Gaceta Oficial N° 42.576
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Caracas, viernes 24 de febrero de 2023 Número 42.576 AÑO CL - MES V
SUMARIO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Sabina Nazareth Rodríguez Palencia, como Cónsul General, en el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Hong Kong, República Popular de China; se encarga como Responsable de los fondos en anticipo y en avance que le sean girados a la Unidad Administradora Desconcentrada N° 44141, para el Ejercicio Económico Financiero 2023.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PESCA Y ACUICULTURA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Daira Alejandra Lozano de Justo, como Responsable Patrimonial, de los Bienes Públicos, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA Resoluciones mediante la cuales se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria por Conversión, a las ciudadanas que en ellas se mencionan.
Resoluciones mediante la cuales se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a las ciudadanas que en ellas se indican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano V/A Héctor Simón Echeverría Osorio, como Director General del Despacho de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano CA Oscar José Guzmán Hernández, como Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Blanca María Ochoa Noé, como Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Magly Josefina Rojas Martínez, como Directora General de Consultoría Jurídica de este Ministerio.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional Decisión mediante la cual se declara “Criterio vinculante sobre el otorgamiento, modificación, sustitución o revocación y ejecución de las medidas de protección y seguridad dictadas, establecidas en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” a los fines de hacer extensivo el conocimiento de esta sentencia.
MINISTERIO PÚBLICO Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Aldo Francisco Arcía Subero, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena.
Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Geraldine Allen Gamboa Rosell, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena.
Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Wilfredo Karin Durán Rodríguez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Sexagésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena.
Resolución mediante la cual se traslada como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Gabriela María Ramírez León, a la Fiscalía Cuadragésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de proceso.
Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Dubraska del Valle Azuaje Pérez, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena.
Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Marisol Toro, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, con sede en Valera y competencia en Protección de Niños, Niñas, y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES
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459.940
RESUELVE
Artículo 1. Designar a la ciudadana SABINA NAZARETH RODRÍGUEZ PALENCIA, titular de la cédula de identidad N° V-17,642.322, en el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Hong kong, República Popular China, como Cónsul General.
Artículo 2. Encargar a la ciudadana SABINA NAZARETH RODRÍGUEZ PALENCIA, titular de la cédula de identidad N° V-17.642.322, como responsable de los fondos en anticipo y en avance que le sean girados a la Un(dad Administradora Desconcentrada N° 44141, para el Ejercicio Económico Financiero 2023.
Artículo 3. La ciudadana mencionada deberá realizar la Declaración Jurada de Patrimonio y presentar ante la Oficina de Gestión Humana la copia fotostática del comprobante emitido por la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 24 de la Ley Contra la Corrupción.
Artículo 4. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.
Comuníquese y publíquese, YVAI EDUARDO GIL PINTO Ministro dePoder Pópular para Relaciones Exteriores Decreb6 de fecha 05 de enero de 2023 Publica a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.542 de la misma fecha
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 23 DE FEBRERO DE 2023 RESOLUCIÓN DM/N° 002-23 AÑOS 212°, 164° y 24° El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, JUAN CARLos LoYo HERNÁNDEz, designado mediante el Decreto N° 4.679 de fecha 22 de abril de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.694 Extraordinario de la misma fecha, en cumplimiento de lo establecido articulo 40 del Decreto N.º 2.378 de fecha 12 de julio de 2016, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización General de la Administración Publica Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.238 Extraordinario de fecha 13 de julio de 2016, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78 numerales 2,12 y 19 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, en concordancia con el articulo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y de conformidad con lo previsto en el articulo 55 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Bienes Públicos y artículos 5 y 6 de la Providencia Administrativa Nº 044 de fecha 03 de agosto de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.522 de fecha 12 de noviembre de 2018, contentiva de la Normativa sobre la Unidad de Bienes Públicos y el Responsable Patrimonial de los Órganos y Entes del Sector Publico.
CONSIDERANDO
Que los órganos y entes de la Administración Pública que tengan la propiedad, custodia, protección, adscripción o asignación de un bien público, están en el deber de suministrar la Superintendencia de Bienes Públicos en el ámbito de sus competencias, la información requerida y mantener un sistema de bienes de registro de públicos, información actualizado garantizando una eficiente gestión en el uso, mantenimiento, administración y disposición de los mismos; dicta la presente, RESOLUCIÓN Artículo 1.
Se designa a la ciudadana DAIRA ALEJANDRA LozANO DE JusTO, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.196.216, COmo RESPONSABLE PATRIMONIAL, de lOS BiCnes Públicos del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, a partir del 03 de febrero del 2023.
Artículo 2. La funcionaria designada ejercerá las funciones siguientes:
1.- Realizar el diagnóstico de los Bienes Públicos que scan propiedad, o estén bajo la adscripción o asignación del órgano o ente respectivo.
2.- Consolidar y remitir los inventarios de los Bienes Públicos a la Superintendencia de Bienes Públicos.
3.- Dirigir las solicitudes de enajenación y desincorporación a las máximas autoridades de los órganos y entes del Sector Público Nacional y elaborar los expedientes administrativos correspondientes. 4.- Planificar y coordinar inspecciones técnicas periódicas de los bienes que le están encargados para verificar su estado de mantenimiento, uso y destino, a fin de lograr una eficiente gestión en los mismos.
5.- Implementar y desarrollar conjuntamente con las áreas involucradas, un sistema que evidencie la cronología de trabajo del mantenimiento y/o reparaciones dados a los bienes, especificando el detalle de los materiales utilizados y costo de los mismos, establecidos en los instructivos, manuales o normativas.
6.- Implementar y mantener la cooperación y coordinación entre las distintas áreas involucradas en los procesos de adquisición, registro, administración, mantenimiento y disposición de los Bienes Públicos, en el marco del cumplimiento de los lineamientos contenidos en la norma legal vigente.
7.- Supervisar y exigir información con el objeto de elaborar los Informes respecto a los movimientos, modificaciones, variaciones, adquisición, construcciones,_ reconstrucciones, remodelaciones, mejoras y otros que se ejecuten con ocasión a la administración y mantenimiento de los Bienes Públicos.
8.- Informar a la Superintendencia de Bienes Públicos sobre los contratos de comodato y arrendamiento de los Bienes Públicos de su órgano o ente.
9.- Presentar ante la Superintendencia de Bienes Públicos el programa que contenga las necesidades inmobiliarias para el cumplimiento de las funciones del órgano o ente del Sector Público, durante el año siguiente.
10.- Informar y recomendar a la Superintendencia de Bienes Públicos, mediante un informe debidamente sustentado por el área técnica correspondiente, los criterios que garanticen el cumplimiento de los principios de racionalidad, economía y proporcionalidad del gasto en la adquisición de un nuevo bien, cuando la reparación resulte contraria a estos.
11.- Informar oportunamente a la Superintendencia de Bienes Públicos la insuficiencia de los créditos presupuestarios destinados al mantenimiento de los Bienes Públicos.
12.- Diseñar y elaborar las respectivas actas de asignación de Bienes Públicos de acuerdo a la normativa legal y sublegal aplicables a la materia.
Artículo 3. Notificar a la Superintendencia de Bienes Públicos de la presente designación, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Providencia Administrativa Nº 044 de fecha 03 de agosto de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.522 de fecha 12 de noviembre de 2018, contentiva de la Normativa Sobre la Unidad de Bienes Públicos y el Responsable Patrimonial de los Órganos y Entes del Sector Público.
Artículo 4. Queda sin efecto la Resolución DM/Ne 013-22 de fecha 21 de marzo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 42.350 de fecha 1 de abril de 2022.
Por el Ejecutivo Nacional, Comuníquese y Publíquese;
JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ MINISTRO DEL PODER POPULARIDEOPESCA Y ACUICULTURA ublicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezunla ne 6.694 Extrauadinarlo de Ia misma fecha.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURIDICA RESOLUCIÓN N° 03 Caracas, 5 de enero de 2023 212° 163° Y 23° Por cuanto, mediante Punto de Cuenta N° 1053, se aprobó el benefiCiOdelaJUBILACIÓNORDINARIA POR CONVERSIÓN, a la CiUdadana MILDRED JOSEFINA FRANCo RODRÍGUEz, titular de la cédula de identidad N° V- 6.317.040, con una remuneración mensual de CIENTo VEINTICINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 125,96), equiValente al SETENTA Y CINCO por ciento (75,00%) de su remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Por cuanto, ei Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal , publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, en su artículo 11 establece que el monto de las jubilaciones podrá ser hasta un máximo de ochenta por ciento (80%) del salario base devengado por el trabajador, no siendo inferior al salario mínimo nacional vigente.
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto 3.177 de fecha 26 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.343 de fecha 26 de noviembre de 2017, en ejercicio de la competencia conferida en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, así como las previsiones de los artículos 8 parágrafo segundo, 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014.
RESUELVE Artículo 1. Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ORDINARIA POR coNVERSIóN a partir del 01 de enero de 2023, a la CiUdadana MILDRED JOSEFINA FRANCO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.31.7.040 de cincuenta y dos (52) años de edad con una antigüedad de 30 años y 4 meses, quien desempeñó el cargo de BACHILLER III, adscrita a la Dirección General de Gestión Administrativa.
Artículo 2. El monto mensual correspondiente a la Jubilación es por la Cantidad de CIENTO VEINTICINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 125,96), equiValente al SETENTA Y CINCO por ciento (75,00%) de su remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Artículo 3. Los recursos necesarios para el otorgamiento de esta jubilación serán previstos con cargo a la Imputación Presupuestaria: Partida 407, Genérica 01, Específica 01, Subespecífica 02.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la notificación, siendo responsable la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana, de notificar a la prenombrada ciudadana del contenido de la presente Resolución, fecha esta, cuando se procederá a la exclusión de la ciudadana MILDRED JOSEFINA FRANCO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.317.040 indicada en el artículo 1 de la presente Resolución de la nómina del personal activo del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.
Comuníquese y Publíquese.
Ejecusivo Nacional Ror el
ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI MINISTRO DELPODER POPULARPARA LIRU HÁBITAT Y VIVIENDA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURIDICA RESOLUCIÓN N° 04 Caracas, 5 de enero de 2023 212° 163° Y 23° Por cuanto, mediante Punto de Cuenta N° 1053, se aprobó el benefICiO de la JUBILACIÓN ORDINARIA POR CONVERSIÓN, a la CiUdadana MARÍA ANAIZ HERNÁNDEZ LINARES, titular de la cédula de identidad N° V- 10.902.255, con una remuneración mensual de CIENTO OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 186,67), equivalente al SETENTA Y CINCO por ciento (75,00%) de su remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Por cuanto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal , publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, en su artículo 11 establece que el monto de las jubilaciones podrá ser hasta un máximo de ochenta por ciento (80%) del salario base devengado por el trabajador, no siendo inferior al salario mínimo nacional vigente.
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto 3.177 de fecha 26 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.343 de fecha 26 de noviembre de 2017, en ejercicio de la competencia conferida en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
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Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, así como las previsiones de los artículos 8 parágrafo segundo, 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial Nº 6.156 extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014.
RESUELVE Artículo 1. Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ORDINARIA POR CONVERSIÓN a partir del 01 de enero de 2023, a la ciudadana MARÍA ANAIZ HERNÁNDEZ LINARES, titular de la cédula de identidad N° V- 10.902.255 de cincuenta y dos (52) años de edad con una antigüedad de 30 años y 3 meses, quien desempeñó el cargo de TÉCNIco II, adscrito a la Oficina de Auditoria Interna.
Artículo 2. El monto mensual correspondiente a la Jubilación es por la Cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 186,67), equivalente al SETENTA Y CINCO por ciento (75,00%) de su remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Artículo 3. Los recursos necesarios para el otorgamiento de esta jubilación serán previstos con cargo a la Imputación Presupuestaria: Partida 407, Genérica 01, Específica 01, Subespecífica 02.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la notificación, siendo responsable la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana, de notificar a la prenombrada ciudadana del contenido de la presente Resolución, fecha esta, cuando se procederá a la exclusión de la ciudadana MARíA ANAIZ HERNÁNDEZ LINARES, titular de la cédula de identidad N° y- 10.902.255 indicada en el artículo 1 de la presente Resolución de la nómina del personal activo del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.
Comuníquese y Publíquese.
PerehEjecutivo Nacional
ILDEMARO MOISES VILLARROEL ARISMENDI MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA RHABITAT YVIVIENDA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURIDICA RESOLUCIÓN N° 05 Caracas, 05 de enero de 2023 212° 163° Y 23°
Por cuanto, mediante Punto de Cuenta N° 1052, se aprobó el benefiCio de la JUBILACIÓN ORDINARIA, a la CiUdadana ANTONIA MARIA CALDERON BARAZARTE, titular de la cédula de identidad N° v- 9.372.726, con una remuneración menSUal de CIENTO TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 135,47), equiValente al SETENTA Y DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (72,50%) de su remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Por cuanto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, en su artículo 11 establece que el monto de las jubilaciones podrá ser hasta un máximo de ochenta por ciento (80%) del salario base devengado por el trabajador, no siendo inferior al salario mínimo nacional vigente.
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto 3.177 de fecha 26 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.343 de fecha 26 de noviembre de 2017, en ejercicio de la competencia conferida en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, así como las previsiones de los artículos 8, 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial No 6.156 extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014.
RESUELVE Artículo 1. Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ORDINARIA a partir del 01 de enero de 2023, a la ciudadana ANTONIA MARIA CALDERON BARAZARTE, titular de la Cédula de identidad N° v- 9.372.726 de cincuenta y cinco (55) años de edad con una antigüedad de 29 años y 10 meses, quien desempeñó el cargO de AUXILIAR DE SERVICIO DE OFICINA, adscrita al Viceministerio de Gestión, Supervisión y Seguimiento de Obras.
Artículo 2. El monto mensual correspondiente a la Jubilación es por la Cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 135,47), equiValente al SETENTA Y DOS COMA CINCUENTA POR CiENTo (72,50%) de su remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Artículo 3. Los recursos necesarios para el otorgamiento de esta jubilación serán previstos con cargo a la Imputación Presupuestaria: Partida 407, Genérica 01, Específica 01, Subespecífica 02.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la notificación, siendo responsable la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana, de notificar a la prenombrada
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ciudadana del contenido de la presente Resolución, fecha esta, cuando se procederá a la exclusión de la ciudadana ANToNIA MARIA CALDERON BARAZARTE, titular de la cédula de identidad N° v- 9.372.726 indicada en el artículo 1 de la presente Resolución de la nómina del personal activo del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.
Comuníquese y Publíqueşe.
Por el Ejecutivo Nacional
ILDEMAROMOISES VILLARROEL ARISMENDI MENISTRO DEL PODER POPULAR RARA HABITAT VIVIENDA WNSTRO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURIDICA RESOLUCIÓN N° 06 Caracas, 5 de enero de 2023 212° 163° Y 23° Por cuanto, mediante Punto de Cuenta N° 1052, se aprobó el benefiCio de la JUBILACIÓN ORDINARIA, a la ciUdadana ANA OLIMAR NARANJO FERRER, titular de la cédula de identidad N° v- 7.263.432, con una remuneración mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 273,30), equiValente al SESENTA Y DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (62,50%)de su remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Por cuanto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal , publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, en su artículo 11 establece que el monto de las jubilaciones podrá ser hasta un máximo de ochenta por ciento (80%) del salario base devengado por el trabajador, no siendo inferior al salario mínimo nacional vigente.
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto 3.177 de fecha 26 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.343 de fecha 26 de noviembre de 2017, en ejercicio de la competencia conferida en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, así como las previsiones de los artículos 8, 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014.
RESUELVE
Artículo 1. Otorgar el benefiCio de JUBILACIÓN ORDINARIA a partir del 01 de enero de 2023, a la ciudadana ANA OLIMAR NARANJO FERRER, titular de la cédula de identidad N° V- 7.263.432, de cincuenta y cinco (55) años de edad con una antigüedad de 25 años y 1 mes, quien desempeñó el cargo de DIRECTORA GENERAL, adscrita a la Dirección General de Planificación y Presupuesto.
Artículo 2. El monto mensual correspondiente a la Jubilación es por la Cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 273,30), equiValente al SESENTA Y DOS COMA CINCUENTA POR CIENTo (62,50%) de su remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Artículo 3. Los recursos necesarios para el otorgamiento de esta jubilación serán previstos con cargo a la Imputación Presupuestaria: Partida 407, Genérica 01, Específica 01, Subespecífica 02.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la notificación, siendo responsable la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana, de notificar a la prenombrada ciudadana del contenido de la presente Resolución, fecha esta, cuando se procederá a la exclusión de la ciudadana ANA OLIMAR NARANJO FERRER, titular de la cédula de identidad Nº y- 7.263.432 indicada en el artículo 1 de la presente Resolución de la nómina del personal activo del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional
ILDEMARO MOISES VNLARROEL ARISMENDI MINISTRO DEL PODER POPULARPARA HÁBITAT Y VIVIENDA
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURIDICA RESOLUCIÓN N° 07 Caracas, 05 de enero de 2023 212° 163° Y 23° Por cuanto, mediante Punto de Cuenta N° 1052, se aprobó el benefiCio de la JUBILACIÓNORDINARIA, a la Ciudadana AURA MARINA BRITO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.963.781, con una remuneración mensual de CIENTO SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 168,68), equiValente al SESENTA Y SIETE COMA CINCUENTA POR CIENTO (67,50%) de SU remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Por cuanto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal , publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, en su artículo 11 establece que el monto de las jubilaciones podrá ser hasta un máximo de ochenta por ciento (80%) del salario base devengado por el trabajador, no siendo inferior al salario mínimo nacional vigente.
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto 3.177 de fecha 26 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.343 de fecha 26 de noviembre de 2017, en ejercicio de la competencia conferida en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, así como las previsiones de los artículos 8, 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial No 6.156 extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014.
RESUELVE
Artículo 1. Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ORDINARIA a partir del 01 de enero de 2023, a la ciudadana AURA MARINA BRITO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° v- 6.963.781, de cincuenta y cinco (55) años de edad con una antigüedad de 26 años y 11 meses, quien desempeñó el cargo de TÈCnIco II, adscrita a la Dirección General de Gestión Administrativa.
Artículo 2. El monto mensual correspondiente a la Jubilación es pOr la Cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 168,68), equiValente al SESENTA Y SIETE COMA CINCUENTA POR CiEnTo (67,50%) de su remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Artículo 3. Los recursos necesarios para el otorgamiento de esta jubilación serán previstos con cargo a la Imputación Presupuestaria: Partida 407, Genérica 01, Específica 01, Subespecífica 02.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la notificación, siendo responsable la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana, de notificar a la prenombrada ciudadana del contenido de la presente Resolución, fecha esta, cuando se procederá a la exclusión de la ciudadana AURA MARINA BRITO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad No V- 6.963.781indicada en el artículo 1 de la presente Resolución de la nómina del personal activo del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.
Comuníquese y Publíquese.
Por Ejecutivo Nacional
ILDEMABOMOISES VILLARROEL ARISMENDI MINISTRO DEL PODER ROPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURIDICA RESOLUCIÓN N° 08 Caracas, 05 de enero de 2023 212° 163° Y 23°
Por cuanto, mediante Punto de Cuenta N° 1052, se aprobó el benefiCio de la JUBILACIÓN ORDINARIA, a la ciUdadana OMAIRA JOSEFINA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.952.505, con una remuneración mensual de CIENTO CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 155,08), equivalente al SESENTA Y DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (62,50%) de su remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Por cuanto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal , publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, en su artículo 11 establece que el monto de las jubilaciones podrá ser hasta un máximo de ochenta por ciento (80%) del salario base devengado por el trabajador, no siendo inferior al salario mínimo nacional vigente.
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto 3.177 de fecha 26 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.343 de fecha 26 de noviembre de 2017, en ejercicio de la competencia conferida en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la
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República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, así como las previsiones de los artículos 8, 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial Nº 6.156 extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014.
RESUELVE
Artículo 1. Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ORDINARIA a partir del 01 de enero de 2023, a la ciudadana OMAIRA JOSEFINA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.952.505, de cincuenta y nueve (59) años de edad con una antigüedad de 25 años y 5 meses, quien desempeñó el cargo de SUPERVISOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, adSCrita a la Dirección Estadal Nueva Esparta.
Artículo 2. El monto mensual correspondiente a la Jubilación es por la cantidad de CIENTO, CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 0CHO CÉNTIMOS (Bs. 155,08), equiValente al SESENTA Y DOS COMA CINCUENTA POR CIENTo (62,50%) de su remuneración promedio mensual de los últimos 12 meses y siendo homologado al salario mínimo nacional vigente.
Artículo 3. Los recursos necesarios para el otorgamiento de esta jubilación serán previstos con cargo a la Imputación Presupuestaria: Partida 407, Genérica 01, Específica 01, Subespecífica 02.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la notificación, siendo responsable la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana, de notificar a la prenombrada ciudadana del contenido de la presente Resolución, fecha esta, cuando se procederá a la exclusión de la ciudadana OMAIRA JOSEFINA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.952.505 indicada en el artículo 1 de la presente Resolución de la nómina del personal activo del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo Pensiones de los Funcionarios y Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.
Comuníquese y Publíquesp.
Ejecutivo Naciona ODER Porel
LDEMARO MOISES VIALARROEL ARISMENDI MINISIRO DEL PODER PORULAR PARA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° MPPSP/DGD/001/2023 Año 212° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana
FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2023 RESOLUCIÓN
BAUTISTA ONTIVEROs, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-5.678.953, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Presidencial N° Decreto N° 4,780 de fecha 13 de febrero de 2023, publicado en Gaceta Oficial N° 6.736 Extraordinario, de fecha 13 de febrero de 2023; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78, numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2.014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, todo de conformidad con el artículo 3 del Decreto de creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario N° 8.266, de fecha 14 de junio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.721, de fecha 26 de julio de 2011 y el artículo 25 del Código Orgánico Penitenciario, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, de fecha 28 de diciembre de 2.015.
RESUELVE:
PRIMERO: Designar al cCiudadano V/A HÉCTOR SIMÓN ECHEVERRÍA OSORIO, titular de la cédula de identidad N° V-6.907.255, como Director General del Despacho de este Ministerio, el cual ejercerá las funciones inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico.
sEGunDo: La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
V/A CELSA SIRLEY BAUTISTAONTIVEROS Ministra Poder Popular para el Servicio Raniganiciario Por Decreto Presidencial N° 4.780, del 13 de febrero de 2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.736 Extraordinario, de fecha 13 de febrero de 2023.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° MPPSP/DGD/002/2023 Año 212° de la Independencia, 163° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana
FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2023
RESOLUCIÓN La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, V/A CELSA SIRLEY BAUTISTA oNTIVERos, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-5.678.953, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Presidencial N° 4.780, de fecha 13 de febrero de 2.023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.736, de fecha 13 de febrero de 2023; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78, numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2.014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, todo de conformidad con el artículo 3 del Decreto de creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario N° 8.266, de fecha 14 de junio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.721, de fecha 26 de julio de 2011 y el artículo 25 del Código Orgánico Penitenciario, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, de fecha 28 de diciembre de 2.015.
RESUELVE
PRIMERO: Designar al ciudadano CA OSCAR JOSÉ GUZMÁN HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-11.674.344, como Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto
sEGunDo: La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
V/A CELSA SIRLEY-BAUTISTA NTMMBBOBA Ministra Poder Popular para el Servicio Penitenciario Por Decreto Presidencial N° 4.780, del 13 de febrero de 202a, N°6.736, de fecha 13 de febrero de 2023.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° MPPSP/DGD/003/2023 Año 212° de la Independencia, 163° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2023 RESOLUCIÓN La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, V/A CELSA SIRLEY BAUTISTA oNTIvERos, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-5.678.953, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Presidencial N° 4.780, de fecha 13 de febrero de 2.023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.736, de fecha 13 de febrero de 2023; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78, numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2.014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, todo de conformidad con el artículo 3 del Decreto de creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario N° 8.266, de fecha 14 de junio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.721, de fecha 26 de julio de 2011 y el artículo 25 del Código Orgánico Penitenciario, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, de fecha 28 de diciembre de 2.015.
RESUELVE
PRIMERO: Designar a la ciudadana BLANCA MARÍA OCHOA NOÉ, titular de la cédula de identidad N° V-17.393.795, como Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional de este ministerio.
sEGunDo: La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
V/A CELSA SIRLEY BAUTISTA ONTIVEROS Ministra Poder Pbpular para él Servicio Penitenciario Por Decreto Presidenciat N° 4.780; del 18 de febrero de 2023, Publicado en la Gaceta OficlaEde-a Repúblic Bolivariana de Venezuela
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° MPPSP/DGD/004/2023 Año 212° de la Independencia, 163° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana
FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2023 RESOLUCIÓN
BAUTISTA oNTIVERos, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-5.678.953, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Presidencial N° 4.780, de fecha 13 de febrero de 2.023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.736, de fecha 13 de febrero de 2023; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78, numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2.014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, todo de conformidad con el artículo 3 del Decreto de creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario N° 8.266, de fecha 14 de junio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.721, de fecha 26 de julio de 2011 y el artículo 25 del Código Orgánico Penitenciario, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, de fecha 28 de diciembre de 2.015.
RESUELVE
PRIMERO: Designar a la ciudadana MAGLY JOSEFINA ROJAS MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.037, como Directora General de Consultoría Jurídica de este ministerio.
sEGunDo: La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
V/A CELSA SIRLEY BAUTISTA ONTIVEROS Ministra Poder Popular para el Sevicio Penitenciario Por Decreto Presdencial"49edel 13 de febrero de 2023, Publicado en la Gace OficreBeública Bolivariana de Venezuela N°6.73 de fecha-1de febrero de 2023.
MINISTRA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 1105
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE 22-0363
MAGISTRADA PONENTE: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO El 27 de abril de 2022, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, mediante oficio s/n°, remite el expediente alfanumérico AP01-O-M-2021-000021/CA- 3756-21, contentivo de la acción de amparo constitucional incoada por las abogadas Evelinda Arráiz Hernández, Maryelith Suárez Bolivar y el abogado Tutankamen Hernández Rojas, inscritas e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 23.115, 75.460 y 66.792 respectivamente, actuando con el carácter de defensores privados del ciudadano WILLIAN BAUTE GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad n°. V- 11.919.543, en la causa penal signada con el alfanumérico AP01-Q-2021-000019, contra la presunta omisión del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de "...dar respuesta a las peticiones de ejecución y-orden de cumplimiento al cuerpo policial de la decisión dictada en fecha 18-3-2022, que revocó [la] decisión de fecha 29-11-2021, que había ordenado el reintegro de la ciudadana MAYRIM GONZALEZ, a un supuesto domicilio conyugal..." [sic] (Mayúsculas del original) (Cursivas y corchete de la Sala) Dicha remisión se efectuó en virtud del recurso de apelación ejercido el 26 de abril de 2022, por las prenombradas abogadas y abogado, actuando con el carácter señalado, en contra de la decisión dictada por la Corte remitente, de fecha 12 de abril de 2022, que declaró Inadmisible la Acción de Amparo Constitucional.
El 27 de abril de 2022, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, ordenó la remisión de la causa a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines legales consiguientes.
El 27 de abril de 2022, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la incorporación de los magistrados designados por la Asamblea Nacional, en sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2022, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n°. 6.696 Extraordinario de fecha 27 de abril de 2022, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrada Doctora Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; Magistrados Doctor Luís Fernando Damiani Bustillos, Doctor Calixto Antonio Ortega Rios y Magistrada Doctora Tania D'Amelio Cardiet.
El 17 de mayo de 2022, fue distribuida la ponencia a la Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En virtud de la licencia autorizada por la Sala Plena de este Alto Tribunal al Magistrado Doctor Calixto Ortega Ríos y la incorporación de la Magistrada Doctora Michel Adriana Velásquez Grillet, contenida en el acta del 27 de septiembre de 2022, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrada Doctora Lourdes Benicia Suárez Anderson, Viccpresidenta; Magistrados Doctor Luis Fernando Damiani Bustillos, Magistrada Doctora Tania D'Amelio Cardiet y Magistrada Doctora Michel Adriana Velásquez Grillet.
En fecha 21 de junio de 2022, el abogado Oswaldo Tenorio y la abogada Keyla Yuen, apoderados de la ciudadana Mayrim Elena González-Bello, titular de la cédula de identidad n°. V- 13.158.141 (víctima en la causa penal AP01-Q-2021-000019, del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audienoia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, solicitaron "...SE DECL4RE IMPROCEDENTE EL RECURSO DE AMPARO (...) [y] SE RATIFIQUEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURID.AD... " [sic] (Mayúsculas del original), decretadas a favor de su representada.
El 27 de junio de 2022 fue consignado informe psicológico de la ciudadana Mayrim Elena González Bello, titular de la cédula de identidad n°. V- 13.158.141 (víctima en la causa penal AP01-Q-2021-000019, del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas) El 26 de octubre de 2022, las abogadas y abogado accionantes solicitan el pronunciamiento de la Sala.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
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I ACTUACIONES EN EL PROCESO DE AMPARO La Acción de Amparo fue ejercida en fecha 12 de abril de 2022, en contra de la presunta omisión de pronunciamiento en la ejecución de la decisión dictada en fecha 18 de marzo de 2022, por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Jueza María Eugenia Lugo, quien revocó la “...decisión de fecha 29- 11-2021, que había ordenado el reintegro de la ciudadana MAYRIM GONZÁLEZ, a un supuesto domicilio conyugal..." [sic] (Mayúsculas del original) (Cursivas de la Sala) En la misma fecha, la Corte de Apelaciones Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos contra la Mujer de la Región Capital [Integrada por los Jueces: Yaritza Arias de Peraza (Jueza Presidenta), Elvis Gutiérrez (Juez integrante y ponente) y Carlos Siso Orense (Juez integrante)], recibió y dio entrada a la referida acción de amparo constitucional, dictando la siguiente decisión, signada con el N° 072-22:
"(...) se DECLARA INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional (...) de conformidad con lo establecido en el articulo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantas Constitucionales..." (Mayúsculas del original)
En fecha 26 de abril de 2022, los abogados accionantes apelar de la decisión de auto N° 072-22 de fecha 12 de abril de 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por ellos, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
II ACCIÓN DE AMPARO El accionante, como fundamento de su acción de amparo constitucional:
1. Alegó:
1.1. Que el “..juzgado NO SE HA PRONUNCIADO, NI HA LIBRADO EL OFICIO correspondiente a los fines de poder ejecutar (...) con algún cuerpo de seguridad del Estado, y no quede inejecutable la decisión dictada.." [sic] (Mayúsculas del original) (Cursivas de la Sala)
1.2. Que "...en fecha 15-12-2021 (...) [la] defensa técnica presentó escrito de SOLICITUD DE REVOCACIÓN DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN DECRETADA a favor de la ciudadana MAYRIM GONZÁLEZ BELLO, en decisión de fecha 29-11-2021, y notificada en fecha 10 de diciembre.de 2021[,] mediante la cual se dictó a favor de la (...) víctima el reintegro al presunto domicilio procesal, [por] ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control [Audiencia y Medidas] del Circuito Judicial (...) [con Competencia en] materia de Delitos de Violencia contra la Mujer [de la Circunseripción Judicial] del Área Metropolitana de Caracas..." [sic] (Cursivas y corchetes de la Sala)
1.3. Que ..la ciudadana Mayrim González no es cónyuge (...) [del imputado], por lo que, el inicio de este proceso con Ia admisión de la querella obedece a un falso (Mayúsculas del original) (Cursivas y corchetes de la Sala)
1.4. Que "...la vivienda sobre la cual se decretó la Medida de Reintegro como domicilio conyugal, no es domicilio. conyugal, ni propiedad (...) [del ciudadano Willian Baute], sino de la ciudadana Maria Bernarda González de Baute..." (Corchetes de la Sala).
1.5. Que “...en fecha 18 de marzo de 2022 [el presunto agraviante] REVOCÓ LA MEDIDA QUE HABÍA OTORGADO DE INGRESO AL SUPUESTO DOMICILIO CONYUGAL (...). pero omitió dictar el ejecitese y librar el correspondiente oficio para su [cumplimiento]..." [sic] (Mayúsculas del original) (Cursivas y corchetes de la Sala).
2. Denunció:
2.1. La violación “... [a la] TUTELA JUDICLAL EFECTIVA POR OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO (...) AL DERECHO DE PETICIÓN (...), AL DERECHO A LA DEFENSA (..) [y] AL DEBIDO PROCESO..." (Mayúsculas del original) (Cursiva y corchetes de la Sala) establecidos en los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3. Pidió:
3.1. Que "(...) [se declare] CON LUGAR la acción de amparo constitucional (...) [y se] ORDENE al Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Control, [Audiencia y Medidas] del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer [de la Circunscripción Judicial] del Área Metropolitana de Caracas..." [sic] (Mayúsculas del original) (Corchetes de la Sala), oficiar al órgano policial para que proceda con el desalojo del inmueble de la mujer víctima.
III DECISIÓN APELADA En fecha 12 de abril de 2022, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, emitió el pronunciamiento Núm. 072-22 y declaró: “.. [inadmisible] a ...) Acción de Amparo Constitucional interpuesta (...) de conformidad con lo establecido en el articulo 6.l de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales..." [sic].
Del texto de la sentencia, que corre inserta a los autos, se lee, en su motiva, lo siguiente:
".. [e]n ilación de lo anteriormente expuesto, este Juzgado trae a colación (sic) el auto fundado en donde el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Fumciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, se prommcia sobre las solicitudes realizadas por los accionantes, el cual es del siguiente tenor:
...PRIMERO: este tribunal NIEGA LA SOLICITUD DE NULIDAD de conformidad con lo establecido- en los articulos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: modifica las medidas de protección que se dictaron en fecha 29-11-202[1], ratifica la medida de seguridad y protección del mumeral 6 y revoca la medida del mumeral 4 y acuerda la medida del numeral 13 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a uma Vida Libre de Violencia, es decir, deben entender las partes, en este caso los solicitantes, que la medida del mumeral 4 es una medida de cumplimiento inmediato, pues de la misma se hace efectiva, mal pudiera este juzgado mantenerla. A su vez en la decisión dictada por este juzgado mal puede librar algún oficio a un cuerpo policial a realizar algo que no fue decidido en auto fundado emitido por este juzgado. Por consiguiente lo ajustado a derecho es NEG.AR la solicitud de librar oficio al Cuerpo Policial..' (Cursiva Nuestra) De acuerdo a lo antes expuesto. puede evidenciar esta Alzada que si existe un pronunciamiento por parte del Juzgador A Quo, por lo tanto, esta Corte de Apelaciones, no puede ordenar al Juzgador de Instancia a prommciaase sobre un escenario judicial sobre el cual ya se ha pronmciado. Y ASI SE DECLARA..." [sic] (Resaltado y mayúsculas del original) (Corchetes de la Sala) IV COMPETENCIA Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su conocimiento y, a tal efecto, observa que:
Mediante decisión n.° 1 del 20 de enero de 2000, recaída en el Caso: Emery Mata Millán, esta Sala Constitucional estableció que le correspondía conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República, por las antiguas Cortes de lo Contencioso Administrativo (hoy Juzgados Nacionales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa) y por las Cortes de Apelaciones en lo Penal, salvo las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, en tanto su conocimiento estuviera atribuido a otro tribunal.
Ahora bien, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en el articulo 25, numeral 19 que le corresponde a esta Sala conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias recaídas en los procesos de amparo autónomo dictadas por los Juzgados Superiores de la República, salvo las incoada contra las decisiones emanadas de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
Ello así, visto que la apelación bajo examen tiene por objeto una decisión dictada en primera instancia constitucional, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, esta Sala Constitucional, se declara competente para su conocimiento y decisión; todo ello con fundamento en lo antes expuesto, y en lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Declarada la competencia para conocer de la presente causa, esta Sala Constitucional debe preliminarmente, pronunciarse sobre la legitimación de los recurrentes y la tempestividad o no de la apelación interpuesta en fecha 26 de abril de 2022, por las abogadas Evelinda Arráiz Hernández, Maryelith Suárez Bolivar y el abogado Tutankamen Hernández Rojas, contra la sentencia n°. 072-2022, del 12 de abril de 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital:
Con respecto a la legitimación, observa la Sala, que aparece inserto al folio 59 del expediente distinguido con el alfanumérico AA50-T-2022-000363, acta de aceptación y juramentación de defensa, de fecha 10 de diciembre de 2021, en la cual consta la designación de las abogadas Evelinda Arráiz Hernández, Maryelith Suárez Bolívar y el abogado Tutankamen Hernández Rojas, inscritas e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 23.115, 75.460 y 66.792 respectivamente, como defensores privados del ciudadano WILLIAN BAUTE GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad núm. V- 11.919.543, en la causa penal signada con el alfanumérico AP01-Q- 2021-000019, que cursa por ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; cualidad que el y las accionantes esgrimen en el escrito de tutela constitucional, y en vía recursiva, por lo que se encuentran legitimados para interponer el referido recurso de apelación. Así se declara.
Ahora bien, con respecto a la tempestividad o no del referido recurso de apelación, el criterio vinculante sobre la forma en que deben computarse el lapso previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
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Constitucionales, está contenido en la sentencia núm. 501 del 31 de mayo de 2000 (caso: "Seguros Los Andes C.A."), en los términos que siguen:
"(...) en relación con los lapsos para interponer el recurso de apelación en amparo, esta Sala Constitucional considera que admitir que el lapso de apelación previsto en el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales debe computarse por dias continuos, incluyendo sábados, domingos y feriados, seria atentatorio contra el derecho a la defensa, principio cardinal del sistema procesal, pues el ejercicio del recurso de apelación se veria limitado de hecho, incluso cercenado, bien por la llegada del fin de semana, o alguna fiesta patria.
(Omissis) Bajo este orden de ideas, considera esta Sala que el lapso de tres (3) dias para interponer el recurso de apelación en amparo, previsto en el articudo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, debe ser computado por dias calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados dias de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes, y asi se declara.
reiterando con carácter vinculante lo ya expresado en el fallo del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejia)". (Subrayado del original).
Al respecto, es importante señalar que, el auto dictado en fecha 27 de abril de 2022 ordenó practicar el cómputo de los días para interponer el recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, evidenciándose de la nota secretarial lo siguiente: ... [dJia MARTES 12 DE ABRIL DE 2022. fecha en la cual se publica la decisión N° 072- 22, librándose la respectiva boleta de notificación. 2-Dia Viernes 22 DE ABRIL DE 2022, fecha en la que los accionantes se notifican de la decisión emitida, mediante la suscripción de la boleta de notificación librada a tal efecto, inserta al folio cincuenta y nueve (59) del presente cuaderno especial. 3-Dia MIERCOLES 26 DE ABRIL ·DE 2022, fecha en la que. mediante diligencia inserta al folio cien (100) del presente cuaderno especial de amparo, el accionante ejerce apelación contra la decisión N° 072-2022 de fecha MARTES 12 DE ABRIL. DE 2022, emanada por este Tribunal Colegiado.- Desde el día viernes 22 DE ABR.JL. DE 2022. (fecha en la cual quedo notificado la parte apelante de la decisión en referencia) tal como se evidencia en el folio ciento ocho (108). hasta el dia miércoles 26 de abril de 2022. (fecha en la cual interponer el recurso de apelación) transcurre CUATRO (04) dia continuos, a saber: veintitrés (23) sábado. veinticuatro (24) domingo, veinticinco (25) lunes. veintiséis (26) martes, de 2022.- Asimismo se deja constancia que desde el dia viernes 22 de abril de 2022, (fecha en la cual quedo notificado la parte apelante de la decisión en referencia) tal como se evidencia en el folio ciento ocho (108), hasta el dia miércoles 26 de abril de 2022. (fecha en la cual interponer el recurso de apelación) transcurre dos (02) dia hábiles. a saber: (25) lunes, veinte seis (26) martes, de 2022. todo ello de conformidad con la interpretación que se le ha dado al texto del articulo 35 de la ley Orgánica De (sic) Amparo [s]obre Derecho Y (sic) Garantias Constitucionales en la sentencias número 501 del 31 de mayo de 2000 (caso seguro los andes C.A) y numero 3027 del 14 de octubre de 2005(caso: Cesar Armando Caldera Oropeza)..." [sic] (Mayúsculas del original) (Corchetes de la Sala); constatándose que el recurso de apelación fue presentado el segundo día del lapso procesal de tres (3) días, conforme a lo establecido en el articulo 35 eiusdem y a los criterios pacíficos y sostenidos de esta Sala, anteriormente citados; por lo tanto, su ejercicio fue tempestivo. Asi se declara.
Ahora bien, esta Sala Constitucional, luego de haber analizado las actas procesales que constan en el expediente, y declarada como ha sido su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto. asi como la tempestividad del mismo, comprobó que el recurrente consignó el escrito de fundamentación de su recurso, y alegó lo siguiente:
Que "...[se produjo] LA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA POR OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL FALLO A TRAVÉS DE LA OMISIÓN DEL OFICIO CORRESPONDIENTE (...) [en] el derecho a la Tutela Judicial Efectiva (...) se haya (...) implicita la obligación de los jueces de ejecutar las sentencias..." [sic] (Mayúsculas del original) (Cursivas de la Sala) Que "...El Juzgado Agraviante al declarar la INADMISIBILIDAD de la Acción de Amparo Constitucional mentado, dejo de lado las directrices de esta Máxima sala en materia de justicia en relación de debido proceso y orden público. elementos indispensables para la correcta administración de justicia..." [sic] (Mayúsculas del original) (Cursivas de la Sala) Que "...la inadmisibilidad del (...) [amparo] bajo los supuestos del articulo 6 N° 5 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgânica de Amparo [sobre Derechos y Garantías: Constitucionales, [es un] argumento que esta parte no comparte, en relación a los supuestos argumentados en el recurso, y los cuales fueron obviados por completos por los miembros integrantes de la Corte de Apelaciones en la materia competente.." [sic] (Corchetes y cursivas de la Sala) Precisado lo anterior, esta Sala pasa a decidir, previas las consideraciones siguientes:
La Sala conoce en alzada de la apelación interpuesta contra la sentencia n°. 072- 22, del 12 de abril de 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, por cuanto consideró que cesó la lesión delatada, en atención a que el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medicas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 18 de marzo de 2022, dictó auto fundado donde se pronunció (en sentido negativo) de la solicitud de nulidad de la admisión de la querella penal, y de la medida de protección y seguridad establecida en el numeral 4° del artículo.90 (hoy artículo 106.4) de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente "ratione temporis"; declarando inadmisible la acción de amparo constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo [sJobre Derechos y Garantias Constitucionales.
Observa la Sala Constitucional, que efectivamente el día 18 de marzo de 2022, la señalada agraviante dictó decisión que puso fin a la omisión de pronunciamiento delatada en la solicitud de protección constitucional, sobre las medidas de protección que fueron revocadas y modificadas, lo que, en principio, produciría la inadmisión del amparo constitucional, sin embargo, observa la Sala, que tanto en la decisión recurrida [12/04/2022], donde se declara inadmisible la tutela constitucional, como en la decisión del 18 de marzo de 2022, dictada por la parte agraviante, en el proceso penal especial. se evidencian violaciones al orden público constitucional, que hacen necesario su análisis y subsanación.
En efecto, la Sala no encuentra en la fundamentación de la Corte de Apelaciones, actuando en sede Constitucional, del análisis sobre las actuaciones de debida diligencia y la aplicación del método de perspectiva de género que realizó la parte agraviante para la revocatoria y modificación de las medidas de protección y seguridad; ello en atención de que la plausible aplicación de causales de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional está supeditada ante la existencia de violaciones que afecten gravemente al interés general o el orden público constitucional (Vid Sentencia N.° 1207/2000, ratificadas en Sentencias N.°(s) 721/2011 y 703/2010, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia):
"(...) el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional. se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta una parte de la colectividad o el interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes...".
Por ello, es menester acotar que el proceso especial de violencia contra la mujer, dentro del cual se encuentran las medidas de protección y seguridad, son materia de orden público y de interés general; en este sentido, la Sala Constitucional reitera el criterio establecido en la sentencia núm. 311 del 26 de abril de 2018, en la cual, entre otros aspectos. dejó asentado el caracter positivo y de orden público de las referidas medidas, señalando textualmente lo siguiente: "(...) que las medidas judiciales de protección y seguridad de las victimas Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, son un mecanismo para dotar a la victima mujer y/o niña de una protección suficiente frente al agresor.
independientemente de la entidad del presunto delito investigado o juzgado, pero requieren para su dictamen de un ejercicio razonable. de modo entonces que deben estar caracterizadas por su debida motivación, proporcionalidad y adecuación al presunto delito que se imputa, no pudiendo rebasar la finalidad que se persigue, cual es, la protección de la victima arriesgando a producir un perjuicio irreparable para el agresor.
Asi entonces, las medidas de protección y seguridad, contempladas en el articulo 90 de la Ley Orgánica [Slobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, deben concebirse como °medidas urgentes' a favor de la victima mujer y/o niña destinadas a cumplir uno de los fines y propósitos de la Ley, que es castigar los delitos contra la violencia de género; debiendo destacar que los jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer deben estar dispuestos a muevas aproximaciones de los procesos a partir de las leyes vigentes y adoptar las medidas necesarias para lograr la debida celeridad procesal, lograr el castigo de los culpables, reducir los inulices de impunidad y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
En tal sentido, la Sala enfatiza que los Jueces y Juezas que conforman las Cortes de Apelaciones con Competencia en materia de delitos de Violencia Contra la Mujer de los distintos Circuitos Judiciales Penales de la República Bolivariana de Venezuela, al resolver un recurso de apelación, con ocasión a una medida de protección y seguridad o de una medida cautelar, deben hacerlo con perspectiva de género, esto es, considerando dos aspectos fundamentales en este proceso especial, como lo son: la urgencia y la celeridad del juzgamiento,-para aproximar a las victimas a una tutela judicial efectiva.
Por lo tanto, esta Sala establece con carácter vinculante para todos los Jueces y Juezas con Competencia en materia de delitos de Violencia Contra la Mujer de los distintos Circuitos Judiciales Penales de la República Bolivariana de Venezucla que. al verificar la procedencia de las medidas de protección y seguridad o favor de la victima mujer y/o niña establecidas en el articulo 90 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de las medidas cautelares establecidas en el articulo 95 eiusdem, pueden revisar, revocar o sustituir motivadamente dichas medidas. sin exceder de dos (2) medidas de protección y seguridad y dos (2) medidas cautelares. Asi se decide..." (Resaltados y corchetes de la Sala) De la citada decisión se infiere la aplicación del principio de la debida diligencia en materia de derechos humanos de las mujeres victimas de violencia, y la obtención oportuna y adecuada de una resolución judicial con perspectiva de género, toda vez que el tin determinante de las medidas de protección y seguridad es detener o finalizar el hecho de violencia. e impedir que se reinicie o restablezca; en otros términos, una medida de protección y seguridad es idónea, en la medida que suspende o detiene el hecho de violencia e impide su continuación: por ejemplo, es inidóneo acordar la medida de protección que prohibe el acercamiento o contacto del
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agresor con la víctima, o con su familia, si este se encuentra detenido. En todo caso, si cambiar en las circunstancias, el juez o jueza debe revisar de oficio la o las medidas impuestas, para garantizar la protección de la mujer y su familia.
En este sentido, el legislador de los años 2007, 2014 y 2021 justifica la existencia de un procedimiento penal especial, de eminente orden público y de interés general, en materia de delitos de violencia contra la mujer, para lograr: a) Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas y ámbitos y, b) Que se sancione al agresor e indemnice a la mujer víctima de violencia de género o a sus herederos y herederas. Asi mismo, previó la aplicación supletoria del procedimiento penal ordinario, bajo los enfoques de derechos humanos, feminista y de género; en este último caso, el mandato con carácter prohibitivo establecido en el último aparte del artículo 67 (hoy artículo 83) de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente ratione temporis, condiciona la aplicación del derecho adjetivo supletorio al principio de la debida diligencia . y la realización de actuaciones y toma de decisiones con perspectiva de género.
En igual sentido, es preciso traer a colación que el legislador del año 2021, dejó establecido en la reforma de dicha Ley, el principio de la debida diligencia en la siguiente noma:
"Principios Articulo 3. La aplicación de esta Ley se rige por los principios de igualdad y no discriminación. interés superior de las niñas, niños y adolescentes, debida diligencia. intervención inmediata y oportuna, interdependencia, indivisibilidad y universalidad. " (Resaltado de la Sala) Sobre este principio, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General n°. 35 prevén el concepto de diligencia debida como una obligación de los Estados (Resaltado de la Sala).
En virtud de esta obligación, los Estados partes tienen el deber de adoptar medidas positivas para prevenir y proteger a las mujeres de la violencia, castigar a los autores de actos violentos e indemnizar a las víctimas de la violencia. El principio de diligencia debida es crueial, ya que proporciona el vínculo entre las obligaciones de derechos humanos y los actos de los particulares.
Conforme con el principio de debida diligencia, el Juez o Jueza de justicia de género.
está en la obligación de adoptar medidas positivas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia e impedir su continuación, ello implica, que las resoluciones judiciales con base a este principio, deben estar fundamentadas en la idoneidad, urgencia. necesidad y proporcionalidad de la medida a dictar, en otras palabras, el Juez o Jueza con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, debe asegurarse de que la medida que acuerde es materialmente efectiva; considera la Sala, que en atención al principio de debida diligencia, dicho juez o jueza, inmediatamente al dictar una medida de protección y seguridad. y/o antes de revocarla y/o modificarla, y/o ejecutarla, debe evaluar apropiadamente la situación de derechos humanos de la victima, y la situación actual del hecho de violencia, para ello, puede apoyarse en el equipo multidisciplinario del Circuito Judicial. o en organismos públicos o privados que tengan el servicio de trabajo social. Sin embargo, ello no es óbice para que el Juez o Jueza especializado mantenga en suspenso la decisión sobre la medida de protección y seguridad. puesto que su carácter urgente no lo permite, en tal caso, debe tomar las herramientas establecidas en el artículo 5 (hoy artículo 7) eiusdem, para que de forma expedita, resuelva lo conducente; igualmente, para cumplir con la debida diligencia, debe ordenar la práctica de la visita social inmediatamente de dictada la respectiva medida de protección y seguridad.
Conforme con lo expuesto, siendo que está presente el orden público y el interés general en los procesos de violencia contra la mujer, debe esta Sala proceder a revocar por inmotivación, la decisión de fecha 12 de abril de 2022, dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, al omitir pronunciamiento sobre el análisis de la debida diligencia de las medidas de protección y seguridad revocadas y modificadas en el auto de fecha 18 de marzo de 2022. dictado por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control. Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Árca Metropolitana de Caracas; y siendo que se encuentran cumplidos los requisitos del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo [sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y por estar inmerso el orden público y el interés general en la resolución sobre dichas medidas, admite la acción de amparo constitucional. Asi se decide.
Por otra parte, advierte la Sala que en el presente caso es innecesario e inútil devolver a la mencionada Corte de Apelaciones el expediente. para que fije la audiencia constitucional y resuelva en consecuencia, por ser este un punto de mero derecho, en el cual se observan violaciones al orden público constitucional y al interés general en el auto de fecha 18 de marzo de 2022, dictado por la parte agraviante, que ameritan el pronunciamiento de oficio de la Sala sobre tal asunto, con el fin de restablecer el orden constitucional. Así se establece.
Resuelto lo anterior, observa la Sala, que la parte agraviante omitió dar cumplimiento al principio de la debida diligencia y dictar una decisión con perspectiva de género, lo que obliga a anular el auto de fecha 18 de marzo de 2022, y entrar a resolver el fondo de la apelación, en los siguientes términos:
En el presente caso, el recurrente señala, que si bien es cierto el tribunal agraviante revocó la medida de protección y seguridad establecida en el numeral 4° del artículo 90 (hoy artículo 106.4) ibidem, la Corte de Apelaciones en sede Constitucional guardó silencio de la denuncia sobre la inejecución de la decisión revocatoria de dicha medida, señalando que la víctima sigue habitando un inmueble que no es de su propiedad, ni del agresor, sino de un tercero.
En este orden, observa esta Sala Constitucional, que el concepto de domicilio conyugal", utilizado por el tribunal agraviante para revocar la medida de protección y seguridad no está previsto en el supuesto establecido en el articulo 90.4 (hoy 106.4) ibídem; por el contrario, la norma que nos ocupa. utiliza indistintamente los conceptos de "domicilio" o "vivienda común", entendidos éstos como el lugar que habitan conjuntamente la víctima y su agresor; siendo menester acotar, que cuando la Ley Orgánica "vivienda común", los utiliza como sinónimos, y solo alude a la vivienda que comparten habitualmente la víctima y el agresor; además la norma en cuestión no exige la condición de cónyuges como supuesto de procedencia de la medida, ni tampoco que dicha vivienda sea propiedad de alguno de ellos, o de ambos.
En este último punto, el legislador consideró que la “vivienda común" puede estar en posesión de la víctima y del agresor por diferentes motivos o relaciones jurídicas, y en nada se limita la titularidad del inmueble, por ejemplo, víctima y agresor pueden convivir en un inmueble que hayan obtenido en alquiler, comodato, préstamo o bajo posesión pacifica o tenencia, así que frente al tercero propietario del bien, la permanencia de la víctima en el inmueble no depende de la medida decretada, ya que esta no está dirigida, ni afecta al tercero, sino únicamente a la víctima y al agresor.
proceso penal, por sí o por medio de apoderado, y el abogado accionante carece de asista o sea su apoderado, por lo que su solicitud de que el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas deba oficiar a la autoridad policial para que procedan al desalojo de la víctima del inmueble que habita es improcedente, por contrariar la naturaleza y fin de la medida de protección y seguridad decretada, lo cual en nada afecta la relación existente con el tercero, quien tiene las acciones que la Ley le permite para deshacer dicha relación y obtener el desalojo del inmueble; así, por ejemplo, no es oponible en juicio arrendaticio de desalojo ser beneficiaria de la medida de protección para el ingreso y permanencia en la vivienda, debido a que dicha medida en nada afecta la relación jurídica de arrendamiento existente con el demandante arrendador, debido a que su fin es detener el hecho de violencia de género; así mismo, de contrapartida, su levantamiento tampoco es causa para fundamentar el desalojo de la víctima del inmueble, puesto que ello depende de la relación jurídica existente entre ellos, que otorgó la posesión o tenencia del inmueble. Siendo entonces, que la parte agraviante resolvió con base a un requisito no establecido en el artículo 90.4 (hoy articulo 106.4) eiusdem, y en igual medida incumplió el principio de la debida diligencia y dictar una decisión con perspectiva de género, en consecuencia, debe esta Sala Constitucional anular, por violación del orden público constitucional, el auto de fecha 8 de abril de 2022, dictado por el Juzgado Sexto de Primera, Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, manteniéndose incólumes las medidas de protección vigentes dictadas hasta ese momento, hasta tanto sea dictado el auto que resuelva con perspectiva de género la revisión de las referidas medidas. Así se decide.
En atención de todo lo expuesto, esta Sala Constiucional, ordena al tribunal agraviante, que antes de resolver la solicitud de revisión de las medidas de protección y seguridad, debe oficiar al Equipo Multidisciplinario del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, para que en un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo del oficio correspondiente, practique una visita social, según sea el caso, en la vivienda o viviendas, que conjunta o separadamente habitan actualmente victima y el presunto agresor, dejando constancia, entre otros aspectos, de la condición juridica que tienen en el inmueble que actualmente habitan (propietario, inquilino, poseedor, entre otros) de la identificación de las personas que habitan el inmueble, de los hechos acontecidos relacionados con los actos de violencia del presunto agresor, desde el otorgamiento de la medida de protección y seguridad hasta la fecha en que se realiza la visita, de cualquier otra circunstancia que establezca el protocolo de trabajo social y de aquella que considere pertinente para determinar la situación de derechos humanos que viven la victima y el presunto agresor desde la imposición de las medidas: y con base a lo anterior proceda inmediatamente a resolver,
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con perspectiva de género, la solicitud de revisión de las medidas de protección y seguridad vigentes hasta el momento. Así se decide.
Por último, es menester acotar, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del artículo 83 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ias resoluciones sobre la revisión de medidas no afecta la competencia subjetiva del Juez o Jueza de conocimiento, puesto que ella pueden ser solicitada las veces que considere el imputado o su defensa, salvo que emita un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, asunto no ordenado en la presente sentencia sin abrir la incidencia de inhibición. Así se establece.
OBITER DICTUM Ahora bien, la Sala considera, por notoriedad judicial, que no existe uniformidad de criterio por parte de los jueces y juezas con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer, en el otorgamiento, ejecución o revocatoria de las medidas de protección y seguridad contenidas actualmente en el artículo 106 de la vigente Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que resulta necesario dictar, con carácter vinculante, un complemento de las políticas públicas dictaminadas en el obiter dictum de la sentencia de esta Sala n°. 311 del 26 de abril de 2018, como parte de la necesaria actividad hermenéutica propia de las Salas y Tribunales Constitucionales en general, como desarrollo de los Textos Fundamentales y complemento à lo interno del Poder Público, en aras de garantizar la mayor eficacia posible de los mismos y de los actos jurídicos infra-constitucionales, en este caso, en protección de los derechos y garantías de las mujeres, niñas y adolescentes victimas de violencia (vid. art. 7 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), en los siguientes términos:
En su sustrato, el principio de debida diligencia contiene una obligación de medio, y no de resultado, por consiguiente, no es suficiente la sola declaratoria judicial para asegurar que se cumpla con el fin de las medidas de protección y seguridad previsto en la Ley Orgánica Especial, sino que es necesario la verificación de su real efectividad, so pena de generar la responsabilidad del operador de justicia.
La Recomendación General 19, párrafo 9, de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece que "..de conformidad con la Convención, la discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre (véanse los incisos e) y f) del artículo 2 y el artículo 5). Por ejemplo, en virtud del inciso e) del articulo 2 de la Convención, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones.o empresas. En virtud del derecho internacional y de pactos especificos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar Ios actos de violencia y' proporcionar indemnización... " (Resaltado del original).
A su vez, artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belem do Pará" refiere a las obligaciones inmediatas del Estado en casós de violencia contra las mujeres, que incluyen procedimientos, mecanismos judiciales y legislación encaminada a prevenir la impunidad, incluyendo medidas para proteger a las mujeres de actos de violencia inminentes. Establece: "Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer " (Capitulo II Deberes de los Estados. Articulo 7 b).
Más allá de todas las acciones vanguardistas que ha venido adoptando el Estado venezolano, en todas las expresiones del Poder Público y del Poder Popular, esencialmente, desde la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de todo el proceso que ha impulsado su paradigmático desarrollo, en el caso de las medidas de protección y seguridad, el Juez o Jueza de violencia contra la mujer debe dictar y realizar actuaciones tendientes a determinar la situación real de violencia y garantizar los derechos humanos .de la mujer víctima; por ello, es fundamental los objetivos y atribuciones que tienen en este aspecto, los equipos multidisciplinarios como órganos auxiliares de los Tribunales de Violencia, establecidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y las herramientas contenidas en el articulo 7 eiusdem.
En este sentido, la Ley Orgánica en mención establece:
"Obligación del Estado Artículo 7. El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley y garantizar los derechos humanos de las mujeres victimas de violencia." "Intervención de equipo interdisciplinario Articulo 17. En la recepción de las denuncias y en la investigación procesal de los hechos de que trata esta Ley, se utilizará personal debidamente sensibilizado, concientizado y capacitado en violencia de género. Los respectivos despachos estarán dotados de salas de espera para personas imputadas, separadas de las destinadas para las victimas." “Servicios auxiliares Articulo 139. Los Tribunales de Violencia Contra la Mujer contarán con:
I. Equipos multidisciplinarios o la asignación presupuestaria para la contratación de los mismos.
(...). " (Resaltado de la Sala)
"Objetivos del equipo multidisciplinario Articulo 140. Cada Tribunal de Violencia Contra la Mujer debe contar con un equipo multidisciplinario que se organizará como servicio auxiliar de carácter independiente e imparcial, para brindar al ejercicio de la función jurisdiccional experticia biopsicosocial legal de forma colegiada e interdisciplinaria. Este equipo estará integrado por profesionales de la medicina, de la psiquiatria, de la educación, de la psicología, del trabajo social, del derecho, de la criminología y de otras profesiones con experiencia en la materia. En las zonas en que sea necesario, se contará con expertas o expertos interculturales bilingües en idiomas indigenas." (Resaltado de la Sala) "Atribuciones del equipo multidisciplinario Articulo 141. Son atribuciones de los equipos multidisciplinarios de los tribunales de violencia contra la mujer:
1. Emitir opinión, mediante informes técnicos integrales sobre la procedencia de proteger a la mujer victima de violencia, a través de medidas cautelares específicas.
2.
Intervenir como expertos independientes e imparciales del Sistema de Justicia en los procedimientos judiciales, realizando experticias mediante informes técnicos integrales.
Brindar asesor la integral a las personas a quienes se dicten medidas cautelares.
Asesorar a la jueza o juez en la obtención y estimación de la opinión o testimonio de las niñas, niños y adolescentes, según su edad y grado de madurez.
5.
Auxiliar a los tribunales de violencia contra la mujer en la ejecución de las decisiones judiciales.
6. Las demás que establezca la ley." (Resaltado de la Sala) De las normas transcritas se desprende que los Equipos Multidisciplinarios son órganos auxiliares de los Tribunales con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, y, entre sus atribuciones, se encuentra la de ser auxiliar en la ejecución de las decisiones judiciales.
Así mismo, la referida Ley Orgánica con relación a las medidas de protección y seguridad establece:
"Medidas de seguridad y protección y medidas cautelares Articulo 11. Las medidas de seguridad y protección, y las medidas cautelares son aquellas que impone la autoridad competente señalada en esta Ley, para salvaguardar la vida, proteger la dignidad, integridad fisica, psicológica, sexual y los bienes patrimoniales de las mujeres victimas de violencia. La idoneidad, necesidad, urgencia, proporcionalidad y finalidad son elementos esenciales para su otorgamiento, debiendo prevalecer el mandato de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia" (Resaltado de la Sala) De la norma en comento se observa el carácter positivo de las señaladas medidas, consistentes en impedir la continuidad del hecho de violencia y establece los presupuestos procesales para su procedencia: idoneidad, urgencia, necesidad, proporcionalidad y debida. motivación; por ello, en atención de todo lo expuesto, con el objeto de resguardar la integridad psicológica, emocional y física de las mujeres, niñas y las adolescentes víctimas de violencia de género, y, a su vez, evitar excesos en su otorgamiento y revisión, y hasta tanto no sean dictados los protocolos de trabajo social sobre hechos de violencia de género, esta Sala Constitucional establece, con carácter vinculante, para todos los jueces y juezas con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer, que al momento de dictar una medida de protección y seguridad, o inmediatamente después de dictada en caso de urgencia, o previamente para revocar, sustituir, modificar alguna de ellas, debe ordenar al equipo multidisciplinario del Circuito Judicial de Violencia contra la Mujer, o, en su defecto, a los órganos auxiliares de investigación penal que cuenten con dichos equipos multidisciplinarios, o servicios de trabajo social, o solicite la colaboración de organismos públicos o privados que también cuenten con dichos equipos multidisciplinarios o servicios de trabajo social, sin necesidad de juramento de los miembros respectivos por parte del Juez o Jueza de Violencia contra la Mujer para que en un lapso no mayor de tres (3) días continuos contados a partir de su notificación, realicen, según sea el caso, la visita social'al inmueble o inmuebles donde habitan, conjunta o separadamente la víctima y el presunto agresor, dejando constancia de su condición en el inmueble (propietarios, inquilinos, posecdores, tenedores, entre otros), de la identificación de las personas que habitan el inmueble y su relación con el presunto agresor y la víctima, de las características físicas del inmueble y su funcionalidad, de las condiciones de derechos humanos (Trato sobre dignidad y respeto, socialización, identidad de género, condiciones culturales, religiosas y sociales, económicas, salud y salubridad, y otras condiciones apreciadas como necesarias por él o la profesional o profesionales asignados) en que se encuentra la víctima y el presunto agresor, y de la situación actual del hecho de violencia (Si se mantiene frecuencia - o cesó), y de cualquier otro aspecto que él o la profesional designado o designados, por la Coordinación o Jefe del Equipo Multidisciplinario o servicio de trabajo social - según sea el caso -, así como de cualquier otra circunstancia que el funcionario o funcionaria designada considere necesario dejar constancia en el acta que se levante al efecto.
La imposibilidad momentánea de que se realice la visita de trabajo social, bien en el inmueble que habitan conjuntamente la víctima y el presunto agresor, o en los inmuebles, si tienen vivienda separada, no impide acordar, revocar, modificar o sustituir la medida de protección y seguridad, dado su carácter urgente, caso en el cual la visita de trabajo social se practicará en la primera oportunidad en que sea posible realizarla; a tal efecto, el Tribunal mediante auto motivado dejará constancia del impedimento, y de ser posible, indicará la oportunidad en que se realizará; si el obstáculo o impedimento está relacionado.
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con la peligrosidad de la zona donde se encuentra el inmueble o inmuebles, se ordenará que la visita de trabajo social sea realizada con protección policial. De ser necesario el transporte del profesional o profesionales que realizarán la visita de trabajo social, el Juez o Jueza con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, coordinará con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura o su dependencia regional, su obtención, o, en su defecto, solicitará el transporte al órgano policial o con la colaboración de organismos públicos o privados.
Para el otorgamiento por primera vez de las medidas de protección y seguridad, se acordarán con base a los elementos existentes en el expediente, pero se ordenará inmediatamente la visita de trabajo social con el objeto de verificar su efectividad. En el caso de que las medidas de protección y seguridad sean ordenadas por alguno de los órganos establecidos en el artículo 90 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, será acordada con base a los elementos existentes en el expediente, pero deberán remitir el cuaderno abierto al efecto, inmediatamente, luego de la imposición de la medida, a los Tribunales con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Jurisdicción, con el objeto de que el Juez o Jueza especializado procese la verificación de su efectividad, conforme a los lineamientos de la presente sentencia. Es obligación de los jueces y juezas con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer, dictar las medidas para garantizar la integridad psicológica, emocional y física de las mujeres, niñas y las adolescentes victimas de violencia de género, con la debida diligencia y mediante decisiones con perspectiva de género.
Visto lo anterior, se ordena publicar el presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la Gaceta Judicial y la página de internet del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo sumario será "Criterio vinculante sobre el otorgamiento, modificación, sustitución o revocación y: ejecución de las medidas de protección y seguridad dictadas establecidas en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia" a los fines de hacer extensivo el conocimiento de esta sentencia, cuya aplicación es a partir de la publicación del presente fallo.
VI DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara:
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1.- COMPETENTE para conocer el recurso de apelación.
2.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación, solo en lo atinente a la admisión de la acción de amparo constitucional.
3.- REVOCA la decisión n°. 072-22 del 12 de abril de 2022, dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional. 4. ADMITE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, Y DECLARA DE MERO DERECHO SU RESOLUCIÓN.
5.- ANULA DE OFICIO el auto de fecha 18 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, que revocó y modificó las medidas de protección y seguridad existentes a favor de la víctima.
6.-ORDENA al Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Contro, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, que previo al pronunciamiento de la solicitud de revisión de las medidas de protección y seguridad con perspectiva de género vigentes hasta ese momento, conforme al principio de la debida diligencia, ordene al Equipo Multidisciplinario del referido Circuito Judicial Especial, para que practique la visita de trabajo social conforme con lo establecido en la presente sentencia.
7.- ORDENA publicar el presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la Gaceta Judicial y la página de internet del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo sumario será "Criterio vinculante sobre el otorgamiento, modificación, sustitución o revocación y ejecución de las medidas de protección y seguridad dictadas, establecidas en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia" a los fines de hacer extensivo el conocimiento de esta sentencia. Publiquese, regístrese y notifiquese del presente fallo a la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital y al Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente. Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los -q días del mes de cicienloγ e. de dos mil veintidós (2022). Años: 212º de la Independencia y 163° de la Federación.
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La Presidenta, GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO Ponente La Vicepresidenta,
LOURDES BENICIA SUAREZ ANDERSON
Los Magistrados,
EUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
TANIÀ D'AMELIO CARDIET
El Secretario, eAp CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE NOTAr No-firmó la.presentó serie Magintrado Dr. Listeanendo Damimi B. quien 22-0363.
GMGA/.
por motivos justificados.
reptetftip
Quien suscribe, en mi carácter de Secretario de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, certifica que: hecha la confrontación de estas copias con sus originales, se encuentra que es fiel y exacta, de lo cual doy fe.
En Caracas, a los 08 días del mes de febrero de 2023.
El Secretario, Carlos Arturo García Useche
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MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 164 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de fa Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNIco:Trasladaral ciudadano Abogado ALDo FRANCiSCO ARCiA SUBERO, titular de la cédula de identidad N° 15.206.940, como FISCALAUXILIAR INTERINO a Ia FISCALÍA VIGÉSIMA CUSARTA deI Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena, en sustitución de la ciudadana Abogacía Geraldine Allen Gamboa Rosell, quien pasará a otro destino. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en 1a Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. e y Publíqueşe.
re TAREK WICLIANS SAAB Fisgal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº1.65 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada GERALDINE ALLEN GAMBOA ROSELL, titular de la cédula de identidad N° 18.489.712, como FISCAL AUXILIAR INTERINO a la FISCALÍA VIGÉSIMA PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena, en sustitución del ciudadano Abogado Aldo Francisco Arcia Subero, quien pasará a otro destino. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de MIINISTE esey Publíquese.
farek
Iscal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 166 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado WILFREDO KARIN DURÁN RODRíGUEZ, titular de la cédula de identidad N.º 17.177.309, COIO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la FISCALÍA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en Fiscalía Septuagésima Tercera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
El presente traslado tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comunfagese y Publíquese.
ferrer TAREK WLLLIANS SAAB Fiscaf General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas,02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 167 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: TrasadarComo FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada GABRIELA MARÍA RAMÍREZ LEÓN, titular de la cédula de identidad Nº 20.114.547, a la FISCALÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Proceso. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
guese y publíquese, farek TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº168 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚMICO: Trasladara la Ciudadana Abogada DUBRASKA DEL VALLE AZUAJE PÉREZ, titular de la cédula de identidad N.º 10.823.2.43, COMO FISCAL PROVISORIO a la FISCALÍA VIGÉSIMA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Publíquese.
MiNIST eree TAREK WILLIANS SAAB Eiscal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 170 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada MARIsOL TORO, titular de la cédula de identidad N° 17.606.472, como FISCAL AUXiLiAR INTERINO a la FISCALÍA OCTAVA del Ministerio PúbliCo de la Circunscripción Judicial delestado Trujillo, conse de en Valera competencia en Protección del Niños, Niñas, y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y bagt nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese.
farek FAREK WILLIANS SAAB Fisgal General de la República
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SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
DILE NO
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SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
200 CARABOBO
GACETA OFICIAL DE LA BEPCRLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización El trámite es PERSONAL.
En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios o sobrinos).
En su defecto consignar poder debidamente autenticado.
Siguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)
Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.
Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.
Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.
Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela
Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.
http://www.imprentanacional.gob.ve
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AÑO CL - MES V Número 42.576
Caracas, viernes 24 de febrero de 2023
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