Gaceta Oficial N° 42.468
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Caracas, jueves 22 de septiembre de 2022 Número 42.468 AÑO CXLIX - MES XII
SUMARIO
VICEPRESIDENCIA SECTORIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PAZ Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Francisco José Cesar Velásquez, como Director General Encargado de Planificación y Seguimiento Sectorial, de esta Vicepresidencia.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de División Ángel Eduardo Moronta Juliao, en su carácter de Jefe de la Oficina de Gestión Humana, de este Ministerio, la facultad para firmar los actos y documentos que en ella se señalan.
Resoluciones mediante las cuales se delega a los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se mencionan, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de las Unidades Administradoras Desconcentradas, con firma, que en ellas se especifican.
Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se mencionan, como responsables del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a las Unidades Administradoras Desconcentradas, con firma y sin firma, que en ellas se indican.
Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A. Providencia mediante la cual se constituye, con carácter permanente, el Comité de Licitaciones de este Fondo de Inversión, adscrito al Ministerio del Poder Popular Para la Defensa; estará conformado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PESCA Y ACUICULTURA Resolución mediante la cual se crea el Comité de Seguimiento de los Recursos Hidrológicos denominados Langosta Espinosa (Panulirus argus), Langosta Enana (Panulirus guttatus) y Langosta Verde (Panulirus laevicauda); estará conformado por representantes de este Ministerio y sus entes adscritos, un representante del Consejo de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (CONPPA) de la zona, y cualquier otro representante que se amerite.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Verónica Diane Rojas Briceño, como Directora de Línea de Contabilidad, en calidad de Encargada, Unidad adscrita a la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa, de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso interpuesto por la Sociedad Mercantil Producciones Frecuencia Musical, C.A.
MINISTERIO PÚBLICO Resolución Mediante la cual se cambia la competencia y la adscripción de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con competencia Plena, con sede en El Tigre, adscrita a la Dirección General Contra Delitos Comunes; por la de “Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con competencia Plena, Material Estratégico y Delitos Económicos, con sede en El Tigre”, adscrita a la Dirección de Homicidios, Delitos Graves y Contra la Propiedad.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ángel Renato Fuenmayor Briceño, Director General Contra la Delincuencia Organizada (Encargado).
Resoluciones mediante las cuales se designa Fiscal Provisorio y Fiscales Auxiliares Interinos, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, en las Fiscalías del Ministerio Público de las Circunscripciones Judiciales de los estados que en ellas se especifican.
Resoluciones mediante las cuales se traslada como Fiscales Auxiliares Interinos, a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se señalan, a las Fiscalías del Ministerio Público de las Circunscripciones Judiciales de los estados que en ellas se indican.
VICEPREPRESIDENCIA SECTORIAL
PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
Y LA PAZ
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 1 9 SEP 2022 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N° 0 47 5 8 4 En mi condición de Ministro del Poder Popular para la Defensa, designado mediante Decreto Presidencial N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014; en ejercicio de las atribuciones que me confiere et articulo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 34, 35, 41 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto No 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 201.4; y con lo dispuesto en 1os artículos 30 y 31 numeral 6 de la Ley Constitucional de fa Fuerza Armada Nacional Bolivariana publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto N° 4.076 de fecha 20 de diciembre de 2019 mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.786 de la misma fecha, y lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros dei Ejecutivo Nacional de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, RESUELVE
PRIMERO: Delegar en el General de DiviSión ÁNGEL EDUARDo MORONTA JULIA o, C.1. N° 9.467.287, en Su carácter de Jefe de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio det Poder Popular para la Defensa, nombrado mediante Resolución N° 046905 de fecha 10 de agosto de 2022, publicada en la Gaceta Oficia1 de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 42.447 de fecha 24 de agosto de 2022, la facultad para firmar 1os actos y documentos que se indican a continuación:
1. Las Órdenes Generales mediante las cuales se transfieren y designan a los Oficiales de Comando hasta el grado de Teniente Coronel y Capitanes de Fragata sin funciones de comando; Oficiales Técnicos, Oficiales de Tropa, Oficiales Asimilados, Oficiales Asimilados Técnicos y Tropa Profesional en cargos únicamente dentro de la estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
2. Los Puntos de Cuenta contentivos de las decisiones relativas a la tramitación de asuntos en el área de personal no militar que prestan servicios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que deba decidir ese Despacho, salvo las de reserva legal.
3. La documentación relativa a ingresos, reingresos, traslados, transferencias, egresos y demás movimientos del personai no militar.
Los Puntos de Cuenta para el ingreso del personal no militar que prestarán 4.
servicios en Ja Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en calidad de contratado.
Los contratos de trabajo del personal no militar que prestarán servicios en la 5.
Fuerza Armada Nacionai Bolivariana.
6. La documentación relativa a ingresos, reingresos, traslados, transferencias, egresos y remociones del personal no militar de libre nombramiento y remoción y/o de confianza.
7. Los lineamientos para los concursos de ingreso, ascensos y sistemas de mérito del personal no militar del Ministerio del Poder Popufar para la Defensa.
8. La documentación relativa a los procesos de jubilaciones y pensiones del personal no militar adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
9._ Las Órdenes Generales de jubilaciones, pensiones y rectificaciones inherentes a dichos actos administrativos de los funcionarios públicos de carrera que prestan servicios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
10. Las Órdenes Generales de jubilaciones, pensiones y rectificaciones inherentes a dichos actos administrativos del personal docente de educación superior que prestan servicios en ta Fuerza Armada Naciona! Bolivariana.
11. Las Órdenes Generales de jubilaciones, pensiones y rectificaciones inherentes a dichos actos administrativos del personal docente de educación media que prestan servicios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
12. Las Órdenes Generales de jubilaciones, pensiones y rectificaciones inherentes a dichos actos administrativos del personal de trabajadores (obreros) que prestan servicios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
13. La documentación relativa a las transferencias, comisiones de servicio y traslados temporales dentro de la institución militar del personal no militar que prestan servicios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin excepciones.
14. La documentación relativa a los permisos remunerados, no remunerados y especiales de todo ei personal no militar que prestan servicios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo los Componentes Militares, salvo que sean pór motivo de viaje al exterior.
15. La licencia sabática del personal docente que prestan servicios en la Fuerza la materia.
16. La exhibición o inspección y certificación de documentos de expedientes administrativos del personal no militar, a ser consignados ante organismos administrativos y judiciales.
17. La exhibición o inspección y certificación de documentos, expedientes, libros, registros o archivos relacionados con los ingresos, reingresos, traslados, militar de libre transferencias, egresos y remociones del personal no nombramiento y remoción y/o de confianza.
El Mínistro del Poder Popular para la Defensa se reserva la potestad de efectuar los nombramientos para cargos a ser ocupados por Oficiales Coroneles o Capitanes de Navío en cualquiera de sus categorías; de igual manera se reserva la potestad de los nombramientos de profesionales propuestos por los Comandantes Generales para ocupar cargos en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Comando Estratégico Operacional y Milicia Bolivariana, así como la designación de profesionales militares para cumplir funciones en la Administración Publica Nacional.
Las decisiones derivadas de este acto administrativo tendrán fa denominación de "ORDEN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA".
El presente acto de delegación no conlleva, ni entraña la facultad de subdelegar las atribuciones conferidas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto No1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014, el delegadO General de División ÁNGEL EDUARDO MORONTA JULIA O, C.I. N° 9.467.287, deberá rendir cuenta al delegante mensualmente de los actos y documentos que suscriba a su nombre.
El Ministro del Poder Popular para la Defensa podrá AvocARsE al conocimiento, sustanciación o decisión de un asunto delegado en el Director General de la Oficina de Gestión Humana mediante la presente Resolución, cuando por razones técnicas, sociales, jurídicas o de interés público lo hagan necesario, de conformidad con el artículo 41 de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014.
SEGuNDO: Los actos administrativos derivados del ejercicio de las atribuciones delegadas, a los efectos de los recursos correspondientes se tendrán dictados por la autoridad delegante.
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vengsuela.
Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Naciona
LADÍMIR PADRINO LÓPE4 General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO 1 9 SEP 2022 Caracas, 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N° 0 47 58 1 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015 y lo señalado en los artículos 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de' Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en Gaceta _Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre 2014, RESUELVE
PRIMERO: Delegar a partir del 14 de agosto de 2022, al Capitán de Navío EDUARDO JOSÉ ACOSTA CALDERÓN, C.I. N° 11.240.439, en Su CaráCter de JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ARMADA .BOLIVARIANA, nombrado mediante Resolución N° 046991 de fecha 14 de agosto de 2022, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la unidad administradora desconcentrada con firma, código N° 03735 OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ARMADA BOLIVARIANA, de acuerdo a la Resolución N° 043845 de fecha 29 de noviembre de 2021, mediante la Cual se aprueba la ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PARA EL AÑO 2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.267 de fecha 01 de diciembre de 2021, hasta CINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (5.000 U.T), para la ADQUISICIÓN BIENES, hasta DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000 U.T), parala
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ADQUISICIÓN DE SERVICIOS y haSta VEINTE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (20.000 U.T), para la EJECUCIÓN DE OBRAS, en cumplimiento de lo establecido en el artículo N° 96 numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Contrataciones Públicas para lo cual deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro.
Queda a salvo lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, con respecto a los actos y documentos, cuya firma no pueda ser delegada.
De conformidad con lo establecido en el artículo N° 6 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, el referido ciudadano deberá rendir cuenta al Ministro de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.318 de fecha 11 de enero de 2018, se establece la Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo (UCAU), que será utilizada como multiplicador único a fines de obtener el monto en moneda según lo establecido el ordenamiento jurídico, sustituyendo a la Unidad Tributaria (U.T); teniendo en cuenta que la fijación de valor de la ucAU, será determinado mediante Resolución Conjunta emitida por los Ministerios del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas.
TERCERO: La presente Resolución entrara en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venézuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, LADÍMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe mnistro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 1 9 SEP 2022 212°, 1630 y 23° RESOLUCIÓN N° 0 47 5 8 3 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015 y lo señalado en los artículos 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre 2014, RESUELVE
PRIMERO: Delegar a partir del 14 de agosto de 2022, al General de División ORLANDO J0SÉ COLINA MORRELL, C.I. N° 10.378.054, en su CaráCter de DIRECTOR DE LOGÍSTICA DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA, nombrado mediante Resolución N° 047000 de fecha 14 de agosto de 2022, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la unidad administradora desconcentrada con firma, código N° 04301 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA, de aCuerdO a la Resolución N° 043845 de fecha 29 de noviembre de 2021, mediante la cual se aprUeba la ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PARA EL AÑO 2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.267 de fecha 01 de diciembre de 2021, hasta CInco MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (5.000 U.T), para la ADQUISICIÓN DE BIENES, asta DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000 U.T), para , la (20.000 U.T), para la EJECUCIÓN DE OBRAS, en cumplimiento de lo establecido en el artículo N° 96 numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Contrataciones Públicas para lo cual deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro.
Queda a salvo lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, con respecto a los actos y documentos, cuya firma no pueda ser delegada.
De conformidad con lo establecido en el artículo N° 6 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, e referido ciudadano deberá rendir cuenta al Ministro de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
SEGUNDO: De conformidad con Ic previsto en la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.318 de fecha 11 de enero de 2018, se establece la Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo (UCAU), que será utilizada como multiplicador único a fines de obtener el monto en moneda según lo establecido el ordenamiento jurídico, sustituyendo a la Unidad Tributaria (U.T); teniendo en cuenta que la fijación de valor de la UcAU, será determinado mediante Resolución Conjunta emitida por los Ministerios del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas.
TERCERO: La presente Resolución entrará err vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Naciona
VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 1 9 SEP 2022 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N° 0 47 580 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto-en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 14 de agosto de 2022, al Capitán de Navío EDUARDO JOSÉ ACOSTA CALDERÓN, C.I. N° 11.240.439, COmO responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, OFICInA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ARMADA BOLIVARIANA, CÓdigO N° 03735.
Comuníquese y publía
VIADÍMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe inistro del Poder Popular para la Defensa
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458.466 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 22 de septiembre de 2022
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA VICEMINISTERIO DE LOS SERVICIOS PARA LA DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS Y SERVICIOS FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
G-20010739-1
Caracas, 01 de septiembre del 2022
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° MPPD-FIMNPSA. 002-2022.
Yo, GENERAL DE DIVISIÓN JUAN GABRIEL PUERTAS TOVAR, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad N° V-11.035.918, actuando en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO
PRIMERO, S.A.” carácter que se evidencia mediante Resolución N° 036890 de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020), emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.937 en fecha seis (06) de agosto de dos mil veinte (2020), designado en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha siete (07) de agosto del año dos mil veinte (2020), inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha veintitrés (23) de octubre año dos mil veinte (2020), quedando anotada bajo el Nº 2, Tomo 74-A-SDO, debidamente ratificado mediante Resolución N° 041485 de fecha quince (15) de julio del año dos mil veintiuno (2021), emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, cuya Sociedad Mercantil fue autorizada su creación mediante Decreto de Creación N° 501 de fecha quince (15) de octubre del año dos mil trece (2013), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.273 en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil trece (2013), siendo modificado según Decreto de Reforma Parcial N° 3337 de fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 41.369 en fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, de conformidad a lo establecido en el artículo 1 del referido Decreto de Reforma Parcial y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil trece (2013), bajo el N° 185, Tomo 95-A SDO, Expediente N° 221-38926, siendo su última modificación estatutaria la realizada mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), quedando anotada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), bajo el Nº 9, Tomo 122-A SDO, e identificada con el número de registro de información fiscal (RIF) G-20010739-1; en ejercicio de mis atribuciones y conforme a lo previsto en el artículo 3
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Jueves 22 de septiembre de 2022 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 458.467 de la Providencia Administrativa N° 054 de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual se dicta la Normativa aplicable para la Enajenación de los Bienes Públicos bajo las Modalidades de Venta y Permuta por Oferta Pública, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 41.562 de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019) y artículo 4 ídem; esta Presidencia:
ACUERDA
PRIMERO: Se constituye con carácter permanente el Comité de Licitaciones del Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la cual tendrá como funciones conocer, iniciar y sustanciar los procedimientos para la enajenación de bienes públicos por oferta pública bajo las modalidades de venta y permuta, con la finalidad de preservar el patrimonio público y asegurar la transparencia de las actuaciones, de acuerdo con lo previsto en la Providencia Administrativa N° 054 de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual se dicta la Normativa aplicable para la Enajenación de los Bienes Públicos bajo las Modalidades de Venta y Permuta por Oferta Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 41.562 de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019).
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Providencia Administrativa N° 054 de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual se dicta la Normativa aplicable para la Enajenación de los Bienes Públicos bajo las Modalidades de Venta y Permuta por Oferta Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 41.562 de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019), dicha comisión de licitaciones estará conformada por tres (3) áreas, las cuales tendrán tres (3) Miembros Principales y sus respectivos suplentes;
igualmente contará con un (01) secretario con su respectivo suplente.
TERCERO: Se integra el Comité de Licitaciones del Fondo de Inversión Misión Negro
Primero, S.A, de la siguiente manera:
ÁREA LEGAL:
- Miembro Principal: ABOGADA KEILA GARMITA ZAMBRANO GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.727.676 - Miembro Suplente: CAPITÁN DANIEL EZEQUIEL DÍAZ MACHADO, titular de la cédula de identidad N° V-20.041.041
ÁREA TÉCNICA:
- Miembro Principal: TENIENTE DE NAVÍO EDUARDO LUIS COLORADO GALINDO, titular de la cédula de identidad N° V-20.436.941 - Miembro Suplente: PRIMER TENIENTE DELCIMAR ANDREINA LUCENA RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-19.185.490
ÁREA ECONÓMICA-FINANCIERA:
- Miembro Principal: CAPITÁN DELIA ROSA LEÓN VETANCOURT, titular de la cédula de identidad N° V-14.140.239 - Miembro Suplente: LAURA DAYANA MARCANO PANTES, titular de la cédula de identidad N° V-11.922.054
CUARTO: Se designa a la ciudadana MAYOR ADRIANA BOLÍVAR GUERRA, titular de la cédula de identidad N° V-15.256.537, como secretaria del Comité de Licitaciones, y como miembro suplente a la ciudadana YUVISAY CECILIA ARVELO MACERO, titular de la cédula de identidad N° V-12.258.962, quienes tendrán las atribuciones conferidas en el
artículo 6 de la Providencia Administrativa N° 054 de fecha veintinueve (29) de octubre del
año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual se dicta la Normativa aplicable para la Enajenación de los Bienes Públicos bajo las Modalidades de Venta y Permuta por Oferta Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 41.562 de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019).
QUINTO: El Comité de Licitaciones permanente de la Sociedad Mercantil “FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.”, tendrá las atribuciones que le corresponden de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Providencia Administrativa N° 054 de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual se dicta la Normativa aplicable para la Enajenación de los Bienes Públicos bajo las Modalidades de Venta y Permuta por Oferta Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 41.562 de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019).
SEXTO: El Comité de Licitaciones se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros o de sus suplentes y sus decisiones serán tomadas con el voto favorable de la mayoría. Asimismo, el Comité de Licitaciones será solidariamente responsable con la máxima autoridad, por las recomendaciones que presenten y sean aprobadas y tendrán los deberes y atribuciones que le confiere en la Providencia Administrativa N° 054 de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual se dicta la Normativa aplicable para la Enajenación de los Bienes Públicos bajo las Modalidades de Venta y Permuta por Oferta Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 41.562 de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019). Cuando la complejidad del caso planteado así lo requiera, podrá solicitar el asesoramiento técnico correspondiente.
SÉPTIMO: El miembro del Comité de Licitaciones que disienta de alguna decisión, lo manifestará en el mismo acto y deberá en un (01) día hábil siguiente, consignar por escrito las razones de su disentimiento que se anexará al expediente
OCTAVO: Los miembros del Comité de Licitaciones y el Secretario, antes de asumir funciones deberán presentar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuentas de sus actuaciones, en los términos y condiciones que determine la Ley.
NOVENO: En los procesos de enajenación de bienes públicos por oferta pública podrán asistir en calidad de observadores, representantes de la Consultoría Jurídica y de la Unidad de Auditoria Interna del Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A, así como también podrán asistir sin derecho a voto en dichos procedimientos, representantes de las Oficinas Centralizadoras de Bienes Públicos y de la Unidad de Trabajo, que corresponda.
DÉCIMO: La presente providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PESCA Y ACUICULTURA
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Por cuanto es competencia del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura participar en la formulación y elaboración de las políticas pesqueras y acuícolas, así como dictar las normas dirigidas al ordenamiento, protección, conservación de los recursos hidrológicos y sus actividades conexas, este Despacho dicta la siguiente:
RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS DENOMINADOS LANGOSTA ESPINOSA (Panulirus argus), LANGOSTA ENANA (Panulirus guttatus) y LANGOSTA VERDE (Panulirus laevicauda).
Crear Artículo 1. La presente Resolución tiene por objeto la creación del Comité de Seguimiento (CosE), de los recursos hidrobiològicos denominados LANGOSTA ESPINOSA (Panulirus argus), LANGOSTA ENANA (Panulirus guttatus) y LANGOSTA VERDE(Panulirus laevicauda).
Conformación Artícullo 2. El Comité de Seguimiento (COSE), estará conformado por representantes del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura y sus entes adscritos, un representante del Consejo de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (CONPPA) de la zona, y cuaiquier otro representante que se amerite.
Reuniones ordinarias y extraordinarias Artícullo 3. El Comité de Seguimiento (COsE) convocará a reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinaria en cualquier momento que se requiera o lo considere necesario.
Levantamiento de acta Artículo 4. El Comité de Seguimiento (COSE) debe levantar un acta de cada sesión de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, debidamente suscrita por las personas que conforman dicho Comité, con el objeto de hacer el respectivo control, seguimiento y cumplimiento en los acuerdos y compromisos adquiridos.
Carácter ad honorem Artículo 5. Las personas naturales o jurídicas que integren el Comité de Seguimiento (CosE), actuaran con carácter ad honorem, por lo tanto no podrán recibir emolumentos remuneraciones o beneficios de cualquier naturaleza por dichas actividades.
Responsabilidad Artículo 6. El Comité de Seguimiento (COSE), convocará y evaluará todas las solicitudes de comercialización para el consumo nacional e internacional de las empresas debidamente registradas y con sus autorizaciones vigentes a la fecha de la presente Resolución.
Recomendaciones Artículo 7. El Comité de Seguimiento (COSE), realizará recomendaciones en cuanto a la captura, producción, pesca, intercambio, distribución, comercialización e investigación del referido recurso.
/Oída la opinión Artículo 8. Una vez oída la opinión del Comité de Seguimiento (COSE), el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura decidirá una vez revisada y analizada por éste y sus entes adscritos con competencia en la materia, a los fines de determinar si es vinculante o no .
Derogatoria Artículo 9. A los efectos de la presente Resolución, se deroga todo acto administrativo que coliden con las disposiciones aquí establecidas.
Disposiciones finales Artículo 10. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniquese y Publiquese Por el Ejecutivo Nacional,
JUAN CARLOS LOYH MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y AGCUICULTURA
INFORME TÉCNICO - JURÍDICO RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS DENOMINADOS LANGOSTA ESPINOSA (Panulirus argus), LANGOSTA ENANA (Panulirus guttatus) y LANGOSTA VERDE (Panulirus laevicauda).
Esta Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, apegada a los preceptos legales establecidos para la presentación de los proyectos de Resolución, exigidos por la Procuraduría General de la República, a efectos de realizar la respectiva revisión de legalidad y contar con su visto bueno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.220 Extraordinario en fecha 15 de marzo de 2015, y en cumplimiento a lo establecido en las "Normas y procedimientos que los distintos Ministerios del Poder Popular deberán observar a efectos de la remisión, a la Secretaría Permanente del Consejo de Ministras y Ministros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, de actos administrativos y demás documentos para su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela", procedió a realizar el respectivo informe técnico-jurídico considerando los aspectos que se describen a continuación:
Es deber del Ejecutivo Nacional adoptar medidas destinadas a la protección y conservación de los recursos hidrológicos, para su aprovechamiento sostenible con base en los criterios de precaución, soportado por la mejor evidencia científica disponible; así como también promover sistemas de participación y consultas permanentes entre los organismos públicos y sector privado en la formulación de políticas para lograr el desarrollo pesquero y del país.
Las disposiciones contenidas en la presente Resolución, tiene por objeto la creación de los Comités de seguimiento de pesca, acuicultura y actividades conexas, a los fines de realizar el seguimiento de los planes, políticas y programas de desarrollo de la pesca y acuicultura.
Las disposiciones contenidas en la presente Resolución, objeto de este análisis, se encuentran en concordancia con las líneas estratégicas plasmadas en el Plan de la Patria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se han enarbolado un conjunto de medidas en apoyo al aparato productivo nacional, a través de la incorporación de tecnologías y formas de organización de la producción sostenible, distribución y consumo bajo un nuevo modelo ecosocialista, fundamentado en el respeto a los derechos de la Madre Tierra y del vivir bien de nuestro pueblo a la par de la protección, conservación y gestión sustentable de áreas estratégicas, diversidad biológica, mares y océanos.
I.-ANTECEDENTES A fin de elaborar un informe técnico jurídico idóneo, debemos partir de la premisa que los Comités de Seguimiento de pesca, acuicultura y actividades conexas, los cuales están previstos en el Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, cuyo fin es realizar el seguimiento a una aplicación regional o local de políticas, planes y programas de desarrollo del sector.
Razón por la cual se considera se crea el Comité de Seguimiento de las especies LANGOSTAESPINOSA (Panulirus argus), LANGOSTA ENANA (Panulitus guttatus) y LANGOSTA VERDE (Panulirus laevicauda), para evaluar, ordenar y dirigir acciones que pudieran cadenas de intercambio, distribución o presentarse en sus comercialización.
Dicho recurso Langosta, en sus diversos géneros, se constituye como un rubro de gran interés y valor estratégico para asegurar la soberanía alimentaria, tomando en cuenta las cualidades únicas de la especie. Por lo que debe evaluarse su comercialización, para el consumo nacional e internacional, la cual se realiza con empresas debidamente registradas y con sus autorizaciones vigentes por el Ministerio del Poder Popular de
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Pesca y Acuicultura a través del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura.
Objeto de la Resolución.
En este orden de ideas, entendiendo que el presente instrumento tiene por objeto establecer la creación del Comité de Seguimiento de las especies LANGOSTA ESPINOSA (Panulirus argus), LANGOSTA ENANA (Panulirus guttatus) y LANGOSTA VERDE (Panulirus laevicauda), para evaluar, ordenar y dirigir acciones que pudieran presentarse en sus cadenas de intercambio, distribución o comercialización; promoviendo el aprovechamiento sostenible de dichas especies, considerando las medidas preventivas para la conservación del ambiente y fortaleciendo la seguridad alimentaria nacional.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.1 Autoridad Competente.
El Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura cuenta con una estructura orgánica y administrativa que le permitirá desarrollar los circuitos pesqueros y acuícolas en función de la producción nacional, con énfasis en materia de investigación, cooperación, asistencia técnica, comercio justo, distribución equitativa, en armonía con el ambiente. En el caso que nos ocupa, destacamos el papel preponderante de dos (2) entes de adscripción, siendo estos: el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) y el Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura (CENIPA) por las competencias inherentes que les asiste, en el ámbito de regulación, fiscalización e investigación de proyectos de alto impacto como éste.
Dicho esto, tenemos que el artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, regula lo siguiente:
"El ministro o ministra con competencia en materia de pesca y acuicultura podra crear, mediante resolución especial, comités de seguimiento de pesca, acuicultura y actividades conexas,a los fines realizar el seguimiento a la aplicación regional local de políticas, planes y programas de desarrollo de la pesca y acuicultura. Esto: comités de seguimiento mediarán y emitirán opinión en los casos de interferencia entre pesquerías, de afectación por otras actividades y en la solución de lo: conflictos que puedan presentarse entre los y las participantes de las cadenas de intercambio, distribución o comercialización....
Así pues, vemos que el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, como órgano rector formula la política nacional en el sector de pesca y acuicultura. Cabe destacar que el articulo 50 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura prevé:
" El ministerio del poder popular con competencia en materia de pesca y acuicultura es el órgano rector en el sector de pesca y acuicultura, y tiene las siguientes competencias:
Formular la politica nacional en materia de pesca y acuicultura.
Omissis...
2.
Hacer seguimiento, evaluación y control de la política nacional, el Plan 3.
Nacional y las normas técnicas de ordenamiento en materia de pesca y acuicultura...".
Todo esto, en atención a las particularidades que presenta el proyecto de Resolución a creación del Comité de Seguimiento de las especies LANGOSTA ESPINOSA (PanuliruS argUS), LANGOSTA ENANA (Panulirus guttatus) y LANGOSTA VERDE (Panulirus laevicauda)
2.2 Criterio de Precaución.
Ahora bien, las actuaciones de los entes el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) y el Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura (CENIPA), deben estar apegados al llamado criterio de precaución, entendiendo al mismo como: el conjunto de medidas que se adoptan para prevenir, reducir o evitar situaciones riesgosas, o para proteger o preservar los recursos hidrobiológicos, el medio ambiente y las personas que lo usan, tal como se establece en el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura. Es decir, el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura es garante de establecer las respectivas medidas de conservación, cuando en el artículo 35 eiusdem menciona que:
"El ministerio del poder popular con competencia en materia de pesca y acuicultura, en coordinación con el ministerio del poder popular con competencia en materia del ambiente, adoptará las medidas orientadas a la conservación de los recursos hidrobiológicos objeto de la pesca, del ecosistema y de los organismos relacionados o asociados, así como aquellas que sean necesarias para recuperar o rehabilitar las poblaciones bajo aprovechamiento. "(Destacado nuestro)
III.- CONCLUSIÓN En virtud de los fundamentos de hecho y de derecho antes descritos, esta Consultoría Jurídica concluye que las disposiciones legales expresadas en el proyecto de Resolución se ajustan tanto a la Carta Magna, así como a las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, donde se establecen, la protección de los recursos hidrobiológicos y la preservación de las especies, en pro del bienestar de la población, consolidando la soberanía alimentaria y el modelo de desarrollo sostenible.
Sin más que hacer referencia y agradeciendo de antemano la atención prestada, quedando a sus gratas ordenes en este Ministerio Rory dima RONY LEIVA VICEMINISTERIO DE PRODUCCIÓN PRIM PESQUERA Y ACUÍCOLA Designado mediante Decreto N° 4.704 de fecha 23 de junio de 2022, Publicado en ceta Oficial República Bolivariana de Venezuela Nº 52.405 del 23 de junio de 20
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 212° 163° y 23°
Caracas, 18 de agosto de 2022.
RESOLUCIÓN N° 047
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS, designado mediante Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de esa misma fecha, en uso de las atribuciones que le confiere los artículos 78 numerales 2, 19 y 27, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 5 numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenado con los artículos 6, 7 y 23 de la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.699 Extraordinario de fecha 02 de mayo de 2022, este despacho Ministerial,
RESUELVE Artículo 1: Designar a la ciudadana, VERóNICA DIANE ROJAS BRICEÑO, titular de la Cedula de Identidad Nro. V.- 13.162.881 como DIRECTORA DE LINEA DE CoNTABILIDAD en calidad de encargada, unidad adscrita a
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DIRECCIÓN DE GENERAL DE GESTION OFICINA LA la ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
ArtÍCUIo 2: LA DIRECTORA DE LINEA DE CONTABILIDAD DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIóN, cumplirá las funciones inherentes al cargo, así como la firma de los actos y documentos que se derivan del ejercicio del mismo, de conformidad con la normativa legal vigente.
Artículo 3: La funcionaria designada antes de tomar posesión del cargo de DIRECTORA DE LINEA DE CONTABILIDAD (E), deberá presentar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuenta del mismo en los términos y condiciones que determine la Ley.
Artículo 4: Los Actos que suscriba la mencionada ciudadana conforme a lo previsto en esta Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo su firma, la fecha, número de la misma, así como el número de la Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada.
Artículo 5: Se deroga cualquier acto administrativo que contravenga con la presente Resolución.
Artículo 6: Esta Resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional
FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS Ministr del/puder.Bopr para la Comunicación e Información Designado madiante Decreto'N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 2020 Publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela .957, de esa misma fecha.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 212° 163° y 23°
Caracas, 30 de agosto de 2022
RESOLUCIÓN 049
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS, designado mediante Decreto N° 4.280, de fecha 03 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de esa misma fecha y actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 44, 45, 65 y 78 numerales 3°, 19º y 20º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 91 y 96 en su parte infine de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en atención a lo establecido en el artículo 61 numeral 5º del Decreto sobre la Organización General de la Administración Pública Nacional de fecha 13 de julio del año 2016, dicta la presente Resolución:
En fecha 05 de mayo de 2022, la sociedad mercantil PRoDucCIoNEs FRECUENCIA MUSICAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Varga ( hoy Estado la Guaira), bajo el N° 46, tomo 83-A, de fecha 13 de septiembre de 2012, y Registro de Información Fiscal N° 3-40141157-6, representada por el ciudadano MARIO EUGENIO LOZADA RIVERA, venezolano, mayOr de edad, identificado con la cédula de identidad N° V-9.995.751, en su carácter de Director y principal accionista, y asistido por los abogados RAMóN CECILIO MESA MARTÍNEZ y RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ RÍOS, IdentifiCadOS con las cédula de Identidad e Inpreabogado N° V-12.917.726 y N° V-16.412.331; bajo los N° 311.481 y N° 144.259, respectivamente, consignó el escrito contentivo de RECURso JERÁRQuIco, contra el acto notificado en fecha 11 de abril de 2022, mediante comunicación N° DG/C3/DEP0C/2022/0807 de fecha 06 de abril de 2022, contentivo de la Decisión de fecha 22 de marzo de 2022, del Expediente Administrativo N° PADS-2022-001, mediante el cual se dio apertura del Procedimiento Administrativo Providencia Sancionatorio mediante Administrativa Identificada con el alfanumérico PADS-2022-001, de fecha de 2022, notificado a través del Oficio de enero de 10 N° DG/C3/DPoC/2022/0038, de fecha 12 de enero de 2022, emanado GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE del DIRECTOR TELECOMUNICACIONES, y notificado en fecha 11 de abril de 2022, mediante el cual se resolvió SANCIONAR a la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., pOr la prestaCión del servicio de Telecomunicaciones sin contar con el Título de Habilitación Administrativa de uso correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 numeral 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con multa pOr la Cantidad de CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (50.ooo U.T.), con el valor actual de la Unidad Tributaria (U.T.) de CERo BOLÍVARES CON DoS CÉNTIMOS (Bs.0,02), lo que se traduce en la cantidad de MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.000,00); y de conformidad con la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica de Comunicaciones, se prohíbe que la sociedad mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., y IOS CiudadanOS MARIO EUGENIO LOZADA RIVERA y FRANCISCA TERESA RIVERA HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de identidad N° V-9.995.751. y N° v-3.422.297, respectivamente, en su carácter de Presidente y Directora, puedan obtener títulos administrativos espacio radioeléctrico.
I DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER De conformidad a lo establecido en los artículos 95 parte infine y 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el interesado podrá interponer el recurso jerárquico contra el acto atacado directamente ante el Ministro, de acuerdo a lo siguiente:
"Artículo 95. El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15) dias siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro." (Resaltado nuestro) "Artículo 91. El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro, así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) dias siguientes a su presentación." (Resaltado nuestro) Considerando que el acto impugnado fue dictado por el ente de adscripción al Órgano Rector en materia de Comunicación e Información, y que el presente Recurso fue consignado directamente ante el Órgano Rector, de conformidad con lo contenido en los artículos 95 en su parte infine 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este despacho del Ministro se declara competente para conocer del presente recurso y en virtud de ello pasa a revisar los requisitos para interponer el recurso jerárquico in comento. I1 DE LA ADMISIBILIDAD Antes de conocer del fondo del acto administrativo sometido a impugnación, corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse acerca de la admisibilidad del Recurso Jerárquico interpuesto. En tal sentido, el artículo 96 en su parte infine de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece los requisitos de procedencia de este Recurso Jerárquico, y a tal efecto indica que dicho Recurso es procedente contra las decisiones de dichos órganos superiores, (Institutos Autónomos) operará recurso jerárquico para ante el respectivo ministro de adscripción, salvo disposición en contrario de la ley; a su vez, el interesado podrá recurrir dentro de los quince (15) días administrativos siguientes a la decisión del mismo. Igualmente, en el artículo 86 eiusdem se establece:
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"Artículo 86. Todo recurso administrativo deberá intentarse por escrito y en él se observarán los extremos exigidos por el artículo 49." (Resaltado nuestro) Por su parte, el artículo 49 fija los extremos que debe observar el particular para que sea admitido su escrito recursivo:
interesada, en el escrito se deberá hacer constar:
1. El organismo al cual está dirigido;
2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte;
3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes;
4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud;
5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso;
reglamentarias;
7. La firma de los interesados." (Resaltado nuestro) En atención a los requisitos precitados, se revisa el contenido del escrito recursivo consignado:
El acto que se recurre es el Acto de Decisión, al Procedimiento Administrativo Sancionatorio N° PADS-2022-001, iniciado en fecha 10 de enero de 2022, y decidido en fecha 22 de marzo de 2022, del Director General de la Comisión Nacional de emanado Telecomunicaciones, contentivo en el Expediente Administrativo N° PADS-2022-001.
El Recurso Jerárquico fue interpuesto por el recurrente ante el despacho del Órgano Superior Regulador a este Ministerio en fecha 05 de mayo de 2022, al décimo quinto día del lapso disponible.
El escrito recursivo cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En consecuencia, visto que se han cumplidos los requisitos de admisibilidad s admite el Recurso Jerárquico interpuesto por la Recurrente. Y Así s DECLARA.
1I1 DEL ACTO IMPUGNADO En fecha 22 de marzo de 2022, se decidió el expediente administrativo sancionatorio N° PADS-2022-001, iniciado en fecha 10 de enero de 2022, mediante Providencia Administrativa N° PADS-2022-001, a través del Oficio N° DG/CJ/DP0C/2022/0038, de fecha 12 de enero de 2022, notificado del Acto Decisión, en fecha 11 de abril de 2022, a través del Oficio N° DG/CJ/DP0C/2022/000807, de fecha 06 de abril de 2022, y debidamente recibido por el recurrente en fecha 11 de abril de 2022, en el cual su culminación ordenó sancionar con multa por la cantidad de CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (50.000 U.T.), equiValente a la cantidad de MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.000,00); por la prestación del servicio de Telecomunicaciones sin contar con el título de Habilitación Administrativa de uso correspondiente, de conformidad con el artículo 165 numeral 1, articulo 172 numeral 1 y 174 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Así como, se prohíbe que la sociedad mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., y IOS CiUdadanOs MARIO EUGENIO LOZADA RIVERA y FRANCISCA TERESA RIVERA HERNÁNDEz, identificado con la cédula de identidad N° V-9.995.751. y N° v-3.422.297, respectivamente, en su carácter de Presidente y Directora, títulos administrativos relativos a habilitaciones puedan obtener administrativas y/o concesiones para el uso del espacio radioeléctrico, de conformidad con la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; Así como sancionar con el Comiso de los equipos empleados por la referida empresa para la realización de la actividad infractora, de conformidad con lo establecido en el articulo 158, numeral 6 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
En este sentido, el acto impugnado, una vez considerados todos los extremos legales y Principios Jurídicos que rigen las actividades de telecomunicaciones reguladas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, se procedió a notificar el descrito acto con indicación de las garantías recursivas para el administrado legitimado interesado.
IV ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ACTO OBJETO DE IMPUGNACIÓN Y SU FORMACIÓN Se inició el presente procedimiento en ejercicio de la facultad que establece en el artículo 37 numeral 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, mediante inspección técnica, a la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., empresa InSCrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Varga ( hoy Estado la Guaira), bajo el N° 46, tomo 83-A, de fecha 13 de septiembre de 2012, y Registro de Información Fiscal N° 3-40141157-6, representada por el ciudadanO MARIO EUGENIO LOZADA RIVERA, venezolanO, mayOr de edad, identificado con la cédula de identidad N° v-9.995.751, en su carácter de Director y principal accionista, cuya instalación y operación es presuntamente responsabilidad de la referida Sociedad Mercantil ut supra identificada.
En razón de encontrarse incurso por el supuesto uso de porciones del espectro radioeléctrico, presuntamente sin contar con la debida Habilitación Administrativa y Concesión, ilícito previsto y sancionado en los artículos 165 numeral 1, 172 numeral 1, y 174 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, perceptible al momento o en la situación en que se encontró la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., mediante indagación, observación, análisis y el reconocimiento realizada por los funcionarios adscritos a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones debidamente autorizado y facultados, que permiten reconocer la ocurrencia del sitio mismo en una fiscalización realizada, que contempla la Ley.
En el curso de la inspección técnica se dejó constancia por Acta, levantada en fecha 10 de enero de 2022, de las observaciones de la actividad de dicha empresa a la estimación realizada por los funcionarios adscritos a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, donde se evidencio que la SoCiedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., y el ciudadano antes descrito no contaban con la respectiva Habilitación para la prestación de servicios de radiodifusión sonora en frecuencia modular, así como el uso de la frecuencia 104.1 MHz., toda vez que los aspectos allí denotado encuadran en el supuesto de hecho que conforma el ilícito administrativo referente a la calificación de clandestinidad previsto en la Ley, la cual el titular de la acciones y director de la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., reCOnOCió nO pOseer ningún título de habilitación en la declaración al instante de las indagaciones realizada en la fiscalización.
No obstante, de las actas procesales que conforman el expediente administrativo N° PADS-2022-001, se puede evidenciar el sello y la firma de la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., y del ciudadano MARIO EUGENIO LOZADA RIVERA, identificado con la cédula de identidad N° v-9.995.751, en su carácter de Director y principal accionista de la empresa, en calidad de aceptación del contenido íntegro del Acta de Inspección y de las acciones empleada por los funcionarios en el ejercicio del modo legal de ejercitar sus facultades por ley, observado en el "Acta de Inspección para la Verificación de la Instalación, Explotación y Prestación de Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada", de fecha 10 de enero de 2022, en la cual admitió los hechos previamente arriba señalado, dando resultado a la acción posterior de instaurar un procedimiento administrativo alterno condensado y dictado de esa forma en la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PADS-2022- 001, donde se ajustó al conocimiento cumplido en todos los trámites inherentes a la Notificación posterior a través del Oficio N° DG/CJ/DP0C/2022/0038, de fecha12 de enero de 2022, debidamente firmada y recibido por el recurrente en fecha 12 de enero de 2022; al COntentiVO de la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PADS-2022-001 de fecha 10 de enero de 2022, que acompaño el oficio, y de su contenido sobre las "Medidas Cautelares"que ordenaron la suspensión total e inmediata del uso de la frecuencia 104.1 MHz, así como "La incautación"de los equipos presuntamente empleados por la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., para la realización de la actividad presuntamente infractora, tal como se desprende del Acta de Incautación de fecha 12 de enero de 2022, que corre inserta en el expediente administrativo N° PADS-2022-001, y en el CUADERNo
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DE MEDIDAS donde dio contestación a ambos Procedimiento Administrativo de 2022, en Su ESCRITO DE OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS CAUTELARES, y el segundo en fecha 02 de febrero de 2022, en su ESCRITO DE DESCARGOS Y PROMOCIÓN DE PRUEBAS, presentadO en tiempo hábiles en su derecho a la defensa, ante la sede administrativa de la Comisión Nacional de Telecomunicación, donde se dejó constancias mediante auto expresos de los cómputo correspondientes a las distintas fases y etapas en conocimiento de las controversias planteadas al momento de las contestaciones, se ordenó la apertura de los lapsos de: alegatos, pruebas, en las etapas de sustanciación; seguido de las fases de los medios probatorios, en las etapas de valoración; para la subsiguientes fases de conclusión en la etapa de terminación y decisión, tiempo en el que ambas partes promovieron pruebas y argumentos legales que estimaron pertinentes.
Visto lo anterior, se constituyó dejar constancia del procedimiento llevado ante la sede Administrativa de la Comisión Nacional de Telecomunicación, todo ello en razón del debido proceso y del derecho que se constituyó para las partes intervinientes en el caso in comento.
Quedando recogido en el procedimiento administrativo garantías que se materializan en una diversidad de derechos para los interviniente, entre la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., y el ciudadano MARIO EUGENIO LOZADA RIVERA, identificado con la cédula de identidad N° v-9.995.751, y la entidad administrativa de la Comisión Nacional de Telecomunicación, entre los cuales figuran, el derecho a acceder a la justicia, a ser oído, a un debido proceso, a realizar los recursos legalmente establecidos, a un Tribunal o Instancia competente, independiente e sin dilaciones indebidas entre otros, establecido constitucionalmente, igualmente los consagrados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el derecho a hacerse parte, a ser notificados, a tener acceso al expediente, a presentar pruebas y ser informado de los recursos que pueda ejercer cualquier afectado por un acto administrativo. Siendo cónsono que el debido proceso es un derecho Constitucional aplicable a todas las actuaciones ante la ley, ya que en ambos ámbitos tanto, en el procedimiento judicial como administrativo las partes involucradas en el presente asunto se aseguraron en tener iguales oportunidades en la defensa de sus derechos como en la presentación de pruebas.
De este modo, la Sociedad Mercantil PRODUCCIoNEs FRECUENCIA MUSICAL, C.A., y el CiUdadanO MARIO EUGENIO LOZADA RIVERA, identificado con la cédula de identidad N° V-9.995.751, siendo representados por apoderados desde las fases de iniciación hasta las fases de su conclusión definitiva de los procedimientos en cursos, siempre tuvo el acceso al expediente administrativo y a los recursos que enmarca la Ley, el Reglamento y las normas supletorias para su defensa, pudiendo accionar los recursos y medios idóneos en el procedimiento administrativo llevado ante la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicación.
Es por todo lo anterior, este Órgano Rector, se sujeto fundamentalmente en velar el fiel cumplimiento de garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, así como de garantizar el principio de igualdad, seguido de aquellos artículos que establecen los requisitos formales en la Ley, al proceso garante a la Constitucionalidad a los derechos antes señalados, donde considera y estima que las actuaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones están ajustada a derecho donde declaró Sancionar con Multa y Comiso de los equipos empleado por la referida Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., pOr la prestación del servicio de radiodifusión sonora sin contar con el Título de Habilitación Administrativa, ni Título de Concesión de uso correspondiente, de conformidad a lo establecido y previsto en la Ley aplicable ratione temporis, y en este sentido se observaron en las actas procesales que conforman el expediente administrativo N° PADs-2022-001, que se valoraron las pruebas aportadas tanto por el accionante (Instancia Administrativa) como por parte de la accionada (La Empresa), y emitió pronunciamiento sobre cada una de ellas otorgándole pleno valor probatorio a esos elementos promovidos y solicitados, los cuales fueron valorados por la Autoridad Administrativa. Así SE ESTABLECE.
En este orden de ideas, observa este Órgano Ministerial que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, determinó luego de un minucioso análisis que la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., hoy recurrente, se encontraba incursa en la causal de ilícito administrativo previsto en el numeral 1 del artículo 165 y el numeral 1 del artículo 172, y 174 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
En relación con lo anterior, en vista que la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., compartir IaS miSmaS cualidades y oportunidades procesales dentro de los procedimientos y procesos administrativos en sus distintas fases y etapas, y considerando a tal efecto, la regla general de distribución de la carga de la prueba, conforme a la cual cada una de las partes debe demostrar la veracidad de sus alegaciones, por lo que era efectivamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, vale decir, el órgano administrativo, quien demostró que la empresa antes prenombrada, se encontraba incursa en la causal antes señalados, con fundamento en las pruebas antes referidas, por tanto el acto administrativo se ajustó a lo alegado y probado ante el mismo órgano administrativo, ya que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, fundó su decisión en los hechos probados en Autos los cuales corresponden con lo acontecido y los subsumió a la norma jurídica aplicable; todo en referente al supuesto uso de prestación del servicio de telecomunicaciones sin contar con el Titulo de Habilitación Administrativo ni el Titulo de Concesión, quedando demostrado que dicho empresa no cumplía ni cumplió con las formalidades legales establecidas en la Ley y Reglamentos. ASÍ SE DECLARA.
V FUNDAMENTOS DEL RECURSO De los alegatos que conforman el contenido del escrito recursivo consignado por los recurrentes, el cual se da aquí reproducido; al igual que las pruebas aportadas en el curso del Procedimiento Administrativo impugnado, se denuncia y petición principalmente lo siguiente:
1. Sobre las contravenciones de orden constitucional: violación al 2. Subsidiariamente, alegan los vicios de Falso Supuesto de Hecho y Falso Supuesto de Derecho, contra la Providencia Administrativa N° PADS-2022-001 de fecha 10 de enero de 2022, ya que no guardan la debida vinculación con el o los asuntos objeto de decisión.
3. De los vicios que afecta el acto de decisión: el vicio de silencio de prueba, la cual infringe el artículo 243, ordinal 4°, los artículos 12, 15 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto omitió el análisis de pruebas promovidas y evacuadas.
4. Alega los vicios de Falso Supuesto de Hecho y Falso Supuesto de Derecho, contra el Acto de Decisión de fecha 22 de marzo de 2022, ya que no guarda relación a las pruebas promovidas en el proceso de formación del acto administrativo.
Petitorio:
Los recurrentes solicitan que se declare los siguientes términos:
1. Declarar procedentes las medidas cautelares, en consecuencia, suspenda los efectos del Acto de Decisión S/N, de fecha 22 de marzo de 202z, y se ordene la devolución inmediata de los equipos incautados en la Providencia Administrativa N° PADS-2022-001 de fecha 10 de enero de 2022.
2. Declarar la nulidad absoluta de la Providencia Administrativa N° PADS-2022-001 de fecha 10 de enero de 2022, en consecuencia, declarar la nulidad absoluta de Acto de Decisión S/N, de fecha 22 de marzo de 2022, y se ordene la devolución definitiva de los equipos incautados en la Providencia Administrativa N° PADS-2022-001 de fecha 10 de enero de 2022, seguido el reintegro de la cantidad de dinero pagada, de la Planilla N° 12100062, Multa Administrativa, CONATEL MA-CI 079.
3. Declarar la nulidad absoluta del Acto de Decisión S/N, de fecha 22 de marzo de 2022, en consecuencia, se ordene la devolución definitiva de los equipos incautados en la Providencia Administrativa N° PADS-2022-001 de fecha 10 de enero de 2022, seguido el reintegro de la cantidad de dinero pagada, de la Planilla.
N° 12100062, Multa Administrativa, CONATEL MA-CJ 079.
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Según los recurrentes a los razonamientos de hecho y de derecho previamente mencionados, queda por esta viciada de nulidad absoluta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Del contenido antes transcrito, este Órgano Superior constata que contrariamente a lo señalado por los recurrentes, en el presente asunto al RECURSO JERÁRQUICO y su contenido, el Órgano Administrativo de la recurrida sí se pronunció y analizó los elementos contentivos en los ESCRITO DE OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS CAUTELARES y ESCRITO DE DESCARGOS Y PROMOCIÓN DE PRUEBAS, Ilevado ante esa instancia; al señalar que la pretensión de los Acto Administrativo decidido en la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PADS-2022-001 de fecha 10 de enero de 2022 y del ACTO DE DECISIóN de fecha 22 de marzo de 2022, del Expediente Administrativo N° PADS-2022-001, compone un espíritu de fondo de fraude procesal alegada por la parte demandante.
Ahora bien, observa este Instancia Superior, que el REcuRso JERÁRQUICO interpuesta por la Sociedad Mercantil PRoDUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., donde pide en Ios puntos arriba señalado con fundamento de hecho y de derecho la nulidad de la PRovIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PADS-2022-001 de fecha 10 de enero de 2022 y del ACTO DE DECISIóN de fecha 22 de marzo de 2022, del Expediente Administrativo N° PADS-2022-001, alegando un mal procedimiento, ya que no se ajusta a las exigencia del recurrente en sus demandas, a la Ley y otras normas supletorias, por cuanto se fundamenta en actos intraprocesales donde ella fue parte y ejerció o pudo ejercer los recursos contra tales actuaciones, por lo que a través de esta pretensión busca darse otra oportunidad para revertir lo decidido que le fue adverso, al traer a colisión los mismos argumentos y elementos probatoria formulado en su denuncia y peticiones ya Juzgado; pretendiendo en este asunto abrir una compuerta a la inseguridad jurídica y la persona o órgano que obtuvo la decisión favorable en el proceso puede ver afectado el derecho
artículo 49 y 51 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Por tanto, debe prosperar la cuestión previa de cosa juzgada opuesta por la parte demandada. ASÍ SE DECIDE.
Por lo tanto, este Órgano Ministerial, evidencia que la denuncia o la argumentación del RECURso JERÁRQUICo se circunscribe a la disconformidad de los argumentos esbozados por el primer Órgano Administrativo decisor, por lo cual no existe la incongruencia negativa o citrapetita delatada, porque los puntos señalados por la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., fuerOn desarrolladOs y pronunciados debidamente en los momentos oportuno de cada fase y etapa llevado en los procedimiento in comento, considerándose Cosa Juzgada razón por la cual, esta Instancia Superior declara improcedente la presente delación, al no haberse configurado la infracción de los artículos 49, 51 de la Constitución Bolivariana de Venezuela; y el artículo 243, ordinal 4°, los artículos 12, 15 y 509 del Código de Procedimiento Civil. ASí sE ESTABLECE.
VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Una vez efectuado el análisis de los elementos necesarios para admitir el presente recurso jerárquico, y observando que el recurrente interpuso el mismo dentro del lapso previsto de quince (15) días después de su notificación, tal y como lo consagra el en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para su interposición en tiempo útil, el ente regulador, procede a pronunciarse sobre los alegatos planteados PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., en COntra del Acto notificado en fecha 11 de abril de 2022, mediante comunicación N° DG/C3/DEP0C/2022/0807 de fecha 06 de abril de 2022, contentiva del ACTO DE DECISIóN de fecha 22 de marzo de 2022, iniciado según PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PADS-2022-001, de fecha 10 de enero de 2022, emanado del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, y notificado en fecha 12 de enero de 2022, mediante comunicación N° DG/C3/DP0C/2022/0038, del Expediente Administrativo N° PADS-2022-001.
Ahora bien, de la fundamentación de la denuncia se evidencia que lo pretendido por el formalizante es delatar error de interpretación a sus peticiones y fraude de todo el procedimiento dictada por el Órgano Inferior Administrativo, a través del escrito contentivo de RECURso JERÁRQUICo, contra el acto notificado en fecha 11 de abril de 2022, mediante comunicación N° DG/CJ/DEP0C/2022/0807 de fecha 06 de abril de 2022, contentivo de la Decisión de fecha 22 de marzo de 2022, del Expediente Administrativo N° PADS-2022-001, mediante el cual se dio Procedimiento Administrativo Sancionatorio mediante apertura del Providencia Administrativa identificada con el alfanumérico PADs-2022- 001, de fecha de 10 de enero de 2022, notificado a través del Oficio N° DG/CJ/DPoC/2022/0038, de fecha 12 de enero de 2022, emanado DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE del TELECOMUNICACIONES, y notificado en fecha 11 de abril de 2022, mediante el cual se resolvió SANCIONAR a la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., pOr la prestaCión del servicio de Telecomunicaciones sin contar con el Título de Habilitación Administrativa de uso correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 numeral 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, fundamentando la denuncia bajo los siguientes infracciones de Ley:
Con fundamento de los artículos 49 y 51 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 243, ordinal 4°, los artículos 12, 15 y 509 del Código de Procedimiento Civil, alegando el vicio de: i) "...Sobre las contravenciones de orden constitucional:
"..Subsidiariamente, alegan los vicios de Falso Supuesto de Hecho y Falso Supuesto de Derecho, contra la Providencia Administrativa N° PADS-2022-001 de fecha 10 de enero de 2022" y iii) "...Alega los vicios de Falso Supuesto de Hecho y Falso Supuesto de Derecho, contra el Acto de Decisión de fecha 22 de marzo de 2022". (subrayado nuestro).
De lo precedente, se desprende que aun cuando es el objeto de la recurrida, tergiversar con el argumento ya empleado, analizando solo el primer recuadro o numeración para que se le reconozca el último de los requisitos o presupuestos establecidos en su demanda, interpretando que en el hecho de haber agotado vías recursivas implica ya la participación tacita dentro las articulaciones procesales, dejando en efecto las acciones y actuaciones en todo y cada una de los tramos procesales; siendo de esta forma parte del proceso, contradiciendo así las acciones realizadas.
Lo cierto es que, de los alegatos señalados en el presente Recurso Jerárquico ya fueron desarrollado y sustentados con anterioridad bajo los criterios de las Doctrinas Jurisprudenciales de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del Acto de Decisión de fecha 22 de marzo de 2022, por ello existe cosa juzgada y no podría haber veredicto sobre lo que ya el recurrente ha peticionado contra los mismos Actos Administrativos, obteniendo resultado adversos o contrario al fondo de la demanda procesal, contando a intentar con una nueva petición sobre el mismo interés y efecto de nulidad de los actos administrativo ya tantas veces indicada; de esta forma se fundamenta que no existe violación al debido proceso y al derecho a la defensa, ni infracción de los artículos 49 y 51 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, a tenor se transcribe extracto de los puntos tratado con anterioridad ya decidido:
CAPITULO V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR (...) En este sentido, la jurisprudencia precipitada desarrol las los principios del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, los integran la Administración Pública. Ahora bien, en el caso sub examine, al analizar las actas que conforman el presente procedimiento, se evidencia que durante todas las fases del procedimiento se cumplieron cada uno de los lapsos procesales establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; así, como la practica de las actuaciones necesarias que permitieron garantizar el ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso. (Subrayado nuestro).
De lo anteriormente expuesto por el ciudadano MARzo EUGENIo LOZADARIVERA, recordar que Oficio en vale DG/CJ/DPOC/2022/0038, de fecha 12 de enero de 2022, relativo a la Notificación de la Providencia, el cual se le informará a la sociedad mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., los
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supuestos ilicitos en los que estaría incurriendo al prestar servicios de telecomunicaciones, sin contar presuntamente con la Habilitación Administrativa y Concesión, de igual manera se le indicó el procedimiento y los lapsos para ejercer su derecho a la defensa, todo esto ajustado a la Constitución de la República Bolivariana y a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Por lo tanto, como ya ha sido expuesto, a la sociedad mercantil PRoDuccIoNEs FRECUENCIA MUSICAL, C.A., se le garantizó su derecho Constitucional a la defensa, y ASÍ SE DECIDE. (Subrayado nuestro). Pág. 14 y 15 Por ello, es evidente que la conducta asumida por los recurrentes en su libelo de demanda en el presente Recurso Jerárquico, no se encuentra subsumida dentro del supuesto de hecho contenido en los artículos 49 y 51 Constitucionales, lo que conduce a este Órgano Superior a declarar la improcedencia in limine de la acción denunciada en su propuesta en el Recurso Jerárquico. ASÍ SE DECIDE.
Ahora bien, resulta necesario mostrar y reiterar la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa en su Sentencia Nro. 119 del 27 de enero de 2011, caso Constructora Vicmari, C.A., contra Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, en cuanto a que a la misma le corresponde conceptualizar el vicio de Falso Supuesto de Hecho y Falso Supuesto de Derecho, que se intentan fundar contra de las decisiones de los Actos Administrativos firme (Providencia Administrativa - Decisión) y de esta última emanada del Órgano Administrativo. Visto que la solicitud de petición interpuesta, pretende la nulidad de las decisiones dictada por el Órgano Administrativo (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) corresponde a este Recurso Jerárquico, al respecto se indica:
CAPITULO V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR (...) Ahora bien, retomando el Acta de Inspección de fecha 10 de enero de 2022, se procedió a una serie de preguntas interrogativas realizadas por los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones numeral 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; cuyas respuestas fueron suministradas por el Ciudadano MARIO EUGENIO LOZADA RIVERA, antes identificado, quien manifestó ser el Presidente de la sociedad mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL C.A., entre otras preguntas se transcribe la siguiente:
(...) DÉCIMA CUARTA: "DIga Usted, sI PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL C.A., posee algún titulo expedido por la autoridad competente, que la habilite para el uso y la explotación Sonora en Frecuencia Modulada (FM) en el municipio Vargas del estado La Guaira. REsPonDró: No contados con ningún titulo expedido por la autoridad competente. (Subrayado nuestro). Pág. 15 (...) DÉCIMA QUINTA: "DIga Usted, si PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL C.A., antes identificado, ha realizado algún trámite administrativo ante las oficinas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para la obtención de la Habilitación Administrativa con el atributo de Radio difusión Sonora en Frecuencia Modulada. REsPoNDIó: No." (Subrayado nuestro). Pág. 15 (...) Con vista a los anterior, es evidente que esta Comisión nacional al momento de emitir el acto administrativo impugnado incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho al sustentarse en hechos que no ocurrieron en la realidad y que fueron tergiversados por los funcionarios al momento de realizar la actuación de control. (Subrayado nuestro). Pág. 19 A este respecto, y a manera de orientación sobre la conceptualización del vicio alegado por la representación de la sociedad mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., ha de re SCatarse el criterio jurisprudencial emanada de la Sala Politico-Administrativa en su Sentencia Nro. 119 del 27 de enero de 2011, caso Constructora Vicmari, C.A., contra Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura:
"(...) el vicio de falso supuesto puede patentarse (...) cuando la Administración, al dictar el acto administrativo fundamenta su decisión en hechos inexistente, falso o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, en cuyo caso se incurre en el vicio de falso supuesto de hecho (...) Resaltado propio. (Subrayado nuestro). Pág. 19 Complementariamente, el Dr. Allan Brewer-Carias establece en su obra "Principios del Procedimiento Administrativo" (Caracas, 2010, que:
"(...) toda decisión administrativa se haya determinada por la comprobación previa de las circunstancias de hecho prevista en las normas, claramente estatuida para obligar a la Administración a someter sus actos, al precepto jurídico preexistente, por lo que en un caso concreto, al no existir prueba alguna de los hechos que motivan una decisión, esta resulta "manifiestamente infundada" y por tanto viciada de nulidad por haberse fundado en hechos no comprobados (...)" De las anteriores consideraciones, puede establecerse que el vicio del acto administrativo referido al "falso supuesto de hecho", es aquel que se configura cuando la Administración motiva el dictamen de dichos actos en hechos, sucesos o acontecimientos cuya ocurrencia no fue diligentemente verificada, teniéndose por ciertos sin que los elementos fácticos que imprimen verosimilitud a los mismos hayan sido debidamente comprobados. El "falso supuesto de hecho" entonces, va a referirse a la acción de la Administración basada o motivada en hechos infundados o inexistentes. (Subrayado nuestro). Pág. 19 En lo que respecta al presente procedimiento, a la sociedad mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., no adolece del vicio alegado por cuanto al no verificarse la existencia de la habilitación correspondiente otorgada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que autorice la explotación del servicio de televisión abierta, se evidencia el uso clandestino del mismo y del incumplimiento de los deberes formales que son exigidos por la Administración a los particulares para el uso y explotación de porciones del espectro radioeléctrico, y ASÍ SE DECIDE. (Subrayado nuestro).
Pág. 20 Se constata previamente, el estado en que se encontraba la empresa al efectuarse un control previo que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones otorga y faculta al órgano administrativo en sus funcionarios, en su artículo 37 numeral 10 eiusdem, y, además, la incongruencia de las acciones y hecho que la compañía en que actuaba bajo la norma, respectivamente, se sustancia en el acto administrativo recurrido el criterio sanamente que ha manifestado reiteradamente nuestro Tribunal Supremo de Justicia sobre el contenido in comento, la mencionada sentencia indicada dentro de los de marcado y señalado por estes Instancia Superior, la disposición y forma que se pudiese dar el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, por tal motivo esta Órgano Superior encontró improcedente el defecto de actividad denunciado por los recurrentes contra los Actos Administrativos (Providencia Administrativa - Acto de Decisión); sobre un mismo contenido que versa sobre la no existencia por parte de la Sociedad Mercantil PRoDuccIonEs FRECUENCIA MUSICAL, C.A., y la manifestación voluntaria del ciudadano MARIO EUGENIO LOZADA RIVERA, antes identificado, no contar con la respectiva título de habilitación para la prestación de servicios de radiodifusión sonora en frecuencia modular, así como el uso de la frecuencia 104.1 MHz. Constituye el ilícito administrativo referente a la calificación de clandestinidad previsto en el articulo 174 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; valiendo en este punto indicar que no se apreció ni se observo en los autos que consta en el contenido del Expediente Administrativo N° PADS-2022-001, la configuración que infringe los artículos 243, ordinal 4°, los artículos 12, 15 y 509 del Código de Procedimiento Civil, que divulgar los recurrentes en su libelo en presente Recurso Jerárquico. Así sE DECIDE.
De igual manera, en un aspecto legal general al compendio u exposición escrita de lo esencial o sustancial al contenido denunciado por los recurrentes en el presente Recurso Jerárquico sobre la infracción de los artículos 243, ordinal 4°, los artículos 12, 15 y 509 del Código de Procedimiento Civil, alegando el vicio de: i) "...Sobre las contravenciones de orden constitucional: violación al debido proceso y al derecho a la defensa...", ii) "..Subsidiariamente, alegan los vicios de Falso Supuesto de Hecho y Falso Supuesto de Derecho, contra la Providencia Administrativa N° PADS-2022-001 de fecha 10 de enero de 2022" y iii) "..Alega los vicios de Falso Supuesto de Hecho y Falso Supuesto de Derecho, contra el Acto de Decisión de fecha 22 de marzo de 2022"; resulta importante sintetizar en el orden constitucional, el régimen especial para la administración del espectro electromagnético como un bien de dominio público, contentivo en la Constitución y en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el cual el Estado administra y detenta su carácter exclusivo un bien de la República bajo el concepto de titularidad pública, es decir que la actividad está declarada como de servicio e interés público.
Es preciso destacar que el Ente regulador en materia de telecomunicaciones por un lado está llamado a evitar la convalidación de infracciones, y por otro lado, su labor general se basa en garantizar el cumplimiento de una regulación que avale la operatividad del sector, de la materia, del recurso y de los derechos de los particulares, de esta manera la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a los fines de poder llevar a cabo la verificación de los ilícitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dispone y emplea la facultad de inspección, para verificar que los prestadores y operadores de servicios cuenten con los títulos de habilitación y concesión requeridos para el uso privado de bienes del dominio público, contentivo en el articulo 37 numeral 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
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En ese sentido, el Acta de Inspección es la herramienta mediante el cual se deja constancia de los hechos y circunstancias que atienden a una temporalidad, así como de las condiciones bajo las cuales los particulares y operadores de servicios operan, razón por la cual, el mecanismo de inspección es un medio por excelencia para establecer la evidencia de sí el operador o el particular está actuando con apego a la legislación en la materia o si por el contrario se está incumpliendo en una violación de las condiciones y requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y demás normativas aplicables; de modo semejante, la actividad, competencia y atribuciones que se le atribuye a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para actuar y operar indispensablemente como veedor y garante al uso de porciones del espectro radioeléctrico no da lugar a ninguna clase de derechos aventajado u anticipada para los prestadores u operadores de servicios, sino más bien por paridad de que ambas partes intervinientes tengan los mismos derechos y garantías en el ejercicio al uso del radioespectro de los bienes públicos y sus recursos limitado al incumplimiento o violación a los deberes formales exigidos por la Administración a los particulares; ya que el legislador considero las medidas necesarias en un mecanismo preventivo a las actuaciones y acciones de antemano a un daño o perjuicio en la voluntad al órgano rector administrativo predisponiéndole dichas facultades y competencias en beneficio al interés público, por lo cual es incuestionable responder a una acción en el marco de regulación creado en la referida Ley, sin menoscabo de las sanciones administrativa; la cual la autoridad (Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel) en ningún momento puede verse impedida en sus facultades para ejercer la protección de un bien del dominio público que es imprescriptible y únicamente puede ser empleado bajo una concesión administrativa, así como el ejercicio del control de un servicio declarado por Ley como servicio de interés público; mas no debe ser interpretado en el sentido literal idiomático del recurrente sin mediar criterios de publicidad o notoriedad de las actividades que pueden o pudiesen estar desarrollando los presuntos infractores respecto a la figura legal de la clandestinidad que constituye una tipificación de hecho punible sobre los que cursen o cursaren los presuntos infractores.
son de orden público, no le está dada la posibilidad de relajar su observancia o hacer actuaciones discrecionales al margen de las mismas; en consecuencia, una vez realizada las precisiones que anteceden por la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., resulta forzoso desestimar las denuncias formuladas por la empresa en el presente Recuso Jerárquico, la cual esta órgano superior reitera que el contenido de la motivación del acto recurrido es ajustada a derecho, y a la actuación sancionatoria de la administración no genero indefensión en los derechos del administrado. Y ASÍ SE DECIDE.
En consecuencia de todo lo anterior, es importante ver el valor o las características esenciales de los argumentos legales que los recurrentes interpone en su petición sobre el Acto de Decisión de fecha 22 de marzo de 2022 y al Providencia Administrativa N° PADS-2022-001, de fecha 10 de enero de 2022, actos suscrito por la Dirección General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, al anunciado del vicio de silencio de prueba que el mismo acto infringe el ordinal 4° del artículo 243, así como los artículos 12, 15 y 509 del Código de Procedimiento Civil.
De acuerdo a la regulación legal que rige la organización y funcionamiento en el ámbito sustantivo de los procedimientos administrativo, de los organos u instituciones de la Administración Pública, contentivo en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que rige la materia radioespectro establece e implanta, que es facultad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como director del proceso revisar in limite litis las pretensiones cuyo conocimiento le corresponda, se debe señalar que con la finalidad de depurar el proceso, y así obtener un claro debate procesal, evitando la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que afecte el mismo, todo ello con el objeto de lograr una decisión o resolución congruente, de garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, así como de garantizar el principio de igualdad, por lo que es deber del Órgano Administrativo (CONATEL) no ser un simple espectador, sino un verdadero contralor, en virtud de ello y conforme a las disposiciones adjetivas, debe ineludiblemente, entre otras cosas, velar por el fiel cumplimiento de aquellos artículos que establecen los requisitos formales de la demanda, a saber, los numerales 5° y 6° del artículos 340 y 700, entre otros, del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, para llevar a cabo una acción debe seguirse un proceso autónomo, no obstante, en determinados casos puede producirse una pluralidad de acciones dentro de una misma unidad de proceso, como sucede en la acumulación de procesos, es decir, si bien en cada proceso se decide una pretensión, existen procesos en los cuales resulta procedente decidir varias pretensiones, lo cual es posible siempre que éstas sean conexas por algún motivo, o contengan elementos de dependencia o afinidad de pruebas.
procediendo, es decir, error de actividad por infracción de las normas procesales, que pueden afectar, bien a todo el proceso o bien un acto aislado que vicia la validez de la sentencia, o bien a la sentencia misma por omisión de algún requisito esencial, criterio dictado por la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia.
En virtud, de la Sala de Casación Civil en sentencia N° 204 del 21 de junio de 2000, abandonó dicho criterio y al respecto expresó:
"Ahora, una vez vigente la Constitución de la República Bolivariana de instrumento fundamental para la realización de la justicia, en el que debe privar la simplificación y eficacia de los trámites, donde no haya dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles, la Sala considera conveniente fijar silencio de pruebas, de forma y manera que permita establecer si las pruebas aportadas al juicio y silenciadas por el juzgador, tienen el sentido y alcance que en realidad le corresponden para la fijación del hecho controvertido. La importancia o trascendencia de las pruebas sólo puede ser determinada, si se tiene el conocimiento de los aspectos formales y de fondo que las acompañan al momento de producir las. (Subrayado nuestro).
En este orden de ideas, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en procesal civil, la Sala sólo podrá tener conocimiento de estos extremos si la denuncia se encuadra en un recurso por infracción de ley;
Procedimiento Civil, dentro de los términos y condiciones previstos en la ley, donde la denuncia de violación de las respectivas normas relativas a la apreciación y carga de la prueba, así como las referidas al establecimiento o valoración de las pruebas, adquiere suma importancia, ya que permitirá precisar el servicio, la necesidad o la conveniencia de la prueba en la resolución de la pretensión contenciosa, y de alli dependerá la calificación jurídica de la utilidad o no de la casación.
(Subrayado nuestro).
Consecuencia de lo anterior, es que desaparece el silencio de prueba como especie de la falta de motivación. Por tanto, la Sala abandona el criterio sostenido en fecha 28 de abril de 1993, caso: Inversiones Sinamaica contra Parcelamiento Chacao y, aclara que, para evitar perjuicios a aquellos que adecuaron su conducta a la doctrina que hoy se abandona o aquellos cuyos lapsos de formalización están por concluir, el criterio aquí establecido se aplicará a todos los recursos que se admitan a partir del día siguiente, inclusive, a la publicación de este fallo. Por consiguiente, en lo sucesivo se establecerá como exigencia para la elaboración de la denuncia del vicio por silencio de pruebas, que se fundamente en un recurso por infracción de Procedimiento Civil. Así se decide". (Subrayado nuestro).
Por ello, es evidente que la conducta asumida por la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., y la manifestaCión voluntaria del ciudadanO MARIO EUGENIO LOZADA RIVERA, antes identificado, no se encuentra subsumida dentro del supuesto de hecho contenido en el artículo 313 numeral 2° del Código de Procedimiento Civil, lo que conduce a declarar la improcedencia in limine de la acción propuesta en un primer punto de vista particular sobre el asunto ante descrito, no obstante, es deber de dar cumplimento al contenido del articulo 9 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, a tenor:
Artículo 9. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser motivados, excepto los de simple trámite o salvo disposición expresa de la ley. A tal efecto, deberán hacer referencia a los hechos y a los fundamentos legales del acto. (Subrayado nuestro).
Ahora bien, una vez efectuado el análisis de las argumentaciones explanadas por el recurrente, se evidencia que, en relación a las denuncias de derecho, éste adujo principalmente: "Vicio de silencio de pruebas" Al respecto, se arguye la infracción de los artículos 243 numeral 4°, 12, 15 y 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente:
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Artículo 243: Toda sentencia debe contener:
4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
Artículo 12: Los jueces tendrán por parte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia.
Artículo 15: Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigúedad o deficiencia, los jueces se tendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.
Articulo 5o9: Los Jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas.
De la interpretación de la precitada norma, a primera vista se advierte que la misma obedece a un mandato de orden público sobre la actividad de juzgamiento de los jueces, es decir en la sede de la Jurisdicción del Poder Judicial. En tal sentido, no debe perderse de vista que, si bien la actividad de la Administración emplea de forma supletoria la instrumentalización del derecho adjetivo en materia civil, a fin de celebrar un Debido Proceso, no todas las disposiciones que rigen la actividad Judicial son de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios que ejecutan la función pública en la Administración Nacional.
Sin embargo, la expectativa argüida de la recurrente en obtener en el acto recurrido un examen de los medios de prueba en un punto separado, mediante el pronunciamiento y la valoración de cada uno de los medios de prueba, o su mérito probatorio, aunque no es un acto procesal de obligatorio ejercicio en sede Administrativa, la misma efectivamente sí fue llevada a cabo, tal como puede apreciarse en el título "CAPITULO IV DE LOS ALEGATOS Y PRUEBAS" contentivO Subsiguiente "DE LAS PRUEBAS DE LA cuando dicha valoración deviene de un mandato que solo rige a los Jueces en la sede Judicial. En la actividad administrativa, si bien es obligatorio permitir el ejercicio de los medios de prueba que libremente el administrado decida aportar a la investigación celebrada en su contra, no obstante, en la motivación no es de carácter vinculante lo dispuesto en el señalado artículo 509 de la norma adjetiva civil, tal como ha sido manifestado en el precedente jurisprudencial emanado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la Decisión número 1623 de fecha 22 de octubre de 2003 Caso: Gustavo Enrique Montañez y otros contra el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Carabobo. En la cual se dejó sentado que, respecto al Vicio de Silencio de Pruebas, en los procedimientos administrativos se debe cumplir en realizar una motivación suficiente, pudiendo a través de un análisis global de todos los elementos que cursan en el expediente administrativo, decidir los mismos, sin que sea estrictamente necesario establecer una relación precisa y detallada de todos los elementos probatorios. De acuerdo al tenor siguiente:
"(..) consider[ó] necesario [esa] Sala aclarar a los recurrentes que el principios fundamentales del derecho a la defensa y al debido proceso, no puede ser confundido con la función jurisdiccional, en la cual el Juez se encuentra sometido a reglas procesales distintas, dependiendo del tipo de proceso de que se trate. Por lo tanto, en el procedimiento administrativo basta para entender que se ha realizado una motivación suficiente, el análisis y apreciación global de todos los elementos cursantes en el expediente administrativo correspondiente, no siendo necesario que el ente administrativo realice una relación precisa y detallada de todos y cada uno de los medios probatorios aportados (..)" (Subrayado nuestro).
En el acto impugnado, expresamente se señala que todos los documentos que fueron consignados por la recurrente, fueron objeto de análisis y conocimiento, y se dieron por reproducidos al momento del dictamen definitivo de la investigación administrativa. Aunado a esto, en el expediente administrativo cursa el auto de fecha 07 de febrero de 2022, en el cual el Órgano Sustanciador procedió a pronunciarse sobre la admisión o no de las pruebas promovidas en su oportunidad, teniéndose el carácter de acto procesal para las partes dentro del proceso administrativo llevado y ser objeto de apelación, siendo que las pruebas que a continuación se enumeran no fueron objeto de admisión:
1. Del Mérito Favorable De Los Autos.
2. De Las Pruebas Documentales.
a) Marcado con la letra A b) Marcado con la letra B c) Marcado con la letra B Al respecto, es necesario observar que, en relación a las pruebas inadmitidas, las misma fueron reproducida y motivada en el acto de decisión, al momento de la decisión definitiva a las mismas no se les otorgó valor probatorio; No Obstante, en el curso del procedimiento la recurrente contaba con la apelación establecida en la normas adjetiva civil, teniéndose el administrado las opciones legales supletorias y el derecho de apelar dicho acto en el lapso establecido de tener alguna disconformidad con las supuestas improcedencia de las pruebas no admitidas, sin embargo, el acto de admisión de pruebas no fue apelado en su momento procesal, por lo cual quedo firme en el procedimiento u actividad administrativa iniciada. Es por ello y en razón de lo precedentemente expuesto que resultan- infundadas las denuncias que pretenden alegar un vicio o infracción sobre el ejercicio del derecho a la defensa, o una causal de incongruencia respecto a los medios de prueba que cursaron en el procedimiento administrativo y su decisión impugnada. En consecuencia, se desestima la denuncia esgrimida, Y ASÍ SE DECIDE.
VI DECISIÓN En virtud de los razonamientos expuestos, este Órgano Ministerial en nombre de la República y por autoridad de la Ley; declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso interpuesto por la Sociedad Mercantil PRODUCCIONES FRECUENCIA MUSICAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Varga ( hoy Estado la Guaira), bajo el N° 46, tomo 83-A, de fecha 13 de septiembre de 2012, y Registro de Información Fiscal N° J-40141157-6, representada por el ciudadanO MARIO EUGENIO LOZADA RIVERA, Venezolano, mayOr de edad, identificado con la cédula de identidad N° v-9.995.751, en su carácter de Director y principal accionista, en consecuencia, SE conFIRMA el contenido del acto notificado mediante N° DG/CJ/DPoC/2022/0807 de fecha 06 de abril de 2022, contentiva del Acto de Decisión de fecha 22 de marzo de 2022, iniciado según Providencia Administrativa N° PADS- 2022-001, de fecha 10 de enero de 2022.
SEGuNDo: Se ordena al ente regulador en materia de Telecomunicaciones practicar la notificación de la presente Decisión a la recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con indicación de los recursos disponibles y lapsos de interposición para la defensa de sus intereses.
Por el Ejecutivo Naganal, FREDDY ALERED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS MinistrodelPede Poper para la Comunicación e Información según Recreto 40, de fecha 3 de septiembre de 2020 Gaceca Oficial dela República Bolivariana de Venezuela :No.957, de esa misma fecha.
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MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 29 de julio de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 1627 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, numerales 1, 4 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;
CONSIDERANDQ:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le asigna al Ministerio Público un conjunto de atribuciones que requieren su pronta y efectiva respuesta;
CONSIDERANDQ:
Que para el mejor desempeño de las obligaciones inherentes a los Fiscales del Ministerio Público, se hace necesario cambiar la competencia y cambiar de adscripción de algunas representaciones del Ministerio Público;
CONSIDERANDO:
Que con el objetivo de coadyuvar en la garantía de una gestión Fiscal expedita, la cual lleve a cabo la atención e investigación de los delitos cometidos en perjuicio de la colectividad en general, atacar a las mafias que trafican con material estratégico y delitos económicos, a fin de aumentar la capacidad de repuestos institucional y sumar esfuerzos para continuar proporcionando respuestas, de conformidad con los compromisos asumidos por el estado venezolano en las distintas materias de su competencia.
RESUELVE:
PRIMErQ: Cambiar la competencia y la adscripción de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con competencia Plena, con sede en El Tigre, adscrita a la Dirección General Contra Delitos Comunes; por la de "Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con competencia Plena, Material Estratégico y Delitos Económicos, con sede en El Tigre", adscrita a la Dirección de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad.
SEGunDo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
ferer
YAREK WILLIANS SAAB cal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 16 de septiembre de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 1943 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de ia República En ejercicio de la facuitad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 dei artícuio 25 ejusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al ciudadano Abogado ÁNGEL.RENATO FUENMAYOR BRICEÑO, tituiar de la céduia de identidad Nº 20.401.995, DIRECTOR GENERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA (ENCARGADo), en sustitución dei ciudadano abogado Fernando José Silva Pérez, quien hara uso de sus vacaciones a partir de 20/09/2022 hasta su reincorporación, asimismo el ciudadano Ángel Renato Fuenmayor Briceño, seguirá cumpliendo sus funciones como Fiscal Titular en la Fiscalía 17 Nacional, Director Generai contra la Corrupción (Encargado) y como Coordinador de Bienes y Asegurados (Encargado).
igualmente, conforme a lo establecido en los numerales 12 y 20 del artículo 25 de ia citada Ley Orgánica, ei ciudadano Ángel Renato Fuenmayor Briceño podrá intervenir como representante del Ministerio Público en los asuntos de la institución, en cuaiquier lugar del territorio nacional. Asimismo, le delego la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación, mientras este encargado de ia referida Dirección.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y ,hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese Pubiíquese, ferrer :
TREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal Generai de ia República Caracas, 31 de agosto de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 1872 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artícuio 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PROVISoRIO al ciudadano Abogado JONATHAN DAVID TOVAR DUQUE, titular de la cédula de identidad N° 13.066.528 en la FISCALÍA CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral. El referido ciudadano, se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Décima Sexta dei Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 16 de septiembre de 2022 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comse y Publíquese.
Frerer
FiscaGeneral de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 31 de agosto de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 1886 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar COmO FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado FRANCISCO JAVIER PRIETO BOZO, titular de la cédula de identidad Nº 18.370.938, en la FISCALÍA OCTAVA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del del estado Zulia, con sede en Maracaibo y competencia plena.
La presente Designación tendrá efectos administrativos a partir .del 16 de septiembre de 2022 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
ferer
TAREK WILLIANS SAAB scal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal Generai de la República Caracas, 31 de agosto de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 1887 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica de! Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artícuio 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado ENMANUEL ROSS LÓPEZ LOZADA, titular de la cédula de identidad N° 18.188.660 en la FISCALÍA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA oCTAvA dei Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Proceso.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 16 de septiembre de 2022 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuaíeuese y Publíquese.
ferce
TAREK WILLIANS SAAB Fisn General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 31 de agosto de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 1893 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado LUIS JOSÉ ESTRADA ALMEIDA, titular de la cédula de identidad N° 26.435.498, en la FISCALÍA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA del Ministerio Público de ia Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en contra las Drogas.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 16 de septiembre de 2022 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
maníques y publíquese.
Ferek TAREK WILLIANS SAAB Figcal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho dei Fiscal General de la República Caracas, 31 de agosto de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN N° 1894 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facuitad conferida por ei artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 dei artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNiCO: Designar ai ciudadano Abogado JACKsoN JAVIER GÓMEZ MEDINA, titular de la céduia de identidad Nº 12.633.112, COMO FISCAL AUXILIAR INTERINO en la FISCALÍA 86 NACIONAL DE DEFENSA AMBIENTAL Y FAUNA DOMÉSTICA.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir dei 16 de septiembre de 2022 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
BENArue y Pubiíquese.
Ferek
TABEK WILLIANS SAAB FiscaGenerai de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República . Caracas, 16 de septiembre de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 1946 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO:Designarcomo FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada SCARLETALEJANDRA ROMÁN GUZMÁN, titular de la cédula de identidad N.º 25.234.854, en la FISCALÍA 13 NACIONAL DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la Fiscalía 32 Nacional de Ejecución de la Sentencia.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir del 16 de septiembre de 2022 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
farer
TAREK WILLIANS SAAB FiscalGeneral de la República REPUB
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 16 de septiembre de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN N° 1951 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar COmo FISCAL AUXILIAR INTERINO a la Ciudadana Abogada DARIANNY AURIBEL TOCORA CASTRO, titular de la cédula de identidad Nº 24.578.110, en la FISCALÍA VIGÉSIMA PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en el Tigre y competencia en materia de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica. La referidaciudadana se venía desempeñando como Asistente de Asuntos Legales Ill en la citada Fiscalía. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 16 de septiembre de 2022 hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
farer
TAREK WILLIANS SAAB Eiscal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 16 de septiembre de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 1958 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado LUIS AGAPITO RIVAS, titular de la cédula de identidad N° 11.159.362 en la FISCALÍA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira, con sede en Catia La Mar y competencia en materia Contra las Drogas. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 16 de septiembre de 2022 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníguese y Publíquese.
ferer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscaleneral de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas,29 de agosto de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN N° 1804 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: TrasIadar comO FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano Abogado ALI ENRIQUE HERRERA LINAREZ, titular de la cédula de identidad Nº 19.284.875, a la FISCALÍA 21 NACIONAL PLENA. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Septuagésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
muniquese y publíquese, farek
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 16 de septiembre de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 1950 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: TraSIadarCOmO FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado LUIS JERÓNIMO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº 19.066.110, a la FISCALÍA 45 NACIONAL PLENA.El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Novena del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
farek
TAREK WILLIANS SAAB scal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO. PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 16 de septiembre de 2022 Años 212° y 163° RESOLUCIÓN Nº 1955 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICQ: TraSladar COmO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogado JULIMAR VELAR DE ATIENZA, titular de la cédula de identidad Nº 20.568.816, a la FISCALÍA CENTÉSIMA Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,con competencia en Penal Ordinario, Víctimas, Niños, Niñas y Adolescentes. La referida ciudadaná se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Centésima Trigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación.
Comuníquese y Publíquese.
ferer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal-General de la República
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SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
200
GACETA OFICIAL DE LA BEPORLICA BOLIWARIANA DE VENEZUEIN
Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización El trámite es PERSONAL.
En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios o sobrinos).
En su defecto consignar poder debidamente autenticado.
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)
Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.
Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.
Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.
Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela
Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.
http://www.imprentanacional.gob.ve
Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente
a 10,05 % valor Unidad Tributaria
AÑO CXLIX - MES XII Número 42.468
Caracas, jueves 22 de septiembre de 2022
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