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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 42.921

16 de julio de 2024 · 24 páginas
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Caracas, martes 16 de julio de 2024 Número 42.921 AÑO CLI - MES X

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 4.974 16 de julio de 2024

NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la profundización de la revolución, en la búsqueda de la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria Venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de Junio de 2018, publicado en la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario de fecha 21 de Junio de 2018.

DECRETA

Artículo 1º. Nombro al ciudadano JESÚS ANTONIO PEÑA CAMACHO, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.205.873, como VICEMINISTRO DE FORMACIÓN Y CULTURA AGROURBANA, del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2º. Delego en la Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana, la juramentación del referido ciudadano.

Artículo 3º. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil veinticuatro. Año 214° de la Independencia, 165° de la Federación y 25° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,

(L.S.)

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.)

JHOANNA GABRIELA CARRILLO MALAVÉ

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 4.974, mediante el cual se nombra al ciudadano Jesús Antonio Peña Camacho, como Viceministro de Formación y Cultura Agrourbana, del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUNAI Providencia mediante la cual se nombra a la ciudadana Vanessa Ibáñez Díaz, como Gerente de Asesoría y Asistencia Técnica, adscrita a la Gerencia General del Sistema de Control Interno, de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna - SUNAI.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Resolución mediante la cual se nombra a la ciudadana Desirée Mayrim Hidalgo Sequera, como Directora General del Despacho, de este Ministerio, en calidad de Encargada.

Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Adolfo José Torres Achan, como Director General de la Ofi cina de Auditoría Interna, de este Ministerio, en calidad de Interino.

Resolución mediante la cual se nombra a la ciudadana Paola Eugenia Franceschi Díaz, como Directora General de la Ofi cina de Gestión Comunicacional, de este Ministerio, en calidad de Encargada.

Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Douglas Javier Muñoz Azuaje, como Director General de la Ofi cina de Tecnología de la Información y la Comunicación, de este Ministerio, en calidad de Encargado.

Resolución mediante la cual se nombra a la ciudadana Kenia Marlen Herrera Contreras, como Directora General de la Ofi cina de Gestión Humana, de este Ministerio, en calidad de Encargada.

Resolución mediante la cual se nombra a la ciudadana Igneli Josefi na Peretti Leiva, como Presidenta de la Fundación Misión Piar (FMP), ente adscrito a este Ministerio, en calidad de Encargada.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se absuelve de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana Indira María París Bruni, en su condición de Jueza Provisoria, por las actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones en el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Decisión mediante la cual se declara la responsabilidad disciplinaria a la ciudadana Magaly Guadalupe Nieto Rueda, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del estado Carabobo; por lo que se impone la sanción disciplinaria de amonestación.

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464.874 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 16 de julio de 2024

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 27 de junio de 2024.

AÑOS 214°, 165° y 25° RESOLUCIÓN N° 002-2024 El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado mediante Decreto N° 4.962, de fecha 17 de junio de 2024, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.814, Extraordinario, de esa misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 65 y en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5, artículo 19 y en el numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrar al Ciudadano ADOLFO JOSÉ TORRES ACHAN, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.059.867, COMO DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, en calidad de INTERIno, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2. El referido funcionario ejercerá el cargo hasta tanto se designe al titular de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados.

Artículo 3. El funcionario designado por esta Resolución deberá rendir cuenta al Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión.

Artículo 4. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, HÉCTOR JOSÉ SILVA HERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular de MISTRO Desarrollo Minero Ecológico Decreto N° 4.962, de fecha 17 de juniò de 2024 G.O.R.B.V. N° 6.814, Extraordinario de esa misma fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 27 de junio de 2024.

AÑOS 214°, 165° y 25° RESOLUCIÓN N° 004-2024 El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado mediante Decreto N° 4.962, de fecha 17 de junio de 2024, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.814, Extraordinario, de esa misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5, artículo 19y en el numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrar a la Ciudadana PAOLA EUGENIA FRANCESCHI DÍAZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.077.053, COMO DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN COMUNICACIONAL del MiniSterio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, en calidad de ENCARGADA, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2. La funcionaria designada por esta Resolución deberá rendir cuenta al Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión.

Artículo 3. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivø Nacional, HÉCTOR JOSÉ SILVA HERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular de MINISTRO Desarrollo Minero Ecológico Decreto N° 4.962, de fecha 17 de junio de 2024 G.O.R.B.V. N° 6.814, Extraordinario de esa misma-fecha

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 27 de junio de 2024.

AÑOS 214°, 165° y 25° RESOLUCIÓN N° 005-2024 El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado mediante Decreto N° 4.962, de fecha 17 de junio de 2024, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.814, Extraordinario, de esa misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 65 y en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5, artículo 19 y en el numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrar al ciudadano DOUGLAS JAVIER MUÑoz AZUAJE, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.226.431, COMO DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIóN del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, en calidad de ENCARGADo, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2. El funcionario designado por esta Resolución deberá rendir cuenta al Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión.

Artículo 3. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, HÉCTOR JOSÉ SILVA HERNÁNDEZ Ministro del Poder Popularde MINISTRO Desarrollo Minero Ecológico Decreto N° 4.962, de fecha 17 de junio dè 2024 G.O.R.B.V. N° 6.814, Extraordinario de esa misma fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 27 de junio de 2024.

AÑOS 214°, 165° y 25° RESOLUCIÓN N° 006-2024

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado mediante Decreto N° 4.962, de fecha 17 de junio de 2024, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.814, Extraordinario, de esa misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 65 y en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5, artículo 19 y en el numeral 6 del artículo 20 de laLey del Estatuto de la Función Pública,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrar a la Ciudadana KENIA MARLEN HERRERA CONTRERAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.531.335, COMO DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, en calidad de ENCARGADA, coplas competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2. La funcionaria designada por esta Resolución deberá rendir cuenta al Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión.

Artículo 3. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, HÉCTOR JOSÉ SILVA HERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero EcológicoMINISTRO Decreto N° 4.962, de fecha 17 de junio de 2024 G.O.R.B.V. N° 6.814, Extraordinario de esa misma feeha

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 27 de junio de 2024.

AÑOS 214°, 165° y 25° RESOLUCIÓN N° 008-2024

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado mediante Decreto N° 4.962, de fecha 17 de junio de 2024, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.814, Extraordinario, de esa misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 65 y en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 3 del artículo 120 ejusdem, concatenado con el numeral 2 del artículo 5, artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5°, del Decreto N° 3.958, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.282 de fecha 28 de septiembre de 2005, por la cual se autoriza la creación de una Fundación del Estado, denominada Fundación Misión Piar,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrara la ciudadana IGNELI JOSEFINA PERETTI LEIVA, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.777.044, COmo PRESIDENTA dela FUNDACIÓN MISIÓN PIAR (FMP), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, en calidad de ENCARGADA, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2. La funcionaria designada por esta Resolución deberá rendir cuenta al Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión.

Artículo 3. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Naciona

HÉCTOR JOSÉ SILVA HERNÁNDEZ Ministro del Poder Popula deMINISTRO Desarrollo Minero Ecológico Decreto N° 4.962, de fecha 17 de junio de 2024 G.O.R.B.V. N° 6.814, Extraordinario de esa misma fecha

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

A REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En Sus nombre DIARIZADO ASIENTON°A2U DEFECHA_6-12-2018 PODER JUDICIAL JURISDICCIÓN DISCIPLINAAIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Exp N° AP81-D-2013-000346 ediente administrativo de las actuaciones PARIS BRUNI titular de la Titular sel Juzgado Noveno de Caracas. en de 2017. por las como Jueza Provisoria Judicial del Ares Metropoltana de Carácas. asgnando al número oe expedienta AP61- D-2013-000346. de esta .Jurisd:cción expediente en comento y saguidiamente, en fecha 18 de marzo de 2017. una vez revisados los elementos descntcs por la Inspectoria Ganeral da Tnbunales en su escrito acusatorio de fecha 21 de febrero de 2017. admitió la petición de sanción efectuada, descargos. notificar a las partes intervinientes e informar a la Fiscalis General de la República.

n fecha 25 de abril de 2017 la Oficina de Sustancisción recibió diligencia suscrita por ciudadano Juan Luis Núñez Gajcia. inscrito en al Instituto de Previsión Social del gado (I.P.S.A.) bajo el N.° 35.774. madiante la cual consignó poder que lo acredita po apoderado judicial de la jueza acusada asi como también al abogado Fidel stillo. inscrito en el 1.P.S.A. bajo el N.° 189.189, entre otros Bruni ciudadano Juan Luis Núñez Garcia. estando dentro del lapso previsto en el articulo 76 del Código de Ética del Juez Venszolano y Jueza Venezolana presentó el escrito de descargos, constante de treinta y dos (32) folios útiles y anexos marcados con las letras "A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K". constante de noventa y siete (97) folios útiles.

escrito da promoción de pruebas de la jueza acusada constante de aos + 21 folios

PRIMERO En fecha 29 de junio de 2017. Ia Ofcina de Sustancacion declaro S.0 letras A: B'. C respecto a las probanzos reseñadas an los numerates 5 y 7. miarcadas con las -ellas y G: respactivamenta en is press"ta decisión por cuento dichos medios prr rxtoses fueron promovidos por la Inspectona Gonera! de Trpunales ( ) asi como Ic- meucs probatorios descritos en los nun:erales 8. 9, 10 y 71. marcadas con letras *H1 y K por cuanto dichas documentales se encuentran incorporadas al expedie 'a 1.,

CUARTO: INOFiCiOSO el pronunciamiento respecto a las pruebas promovicias or : presente decisión, pcr cuanto sn al caso de la primera a invocar el merito (sic) *s.: able de las actas no os un medio da pruebas admisible en nuestro ordenamiento lico vigente (...: y en el caso de le segunda de las referidas probanzas en la cual :...t notoriedad judicial del fallo emitido si 8 de agosto de 2012. durante el desampai: :n s Juzgado Superior Primero en lo Civil. Mercantil. Trênsito y Bancano : la Circunscripciôn Judicial del Área Metropolitana de Caracas (...) el mismo fue pro.:. do por la Inspectorla General de Tribunales y previamente admitido".

En fecha 21 de junio de 2018. ests Tribunal Disciplinario recibió el presente exor:

proveniente de la Oficina de Sustanciación y se dejó constancia da la designaaic manera alestoria mediante el Sisiema de Gastión Judicial. a ia Jueza Jacqueirg 5.a Mariño, como ponente del presente asunto.

octubre de 2018, a las diez de la mañana (10:00 a.m).

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gao de BCUsacA aega:os excuste:or

5.15 expediente el acis cu'sante preserte er.

disciplinario Jos jueces de este Tnbunal Discgingric Judocia! a respectiva Secision, ta se acocte discoinano expame"te presente como consta en cursante en ac1a uosene correspondiendo en esta oponunidad en texto dictar cumplimiento del artícuio 84 del Codigo de Etica del Juez Venarolano y Juez3 Venezolana, y al respecto se observa INVESTIGACIÓN DE LA INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES La Inspectoria Genera! de Tribunates recibiò oficio CDJ-P-943/2013 da facha 25 de noviembre de 2013. suscnta por el crucadano Tulio Jménez Rodriguez en su condicion de Juez Presidente de ta Core Disciplinaria Judicial mediante et cuar remitió Oénunca presentada en fecha 23 de sepsemore de 2013 por la ciudadana Maria dei Carmen Linares Pérez, lituiar de la cadu:s de identidad V-5.874,593. en su condición de Presidenta de Representaciones Soliampack. C.A. en contra de la Jueza Indira Maria Paris Bruni, a cargo dei Juzgado Supericr Primaro en to Civil. Mercanúl y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropoltana de Caracas.

Visto el contenido del oficio. Ia Inspectoris Gsneral de Tribunales orosnó en fecha 24 de abril de 2015 abrir expediente disciplinario signado 150688. acordando en fecha 14 de marzo de 2016 abrir la investigación cotrespondienta, ccmisionando a la inspectora de Tribunales Magaly Cruz para realizar la averiguación.

Una vez culminada las investigaciones. la Inspecioria Gansral de Tribunales presento acto conclusivo contentivo del escrito de acusación en facha 21 de febrero de 2017, :s suts 18854- Éuca der suez Venezoianc : Jueza Venezolana vigente Genera:

arbitral suscuo entre las panes suno que osun:

excluyente" sde agosto ue 2:

Jueza investigada dicto decis-on en la cual deciaró con lugar de octubre de 2011 y so sciaratona de fecha 28 de octubre ce consecuencia de eo dectaró la ridad absoluta del proceso arbitral Circunsenpción Judicial del Aras Meropolitane de Caracas. en conforme a las reglas dispuestas sn e: Código de Procedimiento Civil, y no a las de Ley de Arbitraje Comercial, Isy vigente para sl memento da la suscripción del de la clâusula compromisoria", Agregó la Inspectoria General ca Tribunales que la jueza investigada principio de la voluntad de las partes. dasconociendo el contenido del acuerdo amorsválidamente suscrito entre los sujetos de la relación juridica contractual, asl ce: a tramitación hecha ante ei Trbunal Arbiral Independiante debidamente constituido paa ello en el Juzgado de Instancia. inmiscuyéndose en una inrita declaratoria cs incompetencia que no le corresponda conocer, y con effo vi!nero normas da arda público (...)".

menciona

dora que le estaba dada cedencia e no dei recurso Arguyó que pasando a si se tratado nulidad de un extraordinario de supuestos previa valorar o refutar dose en la voluntad de las partes (..

abo el derecho a la por las partes (...).

como tal deben aplicario. cosa

bajo su conocimiento. y dictaminó srradamente la causa, colocando a las partes en estado de indefensión ante su cerecho accionario que resultó vuinerado can lo decisión dictada por la Jueza investigada en fecha 8 de agosto de 2012. y que fue enmencado en virtud del recurso de casación que fue anunciado y formalizado".

Concluyó que "si bien es cierto no se tramo de un error jucicial inexcusable declarado por la Sala del Máximo Tribunal de la Rapública, como lo refirió la denunciante (.) no es menos cierto que si se trato de un grave error de juzgamiento que tal como la Sala punto resultó vulnerada la garantia constitucional a la defensa, y la tutela judicial que contrariamente a ello, la Jueza no decidió conforme a derecho, sino que con su iciada decisión desnaluralizó el contenido de las normas que resultaban aplicables. ALEGATOS DE LA JUEZA SOMETIDA AL PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL 11 fecha 23 de mayo de 2017, se recibió ante la Oficina de Sustanciación, escrito de descargos y anexos presentados por el ciudadano Juan. Luis Núñez Garcia, en su ochenta y ocho (188) al ANTECEDENTES 1. En techa Judicral del Ares Melropoftana do Curacas (.).

SIGUE REPRESENTACIONES SOLIEMPACK contra RECURSO DE NULIDAD PROCTER GAMBLE DE VENEZUELA S.C A (..)

Descargo a ka Recusación!)

Recusación (.) deciaró CON LUGAR al recurso de nuliciad dal Laudo Arbilral interpuesto (.) al juez supariar que corresponda dicto nuevo decisión'(.) densinca contra nuestra representada ante el Tribunal Disciplinana Judicial. alegó la ocurrencia de "Error Inexcusabio' en la mencionada causa (. ) 8- En fecha 15 de Marzo (sic)de 2016, mi representada fue mpuesia da la dori,r ra signada con cl Nro. 150068 (AP61-D-2013-000340) à y mue fue renlict.

Inspectoria General de Tribuna las can Oficio Nro. CD.l-P-s43/2013 de fecha 21 :

9- El 17 de Marzo (sic) de 2016. mi representada presentó-normal escnto de das:. s, Noviembra (sic) do 2013.

ante la cudadana Inspectora de Trbunaies (. ) en in cual se solicita se dach Improcedenca do la citada denuncia. por sar totalmente temeraria e infundada Iorin.

co:mo argumentación principai que la pretendida denuncia por Error Judicial Inexcus:n::

10 - No as sl no (sic) nasta el 31 de Marzo. (sic) de 2017. que mi representada ..

nolificaca de la Acusación que en fecha 21 de Fabrero (sic) de este mismo aio ( 1 n:.

hechos según su entender podrán configurnrse en la causal de Abuiso de Autoridad. y esos lénninos procede a-formular Acusación ante el Tribunal Disciplinario Judicial.

11.- El 18 de Marzo (sic) de 2017. el Tribunal Disciplinario Judicial (..) admite rotaimo.., la acusación (..).

El 31 de Marzo (sic) de 2017 mi representado fue notificada cie la Acusación () 11 PRELIMINAR RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE A-LOS JUECES PROVISORIOS Ciudodanos Juecos, on suniencio del 21 ce abri de 2016 (Expodie.

AP61S2016000020) ese Tribunal Disciplinario siguiendo el criterio vincutanle de Honorablo Sala Consttucionai dol Tnbunal Suprema de Justicia, dejo establecido i suspendida la locultad para conocer de las causas llevadas a jueces que no haye ingrosado por concurso al ejercicio de ia función junsdiccianal to cual comprende a jueces no titulares (provisonos, tomparales y accidentales) ( ) mn representada ejerce el cargo de Juez Provsona dal Inbunal Supenor Primero ! y los intundodos hechos que se le imputan, ocuneron durante el desempeño en s función de Juez Provinonia i ) on consecuencia resulta mrelutabto a dudas que i. ; est e r causa( ).

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respetuosamente muy Discipinano Juaicrét 111 las celensas y anagatos onh seran e on

INVESTIGA

oinitio.

olvido acto de

cemas actos

vez quo para el momento de practicarse el eseneal acro de citación pe sonal so eils fotostática del escrio libelado contentivo de la soliciud de sanción interpuesto por la Magna (. ) al no tener conocimiento integro de las razones de hecho y de derecho que le pretende imputar al órgano de investigación Inspectoria General do Tnbunalos. asunto que solo es posible, a través da la reproducción conplela de las copias del ascrito de solicitud de sanción (..). No habiéndose, en consecuencia. alcanzando la finalidad del acto lo que trae consigo una violación al Principio Finalisia provisto en el articulo 194 del alegar, ejercer defensas. promover y evacuar medios de prueba, solicitar decisión. ejercer las garantías que ofrece ol debido proceso y la presunción de inocencia (.

Rasulla necesarlo destacar que. ol articulo 5o cel vigente Código de Étice del Juez Venszolano y la Jueza Venezolana (.) no se trará de una simple notficación. ello atenênose a la simple interpretación gramatical (. ) (..) al no haber garantizado el acto de citación personal cie lecha 30 de Miarzo (sic) de 2017, los derechos de rango constitucional referidos al Debido Proceso al Derscho a la :Defensa y a la Presunción de Inocencia de nuestra representacia. solicito muy respefuossmente con base en los principios que rigen la Jurisdicción Disciplinaria. so personal en nuastia legisisz.on V2!!

VENEZOLANA estén'ecen los siticuios 67 y 68 del Código Etca .24 Civdedenos Juacss (...) asto es. no pocré prococante la prorroga da hábiles para conciunrla nivestipaccn volantandose con elio reglas de carácter procesal.

1 SiGndo racinido a! 25 de septiemiira die 2013 del Oryano investigador 1.- Lo renuncia fue presen:aia :

∴:8 5 - Ei 15 de Marzo (sic) ds 2016 lue notificada nuestra defendida de la averiguación :

noliñcaciones El 17 de Marzo (sia) de 2G16 mi representada presentó escnto de Descargos.

6.- En fecna 21 ce febrero de 20:7. lue presentada la acusación 7 - En fecha 15 de marzo de 2017. el Órgano Sustanciedor (.) admitió la acusach ordenó citar a nuestra representada (...).

8 - El 8 de abri de 2or7 si Alguacil del Tribunal hizo constar en las actas del expedir..

la última de las notificaciones En este sentido, ciudadanos Jusces. el lapso establecido por el legislador en esto t pora ia cuiminsción de ls avenguación dobe verificarse. pare que ras partes actt, sustanciación alejado del marco Iagal previsió en ios articulos 67 y 68 del Código ! constituyen sin lugar a dudas un quebrantamiento a las garantias minimas cuya ausancir ocasiona la pbrclida de autenticidad da la Invastigsción y la hacen inejacutab vulnerando el derecho a la aplicación de una Tutela Jucliciai Efectiva (. ) lo que sin lugar s dudas acarrea is consecuencia juridica 'sanción', establecida en el articulo 68 eiuscein ( .).

En consecuencia, solicito muy respeluosamenta que revoque la acusación formulados or contra de mi (sic) representada, y declaró el archivo de las actuaciones y el clerre der expediente número (AP61-D-2013-000346). en virtud de haber transcurrido con croces ci lapso de cuarenta (40) dias previstos en el articulo 67 del Código de Ética (.) que hacc imposible la tramitación de este proceso. desde el dia 14 de Marzo (sic) de 2016 lasin e: 21 de Febrero (sic) de 2017.

VIS! SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO En forma subsidiara a todo evento y para el supuesto negado (...) de que ose respetabie Tribunal disciplinario (sic)'considere Improcedentes las anteriores defensas. solicitamos muy respetuosamente que de conformidad con lo establecido en el articulo 71 del Codigo de Ética (...) sea decretado al sobreseimiento en la prosente causa.

En efecto, establecen los numarales 1 y 3 del articulo 71 del Código (...).

dictada actuando en nom2 legal yuante es ceci.

Tnounaies.

inexcusable .omissis.

par la Hionosabie Sala N° 2u84/01 Ca50:

LOS JUECES SE jurisdiccional-

puede producirse deban ámbito cie su

Autoridad.

represontoca trolara de Igualmente, resulte nocesano señalar que es lapso que nuestra -que efectivamente Discipinario, sa lo estaba sus descargos ante el Organo Investigador Adninistralivo da la acusación. pues no se explanían los hechos de acuerdo a la verdad violentando elartículo 102 del Código Orgânico Procesal Penal (...).

(.) solicitamos muy respetuosamente sea decretado el sobreseimiento de este proceso y se deja expresa constancia de allo.

1× DEL FONDO DE LA ACUSACIÓN EFECTUADA POR LA INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES (.) la INSPECTORIA GENERAL DE TRISUNALES, modificendo la pretenSIón de la denunciante, recondujo la acusación al ilícito disciplinario por abuso do autoridad, de que señala ss encontraba vigente para el momento en qus ocurrieron los nechos. la cual puede ser resumicía en los siguientes têrminos:

Que basada en la sentencia dictada por la honorable Sala de Casación.Civil (.) que casó de clicio dictado por nuestra mandanta ( .) concluyeò que a la denunciante se le volentó Arbitraje Conzercial. infringiendo el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

Ciudadanos Jueces, de una simple lectura do la infundada acusación: (..) se evidencia sin género de dudas, que el inexistente ilicito disciplinario, no se subsuma con el supuesto de hacho previsto en la norma, pues la decisión de nuestra representada, se encuentra sustentada on un posible y hasta disculible error de juzgamiento, errores de juzgamiento que do producirse. pueden y deben ser subsanados como en efecto sucediò, por la interposición de los recursos que otorga el ordenamiento adjetivo vigente (...).

Por manera que los hechos acaccidos on el proceso bajo el conocimiento y decision coin o relativo al Abuso de Auioridad. como erróneamente se la imputa ( -) no es exigible el control cilsciplinario sobre los fallos judiciales, y es asi, que do existir la intención de establecer por parte cle la Sala de Casación Civi! del Tribunal Supremo de Justicia. alguna sanción como el establecimiento de Error Inexcusable. dicha máxima instancia Judicial lo SOguidO POr PROCTER GAMBLE DE VENEZUELA S.C.A. CONIra REPRESENTACIONES SOLIEMPACK, C.A. pOr RECURSO DE NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. Io CUDI no ocumó en el presente caso (...).

(..) con respecto al Error Inexcusable que fue denunciado y que como no pudo ser probada su existencia. la Inspectoria General de Tribunales. consideró que si bren no hubo Error Inexcusable, si debia proceder una acusación por abuso de autoridad (...) lo cierto del caso es que la sentencia dictada por nuestra mandante lo fue sobre base legal Lay de Arbitraje Comercial. vigente para el momento en que ocurrieron los hechos (...) dicha sentencia la dictó dentro del âmbito de su competencia y nunca puede constituir ese ilícito disciplinario sancionable con la destitución de su cargo. ya que el abuso de su autoridad de manera abusiva y desproporcionada.

Ciudadanos Juecas, para demostrar quo el presunto error de juzgamiento es cisculible (...) resulta necesario acudir a la interpretación de la aplicación da las normas basados en la especialidad de la misma y la temporalidad. pues b:sn la Ley de Arbitraje Comercial es ley especial (.. ) y más cuando sa trate de Ley posterior {._).

En este sentido, no es menos cierto que la honorable Sala Constitucional del Tribunal Supreino de justicia, ai referirse a la aplicación de la ley en el tiempo, dejo expuesto en sentencia N.°.81a del 5.de.mavo ce 2004. [...) (.) el anterior criterio vinculante (...) fue el que aplico nuestro representada, lo cual Indicamos no para rebatir el criterio final de la honorable Sala de Casación Civil (. ) sino disciplinario por abuso de autoridad. pero también con el propósito de demostrar que no puede ser contemplada su actuación como ilicito disciplinario, respecto a quo no podía revisar la legalidad del acuerdo arbitral. según el criterio reiterado de la honorables Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado en (sentencias números 1209 y 832. ds lechas 20 de junio de 2001 y 12 de Junio de 2002. casos: Hotales Doral C.A e inversiones San Cipciani, C.A., respectivamente) (...).

demostrado que, en forma alguna aplicar bien o mal la Ley cis Arbitrajo Comercial. puede ser subsumido dentro de ilícito disciplinario alguno, mucho menos ser subsumido dentro respetuosamente sea declavado.

En el caso bajo estudio (...) mi representada no se encuentra incursa en ninguna causal legal que le haga aplicable de alguna sanción disciplinaria, su actuación como Juez, está ajustada a derecho y dentro del ámbito de su competencia atribuidas al cargo que se desempeña ACERCA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN A todo evento en forma subsidiaria, para el supuesto negado nunca admitido y solo honorable Tribunal Disciplinario.

enuinciado como simple hipótesis, de que este considerara que su conducta como Juez, pudiera ser reprochable a la luz del Código de Élica (.) a tenor de lo eslablecido en el arlículo 3 (.) debo señalar que, la sanción de destitución del cargo que se le impula, resulta totalmente desproporcionada por un presunto error de juzgamiento que además fue válidamente subsanado por el ejercicio del recurso adjetivo correspondiente.

(...) Ciudadanos Jueces (...) solicito muy respetuosamente sea reconsiderada la sanción que pretende la Inspectoria de Tribunales. le sea impuesta, y an consecuencia declare que la misma resulta totalmente desproporcionada. ello insisto. para el supuesto negado nunca no se encuentre incursa en alguna de las causales de sanción (..) y se tome en cuenta que no actuó con la finalidad de obtener algún provecho o ventaja ilícita de dicha situación.

PETITUM Por las razones anteriormente expuestas, de conformidad con lo establecido en los articulos 26 y 49 de la Constitución (..) solicito a este honorable Tribunal (..) deseslime

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111 JUDICIAL presente

la disciplina del su arlicuto 287:

. tal como to establece -ArtiCu o 267 adminstración la elaboracion y detamina la ley.

tribunales discplinanos que fundamenradio en el Jueza Venezolana. que Para el ejercicio conformidad articulo anterior, se eDe potestades: Una que escinden dos autonomía presupuestaria del Poder Judicial: otra potestad que es de indole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justia y por otro lado una isdicción que ejerce funciones disciplinarias del Poder Judicial.

competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el Poder Judicial la Venezolano y Jueza Venezolana vigente:

disciplinana sobre los jueces y juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judiclal y la Corte Disciplinaria Judicial. los cuales conocerán y aplicarán en primara y segunda instancia, respectivamente. los procedimientos disciplinarios por infracción a los principlos y deberes contenidos:en este Códtigo. Los tribunales disciplinarios judiciales contarán con un Juzgado de Sustanciación, la Secrelaria correspondiente y los servicios de Alguacilazgo.

control durante la fase de investigacion: decrelaré las medidas cautelares procedentes.

celebrará el juicio: resolverá las incidencias que puedan presentarse: dictará la decisión del caso: impondrá las sanciones correspondientes y velará por la ejecución y cumplimiento de las mismas" Como se desprende de los articulos transcritos, el Tribunal Disciplinario Judicial ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce on la salvaguarda de los principios orientadores y daberas en materia de ética provistos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en tos articulos 27. 28 y 29 ejusdem.

Sienda asi. queda claramente determinada la competencia de esta Tribunal Disciplinario' los jueces y juezas integrantes dei sistema de justicia venezolano. Asi se declara.

Igualmente, resulta propicio aludir que la sentencia 6. de fecha 4 de febrero de 2018, emitida por la Sala Constitucional dal Tribunal Supremo de Juslicra ratificaò. hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa llevada por esa Sala, la medida cautelar innominada contenida en la sentencia 516 de fecha 7 de marzo de 2013. emanada de la misma Sala, en cuanto al criterio según el cual la Jurisdicción Disciplinaria Judicial de manera cautelar tiene suspendida la facultad para conocer de las causas llevadas a jueces que no hayan ingresado por concurso al ejercicio de la función jurisdiccional lo cual comprende a los jueces no titulares (provisorios, temporales y accidentales). "a fin de evitar contradicciones ante las disposiciones contenidas sn la Carta Magna y la accidentales). y también para mantener la aplicabilidad del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Vanezolana, sin alterar las competencias de la Comisión Judicial jucicial".

En consecuencia, en vista de la expuesta ratificación de la sentencia 516 para garantizar la aplicación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana a ios jueces y Juezas titulares, este Tribunal verifica que la ciudadana Indira Maria Paris Bruni, ostenta la su condición de Jueza Titular del Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial dol Área Melropolitana de Caracas, tal y como consta en el directorio da jueces publicado en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, asi © como del acta de juramentación del 3 de julio de 2003 (folios 72 al 74. pieza 2). a pesar que las actuaciones de la presente causa corresponden a su desempeño como Jueza Provisoria del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropotilana de Caracas: en consecuencia, quienes suscriben son competentes para dictar la presente decisión. Asi se declara.

IV DE LAAUDIENCIA

Ética del Juez Disciplinario Judicial s del Tribunal Disciplinario de la abogada Mercedes Gooding Robert. ttular de la cédula Concepción identidad V-6.653.450 en su Igualmente, se verificó la Previsión Social del Abogado bajo el N° 189.159.

comparecencia de la denunciante. la ciudadana Maria del Carmen Linares Perez titular de la cédula de identidad V-8.874 593. parle denunciante, en su condición de Presidenta de Representaciones Soliempack. C.A. y su abogada asistente Rache! Alejandra González Morales, litular de la cédula de identidad V-19.014 907, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N.º 270.681. Se verificó la incomparecencia de la representación fiscal del Ministerio Público.

Del desarrollo de fa mencionada audiencia se desprenda que las partes formularon sus alegatos, ejercieron el derecho a réplica y contrarréplica, asi corno las conclusiones correspondientes.

Finafizada ta exposición. se dio por concluido el debate y en fecha a de noviembre de 2018, se profirió el pronunciamiento decisorio, el cual se transcribe a continuación:

privado de la Jueza acusecia abogado Jton Luis Nünaz Garcia, relerico a la nulidad del proceso. lundameniado en que la representante de la Inspacioia Gensral de Tnbunales LUGAR el alegelo da la juez acusada sobre que se ceciare la admisibilidad del presente proceso en razón de su condición de Jueza Pravisoria: Tersza So deciara SIN procedimiento por la violación al derecho a lo defensa al no notificar la Inspectoria expediente administrolivo. Cuarto: Se declara SIN LUGAR el alegato de la jueza acusada referido a la soficitud de nulidad cel proceso por el supuesto incumplinuento du las formalidades esenciales on el aclo de ciación parsonal do fecha 30 de marzo de 2017 Quiato: Se declara SIN LUGAR el alegato de la jueza acusada referido a la revocación ce la acusación y archivo de los actuaciones. por praclusión del lapso de cuarenta [40) dias previsión an el sitioulo 67 del Código de Etico del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Sexio: Se declara SIN LUGAR el alegato de la jueza acusada relendo a ia solicitud de Venezolano y Jueza Venezalana, por cuanto a su decir el hecho no reviste de carboter disciplinario Séntimo: Se ABSUELVE de rasponsabiliciad disciplinans judicial a la cludadana INDIRA MARIA PARIS BRUNI litular de la cédula de Identidad V-6.925 003 en su condición de Jueze Titlar del Juzgado Noveno de Municipio cle la Crcunscnpcion Codigo Orgânico Procesa: Parai ...)" V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Con motivo de los elementos existentes. cursantes en el presente expediente ante los cuales se incltryen las actuaciones investigativas de la Inspegtoria Ganera! da Tribunales, los alegatos expuestos por la jueza acusada en su escrito de descargo asi como el debate efectuado por las partes en ia audiencia. este Tribunal Disciplirano Judcial, estima conveniente, conocer como primer punto, las pruebas promovidas y admitidas durante el desarroio del proceso. valoradas en la oportunidad de dictar ei dispositivo del caso. en fecha 8 de noviembre de 2018.

De las pruebas:

I. Pruebas de la jueza acusada:

Ante la promoción de pruebas, presentada por la Jueza acusada mediante es:rito de fecha 23 de mayo de 2017, se observa que la Oficina de Sustanciación, mediante auo de fecha 29 de junio de 2017, declaró INOFICIOSO el pronunciamiento respecto a las respectivamente, en la aludida decisión, por cuanto dichos medios probatorios fueron promovidos por la Inspectoría General de Tribunales; así como los medios probatorios descritos en los numerales 8, 9. 10 y 11, marcadas con letras "H", "1": *J" y "K". por cuanto dichas documentales se encuentran incorporadas al expediente, por lo que se circunscriben dentro del principio de comunidad de la prueba. Igualmente, se decirò INOFICiosO el pronunciamiento respecto a las pruebas promovidas en el escrito de promoción de pruebas en fecha 1 de junio de 2017, descritas en los numerales 12 y 13. en la decisión, por cuanto en el caso de la primera, invocar el mérito favorable de ias actas no es un medio de pruebas admisible en nuestro ordenamiento juridico vigente. y

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Ia notoriedad n el Juzgado cripción Jjudicial promovidas en los Tribunales y previamente admitido. Se admitió ". defalladas en el cuales se valoran a continuación:

Justicia, dirigido a la prueba que desvirtúe su 300 de fecha 28 activamente. emanadas de mayo de 1.998 y 209 del 16 de mayo de extinta Corte Suprema de . Resultando útil a los fines de -Justicia y la segunda dal Trbunal'Supremo de Justicia.

Primero en lo Civil. Mercantil. Tánsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas por designación efectuada por la Comisión Judicial en reunión de fecha 1° de febrero de 201 (folio 220, pieza 1).

Copias simples dei libro de entrada y salida L1. llevado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantit del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial det Área Metropolitana de Caracas. La presente documental se aprecia de conformidad-con al arlículo 11 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo estabiecido en el articulo 1384 del Cödigo Civil, por lo que este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala sl articulo 1359 del referido Código Civil, resultando útil a los fines de demostrar que a la jueza acusada le correspondió conocer del asunto agosto de 2013 en virtud de haber sido anulado el fallo recurrido, ordenáncose "al Juez. Sup. (sic) que corresponda dicte nueva decisión sin incurrir el vicio aqui detectado" (folio 221 y 222, pieza 1).

Copia simple de diligencia de fecha 21 de noviembre de 2011 suscrita por el ciudadano Alfredo Romero en su condición de apoderado judicial de Representaciones Soliempack, C.A, presentado ante la Jueza acusada, a cargo del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil. del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolltana de Caracas, y su secretaria; se ordinales 4. 12 concordancia con al articuto 52 ajuscem (folios 223 a) 229. pieza 1) 4.

demostrar que la Jueza rechazó en todas y cada una de las partes formulada y solicitó que sea declarada improcedente (folios 230 l 235. pieza.1).

s. Copia simple de la decisión de fecha 8 de febrero de 2012. emanada Juzgado declaró sin lugar la recusación contra la jueza acusada. por encuentra certeza en Is afirmaciones expuestos por la pare recurene" (c:ios 28 al 244, pieza 1).

IL. Pruebas de la Inspecioria Ganeral de Tribunales Se desprende del escrito de fecha 30 de mayo de 2017, las pruebas presentadas por la Inspectora de Tribunaies delegada, cuya admisión fue evaluada por la Oi:na de Sustanciación en al auto antes señalado y que se valoran a continuación:

1. Copia certificada del falo dictado el 8 de agosto de 2012, por la Jueza acusa: 3n la causa judicial AC71-R-2011-000027:; se aprecia de conformidad con el arto 11 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 429 del Cóùigo de Procedimiento Civil, en relación con lo establecido en el artículo 1384 del Código Civil. por lo que este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el ariculo 1359 del referido Código Civil, resultando úil a los fines de demostrar que se declaro con lugar el recurso de unidad contra el laudo arbitral dictado por el Tribunafi: Independiente del 10' de octubre de 2011 y su aclaratoria del 28 de octubre dè 11; y por ende, declaró la nulidad absoluta del procedimiento arbitral tramitado a:.s Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil. del Tránsito y Bancar de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Asimisimo de sentencia se desprende que la Jueza acusada tomó en cuenta que para la facha en que las partes suscribieron el contrato y la celebración del compromiso árbitras se encontraba en plena vigencia la Ley de Arbitraje Comercial, basando su motiva an 2 criterio que estimó imperante, emanado del Tribunal Supremo de Justicia (sent en:a 82 de fecha 8 de febrero de 2002, dictada por la Sala de Casación Civil): aclamas I debió regirse dinario distinta à ls Justicia de fecha casó de oficio la ordenando dictar conoció el acuerdo mia de las voluntad, ódigo de Precedmiento examen que le incumbía resolver. respecto a tos pedimentos contenidos constituyendo un exceso la decisión de la juzgadora foltos 10 al 120. pieza 1).

corresponda adoptar a este tibunal, sido aportadas al proceso, de conformidad con lo previsto en el articulo 509 del Código de Procedimiento Civil. así como de conformidad con el derecho: en vilud del principio iuris novit curis j 6~- Peclaraciones previas:

Ahora bien, antes_de emitir pronunciamiento acerca del fondo del presente_asunto es audiencia celebrado en fecha 25 de octubre de 2018, a tenor de lo siguiente:

Prmero: El defensor privado de la Jueza acusada, abogado Juan Luis Nuñez Garcia. solicitó en audiencia la nulidad del proceso, fundamentado en que la representante de la Inspectoria General de Tribunales leyó durante su intervención en la audiencia oral y pública.

Ahora bien, con relación a lo peticionado de la nulidad del proceso, este Tribunal pasa a conocer el alegato formulado por el defensor de la Jueza acusada, para lo cual es Enecesacio traer a colación lo decidido por este Órgano Disciplinario Judicial en casos anteriores (vid. Sentencia definitiva publicada en el expediente AP61-D-2011-000052, de fecha 21 de noviembre de 2017, confirmada por la Conte en decisión 12 del 22 de marzo de 2018). En este orden, es preciso señalar que conforme a lo establecido en los articulos 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los rigen et acto . incluyendo el deber de oralidad de la misma, sin menoscabo de partes pudieran asistirse de escritos a los fines de coadyuvar cada uno argumentos en el acto.

En razón de lo anterior, este Tibunal de forma unánime constata que durante oral. sin perjuicio de la posibilidad de acudir a recursos escritos para sostener sustentar sus posiciones, picipalmente en casos en fos cuales sa amerite la fallos de otras instancias judiciales. como lo ocurrido en el presente caso expuesto, este Tribunal declara SIN LUGAR la solicitud de nulidad absolus acto de audiencia. Asi se decide.

Seaundo: La Jueza acusada en su escrito de descargo, solicitó la inadmisibiru: der presente_proceso. en razón de su condición como Jueza Provisoria del Jt.?;ado Superior Primero en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial dei rea Metropolitana de Caracas, por existir orden emanada de la Sala Constituciona del Tribunaf Supremo de Justicia. que impide que el administrador de justicia en ser': de Jurisdicción Disciplinaria Judicial, conozca de procesos contra Jueces Provisorios su escrito de descargo. que:

"(..) en sentencia del 21 da sbnt 2016 (Expedients: AP815201800020: ese Tribuna:

Discipinano sigtriendo el criterio vinculante ce la Honorabie Sala Canstiucional da:

Tribunal Supremo de Juslicia dejò establacido (..) el cnterio según e! cual in Jurisdición Disciplinaria Judicial de manera cautelar tiene suspendida la facultad para conocer de las causas llevadas a jueces que no hayan ingrssado por concurso al ejarcioro de la-función? n n n accidentales) (...) mi representada ejerce el cargo de Juez Provisoria del Tribunal Superior Primero (...) y los infundados hechos que so te impuran, ocurrieron durante el desempeño en su función de Juaz Pronsoria (..) 'en consecuencia resulta irriutable a duóías que (...) ese respetable Tribunal Disciplinano, resataris incompatente para conocer de la presenta definitivamente fime por ia nonorabio Sala Conssucional (...).

Ello tambión de conformidad con el principio do confianza lagitinia o expactativas plausiblo y ol principio de segundad juridica (.) asimismo, resuitaria Iransgredido st derecho al Juez natural (..) pilar det Derecho a la Dslensa y Debido Proceso y de conformidad con lo esloblecido en el articuto 7 del Código Orgánico Prccesal Penal, norma supletoria al

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cortigo du Etocn

el proceso en Código de aludir que el su antículo 2 el disciplinario Jud petencia del Tribunal "Articurlo cincadano o Articulo 32:

disciplinana Judicial y la compolencia segunda instancias.

sobre la diferencia ueza acusada) 2414 de fecha 20 febrero de 2007, expresó lo siguiente:

hace complejo, al tener an

Jlusticia, en razón de ia nacesicdad de ocupar los cargos jutliciales mnsentras Cununa el mencionado proceso de raesirucluración y reorganización del Podar Jucicial.

adquieren titularidad lueco de so aprobación del concurso en canibio. los pocos y juezas provisorios se designan de manera discrecional. prevo análisis de cre:denciales Los jueces y juezas de carrera gozen de estabilidati y sólo pueden ser sancionados o destituidos de sus cargos si se demuestra, sn el curso de una suciancia pral y pública con garantias de defensa. y regulado pcr el Reglamanto de la Comisaón de Funcionamiento y Reestructuración del Sisteme Jucicial (publicado en la Gacara Dicial Nª 38 317. dai 18 de noviembre de 2005) que- nan resultado incursos on altas disciplinarias sn la Ley e e e r e e e como fueron designados. discrecionalmente (...)" señalar la sentencia 516 de fecha:7 de mayo de 2013 y su aciaratcria 1388 de fecha 17 de octubre de 2013 emanadas de la Sala Constitucional del Triounal Supremo de Jusficia, ratificada en sentencia 6 de fecha 4 de febrero de 2016, mediante la cual suspendió cautelarmente la referencia que hace el articulo 2 del Código de Ética del Quez Venezolano y Jueza Venezolana sobre los jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios y que permita la extensión, a esta categoria de jueces y juezas, del procedimiento disciplinario judicial contemplado en los articulos 51 siguientes del mencionado Código, estableciendo al respecto lo siguiente:

(...) La extiunson dol séginen purichco splicahle en al Codgo de Etcs dal Uupz Vonozolono y ia Junzo Venerolono a los jueces temporales ocasicroles. accidentales y provisorios Señola oi encanerndo del articulo 2 del Código oe Enxcs (...) DIsCI El precepto legal transcrito comempta el denaminaao ámbito subjetivo de lo Ley esto es quienes son tos suelos sometidos al régrnen juridico contemplado on el Códigote Ética (...) El enuncrado Ingal asi adscrito y su ninguna consideración adicional guarda consonancia con of orden constatucianal, sm umbargos cuando se considera que si Codigo de Etica del Juez Venezolano y la Juezo Venezotana.

ademas de fijar ins referentes éticos con base en los cuales se ha do celarmanar la idoneidad y excelencia de un juez o una juezo para la función junsdiccicnal. axiatuye un régimen de inamovilidad propio de ia carrera judicial; la oztensión do oste proceso ciscipinario judicial a tos jueces temporales, ocasonales.

accilentalos o provisorios para poder excluros de la función jurisdiccional. pese a que larmatmento no han ingresado a la carrera jusicial. pareciera color con el texlo Constrlucionol.

(..) De ese mooo. Guamos.aricuo_255 constbucinlreliere u. 3s.1uees."juezas sólo aludoosuellos ueges qus.ben gresr_a Jo.ra uelpaaer galizao.y panaro el oacutso de anesción público. como lo exige el encabezado dal articulo; pues es dicho mecanismo el qus hace presumir (de forma iuns tantum) la idoneidad y excelencia dol juez o juezo: una presunción que es. electivamento. dasvituanle mediante el proceso disciplinario judicra como pae de la validación constante y permanente de la idonsicad y excelencia: pero que so rige a su vez como una garantia de la mnamovirdad propia de ta cerrará jucicial (..)". (Subrayado propio de este Tribunal Disciplinario Jud:cial) Igualmente, es importante traer a colación la sentencia 14 de fecha 29 de abril de 2014 emanada de la Corte Disciplinaria Judicial (Exp. N.º AP61-R-2014-000007). en la cual se estableció que:

"(...) al realizar una Interpreiacrón del articulo 255 Constitucional. el Máximo interprete de la Constitución, infitió que la remoción a Ia cual alude. sólo poder sar aplicada a aquellos jueces que hayan ingresado a la carrera jucicial por haber realizado y ganado el concurso de oposición público: siendo claro para quienes aqui administren justicia, que la correcta interpretación que debe otorgársele s la couretar antes refenda, deba de forma inequívoca desombocar, en sd conocimiento sate esta jurisdicción DisciplinacinJudlicial cte todas ogallas.suas dsciolorias.sua.seinso contonios.agesauebayn ngesao.a.a carrera. Juticial por habarraaizado y sranado el concurso co anosición público. sin distinción de In condición lirmnorel provisorio suplente accidental y siol órgana jurisdiccional. al cuol sf encunatren adscritos para el momento le ia ocureocma go los hechos presuntamente disciatinables anr cuanto e los mismos.los asiste la oacantía de ls estabilidad.ponia.dea.corsaudiciol.

Fio obstante, on 6l csso de marras. quedó ssfablecido que la suspensión que dictara la Comusión Judiclni del Tribunsi Supramo de Juslicia a la jueza cienunciada, fue del cargo que desempeñaba proviscramente como Juez Superior (..) sin embargo. tambión so que la administradora de justicia sometida al procedimiento discipinario, se encontraba juramentado cam:o Juoza Tiutar (...) Subsistiêndole todos los derechos inherentes a la estabilidad propia de la carrera judicial, dentro de los cualas se encuentra el derecho a la realización de un procedimiento disciplinano a cargo de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, no existiendo por tonto violación del contenido dai articulo 25s Constitucional Y asf se establece. (..)" (Subrayado propio de este Tribunal Disciplinario Judicial)

cualidad de Provisora stante a supuesta única verificadas las estentar 1p Jueza como Juoicia: dei Juzgacc Supenor Primero en CJ-11-0214 de fecha 2 de febrero de 2011. emanado de la Canisión Judiciat Tribunal Supremo de Justcia (foio 220. pieza 1. del cuai se e trastade como Juszs Provisona".

En este sentido.

siguiendo 8:

establecido criteno sertenmas de ta Sala

odos los derechos inherentes a la astabidad propia de la carrera judicial como el Oscplinana Judicial, aunado a ta no asistencia de alguna vulneración a ios prncipios y n e e Tribunal Disciplinario declara SIN LUGAR la solicitud de nadmis'idad de: presente proceso. Y asi se decide.

Tecero: La Sueza acusada solicito la nulidad del procedimiento por violación ai derecho ala defensa al no notificar ia Inspectoria Ganeral de Tribunales del acto conclusivo que dio por finalizada la instrucción del expediente administrativo distinguido cen e: número N.º 150068.

En el escrito de descargo consignado por la Jueza acusada. ccn relación a dicha solicitud, alegó lo siguiente:

"(..) el Organo investigador Admnsratvo Discipinanc obvd. argd ción aer cumplimiento con el esencial acto de NOTiFIO- CION dal resultado ds: acto aansnistrativn a través del cual la Inspectoria Gererei de Tnbunaioa da por finauizads :a mstruccrón de:

expediente adminisirauivo distinguido con el núma:o N° 15oss anmansia'ura de la Inspectoria General de Triburates. Auro conclusivo que le sive ce bese para porcoibr ante este Tribunal Discplmano (...) Es inoudabte que to fsita absputa ds notficación de:

acto conclusivo en la que incurra el Órgano Investrgador Aumin-grave Disciplinario infecta de nulidad absohuls la lase pravia as mstrución lisveas a cate pr a: urgaco de Sustanciación y ios demás ectos supsigulentss (...)

entre la investigación y acusación realizada por la Inspectoría (órgano investigador disciplinario), para su consecuente tramitaciò Disciplinaria Judicial, es preciso apuntar que el Código de Ética del Jue:

Jueza Venezolana, establece en sus articulos:

Articulo 72: Cuendo el órgano investigador disciplinario estime investigador disciplinano.

proporciona tundamontos para la sanción disciplinaria del Juez :0829 La acusación disciplinario debe contener: (...) Judicial.

expediente al Juzgado die Sustancioción para su tramitación.

Anlculo 76: Una vez admlida la acusación disciplinaria. el Juzgado de Susionca consigne su escrio de descargos en el lapso de quince dias de despacho siguentes à que conste en autos haberse realizado la citación" Para esta instancia judicial, es menester traer a colación el criterio sostenido por ts Cor Disciplinaria Judicial en sentencia 27 de fecha 4 de agosto de 2015. en la cu estableció que:

"En torno a dicho alegato y en armonia con el criterio sontodo par esta Aizaca ai 1GT (sic). en el curso da una investigación disciplinaria. advierte esta mstancin su mena que el alcance de las actuaciones del órgano investigador disciplinano. os de asticis orden público, razón por la cual no se encuentran linitadas a la iniarposicióa de denunciante. pues es posible, que producto de su actividad inspectora puocia consagur hechos y/o actuaciones del órgano jurisdiccional irregulares, o que eventualmente pudieran conslilur licilos disciplinarios. resultando umperalivo para dicho organo hacenas constar, e iniciar la correspondiente investigación y proseguir el procaso ccnlorme le establece el Código do Ética, ello en razón do ser la sana aciministración cde justicia el En atención. a lo antes expuesto; y revisadas las actuaciones que cursan en expediente AP61-0-2013-000346, se constató que en fecha 26 de noviembre de 2013 la Inspectoria General de Tribunales recibió oficio número CDJ-P-943/2013. de fecha 25 del mismo mes y año. suscrito por el Juoz Presidente de la Corte Discipfimaria Judcial mediante el cual remitió expediente iniciado en contra de la ciudadana Indira Maria Paris

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Perez. Posteriormente. en fecha 24 de abril de 2015 la Inspectoria General de Tribunales, acordo abrir el expediente administrativo número 150068 (folio 35. pieza 1). Consta en el folio cuarenta y dos (42) de ta pieza 1 del expediente. que en fecha 14 de marzo de 2016. la Inspecloria General de Tribunales libró boleta de notificación N.° 01044.16 dirigida a la Jueza Acusada, con el fin de nolificarle el inicio de la averiguación y. si consideraba procedente, ejerciera su derecho a la defensa, siendo recibida por ésta el 15 del mismo mes y año. Asimismo. def acta de investigación disciplinaria de misma fecha, suscrita por la Jueza Indira Paris Bruni, la Secreiaria y la Inspactora de Tibunales comisionada, se dejó establecido que "conforme a la presonte investigación, queda notificada de la existencia del expediente disciplinario N.º° 150068 (..) y de su derecho a presentar escrito de descargos en este acto o en un plazo de dos (2) dias hábiles ante et Archivo de aste organismo" (folios 44 y 45. pieza 1).

La Inspectora de Tribunales comisionada Magaly Cruz Felipe. en fecha 18 de marzo de indico:

" (...) a los fines do hacer entrega de las resultas de la investigación ordenado conforme memorándum dts comsidn N.° 00286-18. de fecha 14 de marzo de 20:6 ( ) En tai sentido se anexa 1.- Acia de Inspección levantada en el Juzgado a cargo de la Juozo investigada de facha 15 de marzo de 201€.

(...) 8 - Escrito de defonso cle la Jueza investigada. y recaudos anexas al mismo (..)" En fecha 21 de febrero de 2017, la Inspectoria General de Tribunales emitió su acto conclusivo, contentivo de la acusación contra la jueza acusada (folio 150 s1 159. pieza 1). presentado ante la Unidad de Recepción de Distribución y Recepción de Documentos de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial el 8 de marzo de 2017 (folio 162. pieza 1). mientras que en fecha 16 de marzo de 2017. el Juzgado Sustanciador admitió Ahora bien, a los fines de diltucidar 'sobre la supuesta violación al derecho a la defensa y tutela judicial efectiva por cuanto el órgano investigador obvió la notificación del acto conclusivo, es preciso advertir en primer lugar, que conforme a lo previsto en las normas antes transcritas del Codigo de Ética, en cuanto al inicio de la investigacion y la oportunidad para que los jueces investigados realicen su defensa a través del escrito de descargo durante la investigación; se verificó en el presente caso que la Jueza acusada se dio por notificada en fecha 15 de marzo de 2016 (folio 46. pieza 1): y consignó su escrito de defensa en fecha 17 de marzo de 2016 (folios 82 al 148, pieza 1). actuaciones que son cónsonas con lo previsto en el numeral 1 del articulo 49 de la Constitución de la investiga) y numeral 3 ejusdem (ser oido en cualquier clase de proceso).

Asimismo a tenor de lo previsto en al ariculo 76 del Código de Ética del Venezolano y Jueza Venezolana, se le citó a la jueza por la admisión dei e acusatorio consignado ante esta Jurisdiión Disciplinaria Judicil. ibrándose an 1 22 de marzo de 2017 boleta de citación N.º°00059/2017 (folio 166. pieza 1), mediarac cual se le informó sobre la admisión de la acusación presentada por la Inspecoia General de Tribunales y para que ejerciera por segunda oportunidad su derecho a la defensa: y dicha boleta se hizo efectiva en fecha 31 de marzo de 2017 (flio 178, pieza 1). quedando la Jueza acusada a derecho, a quien se le indicó, conforme exige e aludido articulo 76. "el motivo de la citación": "asunto signado con el N.º AP61-D-2013- 000346 (.) durante su desempeño como Jueza Provisoria del Juzgado Supenor Primero en to Civil, Mercanti, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de fela disciplinaria contenida en el articulo (sic) 29.15 (sic) del Código de Ética (..) que de comprobarse pudiera dsr lugar a la sanción de DESTITUCIÓN (..)".

En tal sentido. por cuanto del diseño procesal establecido en el Código de Ética del Jueza Venezolano y Jueza Venezolana, no se establece la notificación del aclo verificado el ajercicio del deracho a la defensa durante la fase de investigación es por io la República Bolivariana de Venezuela, al ser notificada det inicio de la investigación er? consignar su escrito ante el órgano investigador administrativo, por lo que esta instancia. Judicial declara SIN LUGAR la nulidad solicitada. Y asi se decide.- Cuarto: La Jueza acusada solicitó ia nulidad del proceso por el supuesto incumplimiento de las formalidades esenciales en el acto de citación personal de fecha 30 de marzo de 2017.

Con relación a lo solicitado, la Jueza acusada argumentó en su ascrito de descargo que "Con fundamento en os suticuto 49 de la Constrtución (..) y los articos 9. 11 y 12 det Codigo de Etica delidicez Visnszolnno y Jueza Venezolana (..) para Bl momento e practicarse al esencial acto tio citación parsonal se entic incompleta la compuisa de cación (..) copa comicada Ietostaticn el escro helado contentivo de la soliciud de sanción mierpuesto por la Inspectoria Ganeral de Tibunales. lo que sin lugar a clidas vulnera el debido proceso y por consiguiente desmeyora los atributos y clenas prerrogativas previstas en is Carta magna (..) tol omisión de na incluir con los recaudos de citación cempiatos. las reproduciones fotostáticas del ascrão de actsscion consacuencin, ateanzado la finlidarl del acio lo que tad consigo na violación al Prnoipio Fnalista previst en el auu i9 del do Organ ProcslPenal, noa Suptaria Es necesario advertir, conforme al antes transcrito articulo 76 dei Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, que la citación en la fase de sustanciación del expediente disciplinario judicial, es realizada por el Juzgaco de Sustanciación, "señalândole el motivo de la citación", siendo ésta la "formalidad" señalada en el Código, a los fines que el escrto de descargos sea consignado a los quince dias de despacho siguientes a que conste en autos la misma.

Igualmente, este Tribunal Disciplinario considera pertinente traer a colación lo que expone ei autor Rengel Romberg. en su libro "Tratado de Darecho Procesal Civil Venezolano", Tomo II, Editorial Paredes, 2013, p. 212 y 213, en relación a la citación: imperativas Sin embargo. hemos visto qsa es subsanebie por le presencia de los pares, En atras patabrasla formalidad de In citación està establecida directa y (..) promovido y se defionda, pues nadie pueda ser condenado sin ser cido. así en io penal como an io crvi ( ) Poro ni al acicr ni el jusz puedan eludir ni ateror ias iarmalidades de la ciaaión: en cambio. al demandado si le es posible subsanar una casación viciosa y hasta la falta absoluta de citación (.) los vicios an que se ineurro en los formes da practicar la ciación, afectan principalmente los intereses particulares ce los ltigantes, y consacuencialmonte, al no lesionar normas do orden público. pueden ser convalidados con la presencia y convenimienio presunto del demandado." En este sentido, la citación como una forma procesal consagrada para resguardar los intereses de cada una de las paries intervinientes en el proceso, y su inobservancia puede ser tácitamente convalidada por aquella parte de quien se le hubiese establecido. Es decir, que pese a la importancia y transcendencia que liene la citación para la validez del proceso, el vicio puede ser subsanado por la actividad del demandado, tanto (cualquiera de los supuestos de la citación presunta) siempre que dicha actividad haya alcanzado el fin para el cual fue prevista en la ley.

El legislador estableció la figura de la citación, pare que fuera practicada de tal manera que quedara acreditado en autos. que a través de ese tramita, la persona es convocada al acto procesal del cual se trate y fuera debidamente informada de ello. como garantía de asegurar su comparecencia. en lo cual están comprometidos tanto el interés público como el de las partes que intervienen en el proceso; en consecuencia la referida convocatoria debe ser efectuada sin vulnerar derechos fundamentales, tales tutela judicial efectiva y la defensa.

Ahora bien, este Tribunal observa que se desprende de las actas del expediente disciplinario judicial, que en fecha 22 de marzo de 2017. la Oficina de Sustanciaciór boleta de citación N.º o025/2017 mediante la cual le informó a la Jueza acusada sobr la admisión de la acusación disciplinaria en su contra, y la oportunidad en l cual deo presentar su escrito de descargo (folio 166. pieza 1); cumpliendo con lo establecido el arlículo 11 (garantía al debido proceso). 12 (acceso a la justicia y derecho a defensa) y 76 (antes transcrito) del Código de Ética del Juez Venezolano y Juez Venezolana.

Se verificóò que dicha boleta de citación fue recibida y suscrita por la Jueza acusada en fecha 31 de marzo de 2017. en la cual no existe nota marginal sobre el vicio denunciado -emisión incompleta de la campuisa- (folio 178. pieza 1). Se constató que la boleta de citación N.° 002s/2017, suscrita por la Jueza acusada fue consignada en la presente causa, ante este Órgano Disciplinario Judical, en fecha 6 de abril de 2017 (folios 175 y 177, pieza 1): asimismo se verificó que el alguacil Germán Velasco no hizo mención. alguna en relación a lo alegado por la Jueza acusada en su escrito de descargo; dicha trámite procesal cumplió, con su finalidad, que es la materialización de la garantia constitucional del derecho'à la defensa.

De igual manera, se, verificó que en fecha 25 de abril de 2017, la Oficina Sustanciación recibió diligencia suscrita por el cludadano Juan Luis Núñez Garcia, mediante la cual consignó documento poder que lo acredita como el Apoderado udicial de la Jueza acusada (folio 179 al 184. pieza 1). siendo su primera oportunidad procesal para haber solicitado la nulidad de la citación por el incumplimiento de las formaidadies esenciales.

Ahora bien, revisadas las actas se constató que tanto la Jueza acusada comoso, apoderado judicial convalidaron el acto procesal, cuando, por parte de la Jueza acusada perfecciona la citación personal con su rúbrica, y por la otra parte, cuando el apodèrado defensa con la presentación del escrito de descargos dentro del lapso legal ante el Juzgado de Sustanciación, en fecha 23 de mayo de 2017: otorgando asi certeza juridica: de las actuaciones a partir de la constancia en autos de la resultas de la gestión. con fases de preclusión en todo proceso judicial, preservando asi la seguridad juridica

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e debe regir para que la función jurisdiccional alcance su fin, por lo que esta Instancia didial declara SIN L.UGAR la solicitud de nulidad del proceso por el supuesto incumplimiento de las formalidades esenciales en el acto de citación personal. Y asi se decide.- Quinto: La Jueza acusada solicitó la revocación de la acusación, se declare el archivo de las actuaciones y cierre del expediente número AP61-D-2013-00034s, por preclusión del lapso de cuarenta (40) días previstos en el artículo 67 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Con respecto a este punto, la Jueza acusada en su escrito de descargo manifestó -que:

"(...) una vez iniciado el procedimiento disciplinario, se encuentra sometida -ademês- a un lapso preclusivo que sa encuentra previsto en el arlículo 67 supra citado (...) (.. recabar los elementos de carivicción en relación a la infracción disciplinaria que se investiga, se encuentra limitada en el liempo, cito es, no podra superar el tnpso cie cuarenta (40) dias a pantir de que const o en au os la nalilicsción de inicio de la investigación al Tribunal Discipinario Judicial. siendo procedente la prórroga de dicho lapso (...) En el caso bajo análisis, el procedimiento disciplinario en contra do nuestra defondicia, fue mnicindo madiante suto de focha 14 de Marzo (sic) de 20 18. par la Inspectoria General de Tibunales. y no es sino hasta el dia 21 de Feorero (sic) de 2017, que fuo presentada la acusación. esto as, fuego de haber transcurrido en demasia y an exceso un lapso de liempo da 11 meses y 03 dias. violentándose con ell las reglas de carácter procesal (..) el lapso establecido por el legisiedor, en este caso para la culminación de la defensa y pam que ese drgano jurisdiccional disciplinario. pueda tener certeza tanto de la preclusión de los lapsos como para poder formarse criterio sobre las imputaciones formuladas. su inobservancia vulnera el orden público procesal (...) Tal mnobsarvancia y abandono del Irâmite por parta del órgano de investigación durante la sustanciación alejado dal marco legal previsto en los artículos 87 y 68 del Côdigo de Élica autenticidad de la investigación y la hacen inejeculable. vunerando el derecho a la HELA (Negrillas propias del texto original).

Para este Tribunal Disciplinario Judicial, es imperioso traer a colación las normas que establecen tanto el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (CEJV) como la norma supletoria del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en niateria de control judicial, que establecen lo siguiente:

instancia, la aplicación do los principios orentadores y ciaberes en materia de ética contenidos en ol presente Corgo. En esta octenel Tnbunal ejarcerAlas_luncones de contral ducunte.la faso so svestigación: decretara los medidas cautelares procedentes.

colobrarà el juicio; resolverà las incidencias que piecan presentarse: dictarà la decisión n n n cumplimiento de las mismas.

Articulo 264 COpp A los juneso juezas de esta Iase Jes comesponde comcoler e! cumplimiento de las principios y.garantías.gstablecisos.an In Constitución de la Benública rotilicudos -por la República, y en esto Codigo: y practicar pruebas anticipados. nasover este Tribunal Disciplinaro).

pasa a conocer en función de lo advertido anteriormente en casos anteriores l sentencias definitivas TDJ-SD-2018-12 dl 6 de febrero de 2018 y TDJ-SD-2018-23 000116, respectivamente, confirmadas por la Corte Disciplinaria Judicial (folio 46. pieza 1) cuando se hizo efectiv la notificación de la Jueza acusada. fecha e la cual estaba vigente el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana 2015, y que en cuanto a las normas relativas a la fase de investigación, establece que. "Articulo 63: El digno investigar disciplinano deberà iniciar la investigación de l.cio por deninrs de persano agroviada, sneresda o de sus represontaes legila: " por cuslquier órgano que ejerza el Pder Público y tenerà tos siguientes atribución.s (...) 2. Solicitar ol archivo judictat ante el Tibunal Cisciplinario Judiciai.

3. Sclicitar el archivo de la investigación ante el tribunal Disciplinano Judicial.

4. Solicfar al Tabumal. Disciplinerio Judicial. mediante acto nicuvo, el acuercia (n la prórroga de la fase da investigación (...) arden de inco dele investigación v dañarà nolicao a Tribunal Discplinrio ludic. n caso de que los hechos no revistan carácter disciplinario o se haya extinguido la acc'ón disciplinsnia judicial por muerte del denunciado o denunciado o por prescripción, soacauré al Tribunal, dentro da los diez dias siguientes, dasestime la denuncio.

Articulo 67: La tase de investigación diurará un lapso da cuarenta días hábiles contagt3:

partir de que consigo en aulos la nodicoción de inicio sde la insestiancióa al Tm.:

Disciplinario Judici el. Antas cel vencirionto de esto Iapso. ol órgano envestiut Oisciolinarie caal ibunal Csciboario udicia aa.dgne hábiles.paca coacluic la iovestinsción.

Aniculo 68: Si vencido sL atnzo lindo on al ariculo anterior el orgona investigar disciplinario no presentare al acto conclusivo. et Tribunal Disciolicario ciecretach gel aron cautelares impuestas y la condición de denunciado o denunciada del juez o fuaze tu:

La investigación disciplinaria sólo pocrà reiniciarse cuando surtan nuevos elementos qux lo justifiquen, previa aulerización del Tribunal Disciplinario Judicia!" (Subrayado propio de este Tribunal Disciplinario) De las normas transcritas, se puede observar que no regulan el procedimiento a saguit en caso de haberse solicitado la prórroga de la fase investigativa por pare r Inspectoria General de -Tribunales, por tanto debía aplicarse el contenido del articuto 47 del mismo Código que prescribe:

"Arlículo 47: Ei procedimiento discipinario de los jtreces y juezas serà breve. oral / público, en los lérminos dispuestos en el presente Código y siempre que no se pongan a ellos se.onticacón supletoriemente las normas.gue eslablnceelCédigo Oroâoico Procesi Panal y cualquier otra disposición normaliva que no contractiga los prncipios, derechos y garantías estabiecidas en el presenta Códico" (Subrayado propio de este Tribunal Disciplinario)

siendo asi la remisión legal del articulo supra transcrito. para el momento de la investigación disciplinaria se encontraba vigente el ödigo Orgánico Procesal Penal 2012, en el cual establece sobre la fase investigativa, lo siguiente:

diligencia que el casc requiera Eensados cho gses e l ingualiación lpntop_e rvestsgacion.

E Jez.u ob o a uien_ enlia LGenng.doiosdins.sdinzieotes.

cualquier otra circunstancia que a su juicio permita alcanzar la finliad dei proceso (...).

presentar el acto conclusivo.

Si vencido el piazo nu lo hutiare sido lado el o lo Frscal de Sinisnno. ubicó.no peseniare lato pcusvo renitl u ucer av judicial da las.actuaciones, el cuat comporta el cese inmediato de todas las medidas de coerción persanal. cautelares y ds aaguramieo im puestas y ia conaidn de impuaco o imputada. La investgaciónsolo prà ser rnbarta cuno surjan nos aiementos que lo justiquen. previa auranzeción del Juez o Jusza (Subrayado propio de este Tribunal Disciplinario) Ahora bien, se verificó que consta en actas la resulta de la boleta de notificación de fecha 15 de marzo de 2016. mediante la cual se dio por notificada la Jueza acusada del inicio de la investigación (folio '46. pieza 1). En fecha 18 de marzo de 2016, la @inspectoria General de Tribunales consignó las resultas de la investigación (folio 43, pieza 1). y en fecha 21 de febrero de 2017 dictó el acto conclusivo (folios 151 al 159, pieza 1). Según el articuio 67 del Código de Ética. el inicio de la investigación comenzó el 15/03/2016. pero sin observarse constancia de notificación a este Tribunai. a los fines de verificar los 40 dias hábiles establecidos en la ley: sin embargo. se constata que desde la notificación los 40 dias habrían precluido el día 17/05/2016. Anies del vencimiento de aquel lapso. (sin obviar que ocurrió una omisión en notificar a este Tribunal el inicio de la investigación). le correspondia a la Inspectoria General de Tribunales. por atribución de ley, solicitar al Tribunal Disciplinario Judicial la prórroga para concluir la investigación: 'incumpliendo con su carga procesal. Esta fórmula de proceder, en cuanto a notificar al Juez o Jueza y luego notificar al Tribunal. conforme al articulo 67 del aludido Código, fue posteriormente establecida asi por este Tribunal en decisión de fecha 29 de noviembre de 2017. en respuesta a solicitud de interpretación formulada por el Órgano Investigador.

A tal electo. can in finnida de garantizar ai derecho a la dtenss y ei cumplimiento del dedo proceso, todo poisona bane derecho a ser nolficado de los cargos por los cuates sa la unvestiga (numeral 1 del aludido sriculo - constilucional). en tal sentido. es n requsio constitucional que.

una vez individuliznco el suijelo de investigación como suca de can la orden de ignacio de la in sigacin (artícu 6 antes menconto). debe la nspctoria Genera de Tounals notificar Tobunal Discrplinario Juciol, cinfare al contado artículo 6.

puede entenderse iniciada formalniante la investigación, a entender investigación disciplinana.

investigación al sueto inidividualizado (uez o jueza deniciado o dentinciada).

apertura de la investigación al Tribunol Disciplinano Jucicial.

Disciplinano Jadicil y en salvaguarda al deracho a In defensa del juez dentinciada Asi se declara".

Concatenando lo desarrollado en el Código de Ética sobre et inicio de la investigación. su duración, con las disposiciones supletorias del Código Orgánico Procesal Penal. parte acusada tiene la potestad de solicitar al Tribunal Disciplinario Judicial que s ejerza el control judicial sobre la investigación, sin haber solicitado la Jueza acusada conforme el principio de impulso procesal a instancia de parte. al control de la Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Si bien es cierto, que el Tribunal Disciplinario Judicial tendría conocimiento det inicio de investigación disciplinaria, a través de la notificación remitida por la Inspectoria Generai que la Inspectoria General de Tribunales, como se dejó establecido antes, no remitió notificación del inicio de la investigación, sino que el Tribunal Disciplinario entrò en conocimiento de ello, en la oportunidad procesal da la consignación del Acto Conclusivo dictado por el órgano investigador. Adicionalmente, el juez no puede suplir las cargas impuestas a las parte; entendiendo al impulso procesal como el fenómeno por el cual se. asegura la continuidad del proceso, mediante una serie de situaciones y/o actuaciones Juridicas que unas veces afectan a las partes y otras al tribunal. En el caso de barras. los interesados en la continuidad del proceso, sin dilaciones y sin vuineraciones a sus derechos consagrados en las leyes, son la Inspectoria General de Tribunales. como titular de la acción disciplinaria y el juez o jueza investigada.

El Juez Disciplinario puede decretar el Archivo Judicial vencidos los plazos. tal como lo establece el articulo 68 del Código de Ética. concatenado con los articulos 295 y 296 del. Código Orgánico Procesal Penal. como norma supletoria, en los supuestos casos en que. 1.- La Inspectoria General de Tribunales hubiera notificado el inicio o solicitado

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5 conclusivo: y La Jueza denunciada hubiera solicitado control judicial de la o investigativo, derecho que tiene declarado por el tribunal cuando haya adverlido su existencia durante la fase de investigación por cualquiera de las dos formas de advertencia descritas.

Además de estos mecanismos durante la fase de investigación, la Corte Disciplinaria extendida e irracional de un determinado plazo". puede la parte instar al controi de la investigación, advirtiendo de esa situación al Tibunal durante el proceso cemo parte de su defensa previa:

Los particulares narrasios pstenizan s es:s Aizads. que desde ei ruco de la investigación (03/0s/201) hasta ta fecha de efabaracn ds) acto conciusivo (73'1/2015) trsnscurieron cuatro (4) años, cinco ($) meses / dtaz (10) dias. período que excede con creces el plaza en Asi las cosas, debe entenderse que el astabiecmiento ds un plazo para la duración de la investigación, constituye un macanisnio do tutela no solo del cavido procaso. sino de los derechos imbricados en la tutela jigicia efeclva quo deben ser garantizados a les intervinientes en el proceso, con lo cual la parte que pudiera regular afectada por una duaciónsstendictaa irracional de un deleminato piazo. puede instar su conirci. an virtud que dicha duracion no puede transgredir la tutela gugicial de jerarquía Consitucional an lo rafaranta a la celendad procesal y al lapso ce:enninado legsimente para la conclusdn de la snvesngación En tal sentido. el Tou. en su carècier ds drgano de contre! ds Is investigación amonio valorar la n Ahora bien, en el presente caso es necesario advertir 1. Durante ta fase de investigación no fue informado este Tribunal sobre el iniclo de la investigación o sobre la posible prórroga, conforme al articulo 66 del CEJV: 2. La Jueza acusada no solicitó al Tribunal el control de la Investigación durante esta fase; 3. En articulación al criterio antes transcrito de la Corte, en el presente caso no se trata da una "duración extendida e racional de un determinado plazo". toda vez que en (echa 18 de marzo de 2016, la Inspectoría General de Tribunales consignó las resultas de la investigación (folio 43. pieza 1) y en fecha 21 de febrero de 2017 dictó-el acto conclusivo. En razón de los razonamientos anteriores, por cuanto la Jueza acusada no ejerció oportunamente el derecho de requerir el control judicial durante la fase de investigación y an consideración que el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación hasta la consignación del escrito acusatorio, no es "extendido e irracional", en virtud del hecho notorio que tanto en los Tribunales de la República como en los órganos investigativos existe un gran cúmulo de expedientes, que hacen de elo una tarea ardua de cumplir con cabalidad los tiempos procesales consagrados en las leyes. En consecuencia. se declara SIN LUGAR el NEZUELA alegato de la Jueza acusada referido al archivo de la causa por haber transcurso apso de cuarenta dias hábiles. Asi se decide.

exto: ta jueza acusada en su escrito de descargo, solicitó se decrete el sobres UDICIAL por los "numerales 1 y 3" del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezciano Jueza Venezolana, por cuanto a su decir el hecho "no reviste de carácter disciplinano".

Lo alegado por la Jueza acusada en su escrito de descargo fue ef siguiente:

"En electo, establecen los numera los 1 y 3 delariculo 71 del Codigo de Enca del Jus2 Venozolano y la Jueza Venezolana, lo siguiente:

1.- Los organos de la jurisdicción disciplinaria juaicial decretarán el sobreseimiento cuando:

...omissis....

3.- El hecho no sea típico por tratarse de una siluación que no reviste carácter disciplinario...

(... la Inspectoris General de Trbunales. le imputa a nuestra representada abuso de autoridad y para sustentar el desde ya negado e inexistente icitó disciplinario. soñata que la Honorable Sals de Casación Civi a del Tribunal Supremo de Justicia, revocó por electo de recurso extraordinario de Casación interpuesto por la lhay den nciante el fallo que Arbirujo Comercial (..) la Inspectoria General de Trounales, señala textunimente io siguiente:

inexcusable ...omissis....

si se trato de un grave error de juzgamiento...

Raspetados Jueces, basta para dejar demostrado que tal conclusión a la que loga la Inspectorio General de Tribunples, no constituye ni reviste carácler disciplinario que amerite alguna sanción, lo determinado con caráctor vinculante por le Honaratio Sala Canstitucional (..) (.) asibar a ofra conclusión distinta, seres hacer tara muerte del párralo primero de! aniculo 4 del Código da Ética dei Juez Venezolano y Jueza Venezolana e observar (..) nuestra representada en su sentencia del 08/08/2012, si utilizó acertadamenie la fundamentación legal, quo a sl uicio era la aplicable al casa de auos. con lo cual no se da el supuesto de ausencia de base legal. en la supuesta denuncia de Abuso de Autoridad.

Igualmente. resulta necesario señalar que es falso qua nuestra representada tralara de excusarse sobre la base de que no fue declarado error inexcusable, -que efectivómenia:

no lue deciaraco- pues lo verdaderamente acontecido es que al momento de presentar sus descargos ante al Órgano Investigacior Administrativo Disciplinario, se le estará.

Imputando ese ililo disciplinario, en virtud do que lo denunciado por la ciudadana MA DEL CARMEN LINARES PÉREZ. fue Error Inexcusabie. lo que demuestra io Infundadr.

En este sentido, no cabe duda, que la situación planteada en la acusación lormutada a :

representada, no reviste de carácior disciplinario, por lo tanto, solicitamos mus respetuosamente sea decretado el sobreseimiento de este procaso y se deje extras:

mayúsculas propias dal texto original).

Visto la anterior, se pasa analizar el alegato formulado por la Jueza acusada. En aste orden de ideas, considera esta Instancia Judicial traer a colación el contenido dei- establece lo siguiente:

2. El necho o sea típico por tratarse de una siuacn qune sgte carácter discinaro:

3. La acción disciplinaria naya prescrito:

4. Resulle acreditada la cosa juzgada.

5. No oxisla razonablemente la posiblidad de incorporar nuevos datos a ta investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sarcón discplinoria judicial;

6. La nauerte del juez denunciado o jueza denunciada (..)".

Se desprende del escrito de descargo de la Jueza acusada que hace referencia a los numerales 1 y 3 del articulo 71 del Código de Ética. pero al analizar los argumentos explanados en la solicitud de sobreseimiento, êsta se bass en que el hecho no reviste de carácter disciplinario. tal como aparece en la parte in fine de dicho escrito de descargo. Por tal motivo. esta Instancia Judicial hará su pronunciamiento sobre la solicitud de sobreseimiento en base al numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Ahora bien, en virtud de ello es obligación de esta instancia judicial delimitar la factibilidad de sancionar la conducta del caso de marras. por lo que resulta menester atipicidad, previsto en el numeral 6 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En atención a ello, el principio de legalidad es, en términos generales, la sujeción de las actuaciones del Poder Público, a través de sus órganos, a las normas constitucionales y legales. En consecuencia. el Estado dabe ajustar sus procedimientos a la ley. En el ámbito propio del derecho disciplinario, debemos advertir que "El principio de legalidad frente a conductas quo no estén expresamente previstas corno faltas por la ley vigente al momento de su comisión y prohibe imponer sanciones no establecidas en ell [...]. Por lo anterior, es dable manifestar, qua no es posible investigar y sancionar disciplinariamente una conducta, si no existe una ley preexistente que la tipifique Imponga [..J". (MEJÍA OSSMAN. Jaime y QUIÑONES RAMOS, Silvio: Procedimiento Disciplinario, p. 2).

En cuanto, al principio da tipicidad, la exigencia de certeza o clara determinación de la conducta infractora. de la taxatividad en la determinación legal de las conductas legalidad.

Ahondando sobre la ausencia de tipicidad de la presunta conducta incurida pol la Ju acusada, este Tribunal observa que en el catálogo de sanciones previstas en de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en los numerales 15 y 21 den 29, establecen que:

"Articulo 29: Son causales de destitución:

15.- Incurr an abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones.

(...) 21.- Incurir en anor inexcusabto cor ignorancia de la Constitución de la República, del (...) derecho o del ordenamiento juridico, declarado asi por alguna de tas Salas del Tribunas Suprermo de Justicia que conozca dao la causa. (….)" Se observa, en las actas del expediente cursa denuncia presentada en fecha 23 septiembre de 2013 por la ciudadana Maria del Carmen Linares Pérez, en la cua fundamenta su denuncia en el ilicito disciplinario de error inexcusable, en virtud de la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tríbunal Supremo de Justicia que casó de oficio, anuló la sentencia dictada por la Jueza acusada y ordenó dictar nueva sentencia sin incurre en los vicios delatados por la Sala (folios 2 al 8. pieza 1). Esta instancia judicial, constató que en sentencia definitivamente firme de fecha 30 de julio de 2013 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. con motivo del recurso de casación interpuesto por la denunciante contra sentencia de fecha 8 de agosto de 2012 proferida por la Jueza acusada. la Sala no declarò expresameme la: existencia da un eror inexcusable en contra de la Jueza Irene María Paríis Bruni a como lo exige el numeral 21 del articulo 29 del Código de Ética (folios 100 al 120;-pieza 1).

Ahora bien, la Inspectoría General de Tribunales, en su acto conclusivo de fecha 21 de febrero de 2017, en la calificación juridica que realizó en su oportunidad procèsal, argumentó que la Jueza acusada incurrió en abuso de autoridad a! dictar sentencia_de fecha 8 de agosto de 2912, mediante la cuai declarò la nulidad del procedimiento arbitral tramitado conforme disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.-tal como fue convenido en cláusula compromisoria entre las partes. sino' que por-la naturaleza del asunto debatido resultaba aplicable la normativa prevista en la Ley de.- Arbitraje Comercial, de manera excluyente, subsumiendo la conducta en el supuesto de "abuso de autoridad" previsto en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de 2010 y haciendo alusión que actualmente es subsumible en el numeral 15 del articulo 29 del Código (folios 151 al 159, pieza 1).

Siendo asi, a la luz de la norma legal en materia disciplinaria, se desprende que tanto al hecho acusado por la Inspectorla General de Tribunales -abuso de autoridad- como el

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hechos tipificados en el vigente Código de Ética del Juez Venezolana, que pueden acarrear una sanción de índole disciplinaria judicial.

De conformidad con lo antes expuesto, por derivarse una situación típica, que puede revestir de carácter disciplinario, este Tribunal considera declarar SIN LUGAR el alegato referido a la solicitud de sobreseimiento por los "numerales 1 y 3" del arículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por cuanto a su decir al hecho "no reviste de caracter disciplinario". Asi se decide.- IV. De la resolución del fondo del presente asunto:

Una vez efectuadas las consideraciones anteriores y con motivo de los alimentos presentes en el expediente, este Tribunal Disciplinario Judicial pasa a. pronunciarse sobre el mérito del asunto, en los siguientes términos:

La representación de la Inspectorla General de Tribunales señaló en su acto conclusivo que la jueza acusada "(..) la ciudadana INDIRA MARIA PARÍS BRUNI (. ) como Jueza Superior en lo Civil. Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, incurrió.en abuso de autoridad al declarar la nulidad del procedimiento arbitral tramitado.:conforme disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, tal como fue convenido en la cláusula compromisoria del acuerdo arbitral suscrito por las partes, sino que por ta naturaleza del asunto cebatido resullaba aplicable la normativa prevista en la Ley de arbitraje Comercial, de manera excluyente:" De otra parte. la Inspectoría General de Tribunales señaló en su acto conclusivo que "Tal como fue señalado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. la Jueza INDIRA MARIA. PARIS BRUNI_ se extralimitó en el uso de la facultad juzgadora que le fue dada, pues su actividad judicial sólo estaba dada a declarar la existencia de las causales taxativamente previstas en la ley para ceñirse en declarar la procedencia o no de la nulidad del laudo arbitral dictado, que era concretamente el objeto del recurso interpuesto (...)".

Ante la acusación formulada por lá Inspectoría General de Tribunales, este Tribunal observa que la jueza acusada alegó en su escrito de descargos (folios 188 al 219. pieza 1) y como argumentos orales en audiencia, que "el inexistente ilicito disciplinario, no se subsume con el supuesto de hecho previsto en la norma. pues la decisión de nuestra representada, se encuentra enmarcada dentro del marco de su función jurisdicinak, acusación sa ancuontra sustentada on un posible y nota discutiple enor juzgamiento. errores de juzgamiento que de producirse, pueden y debon subsanados como en efecto sucedió. por la interposición de los recursos que otorga ordenamiento adjetivo vigente, en este cuso mediante la interposición del recurso.

casación (...).".

Este Tribunal pasa a describir et lito disciplinario en el cual la Inspectoria General d Tribunales encuadró tal conducta, es el establecido en el numeral 14 del articulo 3 Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. actualmente previsto &n.el numeral 15 del arlículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana 2015. que señala lo siguiente:

Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezotana de 2010.

(..) 14. Incurr en abriso de autoridad, extralimitación o usurpsción de funciones " Código de Etica del Juez Venezolano y Juaza Venezolana de 2015:

(..) 15. Incurrir en abuso de autoridad. extralimitación o usurpación de funciones".

A los fines de desarrollar el contenido del tipo disciplinario sobre el "abuso de autoridad". es preciso advertir que la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. en sentencia 666 de fecha 8 de julio de 2010, con ponencia de la Magistrada Dra. Evelyn Marrero Ortiz. se estableció que:

(...) Ahora bien. es cierto que la mayor parte de la acividad cesempeñada a diana por.

los jueces se desarrolla en el campo juriscicclonal. por ende, suscepibie de revisión por la embargo, tal circunstancia no es óbice para impedir que esia actividad sea tambión con las conductas sujetas a responsabilidad disciplinana.

En ofeclo, esta Sale ha precisado en anteriores oportunidades que en ocasiones ei examen do la disciplina de los juocos incluyo la revisión de aspectos junscicionalas aun cuando vinculando este examen a la idoneidad del funcionario para continuar en e ejercicio del cargo dala ta responsabilidad que supone la función de juzgar. De maner que por existir una linea divisoria muy fina entre la revisión de aspectos relacionados corn aptitud parsondi del puez y·otros relativos al ámbito juriscicciona! as preciso sran sompre al caso concreto. a Im de limitar el alcance del poder discipuano te Admiistracion cle inanera que no se aivada en forma indebida el campo de actuación jurisdiccional !V:d. Sentoucio Ny,° 00401 de.fecha 18 de marzo de 2003, ratiicata en fals Nros. 00262 y 00272 publicados el 24 do marzo y 7 de abril de 2010. r0spectivamente) a la luncin jursciccional quo ejerce, el ante disciplinsro tiene la oolestad para vigila decoro y lo disciplina de los Juoces de la República, sin entrar a examinar o intentar Poder Judicial (..) Respecto al abuso a exceso_do_autondad, esta Sala en reiteradas oportunidades. ha conferidas por la ley procuciênose una desmedicta utilización de las atribuciones que le coriesponeen, traspasando as tos limites del buen ejercicio y correcto uso de sus Iacultedes (Vic. Suntencio N." 00131, 00777 y 01079 de! 30 die enero de 2007 9 de juwo de 2008 y 22 de julio de 2009. respectivomentc)"

caplementando el concepto anterior, la prenombrada Sata del Tribunal Supremo de determinante que se verifiquen dos supuestos: la total carencia de base legal en la actuación y la actividad abusiva que se despliega a través de la conducta del sometido a) régimen disciplinario, según puede apreciarse en sentencia 451, de fecha 11 da mayo de 2004, que a continuación se transcribe parcialmente:

-Anora bien Ias normas precedentemente Indicadas se refieren al ejercicio abusivo, esto es externo. desproparcionado, injustificado de los deberes sdo juez. Asl. la aplicación de esta causal, requiere de la verificación de cos supuestos. lo logales que corresponden a otal carencia do base legal en la actuacion y is actividad absio qd so dosplega travês do la conducto del sometido al régimen disciplinario.

(.. En tal sentido, para que se vanlique este Bicito discplinano, no bases constatar que se operalivo. sino que ser menester que ei jez vaya mas an, despgando una conducta abusiva, desproporcionada de sus deberes legales, qua debe poner en evidencia su inidonedad para ocupar el carg de juez Los ejemps qu se señalan par iustrar mejor lo que constituye dicho concepto. son el caso do un juez civil que ordena un auto cle detención o un juez de menores que ordene un resngache de trabajadores. etc." (Negrillas de este Tribunal).

Asimismo, la Sala Politica Administrativa en sentencia N.° 778 del 23 de mayo de 2007. declaró que:

Y..) en tal senido, para que a.verifique el ilicito disciplinario, no basta constatar que se trata de un simple ejercicio de una compelencia ajena, sino que serà menester que ef juez legales, que dabe poner en evidencia su inidoneidad para ocupar el cargo de juez (..) Asimismo, este Tribunal Disciplinario se ha pronunciado con relación al ilicito de abuso de autoridad. según sentencia TDJ-SD-2012-138 de fecha 24 de mayo de 2012, en el expediente AP61-D-2011-000027: "al abuso de autoridad se produce 1) cuando se hece un ejercicio extremo y desproparcionado de las facuitadas legales que la ley le atribuya y 2) cuando se realizan funciones que no le están conferidas por la ley. ...".

En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Disciplinaria Judicial. al hacer exigible para la demostración del abuso de autoridad, la concurrencia de la carencia de Sentencias Nros. 13 del 22 de abril de 2014, 23 del 22 de junio de 2014, 26 del 9 de julio de 2014, 12 del 12 de marzo de 2015, 17 del 28 de octubre de 2015, 26 del 4 de agosto de 2015 y 1 del 14 de enero de 2016). A tal efecto, lo establecido en la última sentencia aludida fue lo siguiente:

30 En este contexto. cebe ontencerse que al abuso de autoridad se produce cuando el sentenciador realizó funciones que no le han sido conferidas en la ley, lo que deviene en un ejercicio desproporcianado a injustificado de las competencias que le corresponcien a todo uez (vid. seuencios de asta Core N° 8. 18. 3, 30 y 12 del 05/06 y 07/08 de 2012.

22/01/2013. 12/08/2014 y 12/0?/2015, respeclivamonte).

En igual sentido. so ha sostenido de manara reiterada. que el abuso cto autoridad comporta la constatación de una canducla desmedido por parte del operador de justicia, capaz de Administmtiva N° 00451 y 02342 del 11/05/2004 y 27/04/2005, ruspectivonento)" como "abuso de autoridad", es menester revisar las actas que tienen vinculación elementos de hecho presentes en este caso, por los cuales la Inspactoría Gengral.de Tribunales solicita la imposición de la sanción de destitución. por lo que este Tubunál observa que la Jueza acusada dictó decisión en fecha 8 de agosto de 2012, en virtud de. recurso de nulidad de laudo arbitral interpuesto por la Sociedad Mercantil Procter& Gamble de Venezuela, S.C.A. contra la Socledad Mercantil Representaciónès Soliempack, C.A., en los siguientes términos (folios 53 al 79, pieza 1):

(omissis) El referido Laudo Arbitral objeto del Recurso de Nulidad declaró Con luger la demanda de resolución de contrato milerpuesto (sic) REPRESENTACIONES SOLIEMPACK, C.A. coni?a PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA. S.C.A.: parcialmente COn lugar la solicitud de La recurrente fundamenta su pretensión de nulidad del laudo an los siguientes argumentos 1) Que se vulneró el procedimiento legal establecido para decidir la acusación que ambas partes propusieran contra el Árbitro (.) lo cual configura. a decir de la recurrente. la causal de nulidad contenida en el literal 'C del articulo 44 de la Ley de Arbtraje Comnercial (...).

2) Que la composición der Tibunal Arbitral no se ajustó a la Ley por ctranto e! Árbitro (...), no contaba con tas conciciones necesanas para formar parte del Tribunai Arbitral (...) ambas partes le solicitaron separarse del cargo de Arbito (.) lo cual configura. a decir de la recurrente. la causal de nulidad contenida en el literal C"del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comnercral (...).

articulo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial por incumplió:ento del procecimiento establecido para tramior el Arbiroje (...).

4) Que se subvirtió el procadimento por ausencia de pronunciamiento del Tribunal Arbitra! respecto a la oposIción de PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA. S C A. a la admisión de las pr UBbRS pr OMOVIdEs HOr REPRESENTACIONES SOLIEMPACK. CA lo cual Arbitraie Comercial (...).

11 Corresponde a sste Juzgado Superior dictar su fallo respecto al Recurso de Nulidad ( .) y por las partes el 10 d9 agosto de 1998 y la clâusula arbitral en el (sic) contenida evidencia Civil Ahora bien. es necesario tener en cuenta que para la facha de suscripción del contrato y de la celebración det compromiso arbitral. ya se encontraba vigente ta Ley de En sentencia No. RH 0c0391 del 31 de mayo de 2012, la Sala Civit del Tnbunal Supremo do Justicia sstabieció (....

En sintonía con reciente criterio jurisprudencial emanado de nuestro Máxamo Tribunal.

observa esla Juzgadora que la Ley de Arbitraje Comercias es aplicable (..) dejando a salvo la posibilidad de que sean apicables a cualquier procedimiento de arbitraje comercial las disposiciones de tratados internacionales que establezcan regias de arbitraje (...).

(...) cuando en un momento derarminado existen dos o más textos legislativos_aplicables a.sna controversia la pspeciatidad de la norma cebe ser criterio que debs tomarse en Lo anterior dobe llevar a lá conclusión de que en matera de arbitraje comercial la Ley especial, es la Ley de Arbitraje Comercia: y ásta dsbe aplicarse preferentemente, desce el mismo momento de su entrada en vigencia, a los procedimfntos da naturaleza mereantr llevados a cabo an el pais (...)

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(. En al caso de los normas de arbitramento del Codigo de Procodimiento Cin. resalta anicoles do naturaleza comercialue se reclaman desous del eabl ds 1gg leca grocduuientos.y.normas.atibutivas.ce comnelencia de dicha Loy (...).

(...la compatencia por Ba materla es uo lemo da eminente orde o púbico yde.exclusiva cesonalegal(..) (ozón por la cual.la incompetanci por la materia puedo declararse de salicio o a instancn de nae (..) Si lo lov especial contiene criterios atributivos de compoiencla por la maleria (.l regulada par esa ley esnecialno puadao. los partes compeenciaaeauoiad disaroabivo.oten salenidos.en otras leves.distintas a la especial (...).

En el presente caso, nos encontramos frente a una controversia arbitral de eficiente (.) Al haberse suscrito sl contrato y la cláusula srbiral el 10 de naturaleza comercial agosto de 1998, fecha posterior a la entada en vigencia de la Ley de Arbitreje Comürcial (7 de abril de 1998) no queda duda entonces. en base a los conceptos antes expresados. que el arbitraje acordado por las partes para dirigir las controversias que se suscitaran con ocasión a ese contralo debia iogirse necesariamente por las normas de la Ley de Arbiraje Comercial. incluyendo obvialnenle tanto las normas relativas a la atribución de procedimiento aplicable (...).

Resulta importante destacar que las partes si tienen potestad de estabiecer las reglas de procedimiento para la sustanciación clel arbitraje, como bien lo establece el articulo 15 de la Loy de Arbitraje Comercial (.) De manera que si poririan las partos en un contrato cle paluraleza comercial escorer unas reglas procesa las, entre ellas las contenidas on el Código de Procecimiento Civil, pars regular la sustanciación de la causa, pero para ser aplicado por los árbitros que serán los campelentes para conocer ciel arbitraje comercio que suirja con ocasión a controversias derivadas de ese contrato comercial(...).

(...) debe concluirse que resulta contrario a derecho que las partes del arbitraje en el que fue dictado el laudo objeto de este recurso de nulidad hayan acordado someter su proitrajo. en cuanto a la atribución de competencia para conocer de ese proceso arbitral a una autoridad distinta (en asie caso, a un Juez Ordinario) a la establecida por la ley especial que rige la matena (Tribunal Arbitral) (...) lo cual vulnera el principio de inderogabilidac de la competencia por la matena en Venezuela (...).

Las normas de la Ley de Arbitraje Comercial atribuyen la compatencia pars conocer y decidir arbitrajes comerciales a 'árbitros independientes' no vinculados a los órganos de la jurisdicción ordinaria (...).

Esta indebida selección de_una ley.sdislinta.a la especial sobre la. maleria.atribuuvende competencia a.los tribunales-ordinarios_poro decidir arbitrales comerciales (..) pudiera inclusofundanentoc.un prenuociemianto ecercade vatidezdeln.cláusulearbiral eronunciamieolo gue en todo casn.ng carrospande g.aste_Juzaado_Superiar en respeto al principio SCompetsencia-Compelnacia: (...) Pero lo suasi corresponcie hacer a esta Juzaasto (...) os velacpor.el resoato y cumplimiento delordan.pública.y ste las normas alributivas.stecoropotencia de los_órginnos del sistena de juspciagrsinarioo arbitral. costableciencto la situación juridico sue fue vulnecada por las acluacianes matecializadas baie alamnao de violaciones a dicha green.público (..).

En otras palabras, no podían los contratantes en uso de la autonomia cle sus voluntades atribuir competenci o material para conocer de un asunto a un tribunal orcinaro si que no se la atribuyó la ley, como lo os en el caso do autos la ley especial del Arbitraje Comercial (...) sustrajo a los arbirajes de naturaleza comercial de la competencia cte los Inbunates ordinarios (salvo en lo expresamente alli establecido, como por ejemplo el recurso de nulidad) (...).

Por las consideraciones que anteceden on especial el criterio expresado en la Sentencia No.R.H.000391 del 31 de mayo de 2012. dictado por la Sala da Casación Civil del Tabunal Arbitrajo Comerciol. a los arbitrajes (...).

En to senido. este rh Tanunal Suaner Primero veolicado omg. snatntcees Comsanl bnaltel nocemino agu .L a4 ca la Ley de Arbicala Comancial denunciada por la recurrente onsula imipcoinzo declarar la nuidac del Inuso arial dictado sl 10 ge ccubro da 2015 y su aclociaoa po 28 de acibre de 2a11 y coo consecuente neesain de dicha deglareorn sslgaz.su ta ceterida nulidad ctaviene de la indebsta composición sel Tnpunal Acbiral Rn bast.a legal alabución de camnarencio ronlizada por las pies resulta nezasana la dnciauuoa de lidad absoluta del procedimiento arbitral tramitado ante el Juzgado Octavo de Pripega Inalancle en lo Civil. Mercantil. del Trânsito y Bancano de la Circunscripaión Judicial del Area Metropolitano de Caracss sn ejecución de la cláusula arbitral contenida an el contra o SUSCritO POr PROCTER & GAIVBLE DE VENEZUELA. S.C.A y REPRESENTACIONES SOLIEMPACK. C.A. al 10 de agosío de 1998, clêusuia en la cual se eligió ilegaimente la aplicación de uno loy distinta a la ley especial quo regula la materia de artitrajo comarcra! material para dicho arbitraje en las etapas sli ejecutadas a un organo de la junscición ordinaria del Podar Jucicial Venezolano, en contravención a las normas atributivas ds compelencia esteblecidas en lo Ley de Arbliraje Comercial. Ley especiai aplicable ai caso (...)". (Subrayado propias de este Tribunal Disciplinario Judicial).

Igualmente, este Tribunal observa que la Sata de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 30 de julio de 2013. dictó sentencia en la cual casò de oficio la sentencia de fecha 8 de agosto de 2012 proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito,da la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, y en consecuencia. anuló el fallo recurrido y ordenó dictar nuevo pronunciamiento sin incurrir en los, vicios delatados, en virtud del Recurso de Casación interpuesto por la sociedad mercantil Representaciones Soliempack. C.A, en tos siguientes términos (folios 100 al 120, pieza 1):

(...) La juez a quien correspondió conocer sobre la unidad del laudo arbitral, consilaró que si proccdimienio arbitral debia ser nuevamente tramitado, en razón quo -a su juicio- las compromisoría que las controversias surgidas entes ellas deban ser tramitadas conforme a las reglas dispuestas en el Código de Procodimiento Civil. y no a las de la Ley de Arbitraje Comercial. ley vigente para el momento de la suscripción del contrato y de la clâusula compromisoria, cuyo âmbito da aplicación incluya a los asuntos de naturaleza comercial.

mas no civil (...).

Ahora bien, en el sub índice ia Snla observa que las partes expresamente acordaron n n reglas del Código de Procedimrento Civl (...).

En el caso que nos ocupa, observa la Sala que el juez de la racurnda desconoció el acuerdo arbitral -antes citado- suscrito válidamente por las partes, y con ello el laudo arbitral dictado por el Iribunal arbitral independiente constituido para ello. asi como todo el atribución de competencia a un órgano a quien no le correspondia, violentando las reglas de orden público. asi como el principio de especialidad de leyes (...).

Con tal razonamiento -por demás errado-. la juez menoscabó si derecho de defensa de las tribunal arbitral independiente ad hoc, haciendo uso del principio de la autonomia de la voluntad de las partes (...) el cual fue vuinerado par la juez superior (...) actuación censurable que alerta contra los principios pro actione y pro arbitraje. el derecho a la defensa al debido proceso y a la tutela judicial efectiva eficaz, de raigsmbre constitucional.

La juez superior se extralimifó en el examen que le incumbia resolver. respecto a los pedimentos contenidos en el recurso de nulidad ejercido. para lo.cual debió circunscztitsa revisar y declarar procedente -de sar ol caso- si lo axpuasto por el cemeuisaunte.en mulidad se encuentra centro cel marco de ias.causales taxalivas.previstas.en.la.ley y.en.las Coavenciones Inlernacionalessválidamante suscritas_por Venezuala y. aplicables ei casa

conoe.s..o atbitrae.

(...) Certamente la juez del superior, incurra sn el señalado vicio. desnaturalizando con elio el propósito fundamental del recurso exiraordinano de nulidad (...).

De modo que constituye un exceso ia decisión de la juzgadora. pues. desnaturalizó la finalidad del recurso extraordinario de nulidad. ctryo recurso oxtraordinatio debe estar en motivos taxativamento establecidos. y que en modo alguno compra un miscio de impugnación, como !a apelación encontraba debidamente Iundumontado inadmisibilidad. y de all pasar a revisar o no la pretensión de! demandante de le nulidad En razón de lo expuesto. al deieciar la Stla que la sentencia rocumda infrinpis ios articulos 12. 15 y 206 del Codgo ds Precodimento Oil is conseuers mnsa es is uiod de la misma. Asi se decide (..." Una vez expuestas las actuaciones relevantes del presente expediente, es menester para este Tribunal aclarar cuartos puntos:

Con relación al abuso de autoridad. se verificará la posible existencia concurrente de los dos requisitos para la procedencia da dicho ilícito disciplinario. El primero de ellos se refiere a la base legal en la actuación de la Jueza, acusada._de conformidad con el Código de Procedimiento Civil (CPC) y la Ley de Arbitraje Comercial (LAC):

"Aniculo 20s CPC Los jueces procureran la estabaidad de los juicios evitando o corngiendo las frías que puedan enviar puelquiar acto procosat Es:n unidad no so declararà sino an las casos determinados por lo ley o cuando heya dejado de cumplirse en el acto alguna formaloind esencial a su validez (...).

Articulo 208 CPC. Si ts nulidad del ecto la observar y dectarare un Tribunal Supericr que conozca en grado da la csuea, repondrá esta al estado de que se dicto nueva sentencia por el Tribunal de la instancre en que haya ocurrido el acro nulo. cisponendo que este Tribunal antos de fallar, haga renovar dicha acto (...) Aniculo 626 CPC La sentencia de los árbitros sorá nula:

(...) 3° Si en el procecimianio no se hubieren observado sus fonnalidadas sustanciaios (..).

recurso anta ol Tununsl qua haya pubicado el Laudo Arbiral ejecucriado, ciantro de los dioz dias postenoros a la publicación El Trbunal procederà a ver ei racursc con scdas las formalidades legales, dentra de tres días, y una vez sentenciado. segura su cursa ante los Tribunales Superiores, caso da intsrponerse apelación.

Articulo 43 LAC Contra ol laudo árbitras únicamente procede el recurso de nulidad. Este deberá interponerse por cscrilo ante el Tribunal Superior comperenta del lugar donde sa hubiere dictado. centro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la notificación del laudo o tribunal arbitral deberà acompañar al recurso interpuesto (...) Aricuto 4 LAC: La unidad dal laudo dictado nor el tribunal arbitral sa podrá deciarar.

c) Cuando la composición de ripunal arbitral o etl precedimianto arbitral no se ha ajustado (...) a esla Lay:

(...

Articulo 45-LAC: El Tribunal Superior no admitirà el recurso do nulidad cusindo extemporinos su interposición o quando las causales no. se corrasppndan con sahalndns en estn Ley (...).

Articulo 46 LAC: Cuando ninguna de las causales anvocados prospero. se doclerarà sn lugar al recurso (...)".

En sentencia 2 de fecha 8 de febrero de 2002, dictada por la Sala de Casación Civil.de Tribunal Supremo de Justicia, con la ponencia del Magistrado Franklin ArriecheG considerò lo siguiente:

"(...) surgió la necesidad de establecer en el ordenamiento juridico, medios altomativos de resolución de controversias, entre los que se encuentra el arbitraje, el cual permite a as particulares resolver sus diferencias mediante un procedimiento más senclo y 'expodio.

con la intervención de terceros ajenos e imparciales, denominados árbitros, a los que sr Estado les atribuye la facultad de juzgar. De esta manera, se permite lu colaboración da los juzgados.

El arbitraje se encuentra establecido en los articulos 607 y siguientes del Codigo cis Procedimiento Civil, y el arbitraje comercial está regulado en la Loy de Arbitreje Comerual Entre ellas existe una relación de género a especia. y por esa razón, las normas que regulan el primero son de aplicación supletorio en el segundo (..)".

En cuanto al segundo requisito para que proceda el abuso de autoridad es la actividad abusiva que despliegue la conducta de la Jueza acusada, por elo debemos entender que: 1) la actividad es la facultad y virtud de obrar o actuar; 2) abuso -en lo jurídico- es el hecho de usar de un poder, de una facultad, de un derecho o de una situación, asi como también de una cosa,-más allá de lo licito; y, 3) la conducta es el modo de proceder de una persona. (Ossorio, Manuel. Diccionario Juridico de Ciencias Jurídicas, Politicas y Sociales. 1ª Edición Electrónica, págs 16, 36 y 195)- (Las actividades abusivas por parte de un juzgador -sean por una conducta activa u omisiva-, se pueden verificar cuando un juez admite o rechaza una prueba fuera del lapso procesal; cuando al prevenir un defecto de las partes se basa en un excesivo formalismo: al cubrir la negligencia en materia probatoria de las partes y toma la iniciativa probatoria sin estar facultado por la ley; al conceder audiencias innecssarias (a no fundamentar una negativa de una solicitud realizada por las partes, entre otras.

Con relación a las decisiones que toman los jueces, el autor Taruffo argumenta que una decisión se considera justa si parte del presupuesto inexorable que debe debidamente motivada en valores. principios y derecho; y hace mención de tres criterios que todo juez debe tomar enscuenta para que su decisión pudiera considerarse just que son: a) corrección de la 'escogencia y de la interpretación de la regla jurídic aplicable al caso; b) comprobación confiable de los hechos importante del caso: empleo de un procedimiento válido y justo para llegar a la decisión. (Taruffo, Miche "La prueba de los hechos". Editorial Trotta. Traducción de Jordi Ferrer Beltrán. Iali 2001, pág. 203).

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d. Vistas las consideraciones anteriores. se desprende que en el presence caso no sa aplicación del derecho era imperante ei citeno de especialidad de la ley y el orden público. Igualmenta, se observa qua de la conducta de la Juezs acusado, no se desprende ninguna actividad abusiva conducta activa u omisiva distanciada de ia licitud por cuanto su conducta activa se dirigiòó a producir una decisión en conocimiento del recurso ce nulidad contra el laudo arbitral dictando una decisión motivada bajo los argumentos qus. dentro de su autonomía judiciai. estimó aplicables.

Si bien es cierto que ta decisión tomada por la Sala Civit del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de julo de 2013, en la cual casó de oficio la sentencia de fecha 8 de agosto de 2012 proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del consecuencia. anuló el folio recurrido y ordenó dictar nuevo pronunciamiento sin ocurrir en los vicios delatados en eíila se observa que el magistrado considerò que "(..) La juez a quien conespondio conocer sora-la ruided del laudo arbitral consideró que ai procedimonta arbitral debia ser nuevamente tramitaoc ga gozón que -a au juicio- las partes violantaron normas a:nbutvas de competencia (...) Con ta: razonsmvenro -por cemás errado-, Is juez monoscabs (..)": referencias que hacen alusión a un error de juzgamiento por parta de la Jueza acusada al momento de motivar su decisión. pero no fue decierado por la referida Sala que la conducta de la Jueza acusada estuviese alejada de sus competencias, de la licitud o que de alguna forma fuese abusiva.

Es por ello que resulta necesario para asta instancia judicial traer a colación la sentencia autonomia judicial del juez "Con relación ai necho denunciado que al puez scmnelido a procsdimientc. incunó en entendimiento de lo estudiado, cartas y de:erminedas consideración a saber Resutla pertinente traer a colación lo estaciecido en el ariculo 4 del Código de Étics del Juez Venezolano y la ueza Venezolane. sl cusl rezs asi:

"Articulo 4· El juez o la jueza en ejercicio de sus funciones son independientes y autónomos. por lo que su aclueción sãlo dobe estar sujeta a la Constilución de s dentro de los limites del asunto somstdo a su conocimiento y decisión. Los Organos con conpotencis disciplinaria sobre tos jueces y aras podran examinar su idoneidad y excalencm, sin que eo constoya una intcerveación indebida en la actividad jurisdiccional." El artícuio precedente contará el pncipio de independencia judicial segón ef cual los jueces y juezas son indepandientas y oulónomos en el ejercicio de sui labor jurisdiccional, la cual està sujeta a lo estabiecido en la Constitución y el ordenamiento jurídico y. camo consecuencia, sus decisiones sn lo atinente- a la interpretación de loa ley y el Darecho sólo puaecen ser revisadas por los órganos jurisdiccionales dentro de los limles del asunto sometido a su conocimiento.

Supreno de Justicia mediante sentencia N° 01451 del 7 de junio de 2006, reiterada .Precisado lo anterior, debe la Sala reiterar lo qua ha sido su jurisprudencia pacifica con relación al límite de la autonomia y la independencia judicial:

conforme a l elal las actuaciones jurisdiccionales son revisables por el órgano disciplinario limifando su examen a la idoneidad del funcionario para ejercer al En este sentido, la sentencia N° 00401 de esta Sala, de fecha 18 de marza de caso Zoraida houledous Moree).

.. 8s menester señalar que. en ocasiones, el examen do la disciplina de ics 2003, señalo:

jueces incluye la revisión de aspectos jurisciocionales, aun cuando vincuilando.

esta examen a la idoncidod del funcionario para continuar en el ejercicio cel cargo. dada la responsabliod que supone la función de juzgar De manera que por existir una linea divisoria muy fina entre la revisión de aspaclos reiecionados con la aptitud personal del juez y atros relativos al âmbito jurisdiccional. os preciso atender siempre al caso concreto. a fin de limitar el Dicance del poder indebida el campo de actuación jurisdiccional.

El crisrio antes expuesto tiene su fundamento en el principio de la indepencencis del juoz. según el cual el juez sólo debe acluar apegado a ta ley sin que puede ser sancionado por sus decisiones jurisdiccionales. ssivo que de las mismas se derive su incapacidad para ejercer el cargo. En este sentido. is responsabilidad opera en aque los supuestos en que la independencia ha sido transgredide por parte del juez, al actuar sin sometimiento al sisterna o na ejercer correctamente sus funciones...

Criterio de la Corte Disciplinaria Judicial que reitera en sentencia 16 de fecha 22 de noviembre de 2016, cuando establece que:

"(...) debe asta Corte reiterar, quo el articulo 4 del Código de Ética consagra el principio da autonomía e independencia de los jueces, que descansa en la capacidad de adoptar sus resoluciones sin intervenciones ajenas. Asimnismo, ha señalado que las actuaciones del Juez pueden ser revisadas por los órganos disciplinarios, llmitando dicho examen a función jurisdiccional, ni configura un atentado a su autonomia, ya que la responsabridù:! del juzgador viene o constituir un limito a los arbitrariedades que podian surgir cuando ::

juez incepanciente utiliza desproporcionada, injusta y negligentemente los poderes que :e han sido conferidos por el ordenamiento juridico (...)" Ello asi, este Tribunal considera, de conformidad con las apreciaciones expuestas, que- laudo arbitral, debido a que la Jueza acusada actuó con la competencia I conforme al literal "c" del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, argumentando SUS consideraciones bajo el imperio de la autonomía judicial. y por ende en los casos en cug pueda existir un eror de juzgamiento, las partes pueden ejercer los recursos judicas.

en desacuerdo, o criterio del juzgador. camo ocurrió en presente caso con el incoado. Lo contrario implicaría por parte de esta Jurisdicción A taf efecto, quienes suscriben la presente decisión consideran que la Jueza acusada no desplegó una conducta que constituya un ilicito disciplinario, y en consecuencia SE ABSUELVE de responsabilidad discilinania a la Jueza INDIRA MARIA PARIS BRUNI, en virtud de la acusación formulada-por la Inspectoria General de Tribunales, por el hecho de supuestamente haber incurrido en abuso de autoridad, en el conocimiento de la causa judicial AC71-R-2011-000027 al declarar mediante decisión de fecha 8 de agosto de 2012 la nulidad del procedimiento arbitral tramitado conforme a las. disposiciones del Código de Procedimiento Civil tal como fue convenido en la cláusula CL por la naturaleza del asunto debatido resultaba aplicable la normativa prevista en la Ley de Arbitraje Comercial, de manera excluyente, hecho subsumido por la Inspectoria General de Tribunales en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezoiano y la Jueza Venezolana (2010). norma vigente para el momento de la del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (2015). que habria dado lugar a la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN. Y asi se decide.

V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, aciministrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley. bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide:

privado de la jueza acusada, abogado Juan Luis Núñez Garcia, referido a la nulidad del proceso, fundamentado en que la representante de la Inspectoria General de Tribunales leyó durante su intervención en la audiencia oral y pública.

Segundo: Se declara SIN LUGAR el alegato de la jueza acusada sobre que se declare la inadmisibilidad del presente proceso en razón de su condición de Jueza Provisoria. de nulidad del procedimiento por violación al derecho a la defensa al no notificar la Instrucción del expediente administrativo.

Cuarto: Se declara SIN LUGAR el alegato de la jueza acusada referido à la solictudde acto de citación personal de fecha 30 de marzo de 2017.

de la acusación y archivo judicial de las actuaciones, por preclusión del lapso de cuarenta (40) dias previstos en el articulo 67 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Sexto: Se declara SIN LUGAR el alegato de la jueza acusada referido a la solicitud de sobreseimiento por los "numerales 1 y 3" del artículo 71 del Código de Ética del Juez. Venezolano y Jueza Venezolana, por cuanto a su decir et hecho "no reviste de carácter disciplinario".

Séptimo: Se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria judicial a la ciudadana INDIRA MARIA PARIs 8RUNI, titular de la cédula de identidad V-6.925.003. en su condición dé Jueza Titular del Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la acusación formulada por la Inspecioría General de Tribunales, a través de su acto conclusivo de fecha 21 de febrero de 2017. por las actuaciones presuntamente cometidas por la Jueza acusada durante su desempeño como Jueza Provisoria en el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil. y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. por el hecho. de supuestamente haber incurrido en abuso de autoridad, en el conocimiento de la causa judicial AC71-R-2011-000027 al declarar mediante decisión de fecha 8 de agosto de 2012 la nulidad del procedimiento arbitral tramitado conforme a las disposiciones dei Código de Procedimiento Civil tal como fue convenido en la cláusula compromisoria del acuerdo arbitral suscrito entre las partes, toda vez que estimó que por la naturaleza de asunto debatido resultaba aplicable la normativa prevista, en la Ley de Arbitraje Comercial, de mánera excluyente, hecho subsumido por la Inspectoria General de Tribunales en el numeral 14 del'articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (2010), norma vigente para el momento de la presunta ocurrencia.del hecho, actualmente subsumible en el numeral 15 del articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (2015), que habría dado lugar a la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN.* Registrese y publiquese la presente decisión.

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Aaimiamo, una vez que adquiera al carácter de diefinitvament irme. notifiquese al ribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Adagistratura, a la Comisión Judicial del Tibunal Supremo de Justici y a la Inspectoria General de Tribunales, de conformidad con el articulo 91 del Código de Ética det Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. en concordancia con la sentencia N° 6 dictada por Is Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 4 de febrero de 2016 Dada y amada en la sede del Trbunal Disciplinario Judicial. en ia ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, a Ios 29 dias del mes de noviembre de 2018 Años 208º de la' Independencia y 159º de ta Federación.

HERNANEACHICGOALVADEZ Juez Presidante

CARLOS MEDINARGIAS JACQUELINE SOSAMARIIO Juez Jueza Ponente RAIZAALANCO COVA Secetana Temporal En fecha veintiún (29) de vavi de dos ni disicho (get8). siendo las (_am. ) se publicò y registró la anterior decisión bajo el N° 11:00 T0J-5D-2018-79.

OVA temporal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre:

10-10-203 PODER JUDICIAL JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Expediente principal N° AP61-D-2011-000048 En fecha 20 de octubre de 2011, este Tribunal Disciplinario Judicial recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial. expediente administrativo 1939-2010 procedente de la exista Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistera Judicial, contentivo de las actuaciones investigativas practicadas por la Inspectoria General de Tribunales contra la ciudadana Magaly Guadalupe Nieto Rueda, titular de la cédula de dentidad V- 4.206.777, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del estado Carabobo. asignando el número de expediente AP61-D-2011-000048.

En fecha 20 de octubre de 2011, este Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo TDJ) dictò auto de abocamiento de la causa disciplinaria y se designó -según distnbución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial- a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño como ponente. Se libraron las respectivas notificaciones.

En fecha 28 de febrero de 2013, la Inspectoria General de Tribunales (en lo sucesivo IGT) consignó diligencia mediante la cual solicitó requerir información de la dirección de domicilio o residencia de la jueza acusada ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAiME), a los fines de citar la y seguir con el proceso disciplinario instaurado en su contra.

En fecha 20 de marzo de 2013, esta instancia judicial disciplinaria dictó auto en el cual se acordó librar oficio al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjeria (SAIME). por el cual se solicitó información de la dirección de la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras, en su condición de denunciante en la presente causa judicial disciplinaria.

El 9 de mayo de 2013, el TDJ dictó auto mediante el cual acordó librar notificación en la dirección suministrada por el SAIME de la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras, a los fines de notificarle del auto de abocamiento de fecha 20 de octubre de 2011.

En fecha 27 de junio de 2013, esta instancia judicial disciplinaria dictó auto mediante el cual acordó dejar sin efecto los oficios y notificaciones efectuadas, y ordenó librar nuevos oficios y notificaciones a las partes intervinientes, en virtud de no constar en autos la resulta de la notficación librada a la jueza acusada En fecha 19 de marzo de 2014, el TDJ dictó auto ordenando la remisión del expediente a Sustanciación, para dar continuidad a la causa en la etapa procesal la Oficina de corespondiente, en virtud de la decisión N.° 05 de fecha 12 de febrero de 2014 dictada Por la Corte Disciplinaria Judicial.

En fecha 10 de abni de 2014. la Oficina de Sustanciación (en lo sucesivo OS) acto auto en el que acordó nobficar a las partos intervinientes del abocamiento El 18 de marzo de 2015, la OS dictó auto de admisión de la acusación presentada por la IGT en fecha 10 de abril de 2010 ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración escnto de descargo, y se libró nobficación a las demás partes intervinientes.

En virtud de la entrada en vigencia del nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, la OS dictò auto en el cual declaró que el asunto disciplinario AP61-D- 2011-0000-48 se encontraba en la fase de descargos, y de conformidad con el articulo 76 intervinientes.

El 9 de marzo de 2017, la OS dictó auto mediante el cual ordenó fijar en la Cartelera del Órgano Sustanciador Disciplinario, la notificación de la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras, en su condición de denunciante, en virtud de la imposibilidad de localizar a la prenombrada ciudadana a los fines de imponer la de los actos del proceso disciplinario. El 9 de mayo de 2017, la IGT consignó escrito de promoción de pruebas constante de 3 folios úbles y sus vueltos.

En fecha 31 de julio de 2017. la Oficina de Sustanciación dictó auto JDJ/OS/2017/61 mediante el cual admitió las pruebas promovidas, en los siguientes términos:

(...omissis...) PRIMERO: Se ADMITE el escnto de descargo presentado por la cludadana MAGALY GUADALUPE NIETO RUEDA -Jueza acusada- presentado en fecha 23 de noviembre de 2009 [2008] ante la Inspectoría General de Tribunales en el cual realizó una sene de alegatos de hecho y derecho contra de los hechos disciplinables incoados en su contra (...) con la salvedad que su valoración y apreciación definitiva por tocar asuntos de fondo y cuestiones propias del debate oral y público corresponden a la competencia exclusiva del juez en materia disciplinaria en la decisión de ménto (...).

SEGuNDO: Se confiere plenos efectos legales a la admisión de pruebas proferidas en fecha 8 de octubre de 2010. por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en consecuencia, se ADMiTEN las pruebas promovidas por la Inspectoria General de Tnbunales en los apartes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 de la presente decisión, en su totalidad (...)

TERCERO: Respecto a la Cudadana MAGALY GUADALUPE NIETO RUEDA -Juez acusada- este Organo Sustanciador Disciplinario Judicial observó que no promovió pruebas dentro del lapso legal correspondente, en consecuencia este Órgano En fecha 07 de diciembre de 2017, el ciudadano Juan Vicente Medina Salazar en su condición de Jefe (E) de la Oficina de Sustanciación, se abocó a la causa y acordó que la causa se encontraba en fase de notificación a las partes de la sentencia interlocutoria JDJ/OS/2017/61.

El 31 de mayo de 2018, la OS dictó auto mediante el cual remitió el expediente al TDJ. y el 2 de agosto de 2018. este órgano disciplinario dio reingreso a la causa AP61-D-2011- 000048 En fecha 6 de agosto de 2018, se dictó auto mediante el cual se fijó la celebración de la audiencia oral y pública para el dia jueves 8 de noviembre de 2018 a las diez de la mañana (10:00 a m.) y se libraron las respectivas notificaciones a las partes.

En fecha 8 de noviembre de 2018, se levantó Acta de Audiencia Oral y Pública en la que ordenó oficiar a la Defensa Pública para la designación de un defensor, de conformidad con el articulo 54 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

En fechas 18 de marzo de 2019, 20 de enero de 2020, 16 de noviembre de 2021 y 17 de marzo de 2022, se ratificaron los oficios a la Defensa Pública para la designación de un defensor público a la jueza acusada.

El 2 de junio de 2022, se recibió diligencia de la ciudadana Yennifer Sotillo, en su carácter de Defensora Pública Primera en materia Contencioso Administrativo, mediante la cual solicitó que se notificara a la jueza acusada de su designación como defensora público.

El 10 de noviembre de 2022, se dejó constancia en el expediente por nota secretarial que la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras, en su condición de denunciante en la presente causa, aparece con estatus de fallecida en la página web del Consejo Nacional Electoral.

El 10 de noviembre de 2022, se dictó auto de reprogramación de la audiencia oral y pública para el jueves 20 de julio de 2023 a las diez de la mañana (10:00 a.m). Se libraron las respectivas notificaciones.

El 22 de junio de 2023, esta instancia judicial disciplinario libró oficio a la División de Carrera Judicial adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en la cual se solicitó información sobre la titularidad y estatus de la jueza acusada.

En la oportunidad pautada, tuvo lugar la celebración de la audiencia oral y pública, durante la cual el Defensor Público designado y la delegada de Inspectoría General de Tribunales presente expediente disciplinario.

1 INVESTIGACIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES El fecha 21 de mayo de 2007, la IGT ordenó abrir el expediente administrativo disciplinario 070281, en virtud de la denuncia presentada por la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras, y sus anexos, remitidos mediante comunicación FMP-63_NN-0321-07 de fecha 10 de mayo de 2007, suscrita por la ciudadana Nancy Castro de Varvaro, en su carácter disciplinaria Judicial, en contra de la jueza Magaly Guadalupe Nieto Rueda por presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación de la causa judicial GP01-P-2005- 000789.

En fecha. 15 de octubre de 2007, la IGT, acordó iniciar la investigación y a tal efecto comisionó al Inspector de Tribunales José Luis Forero.

Una vez culminadas las investigaciones, la IGT presentó acto conclusivo contentivo del Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicil la aplicación de la sanción de irregularidades en I la tramitación de la causa judicial GP01-P-2005-000789.

Con la entrada igencia del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, este TDJ se abocó a conocer de la acusación presentada por la IGT. Como fundamento Para la solicitud de sanción, la IGT indicó:

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Para el primor hecho acusado referente a que la jueza acusada incurrió presuntamente en descuidos injustificados en la tramitación do la causa GP01-P-2005-000789, al declarar victima y sin motivar las razones por las cuales prescindió de la misma.

Señaló la IGT que "(... on fecha 28 do marzo do 2005, fuo recibida solicitud do sobrosoimionto presentada por la Fiscal (...) da conformidad con la establecido on el numeral 2 del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. por considerar quo ol hecho denunciado no rovestla carácter penal (.)".

Indicó que "(..) la Jueza investigada on fecha 11 de abni de 2005, decreto el sobreseimiento en la causa (...) por considerar quo quedó establecido. que entra la victima (...) y ol prenombrado ciudadano exista una rolación civil. medianto la cual gravaba un inmuoblo. presunto objeto matonal del delito, a través do una hipatoca do primor grado a favor dol mputado, quo quedó extinguida en fecha 03-08-88 (..) y la victima lo huzo ontroga dol inmuebio en cuestión, modiante una operación de compra venta (...) par lo cual acordó docrotar ol sobreseimiento de conformidad con el numeral 2 del articulo 318 del Código Orgânico Procosal Penal(...)".

Alegó que "(...) la Jueza MAGALY GUADALUPE NIETO RUEDA, COn su actuación violó el derecho a la victima de sor olda para decidir acerca del sobroseimionto, tal como lo establece et articulo 120 numeral 7 del Código Orgânico Procesal Ponal, lo cual va en detrimento del derecho a motivos por los cuales nollevó a cabo la audiencia para oir a la víctima (..)".

Agregó que "(..) el articulo 323 del Código Adjetivo Penal, establece el trámite a seguir una vez que el Fiscal presenta la solicitud de sobreseimiento (..) la norma anteriormente transcrita, le da facultad al Juez de no llevar a caba la audiencia (...) sin embargo, considera este Organismo que debió dejar expresamente establecido en las actas, sus razonamientos por los cuales prescendia de la audiencia, siendo que ello si le es reprochable (..) y asl lo dejó establecido la Corte de Apelaciones cuando conoció el recurso de apelación (..)".

Con respecto al segundo hecho acusado relacionado a que la jueza acusada incurrió presuntamente en retrasos y descuidos en la tramitación de la causa GP01-P-2005- 000789, al librar las notificaciones de manera tardía, siendo que al mismo tiempo que ordenó notificar a las partes, ordenó la remisión del expediente al Archivo Judicial.

Indicó la IGT que "(...) en fecha 8 de julio de 2007 [2005], es decir tres meses después de la decisión, se libraron las notificaciones a las partes, asl como el oficio N.º 20385 de la misma fecha, dirigido al Jefe del Archivo Central del Estado Carabobo (...)".

Alegó que "(...) la Jueza investigada actuó con descuido y retardo injustificado, al librar de manera tardía las notificaciones de la decisión del sobreseimiento, pues a pesar de que quedó constatado que el dia 15 de abnl del año 2005, hizo entrega del Tnbunal por el disfrute de sus vacaciones, reíncorporándose al mismo el día 19 de mayo de ese mismo año, no fue sino hasta el 8 de julio cuando se emtieron las mismas, siendo que no conforme con ello, ordenó la remisión del expediente al archivo judicial, a sabiendas de quo las partes y sobre todo la victima, no estaban notificadas, actuación que a criterio do la Corte de Apelacionos constituyo un error en el procedimiento, que en detrimento del derecho de las partes para apelar.

Es por ello, que la IGT encuadró los presuntos ilicitos disciplinarios conforme a lo previsto en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, subsumido en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (2010) y actualmente previsto en el numeral 6 del articulo 27 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (2015).

11 ALEGATOS DE LA JUEZA SOMETIDA AL PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL La Jueza acusada el 23 do novlembre de 2008 presentó escnto de descargo ante la IGT, constante de 4 folios úlilos (folios 104 al 107, pieza 1). La jueza acusada alegó lo siguiente:

"(...omissis...) En el asunto Nro. GP01-P-2005-789, curso solicitud do sobreseimiento a favor del cludadano (...) fuo prosontado en focha 29 do marzo do 2007 y distnbundo al Tibunal Sogundo do Control a cargo de la Juoz Abogado Ceciia Alarcón de Fraino, quien on focha 30 do marzo do 2005, prosonta Informe de Inhibición (...) (declarada con lugar on facha 14/04/2005 por la Coro de Apelacionos de ésto Circuito Judictal) y ol Asunto, a la Olicina do Alguacitazgo a fin do su distribución, corrospondiondo y recibido on ol Tribunal Novano do Control (...) para osa fecha a mi cargo, el soto (07) do abnt do 2005.

Dontro dal lapso logal, so dictò y publico Sentencia de Sobrosoimiento en fecha 11 do abnl do 2005 (..) on virtud que la Fiscal (..) presentó dicha soficitud fundamentada on quo no so lo puedo airbuir la comisión do ningún debido por ovidonciarso durante la investigación quo ol hacho denunciado no es típico, por lo cual no provisto caráctor ponal, luego do una revisión exhaustiva de las actuaciones, ostabloció con el ciudadano (..) una relación civil, mediante la cuol gravaba el inmuoblo presunto objeto matonia del delito, a través do una lupoleca de primer grado a favor del imputado, la cual quedó extinguida en facha 03/08/1988 (...) dond o al mismo tiempo la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras, otorga ol inmueble on cuestión al imputado en una operación do compra-venta, de lo cual so doviono que ol dospojo do inmueble denunciado por la victima no se efectuó, sino, quo voluntariamente la victima efectúa la tradición del mismo (..) por lo cual el hecho denunciado no reviste carácter penal, no es tipico, en consecuencia, se decrola ol sobresaimionto del asunto (...) no considerando necesaria quien suscribe la convocatoria a una audiencia para oir la partes de conformidad con lo previsto en el articulo 323 ejusdem, y acordando su registro y notificación a las partes, en la misma decisión.

El 15 de Abri do 2005, tal como consta en asiento Nro 02 del Libro Diario de Actuacionos, la Juez Magaly Guadalupe Nieto Rueda. le hace formal entrega del Tribunal a la Abogada Arelys Vélez Rodriguez, en virtud del disfruto de vacaciones, funciones realizando el debido inventario, con un volumen de trabajo, y prioridad a actuaciones que la victima ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras (...) se 11/04/2015, las cuales fueron acordadas y expedidas En lecha 09/09/2005 la Fiscal (...) según Olicio Nro. 08-F11-0796-05 de fecha 09/09/2005 a los fines de garantizar el derecho a la victima, al advertir que la dirección de la nolificación librada a la misma, no es la correcta, indicando la exacta, es por lo que éste Tnbunal a pesar de constar (. .) el escnto de la victima Antonia Elena Malpica de Contreras, solicitando copias certificadas de la Sentencia de Sobreseimento, ordena mediante auto el 15 de septiembre de 2005 librar nuevamonle notificación a la dirección correcta aportada por la victima (...) es de destacar que el dia 28 de febrero del 2006 se realizó en éste Circuito Judicial Penal la rotación anual de Juoces por lo quo hasta esta fecha estuve en conocimiento del Asunto.

En fecha 31 de Marzo de 2006, los integrantes de la Sala Nro 2 de la Corte de Apelaciones de éste Circuito Judicial Penal. solicita la remisión de las actuaciones onginales con carácter de urgencia dentro de un lapso de 24 boras. al Tnbunal Lândaez en virtud de la rotación anual de Jueces ( ) a los finas de detormunar la amisbidad o no del recurso do Apelación . y tomar decisión en la actuación signada con el Nro. GP01-R-2005-324. siendo remitido en la misma facha Recibido nuevamente el Asunto en el Tnbunal Noveno de Control on focha 31/03/2006.

12/052006 (..) la ciudadana Antania Elena Malpica de Contreras. el 17/10/05 Apela del Sobresemiento dictado en fecha 11 de abnl del 2005 fundamentando su apelación en el hecho de nunca haber sido notificada de tal decisión, debidaniente tramitada, corospondiendo la ponencia a la Doctora Alicia Garcia Nicholls. quien Declara con lugar el Recurso de Apelación (..) declara la nulidad absoluta de la decisión dictada por quien suscnbe (..) y ordena quo otro Juez de Control llevó a cabo la celebración de una audiencia especial (...) En fecha 04 de Mayo dol 2006. corrospondiondo por redistribución al Tnbunal Segundo de Control. fijando Audencia Especial do Sobrescimuento, se procede a realizar la Audencia en fecha 26/04/2007 con presencia de todas las partes y oídas las mismas, se decretó el Sobresemiento (...) En virtud de lo antenormento expuesto. y lo señalado por la victima (..) se evidencia que decretado el Sobreseimento en fecha 11 de abnl de 2007 [2005]. se ordenó la notificación de las partes. y consta en el Asunto que la ciudadana Antonia copia certificada de la decisión (..) ejerciendo el recurso de apelación y declarada la nulidad de la decisión por la Corte de Apelaciones (...) Para finalizar (...) no consideré necesana la convocatona a una audiencia para decidir el Sobreseimiento. por cuanto se encontraba ajustada a derecho y por razones de tutela judicial efectiva. estime que no se vulneró el derecho a la defonsa ya que esa decisión se notificará de conformidad con lo previsto en el articulo 175 del Código Orgânico Procesal Penal y estando efectivamente en conocimiento do efectivamente el Recurso de Apelación. que le garantiza la ley. por lo que quien suscnbe, no violentó el debido proceso ni los derechos provistos en el articulo 120 del Código Orgánico Procesal Penal. desvirtuado ast. lo señalado por la prenombrada ciudadana denunciante, en consecuencia, se determina la falsedad de los hechos alegados y lo infundado de la denuncia, y asi solicito sea declarado (...)" (resaltado propio del texto).

Ⅲ11 DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este TDJ, en primer lugar, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorporó la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a una jurisdicción, tal como lo establece su articulo 267:

"Articulo 267. Corresponde al Tnbunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los Inbunales de la Repúbica de las Defensorias Públicas. Igualmente. le corresponde la elaboración y La junsdicción disciplinana judicial estará a cargo de los tnbunales disciplinarios que determine la ley El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana. que dictará la Asamblea Nacional El procedimiento disciplinario sera público. oral y breve.

Para el ejercicio de estas atnbuciones. el Tnbunal Suprero en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales." De conformidad con el articulo anterior, se escinden dos potestades: Una que corresponde al Tnbunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecubiva de la Magistratura, presupuestaria del Poder Judicial, otra potestad que es de indole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tnbunales discipinaros que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del Tnbunal Supremo de Justicia y por otro lado una junsdicción que ejerce funciones disciplinarias del Poder Judicial.

La competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinana en el Poder Judicial la encontramos expresada en los articulos 32 y 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana vigente:

"Articulo 32 Los órganos que en el ejercicio do la junsdicción tenen la compelencia discplinana sobro los jueces y juezas de la República, son el Trbunal Disciplinano Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos discipinanos por infracción a los prncipios y deberes contenidos en este Códgo. Los tribunales disciplinarios judiciales contarán con un Juzgado de Sustanciación, la Secretaria correspondiente y los servicios de Alguacilazgo.

Articulo 33. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de primera instancia. la aplicación de los principios onentadores y deberes en materia de ética contenidos en el presente Código. En este orden el Tribunal ejercerá las funciones de control durante la fase de investigación; decretará las medidas cautelares procedentes;

celebrará el juicio; resolverá las incidencias que puedan presentarse, dictará la decisión del caso; impondrá las sanciones correspondientes y velará por la ejecución y cumplimiento de las mismas".

Como se desprende de los articulos transcritos, el TDJ ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los articulos 27, 28 y 29 ejusdem. Siendo asi, queda claramente determinada la competencia de este Tribunal Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes procedimientos disciplinarios, a los jueces y juezas integrantes del sistema de justicia venezolano. Asi se declara.

Igualmente, resulta propicio aludir que la sentencia 6, de fecha 4 de febrero de 2016. emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa llevada por esa Sala, la medida cautelar innominada contenida en la sentencia 516 de fecha 7 de marzo de 2013, emanada de la misma Sala, en cuanto al criterio según el cual la Jurisdicción Disciplinaria Judicial de manera cautelar ingresado por concurso al ejercicio de la función jurisdiccional lo cual comprende a los jueces no titulares (provisorios, temporales y accidentales). "a fin de evitar contradicciones entre las disposiciones contenidas en la Carta Magna y la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, respecto del régimen disciplinario aplicable a los jueces y juezas titulares (de carrera) y no titulares (provisorios, temporales y accidentales). y también para mantener la aplicabilidad del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, sin alterar las compelencias de la Comisión Judicial del Trbunal Supremo de Justicia, órgano encargado del control, disciplina y gobiemo judicial".

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juezas titulares, este tribunal verificó según consta en la página web del Tribunal Supremo de Jusicia htip:/carabobo.ts.gob.ve/jueces,asp?iuez=817&id=007 que la ciudadana MAGALY GUADALUPE NIETO RUEDA, tular de la cédula de identidad V-4.206.777, fue Jueza Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del estado Carabobo: y que competentes para dictar la presente decisión. Así se declara.

IV DE LA AUDIENCIA En fecha 20 de julio de 2023, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m), se llevó a cabo la audiencia a la cual se refiere el artículo 78 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, estando constituido el TDJ por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en presencia del abogado José Alfredo Canelón Mata, titular de la cédula de identidad V-6 460.789, en su condición de representante de la IGT, de la abogada Adriana Cadenas, titular de la cédula de Identidad representación Fiscal del Ministerio Público.

Del desarrollo de la mencionada audiencia se desprende que las partes formularon sus correspondientes, Finalizada la exposición, se dio por concluido el debate y en fecha 1° de agosto de 202s, se profirió el pronunciamiento decisorio, el cual se transcribe a continuación:

"PRIMERO Se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la antes identificada, en relación al hecho de incumr en DESCUIDOS INJUSTIFICADOS en la tramitación de la causa penal GP01-P-2005-000789 al declarar el sobreseimiento de la causa a favor del imputado Teodomiro Alarcón Vivas, sin realizar la audiencia para oir a la víctima y sin motivar las razones por las cuales prescindió de la misma, hecho que se encuadró en el tipo disciplinario calificado jurídicamente por la Inspectorla General de Tribunales previsto en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, subsumido en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Élica del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (2010) y actualmente provisto en el numeral 6 del articulo 27 del Código de Ética dal Juez Venezolano y Jueza

SEGUNDO DECLARA AMONESTACIÓN.

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la cIudadana MAGALY GUDALUPE [GUADALUPE] NIETO RUEDA, antes Identificada, en relación al hacho de incumir en DEscuiDos INJUSTIFICADOS en la tramitación de la causa penal GP01-P-2005-000789 al librar las nolificaciones de manera tardía, y ordenar la remisión del expediente al Archivo Judicial sin haber practicado las nouficacionas correspondientes, hacho que se encuadró en el tipo disciplinario calificado juridicamente por la Inspectoria General de Tribunales pravisto an el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, subsumida en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Juaza Venezolana (2010) y actualmente pravisto an el numeral 6 del articulo 27 del Código de Elice del Juaz Venezolano y Jueza Venazolana (2015) por lo qua se impone la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN (..)".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Con motivo de los elementos existentes, cursantes en el presente expediente, entre los cuales se incluyen las actuaciones investigativas de la IGT, los alegatos expuestos por la jueza acusada en su escrito de defensa en la etapa Investigativa, asl como el debate primer punto, las pruebas promovidas y admitidas durante el desarrollo del proceso. valoradas en la oportunidad de dictar el dispositivo del caso, en fecha 1° de agosto de 2023.

1. De las pruebas:

Pruebas de la Inspectoria General de Tribunales mayo de 2017, consignó escrito de promoción de pruebas, cuya admisión fue evaluada por la Oficina de Sustanciación en fecha 3 de julio de 2017, las cuales se aprecian a continuación:

Con el objeto de demostrar que la ciudadana MAGALY GUADALUPE NIETO RUEDA, jueza sometida a proceso disciplinario, incurrió en los hechos acusados en el acto copias certificadas, que se aprecian como documento público, de conformidad con lo artículo 429 ejusdem en relación con lo establecido en el articulo 1384 del Código Civll. siendo fidedigna de conformidad con el artículo 1359 de la aludida norma sustantiva, toda vez que el acto que las contienen fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública:

1. Solicitud de sobreseimiento de fecha 28 de marzo de 2005 (folios 40 al 44. pieza 1). Se el numeral 2 del artículo. 318 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para el momento) en favor del imputado y en perjuicio de la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras, por evidenciar que el hecho denunciado no es típico, al no revestir carácter penal.

2. Sentencia de fecha 11 de abril de 2005 emanado del Tribunal Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Garabobo (folio 45 y 46, pieza 1). Se aprecia de la documental que la jueza Magaly Guadalupe Nieto Rueda suscribió la decisión, decretando el sobreseimiento de la causa GP01-P-2005-000789 a favor del imputado de conformidad con el numeral 2 del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para el momento).

3. Boletas de notificación de fecha 8 de julio de 2005 libradas por el Tribunal Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo (folios 47 al 50, pieza 1). Se aprecia de las documentales que la Jueza acusada suscribió las boletas de notificación dirigidas al Fiscal del Ministerio Público, al imputado y a la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras.

4. Oficio N.° 20.385 de fecha 8 de Jullo de 2005 emitido por el Tribunal Carabobo (folio 52, Archivo Central del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, expediente GP01-P-2005-000789.

Apelaciones del Circito Judicial Penal del estado Carabobo (folios 54 al 58, pieza 1). Se interpuesta por la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras: 2) la nulidad absoluta de la decisión dictada por la jueza acusada: 3) ordenó que otro Juez de Control lleve a cabo la celebración de audiencia especial, dicte el falo correspondiente.

Pruebas de la jueza sometida a proceso disciplinario:

Este Tribunal observa que no existen otras pruebas por apreciar y valorar, toda vez que solo fue recibido escrito de descargos en fecha 21 de abril de 2009 por el órgano investigador (folios 104 al 107. pieza 1) por parte de la ciudadana Jueza MAGALY GUADALUPE NIETO RUEDA, no haciendo valer los derechos consagrados en el artículo 77 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, ante la sede judicial disciplinaria.

En razón de lo anteriormente expuesto, y una vez apreciadas las pruebas anteriores, es Judical, es tomada en atención a las pruebas que han sido aportadas al proceso, de conformidad con lo previsto en el articulo 509 del Cödigo de Procedimiento Civil y el en virtud del principio iuris novit curia.

II. De la resolución del fondo del presente asunto:

Una vez efectuadas las consideraciones anteriores y con motivo de los elementos presentes en el expediente, este TDJ pasa a pronunciarse sobre el mérito del asunto, en los siguientes términos:

sobreseimiento de la causa a favor del imputado sin realizar la audiencia para olr a la victima y sin motivar las razones por las cuales prescindió de la misma".

Alegó la IGT que "(..) la Jueza investigada en fecha 11 de abril de 2005, decretó el sobreseimiento en la causa (..) por considerar que quedó establecido, que entre la victima (...) y el prenombrado ciudadano existia una relación civil (..) por lo cual acordó decretar el sobreseimiento de conformidad con el numeral 2 del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal (...) la Jueza MAGALY GUADALUPE NIETO RUEDA, con su actuación violó el derecho a la victima de ser oida para decidir acerca del sobreseimiento, tal como lo establece el articulo 120 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual va en detrimento del derecho a la defensa los cuales no lleva a cabo la audiencia para oir a la victima (..)". Agregó que "(...) el arículo. 323 del Código Adjetrvo Penal, establece el trámite a seguir una vez que el Fiscal presenta la solicitud de sobreseimiento (..) la norma antenormente transcrita, le da facultad al Juez de no expresamente establecido en las actas, sus razonamientos par los cuales prescendia de la audiencia, siendo. que ello si le es reprochable (..) y asi lo dejó establecido la Corte de Apelaciones cuando conoció el recurso de apelación (...".

Por su parte, la jueza acusada en su descargo alegó que. "(..) Dentro del lapso legal, se dictó y publicó Sentencia de Sobreseimiento en fecha 11 de abri de 2005 (..) en virtud que la Fiscal (.) presentó dicha solicitud fundamentada en que no se le puede atribuir la comisión de ningún delta por evidenciarse durante la investigación que el hecho denunciado no es tipico, por lo cual no reviste carácter penal, luego de una revisión exhaustiva de las actuaciones, se observa que la presunta víctima Antonia Elena Malpica de Contreras, estableció con el ciudadano (..) donde al mismo tiempo la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras, otorga el inmueble en cuestión al imputado en una operación de compra-venta (.) por lo cual el hecho denunciado no reviste carácter penal, no es tipico, en consecuencia, se decreta el sobreseimiento del asunto (...) no considerando necesaria quien suscribe la convocatona a una audiencia para oir la partes de conformidad con lo previsto en el articulo 323 ejusdem, y acordando su registro y nolificación a la partes, en la misma decisión (..)". Concluyó alegando que "(..) no se vulneró el derecho a la defensa ya que esa decisión se notificará de conformidad con lo previsto en el ariculo 175 del Código Orgânico Procesal Penal y estando efectivamente en conocimiento de esa decisión, la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras, ejerció efectivamente el Recurso de Apelación. que le garantiza la ley, por lo que quien suscribe, no violentó el debido proceso ni los derechos previstos en el artículo 120 del Código Orgânico Procesal Penal(...)".

La abogada Adriana Cadenas, en su carácter de Defensor Público, en la audiencia orai y pública, celebrada el 20 de julio de 2023 (folios 270 y 271. pieza 2). expuso que: "...) Vista la solicitud del Ministerio Público quien constitucionalmente es el titular de la acción penal. garante del debido proceso y parte de buena fe en todo el proceso judicial, respeto a solicitar el sobreseimiento de la causa- penal y tomando en consideración el gran volumen de trabajo por involuntario de la Jueza investigada, pudo haberse obviado un aspecto procedimental que an todo caso no distorsión el fondo de la causa, motivado a que no ravistió cáraclar penal y Iampoco menoscabo los derechos de la presunta victima, razón por la cual esta defensoría pública 6° del Área Metropolitana de Caracas, solicita sea desestimado el planteamiento de acusación disciplinaria realizada por la Inspectoría General de Tnbunales o en su defecto so declara al sobreseimiento por atipicidad de la conducta, toda vez que la Juez investigada actúo apagada a derecho a solicitud del Ministerio Público, y a su vez dentro del marco juridico que rige al principlo de autonomía del juez venezolano (...)".

El ilícito disciplinario en el cual la IGT encuadró tal conducta, es el numeral 7 del artículo, 38 de la Ley de Carrera Judicial norma vigente para el momento de la comisión del hecho, subsumido en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez y la Jueza de Ética del Juez y Jueza Venezolana de 2015, que señala lo siguiente:

Ley de Carrera Judicial "Artículo 38. Los Jueces podrán ser amonestados par las causas siguientes:

7. Cuando incurran en retrasos y descuidos injustificados an la Iramitación da los Código de Ética del Juez Venezolano y la Juaza Venezolana de 2010 "Articulo 31. Son causales de amonestación 6.Incurrir en retrasos o descuidos ajustlicados an la tramilación de Jos proóasos o Codigo de Ética del Juaz Vanezolano y Jueza Venazalana de 2015.

"Artículo 27. Son causa las de destitución.

que De los articulos

una

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gestación de una actuación en una causa en concreto, en especial si dicha conducta causa un gravamen irreparable o vulnera la tutela judicial efectiva.

La doctrina venezolana ha descrito este supuesto aduciendo que. "Esfa causal oporaría por demoras, dilaciones, aplazammiontos y prórrogas indebidas o incumplimientos do actos, extensión o contenido, o sin la diligencia y atención roquorida por ol ordenamiento logul." A los fines de desarrollar el contenido del tipo disciplinario sobre el "descuido injustificado". Venezolana, p.50).

es preciso advertir que la Corte Disciplinaria Judicial se pronunció anteriormente, según sentencia N° 2 de fecha 17 de enero de 2013, en la cual adujo:

"Con relación al contenido y alcance del lícito "doscudo injustificado" alnbuido por ol a quo a la Jueza denunciada, dobe señalarse quo lal conducta rovela una omisión o negligencia del operador do justicia en el cumplimiento do una obligación quo lo es propia an el trámite del proceso, sin que medio justa causa quo expuso tal omisión y supone ausencia do actividad intelectiva y volitiva del juzgador La locución descuido ha sido interpretada jurisprudencial y paclficamente como abandono lotal de la obligación establecida en la norma, lo que supone falta de actividad volitva e intolectiva del Definido el tipo disciplinario, con criterio que asume este Tribunal para el presente caso, es operador, o su cumplimiento defectuoso " menester revisar las actas del expediente y en tal sentido, observa que:

Riela en los folios 40 al 44 de la primera pieza, escrito de solicitud de sobreseimiento interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público, en los siguientes términos:

"(...omissis...) Ahora bien, según se desprende de las actuaciones ut supra indicadas, la presunta victima estableció con el imputado (...) una relación civil, mediante la cual gravaba el inmueble presunto objeto material del delito a través de una hipoteca de primer grado a favor del imputado, la cual quedó extinguida en fecha 03-08-1988 (...) donde af mismo tiempo la ciudadana ANTONIA ELENA MALPICA DE CONTRERAS, otorga el inmueble en cuestión al imputado mediante una operación de compra-venta. De lo cual se deviene que el despojo del inmueble denunciado por la víctima no se efectuó, sino que voluntariamente la victima efectúo la tradición del mismo mediante venta pura y perfecta al ciudadano (...) a travês de documento debidamente protocolizado.

En consecuencia, considera quien suscribe que el hecho denunciado no reviste carácter penal, par lo cual no es típico (...)".

Riela en los folios 45 y 46 de la primera pieza, sentencia de fecha 11 de abril de 2005, suscrita por la jueza acusada, en los siguientes términos:

"(...omissis...) Vista la solicitud de sobreseimiento que presentó por ante este Tribunal de Control Código Orgánico Procesal Penal, y que correspondió por redistnbución a éste Tribunal de Control, ya que según criterio del fiscal, no se le puede atribuir la comisión de ningún delito por evidenciarse durante la investigación que el hecho Analizado como ha sido por parte de este Tnbunal la presente solicitud de sobreseimiento, se desprende de las actuaciones. que en fecha 08/08/02, la ciudadana (sic) Antonia Elena Malpica de Contreras. interpuso denuncia ante la Fiscalla General de la República Bolivariana de Venezuela. por cuanto el ciudadano (...) presuntamente se apoderó de su vivienda ubicada en (...) mediante la cual se constituyó hipoteca a su favor por la suma de (.). Ahora bien, de las mismas una relación civil, mediante la cual gravaba el inmueble presunto objeto material del delito a través de una hipoteca de primer grado a favor del imputado, la cual quedó extinguida en fecha 03/08/1988, según consta en documento protocolizado donde al mismo tiempo la ciudadana ANTONIA ELENA MALPICA DE CONTRERAS, otorga el inmueble en cuestión al imputado mediante una operación de compra venta. De lo cual se deviene que el despojo del inmueble denunciado por la victima no se efectuó, sino que voluntariamente la victima afeclúa la tradición del mismo mediante venta pura y perfecta al ciudadano (...) a través do documento debidamente protocolizado, en consecuencia considera la fiscal que el hacho denunciado no reviste carácter penal, por lo cual no es típico. Es por lo qua éste Tnbunal encuentra procedente y ajustada a derecho la solicitud de sobreseimiento de la parle fiscal a favor del ciudadano (...) fundamentada en el numeral 2° del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Por todos los razonamientos anteriormente expuesto, este Tnbunal de Control del Circuito. Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la causa (.)". (resaltado propio del texto) Riela en los folios 54 al 58 de la primera pieza, decisión de fecha 4 de mayo de 2008 dictada por la Corte de Apelaciones Sala N.° 2 del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, en los siguientes términos:

"(..omissis...) Corresponde a esta Sala conocer del recurso de apelación interpuesto pos la ciudadana ANTONIA ELENA MALPICA DE CONTRERAS (...) En la decisión impugnada, dictada por la Juez de Control o9 Abogada Magaly Guadalupe Nieto Rueda, se expresa (...) Esta Sala, para decidir, previamente observa:

(...omissis...) El articulo 120 del Código Orgánico Procesal Penal consagra los derecho de la victima dentro del proceso penal y en su numeral 7° establece (..) por lo que nuevamente encontramos una norma legal que impone al Tibunal la obligación da oír a la víctima antes de dictar la decisión de sobreseimiento, siendo ésta una norma de obligatorio cumplimiento, la cual se adminicula con lo dispuesto en el articulo 323 del citado Código que preve (...) La norma transcrita da al Juez (a) la posibilidad de que omila la celebración de una audiencia para debatir los fundamentos de la pelición de sobreseimiento on los casos en los cuales, para comprobar el motivo en el que so fundamenta la solicitud de Sobreseimiento, no sea necesario el debate, pero necesariamente deberá explicar, bolívar, razonar, la no celebración de la audiencia para garantizar quo na resulten violentados los derechos de ninguna do las partes, los cualas asta obligado a salvaguardar.

La decisión impugnada, cuyo texto fue transcnto anteriormente, fus dida 11 de abril de 2005, habiendo sido recibidas las actuaciones por la Jueza A-quo, an para debatir los fundamentos de la petición, previa comvocalona de las partas y victima, tal como lo ordenan los citados dispositivos y, en al taxi o de examinada tampoco se explican las razones por las cualas tua emitida de la mencionada audiencia, pues la única motivación considerar procedente y ajustada a derecho la solicitud fiscal como la normativa Invocada.

De tal manera que, al no haberse cumplida con se ha incumido en violación al Debido Proa victima de SER OIDA. ya que no ss la garantizó indefensión y desigualdad ante la ley.

expediente, no se evidencia que dicha decisión, una actuación qua dem las actuaciones presentadas por al denuncia quo rómulo anto la Fiscalla on fecha 8 do agosto do 2002 y. una voz decisono, alguna actuación tendiente a cito a la ciudadana ANTONIA ELENA MALPICA DE CONTRERAS (...mi SSISs...) Por todos los razonamonto expuestos, osta Sola 2 do la Corte do Apelacionos (...) emite los sIguientes pronunciamenlos PRIMERO Declara CON LUGAR ol recurso de Apelación (...) SEGUNDO: Declara la NULIDAD ABSOLUTA de la decIsión dictada por la Juaza N° 09 do Primera Instancia en funciones do Control do esle Crcuilo Judicial Penal, en fecha 11 de Abnl del año 2006 [2005] (...) TERCERO: So ORDENA qua olro Juez do Control lleve a cabo la celebración de una audiencia los partes, incluida la victima, para debatir los motivos en que se fundamenta la solicitud de Sobreseimiento presentada por la representación Fiscal y dictar el fallo correspondiente (..)". (resaltado propio del texto).

Riela en los folios 59 al 61 de la primera pieza, Acta de Audiencia de Sobreseimiento celebrada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, en fecha 27 de abril de 2007, en la que se dejó constancia de la comparencia de la victima quien expuso sus alegatos. El Tribunal dictó el fallo correspondiente en el cual decretó el sobreseimiento de la causa penal GP01- P-2005-0000789 de conformidad con el numeral 2 del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.

Es menester para esta instancia judicial disciplinaria traer a colación las normas adjetivas penales vigente para el momento las cuales se encontraban previstas en el Código Orgánico Procesal Penal del 2001:

"Articulo 120. Derechos de la víctima. Quien de acuerdo con las disposiciones de querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos:

(.) 7. Ser oida por el tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de condicionalmenle.

8. Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

Articulo 173. Clasificación. Las decisiones del Inbunal seran emitidas mediante sentencia o autos fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación.

Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer Se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente.

Articulo 177. Plazos para decidir. El juez dictará las decisiones de mero trámite en el acto.

Los autos y las sentencias definitivas que sucedan a una audiencia oral serán En las acluacionos escritas las decisiones se dictarán dentro de los tres dias siguientes, Articulo 320. Solicitud de Sobreseimiento. El Fiscal solicitará el sobreseimiento al Juez de Control cuando, terminado el procedimiento preparatono, estime que proceden una o vanas de las causales que lo hagan procedente. En tal caso, se seguirá el trâmite previsto en el arlículo 323.

Articulo 323. Trámite. Presentada la solicitud de sobreseimiento. el juez convocará a las partes y a la victima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición salvo que estime que para comprobar el motivo, no sea necesario el debate.

Si el juez no acepta ta solictud enviará las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición fisca/ (..)". (subrayado propio de este TDJ) Ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a los derechos de la victima en el proceso penal lo siguiente:

Delgado Rosales, "(..omissis...) observa esta Sala que el Código Orgánico Procesal Penal ha propugnado como uno de los grandes avances de nuestro sistema penal, la consideración de la víctima como sujeto procesal, aunque no se constituya en acusador, por lo que, alcanzado tal reconocimiento legal, corresponde ahora a los operadores de justicia darle la debida importancia a la participación quo le ha sido concedida de manera expresa a través del articulo 120 eiusdem, y de forma indirecta mediante otras disposiciones legales del aludido texto adjelivo, que le atribuyen el derecho de intervenir en todo el proceso, aun en su fase de investigación y en cualquier caso en querellante, acusador privado o se hubiere adherido a la acusación fiscal, se le otorga el derecho de apelar de dichos fallos y los órganos jurisdiccionales se encuentran en la obligación de garantizar la vigencia plena de dichos derechos (..)". (subrayado propio de este TDJ) Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la audiencia para sobreseimiento y la prescindencia de la misma, se ha pronunciado en los siguientes términos:

Procesal Penal, establece que presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez podrá convocar a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debaltir los fundamentos de la pelición De lo anteriormente transcrito se evidencia que, en el nuevo proceso penal venezolano, asta regulada la protección a los derechos de la victima, y dentro de esos derechos está el de la notificación de la solicitud de sobreseimiento de la causa, a fin de que la victima pueda expresar parte del Ministerio Público de sobreseer la causa, no notificó a la victima, violando asl no sólo.el debido proceso. sino también su derecho a ser oído (..)". (subrayado propio de este TDJ) En sentencia 1195 del 21 de junio de 2004, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz:

"(...omissis...) "..no puede esta Sala omitir pronunciamiento en relación con las formalidades que debieron ser seguidas, dentro de la incidencia que dio lugar al decrelo judicial de sobreseimiento antes referida. En efecto, establece el artículo 323 Orgánico Procesal Penal que, luego de la presentación de la solicitud sobreseimiento, el Juez deberá, en principio, convocar a las partes y a la viclimoa B una audiencia oral dentro de la cual serán debatidos los fundamealos de la petición.

Es una regla general que constituye una inequívoca manifestación, legislador, de aseguramiento, en favor de todos los legítimamente interesados en al proceso, de la efectiva vigencia del derecho a la defensa que proclarna el arlículo necesario para la prueba del motivo del sobreseimiento. Ahora como se acaba de expresar, de una opción sobreseimiento, la cual, de una u olra manara, constitucional a la defensa, en beneficio de la celeridad y simple también proclama la Constilución a través decisión de prescindir del debate y por lalo para la exposición de lo aue estiman perlinen conclusivo, debe ser razonada o motivada.

evidente que las partes no debalieron, en a en cuestión, por del Código Orgánico Procesal Penal

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decretó dicho sobreseimiento ni en actuación procesal previa alguna, que la Jueza Sexta de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo hubiere decidido, de manera expresa, la no realización de la audiencia que prescnbe el ariculo 323 de la citada ley adjetiva, ni corao ins natural. consta motivación alguna de dicha decisión, Tal omisión constituye una infracción grave al debido proceso, en su concepto genérico, y a su concreción del derecho a la defensa, cuya tutela interesa al orden público y debe ser, por tanto, provista aun de oficio, dado los efectos negativos que el seguimiento de dicha conducta, por parte de otros órganos jurisdiccionales, produciría al interés social, tal como estableció esta Sala, en su fallo n° 1689, de 19 de julio de 2002, el cual, si bien referido al amparo, es, sin duda, de plena pertinencia para el proceso judicial en general. Se concluye, entonces. que la inmolivada decisión, por parte de la Jueza Sexta del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, de prescindir de la audiencia oral para que las partes debatieran sobre los fundamentos de la antes referida solicitud fiscal de sobreseimiento constituye no sólo una infracción al articulo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que la observada omisión condujo a una sena lesión del derecho fundamental a la defensa, en perjuicio de las partes involucradas en el proceso penal correspondiente, razón por la cual, por razones de orden público constitucional, debe esta Sala decretar, con base en el articulo 191 eiusdem, la nulidad absoluta del aulo que, el 26 de junio de 2002, dictó la Jueza Sexta del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, mediante el cual decretó el sobreseimiento de la antes referida causa penal, y la reposición de la misma al estado de que el Tribunal de Control del preseñalado Circuito Judicial Código Orgánico Procesal Penal. Asf se declara". (subrayado propio de este TDJ).

En sentencia 2419 del 14 de octubre de 2004, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz:

"(...omiss...) ".. En el análisis de la tramitación del sobreseimiento en referencia, observa esta juzgadora que se debe ir más allá de la infracción que se acaba de determinar, ello, por cuando el a quo omitió la valoración y consiguiente decisión, respecto de los vicios que la parte demandante imputó, en cuanto al contenido mismo del falló que atacá en la presente causa, sin perjuicio de las consideraciones adicionales que, de seguidas, hará esta Sala, en lo que concierne a la observancia de las reglas legales para la tramitación del sobreseimiento. En efecto, de acuerdo con el articulo 179 del Código Orgánico Procesal Penal. una vez que el Ministerio Público presentó la solicitud de sobreseimiento y el Tnbunal de Control la admitió éste debiò -y no consta que lo haya hecho- notificar de ello tanto a la supuesta victima como a quien, en su criterio tenía la cualidad de imputado asimismo, de acuerdo con el articulo 323 eiusdem, debió convocar -y tampoco aparece acreditado que hubiera hecho- a las partes a una audiencia, con el objeto de discutir los fundamentos de la pretensión fiscal, salvo que hubiera estimado que podía prescindir de la misma, lo cual tendría que haber decidido, so pena de nulidad mediante auto motivado, según lo exige el articulo 173 de la precipitada ley procesal Asi las cosas, se aprecia que, como consecuencia de las anotadas infracciones legales, la legitimidad pasiva privó tanto a la supuesta victima como al también supuesto imputado, de la oportunidad para que expresaran los alegatos que hubieran estimado pertinentes, a favor o en contra del contenido de la predicha solicitud que presentó la representación del Ministerio- Púlico, lo cual se tradujo en una manifiesta violación al derecho fundamental de ambas partes a la defensa (..)". (subrayado propio de este TDJ) Visto lo anterior, las victimas tienen derecho de intervenir en todo el proceso independientemente de si están constituidas o no como querellante, acusador privado o se hayan adherido a la acusación del Ministerio Público, por ser consideradas las victimas como sujetos procesales. Por ello, los jueces al tener conocimiento sobre la solicitud de sobreseimiento su deber es notificar a las partes y convocar a una audiencia especial para debatir los motivos de la solicitud y or a la victima, resguardando de esta manera el

potestad de decidir si es necesario el desarrollo de un debate o puede prescindir de ello. Asl las cosas, tenemos que una vez presentada la solicitud de sobreseimiento por parte del Ministerio Público, el juez de control tiene tres dias para resolver si convoca a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición fiscal, a los fines de resguardar los derechos e intereses de los sujetos procesales (Ministerio Público, imputado y víctima) o si decide por auto motivado la Incidencia de no celebrar la audiencia y resolver el sobreseimiento, de conformidad con fos artículos 173, 177 y la parte in fine del artículo 323, todos del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para el momento en que ocurre, los hechos.

necesaria quien suscribe la convocatoria a una audiencia para oir la partes de conformidad con lo alegó que "..respecto a solicitar el sobreseimiento de la causa penal y tomando en consideración por un error material involuntario de la Jueza investigada, pudo haberse obviado un aspecto procedimental que en todo caso no distorsión el fondo de la causa, motivado a que no revistió carácler penal y tampoco menoscabo los derechos de la presunta víctima..".

Revisadas las actuaciones de la jueza acusada se puede verificar que recibida la solicitud de sobreseimiento pasó a decidir sobre el mismo, sin convocar a la audiencia especial, si bien es cierto que la propia norma adjetiva establece una excepción la cual el juez podrá decidir si es necesario o no el debate para conocer de los motivos del sobreseimiento y oir a la victima, también es cierto que dicha excepción no implica que la jueza no establezca interpreta la Sala Constitucional en las sentencias parcialmente transcritas por esta instancia judicial.

Considera esta instancia judicial que la jueza acusada estaba obligada a fundamentar su decisión de no considerar necesaria la convocatoria de la audiencia, en observancia con los criterios del Máximo Tribunal de la República y lo previsto en la norma adjetiva penal vigente para el momento en que ocurrió el hecho disciplinable, a pesar de que era potestativo que la jueza acusada decidiera o no llevar a cabo la audiencia, se evidencia que la jueza acusada en su sentencia (folios 45 y 46, pieza 1) no fundamentó el porqué decidió prescindir de la audiencia especial. Asimismo, no se puede establecer esta conducta omisiva como un error material involuntario, tal como lo expresó la defensa pública, ya que revisado el presente expediente disciplinario no consta elementos de convicción que desvirtuén o justifiquen la actuación de la jueza acusada Con relación al alegato de la defensora pública en audiencia ".. la Juez investigada actúo apegada a derecho a solicitud del Ministerio Público. y a su vez dentro del marco juridico que nge Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, el cual prescribe que "El juez y la jueza an ojorcicio do sus funciones son independientes y autónomos. por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al ordenamiento Jurldico. Sus decisiones, en la intarprelación y aplicación de la ley y ol derecho. sólo podrán ser dentro da los límites del asunto sometido a su conocimiento y decisión Las órganos con competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas podrán examinar su idoneidad y excelencia, sin que ello constituye una Intervención Indebida en la actividad Jurisdicconal. De acuerdo a fielmente con lo previsto en la norma constitucional, on las normas sustantivas y adjetivas para verificar a través do un análisis integral que su desempeño soa idóneo para el cargo que ocupa. no sólo bajo los parámetros de la ética y excelencia sino que también en los _actuaciones erradas, mal fundamentadas, omisiones grotescas que ponen en tela de juicio la imagen y respetabilidad del Poder Judicial, este criterio ha sido reiterado por esta Jurisdicción Disciplinaria (vid. Sentencias N.° 12, 24, 26 y 01 del 03/04/2014, 17/06/2015, 04/08/2015 y 14/01/2016, respectivamente). Razones por las cuales, este órgano judicial desecha la argumentación de la defensa pública por no tener -en el presente caso disciplinario- un soporte juridico viable para ser tomado en consideración debido a que no se trata de interpretación de leyes sino de la aplicación de un procedimiento establecido en las leyes y criterios jurisprudenciales, vigentes para el momento en que sucedieron los hechos.

Por las apreciaciones expuestas, este TDJ estima que el actuar de la Jueza acusada -en este caso en particular- constituye un descuido injustificado en la tramitación de la causa GP01-P-2005-000789 por el hecho de declarar el sobreseimiento de la causa a favor del imputado Teodomira Alarcón Vivas, sin realizar la audiencia para oir a la victima y sin motivar las razones por las cuales prescindió de la misma. A tal efecto, quienes suscriben RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciUdadana MAGALY GUADALUPE NIETO RUEDA, por el hecho acusado por la IGT, de conformidad con el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, subsumido en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana de 2010. y actualmente establecido en el numeral 6 del articulo 27 del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana de 2015, que da lugar a la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN. Asi.se decide.

SEGUNDO: Con relación al presunto hecho de incurrir presuntamente en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de la causa GP01-P-2005-000789, "af librar las notificaciones de manera tardía, y ordenar la remisión del expediente al Archivo Judicial sin haber practicado las notificaciones correspondientes".

Alegó la IGT que "(..) en fecha 8 de julio de 2007 [2005]. es decir tres meses después de la decisión, se libraron las notificaciones a las partes, asl como el oficio N.° 20385 de la misma fecha, dirigido al Jefe del Archivo Central del Estado Carabobo (...)". Agregó que "(...) la Jueza investigada actuó con descuido y retardo injustificado, al librar de manera tardía las notificaciones de la decisión del sobreseimiento, pues a pesar de que quedó constatado que el día 15 de abnl del año 2005, hizo entrega del Tribunal por el disfrute de sus vacaciones, reincorporándose al mismo el dia 19 de mayo de ese mismo año, no fue sino hasta el 8 de julio cuando se emitieron las mismas, siendo que no conforme con elo, ordenó la remisión del expediente al archivo judicial, a sabiendas de que las partes y sobre todo la victima, no estaban notificadas, actuación que a criterio de la Corte de Apelaciones constituye un error en el procedimiento, que en detrimento del derecho de las partes para apelar(...".

Por su parte, la jueza acusada en su descargo alegó que: "(..) El 15 de Abril de 2005, tal como consta en asiento Nro. 02 del Libro Diario de Actuaciones, la Juez Magaly Guadalupe Nieto Rueda, le hace formal entrega det Tribunal a la Abogada Arelys Vélez Rodriguez, en virtud ddel dislrue de vacaciones, y reincoporada al cargo el Jueves 19 de Mayo de año 2005, asumiendo pates (.) so Iibraron tas notiticaclones a las parten, neral, imputado y víctima (.y". Agregó que "(. ) Un fecha 09/09/2005 la Fiscat (..) segón oficio N.º 08-F11-0708:05 de fecha 0g/09/200b a tos fines de garantizar el derecho a la víctima, al advertir quo la diropoión de la notificación ibrado a le misma, no es la correcta, Indicando la exacta, os por loq uo óste Tribunal a pasar do constar a Aolio (. ) el escudo do la vielma Antonta Elena Malploa de Contretas, solloltando las copias cortilicadas de la Sontenela del &obresolmiento, ordena medianta auto el 1i de saptierobre de realizó en osto Cueuito Judicial Penal la rotación anual de Juecos por lo que hasta ssta fecha estuvo en conocimiento del Asunto".

Continua expresando la jueza acusada qua "C..d la aludadara Antonia Elana Mapica de Contretas, el 17/1ovo5 Apela del Sobreselmlento dictado an fecha 11 de abril dal 2005, fundamentando su apolaclón en ol hecho de nunca haber sido notificada de tal dacisión. debidamente tramitada, correspondiendo la ponenola a la Doctora Allo la Garsis Niaholls, quien Declara con lugar el Reaurão de Apolación (.) declara la nulidad absoluta da la decisión dictada por quien susctibo (..) y ordena que atro Juez de Control love a cabo la celebración de uns audiencia especial (..)". Concluyó alegando que "(..) so pvidenaia que decretado el Sobresalmiento en fecha 11 de abril de 2007 [2006], so ordenó la nolificación de las partes, y consta en el Asunto que la cludadana Antonla Elena Malploa de Contraras, so dio nouficada si 13 de Julio de 2005, solicitando copla cortifianda da la doclalón (..) sjerolando el recurso de apelación y declarada la nulidad do la declslón por la Corto de Apolaolones ...".

La abogada Adriana Cadenas, en su carácter de Defensora Pública, en la audiencia oral y pública, celebrada ol 20 do Jullo de 2023 (follos 270 y 271, pleza 2), expuso que: (..) La constitucionales do la presunta viafima, a tal punto que os ella quien ojerca recurso ante la Corte do Apelaciones y obtlono un pronunciamiento de la misma; siendo Importante destacar que por ol hecho que se elovo a consulta a un árgano Judiclal superior a la instancia que tomó una primara decisión pronto a un caso, esto resultado do ser contrario a osta primara decisión no dabe revasir por si solo un acto sancionatorio contra la jueza investigada, por ser asta un mecanismo de control ordinario en los procesos judiciales y en ningún momento ae realza coa ln finalidad de colocar an n 6° del Area Matropoltana de Caricas, solicita soa desastimado al plantamiento do acusación disciplinaria realizada por la Inspectoria Genoral da Tibunales o en su defecto sa declaró el sobreseimiento por alipicidad de la conducta, loda vez qua Ia Juez Invastigada actão apegada a derecho a solicitud del Ministero Público, y a su vez dentro dal marco Juridico que rigo al prinaiplo de autonomía del juez venezolano (...)".

El ilicito disciplinario en el cual la IGT encuadró tal conducta, es el numeral 7 dal artículo 38 de la Ley de Carrera Judiclal norma vigente para el momento de la comisión del hecho, subsumido en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juaz y la Jueza Venezolana de 2010, y actualmente astablscido en el numeral 8 del articulo 27 dal Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana do 2015, El contenido del tipo discipinarlo sobre este Ilicito discipinario, fue desarrollado por esta Instancia judicial en el primor punto de esta decisión; criterlo que asumo para el presente caso, es por ello que se observa las sigulentes actuaciones realizadas por la jueza acusada en el expediente GP01-P-2005-000789:

Riela en los follos 45 y 48 de la primera pleza, santencla de fecha 11 de abril de 2008, suscrita por Ia jueza acusada, en los sigulentes tárminos:

(..omissis..)

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Por todos los razonamientos antenormente expuesto, este Tnbunal de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo.

Administrando Justicia en nombre de la República Bolivanana de Venezuela, y por autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la causa (...) Dada, sellada y fimada en la Sala de Audiencias del Tibunal Noveno de Control, a los once (11) días del mes de Abril del año 2005.

Publiquese, Registrese y Notifiquese a las partes (..)*. (resaltado propio del texto) (subrayado propio del TDJ) Riela en el folio 47 de la primera pieza, Boleta de Notificación GJ018OL2005015019, de fecha 8 de Julio de 2005 dirigida al Fiscal Undécimo del Ministerio Público (..) este Tribunal en fecha 11-04-2005 Decreto el Sobreseimiento de la Causa, a favor del Ciudadano (...) en la causa GP01-P-2005-000789. Notificacilón que se le hace a los fines legales consiguientes (.…..

Riela en el folio 48 de la primera pieza, Boleta de Notificación GJ01BOL2005015020, de fecha 8 de julio de 2005 dirigida al imputado "(.) este Tribunal en fecha 11-04-2005 Decreto el Sobreseimiento de la Causa, a su favor(..) en la causa GP01-P-2005-0789. Noticación qua se le hace a los fines legales consiguientes (.).

Riela en el folio 49 de la primera pleza, Boleta de Notificación GJ01BOL2005015021, de fecha 8 de julio de 2005 dirigida a la ciudadana Antonia Elena Malpica de Contreras "(.) este Tibunal de Control, en fecha 11-04-2005 DECRETO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA N° GP01-P-2005-000789, seguida a (..). Notifcación que se le hace a Usted, a los fines legales consiguientes (.…..

Riela en el folio 50 de la primera pieza, Oficio N.° 20,383, de fecha 8 de Julio de 2005 dirigido al Comisario del Cuerpo de Investigaciones Cientificas y Crminalisticas de la División de Información Policial, "(.) este Trbunal Noveno en Funciones de Control del Estado DECRETO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA (.) por lo que le solicito se sirva impartir las órdenes a objeto de hacer CESAR cualquier solicitud que pese sobre las mismos respecto a la presente actuación (..)" Riela en el folio 51 de la primera pieza, Oficio N.º 20.384, de fecha 8 de julio de 2005 dirigido al Director de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (.) este Tribunal Noveno en Funciones de Control del Estado Carabobo, por decisión dictada en fecha 11-04-2005, en la presente causa seguida al cludadano (...) DECRETO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA (…..

Riela en el folio 52 de la primera pieza, Oficio N.º 20.385, de fecha 8 de Julio de 2005 dirigido al jefe del Archivo Central del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, en los siguientes términos: (.) Adjunto al presante Oficio, cumplo en regir a Usted actuación N.° GP01-P-2005-00789, seguida (..) a las fines de que el mismo sea recibido para su guarda y custodia definitiva y posterior remisión a la oficina de Archivo Judiclal de la Circunscripción Judicial del Estado Carababo, en vitud que la presente causa se encuentra terminada(.)".

Riela en el folio 53 de la primera pieza, el Alguacil Lenny Gonzalez recibió en fecha 17 de octubre de 2005 diligencia presentada por la abogada de la ciudadana Antonia Elena Malpica de Gontrerasel, en los siguientes términos: (.) Apelar del sobreseimiento que fue Riela en los folios 54 al 58 de la primera pieza, sentencia de fecha 4 de mayo de 2006 dictada por la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, en los siguientes términos:

"(..omissis...) Esta Sala, para decidir, previamente observa:

(..) ésta procedió a decidir la solicitud fiscal el 11 de abnl de 2005, es dedr, cuatro días después, sin que existe entre el auto de recepción de los autos y el decisorio, alguna actuación tendiente a citar a la ciudadana ANTONIA ELENA MALPICA DE CONTRERAS, ni haber sido notificada las partes, y a pesar de que en la pare final del fallo que decretó el sobreseimiento se acordó notificar a las partes no se emitieron las respectivas boletas en esa fecha, sino hasta el 8 de Julio de 2005 que se dició un nuevo auto dando cumplimiento a lo ordenado, Indicándose en el mismo texto que se acordada remitir las actuaciones al Archivo Central para su postenor envío al Archivo Judicial lo cual conslifuve un error en el procedimiento porque uno de los efectos de la notificación es dar la posibilidad a las partes para que glarzan.al derecho de apelación así asl lo estimar en y más en este caso que se trataba de une decisión que por esa naturaleza, pone fin al proceso, Tampoco se evidencia de las actuaciones que esas notificaciones, emitidas el 8/07/05, se hubieran hecho efectivas y, más aún, cuando la propia fiscal en fecha 9 de septiembre, consignó anta ese Despacho el oficio N° 08-F-11-0796, en el cual textualmente señalaba:

"...Esta representación Fiscal, realizada, la revisión del expediente (...) Sobreseimiento de la causa a quien figura como víctima, ciudadana ANTONIA ELENA MALPICA DE CONTRERAS, a la direcciÓón (. .) siendo que la dirección es (..) razón por la cual solicito se coma tal error, a los fines de garantizar el derecho de la victima (..)"

Ese escrito fue agregado a los autos en focha 15 de septiembre de 2005 y la notificación se acordó el 24 de febrero de 2006 la cual tampoco se hizo afactóva nor cuanto en la boleta no se indicaba el nombre de la call del sabor donde estaba ubicada la casa, siendo que toda esta situación que consta en autos, constituye.a criterio de la Sala un incumplimiento del orden procesal y, más allá a la violación da garantías de rango constitucional, como lo son los citados principios, el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, por parte de la victima empañando la transparencia que debe distinguir toda actuación judicial.

Son estas las razones por las cuales la Sala, con fundamento en lo pravisto an los formalismos exigidos en los motivos alegados en el Recurso de Apelación, he considerado procedente y necesario, declarar la NULIDAD ABSOLUTA ds la decisión de sobreseimiento (..)". (resaltado propio de texto) (Subrayado proplo de esle TDJ) Riela en el folio 76 de la primera pieza, copia certificada del Libro Dial del Tribunal Noveno de Primera Instancia en función da Control 2005 en la que se dejó constancia que "(..) se lavanió Acta Juramentos de los Jueces de Control, en al cual la Juez Novens Abg Rueda, le hace formal entrega del Tribunal a la Ciudada ocasión de la suplencia a la que fuese convocada por Penal. En virtud del disfrute de las vacaciones de ls Juez Riela en el folio 77 de la primera pieza, copia Riela en el follo86 de la primera pieza, copla certificada del Libro Diario de Actuaciones del Tribunal Noveno de Primera Instancia en función de Control, de fecha 11 do abril do 2005 en la que se dejó constancia do "..) Rosolución En osta focha so pubica Sontoncin Intorfocutona do Sobrasoimento on ol presunto Asunto a solicitud do la Roprosontación Fiscal y do acuerdo a lo provisto on ol articulo 318 ordinal 2°" dol Código Orgónco Procosal Ponal Notiflaupsa alas pardos y romitaso con oficio al Archivo Gonoal...". (subrayado do este TDJ) Riela en el folio 89 de la primera pieza, copia certificada del Libro Diario de Actuaciones del Tribunal Noveno de Primera Instancia en función de Control, de fecha 8 do julio do 2005 en la que se dejó constancia do dos actuaciones relacionadas a la causa GP01-P- 2005-000789: 1- "(..) Ados do Comunicación. So libraron boletas de notificación a las partos a los fines de hacer de su conocimiento quo on focha 11-04-2005 so decralo sobreseimiento a la Emitir documento. So Nbrò oficio N.º 20.385 a la oficina dol Archvo contral romilióndolo anexo a prasonto causa a los fines do su guarda y custodia y posterior remisión al Archivo Judicial...". Riela en los folios 67 al 71, Certificación de dias de despacho del Tribunal Noveno de Primera Instancia en función de Control de los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2005. Se observa que desde el 11 de abril de 2005 (exclusive) hasta el 8 de julio de 2005, (inclusive) transcurrieron 60 dias de despacho; de los cuales 22 dias hábiles (del 15 de abril al 18 de mayo) estaba a cargo del tribunal la jueza suplente Arelis Veliz.

Revisadas las actuaciones, es necesario traer a colación las normas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal 2001, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos:

"Articulo 120. Derechos de la víctima. Quien de acuerdo con las disposiciones de (...) 2. Ser informada de los resultados del proceso, aun cuando no hubiere intervenido Articulo 173. Clasificación. Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sustanciación. Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer (...) Articulo 175. Pronunciamiento y notificación. Toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia pública, y con su lectura las partes quedan legalmente notificadas.

Los autos que no sean dictados en audiencia pública, y salvo disposición en contrario, se notificarán a las partes conforme a lo establecido en este Código.

Articulo 178. Decisión firme. Las decisiones judiciales quedarán firmes y agotado los recursos en su contra (...) Articulo 179. Principio general. Las decisiones, salvo disposición en contrario, serán notificadas dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, a menos que el juez disponga un plazo menor.

Articulo 325 Recurso. El Ministerio Público o la víctima, aun cuando no se haya querellado, podrán interponer recurso de apelación y de casación, contra el auto que declare el sobreseimiento".

El Máximo Trbunal se ha pronunciado respecto a las notificaciones y al archivo juaicial, encontramos que:

En sentencia 1284 del 19 de julio de 2001 de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, se consideró que "(..) El articulo 197 del Código Orgánico Procesal Penal confiere al juez la facultad de determinar cuales son los actos procesales que, por su naturaleza, deben ser notificados personalmente al afectado; al respecto

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proceso (.) en consecuencia, debe ser considerada entre los ados que, por su naturaleza, deben ser noicados personalmente a la parte interesada (".

En sentencia 2 del 24 de enero de 2001 de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta, se consideró que "(.) la violación al derecho a la defensa existe cuando los interesados no conocen el procedimiento que pueda afectados, so les impide su participación en él o el ejercicio de sus derechos, sa les prohibe realizar actividades probatorias o no se les notifican los actos que los afecten (...

En sentencia 389 de fecha 29 de octubre de 2004 de la Sala de Casación Penal con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Angulo Fontiveros, consideró que: "(..) Advierte /a Sala que los jueces no pueden ordenar el archivo del expediente sin que las partes tengan conocimiento de la sentencia y asl quedará protegido el derecho que tienen a Impugnar ol fallo mediante el recurso pertinente (..".

Ahora bien, el acto de notificación es un instrumento ineludible como verificación del cumplimiento de las garantías constitucionales de todo proceso. La notficación de los órgano jurisdiccional a fin de que éstos puedan adoptar en tiempo oportuno las conductas procesales que estimar en necesarias -entre ellos efectuar la interposición de los recursos ordinarios o extraordinarios- si considera que la sentencia le causa un agravio en su esfera de derechos y garantías constitucionales.

Es obligación de los jueces el notificar a las partes, pues es a partir de la última notificación, cuando comienza a computarse el lapso para la interposición de los recursos contra sentencias definitivas -como es en el presente caso, un sobreselmiento que pone fn recurso antes de agotarse la notificación de todas las partes que intervienen en la causa.

De lo anterior se colige, que efectivamente, se vulneran los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, a las partes con la omisión de su notificación. tal como ocurrió en el presente caso, cuando la jueza acusada 1) a pesar de haber ordenado en la sentencia (11/04/2005) la notificación de las partes no fueron emitidas: 2) no advertir dicha irregularidad tanto en la entrega del tribunal el (15/04/2005) asl como al notificaciones el 8/07/2005, después de haber transcurrido 60 dias de despacho, constituyéndose un retraso injustificado en la emisión de las notificaciones.

Se observa que la jueza acusada, el mismo dia que libró las notificaciones a las partes, es decir, el 08/07/2005, tamblén libró oficio N.° 20.385 dirigido al Jefe de Archivo Judicial del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Para esta instancia judicial, es necesario resaltar que la remisión del expediente a la Oficina de Archivo Judicial puede ocurrir cuando 1) se da por terminado el proceso o 2) a los fines de su mejor resguardo, en el entendido de que el mismo podrá ser recabado por el Juzgado en cualquier momento y en el caso en que cualquiera de los interesados lo solicitare, a fin de atender a las solicitudes que éstas tuvieran a bien hacer en el mismo.

el mismo Del oficio N.° 20.385 parcialmente transcrito, se Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en virtud que la presente causa se sin esperar las resultas de las notificaciones libradas por ella el 08/07/2005 y asi dejar transcurrir el lapso procesal para que las partes intentarán los recursos correspondientes. Es por elo que, este órgano judicial disciplinario considera que la jueza acusada incurrió en un ilicito disciplinario.

Por las apreciaciones expuestas, este TDJ estima que el actuar de la Jueza acusada -en este caso en particular- constituyen un retraso y descuido injustificado en la tramitación de la causa GP01-P-2005-000789 por el hecho de librar notificaciones de manera tardía, y ordenar la remisión del expediente al Archivo Judicial sin haber practicado las notificaciones correspondientes. A tal efecto, quienes suscriben la presente decisión, disciplinario, y en consecuencia se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana MAGALY GUADALUPE NIETO RUEDA, por el hecho acusado por la IGT, de conformidad con el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocuíeron los hechos, subsumido en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana de 2010, y actualmente establecido en el numeral 6 del articulo 27 del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana de 2015, que da lugar a la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN. Asi se decide.

V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide:

PRIMERO: Se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana MAGALY GUADALUPE NIETO RUEDA, antes identificada, en relación al hecho de incurrir en DESCUIDOS INJUSTIFICADOS en la tramitación de la causa penal GP01-P- 2005-000789 al declarar el sobreseimiento de la causa a favor del imputado Teodomiro las cuales prescindió de la misma, hecho que se encuadró en el tipo disciplinario calificado juridicamente por la Inspectoría General de Trbunales previsto en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, subsumido en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (2010) y actualmente previsto en el numeral 6 del artículo 27 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (2015), por lo que se impone la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN.

SEGUNDO: Se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana MAGALY GUADALUPE NIETO RUEDA, antes identificada, en relación al hecho de incurrir en RETRASOS Y DESCUIDOS INJUSTIFICADOS en la tramitación de la causa penal GP01-P-2005-000789 al Iibrar las notificaciones de manera tardía, y ordenar la correspondientes, hecho que se encuadró en el tipo disciplinario calificado jurídicamente por la Inspectoría General de Tribunales previsto en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, subsumido en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (2010) y actualmente previsto en el numeral 6 del articulo 27 del Cödigo de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (2015), por lo que se impone la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN.

Reglstrese y publíquese la presente decisión.

Asimismo, una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme, notifiquese al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Cludadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoria General de Tribunales, de confarmidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en concordancia con la sentencia N° 6 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 4 de febrero de 2018.

Dada y firmada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial, en la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, a los 0 de Ocure du/ 2023 Años_3_de la Independencia y.64de la Federación, HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ Juez Presidente JAGQUELINE SOSA MARIÑO CAREOS MEDIN AREJAS Jubz Jueza Ponente ALICIA MARÍN MARCANO Secretaria En fecha iez (J0) de Core de dos mil Vemil (zz3). siendo las (P), se publicó y registró la anterior decisión bajo el N°

2.00 T0T-50-2023-27.

HARCANO

página original (tal como se publicó)Página 23 de la Gaceta

Página 24

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)

Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.

Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.

Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria

Caracas – Venezuela

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.

http://www.imprentanacional.gob.ve

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AÑO CLI - MES X Número 42.921

Caracas, martes 16 de julio de 2024

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