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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 42.699

24 de agosto de 2023 · 24 páginas
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Caracas, jueves 24 de agosto de 2023 Número 42.699 AÑO CL - MES XI

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA DEFENSA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Bladimir de Jesús Guerra Hurtado, como Presidente de la Fundación Ecuestre del Ejército (FUNDAECUESTRE), de la Dirección General de Empresas y Servicios, del Despacho del Viceministro de Servicios para la Defensa.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Edgardo José Martínez Vargas, como Director del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB), de la Dirección General de Empresas y Servicios del Despacho del Viceministro de Servicios para la Defensa.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana

Almirante Mariany Yndira Mata Quijada, como Presidenta de la Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (FUNDASMIN), del Despacho del Viceministro de Servicios para la Defensa.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano

General de División Nilton Ademir Cobo Murillo, como Presidente del Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio - Económica para el Personal de Empleados y Obreros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FONDOEFA), de la Dirección General de Empresas y Servicios, del Despacho del Viceministro de Servicios para la Defensa.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a las ciudadanas que en ellas se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

SUNACOOP Providencia mediante la cual se otorga el Certificado de Cumplimiento signado con el N° 006, al Organismo de Integración Cooperativa “Servicios Cooperativos del Municipio Torres, R.L.”

Fundación Escuela para el Fortalecimiento

del Poder Popular Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Lídice Altuve Moreno, Presidenta de esta Fundación, debidamente identificada, los actos que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA CULTURA Resoluciones mediante las cual se otorga la Jubilación Especial, a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Johalbert Alexander Aponte Bermejo, como Director General de la Oficina de Gestión Comunicacional, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Rosalina Guerrero Villamarín, como Presidenta del Instituto Autónomo de la Caja de Trabajo Penitenciaria, ente adscrito a este Ministerio.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se declara de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana Yoly Carrero More, en su condición de Jueza Titular del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Mérida.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA DEFENSA

página original (tal como se publicó)Página 1 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 1 1 AG0 2023 213°, 164° y 24° 052310 RESOLUCIÓN N° Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, RESUELVE ÚNICQ: Efectuar el siguiente nombramiento:

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA Y SERVICIOS Servicio Desconcentrado de Bienes y. Servicios de la Fuerza Armada_ Nacional Bolivariana (SEDEFANB) General de División EDGARDO JOSÉ MARTÍNEZ VARGAS, C.I. N° 9.430.134, Director, e/r del General de División HUMBERTO ENRIQUE NÚÑEZ HERNÁNDEZ, C.I. N° 10.598.754.

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2 2 AG0 2023 213°, 164° y 24° 052428 RESOLUCIÓN N° Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe dc la Fucrza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el articulo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020; y a lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda del Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, habida consideración del Punto de Cuenta N° 099-23 de fecha 17 de agosto de 2023, RESUELVE

PRIMERO: Efectuar el siguiente nombramiento:

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA EUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA (FUNDASMIN) Almirante MARIANY YNDIRA MATA QUIJADA, C.I. N° 9.860.691, Presidenta, e/r de la Almirante (RA) ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO, C.I.

N° 7.929.798.

SEGUNDO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Mbhistro-del Poder Popular

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2 2 AG0 2023 213°, 164° y 24° RESOLUCIÓN N°_ 052431 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaccta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020,

RESUELVE ÚNICQ: Efectuar el siguiente nombramiento:

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS Y SERVICIOS Fondo Autónomo de Inversiones y. Previsión Socio.-.Económica para el Personal de Empleados y Obreros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FONDOEFA) General de DiviSión NILTON ADEMIR COBO MURILLO, C.I. N° 9.468.721, Presidente, e/r del General de División (RA) JACKSON ANTONIO SÁNCHEZ VILLARROEL, C.1. N° 8.467.547.

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ Y General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DE LA MINISTRA N° 218 FECHA: 15/08/2023 213º, 164º y 24º RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que confiere el Decreto N° 3.866, de fecha 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.648 de la misma fecha, y de conformidad con lo previsto en los artículos 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; 65 y 78 numeral 19 del Decret N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, CONSIDERANDO Que mediante Formulario FP-026, el ciudadano Director General de la Vicepresidencia de la República, en ejercicio de la atribución delegada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela a través de Resolución N° 016/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, aprobó la solicitud de trámite de jubilación especial a la ciudadana soNiA CONSOLACION BLANCO CARDENAS, titular de la cédula de identidad N°v-9.249.374, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal N° 1.440, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

página original (tal como se publicó)Página 2 de la Gaceta

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RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la Ciudadana SONIA CONSOLACION BLANCO CARDENAS, titular de la cédula de identidad N°v-9.249.374, quien cuenta con cincuenta y cinco (55) años de edad y quince (15) años y dos (02) meses de servicio en la Administración Pública, siendo su último cargo desempeñado como CoORDINADOR DE MERCADEO, en la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTv) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología así como, por haber cumplido con los requisitos establecidos en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establec? las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL otorgada para la fecha de la Solicitud, es de CIENTO NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES CON VEINTITRÉs CÉNTIMOs (Bs.195,23) menSuales, equivalentes al 37,50% del salario promedio que resultó de la suma de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados por el trabajador al momento del procesamiento de su solicitud y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 1.440, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.

TERCERo: La Gerencia General de Gestión Humana de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (CANTv). queda encargada de ejecutar la presente Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden a la citada trabajadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 14l de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (LOTT) y efectuará la notificación correspondiente a la beneficiaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

CuARTo: Publíquese este acto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.

Sualesprnetf GABRIELA SERVILIA JIMENEZ RAMÍREZ Ministra del Peder Popular Para la Ciencia y Tecnología Decreto N° 3.866 de fecha 05 &junio g/2019 Publicado en la Gaceta Oficia n.648 publicado en la Gaceta Oficial N°41.648 de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DE LA MINISTRA N° 219 FECHA: 15/08/2023 213º, 164º y 24º RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que confiere el Decreto N° 3.86', de fecha 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.648 de la misma fecha, y de conformidad con lo previsto en los artículos 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Empleados y Empleadas de la Funcionarios, Funcionarias, Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, CONSIDERANDO Que mediante Formulario FP-026, el ciudadano Director General 1e la Vicepresidencia de la República, en ejercicio de la atribución delegada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela a través de Resolución N° 016/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, aprobó la solicitud de trámite de jubilación especial a la ciudadana YEisi TEOLINDA ROMERo QUINTANA, titular de la cédula de identidad N°V-5.135.245, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal N° 1.440, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Empleados y Empleadas de la Funcionarios, Funcionarias, Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Naclonal.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana YEISI TEOLINDA ROMERO QUINTANA, titular de la Cédula de identidad N°V-5.135.245, quien cuenta con sesenta y seis (66) años de edad y dieciocho (18) años y dos (02) meses de servicio en la Administración Pública, siendo su último cargo desempeñado como CONSULTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, en la CoM aÑÍa Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTv) adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, así como, por haber cumplido con los requisitos establecidos en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios., Empleados y Empleadas de la Funcionarias, Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL otorgada para la fecha de la SoliCitud, es de CIENTO NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON DIECISIETE CÉNTIMOS (Bs.199,17) mensuales, equivalentes al 45.0o% del salario promedio que resultó de la suma de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados por el trabajador al momento del procesamiento de su solicitud y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 1.440, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.

TERCERO: La Gerencia General de Gestión Humana de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (CAnTv). queda encargada de ejecutar la presente Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden a la citada trabajadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (LOTTT) y efectuará la notificación correspondiente a la beneficiaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

CUArTo: Publíquese este acto en la Gaceta Oficial de la Repíblica Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.

GABRIELA SERVILIA JIMENEZ RAMIREZ Ministra del Poder Popular Para a Cierela y Tecnología Decreto N° 3.866 de fecha 0 de junio de/2019 Publicado en la Gaceta Ofial N° 41048 publicado en la Gaceta Oficial N°41.6Bade misma fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DE LA MINISTRA N° 220 FECHA: 15/08/2023 213º, 164º y 24º RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que confiere el Decreto N° 3.866, de fecha 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.648 de la misma fecha, y de conformidad con lo previsto en los artículos 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, CONSIDERANDO Que mediante Formulario FP-026, el ciudadano Director General de la Vicepresidencia de la República, en ejercicio de la atribución delegada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela a través de Resolución N° 016/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, aprobó la solicitud de trámite de jubilación especial a la ciudadana CARMEN MARITZA ALVAREZ SUBERO, titular de la céduia de identidad N°V- 6.085.479, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal N° 1.440, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

página original (tal como se publicó)Página 3 de la Gaceta

Página 4

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana CARMEN MARITZA ALVAREZ SUBERO, titular de la cédula de identidad N°V-6.085.479 quien cuenta con cincuenta y nueve (59) años de edad y diecisiete (17) años y cuatro (04) meses de servicio en la Administración Pública, siendo su último cargo desempeñado como SUPERVISOR DE SUMiNiSTRO, en la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, así como, por haber cumplido con los requisitos establecidos en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL otorgada para la fecha de la SoliCitud, es de CIENTO NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOs (Bs.199,08) mensuales, equivalentes al 42.50% del salario promedio que resultó de la suma de los últimos momento del procesamiento de su solicitud y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 1.440, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.

TERCEro: La Gerencia General de Gestión Humana de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (CANTv), queda encargada de ejecutar la presente Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden a la citada trabajadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (LOTTT) y efectuará la notificación correspondiente a la beneficiaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

cuArTo: Publíquese este acto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.

GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMIREZ Ministra del Pøder Popular Para la Ciercia reenofogia Decreto N° 3.866 de fecha 05 de junio de 2019 Publicado en la Gaceta Oficial N 41.648 publicado en la Gaceta Oficial N°41.648 de la misme fecha cho del

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DE LA MINISTRA N° 221 FECHA: 15/08/2023 213°, 164° y 24° RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto N° 3.866 de fecha 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.648 de la misma fecha, y de conformidad con lo previsto en los artículos 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicis de la Administración Pública Nacional, CONSIDERANDO Que mediante Formulario FP-026, el ciudadano Director General de la Vicepresidencia de la República, en ejercicio de la atribución delegada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela a través de Resolución N° 016/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, aprobó la solicitud de trámite de jubilación especial a la ciudadana MARíA DE LA o PERDoMo NUÑEz, titular de la cédula de identidad N°V-6.404.015, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto N° 1.440 que dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana MARIA DE LA O PERDoMO NUÑEz, titular de la cédula de identidad N°V-6.404.015, quien cuenta con cincuenta y nueve (59) años de edad y, con dieciséis (16) años y cuatro (04) meses de servicio en la Administración Pública, siendo su último cargo desempeñado ASESOR DE GERENCIA GENERAL JT en la CompañÍa Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTv), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, así como, por haber cumplido con los requisitos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 5 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL otorgada para la feCha de la soliCitud, es de CIENTO OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs.187,98) menSUaleS, equivalentes al 40% del salario promedio que resultó de la suma de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados por la trabajadora al momento del procesamiento de su solicitud y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 1.440, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.

TERCERo: La Gerencia General de Gestión Humana de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CAnTv). queda encargada de ejecutar la presente Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden a la citada trabajadora de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 14l de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (LOTTT); y deberá efectuar la notificación correspondiente a la beneficiaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

CuARTo: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.

GABRIELA SERVILIA JIMENEZ RAMIREZ Ministra del Poder Popular Para la cjenciay ecnología Decreto N° 3.866 de fecha 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial N°41.648 de la misma/fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DE LA MINISTRA N° 222 FECHA: 15/08/2023 213°, 164° y 24° RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto N° 3.866 de fecha 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.648 de la misma fecha, y de conformidad con lo previsto en los artículos 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, CONSIDERANDO Que mediante Formulario FP-026, el ciudadano Director General de la Vicepresidencia de la República, en ejercicio de la atribución delegada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela a través de Resolución N° 016/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, aprobó la solicitud de trámite de jubilación especial a la ciudadana JOsMARI CARRILLO CALZADILLA, titular de la cédula de identidad N°v-7.196.090, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto N° 1.440 que dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleadus y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

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RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el benefiCio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana JOSMARI CARRILLO CALZADILLA, titular de la cédula de identidad N°v-7.196.090, quien cuenta con sesenta y dos (62) años de edad y, con dieciocho (18) años y tres (03) meses de servicio n la COORDINADOR ADMON Y CONTROL DE CANALES en la CompañÍa Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTv), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, así como, por del artículo 5 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL otorgada para la fecha de la soliCitud, es de DOsCIENTOs CINCUENTA BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMos (Bs.250,70) mensuales, equivalentes al 45% del salario promedio que resultó de la suma de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados por la trabajadora al momento del procesamiento de su solicitud y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 1.440, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.

TERCERO: La Gerencia General de Gestión Humana de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV). queda encargada de ejecutar la presente Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden a la citada trabajadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (LOTTT); y deberá efectuar la notificación correspondiente a la beneficiaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

cuArTo: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.

GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMIREZ Ministra del Poder Popular Para la Ciencia ysteenologra Decreto N° 3.866 de fecha 05 de unio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial N°41.648 de la mismafecha acho del t

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS.

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PA014-2023 CARACAS, 07 DE AGOSTO DE 2023 AÑOS 213°, 164° Y 24°

Quien suSCribe, EULALIA TABARES ROLDÁN, en su caráCter de Superintendenta Nacional de Cooperativas (E), designada mediante Decreto N° 4.658 de fecha 17 de marzo de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.339 de la misma, en virtud de lo establecido en el artículo 29 numeral 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, publicado en la Gaceta Oficial República Bolivariana de Venezuela N° 6.174, Extraordinario, de fecha 20 de febrero de 2015, en concordancia a las atribuciones conferidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; visto que el Organismo de Integración CoOperatIVa "SERVICIOS COOPERATIVOS DEL MUNICIPIO TORRES R.L.", inscrito en el Registro Nacional de Cooperativas bajo el N° cC-6, Folio 24, Tomo Primero del año 1971, autorizada. para funcionar mediante Resolución Nro. 4332, de fecha 03 de agosto de 1971, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 29582, de fecha 12 de agosto de 1971 y con Registro de Información Fiscal N° 3-08504358-6, solicitó a esta Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), la emisión del Certificado de Cumplimiento, previsto en el artícuio 90 del Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativa, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 de la Providencia Administrativa Nro. 021-19, de fecha 02 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 41.681, de fecha 26 de julio de 2019.

DECIDE:

PRiMERO: Otorgar el Certificado de Cumplimiento signado con el N° 006, al Organismo de Integración Cooperativa "SERVICIOs COOPERATIVOS DEL MUNICIPIO TORRES R.L.", inSCrito en el RegistrO Nacional de Cooperativas bajo el No cC-6, Folio 24, Tomo Primero del año 1971, autorizada para funcionar mediante Resolución Nro. 4332, de fecha 03 de agosto de 1971, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 29582, de fecha 12 de agosto de 1971 y con Registro de Información Fisca! No 3- 08504358-6, por UN (01) AÑ0, en atención a lo dispuesto en el artículo 7 de la Providencia Administrativa Nro. 021-19, de fecha 02 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 41.681, de fecha 26 de julio de 2019;

SEGunDO: Seordena la notificación; del presente acto administrativo así como la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en e! artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

TERCERo: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese ebalors EULALIA TABARES ROLDÁN SUPERINTENDENTA NACIONAL DE COOPERATIVAS Depreto N° 4.658 de fechar17 de marzo de 2022, publieadó en la

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES FUNDACIÓN ESCUELA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° CD-001 1 5 AGO 2023 AÑOS 212°, 163° y 23° El Consejo Directivo de la Fundación Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Las Comunas y Los Movimientos Sociales, persona jurídica creada mediante Decreto Presidencial, Nro. 2.211, de fecha 29 de enero 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.839, de la misma fecha, debidamente protocolizados sus Estatutos por ante la Oficina del Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Libertador, Distrito Capital, en fecha 10 de febrero de 2016, bajo el número 05, folio 19, tomo 04 del Protocolo de Transcripción, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 40.851 del 18 de febrero de 2016, integrado por los ciudadanos LIDICE ALTUVE MORENO, titular de la Cédula de Identidad N° \- 10.665.139, Presidenta designada mediante resolución MPPCMS - N° 062- 2022 del 24 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.383 de fecha 24 de, mayo de 2022, ANABEL DÍAZ ACHE, C.I.N° V-11.945.206, HERNAN JOSÉ VARGAS PEREZ, C.I.N° V-14.728.837, MIRALYS JOSEFINA VISCALLA TOLEDO, C.I.N°V- 12.417.342 y MIRIAM JOSEFINA CRESPO CAMBERO, C.I N° V-6.443.012, DIRECTORES PRINCIPALES; designados mediante Resolución MPPCYMS/N° 125 del 24 de agosto de 2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.453 del 1° de septiembre de 2022, en ejercicio de las atribuciones que le son propias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto N° 1.424, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014.

DECIDE

PRIMERO: Delegar en la ciudadana LIDICE ALTUVE MORENO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 10.665.139, Presidenta de la Fundación Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular, debidamente identificada, los actos que a continuación se indican.

1. Fijar, ejecutar y garantizar el cumplimiento de la política de la Fundación de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de adscripción y con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, demás leyes y reglamentos que le sean aplicables.

2. Administrar el Patrimonio de la Fundación.

3. Abrir y movilizar con dos (2) firmas las cuentas bancarias de la Institución.

4. Emitir, aceptar, endosar y avalar con dos (2) firmas los efectos de comercio.

5. Elaborar el Reglamento Interno y dictar las normas necesarias para el buen funcionamiento de la Fundación.

6. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Fundación, conforme a la legislación vigente 7. Elaborar la Memoria y Cuenta Anual para su presentación al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, dentro de los primeros treinta (30) días de cada ejercicio fiscal.

8. Nombrar a la Comisión de Contrataciones Públicas.

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SEGunDo: De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Acta Constitutiva de la Fundación, la prenombrada LIDICE ALTUVE MoREno, deberá rendir mensualmente al Consejo Directivo, cuenta de su gestión en los asuntos delegados.

TERCERo: Sin que implique revocatoria de la delegación contenida en la presente, el Consejo Directivo de la Fundación Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular, podrá discrecionalmente reservarse el ejercicio, conocimiento y firma de determinados documentos.

cUARTo: La presente providencia entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

LIDICE ALTUVE MORENO PRESIDENTA

ANABEL DIAZ ACHE HERNAN JOSÉ VARGAS PEREZ DirectoraPrincipal Director Principal MIRIAM CRESPO CAMBERO MIRALYS VISCALLA TOLEDO Directora Principal Directora Principal

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Cultura Despacho del Ministro Caracas, 08 de agosto de 2023 213°, 164° y 24° RESOLUCIÓN N° 024 El Ministro del Poder Popular para la Cultura ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.487.963, designado mediante Decreto N° 3.146, de fecha 03 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.337 Extraordinario, de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 3°, 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014 y de acuerdo a lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que a través del Estado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza el derecho a los ancianos y ancianas, las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social que a su vez no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano.

CONSIDERANDO Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social.

RESUELVE Artículo 1. Otorgar Jubilación Especial a la ciudadana FRANCISCA ANTONIA FONTEN, titular de la cédula de identidad N° V- 10.467.556, quien se desempeña como ASEADORA, Grado 1 Máximo, Código de RAC: 204, en la DIRECCIÓN DE PROGRAMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS RED METROPOLITANA, BIBLIOTECA PÚBLICA SAN JOSÉ DE LA URBINA, del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Artículo 2. El porcentaje otorgado de la Jubilación Especial equivale al cuarenta y siete coma cincuenta por ciento (47,50%) de su último salario, el cual debe ser homologado al salario mínimo urbano de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho trámite es aprobado mediante Pianilla FP-026 en fecha 15 de julio de 2022, por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela; debidamente suscrito por el Director General de la Vicepresidencia Ejecutiva, actuando por delegación de la Vicepresidenta Ejecutiva según Resolución No.016/2019 del 17 de Octubre de 2019.

Artículo 3. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura otorgará a la ciudadana FRANCISCA ANTONIA FONTEN, los beneficios del Aporte para el Vivir Bien y Protección al Adulto Mayor.

Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese y Publíquese, ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Ministro del Poder Popular para la Cultura Decreto N° 3.146 de fecha 3 de noviembre.dë:2017 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.337 Extraordinario de la misma fecha

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Cultura Despacho del Ministro Caracas, 08 de agosto de 2023 213°, 164° y 24° RESOLUCIÓN N°025 El Ministro del Poder Popular para la Cultura ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.487.963, designado mediante Decreto N° 3.146, de fecha 03 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.337 Extraordinario, de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 3°, 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014 y de acuerdo a lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que a través del Estado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza el derecho a los ancianos y ancianas, las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social que a su vez no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano.

CONSIDERANDO Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social.

página original (tal como se publicó)Página 6 de la Gaceta

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RESUELVE Artículo 1. Otorgar Jubilación Especial al ciudadano: EDECIO ALBERTO MATA GUERRA, titular de la cédula de identidad N° V- 6.164.674, quien se desempeña como AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES, Grado 3, Código de RAC: 93 en la Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Artículo 2. El porcentaje otorgado de la Jubilación Especial equivale al cuarenta por ciento (40,%) de su último salario, el cual debe ser homologado al salario mínimo urbano de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho trámite es aprobado mediante Planilla FP- 026 en fecha 16 de julio de 2022, por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela; debidamente suscrito por el Director General de la Vicepresidencia Ejecutiva, actuando por delegación de la Vicepresidenta Ejecutiva según Resolución No.016/2019 del 17 de Octubre de 2019.

Artícuio 3. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura otorgará al ciudadano EDENCIO ALBERTO MATA GUERRA, los beneficios del Aporte para el Vivir Bien y Protección al Adulto Mayor.

Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese y Publiquese, IVN.TRO (A) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Ministro del Poder Popular para la Cultura Decreto N° 3.146 de fecha 3 de noviembre de -2017 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.337 Extraordinario de la misma fecha

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Cultura Despacho del Ministro Caracas, 08 de agosto de 2023 213°, 164° y 24° RESOLUCIÓN N° 026 El Ministro del Poder Popular para la Cultura ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.487.963, designado mediante Decreto N° 3.146, de fecha 03 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.337 Extraordinario, de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 3°, 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014 y de acuerdo a lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que a través del Estado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza el derecho a los ancianos y ancianas, las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social que a su vez no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano.

CONSIDERANDO Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social.

RESUELVE Artículo 1. Otorgar Jubilación Especial a la ciudadana YULEIMA MARÍA CÓRDOVA JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 11.937.866, quien se desempeña como Asistente Ejecutivo, en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reveron, dependencia museística perteneciente a la Fundación Museos Nacionales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Artículo 2. El porcentaje otorgado de la Jubilación Especial equivale al cuarenta y siete coma cinco por ciento (47,5%) de su último salario, el cual debe ser homologado al salario mínimo urbano de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho trámite es aprobado mediante Planilla FP-026 en fecha 07 de marzo de 2022, por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela; debidamente suscrito por el Director General de la Vicepresidencia Ejecutiva, actuando por delegación de la Vicepresidenta Ejecutiva según Resolución No.016/2019 del 17 de Octubre de 2019.

Artículo 3. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura otorgará a la ciudadana YULEIMA MARÍA CÓRDOVA JIMÉNEZ, los beneficios del Aporte para el Vivir Bien y Protección al Adulto Mayor.

Articulo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publiquese., IVATHO (A) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Ministro del Poder Popular para la Cultura Decreto N° 3.146 de fecha 3 de noviembre.de 2017 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.337 Extraordinario de la misma fecha

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Cultura Despacho del Ministro Caracas, 08 de agosto de 2023 213°, 164° y 24° RESOLUCIÓN N° 027 El Ministro del Poder Popular para la Cultura ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.487.963, designado mediante Decreto N° 3.146, de fecha 03 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.337 Extraordinario, de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 3°, 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014 y de acuerdo a lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que a través del Estado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza el derecho a los ancianos y ancianas, las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social que a su vez no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano.

CONSIDERANDO Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social.

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461.654 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 24 de agosto de 2023

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

página original (tal como se publicó)Página 8 de la Gaceta

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Exp. N° AP61-A-2017-000004 En fecha 31 de agosto de 2017, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, recibió el expediente administrativo 080187 remitido por la Inspectoría General de Tribunales, contentivo de las actuaciones investigativas practicadas a la ciudadana YOLY CARRERO MORE, titular de la cédula de identidad V-8.013.472, en su condición de Jueza Titular, por sus actuaciones en el desempeño de sus funciones en el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, con sede en Mérida, asignando el número de expediente AP61-A-2017-000004.

En fecha 2 de noviembre de 2017, la Oficina de Sustanciación dictó auto de entrada del expediente.

En fecha 14 de noviembre de 2017, la Oficina de Sustanciación dictó auto de admisión de la acusación presentada por la Inspectoría General de Tribunales en fecha 31 de agosto de 2017, y ordenó citar a la jueza acusada. Igualmente, ordenó librar notificaciones a las partes intervinientes.

En fecha 15 de febrero de 2018, se recibió escrito de descargo de la jueza acusada constante de 5 folios útiles y anexos de 26 folios.

En fecha 3 de abril de 2018, la Inspectoria General de Tribunales consignó escrito de promoción de pruebas. En fecha 9 de abril de 2018, la jueza acusada consignó su escrito de promoción de pruebas.

En fecha 25 de junio de 2018, la Oficina de Sustanciación dictó auto de admisión de pruebas JDJ/OS/2018-09, en los siguientes términos: "(..omissis...) PRIMERO: En cuanto a los escritos de descargos presentados por la ciudadana YOLY CARRERO MORE-Jueza acusadaincorporados al proceso; sin embargo en cuanto a los alegatos de hecho y de derecho por tocar asuntos propios del debate oral y público, corresponde su valoración y apreciación definitiva a la competencia única y exclusiva del Juez o Jueza en materia disciplinaria (..) SEGunDo: Se ADMITEN las pruebas documentales ofrecidas por la Inspectoria General de Tribunales en los numerales 1, 2, 3 y 4 de la presente decisión, en su totalidad cuanto ha lugar en derecho, por no ser manifiestamente ilegales e impertinentes, y resultar útiles y necesarias, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, para el esclarecimiento de los hechos disciplinables objeto del proceso descritos en la Acusación disciplinaria Judicial, incoada contra la ciudadana YOLY CARRERO la ciudadana YOLY CARRERO MORE -Jueza acusada- en los apartes 1.5 y 1.6 de la presente decisión, se observa que dichos medios probatorios ya fueron ofrecidos por la Inspectorla General INOFICIOSO el pronunciamiento sobre dichas probanzas (...) CUARTO: Se ADMiTEN las 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, y 1.8 de la presente decisión, en su totalidad cuanto ha lugar en derecho, por no ser manifiestamente ilegales e impertinentes, y resultar útiles y necesarias salvo su apreciación en la sentencia definitiva, para el esclarecimiento de los hechos disciplinables objeto del proceso descritos en la Acusación disciplinaria Judicial incoada en su contra (..)".

En techa 2 de octubre de 2018, la Oficina de Sustanciación dictó auto mediante el cual acordó remiti el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial, en virtud de haber precluida el lapso para recurrir la sentencia interlocutoria JDJ/OS/20-18-09.

En fecha 4 de octubre de 2018, el Tribunal Disciplinario Judicial dio entrada al asunto insaculación a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño como ponente de la presente causa.

El 8 de octubre de 2018, se dictó auto mediante el cual se programa la celebración de la audiencia oral y pública para el día jueves 7 de febrero de 2019 a las diez de la mañana (10:00 a.m.).

El 7 de febrero de 2019, se levantó Acta de Audiencia Oral y Pública, donde se dejó constancia de la incomparecencia de la jueza acusada y se ordenó librar oficio a la Defensa Pública para que se le designe un defensor público a la jueza acusada, en garantía a su derecho a la defensa y al debido proceso, de conformidad con lo previsto en el articulo 54 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

mediante la cual solicitó que se notificó a la jueza acusada sobre su designación.

El 3 de octubre de 2022, se dictó auto de reprogramación de audiencia oral y pública para el 1° de junio de 2023, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) El 1° de junio de 2023, se levantó Acta de Audiencia Oral y Pública en la que se dejó se acordó la continuación de la audiencia oral y pública para el día jueves 8 de junio de 2023 a las diez de la mañana (10:00 a.m.).

En la oportunidad pautada, tuvo lugar la continuación de la audiencia oral y pública, durante la cua! el Defensor Público designado y el delegado de la Inspectoría General de Tríbunales expusieron sus alegatos y conclusiones, tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario.

| INVESTIGACIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES El 1ccha 2 de abril de 2008, la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) ordenó abrir el expediente administrativo disciplinario 080187, en virtud del Oficio FMP-63- NN-0904-07 suscrito por la representante Fiscal del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en materia Disciplinaria Judicial, en la cual se remitió la denuncia realizada por la Fiscal Décimo Octava del Ministerio Público del estado Mérida en contra de la jueza acusada Yoly Carrero More, en fecha 21 de noviembre de 2007, de la que se desprenden presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación de la causa judicial LP11-D-2006-000030.

En fecha 29 de abril de 2008, a IGT, acordó iniciar la investigación y a tal efecto comisionó al Inspector de Tribunales Raúl Useche.

En fecha 11 de junio de 2008, el Inspector de Tribunales comisionado consignó ante la sede de la IGT las resultas de la investigación realizadas en el Tribunal Segundo de Primera instancia en Funciones de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Niño y del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Mérida.

Una vez culminadas las investigaciones, la IGT presentó acto conclusivo contentivo del escrito de acusación en fecha 31 de agosto de 2017 solicitando a este TDJ la aplicación de la sanción de DESTITUCIÓN a la jueza YOLY CARRERO MORE por presuntas presuntamente haber incurrido en Abuso de Autoridad cuando declaró sin lugar la aprehensión en flagrancia del adolescente otorgándole una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad consistente en presentación periódica cada 8 días, sin escuchar a las partes, previsto y sancionado en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, actualmente subsumido en el numeral 15 del articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Como fundamento para la solicitud de sanción, alegó la IGT que: "(..) en fecha 19 de mayo Penal del estado Mérida, a cargo de la Jueza Carmen Aida Veiásquez Maldonado, compulso y declinó la competencia de la causa signada bajo el alfanumérico: LP11-P-2006-001622 al Tribunal de Responsabilidad Penal del Niño y del Adolescente, por cuanto en dicha causa fungía como coimputado el adolescente (..) en esa misma fecha el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control, de la Sección de Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, a dio entrada a la referida causa judicial, asimismo, señaló que el Tribunal decidirá por auto separado".

Indicó que "(..) el 20 de mayo de 2006, la Jueza investigada declaró sin lugar la aprehensión en flagrancia, toda vez que había transcurrido el tiempo legal para ser presentado el adolescente imputado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44 de la Constitución (..) y los artículos 8 y 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y; acordó la libertad Inmediata del adolescente (...) otorgándole una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, consistente en la presentación periódica cada ocho (o8) dlas, por ante la Oficina de Alguacilazgo de la Sección Penal Adolescente del Circuito Judicial Penal".

Señaló que "(..) la Jueza investigada con su actuación violó de manera flagrante los derechos y garantías constitucionales del imputado adolescente, tales como el debido proceso en su expresión del derecho a la defensa, pero al mismo tiempo, vulneró los derechos de la víctima y del Ministerio Público como titular de la acción penal, toda vez que no realizó la audiencia para oír al imputado, por lo que no le fue designado defensor alguno, ni fue oído, asi como tampoco se le informó de sus derechos, lo cual le impidió conocer los hechos por los cuales se le investigaba, y aún asf la Jueza le otorgó una medida sustitutiva a la privación de libertad; todo en contravención a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los articulos 541, 542, 543 y 544 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños y del Adolescente".

Arguyó que "(...) la Jueza investigada subvirtió el procedimiento establecido en la ley para la presentación de personas detenidas en flagrancia, toda vez que no celebró la audiencia para oír a las partes y decidir respecto a la medida otorgada al adolescente imputado, sino que mediante un auto fundado acordó concederle una medida menos gravosa, sin escuchar a la víctima, ni al Ministerio Público, al que además no se le permitió ejercer sus funciones debidamente, lodo ello cuales deber (sic) ser acatadas por el Juez en fodo estado y grado del proceso".

Resaltó que "Señala la Jueza en su defensa, que su decisión estuvo basada en el tiempo que había transcurrido desde la aprehensión del adolescente imputado hasta su efectiva presentación ante el órgano jurisdiccional, lo cual duró más de cuatro (04) dias, y basándose también en el principio de presunción de inocencia del aprehendido".

Concluyó la IGT que "(.) la Jueza denunciada, declaró sin lugar la aprehensión del adolescente denunciada, violento garantías fundamentales de igual envergadura, como es el debido proceso, ef derecho a la defensa de las partes en el proceso, por cuanto no le dio a las mismas la posibilidad de ser escuchadas (...)".

I1 ALEGATOS DEL JUEZ SOMETIDO AL PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL La jueza Yoly Carrero More, en fecha 13 de junio de 2008, consignó escrito de descargo ante la IGT, constante de 7 folios útiles y sus anexos constante de 68 folios (folios 142 al 218, pieza 1).

En fecha 15 de febrero de 2018, la jueza acusada consignó escrito de descargo ante este Tribunal Disciplinario Judicial, constante de 5 folios útiles y sus anexos de 26 folios (folios 249 al 279, pieza 1), mediante el cual expuso que:

"(...omissis...) DEL AUTO FUNDADO OBJETO DE DENUNCIA (..) El día viernes 19 de mayo de 2006 procedente del Tribunal Ordinario de Contro! (...) remitido por *declinatoria de competencia" al Tribunal a mi cargo (..) legajo de actuaciones (Exp. LP11-P-2006-001622) cuyo "encausado" de autos presuntamente [era] Adolescente (...) (...) en fecha Miércoles 17 de mayo de 2006 el Ministerio Público (..) según consta "adulto" al encausado (..) igualmente se observa de actas la "omisión" por parte constitucionales le asisten en el proceso penal en curso. Es éste sujeto el mismo, quien en la oportunidad de la Audiencia de Flagrancia (..) el dla jueves 18 de mayo de 2006 (...) el Ministerio Público (...) manifestará en su favor (del (...) el hecho delictivo (..) fue cometido el dia Lunes 15 de mayo de 2006 entre las siete (7:00) y ocho (8:00) de la noche aproximadamente. En la oportunidad de recibir el Tribunal a mi cargo las dichas actuaciones; esto fue, el día Viemes 19 de mayo de 2006 aproximadamente a las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 pm) hayan transcurrido ya para ese entonces aproximadamente más de noventa (90) horas desde el momento de la privación de libertad del encausado adolescente.

è (..) En horas de la mañana del da siguiente inmediatamente después de recibidas de las actuaciones. a dictar auto fundado (...) (..omissis..) (...) La denunciante GEMA NINOSKA PÉREZ LOZANO (...) en FISCALA (..)en ningún momento se hizo parte en el procedimiento por razón que el (sic) remitiendo la mencionada causa al Tribunal competente para conocer en el

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aual la Jueza denunciada.." (..) pretende defender lo indefendible, tratando de solapar la ABERRACIÓN JURIDICA cometida(...) (...) Es importante dejar por sentado, que las NOVENTA (90) HORAS transcurrida$ durante las cuales el proceso penal especial estuvo en manos del sistema judicial circunstancias de trâmite (...) (...) es mi deber informar acerca de la NULIDAD declarada de la Sentencia que proferl el 20 de mayo de 2006 la cual es la misma objeto del caso de marras, nulidad ésta que fuera decretada por un Tribunal.(igualmente) de Primera Instancia (misma categoria) en funciones de Control Sección Adolescente de la Circunscripción Penal :respecto, veáse que "anulada" como fue mi Decisión, el Tribunal que "irregularmente" declara la nulidad de la misma, se pronuncia en cuanto al "encausado adolescente" en idénticos términos como asl lo decrete en la oportunidad en que me correspondió (...) La decisión proferida la cual es objeto de acusación la fundamente tomando en consideración (..) los articulos 26, 49 y 257 de la Constitución (...) (...) La denunciante en su debida oportunidad omitió agotar los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios que prevé la Ley (...) (...) No obsta señalar deficiencias en la investigación las cuales aunque no hubieran cambiado los argumentos acerca de la siluación judicial (..) Considera esta Juzgadora que, para verificar la condición de adolescente debió la fiscalia ordenar practicar los exámenes necesarios para establecer la cualidad de adolescente o adulto, ya que el mismo no presentaba identificación alguna, o haber consultado el sistema SIPOL en coordinación con la ONIDEX para ese momento.

(...) Ante la ausencia de escrito alguno por parte de la representación fiscal especial (no consta actuación alguna en el legajo) y en virtud "sin lugar a duda razonable" de haber precluido el término legal máximo permitido para mantener privado de libertad alguna persona, dado que entre la aprehensión del encausado Adolescente y para la fecha y hora en que son recibidas las actuaciones por el Tribunal a mi cargo, habían transcurrido más de NOVENTA (90) HORAS considere que era mi deber obviar la realización de la Audiencia prevista en los articulos 248 y 373 del COPP en armonia con el 557 de la LOPNA, pues ya para ese momento imperaba la previsión contenida en el dispositivo Constitucional 44.1 en armonia con el articulo 7, numeral 2° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (...) razones suficientes por las que procedi en dicha oportunidad de inmediato "poner en libertad al encausado Adolescente, no considere haborme extralimitado en mis funciones (...) la decisión dictada en fecha 20-05-2006 en la causa signada con el N.º C2-1518-06 también fue adolescente quien resulto herido producto del intercambio de disparos (...) el cual recibió tres (3) impactos de bala (...) este Tribunal actuando como garante de los derechos humanos (...) acordé de la libertad inmediata del adolescente (...) toda vez que aún cuando fue detenido en supuesta situación en flagrancia, el dia 15 de mayo de 2006 (...) la Fiscalia (...) quien debió tomar las previsiones del caso informando a la fiscalia natural, no lo presentó de acuerdo a lo previsto en el articulo 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente ya que en principio no lo presentó camo adolescente, sino como adulto, (...) aunado a ello por las razones do salud en que se encontraba el adolescente (...) (...omissis...) (..) En relación a la acusación proferida en mi contra según denuncia de fecha 18 de julio de 2007, no hubo impulso procesal ni de quien interpuso la presente denuncia ni del imputado a quien presuntamente se le habla vulnerado el debido procedimiento penal que dio origen a la denuncia termino con un archivo judicial en la causa penal E1-652-08 no produciendo gravamen irreparable a ninguna de las partes.

(...omissis...) PETITORIO (...) rechazo, niego y contradigo en todas y cada una de sus partes la acusación realizada en mi contra (...) (...) solicito la prescripción de la acción disciplinaria, el cierre del expediente y la exoneración de la responsabilidad disciplinaria, de conformidad con (..) el artículo 31 del Código de Ética del Juez (..) en virtud de que no puede haber una prolongación en el tiempo indefinido de la responsabilidad disciplinaria ya que cercena el derecho a la defensa y al debido proceso, el silencio y retardo administrativo en el presente asunto disciplinario se traduce en la inactividad de la parte denunciante, asi como fas actuaciones del órgano disciplinario que mantuvo la investigación en silencio durante (...) solicitó muy respetuosamente tome en consideración mi rendimiento que curmplo nueve años (...) con dedicación, satisfacción y agrado la función jurisdiccional (..)". (resaltado propio del texto).

DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo TDJ), en primer lugar, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso dis. iplinario, en los términos siguientes:

La Constitución de la República Balivariana de Venezuela incorporó la disciplina del Poder artículo 267:

"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la ejecución de su propio presupuesto.

La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales." De conformidad con el articulo anterior, se escinden dos potestades: Una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

presupuestaria del Poder Judicial; otra potestad que es de indole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades funciones disciplinarias del Poder Judicial.

encontramos expresada en los artículos 32 y 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana vigente:

"Ariculo 32. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces y Juezas de la República, son el Tribunal Disclplinario Judicial y la Corte Disciplinara Judiclal, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código. Los tribunales disciplinarios judiciales contarán con un Juzgado de Sustanciación, la Secretara correspondiente y los servicios de Alguacilazgo.

Artculo 33. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de primera Instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes en materia de ética contenidos en el presente Código. En este orden el Tribunal ejercerá las funciones de éebrará el juicio; resolverá las incidencias que puedan presentarse; dictará la decisión del caso; impondrá las sanciones correspondientes y velará por la ejecución y cumplimiento de las mismas".

Como se desprende de los artículos transcritos, el TDJ ostenta la competencia de aplicar el rêgimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 27, 28 y 29 ejusdem.

Ssiendo así, queda claramente determinada la competencia de este Tribuna! Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes procedimientos disciplinarios, a los jueces y juezas integrantes del sistema de justicia venezolano. Así se declara.

Igualmente, resulta propicio aludir que la sentencia 6, de fecha 4 de febrero de 2016, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa llevada por esa Sala, la medida cautelar innominada contenida en la sentencia 516 de fecha 7 de marzo de 2013, emanada de la misma Sala, en cuanto al criterio según el cual la Jurisdicción Disciplinaria Judicial de manera cautelar tiene suspendida la facultad para conocer de las causas llevadas a jueces que no hayan ingresado por concurso al ejercicio de la función jurisdiccional lo cual comprende a los jueces no titulares (provisorios, temporales y accidentales), "a fin de evitar contradiciones Constitucional, respecto del régimen disciplinario aplicable a los jueces y juezas titulares mantener la aplicabilidad del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, sin alterar las competencias de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, órgano encargado del control, disciplina y gobierno judicial".

En consecuencia, en vista de la expuesta ratificación de la sentencia 516 para garantizar la aplicación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana a los jueces y juezas titulares, este tribunal verificó según oficio DGRH/DCJ/N°0981 del 18 de mayo de 2023 suscrito por la Directora General (E) de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura que la ciudadana YOLY CARRERO MORE, titular de la cédula de identidad V-8.013.472, fue Jueza Titular, quien se desempeñó como jueza a cargo del Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida; y actualmente goza del beneficio de la jubilación otorgada en Resolución N.° J- 0036 del 4 de marzo de 2021; en consecuencia, quienes suscriben son competentes para dictar la presente decisión. Así se declara.

IV DE LA AUDIENCIA En fecha 1° de junio de 2023, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m), se llevó a cabo la audiencia a la cual se refiere el artículo 78 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, estando constituido el TDJ por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en presencia del inspector Luis Aiberto Brando Delgado, titular de la cédula de identidad V-6.117.403, en su condición de representante de la IGT, del abogado Marzeus Dos Santos González, inscrito en el IPSA bajo N.° 236.314, en su condición de Defensor Público de la jueza acusada. Se verificó la i.:comparecencia de la jueza acusada Yoly Carrero More, asl como de la representación Fiscal del Ministerio Público. En dicha audiencia, se advirtió del cambio de calificación juridica y de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del Código de Ética del Juez Venecolano y Jueza Venezolana (2015) se suspendió el debate oral y público para el día jueves 8 de junio de 2023.

En fecha 8 de junio de 2023, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) se continuó con la audiencia oral y pública, estando constituido el TDJ por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en presencia en presencia del inspector Luis Alberto Brando Delgado, titular de la cédula de identidad V-6.117.403, en su condición de representante de la IGT, del abogado Marzeus Dos Santos Gonzáiez, de la representación Fiscal del Ministerio Público.

Del desarollo de la mencionada audiencia se desprende que las partes formularon sus alegatos, ejercieron el derecho a epica y contraréplic, así como las conclusiones correspondientes.

Finalizada la exposición, se dio por concluido el debate y en fecha 15 de junio de 2023, se profirió el pronunciamiento decisorio, el cual se transcribe a continuación:

"(...) PRIMERO: Se declara IMPROCEDENTE lo alegado en su escrito de descargo de fecha 15 de febrero de 2018, por la ciudadana YOLY CARRERO MORE, titular de la cédula de identidad V-8.013.472, en su condición de Jueza Titular del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, sede Mérida, en relación a la prescripción de la acción disciplinaria. SEGUNDO: Se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana YOLY CARRERO MORE, INJUSTiFICADoS en la tramitación de la causa penal C2-1518-06 al declarar sin cautelar sustitutiva a la privativa de libertad consistente en presentación periódica cada 8 días, sin haber escuchado a las partes, lo cual genera la violación de normas procesales sustanciales para el debido proceso en su expresión del derecho a la Público como titular de la acción penal, hecho que se encuentra encuadrado en el lipo disciplinario calificado jurídicamente por este Tribunal en audiencia, previsto en el numeral 24 del articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza conclusivo, por lo que se declara la responsabilidad disciplinaria por DESTITUCIÓN, y como consecuencia de la jubilación especial que goza la jueza Yoly Carrero More desde el 17 de marzo de 2021 según resolución J-0036 de la Sala Plena del través de la "inmediata desincorporación del cargo", tal como lo exigiría el numeral 2 del artículo 92 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, y de INHABILITACIÓN para el desempeño de funciones públicas dentro del Sistema de Justicia por cinco (05) años (...)".

V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR s investigativas de la IGT, los alegatos expuestos por la

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1. De la9 pruebas:

Pruebas de la Inspectoría General de Tribunales Se desprende del análisis del presente expediente disciplinario, que la IGT en febna 3, de continuación:

Con ef objeto de demostrar que la ciudadana YOLY CARRERO MORE, jueza sometida a proceso disciplinario, incurrió en los hechos acusados en el acto conclusivo, el Órgano Investigador promovió las siguientes pruebas documentales en copias certificadas, que se aprecian como documento público, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 conformidad con el articulo 1359 de la aludida norma sustantiva, toda vez que el acto que las contienen fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública:

c'documental que la jueza Carmen Aida Velásquez Maldonado a cargo del Tribunal de Priñera Instancia Penal en funciones de Control N.° 2 del Circuito Judicial Penal del .estado; Mérida, extensión El Vigia, declinó la competencia de la causa LP11-P-2006n01622a, y ordenó remisión del expediente.

2: Autojde fecha 19 de mayo de 2006 (folio 55, pieza 1). Se aprecia de la documental que la jueza acusada Yoly Carrero More recibió las actuaciones y le dio entrada con la nomenclatura C2-1518-06.

acusada Yoly Carrero More, sin celebrar audiencia dictó decisión en la cual declaró sin lugar la aprehensión por flagrancia, declaró la libertad inmediata del imputado y acordó ante la Oficina de Alguacilazgo de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, extensión El Vigía.

4. Auto de fecha 25 de mayo de 2006 (folio 63 al 67, pieza 1). Se aprecia de la documental f inciones de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, Extensión El Vigía, declaró de oficio la nulidad absoluta del auto de fecha 20 de mayo de 2006 dictado por la jueza acusada, y ordenó retrotraer el proceso al estado de nombramiento de defensor y acto de audiencia para oír al imputado.

La jueza acusada consignó en fecha 9 de abril de 2018, escrito de promoción de pruebas, en el cual promovió las siguientes pruebas documentales en copias certificadas, que se aprecian como documento público, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 429 ejusdem en relación con lo establecido en el artículo 1384 del Código Civil, siendo fidedigna de conformidad con el artículo 1359 de la aludida norma sustantiva, toda vez que el acto que ; las contienen fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública:

Corasaria Policial N.° 04 de la Zona Panamericana del estado Mérida, mediante el. coa Identificación de las personas involucradas en el hecho delicivo. Se: desecha documental por no ser idónea, til y necesaria para ofrecer algún elemento de convici en las resultas del caso.

2. Escrito de solicitud de calificación de aprehensión en flagrancia de fecha 17 dé;mayo de.

2006 (foos 299 al 303, pieza 1). Se aprecia de la documental que la representante-de Ministerio Público de la Circunscripción del estado Mérida, solicitó al Juez de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, sede El Vigía que se declare la flagrancia y se acuerde la Privación Judicial Preventiva de los ciudadanos investigados.

3. Acta de Investigación Penal de fecha 15 de mayo de 2006 (folios 304 al 306, pieza 1).

Se aprecia que en dicha documental se dejó constancia de hechos propios de la investigación contra los presuntos imputados. Se desecha la documental por no ser idónea, útil y necesaria para ofrecer algún elemento de convicción en las resultas del caso.

4. Acta de Audiencia de Flagrancia de fecha 18 de mayo de 2006 de la causa LP11-P- 2006-001622 (folios 307 al 315, pieza 1). Se aprecia de la documental que la jueza Carmen Aida Velásquez realizó audiencia de flagrancia de la causa LP11-P-2006-001622, y declinó la competencia en virtud de la minoridad de uno de los co-imputados.

5. Oficio N.º 9700-230-MF-685 de fecha 31 de mayo de 2006 (folio 325, preza 1). Se aprecia que la documenta! fue emanada de la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Mérida, sede El Vigía del adolescente co-imputado dirigido. Se desecha la documental por no ser idónea, útl y necesaria para ofrecer algún elemento de convicción en las resultas del caso.

6. Auto de fecha 20 de noviembre de 2008 (folio 326, pieza 1). Se aprecia de.la Ins:ancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, Sección Adolescente, acordó el Archivo de la causa y ordenó la remisión del mismo al Archivo elemento de convicción en las resultas del caso.

menester apuntar que la decisión que corresponda adoptar a este Tribunal Disciplinario a Judical, es tomada en atención a las pruebas que han sido aportadas al proceso, dre articulo 22 del Código Orgánico Procesal Penal; así como de conformidad con el derecho.

en virtud del principio iuris novit cura.

II. Declaraciones previas:

Una vez efectuadas las consideraciones anteriores y con motivo de los elementos procesales de la jueza acusada, se percata del error material producido por la Inspectoría General de Tribunales al momento de identificar la sede del Tribunal que regentaba la jueza acusada Yoly Carrero More desde el inicio de la investigación hasta la_última donde se encuentran los Tribunales Primero y Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control LOPNA.

la IGT indicó que la jueza acusada estaba a cargo del Tribunal Segundo en funciones Gontrol de Responsabilidad Penal del Adolescente, sede El Vigía -el cual no existe en esa de jueces de la página web antes indicada.

acusación, no corresponde a la nomenclatura de la 000030 indicada por la causa judicial penal que de la primera pieza del 1518-06, tal como se expediente judicial disciplinario.

le hace un exhorto a la Inspectorla General de Tribunales para el Es por ello, que de Funcionamiento identificación de error material involuntario al revisar o sustanciar el expediente.

Ahora bien, antes de emitir pronunciamiento acerca del fondo del presente asunto, es Carrero More en su escrito de descargo de fecha 15 de febrero de 2018. La jueza antes mencionada, esgrimió que "(..) soicto la prescripción de la acción disciplinaria, el cierre de! xpediente y la exoneración de la responsabilidad disciplinaria, de conformidad con (.) el articulo 31 del Código de Ética del Juez (..) en virtud de que no puede haber una prolongación en el tlempo indefinido de la responsabilidad disciplinaria ya que cercena el derecho a la defensa y al debido proceso, el silencio y retardo administrativo en el presente asunto disciplinario se traduce mantuvo la investigación en silencio durante nueve años(...)".

conoció del asunto penal en fecha 19 de mayo de 2006, al dictar el auto de entrada de la causa a su tribunal. Y que en fecha 20 de mayo de 2006 declaró sin lugar la aprehensión en flagrancia, decretó la libertad del adolescente y acordó una medida sustitutiva a la privación judicial.

Establecido la circunstancia de tiempo en que ocurrió el presunto hecho disciplinable, resulta menester traer a colación el contenido del artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuele 36.534 de fecha 8 de septiembre de 1998, aplicable ratione temporis, el cual estabice que:

"Articulo 53.- La acción disciplinaria prescribirá a los tres años contados a partir del dia en que se cometió el acto constitutivo de la falta. La iniciación del proceso disciplinario disciplinario intemumpe la prescripción.

El urticulo 35 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015.

actuômente contemplado en el articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana vigente, contempla que:

"Articulo 31.- La acción disciplinaria prescribe a los cinco años contados a disciplinaria. La prescripción no aplicará a aquellas causas en las que los jueces pudieran estar incursos y que estén previstas en las leyes contra la la cosa pública, el narcotráfico y delitos conexos. El inicio de la investigación En análisis de las disposiciones antes expuestas, se pronunció anteriormente este Tribunal, conforme sentencia TDJ-SD-2012-138 de fecha 22 de mayo de 2012, en la que estableció que "Es necesario señalar que tomando en consideración que la prescripción capsiste en la extinción de la acción por el transcurso del tiempo y que esta se interrumpe con la iniciación, del proceso disciplinario, lo cual quiere decir que en el presente caso, ésta tendria lugar si desde la fecha en que sucedieron los hechos imputados y hasta el momento en que inicia, el.

procedimiento disciplinario, el lapso establecido en la ley hubiere superado los tres años, tomando en uenta la aplicación del ariculo 53 de la Ley Orgânica del Consejo de la Judicatura, que se encontraba vigente para el momento en que ocurrieron los hechos y establece una prescripción da tres (3) años y no el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolano que establece en coincidentes cuando establecen expresamente que la prescripción se intemumpe conl prescripción se intemumpe con la iniciación de! procedimiento disciplinario".

Asimismo, es imperioso señalar el criterio sostenido por la Corte Disciplinaria Judiciàl en sentencia 19 de fecha 2 de octubre de 2012, en la cual se estableció que: "Ahora bie.

considera esta Corte Disciplinaria Judicial, que la prescripción es una forma de extinción de la responsabilidad disciplinaria, conforme a la cual el transcurso del tiempo, contado a partir de la oportunidad en que se produjo el hecho que da lugar a la imposición de la sanción, sin que se inicie la correspondiente averiguación, impide al órgano disciplinario sancionar la conducta que contraviene los deberes y obligaciones que el ordenamiento jurídico impone a los operadores de justicia".

En la misma ilación de ideas, a los fines de precisar el modo de cómputo de la prescripción y los efectos de su interrupción, es pertinente traer a colación el criterio establecido en sentencia 26 de fecha 9 de julio de 2014 de la Corte Disciplinaria Judicial:

"La inteligencia de la norma transcrita [articulo 59 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura] permite concluir que la acción disciplinaria prescribe una vez transcurridos tres (3) años, contados a partir del momento en que se cometió el supuesto acto violatorio de los deberes del juez que dio lugar a la (vid. sentencias de esta Corte N° 14 y 24 de fechas 12 de julio y 07 de respectivamente).

El examen de las actas que conforman el expediente de la causa permite constatar, que los hechos que dieron origen a la denuncia formulada contra la jueza investigada ocurrieron el 09 de enero de 2008 y la investigación instruida por la IGT se inició el 19 de mayo del mismo año, es decir, habiendo

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transcurrido cuatro (4) meses y diez (10) dias contados a partir de la fecha de:

ocurrencia de la conducta delatada como ilicito disciplinario, circunstancia que evidencia que la acción disciplinaria no se encontraba prescrita, razón por la denunciada. Asi se declara.".

prescripción en materia disciplinaria, resulta oportuno precisar que en fecha 2 de abril, de 2008 taGT ordenó la apertura de expediente disciplinario 080187 por comunicación N,° 14F18-6137407 de fecha 18 de julio de 2007, suscrita por la Fiscal Encargada Décima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en El Vigía, y los recaudos anexos al Oficio N.° FMP-63-NN-0904-07 de fecha 21 de noviembre de 2007 suscrito por la Fiscal Sexagésima Tercera del Ministerio Público a nivel Nacional con competencia en materia Disciplinaria Judicial. (folio 13, pieza 1) En fecha 29 de abril de 2008, la IGT ordenó iniciar la investigación, y comisionó al Inspector de Tribunales Raúl Useche (folio 14, pieza 1).

En este contexto y tomando en cuenta la norma vigente (artículo 53 de la Ley Orgánica del presuntamente declaró sin lugar la aprehensión en flagrancia al adolescente y otorgó una periódica cada 8 días, sin escuchar a las partes (folios 56 al 60, pieza 1), transcurriendo desde ese momento, hasta el inicio de la investigación (29 de abril de 208) un lapso 1 ajo, 11 meses y 9 días, por lo que no transcurrió el lapso de tres (3) años para que peraza la prescripción previsto en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, norma vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.

Enconsecuencia de las precisiones efectuadas, no se encuentra prescrita la acción disciplinaria, toda vez que dicho lapso fue interrumpido antes de los tres años que prevé el articulo 53 de la norma supra transcrita, por lo que se declara IMPROCEDENTE el alegato sobre la solicitud de sobreseimiento por prescripción solicitada por la Jueza Yoly Carrero More. Así se declara.

l'1. De la resolución del fondo del presente asunto:

Ahora bien, este órgano judicial disciplinario, pasa a pronunciarse sobre el mérito del asunto, en los siguientes términos:

Con relación a que la jueza acusada presuntamente incurrió en el hecho de haber dictado adolescente, otorgándole una medida cautelar sustitutiva a la privativa de la libertad observa que:

La IGT alegó que "(.) la Jueza investigada con su actuación violó de manera flagrante los derechos y garantías constitucionales del imputado adolescente, tales como el debido proceso en del Ministerio Público como titular de la acción penal, toda vez que no realizó la audiencia para oir al imputado, por lo que no le fue designado defensor alguno, ni fue oido, asi como tampoco se le informó de sus derechos, lo cual le impidió conocer los hechos por los cuales se le investigaba, y aún así la Jueza le otorgó una medida sustitutiva a la privación de libertad, (..) la Jueza investigada subvirtió el procedimiento establecido en la ley para la presentación de personas detenercas en flagrancia, toda vez que no celebró la audiencia para oir a las partes y decidir acordó conceder una medida menos gravosa, sin escuchar a la víctima, ni al Ministerio Públice (..) Por sti parte, la jueza acusada en su escrito de descargo alegó que: "(.) es mi gebèr anformaniacerca de la NULIDAD declarada de la Sentencia que proferl el 20 de mayo de 206 la gual esta misma objeto del caso de marras, nulidad ésta que fuera decretada por un Trbunal (igualimante) de Primera Instancia (misma categoria) en funciones de Control Sección Adolescente de la Circunscripción Penal del estado Mêrida pero de la extensión El Vigla, en fecha 25 de mayo declara la mulidad de la misma, so pronuncia en cuanto al "encausado adolescente" en idénticos.

términos como asl lo decrete en la oportunidad en que me correspondió decidir en feona 20-05- 2005 (..)". Añadió que "(..) La denunciante en su debida oportunidad omitió agotar los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios que prevé la Ley (..)".

fisca: especial (no consta actuación alguna en el legajo) y en virtud "sin lugar a duda razonable" de persona, dado que entre la aprehensión del encausado Adolescente y para la fecha y hora en que son recibidas las actuaciones por el Tribunal a mi cargo, hablan transcurrido más de NOVENTA (90) HORAS considere que era mi deber obviar la realización de la Audiencia prevista en los articulos 248 y 373 del COPP en armonia con el 557 de la LQPNA. purés ya para ese momento imperaba la previsión contenida en el dispositivo Constitucinal 44.1 en armonia con el artículo 7, numeral 2° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (..) razones suficientes "poner en libertad al encadsado por las que procedi en dicha oportunidad de inmediato Adolescente, no considere haberme extrelimitado en mis funciones (..) la decisión dictada en fecha 20-05-2006 en la causa signada con el N.°º C2-1518-06 también fue decretada considerando las circunstancias apremiantes como era la salud del adolescentes quien resulto herido producto del intercambio de disparos (..) el cual recibió tres (3) impactos de bala este Tribuna! actuando como garante de los derechos humanos (...) acordé inmediata der adolescente (...) toda vez que aún cuando fue detenido en supuesta situación en flag 15 de mayo de 2006 (..) la Fiscalia (..) quien debió tomar las previsiones del caso i la fiscalia natural, no lo presentó de acuerdo a lo previsto en el articulo 557 ado:sscente, sino como adulto, (..) aunado a ello por las razones de salud en encontraba el adolescente (...)".

El abogado Marzeus Dos Santos González, en su carácter de Defenso continuación de la audiencia oral y pública, celebrada el 8 de junio su vto, y 214, pieza 2), en su derecho a la palabra expuso que:

menester indicar que el presente proceso disciplinario presentada por el Ministerio Público en contra de mi defendida por tener

apia s oxidantes, nitratos y nitritos en las superficies usualmente comprometidas al momento arar un arma de fuego (prendas de vestir, accesorios, etc). Tampoco encontramos el too yo del Luminol para percibir los rastros de pólvora en los patrones característicos propi de pesrtenecian al arma presuntamente tomada de las manos del encausado, asi como el ahálisisplanimétrico de la trayectoria balística con especial indicación de los puntos de entrada y rectoría intraorgánica de los proyecliles para determinar con precisión si el sujeto hendd se contaba lamentablemente de espectador, realmente existió dicho enfrentamiento motivado por presunta resistencia a la autoridad derivada de una voz de alto. En conjunción con lo alterar, tampoco se hayan elementos suficientes para determinar la edad del encausado, como lo es una acta de nacimiento o, para mayor precisión, un examen de la longitud ósea en el que se indique la tapa específica de desarrollo del sujeto. Circunstancias procesales que dificultan a cualquier jurisdicente considerar la existencia de una correcta cadena de custodia. Igualmente, en el folio certificada de un "acta de audiencia de flagrancia" en la que se encontraban presentes la representación fiscal, el imputado en ése acto, su defensor público, la victima y los integrantes del tribunal. Por lo antes escrito, considerando que la Inspectorla General de Tibunales acusó a mi defendida por haberle cercenado al ya imputado, su derecho a ser oido en una audiencia de presentación, a ser representado por un abogado Defensor y los mal llamados derechos privados del ejercicio de la competencia pública ejercida, como lo es la posibilidad procesal de apelar por disconformidad ante la negativa fundada de una petición cautelar), resulta ineludible ra esta Defensa, solicitar que este órgano jurisdiccional reconozca (tal y como lo ha venido decldiendo en casos análogos) que la fundamentación empleada por la jurisdicente investigada en la motivación de un acto jurisdiccional, pertenece al campo de su autonomia en la libre terpretación del derecha, y en consecuencia, so deseslime igualmente al argumento referente al contenido de la motivación. Respecto al ilícito disciplinario abuso de autoridad, esta Defensa solicita que se mantenga el criterio empleado por este órgano jurisdiccional en casos análogos, en cuanto a los elementos de configuración y perfeccionamiento enunciados en la sentencia N.° 451, de fecha 11-5-2004 SPA-TS.J (...) Esta defensa objeta el cambio de calificación jurídica propuesto por este tribunal por cuanto realizar un examen de la calificación de flagrancia y dar respuesta oportuna a las solicitudes cautelares presentadas por las partes (como lo es el ministerio (sic) públlro (sic)), constituyen competencias propias de todo juez penal en funciones de control. Por otág-dado, solicito que se mantenga el criterio establecido en la sentencia N.° 02 dictada en fecha 17 de enero de 2013 por la Corte Disciplinaria Judicial en la que se analizó el contenido y alcance del ilicito designado como "descuido Injustificado", oportunidad en que lo definió como (..) Por lo que, atendiendo a las circunstancias especificas que rodean el caso, aunado a que el nombre de mi defendida no es reiterativo en esta jurisdicción disciplinaria, se insiste en que se declare que el proferimiento del auto motivado atacado no puede calificarse como una conducta desmedida ni descuidada, capaz de evidenciar inidoneidad para ocupar el cargo de juez, ya que tal actuación f ie producto de una actividad intelectual de análisis e interpretación, que la llevó a decisión tomada, máxime que dicha juez ya se encuentra gozando de su derecho a la jubilación. Reprochar disciplinariamente a mi defendida por los alegatos esgrimidos por el entonces Fiscal del Ministerio Público y traídos a proceso por la IGT, solo serviría para establecer como precedente que los jueces penales en funciones de control, pueden ser sancionados para tapar tanto la ausencia de la capacidad Fiscal para determinar su propia competencia mediante el uso de los medios de los que . impugnación y limitarse a denunciar a todo juez que falle en contra de sus pedimentos. En ese mismo sentido, es oportuno destacar ei órgano investigador disciplinario obvió que el auto motivado increpado, fue posteriormente anulado exirañamente por otro tribunal de la misma instancia y aún asl, mantuvo exactamente la misma decisión con los mismo fundamentos.

Circunstancia que l existencia de algún decisión, toma posterior (....

del artículo 40 de la Ley que ocurrió el hecho, y artículo 29 del Código siguiente:

"Articulo 29. Son causales de destitución:

(...) 15. Incumir en abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones".

el contenido del tipo disciplinario sobre el "abuso de autoridad.

A los fines de desarrollar bien, es cierto que la mayor parte de la actividad Marrero Ortiz, se estableció que:

precisado en anteriores oportunidades que 'en ocasiones, de los jueces incluye la revisión de aspectos En efecto, esta manera que por existir una lInea divisoria muy fina entre la jurisdiccionales, para continuar función de juzgar.

jurisdiccional que ejerce, el ente disciplinario tiene la potestad exceso de autoridad, esta Sala en reiteradas oportunidades ha para vigilar el corresponden, traspasando asi los limites del buen ejercicio y señalado que base legal en la Complementanc uen dos supuestos: la total carencia Justicia, determinante actuación y la se transcribe parcialmente:

"(...omissis.

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actividad abusiva que se despliega a través de la conducta del sometido al rógiman disciplinario.

(..) En tal sentido, para que se verifique este Illito disciplinario, no basta constatar que se trate de un simple ejercicio de una competencia ajena o simplemente fuera desplegando una conducta abusiva, desproporcionada de sus deberes logales, quo debe poner en evidencia su inidoneidad para ocupar el cargo dle juez. Los ojomplos que se señalan para ilustrar mejor lo que constituye dicho concoplo, son el caso do un juez civil que ordene un auto de detención o un juez do menores que ordeno un reenganche de trabajadores, etc.(...)".

Asingismo, la Sala Polltica Administrativa en sentencia N.° 778 del 23 de mayo de 2007, declaró que:

"...omissis..) en tal sentido, para que se verifique el lícito disciplinario, no basta desproporcionada de sus deberes legales, que debe poner en evidencia su inidoneidad para ocupar el cargo de juez (...)".

Asimismo, este Tribunal Disciplinario se ha pronunciado con relación al ilícito de abuso de autoridad, según sentencia TDJ-SD-2012-138 de fecha 24 de mayo de 2012, en el se hace un ejercicio extremo y desproporcionado de las facultades legales que la lay le atribuye y 2) cuando se realizan funciones que no le están conferidas por la ley(...)".

En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Disciplinaria Judicial, al hacer exigible para la demostración del abuso de autoridad, la concurrencia de la carencia de base legal Nros. 13 del 22 de abril de 2014, 23 del 22 de junio de 2014, 26 del 9 de julio de 2014, 12 siguiente:

"(..omissis...) En este contexto, debe entenderse que el abuso de autoridad se produce cuando el sentenciador realiza funciones que no le han sido conferidas en la competencias que le corresponden a todo juez (vid. sentencias de esta Corta N° 6, 18, 3, 30 y 12 del 0506 y 07/08 de 2012, 22/01/2013, 12/08/2014 y 12/02/2015, respectivamente).

En igual sentido, se ha sostenido de manera reiterada, que el abuso de autoridad justicia, capaz de evidenciar su inidoneidad para ocupar el cargo de juez (vid.

sentencias de la Sala Polltico Administrativa N° 00451 y 02342 del 11/05/2004 y 27/04/2005, respectivamente) (...".

Definido el tipo disciplinario, con criterio que asume este Tribunal para el presente caso, como "abuso de autoridad" es menester revisar las actas que tienen vinculación al presente supuesto incumplimiento y en tal sentido, se observa que:

Riela en el folio 36 de la pieza 1, Comprobante de Recepción de un Asunto Nuevo de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, sede El Vigía, en la que se dejó constancia de lo siguiente:

"(...omissis...) Unidad de Recepción y Distribución de Documentos El Vigla, 17 de mayo de 2006 196° y 147° ASUNTO PRINCIPAL: LP11-P-2006-001622 ASUNTO:

LP11-P-2006-001622 COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE UN ASUNTO NUEVO (...) en fecha de hoy 17 de mayo de 2006, siendo las 5:24 PM, se recibió oficio 14F606-1344 procedente de la Fiscalla VI del Ministerio Público, constante de 13 . (resaltado propio del texto) (subrayado doble de este TDJ) Rielajen los folios 37 y 38 de la pieza 1, auto de fecha 17 de mayo de 2006, dictado por la jueza Rosiri Del Vecchio Diaz, a cargo del Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control N.°º 06 del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, Extensión:El- Vigía, en los siguientes términos:

"(...omissis...) ASUNTO PRINCIPAL: LP11-P-2006-001622 ASUNTO:

LP11-P-2006-001622 Por cuanto el presente asunto penal, le correspondió conocer al Tribunal de Control N.º 02, por DISTRIBUCIÓN del SISTEMA IURIS 2000: este Juzgado solo procede única y exclusivamente a fijar la correspondiente audiencia por encontrarse de Guardia. Vista la solicitud que hace la ciudadana (..) en su condición de Fiscal Auxiliar VI del Ministerio Público, donde presenta a los ciudadanos (...) a los fines de que se le oiga declaración (...) se le califique la Aprehensión en Flagrancia (...) igualmente solicita que una vez declarada la detención en flagrancia, que el proceso continúe por el procedimiento ordinario (...) asl mismo solicita que se le decretar (sic) Medida Preventiva Judicial Privativa de Libertad, y acto de rueda de Reconocimiento de Individuos al imputado (..) En virtud de lo solicitado este Juzgado de Primera Instancia Penal en Funciones de Control N°06 (...) ACUERDA: fijar AUDIENCIA DE RUEDA DE RECONOCIMIENTO DE INDIVIDUOS SOLO LO QUE REPESTA (sic) AL IMPUTADO (...) y Una vez celebrada la misma este Tribunal procederá a celebración de la AUDIENCIA ESPECIAL DE CALIFICACIÓN DE APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA, para Ila cual se fija el día 18-05-06 a las 2:00 p.m. (..". (resaltado propio del texto).

mayo de 2006, suscrita por la Jueza Carmen Aída Velásquez, a cargo del Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control N.° 02 del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, Extensión El Vigia, en la que se dejó constancia de lo siguiente:

"(...omissis...) ASUNTO PRINCIPAL: LP11-P-2006-001622 LP11-P-2006-001622 ASUNTO:

(...omissis...) y por cuanto, existe en la presente causa otro imputado quien manifestó ser menor de edad, solicito se decline la competencia al Tribunal con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Niño y del Adolescente, igualmente se notifique al Fiscal Décimo Octavo del Ministerio Público, con sede en la Ciudad de El Vigia, asimismo se compulse copia certificada de la causa para que sea remitida al Tribunal competente (...omissis..) TERCERO: El tribunal, visto que en la presente causa según consta en las actuaciones aparece el Co-Imputado (...) encontrándose recluido en el Hospital de El Vigia, lesionado por heridas causadas por arma de fuego, el Tribunal declina la competencia para conocer del presente asunto, por cuanto en la comisión del hecho punible o hechos punibles imputables por la representación Fiscal al imputado (...) aparece como participe el menor (...) debiendo conocer al respecto, el Tribunal competente que en este caso es el Tribunal de Responsabilidad Penal del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial Penal del Estado (sic) Mérida, remitiéndose copias certificadas de las presentes Tribunal de Control de conformidad con lo previsto en los arlículo 77 en concordancia con el articulo 76 ambos del C.O.P.P. Igualmente se acuerda notificar de la presente actuación a la Fiscalia Décima Octava del Ministerio Público con sede en la Ciudad de El Vigla (..)". (subrayado doble de este TDJ)

Carmen Aída Velásquez, a cargo del Tribunal de Primera Intancia Penal en Funcione siguièentes términos:

"(...omiss...) ASUNTO PRINCIPAL: LP11-P-2006-001622 ASUNTO:

LJ11-X-2006-000016 Visto, por cuanto este Tribunal advierte que en el presente asunto penal funge como Co-Imputado el menor (..) por la presunta comisión de los delitos (..) en perjuicio de la victima (..) el Tribunal de conformidad con lo previsto en el articulo 77 en cond rdancia con el articulo 76 ambos del Código Orgânico Procesal Penal, declina la competencia al Tibunal de Responsabilidad Penal del Niño y del Adolescente, competente para conocer dicho asunto en cuanto a la minoridad del Co- Imputado (...) se encuentra actualmente en la Ciudad de Caracas, en acto de Juramentación para la Titularidad de su Cargo. Remisión que se hace a los fines legales consiguientes (..)". (resaltado propio de este TDJ).

Riela en el folio 54 de la pieza 1, Oficio N.º 4022 de fecha 19 de mayo de 2006, suscrito por la Jueza Carmen Aída Velásquez, a cargo del Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control N.º 02 del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, Extensión El Vigía, en los siguientes términos:

"(...omissis...) ASUNTO PRINCIPAL: LP11-P-2006-001622 LJ11-X-2006-000016 ASUNTO:

OFICO n.° 4022 Ciudadana (o):

Juezode Primera Instancia Penal en Responsabilidad Penal del Niño y del Adolescente del Estado (sic) Mérida Tengo s bien dirigirme a usted, en la oportunidad de remitir anexo al presente oficio, Su Despacho.cuademo separado signado bajo el n.º LJ11-X-2006-000016, que guarda relación con el asunto penal signado bajo el N.° LP11-P-2006-001622, por cuanto funge como co-imputado el menor (...) en virtud de ell se doclina la competencia a ese Tribunal, por cuanto la Juez competente para conocer dicho asunto en cuanto a- la minoridad del co-imputado, se encuentra actualmente en la cludad de Caracas, en acto de juramentación para la titularidad de su cargo.

este TDJ) Riela en el folio 55 de la pieza 1, auto de entrada de fecha 19 de mayo de 2006, dictado Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, Sección Penal Adolescente sede Mérida (en lo sucesivo Tribunal 2° de Control Penal Adolescente-Mérida), en los sigulentes términos: "(..omissis.) Recibidas las presentes actuaciones, desee entrada, registrese en los libros correspondientes y déjese constancia de su ingreso en el Libro Diario que lleva este Despacho, y en cuanto a su contenido el Tribunal decidirá Riela en los folios 56 al 60 de la pieza 1, decisión de fecha 20 de mayo de 2006, dictada por la jueza acusada Yoly Carrero More, a cargo del Tribunal 2° de Control Penal . Adolescente- Mérida, en los siguientes términos:

"(...omissis...) TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL N.° 02 SECCIÓN DE ADOLESCENTES Mérida veinte de Mayo de dos mil seis 196° y 147° Por recibida la causa penal signada con el N.° C2-1518-06, procedente de circuito (sic) Judiclal Penal extensión de ElVigia (..omissi... Vistas y analizadas como han sido cada una de las actuaciones que conforman la presente causa antes de decidir, éste tribunal, hace las siguientes consideraciones: PRiMERO: Por cuanto ha transcurrido el tiempo legal para ser presentado el adolescente (... por la fiscalla sexta del Ministerio Público ante el tribunal de Control con competencia en adolescentes de conformidad con el artículo 557 de la ley (sic) Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en concordancia con el articulo 8 ejusdem y.

articulo 44 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el cual fue aprehendido el día 15-05-2006, y se encuentra PRIVADO DE SU LIBERTAD hasta el dia de hoy, habiendo transcurrido más de cuatro dias y habiendo sobrepasado el tiempo para la presentación en situación de flagrancia LA CUAL ES DECLARADA SIN LUGAR por este tribunal ...) SEGUNDO: Siendo el ser juzgado en libertad la directriz y el derecho de todo ser humano aunado a la presunajón de.

inocencia; y debiendo ser los tribunales garantes de los derechos que la son inherentes al ser humano y por cuando corresponde a los jueces velar por la recta aplicación de la justicia, ya que dirigen el proceso penal y son quienes deben garantizar el cumplimiento de los objetivos en cualquier estado y grado de la causa, en tal sentido SE ACUERDA, LA LIBERTAD INMEDIATA DEL ADOLESCENTE(...) venezolano, natural de El Vigia, sin más datos, Este Tribunal (..) EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY ordena la libertad inmediata del adolescente (...) quien se encuentra recluido en el Hospital I, de El Vigla (...) además se acuerda la medida sustitutiva a la libertad consistente a la presentación periódica cada 8 dias por ante la oficina de alguacilazgo de la sección penal del adolescente del circuito (sic) Judicial Penal, extensión El Vigía, a partir del 25-05-2006. Igualmente, se acuerda continuar con la investigación de la presente causa (...) Remltase las actuaciones al tribunal competente (Tibunal de Control N.° 1. Sección Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal Extensión El Vigla)_(..)". (resaltado propio del texto) (subrayado doble de este TDJ) Riela en el folio 61 de la pieza 1, Comprobante de Recepción de un Asunto Nuevo de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, en la que se dejó constancia de lo siguiente:

"(...omissis...) Unidad de Recepción y Distribución de Documentos El Vigla, 24 de mayo de 2006 196° y 147° ASUNTO PRINCIPAL: LP11-D-2006-000030 ASUNTO:

LP11-D-2006-000030 COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE UN ASUNTO NUEVO (...) en fecha de hoy 24 de mayo de 2006, siendo las 4:53 PM, se recibió oficio N.° Funciones de Control N.° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Seccional de Adolescentes, constante de 58 folios útiles, mediante el cual anexa causa signada con el N.° C2-1518-06. El cual se asignó el número LP11-D-2006-000030 (...)".

(resaltado propio del texto) (subrayado doble de este TDJ) Riela en el folio 62 de la pieza 1, auto de entrada de la causa LP11-D-2006-000030, de fecha 24 de mayo de 2006, dictado por la jueza Ciribeth Guerrero Ochea a cargo del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N.º 01 Sección Penal de Adolescentes, extensión El Vigía.

Riela en los folios 63 al 67 de la pieza 1, decisión de fecha 25 de mayo de 2006, dictado por la jueza Ciribeth Guerrero Ochea a cargo del Tribunal de Primera Instancia en

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siguientes términos:

"(...omissis...) ASUNTO PRINCIPAL: LP11-D-2006-000030 LP11-D-2006-000030 ASUNTO:

esta juzgadora al realizar la revisión de las actuaciones constata:

(...omissis...)

Caracas, en acto de Juramentación para la Titularidad de su cargo..", ordenando la remisión de la compulsa mediante oficio.

con sede en la ciudad de Mérida, le dio entrada a las actuaciones (...)

actuaciones al Tribunal de Control N.° 01 (...) Asf las cosas, es preciso observar lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de son derechos Ínviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso (...) En este mismo orden, señala el ariculo 546 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (..) y el articulo 88 ejusdem: "Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la defensa en todo estado y grado de cualquier proceso (...) Por su parte, establece el articulo 1 del Código Orgánico Procesal Penal(...) Niño y del Adolescente apuntan (...) Igualmente, señala el articulo 172 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (...) Teniendo todas éstas disposiciones además su asidero, en los articulos 37 y 40 de la Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Así las cosas, si bien es cierto, no le está dado a esta Juzgadora el ejercer el control horizontal, no menos cierto es, que de lo anteriormente expuesto, se evidencia una violación flagrante a las garantías constitucionales y procesales, al debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho de igualdad entre las partes y hasta un quebrantamiento de los derechos de la propia victima; y es que, de las actuaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia en Funcionas de Control N°o2 del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del stado (sic) Mérida, con sede en la ciudad de Mérida, se desprende que, al adolescente (...) no le fue designado defensor alguno, no se le informó sobre ous derechos, no fue oido, no se le permitió conocer la autoridad que se encarga de la investigación y conocer los hechos por los cuales se le investiga, pese a lo cual, se sometió a una medida de coerción, como lo es la aplicación de una medida cautelar riofue notificado de la decisión y menos aún oido por el Tribunal, siendo éste su derecho simultâneamente, a la Fiscalla competente, vale decir, a la Fiscalia Décima Octava:

del Ministerio Público, no se le permitió el ejercicio efectivo de sus facultades lo cual implica una inobservancia a las disposiciones contenidas en la Constitución de la y del Adolescente, el Código Orgánico Procesal Penal, los tratados, convenios y acuerdos intemacionales suscritos por la República, no pudiendo esta Sentenciadora, en este caso, convalidar tal actuación, ni siquiera sanear tal violación, debiendo si, garantizar la protección de los derechos constitucionales, por lo cual sería procedente declarar la nulidad absoluta de tal decisión, pues, ésta es la via ordinaria para lograr efectivamente la reparación de una violación a derechos o infringidas.

(...omissis...) Por consecuencia, tomando en consideración lo anteriormente expuesto y con fundamento en las normas precitadas y los artículos 190 y 191 del Código Orgânico Procesal Penal, aplicadas estos últimos como norma supletoria conforme lo dispone el último aparte del articulo 537 de la ley (sic) Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este Tribunal (...) administrando justicia (...) de oficio declara la nulidad absoluta del auto de fecha 20-05-2006 emanada del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N.º 02 del Sistema Penal de Responsabilidadadel Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado (sic) Mérida. con sede en la ciudad de Mérida (...) y en tal sentido, de conformidad con el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que la declaratoria de nulidad se fundamenta en la violación de garantias fundamentales establecidas a favor del investigado, se retrotrae el proceso hasta la oportunidad de llevarse a cabo el acto de nombramiento de defensor y la audiencia para oir declaración y de imposición de hechos, y se airá a la victima (...) dejándose en tal sentido, sin efecto la aplicación de la medida cautelar menos gravosa impuesta por el mencionado Juzgado.

(..omissis...) A tales efectos, con fundamento en los articulos 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 40 y 37 de la Convención Interarmaricana sobre los Derechos del Niño, 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Adolescente, en armonía con el articulo 125 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija oportunidad procesal para llevarse a cabo el acto de nombramiento para el dia viernes 26 de mayo del año dos mil sels (26-05-2006) a las diez horas de la mañana (10:00 am), y asi mismo, de conformidad con el articulo 542 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con reservada para oir declaración y de imposición de los hechos, para el mismo día (...) para lo cual se ordena notificar a la Fiscalla Décima Octava del Ministerio Público, citar al investigado (...) y a la victima ciudadano (...) e igualmente oficia a Especializado (...) Ahora bien, siendo que de las actuaciones no se constata dato alguno que permita identificar al adolescente investigado y visto que contra el mismo ya se han seguido por ante este Despacho Judicial asuntos penales, se acuerda verificar su dirección a través del Sistema Juris 2oo0 a obieto de lograr su ubicación y por cuanto, en relación a la víctima iqualmente, no sa precisa dirección alguna donde pueda citarse, se ordena la práctica de la boleta respectiva, por intermedio de la Fiscalla Sexta del Ministerio Público, Despacho Fiscal que recibió las actuaciones procedentes del órgano aprehensor (..)". (resaltado propio del texto) (Subrayado doble de este TDJ)

Riela en los folios 69 y 70 de la pieza 1, Acta de nombramiento de defensor de fecha 26 de mayo de 2006; y riela en los folios 71 al 78 de la pieza 1, Acta de Audiencia para 6fr declaración e imposición de los hechos de fecha 26 de mayo de 2006, ambos actos procesales celebrados por la jueza Ciribeth Guerrero Ochea, a cargo del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N.° 01 Sección Penal de Adolescentes, extensión El Vigía.

Riela en los folios 79 al 85 de la pieza 1, auto motivado de fecha 26 de mayo de 2006, dictado por la jueza Ciribeth Guerrero Ochea, a cargo del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N.º 01 Sección Penal de Adolescentes, extensión El Vigia. en los siguientes términos:

"(...omissis...) ASUNTO PRINCIPAL: LP11-D-2006-000030 LP11-D-2006-000030 ASUNTO:

Concluida la audiencia para oir declaración y de imposición de hechos, alendidas como han sido las exposiciones de la Representación Fiscal, la Defensora Pública Especializada, el adolescente investigado, la victima y la progenitora del adolescente, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N.° 01 (...) pasa a decidir en los siguientes términos:

(...omissis...)

PRIMERO: (..) se acuerda procedente la aplicación de una medida cautelar menos gravosa para el adolescente (..) especificamente la contenida en el literal "b" del articulo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, debiendo someterse a la supervisión y vigilancia del equipo multidisciplinario de esta sección Penal de Adolescente, comenzando desde el dia de hoy 26-05-2006, correspondiente oficio. SEGUNDO: (..) se ordena la aplicación del procedimiento ordinario en la presente investigación. TERCERO: (..) ordena librar la correspondiente comunicación al Médico Forense, para que se le practique el reconocimiento médico legal al adolescente (...) indicándole en esta oportunidad al adolescente que el día lunes 29-05-2006, deberá comparecer por ante la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas, Sub- Delegación El Vigía, a tales efectos. CuArTO: (..) se ordena la remisión de copia certificada de la presente acta a la Fiscalla de Derechos Fundamentales a los fines de que se determine lo conducente en relación a la actuación de los funcionarios policiales que llevaron a cabo el procedimiento en el que resulto aprehendido y herido el adolescente (...) y de ser procedente inicie la correspondiente averiguación (...) QuinTo: Una vez transcurrido el lapso legal correspondiente se ordena la remisión de las actuaciones al Despacho Fiscal, a los fines de que continué la acta conforme lo solicitado por la defensa (..)". (resaltado propio del texto) Vistas las actuaciones de la jueza acusada, es necesario traer a colación lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asl como en los textos legales vigentes para el momento en que ocurrieron los hechos, como la Ley Orgánica para la procedimiento penal del adolescente, y el Código Orgánico Procesal Penal (2001) como norma supletoria:

"Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) Arlículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judiclal en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del determinadas por la ley y aprecladas por el juez o jueza en cada caso.

2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estade fisico y psíquico de la persona detenida (...) Articulo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia juridica son derechos inviolables en lodo estado y grado de la investigación y del proceso, Toda persona tiene derecho a ser notificada de: los cargos por los cuales se le investiga (...) 3. Joda persona tiene derecho a ser olda en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente (...) 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en tas jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esla Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga (...)" "Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente(LOPNA 1998) Articulo 90. Garantias de Adolescente sometido al Sistema Penal de sean sometidos al sistema penal de responsabilidad del adolescente, tienen derecho a las mismas garantías sustantivas, procesales y de ejecución de la sanción, que las personas mayores de dieciocho años, además de aquéllas que les correspondan por su condición especifica de adolescentes.

Articulo 172. Intervención necesaria. La falta de intervención del Ministerio Público en los juicios que la requieran implica la nulidad de éstos.

Articulo 535. Concurrencia de adultos y adolescentes. Cuando en un hecho punible o en hechos punibles conexos, concurran adultos y adolescentes, las causas se separarán conociendo en cada caso la autoridad competente. Para mantener en lo posible la conexidad, los funcionarios de investigación o los tribunales deberán remilirse recíprocamente copias certificadas de las actuaciones pertinentes.

Las actuaciones que se remitan en razón de la incompetencia, tanto en la jurisdicción penal de la adolescencia como en la de adultos, serán válidas para su utilización en cada uno de los procesos siempre que no hayan resultado violados derechos fundamentales.

Articulo 541. Información. El adolescente investigado o detenido debe ser informado de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, representantes o responsables y su defensor.

Articulo 542. Derecho a ser oído. El adolescente tiene derecho a ser oído en la Articulo 543. Juicio educativo. El adolescente debe ser informado de manera clara y precisa, por el órgano investigador y por el tribunal, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, y del Artículo 544. Defensas. La defensa os inviolable donde el inicio de la investigación produzcan.

hasta el cumplimiento de la sanción impuesta, A falta de abogado defensa privado el adolescente debe tener la asistencia de un defensor público especializado.

Articulo 546. Debldo proceso. El proceso penal de adolescente es oral, reservado, rápido, contradictorio y ante un tribuna! especializado. Las resoluciones y sentencias son impugnables y las sanciones impuestas revisables, con arreglo a esta Ley.

Articulo 548. Excepclonalidad de la privación de libertad. Salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad sólo procede por orden judicial en los casos, bajo las condiciones y por los lapsos previstos en esta Ley (...) Articulo 555. Control. A los jueces de Control compete autorizar y realizar los anticipos de prueba y acordar medidas de coerción personal; resolver incidentes, excepciones y peticiones de las partes durante esta fase y disponer las medidas necesarias para que en la obtención e incorporación de la prueba, se respeten los principios de ordenamiento juridico.

Articulo 557. Detención en flagrancia. El adolescente detenido en flagrancia será veinticuatro horas slaulentes lo presentará al Juez de Control y le expondrá coma.se

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se seguir, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.

En la audiencia de presentación del detenido en flagrancia_ el juez resolverá la medida cautelar de comparecencia a juicio, pudiendo decretar la prisión preventiva, sólo en los casos en que proceda, conforme a los articulos siguientes.

Juez de Control, a solicitud del Fiscal del Ministerio Público y, en su caso, del querellante, podrá acordar la detención preventiva del adolescente hasta por noventa y seis horas, cuando éste no se encuentre civilmente identificado o se haga necesaria la confrontación de la identidad aportada, habiendo duda fundada. Esta lograre antes la identificación plena se hará cesar la detención.

Articulo 582. Otras medidas cautelares. Siempre que las condiciones que autorizan la detención preventiva puedan ser evitadas razonablemente con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del interesado, deberá imponer en su lugar, alguna de las medidas siguientes:

a) Detención en su propio domicilio o en custodia de otra persona, o con vigilancia que el tribunal disponga;

determinada, que informará regularmente al tribunal;

c) Obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que éste designe; (...) Articulo 654. Imputado. Todo adolescente señalado como presunto autor o participe de un hecho punible tien o derecho, desde el primer acto de procedimiento, a:

Que se le informe de manera especifica y clara sobre los hechos que se le imputa a autoridad responsable de la investigación b Comunicarse en privado con sus padres, representantes o responsables; con un abogado, persona o asociación de su confianza, para informar sobre su detención;

c) Ser asistido por un defensor nombrado por él. sus padres o responsables y, en su defecto por un defensor público:

castellano;

e) Solicitar al Ministerio Público la práctica de las diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formule;

0 Presentarse directamente ante el juez con la finalidad de rendir declaración (...) h) Solicitar que se declare improcedente de la prisión preventiva o su cese; (..) Se entenderá por primer acto de procedimiento cualquier indicación policial, administrativa, del Ministenio Público o judicial que señale a un adolescente como posible autor o participe de un hecho punible.

La declaración del imputado sin asistencia de defensor será nula.

Artículo 656. Defensor Público. Si el imputado no elige un abogado de confianza como su defensor o rechaza el que le suministren sus padres, representante o responsables, el Juez de Control notificado o el gue conozca en ese momento del proceso le designará un defensor público a lo cual no podrá oponerse. Para tal efecto, el servicio de Defensor la Pública contará con una sección especializada.

Artículo 662. Derechos de la victima. Quien, (...) fuere considerado victima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso, siempre que lo solicite, los siguientes derechos:

a) Intervenir en el proceso, conforme a lo establecido en este Titulo; (...)".

"Código Orgánico Procesal Penal (COPP 2001) Articulo 76. Minoridad. Cuando en la comisión de un hecho punible aparezca que alguno de los participes es inimputable por ser menor de edad, la competencia para correspondan al tribunal competente.

Articulo 130. Oportunidades (...) Si el imputado ha sido aprehendido, se notificará inmediatamente al iuaz de control para que declare ante é (..) impondrá al imputado del rcepto costiluonalque lo exime de declarar en causa propia (...) fimarán todos los que hayan intervenido, previa su lectura (...) Articulo 190. Principio. No podrán ser apreclados para fundar una decisión fudiciaf de la República, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales susdris por la República, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado.

Articulo 191. Nulidades absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concemientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos intemacionales suscritos por la República.

Articulo 196. Efectos. (.. la declaración de nulidad no podrá retrotrar el proceso a etapas anteriores, con grave perjuicio para el imputado, salvo cuando la nulidad se funde en la violación de una garantía establecida en su favor(...)".

Ahora bien, revisadas las actuaciones que tienen vinculación al supuesto incumplimiento, se observa que la jueza acusada Yoly Carrero More conoce de la causa judicial penal en virtud de la remisión realizada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control (Ordinario) del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, sede El Vigía, siendo este un acto judicial que se encuentra establecido en el artículo 76 y 106 del COPP 2001, asi como de los artículos 557 y 582 de la LOPNA 1998 y que tanto la doctrina venezolana como la jurisprudencia sostienen que todo juez de control: a) en caso de existir un adolescente como presunto imputado en la comisión de un hecho punible, el juez competente será el juez especializado en la materia de responsabilidad penal; b) el jue:

en funciones de control del sistema de responsabilidad penal del adolescente es el jue:

garante del control de la investigación y la fase intermedia, y deberá resolver las solicitudes de medidas cautelares presentadas por las partes, dictar providencias precautelares; c) el juez de control conocerá de las detenciones en flagrancias; y dbéntre otras atribuciones y competencias de acuerdo a la fase en que se encuentre la causa, sea esta en fase de investigación (audiencia de presentación o audiencias especiales costo calificación de flagrancia, oír la declaración del imputado e imposición de los hechos) en la etapa intermedia (audiencia preliminar, modificación de las medidas decretadas).

Visto lo anterior, esta instancia judicial disciplinaria considera que no estan llanos los y conducta abusiva, extremos concurrentes -total carencia de base legal desproporcionada- para que se configure el ilícito disciplinario de Abuso de Autoridad, señalado por la IGT en su acto conclusivo en fecha 31 de agosto de 2017, siendo que la jueza Yoly Carrero More, actuando como Jueza en funciones de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente estaba facultada por el Código Orgánico Prcesal para conocer de la causa penal C2-1518-06 en la que se encontraba implicado un adolescente, y en consecuencia, este TDJ desestima la calificación juridica propuesta por el órgano investigador en su acto conclusivo. Así se decide.

Ahora bien, este órgano judicial pasa a pronunciarse con relación a la califio fecha 1° de advertida por este Tribunal en el Acto de audiencia oral y pública celebra Ética del Juez Cumplido lo anterior, de conformidad con lo previsto en el arículo 79 del Código de l un cambio de , calificación jurídica del hecho imputado (..) que podria eventualmente supuesto de hecho "incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva" previsto en el numeral 24 del artícalo 29 del Côdigo de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (2015) que de comprobarse, eventualmente podría dar lugar a la sanción de DESTITUCIÓN DEL. CARGO(..".

24del artículo 29 del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana de 2015, que señala'lo siguiente:

Código de Ética del Juez Venezalano y Jueza Venezolana de 2015:

"Articulo 29. Son causales de destitución:

(...

24. Incurrir en retrasos o descuidos Injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se judicial efectiva".

A los fines de desarrollar el contenido del tipo disciplinario sobre el "descuido injustificado", es preciso advertir que la Corte Disciplinaria Judicial se pronunció anteriormente, según sentencia N° 2 de fecha 17 de enero de 2013, en la cual adujo:

"Con relación al contenido y alcance del ilicito "descuido injustificado" atribuido por el a quo a la Jueza denunciada, debe señalarse que tal conducta revela una omisión o negligencia del operador de justicia en el cumplimiento de una obligación que le es propia en el trámite del proceso, sin que medie justa causa que excuse tal locución descuido ha sido interpretada jurisprudencial y pacificamente como abandono total de la obligación establecida en la norma, lo que supone falta de actividad volitiva e intelectiva del operador, o su cumplimiento defectuoso ".

(resaltado propio de este TDJ) Definido el tipo disciplinario, con criterio que asume este Tribunal para el caso en concreto, es aquel "descuido que menoscaba los derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva", pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

En el presente caso, nos encontramos que la LOPNA 1998 en sus artículos 541, 542, 544, 546 y 548 estableció las garantías fundamentales que rigen el procedimiento penal de los adolescentes, así como en los articulos 557 y 558 regula la detención, en el 582 las r.:medidas sustitutivas a la privativa preventiva de libertad, en el 654 y 656 los derechos del adolescente imputado, y en el 662 los derechos de la victima dentro del proceso de responsabilidad penal del adolescente, tal como se transcribieron previamente en la presente decisión.

Igualmente, vemos que el Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado:

En sentencia 2580 de fecha 11 de diciembre de 2001, de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrero Romero, sobre la determinación de la flagrancia:

"(..omissis..) Quiere la Sala resaltar que las disposiciones sobre la flagrancia contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal no atentan contra la presunción de inocencia establecida en el artículo 49, numeral 2 Constitucional, y en el artículo 8 del Código Orgânico Procesal Penal, ya que este principio se refiere a la necesidad responsabilidad en ellos, situación que no varía por la existencia de la flagrancia (...omissis...) Visto lo anterior, la Sale afirma que en el presente caso, aun cuando, judicial correspondiente, sí se verificó la existencia del elemento flagrancia, con lo cual rellena uno de los dos supuestos previstos en el artículo 44 de nuestro texto constitucional (..)".

En sentencia 1054 del 7 de mayo de 2003, la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Dr. Ván Rincón Urdaneta, sobre la aplicación del procedimiento breviadoordinario en casos de flagrancia, en la que aclaró que "(..omissis..) vista la confusn del Juez accionado en lo que respecta a la aplicación indistinta del procedimiento abreviado y ordinario en los casos de aprehensión po flagrancia, que la intención del legislador al otorgar la flagrancia un procedimiento especial (..) es que la misma sea tramitada por un procedimeno ebreviado sobre la base del principio de celeridad y economia procesal, que suprema Tas fases preparatorias e intermedia del proceso penal (..omissis.) al estimar los juzgados competentes que él hoy recurrente estaba cometiendo un delito flagrante al momento de ser aprehendido, debe aplicarse el procedimiento especial (... ya que la ley adjetiva es imperativa para el Ministerio Pblico de regirse por el procedimiento abreviado cuando se verifique la existencia del elernenio flagrancia (...).

Al anterior criterio se le incorporó una pequeña modificación en la sentencia 2228 del 22 de septiembre de 2004 con ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta, destacando que "(...omissis...) si hay que verificar circunstancias fuera del hecho flagrante, la pos bilidad de un procedimiento abreviado desaparece, ya no se puede tomar el hecho como un delito in fraganti, y es en ese momento cuando el fiscal solicita la aplicación del procedimiento ordinario, el cual será sometido a la calificación y autorización por el Juez de Contro/(...".

En sentencia 2921 de fecha 20 de noviembre de 2002, la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, sobre la definición de imputar señaló que:" (..omissis...) significa atribuir a otro una cosa o acto censurable e imputado, y de acuerdo a la definición contenida en el texto orgánico que regula esa materia, imputado es procedimiento efectuado por las autoridades encargadas de la persecución penal, esto es, gerel Ministerio Fiscal (...)".

En sentencia 526 de fecha 9 de abril de 2001, de la Sala Constitucional con ponencia deí.

Magistrado Dr. Julio Ellas Mayaudón, sobre la presunta violación de los dereches? constitucionales de la detención:

"(...omissis... la presunta violación a los derechos constitucionales derivadas de los judiciales a los que corresponde determinar la procedencia de la detención provisional mientras dure el juicio (..)".

ponencia del Magistrado Dr Iván Rincón Urdaneta, sobre la nulidades de los actos judiciales ex oficio:

"(..omiss...).) procesales y no tan soto para el imputado, sino también para todos aquellos que intervienen en el conflicto penal planteado como consecuencia del hecho punible; en el cual pueden intervenir el imputado, la victima, la sociedad y el mismo Estado representado a través de cualquiera de sus órganos procesales.

Para el caso que nos ocupa, es también interesante señalar lo referente a los tipos de nulidad (..) nuestro sistema establece la distinción de nulidades no convalidables

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(absolutas) y nulidades saneables, las cuales son aquellas renovables y que permiten su convalidación (..) absolutas: todo aquello que tiene que ver con la nulidad de la actividad judicial donde esté presente la intervención, asistencia y representación del imputado, la foma en que se establezca, la inobservancia y violación de derechos y garantías en general, en estos casos las nulidades se hacen valer ex oficio y de pleno derecho; mientras que en los otros tipos de nulidades se requieren la instancia de parte y son normalmente saneables. ...".

tomar decisiones: "(..) Por ejemplo, cualquiera de los sujetos procesales puede plantear una excepción (es decir, una defensa parcial y anticipada como, por ejemplo, una excepción de prescripción o de falta de acción) o cualquier otra clase de incidente (por ejemplo, aquellos relativos a la admisión o rechazo de la constitución -participación en el proceso- de alguno de esos sujetos procesales). Todos estos planteos obligan a tomar decisiones, que serán resoluciones a dictarse durante la instrucción. Una de ellas, quizás la más importante, es aquella resolución rediante la cual se decide que un imputado deberá permanecer en prisión o encarcelamiento preventivo (...)." Destaca el autor que "(...) durante el procedimiento preparatorio, si bien no es una etapa eminentemente contradictoria como lo es el juicio, deben existir igualmente amplias posibilidades de defensa: ello supone la posibilidad de proponer diligencias, de participar en los actos, de plantear incidentes, etcétera. También significa que, si bien esta etapa no es pública en sl sentido en que lo es el juicio oral (abierto a todos los ciudadanos), no se debe deducir de ello que sea secreta para los distintos sujetos procesales. Al contrario: el defensor, el querellante, las partes civiles, deben tener acceso al desarrollo de la investigación (.)".(Binder, Alberto M..

editorial AD-HOC, Buenos Aires, pp 233-243).

Ls oportuno para este TDJ señalar que en los supuestos de detención o aprehensión in fraganti, la imputación se consuma al instante en que se ejecutó el hecho punible, la cual fue percibida por alguien (actuación policial, denuncia, persecución, captura del autor del hecha punible), lo que conlleva a que la situación procesal es distinta ya que el Ministerio Público al conocer de la aprehensión solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y será el Juez de Control quien verificará -en audiencia y en presencia de las partes- si los supuestos de la flagrancia están dados, decidirá cuál es el procedimiento a seguir y acordará la privativa preventiva de libertad o acordará otra medida sustitutiva a la privativa preventiva de libertad.

Dertro de la fase preparatoria y fase preliminar del proceso penal ordinario o especial, es convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela.

desde el inicio de la investigación hasta su último acto procesal que es dictar el auto de investigativos por parte del representante fiscal; verificar que no se vulneren los derechos fundamentales tanto del imputado como los de la víctima; comprobar que el investigado conozca sus derechos dentro del procedimiento penal; verificar que esté ajustada a derecho las detenciones; garantizar el derecho a la defensa nombrado un defensor público en caso de comprobarse que el imputado no haya nombrado a un defensor acordar medidas sustitutivas a la privación preventiva de libertad; llevar a cabo cualquiera audiencia sea de: presentación, calificación de flagrancia, preliminar, para oír a las partes;

resolver cualquier incidencia presentada por las partes; entre otras.

El papel del juez de control dentro del proceso penal como garantes de los derechos y garantías fundamentales de los sujetos procesales (imputados, defensores privados, victimas, el Estado en cualquiera de sus representaciones) es una función que no se limita meramente a lo instrumental sino que alcanza auna proyección de control de procesal penal.

disciplinario se observa que:

1) el 15 de mayo de 2006, se cometió un hecho punible donde resultan detenidos por flagrancia a dos ciudadanos (folio 32, pieza 1);

2) el 16 de mayo de 2006 la Fiscalia Sexta del Ministerio Público recibió actuaciones de la aprehensión en flagrancia de los ciudadanos (uno adolescente del cual se desconoce los datos) y el 17 de mayo de 2006 presentó escrito ante los Tribunales Penales (ordinario) del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, sede El Vigia (folios 34 y 35, pieza 1);

Circuito Judicial Penal del estado Mérida, sede El Vigia recibió el escrito del Ministerio Público y asignó la nomenclatura LP11-P-2006-001622 (folio 36, pieza 1);

4) el 17 de mayo de 2006, el Tribunal (de Guardia) Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, sede El Vigía recibió el expediente LP11-P-2006-001622 y acordó la fijación de audiencia especial de calicación de aprehensión en flagrancia para el 18 de mayo de 2006;

de flagrancia respecto a uno de los co-imputados (adulto), y declinó la competencia en virtud de la manifestación del Ministerio Pablico so re la minoridad del otro co-imputado (folios 39 al 47, pieza 1);

6) el 19 de mayo de 2006, la jueza Carmen Aída Velásquez a cargo del Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, sede El Vigía dictó auto en el que declinó la competencia y ordenó la remisión al Tibunal de Resonsabilad Penal del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Ménda, en virtud de que la titularidad del cargo (folio 53, pieza 1); ese mismo dia libr6 Oficiro Ne 4022 con las actuaciones del cuaderno separado LJ11-X-2006-000016 (folio 54, pieza 1);

funciones de 7) el 19 de mayo de 2006, el Tribunal Segundo de Primera Instancia Control de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado dio entrada a las Meda, sede Mérida, regentado por la jueza acusada Yoly Carrero More 06 (olio 5. ieza 1); yel 0 de mayo de 2006 la jueza dictó auto y remitió las actuaciones al juez competente -por territorio- (folios 56 al 60, pieza 1);

8) el 24 de mayo de 2006, la Unidad de Recepción y Distibución de Documentos del Circuito Judicial Penal del estado Merida, sede El Vigla recibió del Tribunal 2° de Control acordó la iPenal doleente-Méida, ficioN. SPA-OFl-26-0207 con anexo de causa C2-1518-06 leasignó la nomenclatura P11-2006-00 (foli 61, pieza 9) el 24 de mayo de 2006, el Tribunal de Contol N.° 01, Sección Penal de Adolescente del Circuito Judicial Penal, Extensión, El Vigla, regentado por la jueza Ciribeth Guerrete Ochea dio entrada al expediente LP11-D-2006-00030 (folio 62, pieza 1); y el 25 de mayo de 2006, dictó auto mediante el cual a) declaró la nulidad del auto dictado por a jueza acusada por violación de garantías fundamentales establecidas a favor del investigado; b) para la celebración de la audiencia oral y reservada para oír declaración e imposición de los hechos; d) ordenó notificar a la Fiscalia Décimo Octava del Ministerio Público; e) ordenó citar a la víctima; f) ordenó citar al adolescente y verificar los datos por el Sistema Juris 2000 en virtud de que contra el adolescente se han seguido asuntos penales.

Ahora bien, se observa que la jueza acusada Yoly Carrero More actuando como juez de - Recibió el 19 de mayo de 2006 en su tribunal las actuaciones remitidas por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Control (Ordinario) del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, extensión El Vigía, por declinatoria de competencia y visto que la jueza pronunciarse por auto separado en cuanto al contenido de las actuaciones (folio 55, pieza 1).

"(..Qmissis..) PRIMERO: Por cuanto ha transcurrido el tiempo legal para ser presentado el adolescente (.…. por la fiscalla sexta del Ministerio Público ante el Tribunal de Control con competencia en adolescentes de conformidad con el artículo 577 de la ley Orgánica para la Mérida. SEGuNDO: Siendo el sr juzgado en libertad la directriz y el derecho de todo ser humano (...) SE ACUERDA LA LIBERTAD INMEDIATA DELADOLESCENTE (..) quien Se encuentra de Libertad (Urgente). Oficlese a la Comandancia de la Plicla de la Ciudad de El Vigla (Urgente).

Adolescente del Circuito Judicial Penal, Extensión, El Vigl (….". (olios 56 al 60, pieza 1)

prescrita en el artículo 559; g) cualquier otra diligencia diligencia presentada por los sujetos procesales.

De acuerdo al artículo 557 LOPNA el cual contempla la detención preventiva dictada-en la fase de investigación acordada al momento de decretar la flagrancia y el juez de control en el articulo 582; mientras que el artículo 558 contempla la figura de la detención con la finalidad de asegurar al adolescente por un lapso de hasta 96 horas para lograr su identificación en caso de desconocerse o por duda fundada acerca de la aportada, la cua cesará cuando se compruebe su identificación. Como se observa, estas medidas de detención tienen una oportunidad para que cesen sin perjuicio de que puedan ser sustituidas por otra medida cautelar menos gravosas, dictadas en audiencia.

Visto el escrito de descargo de la jueza acusada donde alegó que "(.. en fecha Miércoles 17 de mayo de 2006 el Ministerio Públic (..) según consta en autos haber "presentado" ante la Jurisdicción penal ordinaria (..) como "adulto" al encausado (... igualmente se observa de actas la "omisión" por parte de la jurisdicción (no consta) haber impuesto al encausado de los preceptos constitucionales le asisten en el proceso penal en curso. Es éste sujeto el mismo, quien: en la oportunidad de la Audiencia de Flagrancia (..) el día jueves 18 de mayo de 2006 (..) el Ministerio Público (..) manifestará en su favor (del encausado) la presunta condición de menor de edad (..)", en cuanto este alegato si bien es cierto que el Ministerio Público presentó ante la Jurisdicción penal ordinaria a dos imputados, uno de altos era adolescente, también es cierto que tanto el juez penal ordinario como el Fiscal Sexto del Ministerio Público estaban impedidos de realizar alguna actuación procesal referente al responsabilidad penal del adolescente.

La jueza acusada alegó que "(..) En horas de la mañana del dla siguiente inmediatamente después de recibidas las actuaciones: Sábado 20 de mayo de 2006, aproximadamente a las once de la mañana (11:00 am) habian transcurrido más de clento diez (110) horas desde el momento de la detención, a partir de ese momento procedi previo análisis del legajo de las actuaciones, a dictar auto fundado (..)": respecto a ello la jurisprudencia patria en sentencia 526 del 2001 -antes fundamentales al imputado cuando se presenta ante la autoridad judicial competente. Si ordinaria (17-05-2006) y exponer los hechos ante el juez de control en la audiencia de era adolescente, por ese hecho el juez de control declinó la competencia por no ser su juez natural y ordenó la remisión de la causa al juez especial de Responsabilidad Penal del Adolescente (18-05-2006), por tal motivo, la jueza acusada recibió la causa (19-05- 2006) momento en el cual debió imponer al adolescente de sus derechos, bien solicitando el traslado del adolescente al recinto judicial o habilitando el tribunal para trasladarse al hospital, y así verificar que se trataba realmente de un adolescente ya que la jueza imputado era o no adolescente-, encontrándose dentro del lapso previsto en el artículo 558 de la LOPNA (1998).

También la jueza acusada argumentó que "(..) La denunciante GEMA NINosKA PÉREZ LOZANO (..) en su condición de FISCALA (..) en ningún momento se hizo parte en el "confesa" en su escrito de denuncia (..)".por considerar en un primer lugar (sic) que et aprehendido era mayor de edad, al percartarse del error se (sic) susana (sic) remltiendo la

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mencionada causa al Tribunal competente para conocer en el cual la Jueza denunciada (...) pretende defender lo indefendible, tatando de solapar la ABERRACIÓN JURDICA cometida (..)" Revisadas las actuaciones fiscales dentro del Iter procesal de las causas LP1/D- 2006-001622 (Penal ordinario) y C2-1518-06 (Responsabilidad Penal del Adolescente), se observa que en la causa LP11-D-2006-001622 intervino a Fiscalia Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida (folios 34 al 47, pieza 1), el 18 de competencia y ordenó notificar a la Fiscalia Décima Octava del Ministerio Público quién no pudo actuar procesalmente en la causa C2-1518-06 (olios 55 al 60, pieza 1) en virtud de no haber sido emplazada por la jueza acusada Yoly Carrero More, advirtiéndole que en su encuentran dos juzgados: los Tribunales Primero y Segundo en sede en Mérida, se Responsabilidad Penal del Adolescente, como este TDJ advirtió funciones de Control la denuncia de la ciudadana Gema Ninoska Pérez Lozano, en su con anterioridad. Vista I al Décima Octava del Ministerio Público, es cierto que hace mención de condición de Fiscal a acusada, pero se verificó que en el escrito de la denunciante, ésta lo aludido por la j actuación que realizó la Fiscal Sexta del Ministerio Público, y no sobre hizo alusión a la realizada por su persona, razón por la cual este TDJ desecha una actuación razones por las cuales esta instancia judicial desecha la argumentación dicho argumento.

apor no resultar pertinente para el fondo del presente caso de marras.

alegó lo siguiente "(..) es mi deber informar acerca de la NULIDAD a Sentencia que proferí el 20 de mayo de 2006 la cual es la misma objeto del caso ésta que fuera decretada por un Tribunal (igualmente) de Primera Instancia declarada de la pero de la extensión El Vigía, en fecha 25 de mayo de 2006. al respecto, veáse que o fue mi Decisión, el Tribunal que "irregularmente" declara la nulidad de la misma, se estado Mérida cuanto al "encausado adolescente" en idénticos términos como así lo decrete en la pronuncia en oportunidad en Ley (...)".

Sobre este alegato, el TDJ hace dos consideraciones: primero, de acuerdo con la oficio o a petición de interesado y no señala que esta petición de nulidad deba ser resuelta por un tribunal superior al de aquel juez a quien se solicita (..)" (vid. Sentencia 1238 del 28/09/2000 intervención, asistencia y representación del imputado, la foma en que se establezca, la inobservancia y violación de derechos y garantías en general, en estos casos las nulidades se hacen valer ex oficio y de pleno derecho ..)": adicionalmente en los artículos 191, 195 y 196 del COPP (2001) establecen que serán nulas todas las actuaciones que vuineren los derechos y garantías a favor del imputado; y segundo, la jueza Indicó "(.) el Tribunal que establece la nulidad de las actuaciones cuando el Ministerio Público no ha intervenido en derechos y garantías fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva puede declarar -de oficlo- la nulidad absoluta de las actuaciones.

Ahora bien, realizado un estudio exhaustivo de las decisiones dictadas por la jueza acusada Yoly Carrero More en fecha 20 de mayo de 2006 (folios 56 al 60, pieza 1) y por la jueza Ciribeth Guerrero Ochea en fecha 26 de mayo de 2006 (folios 79 al 85, pieza 1).

este órgano judicial disciplinario verificó que la jueza acusada se limitó a declarar sin lugar la flagrancia, decretar la libertad inmediata e imponer una medida de presentación (literal c del articulo 582 LOPNA), y ordenó continuar con la investigación, en cambio, la decisión de la jueza Clribeth Guerrero Ochea declaró la aplicación del procedimiento ordinario; decretó una medida de supervisión y vigllancla (literal b del artículo 582 LOPNA); ordenó el reconocimiento médico legal al adolescente solicitado por el defensor público; ordenó la remisión del expediente a la Fiscalla de Derechos Fundamentales para que determine la actuación de los funcionarios policiales que realizaron la aprehensión; y ordenó la remisión del expediente a la Fiscalla para la continuación de la investigación;

razón por la cual este TDJ considera que ambas decisiones no fueron dictadas en idénticos términos tal como lo expresó la jueza acusada en su escrito de descargo, siendo.

que la jueza acusada en su actuación violentó el debido proceso, el derecho a la defensa y a una efectiva tutela Judicial a las partes intervinientes (Ministerio Público, Imputado asunto disciplinario.

debida oportunidad omii agotar los rocusos judiciales ordinarios y extraordinarias que prono la Loy (..". Se verifica de la decisión dictada por la jueza acusada Yoly Carrero More el 20 de mayo de 2006 (foios 56 al 60, pieza 1), que ordenó lo siguiente "(..omiss...) Igualmente se acuerda continuar con la investigación do Ia prosonte causo. Libres o Bolota de Lib. rtad (Urgonte). Ofclese a la Comandancla de la Pollcía do ln Cludad do El Vigla (Urgonto).

Romitaso tas actuaciones al tribunal compatento (Tribunal do Control N.º 1. Socclón Ponal do Adolosconto dof Clrcuio Judclal Penal, Exonslon El Vigln)(..". La jueza acusada obvió librar celebración de audiencia, vulnerando a la representación fiscal, ol derecho a recurr de la decisión y violentando la tutela judiclal efectiva de las partes.

En la continuación de la audiencia celebrada el 8 de junlo de 2023, el Defensor Público de donunca prosantada por oi Ministaro Pubico on contra do ml dofond por optar on dado socd por un fnl dio a l fal uar 18 dol inaoo Pbo quo donln presentó denuncia contra la jueza y que es una Fiscalla distinta a la quo iniclo el proceso momento en que la jueza acusada dictó la decisión, la Fiscalia Dáclmo Octava ara ol adolescente, y a quién se le impidió intervenir en la causa C2-1518-08, vuinerando los como lo Venezuela, Razones por las cuales esta Instancla judiclal desecha lo alegado por ol.

Defensor Público por no resultar pertinente para ol fondo en oste asunto disclplinarlo.

Yoly Carrero More en su descargo "..para la fecha y hora en que son recibidas las actuaciones por el Tribunal a mi cargo, habían transcunido más de NOVENTA (90) HORAS considere que era mi deber obviar la realización de la Audiencia prevista en los artículos 248 y 373 del COPP en armonia con el 557 de la LOPNA.." así como tampoco celebró audiencia especial para a) oír la declaración del adolescente e imponerle los hechos y derechos, b) informar quien era la Fiscalia del Ministerio Público competente, c) cerciorarse de si el adolescente tenía abogado o se le nombrada un defensor público, d) que el Ministerio Público expusiera las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la aprehensión, e) oir a la víctima y a los padres, representantes o responsables del adolescente, omisión de la jueza acusada que vulneró la tutela judicial efectiva en la tramitación de la causa C2-1518-06.

También indicó el defensor público de la jueza acusada que "(..) Ahora bien, en atención al contenido de las actas que relatan la aprehensión y que resultó evidente que el encausado fue herido en un enfrentamiento del cuál fue presuntamente participe, e expediente penal traido en copia certificada evidencia la ausencia de la práctica de alguna experticia que determine la presencia de iones oxidantes, nitratos y nitrios en las superficies usuaimente comprometidas al pronunciamiento sobre los 20 de mayo de 2006, no era la etapa procesal para el Fiscal Décimo Octavo del Ministerio Público cumpliera fielmente su papel de titular de la acción penal. Razones por las cuales asta para el fondo del presente caso de marras.

representado por un abogado Defensor y los mal lamados derechos inherentes al monopalio de la Flagrancia celebrada el día 18 de mayo de 2006, por la jueza Carmen Aída Velásquez a cargo del Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, con sede El Vigia, en la que se dejó constancia de la celebración de la audiencia para el co-imputado (adulto) y de la declinatoria de competencia en virtud de la minoridad del co-imputado (adolescente), y por tal razón, no se puede tomar como 1) un acto procesal celebrado por la jueza acusada; 2) un acto celebrado en que se respetaron los derechos y garantías al adolescente porque esa audiencia celebrada solo fue respecto al co-imputado (adulto), y donde la jueza Cammen Aida Velásquez no podía emitir pronunciamiento por no ser el juez natural para conocer de la causa seguida contra el adolescente.

El defensor público alegó que "(.) resulta ineludible para esta Defensa, solicitar que este órgano jurisdiccional reconozca (tal y como lo ha venido decidiendo en casos análogos) que la que la llevó a decisión tomada, máxime que dicha juez ya se encuentra gozando de su derecho a la jubilación (...)".

Es necesario traer a colación el artículo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, el cual prescribe que "El juez y la jueza en ejercicio de sus funciones son independientes y autónomos, por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Constitución de la jurisdiccionales que tengan competencia, por vía de los recursos procesales, dentro de los limites del asunto sometido a su conocimiento y decisión. Los órganos con competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas podrân examinar su Idoneldad y excelencia, sin que ello constituye una intervención Indebida en la actividad jurisdicclonaf". De acuerdo a esta norma, este TDJ puede revisar si en las actuaciones los jueces cumplen fielmente con lo previsto en la norma constitucional, en las normas sustantivas y adjetivas para verificar a través de un análisis integral que su desempeño sea idóneo para el cargo que ocupa, no sólo bajo los parámetros de la ética y excelencia sino que también en los aspectos de su formación jurídica, pues la falta de idoneidad hace referencia a actuaciones fundamentadas, omisiones grotescas que ponen en tela de juicio imagen y respetabilidad del Poder Judicial, este criterio ha sido reiterado por Jurisdicción Disciplinaria (vid. Sentencias N.° 12, 24, 26 y 01 del 03/04/2014, 17/06/2015, , 04/08/2015 y 14/0 1/2016, respectivamente). Razones por las cuales, este órgano judicial desecha la argumentación del defensor público por no tener -en el presente caso soporte jurídico viable para ser tomado en consideración, por no resultar pertinente debido a que no se trata de interpretación de leyes sino de la aplicación de un procedimiento establecido en las leyes.

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En cuanto a lo señalado por el defensor público sobre "(..) Reprochar disciplinariamente a mi defendida por los alegatos esgrimidos por el entonces Fiscal del Ministerio Público y traídos a funciones de control, pueden ser sancionados para tapar tanto la ausencia de la capacidad Fiscal para determinar su propia competencia mediante el uso de los medios de los que solo él dispone, como la renuncia de la misma al dejar de lado los medios ordinarios de impugnación y limitarse a denunciar a todo juez que falle en contra de sus pedimentos (..)". Esta instancia judicial debe apuntar que, en el presente asunto se pudo constatar que la representación fiscal competente en la causa penal C2-1518-06 era la Fiscalla Décimo Octava, quien no tuvo oportunidad para intervenir ya que la jueza acusada el 19 de mayo de 2006 recibió la causa y no emplazó al Ministerio Público; asi como el 20 de mayo de 2006 dictó sentencia Tribunal competente; por lo tanto, la jueza acusada con su conducta omisiva vulneró la penales cuando consideren que fueron violados sus derechos o cuando los jueces penales tomen decisiones que los desfavorezcan sin antes agotar los mecanismos recursivos ordinarios y extraordinarios correspondientes. Razones por las cuales este órgano judicial fondo del presente asunto disciplinario.

Ahora bien, la actuación de la jueza acusada versa sobre una decisión tomada el 20 de mayo de 2006, en la tramitación de la causa penal C2-1518-06 en la que el imputado era un adolescente, como jueza regente de un Tribunal Penal Especial, se verifica que la jueza Yoly Carrero Mores en la tramitación de la causa penal, demostró: 1) una ausencia de actividad intelectiva e inobservancia total de las garantías fundamentales previstas en el ordenamiento juridico; 2) una actuación sin que medie una justa causa que la excuse de haber abandonado totalmente su función como juez garante de proteger los derechos y garantías fundamentales de las partes; 3) un desconocimiento de la aplicación de las instituciones procesales penales conforme a la leyes, jurisprudencias y doctrina; 4) no actuar con la mínima diligencia que debe guardar todo juez antes de cumplir con un determinado acto procesal, pues resulta evidente que su actuación al no realizar una efectiva del adolescente.

Visto lo anterior, la jueza acusada Yoly Carrero More incurrió en graves descuidos injustificados en la tramitación de la causa penal C2-1518-06, revelando con su conducta una omisión sin justificación, lo que supone un abandono total de las obligaciones Frevistas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1998), y del Código Orgánico Procesal Penal (2001).

Es por ello que, este TDJ estima que el actuar de la jueza acusada -en este caso en particular- constituye un descuido injustificado en la tramitación de la causa judicial C2- 1518-06 en la que se menoscabaron derechos y garantias fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva por el hecho de haber declarado sin lugar la aprehensión en flagrancia del adolescente otorgándoles una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad a consistente en presentación periódica cada 8 días, sin escuchar a las partes, lo

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cual generó la violación de normas procesales sustanciales para el debido proceso en su expresión del derecho a la defensa pero al mismo tiempo vulneró el derecho de la víctima un illcito disciplinario, y en consecuencia se DECLARA la RESPONSABILIDAB DISCIPLINARIA a la ciudadana YOLY CARRERO MORE, antes identificada, en relación al :echo de incurrir en DESCUIDOS INJUSTIFICADOS en la tramitación de la causa penal C2-1518-06 al declarar sin lugar la aprehensión en flagrancia de un adolescente otorgando una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad consistente en presentación periódica cada 8 días, sin haber escuchado a las partes, lo cual genera la violación de normas procesales sustanciales para el debido proceso en su expresión del derecho a la defensa pero al mismo tiempo vulneró el derecho de la víctima y del Ministerio Público como titular de la acción penal, hecho que se encuentra encuadrado en el tipo disciplinario calificado jurídicamente por este Tribunal en audiencia, previsto en el numeral 24 del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (2015), y por no constituir el ilícito disciplinario calificado en el acto conclusivo, por lo que se declara la responsabilidad disciplinaria por DEsTITucIóN, y como consecuencia de la jubilación especial que goza la jueza Yoly Carrero More desde el 17 de marzo de 2021 según resolución J-0036 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, no siendo ejecutable la sanción de destitución a través de la "inmediata desincorporación del cargo", tal como lo exigiria el numeral 2 del artículo 92 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, y de conformidad con el numeral 3 del artículo 25 ejusdem, se declara la INHABILITACIÓN para el desempeño de funciones públicas dentro del Sistema de Justicia por cinco (05) años. Así se decide.

V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicìa en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide:

PRIMERO: Se declara IMPRoCEDENTE lo alegado en su escrito de descargo de fecha 15 de febrero de 2018, por la ciudadana YOLY CARRERO MORE, titular de la cédula de identidad V-8.013.472, en su condición de Jueza Titular del Tribunal Segundo de Primera disciplinaria.

SEGUNDO: Se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana YOLY CARRERO MORE, antes identificada, en relación al hecho de incurre en DEsCUIDOS IN.!ISTIFICADOS en la tramitación de la causa penal C2-1518-06 al declarar sin lugar la aprehensión en flagrancia de un adolescente otorgando una medida cautelar sustitutiva a escuchado a las partes, lo cual genera la violación de normas procesales sustanciales para el debido proceso en su expresión del derecho a la defensa pero al mismo tiempo vulneró el derecho de la víctima y del Ministerio Público como titular de la acción penal, hecho que se encuentra encuadrado en el tipo disciplinario calificado juridicamente por del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (2015), y por no constituir e ilícito disciplinari calificado én el acto conclusivo, por lo que se declara la responsabilidad disciplinaria por

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EstITucióN, y como consecuencia de la jubilación especial que goza la jueza/ly Tibunal Supremo de Justicia, no siendo ejecutable la sanción de destitución a través la "inmediata desincorporación del cargo", tal como lo exigiría el numeral 2 del artículo 92 de! numeral del atículo 25 ejusdem, se decla la INHABILITACIóN para el desempeñ de funciones públicas dentro del Sistema de Justicia por cinco (05) años, Regístrese y publíquese la presente decisión.

Asimismo, una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme, notifiquese al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 4 de febrero de 2016. Dada y firmada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial, en la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, a losicz (1o) de Julio d 2023 Años 2.3de la Independencia y ¿6_de la Federación.

HERNÁN PACHECO AEVLÁREZ Juez Presidente

JACQUEDINE SOSA MARIÑO Jueza Ponente

CARLOS MEDINARCJAS Juez

ALICIA MARÍN MARCANO Secretaria En fecha Dit (10) de Judi de dos mil Veivtitrs(2023), siendo las (aud_), se publicó y registró la anterior decisión baig el N° 22:00 T0T-S0=2023-25_.

AP61-A-2017-000004 HPAJSM/CMR/AMM

ALICIA MABINMAR aretaña

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AlieiaMarín Marcano v-12.375.062 veinte 20 COnGRON

A

eis: de la céduta de :no Jucioial.

actas que A-2017-000004.

ConS diez agosto

Csfueron 10;dias doi mes de dos mil veintitrés 2023

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SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

200 CARABOBO

DILE NO LOS GESTORES

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SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

200

GACETA OFICIAL DE LA BEPORLICA BOLIWARIANA DE VENEZUELN

Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización El trámite es PERSONAL.

En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios o sobrinos).

En su defecto consignar poder debidamente autenticado.

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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)

Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.

Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.

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Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.

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AÑO CL - MES XI Número 42.699

Caracas, jueves 24 de agosto de 2023

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