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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 42.839

14 de marzo de 2024 · 24 páginas
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Caracas, jueves 14 de marzo de 2024 Número 42.839 AÑO CLI - MES VI

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la designación del ciudadano Franklin Ramírez Araque, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de la República de Belarús.

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la designación del ciudadano Nabil Abdul Khalek, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante los Emiratos Árabes Unidos.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Odalis Alvarado Reinoso, como Directora General de la Oficina de Planificación y Presupuesto, adscrita al Despacho del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE PLANIFICACIÓN Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA) Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Lourdes Josefina Cordero Torrelles, como Coordinadora de Fortalecimiento Comunitario, en calidad de Encargada, adscrita a la Gerencia de Desarrollo Comunal, de esta Corporación.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE COMERCIO NACIONAL Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano José Antonio Moreno Castillo, como Director General del Despacho de este Ministerio, en calidad de Encargado, las atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Resolución mediante la cual se crea el Programa Nacional de Formación Avanzada en Enfermería en Nefrología.

Resolución mediante la cual se crea el Programa Nacional de Formación Avanzada en Medicina Forense.

Resolución mediante la cual se crea el Programa Nacional de Formación Avanzada en Medicina Física y Rehabilitación.

Resolución mediante la cual se crea el Programa Nacional de Formación Avanzada en Psiquiatría y Salud Mental Comunitaria.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA ALIMENTACIÓN Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Beatriz de Jesús Jiménez Aliendres, como Directora Territorial del estado Monagas, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Anderson José García López, como Director Territorial del estado Apure, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Héctor Valentín Sánchez Colmenárez, como Director General de Políticas de Comercialización, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Marcos Antonio Aguilar González, como Director General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, de este Ministerio.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sala Constitucional “Existe un fuero de atracción respecto a la competencia por la materia, de los tribunales especializados en violencia de género, contenido en el artículo 118 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, visto que dada la especialidad de los tribunales en esa materia y en atención a lo dispuesto por el artículo mencionado, serán competentes para conocer de las acciones de amparo autónomos, en los cuales los derechos constitucionales vulnerados que se denuncien estén directamente ligados con víctimas que sean mujeres, niñas y las adolescentes, o las acciones de amparo donde concurran como víctimas niñas, niños o adolescentes de ambos sexos, los juzgados de Primera Instancia en Función de Juicio, con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, correspondientes a la jurisdicción en la cual hayan ocurrido las presuntas vulneraciones de derechos constitucionales en contra de las mujeres, niñas y las adolescentes, o donde concurran como víctimas niñas, niños o adolescentes de ambos sexos, ellos a los fines de garantizar el debido proceso y el juez natural, ya que debe velarse por el cumplimiento de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales, respecto a los derechos de las víctimas especialmente vulnerables como lo son las mujeres, siendo además que la competencia por la materia, es de estricto orden público”.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría del municipio Torres del estado Lara; y se designa a la ciudadana Lorena Emilia Alcalá de Durán, como Contralora Interventora.

Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría del municipio Urachiche del estado Yaracuy; y se designa al ciudadano Xavier Alexander Barrios Sierra, como Contralor Interventor.

Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría del municipio José Antonio Páez del estado Yaracuy; y se designa al ciudadano Elvis Emilio Merlo Mendoza, como Contralor Interventor.

Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría del municipio Independencia del estado Yaracuy; y se designa a la ciudadana Alexandra Coromoto Cedeño Colmenárez, como Contralora Interventora.

Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría del municipio Cocorote del estado Yaracuy; y se designa a la ciudadana Ana María Gómez Romero, como Contralora Interventora.

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463.742 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 14 de marzo de 2024

ASAMBLEA NACIONAL

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Vista la solicitud del Ejecutivo Nacional en oficio signado con la nomenclatura DM N° 000134 de fecha 20 de febrero de 2024, proveniente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ACUERDA

ÚNICO: Autorizar al ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, NICOLÁS MADURO MOROS, la designación del ciudadano FRANKLIN RAMÍREZ ARAQUE, Cédula de Identidad Nº V- 12.049.179, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de la República de Belarús.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veinticuatro. Años 213° de la Independencia, 165° de la Federación y 25° de la Revolución Bolivariana.

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Vista la solicitud del Ejecutivo Nacional en oficio signado con la nomenclatura DM N° 000135 de fecha 20 de febrero de 2024, proveniente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ACUERDA

ÚNICO: Autorizar al ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, NICOLÁS MADURO MOROS, la designación del ciudadano NABIL ABDUL KHALEK, Cédula de Identidad Nº V- 8.947.446, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante los Emiratos Árabes Unidos.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veinticuatro. Años 213° de la Independencia, 165° de la Federación y 25° de la Revolución Bolivariana.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES EXTERIORES

la

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Jueves 14 de marzo de 2024 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 463.743

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE PLANIFICACIÓN

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE COMERCIO NACIONAL

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10. Autorizar la suscripción, renovación, rescisión, liberación de garantías y cierres administrativos de contratos de prestación de servicios, ejecución de obras, comodatos, arrendamientos, mantenimiento y adquisición de bienes y suministros.

11. Autorización de las ayudas económicas que superen las treinta mil (30.000) Unidades Tributarias.

12. Requerir y recibir la rendición de cuenta de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, así como de los órganos servicios o desconcentrados dependientes de éste.

13. Autorizar la contratación de servicios de capacitación y adiestramiento requeridos por el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

14. Autorizar el otorgamiento de ayudas especiales a trabajadores del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

15. Autorizar la suscripción de contratos por concepto de honorarios profesionales y por prestación de servicios celebrados con personas naturales, previa aprobación del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional.

16. Aceptar las renuncias formuladas por los Funcionarios o Funcionarias de libre nombramiento y remoción designados por el Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, según lo previsto en el numeral 1 del artículo 78, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 117, único aparte, del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa.

17. Suscribir comunicaciones a cualquier institución pública o privada, en los estados, municipios y demás entes así territoriales, los distintos órganos a jurisdiccionales del Poder Judicial en representación del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

18. Suscribir y recibir comunicaciones del órgano de divulgación oficial del Ejecutivo Nacional, incluyendo las relacionadas con la actividad normativa del Ministerio.

19. La certificación de copias de los documentos que reposen en el archivo de la Dirección a su cargo.

Las atribuciones y firma de los actos y documentos indicados en los numerales precedentes, que fueren objeto de competencias_ o delegaciones_ concurrentes con otros funcionarios del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, podrán ser ejercidas y firmados indistintamente de manera conjunta o separada.

Artículo 2. Los actos y documentos firmados con motivo de esta Resolución deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, el número y la fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la cual haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3. El funcionario delegado deberá rendir cuenta al Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, de todos los actos y documentos que hubiere firmado haciendo uso de la delegación acordada en esta Resolución.

Artículo 4. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y/pubtiue

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ Ministro del Poder Popularde Comercio Nacional Decreto N° 4.914, de fecha de febrero de2024 G.O.R.B.V. N° 6.794 Extraordinario, de la,misma fecha

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N°0 2 2 CARACAS, 1 1 MAR 2024

AÑOS 213°, 165° Y 25 ° En ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numerales 1, 2, 3, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 4021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual se regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el subsistema de educación universitaria, este Despacho Ministerial;

POR CUANTO El Plan de la Patria establece como objetivo Nacional el desarrollo de nuestras capacidades científico tecnológicas, vinculadas a las necesidades del pueblo y, en la perspectiva de construir una sociedad igualitaria y justa, se plantea como objetivo estratégico garantizar el derecho a la educación para todas y todos con calidad y pertinencia.

POR CUANTO El Plan de la Patria formula como uno de sus objetivos estratégicos la construcción de una sociedad igualitaria y justa, a través de la formación de los distintos profesionales que se desempeñan en el área de la salud, procurando así la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud y la profundización de la atención de la población venezolana en forma universal y desde la perspectiva de la promoción de la calidad de vida y el buen vivir, la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación oportunas y de calidad.

POR CUANTO El Ejecutivo Nacional a través del Órgano con competencia en la materia debe generar propuestas de formación avanzada para elevar el nivel académico y el desempeño profesional de un personal de salud altamente calificado, especializado y con un amplio desarrollo humanístico, social, inclusivo, con calidad y pertinencia, que permitan garantizar dar respuesta a las demandas sociales.

POR CUANTO

La formación de especialistas con pertenencia social, conocimientos, habilidades, destrezas, capacidad para resolución de problemas y portador de valores humanos, alta sensibilidad social y sentido de compromiso ético y moral para atender las personas con disfunción renal en todas las áreas del Sistema Público Nacional de Salud,

RESUELVE Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada en Enfermería en Nefrología, con el propósito de formar especialistas, para trabajar con personas que padecen disfunción renal, asistiéndolas para recuperar su salud y preservar sus vidas, mediante la observación y valoración constante de su evolución, el apoyo en la toma de decisiones referentes al tratamiento sustitutiva renal, soporte nutricional, tratamiento farmacológico y cuidados de los accesos vasculares, con vocación social de servicio; enfatizando la promoción de la salud y prevención de las discapacidades de todo tipo, en corresponsabilidad con las políticas estratégicas del Estado Venezolano.

Artículo 2. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Enfermería en Nefrología considera los siguientes objetivos:

1) Desarrollar conocimiento teórico-práctico, que consolide el quehacer de la enfermería en Nefrología.

2) Generar saberes que optimicen los cuidados integrales de las personas con disfuncionalidad renal, fomentando el buen vivir desde una visión integral que involucre a la familia, con el fin de instaurar una visión transformadora del proceso enfermero.

3) Construir cuerpos teóricos que fortalezcan el quehacer enfermero en el área de Nefrología, mediante procesos de investigación rigurosa y contextualizada sobre las formas de cuidar, preservar la salud y rehabilitar a las personas con disfuncionalidad renal.

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Artículo 3. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Enfermería en Nefrología, otorgará el Grado Académico de Especialista en Enfermería en Nefrología, luego de haber cumplido con la aprobación de veintisiete (27) Unidades de Crédito, haber presentado y aprobado del Trabajo Especial de Grado y demás requisitos que apliquen, y el Grado Académico de Magíster en Enfermería en Nefrología, luego de haber cumplido con la aprobación de treinta y seis (36) Unidades de Crédito, haber presentado y aprobado del Trabajo de Grado y demás requisitos que apliquen.

Artículo 4. El Despacho del Viceministro o Viceministra para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria queda encargado o encargada de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 5. La Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este acto.

Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese y Publíquese, Bolivariano T EDUCACION NVREoS A SANDRA OBLITAS RUZZA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Decreto N° 4.804 de fecha 17 de abril de 2023 Gaceta Oficial N° 42.610 de fecha 17 de abril de 2023

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 0 2 3' CARACAS, 1 1 MAR 2024 AÑOS 213°, 165° Y 25° En ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numerales 1, 2, 3, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 4021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual se regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el subsistema de educación universitaria, este Despacho Ministerial;

POR CUANTO El Plan de la Patria establece como objetivo Nacional el desarrollo de nuestras capacidades científico tecnológicas, vinculadas a las necesidades del pueblo y, en la perspectiva de construir una sociedad igualitaria y justa, se plantea como objetivo estratégico garantizar el derecho a la educación para todas y todos con calidad y pertinencia.

POR CUANTO El Plan de la Patria formula como uno de sus objetivos estratégicos la construcción de una sociedad igualitaria y justa, a través de la formación de los distintos profesionales que se desempeñan en el área de la salud, procurando así la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud y la profundización de la atención de la población venezolana en forma universal y desde la perspectiva de la promoción de la calidad de vida y el buen vivir, la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación oportunas y de calidad.

POR CUANTO El Ejecutivo Nacional a través del Órgano con competencia en la materia debe generar propuestas de formación avanzada para elevar el nivel académico y el desempeño profesional de un personal de salud altamente calificado, especializado y con un amplio desarrollo humanístico, social, inclusivo, con calidad y pertinencia, que permitan garantizar dar respuesta a las demandas sociales.

POR CUANTO La formación de médicas y médicos especialistas con pertenencia social, conocimientos, habilidades, destrezas, capacidad para resolución de problemas y portador de valores humanos, alta sensibilidad social y sentido de compromiso ético y moral para coadyuvar con el proceso de administración de justicia, la seguridad ciudadana, para garantizar la respuesta oportuna y eficaz a las exigencias de la administración de justicia.

RESUELVE

Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada en Medicina Forense, con el propósito de aplicar conocimientos técnicoscientíficos para el esclarecimiento de accidentes y hechos violentos, desde pruebas periciales de carácter médico-legal, así como la prestación de servicios, a victimas y victimarios, aplicando protocolos internacionales en Materia de Derechos Humanos y en otros que le sean llamado desde la administración de la justicia.

Artículo 2. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Medicina Forense considera los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar muertes en casos de herida por arma blanca y/o heridas por proyectil de arma de fuego.

2. Reconocer la importancia del perito médico forense en el estudio de las víctimas de lesión en accidentes de tránsito.

3. Conocer la importancia de las diferentes ramas de la medicina y de otras ciencias afín, para coadyuvar con las leyes insertas en el proceso de la investigación penal.

4. Comprender e interpretar los fenómenos, alteraciones y trasformaciones que se suceden en los cadáveres, para el momento de la muerte.

5. Analizar las determinantes sociales que inciden sobre los hechos violentos, para la determinación del momento de la muerte, el estudio de las víctimas y de las lesiones en los diferentes eventos que se puedan producir.

6. Promover una interrelación médico forense / victima -victimario / familia, que genere vínculos de confianza, cooperación, solidaridad y respeto mutuos.

7. Desarrollar fundamentos teóricos, para el abordaje manejo, registro, análisis y obtención de evidencias en el cadáver, de acuerdo a las diferentes causas de muertes.

8. Comprender la importancia de la documentación y preservación de la escena del sitio del suceso como elemento de información necesario, que sirva como pilares para orientar la investigación y pruebas en etapas posteriores.

Artículo 3. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Medicina Forense, otorgará el Grado Académico de Especialista en Medicina Forense, luego de haber cumplido con la aprobación de cuarenta de Grado y demás requisitos que apliquen.

Artículo 4. El Despacho del Viceministro o Viceministra para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria queda encargado o encargada de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 5. La Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este acto.

Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Re Slica Bolivariana de Venezuela.

Comuniauese y Publíquese, SANDRA OBLITAS RUZZA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Decreto N° 4.804 de fecha 17 de abril de 2023 Gaceta Oficial N° 42.610 de fecha 17 de abril de 2023

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 0 2 4' CARACAS, 1 1 MAR 2024 AÑOS 213°, 165° Y 25° En ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numerales 1, 2, 3, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 4021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual se regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el subsistema de educación universitaria, este Despacho Ministerial;

POR CUANTO El Plan de la Patria establece como objetivo Nacional el desarrollo de nuestras capacidades científico tecnológicas, vinculadas a las necesidades del pueblo y, en la perspectiva de construir una sociedad igualitaria y justa, se plantea como objetivo estratégico garantizar el derecho a la educación para todas y todos con calidad y pertinencia.

POR CUANTO El Plan de la Patria formula como uno de sus objetivos estratégicos la construcción de una sociedad igualitaria y justa, a través de la formación de los distintos profesionales que se desempeñan en el área de la salud, procurando así la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud y la profundización de la atención de la población venezolana en forma universal y desde la perspectiva de la promoción de la calidad de vida y el buen vivir, la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación oportunas y de calidad.

POR CUANTO El Ejecutivo Nacional a través del Órgano con competencia en la materia debe generar propuestas de formación avanzada para elevar el nivel académico y el desempeño profesional de un personal de salud altamente calificado, especializado y con un amplio desarrollo humanístico, social, inclusivo, con calidad y pertinencia, que permitan garantizar dar respuesta a las demandas sociales.

POR CUANTO La formación de médicas y médicos especialistas con pertenencia social, problemas y portador de valores humanos, alta sensibilidad social y sentido de compromiso ético y moral para atender pacientes con deficiencia o dificultades físicas, coadyuvando la preservación de la vida,

RESUELVE Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada en Medicina Física y Rehabilitación, con el propósito de formar especialistas competentes, a fin de brindar atención médica integral a personas con deficiencias o dificultades estructurales, limitaciones funcionales por enfermedades o lesiones, discapacidad temporal o permanente, con calidad científica, sentido humanista y vocación social de servicio.

Artículo 2. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Medicina Física y Rehabilitación considera los siguientes objetivos específicos:

1. Adquirir los conocimientos científicos, prácticos y saberes que orienten al profesional en el área de la Medicina Física y Rehabilitación, con la finalidad de proporcionar una atención médica holística, eficaz y eficiente a la población, respetando la diversidad social, cultural y espiritual, que garantice el acercamiento y trato humano de calidad.

2. Capacitar sobre los aspectos teóricos-metodológicos para el análisis, que viabilice la profundización de conocimientos científicos, prácticos y tecnológicos referentes a la especialidad a través de un desarrollo profesional continuo, y sistemático que garantice atención efectiva de la población con enfermedades del Sistema Osteo-Músculo-articular.

3. Participar en proyectos de investigación científica siguiendo las líneas de acción priorizadas por el Órgano con competencia en la materia, aplicando los conocimientos de la epidemiología clínica, tecnológicas, de gestión social y de servicios, relacionadas con la especialidad en aras de obtener respuestas que permitan solventar demandas sociales en materia de salud en el área de la medicina física y rehabilitación.

4. Evaluar planes, acciones y estrategias necesarias para coordinar a los equipos de salud en el manejo y prevención de la discapacidad en el ámbito comunitario o institucional.

Artículo 3. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Medicina Física y Rehabilitación, otorgará el Grado Académico de Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, luego de haber cumplido con la aprobación de sesenta y siete (67) Unidades de Crédito, haber presentado y aprobado del Trabajo Especial de Grado y demás requisitos que apliquen.

Artículo 4. El Despacho del Viceministro o Viceministra para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria queda encargado o encargada de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 5. La Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este acto.

Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comunfquese y Publíquese, Bolivanano f EDUCACIOH UNVE IF SANDRA OBLITAS RUZZA PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Decreto N° 4.804 de fecha 17 de abril de 2023 Gaceta Oficial N° 42.610 de fecha 17 de abril de 2023

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 0 2 5 CARACAS, [1 1 MAR 2024 AÑOS 213°, 165° Y 25° En ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numerales 1, 2, 3, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 4021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual se regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el subsistema de educación universitaria, este Despacho Ministerial;

POR CUANTO El Plan de la Patria establece como objetivo Nacional el desarrollo de nuestras capacidades científico tecnológicas, vinculadas a las necesidades del pueblo y, en la perspectiva de construir una sociedad igualitaria y justa, se plantea como objetivo estratégico garantizar el derecho a la educación para todas y todos con calidad y pertinencia.

POR CUANTO El Plan de la Patria formula como uno de sus objetivos estratégicos la construcción de una sociedad igualitaria y justa, a través de la formación de los distintos profesionales que se desempeñan en el área de la salud, procurando así la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud y la profundización de la atención de la población venezolana en forma universal y desde la perspectiva de la promoción de la calidad de vida y el buen vivir, la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación oportunas y de calidad.

POR CUANTO El Ejecutivo Nacional a través del Órgano con competencia en la materia debe generar propuestas de formación avanzada para elevar el nivel académico y el desempeño profesional de un personal de salud altamente calificado, especializado y con un amplio desarrollo humanístico, socia!, inclusivo, con calidad y pertinencia, que permitan garantizar dar respuesta a las demandas sociales.

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POR CUANTO La formación de médicas y médicos especialistas con pertenencia social, conocimientos, habilidades, destrezas, capacidad para resolución de problemas y portador de valores humanos, alta sensibilidad social y sentido de compromiso ético y moral para el desarrollo de acciones de diagnóstico, promoción de la salud y prevención de trastornos mentales de personas adultas,

RESUELVE

Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada en Psiquiatría y Salud Mental Comunitaria, con el propósito de formar especialistas competentes, a fin de brindar atención médica integral para la detección temprana de trastornos mentales, atender, tratar integralmente y rehabilitar psicosocialmente a las personas en estado de desequilibrio y trastornos mentales; el cual permitirá al individuo interactuar con su medio de manera activa, propiciando su crecimiento y bienestar en su ambiente social, buscando así mejorar sus condiciones de vida. Su desempeño profesional estará orientado hacia el trabajo en y con la comunidad.

Artículo 2. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Psiquiatría y Salud Mental Comunitaria considera los siguientes objetivos específicos:

1. Adquirir conocimientos y capacidades para el desarrollo de acciones de promoción de la Salud Mental, prevención de los trastornos mentales, la detección temprana de los mismos y la atención integral de las Personas con trastornos en la esfera mental 2. Garantizar la formación a través del Proceso de Atención Integral, para lograr la consolidación de cada uno de los patrones de pensamiento del Especialista en Psiquiatría y Salud Mental.

3. Desarrollar competencias y habilidades propias en el área de la salud mental, desde una visión comunitaria e integradora desde las instituciones formadoras autorizadas.

4. Llevar a cabo acciones desde la promoción de la salud mental, prevención del trastorno mental, en pro del bienestar emocional y psicológico, mediante la investigación, en corresponsabilidad con las políticas estratégicas del Estado Venezolano.

Artículo 3. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Psiquiatría y Salud Mental Comunitaria, otorgará el Grado Académico de Especialista en Psiquiatría y Salud Mental Comunitaria, luego de haber cumplido con la aprobación de setenta y dos (72) Unidades de demás requisitos que apliquen.

Artículo 4. El Despacho del Viceministro o Viceministra para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria queda encargado o encargada de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 5. La Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este acto.

Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquee y Publíquese, Bolivanal : VAM Ectai E

MINISTRA DÊL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Decreto N° 4.804 de fecha 17 de abril de 2023 Gaceta Oficial N° 42.610 de fecha 17 de abril de 2023

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 004-2024

Caracas, 27 de febrero de 2024

Años 213°, 165º y 25° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLoS AUGUSTo LEAL TELLERÍA, designado mediante el Decreto N° 3.823 de fecha 15 de abril de 2019, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.449 Extraordinaria, de fecha 15 de abril de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 y los numerales 2, 3 y 19 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5, y los artículos 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar a la Ciudadana BEATRIZ DE JESÚS JIMÉNEZ ALIENDRES, titular de la cédula de identidad N°: V-20.000.191, como Directora Territorial del Estado Monagas de este Ministerio, conforme a lo aprobado mediante Punto de Cuenta Nº: 011-2024, de fecha 26/02/2024, emitido por la Oficina de Gestión Humana.

ARTícuLo 2. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la ciudadana designada, la fecha y número del presente acto.

ARTícuLo 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción y sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, la funcionaria designada deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo.

ARTícuLo 4. La presente Resglución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Belivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA, MINISTRO'DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 005-2024

Caracas, 27 de febrero de 2024

Años 213°, 165° y 25° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLoS AUGuSTO LEAL TELLERÍA, designado mediante el Decreto N° 3.823 de fecha 15 de abril de 2019, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.449 Extraordinaria, de fecha 15 de abril de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 y los numerales 2, 3 y 19 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5, y los artículos 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano ANDERSON JOSÉ GARCÍA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N°: V-21.346.192, como Director Territorial del Estado Apure de este Ministerio, conforme a lo aprobado mediante Punto de Cuenta N°: 003-2024, de fecha 22/01/2024, emitido por la Oficina de Gestión Humana.

página original (tal como se publicó)Página 7 de la Gaceta

Página 8

ARTícuLo 2. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del ciudadano designado, la fecha y número del presente acto.

ARTícuLo 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción y sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, el funcionario designado deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo.

ARTícuLo 4. La presente Resolución-entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA, MINISTRO DEL PODER POPULAR- PARA LA ALIMENTACIÓN MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 006-2024 Caracas, 04 de marzo de 2024 Años 213°, 165° y 250 RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLoS AUGuSTO LEAL TELLERÍA, designado mediante el Decreto N° 3.823 de fecha 15 de abril de 2019, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.449 Extraordinaria, de fecha 15 de abril de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 y los numerales 2, 3 y 19 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5, y los artículos 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar al Ciudadano HÉCTOR VALENTÍN SÁNCHEZ COLMENAREz, titular de la cédula de identidad N° V-16.597.333, como DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN de este Ministerio.

ARTícuLo 2. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del ciudadano designado, la fecha y número del presente acto y la fecha y número de la Gaceta Oficial en que haya sido publicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

ARTícuLo 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción y sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el funcionario designado deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo.

ARTícuLo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA, MINISTRQ DEL PODER-POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN IMINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 007-2024 Caracas, 04 de marzo de 2024 Años 213°, 165º y 25º RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLoS AUGUSTO LEAL TELLERÍA, designado mediante el Decreto N° 3.823 de fecha 15 de abril de 2019, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 6.449 Extraordinaria, de fecha 15 de abril de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 y los numerales 2, 3 y 19 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5, y los artículos 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar al Ciudadano MARCOS ANTONIO AGUILAR GONzÁLEz, titular de la cédula de identidad N° V-6.894.110, como DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS de eSte MiniSterio.

ARTícuLo 2. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del ciudadano designado, la fecha y número del presente acto y la fecha y número de la Gaceta Oficial en que haya sido publicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

ARTicuLo 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción y sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el funcionario designado deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo.

ARTicuLo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA MINISTRO DEL PODER-POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN Ministe MINISTRO

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 1887 LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE 19-0440

MAGISTRADA PONENTE: MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET Consta en autos que, el 12 de agosto de 2019, compareció por ante la Secretaría de esta Sala Constitucional. el abogado Jesús Andrés Durán Romero, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.° V-14.044.694, abogado en ejercicio, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N.° 181.060, actuando en nombre y representación de la ciudadana LUISA CHANI LANZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.° V-9.856.155, indígena de la etnia peon, perteneciente a la comunidad indígena de Kanayeuta, ubicada en el Municipio Gran Sabana del Estado Bolivar, representación la suya que consta del instrumento poder, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Ciudad Bolívar, Municipio Heres del Estado Bolívar, quedando asentado bajo el N.° 3, Tomo 33, Folios 8 al 10 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; e interpuso lo que denominó como "acción de amparo constitucional por intereses difusos", presentada conjuntamente con solicitud de medida cautelar, intentada contra los ciudadanos Ángel Lino Páez Romero, venezolano, mayor de edad. titular de la cédula de identidad N.° V-16.757.009, indígena venezolano de la etnia peon. perteneciente a la comunidad indígena de Kanayeuta, quien es el Secretario General del Sector VI y además uno de los jefes de la llamada Seguridad Territorial Indígena y Eugenio Español, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.° V-13.685.693, también indígena venezolano de la etnia peon y quien es el Capitán de la comunidad indígena de Kanayeuta.

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Luego de la recepción del presente asunto, se dio cuenta en Sala por auto del 12 de agosto de 2019 y se designó ponente al Magistrado Doctor ARCADIO DELGADO ROSALES.

El 22 de octubre de 2019, se recibió en la Secretaría de la Sala, diligencia presentada el abogado Jesús Andrés Durán Romero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LUISA CHANI LANZ, ya todos identificados, mediante la cual solicitó pronunciamiento en el presente asunto, así como manifestó el interés procesal de su representada en obtener resultas de la acción planteada.

El 12 de marzo de 2020, se recibió en la Secretaría de la Sala, diligencia presentada el abogado Jesús Andrés Durán Romero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LUISA CHANI LANZ, ya todos identificados, mediante la cual solicitó pronunciamiento en el presente asunto, así como manifestó el interés procesal de su representada jen obtener resultas de la acción planteada.

El 27 de abril de 2022, se reunieron en el Salón de Audiencias de esta Sala los ciudadanos Magistrados Doctores Gladys Maria Gutiérrez Alvarado, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Ortega Rios y Tania D'Amelio Cardiet, a los fines de la instalación de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta, Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta, y los Magistrados Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Ortega Rios y Tania D'Amelio Cardiet.

El 2 de mayo de 2022, la presente ponencia fue reasignada al Magistrado Doctor CALIXTO ORTEGA RIOS.

El 27 de septiembre de 2022, vista la licencia autorizada por la Sala Plena de este Alto Tribunal al Magistrado Calixto Ortega Rios, se incorpora para cubrir su ausencia a la Magistrada Michel Adriana Velásquez Griliet, por lo que se reconstituye la Sala, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, Magistrada Tania D'Amelio Cardiet y Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet.

El 22 de mayo de 2023, la presente ponencia fue reasignada a la Magistrada MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Efectuado el análisis del escrito de solicitud consignado en el presente caso, esta Sala para decidir, pasa a hacer las siguientes observaciones:

1 FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO Expone el abogado accionante Jesús Andrés Durán Romero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LUISA CHANI LANZ, ya todos identificados, que la presente acción de amparo constitucional es intentada contra los ciudadanos Ángel Lino Páez Romero y Eugenio Español, ya identificados, exponiendo sus alegatos de la siguiente manera:

Señalaron que: "(..) acudo ante su competente autoridad para interponer Acción de Amparo Constitucional por intereses difusos, contra los Ciudadanos: ÁNGEL LINO PAEZ (sic) ROMERQ (...) quien es el Secretario General del Sector (VI) y además uno de los jefes de la llamada Seguridad Territorial Indígena y EUGENIO ESPANOL (..) también indigena de la misma etria y quien es CAPITÁN de la comunidad indígena de KANAYEUTA (...)".

(Mayúsculas, subrayado y negrillas, propios del escrito).

Manifestaron que: " En fecha: 18/07/2019, se suscitaron unos hechos violentos en la comunidad indígena de la etnia peon de KANAYEUTA ubicada en el Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, encabezado por el ciudadano capitán de dicha comunidad EUGENIO ESPAÑOL arriba ya identificado y el ciudadano ÁNGEL LINO PAEZ (sic) ROMERO también ya identificado y quien es Secretario General del Consejo de Caciques General del Pueblo peon y uno de los jefes y responsable directo de la llamada Seguridad Territorial Indígena, (...) como a las 3 de la tarde, mi representada recibió esa visita inesperada y violenta (...) amenazándola diciéndole que tenía que irse de la comunidad porque no los quieren más alli sencillamente porque él y el capitán son los que mandan y que por informes y quejas que según él han recibido de los demás habitantes de la comunidad que son malos vecinos y no los quieren más allí y que si no salen sus vidas corren peligro, después de la amenaza le dio tres días para que desalojar a el lugar de trabajo y su casa y digo lugar de trabajo porque ella y su familia son persona humildes y trabaja la agricultura y tiene un conuco donde tienen sembrado yuca, plátano, topocho, aji, pimentón, cebollín (...)". (Mayúsculas, subrayado y negrillas, propios del escrito).

Precisaron que: "(..) se encontraban el plena faena de trabajo cuando de repente vieron que uno de sus hijos venía con dos individuos y algunos de la comunidad de la familia Sánchez y uno de ellos le dijeron que querían hablar con ellos y fue así como empezó todo, caminaron hacía la casa y al llegar a la misma estaba llena de personas de la comunidad especialmente la familia Sánchez y puro indígenas de la llamada Seguridad Indígena Territorial fuertemente armados con machetes, palos, cuchillos, piedras, estaban algunos capitanes de otras comunidades (...) al rato también aparece el señor ÁNGEL PAEZ (sic) de la Seguridad Indígena fuertemente armada hasta Ios dientes en una camioneta y y es alli donde someten a la fuerza a el esposo de mi defendida el señor ALIRIO ÁLVAREZ sUCRE de 50 años de edad y titular de Ia cédula de identidad Ne 10:006.323, lo golpearon con la culata del fusil y luego su hijo al ver que golpearon salvajemente a su papá grito en auxilio de su padre y también fue objeto de una paliza por pate de estos grupos armadas de la Seguridad Territorial Indígena, (..)".(Mayúsculas, subrayado y negrillas, propios del escrito).

Precisaron que: "(..) inicialmente habían dado un chance de tres dias para que se fueran por las buenas, pero como no buscaron maneras de irse se adelantaron y antes de los tres días decidieron despojarlos de su conuco, de su casa, se adueñaron hasta de su ropa, les tumbaron sus tres chocitas que tenían, le quitaron hasta la comida, se llevaron bolso de ropa de MIGUEL CHANI quien es un miembro fundador de la Gran Sabana y actualmente tiene 80 años, es decir es un adulto mayor que presencia todo ese atropello, (..)". (Mayúsculas, subrayado y negrillas, propios del escrito).

Dijeron que: "El [C]capitán Eugenio Español y Ángel Páez conjuntamente con los demás de la llamada seguridad indígena siempre se presentan armados con fusiles, escopetas, y además amenazando a todos los trabajadores campesinos agricultores a objeto de que ceda sus desmedidas pretensiones de entregarles el producto de un arduo trabajo".

También argumentaron que: "(.) la presente acción de amparo constitucional tiene como propósito la tutela de los derechos constitucionales denunciados como violados por la accionante, LUISA CHANI LANZ, para lograr un mandamiento en su ámbito productivo, esto es, la actividad agrícola y la actividad de la pequeña minería en la Gran Sabana, en muchos lugares cercanos de la comunidad de KANAYEUTA (..) también el capitán indígena EUGENIO ESPAÑOL y el señor ÁNGEL LINO PAEZ (sic) ROMERO, libremente por su conuco y por su comunidad (..)". (Mayúsculas, subrayado y negrillas, propios del escrito).

Indicaron que: "se presenta la siguiente SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA y una vez vistos los hechos alegados por esta representación y tomando en cuenta las amplias facultades cautelares concebidas por el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a esta Sala Constitucional y, vista la posible afectación no solo de la esfera personal de mi representada sino de la República y de cualquier solicitar las siguientes medidas cautelares de acuerdo a los siguientes términos: (...)".

(Mayúsculas, subrayado y negrillas, propios del escrito).

Y finalmente solicitaron que: "(..) en vista de la conducta y situaciones de hecho asumida por el señor capitán EUGENIO ESPAÑOL y el señor ÁNGEL LINO PAEZ(sic) ROMERO, Secretario General del Sector (VI) y además uno de los jefes de la llamada Seguridad Territorial Indígena, en vista de que estamos en presencia quizás de una situación que no solamente podría afectar el medio de sustento y de producción de mi representada, y sus derechos como mujer e indígena, sino más bien que de algún manera también en el caso particular de una actividad que tal vez por la zona e influencia del arco minero, se podría lesionar intereses de la economía nacional con fundamento en todo lo expuesto, (..)". (Mayúsculas, subrayado y negrillas, propios del escrito).

Para la fundamentación del amparo constitucional, denunció el solicitante que presuntamente se le han qucbrantado a su representada los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y sin discriminaciones por razón del sexo, a la tutela judicial efectiva, a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la inviolabilidad del hogar doméstico, al debido proceso, a la defensa, a ser oída, al libre tránsito, a la protección de la familia, a la protección de los derechos de los niños, a la protección de los ancianos, a la vivienda, al trabajo, a la no discriminación en el trabajo, al aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio indígena, a la práctica económica en los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, a la justicia indígena y a la seguridad alimentaria, establecidos, respectivamente, en los artícuios 21.1, 26, 43, 44, 46, 47, 49, 49.1, 49.3, 50, 75, 78, 80, 82, 87, 89.5, 120, 123, 260 y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

página original (tal como se publicó)Página 9 de la Gaceta

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II DE LA RECONDUCCIÓN DE LA ACCIÓN DE AMPARO EJERCIDA Observa la Sala que fue incoada la presente acción de amparo constitucional por intereses difusos, contra dos particulares, por la presunta violación de varios derechos constitucionales, reconocidos y previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venczuela.

Ahora bien, ha señalado esta Sala en sentencia N.º 656 del 30 de junio de 2000, (caso: “Dilia Parra Guillén") que:

"(...) Independientemente del concepto que rija al derecho o interés difuso, como parte que es de la defensa de la ciudadanía, su finalidad es satisfacer necesidades sociales o colectivas, antepuestas a las individuales.

El derecho o interés difuso, debido a que la lesión que lo infringe es general (a la población o a extensos sectores de ella), vincula a personas que no se conocen entre sí.

que individualmente pueden carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellas, que en principio son indeterminadas, unidas sólo por la misma situación de daño o peligro en que se encuentran como miembros de una sociedad, y por el derecho que en todos nace de que se les proteja la calidad de la vida, tutelada por la Constitución.

(… Es la afectación o lesión común de la calidad de vida, que atañe a cualquier componente de la población o de la sociedad como tal, independientemente de las relaciones juridicas que pueda tener con otros de esos indeterminados miembros, lo que señala el contenido del derecho e interés difuso.

El derecho o interés difuso se refiere a un bien que atañe a todo el mundo, a personas que en principio no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, sino que es un bien asumido por los ciudadanos (pluralidad de sujetos), que sin vinculo juridico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión.

Ellos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un múmero indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada. Los daños al ambiente o a los consumidores, por ejemplo, así ocurran en una determinada localidad, tienen efectos expansivos que perjudican a los habitantes de grandes sectores del pais y hasta del mundo. y responden a la prestación indererminada de protección al ambiente o de los consumidores.

Esailesión a la población, que afecta con mayor o menor grado a todo el mundo, que es capiado por la sociedad conforme al grado de conciencia del grupo social, es diferente a la lesión que se localiza concretamente en un grupo, determinable como tal, aunque no cuantificado o individualizado, como serian los habitantes de uma zona del pais, afectados por uma construcción ilegal que genera problemas de servicios públicos en la zona. Estos intereses concretos. focalizados, son los colectivos. referidos a un sector poblacional determinado (araque no cuantificado) e identificable, aumgue no individualmente, dentro del coniumto de personas existe o puede existir un vinculo juridico que los une entre ellos.

Ese es el caso de las lesiones a grupos profesionales, a grupos de vecinos, a los gremios, a los habitantes de un área determinada, etc.

(.….) Son los difusos los de mavor cobertura, donde el bien lesionado es más generalizado, ya que atañe a la población en extenso, y que al contrario de los derechos e intereses colectivos, surgen de una prestación de objeto indeterminado: (...)".(Subrayado y negrillas de esta sentencia ).

Asimismo, respecto a la existencia previa de un vínculo o nexo entre el demandante de amparo por intereses difusos y los señalados como agravantes, ha precisado la Sala en la sentencia N.° 1185 del 7 de agosto de 2012 (Caso: "Darwin Daniel Méndez Urdaneta") lo siguiente:

".. Por otro lado, en segundo lugar, debe considerarse, gl vínculo o nexo que une a las personas involucradas, pues en los intereses difusos no existe vínculo jurídico anterior a la afectación (lesión o amenaza) del bien tutelado, pues este surge con ella y en su condición de afectados; por el contrario, en los derechos colectivos debe, necesariamente. existir un vinculo jurídico (aungue indeterminado) previo, entre las personas afectadas que, incluso, puede no existir con el agraviante, tal como sucede con los habitantes de un determinado sector que se vean afectados en algún derecho común.

producto de esa vinculación (problemas de servicios públicos en una determinada zona).

Debe tenerse bien claro que no puede existir entre los afectados y el sujeto agraviante un vinculo juridico (determinado) previo, como sería, por ejemplo, el surgido de una relación contractual, sea cual fuese su naturaleza.

Otro elemento importante que debe considerarse, aunque común entre ambos derechos, es su carácter indivisible o individualizable, el cual está directamente vinculado con la satisfacción o restitución de la situación lesionada, pues tienen que ver con el bien común o colectivo, no pueden individualizarse por cuanto no persiguen la satisfacción de una pretensión personal (derecho subjetivo individual), sino colectiva o del bien común exclusiva por ninguno de los afectados. Por ello, cuando se pretende la desafectación del derecho, dicha pretensión tendrá efectos para todos los afectados, aun cuando sólo uno o algunos hubiesen peticionado la tutela jurisdiccional, cosa distinta cuando se pretende una indemnización producto de la lesión a ese derecho colectivo o común, pues constituye una situación particular que debe ser probada por el sujeto que hubiese sufrido el daño, lo que no significa que se deba instaurar una nueva relación jurídica procesal, pues es suficiente la demostración de la identidad de la situación y del daño por parte del interesado. para la extensión, a su caso, de los efectos juridicos del acto jurisdiccional..." (Subrayado y negrillas de este fallo).

En él caso bajo análisis, el accionante señaló que ejercia una acción de amparo constitucional por intereses difusos, contra dos particulares, en ese sentido dado que lo denunciado no se corresponde propiamente a una acción de amparo en protección de intereses difusos, según los términos establecidos pacíficamente por esta Sala desde la sentencia N.° 656 del 30 de junio de 2000, (caso: "Dilia Parra Guillén"), se constata que la naturaleza de la presente acción de amparo constitucional no tiene tal carácter, debido al nexo o vínculo que existe entre la accionante y los presuntos agravantes, como lo es ser indígenas de la etnia peon, pertenecientes y cohabitantes de la comunidad indígena de Kanayeuta, ubicada en el Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, por lo que se considera que lo ajustado a derecho es reconducir la presente acción de amparo por intereses difusos, a una acción de amparo contra particulares, tal como lo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual es del siguiente tenor:

"Articulo 2. (.) También procede contra el hecho. acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley.

Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente". (Subrayado de este fallo).

En virtud de lo anterior, esta Sala, en acatamiento de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantizan la tutela judicial efectiva y en beneficio de la justicia y el debido proceso, por lo que se prohíben las dilaciones indebidas y los formalismos inútiles, esta Sala Constitucional RECONDUCE la pretensión interpuesta por el abogado Jesús Andres Durán Romero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LUISA CHANI LANZ, ya todos identificados, de una acción de amparo constitucional por intereses difusos, a una acción de amparo constitucional autónoma contra particulares, por los mismos haber incurrido en la presunta violación de derechos constitucionales, previstos en los artículos los artículos 21.1, 26, 43, 44, 46, 47, 49, 49.1, 49.3, 50, 75, 78, 80, 82, 87, 89.5, 120, 123, 260 y 305 de la Constituciónide la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

ⅢⅢI DE LA COMPETENCIA Previo a cualquier decisión, esta Sala evidencia de las actas procesales que conforman el expediente que la última actuación de la parte actora fue la realizada, el 12 de marzo de 2020, en la cual el abogado Jesús Andrés Durán Romero, consignó ante la Secretaria de esta Sala diligencia actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LUISA CHANI LANZ, ya todos identificados, mediante la cual solicitó pronunciamiento en el presente asunto, así como manifestó el interés procesal de su representada en obtener resultas de la acción planteada., observándose al respecto, que desde ese tiempo hasta la presente fecha ha transcurrido más de seis (6) meses de inactividad de la parte actora, lo cual, en principio, comportaría que esta Sala declarara la terminación del procedimiento, por abandono del trámite de la acción de amparo incoada.

conforme al criterio establecido por esta Máxima Instancia Judicial en su sentencia N° 982, del 6 de junio de 2001, (Caso: "José Vicente Arenas Cáceres"), en los siguientes términos:

"(..) De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta. en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara".

No obstante haberse constatado el abandono del trámite en la presente causa, la Sala continúa conociendo del amparo ejercido por estar involucrados el orden público constitucional (Vid: sentencia N° 2147 del 06 diciembre de 2016, caso: "Vidalia Martínez"), en virtud de haberse denunciado infracciones de derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y sin discriminaciones por razón del sexo, a la tutela judicial efectiva, a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la inviolabilidad del hogar doméstico, al debido proceso, a la defensa, a ser oída, al libre tránsito, a la protección de la familia, a la protección de los derechos de los niños, a la protección de los ancianos, a la vivienda, al trabajo, a la no discriminación en el trabajo, al aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio indígena, a la práctica económica en los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, a la justicia indígena y a la seguridad alimentaria, establecidos, respectivamente, en los artículos 21.1, 26, 43, 44, 46, 47, 49, 49.1, 49.3, 50, 75, 78, 80, 82, 87, 89.5, 120, 123, 260 y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

No obstante a ello, es imprescindible efectuar pronunciamiento sobre el orden público constitucional, que pudiera estar involucrado en el asunto en comento, destacando a tal efecto, lo que de seguidas se cita:

"(..) el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Por ello en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podria estar infringiendo, igualmente, derechos o garantias que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general, o que aceptado el precedente resuliaria una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen. Ahondando en lo anterior, es necesario considerar que a pesar de la existencia de elementos de orden público que pudiesen hacerse presentes en los términos anteriormente expuestos, es necesario ponderar la posible infracción al derecho a la defensa y al debido proceso del presunto o presuntos agravantes, que precisamente se encuentra protegido por las normas de procedimiento establecidas para los juicios de amparo, en contraposición con la supuesta situación de orden público que se presuma pueda existir (...)". (Ver sentencias Nros. 1.207/2001 y 1.735/2006).

página original (tal como se publicó)Página 10 de la Gaceta

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Cónsono con la jurisprudencia parcialmente trascrita, considera esta Sala que en el caso de autos se encuentra involucrado el orden público, por cuanto de las afirmaciones y delaciones esgrimidas por la accionante, se observa claramente que dada su transcendencia institucional y social, impiden que se declare la terminación del procedimiento en el presente caso, por cuanto involucra el orden público constitucional, al estar en juego principios y valores constitucionales. Así se decide.

De seguida, esta Sala debe determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto advierte, del escrito de la solicitud de amparo presentado, que la tutela constitucional invocada está dirigida contra las actuaciones desplegadas en contra de la accionante, ciudadana LUISA CHANI LANZ, ya identificada, por parte de los ciudadanos Ángel Lino Páez Romero y Eugenio Español, ya identificados, siendo todos ellos indígenas venezolanos de la etnia peon, pertenecientes a la comunidad indígena de Kanayeuta, ubicada en el Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, siendo el primero el Secretario General del Sector VI y uno de los jefes de la llamada Seguridad Territorial Indígena y el segundo es el Capitán de la referida comunidad indígena.

A tal efecto, se advierte del artículo 25, cardinal 20, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el límite de la competencia de esta Sala en materia de demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que se incoen contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo (...)".

Ahora bicn, la Sala también al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, estableció a la luz de los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezucla, en la sentencia N.° 1 del 20 de enero de 2000, (caso: "Emery Mata Millán"), el régimen competencial para conocer de las acciones de amparo constitucional, y, en tal sentido, señaló que le correspondía a esta Sala Constitucional conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones u omisiones judiciales dictadas o incurridas por los Juzgados Superiores de la República, Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal y, respecto de las decisiones u omisiones dictadas o incumplidas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso-Administrativo, en tanto su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal, lo cual hizo en los siguientes términos:

"...) Igualmente corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República (salvo los que tienen competencia contencioso administrativa) la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales (..)".

Al respecto de lo planteado, esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente caso, visto que precedentemente se recondujo la presente pretensión a una acción de amparo constitucional contra particulares, luego de analizados los hechos que rodean el caso de autos, a la luz de las normas legales y los criterios jurisprudenciales antes citados, siendo coherentes con lo anteriormente señalado, esta Sala declara su incompetencia para el conocimiento y decisión de la demanda de amparo de autos. Así se decide.

De seguido, debe reiterar esta Sala, que la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional están contenidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, que dispone lo siguiente:

“Articulo 7. Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afin con la naturaleza del derecho o de las garantias constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivar en la solicitud de amparo.

En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.

Si un Juez se considerar incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley". (Subrayado y negrillas de este fallo).

Tenemos entonces que el articulo citado supra, constituye la norma rectora que fija la competencia, per gradum, ratione materia y ratione loci, para conocer de las demandas de amparo constitucional, cuando éstas se ejerzan de manera autónoma.

Según la disposición in commento, son competentes para conocer de dichas acciones de amparo los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín, con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde hubiese ocurrido el hecho, acto u omisión que motivar la solicitud de amparo.

También es oportuno plantear que esta Sala tiene competencia para conocer de acciones de amparos constitucionales, contra toda decisión emanada de la jurisdicción especial indígena, violatoria de derechos fundamentales, a tenor de lo establecido en el artículo 135, la Ley Orgánica de Pueblos Comunidades Indigenas, cuyo contenido expresa que:

"De.los procedimientos para resolver conflictos de derechos humanos Artículo 13s. Contra toda decisión emanada de la jurisdicción especial indígena, violatoria de derechos fundamentales. se podrá interponer la acción de Amparo Constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. la cual se tramitara conforme al procedimiento previsto en la ley respectiva y estará orientada segím las reglas de equidad. garantizando la interpretación intercultural de los hechos y el derecho. tomando en cuenta el derecho propio de los pueblos y comunidades indigenas involucrados".

Pero, sin embargo, tenemos que en ninguna parte del escrito presentado por el abogado Jesús Andrés Durán Romero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LUISA CHANI LANZ, ya todos identificados, el cual denominó como acción de amparo constitucional por intereses difusos", se refirió a que existiese previamente a la interposición del mismo, una decisión emanada de la jurisdicción especial indígena, o que fuera tomada por algún Tribunal competente dentro de esa misma jurisdicción, y menos una decisión tomada por las autoridades legítimas de la comunidad indígena de Kanayeuta, perteneciente a la etnia Pemón. por el contrario la denuncia y acción de amparo versan sobre actuaciones que podrían entenderse como arbitrarias y violatorias de derechos fundamentales de una indígena por su condición además de mujer.

En el presente caso, esta Sala Constitucional observa que los derechos denunciados como violados a la ciudadana LUISA CHANI LANZ, ya identificada, lo constituyen los relativos a la igualdad ante la ley y sin discriminaciones por razón del sexo, a la tutela judicial efectiva, a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la inviolabilidad del hogar doméstico, al debido proceso, a la defensa, a ser oída, al libre tránsito, a la protección de la familia, a la protección de los derechos de los niños, a la protección de los ancianos, a la vivienda, al trabajo, a la no discriminación en el trabajo, al aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio indígena, a la práctica económica en los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, a la justicia indígena y a la seguridad alimentaria, establecidos, respectivamente, en los articulos 21.1, 26, 43, 44. 46, 47, 49, 49.1, 49.3, 50. 75, 78, 80, 82, 87, 89.5, 120, 123, 260 y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ello así, esta Sala considera que primeramente para resolver cuál es el tribunal competente ratione materia, deberá entonces tomarse en cuenta y atender tanto al respeto, como al fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres, quienes tienen derecho a una vida libre de violencia dentro del ámbito público y privado, en el cual puedan disfrutar totalmente y con garantias de dicho ejercicio, también debe considerarse a la circunstancia de que en el presente caso se trata de la alegación de infracciones constitucionales perpetradas contra un sujeto de derecho cuya protección interesa de manera primordial al Estado, como lo es la mujer, toda vez que la protección integral de las mujeres, se ha traducido, en la implementación de un fuero atrayente especial en esta materia, a los fines de procurar que tales asuntos sean conocidos y decididos por jueces formados en la doctrina de la protección integral al género femenino del maltrato y la violencia, para alcanzar la mayor efectividad en la tutela judicial de sus derechos y garantías.

Al respecto, esta Sala precisa que en la exposición de motivos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece que la violencia de género constituye también una violación a los derechos humanos, lo anterior encuentra el respaldo jurídico en varios instrumentos internacionales tales como: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará, 1994), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993); y, guarda relación con la finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, el cual dispone que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna la preeminencia de los derechos humanos.

En la referida Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia encontramos que en sus artículos 1, 2, 5, 6 y 7 se dispone:

"Objeto.

Articulo I. Esta Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra ellas en cualquiera de sus formas y ámbitos, arraigada en la discriminación sistémica contra las mujeres especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen las relaciones desiguales de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria, protagónica y libre de violencia.

Finalidad Articulo 2. Esta Ley tiene como finalidad:

1. Garantizar a rodas las mujeres el ejercicio y acceso expedito, transparente y efectivo de sus derechos humanos exigibles ante los órganos del sistema de justicia y la administración pública: para asegurar la oportuna y adecuada respuesta.

2. Velar por la centralidad de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares en todas las acciones realizadas en el marco de esta Ley.

3. Garantizar que las decisiones que se adopten respeten y promuevan la autonomía de las mujeres y fortalecimiento de sus derechos humanos.

(.…).

Derechos protegidos Articulo 5. Esta Ley abarca la protección de los siguientes derechos:

1. El derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.

-2. La protección a la dignidad e integridad fisica, psicológica, sexual, patrimonial y jurídica de las mujeres victimas de violencia, en los ámbitos público y privado.

3. La igualdad real y efectiva de derechos entre las mujeres y los hombres.

página original (tal como se publicó)Página 11 de la Gaceta

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4. Lu protección de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad a la violencia por razón de género.

5. El derecho de las mujeres a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que están obligadas a crear y mantener la administración pública nacional, estadal y municipal.

Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, asi como lo referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. Las referidas medidas deberán ser objeto de divulgación permanente por los organismos antes indicados.

6. Los denás consagrados en la Constitución de la República Bolivarlana de l'enezuela y en los convenios y tratados internacionales en la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezs tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CED.AWW).

Garantías para el ejercicio de los derechos.

Garantias.

Artículo 6. Todas las mujeres con independencia de su edad. origen ético, rasgos fenotípicos. raza, color. linaje. cultura, nacionalidad. ciudadania. idioma, credo, ideología. filiación politica o filosófica, estado civil, tipo de ocupación. grado de echucación. discapacidad. gestación, lugar de nacimiento, condición socioeconómica.

condición migratoria, estado de salud, diferencia fisica, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, asi como cualquier otra condición personal o colectiva, temporal o permanente. dispondrán de los mecanismos necesarios para hacer efectiva las garantias de los derechos reconocidos en esta Ley:

1. La información, la atención social integral y la asistencia jurídica gratuita a las mujeres victimas de violencia por razones de género, son responsabilidad del Estado.

(.….) Obligución del Estado Articulo 7. El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra indole se sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley s garantizar los derechos humanos de lus mieres victimas de violencia". (Subrayado de este fallo).

En este sentido, se destaca que el debido proceso está regulado por el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que:

"Articulo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

(.….) 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias. o especiales, con las garantias establecidas en esta Constitución y en la ley.

Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto".

La garantía constitucional transcrita es una de las claves de la convivencia social, siendo reconocida como un derecho humano por el artículo 8 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica y por el artículo 14 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, concurriendo en ella tanto la condición de derecho humano de jerarquía constitucional como el carácter de disposición de orden público, entendido el orden público como un valor destinado a mantener la armonia necesaria y básica para el desarrollo e integración de la sociedad. Dada su importancia, no es concebible que sobre ella existan pactos válidos de las partes, ni que los Tribunales al resolver conflictos atribuyan a jueces diversos al natural, el conocimiento de una causa, por lo cual la decisión judicial que trastoque el derecho al juez natural, constituye una infracción constitucional de orden público.

Continuando con el análisis, a los fines de determinar cuál es el tribunal competente ratione materia, para conocer de la acción de amparo que nos ocupa, deberá entonces tomarse en cuenta los articulos 100, 118, 134 y 137 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que disponen:

"Juzgados de Control, Audiencia y Medidas Articulo 100. Los juzgados de violencia contra la mujer en funciones de control.

audiencia y medidas son los competentes para autorizar y realizar pruebas anticipadas, acordar medidas de coerción personal, resolver incidencias, excepciones y peticiones de las partes durante esta fase y velar por el cumplimiento de los derechos y garantias previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, la presente Ley y el ordenamiento jurídico en general.

Violación de derechos y garantías constitucionales Articulo 118. Cuando una de las partes no estuviere conforme con la medida dictada por el órgano receptor, podrá solicitar ante el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de control, audiencia y medidas, su revisión, el cual requerirá las actuaciones al Ministerio Público o al órgano receptor correspondiente, si fuera el caso.

Si recibidas por la o el fiscal del Ministerio Público, las actuaciones procedentes de otro órgano receptor, éste observar violación de derechos y garantias constitucionales, procederá de inmediato a solicitar motivadamente su revisión ante la jueza o juez de control, audiencia y medidas; para ello remitirá las actuaciones originales, dejando en el Despacho Fiscal copia simple de las mismas para continuar con la investigación.

Jurisdicción Articulo 134. Corresponde a los Tribunales de Violencia Contra la Mujer y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en asta Ley.

las leves de organización judicial y la reglamentación interna.

Competencia Artículo 137. Los Tribunales de Violencia Contra la Mujer conocerán en el orden penal de los delitos previstos en esta Ley, así como del delito de lesiones en todas sus calificaciones tipificadas en el Código Penal en los supuestos establecidos en el articulo 42 de esta Ley y conforme al procedimiento especial aquí establecido.

En el orden civil, conocerán de todos aquellos asuntos de naturaleza patrimonial".

De las normas antes transcritas se denota que el objetivo fundamental de la mencionada Ley; es atribuir a través de un fuero especial, la competencia, en razón de la materia, a los juzgados con competencia en violencia contra la mujer, a fin de cumplir con el objeto de la señalada Ley Orgánica, el cual se encuentra inserto en el ya referido artículo 1, "Esta Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado....

En referencia al fuero especial de los tribunales con competencia en la materia de protección de los derechos de las mujeres, para conocer de amparos constitucionales, esta Sala, como colorario y a título pedagógico destaca una sus decisiones relacionadas con dicha materia, siendo a siguiente: Sentencia N.° 104 del 8 de marzo de 2010 (Caso: "Luis Francisco Agustén Gómez"), en la cual se decidió sobre la competencia para conocer de una acción de amparo ejercida contra una Medida de Seguridad y Protección dictada por un órgano receptor de denuncia, en la que se decidió que el Tribunal competente para conocer en primera instancia de la acción de amparo interpuesta es el Tribunal en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y al respecto señaló:

"(...) Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para conocer el conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado Superior en lo Civil.

Mercantil. Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques y el Juzgado Superior Sexto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con ocasión de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano (..) contra la medida de protección y seguridad dictada el 11 de marzo de 2009 por el Instituto Autónomo de Policia del Estado Miranda, Región Capital N° s Comisaria Santa Lucía, en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A tal efecto, el articulo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de amparo entre Tribunales de Primera Instancia serán decididos por el Superior respectivo: sin embargo, no prevé dicha normativa la competencia del órgano jurisdiccional llamado a conocer cuando se suscite un conflicto de competencia negativo en materia de amparo, en el que no exista un juzgado jerárquicamente superior y común a los juzgados que plantearon el conflicto, como ocurre en el caso de autos.

Ahora bien, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. prevé en su articulo 99, cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de la impugnación que se efectúe sobre este tipo de medidas.

Si recibidas por el o la Fiscal del Ministerio Público, las actuaciones procedentes de otro órgano receptor, éste observar violación de derechos y garantias constitucionales, procederá de inmediato a solicitar motivadamente su revisión ante el juez o jueza de Control, Audiencia y Medidas; para ello remitirá las actuaciones originales, dejando en el Despacho Fiscal copia simple de las mismas para continuar con la investigación.

Tomando en consideración lo establecido en la norma transcrita y visto que el presunto hecho lesivo lo constituye una medida de seguridad y protección dictada por el Instituto Autónomo de Policia del estado Miranda con fundamento en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta Sala considera que el juzgado competente para conocer y decidir la presente acción, de acuerdo con la materia debatida es un tribunal penal, especificamente un Tribunal de Violencia contra la Mujer en fimciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda (..)".

Con respecto al fuero especial de los tribunales con competencia en la materia de protección de los derechos de las mujeres, para conocer de los casos en los cuales el sujeto activo de la comisión de la infracción constitucional fuese un ciudadano indígena, esta Sala destaca una sus decisiones relacionadas con dicha materia, siendo la Sentencia N.° 1325 del 4 de agosto de 2011 (Caso: "Carlos Eduardo Ramos Vargas"), en la cual se reafirmó, con carácter vinculante, la competencia de los juzgados especializados en materia de violencia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indigena, ya que las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas solo pueden actuar en materia de violencia de género como órganos receptores de denuncia, la cual es del tenor siguiente:

"(...) Ello así, visto que la acción de amparo constitucional tiene por objeto una decisión dictada el 22 de febrero de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, que admitió el recurso de apelación interpuesta, contra la decisión dictada el 2 de febrero de 2011. por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Materia de delitos De Violencia Contra La Mujer del mismo Circuito Judicial Penal, esta Sala Constitucional se declara competente para su conocimiento y decisión, todo ello en concordancia con el articulo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asi se establece.

Omissis Es innegable, el reconocimiento que se ha hecho a través de instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales, de la existencia de los pueblos indígenas, sus costumbres. tradiciones, cultura, y modos de resolución de conflictos entres otros aspectos, todo ello atendiendo a la evolución socio cultural de los pueblos y la necesidad de crear normas que permitan la integración y coexistencia de los habitantes de un entorno geográfico y socio politico, con garantias propias de la dinámica de la vida en socledad, sin menoscabo de la identidad de cada grupo que la integra.

Omissis Con atención a ello, si bien es cierto que la Jurisdicción Especial Indigena existe y es reconocida por el ordenamiento juridico patrio, siendo de aplicación preferente en ciertos casos, no es menos cierto que tal aplicación está delimitada igualmente, tanto por los Convenios Internacionales como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes especiales.

Omissis Asi entonces, el propósito del legislador con esta disposición es que las autoridades legítimas de los pueblos indigenas sean solo órganos receptores de demmcia, siempre y cuando la mujer indígena victima así lo estime, pero la Ley Especial no le da facultad e ee jurisdicción especial indigena está limitada por las disposiciones previstas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que está en consonancia con el articulo 9, numeral primero del Convenio OIT N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Paises Independientes y 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra citados, según los cuales se podrá aplicar la usanza indigena tradicional para la resolución de conflictos o delitos, siempre que esta no transgreda o en modo alguno colide con el ordenamiento juridico nacional u orden público.

Con base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica de Pueblos y Comnidades Indigenas, esta Sala -con carácter vinculante- reafirma la competencia de la jurisdicción especial en materia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indigena, y en consecuencia los delitos catalogados como de violencia de género, deben ser investigados inciuso de oficio por los tribunales especializados con competencia en violencia de género. Así se decide (...)".

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En lo concerniente al articulo 118 la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encontramos que dicha norma jurídica contiene el fuero especial, referido a que regula la competencia de los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer, para que ante la supuesta ocurrencia de violación de derechos y garantías constitucionales al dictar medidas en contra de los agresores o denunciados, y establece que el juzgado competente para la revisión de dichas medidas será el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencias y Medidas, y se plantean dos supuestos a) Si la revisión se efectúa a solicitud de las partes, por cuanto no estar de acuerdo con la medida que le fuere dictada por algún órgano receptor, el Tribunal para decidir deberá requerir las actuaciones al Ministerio Público o al órgano receptor correspondiente. si fuera el caso; y b) Si la revisión sc efectúa a solicitud de la o el fiscal del Ministerio Público, quien luego de recibir las actuaciones procedentes de otro órgano receptor, éste observar violación de derechos y garantías constitucionales, procederá de inmediato a solicitar motivadamente su revisión ante la jueza o juez de control, audiencia y medida, debiendo remitir al juzgado las actuaciones originales, dejando en el Despacho Fiscal copia simple de las mismas para continuar con la investigación.

En relación con todo lo planteado, considera la Sala que en el caso de autos, así como en todos los casos en materia de amparos autónomos en los cuales los derechos constitucionales vulnerados estén directamente ligados con la víctima del género femenino, el Tribunal competente para conocer y decidir la pretensión de acción de amparo constitucional será un Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio, con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, correspondiente al lugar y la jurisdicción en el cual hayan ocurrido las presuntas vulneraciones de derechos constitucionales. Así se establece.

Ahora bien, analizados los hechos que rodean el caso de autos, a la luz de las normas legales y los criterios jurisprudenciales antes citados, y visto que esta Sala supra declaró su incompetencia para el conocimiento y decisión de la demanda de amparo de autos, corresponde en esta oportunidad determinar quién será el órgano jurisdiccional, en cuanto la competencia, per gradum, ratione materia y ratione loci, que deberá conocer la presente tutela constitucional, interpuesta por el abogado Jesús Andrés Durán Romero.

actuando con el carácter de apoderado judicial de Ia ciudadana LUISA CHANI LANZ, contra los ciudadanos, Ángel Lino Páez Romero, indigena venezolano de la etnia peon, perteneciente a la comunidad indígena de Kanayeuta, quien es el Secretario Gencral del Sector VI y además uno de los jefes de la llamada Seguridad Territorial Indígena y Eugenio Español, también indigena venezolano de la etnia peon y quien es el Capitán de la comunidad indígena de Kanayeuta, ya todos identificados, por lo que se establece que un Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio, con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Tumeremo, y, en consecuencia, se DECLINA la competencia del presente asunto, en uno de esos Juzgados. Así se decide.

Visto la declinatoria efectuada, se debe ordenar la remisión inmediata del expediente a; la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar, para su distribución, y le sea asignado, por distribución, el presente caso a uno de os Juzgados de Primera Instancia Penal, en Función de Juicio, con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal, con sede en la ciudad de Tumeremo, para que emita un pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.

También, considera esta Sala, que si en el caso de que ese Juzgado de Primera Instancia Penal, en Función de Juicio, con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal, con sede en la ciudad de Tumeremo, en el marco del desarrollo del proceso constitucional, vista la especial vulnerabilidad de las mujeres y sus derechos, verifica o infiere la posible comisión de delitos en materia de violencia contra la mujer en perjuicio de la accionante, ciudadana LUISA CHANI LANZ, ya identificada, es deber de ese; Juzgado realizar el trámite correspondiente, dentro de sus atribuciones, para que dichos delitos sean investigados, perseguidos y castigados sus culpables, pero evidentemente, a primera vista, estamos en el presente caso, es frente a violaciones de derechos constitucionales. Así se establece.

Es por ello que esta Sala, en aras de robustecer los criterios jurisprudenciales referidos a la materia de amparo constitucional, asi como seguir garantizando los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y sobre la base de las consideraciones que han quedado expuestas en el presente fallo, se establece con carácter vinculante que “Existe un fuero de atracción respecto a la competencia, por la materia. de los tribunales especializados en violencia de género, contenido en el artículo 118 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, visto que dada la especialidad de los tribunales en esa materia y en atención a lo dispuesto por el articulo mencionado, serán competentes para conocer de las acciones de amparo autónomos, en los cuales los derechos constitucionales vulnerados que se denuncien estén directamente ligados con víctimas que sean mujeres, niñas y las adolescentes, o las acciones de amparo donde concuran como victimas niñas, niños o. adolescentes de ambos sexos, los Juzgados de Primera Instancia en Función de Juicio, con competencia en materia· de Delitos de Violencia contra la Mujer, correspondientes a la jurisdicción en la cual hayan ocurrido las presuntas vulneraciones de derechos constitucionales en contra de las mujeres, niñas y las adolescentes: o donde concurran como victimas niñas. niños o adolescentes de ambos sexos, ello a los fines de garantizar el debido proceso y el juez natural. ya que debe velarse por el cumplimiento de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales. respecto a los derechos de, las victimas especialmente vulnerables como lo son las mujeres, siendo además que la competencia por la materia, es de estricto orden público".

IV DECISIÓN Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Que la presente acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Jesús Andrés Durán Romero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LUISA CHANI LANZ, ya identificados, no reviste el carácter de derechos difusos.

SEGUNDO: Se RECONDUCE la solicitud pretendida a una acción autónoma de amparo constitucional ejercida contra particulares, visto que la misma se intenta contra presuntas violaciones constitucionales cometidas por los ciudadanos Ángel Lino Páez Romero y Eugenio Español, ya identificados.

TERCERO: Que esta Sala es INCOMPETENTE para conocer y decidir la presente acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Jesús Andrés Durán Romero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LUISA CHANI LANZ, ya identificados.

CUARTO: Que el órgano jurisdiccional COMPETENTE para el conocimiento de la presente accion de amparo constitucional, es un Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio, con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, con sede en la ciudad de Tumeremo, y, en consecuencia, se DECLINA la competencia del presente asunto, en uno de esos Juzgados.

QUINTO: Se ORDENA remitir el presente expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, para que, previa distribución, le sea asignado a uno de os Juzgados de Primera Instancia en Función de Juicio, con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de dicho Circuito Judicial Penal. con sede en la ciudad de Tumeremo, según corresponda, y se emita un pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de la presente acción de amparo.

SEXTO: Se ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueta, así como en la Gaceta Judicial y en la página web de este Alto Tribunal. de conformidad a lo establecido en el artículo 126 de la Ley

página original (tal como se publicó)Página 13 de la Gaceta

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Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente mención en su sumario:

"Existe un fuero de atracción respecto a la competencia, por la materia, de los tribunales especializados en violencia de género, contenido en el artículo 118 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, visto que dada la especialidad de los tribunales en esa materia y en atención a lo dispuesto por el artículo mencionado, serán competentes para conocer de las acciones de amparo autónomos, en los cuales los derechos constitucionales vuinerados que se denuncien estén directamente ligados con víctimas que sean mujeres, niñas y las adolescentes, o las acciones de amparo donde concurran como victimas niñas, niños o adolescentes de ambos sexos, los Juzgados de Primera Instancia en Función de Juicio, con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, correspondientes a la jurisdicción en la cual hayan ocurrido las presuntas vulneraciones de derechos constitucionales en contra de las mujeres, niñas y las adolescentes, o donde concurran como victimas niñas, niños o adolescentes de ambos sexos, ello a los fines de garantizar el debido proceso y el juez natural, ya que debe velarse por el cumplimiento de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales, respecto a los derechos de las victimas especialmente vulnerables como lo son las mujeres, siendo además que la competencia por la materia, es de estricto orden público".

SÉPTIMO: Se ORDENA a la Secretaría de la Sala que, de conformidad con el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique la notificación de la presente decisión, de forma telefónica o telemática, al abogado Jesús Andrés Durán Romero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LUISA CHANI LANZ. ya identificados, accionante en el presente caso.

Publiquese y regístrese. Notifíquese. Remitase el expediente. Cúmplasc lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los- - días del mes de dicievbore de dos mil veintitrés (2023). Años: 213° de la Independencia y 164º de la Federación.

La Presidenta,

GLADYS MARÍA GUTERREZ ALVARADO

La Vicepresidenta.

LOURDES BENICIA SUAREZ ANDERSON

Los Magistrados.

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

TANIA D'AMELIO CARDIET

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET (Ponente)

El Secretario,

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

Quien suscribe, en mi carácter de Secretario de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, certifica que: hecha la confrontación de estas copias con sus originales, se encuentra que es fiel y exacta, de lo cual doy fe.

En Caracas, a los 14 días del mes de febrero de 2024

El Secretario, Carlos Arturo Garca Useche

AA50-T-2019-000440

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

213° y 165° Caracas, 04 de marzo de 2024

N° 01-00-000032 JHOSNEL PERAZA MACHADO Sub-Contralor (E) General de la República RESOLUCIÓN Vista la falta absoluta del ciudadano ELVIS EDUARDO HIDROBO AMORoso, con ocasión a su designación como rector principal del Consejo Nacional Electoral el 24 de agosto de 2023, el Sub Contralor (E) JHOSNEL PERAZA MACHADO, titular de la cédula de identidad N.° V-12.187.080, designado mediante Resolución N.° 01-00-000132 de fecha 08 de abril de 2019, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.700 de fecha 22 de agosto de 2019, en cumplimiento de los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 289, numerales 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezueia; los artículos 10 y 14 numerales 3 y 4 de la de la referida Ley Orgánica; y los artículos 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;

página original (tal como se publicó)Página 14 de la Gaceta

Página 15

POR CUANTO La Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

POR CUANTO Es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;

POR CUANTO La Contraloría General de la República, evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;

POR CUANTO Mediante Acuerdo N° 057/2017 de fecha 15 de mayo. de 2017, publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 460 de fecha 15 de mayo de 2017, emanada del Concejo Municipal del municipio Torres del estado Lara, resolvió designar como Contralor Titular del referido municipio al ciudadano WILFREDO JOSÉ VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-7.837.425;

POR CUANTO El ciudadano WILFREDO JOSÉ VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-7.837.425, falleció durante el período designado como Contralor Titular del referido municipio, generando la falta absoluta en el referido Órgano de Control Fiscal Externo, sin que a esta fecha, el Concejo Municipal del municipio Torres del estado Lara haya designado al Contralor Interino a tenor de lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal;

RESUELVE PRIMEro: Intervenir la Contraloría del municipio Torres del estado Lara.

SEGUNDO: Designar a la Ciudadana LORENA EMILIA ALCALÁ DE DURÁN, titular de la cédula de identidad N.° V-9.849.658 como Contralora Interventora de la Contraloría del municipio Torres del estado Lara, a partir de la fecha de su notificación.

TERCERo: Dejar sin efecto, a partir de esta fecha, la designación del ciudadano WILFREDO JOSÉ VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-7.837.425, como Contralor Titular del municipio Torres del estado Lara, efectuada mediante Acuerdo N° 057/2017 de fecha 15 de mayo de 2017, publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 460 de fecha 15 de mayo de 2017, emanada del Concejo Municipal del referido municipio.

cuArTo: La Contralora Interventora tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal.

La Contralora Interventora debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión.

QuInTo: El Sub Contralor General de la República tomará juramento de la ciudadana LORENA EMILIA ALCALÁ DE DURÁN, titular de la cédula de identidad N.° V-9.849.658, como Contralora Interventora de la Contraloría del municipio Torres del estado Lara, en sustitución del ciudadano, WILFREDo 3oSÉ VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-7.837.425.

Dada en Caracas, a los cuatro (04) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Año 213° de la Independencia, 165° de la Federación.

Comuníquese, notifíquese publiquese;

IHOSMEL PERAZA MACHADO General de la República Sub-Contrator (E)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2130 y 1650 Caracas, 07 de marzo de 2024 N°. 01-00-000037 JHOSNEL PERAZA MACHADO Sub Contralor (E) General de la República RESOLUCIÓN Vista la falta absoluta del ciudadano ELVIS EDUARDO HIDROBO AMORosO, con ocasión a su designación como rector principal del Consejo Nacional Electoral el 24 de agosto de 2023, el Sub Contralor (E) JHOSNEL PERAZA MACHADO, titular de la cédula de identidad N.° V-12.187.080, designado mediante Resolución N.° 01-00-000132 de fecha 08 de abril de 2019, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.700 de fecha 22 de agosto de 2019, en cumplimiento de los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 289 numerales 3 y'6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los artículos 10 y 14 numerales 3 y 4 de la de la referida Ley Orgánica; y los artículos 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;

página original (tal como se publicó)Página 15 de la Gaceta

Página 16

POR CUANTO La Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

POR CUANTO

Es atribución del Cóntralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;

POR CUANTO La Contraloría General de la República, evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;

POR CUANTO

Mediante Acuerdo N.° 048/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, publicada en Gaceta Municipal N.° 1.018 Extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2017, emanada del Concejo Municipal del municipio Urachiche del estado Yaracuy, resolvió designar como Contralor Titular del referido municipio al ciudadano OMAR JosÉ ÁLVAREZ TORREALBA, titular de la cédula de identidad N.° V-4.069.681;

POR CUANTO

La ocurrencia de cualquier acto, hecho u omisión que afecte gravemente la legalidad, efectividad, eficiencia y economía de las operaciones administrativas o que viole los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, es causal de intervención de los Órganos de Control Fiscal;

RESUELVE

PRIMERo: Intervenir la Contraloría del municipio Urachiche del estado Yaracuy.

SEGUNDO: Designaral ciudadanO XAVIER ALEXANDER SIERRA, BARRIOS titular de la cédula de identidad N.° V-16.110.694, como Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del municipio Urachiche del estado Yaracuy, a partir de la fecha de su notificación.

TERcERo: Dejar sin efecto, a partir de esta fecha, la designación del ciudadano OMAR JOSÉ ÁLVAREZ TORREALBA, titular de la cédula de identidad N.° V-4.069.681, como Contralor Titular de la Contraloría del municipio Urachiche del estado Yaracuy, efectuada mediante Acuerdo N.° 048/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, publicada en Gaceta Municipal N.° 1.018 Extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2017, emanada del Concejo Municipal del referido municipio.

cuArTo: El Contralor Interventor tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. El Contralor Interventor debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión. QUINTo: El Sub Contralor General de la República tomará del CiUdadanO XAVIER ALEXANDER BARRIOS juramento SIERRA, titular de la cédula de identidad N.° V-16.110.694, como Contralor Interventor de la Contraloría del municipio Urachiche del estado Yaracuy, en sustitución del ciudadano, oMAR JOSÉ ÁLVAREZ TORREALBA, titular de la cédula de identidad N.° V-4.069.681.

Dada en Caracas, a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Año 213° de la Independencia, 165° de la Federación.

Comuníquese, notifíquese y publíquese;

HOSNEL PERAZA MACHADO (E) General de la República Contralos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2130 y 1650 Caracas, 07 de marzo de 2024

N°. 01-00-000038 JHOSNEL PERAZA MACHADO Sub Contralor (E) General de la República RESOLUCIÓN Vista la falta absoluta del ciudadano ELVIS EDUARDO HIDROBO AMORosO, con ocasión a su designación como rector principal del Consejo Nacional Electoral el 24 de agosto de 2023, el Sub Contralor (E) JHOSNEL PERAZA MACHADO, titular de la cédula de identidad N.° V-12.187.080, designado mediante Resolución N.° 01-00-000132 de fecha 08 de abril de 2019, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.700 de fecha 22 de agosto de 2019, en cumplimiento de los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 289 numerales 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los artículos 10 y 14 numerales 3 y 4 de la de la referida Ley Orgánica; y los artículos 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;

página original (tal como se publicó)Página 16 de la Gaceta

Página 17

POR CUANTO La Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

POR CUANTO Es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;

POR CUANTO La Contraloría General de la República, evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;

POR CUANTO Mediante Acuerdo N.° 014/2021 de fecha 30 de junio de 2021 publicada en Gaceta Municipal N.° 061 de fecha 30 de junio de 2021, emanada del Concejo Municipal del municipio José Antonio Páez del estado Yaracuy, resolvió designar como Contralora Interina del referido municipio a la ciudadana ELIZABETH YUDITH GUTIÉRREz CHIRINOS, titular de la cédula de identidad N.° V-16.823.097;

POR CUANTO

La ocurrencia de cualquier acto, hecho u omisión que afecte gravemente la legalidad, efectividad, eficiencia y economía de las operaciones administrativas o que viole los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, es causal de intervención de los Órganos de Control Fiscal;

RESUELVE

PRIMERo: Intervenir la Contraloría del municipio José Antonio Páez del estado Yaracuy.

SEGUNDO: Designar al ciudadano ELVIS EMILIO MERLO cédula MENDOZA, titular de la de identidad N.° V-17.468.224, como Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del municipio José Antonio Páez del estado Yaracuy, a partir de la fecha de su notificación.

TERcERo: Dejar sin efecto, a partir de esta fecha, la designación de la CiUdadana ELIZABETH YUDITH GUTIÉRREZ CHIRINOS, titular de la cédula de identidad N.° V-16.823.097, como Contralora Interina de la Contraloría del municipio José Antonio Páez del estado Yaracuy, efectuada mediante Acuerdo N.° 014/2021 de fecha 30 de junio de 2021 publicada en Gaceta Municipal N.° 061 de fecha 30 de junio de 2021, emanada del Concejo Municipal del referido municipio.

cuArTo: El Contralor Interventor tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. El Contralor Interventor debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión.

El Sub Contralor General de la República tomará

QUINTO:

juramento del ciudadano ELVIS EMILIO MERLO MENDOZA, titular de la cédula de identidad N.° V-17.468.224, como Contralor Interventor de la Contraloría del municipio José Antonio Páez del estado Yaracuy, en sustitución de la ciudadana, ELIZABETH YUDITH GUTIÉRREZ CHIRINOS, titular de la cédula de identidad N.° V-16.823.097.

Dada en Caracas, a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Año 213° de la Independencia, 165° de la Federación.

Comuníquese, notifíquese y pulpliquese;

JHOSNEL PERAZA MACHADO Contralos (E) General de la República del Sub

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

213° y 165º Caracas, 07 de marzo de 2024

N°. 01-00-000039 JHOSNEL PERAZA MACHADO Sub Contralor (E) General de la República RESOLUCIÓN Vista la falta absoluta del ciudadano ELVIS EDUARDO HIDROBO AMORoso, con ocasión a su designación como rector principal del Consejo Nacional Electoral el 24 de agosto de 2023, el Sub Contralor (E) JHOSNEL PERAZA MACHADo, titular de la cédula de identidad N.° V-12.187.080, designado mediante Resolución N.° 01-00-000132 de fecha 08 de abril de 2019, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.700 de fecha 22 de agosto de 2019, en cumplimiento de los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 289 numerales 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los artículos 10 y 14 numerales 3 y 4 de la de la referida Ley Orgánica; y los artículos 60 y 62 del Reglamento de la Ley Qrgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;

página original (tal como se publicó)Página 17 de la Gaceta

Página 18

POR CUANTO La Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

POR CUANTO Es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;

POR CUANTO La Contraloría General de la República, evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;

POR CUANTO

Mediante Acuerdo N.° 115-2023 de fecha 01 de diciembre de 2023, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 1224 de fecha 01 de diciembre de 2023, emanada del Concejo Municipal del municipio Independencia del estado Yaracuy, acordó designar como Contralor Interino del referido municipio al ciudadano RoMER ALEXANDER PEREIRA DIAZ, titular de la cédula de identidad N.° V-14.263.080;

POR CUANTO

Que a la presente fecha, ha vencido el lapso para el cual fue designado, sin que el prenombrado Concejo del referido municipio, haya convocado a concurso público para la designación del nuevo titular del Órgano de Control Fiscal local de esa entidad federal, contraviniendo así el lapso previsto en el artículo 6 del Reglamento sobre Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados;

RESUELVE PRIMEro: Intervenir la Contraloría del municipio Independencia del estado Yaracuy.

SEGUNDO: Designar a la ciudadana ALEXANDRA COROMOTO CEDEÑo CoLMENAREz, titular de la cédula de identidad N.° V-20.889.608, como Contralora Interventora de la Contraloría Municipal del municipio Independencia del estado Yaracuy, a partir de la fecha de su notificación.

TERcEro: Dejar sin efecto, a partir de esta fecha, la designación del ciudadanO ROMER ALEXANDER PEREIRA DIAZ, titular de la cédula de identidad N.° V-14.263.080; como Contralor Interino de la Contraloría del municipio Independencia del estado Yaracuy, efectuada mediante Acuerdo N.° 115/2023 de fecha 01 de diciembre de 2023, publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 1224 de fecha 01 de diciembre de 2023, emanada del Concejo Municipal del referido municipio.

cuArTo: La Contralora Interventora tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. La Contralora Interventora debe preśentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión.

QuInTo: El Sub Contralor General de la República tomará juramento de la ciudadana ALEXANDRA COROMOTO CEDEÑO cédula de identidad de titular la COLMENAREZ, N.° V-20.889.608, como Contralora Interventora de la Contraloría del municipio Independencia del estado Yaracuy, en sustitución del ciudadanO, ROMER ALEXANDER PEREIRA DIAZ, titular de la cédula de identidad N.° V-14.263.080.

Dada en Caracas, a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Año 213° de la Independencia, 165° de la Federación.

Comuníquese, notifíquese y publíquese;

ab:

JÃOSNEL PERAZA MACHADO Contralor (E) General de la República FORCONT 540A (06/14) m

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

213° y 165° Caracas, 07 de marzo de 2024 N° 01-00-000040 JHOSNEL PERAZA MACHADO Sub-Contralor (E) General de la República RESOLUCIÓN Vista la falta absoluta del ciudadano ELVIS EDUARDO HIDROBO AMORosO, con ocasión a su designación como rector principal del Consejo Nacional Electoral el 24 de agosto de 2023, el Sub Contralor (E) JHOSNEL PERAZA MACHADO, titular de la cédula de identidad N.° V-12.187.080, designado mediante Resolución N.° 01-00-000132 de fecha 08 de abril de 2019, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.700 de fecha 22 de agosto de 2019, en cumplimiento de los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 289 numerales 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los artículos 10 y 14 numerales 3 y 4 de la de la referida Ley Orgánica; y los artículos 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;

página original (tal como se publicó)Página 18 de la Gaceta

Página 19

POR CUANTO La Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

POR CUANTO Es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;

POR CUANTO La Contraloría General de la República, evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;

POR CUANTO

Mediante Acuerdo S/N de fecha 21 de febrero de 2018, publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 004-2018 de fecha 27 de febrero de 2018, emanada del Concejo Municipal del municipio Cocorote del estado Yaracuy, resolvió juramentar como Contralor Titular del referido municipio al ciudadano FROILÁN ALFREDO GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-7.508.835;

página original (tal como se publicó)Página 19 de la Gaceta

Página 20

POR CUANTO El ciudadano FROILÁN ALFREDO GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-7.508.835, falleció durante el período designado como Contralor Titular del referido municipio, generando la falta absoluta en el referido Órgano de Control Fiscal Externo, sin que a Yaracuy haya designado al Contralor Interino a tenor de lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal;

RESUELVE

PRIMERo: Intervenir la Contraloría del municipio Cocorote del estado Yaracuy.

SEGUNDO: Designar ala ciudadana ANA MARÍA GÓMEZ ROMER0, titular de la cédula de identidad N.° V-8.517.021 como Contralora Interventora de la Contraloría del municipio Cocorote del estado Yaracuy.

TERcERo: Dejar sin efecto, a partir de esta fecha, la designación del ciudadano FROILÁN ALFREDO GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-7.508.835, como Contralor Titular del municipio Cocorote del estado Yaracuy, efectuada mediante Acuerdo S/N de Extraordinaria N.° 004-2018 de fecha 27 de febrero de 2018, emanada del Concejo Municipal del municipio Cocorote del estado Yaracuy.

página original (tal como se publicó)Página 20 de la Gaceta

Página 21

cuArTo: La Contralora Interventora tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. La Contralora Interventora debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión.

QuInTo: El Sub Contralor General de la República tomará juramento de la ciudadana ANA MARÍA GÓMEZ ROMERO, titular de la cédula de identidad N.° V-8.517.021 como Contralora Interventora de la Contraloría del municipio Cocorote del estado Yaracuy, en sustitución del ciudadano, FROILÁN ALFREDO GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-7.508.835.

Dada en Caracas, a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Año 213° @ la Independencia, 165° de la Federación.

Comuníquese, notifíquese y publiqueşe;

IHOSNEL PERAZA MACHADO SubaGontralor (E) General de la República

página original (tal como se publicó)Página 21 de la Gaceta

Página 22

SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

200

DILE NO

página original (tal como se publicó)Página 22 de la Gaceta

Página 23

SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

200 CARABOBO

GACETA OFICIAL DE LA BEPURLICA BOLIWARIANA DE VINEZUELA

Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización El trámite es PERSONAL.

En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios o sobrinos).

En su defecto consignar poder debidamente autenticado.

Siguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta

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Página 24

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)

Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.

Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.

Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria

Caracas – Venezuela

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.

http://www.imprentanacional.gob.ve

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AÑO CLI - MES VI Número 42.839

Caracas, jueves 14 de marzo de 2024

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