Gaceta Oficial N° 43.256
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Caracas, viernes 14 de noviembre de 2025 Número 43.256 AÑO CLIII - MES II
SUMARIO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se crea la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Ghana.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Manuel Torrealba, como Director de la Unidad Territorial Agrícola del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Yaracuy, y como Cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede San Felipe).
INIA Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Eduardo Hidalgo Díaz, como Director de Secretaría de la Escuela Socialista de Agricultura Tropical (ESAT), del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Margaret Gutiérrez Mulas, como Decana de la Escuela Socialista de Agricultura Tropical (ESAT), del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).
INSAI Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Iraima Josefina Centeno Viana, como Coordinadora Regional del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), del estado Yaracuy.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resolución mediante la cual se confiere la Condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo de quienes se han mantenido en pie de lucha para garantizar la operatividad de VENEZOLANO DE CRÉDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL, a la ciudadana y ciudadanos que en ella se mencionan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Javier Eduardo Puerta Colina, como Presidente de la Empresa PLANTA JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI S.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a la ciudadana Minyola Georgina Covarrubio Marín.
Resolución mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso interpuesto por los ciudadanos que en ella se mencionan, actuando en su carácter de Presidente y Vicepresidente de la sociedad mercantil IAC TELECOM, C.A., en consecuencia, Se Confirma el contenido del acto administrativo de Decisión al Procedimiento Administrativo Sancionatorio de fecha 05 de junio de 2025.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE OBRAS PÚBLICAS Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna, del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
Resolución mediante la cual se establece la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos, del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, para el Ejercicio Económico Financiero correspondiente al año 2026; y se designa a la ciudadana Evelín del Carmen González, como Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Central.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES
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POR CUANTO
Al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores le corresponde diseñar la política exterior, ejecutar y coordinar las actividades de las relaciones exteriores, de conformidad con los fines superiores del Estado y los intereses del pueblo, en el marco de las previsiones contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de acuerdo a la reestructuración del Servicio Exterior y en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica del Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones 2025 - 2031, específicamente en su Séptima Transformación orientada a la Geopolítica; y como parte de la Diplomacia Bolivariana de Paz, con miras a consolidar las relaciones bilaterales con países estratégicos y bloques de integración regional.
POR CUANTO
En el marco de la transformación del Servicio Exterior, se dispuso la creación de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Ghana, con el objeto de fortalecer los lazos de cooperación Sur-Sur y la hermandad entre nuestros pueblos.
POR CUANTO
Que la República Bolivariana de Venezuela forma parte del Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, donde establece lo relativo a las relaciones diplomáticas y por lo tanto sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento.
RESUELVE
Artículo 1. Crear la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Ghana.
Artículo 2. Que el Despacho del Viceministro para África realice los trámites necesarios, de carácter político y diplomático, para cumplir a cabalidad con el artículo 1 de la presente Resolución, a fin de garantizar la seguridad jurídica de la actuación internacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3. Que la Oficina de Planificación y Presupuesto efectúe los trámites relativos a la modificación de la estructura para la ejecución financiera del presupuesto de gastos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a que haya lugar.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
VAN EDUARDO GIL PINTO Ministro del Poder Ropular para Relaciones Exteriores Decreto N° 4.981 de fecha 27 de agosto de 2024 Publicado en-la Gaceta Oficial de la República Bofivariana de Venezuela N° 6.830 Extraordinario de la misma fecha
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO AGRICULTURA PARA LA DEL PODER POPULAR PRODUCTIVA Y TIERRAS, DESPACHO DEL MINISTRO.
RESOLUCIÓN DM/N°093/2025. CARACAS, 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.
AÑOS 215°, 166° y 26° El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, JULIO CÉSAR LEÓN HEREDIA, designado mediante Decreto N° 5.090 de fecha 10 de febrero de 2025, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.882 Extraordinario de la misma fecha, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 13, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo establecido en los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario del 12 de agosto de 2005, así como lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, dictado a través del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.025 del 18 de septiembre de 1969, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano JUAN MANUEL TORREALBA, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.260.536, como DIRECTOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS DEL ESTADo YARAcUY, y como cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede San Felipe, Código: 03030).
Artículo 2. Se delega en el ciudadano mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución, la competencia y firma de los actos y documentos que se especifican a continuación:
1) Aprobar, ordenar y tramitar los- gastos y pagos que afecten los créditos presupuestarios que le sean asignados con fondos de anticipo girados a la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Yaracuy, mediante cheques, órdenes de compra y/o de servicios, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, en virtud de ello deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro.
De igual forma participará a la Contraloría General de la República y a la Oficina de Auditoría Interna de este Ministerio su designación como Cuentadante.
2) Certificación de los documentos que reposan en los archivos de la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Yaracuy.
3) Aprobación de viáticos y pasajes nacionales, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.
4) Informar al ciudadano Ministro trimestralmente la ejecución presupuestaria y financiera, así como los compromisos pendientes de pago, en función de la presente delegación.
5) Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos.
Artículo 3. Los actos y documentos firmados en virtud de la delegación prevista en el artículo 2 de la presente Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de Resolución y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya sido publicada la misma.
Artículo 4. Queda derogada la Resolución DM/N° 054/2025 de fecha 23 de julio de 2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.181 de fecha 31 de julio de 2025.
Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JULIO CÉSAR LEON HEREDIA Minss-del PedPopular para la Agricultura CHO DEL Bauctiva y Tierras.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS. DESPACHO DELA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 006-2025 Maracay, 04 de noviembre de 2025.
Años 215º, 166º y 26° Quien suscribe, MARGARET GUTIÉRREZ MULAS, actuando en mi carácter de PRESIDENTA del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍcoLAS (INIA), designada mediante Decreto 5.099 de fecha 05 de marzo 2025, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.080 de fecha 05 de marzo 2025, actuando de conformidad con el Artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en correspondencia con el único aparte del Artículo 5 y el artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en uso de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.022 de fecha 25 de Agosto del 2000, se dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se nombra al Ciudadano CARLOS EDUARDO HIDALGO DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° V-7.184.504, como DIRECTOR DE SECRETARÍA DE LA ESCUELA SOCIALISTA DE AGRICULTURA TROPICAL (ESAT) DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA).
Artículo 2: Se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a su cargo.
Artículo 3: Se deroga Providencia Administrativa No. 540-2015 de fechas 05 de enero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.596 de fecha 05 de febrero 2015.
Artículo 4: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Comuníquese y publíquese, DRA. MARGARET GUTIÉRREZ MUCAS INIA PRESIDENTA INIA Gaceta Ofical d la República Bolivariana de Venezuel N°43.08 De fecha 05 de marzo de 2025
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0007-2025 MARACAY, 04 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Años 2150, 1660 y 26° Quien suSCribe, MARGARET GUTIÉRREZ MULAS, actuando en mi carácter de PRESIDENTA del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAs (INIA), designada mediante Decreto 5.09 de fecha 05 de marzo 2025, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.080 de fecha 05 de marzo 2025, actuando de conformidad con el Artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en correspondencia con el único aparte del Artículo 5 y el artículo 19 de la Ley del Estatuto de l Función Púbica, y en uso de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.022 de fecha 25 de Agosto del 2000, se dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se nombra a la ciudadana MARGARET GUTIÉRREZ MULAS, titular de la cédula de identidad N° V-5.302.423, como DECANA DE LA ESCUELA SOCIALISTA DE AGRICULTURA TROPICAL (ESAT) DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS (INIA).
Artículo 2: Se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a su cargo.
Artículo 3: Se deroga Providencia Administrativa No. 644-2017 de fechas 30 de agosto de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 41.242 de fecha 22 de septiembre 2017.
Artículo 4: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Comuníquese y publíquese, Hrangant St DRA. MARGARET GUTIÉRREZ MULAS PRESIDENTA INIA Gaceta Ofical de la República Bolvariana de Venezuela De fecha 05 de marzo de 2025
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 006/2025. CARACAS, 03 DE NOVIEMBRE DE 2025.
AÑOS 2150, 1660 y 26° Quien suSCribe, TIBISAY YANETTE LEON CASTRO, actuando en mi carácter de Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), designada mediante Decreto Nro. 2.221 de fecha 03 de febrero de 2016 emanado de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de fecha 03 de febrero de 2016, actuando conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, del articulo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 61, numeral 4 y 7 del Decreto N° 6.129 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral del 03 de junio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, dicta lo siguiente,
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa a la ciudadana IRAIMA JOSEFINA CENTENO VIANA, titular de la cédula de identidad N° V- 7.265.446, como COORDINADORA REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI) DEL ESTADO YARACUY.
Arículo 2. Se delega la competencia irma de los actos administrativos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa oficina a su cargo.
Artículo 3. Se deroga la Providencia Administrativa N° 002/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, publicada en la Gaceta Oficial de la Repúlica Bolivriana de Venezuela N° 41.834, de fecha 06 de marzo de 2020.
Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
MITIOOLO OUL MA LA AERCATUA PAGOUCTNATTERA /819 In. TIBISAYANETTE LEÓN GAS Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (IN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 10 de noviembre del 2025 215°,166° y 26° No. 578 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el rtículo 3°. Del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.920 de fecha 29 del mes de abril de 2008, se confiere la condecoración oRDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO en sus "Primera Clase", como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en e trabajo de quienes se han mantenido en pie de lucha para garantizar la operatividad de VENEZOLANO DE CREDITO, S.A BANCO UNIVERSAL.
PRIMERA CLASE "EUMELIA HERNANDEZ"
SERRA O FERREIRA BEATRIZ.
PRIMERA CLASE "ALFREDO MANEIRO"
BONACIA OLIVERO REINALDO JOSE.
CARMONA TOVAR WINKLER ENRIQUE.
CARPIO FLORES REINALDO JOSE.
MANFREDI GUERRIERI GAETANO.
Por el Ejecutivo Nacional, Comuníquese y Publíquese
GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRIGUEZ Ministr el Poderular para el Proceso Social de Trabajo (E) Decre001 de feca 1 e septiembre de 2024 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°6.840 Extraordinario de fecha 11 de septiembre de 2024
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Viernes 14 de noviembre de 2025 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 470.013
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
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CONSIDERANDO Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, lleva a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social se manifiesta igualmente por el hecho de que la jubilación comporta un beneficio para el cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro.
CONSIDERANDO Que el beneficio de la Jubilación Ordinaria es un derecho que el trabajador o trabajadora adquiere por la edad, en la cual haya alcanzado para el hombre sesenta (60) años y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años del tiempo de servicios en la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, a tenor:
"..El derecho a la jubilación la adquiere el trabajador o trabajador a cuando hubiere cumplido los siguientes requisitos:
Cuando el trabajador o trabajadora haya alcanzado la edad de sesenta (60) años, si es hombre o de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años de servicio en la Administración Pública.
(Resaltado de este Ministerio).
1. Cuando el trabajador o trabajadora haya cumplido treinta y cinco (35) años de servicio independientemente de la edad.
Parágrafo Primero: Para que nazca el derecho a la jubilación será necesario, en todo caso, que el trabajador o trabajadora haya efectuado no menos de sesenta (60) cotizaciones.
Parágrafo Segundo: Los años de servicio en la Administración Pública en exceso de veinticinco (25) serán tomados en cuenta como si fueran años de edad, a los fines del cumplimiento del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo. Este parágrafo es inaplicable para determinar el monto de la jubilación."
CONSIDERANDO Que la ciudadana MINYOLA GEORGINA COVARRUBIO MARIN, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.298.250, prestó sus servicios en la Administración Pública Nacional durante treinta (30) años, cumpliendo sus últimos diecisiete (17) años de servicio en la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adsCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, desempeñando el cargo de ANALISTA, cumpliendo sus funciones en la OFICINA DE GESTIÓN HUMANA.
CONSIDERANDO Que, de la revisión exhaustiva realizada por la Oficina de Gestión Humana de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adSCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, al expediente administrativO de la ciudadana MINYOLA GEORGINA COVARRUBIO MARIN, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.298.250, quien se desempeña como ANALISTA, adscrita a la OFICINA DE GESTIÓN HUMANA, de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), cuenta actualmente con cincuenta y siete (57) años de edad y treinta (30) años de Servicio, comprobados en la Administración Pública, razón por la cual, se tramita la Jubilación Ordinaria de acuerdo a la norma que regula la materia.
RESUELVE
Artículo 1. Otorgar a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el beneficio de JUBILACIÓN ORDINARIA a la CiUdadana MINYOLA GEORGINA COVARRUBIO MARIN, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.298.250, de conformidad con el Punto de Cuenta N° 001, Agenda N° 85, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil veinticinco (2025), quien se desempeñaba en el cargo de ANALISTA, cumpliendo sus funciones en la OFICINA DE GESTIÓN HUMANA, de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adSCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
Artículo 2. El monto correspondiente por concepto de Jubilación Ordinaria, será la Cantidad de TRESCIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y CUATRo CÉNTIMOs (Bs. 370,84), resultado obtenido de aplicar al salario base, el porcentaje de multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos punto cinco (2.5), el cual equivale al setenta y cinco por ciento (75%) de los últimos doce (12) salarios devengados por el trabajador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, monto que será homologado al salario mínimo nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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Artículo 3. La Oficina de Gestión Humana de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adSCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan a la ciudadana MINYOLA GEORGINA COVARRUBIO MARIN, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.298.250, todo conforme con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Artículo 4. Queda encomendada la Oficina de Gestión Humana de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ente adSCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, de efectuar la notificCación a la ciudadana MINYOLA GEORGINA COVARRUBIO MARIN, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.298.250, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5. Se ordena la publicación de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, JHON ALFRED ÑANEZ ONTRERAS Director General del Despacho (E) Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Designación y Delegación de firma que consta en la Gaceta Oficial N°42.060, de fecha Dos (2) de febrero de 2.021, Resolución N°015, de fecha Veintiocho (28) de enero de 2.021.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 215° 166° y 26°
Caracas, 22 de octubre de 2025
RESOLUCIÓN N° 042-2025
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS, designado mediante Decreto Nº 4.280, de fecha 3 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de esa misma fecha;
actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 44, 45, 65 y 78 numerales 3º, 19º y 20° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 91 y 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en atención a lo establecido en el artículo 61 numeral 5º del Decreto sobre la Organización General de la Administración Pública Nacional de fecha 12 de julio del año 2016, dicta la presente RESOLUCIÓN SOBRE EL RECURSOS JERÁRQUICO INTERPUESTO:
En fecha 10 de septiembre de 2025, los ciudadanos ÁNGEL JESsús RENDÓN PAREDES y ÁNGEL JOSÉ GREGORIO MACIAS DE JESUS, identificados con las cédula de identidad Nos V-19.363.483 y V-19.531.620, respectivamente, actuando en su carácter de Presidente y Vicepresidente de la sociedad mercantil IAC TELECOM, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, bajo el N° 11, Tomo 15-A, en fecha 05 de octubre de 2020, e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF), bajo el N° 3-50045795-2, consignó escrito contentivo de RECURSO JERÁRQUICo, contra el Acto Administrativo de Decisión sin número, de fecha 05 de junio de 2025, notificado en fecha 14 de julio de 2025, que culminó el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Providencia Administrativa N° PADS-2025-016, de fecha 07 de marzo de 2025, en el cual se ordenó: i) sancionar con multa de 50.000 Unidades Tributarias, equivalente a MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs.
1000,00) por la prestación de un servicio de telecomunicaciones sin contar con el Título de Habilitación Administrativa, y ii) se ordenó el coMIso de los, equipos empleados por la referida sociedad mercantil para la realización de la actividad infractora; una vez configurados y verificados los supuestos legales procedentes, así como las formalidades de Ley para el dictamen emanado del ente adscrito a este órgano ministerial, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
I DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER De conformidad a lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el interesado podrá interponer el recurso jerárquico contra el acto de que es autor el órgano inferior directamente ante el Ministro, de acuerdo a lo siguiente:
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"Artículo 95. El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro." Considerando que el acto impugnado fue dictado por el ente de adscripción al Órgano Rector en materia de Comunicación e Información, y que el presente Recurso fue consignado directamente ante el Órgano Rector, de conformidad con lo contenido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este despacho del Ministro se declara competente para conocer del presente recurso y en virtud de ello pasa a revisar los requisitos para interponer el recurso jerárquico in comento.
II DE LA ADMISIBILIDAD
Antes de conocer del fondo del acto administrativo sometido a impugnación, corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse acerca de la admisibilidad del Recurso Jerárquico interpuesto. En tal sentido, el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece los requisitos de procedencia de este Recurso Jerárquico, y a tal efecto indica que dicho Recurso es procedente cuando el órgano inferior decidió no modificar el Acto Administrativo de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración; a su vez, el interesado podrá recurrir dentro de los quince (15) días administrativos siguientes a la decisión del mismo, consignándolo directamente ante el Ministro superior del funcionario que dictó el acto. Igualmente, en el artículo 86 eiusdem se establece:
"Artículo 86. Todo recurso administrativo deberá intentarse por escrito y en él se observarán los extremos exigidos por el artículo 49." Por su parte, el artículo 49 eiusdem fija los extremos que debe observar el particular para que sea admitido su escrito recursivo:
"Artículo 49. Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar:
1. El organismo al cual está dirigido;
2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte;
3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes;
4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud;
5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso;
6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias;
7. La firma de los interesados."
En atención a los requisitos precitados, se revisa el contenido del escrito recursivo consignado:
● El acto que se recurre es el Acto de Decisión al Procedimiento Administrativo Sancionatorio N° PADS-2025-016, de fecha 07 de marzo de 2025, emanado del Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), recibida su notificación por el recurrente en fecha 14 de julio de 2025.
● El Recurso Jerárquico fue interpuesto por el recurrente ante el Órgano Rector en fecha 10 de septiembre de 2025, es decir, en el décimo quinto día del lapso disponible.
El escrito recursivo cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En consecuencia, visto que se han cumplidos los requisitos de admisibilidad se admite el Recurso Jerárquico interpuesto por la Recurrente. Y ASÍ SE DECLARA.
III DEL ACTO IMPUGNADO
En fecha 05 de junio de 2025 se dictaminó el Acto Administrativo de Decisión sin número, notificado en fecha 14 de julio de 2025, relativo al Procedimiento Administrativo Sancionatorio según Providencia Administrativa de inicio N° PADS-2025-016 de fecha 07 de marzo de 2025, en el cual su culminación ordenó sancionar con multa de 50.000 mil Unidades Tributarias, equivalente a Mil Bolívares (Bs. 1.000,°), por la prestación del servicio de internet sin contar con los títulos de Habilitación Administrativa ni Concesión de uso correspondiente, de conformidad con el artículo 165 numeral 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, así como el COMISO de los equipos empleados por la referida sociedad mercantil para la realización de la actividad infractora, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 eiusdem.
En este sentido, el acto impugnado, una vez considerados todos los extremos legales y Principios Jurídicos que rigen las actividades de telecomunicaciones reguladas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, procedió a notificar el descrito acto con indicación de las garantías recursivas para el administrado legitimado interesado.
IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO
De los alegatos que conforman el contenido del escrito recursivo consignado por la recurrente, el cual se da aquí reproducido por entero; al igual que sus anexos aportados, se aduce y petición principalmente lo siguiente:
"DE LOS HECHOS
La Sociedad Mercantil IAC TELECOM C.A, antes identificada, representada por los Ciudadanos ANGEL JESUS RENDON PAREDES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 19.363.483 y ANGEL JOSE GREGORIO MACIAS DE JESUS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° v.
19.531.620, el primero en su carácter de presidente y el segundo de vicepresidente de la Sociedad Mercantil mencionada; es una empresa fundada en el año 2020, por un grupo de jóvenes profundamente revolucionarios, comprometidos con la patria y con el desarrollo nacional en momentos de crisis socioeconómica y siempre en apoyo y siguiendo el camino Revolucionario y Patriótico con nuestro líder el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, siendo su objetivo principal impulsar nuevas tecnologías y colocar las al servicio de la Sociedad Venezolana. En el pico de la crisis humanitaria global, exacerbada por la pandemia, identificaron una falta en el servicio de conectividad en nuestras zonas iniciales de operación. Fue entonces que los ciudadanos ANGEL JESUS RENDON PAREDES y ANGEL JOSE GREGORIO MACIAS DE JESUS supra mencionados, decidieron invertir toda su capital en el sector de las telecomunicaciones.
Desde el año dos mil veintiuno 2021, iniciaron los trámites legales ante esta digna COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), y finalmente en el año dos mil veintidós 2022, la solicitud para la entrega de tomos físicos fue aceptada con el fin de la habilitación para la explotación del servicio de telecomunicaciones; desde ese momento, han desplegado su red en comunidades necesitadas y de difícil acceso, conectando más de 2500 viviendas de diferentes estratos sociales en su primer año, sectores donde ninguna otra operadora ofrecía el servicio de telecomunicaciones.
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Nuestra representada, jamás ha tenido la intención de operar sin los correspondientes permisos otorgados por la CoMIsIóN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL y OtrOS entes gubernamentales, siendo que debido a la falta de respuesta por parte de CONATEL, nuestros patrocinados han solicitado en reiteradas ocasiones reuniones Con el ciudadano Mayor General JORGE ELIESER MARQUEZ MONsALvE, a través de cartas sin obtener respuesta oportuna, de las cuales dichas solicitudes no han sido respondidas, a continuación detallados las mismas:
1.-Otorgamiento de Habilitación General (Tomos Físicos) 12-05- 2022, sin respuesta.
2- Otorgamiento de Habilitación General SIGESTEL 04-09-2023- Caducado.
3.- Otorgamiento de Habilitación General SIGESTEL 10-10- 2023. Caducado.
4.- Otorgamiento de Habilitación General SIGESTEL 06-12-2023 Caducado.
5.- Otorgamiento de Habilitación General SIGESTEL 09-02- 2024. Caducado.
6-Otorgamiento de Habilitación General SIGESTEL 25-02-2024 GST20240056- Rechazado 7- Otorgamiento de Habilitación General SIGESTEL 27-02-2024- GST20240073- Rechazado 8.- Otorgamiento de Habilitación General SIGESTEL. 29- 10:2024-Caducado 9.- Otorgamiento de Habilitación General SIGESTEL, 19-11- 2024 GST20240398 10.-Otorgamiento de Habilitación General SIGESTEL 21-01- 2025 GST20250019-Rechazado.
De los anexos que se presentan son descritos y marcados de la siguiente manera: Trámite ante CoNATEL pago de tasa por trámite, de fecha 12-05-2022, identificado con la letra B, Carga de Proyecto de la Sociedad Mercantil IAC TELECOM C.A, ante CoNATEL, signado bajo la letra C, Solicitud de Audiencia con el Director General de CoNATEL, de fechas 26-03-2025, 20-03-2025, 14-03-2025 y 10-03-2025, marcado con la letra D, solicitud de audiencia del año 2022, marcado con la letra E, Solicitud de Status año 2022, marcado con la letra F, Carta ZODI marcada con la letra G, Solicitud Convenios marcada con la letra H, Convenios Sociales, signados con la letra I.
La Sociedad Mercantil IAC TELECOM C.A, ha cumplido en todo momento con los deberes formales y fiscales establecidos por el estado venezolano. cumpliendo con los impuestos municipales, estatales y nacionales, asimismo, con la cancelación efectiva del arrendamiento de las posteaduras de su red a la empresa EDC NETwoRK; demostrando que IAC TELECOM C.A., nunca ha tenido la intención de faltar a ningún ente gubernamental y pose un alto compromiso tributario y fiscal con el estado venezolano.
Nuestra representada Sociedad Mercantil IAC TELECOM C.A, ha mantenido un fuerte compromiso de Responsabilidad Social con la comunidad sin fines de lucro, destacando más de 110 convenios sociales de prestación de servicio totalmente gratuito, siendo los siguientes:
- 44 escuelas, o liceos
12 institutos de salud (centros operacionales del INTT-PNB, DIP, CICPC, entre otros)
- 8 Consejos Comunales y Comunas.
- 29 plazas y lugares de esparcimiento público
10 convenios con la Gobernación de Aragua, entre los que destacan el sistema de rebombeo del sector Paraparal para la prevención de inundaciones en la laguna de Valencia y el llenadero de gas de Arsenal.
- Más de 20 convenios con funcionarios de diversas instituciones públicas.
Es importante acotar, que la sociedad mercantil IAC TELECOM C.A, participó de forma entusiasta en la jornada electoral del año 2023 para la interconexión de escuelas y centros de votación liderada por la ZODI CENTRAL a pesar de no poseer la habilitación general establecida por CoNATEL, nuestra representada genera más de 160 empleos estables de manera directa y 50 de manera Indirecta, con un alto compromiso laboral con nuestros empleos y cumpliendo todas las normas y reglamentos establecidos por las Leyes nacionales del Estado Venezolano. Como se demuestra en los anexos H e I.
En virtud de lo antes expuesto, se demuestra que la sociedad mercantil IAC TELECOM C.A. busca consolidarse como parte del Plan de la Patria de las 7T, como objetivo principal participar en el cambio profundo y en muchos aspectos de nuestro País actualmente, las telecomunicaciones es vital en la economía, la independencia plena basada en la autonomía tecnológica, fortaleciendo la soberanía nacional, la paz, la seguridad y la integridad territorial, gestionando la seguridad nacional y emergencias, dimensión social, la política fortifica la inclusión y participación ciudadana y transparencia gubernamentales en razón de las plataformas digitales, la ecología como factor tecnológico para el ambiente y sostenibilidad y la Geopolítica, siendo relevantemente posicionada en todas las 7 transformaciones para nuestro país, pero principalmente en las transformaciones de nuestro Plan en la Modernización económica, en función de garantizar y promover devoluciones cruciales económicas, modernizando la economía, desarrollando empleos directos e indirectos a nivel regional y nacional, que permitan reducir la pobreza, ampliar e impulsar las nuevas tecnologías como forma de comunicación electrónica a distancia, con el fin de resolver rápidamente y agilizar problemáticas, asimismo difundir conocimientos en nuestra sociedad venezolana. Seguidamente en la Transformación Social, Donde se pueda brindar tecnología a las comunidades en pro del desarrollo a niveles educativos y participación ciudadana y comunal, satisfaciendo necesidades sociales. Posteriormente la N° 7 Geopolítica, en razón que las telecomunicaciones son fundamentales en nuestro país, por ser protagonista en el ámbito tecnológico y digital en nuestro territorio nacional y global, satisfaciendo necesidades de enlace rápido que requiere el mundo para la solución de problemas y entrega oportuna de conocimientos científicos.
En este sentido, y de lo antes expuesto, le hicimos un análisis necesario sobre el correcto actuar y la importancia que tiene nuestra representada en seguir laborando y obtener su habilitación Administrativa correspondiente, así como la recuperación de los equipos empleados para la realización de la actividad de Intemet, en razón que fue sancionada y suspendido la prestación del servicio de internet, del cual se beneficiaban comunidades necesitadas, Parroquias El Limón Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, Municipio Libertador Estado Aragua, Parroquia Monseñor Feliciano González Paraparal, Estado Aragua, prestación del servicio sin fines de lucro y convenios, siendo los siguientes:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO GRATUITO
-SERVICIOS DE INTERNET - REBOMBEO de la Parroquia Monseñor Feliciano González Paraparal, Alcaldía Bolivariana del Municipio Francisco Linares Alcántara, Estado Aragua.
-CASA DE ATENCION AL ABUELO- Alcaldía Bolivariana del Municipio Francisco Linares Alcántara, Estado Aragua.
-CASAs CoMuNALES- Alcaldía Bolivariana del Municipio Francisco Linares Alcántara, Estado Aragua.
-CENTRO DE EDUCACION INICIAL BOLIVARIANO MATA SECA del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
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-SERVICIO DE INTERNET- Dirección de Seguridad y Prevención ciudadana de la Alcaldía del Municipio Libertador, Estado Aragua.
-BLOQUERA SOCIALISTA EL TORREON, Alcaldía del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
-COMUNA CARLOS ESCARRÁ- Alcaldía del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
-SERVICIO DE INTERNET CUERPO DE POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA DIRECCION DE ACCIONES ESTATREGICAS Y TÁCTICAS DIVISION DE INVESTIGACION PENAL ARAGUA.
SERVICIO DE INTERNET. Unidad de impuestos sobre bebidas alcohólicas de la Alcaldía del Municipio Libertador, Estado Aragua.
-SERVICIO DE INTERNET (ESTACION POLICIAL MUNICIPAL, PALO NEGRO. P.E.N. MARIA DE LA CONCEPCION PALACIOS, CORPORACION ELECTRICA NACIONAL (CORPOELEC), E.B.N.B BASE AREA EL LIBERTADOR (BAEL). AMBULATORIO DE LOS HORNOS, CONSULTORIA JURIDICA PALO NEGRO PROTECCION CIVIL LIBERTADOR, U E. N. BELOY MERCHAN TARAZONA, de la Alcaldía del Municipio Libertador, Estado Aragua -SERVICIO DE INTERNET-ACADEMIA DE BALONCESTO Estado Aragua CONVENIOS SOCIALES:
-CENTRO EDUCATIVO C.E.I.N ANTONIO RICAURTE ParrOquÍa Caña de Azúcar, del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
-CENTRO EDUCATIVO P.E.A DOÑA MENCA DE LEONI, Parroquia Caña de Azúcar, del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
- U.E.N SANTOS MICHELENA Parroquia Caña de Azúcar, del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
- ESCUELA BASICA NACIONAL PARAPARAL II MuniCipiO Francisco Linares Alcántara del Estado Aragua.
- U.E N. JOSE VICENTE TOVAR, Municipio FranciscO Linares Alcántara del Estado Aragua.
-U.E.N MADRE TERESA DE CALCUTA Municipio libertador del Estado Aragua.
-C. E. I. E LUIS BELTRAN PRIETO FIGUEREDO MuniCipiO FranciSCO Linares Alcántara del Estado Aragua.
- U. P. E. N LINARES ALCANTARA Municipio Francisco Linares Alcántara del Estado Aragua.
-P. E. N.B ANDRES ELOY BLANCO Parroquia Caña de Azúcar del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
- U. E. N. DON ROMULO BETANCOURT, Parroquia Monseñor Feliciano González del Estado Aragua.
-E. B. N. B PADRE ANTONIO LEY, Parroquia Caña de AZúcar del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
- PREESCOLAR ESTADAL ELVIS ALI GIL GIL ParrOquia Caña de Azúcar del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
- U. E. Dr FRANCISCO TORREALBA Parroquia El Limón del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua.
- U.E.E HIPOLITO BONILLA Parroquia El Limón del Municipio Mario Briceño erry del Estado Aragua Convenios con las Alcaldías de los Municipios Mario Briceño Iragorry, Libertador, Francisco Linares Alcántara, Unidades Educativas, Donación de Internet a Sala Comunal del Consejo Comunal de Caña de Azúcar, Municipio Mario Briceño Iragorny del Estado Aragua. Casas de atención al abuelo del Municipio Francisco Linares Alcántara del Estado Aragua, Ambulatorios, etc, toda la prestación del servicio y convenios arriba mencionados, pruebas el compromiso Patriótico y Revolucionario de nuestra representada.
De igual forma, consignamos en copla simple, de la decisión de fecha 18-de agosto de 2025, mediante la cual declaran inadmisible el Recurso de Reconsideración, Interpuesto, y la notificación del mismo, mediante la cual se constata que nos dimos por notificado el día 20 de agosto de 2025. Anexo con la letra (J).
II.- DEL DERECHO
Ahora bien, estando dentro del lapso legal establecido, en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, interponemos en nombre de nuestra representada Sociedad Mercantil IAC TELECOM C.A, Inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, bajo el N° 11, Tomo 15-A, en fecha 05 de octubre de 2020, inscrita en el Registro Fiscal (RIF) bajo el N° J-500457952: según consta de documento Poder debidamente autenticado por ante la Notaria Publica Segunda de Maracay Estado Aragua, de fecha 04 de abril de 2025, bajo el N° 46, Tomo 21, Folios 184 hasta 187, RECURSO JERÁRQUICO contra la Providencia Administrativa N° PADS-2025-016, de fecha 05 DE JUNIo DE 2025. sustanciado bajo el número de expediente PADS- 2025-018, cuanto alega ese Despacho, haber resuelto sancionar a la Sociedad Mercantil IAC TELECOM, C.A. por la prestación del servicio de telecomunicaciones sin contar con el titulo de habilitación Administrativa de uso correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 165 numeral 1 de la Ley Orgánica de telecomunicaciones con multa por la cantidad de CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (50.000 U.T.) con el valor actual de la unidad tributaria (U.T.) de CERO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (0,02). LO QUE SE TRADUCE EN LA CANTIDAD DE mil bolívares exactos (Bs. 1.000, oo). Asimismo, ordenó el COMISO de los equipos empleados para la realización de la actividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 158, numeral 6 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones La decisión antes supra citada, afecta a nuestra representada empleos, ingresos y mantener la comunicación con clientes y proveedores, esto puede llevar a la perdida de avanzar económicamente, retrasos en proyectos, ayudas sociales, disminución de rentabilidad y productividad, la falta de acceso a internet dificulta la comunicación externa e interna, afectando la coordinación entre empleados, y la atención a los clientes, la gestión de inventarios, el deterioro de los equipos.
Impacta económicamente la imposibilidad de realizar ventas online, procesar pagos, o contactar clientes, los empleados pueden perder tiempo esperando a que se restablezca el servicio o buscando alternativas, reduciendo la eficiencia y productividad general de nuestra representada.
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Aún más importante afecta el compromiso POLÍTICO Y SOCIAL con la revolución liderada por nuestro Presidente Constitucional NICOLAS MADURO MORO, en coadyuvar en el progreso del Plan de la Patria de la transformación de las 7T.
Es por ello, que solicitamos con el debido respeto y acatamiento sea revocada la Providencia Administrativa N° PADS-2025-016, de fecha 05 DE JUNIo DE 2025, sustanciado bajo el número de expediente PADS-2025-018, cuanto alega ese digno Despacho, haber resuelto sancionar a la Sociedad Mercantil IAC TELECOM, C.A; y se otorgue la debida permisología y habilitar la administración del servicio, en razón que ha sido solicitada en numerosas oportunidades y la misma ha sido rechazada y en ocasiones ha existido un silencio administrativo, así se demuestra de los anexos que se consignan con el presente Recurso.
Es Importante destacar que, de prosperar este Recurso Jerárquico, es compromiso de nuestra Representada Incrementar las ayudas sociales que se traducen como ha sido el norte de IAC Telecom, llegar a las poblaciones más vulnerables y necesitadas donde las demás empresas no se han atrevido a llegar.
III PETITORIO Por todos los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, en nombre de nuestra representada, solicitamos a usted con el debido respeto y acatamiento, declarar CON LUGAR el presente Recurso de Reconsideración contra la Providencia Administrativa N° PADS-2025-016, de fecha 05 DE JUNIO DE 2025 sustanciado bajo el número de expediente PADs-2025-018, cuanto alega ese Despacho, haber resuelto sancionar a la Sociedad Mercantil IAC TELECoM, C.A. por la prestación del servicio de telecomunicaciones sin contar con el título de habilitación Administrativa de uso correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 165 numeral 1 de la Ley Orgánica de telecomunicaciones con multa por la cantidad de CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (50.000 U.T.) con el valor actual de la unidad tributaria (U.T.) de CERO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (0,02). LO QUE SE TRADUCE EN LA CANTIDAD DE mil bolívares exactos (Bs. 1.000,00). Asimismo, ordenó el COMISO de los equipos empleados para la realización de la actividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 158, numeral 6 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. y por tanto, sea revocada la misma y se otorgue la debida perisología, así como la habilitación del servicio y la devolución, restitución de los equipos incautados. [Sic] ...)"
V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Una vez efectuado el análisis exhaustivo de la argumentación explanada por el recurrente, se evidencia que en relación a los hechos, el ciudadano REGGIE HERMES GUTIÉRREZ CAMACHO, titular de la cédula de identidad N° V-14.410.944, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 280.019, actuando como apoderado de la sociedad mercantil IAC TELECOM, C.A. (en lo sucesivo IAC TELECOM, C.A.), solicita la revocación del acto administrativo de decisión, así como que se le asigne la Habilitación Administrativa y la devolución de los equipos decomisados.
En primer lugar, es imperativo destacar que, tras el estudio minucioso de los elementos que conforman el Expediente Administrativo N° PADS- 2025-018, se constató que el procedimiento administrativo sancionatorio se inició en fecha 07 de marzo de 2025, quedando signado bajo la nomenclatura N° PADs-2025-016 y, que a su vez, mediante el Oficio N° DG/CJ/DPoC/2025/0842 de fecha 07 de marzo de 2025, se procedió a realizar la debida Notificación del acto en cuestión, que fue suscrita el día 07 de marzo de 2025 por el ciudadano ÁNGEL JESÚS RENDÓN PAREDES, titular de la cédula de identidad N° V-19.363.483, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil IAC TELECOM, C.A.
donde fue informado de los supuestos ilícitos en los que estaría incuriendo dicha empresa, al incumplir las disposiciones legalmente establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, relativas a la prestación de servicios de telecomunicaciones sin contar con la Habilitación Administrativa (ver folios 289 al 297). De igual manera, se le indicó el procedimiento y los lapsos para ejercer su derecho a la defensa, de conformidad con los artículos 178 y 183 eiusdem; tal como se aprecia en el Auto de Apertura con fecha lunes 10 de marzo de 2025 (ver folio 298).
Así pues, vemos que las actuaciones emprendidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (en lo sucesivo CoNATEL) se orientaron a garantizar el Derecho a la Defensa y el Debido Proceso, siendo garantía constitucionales que se encuentran consagradas en nuestra Carta Magna;
trayendo a colación la decisión emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2011, expediente principal signado con el N° AP42-G-2011-000302, que reza:
".….) Al respecto, debe indicarse que dentro de las garantías que conforman el debido proceso se encuentra el derecho a la defensa, el cual responde al conjunto de garantías que amparan a toda persona natural o jurídica, entre las cuales se mencionan el derecho a ser oído, la presunción de inocencia, el derecho de acceso al expediente y a ejercer los recursos legalmente establecidos, el derecho que tiene el administrado de presentar pruebas para desvirtuar los alegatos en su contra, de obtener una resolución de fondo fundada en derecho, de ser juzgado por un tribunal competente, imparcial e independiente, la de un proceso sin dilaciones indebidas y la ejecución de las decisiones que se dicten en tales procesos.
Igualmente, se advierte que el debido proceso por tratarse de una garantía de rango constitucional, debe aplicarse y respetarse en cualquier estado y grado de la causa, bien sea en sede judicial o administrativa, pues dicha afirmación parte del principio de igualdad frente a la Ley y que en materia procedimental representa las mismas oportunidades para las partes intervinientes en el proceso de que se trate, a objeto de realizar -en igualdad de condiciones y dentro de los lapsos legalmente establecidos-, todas aquellas actuaciones tendentes a la defensa de sus derechos e intereses.
Es así, como el derecho a la defensa surge como garantía a las partes intervinientes, contenida en el debido proceso aplicable a toda actuación de naturaleza judicial o administrativa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual debe traerse a colación, cuyo tenor es el siguiente:
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"Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la Le..." (Resaltado de esta Corte).
Del análisis de este precepto de la Carta Magna, se observa que el debido proceso se encuentra previsto como la garantía que tiene todo ciudadano, ante los órganos administrativos o judiciales competentes, comprensiva de un conjunto de derechos constitucionales procesales, sin los cuales, el proceso no sería justo, razonable y confiable, permitiendo que todas las actuaciones se realicen en función de proporcionar una tutela judicial efectiva.
Para ell, la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino por el contrario, prevé la garantía de que cualquiera que sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos e intereses legítimos, las leyes procesales garanticen la existencia de un procedimiento que asegure el derecho a la defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva, tal como lo ha establecido a Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en diversos fallos (Vid. Sentencia Nº 810 de fecha 11 de mayo de 2005, caso: Carlos Galvis Hernández).
De manera que, es preciso señalar que el derecho al debido proceso se erige como el más amplio sistema de garantías previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues procura la obtención de una actuación judicial o administrativa, que en función de los intereses individuales y simultáneamente coherente con la protección y respeto de los intereses públicos, proporcione los mecanismos que sean necesarios para la protección de los derechos fundamentales.
Justamente, con relación al alcance del derecho constitucional al debido proceso y singularmente, con relación a las hipótesis de infracción o violación de esta garantía constitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 926 de fecha 1º de junio de 2001 (caso: María de los Ángeles Hernández Villadiego y otros), criterio recientemente ratificado por la misma Sala mediante decisión N° 1.189 del 25 de julio de 2011, (caso: Zaide Villegas Aponte), ha indicado con carácter general los supuestos violatorios de esta garantía constitucional adjetiva, expresando que:
"..Este derecho fundamental, de contenido amplio, encuentra su consagración en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre el cual esta Sala ha sostenido que debido proceso es aquél que reúne las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. En efecto, en sentencia No. 29 del 15 de febrero de 2000 sostuvo: 'Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Pero la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva. En consecuencia, teniendo presente que las normas de procedimiento son una expresión de los valores constitucionales, la acción de amparo contra resoluciones, sentencias, actos u omisiones de los Tribunales de la República, está dirigida a proteger el derecho a un debido proceso que garantice una tutela judicial efectiva'. (Destacado de este fallo).
Puede colegirse, de acuerdo con los razonamientos precedentes, que la garantía del debido proceso persigue que los derechos que poseen las partes dentro del proceso permanezcan incólumes sin que los mismos se vean limitados o restringidos de manera tal, que impida el ejercicio pleno y efectivo de otros derechos relevantes dentro del proceso, que menoscaben las garantías que el mismo debe ofrecer. Es decir, que lo determinante de la realización de esta garantía, es que no exista una limitación insoportable en una de las partes, que restrinja el libre y seguro ejercicio de los derechos del justiciable dentro del proceso por una actuación antijurídica dentro de sus componentes. Desde este punto de vista, no constituirá violación a este derecho constitucional cualquier infracción o violación legal, pues para que ésta efectivamente se produzca es menester que ciertamente se produzca un gravamen en la esfera jurídica de la persona contra quien obre la infracción procesal cometida. Esto es, que efectivamente dentro del proceso puede producirse una violación que aun cuando sea tal no implique per se una violación al debido proces..." (Resaltado de esta Corte).
Por tanto, el debido proceso constituye un conjunto de garantías fundamentales que exigen un proceso legal en el cual se asegure a los administrados y justiciables, en las oportunidades previstas por la ley, ejercer plenamente su defensa, a los fines de su efectividad.
derecho humano que envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses de la persona; conforma una serie de derechos y principios tendentes a proteger frente al silencio, el error o arbitrariedad y no sólo de los aplicadores del derecho sino de la propia Administración Pública.
Por su parte, el derecho a la defensa, se ha definido como la máxima expresión de tutela del Estado de Derecho y de Justicia, inherente a las garantías fundamentales de todo ser humano, las cuales mantienen permanente relación con los principios de igualdad, participación, contradicción y legalidad. Así, el derecho a la defensa comporta entre otros derechos, el de ser oído, también denominado audi alterar parte, tener acceso al expediente, ser notificado, el derecho a formular alegatos, solicitar y participar en la práctica de las pruebas, disponer del tiempo y medios adecuados para impugnar las decisiones que le afecten.
Este derecho que tiene carácter supremo, ha sido interpretado y aplicado por nuestros tribunales en sentido pro vives, es decir, que se debe garantizar el derecho, en todo estado y grado del proceso que se realice ante la vía jurisdiccional o ante la vía administrativa.
En tal sentido, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha precisado y ratificado en criterios jurisprudenciales asentados en innumerables decisiones, entre otras, en sentencia Nº 2003-2842 de fecha 4 de septiembre de 2003 (caso: Escuela Naval de Venezuela), lo siguiente:
"..'el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia, el derecho a la defensa y asistencia jurídica, comprende los derechos de toda persona a ser notificada de los cargos por los cuales se les investiga, a acceder a las pruebas, y disponer del tiempo y los medios necesarios para el ejercicio adecuado de su defensa, así como los derechos, a ser oído, a no ser sancionado por hechos que se encuentren tipificados como falta o delito, entre otros'.
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En orden a lo anterior, no existen dudas de que la protección al derecho a la defensa y al debido proceso en todas sus manifestaciones, se obtiene con la sustanciación de un procedimiento en el que se garantice al interesado la posibilidad de defensa y la utilización de los recursos dispuestos para tal fin.
Esta garantía constitucional no sólo será afectada cuando se aplique de manera irregular el procedimiento establecido, sino que también se verá transgredida al obviarse alguna de sus fases esenciales, como, por ejemplo, al negársele la oportunidad al recurrente de exponer y demostrar lo que estime conducente para su defensa.."(Resaltado de esta Corte).
Del criterio jurisprudencial supra citado se colige que el derecho a la defensa comprende la oportunidad y el derecho que todo administrado sea notificado de los cargos por los cuales se le investiga, de tener acceso a las pruebas y disponer del tiempo y los medios necesarios para el ejercicio adecuado de su defensa, incluyendo la posibilidad de ser oído, a no ser sancionado por hechos que se encuentren tipificados como falta o delito.
En ese sentido, este derecho debe aplicarse y respetarse en cualquier estado y grado en que se encuentre la causa, sea en sede judicial o administrativa, pues dicha afirmación parte del principio de igualdad frente a la ley y que en materia procedimental representa las mismas oportunidades para las partes intervinientes en el proceso de que se trate, a objeto de realizar -en igualdad de condiciones y dentro de los lapsos legalmente establecidos- todas aquellas actuaciones tendentes a la defensa de sus derechos e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el citado artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este contexto, se estima conveniente destacar lo sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al alcance y límite del derecho al debido proceso y a la defensa, en Sentencia Nº 05 de fecha 24 de enero de 2001, (caso: Supermercados Fátima S.R.L.), la cual fue ratificada mediante decisión Nº 1456 en fecha 03 de noviembre de 2009, (caso: Mayra Alejandra Piñero), de la misma Sala, en la cual se estableció lo siguiente:
".el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y, en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas.
En cuanto al derecho a la defensa, la jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas.
En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohibe realizar actividades probatorias".
(Negrillas desta Corte).
Del mismo modo, la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal, a través de Sentencia N° 1.111 de fecha 01 de octubre de 2008, (caso: Ismar Antonio Maurera Perdomo Vs. Ministerio del Poder Popular para la Defensa), ratificó el criterio que ha venido sosteniendo de forma pacífica y reiterada en relación a ambos derechos constitucionales, señalando:
"..En relación al derecho a la defensa, la Sala ha venido sosteniendo que tal derecho implica junto al debido proceso, el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa, a los efectos que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento; el derecho a tener aceso al expediente, justamente con el propósito de que el particular pueda examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen, permitiendo un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo; el derecho que tiene el administrado de presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; y finalmente, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración.
(Ver sentencia de esta Sala N° 01486 de fecha 8 de junio de 2006).
Adicionalmente se ha precisado que el debido proceso encuentra su manifestación en un grupo de garantías procesales, entre las cuales destaca el acceso a la justicia, a los recursos legalmente establecidos, así como el derecho a un tribunal competente y a la ejecución del procedimiento correspondiente.
(Vid Sent. SPA Nº 02126 de fecha 27 de septiembre de 2006)..". (Negillas de esta Corte).
Bajo esta misma línea argumentativa, la Sala Político Administrativa mediante sentencia Nº 01097 de fecha 22 de julio de 2009 (caso: Eliseo Moreno Vs.
Consejo Universitario de la Universidad de los Andes), se pronunció en los siguientes términos:
"La norma antes reseñada [Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela] consagra el derecho al debido proceso, el cual abarca el derecho a la defensa y entraña la necesidad en todo procedimiento administrativo o jurisdiccional de cumplir diversas exigencias tendientes a mantener al particular en el ejercicio más amplio de los mecanismos y herramientas jurídicas a su alcance, con el fin de defenderse debidamente.
Las mencionadas exigencias comportan la necesidad de notificar al interesado del inicio de un procedimiento en su contra; garantizarle la oportunidad de acceso al expediente; permitirle hacerse parte para presentar alegatos en beneficio de sus intereses; estar asistido legalmente en el procedimiento; así como promover, controlar e impugnar elementos probatorios; ser oído (audiencia del interesado) y finalmente a obtener una decisión motivada.
Asimismo, implica el derecho del interesado a ser informado de los recursos pertinentes para el ejercicio de la defensa y a ofrecerle la oportunidad de ejercerlos en las condiciones más idóneas (Vid. sentencias de esta Sala Nos.
2.425 del 30 de octubre de 2001, 514 del 20 de mayo de 2004, 2.785 del 7 de diciembre de 2006 y 53 del 18 de enero de 2007).
Sobre este particular, la Sala ha señalado en reiteradas oportunidades (Vid., entre otras, sentencia N° 0917 de fecha 18 de junio de 2009) lo siguiente:
'..el derecho a la defensa puede concretarse a través de distintas manifestaciones, entre ellas, el derecho a ser oído, el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular presentar los alegatos que pueda proveer en su DECIDIR ayuda, más aún si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio; el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen, de tal manera que con ello pueda el particular obtener un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo; el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; y finalmente, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración' (Negrills de la presente decisión).."
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De los criterios jurisprudenciales supra citados, se observa como la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, también ha reconocido el derecho al debido proceso como el acceso al procedimiento administrativo que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, otorgándole a las partes el tiempo y los medios adecuados para ejercer sus defensas, toda vez que este derecho incluye el acceso al expediente para que la parte pueda tener conocimiento de la situación real que está siendo debatida en el proceso y valerse de los medios probatorios para fundamentar su defensa".
El criterio jurisprudencial transcrito, dicta que el derecho a la defensa comprende la oportunidad y la garantía que todo administrado sea notificado de los cargos por los cuales se le investiga; tanto a tener acceso a los medios prueba, así como de disponer del tiempo y los medios necesarios para el ejercicio adecuado de su defensa, incluyendo la posibilidad de ser oído, a no ser sancionado por hechos que se encuentren tipificados como falta o delito.
En este orden de ideas, en el caso sub examine, se evidencia que el administrado hizo uso del derecho a la defensa y consignó la documentación que a su criterio consideró necesaria para desvirtuar los hechos señalados en la Providencia de inicio (ver folios 445 al 467), Y ASÍ SE DECIDE.
Por otra parte, es imperativo entender que en la Providencia Administrativa N° PADS-2021-016, que inició el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, donde se dispuso las Medidas Cautelares Nominadas, fueron impuestas por imperio de la ley y están intrínsecamente ligadas al incumplimiento primario de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones por la prestación del servicio de telecomunicaciones sin contar con la Habilitación Administrativa correspondiente. En este orden de ideas, se pudo constatar que la representación legal de CONATEL ajustó su accionar al debido proceso cuando siguió la disposición normativa contenida en los artículos 181 y 183 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el tiempo procesal de imponer las Medidas Cautelares cuando procedió a la formación del Cuaderno, de Medida aparte de la pieza principal, atendiendo a uno de los principio fundamental del debido proceso, a los fines que el administrado pudiera ejercer su derecho a la defensa.
En este orden de ideas, a fin de profundizar en el análisis luego de revisado el Cuaderno de Medidas, signado con el alfanumérico PADS-2025- 018, el cual fue abierto en fecha 10 de marzo de 2025 por la Consultoría Jurídica, actuando en su condición de Órgano Sustanciador, dejó constancia del inicio de la fase de oposición de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día 10 al 14 de marzo de 2025 (ver folio 01), así como de la incorporación tanto de la copia del Oficio N° DG/CJ/DPOC/2025/0842 de fecha 07 de marzo de 2025, contentivo del acto de Notificación y la copia de la Providencia Administrativa N° PADS-2025-016 con las actuaciones concernientes a las Medidas Cautelares.
Por lo tanto, luego de analizados los alegatos esgrimidos por la representación legal de IAC TELECOM, C.A., contenidos en el escrito de oposición a las medidas cautelares consignado en fecha 14 de marzo de 2025, observa este Órgano Rector, que los hechos alegados no justificaron las razones por las cuales deban levantarse las medidas cautelares acordadas, es decir, la presunción de buen derecho, el periculum in mora o la ponderación de los intereses, tomadas en cuenta en la adopción de las medidas cautelares impuestas por CONATEL. Por consiguiente, al haberse comprobado la responsabilidad administrativa, mediante la subsunción de los hechos que dieron inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, se justifica la imposición de la sanción administrativa de COMISO de los equipos utilizados para cometer la infracción, y ASÍ SE DECIDE.
En segundo lugar, se ha podido observar que IAC TELECOM, C.A.
pretende justificar la prestación de un servicio de telecomunicaciones sin contar con la debida Habilitación Administrativa, mediante el hecho de que en el año 2022 el Ente Regulador, CONATEL, recibieron los tomos físicos; motivo difícil acceso", a pesar que aún no se les había otorgado la Habilitación Administrativa correspondiente. En este sentido. resulta crucial precisar que la naturaleza habilitante de los títulos administrativos en telecomunicaciones, dicta que la mera presentación de una solicitud no confiere, por sí misma, el derecho a operar y explotar servicios de telecomunicaciones, en virtud que los títulos administrativos, como la Habilitación Administrativa son actos unilaterales de la administración que se otorgan previa evaluación rigurosa, cuyo fin es propiciar la protección jurídica.
En el caso de los servicios de telecomunicaciones, es ostensible que esa materia pertenece a un sector estratégico de interés nacional; declarado como un servicio público, cuya competencia es exclusiva del Poder Público Nacional y su régimen fue legislador a través de una ley de rango orgánico, lo que implica que su normativa sea de estricto orden público. Por ende, ambas partes de la relación jurídica se encuentran sujetas a un estricto catálogo de normas especialmente preestablecidas para regular todos los aspectos de la situación jurídica que involucra a un actor del sector; como lo es el prestador por normas que son de orden público, no les está dada la posibilidad de relajar su observancia o hacer actuaciones discrecionales al margen de las mismas.
Así pues, en el ámbito de las telecomunicaciones, la ley que establece estas limitaciones y condiciones es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuando exige de manera expresa la obtención previa de una Habilitación Administrativa para establecer y explotar redes de telecomunicaciones o prestar servicios de telecomunicaciones, de conformidad con las previsiones legales establecidas en los artículos 5, 16 y 25, los cuales indican lo siguiente:
"Artículo 5. Se declaran como de servicio e interés público el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones, entre ellos radio, televisión y producción nacional audiovisual, para cuyo ejercicio se requerirá la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa, concesión o permiso, de ser necesario, en los casos y condiciones que establece esta Ley, sus reglamentos y las condiciones generales que al efecto establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. ..)"
(Destacado nuestro)
"Artículo 16. La habilitación administrativa es el título que otorga la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para el establecimiento y explotación de redes y para la prestación de servicios de telecomunicaciones, a quienes hayan cumplido con los requisitos y condiciones que a tales fines establezca dicho ente, de conformidad con esta Ley. Las actividades y servicios concretos que podrán prestarse bajo el amparo de una habilitación administrativa se denominarán atributos de la habilitación administrativa, los cuales otorgan los derechos y deberes inherentes a la actividad para la cual ha sido habilitado el operador, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15 de esta Ley."
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(Destacado nuestro)
"Artículo 25. Las personas interesadas en prestar uno o más servicios de telecomunicaciones al público o en establecer o explotar una red de telecomunicaciones, deberán solicitar ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la habilitación administrativa correspondiente o la ampliación de los atributos de que sea titular. Ambos casos se regirán por el procedimiento establecido en este Título." Todo ello, en virtud que el ordenamiento jurídico venezolano es categórico al establecer que el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones requieren la obtención de la Habilitación Administrativa, lo cual obedece al cumplimiento de requisitos formales, contenidos en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, siendo estos sometidos a un procedimiento indefectible de evaluación riguroso, establecidos en el artículo 29 eiusdem, en los términos siguientes:
"Cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones determine que se han cumplido los requisitos y condiciones establecidos en la ley y demás normativa aplicable, otorgará mediante acto motivado la habilitación administrativa correspondiente o incorporará los atributos solicitados, según el caso." (Destacado nuestro)
Se desprende de esta disposición normativa que el derecho a operar solo nace con el acto administrativo expreso y motivado por parte de CoNATEL.
Dicho acto no es discrecional, sino el resultado de la determinación objetiva de que se han cumplido todos los requisitos y condiciones legales. Así pues, este régimen legal responde a un sistema constitucional en el cual el Estado administra y detenta con carácter exclusivo un bien de la República, bajo la concepción de servicio e interés público. Por ello, no existe una habilitación tácita o presunta por el solo hecho de haber presentado una solicitud o la aceptación de sus recaudos, más bien la evaluación formal y su posterior otorgamiento mediante acto expreso constituyen la única fuente de legitimidad para el ejercicio de la actividad económica en el sector.
El razonamiento precedente se sustenta en Sentencias como la N° 1398 del 23 de septiembre de 2003, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, donde sostiene que:
"..) resulta claro que la operación de estaciones de radiodifusión sonora por los particulares se encontraba supeditada a la obtención previa de un permiso, de manera que el derecho a explotar una frecuencia no podía (ni puede) devenir sino de un acto expreso, denominado titulo administrativo de concesión por la legislación vigente entonces (habilitación administrativa en los términos de la LOT), emanado de la autoridad competente, que para el caso es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, título éste que no fue obtenido por la sociedad mercantil La Guaiquirí 96.7 F.M., C.A., tal y como es reconocido por sus apoderados. Ello así, mal puede la recurrente desprender el derecho a operar y explotar una estación de radiodifusión sonora, de circunstancias distintas de las previstas expresamente en la ley, esto es, del hecho de haber cancelado impuestos a CONATEL o de considerarse en capacidad de operar en la aludida frecuencia, pues en definitiva este último es un elemento cuyo análisis corresponde efectuar al organismo competente a los fines de decidir, justamente, sobre el otorgamiento o no del título previa solicitud del particular interesado (...)""
Esta jurisprudencia, aplicable por analogía, deja claro que ninguna circunstancia, por bienintencionada que sea, puede sustituir la necesidad de un acto administrativo expreso de la autoridad competente que otorgue la Habilitación. Así pues, el establecimiento y explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones sin contar con el título administrativo correspondiente es un ilícito objetivo que vulnera el ordenamiento jurídico vigente; toda vez que, la Habilitación Administrativa no es un mero requisito formal, sino la materialización del Principio de Legalidad en un sector declarado de servicio e interés público y, por ende, de estricto Orden Público.
Ahora bien, la aludida sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se adapta perfectamente al caso de IAC TELECOM, C.A., pues al igual que en el precedente, la administrada pretende derivar un derecho de operar y explotar una red en circunstancias extralegales, como la recepción de tomos o la inversión realizada, negándose a esperar el acto expreso y motivado del Ente Regulador. En este orden de ideas, la consecuencia de este accionar es la confirmación de la sanción y de otorgarse la Habilitación a una empresa que desplegó una red sin la debida autorización previa, se sentaría un precedente nefasto que vaciaría de contenido la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y desincentivaría el cumplimiento de la ley especial por parte de todos los actores del sector, subvirtiendo el régimen de control exclusivo que ejerce el Estado sobre este bien estratégico de la República. El acto expreso es, por tanto, la única fuente de legitimidad, Y ASÍ SE DECIDE.
En tercer lugar, observa este Órgano Rector que ha sido reiterado a lo largo del procedimiento administrativo sancionatorio, que el argumento de la representación legal de IAC TELECOM, C.A., se ha basado en la falta de respuesta por parte de CoNATEL sobre las solicitudes realizadas para su evaluación. Sin embargo, la presentación de un listado detallado con el estado de solicitudes (ver folios 328 y 329), lejos de respaldar un "silencio indefinido", demuestran un conocimiento pleno de su situación irregular; tomando en cuenta que, conocen que de un total de diez (10) trámites, siete (07) han "Caducado" y tres (03) han sido "Rechazados" expresamente, siendo la última de estas notificaciones con fecha 21 de enero de 2025. Este hecho desvirtúa cualquier invocación al silencio indefinido y confirma que la empresa fue debidamente notificada de los resultados negativos de sus gestiones.
En este sentido, es importante destacar el hecho que el procedimiento de notificación, elaborado en el marco del respeto al debido proceso, se adapta a las disposiciones contenidas en el artículo 8, numeral 3 de la Ley de Infogobierno, que respalda la gestión de trámites administrativos materializado en la plataforma del Sistema de Gestión de Telecomunicaciones (en lo sucesivo SIGESTEL). Esta notificación electrónica no es una mera formalidad, sino un hito orientados que confiere plena validez a las comunicaciones del Ente Regulador, en consonancia con el artículo 4 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, el cual establece lo siguiente:
"Eficacia Probatoria.
Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil.
La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas."
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De las disposiciones normativas antes mencionadas, se desprende que la validez de las comunicaciones electrónicas en la Administración Pública, como las emitidas por CONATEL a través de SIGESTEL, encuentra un blindaje probatorio inexpugnable en nuestro ordenamiento jurídico por ser un mensaje de dato, entendidos como: "toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio". Todo ello, conforme a lo previsto en los artículos 2 y 4 del Decreto Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, ya que la información generada y contenida en el sistema, que registra el estatus de los trámites como "Rechazado" o "Caducado", ostenta la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos. Así, este principio reviste de certeza jurídica el hecho de que IAC TELECOM, C.A. tuvo acceso al estado real de su solicitud, desvirtuando categóricamente la pretensión de haber operado bajo un vacío de respuesta.
En consecuencia, el listado de trámites que la propia IAC TELECOM, C.A. consigna, donde se evidencian múltiples notificaciones de rechazo expreso y la caducidad de otros procesos, no solo demuestra su conocimiento de la obligación legal, sino que también confirma la plena validez de la notificación electrónica. Al haber sido informada del estatus negativo o inconcluso de sus trámites por un canal legalmente habilitado, la empresa asumió conscientemente el riesgo de operar sin Habilitación Administrativa, confirmando así la comisión del ilícito y haciendo ineficaz su alegato de "fa/ta de respuesta", Y ASÍ SE DECIDE.
En cuarto lugar, luego de analizado los alegatos esgrimidos por IAC TELECOM, C.A., que guardan relación con alineación con el "Plan de la Patria de las 7", sus convenios sociales suscritos, la generación de empleos y su participación en eventos gubernamentales para justificar su operación, este Órgano Rector puede comprender y valorar la importancia del acceso a los servicios de telecomunicaciones que ha desplegado la administrada. Sin embargo, es fundamental recalcar que la garantía de estos derechos debe darse estrictamente dentro del marco legal establecido, y no en contravención a este, ya que, como sujetos plenos de derecho, la defensa de la recurrente no puede basarse en filiaciones políticas, su alineación con el "Plan de la Patria de las 7T" o su labor de responsabilidad social, ya que estas acciones no la eximen del cumplimiento de la Ley. Es imperativo destacar, que los procedimientos sancionatorios de esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones se rigen exclusivamente por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuya finalidad es, precisamente, ordenar y regular la prestación de servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico, que son bienes de dominio público, garantizando que el servicio se preste bajo las condiciones técnicas y administrativas idóneas para el interés general.
Por lo tanto, los argumentos sobre la calidad del servicio o los empleos generados, aunque destacables desde una perspectiva empresarial o social, no subsanan ni convalidar la ilegalidad intrínseca de operar sin los títulos administrativos correspondientes. Por ende, ninguno de estos elementos confiere un derecho para obviar el mandato legal de una Habilitación Administrativa previa y la persistencia en operar sin la debida autorización confirma una flagrante infracción a las disposiciones de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Y ASÍ SE DECIDE.
En corolario de los fundamentos de hecho y de derecho precedentes, este Órgano Rector reitera que el contenido de la motivación del acto recurrido es ajustado a derecho, toda vez que, considera que los alegatos de la recurrente son ineficaces, pues la figura de la Confianza Legítima y la doctrina del venir contra factum proprium no encuentran asidero jurídico para amparar una actividad que es flagrantemente ilegal desde su origen en virtud que el sector de las telecomunicaciones, declarado de estricto Orden Público, la única fuente de confianza legítima es el Acto Administrativo Expreso de Habilitación. En este sentido, la recepción de documentos fue un acto procesal que jamás constituyó una postura clara e inequívoca del Ente Regulador para subvertir el mandato de la Ley. Por consiguiente, al haber incumplido una obligación fundamental de Orden Público, la actuación de IAC TELECOM, C.A. no fue conforme a Derecho, haciendo temeraria su pretensión. En consecuencia, la actuación de CoNATEL en el ejercicio de sus competencias regulatorias, dirigida a corregir un ilícito objetivo, no puede sep considerada como una vulneración de la esfera jurídica de los derechos de la administrada, sino como la legítima expresión del Principio de Legalidad, Y ASÍ SE DECIDE.
VI DECISIÓN
En virtud de los razonamientos expuestos, este Órgano Ministerial en nombre de la República y por autoridad de la Ley; declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso interpuesto por los ciudadanos ÁNGEL JESÚS RENDÓN PAREDES y ÁNGEL JOSÉ GREGORIO MACIAS DE JESUS, identificados con las cédulas de identidad Nos V-19.363.483 y V-19.531.620, respectivamente, actuando en su carácter de Presidente y Vicepresidente de la sociedad mercantil IAC TELECOM, C.A., inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF), bajo el N° 3-50045795-2, en consecuencia, SE CoNFIRMA el contenido del acto administrativo de Decisión al Procedimiento Administrativo Sancionatorio de fecha 05 de junio de 2025.
SEGUNDo: Se ordena al ente regulador en materia de Telecomunicaciones practicar la notificación de la presente Decisión a la recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con indicación de los recursos disponibles y lapsos de interposición para la defensa de sus intereses.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,
MINISTRO
FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información Designado mediante Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 2020 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de esa misma fecha.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS DESPACHO DEL MINISTRO
CARACAS, 1 3 NOV 2U25 AÑOS 214°, 165° y 26° RESOLUCIÓN N° 000079 El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, designado según Decreto No 4.981, de fecha 27 de agosto de 2024, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.830 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78, numerales 2, 3, 4, 19 y 27 del Decreto Nº 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.147 Extraordinario, del 17 de noviembre de 2014, en concordancia con los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; el artículo 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; la Resolución N° 01-00-000266 de fecha 22 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.827 de fecha 23 de diciembre de 2011, emanada de la Contraloría General de la República sobre el Modelo Genérico de Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Interna, concatenados con los artículos 17 y 21 del Decreto N° 2.378 de fecha 12 de julio de 2016, mediante el cual se dictó el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de julio de 2016;
RESUELVE Dictar el siguiente, REGLAMENTO INTERNO DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura organizativa, funciones, atribuciones responsabilidades y niveles de autoridad de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, así como las funciones de las dependencias que la integran; las atribuciones, genéricas y específicas que ejercerán sus responsables.
Artículo 2. La mención de personas o cargos en masculino tienen en las disposiciones de este reglamento un sentido genérico referido siempre por igual a hombres y mujeres.
Artículo 3. La Oficina de Auditoría Interna es el órgano especializado y profesional de control fiscal interno del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas. Su titular y demás personal actuarán de manera objetiva e imparcial en el desempeño de sus funciones y darán cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y sublegales que la regulan y especialmente a los lineamientos y políticas que dicte la Contraloría General de la República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.
Artículo 4. La Oficina de Auditoría Interna realizará el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas, presupuestarias, financieras y de obras públicas del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y sus órganos integrados, con el fin de evaluarlas, verificarlas, y elaborar el respectivo informe con las observaciones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones correspondientes.
Artículo 5. Para el ejercicio de sus funciones la Oficina de Auditoría Interna, se regirá por lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento; Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y sus Reglamentos; el Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional y demás normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, las Normas Generales de Control Interno y demás normativa dictada por la Contraloría General de la República; el presente Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna y demás instrumentos legales y sublegales que resulten aplicables.
Artículo 6. La Oficina de Auditoría Interna ejercerá sus funciones de control posterior sólo en las dependencias del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, incluyendo sus órganos desconcentrados, salvo que a dichos órganos se les haya autorizado la creación de una unidad de auditoría interna propia, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
En el ejercicio de sus funciones, la Oficina de Auditoría Interna podrá realizar actuaciones de control dirigidas a evaluar las operaciones realizadas por las personas naturales o jurídicas que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, o fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, a objeto de verificar que tales recursos hayan sido invertidos en las finalidades para las cuales fueron otorgados.
Igualmente, deberá ejercer sobre dichas personas las potestades investigativas, sancionatorias y resarcitorias, a que hubiere lugar, cuando corresponda.
Artículo 7. La Oficina de Auditoría Interna tendrá acceso a los registros, documentos y operaciones realizadas por las dependencias sujetas a su control, necesarios para la ejecución de sus funciones; y podrá apoyarse en los informes, dictámenes y estudios técnicos emitidos por auditores, consultores, profesionales independientes o firma de auditores, registrados y calificados ante la Contraloría General de la República.
Artículo 8. Los servidores públicos y los particulares están obligados a proporcionar a la Oficina de Auditoría Interna, las informaciones escritas o verbales, los libros, registros y demás documentos que le sean requeridos en el ejercicio de sus competencias, así como a atender oportunamente las citaciones o convocatorias que le sean formuladas.
Artículo 9. La Oficina de Auditoría Interna estará adscrita a la máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas; sin embargo, su personal, funciones y actividades estarán desvinculados de las operaciones sujetas a su control, a fin de garantizar la independencia de criterio en sus actuaciones, así como su objetividad e imparcialidad.
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Artículo 10. La máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, deberá dotar a la Oficina de Auditoría Interna de razonables recursos presupuestarios, humanos, administrativos y materiales, incluyendo un adecuado espacio físico, que le permitan ejercer con eficacia sus funciones.
Artículo 11. La máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, dotará a la Oficina de Auditoría Interna del personal profesional idóneo y necesario para el cumplimiento de sus funciones, seleccionado por su capacidad técnica, profesional y elevados valores éticos.
Su nombramiento o designación debe realizarse con la previa opinión favorable del Auditor Interno. Para la remoción, destitución o traslado del personal de la Oficina de Auditoría Interna, se requerirá la opinión previa del Auditor Interno.
Artículo 12. La Oficina de Auditoría Interna, comunicará los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas a la máxima autoridad jerárquica, al responsable de la dependencia donde se ejecutó la actividad objeto de evaluación, así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.
CAPÍTULO II DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Artículo 13. Para el cumplimiento de su misión, funciones y objetivos, así como del logro de sus metas, la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, tendrá la siguiente estructura organizativa:
1. Dirección General de la Oficina de Auditoría Interna.
2. Dirección de Línea de Control Posterior.
3. Dirección de Línea de Determinación de Responsabilidades.
Artículo 14. La Oficina de Auditoría Interna actuará bajo la dirección y responsabilidad del Auditor Interno, quien será designado por la máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, de acuerdo con los resultados del concurso público, previsto en la normativa dictada a tal efecto por la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. El Auditor Interno, así designado, durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, podrá ser reelegido mediante concurso público por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y no podrá ser removido o destituido del cargo sin la previa autorización del Contralor General de la República.
Artículo 15. Las faltas temporales del Auditor Interno, serán suplidas por el servidor público que ocupe el cargo de rango inmediatamente inferior dentro de la Oficina de Auditoría Interna, el cual será designado por la máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
Artículo 16. Cuando se produzca la falta absoluta del Auditor Interno, la máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas designará como Auditor Interno al servidor público que ocupe el cargo de rango inmediatamente inferior dentro de la Oficina de Auditoría Interna y convocará el respectivo concurso público para la designación del titular del órgano de control fiscal, de conformidad con lo previsto en la normativa dictada al efecto por el Contralor General de la República.
Artículo 17. Los responsables de las Direcciones de Control Posterior y Determinación de Responsabilidades, tendrán el mismo nivel o rango jerárquico que se establezca para cargos similares en el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y serán conceptuados como personal de confianza, por lo cual podrán ser removidos de sus cargos por la máxima autoridad, previa solicitud del Auditor Interno.
CAPÍTULO III DE LAS FUNCIONES Artículo 18. Son funciones de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, las normas que en materia de control dicte la Contraloría General de la República conjuntamente con las establecidas en el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional vigente, por lo que a continuación se enumeran las siguientes:
1. Ejercer funciones de control posterior, en el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
2. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración, de información gerencial y de obras públicas de las distintas dependencias del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas, así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas.
3. Proponer a las Máximas Autoridades las recomendaciones orientadas al fortalecimiento del sistema de control interno para la protección y salvaguarda del patrimonio público del Ministerio y sus órganos desconcentrados.
4. Dirigir la realización de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, planes y programas, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión.
5. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y en general, la eficacia con que opera el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
6. Vigilar por que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados.
A tal efecto, podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen convenientes.
7. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidor público, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas.
8. Ejercer el control permanente y otorgar conformidad a las cauciones que deben prestar los funcionarios responsables de las unidades administrativas, de conformidad con la norma legal vigente.
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9. Participar o designar, cuando se estime pertinente, con carácter de observador sin derecho a voto, en los procedimientos de contrataciones públicas realizados por el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas.
10. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas, sin menoscabo de las funciones que le corresponda ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana.
11. Evaluar el servicio prestado por cada una de las dependencias del Ministerio y sus entes adscritos, internos y externos, promoviendo la Contraloría Social, conjuntamente con la Oficina de Atención Ciudadano.
12. Ejercer la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento 13. Formular reparos, declarar la responsabilidad administrativa e imponer multas en los casos que sea procedente y decidir recursos de reconsideración respectivo.
14. Iniciar, sustanciar y decidir de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades a objeto de formular reparos, declarar la responsabilidad administrativa o imposición de multas, cuando corresponda.
15. Remitir a la Contraloría General de la República, mediante auto motivado, los expedientes relativos a la declaratoria de responsabilidad administrativa, cuando ella fuere procedente, de conformidad con la normativa que rige la materia.
16. Promover el uso y actualización de manuales de normas y procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes, así como el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y administrativos de los procesos y procedimientos del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
17. Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan de Auditorías y actividades a ejecutar tomando en consideración las solicitudes y lineamientos que le formule la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna según el caso; las denuncias recibidas, las áreas estratégicas, así como la situación administrativa, importancia, dimensión y áreas críticas del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas.
18. Elaborar su proyecto de presupuesto anual con base a criterios de calidad, economía y eficiencia, a fin de que la máxima autoridad jerárquica, lo incorpore al presupuesto del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas.
19. Asesorar en materia de Control Interno a las unidades administrativas del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y sus entes desconcentrados.
20. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, sin menoscabo de las funciones que le corresponde ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana.
21. Realizar seguimiento al Plan de Acciones Correctivas implementado por el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y sus dependencias, para verificar el cumplimiento eficaz y oportuno de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, tanto por la Contraloría General de la República como por la Dirección General de la Oficina de Auditoría Interna.
22. Las demás funciones que señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas, en el marco de las competencias que les corresponde ejercer a los órganos de control fiscal interno.
Dirección de Control Posterior Artículo 19. La Dirección de Control Posterior es una dependencia con nivel jerárquico de dirección de línea y le corresponde las siguientes funciones:
1. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas dependencias del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
2. Examinar los registros y estados financieros para determinar su pertinencia, confiabilidad y los elementos que permitan evaluar la eficiencia, eficacia y economía, calidad e impacto de la gestión en el marco de las operaciones realizadas análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones.
4. Realizar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y en general, la eficacia con que opera el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
5. Realizar el examen posterior de los programas, proyectos u operaciones para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas, y la eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de su desempeño.
6. Hacer inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen convenientes, a efectos de verificar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados.
7. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos, en los términos y condiciones establecidos por la Contraloría General de la República en la Resolución dictada al efecto.
8. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidor público, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
9. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y sus dependencias, con la finalidad de que se cumplan las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control.
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10. Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, antes de la toma de posesión del cargo.
11. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
12. Promover el uso y actualización de manuales de normas y procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes y el cumplimiento de los aspectos legales y técnicos de las actividades.
13. Incentivar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, sin menoscabo de las funciones que le corresponde ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana.
14. Elaborar el informe de resultados con ocasión del ejercicio de la potestad investigativa, obtenido de la verificación de los actos, hechos u omisiones 15. contrarios a una disposición legal o sublegal, alertados en los informes de las actuaciones fiscales previas, así como iniciar la conformación del expediente de la investigación, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
16. Notificar y ordenar mediante oficio de citación la comparecencia de cualquier persona vinculada con actos, hechos u omisiones objeto de investigación a los fines de rendir declaración y tomarle la declaración correspondiente.
17. Notificar mediante oficio de manera específica y clara a los interesados legítimos vinculados con actos, hechos u omisiones objeto de investigación.
18. Remitir a la Dirección de Determinación de Responsabilidades el expediente contentivo de los documentos que soportan el procedimiento de la potestad investigativa, a fin de darle continuidad a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
19. Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos y las resoluciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la Dirección.
Dirección de Determinación de Responsabilidades Artículo 20. La Dirección de Determinación de Responsabilidades es una dependencia con nivel jerárquico de dirección de línea y le corresponde las siguientes funciones:
1. Valorar el informe de resultados de la potestad investigativa a fin de ordenar mediante auto motivado, el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, formulación de reparos.
2. Declaratoria de responsabilidad administrativa, dictar el sobreseimiento, pronunciar la absolución o la imposición de multas según corresponda.
3. Iniciar, sustanciar y decidir, previa delegación del Auditor Interno o de la Auditora Interna, los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
4. Dictar los autos de apertura y notificar a los interesados la apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, según lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, su Reglamento y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
5. Remitir a la Contraloría General de la República mediante acto motivado el expediente de la investigación o de la actuación de control, copia certificada de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del acto que declare la firmeza de la decisión o la resolución que decida el recurso de reconsideración, según el caso.
6. Expedir los documentos que conforman el expediente, a solicitud de los interesados legítimos o sus representantes legales.
7. Fijar por auto expreso, la realización de la audiencia oral y pública presidida por el Auditor Interno o su delegatario, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su reglamento.
8. Conducir, previa delegación del Auditor Interno la audiencia oral y pública de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su reglamento.
9. Dictar, previa delegación del Auditor Interno, la decisión que declare la formulación de reparos, responsabilidad administrativa, imposición de multas, sobreseimiento o absolución de dichas responsabilidades por los funcionarios o particulares que tengan relación con el Ministerio, entes y demás instituciones sujetas a su control.
10. Analizar y determinar la existencia de indicios de responsabilidad civil o penal y tramitar autorización del Auditor Interno para la remisión al Ministerio Público de la copia certificada del expediente, así como de los elementos probatorios que evidencien la existencia de los hechos o circunstancias que acarrean responsabilidad patrimonial, civil o penal.
11. Elaborar la comunicación a fin de que el Director (a) General de la Oficina Auditoría Interna, remita a la Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, a que se refiere el artículo 65 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que se encuentren en ejercicio de sus cargos.
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12. Efectuar, previa delegación del Director(a) General de la Oficina de Auditoría Interna, el procedimiento sancionatorio de imposición de multa pecuniaria, cuando el funcionario, empleado, obrero, contratado o de Alto Nivel, incurra en las siguientes causales: entrabar o impedir el ejercicio de las funciones de esta Oficina; cometer reiteradamente errores u omisiones en la tramitación de los asuntos que deban someter a la consideración de dicha Oficina; no comparecer sin motivo justificado cuando hayan sido citados por esta dependencia; no enviar o exhibir oportunamente y/o en los plazos fijados, los informes, libros.
y documentos; y designar al titular de la Oficina de Auditoría Interna al margen de la normativa que regula la materia.
No podrá iniciarse el procedimiento sancionatorio de imposición de multa pecuniaria a los funcionarios de alto nivel a que se refiere el artículo 65 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, para lo cual deberá procederse de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 10 del presente artículo.
13. Realizar los trámites para la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la decisión dictada en la audiencia oral y pública, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
14. Registrar, controlar y resguardar los expedientes relacionados con los determinación de procedimientosadministrativosde responsabilidades, así como mantener informado al Auditor Interno de los resultados y decisiones.
15. Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos y las resoluciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la Dirección.
CAPÍTULO IV De las atribuciones y deberes de los empleados adscritos a la Oficina de Auditoría Interna.
Artículo 21. En ejercicio de las competencias conferidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el presente Reglamento y las demás leyes aplicables, el Auditor Interno y demás funcionarios que integran la Oficina de Auditoría Interna deberán:
1. Observar una actitud objetiva, imparcial y de absoluta independencia de criterio.
2. Ser respetuosos y cordiales con el personal de las diferentes áreas de Ministerio y sus entes adscritos en el ejercicio de su acción de control, sin perjuicio de la necesaria firmeza y seriedad en sus actuaciones.
3. Mantener el debido celo y diligencia profesional, tanto en la ejecución de su trabajo como en la elaboración de sus informes.
4. Guardar y mantener la debida discreción y reserva sobre la información y asuntos que manejen con ocasión de las funciones que tengan atribuidas; y conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la Dirección General de la Oficina de Auditoría Interna.
5. Ejercer las funciones de control, sin entrabar el normal funcionamiento administrativo y operacional de las áreas objeto de su actuación.
6. Inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando exista sociedad de intereses con alguno de los responsables del área u operación sujeta a control.
Artículo 22. Dada la naturaleza y características de las actividades de la Oficina de Auditoría Interna, ésta deberá establecer y mantener adecuados mecanismos para la recepción y manejo de documentos relacionados con la actividad de control e investigación, permitiendo:
a) Dar constancia o recibo de todo documento presentado y sus anexos, con indicación del número de registro, lugar, fecha y hora de presentación.
b) Llevar un registro diario de la documentación y correspondencia recibida y enviada, garantizando la seguridad y permanencia del mismo, así como la validez y calidad de la información.
c) Formar los correspondientes expedientes de los asuntos que se tramiten en la Oficina de Auditoría Interna.
d) Mantener adecuados mecanismos de conservación y archivo de documentos, que garanticen la seguridad y el resguardo de los mismos.
e) Mantener y garantizar la adecuada reserva respecto a los datos e información que se manejen en el ejercicio de las funciones de control, investigación y determinación de responsabilidades.
Artículo 23: Son atribuciones del Auditor Interno, las siguientes:
1. Planificar y supervisar las actividades desarrolladas por las Direcciones que conforman la Oficina de Auditoría Interna.
2. Elaborar y someter a la aprobación de la máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, el reglamento interno, la resolución organizativa, así como, los manuales de organización, normas y procedimientos, con el fin de regular el funcionamiento de la Oficina de Auditoría Interna.
3. Aprobar el Plan Operativo Anual de la Oficina de Auditoría Interna y coordinar la ejecución del mismo.
4. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de la Oficina de Auditoría Interna.
5. Asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de control interno, que dicte la Contraloría General de la República; la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados; y la máxima autoridad del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
6. Elaborar el informe de gestión anual de la Oficina de Auditoría Interna y presentarlo ante la máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
7. Declarar la responsabilidad administrativa, formular reparos, imponer multas, absolver de dichas responsabilidades o pronunciar el sobreseimiento.
8. Decidir los recursos de reconsideración y/o de revisión interpuestos contra las decisiones que determinen la responsabilidad administrativa, formulen reparos e impongan multas.
9. Solicitar a la máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder 10. Popular de Obras Públicas la suspensión en el ejercicio del cargo de funcionarios sometidos a una investigación o a un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
11. Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas, a las dependencias evaluadas y demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar medidas correctivas.
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12. Participar a la Contraloría General de la República, el inicio de las investigaciones que ordene, así como de los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades que inicie.
13. Participar a la Contraloría General de la República las decisiones de absolución o sobreseimiento que dicte.
14. Remitir al Contralor General de la República copia certificada de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, a fin de que éste acuerde la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses; la destitución o la imposición de la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años del declarado responsable, por haber incurrido en alguno de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa.
15. Remitir al Ministerio Público la documentación contentiva de los indicios de responsabilidad penal y civil cuando se detecte que se ha causado daño al patrimonio de un órgano o ente de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, pero no sea procedente la formulación de un reparo.
16. Expedir copias certificadas de los documentos que reposen en los archivos de la Oficina de Auditoría Interna y delegar esta competencia en funcionarios de dicho órgano de control fiscal.
17. Certificar y remitir a la Contraloría General de la República las copias de los documentos que reposen en los archivos de las dependencias del órgano o ente sujeto a su control, que ésta les solicite en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
18. Remitir a la Contraloría General de la República o al órgano de control externo competente, según corresponda, el acta de entrega de la Oficina de Auditoría Interna a su cargo, de conformidad con lo previsto en la normativa que regula la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias.
19. Recibir las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos, antes de la toma de posesión del cargo.
20. Recibir las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o empleado público, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos, del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, sus órganos y entes públicos adscritos.
21. Firmar la correspondencia y documentos emanados de la Oficina de Auditoría Interna.
22. Las demás que señalen las leyes y normativa que le sea aplicable.
Artículo 24: Los responsables de las Direcciones de Control Posterior y Determinación de Responsabilidades que conforman la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, tendrán las siguientes atribuciones comunes:
1. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a los procesos que deben cumplir, en las cuales participe la Dirección a su cargo.
2. Decidir los asuntos que competan a la Dirección a su cargo, sin perjuicio de las atribuciones asignadas a funcionarios adscritos a ésta.
3. Presentar informes periódicos y anuales de las actividades desarrolladas por la Dirección a su cargo.
4. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, de acuerdo con lo previsto en los instrumentos normativos que resulten aplicables al Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.
5. Participar en el diseño de políticas y en la definición de objetivos institucionales.
6. Sugerir medidas encaminadas a mejorar la organización y el funcionamiento de la Dirección a su cargo.
7. Absolver consultas sobre las materias de su competencia.
8. Desempeñar dentro del área de su competencia, todas aquellas labores que le encomiende el Auditor Interno.
9. Elevar a la consideración del titular de la Oficina de Auditoría Interna el proyecto de solicitud de suspensión en el ejercicio del cargo de funcionarios sometidos a una investigación o a un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
10. Firmar la correspondencia y documentos emanados de la respectiva Dirección a su cargo, sin perjuicio de las atribuciones similares asignadas a funcionarios adscritos a ésta.
11. Las demás que señalen las leyes y normativas aplicables.
Artículo 25: El Director de Línea de Control Posterior tendrá las atribuciones específicas siguientes:
1. Dictar el auto de proceder de la potestad investigativa.
2. Someter a la consideración del Auditor Interno, la programación de las auditorías y demás actuaciones de control, antes y durante su ejecución.
3. Suscribir el informe de resultados de la potestad investigativa a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 77 de su Reglamento.
4. Suscribir informes de actuaciones de control practicadas y preparar comunicación para la firma del Auditor Interno a objeto de remitir oportunamente los resultados, conclusiones y recomendaciones, a las unidades evaluadas y a las demás autoridades a quien legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.
5. Las demás que señalen las leyes y normativas aplicables.
Artículo 26: El Director de Línea de Determinación de Responsabilidades, tendrá las siguientes atribuciones específicas:
1. Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 81, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal y 86 de su Reglamento, mediante el cual, una vez valorado el informe de resultado de la potestad investigativa, se ordena el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
2. Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 96, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 88, de su Reglamento y notificarlo a los presuntos responsables.
3. Disponer lo conducente para que sean evacuadas las pruebas indicadas o promovidas por los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o por sus representantes legales.
4. Fijar, por auto expreso, la realización del acto oral y público a que se refieren los artículos 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 92 al 97 de su Reglamento.
5. Dictar, previa delegación del titular de la Oficina de Auditoría Interna, las decisiones a que se refiere el artículo 103, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
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6. Imponer, por delegación del titular de la Oficina de Auditoría Interna, las multas previstas en los artículos 94 y 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y participarlas al órgano recaudador correspondiente.
7. Ordenar la acumulación de expedientes cuando sea procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
8. Las demás que señalen las leyes y normativas aplicables.
CAPÍTULO V Recepción, Manejo y Archivo de Documentos Artículo 27: Toda la documentación de la Oficina de Auditoría Interna, por su naturaleza es reservada para el servicio de la misma, y la exhibición de su contenido, inspección, certificación o publicidad respecto a terceros, sólo podrá realizarse de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás normativa legal o sublegal que resulte aplicable.
Artículo 28: La correspondencia recibida y despachada, así como los expedientes administrativos, papeles de trabajo producto de las actuaciones realizadas y demás documentación relacionada con la Oficina Auditoría Interna, deberá registrarse, resguardarse, archivarse siguiendo un orden cronológico y de fácil acceso.
Artículo 29. El Auditor Interno calificará, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás normativa legal o sublegal que regula la materia, la confidencialidad y reserva de los documentos que están bajo su control y custodia.
Artículo 30. Los papeles de trabajo generados por las actuaciones realizadas son propiedad de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Obras y, por tanto, ésta será responsable de su archivo, custodia y manejo.
Artículo 31. Sólo tendrán acceso a los archivos, los servidores públicos adscritos a la Oficina de Auditoría Interna. El acceso por parte de otros funcionarios o empleados públicos o particulares, debe ser autorizado por el Auditor Interno o por quien delegue éste para esa función.
Artículo 32. El Auditor Interno certificará los documentos que reposen en los archivos de la Oficina de Auditoría Interna, así mismo, podrá expedir certificaciones sobre datos de carácter estadístico, no reservado, que consten en expedientes o registros a su cargo, y para los cuales no exista prohibición expresa de divulgación.
Artículo 33. El Auditor Interno, podrá delegar la competencia de certificar documentos en el personal de la Oficina de Auditoría Interna.
CAPÍTULO VI Disposiciones Finales Artículo 34. Todo lo no previsto en este Reglamento Interno, se regirá por las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, demás instrumentos normativos legales y sublegales que resulten aplicables.
Artículo 35. El presente reglamento podrá ser modificado oída la opinión del responsable de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Populas de Obras Públicas y de ser el caso, a solicitud de la Contraloría General de la República, asegurando siempre el mayor grado de independencia del órgano de control fiscal interno dentro de la organización.
Artículo 36. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, ING. JUAN JOSÉ RAMIREZ LUCES mistro del Poder Popular de Obras Públicas Decrdo N° 4.981 de fecha 27/08/2024
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 1 4 NOV 2U25 AÑOS 214°, 165° y 26° 11 RESOLUCIÓN N°.19030 El Ministro del Poder -Popular de Obras Públicas, designado mediante Decreto N° 4.981 de fecha 27 de Agosto de 2024, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.830 de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 78, numerales 12 y 15 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, conjuntamente con los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, este Despacho.
RESUELVE Artículo 1. Establecer la estructura para la ejecución financiera del presupuesto de gastos del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, para el Ejercicio Económico Financiero correspondiente al año 2026, tal y como se indica a continuación:
1. UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL.
CÓDIGO U.A.C UNIDAD ADMINISTRADORA CENTRAL
00010 OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
2. UNIDADES EJECUTORAS LOCALES
UNIDADES EJECUTORAS LOCALES CÓDIGO U.E.L 00005 OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA.
00009 OFICINA DE GESTIÓN HUMANA.
00010 OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Artículo 2°. Se designa como Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Central para la ejecución financiera de gastos del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas para el Ejercicio Económico Financiero correspondiente al año 2026, a la siguiente ciudadana:
3. CUENTADANTE
CÉDULA DE CÓDIGO UNIDAD DENOMINACIÓN NOMBRE Y DEL CUENTADANTE APELLIDOS IDENTIDAD
00010 OFICINA DE EVELIN DEL V-18.625.578 GESTIÓN CARMEN GONZÁLEZ.
ADMINISTRATIVA.
Artículo 3. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese,
ING JDAN JOSÉ RAMIREZ LUCES.
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS Designado mesiante Decreto N° 4.981 de fecha 27 de agosto de 2024, publicado en la Gaceta Oficlal Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.830 de la misma fecha.
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)
Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.
Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.
Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.
Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela
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AÑO CLIII - MES II Número 43.256
Caracas, viernes 14 de noviembre de 2025
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