Gaceta Oficial · Buscador0 %
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 42.800

17 de enero de 2024 · 24 páginas
Descargar texto (.txt)Fuente: PDF oficialFicha
Fuente: Portal oficial (gacetaoficial.gob.ve) ↗ · gacetaoficial.io ↗
Esta Gaceta ordinaria es un documento escaneado. El texto fue leído por OCR y puede tener errores: la imagen de la página original está al lado y es la que vale.

Página 1

Caracas, miércoles 17 de enero de 2024 Número 42.800 AÑO CLI - MES IV

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR

SENIAT Providencia mediante la cual se revoca la autorización al Auxiliar de Administración Aduanera Aduanas Amado Blanco, C.A., inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) con el número J-00244571-8; y se desactiva la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA.

Providencia mediante la cual se revoca la autorización al Auxiliar de Administración Aduanera ADUTRANS, C.A., registrado bajo N° 793 e inscrito en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) con el número J-00174982-9; y se desactiva la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA.

Providencia mediante la cual se procede a la anulación de dos mil (2.000)

unidades de Formularios de forma 33, que en ella se señalan.

Oficina de Auditoría Interna del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria-SENIAT Decisión mediante la cual se declara la responsabilidad administrativa de la ciudadana Anneth Edugly Aular Sandoval; y se impone multa por la cantidad que en ella se indica.

Decisión mediante la cual se declara la responsabilidad administrativa del ciudadano René José Márquez Marenco; y se impone multa por la cantidad que en ella se señala.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR

PARA LA EDUCACIÓN Y PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Resolución Conjunta mediante la cual se crea la red de cooperación entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, para la articulación académica entre las Escuelas Técnicas, las Instituciones de Educación Universitarias Nacionales y la Misión Sucre.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA EL TRANSPORTE

INAC Providencia mediante la cual se renueva el Certificado de Funcionamiento del CEA “Centro Integral Perla, C.A.”, de acuerdo a las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se indican.

Providencia mediante la cual se otorga el Permiso Operacional a la Sociedad Mercantil “Aducarga, C.A.”, de acuerdo a las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se señalan.

Providencia mediante la cual se renueva el Permiso Operacional a la Sociedad Mercantil Lujan Fumigaciones, C.A., con base a las condiciones, limitaciones y términos que en ella se especifican.

DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Héctor Antonio Insignares Acosta, como Coordinador de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado La Guaira, en condición de Suplente.

Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas que en ella se mencionan, para ocupar los cargos que en ella se especifican, de este Organismo.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Liz Daniela López Parraga, como Coordinadora Regional de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, en condición de Encargada.

Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana y al ciudadano que en ella se mencionan, a los Despachos de la Defensoría Pública que en ella se indican, adscritos a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, con competencia en las materias que en ella se especifican.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Daniela Geraldine Moreno Rauseo, como Jefa de la División de Contratos, de la Dirección de Compras y Contratos, adscrita a la Dirección Nacional de Administración, en condición de Encargada.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE ECONOMÍA , FINANZAS

Y COMERCIO EXTERIOR

página original (tal como se publicó)Página 1 de la Gaceta

Página 2

II DEL DERECHO El artículo 89 del Decreto Constituyente mediante el cual se dicta la Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.507 Extraordinario, de fecha 29 de enero de 2020, establece lo siguiente:

"Artículo 89. Son Auxiliares de la Administración Aduanera: los agentes y agencias de aduanas; las empresas de almacenamiento o depósitos aduaneros; las tiendas y depósitos libres de impuestos (Duty Free Shops); las empresas de mensajería internacional courier, consolidación de carga, transporte; y aquellos que la Administración Aduanera designe como tales mediante Providencia Administrativa.

Estos auxiliares deberán estar autorizados y registrados por la Administración Aduanera, según corresponda, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento.

Salvo los casos previstos en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, los Auxiliares de la Administración Aduanera no podrán ser autorizados para realizar conjuntamente actividades de agentes de aduanas, transporte, consolidación de carga y almacenaje".

Del artículo antes transcrito, se infiere que todo Auxiliar de la Administración Aduanera, en el ejercicio de sus funciones, asume dentro de sus responsabilidades la de ser diligente con el consignatario contratante y con la Administración Aduanera, la de presentar con exactitud y veracidad los datos que deban ser aportados a la Administración, todo esto visto que la misma, al autorizarlo como Auxiliar deposita su confianza para que actúe como un intermediario especializado entre ésta y el usuario del Servicio Aduanero.

Asimismo, el artículo 90 de la referida Ley, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 90. Los Auxiliares de la Administración Aduanera deberán cumplir, entre otros, los requisitos y obligaciones siguientes:..

4. Facilitar las labores de reconocimiento, control, verificación o cualquier otra actuación de la Administración Aduanera en el ejercicio de sus facultades;:..

11. Comprobar las condiciones y estados de los embalajes, sellos, precintos y demás medidas de seguridad de las mercancías y medios de transporte y comunicar inmediatamente a la Administración Aduanera cualquier irregularidad, cuando les corresponda recibir, almacenar o transportar mercancías;.

19. Ser diligente en el ejercicio de sus funciones a los fines de preservar la seguridad fiscal y los intereses del comercio;...

20. Mantener las condiciones y requisitos que dieron lugar a la autorización o registro;(...)".

En la norma transcrita se evidencia la obligación de los Auxiliares de la Administración de prestar la debida colaboración a las autoridades competentes al momento de dar cumplimiento a las normas y procedimientos aduaneros y portuarios existentes establecidos para regular y contralar la llegada o salida de mercancías objeto de comercio internacional, así como comunicar inmediatamente a la Administración Aduanera, cualquier irregularidad cuando les corresponda recibir, almacenar o transportar mercancías.

Del mismo modo, el articulo 91 ejusdem, señala lo siguiente:

"Artículo 91. Los Auxiliares de la Administración Aduanera son responsables solidarios ante la República, por las consecuencias tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran sus empleados en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos empleados queden legalmente sujetos".

Del articulo transcrito se desprende que los Auxiliares de la Administración Aduanera tienen la obligación de crear los procedimientos y normas internas de prevención y control sobre las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes o usuarios con personas naturales y jurídicas ubicadas en el país, así como examinar alguna operación sospechosa vinculada con dicha información y por lo tanto, son responsables solidarios ante la República por las consecuencias tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran sus trabajadores en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos trabajadores queden legalmente sujetos.

En este sentido, el Auxiliar de la Administración Aduanera antes indicado, se encuentra incurso en las causales de revocatoria previstas en el literal g) del artículo 151 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.273 Extraordinario de fecha 20 de mayo de 1991, que establece lo siguiente:

"Artículo 151. Son causales de revocación de la autorización, las siguientes...

g) Cualquier otra falta grave en el ejercicio de sus funciones, que atente contra la seguridad fiscal o los intereses del comercio".

Con fundamento en lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo establecido en las normas antes señaladas, este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria concluye que la sociedad mercantil ADUANAS AMADo BLANCo, C.A., inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) con el número 3-00244571-8, autorizada bajo Registro N° 856, para actuar como Agencia de Aduanas, se encuentra incurso en el supuesto previsto en el literal g) del artículo 151 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.273 Extraordinario de fecha 20 de mayo de 1991, y cuya consecuencia jurídica es la revocatoria de su autorización para operar como Auxiliar de la Administración Aduanera.

III DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, decide:

1) REVoCAR la autorización al Auxiliar de Administración Aduanera ADUANAS AMADo BLANCo, C.A., inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) con el número J-00244571-8.

2) DESACTIVAR la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA al Auxiliar de la Administración Aduanera, ADUANAS AMADO BLANCo, C.A., inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) con el número J-00244571-8.

3) Esta Providencia Administrativa entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Se le notifica que en caso de inconformidad con la presente decisión podrá interponer el Recurso Contencioso Tributario, previsto en el artículo 286 y siguientes del Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.507 Extraordinario, de fecha 29 de enero de 2020, dentro de los veinticinco (25) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, JOSE PAVID CABELLO RONDÓN Superinteridante: Servicio Nacional Integrado de Admunistración Aduanera y Tributaria ecreto N9.851 de fecha 01/02/2008 Gaceta Oficial de la Repúbficaolivariana de Venezuela N° 38.863 de fecha 01/02/2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA Caracas, 30 de noviembre de 2023 Años 213°, 164° y 24°

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/INA/GRA/DAA/URA/2023/000081

El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), designado mediante Decreto N° 5.851, de fecha 1º de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 5º numerales 3 y 23 y el artículo 152 del Decreto Constituyente mediante el cual se dicta la Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.507 Extraordinario, de fecha 29 de enero de 2020, el artículo 7° y el artículo 10° numeral 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria(SENIAT), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, el artículo 7 numeral 6 y el artículo 8 numeral 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012, dicta la siguiente Providencia Administrativa de Revocatoria de la Autorización para operar como Auxiliar de la Administración Aduanera, a la sociedad mercantil ADUTRANs, C.A., inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) con el número J-00174982-9, autorizada como AGENCIA DE ADUANAS bajo el registro N° 793, mediante Resolución N° 1.876 de fecha 19 de septiembre de 1983, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 32.815, de fecha 20 de septiembre de 1983, para actuar ante las Gerencias de Aduanas Principales de La Guaira, Aérea de Maiquetía y Postal de Caracas.

I DE LOS HECHOS

Por cuanto el Auxiliar de la Administración Aduanera ADUTRANS, C.A., inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) con el número 3-00174982-9, autorizada bajo Registro N°793, es responsable solidario ante el Servicio, por las omisiones de informar actividades sospechosas de las mercancías introducidas al territorio nacional que provengan o estén vinculadas al delito de delincuencia organizada, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

página original (tal como se publicó)Página 2 de la Gaceta

Página 3

Así pues, de conformidad con la normativa aduanera vigente, el incumplimiento de los requisitos y obligaciones tomados en cuenta para otorgar la autorización, encuadra como causal de revocatoria de la autorización para actuar como Auxiliar de la Administración Aduanera.

II DEL DERECHO El artículo 89 del Decreto Constituyente mediante el cual se dicta la Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.507 Extraordinario de fecha 29 de enero de 2020, establece lo siguiente:

"Artículo 89. Son Auxiliares de la Administración Aduanera: los agentes y agencias de aduanas; las empresas de almacenamiento o depósitos aduaneros; las tiendas y depósitos libres de impuestos (Duty Free Shops); las empresas de mensajería internacional courier, consolidación de carga, transporte; y aquellos que la Administración Aduanera designe como tales mediante Providencia Administrativa.

Estos auxiliares deberán estar autorizados y registrados por la Administración Aduanera, según corresponda, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento.

Salvo los casos previstos en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, los Auxiliares de la Administración Aduanera no podrán ser autorizados para realizar conjuntamente actividades de agentes de aduanas, transporte, consolidación de carga y almacenaje".

Del articulo antes transcrito, se infiere que todo Auxiliar de la Administración Aduanera, en el ejercicio de sus funciones, asume dentro de sus responsabilidades la de ser diligente con el consignatario contratante y con la Administración Aduanera, la de presentar con exactitud y veracidad los datos que deban ser aportados a' la Administración, todo esto visto que la misma, al autorizarlo como Auxiliar deposita su confianza para que actúe como un intermediario especializado entre esta y el usuario del Servicio Aduanero.

Asimismo, el artículo 90 de la referida Ley, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 90. Los Auxiliares de la Administración Aduanera deberán cumplir, entre otros, los requisitos y obligaciones siguientes.:...

4. Facilitar las labores de reconocimiento, control, verificación o cualquier otra actuación de la Administración Aduanera en el ejercicio de sus facultades;..

11. Comprobar las condiciones y estados de los embalajes, sellos, precintos y demás medidas de seguridad de las mercancías y medios de transporte y comunicar inmediatamente a la Administración Aduanera cualquier irregularidad, cuando les corresponda recibir, almacenar o transportar mercancías;..

19. Ser diligente en el ejercicio de sus funciones a los fines de preservar la seguridad fiscal y los intereses del comercio;...

20. Mantener las condiciones y requisitos que dieron lugar a la autorización o registro;(...)".

En la norma transcrita se evidencia la obligación de los Auxiliares de la Administración de prestar la debida colaboración a las autoridades competentes al momento de dar cumplimiento a las normas y procedimientos aduaneros y portuarios existentes establecidos para regular y contralar la llegada o salida de mercancías objeto de comercio internacional, así como comunicar inmediatamente a la Administración Aduanera, cualquier irregularidad cuando les corresponda recibir, almacenar o transportar mercancías.

Del mismo modo, el articulo 91 ejusdem, señala lo siguiente:

"Artículo 91. Los Auxiliares de la Administración Aduanera son responsables solidarios ante la República, por las consecuencias tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran sus empleados en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos empleados queden legalmente sujetos".

Del artículo transcrito se desprende que los Auxiliares de la Administración Aduanera tienen la obligación de crear los procedimientos y normas internas de prevención y control sobre las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes o usuarios con personas naturales y jurídicas ubicadas en el país, así como examinar alguna operación sospechosa vinculada con dicha información y por lo tanto, son responsables solidarios ante la República por las consecuencias tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran sus trabajadores en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos trabajadores queden legalmente sujetos.

En este sentido, el Auxiliar de la Administración Aduanera antes indicado, se encuentra incurso en la causal de revocatoria prevista en el literal g) del artículo 151 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.273 Extraordinario de fecha 20 de mayo de 1991, que establece lo siguiente:

"Artículo 151. Son causales de revocación de la autorización, las siguientes:..

g) Cualquier otra falta grave en el ejercicio de sus funciones, que atente contra la seguridad fiscal o los intereses del comercio".

Con fundamento en lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo establecido en las normas antes señaladas, este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, concluye que la sociedad mercantil ADUTRANS, C.A., inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) con el número 3-00174982-9, autorizada como AGENCIA DE ADUANAS bajo el registro N° 793, para actuar como Agencia de Aduanas, se encuentra incursa en el supuesto previsto en el literal g) del artículo 151 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.273 Extraordinario de fecha 20 de mayo de 1991, y cuya consecuencia jurídica es la revocatoria de su autorización para operar como Auxiliar de la Administración Aduanera.

III DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, decide:

1) REVOCAR la autorización al Auxiliar de Administración Aduanera ADUTRANS, C.A., registrado bajo N° 793 e inscrito en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) con el número J-00174982-9.

2) DESACTIVAR la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA al Auxiliar de la Administración Aduanera, ADUTRANS, C.A., inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) con el número 3-00174982-9.

3) Esta Providencia Administrativa entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Se le notifica que en caso de inconformidad con la presente decisión podrá interponer el Recurso Contencioso Tributario, previsto en el artículo 286 y siguientes del Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.507 Extraordinario de fecha 29 de enero de 2020, dentro de los veinticinco (25) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, JOSENPASED GABELLO RONDÓN Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria Decret 5.851 de fecha 01/02/2008 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de fecha 01/02/2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) SNAT/2023/000082

Caracas, 06 de diciembre 2023

2130, 164º y 240

El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 7° y el artículo 4° numeral 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015; en concordancia con el artículo 9 numeral 5 de la Resolución N° 32 sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.881 Extraordinario, de fecha 29 de marzo de 1995.

Dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE ANULAN LOS FORMULARIOS.

Artículo 1°. Procédase a la anulación, de Dos Mil (2.000) unidades de Formularios, por razones de extravió de la División de Especies Fiscales adscrita a la Gerencia Financiera Administrativa de la Gerencia General de Administración; las cuales no pueden ser utilizadas en el servicio de la Renta, a continuación se detallan:

VALOR TOTAL FECHA DE FORMULARIO NUMERACIÓN TOTAL BS EMISIÓN UNIDAD FACIAL 0,00 500

1.001. al 1.500 F-2020 0,00 FORMA 33 Declaración y 0,00 500 2.001 al 2.500 F-2020 0,00 Pago de Enajenación de 0,00 500 3.501 al 4.000 F-2020 0,00 Inmuebles para Personas 0,00 13.501 al 14.000 F-2020 500 0,00 Naturales y Jurídicas TOTAL GENERAL 2.000 0,00

página original (tal como se publicó)Página 3 de la Gaceta

Página 4

Artículo 2°. Se ordena a la División de Especies Fiscales adscrita a la Gerencia. Financiera Administrativa de la Gerencia General de Administración, realizar el ajuste en su cuenta contable que diere lugar la anulación de las unidades de Formularios señaladas en el artículo 1°, las cuales fueron autorizadas su emisión y circulación mediante la Providencia Administrativa SNAT/2020/0073, de fecha 14/12/2020, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.050 de fecha 19 de enero de 2021.

Artículo 3°. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, JOSE DAVID CABELLO-RONDÓN Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria DecretoN° 5.851 del 01-02-2008 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 del 01-02-2008

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA- SENIAT

CARACAS, 20 DE JULIO DE 2023 213, 164° y 24° DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° SNAT/OAI/DDR/PDRA/D/2023-01 CAPITULO I

NARRATIVA

A. ANTECEDENTES Quien suscribe, ASDRUBAL ROMERo, titular de la cédula de identidad N° V-6.127.432, Jefe de la Oficina de Auditoría Interna en calidad de Interventor, designado según Resolución N° 01-00-000400, de fecha quince (15) de julio de dos mil quince (2015), publicada en la Gaceta Oficial N° 40.706, de fecha veinte (20) de julio de dos mil quince (2015), en uso de las atribuciones legalmente conferidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010), siendo la oportunidad legal prevista en el artículo 103 ejusdem y de conformidad con la atribución conferida en el artículo 18, numeral 12 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2013/0069, de fecha trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.294, de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013), para decidir el procedimiento administrativo tramitado por este Órgano de Control Fiscal Interno, mediante Auto de Apertura N° OAI/DDR/PDR/RA-2023-01, de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil veintitrés (2023) y que dio inicio al procedimiento administrativo para la Determinación de Responsabilidades con motivo de la presunta omisión al levantamiento del Acta de Entrega incurrida por la servidora pública AnnETH EDUGLY AULAR SANDOVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, quien se desempeñaba en el cargo de Jefa de la División de Planificación de la Gerencia de Planificación y Tecnología, adscrita a la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicación de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), según el Informe de Resultados N° IR-03-2023, de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023), así como, los recaudos correspondientes contenidos en el expediente signado con el N° PI-04-2022, todo ello, como resultado del Procedimiento de Potestad Investigativa iniciado por la Coordinación de Potestad Investigativa adscrita a la División de Control Posterior de este Órgano de Control Fiscal Interno, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 41 y 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010); relacionado con a la entrega de la División antes referida, según Acta Constancia suscrita el cuatro (04) de noviembre de dos mil veinte (2020), por las SerVidoraS pÚblicas ALESSANDRA GINETH SALANDY SANTANDER, titular de la cédula de identidad N° V-20.638.946, en su carácter de Jefa (entrante) de la mencionada DiviSión, MARIELA CHACON MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.019.460 y GLORIA TINEO, titular de la cédula de identidad N° v-8.773.281, ambas en calidad de testigos, por cuanto la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDOVAL, antes identificada, quien se desempeñó como Jefa de la División de Planificación de la Gerencia de Planificación y Tecnología, adscrita a la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicación de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), desde el primero (1°) de octubre de dos mil dieciocho (2018), hasta su renuncia en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), según consta en la

certificación de cargos emitida por la Gerencia General de Gestión Humana de este Servicio, sin realizar la entrega formal de la mencionada División; es por esto que, a los fines de cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4 y 8 de la Resolución N° 01-00-000162, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009), relativa a las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.229, de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil nueve (2009); expediente que fue remitido por la División de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, a esta División de Determinación de Responsabilidades a través del memorando N° SNAT/OAI/DCP/CPI/2023-01, de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023), y que corren insertas en el expediente administrativo N° OAI/DDR/PDR/RA/2023-01, nomenclatura de la División de Determinación de Responsabilidad Administrativa adscrita a la Oficina de Auditoria Interna del SENIAT-.

B. DE LA SUSTANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

administrativo de Potestad Investigativa identificado con las siglas y número N° PI-04-2022, son los siguientes:

1. Auto de Proceder N° PI-04-2022, de fecha primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022), folios uno (01), al tres (03) y reversos.

2. Informe de Verificación de Acta Constancia, N°AE-34-2022, de fecha veinte (20) de abril de dos mil veintidós (2022), según folios cuatro (04) al once (11), ambos inclusive.

3. Memorando de remisión de Acta Constancia suscrito por la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicaciones N° SNAT/GGTI/GPT/2020-000434 de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020) correspondiente al folio doce (12).

4. Acta Constancia y sus anexos correspondiente a los folios trece (13) al cuarenta y uno (41).

5. Memorando de solicitud de certificación de cargos dirigido a la Gerencia de Gestión de Servicio General Humana este N° SNAT/OAI/DCP/CPI/2022-000798, de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022), folio cuarenta y dos (42).

6. Memorando de remisión de certificación de cargos emitido por la Gerencia General de Gestión Humana de este Servicio N° SNATGGGH/GNL/20223217, de fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022), folio cuarenta y tres (43).

7. Certificación de cargos de la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDoVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, correspondiente al folio cuarenta y cuatro (44).

8. Oficio de notificación a la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDoVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, N° SNAT/OAI/DCP/2022-02, de fecha primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022), notificada personalmente en fecha nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023), folio cuarenta y cinco (45) y reverso al cuarenta y seis (46) ambos inclusive.

9. Escrito de Descargos, de fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (23) emitido por la servidora púbica ANNETH EDUGLY AULAR SANDovAL, se encuentra inserto en el folios cuarenta y siete (47) y reverso.

10. Informe de Resultados N° IR-04-2023, de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023); correspondiente a los folios cuarenta y ocho (48) al cincuenta (50), ambos inclusive incluidos sus reversos.

11. Memorando de remisión de Informe de Resultados N° SNAT/OAI/DCP/2023-01, de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023), el cual riela en el folio número cincuenta y uno (51).

Los principales recaudos y actuaciones que cursan en el expediente administrativo para la Determinación de Responsabilidades Administrativas N° OAI/DDR/PDR/RA/2023-01, son los siguientes:

1. Memorando N° SNAT/OAI/DDR/2023-N° 000944, de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el cual se participa del inicio del procedimiento administrativo de Determinación de Responsabilidades N° OAI/DDR/PDR/RA-2023-01, al ciudadano Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria José David Cabello Rondón, folio numero cincuenta y dos (52).

2. Oficio de participación N° SNAT/OAI/DDR/2039-N° 000039, de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023), del inicio del procedimiento administrativo de Determinación de Responsabilidades N° OAI/DDR/PDR/RA-2023-01, a la Contraloría General de la República, folio cincuenta y tres (53).

3. Auto de Inicio del Procedimiento de Determinación de Responsabilidades N° OAI/DDR/PDR/RA-2023-01, de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil veintitrés (2023), que cursa entre los folios cincuenta y cuatro (54: al cincuenta y seis (56), y reversos.

página original (tal como se publicó)Página 4 de la Gaceta

Página 5

4. Oficio N° DGPE-23-08-01-279, de fecha trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023), proveniente de la Contraloría General de la República, mediante el cual esa Contraloría informa de la recepción de la notificación del inicio del Procedimiento Administrativo N° OAI/DDR/PDR/RA-2023-01, folio cincuenta y siete (57).

5. Oficio de Notificación N° OAI/DDR-2023-N° 001, de fecha dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023), a la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDoVAL, del Auto de Inicio o Apertura del Procedimiento Administrativo N° OAI/DDR/PDR/RA-2023-01, llevado acabo por esta División, suscrito por la Jefa de la División de Determinación de Responsabilidades de la Oficina de Auditoria Interna del SENIAT, y notificado personalmente en fecha dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023), que cursa entre los folios cincuenta y ocho (58) al cincuenta y nueve (59) y reversos.

6. Auto de preclusión del lapso probatorio, que cursa en el folio sesenta (60).

7. Auto mediante el cual se fija el acto oral y público de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), que cursa en el folio sesenta y uno (61).

8. Memorando N° SNAT/OAI/2023-001567, de fecha tres (03) de julio de dos mil veintitrés (2023), mediante el cual se informa al ciudadano Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de la fijación del acto oral y público, en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), que cursa en el folio sesenta y dos (62).

9. Memorando N° SNAT/OAI/2023-001566, de fecha tres (03) de julio de dos mil veintitrés (2023), mediante el cual se solicita a la Oficina Nacional de Información y Comunicaciones de este Servicio la grabación audiovisual del acto oral y público llevado a cabo en fecha veintinueve (29) de junio de 10. Acta del acto oral y público celebrado en fecha veinte (20) de julio de dos mil veintitrés (2023), correspondiente a los folios sesenta y cuatro (64) al sesenta y siete (67) ambos inclusive.

11. Acta de registro de grabación del acto oral y público celebrado en fecha veinte (20) de julio de dos mil veintitrés (2023), correspondiente al folio numero sesenta y ocho (68) 12. Un (01) CD-ROOM, contentivo de la grabación del acto oral y público, correspondiente al folio sesenta y nueve (69) C. DE LOS HECHOS Y EL DERECHO De los recaudos y documentos que cursan en el expediente administrativo queda comprobado que la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDoVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, ejerció el cargo de Jefa de la División de Planificación de la Gerencia de Planificación y Tecnología, adscrita a la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicación de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), desde el primero (1°) de octubre de dos mil dieciocho (2018), hasta su renuncia en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), según consta en la certificación de cargos emitida por la Gerencia General de Gestión Humana de este Servicio, sin levantar el acta de entrega, a que se encontraba obligada, tal como se observa en el Acta Constancia suscrita por las servidoras públicas en fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil Veinte (2020), ALESSANDRA GINETH SALANDY SANTANDER, titular de la cédula de identidad N° V-20.638.946, en su carácter de Jefa (entrante) de la mencionada División, MARIELA CHACON MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.019.460 y GLORIA TINEO, titular de la cédula de identidad N° V-8.773.281, ambas en calidad de testigos.

En este sentido, cabe destacar que la obligación de llevar a cabo la entrega formal por parte de la presunta responsable, ya identificada, como servidora pública saliente se encuentran señaladas en los artículos 3, 4 y 8 de la Resolución N° 01-00-000162, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009) de la Contraloría General de la República, relativa a las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias emanadas, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.229, de fecha 28 de julio de 2009, los cuales establecen:

"Artículo 3. Todo servidor público que administre, maneje o custodie recursos o bienes públicos, al cesar en su empleo, cargo o función deberá entregar formalmente al órgano, entidad, oficina o dependencia de la cual sea responsable".

(...) "Artículo 4. La entrega se efectuará mediante acta elaborada por el servidor público saliente en la fecha en que el servidor público que lo sustituye en sus funciones tome posesión del cargo, o en un plazo que no excederá de tres (3) días hábiles contados a partir de la toma de posesión".

(..) "Artículo 8. Corresponde a los servidores públicos salientes la elaboración, presentación y suscripción de la respectiva acta de entrega".

D. RELACIÓN DE CAUSALIDAD DE LA OMISIÓN CON EL PRESUNTO RESPONSABLE Una vez analizados y valorados los documentos contentivos en el expediente administrativo identificado con letras y números OAI/DDR/PDR/RA/2023-01, de la presunción de irregularidad en torno a la omisión que se ventila, resulta necesario verificar la participación de la servidora pública ciudadana ANNETH EDUGLY AULAR SANDOVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, presunta responsable en el presente procedimiento administrativo, por lo que de la revisión del expediente se evidencia que fue debidamente designada para ejercer funciones como Jefa de la División de Planificación de la Gerencia de Planificación y Tecnología, adscrita a la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicación de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), según se evidencia en la Certificación de Cargos emanada de la Gerencia General de Gestión Humana, en virtud de lo cual esta servidora pública tenía la obligación de rendir cuentas del ejercicio de su cargo, de conformidad las normas que al respecto ha dictado la Contraloría General de la República, como son las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y sus respectivas Oficinas y Dependencias, antes citadas, las cuales indican expresamente que el funcionario saliente dispone de un lapso de tres (3) días hábiles para levantar el acta de entrega, donde rendirá cuentas de todo lo que estuvo bajo su responsabilidad y dominio así como el estado y estatus para la fecha del cese de sus funciones de las actividades que le correspondieron en el cargo, lo cual no ocurrió en este caso, de acuerdo a lo que consta en autos, situación que a la servidora pública vincula al presunto hecho irregular plasmado en el Auto de apertura N° OAI/DDR/PDR/RA/2023-01, nomenclatura de la División de Determinación de Responsabilidades adscrita a la Oficina de Auditoria Interna.

E. SUPUESTO GENERADOR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA De lo anterior, es evidente que la omisión cometida por la servidora pública saliente de la División de Planificación de la Gerencia de Planificación y Tecnología, adscrita a la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicación de este Servicio, la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDoVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, se subsume entonces en el supuesto generador de responsabilidad administrativa establecido en el numeral 26° del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23 de diciembre de 2010, que señala:

"Artículo 91°- "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa, los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

...omisis...

26. Quienes incumplan las normas o instrucciones de control dictadas por la Contraloría General de la República" CAPITULO II MOTIVA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Analizados como fueron los elementos que constituyen el expediente administrativo contentivo de la potestad investigativa N° PI-04-2022, sustanciada conforme a las normas preceptuadas en el artículo 77 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010), este Órgano de Control procedió a dar inicio al Procedimiento Administrativo establecido en el artículo 95 ejusdem, contenido en el expediente administrativo distinguido con el N° OAI/DDR/PDR/RA-2023-01, de la División de Determinación de Responsabilidades de la Oficina de Auditoría Interna, en virtud de la presunta existencia de elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la efectiva Determinación de una Responsabilidad Administrativa.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la División de Determinación de Responsabilidades adscrita a la Oficina de Auditoría Interna dictó Auto de Apertura, a los efectos de iniciar el respectivo procedimiento administrativo como consecuencia de la omisión en la que presuntamente incurrió la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDOVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, quien ostentó el cargo Jefa de la División de Planificación de la Gerencia de Planificación y Tecnología, adscrita a la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicación de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), desde el primero (1°) de octubre de dos mil dieciocho (2018), hasta su renuncia en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), según consta en la documentación ampliamente descrita, sin elaborar el Acta de Entrega correspondiente el cesar en su cargo.

Ante la omisión de la presunta responsable, en apego a la normativa antes citada, se levanta Acta Constancia de fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veinte (2020), mediante la cual las servidoras públicas ALESSAnDRA GINETH SALANDY SANTANDER, titular de la cédula de identidad N° V-20.638.946, en su carácter de Jefa (entrante) de la mencionada División, MARIELA CHACON MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.019.460 y GLORIA TINEO, titular de la cédula de identidad N° V-8.773.281, ambas en calidad de testigos para dejar constancia de la falta de entrega formal del referida División, por parte de la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDOVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919.

página original (tal como se publicó)Página 5 de la Gaceta

Página 6

ELEMENTOS PROBATORIOS DEL ILICITO ADMINISTRATIVO Los elementos probatorios que demuestran la omisión de la servidora pública ya plenamente identificada, que pudieran comprometer su responsabilidad administrativa, se evidencia en los documentos que cursan en el expediente administrativo y que se mencionan a continuación:

1. Auto de Proceder N° PI-04-2022, de fecha primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022), inserta en los folios uno (01), al tres (03) y reversos.

2. Acta Constancia y sus anexos correspondiente a los folios trece (13 ) al cuarenta y uno (41).

3. Informe de Verificación de Acta Constancia N°AE-34-2022, de fecha veinte (20) de abril de dos mil veintidós (2022), los cuales rielan en los folios cuatro (04) al once (11), ambos inclusive.

4. Certificación de cargos emitida por la Gerencia General de Gestión Humana, de la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDoVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, remitida a este Órgano de Control mediante memorando N° SNATGGGH/GNL/20223217, de fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022), según folios cuarenta y tres (43) y cuarenta y cuatro (44).

DEL DERECHO A LA DEFENSA DEL PRESUNTO RESPONSABLE Durante el ejercicio de la potestad investigativa, iniciada por la División de Control Posterior de la Oficina de Auditoría Interna del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y con el objeto de privilegiar su derecho a la defensa, tal y como lo consagra el artículo 49, ordinal 1°, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la servidora pública ANNETHEDUGLY AULAR SANDOVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, plenamente identificada en autos, fue puesta en conocimiento del inicio del Procedimiento de Potestad Investigativa distinguida con el N° PI/04/2022, de fecha primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022) por la omisión que consta en la notificación la N° SNAT/OAI/DCP/2022-02, de fecha primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022), comunicada personalmente en fecha nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023), en virtud de su condición de interesada legítima, para esa etapa investigativa en la cual, dentro del lapso otorgado para la presentación de escrito de descargos, quien ejerció su derecho a la defensa, tal como consta en el Informe de Resultados N° IR-03- 2023, de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

De la misma forma fue notificada la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDOVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, en la etapa de Determinación de Responsabilidades, mediante Oficio de Notificación N° OAI/DDR-2023-N° 001, de fecha dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023), del Auto de Inicio o Apertura del Procedimiento Administrativo N° OAI/DDR/PDR/RA-2023-01, de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil veintitrés (2023), del cual fue notificado personalmente a la interesada legítima del contenido del Auto de Apertura, según consta en el folio cincuenta y ocho (58) del expediente administrativo; todo ello, conforme al artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, concediéndosele un lapso de quince (15) días hábiles, para que indicara o anunciará las pruebas que considerara le asisten para la mejor defensa de sus intereses, y que produciría en el acto oral y público, preceptuado en el artículo 101 ejusdem, siendo que ésta no compareció, no consignó ni anunció pruebas o alegatos para su defensa.

Vencido el lapso de quince (15) días hábiles contemplado en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, quedo fijada la audiencia oral y publica para el día veinte (20) de julio de dos mil veintitrés (2023), tal como consta en copia certificada del auto que fija el acto oral y público, de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) y que reposa en el folio sesenta y uno (61) del expediente administrativo.

DE LA VALORACIÓN LEGAL Desde la perspectiva general, en virtud de lo visto en el expediente administrativo y lo antes expuesto, tomando en consideración lo expresado en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario, de fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil nueve (2009), en la cual establece la responsabilidad de quienes ostentan cargos en la Administración Pública, que obligatoriamente deben regirse por los principios de transparencia en sus gestiones, a saber tal artículo contempla:

Artículo 141°- "La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho." De acuerdo al contenido de la norma, se deduce que el ejercicio de la función pública impone a aquellos ciudadanos que la detentan la sujeción de sus actuaciones a la celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de esa función; el valor de la honestidad, entendido como la congruencia entre lo que se encuentra establecido y regulado en el ordenamiento jurídico con las ejecutoras que se desarrollan. En este sentido, la falsedad de cualquier dato suministrado, la indisciplina, la inobservancia de la normativa jurídica existente, entre otros antivalores no tienen cabida en el orden administrativo, pues causaría un daño al colectivo. Respecto a la celeridad, se traduce en actividades con prontitud, encaminadas a optimizar y racionalizar los trámites administrativos, ajustada a los nuevos tiempos y realidades de la demografía, áreas de trabajo, demandas del soberano, tecnología, para el bien del colectivo (administrado) y del Estado (administrador). Asimismo, la eficacia, la cual es entendida como el cumplimiento de lo planificado en el tiempo establecido y recursos de rigor, para evitar las dilaciones innecesarias, los gastos indebidos. Por su parte, la eficiencia, la cual va más allá del cumplimiento efectivo de la acción, pues supone incorporar en cada tarea la eficiencia de la acción; siguiendo el mismo orden, la transparencia en el accionar es concebida como la medida y estrategia de un accionar pulcro, sin vicios que pudiesen enturbiar y pervertir, contrariar y enervar el sueño, los anhelos y las aspiraciones del colectivo.

Uno de los componentes mas importantes del tema que nos atañe es la rendición de cuentas, la cual se constituye como un juicio o precepto que encuentra justificación en el valor de la transparencia, lo que conjuntamente estaría evidentemente entrelazado con la responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho debe estar en la conciencia de todo ser humano y con mayor acentuación en cada detentador del poder público, que le permita la reflexión, la orientación y a la valoración de las consecuencias de diversa índole por el sólo hecho de administrar competencias en beneficio social. Considerando el planteamiento, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario, de fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil nueve (2009), específicamente en los artículos 7 y 137 se establece el denominado principio de legalidad administrativa, donde cada actuación del detentador público debe estar sometida a lo que prescribe el orden jurídico, es decir el derecho; ésta es uno de los caracteres del Estado, el sometimiento del Estado al Derecho y nunca del Derecho al Estado.

La Carta Magna, en su edición del año mil novecientos noventa y nueve (1999), presentó una forma de blindaje del adecuado ejercicio público con la existencia de un quinto poder público llamado Poder Ciudadano, el cual dentro de sus atribuciones está, de acuerdo a lo establecido en el artículo 274, de este cuerpo legal, la facultad de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la responsabilidad social y el trabajo. La Contraloría General de la República es uno de los tres Órganos que forman parte del Poder Ciudadano, el cual se encarga del control posterior mediante funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control. Así, todo aquel funcionario público que ingresa a ocupar un cargo de dirección dentro de la administración pública está en la obligación y el derecho de solicitarle a su antecesor un Acta de Entrega, donde se refleje el estatus de lo que esta transmitiendo al nuevo funcionario.

Cabe considerar entonces a los efectos de la posibilidad de exigencia de responsabilidad, el Decreto N° 1.424 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil catorce (2014), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de la misma fecha, en el que se establece el Principio de Rendición de Cuentas, al disponer en su artículo N° 14, que "Las funcionarias y funcionarios de Administración Pública deberán rendir cuentas de los cargos que desempeñan en los términos y condiciones que determine la ley", disposición ésta que ineludiblemente atiende a las prácticas constitucionales.

En este sentido, este órgano de controi fiscal, estima necesario realizar algunas consideraciones en torno de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos establecida en nuestro ordenamiento jurídico, con la finalidad de crear un marco conceptual en el caso que nos ocupa, por lo que es preciso mencionar las normas específicas, las cuales tienen por objeto regular la entrega de los órganos y entidades de la administración pública y de sus respectivas oficinas o dependencias, que de acuerdo con lo dispuesto en este instrumento normativo, todo servidor público que administre, maneje o custodie recursos o bienes públicos rendirá cuentas mediante acta que se elaborará, presentará, suscribirá y verificará en atención a los principios constitucionales anteriormente descritos y conforme a la normativa determinada.

De acuerdo a la comunicación de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), emitida por la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDOVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, mediante la cual deja constancia de su renuncia al cargo que desempeñaba como Jefa de División de Planificación de la Gerencia de Planificación y Tecnología, adscrita a la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicación de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), observándose que habiendo transcurrido el lapso para la entrega formal de la dependencia bajo su cargo, no levantó el acta de entrega a que se encontraba obligada, de conformidad con la Resolución 01-00-000162, de fecha veintisiete (27) de julio de (2009), emanada de la Contraloría General de la República, mediante la cual dicta las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.229, de fecha veintiocho (28) de julio de 2009 y que en sus artículos 3, 4, y 8, establece:

Deber de hacer entrega:

Artículo 3° "Todo servidor público que administre, maneje o cargo o función deberá entregar formalmente el órgano, Entidad, oficina o dependencia de la cual sea responsable.

Materialización de la entrega "Artículo 4°- La entrega se efectuará mediante acta elaborada por el servidor público saliente en la fecha en que el servidor público que lo sustituya en sus funciones tome posesión del cargo, o en un plazo que no excederá de tres (3) días hábiles contados a partir de la toma de posesión. Si para la fecha en que el servidor público saliente se separa del cargo no existiere nombramiento o designación del funcionario que lo sustituirá, la entrega se hará al funcionario público que la máxima autoridad jerárquica del respectivo ente u organismo designe para tal efecto." Responsables de elaborar y suscribir el acta de entrega "Artículo 8°- Corresponderá a los servidores públicos salientes la elaboración, presentación y suscripción de la respectiva acta de entrega."

página original (tal como se publicó)Página 6 de la Gaceta

Página 7

Lo anterior expuesto supone la inobservancia a la normativa que bien define la obligación y responsabilidad del servidor público que cesa en sus funciones en cuanto a la elaboración, presentación y suscripción de la respectiva acta de entrega, la cual estará contenida de todos los datos concernientes a su gestión, rindiendo cuentas de las condiciones en las cuales entrega su cargo;

obligación ésta que permite verificar las circunstancias en las que permanece su cargo en el momento en que culmina su desempeño, la transparencia de su gestión y la orientación pertinente al servidor entrante de lo que recibe y el estado en que lo hace.

En la búsqueda de una decisión ajustada a Derecho respecto a la presente causa, considera quien decide, la pertinencia de llevar a cabo algunas investigaciones generales en cuanto al principio de Presunción de Inocencia a que se alude en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario, de fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil nueve (2009), que en su artículo 49, ordinal 2º señala: "Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario"; es menester señalar ante la ausencia de pruebas para desvirtuar la imputación realizada mediante Auto de Apertura OAI/DDR/PDR/RA-2023-01, de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil veintitrés (2023), fundamentado en el cúmulo de pruebas que corren insertas en el expediente, las cuales fueron obtenidas por esta Oficina de Auditoría Interna en pleno ejercicio de sus funciones. En virtud de esto, es elemental que los hechos objeto de la investigación se ventilen y queden demostrados en el procedimiento y que la involucrada se tenga como inocente hasta su culminación, donde será declarada responsable solo y únicamente si se logra demostrar su interrelación con los hechos ventilados, pues el procedimiento administrativo sancionatorio se fundamenta en la existencia de indicios o elementos de convicción suficientes para la determinación o no de la responsabilidad del investigado, en relación a determinados hechos susceptibles de imponer responsabilidad administrativa.

Realizadas las consideraciones anteriores como consecuencia de la potestad sancionatoria de la Administración, es importante señalar que la responsabilidad administrativa es una de las múltiples acciones ablatorias, que sobre un particular, o bien sobre un funcionario, tiene la administración en virtud de la ilicitud, omisión o negligencia manifiesta, haya tenido en la realización o no de una actividad administrativa. Sin duda que los actos administrativos solo revisten carácter sancionatorio cuando están precedidos de un acto u omisión ilícita previa, calificada como tal por la Ley.

En este punto es importante señalar la conducta a asumir en aquellos casos en los que el servidor público saliente no hace entrega de la dependencia y la máxima autoridad jerárquica ha designado la persona que ha de recibir el órgano, entidad, oficina o dependencia, caso en el que se debe entonces realizar acta en la que se deja constancia del estado en que se encuentren los asuntos, bienes o recursos asignados a esa dependencia, la cual se hace en resguardo de la delimitación de responsabilidades del servidor que recibe como del que omitió la entrega; de allí la importancia que reviste el acta de entrega, a los fines de dejar constancia al momento del funcionario público cesar en sus funciones, situación está que no exime al servidor saliente de la obligación de levantar tal acta, tal como lo prevé la norma ut supra.

Por último es conveniente destacar, relacionadas como fueron las actuaciones y verificados los documentos que conforman el expediente, los razonamientos en torno al hecho y al derecho que dieron origen a la presente causa, la conducta desplegada de la presunta responsable en el presente caso confirma que existen elementos de convicción que el hecho se constituye en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 26° del artículo 91, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema, Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010), por cuanto se configuró un incumplimiento de lo establecido en los artículos 3, 4 y 8 de la Resolución N° 01-00-000162, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009), emanada de la Contraloría General de la República, mediante la cual se dictan las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.229, en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil nueve (2009). Así se decide.

CAPITULO III DISPOSITIVA Por las consideraciones antes expuestas y en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 103 y 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010), en concordancia con el numeral 12 del artículo 18 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2013-N° 0069, de fecha trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.294, de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013), en atención a lo expresado anteriormente, me he formado la convicción de conformidad a la atribución prevista en el artículo 103 de la citada Ley y 97 de su Reglamento decido:

PRIMEro: Declaro la responsabilidad administrativa de la servidora pública ANNETH EDUGLY AULAR SANDOVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, quien ejerció funciones como Jefa de División de Planificación de la Gerencia de Planificación y Tecnología, adscrita a la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicación de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y quien incurrió en el supuesto generador de responsabilidad administrativa contenido en el numeral 26° del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, al omitir el levantamiento del acta de entrega de la División de Planificación de la Gerencia de Planificación y Tecnología, adscrita a la Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicación de este Servicio y de esta forma haber incumplido lo establecido en los artículos 3, 4 y 8 de la Resolución N° 01-00-000162, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009), mediante la cual la Contraloría General de la República emite las Normas para Regular la entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.229, de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil nueve (2009); omisión ésta señalada en el Capítulo I del Auto de Inicio o Apertura, de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

SEGUNDO: ImpOngo a la Ciudadana ANNETH EDUGLY AULAR SANDoVAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.919, en atención a lo dispuesto en el artículo 105, en relación con el 94 ambos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Gaceta oficial N° 6013 Extraordinario de fecha fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010) y en concordancia a lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de la Ley en comento, publicado en Gaceta Oficial N° 39.240, de fecha doce (12) de agosto de dos mil nueve (2009) y el conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la circunstancia agravante contenida en el numeral 2° del artículo 107 y la circunstancia atenuante prevista en el numeral 1° del artículo 108, del mencionado Reglamento, referidas a la condición de funcionario público del declarado responsable y por no haber sido objeto de las sanciones establecidas en la Ley, respectivamente; multa por la cantidad de CEro BOLIVARES COMA OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 0,82) equivalente a QUINIENTOS CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS (550 U.T.), en razón a la entidad del hecho irregular y en atención a la unidad tributaria establecida en el año 2020, cuyo valor era de un mil quinientos bolívares (Bs. 1.500,00) según Providencia Administrativa N° SNAT/2020/00006, de fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.839, en fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), y aplicada como fue la reconversión monetaria decretada por el ejecutivo nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.185, de fecha 06 de agosto de 2021, que aplica a partir del primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

TERcERo: Se ordena notificar a la declarada responsable de esta desición y señalo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 107 de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la Ley en comento, podrá interponer contra la presente decisión Recurso de Reconsideración, dentro de un lapso de quince (15) días hábiles contados a partir de su notificación y que conste por escrito la decisión en el expediente administrativo; asimismo de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 ejusdem, Recurso de Nulidad por ante el Tribunal de Primera o Segunda Instancia de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dentro de un lapso de seis (6) meses.

CuArTo: De conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se ordena la remisión de la presente decisión, una vez firme en sede administrativa, a la Contraloría General de la República.

quInTo: Se ordena remitir un ejemplar de esta Decisión Administrativa, una vez firme en sede administrativa, al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, a los fines de la expedición de la planilla de liquidación de la multa y la realización de gestiones de cobro, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

SExTo: Se ordena la publicación de esta Decisión, una vez firme en sede administrativa, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Cúmplase.

ASDRUBAL ROMERO AUDITOR INTERNO INTERVENTOR RESOLUCIÓN N° 01-00-000400 DE FECHA 15/07/2015 GACETA OFICIAL N° 40.706 DE FECHA 20/07/2015

página original (tal como se publicó)Página 7 de la Gaceta

Página 8

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA-SENIAT CARACAS, 14 DE DICIEMBRE DE 2022 212°, 164° y 24° DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° SNAT/OAI/DDR/PDRA/D/2022-04 CAPITULO I NARRATIVA A. ANTECEDENTES Quien suscribe, ASDRUBAL ROMERO, titular de la cédula de identidad N° V-6.127.432, Jefe de la Oficina de Auditoría Interna en calidad de Interventor, designado según Resolución N° 01-00-000400, de fecha quince (15) de julio de dos mil quince (2015), publicada en la Gaceta Oficial N° 40.706, de fecha veinte (20) de julio de dos mil quince (2015), en uso de las atribuciones legalmente conferidas, de conformidad con lo establecido en el artícuio 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6013 Extraordinario, de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010), estando dentro de la oportunidad legal prevista en el artículo 103 ejusdem y de conformidad con la atribución conferida en el artículo 18, numeral 12 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2013/0069, de fecha trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40294, de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013), para decidir el procedimiento administrativo tramitado por este Órgano de Control Fiscal Interno, el cual fue iniciado a través del Auto de Apertura N° OAI/DDR/PDR/RA-2022-03, de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022), dando así, continuidad con el procedimiento administrativo para la Determinación de Responsabilidades con motivo de los presuntos hechos irregulares aseverados en el Oficio N° DC-DDPT- 2021-0166 de fecha 06/08/2021 emanado de la Contraloría del Estado Barinas, todo ello, como resultado de la actuación de control realizada por este Órgano de Control Fiscal Interno a! recurso humano que labora en las distintas dependencias del país de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), observándose que el servidor público: RENÉ JOSÉ MÁRQUEz MARENCO, titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102, se desempeñaba como Abogado Fiscal I en esa Contraloría del Estado Barinas, desde el 19 de octubre de 2019, así mismo, se evidenció que el servidor público antes identificado, se encontraba registrado en la página web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociaies (IVSS) como funcionario activo de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) adscrito a la Unidad Boconó de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes desde el 07/04/2021, según se demuestra en la certificación de cargos emitida por la Gerencia de Gestión Humana de este Servicio desde el 07/04/2021 hasta la fecha de su remoción ocurrida el 11/08/2021.

B. DE LOS HECHOS

Mediante Auto de Proceder N° PI-02-2022, de fecha primero (1°) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) y que concluyó en el Informe de Resultados de fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) emitido por la Coordinación de Potestad Investigativa adscrita a la División de Control Posterior, recaudos que constan en el Expediente Administrativo identificado con las siglas y números PI/01/2021 nomenclatura correspondiente a la Coordinación de Potestad Investigativa adscrita a la División de Control Posterior y que fueron remitidos a la División de Determinación de Responsabilidades a través del Memorando N° SNAT/OAI/DCP/CPI/2022 de fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022), es por esto que, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 41 y 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se dio inicio al Procedimiento de Potestad Investigativa.

En tal sentido, de la investigación realizada por la Coordinación de Potestad Investigativa adscrita a la División de Control Posterior se determinó que el servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO, titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102, se desempeñaba como Abogado Fiscal I en la Contraloría del Estado Barinas, desde el 19 de octubre de 2019, según se evidencia en la copia certificada de la Resolución N° 150 de fecha 08/10/2019, emitida por esa Contraloría antes mencionada, observándose que al mismo tiempo el prenombrado servidor público, se desempeñaba como funcionario activo de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) adscrito a la Unidad Boconó de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes, según certificación de cargos emitida por la Gerencia de Gestión Humana de fecha 12/08/2021, evidenciándose el ingreso a este Servicio en fecha 07/04/2021 y removido en fecha 11/08/2021, así mismo, se observaron recibos de pago efectuados por esta Institución, por concepto de la prestación de sus servicios, desde la fecha de su ingreso hasta la fecha de su destitución, los cuales totalizan la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 326.88).

C. DEL DERECHO Al respecto, la Ley del Estatuto de la Función Pública publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06/09/2002, establece en el artícuio 35 lo siguiente:

Artículo 35. Los funcionarios o funcionarias públicos no podrán desempeñar más de un cargo público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de un segundo destino, que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes mientras no reemplacen definitivamente al principal.

En tal sentido, es importante resaltar que relacionadas como fueron las actuaciones, así como, verificados los documentos que conforman el expediente y la normativa que rige la materia, se determinó que en el presente caso existen elementos de convicción que hacen presumir la responsabilidad administrativa del servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102, de acuerdo a lo establecido en el numeral 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23/12/2010.

D. DE LA SUSTANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Los principales recaudos y actuaciones que cursan el Expediente Administrativo de Potestad Investigativa identificado con las siglas y número N° PI-01-2021, son los siguientes:

1. Auto de Proceder PI-01-2021 de fecha primero (1°) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Correspondiente a los folios uno (01) dos (02) y reverso.

2. Oficio N° DC-DDPT-2021-0166 de fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), emanado de la Contraloría del Estado Barinas.

Correspondiente al folio tres (03) y reverso.

3. Auto de fecha nueve (09) de agosto de dos mil veintiuno (2021), ordenando solicitar información sobre los presuntos hechos irregulares. Folio cuatro (4).

4. Oficio SNAT/OAI/2021-000041 de fecha trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual se solicita información a la Contraloría del Estado Barinas. Folio cinco (05).

5. Oficio N° DC-DDPT-2021-0190 de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), emanado de la Contraloría del Estado Barinas remitiendo información. Folio seis (06).

6. Copias certificadas de la Resolución N° 150 de fecha 08/10/2019 emitida por la Contraloría del Estado Barinas, mediante la cual se evidencia el nombramiento como abogado Fiscal I, al servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102.

Folios siete (7) al once (11) y reversos.

7. Copias certificadas de los recibos de pago, emitidos por la Contraloría del Estado Barinas, servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102. Folios doce (12) y reverso al quince (15) y reverso.

8. Constancia de Trabajo del servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENC0, titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102 emanada de la Contraloría del Estado Barinas. Folio dieciséis (16).

9. Solicitud de Certificación de Cargos del servidor público: RENÉ J0SÉ MÁRQUEZ MARENCO, titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102, realizada por este Órgano de Control Interno a la Gerencia General de Gestión Humana, mediante Memorando N° SNAT/OAI/DCP/2021-001069 de Memorando fecha 09/08/2021, respondida mediante y SNAT/GGGH/GNL/2021-002488 de fecha 12/08/2021. Folios diecinueve (19) al veintidós (22).

10. Copias certificadas de los recibos pagos efectuados por concepto de sueldos y salarios y otros beneficios salariales, ejecutados por este Servicio y efectuados al interesado legítimo identificado en este Auto, los cuales fueron remitidos por la Gerencia General de Gestión Humana, a este Órgano de Control mediante Memorando N°SNAT/GGGH/GRBL/DR-2020-00379 de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Folios veinticuatro (24) al treinta y dos (32).

11. Memorando N° SNAT/OAIDCP/2022-000039 de fecha 27/01/2022 solicitando apoyo a la Unidad de Boconó adscrita a la GRTI Región Los Andes, a efectos de notificar al servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO, titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102 Folio cuarenta (40).

12. Oficio N° SNAT/OAI/DCP/2021-002304 de fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual se notifica al servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO, titular de la cédula de identidad N°V-13.278.102del procedimiento de Determinación de Responsabilidades, aperturado en su contra. Folios cuarenta y uno (41) a! cuarenta y dos (42) y reversos.

13. Actas de Imposibilidad de Practicar la Notificación al servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO, titular de la cédula de identidad N°V-13.278.102 del procedimiento de Determinación de Responsabilidades, iniciado en su contra, de fechas 09/02/2022, 14/03/2022 y 18/03/2022, Folios cuarenta y tres (43) al cuarenta y cinco (45).

página original (tal como se publicó)Página 8 de la Gaceta

Página 9

14. Memorando N° SNAT/OAIDCP/2021-0000755 de fecha doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se solicita a la Oficina de Relaciones Institucionales, la publicación por prensa al servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEz MARENCO, del procedimiento de Determinación de Responsabilidades, aperturado en su contra. Folios cuarenta y seis (46).

15. Cartel de notificación publicado en el Diario "VEA", en fecha veinte (20) de junio de dos mil veintidós (2022), a los fines de publicar el Auto de Proceder N° PI-01-2021 al servidor públiCo RENÉ J0SÉ MÁRQUEZ MARENCO titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102. Folio cuarenta y siete (47).

16. Informe de Resultados N° IR-02-2022, de fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022); correspondiente a los folios cuarenta y ocho (48) al cincuenta (50), ambos inclusive.

17. Memorando de Remisión de Informe de Resultados proveniente de la División de Control Posterior, de fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022); correspondiente al folio cincuenta y uno (51).

Los principales recaudos y actuaciones que cursan en el Expediente Administrativo para la Determinación de Responsabilidades Administrativas N° OAI/DDR/PDR/RA/2022-03, son los siguientes:

1. Auto de Inicio del Procedimiento de Determinación de Responsabilidades N° OAI/DDR/PDR/RA-2022-03, de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) que cursan entre los folios cincuenta y tres (53) al cincuenta y cinco (55) y reversos.

2. Oficio N° OAI/DDR/2022-000061 de fecha quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022), dirigido al Contralor General de la República, mediante el cual se hace del conocimiento de la apertura del procedimiento administrativo. Folio cincuenta y seis (56).

3. Oficio N° DGPE-22-08-01-555, remitido por La Contraloría General de La República-Dirección General de Procedimientos Especiales, mediante el cual se hace del conocimiento del recibo del Oficio OAI/DDR/2022-000061 de fecha quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022), que cursa en el folio cincuenta y siete (57).

4. Memorando N° SNAT/OAI/DDR/2022-001656, de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) dirigido a la Oficina de Relaciones Institucionales a los fines de solicitar la publicación por prensa del cartel de la notificación del presunto responsable, que cursa en el folio cincuenta y ocho (58).

5. Publicación en el diario VEA de fecha cinco (05) de febrero de dos mil veintidós (2022), de la notificación al servidor público RENÉ J0SÉ MÁRQUEz MARENCo, que cursa en el Expediente Administrativo en el folio cincuenta y nueve (59) al sesenta (60).

6. Auto de preclusión del lapso probatorio, que cursa en el folio sesenta y dos (62).

7. Acta del Acto Oral y Público celebrado en fecha siete (07) de diciembre de dos mil veintidós (2022), que cursa en los folios sesenta y cuatro (64) al sesenta y siete (67) ambos inclusive.

8. Memorando N° SNAT/OAI/DDR/2022-N° 002070 de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se hace la participación del Acto Oral y Público al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, que cursa en el folio sesenta y nueve (69).

9. Memorando N° SNAT/OAI/2022-002069 veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022), referido a la solicitud de grabación audiovisual del Acto Oral y Público, que cursa en el folio sesenta (70).

10. Un (01) CD-ROOM, contentivos de la grabación del Acto Oral y Público, correspondiente al folio setenta y dos (72).

E. RELACIÓN DE CAUSALIDAD DE LA OMISIÓN CON EL PRESUNTO RESPONSABLE Una vez analizados y valorados los documentos contentivos en el Expediente Administrativo N° OAI/DDR/PDR/RA/2022-03, de la presunción del hecho irregular que se ventila, resulta necesario verificar la participación del servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO titular de la cédula de identidad N°V-13.278.102, presunto responsable en el presente procedimiento administrativo, por lo que de la revisión del expediente se observa que fue designado por la Contraloría del Estado Barinas, para ejercer funciones como como Abogado Fiscal I, desde el 19 de octubre de 2019, según se evidencia en la copia certificada de la Resolución N° 150 de fecha 08/10/2019, emitida por esa Contraloría y al mismo tiempo se desempeñaba como funcionario activo de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) adscrito a la Unidad Boconó de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes, según consta en la certificación de cargos emitida por la Gerencia de Gestión Humana de este Servicio, en fecha 12/08/2021, evidenciándose el ingreso del ciudadano antes identificado a ésta Institución en fecha 07/04/2021, en virtud de lo cual el servidor público antes identificado, tenía la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06/09/2002 la cual establece en el artículo 35 lo siguiente:

Artículo 35. Los funcionarios o funcionarias públicos no podrán desempeñar más de un cargo público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de un segundo destino, que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes mientras no reemplacen definitivamente al principal.

F. SUPUESTO GENERADOR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Así las cosas, es evidente que la conducta del servidor público RENÉ J0sÉ MÁRQUEZ MARENCO titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102, se subsume entonces en el supuesto generador de responsabilidad administrativa establecido en el el numeral 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23/12/2010, que señala:

"Artículo 91: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa, los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

...omisiss 29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno." CAPITULO II MOTIVA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Analizados como fueron los elementos que constituyen el expediente contentivo de la Potestad Investigativa N° PI-01-2021, sustanciada conforme a las normas preceptuadas en el artículo 77 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23/12/2010, este Órgano de Control procedió a dar inicio al Procedimiento Administrativo establecido en el artículo 95 ejusdem, contenido en el Expediente Administrativo distinguido con el N° OAI/DDR/PDR/RA-2022-03, nomenclatura de la División de Determinación de Responsabilidades de la Oficina de Auditoría Interna, en virtud de la presunta existencia de elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la efectiva Determinación de una Responsabilidad Administrativa.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la División de Determinación de Responsabilidades dictó Auto de Apertura, a los efectos de iniciar el respectivo Procedimiento Administrativo como consecuencia de la irregularidad en la que presuntamente incurrió el servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102, quien para la fecha ejercía el cargo como Abogado Fiscal I en la Contraloría del Estado Barinas y al mismo tiempo, se desempeñaba como funcionario activo de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito a la Unidad Boconó de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes.

ELEMENTOS PROBATORIOS DEL ILICITO ADMINISTRATIVO En tal sentido, se recabaron los elementos probatorios que a continuación se detallan:

1. Auto de Proceder PI-01-2021 de fecha primero (1°) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Correspondiente a los folios uno (01) dos (02) y reverso.

2. Oficio N° DC-DDPT-2021-0166 de fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021) emanado de la Contraloría del Estado Barinas.

Correspondiente al folio tres (03) y reverso.

3. Solicitud de Certificación de Cargos del servidor público: RENÉ 3oSÉ MÁRQUEZ MARENCO, titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102, realizada por este Órgano de Control Interno a la Gerencia General de Gestión Humana, mediante Memorando N° SNAT/OAI/DCP/2021-001069 de fecha nueve (09) de agosto de dos mil (2021) veintiuno respondida mediante Memorando y SNAT/GGGH/GNL/2021-002488 de fecha doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Folio veintidós (22).

4. Copias certificadas de los recibos pagos efectuados por concepto de sueldos y salarios y otros beneficios salariales, ejecutados por este Servicio y efectuados al interesado legítimo identificado en este Auto, las cuales fueron remitidas por la Gerencia General de Gestión Humana, a este Órgano de Control Mediante memorando N° SNAT/GGGH/GRBL/DR- 2020-00379 de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno.

Folios veinticinco (25) al treinta y dos (32).

5. Copias certificadas de la Resolución N° 150 de fecha ocho (08) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), emitida por la Contraloría del Estado Barinas, mediante la cual se evidencia el nombramiento como Abogado Fiscal I, al servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO titular de la cédula de identidad N°V-13.278.102. Folios siete (7) y reverso al once (11) y reverso.

página original (tal como se publicó)Página 9 de la Gaceta

Página 10

6. Copias certificadas de los recibos de pago, emitidos por la Contraloría del Estado Barinas, al servidor pÚblico RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102. Folios doce (12) y reverso al quince (15) y reverso.

7. Cartel de notificación publicado en el Diario "VEA", en fecha veinte (20) de junio de dos mil veintidós (2022), a los fines de publicar el Auto de Proceder N° PI-01-2021 al servidor pÚblico RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCo titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102. Folio cuarenta y siete (47).

8. Informe de Resultados N° IR-02-2022, de fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022); correspondiente a los folios cuarenta y ocho (48) al cincuenta (50), ambos inclusive.

DEL DERECHO A LA DEFENSA DEL PRESUNTO RESPONSABLE Durante el ejercicio de la potestad investigativa, iniciada por la División de Control Posterior de la oficina de Auditoría Interna del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, con el objeto de privilegiar su derecho a la defensa, tal y como lo consagra el artículo 49, ordinal 1°, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO titular de la cédula de identidad N°V-13.278.102 plenamente identificado en autos, fue puesto en conocimiento del inicio del Procedimiento de Potestad Investigativa distinguida con el PI-01-2021, de fecha primero 1° de diciembre de dos mil veintiuno (2021) por la irregularidad observada, que consta en la notificación realizada a través de la Publicación en el diario "VEA", en fecha veinte (20) de junio de dos mil veintidós (2022) y que cursa en el Expediente Administrativo en el folio cuarenta y siete (47), en virtud de su condición de interesado legítimo para esa etapa investigativa, en la cual, dentro del lapso otorgado para la presentación de escrito de descargos no ejerció su derecho a la defensa, tal como consta en el Informe de Resultados N° IR-02-2022, de fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022); correspondiente a los folios cuarenta y ocho (48) al cincuenta (50), ambos inclusive.

Conforme al artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23/12/2010, se le concedió un lapso de quince (15) días hábiles, para que indicara o anunciará las pruebas que considerara le asisten para la mejor defensa de sus intereses, que produciría en el acto oral y público, preceptuado en el artículo 101 ejusdem, siendo que éste no compareció, por tanto, no consignó ni anunció pruebas o alegatos para su defensa.

Vencido el lapso de quince (15) días hábiles contemplado en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, quedo fijada la audiencia oral y publica para el día siete (07) de diciembre de dos mil veintidós (2022), tal y como como consta en el ejemplar del auto, de fecha el dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

DE LA VALORACIÓN LEGAL Desde la perspectiva general, en virtud de lo visto en el Expediente Administrativo y lo antes expuesto, tomando en consideración lo expresado en el artículo N° 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su última enmienda publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario, de fecha 19/02/2009 (CRBV), en la cual establece la responsabilidad de quienes ostentan cargos en la Administración Pública, que obligatoriamente deben regirse por los principios de transparencia en sus gestiones, a saber tal artículo contempla:

"Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho." De acuerdo al contenido de la norma, se deduce que el ejercicio de la función pública impone a aquellos ciudadanos. que la detentan la sujeción de sus actuaciones a la celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de esa función; el valor de la honestidad, entendido como la congruencia entre lo que se encuentra establecido y regulado en el ordenamiento jurídico con las ejecutoras que se desarrollan. En este sentido, la falsedad de cualquier dato suministrado, la indisciplina, la inobservancia de la normativa jurídica existente, entre otros antivalores no tienen cabida en el orden administrativo, pues causaría un daño al colectivo. Respecto a la celeridad, se traduce en actividades con prontitud, encaminadas a optimizar y racionalizar los trámites administrativos, ajustada a los nuevos tiempos y realidades de la demografía, áreas de trabajo, demandas del soberano, tecnología, para el bien del colectivo (administrado) y del Estado (administrador). Asimismo, la eficacia, la cual es entendida como el cumplimiento de lo planificado en el tiempo establecido y recursos de rigor, para evitar las dilaciones innecesarias, los gastos indebidos. Por su parte, la eficiencia, la cual va más allá del cumplimiento efectivo de la acción, pues supone incorporar en cada tarea la eficiencia de la acción. Siguiendo el mismo orden, la transparencia en el accionar es concebida como la medida y estrategia de un accionar pulcro, sin vicios que pudiesen enturbiar y pervertir, contrariar y enervar el sueño, los.

anhelos y las aspiraciones del colectivo.

Uno de los componentes mas importantes del tema que nos atañe es la rendición de cuentas, la cual se constituye como un juicio o precepto que encuentra justificación en el valor de la transparencia, lo que conjuntamente estaría evidentemente entrelazado con la responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al Derecho debe estar en la conciencia de todo ser humano y con mayor acentuación en cada detentador del poder público, que le permita la reflexión, la orientación y a la valoración de las consecuencias de diversa índole por el sólo hecho de administrar competencias en beneficio social. Considerando el planteamiento, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su última enmienda publicada en ia Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario, de fecha 19/02/2009, específicamente en los artículos 7 y 137 se establece el denominado principio de legalidad administrativa, donde cada actuación del detentador público debe estar sometida a lo que prescribe el orden jurídico, es decir el derecho. Esta es uno de los caracteres del Estado, el sometimiento del Estado al Derecho y nunca del Derecho al Estado.

La Carta Magna, en su edición del año 1.999, presentó una forma de blíndaje del adecuado ejercicio público con la existencia de un quinto poder público llamado Poder Ciudadano, el cual dentro de sus atribuciones está, de acuerdo a lo establecido en el artículo 274, de este cuerpo legal, la facultad de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como La Contraloría General de la República es uno de los tres Órganos que forman parte del Poder Ciudadano, el cual se encarga del control posterior mediante funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control Es importante destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su última enmienda publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario, de fecha 19/02/2009 (establece explícitamente en su artículo 148), la prohibición de ejercer dentro de la Administración Publica más de un cargo remunerado, por lo que el presunto responsable, servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102: que se encontraba obligado a cumplir, tal y como lo ordena la Carta Magna:

"Artículo 148 Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley." Hecho éste que a todas luces hace presumir la ocurrencia de un hecho irregular Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23/12/2010, que establece:

"Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hecho u omisiones que se mencionan a continuación:

...Omissis...

29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno." En la búsqueda de una decisión ajustada a Derecho respecto a la presente causa, considera quien decide, la pertinencia de llevar a cabo algunas investigaciones generales en cuanto al principio de Presunción de Inocencia a que se alude en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su última enmienda publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario, de fecha 19/02/2009 , que en su artículo 49, ordinal 2° señala:

"Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario"; es menester señalar ante la ausencia de pruebas para desvirtuar la imputación realizada mediante Auto de Apertura OAI/DDR/PDR/RA-2022-03, de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022), es por esto que, fundamentado en el cúmulo de pruebas que corren insertas en el Expediente Administrativo sustanciado por esta Oficina de Auditoría Interna, las cuales fueron obtenidas en pleno ejercicio de sus funciones. En virtud de esto, es elemental que los hechos objeto de esta investigación se ventilen y queden hasta su culminación, donde será declarado responsable solo y únicamente si se logra demostrar su interrelación con los hechos ventilados, pues el procedimiento administrativo sancionatorio se fundamenta en la existencia de indicios o elementos de convicción suficientes para la determinación o no de la responsabilidad del investigado, en relación a determinados hechos susceptibles de imponer responsabilidad administrativa.

Realizadas las consideraciones anteriores como consecuencia de la potestad sancionatoria de la Administración, es importante señalar que la responsabilidad administrativa es una de las múltiples acciones ablatorias, que sobre un particular, o bien sobre un funcionario, tiene la administración en virtud de la ilicitud, omisión o negligencia manifiesta, haya tenido en la realización o no de una actividad administrativa. Sin duda que los actos administrativos solo revisten carácter sancionatorio cuando están precedidos de un acto u omisión ilícita previa, calificada como tal por la Ley.

página original (tal como se publicó)Página 10 de la Gaceta

Página 11

Por último es conveniente destacar, relacionadas como fueron las actuaciones y verificados los documentos que conforman el expediente, los razonamientos en torno al hecho y al derecho que dieron origen a la presente causa, la conducta desplegada del presunto responsable en el presente caso confirma que existen elementos de convicción que el hecho se constituye en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 2º del artículo 91, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Así se decide.

CAPITULO III DISPOSITIVA Por las consideraciones antes expuestas y en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 103 y 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23/12/2010, en concordancia con el numeral 12 del artículo 18 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2013-N° 0069 de fecha trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.294 de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013), en atención a lo expresado anteriormente, me he formado la convicción de conformidad a la atribución prevista en el artículo 103 de la citada Ley y -97 de su Reglamento decido:

PRIMERo: Declaro la responsabilidad administrativa del servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO, titular de la cédula de identidad N°V-13.278.102, quien ejerció funciones en la Unidad Boconó adscrita a la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes, como Auditor Grado 99 y quien incurrió en el supuesto generador de responsabilidad administrativa contenido en el numeral 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, al incurrir en la duplicidad en el ejercicio del cargo público que ostentaba y a que se refiere el artículo 35 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06/09/2002, dando como resultado un daño al patrimonio público; irregularidad ésta señalada en el Capítulo I del Auto de de Apertura N° OAI/DDR/PDR/RA-2022-03, de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022), por tal motivo, esta Oficina de Auditoría Interna, visto y analizado el Oficio N° DC-DDPT-2021- 0166 de fecha 06/08/2021 emanado de la Contraloría del Estado Barinas, todo ello, como resultado de la actuación de control realizada por este Órgano de Control Fiscal Interno al recurso humano de este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) que labora en las distintas MÁRQUEZ MARENCO, titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102, se desempeñaba como servidor público activo, adscrito a la Unidad Boconó de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes de este Servicio Nacional Aduanero y Tributario, desde el siete (07) de abril de dos mil veintiuno (2021), según se observa en la certificación de cargos emitida por la Gerencia de Gestión Humana de este Servicio, y así mismo se desempeñaba como Abogado Fiscal I en la Contraloría el Estado Barinas, desde el 19 de octubre de dos mil diecinueve 2019, según copia certificada de la Resolución N° 150 de fecha ocho (08) de septiembre de dos ml diecinueve (2019), emitida por esa Contraloría del Estado Barinas a través de la cual se demuestra dicho nombramiento.

SEGUNDO: ImpongO al servidor público RENÉ JOSÉ MÁRQUEZ MARENCO, titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102, en atención a lo dispuesto en el artículo 105, en relación con el 94, ambos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23/12/2010, y en concordancia a lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de la ley en comento, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.240 de fecha 12/08/2009 y el artículo 37 del Código Penal, habiéndose considerado y compensado de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23/12/2010, la circunstancia agravante contenida en el numeral 2° del artículo 107 y la circunstancia atenuante prevista en el numeral 1 del artículo 108, del mencionado Reglamento, referidas a la condición de funcionario público del declarado responsable y por no haber sido objeto de las sanciones establecidas en la Ley, respectivamente; multa por la cantidad de CERo CoN CERo UN BOLIVAR (BS.0,01) equiValente a QUINIENTOS CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS (550 U.T.), en razón a la entidad de los hechos irregulares y en atención a la unidad tributaria establecida en el año 2021 y aplicada como fue la reconversión monetaria publicada en la Gaceta Oficial N° 42.185 de fecha 06/08/2021, que aplica para la fecha de esta Decisión Administrativa.

TERCERO: Declaro la Responsabilidad Civil (FORMULACIÓN DE REPARO), de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 1.185 del Código Civil, formulación de reparo, que se realiza en consecuencia de lo cobrado indebidamente, según consta en los recibos de pago los cuales totalizan la·cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 326.88), equivalente a cera bolívares con diez céntimos (0,10) del cono monetario actual de acuerdo a la reconversión monetaria aplicada de acuerdo al Decreto N° 4.553, de fecha 6 de agosto de 2021, mediante el cual se decreta la nueva expresión monetaria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.185, de la misma fecha.

CUARTO: Ordeno notificar ésta Decisión al servidor público RENÉ JosÉ MÁRQUEZ MARENCO, titular de la cédula de identidad N° V-13.278.102, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, ley en comento, quien podrá interponer contra la presente Decisión, dentro de un lapso de quince (15) días hábiles contados a partir de su notificación, Recurso de Reconsideración ante quien decide y de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 ejusdem, Recurso de Nulidad por ante la Corte Primera o Segunda de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Caracas, dentro de un lapso de seis (6) meses.

QuInTo: Ordeno remitir copia certificada de la presente decisión, una vez firme en sede administrativa, a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23/12/2010.

sExTo: Ordeno remitir copia certificada de la presente Decisión, una vez firme en sede administrativa, al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas a los fines de la expedición de la planilla de liquidación de la multa y la realización de gestiones de cobro, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

sÉPTIMo: Ordeno la publicación de esta Decisión, una vez firme en sede administrativa, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Así se decide.

Cúmplase.

ASDRUBAL ROMERO AUDITOR INTERNO INTERVENTOR RESOLUCIÓN N° 01-00 000400 DE FECHA 15/07/2015 GACETA OFICIAL N° 40.706 DE FECHA 20/07/2015

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Y PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN DM/N°00DE FECHA/010.24 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA DM/N°00DE FECHA1601/2024

AÑOS 213°, 164° y 24° La Ministra del Poder Popular para la Educación, YELITzE SANTAELLA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.335.303; debidamente designada mediante Decreto N° 4.565, de fecha 19 de agosto de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.638 extraordinario de la misma fecha, actuando conjuntamente con la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, SANDRA OBLITAS RUZZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula V-10.517.860, de este domicilio, designada por Decreto 4.804, de fecha 17 de abril de 2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°42.610, de la misma fecha, en cumplimiento con los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 63, 65 y 78 numerales 3, 13, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en correspondencia con los artículos 24, 25 literales a y b, 32, 37 y 39 de la L.ey Orgánica de Educación,

CONSIDERANDO Que el principio de cooperación entre los órganos de la Administración Pública, es fundamental para lograr los fines del Estado y garantizar la eficiencia y eficacia en la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones del pueblo, siendo la educación y el trabajo los procesos fundamentales que permiten la realización de dichos fines, en el Estado Democrático, de Derecho y de Justicia Social, que rige nuestra Nación.

página original (tal como se publicó)Página 11 de la Gaceta

Página 12

CONSIDERANDO Que el Sistema Educativo de la República Bolivariana de Venezuela es un conjunto orgánico y estructurado que comprende los subsistemas de educación básica y educación universitaria, bajo los postulados de unidad, corresponsabilidad, interdependencia y flexibilidad que integran instituciones, políticas, planteles, servicios y comunidades para garantizar el proceso educativo y la formación permanente de las personas sin distingo de edad, con pleno respeto a sus capacidades e inclinaciones, fomentando la interculturalidad y la valoración de la diversidad étnica, lingúística y cultural, así como la atención a las necesidades locales, regionales y nacionales.

CONSIDERANDO Que el Ministerio del Poder Popular para la Educación es el órgano competente del Ejecutivo Nacional para diseñar, planificar, orientar y dirigir la política educativa en la formación de ciudadanos y ciudadanas en el contexto de la realidad socialpedagógica, que promueva y fortalezca una educación integral, permanente, con calidad, creativa, innovadora, critica, pluricultural, con pertinencia social y participación comunitaria, en ese contexto se inscribe el objetivo de alcanzar un nuevo modelo de Escuelas Técnicas de conformidad con los principios constitucionales de integralidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, con valores éticos y humanistas que coadyuven en la transformación social.

CONSIDERANDO Que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria es el órgano rector del subsistema de Educación Universitaria y como tal impulsa el fortalecimiento de universalización, calidad y pertinencia de este nivel educativo, con visión territorial, en defensa de la educación universitaria como un derecho humano fundamental, un bien público social y un deber del estado, en tal sentido resulta por demás imperioso la articulación con otras instituciones educativas presentes en los territorios para desarrollar un trabajo conjunto con las comunidades, hacia la transformación y desarrollo integral, sostenible de las localidades, regiones y el país.

CONSIDERANDO Que como parte del sistema educativo, los órganos rectores en materia de educación básica y de educación universitaria deben garantizar condiciones y oportunidades para el otorgamiento de acreditaciones y reconocimientos de aprendizajes, el desarrollo y óptimo funcionamiento de las misiones educativas para el acceso, la permanencia, prosecución y culminación de estudios de todas las personas, con el objeto de garantizar la universalización del derecho a la educación.

CONSIDERANDO Que la finalidad de la educación universitaria es la formación de profesionales, investigadoras e investigadores de la más alta calidad y auspiciar su permanente actualización y mejoramiento, con sólidos fundamentos éticos, científicos, humanísticos y tecnológicos, y, en este sentido, debe profundizar el proceso de formación integral y permanente de ciudadanos y comunidades con capacidades protagónica y la construcción de una sociedad de igualdad, libertad, solidaridad y justicia.

RESUELVEN Creación Artículo 1. Se crea la red de cooperación entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, para la articulación académica entre las Escuelas Técnicas, las Instituciones de Educación Universitarias Nacionales y la Misión Sucre.

Objeto Artículo 2. La presente Resolución tiene por objeto establecer los mecanismos de cooperación, articulación curricular y reconocimiento de estudio entre las Instituciones de Educación Universitaria Nacionales, Misión Sucre y Escuelas Técnicas, con el propósito de hacer efectiva la prosecución de los estudios universitarios de los egresados y egresadas de la educación técnica en el nivel de educación media, así como fortalecer la calidad y la pertinencia social y territorial de la educación y garantizar la continuidad de estudios de los cursantes de Educación Técnica en la Educación Universitaria, bajo los principios de educación a lo largo de toda la vida y su vinculación socio-laboral.

Ámbito de Aplicación Artículo 3. El ámbito de aplicación de la presente Resolución, abarca los centros educativos públicos y de gestión privada, que impartan educación técnica en el nivel de educación media, dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal y las Instituciones de Educación Universitaria Nacional.

Articulación curricular y reconocimiento de estudios Artículo 4. La articulación curricular persigue el reconocimiento de áreas de formación cursadas, evaluadas y aprobadas en el plan de estudio de educación técnica en el nivel de media, como unidades curriculares cursadas y aprobadas en los programas afines para cada mención con los cuales se homologa, a objeto de facilitar la continuidad de la formación en la educación técnica universitaria, como parte del proceso formativo de las y los egresados de las Escuelas Técnicas en el nivel de educación media.

La articulación curricular y el reconocimiento de estudio se desarrollarán de la siguiente manera:

1. La articulación curricular entre las Escuelas Técnicas y las Instituciones de Educación Universitaria para formación técnica se realizará entre especialidades, menciones y programas universitarios dentro de la misma área de conocimiento.

2. Las áreas de formación de los planes de estudio de las escuelas técnicas a ser reconocidas como unidades curriculares correspondientes a los estudios universitarios, serán acompañadas en su diseño, realización y evaluación por las Instituciones de Educación Universitaria.

3. En el caso de los Programas Nacionales de Formación (PNF), el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria establecerá las disposiciones para que puedan reconocerse las unidades curriculares correspondientes al trayecto inicial, al proyecto socio-comunitario I, la Formación sociocrítica I o cualquier otra que previamente haya sido aprobada para cursarse durante los estudios en la Escuela Técnica, con el previo acuerdo de la Institución de Educación Universitaria (IEU), en consideración siempre de las condiciones que garanticen el nivel académico adecuado.

4. La articulación curricular contemplará la incorporación a los programas de las Escuelas Técnicas, de los contenidos de las unidades curriculares del programa de Educación Universitaria en la mención correspondiente, como materias obligatorias o efectivas.

Proyectos conjuntos de formación, investigación y producción Artículo 5. Se ratifica el principio de aprender haciendo y producir transformando, abordando la integralidad y complejidad de los procesos productivos; lo que supone la participación de las y los estudiantes, junto a docentes, personal técnico y comunidades en proyectos de investigación, creación, innovación y producción, orientados a la satisfacción de necesidades humanas, en equilibrio con la madre tierra que favorezcan relaciones de trabajo justas y solidarias. El desarrollo de alternativas de producción sustentable al servicio de la sociedad se constituye, en estos proyectos, en espacio de formación, investigación y creación de saberes, así como de vinculación viva con las comunidades. Se propiciará la realización de estos proyectos conjuntamente con estudiantes, docentes, personal técnico y demás integrantes de las comunidades adyacentes a las Escuelas Técnicas, Instituciones de Educación Universitarias y Misión Sucre.

Desarrollo y uso compartido de recursos Artículo 6: El Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder popular para la Educación Universitaria desarrollarán materiales educativos para el enriquecimiento de las prácticas educativas y en particular de los proyectos de formación, investigación y producción, así como para el buen vivir de las comunidades educativas y establecerán las condiciones para el uso compartido de aulas, laboratorios, talleres, campos, centros de información y otras instalaciones educativas disponibles, siguiendo los criterios de aprendizaje compartido y fomentando la relación solidaria entre las instituciones, centros educativos y comunidades participantes.

Vinculación de las Escuelas Técnicas con la vida universitaria Artículo 7: Las y los estudiantes de las Escuelas Técnicas, desde primer año participarán en programas educativos, culturales, deportivos, exposición de proyectos y de visita a las instalaciones, organizados por las Instituciones de Educación Universitaria, para favorecer el conocimiento de los espacios y servicios universitarios, así como el acercamiento, la convivencia y cooperación solidaria entre las comunidades educativas, como también las posibilidades de uso de recursos para apoyar su propia formación para enriquecer las oportunidades educativas, explorar vocaciones y favorecer una visión articulada de toda la educación como espacio público.

Las Instituciones de Educación Universitaria darán prioridad al trabajo con las Escuelas Técnicas en los proyectos y acciones de vinculación social y comunitaria que desarrollen en el marco de sus planes de acción.

Formación docente Artículo 8. El Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria organizarán conforme a lo establecido en esta Resolución, planes de formación orientados al fortalecimiento de la docencia y la investigación, la creación intelectual y la interacción sociocomunitaria dirigidas a la solución de problemas concretos presentes en el ámbito territorial. Las Instituciones de Educación Universitaria favorecerán la incorporación de docentes, personal técnico y demás integrantes de las comunidades de las Escuelas Técnicas en sus programas de formación profesional, programas de postgrado o formación no conducentes a grado. Se facilitará la incorporación de estudiantes avanzados o avanzadas, graduadas y graduados de las instituciones de educación universitaria a los programas de formación docente y comunitarios organizados o acordados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Obligaciones del MPPE

Viceministerio de Educación Media se obliga a:

1. Desarrollar conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, las actividades necesarias para llevar a efecto y dar seguimiento a la presente Resolución.

2. Proporcionar el personal docente especializado a fin de lograr el desarrollo de las actividades enmarcadas en la prosecución de las y los graduados de las Escuelas Técnicas al nivel universitario.

3.Facilitar el uso compartido de instalaciones, talleres, laboratorios, aulas, mobiliario y tecnología de las Escuelas Técnicas en las áreas de Agropecuaria, Industrial, Hidrocarburos, Salud, Transporte Multimodal, Economía Social, Arte, Prevención Ciudadana y Educación Física, ubicadas en el territorio nacional, con el propósito de garantizar los objetivos de la presente Resolución.

4. Facilitar la incorporación de las y los docentes a las actividades de proyectos socio integradores, prácticas profesionales y otras que se realicen durante el período de vacaciones escolares.

página original (tal como se publicó)Página 12 de la Gaceta

Página 13

5. Realizar los ajustes a los contenidos de las unidades curriculares de las diferentes áreas de las escuelas técnicas, para armonizar con las instituciones de educación universitaria, bajo el concepto del currículo flexible, garantizando la prosecución de los egresados y egresadas, con el reconocimiento de saber que les permitan avanzar a la obtención de los títulos de Técnicos Superior Universitario, Ingeniería o Licenciaturas.

Obligaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Artículo 10. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria se obliga a:

1. Desarrollar conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto de la presente Resolución.

2. Facilitar el uso de las instalaciones universitarias, dentro de las condiciones acordadas con las Instituciones de Educación Universitaria, para las actividades académicas de prosecución de estudios a los egresados de las escuelas técnicas en las áreas de Agropecuaria, Industrial, Hidrocarburos, Salud, Transporte Multimodal, Economía Social, Arte, Prevención Ciudadana y Educación Física.

3. Proveer el personal docente con el perfil académico profesional para el desarrollo de la prosecución educativa, contratado cuando sea pertinente, personal de las Escuelas Técnicas con el perfil adecuado, para impartir unidades curriculares del nivel universitario.

4. Promover la formación permanente del personal docente de las Escuelas Técnicas, a través de dinámicas de intercambio de saberes, cursos, talleres y de la incorporación a programas de pregrado o postgrado (PNF y PNFA).

5. Garantizar la prosecución de estudios en el nivel universitario de las y los egresados de las Escuelas Técnicas.

6. Facilitar durante los últimos años de estudio, a las y los estudiantes de las Escuelas Técnicas realizar cursos y talleres especiales, acreditados por las instituciones de educación universitaria, dirigidos a mejorar su perfil como Técnicos Profesionales, así como a la preparación para los estudios universitarios.

7. Impulsar la armonización de los contenidos curriculares y el concepto del currículo flexible y contextualizado para facilitar la prosecución en los estudios de los egresados de las Escuelas Técnicas, que les permitan avanzar en los estudios universitarios.

Obligaciones comunes de Las partes Artículo 11. El Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para de Educación Universitaria, se obligan a:

1. Facilitar las condiciones académicas, administrativas y jurídicas para el cumplimiento de la presente Resolución.

2. Desarrollar proyectos en conjunto de formación, Investigación y producción, donde se incorporen y produzcan innovaciones, tecnología, su sistematización y difusión académica; la creación de patentes sociales, marcas colectivas y su posible financiamiento a través de entes del Estado, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

3. Utilizar los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas tanto en las Escuelas Técnicas como en las Instituciones de Educación Universitaria, para el mejoramiento de las prácticas educativas en todos los niveles.

4. Tomar las previsiones presupuestarias pertinentes a los efectos de la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos, regulados en la presente Resolución.

Creación de Las Redes Técnicas Territoriales Artículo 12. A los fines de garantizar la ejecución en el territorio del contenido de esta Resolución, se crean las Redes Técnicas Territoriales, como estructura organizativa que garantizará la articulación y cooperación solidaria entre Instituciones de Educación Universitaria, Misión Sucre y Escuelas Técnicas, para fortalecer su acción institucional de formación, investigación, creación intelectual y trabajo productivo, en estrecha vinculación con las necesidades sociales.

Conformación de Las Redes Técnicas Territoriales Artículo 13. Las Redes Técnicas Territoriales estarán conformadas por las Instituciones de Educación Universitaria, Misión Sucre, las Escuelas Técnicas del Ministerio del Poder Popular para la Educación y sus equipos directivos, autoridades y comunidades educativas, así como voceros o voceras de las organizaciones del poder popular de las comunidades en su área de influencia.

Carácter territorial de las Redes Técnicas Territoriales Artículo 14. En la conformación de cada una de las Redes Técnicas Territoriales se incorporarán centros de educación cercanos geográficamente, en territorios que compartan características históricas locales, socioculturales, económico productivo, pudiendo establecerse vinculación entre redes homólogas que desarrollen una misma área de conocimiento en distintos estados a nivel nacional.

Objetivos de las Redes Técnicas Territoriales Artículo 15. Las Redes Técnicas Territoriales tendrán los siguientes objetivos:

1. Facilitar la continuidad de la formación académica de las y los estudiantes de Educación Técnica y Educación Universitaria.

2. Garantizar la pertinencia de la educación, en relación con las necesidades y características locales mediante la vinculación comunitaria con empresas del sector público y privado, así como cualquier institución que brinde beneficio a la comunidad en el área de influencia.

3. Fomentar los proyectos de formación, investigación y producción conjuntamente con las instituciones educativas de ambos subsistemas y las comunidades, mediante la participación activa y protagónica.

4. Desarrollar y compartir recursos para fortalecer las actividades de formación, investigación, producción y creación intelectual, que potencien los motores productivos locales y regionales, con incidencia en el desarrollo económico y social nacional.

5. Generar espacios para la formación permanente del personal docente y técnico.

6. Viabilizar la movilidad del personal académico y técnico.

7. Activar los mecanismos para el reconocimiento u homologación por parte de las Instituciones de Educación Universitaria (IEU) de las áreas de formación cursadas, evaluadas y aprobadas en el plan de estudio de educación realizadas en las Escuelas Técnicas, como parte de las Unidades Curriculares de los planes de estudio universitarios o Programas Nacionales de Formación (PNF) con salida intermedia para el nivel técnico.

Creación de la Instancia permanente para la conformación, control y seguimiento de la las Redes Técnicas Territoriales Artículo 16. La Viceministra o el Viceministro de las carteras correspondientes crearán la instancia permanente para la conformación, control y seguimiento de las Redes Técnicas Territoriales. Esta Instancia estará integrada por cuatro (04) representantes: dos (02) designados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación y dos (02) designados por el Ministerio del poder Popular para la Educación Universitaria, se reunirán al menos una vez al mes y tendrá entre otras las siguientes atribuciones:

1. Elaborar y presentar a consideración de ambos Ministros o Ministras el mapa contentivo de todas las propuestas de las Redes Técnicas Territoriales indicando las instituciones participantes y los programas y menciones para la articulación curricular.

Técnicas Territoriales de acuerdo a los objetivos establecidos en el artículo 17 de la presente Resolución.

3. Presentar al Consejo Estadal de Gestión Universitaria, al Centro de Desarrollo Estadal de la Calidad Educativa o cualquier Instancia que cumpla sus funciones, Coordinación Estadal de Misión Sucre y Comunidades Educativas de las Escuelas Técnicas las propuestas de conformación de las Redes Técnicas Territoriales.

Documento Orientador Artículo 17. El Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a través de documento rector establecerán las orientaciones de instrumentación y funcionamiento de las Redes Técnicas Territoriales.

Artículo 18. El Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del contenido de la presente Resolución.

Artículo 19. Las dudas y lo no previsto en esta Resolución conjunta, serán resueltas por el Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación o el Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Artículo 20. La presente Resolución conjunta entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Bolivariano

VETL SeSAING NOIDVOnC3

YELITZE SANTAELLA HERNÁNDEZ SANDRA OBLITAS RUZZA MINISTRA DEL PODER POPULAR MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Decreto no4.565, de fecha 9 de agosto de 2021, publicado Decreto N° 4.804, de fecha 17 de abril de 2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Veezuela Nº 6.638, Extraordinario, de la misma fecha.

Venezuela N° 42.610, de la misma fecha.

página original (tal como se publicó)Página 13 de la Gaceta

Página 14

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE REPÚBLICA BOLIVAREANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROVIDENCIA ADMENISTRATIVA N° PRE-COU-GDA-34S-23 CARACAS, 28 DE DYCIEMBRE DE 2023 213°, 164° y 24° CERTIFICACIÓN DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, designado según Decreto Nro. 4.851, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.701, ambos de fecha 28 de agosto de 2023, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 4 numeral 1, de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, concatenado con el numeral 11 del artículo 7 y los numerales 1, 3 y 15 literal c, del artículo 13 ejusdem, actuando en este acto en su condición de Autoridad Aeronáutica de la República, conforme con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, y de acuerdo con lo plasmado en el artículo 89 ejusden y los requerimientos exigidos según lo previsto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 142 (RAV 142) "Centros de Bolivariana de Venezuela N° 6.753 Extraordinario, de fecha 28 de julio de 2023.

POR CUANTO En fecha 03 de octubre de 2023, el ciudadano Luis Delgado, en su condición de Directora General de la sociedad mercantil, "CENTRO INTEGRAL PERLA, C.A.", inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del estado Nueva Esparta, en fecha 21 de noviembre de 2006, bajo el N° 22, Tomo 62-A, e inscrito ante el Registro Aeronáutico Nacional, en fecha 22 de abril de 2009, bajo el N° 02, Tomo I, del Libro de Actas Constitutivas, Estatutos Sociales, Modificaciones Estatutanas, Mandatos, Poderes o Autorizaciones de Empresas Relacionadas con la Actividad Aeronáutica y cuya última modificación estatutaria fue protocolizada ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 07 de junio de 2023, bajo el N° 17, Tomo 539-A, e inscrito ante el Registro Aeronáutico Nacional, en fecha 26 de junio del 2023, bajo el N° 20, Tomo 1I1, del Libro de Actas Constitutivas, Estatutos Sociales, Modificaciones Estatutarias, Mandatos, Poderes o Autorizaciones de Empresas Relacionadas con la Actividad Aeronáutica, solicitó formalmente renovar el Certificación de Funcionamiento del Centro de Entrenamiento Aeronáutico (CEA-73), autorizado para dictar cursos: de tación de Vuelo por Instrumento e Instructor de Vuelo Instrumental Sinuladti, de conformidad con lo previsto en la RAV 142.

POR CUANTO En fecha 20 de diciembre de 2023, la Gerencia General de Seguridad Aeronáutica, mediante comunicación N° GGSA/GCO/1598/2023, remitió a la Consultoría Jurídica de este Instituto, el expediente administrativo del Centro de Entrenamiento Aeronáutico "CENTRO IN'EGRAL PERLA, C.A.", que contiene las documentales que avalan suficientemente el cumplimiento del Proceso de Renovación del Certificado, al que fue sometido el referido CEA, del que se desprende, que cuenta con la capacidad lega!, técnica y económica, para el desarrollo seguro, ordenado y eficiente de la actividad que realizará como Centro de Entrenamiento Aeronáutico, según las especificaciones de instrucción asociadas al Certificado de Funcionamiento aprobado.

POR CUANTO Esta Autoridad Aeronáutica de la República, verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos para la tramitación del Certificado de Funcionamiento a que se contrae este Acto Administrativo, en atención a lo cual se considera procedente renovar la Certificación del Centro de Entrenamiento Aeronáutico del CEA "CENYRO INTEGRAL PERLA, C.A.", para la formaCión del personal aeronáutico indicado en la especificaciones de instrucción, enmarcado en lo previsto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 141 (RAV 141), en ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas;

DECIDE Artículo 1. Renovar el Certificado de Funcionamiento del CEA "CENTRO ENTEGRAL PERLA, C.A.", de acuerdo a las condiciones, estipulaciones y términos que a continuación se establecen:

1. Tipo de Permiso: Certificado de Funcionamiento iNº CCEA-73, autorizado para dictar cursos de:

1. Habilitación de Vuelo por Instrumento 2. Instructor de Vuelo Instrumental Simulado 2. Validez: _Valido por un (01) año a partir de la fecha de emisión, sujeto al resultado satisfactorio de la auditoria de la validez continua del Certificado de Funcionamiento, que realizará la Autoridad Aeronáutica, de acuerdo a los establecido por el programa de vigilancia de seguridad operacional.

3. Base de Operaciones e Instalaciones de Funcionamiento: Av. Las Base Aérea "Generalísimo Francisco de Miranda, hangar N° 03, de la Armada Bolivariana, La Carlota, estado Miranda.

está obligado a cumplir las normas previstas en la Ley de Aeronáutica Civil, las Regudaciones Aeronáuticas Venezolanas aplicables al tipo de operación que realiza y demás disposiciones emanadas de la Autoridad Aeronáutica de la República.

Artícuio 3. En lo que respecta a la constitución, propiedad sustancial y control efectivo, el Centro de Entrenamiento Aeronáutico "CENTRO ENTEGRAL PERLA, C.A.", deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

1. Solicitar por escrito ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), autorización para realizar cualquier modificación en cuanto a la composición accionaria de la empresa; tales como, venta de acciones, aumento de capital, o cambio de propiedad de la empresa, toda vez que el Certificado.

de Funcionamiento otorgado para Centro de Entrenamiento Aeronáutico, es de carácter intransferible.

2. Notificar de inmediato y por escrito al Insituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el cambio de razón social, domicilio o representante de la sociedad mercantil.

3. El control efectivo y la dirección de la empresa en su mayorías deberán estar a cargo de personas de nacionalidad venezolana.

4. El patrimonio accionario debe ser nominativo y en su mayoría pertenecer a personas de nacionalidad venezolana.

5. Comunicar de inmediato y por escrito a la Autoridad Aeronáutica cualquier modificación o alteración de carácter legal, económico, financiero, administrativo, técnico u operaciona!, que lleve a cabo la sociedad mercantil.

6. Inscribir ante el Registro Aeronáutico Nacional, copia certificada de las Actas de Asambleas, de Accionistas, ordinarias y extraordinarias celebradas anualmente por la nombrada Sociedad Mercantil.

7. Presentar a la Gerencia General de Transporte Aéreo adscrita al INAC, el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, ajustados por inflación según el método DPC-10, acompañado por un dictamen de auditoría visado por un Contador Público en ejercicio independiente de su profesión, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos correspondiente.

Artículo 4. Este Certificado de Funcionamiento podrá ser revocado o suspendido por evidenciarse el incumplimiento de la normativa técnica legal aplicable, previo cupptimniento del procedimiento administrativo establecido en la Ley de Aéronáuti Civil.

Artículo 5. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

IPyolidhese,

PRESIDENCIA

LEO

Decreto N° 4.851 de fecha 28/08/2023 Publicado en Gaceta Oficial Nº 42.701 del 28/08/2023 "Tu Segeridad es Nuescro Compromiso

página original (tal como se publicó)Página 14 de la Gaceta

Página 15

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-350-23 CARACAS, 28 DE DICIEMBRE DE 2023 213°, 164° y 24° PERMISO DE OPERADOR SERVICIOS ESPECIALIZADOS AEROPORTUARIOS El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, designado según Decreto Nro. 4.851, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.701, ambos de fecha 28 de agosto de 2023, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 4, numeral 1, de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, concatenado con el numeral 11 del artículo 7 y los numerales 1, 3 y 15 literal c, del artículo 13 ejusdem, actuando en este acto en su condición de Autoridad Aeronáutica de la República, conforme con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicaca en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, en concordancia con lo dispuesto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111) "Operaciones en Plataforma, Certificación y Operaciones de los Servicios Especializados Aeroportuarios", publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.959, de fecha 07 de septiembre de 2020.

POR CUANTO En fecha 01 de agosto de 2023, el ciudadano Carlos Michel, en su condición de Director General de la Sociedad Mercantil "ADUCARGA, C.A.", inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 10 de mayo de 1999, bajo el N° 32, Tomo 22-A y posteriormente ante el Registro Aeronáutico Nacional, en fecha 30 de enero de 2017, bajo el N° 05, Tomo III; Primer Trimestre de 2017, cuya última modificación estatutaria se celebró según acta de asamblea general extraordinaria de accionista de fecha 23 de octubre de 2023, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del estado Carabobo, en fecha 01 de diciembre de 2023, bajo el N° 7, Tomo 660-A, y ante el Registro Aeronáutico Nacional, en fecha 27 de diciembre de 2023, bajo el N° 35, Tomo II; del Libro de Actas Constitutivas, Estatutos Sociales, Modificaciones Estatutarias, Mandatos, Poderes o Autorizaciones de Empresas Relacionadas con la Actividad Aeronáutica, solicitó formalmente iniciar el proceso de Certificación dea Explptador de Servicios Especializados Aeroportuarios (CESEA), habilitado para prestar servicios de Operador de Base Fija (O.B.F) y Almacenes y Terminales de almacenamiento de carga y correo, de conformidad con lo previsto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 111".

POR CUANTO En fecha 20 de diciembre de 2023, la Gerencia General de Seguridad Aeronáutica, mediante comunicación N° GGSA/GCO/1782/2023, remitió a la Consultoría Jurídica de este Instituto, el expediente administrativo de la Sociedad Mercantil "ADUCARGA, C.A.", que contiene las documentales que avalan suficientemente el cumplimiento del Proceso de Certificación de Explotador de Servicios Especializados Aeroportuarios, al que fue sometida la identificada empresa, del que se desprende, que ha cumplido satisfactoriamente los requerimientos legales, técnicos y económicos que permiten el desarrollo seguro, ordenado y eficiente para la prestación de servicios como Explotador de Servicios Especializados Aeroportuarios con las habilitaciones autorizadas, según lo previsto en la RAV 111.

POR CUANTO

La Autoridad Aeronáutica de la República, verificó que la empresa ha cumplido los requisitos establecidos para otorgar el Permiso Operacional a que se contrae este Acto Administrativo, en atención a lo cual se considera procedente conceder el Certificado de Explotador de Servicios Especializados Aeroportuarios otorgado a la Sociedad Mercantil "ADUCARGA, C.A." con base a lo previsto en artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil y la Regulación Aeronáutica Venezolana 111, en razón de ello, DECIDE Artículo 1. Otorgar el Permiso Operacional a la Sociedad Mercantil "ADUCARGA, C.A.", de acuerdo a las condiciones, estipulaciones y términos que a continuación se establecen:

1. Tipo de Permiso: Servicio Especializado Aeroportuario, habilitado como Operador de Base Fija (O.B.F), Almacenes y Terminales de Almacenamiento de carga y correo, según se describen en las Especificaciones Operacionales aprobadas.

2. Duración del Permiso: Cinco (05) años, contados a partir de la fecha de emisión del Certificado como Explotador de Servicios Especializados Aeroportuarios N° CESEA-028.

3 Aeropuerto Base: Avenida Luis Ernesto Branger, Edificio Aeropuerto Arturo Michelena, Parcela P-A1, Piso S/N, Local Zona de Rampa, Zona Industrial Valencia, estado Carabobo.

4. Estaciones Autorizadas: De acuerdo con lo dispuesto en las Especificaciones Operacionales, se autoriza la estación del aeropuerto base.

normas previstas en la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas aplicables al tipo de operación que realiza y demás disposiciones emanadas de la Autoridad Aeronáutica de la República.

Artículo 3. En lo que respecta a la constitución, propiedad sustancial y control efectivo, la mencionada Sociedad Mercantil, deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

1. El control efectivo y la dirección de la empresa en su mayoría deberán estar a cargo de personas de nacionalidad venezolana.

2. El patrimonio accionario debe ser nominativo, según lo previsto en la normativa legal vigente.

3. Cuando la mayoría del patrimonio accionario que conforma el capital social de la sociedad mercantil se encuentre en manos de ciudadanos extranjeros, estos deben tener fijado su domicilio y residencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

4. Notificar de inmediato y por escrito al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el cambio de razón social, domicilio o representante de la misma, en virtud que el permiso otorgado para los Servicios Especializados Aeroportuarios tiene carácter intransferible.

5. Solicitar por escrito ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), autorización para realizar cualquier modificación en cuanto a la composición accionaria de la empresa; tales como, venta de acciones o aumento de capital, cuando dicho aumento implique el cambio de propiedad de la empresa.

6. Notificar de inmediato y por escrito a la Autoridad Aeronáutica cualquier modificación o alteración de carácter legal, económico, financiero, administrativo o técnico operacional que lleve a cabo esa Sociedad Mercantil.

7. La Sociedad Mercantil "ADUCARGA, C.A." inscribirá anualmente ante el Registro Aeronáutico Nacional, las Actas de Asamblea celebradas.

&.'-Presentar anualmente a la Gerencia General de Transporte Aéreo, adscrita al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, ajustados por inflación según el método DPC-10, acompañado por un dictamen de auditoría elaborado por un Licenciado en Contaduría Pública en el ejercicio independiente de su profesión, debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos correspondiente.

9. Presentar ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), con por lo menos seis (06) meses antes del vencimiento del Certificado de Explotador de Servicios Especializados Aeroportuarios, los requisitos exigidos que establece la normativa jurídica vigente para la renovación del mismo.

Artículo 4. Este Permiso Operacional podrá ser revocado o suspendido por evidenciarse la inobservancia de la normativa técnica legal aplicable, previo cumplimiento del procedimiento administrativo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil.

Artículo 5. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta @ficial de la República Bolivariana de Venezuela.

líduee y/Pubriguese, nE CIVIL L:

PRESIDENCIA BONARDOBRTO SRICEÑO DUDAMEL creto N° 4.851 de echa 28/08/2023 Publicado en Gaceta Oficial N° 42.701 del 28/08/2023 "Tu Seguridad es Nuesiro Compromiso

página original (tal como se publicó)Página 15 de la Gaceta

Página 16

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MENISTEREO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-352-2023 CARACAS, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 213°, 164° y 24° PERMISO DE OPERACIONES DE TRABAJOS AÉREOS CON AERONAVES TRIPULADAS El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, designado según Decreto N° 4.851, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.701 de fecha 28 de agosto de 2023, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 3 del artículo 13 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, actuando en este acto en su condición de Autoridad Aeronáutica de la República, conforme con lo dispuesto en los artículos 9 y 77 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, en concordancia con los requerimientos previstos en la Regulación Aeronáutica Venezolana 130 (RAV 130) "Trabajos Aéreos", publicada en Gaceta Oficial N° 6.279 Extraordinario, de fecha 23 de diciembre del 2016.

POR CUANTO En fecha 18 de octubre de 2023, el ciudadano Juan Manuel Lujan del Castillo en su condición de Presidente de la sociedad mercantil-t.U3AN FUMEGACKoNES, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 22 de octubre de 1999, bajo el N° 38, Tomo 82-A, e inscrito ante el Registro Aeronáutico Nacional, en fecha 03 de noviembre de 2016, bajo el N° 01, Tomo IV, del Libro de Actas Constitutivas, Estatutos Sociales, Modificaciones Mandatos, Poderes o Autorizaciones de Empresas Estatutarias, Relacionadas con la Actividad Aeronáutica, cuya última modificación estatutaria se celebró según acta de asamblea general extraordinaria de accionista de fecha 15 de diciembre de 2023, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del estado Portuguesa, en fecha 26 de enero de 2022, 17 de febrero de 2023, bajo el N° 44, Tomo I; del Libro de Actas astitutivas, Estatutos Sociales, Modificaciones Estatutarias, Mandatos, Poderec o Autorizaciones de Empresas Relacionadas con la Actividad Aeronáutica solicitó iniciar el Proceso de Renovación del Certificado de Explotador de Servicios de Trabajos Aéreos conforme a los parámetros establecidos en la Regulación Aeronáutica Venezolana 130 (RAV 130) Trabajos Aéreos.

POR CUANTO La Gerencia General de Transporte Aéreo, mediante comunicación identificada el N° GGTA/GOAC/NAC/2184-2023, de fecha 26 de diciembre de 2023, remitió el expediente administrativo de la sociedad mercantil LUJAN FUMIGACIONES, C.A., a los fines de que sea evaluada la documentación que lo conforma y se verifique el cumplimiento del proceso de renovación de la Certificación como Explotador de Aeronaves Tripuladas de conformidad con lo dispuesto en la RAV 130.

POR CUANYO Una vez verificado el cumplimiento por parte de la sociedad mercantil LU3AN FUMIGACONES, C.A, de los requisitos económicos, técnicos y legales establecidos para el trámite de renovación a que se contrae este Acto Administrativo, se considera procedente el otorgamiento de la Renovación del Certificado de Explotador de Servicios de Trabajos Aéreos a la nombrada empresa, con base en lo previsto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 130 (RAV 130), y en concordancia con lo preceptuado en los artículos 9 y 77 de la Ley de Aeronáutica Civil, esta Autoridad Aeronáutica de la República,

DECIDE:

Artículo 3. Renovar Permiso Operacional a la sociedad mercantil LU3AN FUMIGACioNES, C.A, con base a las condiciones, limitaciones y en los términos que a continuación se indican:

Tipo de Permiso: Servicio de Trabajos Aéreos con Aeronaves 1.

Tripuladas.

2.

Tipo de Operación; Trabajos Aéreos con fines Agrícolas y Sanitarios.

3.

Duración del Permiso: Cinco (05) años, contados a partir de la fecha de emisión del Certificado de Explotador de Servicios de Trabajos Aéreos N° TA-001.

Base de_ Operaciones: Carretera via Payara local S/N, sector los 4.

mamones, Acarigua, estado Portuguesa.

Ámbito_ de Operaciones: Territorio Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

6.

Aeronave: Las descritas en las especificaciones operacionales y que a continuación se indican:

MATRÍCULA MARCA / MODELO SERIAL GRUMMAN AIRCRAFT YV106A 430 ENGINEERING. CORP / G-164A GRUMMAN AEROSPACE YV193A 939 CORP / G-164A COMMANDER AIRCRAFT YV178A 1907R DIVISION / ROCKWELL INTERNATIONAL / S2R GRUMMAN AMERICAN YV153A AVIATION. CORP / G- 1447 164A La sociedad mercantil LU3AN FUMIGACIONES, C.A, podrá incorporar o desincorporar aeronaves a sus especificaciones operacionales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano.

Artículo 2. La Sociedad mercantil LUJAN FUMIGACIONES, C.A, está sujeta a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas y demás normativas emanadas de la Autoridad Aeronáutica Venezolana.

Artículo 3. En lo que respecta a la constitución, propiedad sustancial y control efectivo de la sociedad mercantil LUJAN FUMIGACIONES, C.A, la empresa estará sujeta a cumplir con las siguientes disposiciones:

1. Solicitar por escrito ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), autorización para realizar cualquier modificación en cuanto a la composición accionaria de la empresa; tales como, venta de acciones o aumento de capital, cuando dicho aumento implique el cambio de propiedad de la empresa, toda vez que el permiso operacional otorgado para la prestación del Servicio de Trabajos Aéreos con Aeronaves Tripulada tiene carácter intransferible 2. Notificar de inmediato y por escrito al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el cambio de razón social, domicilio o representante de la sociedad mercantil.

3. El control efectivo y la dirección de la empresa en su mayoría deberán estar a cargo de personas de nacionalidad venezolana.

4. El patrimonio accionario debe ser nominativo y en su mayoría pertenecer a personas de nacionalidad venezolana.

5. Comunicar de inmediato y por escrito a la Autoridad Aeronáutica cualquier modificación o alteración de carácter legal, económico, financiero, administrativo, técnico u operacional, que lleve a cabo la sociedad mercantil.

6. Inscribir ante el Registro Aeronáutico Nacional, copia certificada de las Actas de Asambleas, de Accionistas, ordinarias y extraordinarias celebradas anualmente por la nombrada Sociedad Mercantil.

7. Presentar a la Gerencia General de Transporte Aéreo adscrita al INAC, el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, ajustados por inflación según el método DPC-10, acompañado por un dictamen de auditoría visado por un Contador Público en ejercicio independiente de su profesión, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos correspondiente.

8. La sociedad mercantil LUJAN FUMIGACIONES, C.A, deberá presentar al INAC por lo menos con noventa (90) días de anticipación al vencimiento de su Certificado de Explotador de Servicios de Trabajos Aéreos TA-001, todos los requisitos exigidos por la normativa jurídica vigente para la renovación del mismo.

Artículo 4. El presente Permiso de Operaciones podrá ser suspendido, anulado o revocado por evidenciarse el incumplimiento de la normativa técnica y legal aplicable.

Artículo 5. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Publíquese.

ninudse y

CIVIL PRESIDENCIA

Presidente (delstituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) Decreto N° 4.851 de fecha 28/08/2023 Publicado en Gaceta Oficial Nº 42.701 del 28/08/2023 "Tu Seguridad es Nuestro Compromiso

página original (tal como se publicó)Página 16 de la Gaceta

Página 17

DEFENSAPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2023-587

Caracas, 23 de noviembre de 2023 2130, 164° y 24° El Defensor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V 12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14 numerales 1, 11 y 27 ejusdem.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Máxima Autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que mediante Punto de Cuenta N° PC-DNRH-2023-1321, la Máxima Autoridad aprobó la designación por suplencia del ciudadano HÉCTOR ANTONIO INSIGNARES ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° V 12.163.528, como Coordinador Regional de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado La Guaira, por el período vacacional de la ciudadana YESSILEY NATHALIA SERRANO SAAVEDRA, titular de la cédula de identidad N° V 20.128.267.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al Ciudadano HÉCTOR ANTONIO INSIGNARES ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° V 12.163.528, Defensor Público Provisorio en el Despacho de la Defensoría Pública Octava (8°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado La Guaira, para que se desempeñe como Coordinador de la referida Unidad Regional, en condición de Suplente, hasta la reincorporación efectiva de la ciudadana YESSILEY NATHALIA SERRANO SAAVEDRA, titular de la cédula de identidad N° V 20.128.267.

SEGuNDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada bespcho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publiguse, DANIEL AUGUSTO RAMIREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Desrgmado'mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha Ddsónlipue?Sublicado en la Gaceta Oficial de la República Roilmnienaire Verzuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022

página original (tal como se publicó)Página 17 de la Gaceta

Página 18

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2023-588

Caracas, 23 de noviembre de 2023 2130, 164° y 24° El DefenSOr Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V 12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14 numerales 1, 11 y 27 ejusdem.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Máxima Autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que mediante Punto de Cuenta N° PC-DNRH-2023-1319, la Máxima Autoridad aprobó la designación por suplencia de la Ciudadana ZAIDY ELENA RODRIGUEZ FIGUEROA, titular de la cédula de identidad N° V 19.239.514, como Coordinadora Regional, de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Sucre, por el período Vacacional de la ciudadana MILDRED EVELIN GUERRA EDGEHILL, titular de la cédula de identidad N° V 6.852.085.

CONSIDERANDO Que mediante Punto de Cuenta N° PC-DNRH-2023-1320, la Máxima Autoridad aprobó la designación por suplencia de la ciudadana BEATRIZ ERMINDA CERVERA RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° V 13.422.579, como Coordinadora de Extensión, de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy por el período vacacional del ciudadano ÁNGEL oSWALDO REQUENA FLORES, titular de la cédula de identidad N° V 14.299.117.

CONSIDERANDO Que mediante Punto de Cuenta N° PC-DNRH-2023-1322, la Máxima Autoridad aprobó la designación por suplencia de la ciudadana FLORIMAR VANESSA ARANGUREN UZCATEGUI, titular de la cédula de identidad N° V 13.967.099, como Coordinadora Regional, de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Carabobo, pOr el período vacacional de la ciudadana WILMA CRISTINA HERNÁNDEZ HEREDIA, titular de la cédula de identidad N° V 7.125.278.

página original (tal como se publicó)Página 18 de la Gaceta

Página 19

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana ZAIDY ELENA RODRIGUEZ FIGUEROA, titular de la cédula de identidad N° V 19.239.514, Defensora Pública Provisoria en el Despacho de la Defensoría Pública Tercera (3°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Sucre, para que se desempeñe como Coordinadora de la referida Unidad Regional, en condición de Suplente, a partir del dieciocho (18) de diciembre de 2023 hasta la reincorporación efectiva de la ciudadana MILDRED EVELIN GUERRA EDGEHILL, titular de la cédula de identidad N° V 6.852.085.

SEGUNDO: DESIGNAR a la CIUdadana BEATRIZ ERMINDA CERVERA RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° V 13.422.579, Defensora Pública Titular en el Despacho de la Defensoría Pública Décima Séptima (17°) con competencia en materia Penal Ordinario en Fase de Ejecución, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, para que se desempeñe como Coordinadora de la referida Unidad Regional de extensión, en condición de Suplente, a partir del once (11) de diciembre de 2023 hasta la reincorporación efectiva del ciudadano ÁNGEL OSWALDO REQUENA FLORES, titular de la cédula de identidad N° V 14.299.117.

TERCERO:

DESIGNAR a la CiUdadana FLORIMAR VANESSA ARANGUREN UZCATEGUI, titular de la cédula de identidad N° V 13.967.099, Defensora Pública Provisoria en el Despacho de la Defensoría Pública Sexta (6°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Carabobo, para que se desempeñe como Coordinadora de la referida Unidad Regional, en condición de Suplente, a partir del quince (15) de diciembre de 2023 hasta la reincorporaciónefectiva de la ciudadana WILMA CRISTINA HERNÁNDEZ HEREDIA, titular de la cédula de identidad N° V 7.125.278. CuArTo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y públi REPUBLI DANIEL AU&USTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR PUBLICO GENERAL Besignado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de Jufío de 2022/gublicado en la Gaceta Oficial de la República DBleuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022 GENERAL

página original (tal como se publicó)Página 19 de la Gaceta

Página 20

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2023-589

Caracas, 27 de noviembre de 2023 213°, 164° y 24° El Defensor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27 ejusdem.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, nombrar a los Coordinadores o Coordinadoras de las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública distribuidas en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, quienes tendrán bajo su responsabilidad la coordinación administrativa y supervisión del personal adscrito a la Unidad Regional. CONSIDERANDO Que mediante Punto de Cuenta PC-DNRH-2023-1331, la Máxima Autoridad aprobó la designación por encargaduría de la ciudadana LIZ DANIELA LÓPEZ PARRAGA, titular de la cédula de identidad N° V-8.503.676, como Coordinadora Regional en condición de Encargada, de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana LIZ DANIELA LÓPEZ PARRAGA, titular de la cédula de identidad N° V-8.503.676, Defensora Pública Provisoria en el Despacho de la Defensoría Pública Segunda (2°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, para que se desempeñe como Coordinadora Regional de la referida Unidad Regional, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

ENEZUELA Comuníquese y publíque DANIEL AUGUSTO RAMIREZ HERRERA RREEFENSOR PUBLICO GENERAL Desigaado-medianteracuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha ERsdie glèaaze, aplicado en la Gaceta Oficial de la República BolivanenaRL-Venegela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022

página original (tal como se publicó)Página 20 de la Gaceta

Página 21

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2023-591

Caracas, 01 de diciembre de 2023 2130, 164° y 24° El DefenSor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREz HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V- 12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17 ejusdem.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de la este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad, asignar la competencia de los Defensores Públicos y Defensoras Públicas, por el territorio y por la materia.

CONSIDERANDO Que mediante memorando alfanumérico DNAP-2023-760, se solicitó el traslado de los CiudadanoS JAVIER ALEJANDRO HERRERA MONTIEL, titular de la Cédula de identidad N° V-14.129.756 y ANA YAELIZ RIERA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-20.485.892, respectivamente.

RESUELVE

PRIMERO: TRASLADAR al CIUdadaNO JAVIER ALEJANDRO HERRERA MONTIEL, titular de la cédula de identidad N° V-14.129.756, Defensor Público Titular en el Despacho de la Defensoría Pública Tercera (3o) con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, hacía el Despacho de la Defensoría Pública Primera (1°) con competencia en materia Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrito a la referida Unidad Regional, a partir de la fecha de su notificación.

SEGUNDO: TRASLADAR a la Ciudadana ANA YAELIZ RIERA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-20.485.892, Defensora Pública Provisoria en el Despacho de la Defensoría Pública Primera (1°) con competencia en materia de Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, hacía el Despacho de la Defensoría Pública Tercera (3°) con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la referida Unidad Regional, a partir de la fecha de su notificación. TERCERo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y publíquese

DABIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEEENSOR HÚBLICO GENERAL Designadesmedante Acussdo de la Asamblea Nacional, de fecha densór4aioubgado en la Gaceta Oficial de la República NivariagEdRvinezueN° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022

página original (tal como se publicó)Página 21 de la Gaceta

Página 22

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2023-599

Caracas, 20 de diciembre de 2023 213 °, 164° y 25° El DefenSor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V 12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Máxima Autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Qúe mediante Punto de Cuenta PC-DNRH-2023-1353, de fecha 18 de diciembre de 2023, Máxima Autoridad aprobó la designación de la ciudadana: DANIELA GERALDINE MORENO RAUSEO, titular de la cédula de identidad N° V 9.942.610, quien se desempeña como Defensora Pública Auxiliar en el Despacho de la Defensoría Publica Cuarta (4°) con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, extensión Sede Central, para ejercer funciones como Jefa de la División de Contratos, de la Dirección de Compras y Contratos, adscrita a la Dirección Nacional de Administración, en condición de Encargada.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana DANIELA GERALDINE MORENO RAUSEO, titular de la cédula de identidad N° V 9.942.610, Defensora Pública Auxiliar en el Despacho de la Defensoría Publica Cuarta (4°) con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, extensión Sede Central, para que se desempeñe como Jefa de la División de Contratos, de la Dirección de Compras y Contratos, adscrita a la Dirección Nacional de Administración, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.

SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, DANIELAUGUSTO RAMIREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Desanadomediante Acerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 deguliede 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bel @eeezuia N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022 GENERAL

página original (tal como se publicó)Página 22 de la Gaceta

Página 23

SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

200 CARABOBO

GACETA OFICIAL DE LA BEPURLICA BOLIWARIANA DE VENEZUTELN

Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización El trámite es PERSONAL.

En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios o sobrinos).

En su defecto consignar poder debidamente autenticado.

Siguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta

página original (tal como se publicó)Página 23 de la Gaceta

Página 24

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)

Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.

Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.

Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria

Caracas – Venezuela

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.

http://www.imprentanacional.gob.ve

Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente

a 10,05 % valor Unidad Tributaria

AÑO CLI - MES IV Número 42.800

Caracas, miércoles 17 de enero de 2024

página original (tal como se publicó)Página 24 de la Gaceta
01Página 1 02Página 2 03Página 3 04Página 4 05Página 5 06Página 6 07Página 7 08Página 8 09Página 9 10Página 10 11Página 11 12Página 12 13Página 13 14Página 14 15Página 15 16Página 16 17Página 17 18Página 18 19Página 19 20Página 20 21Página 21 22Página 22 23Página 23 24Página 24