Gaceta Oficial N° 42.693
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Caracas, miércoles 16 de agosto de 2023 Número 42.693 AÑO CL - MES XI
SUMARIO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA Resolución mediante la cual se delega al ciudadano Mayor General José Luis Tremont Jiménez, en su carácter de Comandante del Comando de Defensa Aéroespacial Integral, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los Créditos Desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada, con firma, Comando de Defensa Aéroespacial Integral. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General José Luis Tremont Jiménez, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada, con firma, Comando de Defensa Aéroespacial Integral.
Resolución mediante la cual se delega al ciudadano Teniente Coronel Yamil Fernando García Latorre, en su carácter de Jefe de la Oficina de Gestión Administrativa del Ejército Bolivariano, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los Créditos Desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada, con firma, Oficina de Gestión Administrativa del Ejército Bolivariano.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Teniente Coronel Yamil Fernando García Latorre, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada, con firma, Oficina de Gestión Administrativa del Ejército Bolivariano.
Resolución mediante la cual se delega al ciudadano Mayor Pedro Rafael Tarazona Ortega, en su carácter de Jefe de la Oficina de Gestión Administrativa de la Guardia Nacional Bolivariana, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los Créditos Desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada, con firma, Oficina de Gestión Administrativa de la Guardia Nacional Bolivariana.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
SUDEBAN Resolución mediante la cual se autoriza el funcionamiento de un banco microfinanciero en la República Bolivariana de Venezuela a denominarse N58 Banco Digital, Banco Microfinanciero, S.A., que tendrá como domicilio la dirección que en ella se menciona.
Banco Industrial de Venezuela, C.A.
“En proceso de Liquidación” Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco Industrial de Venezuela, C.A. “En proceso de Liquidación”.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSAI Providencia mediante la cual se establecen las normas, medidas y procedimientos para garantizar la detección, prevención y control del insecto Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari), en la República Bolivariana de Venezuela.
Providencia mediante la cual se establecen las normas, medidas y los procedimientos fitosanitarios para la detección, prevención y control de la plaga “Caracol Gigante Africano” Achatina fulica (Bowdich 1822), para la República Bolivariana de Venezuela.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE Resolución mediante la cual se designa una Comisión Técnica y Administrativa, como autoridad competente para que atienda los asuntos relacionados a las materias: administrativa y técnico deportivo de la Federación Venezolana de Surf; estará conformada por la ciudadana y los ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se absuelve de responsabilidad disciplinaria al ciudadano Marcos Rafael Rojas García, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón.
DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana América Elena Borjas Quintero, como Defensora Pública Provisoria Primera (1°), con competencia en materia Agraria, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Nuajizki Dayana Perche Jiménez, como Defensora Pública Auxiliar Vigésima Quinta (25°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yiniusca Niyurma Camacho Palma, como Defensora Pública Auxiliar Primera (1°), con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Guárico, Extensión Valle de La Pascua.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Alexiris Josefina Reyes Marcano, como Defensora Pública Provisoria Segunda (2°), con competencia en materia Especial de Delitos de Violencia Contra la Mujer, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, Extensión Centro.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Orlenia Paola Pinto Epalza, como Defensora Pública Auxiliar Octogésima Tercera (83°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 1 5 AG0 2023 213°, 1640 y 24° 052333 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacionai Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015 y lo señalado en los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre 2014, RESUELVE PRIMERΩ: Delegar a partir del 13 de julio de 2023, al Mayor General 30sÉ LUIS TREMONT JIMÉNEZ, C.I. N° 9.810.598, en Su CaráCter de COMANDANTE DEL COMANDO DE DEFENSA AÉROESPACIAL INTEGRAL, nombrado mediante Resolución N° 051610 de fecha 13 de julio de 2023, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la unidad administradora desconcentrada Con firma, Código N° 04516 COMANDO DE DEFENSA AÉROESPACIAL INTEGRAL, de acuerdo a la Resolución N° 049195 de fecha 09 de diciembre de 2022, mediante la cual se aprueba la ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PARA EL. AÑO 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.525 de fecha 13 de diciembre de 2022, hasta CINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (5.000 U.T), para la ADQUISICIÓN DE BIENES, hasta DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000 U.T), para la ADQUISICIÓN DE SERVICIOS y hasta VEINTE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (20.000 U.T), para la EJECUCIÓN DE OBRAS, en cumplimiento de lo establecido en el artículo N° 96 numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Contrataciones Públicas para lo cual deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro.
Queda a salvo lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial No 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, con respecto a los actos y documentos, cuya firma no pueda ser delegada.
De conformidad con lo establecido en el artículo N° 6 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, el referido ciudadano deberá rendir cuenta al Ministro de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.318 de fecha 11 de enero de 2018, se establece la Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo (UCAU), que será utilizada como multiplicador único a fines de obtener el monto en moneda según lo establecido el ordenamiento jurídico, sustituyendo a la Unidad Tributaria (U.T); teniendo en cuenta que la fijación de valor de la (uCAU), será determinado mediante Resolución Conjunta emitida por los Ministerios del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas.
TERCERO: La presente Resolución entrara en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, ADIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe aviso del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, .1 5 AGÙ 2023 213°, 164° y 24° 052334 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad a lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento No 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera de' Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, habida consideración de la Resolución N° 051610 de fecha 13 de julio de 2023, RESUELVE ÚNICO: Designar al MayOr General JOSÉ LUIS TREMONT JIMÉNEZ, C.I. N° 9.810.598, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, COMANDO DE DEFENSA AÉROESPACIAL INTEGRAL, CódigO N° 04516.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, LADIMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 1 5 AG0 2023 213°, 164° y 24° 052335 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015 y lo señalado en los articulos 47, 48 y 51 del Regiamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.155 de fecha 19 de noviembre 2014, RESUELVE
PRIMERO: Delegar a partir del 24 de julio de 2023, al Teniente Coronel YAMIL.
FERNANDO GARCÍA LATORRE, C.I. N° 15.913.238, en Su CaráCter de JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, nombrado mediante Resolución No 051834 de fecha 24 de julio de 2023, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la unidad administradora desconcentrada Con firma, Código N° 29967 OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, de aCUerdO a la Resolución Nº 049195 de fecha 09 de diciembre de 2022, mediante la cual se aprueba la ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PARA EL AÑO 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.525 de fecha 13 de diciembre de 2022, hasta CINCo MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (5.000 U.T), para la ADQUISICIÓN DE BIENES, hasta DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000 U.T), para la
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ADQUISICIÓN DE SERVICIOS y haSta VEINTE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (20.000 U.T), para la EJECUCIÓN DE OBRAS, en cumplimiento de lo establecido en el artículo N° 96 numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Contrataciones Públicas para lo cual deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro.
Queda a salvo lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, con respecto a los actos y documentos, cuya firma no pueda ser delegada.
De conformidad con lo establecido en el artículo N° 6 del Decreto Nº 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, el referido ciudadano deberá rendir cuenta al Ministro de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.318 de fecha 11 de enero de 2018, se establece la Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo (UCAU), que será utilizada como multiplicador único a fines de obtener el monto en moneda según lo establecido el ordenamiento jurídico, sustituyendo a la Unidad Tributaria (U.T); teniendo en cuenta que la fijación de valor de la (UCAU), será determinado mediante Resolución Conjunta emitida por los Ministerios del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas.
TERCERQ: La presente Resolución entrara en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
% Por el Ejecutivo Nacional, LADIMIR PADRINO LÓPEZ eneral en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 1 5 AG0 2023 213°, 164°y 24° 052336 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad a lo establecido en los articulos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento No 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, habida consideración de la Resolución N° 051834 de fecha 24 de julio de 2023, RESUELVE ÚNICQ: Designar al Teniente Coronel YAMIL FERNANDO GARCÍA LATORRE, C.I. Nº 15.913.238, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Desconcentrada con firma, Administradora OFICINA PE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, CÓdIgO N°/29967.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, VLADMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Minitro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 1 5 AGO 2023 213°, 164° y 24° 052337 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015 y lo señalado en los artículos 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre 2014, RESUELVE
PRIMERO: Delegar a partir del 24 de julio de 2023, al Mayor PEDRO RAFAEL TARAZONA ORTEGA, C.I. N° 16.358.520, en Su CaráCter de JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA.. GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, nombrado mediante Resolución N° 051836 de fecha 24 de julio de 2023, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la unidad administradora desconcentrada con firma, código N° 59204 OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, de acuerdo a la Resolución N° 049195 de fecha 09 de diciembre de 2022, mediante la cual se aprueba la ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PARA EL AÑO 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.525 de fecha 13 de diciembre de.
2022, haSta CINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (5.000 U.T), para la ADQUISICIÓN DE BIENES, haSta DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000 U.T), para la ADQUISICIÓN DE SERVICIOS y hasta VEINTE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (20.000 U.T), para la EJECUCIÓN DE OBRAS, en cumplimiento de lo establecido en el artículo No 96 numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Contrataciones Públicas para lo cual deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro.
Queda a salvo lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, con respecto a los actos y documentos, cuya firma no pueda ser delegada.
De conformidad con lo establecido en el artículo N° 6 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, el referido ciudadano deberá rendir cuenta al Ministro de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.318 de fecha 11 de enero de 2018, se establece la Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo (UCAU), que será utilizada como multiplicador único a fines de obtener el monto en moneda según lo establecido el ordenamiento jurídico, sustituyendo a la Unidad Tributaria (U.T); teniendo en cuenta que la fijación de valor de la (ucAU), será determinado mediante Resolución Conjunta emitida por los Ministerios del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas.
TERCERO: La presente Resolución entrara en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, VLA ÉÍMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Miystro del Poder Popular para la Defensa
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN FECHA: 26 DE JULIO DE 2023 NÚMERO: 033.23 212°, 164° y 24° ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 9, 12 y 18, en concordancia con las facultades conferidas numeral 1 del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.557 de fecha 8 de diciembre de 2014, las cuales otorgan la atribución de autorizar la organización y funcionamiento de las instituciones del sector bancario que tengan por fin realizar cualquiera de las operaciones señaladas en ese Decreto Ley, previa opinión vinculante del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional, conforme a lo previsto en el último aparte del artículo 171 ejusdem.
CONSIDERANDO Que mediante comunicación consignada en esta Superintendencia el 5 de agosto de 2022, el ciudadano Andrés Tudja Monteverde en su carácter de promotor, solicitó autorización para la promoción de un banco microfinanciero en la República Bolivariana de Venezuela a denominarse N58 Banco Digital, Banco Microfinanciero, S.A.
Que este Ente Supervisor emitió respuesta a la referida solicitud y a través de oficios signados SIB-DSB-CJ-OD-06927 y SIB-DSB-CJ-OD-08072 de fechas 31 de agosto y 4 de noviembre de 2022, respectivamente, requirió los documentos y recaudos que acreditaran suficientemente las observaciones formuladas en esos mismos oficios.
Que este Ente Supervisor mediante oficio SIB-DSB-CJ-OD-09583 del 21 de diciembre de 2022, previa opinión vinculante emitida por el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), autorizó la promoción del banco que se denominará N58 Banco Digital, Banco Microfinanciero, S.A., de conformidad con lo previsto en los artículos 7, 9, 12 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Que en fechas 21 de marzo y 13 de junio de 2023, el prenombrado ciudadano consignó documentación adicional relacionada con el procedimiento autorizatorio.
Que en fecha 17 de julio de 2023, el ciudadano Andrés Tudja Monteverde en su carácter de Promotor de N58 Banco Digital, Banco Microfinanciero, S.A.. solicitó autorización de funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y consignó la documentación requerida por esta Superintendencia a través de oficio SIB- DSB-CJ-OD-04628, de fecha 13 de julio de 2023.
Que la justificación económico financiera para la creación de N58 Banco Digital Banco Microfinanciero, S.A. se fundamenta en las razones siguientes:
El modelo de negocios está orientado hacia la opción de un Banco 100% Digital enmarcado en el sector microfinanciero venezolano que pretende ofrecer una banca con capacidad de adoptar nuevos conceptos y tecnologías de manera rápida, con lo cual permite reaccionar en forma ágil a la demanda del mercado, atendiendo digitalmente a la necesidad del usuario, sustentado en tecnologías de información (TIC), a través de la web y los diversos servicios móviles disponibles, orientada al consumidor mediante soluciones personalizada basadas en el conocimiento del usuario, su interfaz, procesos en tiempo real y apertura a las redes sociales e internet.
donde se disfrute de una economía tecnológica, brindando seguridad en la plataforma clientes para crecer, crear empleo y potenciar la economía, con una gestión de riesgos adaptada a las mejores prácticas nacionales e internacionales, implantada en todos los niveles de gobierno corporativo del Banco Digital Microfinanciero.
El enfoque se apoya en las nuevas tecnologías para ofrecer productos, cuyas operaciones y transacciones son 100% digitales, por medio de la web, APP y operaciones SMS, con acceso disponible y permanente las 24 horas de los siete (7) dias de la semana.
Que mediante oficio signado SIB-DSB-CJ-OD-04777 de fecha 25 de julio de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el último aparte del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, esta Superintendencia solicitó opinión vinculante al Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional, sobre el requerimiento de autorización de funcionamiento de un banco microfinanciero en la República Bolivariana de Venezuela a denominarse "N58 Banco Digital, Banco Microfinanciero, S.A." Que el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), a través de la Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, mediante Punto de Cuenta N° 024 de fecha 25 de julio de 2023, emitió opinión vinculante favorable respecto a la solicitud de autorización de funcionamiento de N58 Banco Digital, Banco Microfinanciero, S.A.
Vistas las consideraciones precedentes, esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Bancos y Otras Instituciones Financieras en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 171 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras;
RESUELVE 1. Autorizar el funcionamiento de un banco microfinanciero en la República Bolivariana de Venezuela a denominarse N58 Banco Digital, Banco Microfinanciero, S.A. que tendrá como domicilio la Urbanización El Rosal, Municipio Chacao del estado Miranda y un capital SOCial de VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 29.086.800,00), enteramente suscrito y pagado, a través de depósito en cuenta bancaria, representado en VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTAS (29.086.800) acciones comunes, nominativas de una misma clase, no convertibles al portador con un valor nominal de UN BOLÍVAR SÍN CÉNTIMOS (Bs. 1,00) cada una.
3. Otorgar un lapso de noventa (90) días continuos, contados a partir del día siguiente de la notificación de esta Resolución, a los fines que N58 Banco Digital, Banco Microfinanciero, S.A. proceda a iniciar operaciones.
4. La presente autorización de funcionamiento surtirá efectos a partir del registro y publicación del Balance General de inicio de Operaciones de N58 Banco Digital, Banco Microfinanciero, S.A., y el ejemplar de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela contentiva de la presente Resolución.
Comuníquese y publíquese, ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario Designada mediante Decreto N° 4.768 de fecha 19/1/2023 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.732 Extraordinario de la misma fecha.
BANCO INDUSTRIAL DEVENEZUELA "En proceso de liquidación"
Quien SUSCribe, BRIGITTE FRANCELLE HERNÁNDEZ HERRERA, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la cédula de identidad N° V-17.488.412, actuando en este acto como Secretaria Ad hoc de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco Industrial de Venezuela, C.A.. "en proceso de liquidación", CERTIFICO: Que el contenido del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco Industrial de Venezuela, C.A.. celebrada el 27 de abril de 2023, la cual reza textualmente así:
"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.
"En proceso de Liquidación" En la ciudad de Caracas, el día veintisiete (27) del mes de abril de 2023, en el salón de reuniones del Directorio, ubicado en el piso 18 del edificio Centro Torre Financiera, en la Tercera Avenida de Las Delicias de Sabana Grande, Parroquia El Recreo, Municipio Libertador, Caracas, siendo las 10:30 a.m.. dia, UNIVERSAL", de esta ciudad, del día 19 de abril de 2023, se dio comienzo al Acto de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco Industrial de Venezuela, C.A. Se constató el quórum requerido y se encontró suficiente por estar presentes los accionistas, la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, propietaria de Ochocientas Noventa y Cuatro Millones Sesenta y Cuatro Mil Doscientas Treinta y Dos (894.064.232) Acciones, con un valor de unas cien milmillonésimas de bolívares (Bs. 0,00000000001) cada una, equivalentes a la cantidad de Ochocientos Noventa y Cuatro cienmilésimas de bolivares (Bs. 0,00894) y cuyas acciones representan el noventa y siete por ciento (97%) del capital social, representada en este acto por el ciudadano LARRY DANIEL DEVOE MÁRQUEZ, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-13.943.870, en su condición de Director General de Consultoria Jurídica del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (E), representación que se evidencia de Carta Poder emanada del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, de fecha 26 de abril de 2023, y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, (BANDES) propietario de Veintiséis Millones Ochocientas Mil Cuatrocientas Veintiocho acciones (26.800.428), con un valor de una cien milmillonésima de bolivares (Bs. 0,00000000001) cada una, equivalentes a la cantidad de doscientas sesenta y ocho millonésimas de bolívares (Bs. 0,000268), y cuyas acciones representan el dos coma nueve por ciento (2,9%) del capital social, representado en este acto por el ciudadano DANIEL ALEXANDER MUÑOz GlL, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio y titular de
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la cédula de identidad N° V-17.147.017, en su carácter de Gerente de Preinversión y Asistencia Técnica (E) adscrito al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, representación que se evidencia de Carta Poder emanada del BANDES, de fecha 24 de abril de 2023, la ciudadana NANCY YUBIDEL ROJAS LÓPEZ, en su carácter de Presidenta de La Junta Liquidadora del Banco Industrial de Venezuela, C.A. presidió la Asamblea, conforme lo dispuesto en el articulo 43 de los Estatutos Sociales del Banco; y la ciudadana BRIGITTE FRANCELLE HERNÁNDEZ HERRERA, quien actúa como Secretaria Ad hoc de la Asamblea, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales del Banco. Seguidamente, la Secretaria constató que estaban presentes y representados los accionistas, la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, (BAnDES), poseedores de Ochocientas Noventa y Cuatro Millones Sesenta y Cuatro Mil Doscientas Treinta y Dos (894.064.232) Acciones, lo cual representa el Noventa y Siete por Ciento (97%) del capital social y Veintiséis Millones Ochocientas Mil Cuatrocientas Veintiocho acciones (26.800.428), lo cual representa el dos coma nueve por ciento (2,9%) del capital social, respectivamente, número suficiente para celebrar la Asamblea, por lo cual la declaró válidamente constituida, UNIVERSAL", de la ciudad de Caracas, del dia 19 de abril de 2023, la cual dice textualmente asi:
CONVOCATORIA De conformidad con lo establecido en los articulos 276 del Código de Comercio; 13 y 14 de la Ley del Banco Industrial de Venezuela; así como, los articulos 22 y 23 de los Estatutos Sociales del Banco industrial de Venezuela, C.A.. se convoca a los accionistas del Banco Industrial de Venezuela, C.A. a una Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el 27 de abril de 2023, a las 10:30 a.m., en el piso 18 de la sede social del Banco, ubicada en el Edificio Centro Torre Financiera, situado en la Tercera Avenida de las Delicias de Sabana Grande, Parroquia El Recreo, Municipio Libertador, Caracas, para tratar el siguiente Orden del día:
PRIMERO: Decidir sobre la prórroga del proceso de liquidación del Banco Industrial de Venezuela, C.A.
SEGUnDO: Aprobar la designación de los miembros de la Junta Liquidadora del Banco Industrial de Venezuela, C.A.
TERCERO: Aprobar la designación del Liquidador del Banco Industrial de Venezuela, C.A. (Sucursal Curacao).
CUARTO: Presentar el Informe de Gestión de la Junta Liquidadora correspondiente al periodo comprendido entre julio 2018 y abril 2023.
JUNTA DIRECTIVA
Banco Industrial de Venezuela, C.A.
"en proceso de liquidación"
Asamblea Extraordinaria Leida la Convocatoria y siendo que la reunión reviste carácter de Asamblea General de Extraordinaria de Accionista, la Presidenta hizo del conocimiento de los accionistas del Banco Industrial de Venezuela, C.A., el contenido del Oficio identificado con el N° SBIF-IP-GIBPB3- # 02454 de fecha 26 de abril de 2023, a través del cual la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, formula consideraciones y autoriza la celebración de la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Concluida la lectura del citado oficio, se pasó a dar lectura al PRIMER PUNTO del Orden del día, Decidir sobre la prórroga del proceso de liquidación del Banco Industrial de Venezuela, C.A. En punto toma la palabra el representante del Ministerio del Poder Popular de Economia, Finanzas y Comercio Exterior, quien señala que mediante Punto de Cuenta N° 001 de fecha 28 de marzo de 2023, se solicitó la autorización de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023, en virtud que mediante la Resolución N° 026.16 de fecha 26 de enero del año 2016, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.846, del 11 de febrero de 2016, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), acordó la disolución anticipada del Banco Industrial de Venezuela, C.A. (BIV), el cese de sus operaciones y actividades de intermediación financiera y, en consecuencia, el inicio de su proceso de liquidación administrativa. Para llevar a cabo el mismo, la Junta Directiva instruyó la elaboración del respectivo Plan General de Liquidación (cronograma de actividades), aprobado por la Superintendencia de las instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), el cual ha sido objeto de cambio durante su evolución. Al cierre en diciembre de 2021, el cronograma presentaba un progreso global en el orden del 96%, concerniente principalmente a la ejecución de procesos criticos asociados al cese de intermediación financiera y transferencia (migración de operaciones activas y pasivas a otras instituciones de la banca pública), lo cual se logró con minima afectación al sistema bancario nacional, clientes acreedores y empleados y sin ninguna repercusión en el sistema de pagos, con ausencia de impactos a nivel de riesgo legal, operativo, tecnológico y reputacional en armonia con la gestión y líneas del Gobierno Nacional.
El cuatro por ciento (4%) restante, corresponde a procesos administrativos medulares en curso que inciden significativamente en el cierre definitivo de la institución, cuyas actividades están sujetas a los periodos de evaluación y pronunciamiento de entes externos y que por su naturaleza consumen mayor tiempo para su ejecución, entre ellos puede señalarse:
- Transferencia de activos financieros y no financieros.
- Cierre y entrega de la licencia de la agencia BIV Curazao.
El fundamento legal de la prórroga solicitada se encuentra previsto en el articulo 261 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las instituciones del Sector Bancario, el mismo contempla en su segundo párrafo:
"...La liquidación de las instituciones del sector bancario y sus personas juridicas vinculadas, no podrá exceder del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de ia República Bolivariana de Venezuela, de la resolución de liquidación respectiva.
Dicho plazo podrá prorrogarse por periodos iguales, previa autorización del Ministerio con competencia en materia de finanzas..." A los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo expuesto, la ciudadana Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, autorizó mediante Punto de Cuenta N° 001 de fecha 28 de marzo de 2023, la prórroga del proceso de liquidación del Banco Industrial de Venezuela, C.A.. hasta el 31 de diciembre de 2023.
Seguidamente, la Presidenta dio lectura al SEGUNDo PUNTO: Aprobar la designación de los miembros de la Junta Liquidadora del Banco Industrial de Venezuela, C.A. Una vez leido el punto por la Presidenta de la Junta Liquidadora, tomaron la palabra los representantes del Ministerio del Poder Popular de Economia, Finanzas y Comercio Exterior y del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). quienes señalaron que en nombre de sus representados aprobaban los miembros de la Junta Liquidadora del Banco industrial de Venezuela, C.A., de conformidad con la designación realizada por la ciudadana Ministra del Poder Popular de Economia, Finanzas y Comercio Exterior, mediante Punto de Cuenta N° 001 de fecha 28 de marzo de 2023, PRESIDENTA: ARELIS YOYIMAR CHAYELE PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.516.907: MIEMBROS PRINCIPALES: LILIANA DEL VALLE ROMERO ALBARRAN, JESÚS RICARDO MIERES VITANZA. JOSÉ LUIS FUENTES GUILLEN y LUIS ENRIQUE QUIROZ RODRÍGUEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 13.098.138, V-19.614.690, V-11.916.932 y V-6.363.296 respectivamente.
TERCER PUNTO del orden del dia, referido a aprobar la designación del Liquidador del Banco !industrial de Venezuela, C.A. (Sucursa! Curacao).
Seguidamente, tomaron la palabra el representante del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y el representante del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), quienes señalaron que en nombre de sus representados aprobaban la designación del Liquidador del Banco Industrial de Venezuela, C.A. (Sucursal Curacao), cuya designación fue autorizada por la ciudadana Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, mediante Punto de Cuenta N° 002 de fecha 28 de marzo de 2023, designando al ciudadano ROBERT REMIGIO FRANS. titular del pasaporte N° PNNLDP2D39. en el cargo de Liquidador del Banco Industrial de Venezuela, C.A. (Sucursal Curacao).
Seguidamente, la Presidenta del Banco, expone el CUARTO PUNTO del orden del dia, relacionado con la presentación del Informe de Gestión de la Junta Liquidadora correspondiente al periodo comprendido entre julio 2018 y abril 2023.
Una vez leido el punto por la Presidenta del Banco, tomaron la palabra el representante del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y el representante del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), quienes señalaron que en nombre de sus representados se dieron por informados del Informe de Gestión de la Junta Directiva correspondiente al periodo comprendido entre julio 2018 y abril 2023 y lo aprueban sin modificación alguna. No existiendo duda alguna y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión, autorizándose a la Abogada BRIGITTE FRANCELLE HERNÁNDEZ HERRERA, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-17.488.412, en su carácter de la presente Acta y para que haga la participación correspondiente al Registro Mercantil.
Finalmente se dio por concluido el acte y en seña de conformidad firman:
LARRY DANIEL DEVOE MÁRQUEZ Por el Ministerio del Poder Popular de Economia, Finanzas y Comercio Exterior 3 3 DANIEL ALEXANDER MUÑOZ GIL Por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela NANCY YUBIDEL'RQJAS Presidente del Banco Industrial de Venezuela, C.A.
"En Proceso de Liquidación Berncéeede BRIGITTE-FRANCELLE HERNÁNDEZ HERRERA Secretaria Ad hoc de la Asamblea Viernes 14 de JuTo de 2023.(FDOS.) BRIGITTE FRANCELLE HERNANDEALFERRERA C.I:
V-1748B412 AbOg.JESUS AL.EJANDRO GARCIA FOSSI SE EXPIDE LRESEN3ÉCOPIA SAZSM CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. : 223.2023.3,53 Abog.JESUS ALEJAÑDROGARA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI).
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INSAI N° CARACAS, 006/223 DE CARACAS, 11 DE MAYO DE 2023.
AÑOS 213°, 164° y 24° Por cuanto el decreto N° 6.129 con Rango Valor y fuerza de Ley Salud Agrícola Integral, establece que el Ministerio con competencia en materia de Agricultura y Tierra, es el órgano rector de las políticas de salud agrícola correspondiéndole a tales efectos dictar las medidas para la prevención y control de plagas que afecten la Agricultura Nacional Por cuanto, en el ámbito mundial las plagas en cultivo de Café, semillas y granos almacenados son consideradas una de las más destructivo y han venido afectando gravemente la producción en campo, así como su conservación a corto, mediano y largo plazo de estos alimentos, con consecuente afectación de su inocuidad y parámetros de calidad física, química, biológica y fitosanitaria. Trayendo como consecuencia grandes pérdidas económicas al productor si estas no se detectan y se controlan en el momento adecuado.
Por cuanto, el Café (Término empleado para el fruto y/o granos provenientes de las plantas del género Coffea), es un rubro de mayor importancia ya que ejerce un papel fundamental en las actividades agrícolas y economía para la República Bolivariana de Venezuela, a su vez tiene una tradición histórica, que data desde la época de la colonia, con calidad en aroma y sabor, permitiéndole ser reconocido a nivel mundial, con capacidad de cubrir la demanda nacional y competir en el mercado internacional, constituyéndose en uno de los principales componentes de la oferta exportable de productos de origen vegetal, representando una fuente potencial de ingreso de divisas;
Por cuanto que el Café producido de manera sostenible y sustentable, es un alimento sano, inocuo, de buena calidad, que protege el ambiente, la salud humana y animal, aportando en los componentes socioeconómicos de los actores de la cadena socioproductiva Por cuanto, que la Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari), es el insecto plaga más importante en plantaciones comerciales de café en el ámbito internacional y todas las variedades y especies comerciales de café son atacadas por este, reduciendo el rendimiento y merma la calidad del grano.
Por cuanto, que la Broca del Café es originaria del África ecuatorial y fue introducida al continente americano a principios del siglo pasado.
Actualmente se encuentra presente en 63 países, de los cuales 19 pertenecen a América: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Surinam y Venezuela.
Por cuanto, es necesario adoptar medidas cuarentenarias, para evitar la introducción, contener, controlar y erradicar al insecto Hypothenemus hampei (Ferrari), para evitar las pérdidas económicas que este genera.
Por cuanto, corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (MPPAPT), a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), establecer las medidas fitosanitarias que han de utilizarse para reducir el riesgo de introducción, establecimiento y dispersión de plagas en el país.
Quien SuSCribe, TIBISAY YANETTE LEON CASTRO, actuando en mi carácter de Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), designada mediante Decreto N° 2.221 de fecha 03 de febrero de 2016, emanado de la Presidencia de la República, Publicada en la Gaceta Oficial N° 40.842 de fecha 03 de Febrero de 2016. De conformidad con el Artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en uso de las facultades conferidas en el Artículo 57 numerales 5, 8 y 10 del Decreto N° 6.129 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral, de fecha 03 de junio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5890, extraordinario de fecha 31 de julio de 2008. Dicta la siguiente:
LA MEDIANTE CUAL SE ADMINISTRATIVA PROVIDENCIA ESTABLECEN LAS NORMAS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL INSECTO BROCA DEL CAFÉ Hypothenemus hampei (Ferrari), EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Artículo 1. Objeto. Esta Providencia Administrativa tiene por objeto establecer las normas, medidas y los procedimientos para garantizar la detección, prevención y control del insecto Broca del Café Hypothenemus hampei(Ferrari) en la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente providencia son de obligatorio cumplimiento para todas aquellas personas naturales o jurídicas que produzcan, almacenen y comercialicen Café, o de manera vinculada con estas y tengan inherencia en actividades que puedan afectar las condiciones fitosanitaria.
Artículo 3. Durante la vigencia de la presente Providencia Administrativa, quienes posean bajo cualquier forma o produzcan plantas de Café u otras especies hospedera deberán aplicar las siguientes medidas fitosanitarias:
1. Monitorear los cultivos de Café u otras especies hospederas con el fin de detectar síntomas de la plaga con una periodicidad quincenal.
2. Realizar el manejo establecido en el "Programa de detección, prevención y control del insecto Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari) en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela" 3. Tramitar el Permiso Fitosanitario de Movilización y el Certificado Fitosanitario para la Movilización expedido por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) para movilizar frutos y material de propagación de Café u otras especies hospedera.
4. Velar que el personal encargado del manejo del cultivo de Café u otras especies hospederas conozcan y apliquen el manejo integrado para "Broca del Café Hypothenemus hampei(Ferrari)" correspondiente al "Programa de detección, prevención y control del insecto Broca del Café Hypothenemus hampe/(Ferrari) en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela".
5. Obtener material de propagación vegetal de Café u otras especies hospederas, libre de plaga y exclusivamente en viveros o plantaciones autorizados por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
6. Participar en todos los planes de formación sobre el manejo integrado para la "Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari)", que convoque el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
Artículo 4. Las personas naturales o jurídicas que realicen producción de material de propagación de semillas, plantas, plántulas o cualquier parte de plantas de Café u otras especies hospederas deberán estar debidamente registrado ante el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) y poseer el "Certificado Fitosanitario del vivero, expendio de plantas y Casas de Cultivo vigente".
Artículo 5. Durante la vigencia de la presente Providencia Administrativa, quienes produzcan plantas de Café u otras especies hospederas, a través de viveros, deberán aplicar las siguientes medidas fitosanitarias.
1. Cumplir con lo establecido en la Providencia N° 06/201, publicado en la Gaceta Oficial 41.754 de fecha 06-11-2019, donde se establece el "Programa de implementación de normas, medidas y procedimientos fitosanitarios para la adecuación y funcionamiento de viveros, expendios de plantas y ambientes protegidos, para la República Bolivariana de Venezuela" 2. Monitorear permanentemente frutos o cualquier parte de las plantas de Café u otras especies hospederas que sea capaz de servir de vehículo o medio para la diseminación de la "Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari)", con el fin de detectar la presencia de plaga, con una periodicidad semanal. Esta información deberá ser reportada mensualmente a la oficina del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), del estado donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
3. Hacer el manejo de las plantas de Café en los viveros de acuerdo a las normas técnicas del "Programa de detección, prevención y control del insecto Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari) en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela".
4. Tramitar el Permiso Fitosanitario de Movilización y el Certificado Fitosanitario para la Movilización expedido por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) para movilizar frutos y material de propagación tales como semillas, plantas, plántulas o cualquier parte de plantas de Café u otras especies hospederas.
5. Producir y comercializar frutos y material de propagación tales como semillas, plantas, plántulas o cualquier parte de plantas de Café u otras especies hospederas, provenientes de plantaciones libre del insecto Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari).
6. Participar en todos los planes de formación sobre el insecto Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari), que convoque el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
Artículo 6. Cuando en una unidad de producción o vivero donde se emplee material de propagación tales como semillas, plantas, plántulas, o cualquier parte de plantas de Café u otras especies hospederas, se constante la presencia del insecto Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari), el propietario deberá informar en un lapso no mayor de 24 hora a la oficina del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), del estado donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
Artículo 7. Cuando en una unidad de producción o vivero se constante la presencia del insecto Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari), en plantas de Café u otras especies hospederas, el Instituto Nacional de Salud
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Agrícola Integral (INSAI), la declarara como "Área Reglamentada" donde se aplicaran las medidas establecidas en el "Programa de detección, prevención y control del insecto Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari) en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela", con el fin de restablecer el estatus fitosanitario.
Artículo 8. Se ratifica, se actualiza y se amplia, lo establecido en el Artículo 1, de la Resolución Ministerial N° 037, de fecha 11 de febrero de 1988, en la cual crea la Comisión Nacional de la Prevención de la Broca y Control de la Roya del Cafeto, y sus Comisiones Regionales para la detección, prevención y control de plagas para el cultivo de Café.
La comisión nacional estará integrada por representantes de las siguientes instituciones:
1. Un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (MPPPAPT), quien la Presidirá.
2. Un (1) represente de la Dirección Nacional de Salud Vegetal Integral del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), quien tendrá la dirección ejecutiva.
3. Un (1) representante de la Corporación Venezolana del Café responsable de organizar al Poder Popular y realizar seguimiento de las acciones.
4. Un (1) representante de las Facultades de Agronomía del país, el cual será electo por acuerdo entre estas.
5. Un (1) representante del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, (INIA), quien agrupará y actuará como vocero del resto de las instituciones de investigaciones agrícolas del país.
6. Un (1) representante de productores de Café 7. Un (1) representante de la Gobernación, de cada una de las entidades que sea sometida a régimen de control oficial.
Parágrafo Único: Las Comisiones Regionales estarán integradas por los representantes equivalentes a la Comisión Nacional en cada Región los cuales serán designados por la Comisión Nacional, así como un (01) representante de las Gobernaciones Regionales de cada una de las entidades que sea sometida a régimen de control oficial.
Artículo 9. La Comisión Nacional para Detección, Prevención y Control de la Plaga "Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari)" y sus respectivas Comisiones Regionales, tendrán las siguientes atribuciones:
1. Coordinar, asesorar y fiscalizar las acciones con las diferentes dependencias e instituciones del Estado, que en forma directa e indirecta intervengan o deban intervenir en la detección, prevención y control de la Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari).
2. Elaborar, ejecutar, supervisar y ajustar el Programa de detección, prevención y control de la Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari).
3. Recomendar, en base a conceptos científicamente fundamentados y verificables, la elaboración de normas jurídicas y técnicas directamente relacionadas al manejo y control de la Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari).
4. Elaborar las disposiciones técnicas sobre el manejo de las plagas.
5. Elaborar un informe mensual dirigido al Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.
6. Elaborar su Reglamento Interno.
7. Las demás funciones que le asigne el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
Artículo 10. Las Comisiones Regionales para la Detección, Prevención y Control de la Plagas Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari), estarán conformadas por los representantes para cada estado o región de las instituciones previstas en el artículo 8 de la presente Providencia Administrativa, los cuales serán designados por la Comisión Nacional, y tendrán las siguientes funciones:
1. Vigilar que los productores (as) estén recibiendo la asistencia técnica requerida.
2. Canalizar las directrices que se emitan desde la Comisión Nacional para la detección, prevención y control de la Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari).
3. Evaluar los monitoreos de las plantaciones.
4. Vigilar que se cumplan en el ámbito regional las disposiciones técnicas expuestas en el Programa de detección, prevención y control de la Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari).
5. Elaborar y canalizar hacia la Comisión Nacional para detección, prevención y control de la Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari), así como sus componentes o programas, con un informe mensual sobre la situación regional 6. Las demás funciones que se le asignen desde el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
Artículo 11. A partir de la entrada en vigencia de esta Providencia Administrativa serán de obligatorio cumplimiento las "Normas, medidas y los procedimientos para garantizar la detección, prevención y control del insecto Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari) en la República Bolivariana de Venezuela".
Artículo 12. Corresponderá al Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), velar por el cumplimiento de esta Providencia Administrativa, mediante la realización de trabajos de inspección, monitoreo, evaluación, fiscalización, vigilancia pertinente y participación en la Comisión Nacional.
Artículo 13. El incumplimiento o contravención de la presente Providencia Administrativa será sancionado de conformidad con la normativa prevista en el Decreto N° 6.129 de 03 de Junio del 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral y demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente que resulten aplicables.
Artículo 1.4. El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) en cumplimento del artículo 10 de la Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicará en su sitio web oficial toda información contenida en la presente Providencia Administrativa Artículo 15. Se exhorta a todas las autoridades civiles, policiales y militares, al sector privado y los particulares en general, a colaborar en el estricto cumplimiento de esta Resolución y a la aplicación de las normas vigentes en la materia, en resguardo del derecho del pueblo venezolano al abastecimiento oportuno y estable de los bienes necesarios para la vida digna, la salud, la vivienda y la educación.
Artículo 16. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
ERNSA
TIBISAY YANETTE LEÓN CASTRO Presidente del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL DELA (INSAI). DESPACHO PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INSAI N° 007/2023 CARACAS, CARACAS, 11 DE MAYO DE 2023.
AÑOS 213°, 164° y 24°
Por cuanto, el Decreto N° 6.129 con Rango Valor y fuerza de Ley Salud Agricultura y Tierra, es el órgano rector de las políticas de salud agrícola correspondiéndole a tales efectos dictar las medidas para la prevención y control de plagas que afecten la Agricultura Nacional.
Por cuanto, la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), posee una importancia económica considerable como resultado de sus depredaciones en jardines, huertos, viveros y áreas dedicadas a producción hortícola.
Por cuanto, que en la actualidad la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), puede alcanzar la condición de especie plaga en cultivos agrícolas, es un herbívoro generalista que se alimenta de hojas, frutos y tallos de diversos cultivos, consume alimento concentrado para animales domésticos y otros, causando daños en predios urbanos y periurbanos.
Por cuanto, la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), puede ser vector mecánico de algunos organismos patógenos (parásitos, virus, bacterias, entre otros), pudiendo ser un importante dispersor de enfermedades de manera similar a las ratas, moscas y cucarachas. El ser humano puede llegar a infectarse al consumir este moluscos en una mala preparación o cuando se ponen en contacto órganos como boca, nariz y ojos, con secreciones del caracol. Se considera un potencial transmisor de nemátodos del género Angiostrongylus, los cuales ocasionan en humanos meningoencefalitis eosinofílica o ileocolitiseosinofílica ambas enfermedades ya confirmadas en el continente americano.
Por cuanto, la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), Amenaza algunas especies de la fauna y la flora autóctonas. Por su gran voracidad, puede llegar a causar impactos negativos a los ecosistemas.
Al devorar una gran diversidad de plantas pone en riesgo a especies autóctonas o amenazadas. Compite por los recursos y consume los huevos y crías de especies de caracoles autóctonos, como la Guácara (Megalobulimus oblongus).
Por cuanto, la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), es considerado una de las plagas más perjudiciales del mundo, por lo que se encuentra incluido, según la Unión Internacional para la
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Conservación de la Naturaleza (UICN), en la lista de las 100 especies dañinas más invasivas del mundo. Esto se debe a su alta resistencia a variables ambientales, a su dieta polífaga de más de 200 especies de plantas, entre ellas varios cultivos (cítricos, coco, plátano, arroz, hortalizas, ornamentales, otros) y a su alto potencial reproductivo que favorece su dispersión.
Por cuanto, la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), se ha reportado en diferentes cultivos agrícolas y ornamentales en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia.
Por cuanto, corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), cumplir con las funciones de vigilancia y control epidemiológico con el propósito de establecer las medidas fitosanitarias que han de ejecutarse para reducir el riesgo de introducción o dispersión de plagas cuarentenarias y así garantizar la salud agrícola integral en el país.
Quien SuScribe, TIBISAYYANETTE LEÓN CASTRO, actuando en mi carácter de Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), designada mediante Decreto Ejecutivo N° 2.221 de fecha tres (3) de febrero de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.842 de fecha tres (3) de febrero de 2016; de conformidad con lo establecido en la normativa prevista en el artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en uso de las facultades conferidas en el artículo 10, artículo 21, artículo 22, artículo 31, artículo 57 numerales 5, 8 y 10 y artículo 61 numeral 2 del Decreto N° 6.129 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral, de fecha tres (3) de junio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha treinta y uno (31) de julio de 2008, dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA_ MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS, MEDIDAS Y LOS PROCEDIMIENTOS FITOSANITARIOS PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PLAGA "CARACOL GIGANTE AFRICANO" Achatina fulica (Bowdich 1822).
Artículo 1. Objeto: Establecer las normas, medidas y los procedimientos fitosanitarios para la detección, prevención y control de la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), a través de la aprobación y aplicación del "Programa para la detección, prevención y control de la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), para la República Bolivariana de Venezuela".
Artículo 2. Ámbito de aplicación: Las disposiciones establecidas en la presente Providencia Administrativa serán aplicables a las personas naturales o jurídicas dónde su presencia éste asociada a sitios fuertemente degradados ambientalmente y en consecuencia ligados a las actividades humanas, como lo son las áreas urbanas o periurbanas que incumpla las normas de la presente providencia, será sancionada de conformidad con lo establecido en los artículos 86, 87 y 88 del Decreto con Rango, Valor y Fuerzas de la Ley de Salud Agrícola Integral, los artículos 5, 6, 7, 9 de la Ley Penal del Ambiente y los artículo 75, 76, 77, 81, 114 de la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones a que haya lugar de acuerdo con lo establecido en otras leyes de la República Bolivariana de Venezuela relacionadas con la materia.
Artículo 3: Durante la vigencia de la presente Providencia Administrativa, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integra! (INSAI), aplicará las siguientes medidas fitosanitarias:
1. Se prohíbe la importación, exportación, distribución o comercialización de cualquier especie de moluscos, y en especial de caracoles terrestres del género Achatina, así como el establecimiento en el país de actividades de cría de esta especie (Helicultura) con fines de consumo, cosmético o como mascotas/acuarios, o cualquier otro fin.
2. Serán de carácter obligatorio por parte de las organizaciones públicas, privadas y comunidad en general el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos y actos administrativos elaborados por entes del estado según su competencia a nivel nacional, estadal, municipal y/o local sobre las medidas de detección, prevención y control del moluscos terrestre.
3. En los casos en que el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), mediante Inspección Fitosanitaria determine la presencia de la especie Achatina fulica (Bowdich 1822) Mollusca Gasteropoda en material vivo, que se pretenda movilizar, desde áreas afectadas hacia áreas libres de la plaga, procederá de forma sumaria e inmediata a aplicar las medidas preventivas correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Salud Agrícola Integral, con el apoyo de los entes competentes en la materia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si fuese necesario.
4. Implementación de proyectos, programas, planes y capacitación al personal profesional y técnico de los entes gubernamentales con competencia en la materia, asímismo, éstos deberán incorporar a las demás organizaciones públicas, privadas, comunitarias y educativas para que participen y sean multiplicadores en la sensibilización sobre la detección, prevención y control del Caracol Gigante Africano (Achatina fulica) a través de cursos, material didáctico (afiches, videos y folletos, dípticos, trípticos, calcomanías, entre otros).
5. Las medidas fitosanitarias señaladas en el programa para la prevención, control y erradicación de la plaga Achatina fulica (Bowdich 1822) Mollusca Gasteropoda, desarrolladas por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), son de observancia obligatoria.
6. El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua a través, de la Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB), Ministerio del Poder Popular Para la Producción Agrícola y Tierras a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) y El Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental, serán los responsable de organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y acciones de prevención, control y erradicación de la plaga Achatina fulica (Bowdich 1822) Mollusca Gasteropoda, en coordinación e integración con los consejos comunales y demás formas de organizaciones de participación comunitaria.
7. Mantener actualizados a los funcionarios de la Dirección de Salud Vegetal Integral del INSAI e instituciones afines, productores y técnicos relacionados mediante plan de formación, sobre el caracol gigante africano [Achatina fulica (Bowdich 1822)].
8. Denunciar la presencia o sospecha del caracol gigante africano [Achatina fulica (Bowdich 1822)], al Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral.
9. Todos los viveros dedicados a la venta de plántulas tienen la obligación de estar registrados en el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
Artículo 4. Durante la vigencia de la presente Providencia Administrativa las personas naturales o jurídicas que produzcan material de propagación u otras especies hospederas plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), deberán aplicar las siguientes medidas fitosanitarias de carácter obligatorio:
1. Monitorear permanentemente las plantaciones destinadas a generar material de propagación en todas sus fases de producción, con el fin de detectar la presencia de la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), con una periodicidad semanal. Esta información la deberán reportar mensualmente a la oficina del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral del estado donde se encuentra ubicada la unidad de producción.
2. Realizar un manejo preventivo de la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), de acuerdo al "Programa para la detección, prevención y control de la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), para la República Bolivariana de Venezuela".
3. Tramitar la expedición del Permiso Fitosanitario de Movilización y Certificado Fitosanitario para la Movilización ante la oficina del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral más cercana al lugar de ubicación del vivero.
4. Velar porque el personal encargado del cultivo conozca y aplique el manejo integrado para la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822).
5. Participar en todos los planes para la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822) que convoque el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral.
6. Informar al Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, cualquier indicio sobre la sospecha de presencia de la enfermedad en cualquier localidad específica del país.
Artículo 5. Se prohíbe la entrada al país de la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822) procedentes de países en los cuales han sido reportado. Únicamente se permitirá la introducción al país de material de propagación proveniente de Áreas Libres de esta plaga.
Artículo 6. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), donde el personal técnico debidamente identificado, realizará los trabajos de inspección, monitoreo, fiscalización y vigilancia pertinentes respecto al caso.
Artículo 7. Se crea la Comisión Nacional para la Detección, Prevención y Control de la Plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), la cual estará integrada por representantes de las siguientes instituciones:
1. Un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, quien la Presidirá.
2. Un (1) representante de la Dirección Nacional de Salud Vegetal Integral del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, quien tendrá la dirección ejecutiva.
3. Un (1) representante del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, quien agrupará y actuará como vocero del resto de las instituciones de investigaciones agrícolas del país.
4. Un (1) representante de Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.
5. Un (1) representante de Ministerio del Poder Popular para la Salud, quién agrupará al equipo de Salud Ambiental del país.
6. Un (1) representante de la Gobernación, de cada una de las entidades que sea sometida a régimen de control oficial.
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Parágrafo Único: Las Comisiones Regionales estarán integradas por los representantes equivalentes a la Comisión Nacional en cada Región los cuales serán designados por la Comisión Nacional, así como un (01) representante de las Gobernaciones Regionales de cada una de las entidades que sea sometida a régimen de control oficial.
Artículo 8. La Comisión Nacional para la Detección, Prevención y Control de la Plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822), tendrán las siguientes funciones:
1. Coordinar, asesorar y fiscalizar las acciones con las diferentes dependencias e instituciones del estado, que en forma directa e indirecta intervengan o deban intervenir en el manejo y control de la Plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822).
2. Vigilar que los productores estén recibiendo la asistencia técnica requerida.
3. Canalizar las directrices que se emitan desde la Comisión Nacional para la detección, prevención y control de la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822).
4. Evaluar los monitoreos de las plantaciones.
5. Vigilar que se cumplan en el ámbito nacional, las disposiciones técnicas para la detección, prevención y control de la plaga "Caracol Gigante Africano" Achatina fulica (Bowdich 1822).
6. Elaborar un informe trimestral sobre la situación regional de la plaga.
7. Las demás funciones que se le asignen desde el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
Artículo 9. El incumplimiento o contravención de esta Providencia Administrativa será sancionado de conformidad con la normativa prevista en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral y demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente que resulten aplicables.
Artículo 10. El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) en cumplimiento del artículo 11 de la Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, colocará en su sitio web oficial toda información contenida en esta Providencia Administrativa.
Artículo 11. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
REPUBLIOA Comuníquese y Publíquese.
1517 TIBISAY YANETTE LEÓMCASTRO.
Presidente del Instituto Nacional de Salud
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°:_013
CARACAS, 15 DE AGOSTO DE 2023 213°, 164° y 24°
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 77, numerales 1, 4, y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional; el artículo 30, numeral 1 del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional; en concordancia con lo previsto en el artículo 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 1, 2, 3 y 7 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y la Educación Física.
CONSIDERANDO
todo lo relativo a la regulación, formulación y seguimiento de las políticas públicas, la planificación y realización de las actividades en materia deportiva, lo cual comprende, la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación del sector deportivo en todas sus modalidades.
CONSIDERANDO
Que los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física declaran de utilidad y servicio público e interés social el fomento, la promoción, el desarrollo y la práctica del deporte.
CONSIDERANDO
Que es el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, quien aporta los recursos financieros para ejecutar las actividades deportivas previstas en el Plan Operativo Anual de las Federaciones Venezolanas de Deportes en aras de preservar los intereses patrimoniales de la República.
CONSIDERANDO
Que el Instituto Nacional de Deportes adscrito el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte es la instancia de gestión y ejecución de las políticas y planes en esta materia conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, desarrolla las competencias señaladas en la Ley en sus artículos 29 y 30 ejusdem.
CONSIDERANDO
Que según Sentencia N° 070 de fecha 28 de julio de 2022, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, expediente N° Exp. N°AA70-E-2022-000024, decide:
1.- DECLARA SU CoMPETENCIA para conocer del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra el proceso electoral de la Federación Venezolana de Surfing (FVS), llevado a cabo el 09 de mayo de 2022, por los ciudadanos Tamara Velásquez, Eric Alexander Mesa Carrillo y Álvaro Alejandro Padrón, en su condición de Presidenta de la Asociación de Surf del Estado Nueva Esparta, Secretario General de la Asociación de Surf del Estado Miranda y Entrenador Deportivo y Juez de Surf, respectivamente, asistidos por el abogado Lorenzo Roberto Santana, contra "...el proceso electoral de la Federación Venezolana de Surfing (FVS), llevado a cabo el 09 de mayo de 2022....
2.- ADMITE el recurso contencioso electoral interpuesto.
3.- PRoCEDENTE la solicitud cautelar y ordena la suspensión de los efectos del proceso electoral de la Federación Venezolana de Surfing llevado a cabo el 9 de mayo de 2022, así como los actos subsiguientes de la referida Federación.
4.- oRDENA a las autoridades que venían ejerciendo los cargos de la Junta Directiva, Consejo de Honor y Consejo Contralor, previo al proceso electoral objeto del presente recurso, que asuman nuevamente la dirección de la Federación Venezolana de Surfing, ejecutando sólo actos de simple administración hasta tanto se decida el fondo en la presente causa.
CONSIDERANDO
Que en fecha veinte (20) de julio del año dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, mediante Sentencia N° 076, decide:
1.- CoN LuGAR la solicitud de Desacato formulada por el abogado Lorenzo Santana, apoderado judicial de los ciudadanos Tamara Velásquez, Eric Alexander Mesa Carrillo y Álvaro Alejandro Padrón Ponce, actuando la primera en su carácter de Presidenta de la Asociación de Surf del estado Nueva Esparta, el segundo como Secretario General de la Asociación de Surf del estado Miranda y el último como Entrenador Deportivo y Juez de Surf.
2.-SUsPENDE a la ciudadana Thaina Luna del ejercicio del cargo de Presidenta de la Federación Venezolana de Surf.
3.-Se INSTA al Instituto Nacional de Deportes a nombrar una Junta Directiva Ad- Hoc que ejerza la representación de la Federación Venezolana de Surf y ejecute únicamente actos de simple administración hasta tanto se decida el fondo de la presente causa.
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CONSIDERANDO
Que en fecha 26 de julio de 2023, la Sala Electoral de Tribunal Supremo de Justicia, notifica a la Presidenta del Instituto Nacional de Deportes, Ninoska Luisa del Valle Clocier Solórzano, el cumplimiento de la Sentencia N° 076, veinte (20) de julio del año dos mil veintitrés (2023), para que designe la Junta Directiva Ad-Hoc que ejerza la representación de la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE SURF.
CONSIDERANDO
Que es deber del Estado garantizar la atención integral de los deportista sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia, la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector púbico y del privado, principio este establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
RESUELVE, ArtíCulo 1. Designar Una COMISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Como autoridad competente para que atienda los asuntos relacionados a las materias:
administrativa y técnico deportivo de la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE SURF.
Artículo 2. La Comisión, estará conformada por cinco (05) miembros principales, quienes ejercerán los siguientes cargos:
CÉDULA DE N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO IDENTIDAD MIRIAM YAIRILING HERNÁNDEZ COORDINADORA 1 V.13.686.656 GENERAL VILLASMIL SERGIO GABRIEL ORTEGA TÉCNICO V.-17.087.450 2 CALISTRO JOSÉ GREGORIO PONCE MARÍN 3 V.-17.423.424 ADMINISTRATIVO ÁLVARO ALEJANDRO PADRÓN 4 V.-18.363.742 MIEMBRO PONCE JUAN PEDRO MEDINA GONZÁLEZ 5 V.-12.763.697 MIEMBRO
Artículo 3. Los Miembros aquí designados: estarán presididos por un Coordinador General quien supervisará y reglamentará las funciones del resto de los integrantes de la Comisión; no recibirán remuneración alguna, no tendrán facultad para la contratación de personal y las decisiones se tomarán por mayoría simple, las cuales constarán en las actas que se levanten para tal fin.
en las áreas técnicas deportivas y administrativas, atendiendo los derechos y requerimientos de los atletas, entrenadores y demás, pertenecientes a la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE SURF, garantizando en todo momento la asistencia y protección de los derechos de los atletas que desarrollan la disciplina.
Artículo 5. Los Miembros de la Comisión se mantendrán en sesión permanente hasta tanto la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia decida el fondo del Recurso Contencioso Electoral interpuesto contra el proceso electoral de la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE SURF, llevado a Cabo el 09 de mayo de 2022.
Parágrafo único: Los Miembros aquí designados podrán ser sustituidos por el Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, cuando así lo considere pertinente, pudiendo notificar su decisión a quien corresponda.
Artículo 6. Las disposiciones de la presente Resolución son de orden público e interés general. No podrán ser modificadas por normas de inferior jerarquía, ni por contratos, convenios o acuerdos de cualquier naturaleza.
Artículo 7. Lo dispuesto en la presente Resolución no menoscaba el desempeño de las actividades deportivas, por lo que los atietas, entrenadores y demás, pertenecientes a la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE SURF, continuarán practicándolas conforme a la programación establecida, garantizándose de esta manera, además la continuidad de la actividad deportiva a nivel nacional e internacional.
Artículo 8. Todas las personas naturales o jurídicas, los órganos y entes, tanto públicos como privados, con competencia Nacional e Internacional, deberán prestar la colaboración necesaria o que le sea requerida por la autoridad competente que refiere el artículo 2 de la presente Resolución, para el cumplimiento de lo aquí dispuesto, especialmente y sin dilación alguna, la información que le sea solicitada, permitiendo el acceso a todas las instalaciones e información correspondiente.
Artículo 9. Cualquier duda en la interpretación y aplicación de la presente Resolución debe ser sometida a la consideración del Despacho del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, para su aprobación definitiva.
Artículo 10. Todos los planes y programas que tengan relación con el Registro Nacional del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física deben articularse con el Instituto Nacional de Deportes.
Artículo 11. La Comisión, deberá consignar un informe mensual de las actividades desarrolladas por ante la Presidencia del Instituto Nacional de Deportes y el Despacho del Viceministro de Deporte de Rendimiento, quienes lo someterán a la consideración del Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte.
Artículo 12. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE Designado mediante Decreto N° 4.280, de fecha tres (03) de septiembre del año 2028, dablisedaren 1a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de fecha tres (03) de mismo.mes y año.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL
JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Expediente: AP61-A-2016-000012 El 30 de marzo de 2016 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.
D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial recibió expediente 110.200 proveniente de la Inspectorla General de Tribunales, contentivo de la investigación disciplinaria iniciada de oficio en virtud del contenido del oficio 10-0909 fechado el 3 de noviembre de 2010 por la Presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estela Morales Lamuño, mediante el cual remitió copia certificada de su decisión del 28 de octubre de 2010 que anuló la dictada por MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA, titular de la cédula de identidad V-7.498.118, durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil. Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón; asunto que quedó signado AP61-A-2016-000012 en nuestra nomenclatura.
Siendo 31 de marzo de 2016 este Tribunal Disciplinario Judicial recibió el expediente proveniente de U.R.D.D. y por distribución aleatoria designó como ponente al Juez HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, quien con tal carácter suscribe este fallo.
Posteriormente el 6 de abril de 2016, este Tribunal Disciplinario Judicial ordenó la remisión de la causa a la Oficina de Sustanciación a los fines de llevar a cabo las actuaciones correspondientes a esa etapa del proceso.
Por ello, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial dio entrada a la presente causa el 7 de abril de 2016 y el dia 14 del mismo mes admitió el escrito de petición de sanción presentado por la Inspectoria General de Tribunales ordenando citar al Juez investigado asi como notificar a las partes intervinientes y al Ministerio Público.
El Juez investigado presentó su escrito de descargos el 12 de julio de 2016, el cual cursa a los folios 12 al 23 de la tercera pieza del presente expediente.
Seguidamente, en fecha 6 de octubre de 2016 la Inspectoria General de Tribunales presentó escrito de promoción de pruebas, constante de 4 folios útiles.
El 1 de noviembre de 2016 la Oficina de Sustanciación dictó auto de admisión de pruebas y el 23 de marzo de 2017 remitió el expediente a esta Instancia Jurisdiccional.
Este Tribunal recibió por reingreso el expediente proveniente de la Oficina de Sustanciación el 29 de marzo de 2017 y fijó la realización de la audiencia oral para el día miércoles 7 de junio de 2017, pero ante la incomparecencia del Juez investigado se ordenó
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la designación de un Defensor Público para garantizarle el derecho a la defensa.
Finalmente, el 29 de enero de 2018 esta Instancia fio fecha para la realización e la audiencia oral y pública para el día miércoles 2 de mayo de 2018 a las 10:00 a.m. celebrándose la misma en esa oportunidad y difiriendo el pronunciamiento del dispositivo del fallo para el 16 de mayo de 2018 a las doce del mediodía cuando se dictó el mismo.
1 DE LA ACTUACIÓN DE OFICIO En fecha 3 de noviembre de 2010 la Presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, remitió a la Inspectoria General de Tribunal oficio 10-0909 que corre Inserto al folio 1 de la primera pieza del presente expediente, cuyo contenido es:
"Me dirijo a usted a fin de remitirle copia certificada de la decisión dictada por esta Sala, el 28 de octubre de 2010, que ANULÓ la decisión que dictó el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el 18 de febrero de 2010, mediante la cual desaplicó el articulo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y.
ORDENÓ al referido Juzgado, que decida nuevamente sobre la apelación que fue sometida a su conocimiento, de acuerdo con las consideraciones que fueron expuestas en la antes citada decisión.
disciplinaria; ello de acuerdo a lo ordenado en la referida sentencia" Con el referido oficio se acompañó copia certificada de la sentencia N° 1.055 dictada por esa Sala Constitucional el 28 de octubre de 2010 con ponencia del magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, de cuyo texto se transcribe:
"el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y Trânsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón desaplicó el artículo 40 de la Ley de Arrendamiento Innobiliarios por que consideró que, pese a que la demandada era poseedora del inmueble y ante la existencia de un contrato de arrendamiento simulado, aquélla se encontraba insolvente en el pago de los contratos de arrendamiento a tiempo determinado, beneficio que la ley preceptúa sólo en caso de que el arrendatario se encuentre solvente.
[Omissis] el Juez Superior desaplicó la disposición que contiene el articulo 40 [..], declaró procedente el desalojo pero concedió el beneficio de la prórroga legal al arrendatario en un contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado, en alerta contradicción con su previa declaratoria de carácter fraudulento del juicio porque, en realidad, lo que existir la entre al apartes es un comodato [..] 'trastocado bajo presión en arrendamiento' y, sin embargo, reconoció su validez cuando lo declaró resuelto 'por falta de pago de los alquileres'y cuando decretó su prórroga.
[Omissis] Observa la Sala que en el presente caso, no existe contradicción entre el articulo 40 legal y las pero no se explicó en el fallo objeto de consulta.
[Omissis] la sentencia objeto de consulta es contradictoria y prácticamente ininteligible y por otra parte, para que, en futuras causas, tenga en cuenta que el articulo 40 de la demandas de desalojo.
oportuna la
IV DECISIÓN [Omissis] 3. ORDENA la remisión de copia certificada de esta decisión a la Inspectorla Gencral de Tribmales para que determine s existe alma responsabilidad discpinaria.
Así, visto el contenido de la sentencia dictada por la Sala Constitucional el 23 de enero de 2011, la Inspectora General de Tribunales Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, ordenó la apertura de oficio del expediente administrativo 110.200, contra el ciudadano Marcos Rafael Rojas García y el 29 de abril de 2013 el Inspector General de Tribunales, Magistrado Juan José Mendoza Jover acordó abrir averiguación para determinar cualquier irregularidad que pudiera existir al respecto, comisionó a la Inspectora de Tribunales Ana Mercedes Infante para que realizara la investigación y ordenó las notificaciones pertinentes.
DELACTO CONCLUSIVO El 27 de noviembre de 2015 la Inspectoría General de Tribunales dictó el correspondiente acto conclusivo de la investigación disciplinaria realizada contra el Juez MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA (folios 286 al 298, pieza 2), en el cual indicó lo siguiente:
"quedó demostrado que el Juez MARCOS RAFAEL ROJAS GARCIA, a cargo del Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, incurrió en abuso o exceso de autoridad, al dictar sentencia en el expediente judicial Núm. 4649, conociendo en alzada el juicio que por Zobeida Scarbay de Castillo, en contra de la ciudadana Cristina González de Vargas, en la que acordó desaplicar el articulo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en aplicación errónea del control difuso de la constitucionalidad, sin esgrimir las razones de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar tal decisión.
[Omissis] En base en lo anterior, es evidente que el Juez MARCOS RAFAEL GARCIA ROJAS, incurrió en abuso de autoridad, por cuanto suplir alegatos y defensas que sólo le correspondian realizar a las partes en conflicto, violando su deber de director del proceso, según lo establecido en los arlículos 12 y 243 numeral 4 del Código de Procedimiento Civil, y como indicó la Sala Constitucional en su sentencia del 28 de octubre de 2010, en la que anuló la decisión dictada por el Juez investigado, que dictó una decisión contradictoria e ininteligible, al no esgrimir las razones, tanto de hecho como de derecho en la causa judicial en estudio, puesto que tenla la obligación de motivar dicha decisión, más aún cuando desaplicó un articulo previsto en la Ley con fundamento en el control difuso de la Constitucionalidad, lo que implicaba una mayor protección del orden constitucional en aras de la seguridad jurídica.
[Omissis] Es decir, que el Juez investigado omitió lo establecido en la ley adjetiva civi, al n de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar su decisión de desaplicar la normativa legal aplicable al arrendamiento inmobiliario, específicamente el articulo 40 de la Ley de Arrendaniento Inmobiliario, en el cual desaplicó el referido artículo por via del control difuso Constitucional. sin estar llenos los requisitos minimos exigidos por la Lex. El juez investigado al momento de decidir consideró que, pese a que la demandada era poseedora del inmueble y ante la existencia de un contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado que prejuzgó como simulado, en el que se encontraba insolvente en el pago de los câones de arrendamiento, le otorgó una prórroga legal a éste, cuya naturaleza es propia de los contratos a tiempo determinado; con esta actuación el Juez investigado abusó de la función jurisdiccional que le fue dada, pues en su decisión no aplicó la normativa previsto en la ley especial de arrendamientos inmobiliarios, que es expresa al señalar la existencia del beneficio de la prórroga legal sólo para aquellos arrendatarios que se encuentren solventes y se trate de un contrato a tiempo determinado [..].
(Omissis] Es evidente que el Juez investigado, con dicho actuación desplegada en la mencionada causa judicial, incurrió en abuso de autoridad, al desaplicar el articulo 40 de la Ley [..]. por via del contro! difuso Constitucional, debido a que no estaban dados los supuestos de hecho y de derecho para aplicar dicha garantía Constitucional, siendo que tenía la posibilidad de pronunciarse, bien sea sobre el carácter fraudulento del contrato y de su inexistencia, o por el contrario, ha debido reconocer su validez con todas sus consecuencias y, por ende debió_aplicarle las normas que eran pertinentes, actuación que no realizó configurándose asl en una decisión contradictoria e inmotivada, vulnerando con ello la tutela judicial efectiva, conducta que es reprochable y sancionada por el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Refiere el Juzgador en su escrito de alegatos que su actuación fue cónsona y ajustada a derecho, argumentando los mismos motivos expresados en la sentencia que fue objeto de revocación por parte del Trbunal Supremo de Justicia, y que dio inicio a la investigación disciplinaria, discrepando con ello de las razones juridicas que quedaron expresadas en el fallo de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República. Es por ello, que esta instancia administrativa disciplinaria, concluye que el Juez investigado actuó con abuso de autoridad, por cuanto procedió de forma desmedida al desaplicar el articulo 40 de la Ley [.]. por vla del control difuso de la Constitucionalidad, en pronunciamiento de su sentencia del 18 de febrero de 2010, sin estar llenos lo Isic) extremos de Ley para ello, dictando por tanto una decisión contradictoría e inmotivada, conducta subsumible en el ilicito disciplinario previsto en el numeral 14, del artculo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que acarrea la sanción de destitución" [Subrayados de este Tribunal] ⅢⅢ1 DEL ESCRITO DE DESCARGOS El 24 de marzo de 2015 el Juez acusado presentó escrito de descargos ante la Inspectoria General de Tribunales (folios 203 al 223, pieza 2), en el cual manifestó:
"Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de exponer y alegar como punto violación a mi [SIC] derechos de presunción de inocencia, derecho a la defensa, debido proceso judicial e incorrecta notificación, que vician la misma, al menos al se me permita conocer y controlar lo que fue objeto de inspección integral.
[Omissis] Como he dicho, la denuncia y consecuente investigación, tiene su origen en mi sentencia del 18 de febrero de 2010, caso desalojo arrendaticio [..], mediante la cual desapliqué el articulo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en concordancia con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 334, 345 y 336 de la Constitución [...]. revocada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia del 28 de octubre de 2010, expediente N° 10-0506 y donde consideró oportuno pasarme a la Inspectoría General de Tribunales, para que determinara si tendría responsabilidad disciplinaria.
En efecto, la Sala Constitucional consideró que mi decisión era inmotivada (por contradicción) e ininteligible (?) e indicó que el articulo 40 de la referida Ley, solo era aplicable a los contratos a tiempo indeterminado. Lo cual no es cierto, porque se esa prorroga [SIC] legal, tiene su antecedente en el viejo Decreto Ley sobre Desalojo de Viviendas, que se aplicaba a los juicios de desalojo. Normas que han quedado en desuso por la nueva legislación arrendaticia para inmuebles destinados a casa de habitación familiar o personal, de orden social y garantiza ei abuso que se venía cometiendo en materia de desalojos, bajo argucias formales, incluso de considerar al locatario insolvente.
a) Ahora bien, la Sala Constitucional no hizo un análisis abstracto del control difuso de la constitucionalidad, como lo sostiene su doctrina, sino que entró a realizar análisis concreto de la decisión, al punto que le indicó al nuevo (a) Juez que ha de decidir, que tiene que concluir en un fraude por simulación o en la existencia de un contrato de comodato, cuestión que le está vedado [...].
[...] Tal vez mi sentencia fue vacilante, porque del expediente se observa como [SIC] se pretenda desconocer un derecho de posesión de más de treinta años y la demandada tuvo una defensa pésima, si se observa el expediente, para probar que los terrenos eran distintos, su abogada promovió una inspección judicial y no una experticia (que tiene un alto costo). De modo que, actué con base legal y quince [SIC] dar, en ese caso, concreto, igualdad tanto al inquilino a tiempo determinado como al sin plazo, pero, sólo con validez para ese caso, como me lo exige la noma[...].
b) En mi sentencia, argumento [SIC] (motiva) que existan indicios [., de un comodato y que el contrato de alquiler era fraguado, pero, que se demostró que la demandada firmó los contratos de alquiler y reconoció que estaba arrendada (aunque alegó haber comprado la casa y que el terreno era otro) y empezó a consignar luego dejó de hacerlo, todo ello está en el análisis de las pruebas. Es por elo, que declare para declarar un comodato o una simulación; pero, en un acto de jusicia desaplique norma, y la Comisión Judicial, en previsión, a dictar una Resolución que paralizará todos consagra un esos juicios [..] los contratos a tiempo indeterminado, trátese de una demanda de resolución, o dn
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entrega de la cosa arrendada por vencimiento del término o de desalojo [..] LA CONSECUENCIA SIEMPRE SERÁ EL DESALOJO [..]. Pero, el problema de fondo normas legales inquilinarias que le crean desigualdad por discriminación y al final, violan su derecho a la defensa y a su debido proceso. ¿Por qué?, según los artículos 38 y 39 eiusdem, la prorroga [SIC] legal opera de pleno derecho y solo para los contratos a tiempo indeterminado y conforme al articulo 40 eiusdem, si el arrendatario está [SiC] no está solvente en sus obligaciones no opera este beneficio. Estas normas coliden con los articulos 21 y 49, ordinal 1°, la Constitución. Pero, es una maxima [SIC] de experiencia de todas las argucias y artimañas que se valen los arrendadores para hacer incurrir en uns aparente insolvencia al arrendatario y lograr un desalojo, más, si el Juez atiende a las formas, que a la realidad. Esta breve inconstitucionalidad que fue detectada...'según el texto del fallo de la Sala [...] d) Entonces. ¿frente a la situación [..] no se puede hacer uso de la del control difuso de la constitucionalidad [..] para desaplicar el artículo 40 de la ley [...] y extender la está en el expediente que la demandada llevaba ocupando la vivienda desde el 11 de 2003? Claro que si [SIC] se puede y para ello existe base legal y constitucional [..] Luego no está configurado el abuso de poder o extralimitación, que tanto en la jurisprudencia de la Sala Politico Administrativa, como en la de la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento, se configura cuando el Juez actúa sin base legal y se extralimita en sus funciones concurrentemente [...] Tampoco se puede considerar, que la inmotivación señalada por contradicción, ex ordinal 4° del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil, sea, el incumplimiento de un deber al cual se refiere el ordinal 11° del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, como causal de destitución, toda vez, que ésta se refiere a los deberes y deberes procesales. [..] [Omissis] Y el Código de Ética del Juez y Jueza Venezolano, abrogó por mandato de su Disposición Transitoria Unica, como causal de destitución, el incumplimiento de un deber y obligación por parte del Juez como sanción de destitución, siendo que los presuntos hechos ocurrieron bajo la vigencia de este estatuto y aunque hubiesen sido antes, la Ley tendria efectos retroaclivos, como lo indica el artículo 24 de la Constitución, en concordancia, con el ordinal 6° del artículo 46 eiusdem, se destifipificó la falta como sanción.
e) Quien suscribe reconoce que en la parte conclusiva del fallo y en su dispositivo, existe una contradicción, pues, como lo señala la Sala Constitucional, razón que existian indicios que demostraban que la casa objeto de desalojo, venla siendo ocupada desde el 11 de junio de 1977 y que se estaba en presencia de un comodato encubierto bajo la forma de arrendamiento, pero conclul que existia un arrendamiento y que la demandada estaba insolvente, porque ésta lo reconoció, no alegó ni la simulación ni la existencia de un comodato, que se tramitarlan por otro tipo de juicio.
ella insolvente, pero lo hice utilizando el control difuso, al caso concreto, desaplicando el articulo 40 de la Ley [..]. porque discrimina y no toma en consideración la condición de débil económico de la demandante, el tiempo de ocupación y la necesidad de un plazo para desalojar y por ello en la sentencia, le indique [SIC] que debía demnandar la simulación o pedir la prescripción adquisitiva y ordene que pagara los alquileres, sino el beneficio de la prorroga [SIC] no operaría y por ello, el desalojo fue declarado parcial. LA SALA CONSTITUCIONAL NO DEPARÓ EN ESTO. La basepoder estuvo en el artículo 20 del Código adjetivo civil y en el articulo 334 de la Constitución. Mas reitero le di las consecuencias del contrato de arrendamiento o la existencia del comodato, porque la demandada no me dejó otra altemativa [..]. Pero indeterminado, por razones de desigualdad, como ya he indicado y razones sociales y económicas que reconozco no se detallaron en el fallo [..] Pero no se atrevió la Sala [...] a declarar que había incurrido en error inexcusable, porque en el fondo sabía que tenia razón [...] g) Por otro lado debo observar en mi descargo, se me pretende abrir un procedimiento por este hecho, cuando la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, previa Resolución giró oficio a todas las Rectorías judiciales (..), donde se ordenó la suspensión indefinida de todas las ejecuciones de desalojo o medidas cautelares. Se trata de un hecho notorio judicial y comunicacional, porque salió publicado por los medios impresos y ha sido motivo de encendidos debates. Lo que en el fondo os otorgar una prorroga [SiC) legal a todos los arrendatarios estén estos solventes o insolventes.
[Omisss] h) Luego, yo como Juez me extralimité, abuso o ¿aplique [SiC] correctamente el mandato constilucional de hacer justicia, en un caso concreto, adelanténdome a una legislación social progresiva? ¿No son fas nomas constitucionales que reconocen derechos y garantías, de aplicación inmediata? Porque de lo [SiC] se trata en el fondo, es que la consecuencia: el desalojo del inquilino, débil jurídico y débil económico, que padece el drama social, de no poseer vivienda, ni dinero suficiente para adquirir una o al menos, para pagar los alquileres o defenderse judicialmente, debe garantizársele un desalojo no arbitrario, abusivo, recurriendo a argucias o normas no acordes con nuestra Constitución [...] i) No se puede imputárseme [SIC] mi falta de idoneidad, un solo caso aislado, para ocupar el cargo de Juez titular del Juzgado superior, cuando durante ocho años, un mes y 6 dias, tuve las competencias laboral, de niños y adolescentes, civil, mercantil, bancaría, amparo y de transito [SIC] y único tribunal en todo el estado Falcón, como alzada de los Juzgados de la Categorias "B y "C". Y Juzgado de primera instancia de i) [..] la Sala Constitucional no me imputo directamente falta disciplinaria, sino que remite copia de la sentencia, para que la Inspectoria General de Tibunales determine Conslitucional consideró que mi decisión era inmotivada, me lamó la atención para aplicable a los contratos a tiempo indeterminado, lo que quiere decir que en el ánimo [Omissis] Se me acusa que incuri en un anális o motivación contradictoria del fallorevocado, mediante los a analizar los motivos que tuvo el Juez para establecer los rayados de fuente original) de julio de 2016, el Juez acusado presentó escrito de descargos ante la U.R.D.D. de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial (folios 11 al 23. pieza 3). en el cual manifestó:
A) Incompetencia: Soy articulos 39 y 40 de [SIC] Codigo de Ética Judicial (..) y de la propia jurisprudencial del TSJ (..) la CJ del TSJ, carece de absoluta competencia, para suspenderme sin goce de sueldo y para sujetario indefinidamente al arbitrio de la IGT, de presentar un acto conclusivo, sobre uet do varas fatas que esa Instituclón. La compelencia disciplinaria para los jueces de Carrera o para aquellos Jueces suplentes o provisorios a que se les impute una falta, està atribuida exclusivamente, al conocimiento de los Tribunales Disciplinarios Judiclales (..).
B) Inmotivación del acto de la CJ del TS.J: (..), denunció la inmotivación del acto mediante el cual, la CJ del TSJ, no me imputo [SIC] la presunción de haber cometido falta o faltas disciplinarias, que diera tugar a una amonestación, suspensión o destitución. No fue sino hasta 24 de enero de 2013, cinco ($) [SIC] años y cinco (5) meses después, cuando se me hizo la primera acusación por parte de la IGT.
C) Atemporal. Ese acto de suspensión del cargo de hecho por la CJ del TSJ, dejó al libre arbitrio de la IGT y sin sujeción a tiempo alguno, para presentar el acto conclusivo, que no se sabe a cuál está sujeta la suspensión del cargo, que no se termina de decidir, a cuál, si al juicio que consta en el expediente N° AP61-R-2015- 000021 o al AP61-A-2016-000012, o las causas administrativas disciplinarias Nos.
140-113, 10481 y 120-259 (...).
D) Los jueces titulares volveros al control de la CJ del TSJ. Ciertamente para agravar toda la situación y atar de manos a la JDJ, la SC del TSJ, el 17 de diciembre reincorporación de un Juez sometido a juicio ni para ordenar el pago de sus salarios, pues eso era competencia de la CJ y de la DEM. Y asl lo deja entrever la decisión que le negó la solicitud de aclaratoria de la sentencia del 29 de abril de 2015, al indicar que el TDJ no era competente para pronunciarse al respecto, ya que su función es solo disciplinaria (...).
[Omissis] (...), con la sentencia de la SC del TSJ no se me acusa, se considero [SIC] pasarme a la IGT, para que considerara si habla meritos [SIC] para acusarme. Asf lo consideró la IGT y en tal sentido, alego:
I) (..) los requisitos del abuso de poder, para que opere la falta del articulo 29 ordinal 15, del CEJ (..). Ese illcito disciplinario está irremediablemente atado a dos supuestos fundamentales y concurrentes para que se produzca el abuso de poder: 1) Que el Juez carezca absolutamente de base legal: y ya señalé y consta asl en el Expediente que mi decisión se fundamentó en el Art. 20 del cpc (Art. 334 de la CRBV), mejor conocido como control difuso de la constitucionalidad, poder que delentan todos los jueces de la República, que solo tiene efectos temporales y entre último requisito fue el que la SC del TS., señala que no explique, por lo que deb! Art. 20 del cpc [SIC] (Art. 334) y los articulos 26, 49 y 257 de la CRBV (falt indicar el articulo 21 ejusdem y señalar porqué colidien con dicha norma legal).
del Ar. 40 de la LA., derogado durante y posteriormente a la decisión que revocó mí fallo y como he dicho, no señalé la otra norma constitucional, ni explique [SiC] los motivos de su inconstitucionalidad.
I) Pero, si la falta hubiese sido desproporcionada, la SC del TSJ no hubiese separado en imputable [SIC] error inexcusable. Y no pasarme a la IGT para que considera [SIC] si había incurrido en alguna falta [..]. Pero la IGT decidió acusarme [...] 3.1) Señalé que exislían indicios en el expediente, que hacían pensar en la existencia de un comodato ponian en duda el tiempo de la relación arrendaticia. El que haya procesal, me referia al tiempo de la relación arrendaticia(No lo expresa asi)[..].
3.2) De manera que hay que ponderar, que tramite [SIC] el procedimiento conforme lo ordena el artículo 893 del cpc [SiC]: valor las pruebas, en el sentido señalado y razonamiento marco bien y no puede afirmarse que decidi que existia un comodato, por que la parte motiva señalé que existian "una serie de indicios que hacía pensar en la existencia de un comodato, trastocado en arrendamiento", porque [SIC] dije esto [SIC]. porque que la serie de indicios que he señalado, me llevó a pensar que el arrendamiento se inició desde el, 11 de junio de 1.977 y no desde la fecha de la escritura de los contratos [..] Y la falta de aplicación con todas la consecuencias, del Art. 40 de la LA. lo encuentra la SC del TS.J., ... pero de conformidad con el articulo 20 del Código de Procedimiento Civil y con fundamento en los hechos simulados que Constitución nacional", se [SiC] desapliqué dicha norma y concede el beneficio de la prorroga [SIC] [...] 3.3) Al respecto, la SC del TSJ, afirmó que yo no había señalado los puntos de esa norma que colida con nuestra Constitución y que ella, no delectaba tampoco, pero que lamentaba no haber tenido a la vista el expediente principal, para determinar la verdadera naturaleza juridica que unía a las partes. La doctrina del CDJ, sostiene que puedo explicar las razones, de haber dictado una decisión de esa, naturaleza.
Lo que me condujo desaplicar el arlículo 40 de la LA.,con fundamento en el articulo 20 y en los arlículos 26, 49 y 257 de la CRBV, fue esa serie de indicios que he insolvencia de la arrendataria y afimé que aplicaba el control difuso de la constitucionalidad.
De modo, que ni estoy regido con lo que dijo la SC del TSJ, inmotivación por contradicción, que hace no entendible el fallo y que al no explicar en qué aspecto el plazo fijo y frente a un o una arendataria incumplidora de sus obligaciones[...] [..] decidi de esa forma, por un principio de igualdad entre arrendadora y arrendatario (débil jurídica y económica) y porque a mi criterio, no deberia (Y no debe determinado, en los que respecta, a los desahucios o lanzamientos a la calle de los arrendatarios (as), por el simple hecho de no estar solventes[.] IV Me acusa de haber violado el Art: 26 de la CRBV, es decir, el principio de la tutela judicial efectiva, al ir más allá de mis funciones y fundamentame en una norma legal y por ello se finca la IGT, en una norma legal, que ciertamente prevía [SIC] que la
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prorroga [SIC] legal solo era aplicable a los contratos a tiempo indeterminado y para arrendatarios solventes (No vigente).
Esa afirmación no es taxativamente cierta, que para los contratos sin plazo fijo, no se hubiera previsto una prorroga [SIC] logal, porque la LA., vigente para la época de mi decisión preveía un breve lapso para la desocupación en los contratos a tiempo en el viejo Decreto Ley sobre Desalojo de Viviendas. que se aplicaba a los juicios de desalojo. Afirmar lo contrario es caer en una interpretación excesivamente positivista [...] La LA.. y su Art. 40. fueron derogados por la nueva Legislación, apegada a nuestra CRBV. con criterio social. de derechos y de justicia, para inmuebles destinados a casa de habitación familiar o personal: y para evitar abusos de desalojos arbitrarios y donde predonina la verdad o material sobre lo formal, independientemente de la condición del poseedor, a saber.
4.1) La CJ del TSJ. previa Resolución. guó oficio N° CJ-11-0003. de fecha 14 de enero de 2010. que al efecto expreso. ". instruir con carácter de urgencia a todos los jueces y jueces [SIC] de sus Circunscripciones Judiciales respectivamente y con mayor énfasis a los Jueces Ejecutories de Medidas sobre la limitación temporal de toda practica [SIC] de medida judicial de carácter ejecutivo o cautelar que recaiga hecho notorio judicial y comunicacional y que fue motivo de encendidos debates 4.2) La Ley contra el Desalojos y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, según Gaceta oficial N° 39.668. del 06 de mayo de 2011, [..] protege el arrendamiento de viviendas familiares. y ocupantes o comodatarias, sin distinción, si la relación jurídica es a plazo fijo o indeterminado. Se suspendió toda ejecución judicial de desalojo y se dispuso un procedimiento administrativo previo al judicial y la prohibición de desalojos cautelares [.] Esa Ley se promulgó meses antes.
4.3) La Ley de Regulación Y Control de los Arrendamiento de Vivienda, Gaceta Oficial N° 39.783. del 28 de noviembre de 2011, cuyo articulo 2, señala que es una materia que debe manejarse con criterio social y en el [..]articulo 5, indica [..]el ordinal 6° de esa norma, señala que debe privar la realidad sobre las formas o apariencias; el ordinal 8° que prohíbe la discriminación de todo tipo, así que Ud. podrá decir, como Ud. es un arrendatario sin plazo e insolvente, no tiene derecho a un plazo para el desalojo Véase el Art. 92). Esta Ley fue dictada 28 días después de la revocatoria de mi fallo). 1 .] Y ambas Leyes ordenan su aplicación retroactiva a todos las procedimientos de desalojo en curso, que mandaron suspender.
4.4) Y el Pacto Intemnacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Nacrones Unidas, [..] en sus Observaciones N° 4 y 7, relativas al derecho a toda persona a una vivienda adecuada y a la seguridad jurídica contra los desalojos es un deber del Estado Garantizar a toda persona o familia una vivienda y su salud mental y seguridad a no ser desalojado arbitrariamente y asl evitar que la "la lógica perversa del capitalismo siga enviando personas a la calle". Este Tratado, no es más que pare. del desarrollo, del Ar. 23 del la CRBV (bloque de la constitucionalidad) [Omissis] [..] Y dejo constancia, con todo lo que he expuesto, no estoy diciendo que "tomé una decisión cónsona y apegada a derecho" y menos enlras [Sid"... en discrepancia con en pelo la seguridad juridica y el orden publico y violado la tutela judicial fue derogada por una normativa mãs justa y social, tal como le he expresado y que fue la IGT no toma en cuenta, consciente di: elo. La idoneidad no se puede imputar a priori, a la ligereza. Sin menoscabar la presunción de inocencia y el principio de igualdad (Ar. 26 ejusdem).
IV DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA En fecha 2 de mayo de 2018, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), s llevó a cabo la audiencia a la cual se refiere el artículo 7 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en presencia del ciudadano MARCOS RAFAEL ROJAS GARCíA en su condición de juez sometido a proceso disciplinario, de la representante de la Inspectoria General de Tribunales, ciudadana YUVITMAR AYALA HUNG, titular de la cédula de identidad V-10.866.096, asi como del Defensor Público Auxiliar Provisorio de Caracas, el ciudadano GENDRY DARIO GONZÁLEZ LANZ, titular de la cédula de identidad V-13.773.223.
Del desarrollo de la mencionada aurliencia se desprende que las partes formularon sus alegatos e hicieron uso de su derecho de réplica, contrarréplica y conclusiones.
Finalizada la exposición de las partes, se dio por concluido el debate, en consecuencia los jueces del Tribunal Disciplinario Judicial, anunciaron a las partes intervinientes que para el dia miércoles 16 de mayo de 2018, a la doce meridiem (12:00 m.) se reconstituiría la audiencia a los fines de dictar ef pronunciamiento decisorio, acto este en el cual se declarò:
"ÚNICO: SE ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a! Ciudadano Mercantil, Bancario y del Tránsito do la Circunscripclón Judicial del Estado Falcón, por la imputación referida al hecho de dictar sentencia en alzada en el cánones de arrendamiento intentó la ciudadana Nelly Zobeida Scarbay de Castillo contra la ciudadana Cristina González de Vargas, desaplicando el artículo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobillarios, en ejerciclo erróneo del control difuso de la constitucionalidad, sin esgrimir las razones de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar tal decisión; que pretendidamente era subsumible para el momento de la ocurrencia de los hechos en la causal disciplinaria contenida en el numeral 14 del artículo 33 del derogado Código de Ética del Juez Venezolano y la Jureza Venezolana del 2009, y actualmente en el numeral 15 del articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana del 2015, que prevé la sanción de destitución".
V DE LA COMPETENCIA Este Tribunal Disciplinario Judicial antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, pasa a analizar su competencia para conocer de la presente causa; y en tal sentido debe señalar:
Venezuela se consagró la creación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, la cual estaría a cargo de los tribunales disciplinarios que la ley instituyese para ello y así lo consagró expresamente el articulo 267 constitucional:
"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobiemo y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República de las Defensor las Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y disciplinarios que determine la ley.
fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictarà la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribuna! Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales" (Negrillas del Tribunal).
De conformidad con el articulo anterior, se desprende entre otras cosas la potestad disciplinaria atribuida en forma exclusiva a los tribunales disciplinarios creados por la Constitución Nacional. De esta forma, en fecha 28 de diciembre de 2015 fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207, el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, (derogó el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236, con su reforma parcial según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha 23 de agosto de 2010), el cual establece en el Capítulo V lo relativo a la competencia en materia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República que se encuentren sujetos al ámbito de aplicación del referido Código, y al efecto establece en sus articulos 32 y 33 lo siguiente:
"Articulo 32. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, son el Tibunal Disciplinario Juicial y la Core Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código. Los Tribunales disciplinarios judiciales contarán con un Juzgado de Suslanciación, la Secrelaría correspondiente y los servicios de Alguacilazgo.
"Articulo 33. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de primera instancia, la aplicación de los principios rientadores y deberes en materia ética contenidos en el presente Código, en este orden el Tribunal ejercerá las funciones de control durante la lase de investigación; decretarà las medidas cautelares procedentes; celebrará el juici; resolver las incidencias que puedan presentarse;
ejecución y cumplimiento de las mismas".
Ahora bien, no obstante lo anterior, se hace necesario señalar que dada la publicación de la sentencia 516 de fecha siete 7 de mayo de 2013 y su aclaratoria de fecha diecisiete 17 de octubre de 2013, distinguida con el N° 1.388, ambas dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la competencia de este órgano jurisdiccional se encuentra modificada cautelarmente hasta tanto se decida el fondo del nulidad por inconstitucionalidad ejercido en contra del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia 516 ya mencionada, suspendió de manera cautelar, la aplicación de varios articulos contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, modificando entre ellos el artículo 2 referente a la competencia de este Tribunal para juzgar a los jueces que no ostenten la condición de titular, por ellolimitó el âmbito de aplicación a aquellas causas en las cuales el denunciado o denunciada haya ingresado a la carrera judicial mediante la realización de un concurso público de oposición.
Así mismo, ordenó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Jurisdicción Disciplinaria, ahora con funciones de Juzgado de Sustanciación del Tribunal Disciplinario Judicial; correspondiendo a dicha Oficina la tramitación de la causa hasta la fase de fijación de la audiencia oral y pública, tal como lo señala la aclaratoria publicada bajo el N° 1.388 de fecha 17 de octubre de 2013, dictada por la mencionada Sala.
Igualmente, resulta propicio aludir que la sentencia N° 6, de fecha 4 de febrero de 2016, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa llevada por esa Sala, la medida cautelar innominada contenida en la sentencia N° 516 de fecha 7 de marzo de 2013, emanada de la manera cautelar tiene suspendida la facultad para conocer de las causas llevadas a jueces que no hayan ingresado por concurso al ejercicio de la función jurisdiccional lo cual comprende a los jueces no titulares (provisorios, temporales, accidentales). "a fin de evitar contradicciones entre las disposiciones contenidas en la Carta Magna y la jurisprudencia de
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mantener laplcabilid del Cdigo de Etica del Juez Veneolano y Juea Veneola, si alterar las competencias del a Comisión Judicil del Trbunal Supremo e jstica, rgano encargado del control, disciplina y gobierno judiclal".
En consideración a los razonamientos anteriores y en atención a la decisión emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y su aclaratoria, este correspondía a este órgano continuar la tramitación de la presente causa, como se realizó.
En el caso de autos, se observa que el Juez sometido a proceso disciplinario fue designado como juez titular, tal y como consta en el directorio de jueces publicado en la página web del Tribunal Supremo de Justida, razón por la cual corresponde a este Tribunal el conocimiento del presente asunto. Asi se declara.
267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 39 y 40 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana —vigente para la fecha en la dictada por la Sala Constitucional dei Tribunal Supremo de Justicia y visto que el juez procesado ostenta la condición de Juez Titular; este Órgano Jurisdiccional se declara COMPETENTE para conocer de la presente causa. Así se declara.
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Conforme se observa de las actas procesales, este Tribunal deja asentado que los hechos controvertidos en la presente causa están referidos a verificar si el Juez sometido a proceso disciplinario presuntamente incurió en abuso o exceso de autoridad al dictar sentencia en el expediente judicial Núm. 4649, conociendo en alzada en el juicio que por desalojo por falta de pago de cánones de arrendamiento intentó la ciudadana Nelly Zobeida Scarbay de Casillo en contra de la ciudadana Cristina González de Vargas, en la que acordó desaplicarel artculo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobilirios, en aplicación errónea del control difuso de la constitucionalidad, sin esrimir las razones de hecho y de derecho que lollevaron a tomar tl decisión. En consecuencia, el lmie de la controversia se circunscribe a estos aspectos sobre los cuales est instancia fundamentará su decisión.
VI DE LAS PRUEBAS Las siguientes documentales fueron promovidas por la Inspectorla General de Tribunales, y siendo que se atan de copias cerifcadas estos medios probatorios se aprecian de conformidad cono establecido en el rtclo 11 dl Cödigo de Procedimiento Civil en concordancia con el encabezado del artículo 429 elusdem en relación con lo valor probatorio que señala el articulo 1.359 del referido Código Cill, toda vez que los facultado para dar fe pública de su contenido; y se valoran de la siguiente forma:
1. Copia certificada del acta levantada el 13 de noviembre de 2013 por la Secretaria del Tribunal Superior Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, adminiculada con el asiento número 3 del Libro Diariollevado por esa Alzada el 12 de enero de 2010, (folios 164 al 166, 85 y 86 de la primera pieza) en la que se puede observar que el Juez investigado dejó constancia que se le dio entrada al recurso de apelación el 12 de enero de 2010 y se fijó el procedimiento conforme al artículo 893 del Código de Procedimiento Civil; este Tribunal Disciplinario Judicial observa que el mismo es impertinente por cuanto no guarda relación con el hecho controvertido en la presente causa, especificamente el presunto hecho de dictar sentencia en el expediente judicial Núm, 4649, conociendo en alzada el juicio que por desalojo por falta de pago de cánones de arrendamiento intentó la ciudadana Nelly Zobeida Scarbay de Castillo, en contra de la ciudadana Cristina González de Vargas, en la que acordó desaplicar el artículo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en aplicación errónea del control difuso de la constitucionalidad, sin esgrimir las razones de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar tal decisión 2. Copia certificada de la sentencia de fecha 18 de febrero de 2010 (folios 138 al 147 de la primera pieza), dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, declarando parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, y ordenó consultar la misma a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por haber aplicado un control difuso de la constitucionalidad: por lo tanto se valora en cuanto prueba que en fecha 18 de febrero de 2010, el Juez sometido a proceso disciplinario dictó sentencia en el expediente 4649 y desaplicó el articulo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobilirios, afianzando sus razones de hecho y de derecho en el articulo 20 del Código de Procedimiento Civil. razones estas para indicar que efectivamente el Juez motivó de manera exigua su decisión.
3. Copia certificada del acta levantada por la Secretaria del Tribunal a cargo del Juez investigado en fecha 13 de noviembre de 2013 (folios 164, 95 y 96 de la primera pieza), en la que se dejó constancia que e1 27 de abril de 2010, se dictó auto mediante el cual se declaró firme la sentencia dictada por ese Tribunal de alzada, asi como el asiento número G del Libro Diarl del Tribunal el 27 de abril de 2010; este Tribunal DisciplinarioJudicialobsoynolmisosmpertinentoorcuannouardarolaióon conalhcho cotrovortidoon la presntecausa_espelicamenteelpresunto_hcho dlo dictar sontoncia on @l expediente judicial Núm 4649, conociendo en alzada el juicio quo por ctosaloio por fala de pago de cénones de arrendamiento intentó a ciudadana Nlly Zobolda Scarbay de Casilo. en contra de la cudadana Cristina González ste Varges. en la que acordo dosapicar el rticulo 40 de la Ley de Arrendamiontos Inmobiliros, en aplicación errónea del control difuso de la constilucionalidasl. in esgrimir las razones cle hecho y do derecho que lollevaron a tomar.tal decisión 4. Copia certificada de la sentencia dictada el 28 de octubre de 2010 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jusica (folios 2 al 16 de la primera pieza), en la que se anuló la sentencia dictada por el Tribunal a cargo del Juez el 18 de febrero de 2010; por lo tanto se valora en cuanto prueba que el 28 de octubre de 2010.la Sala Constitucional del Trbunal Supremo de Justicia anuló la sentencia dictada por e! Juez sometido a proceso disciplinario el 18 de febrero de 2010, indicando que la sentencia dictada por el Juez. es contradictoria e ininteligible. al solo indicar el fundamento del arículo 20 del Código de Procedimiento Civil y la supuesta simulación existente en el expediente sobre la relación arrendaticia.
-Documentales presentadas por el Juez acusado:
Los siguientes documentos fueron promovidos por el Juez sometido a proceso disciplinario en copias certificadas y siendo que se tratan de documentos públicos administrativos se tiene como fidedignos por no haber sido presentada prueba que desvirtúe su presunción de veracidad y legitimidad, conforme a las sentencias 300 de fecha 28 de mayo de 1.998 y 209 del 16 de mayo de 2003, respectivamente, emanadas la primera, d la Sla Poltio dministrtiv de la Corte Suprema de Justicia y la segunda de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, medios de prueba —todos éstos— que no guardan relación con los hechos descritos en la delitación de la desechan por ser impertinentes :
1. Copia simple del oficio N° CJ-10-1102 de fecha 6 de julio de 2010 suscrito por la ciudadana Luisa Estela Morales Lamuño, Presidenta de la Comisión Judicial digido al ciudadano Marcos Rafael RoasGarcla (olio 4 de la tercera pieza), medante el cual se le informa que quedó suspendido sin goce de sueldo como Juez Titular del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.
Copia certificada del oficio N° 274-10 de fecha 16 de abril de 2010 suscrito por el Juez Marcos Rafael Rojas García al ciudadano Jesús Codecido, Director de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura con sede en Caracas (folio 24 de la tercera pieza), mediante la cual informó que disfrutaria de las vacaciones correspondientes al periodo de vacaciones (2008-2009).
3. Copia certificada del oficio N° 275-10 de fecha 16 de abril de 2010 suscrito por el ciudadano Marcos Rafael Rojas García dirigido al ciudadano Domingo Arteaga Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón (folio 26 de la tercera pieza), a través del cual le informó que le hizo entrega del Tribunal al ciudadano Camilo Hurtado Lores, por cuanto fue juramentado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para cubrir un perfodo de vacaciones (2008-2009).
ciudadano Marcos Rafael Rojas García dirigido a la ciudadana Luisa Estela Morales Lamuño, Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (folios 27 de la tercera pieza), a través del cual le informó que el día 20 de abril de 2010 un lapso de 26 dias hábiles, suplido por e! Doctor Camilo Hurtado Lores.
ciudadano Marcos Rafael Rojas Garcia dirigido al ciudadano José Trinidad Oquendo en su carácter de Jefe de la Dirección Administrativa Regional Falcón, con atención a la Licenciada Neyla García Bravo, en su condición de Jefe de Personal de la dirección Ejecutiva de la Magistratura Regional (folio 28 de la tercera pieza), mediante el cual le informó que hizo entrega del Tribunal Superior al Doctor Camilo Hurtado Lores, juramentado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para cubrir un periodo 6. Copia certificada del Acta N° 21 de fecha 16 de abril de 2010 suscrita por el ciudadano Marcos Rafael Rojas García (folio 29 y 30 de la tercera pieza), mediante el cual se dejó constancia que hizo entrega del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Camilo Hurtado, plenamente designado por la Comisión Judiciaf del Tribunal Supremo de Justicia según oficio CJ-10-0304 de fecha 18 de febrero de 2010 juramentado por la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia según acta de fecha 24 de marzo de 2010 para cubrir la vacante del Juez titular quien disfrutaría de su periodo vacacional 2008-2009.
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7. Copia certificada del Acta N° 2 de fecha 16 de abril de 2010 suscrita por el ciudadano Marcos Rafael Rojas Garcia (folios 31 y 32 de la tercera pieza), mediante el cual se dejó constancia que reasumió funciones en el Juzgado Superior en lo Civil, Mercanil, Bancaro y del Tránsito de la Circunscipción Judicial del Estado Falcón al ciudadano Camilo Hurtado plenamente designado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia según oficio CJ-10-0304 en fecha 18 de febrero de 2010 juramentado por la Presidencia del Trbunal Supremo de Justicia según acta de fecha 24 de marzo de 2010, luego de habérsele vencido el reposo otorgado por el Servicio Médico el 29 de mayo de 2010.
ciudadano Camilo Hurtado Lores dirigido al ciudadano Domingo Arteaga, Juez Rector mediante el cual le informó que en el lapso comprendido entre el 20 de abril al 25 de mayo de 2010 tomó posesión como Juez Temporal del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón en virtud de las vacaciones del Juez Titular Marcos Rafael Rojas García.
9. Copia certificada del oficio N° 398-10 de fecha 31 de mayo de 2010, suscrito por el ciudadano Marcos Rafael Rojas García dirigido a la ciudadana Luisa Estela Morales Lamuño, Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (folio 34 de la tercera pieza), a través del cual le informó que en esa misma fecha se reincorporó a sus funciones habituales luego de cumplidas sus vacaciones.
10. Copia certificada del oficio N° 394-10 de fecha 31 de mayo de 2010, suscrito por el ciudadano Marcos Rafael Rojas Garcia dirigido al ciudadano Domingo Arteaga, Juez través del cual le informó que en esa misma fecha se reincorporó a sus funciones habituales luego de cumplidas sus vacaciones.
11.Copia certificada del oficio N° 393-10 de fecha 31 de mayo de 2010, suscrito por el ciudadano Marcos Rafael Rojas García dirigido al ciudadano Jesús Codecido, Director de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sede en Caracas (folio 36 de la tercera pieza), a través del cual le informó que en esa misma fecha se reincorporó a sus funciones habituales luego de cumplidas sus vacaciones.
12.Copia certificada del oficio N° 393-10 de fecha 31 de mayo de 2010, suscrito por el ciudadano Marcos Rafael Rojas Garcfa dirigido a la Licenciada Neyla García Jefe de la Oficina de Atención al Personal de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (folio 37 de la tercera pieza), a través del cual le informó que en esa misma fecha se reincorporó a sus funciones habituales luego de cumplidas sus vacaciones.
13.Copia certificada del acta de notificación de revisión del expediente judicial N° 4945, de fecha 6 de mayo de 2015 suscrita por el Inspector de Tribunales Johnny Dávila (folio 38 y 39 de la tercera pieza), en la que se dejó constancia de la solicitud del expediente en referencia y que los Jueces Camilo Hurtado y Marcos Rojas están notificados.
14.Copia simple del acta de notificación de fecha 4 de mayo de 2015, suscrita por la Inspectora de Tribunales Luz Maria Figuera en la investigación disciplinaria N° 140113 (folio 40 de la tercera pieza), dejando constancia de su traslado a la sede del Juzgado Superior en lo Civil, Mercanti, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón y la notificación al Juez Marcos Rafael Rojas García.
15.Escrito de fecha 13 de abril de 2013 suscrito por el Juez investigado Marcos Rafael Rojas García consignado ante la Inspectoría General de Tribunales (folios 41 al 43 de lada por los ciudadanos Ramón Saavedra, William Sala y Wilmer Chirinos,
VII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR PUNTO PREVIO:
Antes de abordar el análisis del fondo de la causa, es necesario para este Tribunal pronunciarse sobre lo alegado inicialmente por el Juez sometido a proceso disciplinario mediante el escrito de descargos del 12 de julio de 2016, a tenor de lo siguiente:
Sin solicitar expresamente a este Tribunal que se emita pronunciamiento sobre ninguno de estos puntos, el Juez ha hecho lo que denominó CONSIDERACIONES PREVIAS relacionadas con el acto de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia del 6 de julio de 2010 por el cual fue suspendido sin goce de sueldo y demás beneficios sociales hasta que la IGT presentara ei informe conclusivo que —a su decir- no fue precisado en el acto ni ha sido aclarado por IGT ni por la Jurisdicción Disciplinaria Judicial;
asi estima que por discriminación, se le vulneran sus garantias de presunción de inocencia e igualdad, pues afirma que no es igual defenderse estando suspendido del cargo sin goce de sueldo y teniendo que trasladarse de Coro a Caracas (donde tiene sede este Tribunal).
En ese sentido, alegó cuatro "hechos de cefensa como punto previo" relacionados con la medida cautelar de suspensión del cargo, la cual —en su criterio— padece de los vicios que describe:
Alegó como primer punto previo el Juez sometido a proceso disciplinario que la este que, —según el criterio del Juez sometido proceso discipinaro obstaculia e acceso a la tutela disciplinaria judicial y administrativa, así como a su defensa cabal.
También alegó el Juez sometido a proceso disciplinario como segundo punto prevo, que el acto de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia careció de que dieran lugar a una amonestación, suspensión o destitución, indicando el Juez que con ello se violó su derecho constitucional a la presunción de inocencia.
Asimismo, el Juez sometido a proceso disciplinario alegó como tercer punto previo, que el acto dictado por la Comisión Judicial tuvo falta de temporalidad dejando al ibre arbitrio de la Inspectoria General de Tribunales y sin sujeción a tiempo alguno, para presentar el acto conclusivo, que no se sabe a cuál está sujeta la suspensión del cargo, que no se termina de decidir, a cuál, si a juicio que consta en el expediente N° AP61-R- 2015-000021 o al AP61-A-2016-000012, o las causas administrativas disciplinarias Nrs.
140-113, 10481 y 120-259.
El Juez sometido a proceso disciplinario, indicó como cuarto alegato previo, que:
"para agravar.toda la situación y atar de manos a la JDJ, la SC del TSJ, el 17 de diciembre de 2014, bajo la ponencia del entonces magistrado Francisco Carrasquero reincorporación de un Juez sometido a juicio, ni para ordenar el pago de sus salarios, pues eso era campetencia de la CJ del TSJ y de la DEM. Y asi lo deja entrever ia decisión que me negó la solicitud de aclaratoria de la sentencia del 29 de abril de 2015, al indicar que el TDJ no era competente para pronunciarse al respecto, que su función solo era disciplinaria. Con lo cual a mi criterio, modificó la sentencia y anticipó la decisión de la Corte Disciplinaria Judicial (CDJ), respecto s la apelación que formalizará la IGT.
Al respecto observa este Tribunal que la Comisión Judicial es un Órgano Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia y que en consecu sus actos tienen carácter administrativo, po local el acto de suspensión del 6 de 2010 constituye un acto administrativo emanado de una de las más altas autoridades Poder Judicial y que el mismo como lo reconoce el Juez sometido a proceso discipl carece de referencia a un hecho disciplinario determinado.
presente causa, resulta forzoso para este Tribunal Disciplinaio Judicial declarar TINENTES los referidos alegatos. Así se declara.
En otro alegato previo referido a los defectos del ado en "Últimas Jueza Venezolana, Tribunal que habia alegado ante ese Órgano Inspector, la ausencia de validez del cartel [de notificación del inicio de la investigación]. ya que él había nicado un domiciioen todas las causas y que no era suficiente tresllamadas a un [número de teléfono que no se indica;
que en todo caso, ese escrito de descargos hace inútil cualquier reposición, pues con el mismo estaba ejerciendo su defensa.
Asimismo se refiere el Juez en su última alegación previa que solicitó la acumulación de las causas cursantes ante la Inspectoria General de Tribunales, que estaban paralizadas, para que quedaran comprendidas en un solo acto conclusivo, a lo que la Coordinación para Occidente de la Inspectoría General de Tribunales, le indicó que ese petitorio no se podía hacer porque no se encontraban en el mismo estado.
Al respecto, este Tribunal observa que cualquier actuación que ejecute el Órgano Instructor de la investigación, está sometida al control del Tribunal Disciplinario Judicial de conformidad con lo previsto en la sentencia 1.388 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 17 de octubre de 2013, criterio que fue ratificado por la de febrero de 2016, que reza:
"El control de la investigación emerge del propio diseño procesal. En ese sentido, a tenor del inico aparte del articulo 55 del Código de Ética, la no admisión de la denuncia tiene apelación por parte del denunciante dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación: sólo que, por orden de esta Sala, dicha apelación corresponde ser conocida por el Tribumal Disciplinario Judicial. El archivo de las actuaciones y el sobreseimiento es otro mecanismo procesal de control, en virtud de que en función de lo establecido en el articulo 59, el archivo de las actuaciones compete, a solicitud del Inspector Generad de tribimales. al Tribunal Disciplinario Judicial, decisión que incluso tiene apelación de parte interesada por ante la Corte Disciplinaria Judicial; y el sobreseimiento, que también debe ser decretado por el Tribunal Disciplinario Judicial a solicitud del Inspector General de Tribimales, tiene consulta obligatoria dentro de los cincos dias de despacho siguientes o apelación de parte interesada a tenor del artículo 63.4 del aludido Codigo. El lapso de diez dias hábiles contados mecanismo de control, pues finalizado dicho acto obliga a impulsar la sanción, a solicitar el archivo de las actuaciones o a solicitar el sobreseimiento en los términos descritos".
Por ello, a tenor de lo pautado en el texto del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana en concordancia con el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 47 del referido Código de Ética, corresponde al Tribunal de primera instancia ejercer el control del cumplimiento de los principios y garantias constitucionales durante la fase de la investigación. Por ello, de haberse observado actos violatorios de tales derechos durante la investigación, podría haberse ejercido el derecho a controlar la investigación; pero al haber finalizado la
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investigación, sin haberse reclamado el control de la misma, el acto conclusivo acusatorio quedó firme, y solo cabría haberlo atacado de nulidad, pero no es el caso. Pero visto que en el caso de autos, el primer acto se refiere a la notificación por carteles para el llamamiento a descargos, y siendo que el mismo no fue impugnado sino que fue contetado en sede administrativa, —como lo afirmó el Juez- cualquier defecto en la notificación de llamamiento a participar en la investigación quedó subsanado con la participación en la misma del sueto pasivo, por ell, resulta inti cualquier pronunciamiento al respecto. En relación al último de los actos —la negativa de acumulación en fase de investigación-haber concluido la investigación sin haberse ejercido el control de la misma, ha caducado la posibilidad de tal control y siendo que no hay nuevos actos conclusivos de investigaciones disciplinarias, presentados en relación al mismo Juez, no hay materia sobre la cual pronunciarse. Asi se declara.- IMPROCEDENTE EN ESTA FASE PROCESAL DE JUICIO el alegato referido a la unidad del cartel d llamamiento a la investigación, asi como el relacionado a la acumulación de Tribunales manifestada por el Juez sometido a proceso disciplinario. Así se declara.
DEL MÉRITO DE LA CAUSA:
Ahora bien, en virtud de los argumentos y elementos probatorios presentes en el expediente, así como los alegatos presentados en el acto de audiencia; este Tribunal Disciplinario Judicial pasa a pronunciarse sobre el mérito de la presente causa, considerando:
VIII DE LOS HECHOS Alegó la Inspectoria General de Tribunales que el Juez sometido a proceso disciplinario incurió en en abuso o exceso de autoridad al dictar sentencia en el expediente Castillo en contra de la ciudadana Cristina González de Vargas, en la que acordó desaplicar el rticulo 40 de la Ley de Arendamientos Inmobiliario, en aplicaciónerrónea del control difuso e a constitucionalidad, sn esgrimir las razones de hecho y de derecho que l llevaron a tomar tal decisión.
Al respecto alegó el Juez sometido a proceso disciplinario que considerara si había incurrido en alguna falta.
pensar la Así mismo indicó que existían indicios en el expediente existencia de un comodato lo que ponía en duda el tiempo de la relación a que haya utiliza o l frase "declarado fraguado el urídico" no declarada frase procesal, se refería al tiempo de la relación arrendaticia, habían indicios que indicarán una posesión desde el 11 de junio de 1977 (partidas de nacimiento y otros documentos) por lo cual lugar el desalojo. pero solo en lo relativo al plazo para desocupar que el Juez investigado catálogo de prórroga legal y le concedió tres años, una vez que pagaran la deuda de los cánones y que la sentencia sometida a consulta causara cosa juzgada, y dejó abierta la posibilidad que se demandar a la simulación de la venta o de la prescripción.
También indicó el Juez sometido a proceso disciplinario que tramitó el procedimiento conforme el artículo 893 del código de Procedimiento Civil, valoró las pruebas y determinó con lugar el desalojo por falta de pago de la arrendataria y que la Sala Constitucional afirmó que no habia señalado los puntos de la norma de la Ley de Arrendamientos que colida con la Constitución, y que ella no detectaba tampoco, pero que lamentaba no haber tenido a la vista el expediente principal para determinar la naturaleza jurídica que unía a las partes.
Afirmó que lo que lo condujo a desaplicar el artículo 40 de la referida ley con fundamento en los articulos 20 del Código de Procedimiento Civil y 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue la serie de indicios arriba señalados, decidió asi por un principio de igualdad entre arrendadora y arrendataria y porque a su criterio no deberian existir diferencias entre contratos a plazo fijo y a tiempo dice-— esto crea una discriminación que colide con el artículo 21, 26, 49 y 257 de la Constitución.
IX DEL DERECHO En este aspecto, observa este Tribunal Disciplinario Judicial que el ilicito disciplinario en el cual se encuadraba tal conducta, está establecido en el numeral 14 del articulo 33 del derogado Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actualmente establecido en el numeral 15 del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana el cual establece:
"Artículo 29. Son causales de destitución:
[Omissis] 15. Incurrir en abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones".
Como el hecho presuntamente constitutivo del abuso de autoridad está referido a que el Juez sometido a proceso disciplinario no motivó suficientemente su decisión al dictar
sentencia en la cual desaplicóel artculo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobilirios, sin señalada), resulta pertinente revisar lo que al respecto el Código de Procedimiento Civi pauta:
Artículo 243. Toda sentencia debe contener:
[Omissis] 4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
En ese sentido, l Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 1.718 de fecha 29 de noviembre de 2013, con ponencia del Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, estableció:
"En tal sentido, la motivación de la sentencia constituye una consecuencia esencial de la función que desempeñan los jueces y de la vinculación de éstos a la ley, siendo también que este requisito constituye para el justiciable un mecanismo esencial para contrastar la razonabilidad de la decision, a fin de poder ejercer los recursos correspondientes, y en último término, pars oponerse a las resoluciones judiciales arbirarias, siendo que tal exigencias alcanza a todas las decisiones judiciales, en todos los grados y jurisdicciones, y cualquiera que ses su contenido sustantivo o procesal y su sentido favorable o desfavorable (sentencias 4.370/2005, del 12 de diciembre; 1.120/2008, del 10 de julio; 933/2011, del 9 de junio; y 153/2013, del 26 de marzo, todas de esta Sala).
A mayor abundamiento, y tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional español, la argumentación que precede al pronunciamiento judicial dota a la resolución judicial de la auctoritas y le proporciona la fuerza de la razón (sentencia nro. 237/1997, de 22 de diciembre).
Ahora bien, uno de los requisitos que debe cumplir la motivación de toda decisión judicial, es la racionalidad, la cual implica que la sentencia debe exteriorizar un proceso de justificación de la decisión adoptada que posibilite el control extemo de sus fundamentos, y además, que para tal justificación se utilicen argumentos racionales, es decir, argumentos válidos y legitimos, ya que deben articularse con conocimientos desarrollados por la comunidad cientifica (sentencias 1.120/2008, del 10 de julio; 933/2011, del 9 de junio; y 153/2013, del 26 de marzo, todas de esta Sala).
justicia, legitimándola asi ética y socialmente, para evitar el voluntarismo (sentencia Uno de los requisitos ineludibles que comprende el proceso de justificación, es que el órgano jurisdiccional tome en consideración los alegatos esgrimidos por las partes que componen la relación juridico-procesal, asi como también que examine y valore el respaldo probatorio aportado por aquéllas para sustentar sus alegaciones, ello para arribar al convencimiento de la veracidad o no de tales alegatos (sentencias1.120/2008, del 10 de julio; 93/2011, del 9 de junio; y 153/2013, del 26 de marzo, todas de esta Sala)." En relación con este tema la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N°889 de fecha 30 de mayo de 2008, con la ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haz, estableció:
"Al respecto, es importante señalar que la motivación del fallo debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que expresan los jueces como fundamento de ajustamiento a las pruebas que los demuestran y, las segundas, por la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes; por tanto, el vicio de inmotivación en el acto Jurisdiclonal consiste en la falta absoluta de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean escasos o exiguos, lo cual no debe confundirse con la falta absoluta de motivación que puede asumir varias modalidades: a) que la sentencia no presente malerialmente ningún razonamiento; b) que las razones que haya dado el sentenciador no guarden relación alguna con la pretensión o la excepción, de modo que deben tenerse por inexistentes contradicciones graves e irreconciliables y; d) que todos los motivos sean falsos.".
(Negritas y subrayado de este Tribunal Disciplinario Judicial).
Asimismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 125 de fecha 26 de abril del 2000, con la ponencia del Magistrado Antonio Ramirez Giménez, estableció lo siguiente:
"La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y atinentes. Para la Sala en constante y pacifica doctrina, por lo menos a partir de 1906, el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse, También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos". (Negrilas y subrayado de este Tribunal Disciplinario Judicial).
Ahondando en el tema la misma Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 237 de fecha 12 de abril del 2016, con la ponencia de la Magistrada Vilma María Fernández González, estableció lo siguiente:
...Considera necesario la Sala enfalizar que la motivación exigua o insuficiente no genera el vicio de Inmotivación, Asl, esta Sala an relación con la motivación inmotivada, debe carecer en forma absoluta de fundamentos. Deben ser totalmente inexistentes ías razones tanto de hecho como de derecho... pues *..No basta entonces, para considerara inmotivada, lo ..insuficientes... y '..aparentes...' que resulten para el formalizante los motivos dados en la recuida para declarar sin lugar, pues se insiste debe carecer por completo la decisión objetada, tanto de las razones de hecho ("..comprobación de las alegaciones de las partes y de las pruebas producidas por ellas a lo largo del desarrollo del proceso, para luego constatar que tales elementos probatorios evidencian esos hechos..), como de las razones de derecho ("..el encuadramiento de las de hecho, en las nomas jurídicas aplicables al caso de que se trate...)".
Cabe agregar, que este Tribunal Disciplinario Judicial en sentencia TDJ-SD-2014-77, del 4 de diciembre de 2015, estableció:
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“...En atención a lo mencionado, este Tribunal Disciplinario Judicial que la sola existencia de tales errores en una decisión judicial no presupone —per se- la responsabilidad disciplinaria del jurisdicente que la dictó, salvo que sea de una magnitud y reiteración tal que demuestren la inidoneidad del juez o jueza para el ejercicio del cargo. En este sentido, podría ser de una magnitud considerable la ausencia absoluta y manifiesta de motivación de una sentencia, pues resultaría a todas luces lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva de las partes y contraria a los deberes impuestos al juez como administrador de justicia, circunstancia ésta que si podria devenir en la configuración de responsabilidad disciplinaria, no así una motivación exigua o insufi ciente por parte del juzgador que, en todo caso, puede ser enervada a través de la interposición de los recursos procesales dispuestos en el Ordenamiento Jurídico para tal fin..." Como puede observarse la falta de motivación que se presenta en el caso bajo análisis no se entiende como absoluta, por cuanto el Juez citó el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y además indicó que existía una simulación de hechos que constaban en el expediente, los cuales violaban los articulos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo este el fundamento legal en la que se sustentó la decisión tomada por el Juez. En ese mismo orden de ideas, no se puede establecer el abuso o exceso de autoridad por parte del Juez sometido a proceso disciplinario, porque la inmotivación absoluta no existió, por lo tanto no hubo un uso desproporcionado e injustificado de los deberes legales que correspondían al Juez, ni tampoco, éste realizó funciones que no le estaban conferidas por la ley.
Por los anteriores ra.zonamientos, este Tribunal Disciplinario Judicial considera que el Juez no incurrió en el abu:o o exceso de autoridad referido por la Inspectoría General de Tribunales en su acto conc:usivo, en virtud de estar facultado legalmente para conocer de la demanda de desalojo de a cuerdo a los artículos 28, 35 y 36 del Código de Procedimiento Civil, vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, por esa razón se ABsUEL- VE de responsabilidad disciplinaria, por cuanto se evidenció que el precitado ciudadano motivó de manera exigua y no dejó de motivar su decisión. Así se declara. X DECISIÓN En virtud de los razonamientos expuestos, este Tribunal Disciplinario Judicial, en nombre de la República Bolivariar a de Venezuela y por autoridad de la Ley, bajo la ponencia del Juez Presidente HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, aprobada de manera unánime decide: ÚNICO: SE ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria al ciudadano MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA, titular de la cédula de identidad V-7.498.118, en su carácter de o de no motivar cunscripción Judicial del Estado Falcón, por la imputación referida al hecho o 40 de la Ley suficientemente su decisión al dictar sentencia en la cual desaplicó el articulo mento de la ocuvaron a tomar tal decisión; hecho pretendidamente subsumible para el mor del articulo 33 rrencia de los hechos en la causal disciplinaria contenida en el numeral a del 2010, y acdel derogado Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana tualmente en el numeral 15 del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jue- -
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za Venezolana del 2015, que prevé la sanción de destitución.
Registrese, publiquese y notifiquese.
Remitase copia certificada de la presente decisión, una vez que la misma adgulera caráctor definitivamente firme, al Trbunal Supremo de Justicia: al Poder Ciudadano; a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia y a la Inspectoria General de Tribunales, de conformidad con lo establecido en el articulo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en concordancia con las sentencias 516 y 6 dictadas por la Sala Constilucional del Tnbunal Supremo de Justicia en fechas 7 de mayo de 2013 y 4 de febrero de 2016. respectivamente Dada, firmada y sellada en la sede del Tnbunat Disciplinano Judicial en la ciudad capital de la República Bolivanana de Venezuela, a los _vuatur (21) dlas de 2018 An0s 208 de la Independencia y 159° de la junio del mes de Federación.
HERNAN PACHEGO ALVIAREZ Juez Presidente (Ponengte)
JACCUELINE SOSA MARINO Jueza-
CARLOS MEDINARQIAS Juez
ZORAIDA JOSEFINA UBRE
bajo el N°TD.T-SD-2018-44
Eip AP61-A-2016-030012 HPAUSMCMRZJU
REPÚBLICA
Secretaria Tempgsal
ZORAIDA JOSEFINAUERE Secretaria Temporal / SECRETASIA
JELA quien suscribo, AlIcIA MaRIN MARCAND. identidad N° 12.375.062 CERTIFICA quO las de_CAtoReEis4y i.
itusor de la cédula de iplinario Judicial, estén, constantes acto do las actas quo coplas cualesfueron constan en el expediiene 1A-2016-000A/2 ./8 yclias del mes de confrontadas. Caracas.alos dieciccho delanodosMiLvEiNtitREs. 2023) HAYO
2AN.
ECRE
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DEFENSA PÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2023-322
Caracas, 05 de mayo de 2023 213°, 164° y 24° El Defensor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Máxima Autoridad de este Organismo Constitucional, asignar la competencia de las Defensoras Públicas y Defensores Públicos, por el territorio y por la materia.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana AMÉRICA ELENA BORJAS QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° V- 13.653.862, Defensora Pública Auxiliar Vigésima Octava (28°), con competencia en materia Penal Ordinario, en Fase de Ejecución, como Defensora Pública Provisoria Primera (1°), con competencia en materia Agraria, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela:
Dada, firmada y sellada eg «Despacho del Defensor Público General,en la ciudad de VENZENB Caracas.
Comuníquese y publíquese
DANIELAUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2023-323
Caracas, 05 de mayo de 2023 213°, 164° y 24°
El Defensor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 15, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana NUAJIZKI DAYANA PERCHE JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-23.748.533, Abogado I, como Defensora Pública Auxiliar Vigésima Quinta (25°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Daspacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.
VENEZUELA Comuníquese y publíquese
DANIELAUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSORPÚBLICO GENERAL Designado mediante seuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio"de-2022; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2023-324
Caracas, 05 de mayo de 2023 213°, 164° y 24°
El DefenSor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 15, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadanaYINIUSCA NIYURMA CAMACHO PALMA, titular de la cédula de identidad N° V-17.741.975, Abogado I, como Defensora Pública Auxiliar Primera (1°), con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Guárico, Extensión Valle de la Pascua, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
sDespagho del DefensorPúblico General, en la ciudad de Dada, firmada y sellada Caracas.
Comuníquese y publíqu
DANIELRAUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2023-325
Caracas, 05 de mayo de 2023 213°, 164° y 24° El DefenSOr Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana ALEXIRIS JOSEFINA REYES MARCANO, titular de la cédula de identidad N° V-14.678.596, Defensora Pública Auxiliar Segunda (2°), con competencia en materia Especial de Delitos de Violencia contra la Mujer, como Defensora Pública Provisoria Segunda (2°), con competencia en la referida materia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, Extensión Centro, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada eg-el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y pupgquese REPÚ BANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR DEEENSOR PÚBLICO GENERAL 9Esiß-ado mearante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarianarde Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2023-333
Caracas, 12 de mayo de 2023 213°, 164° y 24° El DefenSor PúbliCo General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 15, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público Genera!, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana ORLENIA PAOLA PINTO EPALZA, titular de la cédula de identidad N° V-27.006.487, Abogado I, como Defensora Pública Auxiliar Octogésima Tercera (83°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en eDespachg del Defensor Público General, en la ciudad de DEFER Caracas.
EZUEL Comuníquese y publíques
DANIELAUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEPENSOR PUBLICO GENERAL Designado.mediante Agserdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de-2za-publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)
Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.
Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.
Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.
Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela
Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.
http://www.imprentanacional.gob.ve
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AÑO CL - MES XI Número 42.693
Caracas, miércoles 16 de agosto de 2023
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