026
ASAMBLEA NACIONAL
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Vista la solicitud del Ejecutivo Nacional en oficio signado con la nomenclatura DM N° 000296 de fecha 24 de abril de 2026, proveniente del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
ACUERDA
ÚNICO. Autorizar a la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ, la designación del ciudadano ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.487.963, como Embajador Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, República Francesa.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los cinco (05) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026). Años 216° de la Independencia, 167° de la Federación y 27° de la Revolución Bolivariana.
Decreto N° 5.335 05 de mayo de 2026
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la profundización de la revolución, en la búsqueda de la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria Venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del País y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
DECRETA Artículo 1º. Nombro al ciudadano GUILLERMO ENRIQUE SÁNCHEZ GOLDING, titular de la cédula de identidad Nº V- 6.150.000, como PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (E) (L.S.)
CARLOS ALEXIS CASTILLO ASCANIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Artículo 2°. Delego en el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, la juramentación del referido ciudadano. Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los cinco días del mes de mayo de dos mil veintiséis. Años 216° de la Independencia, 167° de la Federación y 27° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Presidenta (E) de la República
Bolivariana de Venezuela
Decreto Nº 5.336 05 de mayo de 2026
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo y de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública,
DECRETA Artículo 1°. Nombro al ciudadano GABRIEL JOSÉ SIRIT MORILLO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.677.941, como VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN MOVIMIENTO POR LA PAZ Y LA VIDA, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2°. Delego en el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la juramentación del referido ciudadano. Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los cinco días del mes de mayo de dos mil veintiséis. Año 216° de la Independencia, 167° de la Federación y 27° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Presidenta (E) de la República
Bolivariana de Venezuela
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz (L.S.)
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
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Martes 5 de mayo de 2026 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 471.711
Decreto Nº 5.337 05 de mayo de 2026
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 236, numeral 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenado con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y el artículo 195 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 76 del Decreto Constituyente mediante el cual dicta el Código Orgánico Tributario, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO Que es necesario avanzar en mecanismos y programas que coadyuven a preservar el valor de la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela,
CONSIDERANDO Que la emisión de instrumentos, como los títulos de cobertura, se enmarca en la estrategia de política monetaria con la finalidad de lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria,
CONSIDERANDO Que la emisión de instrumentos por parte del Banco Central de Venezuela tiene como objetivo la absorción de la liquidez para suavizar la trayectoria de los agregados monetarios y así incidir sobre el mercado cambiario y la inflación.
CONSIDERANDO Que es política del Ejecutivo Nacional instrumentar incentivos fiscales que coadyuven al logro de los fines mencionados en los considerandos anteriores.
DECRETA Artículo 1°. Se exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a los enriquecimientos obtenidos por los tenedores, personas naturales y jurídicas residenciadas o domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, provenientes de las inversiones que realicen en títulos valores u otros instrumentos de similar naturaleza emitidos y avalados por el Banco Central de Venezuela. Artículo 2°. A los fines de la determinación de los enriquecimientos exonerados a los que hace referencia el artículo anterior, se aplicarán las normas establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta, según el caso, en lo relativo a los ingresos, costos y deducciones de los enriquecimientos gravables. Los costos y deducciones comunes aplicables a los ingresos cuyas rentas resulten gravables o exoneradas, territoriales o extraterritoriales, se distribuirán en forma proporcional. Artículo 3°. Los beneficiarios de la exoneración deben presentar la declaración anual de los enriquecimientos netos globales gravados y exonerados, según corresponda, en los términos y condiciones que establece el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y demás normas aplicables. Artículo 4°. Para el disfrute del beneficio establecido en el artículo 1° de este Decreto, los beneficiarios deben cumplir, además de las obligaciones y requisitos exigidos en este Decreto, las previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y demás normas aplicables. Artículo 5°. Perderán el beneficio de exoneración previsto en el artículo 1° de este Decreto, los beneficiarios que no cumplan las obligaciones y requisitos exigidos en este Decreto, así como las previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y demás normas aplicables. Artículo 6°. El plazo de duración del beneficio de exoneración establecido en este Decreto será de un (01) año, contado a partir de la fecha de su entrada en vigencia.
La exoneración aquí prevista se aplicará al ejercicio fiscal que se encuentre en curso, a partir de la entrada en vigencia de este Decreto. Artículo 7°. Queda encargada de la ejecución de este Decreto la Ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas. Artículo 8°. Este Decreto entrará en vigencia a partir del 8 de mayo de 2026. Dado en Caracas, a los cinco días del mes de mayo de dos mil veintiséis. Año 216° de la Independencia, 167° de la Federación y 27° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Presidenta (E) de la República
Bolivariana de Venezuela
Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.)
JUAN FRANCISCO ESCALONA CAMARGO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.)
YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz (L.S.)
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.)
GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.)
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PIRELA Refrendado El Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.)
CALIXTO JOSÉ ORTEGA SÁNCHEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.)
ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Comercio Exterior (E) (L.S.)
JOHANN CARLOS ÁLVAREZ MÁRQUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional (L.S.)
LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (E) (L.S.)
DANIELLA DESIREÉ CABELLO CONTRERAS
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471.712 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 5 de mayo de 2026 Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.)
JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)
CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA Refrendado La Ministra del Poder Popular de Hidrocarburos (L.S.)
PAULA KRISTINA HENAO VERA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas (L.S.)
HÉCTOR JOSÉ SILVA HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.)
CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ
Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.)
CLARA JOSEFINA VIDAL VENTRESCA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)
YELITZE DE JESÚS SANTAELLA HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas (L.S.)
CARLOS GUILLERMO MAST YUSTIZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud (E) (L.S.)
SERGIO JULIO LOTARTARO TOVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.)
FRANKLIN AMILCAR CARDILLO ROMERO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.)
JULIO JOSÉ GARCÍA ZERPA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (E) (L.S.)
CARLOS ALEXIS CASTILLO ASCANIO
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.)
DIMAS RAÚL NICOLÁS CAZAL ACOSTA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial (E) (L.S.)
HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado La Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud (L.S.)
ISABEL ALICIA ITURRIA CAAMAÑO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología (L.S.)
GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.)
ANA MARÍA SANJUÁN MARTÍNEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (L.S.)
FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.)
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE
Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana (L.S.)
ÁNGEL JOVANNY PRADO PADUA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Transporte (L.S.)
JACQUELINE COROMOTO FARÍA PINEDA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas Y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.)
JUAN JOSÉ RAMÍREZ LUCES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (L.S.)
ROLANDO JOSÉ ALCALÁ MIRANDA Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patria (E) (L.S.)
MAGALLY VIÑA CASTRO
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas,27 ABR 2026 216°, 167° y 27° RESOLUCIÓN N° 000246 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 5.277 de fecha 18 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.999 de fecha 18 de marzo de 2026, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en el artículo 51 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 18 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.699 de fecha 02 de mayo de 2022, RESUELVE ÚNICO: DesIgnar al MayOr General CÉSAR AUGUSTO LUGO RIVERA, C.I. N° 11.346.596, nombrado mediante Resolución N° 000017 de fecha 20 de marzo de 2026, como responsable del manejo de los Fondos de Funclonamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada Sin fIRMa, REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL CAPITAL DEL CEOFANB, Código N° 01937.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas.7. ABR 2026 21.6°, 167° y 27° RESOLUCIÓN N°® 000247 El Ministro del Poder Popular para Ia Defensa, GENERAL. EN JEFE GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 5.277 de fecha 18 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.999 de fecha 18 de marzo de 2026, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en el artículo 51 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 18 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.699 de fecha 02 de mayo de 2022, RESUELVE ÚNICQ: DesIgnar al MayOr General ÁNGEL DANIEL BALESTRINI JARAMILLO, C.I. N° 12.085.833, nombrado mediante Resolución N° 000016 de fecha 20 de marzo de 2026, como responsable del manejo de los Rondos de Funcionamlento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin fIRMa, REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL CENTRAL DEL CEOFANB, Código N° 01321.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, acho dof GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 7 ABR 2026 216°, 167° y 27° RESOLUCIÓN N°* 000248 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 5.277 de fecha 18 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.999 de fecha 18 de marzo de 2026, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 18 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.699 de fecha 02 de mayo de 2022, RESUELVE ÚNICO: Designar al General de DivIsión ORLANDO JOSÉ VÁSQUEZ MOYA, C.I. N° 8.996.607, nombrado mediante Resolución N° 000057 de fecha 27 de marzo de 2026, como responsable del macejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a. la Unidad Administradora Desconcentrada COn fIMa, DIRECCIÓN DE APRESTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, CódigO N° 29861.
Suecedo fo Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas,27 ABR 2026 216°, 167° y 27° RESOLUCIÓN N° 000249 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 5.277 de fecha 18 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.999 de fecha 18 de marzo de 2026, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015 y lo señalado en los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 18 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.699 de fecha 02 de mayo de 2022, RESUELVE
PRIMERO: Delegar a partir del 27 de marzo de 2026, al General de División ORLANDO J0SÉ VÁSQUEZ MOYA, C.I. N° 8.996.607, en su carácter de DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE APRESTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, nombrado mediante Resolución N° 000057 de fecha 27 de marzo de 2026, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados: en·la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la unidad administradora desconcentrada con firma, CÓdIgO N° 29861 DIRECCIÓN DE APRESTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, de acuerdo a la Resolución N° 062379 de fecha 01 de diciembre de 2025, mediante la cual se aprueba la ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PARA EL AÑO 2026, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.268 de fecha 02 de diciembre de 2025, hasta CINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (5.000 U.T), para la ADQUISICIÓN DE BIENES, haSta DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000 U.T), para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS y hasta VEINTE MIL
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UNIDADES TRIBUTARIAS (20.000 U.T), para la EJECUCIÓN DE OBRAS, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 96 numerales 1, 2 y 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas para lo cual deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro.
Queda a salvo lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto Nº 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, con respecto a los actos y documentos, cuya firma no pueda ser delegada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto Nº 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, el referido ciudadano deberá rendir cuenta al Ministro de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.318 de fecha 11 de enero de 2018, se establece la Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo (UcAU), que será utilizada como multiplicador único a fines de obtener el monto en moneda según lo establecido el ordenamiento jurídico, sustituyendo a la Unidad Tributaria (U.T);
teniendo en cuenta que la fijación de valor de la UcAU, será determinado mediante Resolución Conjunta emitida por los Ministerios del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas.
TERCERO: La presente Resolución entrara en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas,2.7 ABR 2026 216°, 167° y 27° RESOLUCIÓN N° 000250 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL. EN JEFE GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 5.277 de fecha 18 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.999 de fecha 18 de marzo de 2026, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17、 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de a República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 18 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.699 de fecha 02 de mayo de 2022, RESUELVE ÚNICO: Designar al General de División CARLOS JOSÉ ABREU RIVERO, C.I. N° 11.270.459, nombrado mediante Resolución N° 000037 de fecha 26 de marzo de 2026, como responsable del manejó, de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), quese giren a. la Unidad Administradora Desconcentrada COn firma, DIRECCIÓN. DE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO Toere BOLIVARIANO, Código N° 29968.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 27 ABR 2026 216°, 167° y 27° RESOLUCIÓN N° 000251 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL. EN JEFE GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ., nombrado mediante Decreto N° 5.277 de fecha 18 de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.999 de fecha 18 de marzo de 2026, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015 y lo señalado en los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 18 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.699 de fecha 02 de mayo de 2022, RESUELVE
PRIMERO: Delegar a partir del 26 de marzo de 2026, al General de División CARLOS J0SÉ ABREU RIVERO, C.I. N° 11.270.459, en su carácter de DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, nombrado mediante. Resolución N° 000037 de fecha 26 de marzo de 2026, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la unidad administradora desconcentrada con firma, código N° 29968 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, de aCuerdO a la Resolución N° 062379 de fecha 01 de diciembre de 2025, mediante la cual se aprueba la ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PARA EL AÑO 2026, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.268 de fecha 02 de diciembre de 2025, hasta CINCo MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (5.000 U.T), para la ADQUISICIÓN DE BIENES, hasta DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000 U.T), para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS y haSta VEINTE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (20.000 U.T), para la EJECUCIÓN DE OBRAS, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 96 numerales 1, 2 y 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas para lo cual deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro.
Queda a salvo lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto Nº 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, con respecto a los actos y documentos, cuya firma no pueda ser delegada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, el referido ciudadano deberá rendir cuenta al Ministro de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.318 de fecha 11 de enero de 2018, se establece la Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo (UcAU), que será utilizada como multiplicador único a fines de obtener el monto en moneda según lo establecido el ordenamiento jurídico, sustituyendo a la Unidad Tributaria (U.T);
teniendo en cuenta que la fijación de valor de la UCAU, será determinado mediante Resolución Conjunta emitida por los Ministerios del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas.
TERCERO: La presente Resolución entrara en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ REPO General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
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Martes 5 de mayo de 2026 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 471.715
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES,
JUSTICIA Y PAZ
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y COMERCIO NACIONAL
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471.716 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 5 de mayo de 2026
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
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las interrogantes formuladas por el Fiscal Sexto (6°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, cuyo contenido riela en autos del expediente judicial, se dejó sentado lo siguiente:
·..PREGUNTA: ¿Diga usted, posee contrato de arrendamiento de dicho inmueble con el propietario del inmueble? CONTEsTÓ: 'no, no tengo ninguno' PREGUNTA: ¿Diga usted, posee título de propiedad del inmueble que habita actualmente? CONTESTÓ: 'No, no tengo...'.'.
Así, habiéndose declarado en la sentencia cuya aclaratoria se requiere, la nulidad de la imputación y el sobreseimiento sólo respecto de una de las ciudadana MARIELA ALEJANDRA imputadas, REYES HERNÁNDEZ, cabe preguntar a esa Honorable Sala Constitucional:
¿Qué ocurre con los restantes imputados?, ¿puede la Fiscalia Sexta (6°) del Ministerio Público del Area Metropolitana de Caracas continuar con la investigación la causa signada con el N MP-132583-2023, con relación al resto de los imputados, distintos a la ciudadana MARIELA ALEJANDRA REYES HERNÁNDEZ?, ¿se dispone remitir el expediente al Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, para que se dé continuidad a la causa, con respecto a los ciudadanos BETTY RODRIGUEZ DE QUINTERO y JHON RAFAEL QUINTERO RODRÍGUEZ, antes identificados? Estos puntos en concreto, requieren ser dilucidados por esa Honorable Sala Constitucional, para poder entender a cabalidad el alcance del mandato emanado de la sentencia Ne 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el 2023-0968, nomenclatura de esa Sala Constitucional (...)" (Resaltado y mayúsculas del original).
Posteriormente, el 1° de marzo de 2024, el referido abogado interpuso escrito contentivo de un alcance a la aclaratoria solicitada, el cual es del siguiente tenor:
"(...) Quien suscribe, LUIS ERISON MARCANO LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, abogado de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 13.200.393, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N 112.711, actuando en el presente acto con el carácter de Fiscal de la Fiscalla Sexta del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena y las Salas Constitucional, Político- Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, según la Resolución Ne 1800, de fecha 07 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Ne 40.292 del 12 de noviembre de 2013, asl como apoderado judicial del MINISTERIO PÚBLICO, tal como se evidencia del instrumento poder debidamente otorgado por el ciudadano Tarek Willian Saab Halabi, en su condición de Fiscal General de la República, en fecha 13 de julio de 2022, anotado Autenticaciones llevados por ante la Notaria Pública Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, condición que se encuentra debidamente acreditada en autos, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acudo ante su competente autoridad a los fines de presentar un alcance de la solicitud aclaratoria consignada en fecha 15 de febrero de 2024, de la sentencia N° 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el Ne 2023-0968, nomenclatura de esa Sala, referida a la Solicitud de Avocamiento (sic) requerido por ante esa Sala Constitucional, por la ciudadana MARIELA SOBEIDA HERNÁNDEZ GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nº 4.417.377, asistida por el abogado Juan Carlos Castro Villalobos, inscrito en el Instituto de contenida en el expediente Nê 20° C-S-1027-23 que tramita el Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas' (Corchetes agregados); la cual procedo a formular en los siguientes términos:
Consideró esa Sala Constitucional que el supuesto táctico que involucra la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, en torno a la ocupación que tiene sobre el inmueble identificado con el Ne PH-6, del Edificio Dautar situado en la avenida principal de las Mercedes, Municipio Baruta del Estado Miranda, no constituye una situación a ser dilucidada dentro del ámbito de la acción penal que monopoliza el Ministerio Público, sino que se trata de un conflicto de Índole civil; sin embargo, no se precisa en la sentencia en comento, cuáles mecanismos en la jurisdicción civil dispone el ciudadano ALI (sic) SALIM ABDUL HADI, titular de la cédula de identidad N.° V-E-81.999.403, en Representación (sic) de la ASOCLACIÓN SOLIDARIDAD Y SANIDAD ONLUS, titular del Registro de Información Fiscal (RIF) 95060930245, propietaria legitima del inmueble en referencia, a los fines de recuperar el mismo?; y si bien, dicha circunstancia en estricto (sic) sensu, no forma parte del thema decidendum, considera esta Fiscalía necesario aclarar ese punto, no solo a fines ilustrativos, sino que en salvaguarda de la garantia constitucional a la tutela judicial efectiva, es sano poner en conocimiento al propietario del inmueble, quien funge como víctima en la causa penal Ilevada por el Ministerio Público (MP-132583-2023) y es también destinatario de esa sentencia, de las acciones civiles efectivas y expeditas a las cuales puede acudir, con el objeto de recuperar el inmueble de su propiedad en manos de sus actuales poseedores, en caso de que ello resulte procedente.
Por otra parte, en la parte in fine de la motiva de la sentencia Ne 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el Nº 2023- 0968 por esa honorable Sala Constitucional, se precisó que:
·..Finalmente, esta Sala hace un llamado de atención a los ciudadanos y ciudadanas en general y a los miembros del sistema de justicia penal venezolano (Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y abogados en ejercicio), a utilizar y tramitar las acciones judiciales de manera prudente y para el fin con el que fueron creadas y no en perjuicio del sistema de justicia, y en lo que respecta al trámite de las denuncias, atendiendo particularmente a la aplicación directa del principio de intervención minima del Derecho penal y, concretamente, del principio de subsidiariedad...'.
Si bien la Sala hace un llamado de atención a 'los miembros del sistema de justicia penal venezolano', en los términos descritos, es importante precisar si lo explanado en ese fallo es un criterio vinculante, y si sus postulados son susceptibles de hacerse extensivo al resto de los miembros del sistema de justicia en materia no penal.
Estos puntos en concreto, requieren ser dilucidados por esa Honorable Sala Constitucional, para poder entender a cabalidad el alcance del mandato emanado de la sentencia Nº 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el Ne 2023-0968, nomenclatura de esa Sala Constitucional, y así respetuosamente lo requiero mediante el presente alcance de solicitud aclaratoria (...)" (Mayúsculas, resaltado del original).
DE LA SENTENCIA CUYA ACLARATORIA SE SOLICITA
La sentencia cuya aclaratoria se solicitó, signada bajo el N° 73, del 6 de febrero de 2024, fue dictada con ocasión a la solicitud de avocamiento efectuada por la ciudadana Mariela Sobeida Hemández González, asistida por el abogado Juan Carlos Castro Villalobos, ya identificados, "de la causa contenida en el [e]xpediente N° 20° C-S-1027-23 que tramita el Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (..)", y en la cual esta Sala, visto que la posesión del inmueble presuntamente invadido era legítima, toda vez que se encontraba sustentada en un contrato de arrendamiento, entre otros dispositivos decidió: i) anular "(...) el acto de imputación formal de fecha 8 de agosto de 2023 contra la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, por la presunta comisión del delito de invasión previsto y sancionado en el articulo 471-A del Código Penal, y ii) el fallo de fecha 6 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, a cargo de la Jueza Yolimar Duque Morales, que declaró con lugar la medida cautelar innominada de restitución de inmueble sobre el apartamento N° 6 ubicado en la avenida principal de las Mercedes (entre las calles New York y Orinoco).
Edificio Dautar, piso 3, Apartamento N° PH-6, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda".
decretar el sobreseimiento de la presente causa, a favor de la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, de conformidad con el artículo 300 numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, se queda extinguida la acción penal (cfr. Sentencia de esta Sala N° 370/2021)".
Ahora bien, el Ministerio Público, solicitante de la aclaratoria, fundó su pretensión en que la sentencia "(...) más lla de mencionar a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, nada refiere sobre sobre (sic) sus efectos en la pluralidad de sujetos denunciados en la investigación Ilevada por la Fiscalía Sexta (6°) Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la causa signada con el No JP-132583-2023, en la que además de haberse investigado a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández (hoy sobreseida por mandato de esa Sala Constitucional), también se investiga a los ciudadanos BETTY RODRÍGUEZ DE QUINTERO y JHON AEL QUINTERO RODRÍGUEZ, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-16.304.587 y V-14.033.418, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de invasión y agavillamiento previstos y sancionados en los articulos 471-A y 286 del Código Penal (..)" (Resaltado y mayúsculas del original).
ⅢⅢI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
1.- Punto Previo
Esta Sala advierte que el 14 de febrero de 2024, el ciudadano Ali Salim Abdul Hadi, en su carácter de apoderado de la Asociación Solidaridad y Sanidad ONLUS, asistido por los abogados Alejandro González Valenzuela y María Estela Zannekla Torres, ya identificados, consignaron escrito, mediante el cual solicitaron a esta Sala "(...) se sirva declarar la nulidad del dispositivo de la sentencia proferida el pasado 6 de febrero de 2024, en razón de ser manifiestamente violatorio del orden público constitucional, o; en su defecto se pronuncie sobre todos los aspectos no decididos o eficientemente resueltos en la aludida sentencia de avocamiento", en los siguientes términos:
"(..) Yo, ALÍ SALIM ABDUL HADI, de nacionalidad brasileña, mayor de edad, empresario, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Ne.
E-81.999.403, en mi carácter de apoderado de la ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD Y SANIDAD ONLUS, entidad sin fines lucro de utilidad social, con sede en Vicenza, en Via Mora, Ne. 57 y titular del código (RIF) 95060930245, carácter éste que consta de instrumento poder que me fuera otorgado ante el Consulado General de Milán (Italia) de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 3 de septiembre de 2021, el cual, quedó anotado bajo el Ne. 2, del Libro Autenticaciones llevado por dicho Consulado General, que en copia se acompaña (Anexo f), y presento en original ad effectum videndi, asistido en este acto por los abogados ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENZUELA y MARÍA ESTELA ZANNELLA TORRES, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, de este domicilio, titulares las cédulas de identidad Nros.
13.737.999 y 10.283.278, respectivamente, inscritos en el titulo de Previsión Social del Abogado, bajo los Nros. 32.176 y 114.214, respectivamente, respetuosamente ante su competente autoridad, de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de 1999, a los fines de exponer:
I ANTECEDENTES Consta de las actas procesales que, en fecha 6 de febrero de 2024, esta Sala Constitucional profirió la sentencia en causa de Avocamiento iniciada a instancia de la ciudadana MARIELA SOBEIDA HERNÁNDEZ GONZALEZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.417.377. madre de la
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ocupante originaria de la titular de un contrato de alquiler de vivienda un inmueble identificado con el Nº. 3 PH6 del Edificio Dautar, hoy destinado a local jal, situado en la avenida principal de Las Mercedes, Municipio Baruta del estado Miranda,; quién actuó debidamente asistida por el abogado JUAN CARLOS CASTRO VILLAALOBOS.
En la referida decisión, esta Sala Constitucional estableció lo siguiente:
...omissis...
Visto los dispositivos precitados, resulta obligante plantearse las siguientes interrogantes: ¿Son los dispositivos de esta sentencia constitucionalmente legitimos? ¿Es esta sentencia realmente inmutable?.
II DEL PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DE LAS SENTENCIAS: SUS EXCEPCIONES El principio de intangibilidad o inmutabilidad de las sentencias es una de las manifestaciones relevantes del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de 1999; se trata, en otras palabras, de un principio o en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil venezolano, conforme al cual después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.' Sin perjuicio de lo antes señalado, debe precisarse que la inmutabilidad o intangibilidad la cosa juzgada, si bien es un principio constitucional, está sujeto a excepciones de carácter convencional, constitucional, legal y politico, a saber: (i) La excepción de carácter convencional, la encontramos en el articulo 20.3 del Estatuto de Roma, conforme al cual, 'La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los articulos 6, 7 u 8 (sic) a menos que el proceso en el otro tribunal a) Obedeciera al propósito de sus traer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantias procesales reconocidas el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia'; la excepción de carácter constitucional ha sido establecida por esta Sala Constitucional, al matar la norma del articulo 336.10, de la Constitución de 1999, en el precedente vinculante establecido en la sentencia No.
93/2000, caso Corpoturismo, en el que asumió la facultad de revisar sentencias definitivamente firmes de cualquier naturaleza; (iii) las excepciones de carácter legal, serían las previstas: a) en el Código de Procedimiento Civil, en su articulo que enumera las causales taxativas de invalidación de sentencias definitivamente firmes; b) en la Ley Orgánica de Amparo (sic), que prevé el amparo contra sentencias, y; c) en el Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 462 y ss (sic); (iv) Las excepciones de carácter politico, el indulto y la amnistía.
Empero, ¿Son éstas las únicas excepciones al principio de inmutabilidad de las sentencias? ¿Qué ocurre cuando un Tribunal Constitucional dicta una sentencia que viola el principio de doble instancia? Y ¿Además, vulnera el principio de competencia (ratione materia) ¿Debe considerarse válida tal decisión?
ⅢII VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE DOBLE INSTANCIA Y DEL PRINCIPIO DE ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL 1.- Vulneración del principio-garantía constitucional de la doble instancia.
Del dispositivo del fallo bajo examen, puede apreciarse que esta Sala Constitucional declaró no solo la mulidad del acto de imputación formal realizado contra la ciudadana MARIELA ALEJANDRA REYES HERNÁNDEZ; también, declaró el sobreseimiento de la causa seguida contra la precitada ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 numeral 2° del Código Orgánico de Procesal Penal, y, en consecuencia, extinguida la acción penal; incurriendo con ello en grosera violación del principio-garantia constitucional de la doble instancia.
Ciertamente, esta Sala Constitucional al declarar la nulidad de la imputación y el sobreseimiento de la causa seguida a la ciudadana MARIELA ALEJANDRA REYES HERNÁNDEZ, incurrió en grosera extralimitación de las facultades previstas en el articulo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en materia de Avocamiento, que limitaba su labor analítica y decisoria, únicamente a: (i) decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia; o (ii) decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos; u (iii) ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro Tribunal competente en la materia, o (iv) adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido; pero, en ningún caso le autorizaban a subrogarse en el rol de juez de control y tomar decisiones de fondo como la nulidad de la imputación y del sobreseimiento, precitados. Es decir, la Sala Constitucional incurrió en uno de los casos problemáticos, de la taxonomía de MacKormick, concretamente, en un problema de calificación (subsunción), esto es, cuando los hechos son establecidos, pero, no cubren el supuesto de hecho de la ley. En otras palabras, la Sala explicó su sentencia, pero, no la justificó desde una perspectiva racional y constitucional; este grueso error puede graficarse con el ejemplo de Nino: La razón (ámbito explicativo) por la que Pedro mató a su mujer, es que ésta hablaba demasiado; pero, hablar demasiado no es razón (ámbito justificativo) para matar', es decir, de haberse advertido la supuesta lesión de algún derecho constitucional, ha debido ordenarse la reparación de tal situación jurídica, pero, en ningún caso ha debido 'matarse' o extinguirse (¿?) (sic) el proceso penal.
Asimismo, junto con extralimitarse en la sentencia de Avocamiento, esta Sala Constitucional cercenó a mi (sic) representada, en tanto víctima, su derecho a recurrir de las decisiones de nulidad de la imputación y del sobreseimiento de la causa seguida contra la ciudadana MARIELA ALEJANDRA REYES HERNÁNDEZ, pues, de conformidad con lo previsto en el articulo 122.9 del Código Orgánico Procesal Penal, las victimas tienen derecho a: Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria', derecho que virtualmente se impide ejercer a mi representada con la arbitraria sentencia aqui cuestionada.
Huelga precisar que junto a la extralimitación de su función jurisdiccional al proferir la sentencia de Avocamiento, y con el cercenamiento del derecho de mi representada a la apelación, esta Sala Constitucional vulneró de manera flagrante el principio o garantía constitucional de la doble instancia, ínsito en el artículo 26 de la Constitución de 1999;
consagrado expresamente en el artículo 49.1, ibidem (sic), en los siguientes términos: Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas esta Constitución y la ley'; también, reconocido en el articulo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en los siguientes términos:
'Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantias mínimas (..) h).- derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. ', y; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.5 Toda persona rada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley'.
Importa precisar que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son normas convencionales, pero, a la vez, normas de ius cogens.
Al efecto, esta Sala Constitucional, en sentencias Nros. 95/2000, 2661/2002 y 1/2005) (sic), entre otras, ha señalado la relevancia del principio de doble instancia, especialmente, en materia penal, en los siguientes términos:
...omissis...
Asimismo, en sentencia No. 212/2012, caso: María Ofelia Pereira Sánchez, esta misma Sala estableció:
...omissis...
Ahora bien, en este estado de cosas, resulta inevitable plantearse las siguientes interrogantes: ¿Puede derogar o eliminar esta Sala Constitucional, mediante una sentencia de avocamiento, el principio convencional y constitucional de doble instancia? ¿Puede la Sala Constitucional mediante una sentencia falsa (en sus supuestos y sus efectos), sentar un precedente que contraría no sólo su pacifica y reiterada doctrina jurisprudencial, sino, además lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal (art. 122.9), la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (art. 122), la Constitución de 1999 (arts. 26 y 49.1), y normas ius cogens: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.2.b) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollticos (art. 14.5)? ¿Podría tener valor de precedente constitucional vinculante, una sentencia que modifica toda la doctrina jurisprudencial de esta a en relación al principio de doble instancia? Y finalmente, ¿Siendo ostensible que esta Constitucional vulneró de manera flagrante el principio de doble instancia, al extralimitarse en el ejercicio de la facultad de Avocamiento, resulta jurídicamente irreversible la violación constitucional consumada? 2.- La doctrina de las nulidades por violación del orden constitucional.
A efectos de dilucidar las interrogantes antes planteadas, cabe advertir que al margen de las excepciones al principio de inmutabilidad de las sentencias, antes aludidas, existe otra categoría la de orden público constitucional, referida, por cierto, en la sentencia aquí cuestionada, pero, sin explicar su pertinencia, y, en el escrito de solicitud de Avocamiento presentado por el abogado JUAN CARLOS CASTRO VILLALOBOS, la cual, posibilita la revisión y declaratoria de mulidad absoluta de los fallos viciados de manifiesta inconstitucionalidad.
Como se sabe, este significante aún no ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia, sin embargo, de acuerdo con la caracterización que de él se ha hecho, se desprende que se trata de una institución funcionalizada a la preservación de la hegemonía (supremacia) de la Constitución como fuente primigenia del ordenamiento jurídico, esto es, responde a una nueva exigencia epistémica, a una nueva relación político-jurídica fundamental, como dictamen rationis y norma normarum, lo cual, trae aparejado importantes consecuencias: (i) la norma constitucional pasa a ser la norma normarum, es decir, el primer referente del sistema, y, por tanto, la fuente de creación del resto de las normas del sistema jurídico, quedando la observancia del orden público constitucional imbricada a la preservación de la hegemonía de la Constitución; (ti) la hegemonía absoluta de sus valores y demás preceptos en el orden interno, a cuya observancia ( del orden público constitucional) están sujetos gobernantes y gobernador; (iii) pone en evidencia la naturaleza de los poderes los que emanan las distintas normas de cada ordenamiento, esto es, poder constituyente/Constitución, y poderes constituidos/normas ordinarias, cuya vulneración comporta violación del orden público constitucional; (iv) el carácter único de la norma constitucional, que da origen: a una superlegalidad formal conformada por mecanismos reforzados de modificación constitucional (rigidez constitucional) frente a los procedimientos legislativos ordinarios, y; a una superlegalidad material que asegura a la Constitución una preeminencia jerárquica sobre las demás normas, que serán válidas si no violentan el orden público constitucional y, los limites al ejercicio del poder y los derechos fundamentales (Beaud, García Pelayo Garcia de Enterría, Jellinek), y; (v) el desbordamiento constitucional, esto es, la inmersión de la Constitución dentro del ordenamiento juridico, en del cual, los operadores jurídicos ya no acceden a la Constitución a través del legislador, sino que lo hacen directa y permanentemente, pues es dificil encontrar un problema juridico serio que carezca de relevancia constitucional, y que sea indiferente al orden público constitucional.
El orden público constitucional es una categoría juridica de cuya 'esencia se desprende está concebida para preservar la supremacía de la Constitución' (Vid. Sentencia Nº. J6/2004, caso: Asociación Bolivariana de Abogados), en tal sentido, se trata de un mecanismo preordenado a un fin (delos), pero, no a un fin cualquiera, sino, a un deber ser constitucional (ethos), esto es, a la preservación de la hegemonía e integridad del principio supremacía normativa de la Constitución (bien juridico protegido en todo proceso constitucional). Este rasgo caracterizador permite afirmar que estamos frente a una categoría juridica que tiene su propio perfil jurídico, que se diferencia claramente de la noción de orden público de la Teoría General del Derecho, o, del orden público legal, como también se le conoce (Germán Bidart Campos, La Interpretación y el Control Constitucionales en la Micción Constitucional). En esta perspectiva, orden público constitucional vendría a ser, de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, una herramienta (función) juridica a finalidad esencial es garantizar la hegemonía e integridad del principio de supremacía de la Constitución, tal como lo estableció esta Sala Constitucional, en la sentencia líder (leading case), No. 77/2000, caso José Zamora Quevedo, en la que señaló:
...omissis....
Con base a lo expuesto, resulta forzoso concluir que al advertirse dentro de un proceso existencia de determinaciones judiciales ostensiblemente contrarias al orden público constitucional, el juez que responde por la integridad y supremacia de la Constitución debe de oficio dejar sin efecto tales determinaciones judiciales, por lo que emerge la institución del orden público constitucional, como una nueva excepción, una excepción extraordinaria al principio de inmutabilidad de las sentencias.
En este contexto, resulta inexcusable el deber de esta Sala de declarar de oficio, la ilegitimidad de la declaratoria de nulidad de las imputaciones, y el sobreseimiento de la causa a la ciudadana MARIELA ALEJANDRA
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REYES HERNÁNDEZ, pues, de aceptarse la validez de tal pronunciamiento se estaría trastocando todo el orden constitucional, al permitirse la eliminación del principio de doble instancia a partir de una sentencia fundada en falsos supuestos; importa precisar que en este caso, ninguna otra solución es juridicamente factible, pues, sl se remitiera el expediente al Tribunal de Control para que se ejerciera el respectivo recurso de apelación, estaríamos ante la absurda situación de que una Sala de la Corte de Apelaciones revisaria en alzada una sentencia de la Sala Constitucional; por tanto, cabe otra posibilidad, para corregir el entuerto generado, que declarar de oficio la nulidad dispositivos sobre las imputaciones y sobre el sobreseimiento, precitados. Así pido se declare.
IV DE LA IMPROCEDENCIA DEL AVOCAMIENTO Y VIOLACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ NATURAL (VIOLACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL) De otra parte, ante el alcance de las irregularidades contenidas en la sentencia de Avocamiento, surgen razonables interrogantes, a saber:
¿Puede avocarse la Sala Constitucional a causas penales, en las que no se demuncian violaciones de derechos humanos? ¿Puede la Sala Constitucional avocarse a una causa penal sin haber acreditado los extremos para ello, y sin haber acreditado que se ejercieron los recursos ordinarios para corregir las supuestas irregularidades denunciadas? Al efecto, debe advertirse que la sentencia aqui referida, vulnera, además, el principio competencia (ratione materia), y por consiguiente, el derecho al juez natural de mi representada (art. 49.4 Constitución 1999), por cuanto, la materia objeto de análisis y de decisión, tal como se deriva de la sentencia de Avocamiento, se contrae exclusivamente a cuestiones penales, tales como: un supuesto terrorismo judicial; un supuesto fraude procesal;
teorización del principio de intervención mínima y subsidiaria del derecho penal, y; termina declarando la mulidad de la imputación a la solicitante del Avocamiento y su sobreseimiento en una causa penal; sin hacer mayores consideraciones sobre derechos fundamentales lesionados o amenazados de lesión.
Huelga señalar que al comportar el Avocamiento una afectación (disrupción) del doble grado de jurisdicción, las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, deben ser muy acuciosas y prolijas en determinar la concurrencia de las condiciones objetivas a tal fin, estableciendo, en primer lugar, la afinidad de la materia objeto de la solicitud de Avocamiento las competencias naturales de cada Sala.
En el presente caso, se observa que esta Sala Constitucional incurrió en flagrante usurpación de funciones, al 'avocarse' a una causa penal, en la que abundan alegatos de no penal, incluso los formulados por el abogado de Ia solicitante JUAN CÁRLOS CASTRO VILLALOBOS (...), quien señaló:
(...) en el caso de autos se encuentran dadas las circunstancias extraordinarias que dispone el ordenamiento jurídico y la doctrina judicial constitucional establecida por esta Sala Constitucional para la procedencia del avocamiento, por cuanto las irregularidades generadas desde el principio con esta falsa denuncia que ha llevado a dictarse decisión cautelar, repit[e], basada en una falsa denuncia que no fue verificada por el tribunal, ni si quiera (Sic) a considerar los elementos mínimos para dictar una medida cautelar como son la presunción del buen derecho, el peligro de daño o la ilusoriedad del proceso, siendo que la representación del Ministerio Público solicitó dicha medida sin ni siquiera presentar un acto conclusivo de acusación, sin tener aún un posible pronóstico de condena en contra de las imputadas, pero si judicializa su investigación solicitando esta medida ilegal basado en una denuncia falsa, cuya verdad, aquí se está demostrando, siendo esa verdad que las ciudadanas imputadas no cometieron los delitos señalados, y sí son poseedoras legítimas de los inmuebles, generando ello, graves consecuencias, que trascienden de la esfera jurídico subjetiva de los sujetos procesales en esa causa, cuyo avocamiento se petición, de tal manera que afectan al orden público constitucional y a la imagen del Poder Judicial'.
Al efecto, importa precisar que, aun cuando, en un proceso se haya materializado una violación del orden público constitucional, tal violación no autoriza necesariamente a que el asunto sea conocido únicamente por la Sala Constitucional, pues, tal como lo estableció la leading case (sentencia líder) en materia de orden público constitucional, Nº. 77/2000, caso é (sic) Zamora Quevedo, todos los jueces de la República están obligados a velar por la intangibilidad del principio de supremacía de la Constitución, y declarar de oficio nulidades por violación del orden público constitucional;
en el presente caso, resulta más que evidente quee las supuestas violaciones al orden público constitucional, señaladas en la sentencia aqui cuestionada, debieron denunciarse ante la correspondiente Sala Penal.
Sobre este punto esta misma Sala Constitucional ha establecido en sentencia Ns. 10/2018, caso: Rafael Ferraro Marino, lo siguiente:
...omissis...
En tal perspectiva, resulta evidente que al avocarse esta Sala Constitucional a un asunto, sobre la base de argumentos de tipo penal, vulnerando con ello la competencia (ratione materia), y el derecho al juez natural de mi representada; sin haber acreditado las irregularidades procesales presuntamente cometidas, y; sin haberse acreditado el ejercicio de recursos ordinarios, para subsanar las supuestas irregularidades;
resulta más que evidente esta Sala incurrió en grosera violación del orden público constitucional, al avocarse a un asunto para el que no tenía competencia, y en el que no se cumplieron los extremos de ley. Así pido se declare.
V DE LA COSA JUZGADA RELATIVA Y DE LA COSA JUZGADA PRESUNTA Finalmente, cabe observar que de la sentencia de Avocamiento aquí cuestionada no puede derivarse ningún efecto de cosa juzgada formal ni material, por cuanto, sus dispositivos son absoluta e inequívocamente parciales, inconclusos, y constitucionalmente ilegítimos; por tanto, no pueden producir efectos jurídicos válidos, según pasamos a explicar de seguidas.
Ciertamente, en el dispositivo del fallo hay absoluta indeterminación no sólo respecio cuál de los supuestos del numeral 2 del articulo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado a la solicitante del Avocamiento, pues, dicha norma contiene diversos supuestos hecho (el hecho imputado no es tipico o concurre una causa de justificación;
inculpabilidad o no punibilidad), y se desconoce hasta ahora cuál fue el que se estimó procedente, y se aplicó; sino, además, hay indeterminación respecto de la secuela del proceso, es, siendo una pluralidad de sujetos los denunciados, y habiéndose declarado la mulidad la imputación y el sobreseimiento solo respecto de una de las imputadas, las interrogantes expediente al tribunal respectivo para que continúe la causa respecto de los no favorecidos por tan singular fallo? ¿Es posible emitir un fallo de avocamiento con el propósito de beneficiar a un solo de una causa y dejar en un bimbo jurídico a los restantes? ¿Se remitirá el expediente al tribunal que se asigne para que los interesados puedan ejercer los recursos a los que tienen derecho? ¿Puede ser revisada esta sentencia por un tribunal de inferior jerarquía? Al efecto, cabe señalar que los pronunciamientos de la Sala Constitucional adquieren fuerza de cosa juzgada formal, es decir, son irrevisables para la misma Sala Constitucional cuando no violan el orden público constitucional; sin embargo, aun en el supuesto, que negamos en el presente caso, de no incursión en violación del orden público constitucional, sentencias, como la aqul cuestionada, son revisables, además, en aspectos conexos con las mismas con base en la doctrina de la cosa juzgada relativa y doctrina de la cosa juzgada ente, la cual, tiene amplio desarrollo en el derecho comparado (Colombia y Alemania), e extraordinariamente puede plantearse la revisión de la cosa juzgada constitucional cuando ésta es relativa o aparente, ello, con el propósito de hacer prevalecer la hegemonía e intangibilidad del principio de supremacía constitucional.
Al efecto, se entiende por cosa juzgada constitucional relativa aquella que permite la revisión de una materia que ha sido objeto de un fallo constitucional, desde una perspectiva diferente a la tratada en la sentencia, por ejemplo, en el presente caso, se inició el proceso una solicitud de Avocamiento que, en los hechos, derivó en una especie de amparo constitucional en favor de la solicitante quedando diversos aspectos jurídicos, a los que se traen las interrogantes previas, sin resolver, razón por la cual, surge una cosa juzgada relativa al existir varios aspectos procesales insolutos. La Corte Constitucional colombiana la cosa juzgada relativa ha dicho: 'Al respecto, entonces, no puede hablarse siquiera una cosa juzgada relativa -que consiste en el estudio de una norma a la luz de ciertos argumentos o razones, dejando posibilidad de otros no considerados, pero sobre el supuesto que, al menos, la normatividad acusada ha sido materia de examen- ...omissis...' -sentencia C-700799 de la Corte Constitucional Colombiana (sic), de fecha 16-09-99).
Por otra parte, se entiende por cosa juzgada constitucional aparente aquella que se deduce cuando en un fallo constitucional, no existe pronunciamiento expreso y preciso sobre las cuestiones sometidas a consideración del órgano jurisdiccional constitucional, o en casos en que habiendo habido pronunciamiento la motivación es deficiente, en razón de cual, a efectos de preservar la supremacia constitucional, la garantia del orden público constitucional permite un nuevo pronunciamiento correctivo de las deficiencias apuntadas.
La Corte Constitucional colombiana ha establecido, al efecto, lo siguiente:
...omissis...
De lo expuesto precedentemente, se deriva que la sentencia de Avocamiento ha producido cosa juzgada relativa, por cuanto, existen muchos aspectos que no fueron resueltos con el dispositivo del fallo, tal como ya se señaló, esto es: ¿Qué ocurre con los restantes imputados?, ¿Se remitirá el expediente al tribunal respectivo para que continúe la causa respecto de los no favorecidos por tan singular fallo?, ¿Se remitirá el expediente al Tribunal que se asigne para que los interesados puedan ejercer los recursos a los que tiene derecho?, ¿Puede ser revisada esta sentencia por un tribunal de inferior jerarquia?
De igual manera, existen otros aspectos resueltos eficientemente, lo que ha dado lugar cosa juzgada aparente, es decir: ¿Es posible emitir un fallo de Avocamiento con el propósito de beneficiar a un solo sujeto de una causa y dejar en un bimbo jurídico a los restantes?, ¿Cuál de los diversos supuestos del numeral 2 del articulo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, fue aplicado, a la solicitante del Avocamiento? Siendo evidente que la sentencia de Avocamiento aquí cuestionada, al margen de los vicios señalados en los capítulos precedentes, está afectada de cosa juzgada relativa y cosa juzgada aparente, resulta obligante para esta Sala Constitucional emitir un nuevo pronunciamiento sobre todos los aspectos no decididos o eficientemente decididos, a cuyo efecto, habiendo adelantado opinión el magistrado ponente, e incurrir en causal de inhibición, procedente sería su deslinde con el presente proceso. Asi pido se declare.
PETITUM En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho a que se contraen los capitulos precedentes, solicito muy respetuosamente a esta Sala Constitucional, se sirva declarar la nulidad del dispositivo de la sentencia proferida el pasado 6 de febrero de 2024, en razón de manifiestamente violatorio del orden público constitucional, o; en su defecto se pronuncie sobre todos los aspectos no decididos o eficientemente resueltos en la aludida sentencia de avocamiento (...)" (Mayúsculas, resaltado y subrayado del original).
Así, el referido ciudadano pretende que esta Sala revoque su propia decisión, específicamente, la sentencia N° 73 dictada el 6 de febrero de 2024, a través de la cual, en el marco de la solicitud de avocamiento planteada por la ciudadana Mariela Sobeida Hernández González, declaró:
"(...) 1.- INADMISIBLE la solicitud de avocamiento presentada por la ciudadana MARIELA SOBEIDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ya identificada.
2.- Se AVOCA de oficio a la causa contenida en el expediente N° 20° C-S- 1027-23 sustanciada por el Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
3.- NULOS i) el acto de imputación formal de fecha 8 de agosto de 2023 contra la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, por la presunta comisión del delito de invasión previsto y sancionado en el articulo 471-A del Código Penal, y ii) el fallo de fecha 6 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Jueza Yolimar Duque Morales, que declaró con lugar la medida cautelar innominada de restitución de inmueble sobre el apartamento N° 6 ubicado en la avenida principal de las Mercedes (entre las calles New York y Orinoco). Edificio Dautar, piso 3, Apartamento N° PH-6, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda.
4.- Se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, de conformidad con el artículo 300 numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, se queda extinguida la acción penal.
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5.- Se ORDENA remitir copia certificada del presente fallo a la Jueza del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas.
6.- Se ORDENA a la Secretaría de esta Sala remitir copia certificada del presente fallo al Fiscal General de la República, ciudadano Dr. Tarek William Saab, para que tenga conocimiento de la presente decisión y, en el marco de sus competencias, realice las investigaciones pertinentes ante la presunta comisión de hechos punibles y faltas disciplinarias.
ERRORJUDICIALINEXCUSABLEa 7.- DECRETA Jueza YOLIMAR DUQUE MORALES, a cargo del Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Area Metropolitana de Caracas.
8.-Se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Ministerio Público, la Comisión Judicial, la Inspectoría General de Tribunales y al Colegio de Abogados de Caracas, a los fines que en el marco de sus competencias inicien de ser el caso, una investigación y tomen las acciones penales y disciplinarias en contra la Jueza YOLIMAR DUQUE MORALES, a cargo del Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas.
9.- Se ORDENA notificar de la presente decisión a la ciudadana Mariela Sobeida Hernândez González, al Fiscal Provisorio Sexto (6") del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas Moisés Alejandro García Velásquez, y a la Jueza Yolimar Duque Morales a cargo del Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas". (Énfasis del texto)
De ello resulta, que a los fines del pronunciamiento correspondiente, esta Sala debe atender el criterio sostenido respecto a las solicitudes de revocatoria de sus propias decisiones, visto lo cual se hace pertinente citar lo expuesto en su sentencia N° 1490/2011 (Caso: "Antonio José Varela"), en la cual se expresó lo siguiente:
"Ahora bien, esta Sala aprecia que lo peticionado por los recurrentes excede de las facultades de esta Sala, por cuanto después de pronunciada la sentencia carece este órgano jurisdiccional de una nueva facultad decisoria, salvo la aclaratoria o ampliación del fallo, lo cual no tiene por finalidad un nuevo pronunciamiento de la causa, sino 'principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo en aquel contenido, orientada a su correcta ejecución, por lo que el pronunciamiento del juez'como reiteradamente lo ha expuesto esta Sala, en sentencia n° 1068 del 8 de mayo de 2003, por citar alguna de ellas; por tanto, no puede esta instancia modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es, sencillamente, un mecanismo que permite determinar la voluntad del órgano decisor, a fin de su correcta comprensión y ejecución, o para salvar omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia.
Las decisiones dictadas por esta Sala Constituclonal adquieren, desde su publicación, el carácter de cosa juzgada formal, consagrado en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, y al mismo tiempo se perfecciona el carácter de cosa juzgada material dispuesto en el articulo 273 eiusdem, que impone que se tenga en cuenta el contenido de la decisión en todo proceso futuro entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, de alli que la Sala, luego de haber sido dictada sentencia definitiva, carece de potestad alguna para conocer nuevamente de sus propias decisiones, aunado al hecho de que, conforme lo dispone el articulo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia- contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá ni admitirá acción ni recurso alguno, por tanto, la sentencia recurrida mediante la invalidación resulta, a todas luces, inimpugnable. (Vid. entre otras las sentencias n° 93 del 20 de febrero de 2008 / n° 681 del 26 de septiembre de 2009).
Además, la Sala le recuerda a los recurrentes que este mismo órgano judicial tampoco puede promunciarse de nuevo sobre un asunto ya decidido con carácter definitivo, pues ha perdido jurisdicción para efectuar un muevo examen del asunto".
En ese sentido, mediante decisión N° 532/2012 (Caso: "Luciano Conti Camporese"), esta Sala precisó lo siguiente:
"(...) El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto Tribunal de la República; contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que se dispone en la presente Ley'.
La norma transcrita, establece la irrecurribilidad de las decisiones dictadas por este Máximo Tribunal en cada una de sus Salas y el consecuente carácter inmutable que el legislador con fundamentos politico-sociales tendentes a la consolidación de la seguridad juridica les ha otorgado, excluyendo asi a las referidas sentencias del ejercicio de cualquier recurso o consulta, salvo la facultad extraordinaria de revisión de esta Sala, la cual tampoco opera con respecto a las sentencias dictadas por la propia Sala Constitucional.
De igual modo, tal circunstancia deriva del rango que detenta este Máximo Tribunal dentro de la estructura jerárquica de los órganos jurisdiccionales la cual, le atribuye el carácter de Máximo Órgano Jurisdiccional y por lo tanto, la última instancia judicial a la cual pueden ser sometidas las controversias de relevancia juridica.
Conforme a lo expuesto, la solicitud de revocatoria de una sentencia definitiva de esta Sala, colide flagrante con el principio contenido en el citado artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual otorga a las sentencias de este Máximo Tribunal el carácter definitivamente firme de sus decisiones no admitiendo sino los recursos que taxativamente contempla la mencionada Ley Orgánica (Vid. sentencia N° 34/2008 del 19 de febrero, caso: Héctor González Guerra).
Ello así, quiere dejar claro la Sala que la irrecurribilidad de las sentencias dictadas por esta Sala, en modo alguno infringe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contemplan el derecho a recurrir del fallo y, por tanto, el principio de doble grado de jurisdicción, dada la ubicación en las cúspide del Poder Judicial que ostenta este Supremo Tribunal.
Igualmente, debe advertir la Sala que tampoco puede este mismo órgano judicial volver a pronunciarse sobre un asunto ya decidido con carácter definitivo, toda vez que ha perdido jurisdicción para seguir conociendo del asunto. En este sentido, es preciso indicar que es un principio de derecho procesal común recogido en el encabezamiento del articulo 252 del Código de Procedimiento Civil, que prevé: 'Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocar ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado', no obstante, la Sala, a solicitud de parte, puede aclarar los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar errores de copia, referencias o de cálculos numéricos que aparecen de manifiesto en la sentencia o dictar ampliaciones.
De otra parte, se advierte igualmente al solicitante que su inconformidad con el fallo dictado por la Sala en el ejercicio de su función jurisdiccional, no lo autoriza a pretender polemizar con este mismo órgano el cierto de la sentencia dictada, más aun cuando no acudió dentro del lapso fijado en el mencionado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil a solicitar aclaratoria del fallo dictado el 9 de diciembre de 2010, evidenciándose una vez más su falta de diligencia para comparecer ante la Sala".
Visto lo anterior, se observa que el planteamiento que hace el ciudadano Alí Salim Abdul Hadi, se encuentra dirigido a denunciar que la sentencia proferida por esta Sala violó el principio constitucional a la doble instancia y el orden público constitucional de su representada, y solicitó "(..) a esta Sala Constitucional, se sirva declarar la nulidad del dispositivo de la sentencia proferida el pasado 6 de febrero de 2024, en razón de manifiestamente violatorio del orden público constitucional, o; en su defecto se pronuncie sobre todos los aspectos no decididos o eficientemente resueltos en la aludida sentencia de avocamiento (..)"; a tal efecto, no se desprende que la pretensión del referido ciudadano pueda vincularse a alguno de los supuestos contemplados en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, sino que, por el contrario, persigue que este órgano judicial emita una nueva sentencia que modifique lo ya decidido, lo cual contraría Ia jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala a través de la cual se sostiene que las decisiones de este Alto Tribunal son irrecurribles, tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que la solicitud planteada por el ciudadana Alí Salim Abdul Hadi, resulta improponible en derecho. Así se decide.
Por otra parte, el ciudadano Ali Salim Abdul Hadi, en su escrito planteó la inhibición del Magistrado ponente, Luis Fernando Damiani Bustillos, por ya haber adelantado opinión en el presente asunto, visto lo cual se hace necesario hacer las siguientes consideraciones:
La inhibición es la manifestación libre y espontánea del juez o funcionario judicial de separarse del conocimiento de un determinado asunto, porque se considera incurso en alguna o algunas de las causales que preceptúa la ley u otras distintas (cfr. sentencia de esta Sala N° 2140/2003), por lo que, en consecuencia, su imparcialidad podría estar comprometida; por tanto, el requerimiento de la inhibición no es una facultad de las partes ni surte efecto jurídico alguno. Sobre este particular, la Sala consideró que:
"(...) Es conocido en el campo de la doctrina jurídica que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva del decisor, ya que sólo éste es capaz de conocer si, efectivamente, en su persona existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad. Así lo reconoce nuestra legislación, que obliga al funcionario judicial a separarse de la causa, cuando encuentre que en su persona existe una causal de recusación (artículos 84 del Código de Procedimiento Civil y 87 del Código Orgánico Procesal Penal, solo para citar algunos ejemplos). De modo tal, que no resulta pertinente que alguna de las partes o un tercero pretenda invadir este poder de apreciación individual bajo una solicitud de inhibición, como ocurre en el presente caso, motivo por el cual dicha solicitud no obliga a la emisión de pronunciamiento alguno en virtud de su improponibilidad." (Vid. sentencia de esta Sala N° 2834/2003, de 28 de octubre, caso:"Magaly Cannizzaro de Capriles"; la cual fue reiterada, entre otras, en sentencia N° 1285/2008).
Respecto de la inhibición como un acto del juez y no de las partes -quienes solo podrán recusar-, esta Sala expresó que la inhibición constituye una facultad-deber inherente al juez, cuyo ejercicio o utilización puede ser obra de éste, de tal manera que, el ordenamiento jurídico sólo permite a estos funcionarios su invocación y aplicación, por lo que, solamente pueden las partes recusar al juez por los mismos motivos por los cuales aquel se debió inhibir (Vid. s.S.C. n.° 797/2007, del 2 de mayo, caso: Freddy Alberto Pérez"). En relación con lo anterior, esta Sala consideró oportuno agregar lo siguiente:
"(...) en virtud del principio de legalidad que revisten aquellas formas ordenadoras del proceso, el ordenamiento jurídico procesal establece los medios idóneos por los cuales las partes pueden enervar la competencia subjetiva del Juez. Para ello, el legislador incorporó la figura de la recusación como medio específico en poder de las partes que estimen que algún funcionario judicial se halle incurso en algunas de las causales que estén establecidas en la ley, distinguiéndola de la inhibición, que opera de oficio, en tanto ello constituye un deber exclusivo del juez." (Vid. s.S.C. n.° 1285/2008, del 13 de agosto, caso: "Guillermo Palacios y otros").
De modo pues, que la solicitud de inhibición debe desestimarse en tanto la inhibición como un acto del juez y no de las partes. No obstante, esta Sala debe señalar que si bajo el principio pro actione asumiera que la solicitud planteada no se refiere a una inhibición sino al planteamiento de una recusación, entendida como el medio que permite a las partes cuestionar la capacidad subjetiva del juez para resolver la controversia, por encontrarse incurso en alguna de las causales de inhibición, es necesario reiterar que ésta exige que el objeto de la tutela judicial se encuentre permitido por el Derecho, ya que en caso contrario, al no existir una pretensión susceptible de ser tutelable -vgr. cuando la pretensión resulta
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improponible como en el presente caso-, no es posible cuestionar la capacidad para juzgar (cfr. sentencia de esta Sala N° 1079/2007), ya que lo que pretende el solicitante es en los términos expuestos supra, que esta Sala revoque sus propias decisiones.
Con base en lo precedentemente expuesto, se reitera que con el pronunciamiento contenido en la decisión N° 73 de fecha 6 de febrero de 2024, esta Sala carece de una nueva facultad decisoria, salvo la solicitud de aclaratoria o ampliación, supuestos que no se verifican en la solicitud planteada, por lo que la solicitud de inhibición del Magistrado ponente, que fue formulada debe ser declarada improponible en derecho, y así se decide.
2.- De la admisibilidad de la solicitud de aclaratoria
La materia con relación a la cual debe resolver esta Sala en esta oportunidad, versa sobre la solicitud de aclaratoria del fallo antes mencionado, dictado por esta Sala el 6 de febrero de 2024. Al respecto, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en los procesos que cursan ante el Tribunal Supremo de Justicia, según lo acuerda el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece Ia procedencia de la citada figura, cuyo contenido es del tenor siguiente:
"Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres dias, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente".
En este orden de ideas, constata esta Sala que en el presente caso, el 9 de febrero de 2024, fue librado el oficio de notificación dirigido al Fiscal General de la República, y el 16 del mismo mes y año, el Alguacil de esta Sala dejó constancia de la práctica de la notificación antes aludida.
Ahora bien, visto que la solicitud de aclaratoria de la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024, fue presentada el 15 de febrero de 2024, y su ampliación de fecha 1° de marzo de 2024, la misma fue planteada tempestivamente (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1.196 del 23 de octubre de 2015). Así se decide.
3.- Del objeto de la solicitud de aclaratoria
La aclaratoria del fallo persigue principalmente que el órgano jurisdiccional aclare aquellos puntos dudosos, o para salvar omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia, por lo que debe acotarse que la aclaratoria o ampliación que pronuncie el juez, no puede modificar la decisión de fondo emitida ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es, sencillamente, un mecanismo que permite determinar el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor, a los fines de su correcta comprensión y ejecución (Véase sentencia de esta Sala N° 2.025 del 23 de octubre de 2001).
Asi pues, cuando lo que se procure con la solicitud de aclaratoria o ampliación sea cuestionar la sentencia, argumentándose que la decisión debía dictarse en una forma distinta, aquella resultará improcedente, ya que lo que se pretende es obtener la modificación o revocatoria del fallo que estima le resulta lesiva o contraria a sus intereses, en contra de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.
En tal sentido, es importante destacar que la solicitante de la aclaratoria, señaló que la sentencia "(...) más allá de mencionar a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, nada refiere sobre sobre (sic) sus efectos en la pluralidad de sujetos denunciados en la investigación llevada por la Fiscalia Sexta (6°) Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la causa signada con el Nº JP-132583-2023, en la que además de haberse investigado a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández (hoy sobreseída por mandato de esa Sala Constitucional), también se investiga a los ciudadanos BETTY RODRÍGUEZ DE QUINTERO y JHON AEL QUINTERO RODRÍGUEZ, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-16.304.587 y V-14.033.418, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de invasión y agavillamiento previstos y sancionados en los articulos 471-A y 286 del Código Penal (...)". (Énfasis del texto)
No obstante lo anterior, considera esta Sala, que en el fallo objeto de la presente solicitud de ampliación, no quedó nada por resolver, toda vez que la mencionada decisión estableció de manera clara y precisa, que:
"(..) 3.- NULoS t) el acto de imputación formal de fecha 8 de agosto de 2023 contra la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, por la presunta comisión del delito de invasión previsto y sancionado en el artículo 471-A del Código Penal, y ii) el fallo de fecha 6 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, a cargo de la Jueza Yolimar Duque Morales, que declaró con lugar la medida cautelar innominada de restitución de inmueble sobre el apartamento N° 6 ubicado en la avenida principal de las Mercedes (entre las calles New York y Orinoco). Edificio Dautar, piso 3, Apartamento N° PH-6, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda.
4.- Se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, de conformidad con el articulo 300 mumeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, se queda extinguida la acción penal". (Énfasis del texto)
Asimismo, se dejó claro en el texto de la sentencia, que el dispositivo arriba precisado, fue proferido tomando en cuenta el caso concreto relacionado con la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, pues pudo determinarse "(...) de la revisión de las actas procesales, especificamente en los folios del ciento cuarenta y uno (141) al ciento cuarenta y ocho (1 48) de la pieza anexo N° 2 del expediente, se pudo verificar, la existencia de un contrato de arrendamiento suscrito entre la ciudadana Claudia Maria Ruettgers Dressing, titular de la cédula de identidad N° V-9.230.191, y la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, titular de la cédula de identidad N° V-13.886.579, sobre un inmueble, constituido por un apartamento ubicado en la Avenida Principal de las Mercedes (entre las calles New York y Orinoco), Edificio Dautar, piso 3, apartamento No. Ph-6, en jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda, notariado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Baruta del Estado Miranda el 9 de septiembre de 2010", y en consecuencia no debió ser imputada por la comisión del delito de invasión, dados los elementos de convicción que evidenciaban la existencia de una relación jurídica de naturaleza civil, siendo que lo ajustado a derecho, era que el Ministerio Público solicitara la desestimación de la denuncia, tal y como fue suficientemente fundamentado en el fallo objeto de aclaratoria.
Así, no puede dejar de advertir, que la sentencia se basta por si misma, y en su narrativa y motiva esta Sala señaló y expuso claramente los datos exactos del caso concreto, los cuales se refieren a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, y que fueron producto del análisis de los hechos denunciados por la solicitante del avocamiento, y de las pruebas que se derivaron de la revisión del expediente de la causa; por lo que no puede pretender el Ministerio Público, a través de la figura de la aclaratoria o de la ampliación, que esta Sala se pronuncie respecto a personas cuya situación jurídica no son objeto de la tutela efectuada de oficio por esta Sala en el marco de sus competencias. Así se declara.
Asimismo, respecto al argumento esgrimido por el Ministerio Público, relativo a la supuesta imprecisión de la sentencia respecto "(...) a cuáles mecanismos en la jurisdicción civil dispone el ciudadano ALI (sic) SALIM ABDUL HADI (.) en representación de la en referencia a los fines de recuperar el mismo", el fallo en su texto señaló expresamente, que "el asunto debía ventilarse ante la jurisdicción civil, en la medida que el análisis de la naturaleza jurídica de la relación arrendaticia, le corresponde al juez civil, siendo órgano jurisdiccional competente para decidir sobre la efectiva restitución del inmueble, según sea el caso por cumplimiento de contrato o desalojo". (Énfasis del texto)
Debe advertirse que en el presente caso no corresponde a esta Sala suplir las cargas de los abogados, que en el ejercicio del mandato otorgado, realicen las gestiones de asesoría y representación para la mejor defensa de los intereses de sus representados, en tanto la Ley de Abogados en su articulo 15, establece que "[e]l abogado tiene el deber de ofrecer al cliente el concurso de la cultura y de la técnica que posee; aplicarlas con rectitud de conciencia y esmero en la defensa; ser prudente en el consejo, sereno en la acción y proceder con lealtad, colaborando con el Juez, en el triunfo de la justicia". Corresponde a los interesados agotar los medios judiciales previstos en el ordenamiento jurídico aplicable a su relación de derecho privado. Esta Sala no advierte un interés general o de orden público que justifique el ejercicio de potestades oficiosas para suplir la actividad de sus representantes judiciales. En consecuencia, la solicitud debe desestimarse. Asf se declara.
Establecido lo anterior, es menester destacar que el 1° de marzo de 2024, el ciudadano Luis Emerson Marcano, actuando como Fiscal Sexto del Ministerio Público, para actuar ante la Sala Plena y las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, consignó alcance a la solicitud de aclaratoria planteada el 15 de febrero de 2024, y en la cual advirtió lo siguiente:
"(...) Por otra parte, en la parte in fine de la motiva de la sentencia Nº 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el Ne 2023- 0968 por esa honorable Sala Constitucional, se precisó que:
... Finalmente, esta Sala hace un llamado de atención a los ciudadanos y ciudadanas en general y a los miembros del sistema de justicia penal venezolano (Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y abogados en ejercicio), a utilizar y tramitar las acciones judiciales de manera prudente y para el fin con el que fueron creadas y no en perjuicio del sistema de justicia, y en lo que respecta al trámite de las denuncias, atendiendo particularmente a la aplicación directa del principio de intervención mínima del Derecho penal y, concretamente, del principio de subsidiariedad...
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Si bien la Sala hace un llamado de atención a los miembros del sistema de justicia penal venezolano', en los términos descritos, es importante precisar si lo explanado en ese fallo es un criterio vinculante, y si sus postulados son susceptibles de hacerse extensivo al resto de los miembros del sistema de justicia en materia no penal.
Estos puntos en concreto, requieren ser dilucidados por esa Honorable Sala Constitucional, para poder entender a cabalidad el alcance del mandato emanado de la sentencia Nº 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el Ne 2023-0968, nomenclatura de esa Sala Constitucional, y asi respetuosamente lo requiero mediante el presente alcance de solicitud aclaratoria (.…..
En relación con lo solicitado, se reitera que las interpretaciones de esta Sala sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes tanto para el resto de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República — artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia-. En ese sentido, las decisiones vinculantes de esta Sala cumplen con los requisitos de universalidad, ya que permiten llegar a determinar los presupuestos necesarios para que la interpretación y aplicación de una norma (constitucional o legal) en una determinada decisión judicial, sea justificada o acorde al Texto Fundamental, y ello es posible en el ordenamiento jurídico vigente, en la medida que esas decisiones vinculantes tienen implicaciones hacia el futuro —que se justifican entre otros argumentos- en la igualdad de trato y seguridad jurídica (cfr, sentencia N° 282/2021).
En la decisión N° 282/2021, antes señalada, esta Sala precisó:
"(.) Cuando esta Sala fija un criterio vinculante, el mismo puede plantear una regulación pormenorizada sobre el ámbito de su interpretación como por ejemplo se verificó en la primera decisión de esta Sala con el establecimiento de las competencias en materia de amparo (Sentencia N° 1/2000) o en la sentencia N° 7/2000, con la regulación del trámite para las acciones de amparo), entre otras- o bien fijar un parámetro interpretativo, que comporta a cargo del juez un imperativo que se materializa en la obligación de interpretar y aplicar el ordenamiento juridico en orden a garantizar la interpretación vinculante de la Sala respecto de las normas constitucionales, en la medida que estos le sean aplicables al caso en concreto—Cfr. Sentencias de esta Sala Nros. 471/06, 1.117/06 y 597/2011–.
Así, las decisiones vinculantes de esta Sala se insertan y garantizan el arquetipo diseñado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que rige plenamente el principio de supremacia constitucional, conforme al cual toda manifestación de autoridad del Poder Público debe seguir los imperativos o coordenadas trazadas en la conforme a la Constitución y de la funcionalización del Estado a los valores que lo inspiran -vid. sentencia número 780 del 24 de mayo de 2011, caso: Julián Isaías Rodríguez Diaz'—, generando la necesaria coherencia del sistema juridico, en la medida que la jurisdicción constitucional permite hacer afectivo el Texto Fundamental (cfr. AGUILÓ REGLA, JosEP. Teoria General de las Fuentes del Derecho (y del orden juridico). Ariel, Barcelona, 2000, 101-123)." (Énfasis de la sentencia).
Siendo ello así, es necesario reiterar que los criterios sostenidos en la decisión N° 73/2024 deben ser aplicados adecuadamente, a los fines de evitar el uso desmedido de la jurisdicción penal para tratar asuntos de naturaleza civil, visto lo cual, esta Sala declara parcialmente procedente la aclaratoria formulada por el Fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial, y en consecuencia, se establece con carácter vinculante, que las consideraciones formuladas en la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024 precisan el contenido y alcance de normas y principios constitucionales que informan el ordenamiento jurídico penal, en aras de lograr la protección de los derechos constitucionales de los justiciables, y en tal sentido, se reitera que ningún órgano que ejerza el Poder Público, puede afirmar un "derecho a la arbitrariedad" y ejercicio de las potestades públicas en materia penal, no pueden constituirse en una institución que niegue o desconozca, los elementos cardinales que caracterizan y definen el Estado de Derecho vigente, concebido fundamentalmente como un sistema de normas que limitan el ejercicio del poder y que tienen como distintivo cardinal el respeto de los derechos humanos consagrados en el Texto Fundamental. En tal sentido, en aquellos casos en los que se presenten denuncias por la presunta comisión de un delito de invasión, se deberá verificar la concurrencia de los supuestos de los cuales se desprenda la comisión de un hecho punible, y en caso contrario se deberá desestimar las denuncias planteadas dada la ausencia de tipicidad, a cuyo efecto, deberá atenderse a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y los criterios vinculantes de esta Sala en la materia, tales como lo establecido en la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024, a los fines de evitar el uso de la jurisdicción penal, en casos cuya naturaleza es netamente civil. Asf se declara.
Por otra parte, observa la Sala que de la revisión de la sentencia in commento, se omitió ordenar el desglose del expediente original y su remisión al Tribunal de origen, motivo por el cual, esta Sala amplía de oficio el dispositivo de la decisión N° 73 del 6 de febrero de 2024, de conformidad con lo establecido por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en los procesos que cursan ante el Tribunal Supremo de Justicia, según lo acuerda el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de esta Sala el desglose del expediente original signado con el N° C-S-1027-23, y vista la declaratoria de error judicial inexcusable proferido en el fallo, se ORDENA su remisión a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de su distribución a otro Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, a los fines legales consiguientes. Así se decide.
Téngase la presente decisión como parte del fallo ampliado signado con el N° 73, del 6 de febrero de 2024, proferido por esta Sala y se ORDENA. la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyos sumario se indicará textualmente lo siguiente:“Sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024, que establece con carácter vinculante consideraciones en torno al sistema de justicia y el fraude procesal, el principio de intervención mínima y subsidiaria del derecho penal, terrorismo judicial y el uso arbitrario de la jurisdicción penal, en casos cuya naturaleza es netamente civil". Asi también se decide.
IV DECISIÓN Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- IMPROPONIBLE en derecho la solicitud planteada por el ciudadano Alí Salim Abdul Hadi, actuando en su carácter de apoderado de la Asociación Solidaridad y Sanidad ONLUS, asistido por los abogados Alejandro González Valenzuela y María Estela Zannekla Torres, ya identificados.
2.- PARCIALMENTE PROCEDENTE la solicitud de aclaratoria y/o ampliación planteada por el abogado Luis Erison Marcano López, actuando con el carácter de Fiscal Sexto del Ministerio Público, y en consecuencia, se declara el CARÁCTER VINCULANTE la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024.
3- Se ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyos sumario se indicará textualmente lo siguiente:
"Sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024, que establece con carácter vinculante consideraciones en torno al sistema de justicia y el fraude procesal, el principio de intervención minima y subsidiaria del derecho penal, el terrorismo judicial y el uso arbitrario de la jurisdicción penal, en casos cuya naturaleza es netamente civil".
4.- Se AMPLÍA de oficio el contenido de la sentencia N° 73 dictada por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 6 de febrero de 2024, y en consecuencia se ORDENA a la Secretaría de esta Sala el desglose del expediente original signado con el N° C-S-1027-23, y su remisión a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del presente fallo.
5.- Téngase la presente decisión como parte integrante de la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024.
Publíquese y regístrese. Remitase copia certificada de la presente sentencia a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y a la Fiscalía Gencral de la República. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los — —25 dias del mes de ma1zo de·dos mil veintiséis (2026). Años: 215° de la Independencia y 167° de la Federación.
La Predemtarse la Sala, TANIA D'AMELIO CARDIET LaVicepresideftg, LOURDES BRNICIA SUÁREZ ANDERSON El Magistrado y las Magistragas, LUIS MERNANDO DAMIANI BUSTILLOS Ponente
MICHEL ADRIANA VELASEUEZ GR LLET
NDAD OEO STRO
EL Secretario, ee om 23-0968 LFDB.-
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REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL
Quien suscribe, en mi carácter de Secretario de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, certifica que: hecha la confrontación de estas copias con sus originales, se encuentra que es fiel y exacta, de lo cual doy fe.
En Caracas, a los 26 días del mes de marzo de 2026
El Secretario, Carlos Arturo García Useche
AA50-T-2023-000968
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0061 Caracas, 11 de marzo de 2026 215° y 167° y 270 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por la ciudadana JENIFER KARINA FUENTES GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° 15.700.711, domiciliada en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su Condición de DIRECTORA EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, designada pOr la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según Resolución N° 2025-0013 de fecha treinta (30) de junio de 2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.161 de fecha dos (02) de julio de 2025, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.684 de fecha diecinueve (19) de enero del año 2022.
CONSIDERANDO Que mediante Resolución N° 0144 de fecha dieciséis (16) de julio de 2024, se designó a la ciudadana MAYGUALIDA DEL VALLE CONTRERAS, titular de la cédula de identidad N° 17.595.763, como Directora Administrativa Regional del estado Cojedes de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, cargo considerado de libre nombramiento y remoción, a partir de la presente fecha y/o en su defecto a partir de su notificación.
CONSIDERANDO Que mediante Punto de Cuenta alfanumérico 2025-DGRH-0279, aprobado en fecha veinticuatro (24) de febrero de 2025, le fue otorgado a la aludida ciudadana su Ingreso al cargo de Analista Profesional III, adscrito a la Dirección Administrativa Regional del estado Cojedes / Dirección de Servicios Regionales / Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
RESUELVE
único: Se procede al cambio de condición de titular a encargada, en el cargo que ejerce la ciudadana MAYGUALIDA DEL VALLE CONTRERAS, titular de la cédula de identidad N° 17.595.763, como Directora Administrativa Regional del estado Cojedes / Dirección General de Servicios Regionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con vigencia desde el dieciséis (16) de enero de 2025.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los once (11) días del mes de marzo de 2026.
Comuníquese y Publíquese, Dra. JENIFER KARINA FUENTES GÓMEZ Directora Ejecutiva de la Magistratura
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0062
Caracas, 11 de marzo de 2026 215° y 167° y 27° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por la ciudadana JENIFER KARINA FUENTES GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° 15.700.711, domiciliada en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTORA EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, designada pOr la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según Resolución N° 2025-0013 de fecha treinta (30) de junio de 2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.161 de fecha dos (02) de julio de 2025, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.684 de fecha diecinueve (19) de enero del año 2022.
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 0302 de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2023, se designó a la ciudadana NORELYS YAMILETH ALVAREZ PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° 20.239.564, como Jefa de la División de los Servicios Administrativos, Financieros y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Barinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, cargo considerado de libre nombramiento y remoción, a partir de la presente fecha y/o en su defecto a partir de su notificación.
CONSIDERANDO
Que mediante Punto de Cuenta alfanumérico 2025-DGRH-1874, aprobado en fecha dos (02) de diciembre de 2025, le fue otorgado a la aludida ciudadana su Ingreso al cargo de Analista Profesional II, adscrito a la Dirección Administrativa Regional del estado Barinas / Dirección de Servicios Regionales / Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
RESUELVE
único: Se procede al cambio de condición de titular a encargada, en el cargo que ejerce la ciudadana NORELYS YAMILETH ALVAREZ PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° 20.239.564, como Jefa de la División de Administración, Finanzas y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Barinas / Dirección General de Servicios Regionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con vigencia desde el diecisiete (17) de noviembre de 2025.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los once (11) días del mes de marzo de 2026.
Comuníquese y Publíquese, Dra. JENIFER KARINA FUENTES GÓMEZ Directora Ejecutiva de la Magistratura
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0063
Caracas, 11 de marzo de 2026 215º y 167° y 27° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por la ciudadana JENIFER KARINA FUENTES GÓMEZ, titular de la cédula de Identidad N° 15.700.711, domiciliada en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su Condición de DIRECTORA EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, designada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según Resolución N° 2025-0013 de fecha treinta (30) de junio de 2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.161 de fecha dos (02) de julio de 2025, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.684 de fecha diecinueve (19) de enero del año 2022.
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 0280 de fecha quince (15) de octubre de 2025, se designó al ciudadano DOUGLAS ALBERTO GUERRERO NAVAS, titular de la cédula de identidad N° 13.110.882, como Coordinador de Cultura / División de Bienestar Social / Dirección de Servicios al Personal / Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, cargo considerado de libre nombramiento y remoción, a partir de la presente fecha y/o en su defecto a partir de su notificación.
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CONSIDERANDO
Que mediante Punto de Cuenta alfanumérico 2025-DGRH-1618, aprobado en fecha dieciocho (18) de noviembre de 2025, le fue otorgado al aludido ciudadano su Ingreso al cargo de Técnico III, adscrito a la División de Bienestar Social / Dirección de Servicios al Personal / Dirección General de Recursos Humanos / Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
RESUELVE
único: Se procede al cambio de condición de titular a encargado, en el cargo que ejerce el ciudadano DOUGLAS ALBERTO GUERRERO NAVAS, titular de la cédula de identidad N° 13.110.882, como Coordinador de Cultura / División de Bienestar Social / Dirección de Servicios al Personal / Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con vigencia desde el primero (01) de noviembre de 2025.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los once (11) días del mes de marzo de 2026.
Comuníquese y Publíquese, Dra. JENIFER KARINA FUENTES GÓMEZ Directora Ejecutiva de la Magistratura
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución Nº 0064
Caracas, 11 de marzo de 2026 215° y 167° y 27° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por la ciudadana JENIFER KARINA FUENTES GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° 15.700.711, domiciliada en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su Condición de DIRECTORA EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, designada pOr la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según Resolución N° 2025-0013 de fecha treinta (30) de junio de 2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.161 de fecha dos (02) de julio de 2025, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.684 de fecha diecinueve (19) de enero del año 2022.
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 0008 de fecha veintinueve (29) de enero de 2024, se designó a la Ciudadana KEREN ELYNOR VILLAROEL DE JUÁREZ, titular de la cédula de identidad N° 13.743.835, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Delta Amacuro de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, cargo considerado de libre nombramiento y remoción, a partir de la presente fecha y/o en su defecto a partir de su notificación.
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CONSIDERANDO
Que mediante Punto de Cuenta alfanumérico 2024-DGRH-0598, aprobado en fecha veintiuno (21) de marzo de 2024, le fue otorgado a la aludida ciudadana su Ingreso al cargo de Analista Profesional II, adscrito a la Dirección Administrativa Regional del estado Delta Amacuro / Dirección General de Servicios Regionales / Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
RESUELVE
único: Se procede al cambio de condición de titular a encargada, en el cargo que ejerce la ciudadana KEREN ELYNOR VILLAROEL DE JUÁREZ,titular de la cédula de identidad N° 13.743.835, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Delta Amacuro de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, cargo considerado de libre nombramiento y remoción, a partir de la presente fecha y/o en su defecto a partir de su notificación con vigencia desde el primero (01) de marzo de 2024.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los once (11) días del mes de marzo de 2026.
Comuníquese y Publíquese, Dra. JENIFER KARINA FUENTES GÓMEZ Directora Ejecutiva de la Magistratura
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0065
Caracas, 12 de marzo de 2026 215° y 167° y 27° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por la ciudadana JENIFER KARINA FUENTES GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° 15.700.711, domiciliada en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTORA EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, designada pOr la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según Resolución N° 2025-0013 de fecha treinta (30) de junio de 2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.161 de fecha dos (02) de julio de 2025, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.684 de fecha diecinueve (19) de enero del año 2022.
RESUELVE ÚNICO: Designar a la ciudadana ZUNNY ABIGAIL ARAQUE LACERA, titular de la cédula de identidad N° 20.674.121, quien ocupa el cargo de Analista Profesional II, como Jefa de la División de Servicios Judiciales de la Dirección Administrativa Regional del estado Barinas / Dirección General de Servicios Regionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en condición de encargada, dicho acto administrativo surte efecto a partir de la presente fecha y/o en su defecto a partir de su notificación.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los doce (12) días del pnes de marzo de 2026.
QM Comuníquese y Publíqueser
Dra. JENIFER KARINA FUENTES GÓMEZ Directora Ejecutiva de la Magistratura
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MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de abril de 2026 Años 216° y 167° RESOLUCIÓN N° 064 En ejercicio de las atribuciones conferidas, por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1, 3 y 20 del artículo 25 elusdem, en concordancia con el numeral 4 del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.952 de fecha 27 de agosto de 2020, y conforme a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento General de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.138 de fecha 26 de abril de 2017,
RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano PEDRO JOSÉ LINDARTE MEJÍA, titular de la cédula de identidad N° V- 13.929.695, como DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO DE LA FUNDACIÓN ESCUELA NACIONAL DE FISCALES DEL MINIsTERIo PÚBLECO; cargo de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con los Estatutos Sociales y el Reglamento General de la Fundación.
Artículo 2. El mencionado ente se encuentra bajo control estatutario de este Órgano. Artículo 3. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su notificación y publicación.
Comuniesep PÚBLICA LARRY DANIEL DEVOE MÁRQUEZ Fiscal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de abril de 2026 Años 216° y 167° RESOLUCIÓN N° 065 En ejercicio de las atribuciones conferidas, por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1, 3 y 20 del artículo 25 eiusdem, en concordancia con el numeral 4 del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.952 de fecha 27 de agosto de 2020, y conforme a 1o establecido en el artículo 65 del Reglamento General de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.138 de fecha 26 de abril de 2017,
RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano JUAN MARCOS PEREIRA PEREIRA, titular de la cédula de identidad N° V- 19.227.445, COmo DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN ESCUELA NACIONAL DE FISCALES DEL MINIsTERIO PÚBLICO; cargo de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con los Estatutos Sociales y el Reglamento General de la Fundación.
Artículo 2. El mencionado ente se encuentra bajo control estatutario de este Órgano. Artículo 3. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su notificación y publicación.
Com
FISCAL LARRY DANQEL DEVOE MÁRQUEZ Fiscal GeneraLa República
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Gobierno Bolivariano Ministerio del Poder Popular de Venezuela Imprenta Nacional para la Comunicación y la Información y Gaceta Oficial
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Caracos, leyes 30 de ectbe de 2017 ANO CXIV- MESI SUMARIO MNISTERO DEL POOER POPULAR
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Nmero 41.267
Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización El trámite es PERSONAL.
En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos o sobrinos).
En su defecto consignar poder debidamente autenticado.
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)
Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.
Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.
Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.
Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela
Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.
http://www.imprentanacional.gob.ve
AÑO CLIII - MES VII Número 43.368
Caracas, martes 5 de mayo de 2026
Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente
a 6,85 % valor Unidad Tributaria
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