Gaceta Oficial N° 42.570
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Caracas, martes 14 de febrero de 2023 Número 42.570 AÑO CL - MES V
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto Nº 4.781, mediante el cual se nombra a la Junta Directiva de la Empresa Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), la cual queda conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en él se indican.
VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE ECONOMÍA Resolución mediante la cual se aprueba la “Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto” de esta Vicepresidencia Sectorial para el Ejercicio Económico Financiero 2023, la cual estará constituida por la Unidad Administradora Central y las Unidades Ejecutoras Locales que en ella se señalan; y se designa al ciudadano Will Veloza Valero, como Cuentadante responsable de los fondos de la Unidad Administradora Central.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR Resolución mediante la cual se incorpora al Apéndice I que forma parte integrante del Decreto N° 4.757, de fecha 29 de diciembre de 2022, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.727 Extraordinario, de la misma fecha, los Códigos Arancelarios que en ella se mencionan, a los efectos de la exoneración del pago del Impuesto de Importación e Impuesto al Valor Agregado.
SENIAT Providencia mediante la cual se establecen las disposiciones para el disfrute del beneficio de exoneración del pago del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras por las operaciones de venta realizadas en el territorio nacional, de combustibles derivados de hidrocarburos, así como los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PLANIFICACIÓN Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yuleici Coromoto Verdi Molina, como Director General de la Unidad Territorial de Planificación Popular (UTPP) de la Región Los Andes, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Humberto Alvarado González, como Secretario Permanente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), ente adscrito a este Ministerio, en calidad de Encargado.
Consejo Nacional de Universidades Providencia mediante la cual se convoca a los Miembros del Consejo Nacional de Universidades, a una Sesión Extraordinaria Virtual, con modalidad virtual a celebrarse el día miércoles 15 de febrero de 2023.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Florvidia María Laya Mieres, como Directora (E) de la Zona Educativa del estado Delta Amacuro, adscrita al Despacho de la Ministra.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Eduardo Mantilla Herrera, como Director General del Despacho de este Ministerio, en calidad de Encargado; y se delega la atribución y firma de los actos y documentos que en ella se indican.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Plena Resolución mediante la cual se dicta las normas que regulan los planes y beneficios de jubilación, de carácter especial, para los Jueces y Juezas, y demás funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial.
Resolución mediante la cual se crea la Sala Especial Primera en la Secretaría de la Sala Político Administrativa.
Resolución mediante la cual se enuncian las competencias de la Sala Político Administrativa, por lo que respecta a la cuantía, según lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Resolución mediante la cual se amplía la competencia de los tribunales en función de control de cada Circunscripción Judicial del país.
DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Helen María Manrique Lucatt, como Jefa de la División de Jubilaciones y Pensiones, adscrita a la Dirección Nacional de Rercursos Humanos, en condición de Encargada.
Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Mariolga Valentina Moreno Viloria, Defensora Pública Provisoria Primera (1°), con competencia en materia Especial de Delitos de Violencia Contra la Mujer, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, para que se desempeñe como Defensora Pública Provisoria Primera (1°), con competencia en la referida materia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Trujillo, Extensión Valera.
Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Jhoan Manuel Fernández Martínez, Defensor Público Provisorio Tercero (3°), con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado La Guaira, para que se desempeñe como Defensor Público Provisorio Primero (1°), con competencia en materia Contencioso Administrativo, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, Extensión Sede Central.
Resolución mediante la cual se cambia la competencia a la ciudadana Aleine Paola Barboza Portillo, Defensora Pública Auxiliar Décima (10°), con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, para que se desempeñe como Defensora Pública Auxiliar Séptima (7°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Referida Unidad Regional.
MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, como Fiscales Auxiliares Interinos, en las Fiscalías y la Unidad de Depuración Inmediata de Casos que en ellas se señalan, de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se especifican.
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459.852 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 14 de febrero de 2023
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.)
TARECK EL AISSAMI
Decreto N° 4.781 14 de febrero de 2023
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentados en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 Ejusdem, en concordancia con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenados con lo dispuesto en los artículos 4º, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
DECRETO
Artículo 1°. Nombro a la JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN), la cual queda conformada como a continuación se indica:
JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA PETROQUÍMICA DE
VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN). PEDRO RAFAEL TELLECHEA RUIZ
PRESIDENTE V-12.067.628 MARY YERMAN NAVA OLIVARES
VICEPRESIDENTA
V-19.747.851
LUIS ENRIQUE MOLINA DUQUE
V-13.762.922
MIEMBRO PRINCIPAL
JOSÉ MIGUEL GUERRERO MARRIAGA
V-10.919.523
MIEMBRO PRINCIPAL
ELIALIS CAROLINA
COLINA GÓMEZ
V-16.941.731
MIEMBRO PRINCIPAL
EDUARDO JOSÉ FERNÁNDEZ ANAYA
V-12.384.073
MIEMBRO PRINCIPAL
Artículo 2°. Se instruye al representante accionario del Estado tomar las acciones pertinentes a efecto de instrumentar la designación de la Junta Directiva descrita en el artículo 1°, así como la juramentación de los referidos ciudadanos y ciudadanas de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los catorce días del mes de febrero de dos mil veintitrés. Años 212° de la Independencia, 163° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela
VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE ECONOMÍA
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Martes 14 de febrero de 2023 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 459.853
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA,
FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
DESPACHO DE LA MINISTRA
Caracas, 14 de febrero de 2023
AÑOS 212°, 163° y 24°
RESOLUCIÓN N° 001-2023
La Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (E), designada mediante Decreto N° 4.287, de fecha 8 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.960, de esa misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 17 del Decreto N° 4.757, mediante el cual se dictan las Exoneraciones en Materia Aduanera, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.727 Extraordinario de fecha 29 de diciembre de 2022.
RESUELVE
Artículo 1. Incorporar al Apéndice I que forma parte integrante del Decreto N° 4.757 de fecha 29 de diciembre de 2022, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.727 Extraordinario, de la misma fecha, los siguientes Códigos Arancelarios: 2519.90.90.00, 2522.10.00.00, 2529.21.00.00, 2701.11.00.00, 2708.10.00.00, 2804.30.00.00, 2804.40.00.00, 2804.61.00.00, 2804.69.00.00, 2811.22.90.00, 2815.12.00.00, 2826.12.00.00, 2826.30.00.00, 3506.99.00.00, 3816.00.19.00, 3801.30.10.00, 3906.90.49.90, 3919.90.90.00, 4009.11.00.00, 4009.21.90.00, 4009.42.90.00, 4010.11.00.00, 4010.12.00.00, 4010.19.00.00, 4010.39.00.00, 4406.92.00.00, 4812.00.00.00, 5911.20.90.00, 6815.99.90.00, 6902.10.18.00, 6902.20.10.00, 6902.20.92.00, 6903.90.92.00, 6903.90.99.00, 7201.10.00.00, 7202.30.00.00, 7202.60.00.00, 7202.93.00.00, 7202.19.00.00, 7219.22.00.00, 7225.99.90.00, 7304.29.39.00, 7304.49.00.00, 7306.90.20.00, 7314.14.00.00, 7315.11.00.00, 7315.12.90.00, 7315.89.00.00, 7325.99.90.00, 7326.11.00.00, 7405.00.00.00, 7605.29.90.00, 8431.10.10.00, 8482.10.90.00, 8484.90.00.00, 8501.40.19.31, 8504.31.19.00, 8537.20.90.00, 8544.20.00.00, 8544.60.00.00, 9026.10.19.00, 9026.10.29.00, 9026.20.10.90 y 9026.80.00.00. A los efectos de la exoneración del pago del Impuesto de Importación e Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en el artículo 3 del mencionado Decreto, únicamente a las importaciones cuyo consignatario o aceptante final de las mercancías sea la Corporación Venezolana de Guayana CVG.
Artículo 2. Esta Resolución estará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional,
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA , FINANZAS
Y COMERCIO EXTERIOR
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459.854 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 14 de febrero de 2023
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Despacho de la Ministra DM/N° 004 Caracas, de FebreOde 2023 212°, 163° y 240 Como principio rector de Estado democrático y social de derecho y de justicia, voluntad de profundizar la participación del Poder Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario, propugnando como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, con valor, solidaridad, justicia, responsabilidad social, conducta moral, decorosa y digna del pueblo soberano enalteciendo su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en atención a lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ministra del Poder Popular para la Educación; dicta la presente, RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la Ciudadana FLORVIDIA MARÍA LAYA MIERES, venezolana, titular de la cédula de identidad N° 11.210.777, Directora (E) de la Zona Educativa del Estado Delta Amacuro, adscrita al Despacho de la Ministra, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2. La ciudadana Florvidia María Laya Mieres, antes identificada, ejercerá las siguientes funciones:
1. Ejercer en sus respectivos ámbitos geográficos la coordinación de la gestión Educación en lo pedagógico, técnico y administrativo, de conformidad con las instrucciones de la Ministra o del Ministro y en coordinación con los Despachos de las Viceministras o de los Viceministros y con las oficinas de apoyo ministerial.
2. Orientar, supervisar, evaluar y controlar la gestión pedagógica de los planteles y centros educativos oficiales y de gestión privada ubicados en sus respectivos ámbitos geográficos, de conformidad con las instrucciones de la Ministra o del Ministro' y en coordinación con los Despachos de las Viceministras o de los Viceministros y con las Oficinas Ministeriales de Apoyo que correspondan.
3. Orientar, supervisar, evaluar y controlar la organización y gestión administrativa de los planteles y centros educativos oficiales y de gestión privada ubicados en sus respectivos ámbitos geográficos, de conformidad con las instrucciones de la Ministra o del Ministro y en coordinación con los Despachos de las Viceministras o de los Viceministros y con las oficinas de apoyo ministerial que correspondan.
4. Ejercer los procesos de supervisión, evaluación y control de las políticas, planes, proyectos, acciones y estrategias que les sean delegados por la Ministra o por el Ministro, en coordinación con los Despachos de las Viceministras o de los Viceministros y con las oficinas de apoyo ministerial que correspondan, e informar de sus resultados.
5. Supervisar y evaluar el desempeño institucional de los planteles y centros educativos oficiales nacionales y el desempeño de sus autoridades e informar de sus resultados a la Ministra o al Ministro y a los Despachos de las:Viceministras o de los Viceministros y a las oficinas de apoyo ministerial que:correspondan.
6. Proponer la mejora y adaptación de las políticas, normas, planes, programas, proyectos, acciones y estrategias del Ministerio a las realidades de sus respectivos ámbitos geográficos.
7. Mantener actualizado los sistemas de información y bases de datos que les asigne la Ministra o el Ministro, en coordinación con los Despachos de las Viceministras o de los Viceministros y con las oficinas de apoyo ministerial que correspondan.
8. Representar al Ministerio del Poder Popular para la Educación en los actos públicos o privados de carácter educativo que se realicen en su respectivo ámbito geográfico.
9. Las demás atribuciones que le establezcan las leyes, los reglamentos y las resoluciones en materia de su competencia.
Artículo 3. Se autoriza expresamente a la referida ciudadana, con el carácter que se le otorga mediante la presente Resolución; para que actúe como Cuentadante de la Unidad Administradora Desconcentrada con Firma Zona Educativa del Estado Delta Amacuro, Coordinación Zonal, bajo el N° 10009, de conformidad con la Resolución DM/N° 0030 de fecha 29 de noviembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.525, del 13 de diciembre de 2022, mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Educación para el año 2023, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario.
Artículo 4. Se delega en la ciudadana Florvidia María Laya Mieres, previamente identificada, las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se indican:
1. Las certificaciones de las calificaciones donde conste los resultados de evaluación educativa de los distintos niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica.
2. Las equivalencias de los planes de estudios vigentes cursados en el exterior en el nivel de educación media.
3. Expedir copias certificadas de los documentos que reposan en los archivos de la Zona Educativa, a solicitud de parte interesada legítima o de las autoridades competentes.
4. La correspondencia postal, telegráfica e informática en relación con las solicitudes elevadas al Ministerio del Poder Popular para la Educación, por particulares y demás instituciones públicas y privadas.
5. Las circulares, comunicaciones y correspondencia que emanen de la Zona Educativa.
6. Los contratos de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las dependencias administrativas, depósitos y planteles educativos, en su ámbito geográfico, mediante acto motivado, cuando las circunstancias así lo justifiquen; de conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos. Igualmente, los teléfono, telecomunicaciones, correo, aseo urbano, que sean necesarios para el mejor desempeño de la Zona Educativa correspondiente, de acuerdo al monto de la asignación presupuestaria, a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y al Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario.
Artículo 5. La ciudadana Florvidia María Laya Mieres, antes identificada, deberá rendir cuenta a la Ministra, de los actos y documentos firmados en virtud de la delegación conferida en el artículo anterior, y es responsable civil, penal, disciplinaria y administrativamente de las faltas en que incurra, pudiendo ser sancionada según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y otras Leyes vigentes aplicables.
Artículo 6. Los actos y;documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la ciudadana designada, la fecha y número de la presente Resolución, así como la fecha y número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde haya sido publicada.
Comuníquesey Rubliquese;
ESUS SANTAELLA HERNÁNDEZ Minisea-tel Poder Popular para la Educación Decreto 4.565, de fecha 1 de agosto de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.638 Extraordinario, de la misma fecha
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 009 CARACAS, 14 DE FEBRERO DE 2023 AÑOS 212°, 163° y 24° En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 1, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; artículo 5 numeral 2 y artículo 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con lo establecido en el Decreto N° 2.650 de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067 de la misma fecha, en su artículo 1 numeral 1, artículo 2 numeral 1, este Despacho Ministerial.
RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano CARLOS EDUARDO MANTILLA HERRERA, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.742.418, como Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en calidad de Encargado.
Artículo 2. El prenombrado ciudadano ejercerá las funciones establecidas en el artículo 18 del Decreto N° 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, de fecha 12 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario de fecha 13 de julio de 2016.
Artículo 3. Se delega en el ciudadano CARLoS EDUARDO MANTILLA HERRERA, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.742.418, como Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en calidad de Encargado, la atribución y firma de los actos y documentos que a continuación se indican:
1. La correspondencia destinada a las demás Direcciones del Ministerio sobre actuaciones de carácter técnico-administrativo, cuya tramitación deban iniciar, continuar y/o concluir conforme a sus respectivas competencias.
2. La correspondencia externa, mediante los medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en respuesta a las solicitudes de particulares dirigidas al Despacho sobre asuntos cuya atención sea competencia de la oficina a su cargo.
3. Certificar las copias de los documentos cuyos originales reposan en el archivo de la oficina a su cargo.
Artículo 4. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma, nombre de quien lo suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha, el número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, según lo establecen los artículos 34 y 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Artículo 5. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.
Artículo 6. El funcionario nombrado antes de tomar posesión del cargo deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determine la Ley.
Artículo 7. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de a República Bolivariana de Venezuela.
muníquese y Publíquese, RAMÓN CELESTINO VELASQUEZ ARAGUAYÁN MinistedePoder Popular para el Transporte Designado mediante Decreto N° 4.689 de fecha 16 de mayo de 2022 Publicado en la Gaceta Oficial N° 6.701 Extraordinario de la misma fecha.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA Caracas, 14 de diciembre de 2022 212° y 163° RESOLUCIÓN N° 2022-0007 De conformidad con los artículos 254 y 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenados con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en ejercicio de la atribución establecida en numeral 10 del artículo 36 eiusdem, que confiere a esta Sala Plena la facultad para dictar las normas concernientes a los derechos y obligaciones de los empleados o empleadas a su servicio y organizar el sistema de administración del personal.
CONSIDERANDO
Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 254 y 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Alto Tribunal de la República constituye el máximo órgano rector del Poder Judicial, y como tal goza de autonomía funcional, financiera y administrativa; y en su carácter de rector del Poder Judicial y máxima representación, le corresponde la dirección, el gobierno y la administración del mencionado Poder Público Nacional, de manera tal que cuenta con las competencias para dictar, por razones de mérito, oportunidad y conveniencia, la regulación referida a las jubilaciones especiales para este ámbito del Poder Público Nacional.
CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo de Justicia es el órgano Rector de las políticas en materia de personal del Poder Judicial, y entre sus prioridades está la evaluación y la adecuación del ingreso y egreso del talento humano de que dispone, para el fomento de la eficiencia en la atención del ciudadano y ciudadana, de conformidad con la ley.
CONSIDERANDO Que normativamente se requieren directrices y lineamientos para los trámites, planificación, formalización, verificación y aprobación de la modalidad de Jubilaciones Especiales para los Jueces y Juezas, y demás funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio para el otorgamiento de la jubilación ordinaria, exigidos por la normativa jurídica que los regula; así como establecer los trámites administrativos, que deben cumplir, para garantizar de manera eficaz y oportuna el otorgamiento, el ejercicio y el disfrute igualitario del beneficio especial.
CONSIDERANDO Que existen funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial que, aunque han prestado servicios al Estado durante tiempo prolongado, no han cumplido los requisitos mínimos para obtener el derecho a la jubilación conforme a la legislación ordinaria.
CONSIDERANDO Que esta Sala Plena aprobó en los años 2005, 2008, 2009, 2015 y 2016 las Normas que regularían los planes y beneficios de jubilación de carácter especial, para los Jueces y Juezas, Defensores Públicos y Defensoras Públicas, Inspectores e Inspectoras de Tribunales, funcionarios y empleados administrativos al servicio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial, contenidas en la Resolución S/N° de fecha 10 de agosto de 2005, publicada en Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.339, del 20 de diciembre de 2005; en la Resolución N° 2008-0023, de fecha 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.050, del 3 de noviembre de 2008; en la Resolución N° 2009-0010 de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.915 Extraordinario, del 2 de abril de 2009; en la Resolución N° 2015-0027, de fecha 9 de diciembre de 2015 y la Resolución N° 2016-0020, de fecha 7 de diciembre de 2016, respectivamente.
RESUELVE Dictar las normas que regularán los planes y beneficios de jubilación, de carácter especial, para los Jueces y Juezas, y demás funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial, salvo los del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales son del siguiente tenor:
PRIMERA: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros y por acuerdo motivado, previo análisis de cada caso realizado por la Comisión Calificadora de Jubilaciones y Pensiones de Magistrados, Empleados, Funcionarios y Obreros del Tribunal, podrá conceder, aun de oficio y en todo caso sujeto a la disponibilidad presupuestaria, el beneficio de jubilación especial a los Jueces, Juezas, y demás funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en la normativa ordinaria;
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cuando hayan alcanzado la edad de cuarenta (40) años si es mujer y cuarenta y cinco (45) años si es hombre, siempre y cuando hayan cumplido quince (15) años_ como mínimo de servicio dentro de la Administración Pública, cinco (5) años de los cuales dentro del Poder Judicial.
SEGUNDA: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con el voto favorable de Ia mayoría calificada de sus miembros y por acuerdo motivado, previo análisis de cada caso realizado por la Comisión Calificadora de Jubilaciones y Pensiones de Magistrados, Empleados, Funcionarios y Obreros del Tribunal, podrá conceder, aun de oficio y en todo caso sujeto a la disponibilidad presupuestaria, el beneficio de jubilación especial a los Jueces, Juezas, y demás funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial, que sin reunir las condiciones indicadas en la norma anterior, presenten alguna de las razones o circunstancias excepcionales siguientes:
1. Las enfermedades graves, dictaminadas en el respectivo informe médico, que impidan el normal desempeño de las funciones o actividades de índole laboral, certificado por el órgano del Poder Judicial con competencia en la materia.
Situaciones sociales graves derivadas de cargas familiares, debidamente avaladas y certificadas por el respectivo informe social, emitido por el respectivo órgano, en el cual se especifique que la circunstancia que genera tal situación, requiere exclusivamente de la atención del trabajador o funcionario a quien se pretende otorgar el beneficio.
TERCERA: Las jubilaciones especiales se calcularán tomando como porcentaje base inicial el sesenta y cinco por ciento (65%) y se aumentará hasta un ochenta por ciento (80%) del monto del último sueldo o salario normal que se haya devengado, a razón de dos por ciento (2%) por cada año de antigüedad superior a los quince (15) años de servicio.
En los casos de las jubilaciones especiales a las que se refiere la norma segunda, cuya antigüedad no excede los quince (15) años de servicio, se determinará el cálculo del porcentaje entre el cincuenta y cinco por ciento (55%) y el sesenta y cinco por ciento (65%) del monto del último sueldo o salario normal que se haya devengado.
CUARTA: Para que procedan las jubilaciones especiales que están reguladas en estas normas, el funcionario debe estar desempeñando sus funciones para el momento de la solicitud.
QUINTA: Los trámites administrativos para el otorgamiento del beneficio de las Jubilaciones Especiales contenidas en esta Resolución los gestionarán los Jueces, Juezas, funcionarios y empleados administrativos y judiciales del Poder Judicial, de forma directa ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura o a través de las Oficinas de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional de la Circunscripción Judicial correspondiente, la cual la remitirá en forma inmediata con sus documentos soportes a la citada Dirección General.
SEXTA: El Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva de la Magistratura, deberá remitir mediante oficio a la Comisión Calificadora de Jubilaciones y Pensiones de Magistrados, Empleados, Funcionarios y Obreros del Tribunal, el expediente contentivo de la solicitud de la jubilación especial, el cual deberá contener la documentación siguiente:
1. Solicitud debidamente suscrita por el interesado o interesada, en caso de que sea a instancia de parte.
2. Certificación de cargo, que acredite el órgano para el cual prestó servicio, el cargo desempeñado, la duración de la relación de trabajo, el último sueldo o salario devengado.
Copia legible y ampliada de la cédula de identidad.
3.
Hoja de cálculo en la cual se refleje el monto de la jubilación especial, emanada de la respectiva oficina o dependencia de recursos humanos.
Informe médico convalidado por el órgano con competencia en materia de salud pública, en el cual se justifique las razones o circunstancias excepcionales, cuando el trámite se genere por razones de salud y así aplique.
6. Informe social que justifique el trámite o solicitud de la jubilación especial, cuando el trámite se genere por razones sociales y así aplique.
7. Cualquier otro que solicitare la Comisión Calificadora de Jubilaciones y Pensiones de Magistrados, Empleados, Funcionarios y Obreros del Tribunal.
SÉPTIMA: La base de cálculo para la jubilación de los beneficiarios que hayan recibido ascenso en el transcurso del año anterior a la publicación de esta Resolución o durante su vigencia, será el salario normal que hayan devengado antes de su ascenso.
OCTAVA: Las jubilaciones especiales reguladas a través de esta Resolución serán concedidas a solicitud de la parte interesada o de oficio por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
NOVENA: Las funcionarias o los funcionarios sujetos a esta Resolución, en los casos que les sea otorgada la jubilación especial, percibirán incrementos anuales en los montos de sus respectivos beneficios en forma proporcional al aumento de salario del cargo que ocupaban, sujeto a Ia disponibilidad presupuestaria; y disfrutarán, además, de los beneficios de los que goza el personal activo, tales como Hospitalización, Cirugía y Maternidad y Caja de Ahorros.
DÉCIMA: En caso de fallecimiento del beneficiario o la beneficiaria de la jubilación especial, o si después de acordado el beneficio por la Sala Plena, no se hubiese publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el monto mensual que sea asignado será entregado como pensión al sobreviviente de la manera siguiente:
a) Al cónyuge o concubina (o), mientras no cambie su estado civil o no inicie una relación de hecho legalmente establecida y siempre que sea mayor de cincuenta y cinco (55) años, o de cualquier edad si se encuentra totalmente incapacitado;
b) A los hijos cuya filiación esté legalmente establecida y aún de aquellos que lo probaren posteriormente, solteros y menores de dieciocho años de edad;
c) A los hijos cuya filiación este legalmente establecida y aún de aquellos que lo probaren posteriormente, solteros, de cualquier edad, si padecen defectos físicos o intelectuales permanentes que lo incapaciten para el trabajo;
d) A los hijos cuya filiación esté legalmente establecida y aún de aquellos que lo probaren posteriormente, solteros, con edad comprendida entre los dieciocho y veinticinco años de edad, siempre y cuando estén cursando estudios de educación superior y se encuentren desempleados;
A los ascendientes directos del beneficiario que prueben su relación de e) dependencia económica de aquél.
DÉCIMA PRIMERA: El monto de la pensión para los o las sobrevivientes se distribuirá asf:
Si sólo existiera el cónyuge o la concubina o concubino, en las condiciones a) -que están dispuestas en el literal "a" de la norma anterior, ésta o éste recibirá el cien por ciento (100%) de la pensión;
Si sólo existieren hijos, se repartirá en cien por ciento (100%) de la pensión b) en partes iguales entre aquellos a quienes, de conformidad con la norma anterior, le corresponda la pensión;
Si existieran cónyuge o concubina o concubino e hijos, el cincuenta por ciento (50%) de la pensión será para el cónyuge o concubina o concubino y el otro cincuenta por ciento (50%) para los hijos en partes iguales entre aquellos que tengan el derecho de conformidad con la norma anterior;
Si no existiera ni cónyuge ni concubina o concubino ni hijos, le corresponderá d) el cien por ciento (100%) de la pensión a los ascendientes directos en partes iguales, siempre que demuestren su dependencia económica del causante.
DÉCIMA SEGUNDA: Las jubilaciones especiales acordadas conforme a las presentes normas, serán publicadas en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela.
DÉCIMA TERCERA: Se deroga la Resolución N° 2009-0010, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.915 Extraordinario, de fecha 2 de abril de 2009.
DÉCIMA CUARTA: Cualquier asunto que no esté regulado en esta Resolución, será resuelto por la mayoría absoluta de los miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
DÉCIMA QUINTA: Esta Resolución iniciará su vigencia desde su aprobación por la Sala Plena y, posteriormente, se ordenará su publicación en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela.
DÉCIMA SEXTA: La presente Resolución tendrá vigencia de un (1) año desde su aprobación por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, excepto lo dispuesto en la segunda norma y aquellas que complementen su aplicación, las cuales mantendrán su vigencia hasta que sca dictada la normativa correspondiente.
Comuníquese y publíquese.
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, cn Caracas, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022). Años: 212° de la Independencia y 163° de la Federación.
LAPRESIDENTA,
GLADYS MARÍA G DO
PRIMIER VICEPRESIDENTE, EGUNDOYIGEPRESIDENTE,
EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ HENRY OSETIMAURE TAPIA LOS DIRECTORES Y LAS DIRECTORAS,
M
ELSA JANETHLGOMEZ MORENO LOSMAGISTRADOS Y LAS-MIAGISTRADAS,
LOURDES ENICIA SUAREZ ANDERSON BÁRBARA GABRIELÉSAR SIERO
RESOLUCIÓNN° 2022-0007
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JOSE LUIS GUTIÉRR ABRA!E
Maeastio CARLOSMLEXS CASTILAO ASCARNIO CARMEN MARISELA CASTRO GI $
FIGUEROA ARIZALE MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS LUIS PRABO DAMIANI BUSTILLOS
JUAN CARLOSGO PANDARES TANIA D' AMELIO CARDIET
ARIAN AVELSQUEZ GRILLET ADRIA ELIAS RUBÉN BITTAR ESCALONA MIG
ARIO
JOHN ENRIQUEPA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA
Caracas, 14 de diciembre de 2022 212° y 163° RESOLUCIÓN N° 2022-0008
De conformidad con el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compete al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial;
CONSIDERANDO
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho que tiene toda persona de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, de la tutela eficaz de los mismos y la obtención de pronta decisión; con garantía de una justicia gratuita, accesible, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles;
CONSIDERANDO Que, el Artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, estabiece la competencia de la Sala Plena para la creación de Salas Especiales "cuando se acumulen, por materia, cien o más causas para que sean decididas", y que dichas Salas deben estar conformadas por un Magistrado o Magistrada de la Sala respectiva y por dos Míagistrados o Magistradas Accidentales, que serán designados o designadas por la Sala Plena de la lista de suplentes;
CONSIDERANDO Que en la Sala Político Administrativa están pendientes de resolución una cantidad de causas, que supera ampliamente la cantidad mínima establecida en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se justifica la creación e instalación de una Sala Especial en su seno, para la pronta resolución de las mismas, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
RESUELVE
CREACIÓN DE LA SALA ESPECIAL PRIMERA
Artículo 1: Se crea la Sala Especial Primera para el conocimiento y decisión de expedientes que han sido recibidos en la Secretaría de la Sala Político Administrativa hasta el mes de noviembre de 2022.
Dicha Sala Especial Primera funcionará durante el período de un año y su existencia deberá prorrogarse sucesivamente, por igual período, hasta que la última de las causas que se le asignen sea decidida.
Artículo 2: Se designan como Magistrados y Magistradas Accidentales de la Sala Especial Primera de la Sala Político Administrativa, a los Magistrados y Magistradas Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia: Dra. Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, Dr. Emilio Antonio Ramos González, Dr. Luis Emilio Rondón González, Dra. Grisell de los Ángeles López de Zacarías, Dr. Juan Pablo Torres Deigado, Dra. Anabel del Carmen Hernández Robles, Dr. Edelio Isabel González Díaz, Dra. Eneida Alexandra Moreno Pérez, Dr. Silio César Sánchez Zerpa, Dr. Jaime Jesús Báez Jiménez, Dra. Janette Trinidad Córdova Castro, Dr. Juan Carlos Cuenca Vivas, Dr. Heriberto Antonio Peña, Dra. Katherine Nayarith Haringhton Padrón, Dr.
Pablo Antonio Gómez, Cristóbal Cornieles Perret, Dra. Michel Adriana Velásquez Grillet, Dra. Olga Asunción Álvarez Álvarez, Dra. Jacqueline del Valle Sosa Mariño, y Dr. René Alberto Degraves Almarza.
Artículo 3: La Sala Especial Primera estará integrada por los siguientes Magistrados:
Magistrado doctor Malaquías Gil Rodríguez.
Magistrada Accidental doctora Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.
Magistrado Accidental doctor Emilio Antonio Ramos González.
La Sala Especial Primera será presidida por el Magistrado doctor Malaquías Gil Rodríguez. El Secretario y el Alguacil de la Sala Especial constituida, serán los mismos que integran la Sala Político Administrativa ordinaria del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 4: En caso de que alguno de los Magistrados y Magistradas Accidentales designados en la Sala Especial Primera, se encuentre impedido de asistir a las audiencias correspondientes en los asuntos donde fueron convocados, por razones justificadas, podrá incorporarse cualesquiera de los Magistrados Accidentales a los fines de cubrir la ausencia respectiva, para garantizar el normal desenvolvimiento de la administración de justicia en beneficio de los justiciables.
Artículo 5: El Presidente de la Sala Político Administrativa, con el apoyo del Secretario de la Sala, procederá a la asignación de las causas que deberán ser conocidas por la Sala Especial Primera. La distribución de las causas será recogida en un acta que se publicará en la Gaceta Judicial y en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 6: En caso de inhibición o recusación de alguno de los Magistrados o Magistradas Accidentales que conforman la Sala Especial Primera, el Presidente de la misma conocerá la incidencia. Si fuesen declaradas con lugar las inhibiciones o recusaciones, la Sala Especial Primera será constituida por cualesquiera Magistrados y Magistradas Accidentales. Cuando se inhiba o sea recusado el Presidente de la Sala Especial Primera, el expediente se reasignará y será remitido a la Sala Político Administrativa ordinaria, y el conocimiento de la incidencia le corresponderá al Vicepresidente de la misma.
Artículo 7: Las decisiones serán adoptadas por unanimidad, dictadas en nombre de la Sala Político Administrativa, pero con indicación de que corresponden a la Sala Especial Primera, y con estricto apego a los criterios jurisprudenciales de la Sala Político Administrativa. Si hubiere discrepancia de opinión entre los integrantes de la Sala Especial Primera respecto de algura causa, la misma deberá ser presentada al conocimiento y juzgamiento de la Sala Político Administrativa ordinaria.
Artículo 8: Durante la existencia de la Sala Especial Primera, que ha sido creada por la presente Resolución, el Presidente de la Sala Político Administrativa ordinaria, por conducto de la Secretaria de la Sala, remitirá las causas para su conocimiento y decisión, siempre que sean análogas a casos sobre los cuales exista jurisprudencia de la Sala Político Administrativa ordinaria.
Artículo 9: El Presidente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, queda encargado de la ejecución de la presente Resolución.
Artículo 10: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación en Sala Plena. Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Judicial y en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.
Comuníquese y publíquese.
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022). Años: 212° de la Independencia y 163° de la Federación.
LAPRESIDE
DO GLADYS MARÍA GU
SEGUNDO VICEPRESADENTE, PRIMER VICEPRESIDENTE,
EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ HENRYOSÉ TIMAURE TAPIA
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LOS DIRECTORES Y LAS DIRECTORAS,
MALAQUÍA$GIL RODRÍGUEZ CARYSLIA B. ROBRIGUEZRODRÍGUEZ
ELSA JANETH-ÓMEZ MORENO VARIANA LOSMAGISTRAOLAISTRADAS,
BÁRBARISAR SIERO LOURDES RENICIA SUAREZ AND
FANNY MÁRQUE O IOSELUS-AURRREZ/PARRA
Mabeasteo CARMEN MARISELA CASTRO GILLY CARLOS A. CASTILLO ASCANIO
ARIANA
MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
MEN ENEIDA ALVES NAVAS LUIS PARANDO DAMIANI BU REP
Baow JUAN CARLODALGO PANDARES TANIA D' AMELIO CARDIET
ELIAS RUBÉN BITTAR ESCALONA MICHEL ADRIANA VELASQUEZ GRILLET
ELSECREEARIO
JOHN ENRIGPARODGALEARDO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA
Caracas, 14 de diciembre de 2022 212° y 163° RESOLUCIÓN N° 2022-0009
El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
CONSIDERANDO
Que los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevén el acceso a los órganos de administración de justicia, como mecanismo que garantiza la tutela judicial efectiva, no pudiendo establecerse formalidades no esenciales al proceso.
CONSIDERANDO
Que con la entrada en vigencia del artículo 14 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la G.O. N° 6.684 Extraordinario de fecha 19 de enero de 2022, el cual establece que se sustituye la Unidad Tributaria como valor de referencia para la determinación de la competencia y las multas previstas en los artículos 26, 86, 121, 122 y 123, siendo reemplazada por el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, se hace necesario que se proceda a la revisión de la competencia por la cuantía en los asuntos que se tramitar ante la jurisdicción contencioso administrativa.
CONSIDERANDO
Que el artículo 26, en sus numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece que son competencias de la Sala Político Administrativa:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
2. Las demandas que ejerzan la República, los Estados, los Municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, en la cual la Rcpública, los Estados, los Municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
CONSIDERANDO
Que el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reserva al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, siendo de su competencia crear circuitos judiciales, tribunales ordinarios y especiales; suprimir los ya existentes cuando así se requiera, especializar o no su competencia y convertir los tribunales unipersonales en colegiados; así como, establecer y modificar la competencia de los tribunales en razón del territorio y de la cuantía, y la modificación de las cuantías previstas, en el Código de Procedimiento Civil, conforme a lo dispuesto en la Sentencia Nro. 1586 del 12 de junio de 2003 dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal.
CONSIDERANDO
Que constituye un mandato contenido en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que se proceda al ajuste de la cuantía en Ios asuntos cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.
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CONSIDERANDO
Que resulta necesario armonizar lo dispuesto en Ios artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de unificar el valor de referencia para la determinación de la competencia por la cuantía, de los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa.
RESUELVE Artículo 1.- Se enuncian las competencias de la Sala Político Administrativa, por lo que respecta a la cuantía, según lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la siguiente manera:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los Estados, Ios Municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
2. Las demandas que ejerzan la República, los Estados, los Municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, los Municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
Artículo 2.- Se modifican las competencias de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, respecto a la cuantía, de modo que serán competentes para conocer de:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, y no supera setenta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal, en razón de su especialidad.
2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de Ios entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, y no supera setenta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
Artículo 3.- Se modifican las competencias de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, respecto a la cuantía, de modo que serán competentes para conocer de:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
2. Las demandas que ejerzan la República, Ios estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil veces et tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
Artículo 4.- Las modificaciones establecidas en la presente resolución, surtirán sus efectos a partir de su publicación y mientras se dicta la reforma a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pero no afectarán el conocimiento ni el trámite de los asuntos en curso, sino tan sólo los asuntos nuevos que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia.
Artículo 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022). Años: 212° de la Independencia y 163° de la Federación.
VARCANEE LAPRUSIENTA
ARADO GLADY8 MARÍA GU
SEGUNDO VICEPSN PRIMER VICEPRESIDENTE,
PREMO EDGAR GAVIDIARODRÍGUEZ HENRY OSEMAURE TAPIA LOS DIRECTORES Y LAS DIRECTORAS,
ELSAJANENMONO
LOS MAGISTRADOS MAGASTRADAS,
LOURDES BENICIA SUAREZ ANDERSON BÁRBARA GABRIELAANAR SIERO
FANNY MÁAPAMMRDERO OSEIOUTERREZPARRA
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Maaastee CARMEN MARISELA CASTRO GILLY CARLOS ALEXIS CAS
INOCENSSUR FIGUEROA ARIZALET MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
GARMENEIDA ALVES NAVAS LUIS EERANDO DAMIANI BUSTILL
NORIANA VELASQUEZ GRILLET ELIAS RUBÉN BITTAR ESCALONA
El
LLARDO JOHN ENRIOCS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA
Caracas, 14 de diciembre de 2022 212° y 163°
RESOLUCIÓN N° 2022-0010 El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, en concordancia con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en relación con las referidas facultades.
CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que nuestro país es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, lo cual hace indispensable que, a través del Poder Judicial, se organicen y se pongan cn funcionamiento los órganos mediante los cuales se garantice de forma cada vez más óptima una justica gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles para todas las personas, sin ningún distingo, entre las que se cuenten aquellas que afirmen la ocurrencia de una afectación o la pendencia de una amenaza de violación de los derechos a la libertad y a la seguridad personal, tanto respecto de sí mismas como de terceros; a cuyo propósito deberán ponerse a su disposición recursos tanto humanos como orgánicos, tanto procesales como sustanciales, al efecto de que, en procura del restablecimiento del derecho afectado o con el fin de conjurar su amenaza, se respeten y protejan los contenidos de las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como de los demás derechos procesales vinculados a los mismos.
CONSIDERANDO Que, el 22 de septiembre de 2021, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela dictó la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, con el objeto de garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, la protección, respeto, gocc y ejercicio de Ios Derechos Humanos y garantías constitucionales a la libertad y seguridad personal, a través de la acción de amparo constitucional, conforno a los principios de irrenunciabilidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos.
CONSIDERANDO Que el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.644 Extraordinario, del 17 de septiembre de 2021, dispone que son competencias comunes a los Tribunales de Primera Instancia Municipal en funciones de control y de los Tribunales de Primera Instancia Estadal en funciones de control, velar por el cumplimiento de las garantías procesales, decretar las medidas de coerción que fueren pertinentes, realizar la audiencia preliminar, la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, y de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, así como cualquier otra establecida en el aludido Código o en el ordenamiento jurídico.
También dispone que serán competentes para conocer la acción de amparo a la libertad y seguridad personal, salvo cuando el presunto agraviante sea un tribunal de la misma instancia, caso en el cual el tribunal competente será el superior jerárquico.
CONSIDERANDO Que en el articulo 9 de la mencionada Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, publicada en Gaceta Oficial N° 6.651 Extraordinario, del 22 de septiembre de 2021, se crean los Tribunales Especializados de primera instancia con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal, los cuales funcionarán en cada circunscripción judicial; previendo igualmente esta norma que, las Cortes de Apelaciones con competencia en materia penal conocerán en segunda instancia de la consulta obligatoria y las impugnaciones contra las decisiones de tales Tribunales Especializados de Primera Instancia.
CONSIDERANDO Que el artículo 10 de la referida ley dispone que en aquellos lugares donde no funcionen Tribunales Especializados con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal o aun existiendo surjan situaciones excepcionales que impidan su funcionamiento, la acción de amparo se podrá interponer ante cualquier jueza o juez de la localidad, quien la decidirá conforme a lo establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la decisión, la jueza o juez la remitirá en consulta al Tribunal Especializado de amparo a la libertad y seguridad personal de la jurisdicción más cercana, cuya decisión podrá ser apelada conforme a lo previsto en esta Ley.
CONSIDERANDO Que la Disposición Transitoria Única de la referida Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal prevé que, con el fin de lograr la más efectiva administración de justicia en materia de amparo a la libertad y seguridad personal, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena podrá crear, uno o más cargos de Juezas o Jueces temporales o permanentes de amparo a la libertad y seguridad personal.
Asimismo, dispone que dichos cargos deberán ser desempeñados por abogadas o abogados, y que quedarán comprendidos, durante el ejercicio de sus funciones, en las mismas incompatibilidades y sujetos a los mismos deberes prescritos por Ley para las Juezas y Jueces.
CONSIDERANDO Que al Tribunal Supremo de Justicia, como máximo órgano y rector del Poder Judicial, le corresponde velar oportuna y eficazmente, dentro del ámbito de sus atribuciones, por el fiel cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de las leyes y de las demás fuentes del ordenamiento jurídico.
CONSIDERANDO La dimensión cuantitativa y cualitativa de los amparos a la libertad y seguridad personal, así como la necesidad perentoria de crear, uno o más cargos de Juezas o Jueces temporales o permanentes de amparo a Ia libertad y seguridad personal, y, en fin, disponer jueces que, en armonía con la legislación vigente, haciéndose oportuna la designación de los mismos, para que asuman dichos cargos y profundicen su especialización en la cardinal materia del amparo a Ia libertad y seguridad personal.
RESUELVE Artículo 1.- Ampliar la competencia de los tribunales en función de control de cada Circunscripción Judicial del país, que se indican en el artículo 2 de la presente resolución, para que se desempeñen como Tribunales Especializados de primera instancia con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal.
Artículo 2.- La competencia señalada en el artículo anterior se asigna al Tribunal de Primera Instancia Estadal y al Tribunal de Primera Instancia Municipal en funciones de control de cada Circuito Judicial Penal, y, en caso de existir varios tribunales con esas mismas funciones, corresponderá, respectivamente, al Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y al Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal en funciones de control de cada Circuito Judicial Penal; así como al Tribunal Primero de Primera Instancia Municipal y al Tribunal Segundo de Primera Instancia Municipal en funciones de control de cada Circuito Judicial Penai, los cuales, por ende, también serán Tribunales Especializados de primera instancia con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal; para que siempre esté de guardia al menos un tribunal de esa competencia en cada Circuito Judicial Penal.
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Artículo 3.- La Escuela Nacional de la Magistratura establecerá un programa de formación permanente para los jueces y todo el personal que integre esos Tribunales Especializados de primera instancia con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal, así como también para las juezas y jueces de las Cortes de Apelaciones con competencia en materia penal, y las Presidentas y Presidentes de los Circuitos Judiciales Penales de todo el país.
Artículo 4.- Se ordena a las Presidentas y Presidentes de los Circuitos Judiciales Penales de la República gestionar ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, todo el apoyo necesario para el óptimo funcionamiento de esos Tribunales Especializados de Primera Instancia con Competencia en Amparo sobre la Libertad y Seguridad Personal, así como de todos los Circuitos Judiciales Penales.
Artículo 5.- Todo lo no previsto en la presente Resolución será resuelto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 6.- La presente resolución entrará en vigencia el 31 de enero de 2023.
Artículo 7.- Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial.
Comuníquese y publíquese.
Dada firmada y sellado en el salón de sesiones de la Sala Plena del Tribunal Suprèmō de Justicia, en Caracas, a los (14) día del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022). Años: 212° de la Independencia y 163° de la Federación.
LAPRESIDENTA,
PRIMER VICEPRESIDEN SEGUNOVICEPRESIDENTE, Savgiage ?
EDGAR-GAYHPIARODRÍGUEZ HENROSE TIMAURE TAPIA LOS DIRECTORES Y LAS DIRECTORAS,
MALAQUMIAS GIL RODRÍGUEZ CARYSLIA BEATRIZRODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ELS MORENO LOSMAGISTRADOSY LASAGISTRADAS, ALA SUPI LOURDESBENICTA SUAREZ ANDERSON BÁRBARAGABRIZIAESAR SIERO
FANNY MÁRAAAPRDERO JOSEEEES GUTIERREZ PARRA
Mafiastio CARMEN MARISELA CASTRO GILLY CARLOS ALEXIS CASTILLO ASGANIe
RA.FIGUEROA ARIZALETA MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
AIMEN ENEIDA ALVES NAVAS NDAMIANI BUS LUIS EIUN
JUAN CARLOSRLGO PANDARES TANIA D' AMELIO CARDIET
ELIAS RUBÉN BITTAR ESCAVONA MICHHEEADRIANA VELASQUEZ GRILLET REEAgIO,
GALLARDO JOHN EN
DEFENSA PÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2023-012 Caracas, 26 de enero de 2023 2120, 163° y 23° El Defensor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 27, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Máxima Autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de la Defensa Pública.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana HELEN MARÍA MANRIQUE LUCATT, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.033.522, Analista Profesional I en la División de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección de Servicios al Personal, adscrita a la Dirección Nacional de Recursos Humanos, para que se desempeñe como Jefa de la División de Jubilaciones y Pensiones, adscrita a la referida Dirección Nacional, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y selada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese
DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL 26 de julio-de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de Julio de 2022
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2023-014
Caracas, 26 de enero de 2023 212°, 163° y 23° El Defensor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia' del Defensor Público General, como Máxima Autoridad, asignar la competencia de los Defensores Públicos y Defensoras Públicas, por el territorio y por la materia.
RESUELVE
PRIMERO: TRASLADAR a la CiUdadana MARIOLGAVALENTINA MORENO VILORIA, titular de la cédula de identidad N° V-19.286.574, Defensora Pública Provisoria Primera (1°), con competencia en materia Especial de Delitos de Violencia contra la Mujer, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, para que se desempeñe como Defensora Pública Provisoria Primera (1°), con competencia en la referida materia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Trujillo, Extensión Valera, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2023-015
Caracas, 30 de enero de 2023 212°, 163° y 23° El DefenSOr Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público' General, como Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad, asignar la competencia de los Defensores Públicos y Defensoras Públicas, por el territorio y por la materia.
RESUELVE
PRIMERO: TRASLADAR al CiUdadanO JHOAN MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.598.647, Defensor Público Provisorio Tercero (3°), con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado La Guaira, para que se desempeñe como Defensor Público Provisorio Primero (1°), con competencia en materia Contencioso Administrativo, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, Extensión Sede Central, a partir de la fecha de su notificación. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Designado medianté Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de.Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2023-016
Caracas, 30 de enero de 2023 212°, 163° y 23° El Defensor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma .Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 17, ejusdem. CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, como Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Máxima Autoridad de este Organismo Constitucional, asignar la competencia de las Defensoras Públicas y Defensores Públicos, por el territorio y por la .materia.
RESUELVE
PRIMERO: CAMBIAR LA COMPETENCIA a la CiUdadana ALEINE PAOLA BARBOZA PORTILLO, titular de la cédula de identidad N° V-26.551.002, Defensora Pública Auxiliar Décima (10°), con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, para que se desempeñe como Defensora Pública Auxiliar Séptima (7°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la referida Unidad Regional, a partir de la fecha de su notificación. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR/PÚBLICO GENERAL Designado mediante'Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de jullo de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.427, de fecha 27 de julio de 2022
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MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 117 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar comO FISCAL AUXILIARINTERINO a la Ciudadana Abogada YAKIRA NANCY CARVAJAL ALFONZO, titular de la cédula de identidad N° 18.211.437, en la FISCALÍA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná y competencia en materia de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la Unidad de Atención a la Víctima del Segundo Circuito de la citada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 16 de febrero de 2023 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comunfayese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº120 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de !a Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano Abogado CESAR LUIS RAMOS BARRETO, titular de la cédula de identidad N° 16.315.281, en la FISCALÍA QUINTA del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná y competencia en Penal Ordinario, Víctimas, Niños, Niñas y Adolescentes. La presente designación tiene efectos administrativos a partir del 16 de febrero de 2023 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Conumiquese y Publíquese.
REPUR! farek TAREK WILLIANS SAAB scal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 121 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: DeSignar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada VANESSA ROCío BRAVO MARíN, titular de la cédula de identidad N° 16.811.451, en la FISCALÍA VIGÉSIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy. La referida ciudadana se venía desempeñando como Secretario I en la citada Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 16 de febrero de 2023 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
quese publíquese.
ICA TÄREK WILLtANS SAAB Fisal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 122 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en ¡os numeraies 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: DesignarcomO FISCAL AUXILIARINTERINO ala Ciudadana Abogada SAROJINI VIRGINIA BARAZARTE ACOSTA, titular de la Cédula de identidad N.º 21.126.808, en la UNIDAD DE DEPURACIÓN INMEDIATA DE CAsoS, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Guanare.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 16 de febrero de 2023 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
quse y Publíquese.
ferer
AREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN N° 123 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la'Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar ComO FISCAL AUXILIARINTERINO a la Ciudadana Abogada MARÍA FERNANDA SÁNCHEz SOTILLO, titular de la cédula de identidad N° 27.000.927, en la FISCALÍA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con sede en Porlamar y competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir wzz3 y hasta nuevas instrucciones de esta del 16 de febre Superioridad.
farek TAREK WILLIANS SAAB Eisca General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de febrero de 2023 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº124 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada MARÍA PAOLA ARÉVALO FLORES, titular de la Cédula de Identidad N° 23.760.165 en la FISCALÍA 40 NACIONAL PLENA DE DEFENSA AMBIENTAL Y FAUNA DOMÉSTICA, COn Sede en la CiUdad de Maracaibo. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto 1 en la Unidad de Atención a la Víctima, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 16 de febrero de 2023 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
anauniquese y Publíquese.
ferrer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
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SE RVICIO AUTONOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
200 CARABOBO
DILE NO
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SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
200 CARABOBO
GACETA OFICIAL DE LA BEPORLICA BOLIVARIANA DE VENEZITELA
Requisitos para solicitar Gaceta Certilicada de Naturalización El trámite es PERSONAL.
En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios o sobrinos).
En su defecto consignar poder debidamente autenticado.
Siguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)
Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.
Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.
Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.
Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela
Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.
http://www.imprentanacional.gob.ve
Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente
a 10,05 % valor Unidad Tributaria
AÑO CL - MES V Número 42.570
Caracas, martes 14 de febrero de 2023
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