Gaceta Oficial N° 42.421
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Caracas, martes 19 de julio de 2022 Número 42.421 AÑO CXLIX - MES X
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 4.709, mediante el cual se nombra al ciudadano Rusbel José Rondón Mata, como Presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Comisión Central de Planificación Servicio Nacional de Contrataciones Providencia mediante la cual se establece el proceso que regula la Certificación de los Miembros de las Comisiones de Contratación, de los distintos Órganos y Entes de la Administración Pública, conforme a la atribución del Servicio Nacional de Contrataciones prevista en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR Resolución mediante la cual se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Directores Generales, adscritos al Viceministerio de Economía Productiva, de este Ministerio.
ONAPRE Providencia mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso de Créditos Presupuestarios, de Gasto Corriente para Gasto de Capital, de este Ministerio, por la cantidad de cincuenta y cinco mil Bolívares (Bs. 55.000,00).
Providencia mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso de Créditos Presupuestarios, de Gasto Corriente para Gasto de Capital, de este Ministerio, por la cantidad de ciento setenta y cinco mil quinientos cuarenta y un Bolívares (Bs. 175.541,00).
Providencia mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso de Créditos Presupuestarios, de Gastos Corriente para Gastos de Capital, de este Ministerio, por la cantidad de ciento quince mil Bolívares (Bs. 115.000,00).
SENIAT Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Patricia Valesca Montare Colina, como Gerente de Cobro Ejecutivo y Medidas Cautelares de la Gerencia General de Servicios Jurídicos, en calidad de Titular.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Aviso Oficial mediante el cual se procede a publicar el “Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito” abril 2022.
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las Tasas de Interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo y Tasas de Interés para operaciones con Tarjetas de Crédito, mayo de 2022.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL Resolución mediante la cual se designa al ciudadano William Paul Peña Terán, como Director General (E) de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, de este Ministerio, en calidad de Encargado.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INTI Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Viviana del Carmen Rivas Tovar, como Gerente (E), adscrita a la Oficina de Atención Ciudadana de este Instituto.
INSAI Providencias mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se indican, de este Instituto.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resolución mediante la cual se designa la Junta Directiva de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE), instituto autónomo adscrito a este Ministerio, la cual quedará conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
INCRET Providencia mediante la cual se otorga la Jubilación Ordinaria, al ciudadano Javier Eduardo Santander Mota.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE
INAC Providencia mediante la cual se otorga el Permiso Operacional a la Sociedad Mercantil Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (EMTRASUR) S.A.
Providencia mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, adscritos a la Gerencia de Recaudación de la Oficina de Gestión Administrativa de este Instituto, a los fines de ejecutar el Proceso de Fiscalización para la recaudación y enteramiento por concepto del pago del uno por ciento (1%) de la venta de Boletos Aéreos, ante las oficinas administrativas de los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo que emitan boletos cuyo punto de salida o destino sea la República Bolivariana de Venezuela.
Providencia mediante la cual se re-categoriza el Aeropuerto Internacional “Josefa Camejo” para su operación en las condiciones que en ella se especifican.
CONVIASA Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Héctor José Inojosa Blanco, como Jefe de Estación en Argelia, República Argelina Democrática y Popular, adscrito a este Consorcio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL ECOSOCIALISMO Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Zoraima Divanahits Echenique Reverón, como Directora General de la Dirección de Patrimonio Forestal, de este Ministerio.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Corte Disciplinaria Judicial Decisiones mediante las cuales la Corte Disciplinaria Judicial se pronuncia con relación al Sobreseimiento de las investigaciones seguidas a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se mencionan.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría del Municipio Michelena del estado Táchira.
Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría del Municipio Libertador del estado Táchira.
Resolución mediante la cual se ratifica la Intervención de la Contraloría del Municipio Panamericano del estado Táchira.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano César Augusto Otero Duno, como Contralor Provisional del estado Aragua.
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457.676 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 19 de julio de 2022
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 4.710 19 de julio de 2022
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 2 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo previsto en los artículos 34, y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con los artículos 4°, 18, y 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018.
DECRETA Artículo 1°. Nombro al ciudadano RUSBEL JOSÉ RONDÓN MATA, cédula de identidad N° V-8.257.148, como Presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2°. El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, queda encargado de la ejecución de este Decreto. Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los diecinueve días del mes de julio de dos mil veintidós. Años 212° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.)
FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDA
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CONSIDERANDO Que los miembros Principales y Suplentes de las Comisiones designados deben tener calificada competencia profesional en el área que represente y reconocida honestidad.
CONSIDERANDO Que las designaciones de los miembros de las Comisiones de Contrataciones, son a título personal y notificadas al Servicio Nacional de Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes, una vez dictado el acto administrativo de la referida designación.
ACUERDA OBJETO PRIMERo: Establecer el procedimiento que regula la Certificación de los miembros de las Comisiones de Contratación, de los distintos Órganos y Entes de la Administración Pública, conforme a la atribución del Servicio Nacional de Contrataciones prevista en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
DEFINICIONES sEGunDo: A los fines de la presente providencia se establecen las siguientes definiciones:
Comisión de Contratación: Cuerpo colegiado multidisciplinario, cuyos miembros son designados, por la máxima autoridad de los contratantes, representando las áreas legal, técnica y financiera.
Contratante: Sujeto contemplado en el ámbito de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, que ejecuta los procesos previstos para la selección y administración de contratos referidos a la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras.
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN TERCEro: Una vez designados por la máxima autoridad, los miembros que conforman la Comisión de Contratación de los distintos Órganos y Entes de la Administración Pública, deberán solicitar su certificación por ante el Servicio Nacional de Contrataciones.
NACIONALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN cuArTo: Para ser miembro de la Comisión de Contrataciones, los designados deberán ser venezolano o venezolana, en concordancia a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Asimismo los miembros de Comisiones de Contrataciones deben considerarse como directores y administradores, motivado a que participan con voz y voto, cuya actuación puede comprometer el patrimonio público, tal como lo establece el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN QuiNTo: Para la debida certificación de los miembros de la Comisión de Contrataciones, el contratante suministrará la información, de cada miembro designado que se indica en el Sistema Integrado del snc, en el módulo RNCE, opción Registro de Comisiones de Contratación.
En caso de no estar operativo el mencionado sistema, la información debe ser remitida en formato digital vía correo electrónico a la dirección rnce@snc.gob.ve.
Información a remitir:
1. Designación y Experiencia Nombres Apellidos Cédula de Identidad Tipo de Comisión (Permanente o Temporal) Área que Representa (Legal, Económica Financiera, Técnica, o Secretaria) Tipo (Principal o Suplente) Datos del Acto Administrativo de Designación Formación Académica Experiencia (Últimos 5 años) Datos de Contacto (Número de Teléfono y correo electrónico) La carga o remisión de esta información tiene una ponderación de cincuenta por ciento (50%) 2. Capacitación . Información de talleres, jornadas conferencias cursos, relacionadas con Procedimiento de Selección, Administración de Contratos, o materias vinculadas, realizados durante los últimos tres (3) años.
La carga o remisión de esta información tiene una ponderación de treinta y cinco por ciento (35%) . Información de cursos, o talleres de Comisión de Contratación, realizados durante los últimos tres (3) años.
La carga o remisión de esta información tiene una ponderación de quince por ciento (15%) La remisión en formato digital de esta información, debe estar acompañada de una Declaración Jurada de la certeza de la misma, autorizando al Servicio Nacional de Contrataciones a las actividades de Control Posterior previstas en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.
CERTIFICACIÓN sExTo: Los miembros de la Comisión de Contrataciones, obtendrán el cien por ciento (100%), con el suministro de la información requerida, Comisión de Certificación como miembro dela obteniendo la Contrataciones.
CERTIFICACIÓN CONDICIONADA sÉPTiMo: Los miembros de la Comisión de Contrataciones, que no cuenten con capacitación específica en materia de Comisión de Contrataciones, se condicionará su Certificación a la realización del Curso Comisión de Contratación, dictado por la Dirección de Capacitación en Contrataciones Públicas del Servicio Nacional de Contrataciones, durante los treinta (30) días hábiles siguientes a su solicitud de certificación.
En ese lapso tendrá una Certificación Condicionada.
VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN ocTAvo: La Certificación otorgada tendrá una vigencia de dos (2) años.
Vencido este lapso se debe cargar o remitir la información actualizada, a lo fines de la renovación de la Certificación como miembro de Comisión de Contrataciones.
CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA SER CERTIFICADO NovEno: Para optar a la Certificación como miembro de Comisión debe estar designado como Representante de las áreas legal, económica financiera o técnica, así como secretaria o secretario, principales y suplentes.
La renuncia o cambio parcial o total de los miembros de la Comisión originará la tramitación de la Certificación Correspondiente para los miembros que se incorporen.
DISPOSICIONES FINALES DÉciMo: Publíquese la presente providencia en la página web del Servicio Nacional de Contrataciones.
DÉciMo PRiMEro: La presente providencia entrará en vigencia a partir la fecha de su publicación.
Anthonr camilo grres Martinez Director General Resoluc Oficial de la República Bolivariana publicado de Venezuela No. 40.334 de fecha 15 de enero de 2014
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457.678 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 19 de julio de 2022
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA , FINANZAS
Y COMERCIO EXTERIOR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA,
FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
DESPACHO DE LA MINISTRA
Caracas, 14 de julio de 2022.
AÑOS 212°, 163° y 23°
RESOLUCIÓN N° 012-2022 La Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (E), designada mediante Decreto N° 4.287, de fecha de fecha 8 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.960, de esa misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5, artículo 19 y en el numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
RESUELVE
Artículo 1. Nombrar a la ciudadana SOL MARIA PEÑA
MORALES, titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.559.132, como DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICAS ARANCELARIAS NO ARANCELARIAS, adscrita al Viceministerio de Economía Productiva del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2. Nombrar al ciudadano SERGIO JULIO
LOTARTARO TOVAR, titular de la Cédula de Identidad Nº
V-20.130.589, como DIRECTOR GENERAL DE SISTEMA DE
EMPRESAS PÚBLICAS Y FUERZAS PRODUCTIVAS,
adscrito al Viceministerio de Economía Productiva del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 3. Nombrar a la ciudadana ISAMAR DEL CARMEN
LARROSA MACHADO, titular de la Cédula de Identidad Nº
V-20.489.877, como DIRECTORA GENERAL DE
SUSTITUCIÓN ESTRATÉGICA DE IMPORTACIONES,
adscrita al Viceministerio de Economía Productiva del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 4. Nombrar a la ciudadana AMIEL BEATRIZ PINTO
GUERRA, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 19.410.405, como DIRECTORA GENERAL DE ARTICULACIÓN DE CIRCUITOS PRODUCTIVOS, adscrita al Viceministerio de Economía Productiva del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente
Artículo 5. Los funcionarios designados por esta Resolución deberán rendir cuenta a la Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (E), de todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión.
Artículo 6. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (E) Decreto N° 4.287, de fecha 8 de septiembre de 2020 G.O.R.B.V. N° 41.960, de fecha 8 de septiembre de 2020
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Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub-Específicas:
"Conservación, 02.01.00 ampliaciones mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado"
55.000,00
Comuníquese y Publíquese, MARCO POLO COSENZA AMARISTA Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto (E) Resolución N° 043-2020 de fecha-03 e diciembre de 2020 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.021 de fecha 03 de diciembre de 2020
República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior - Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 006 - Caracas, 1° de julio de 2022 - Año 212º de la Independencia, 163º de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2022, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87, numeral 4 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación de un traspaso de créditos presupuestarios, de gasto corriente para gasto de capital, del MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR, pOr la Cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES (Bs. 175.541,00); autorizado por la Oficina Nacional de Presupuesto en fecha 29 de junio de 2022, de acuerdo con la siguiente imputación:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y Bs.
175.541,00 COMERCIO EXTERIOR Proyecto:
0930020000 "Ampliación de estudios en el área de las ciencias fiscales y las 175.541,00 ciencias administrativas." Acción Específica:
0930020002 "Formulación de programas de formación aplicando las nuevas metodologías de educación a 175.541,00 distancia" CEDENTE:
4.03 "Servicios no personales" Partida:
175.541,00 Otras Fuentes Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub- Específicas:
11.441,00
07.02.00 "Imprenta y reproducción"
10.03.00 "Servicios de procesamiento de datos"
30.000,00 "Servicios
10.04.00 ingeniería de y
40.000,00 arquitectónicos"
"Servicios de
10.07.00 capacitación y
50.000,00 adiestramiento" "Conservación
11.07.00 reparaciones y menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y 25.000,00 alojamiento"
12.01.00 "Conservación reparaciones y menores de obras en bienes del 19.100,00 dominio privado" RECEPTORA:
Partida:
4.04 "Activos reales"
175.541,00 Otras Fuentes Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub- Específicas:
02.01.00 "Conservación, ampliaciones mejoras mayores de obras en blenes del dominio privado"
175.541,00
Comuníquese y Publíquese, MARCO POLO COSENZA AMARISTA Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto (E) Resolución N° 043-2020 de fecha 03 de-diciembre de 2020 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.021 de fecha 03 de diciembre de 2020
República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior - Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 007 - Caracas, 1° de julio de 2022 - Año 212º de la Independencia, 163º de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2022, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87, numeral 4 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación de un traspaso de créditos presupuestarios, de gastos corriente para gastos de capital, del MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR, pOr la Cantidad de CIENTO QUINCE MIL BOLÍVARES (Bs. 115.000,00), autorizado por la Oficina Nacional de Presupuesto en fecha 29 de junio de 2022, de acuerdo con la siguiente imputación:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR Bs.
115.000,00
0930020000 Proyecto:
"Ampliación de estudios en el área de las ciencias fiscales y las 115.000,00 ciencias administrativas." CEDENTE:
Acción Específica:
"Incorporación de nuevas líneas de 0930020003 trabajo para la investigación, desarrollo y divulgación en el contexto 115.000,00 socioeconómico del país." Partida:
4.03 "Servicios no personales"
115.000,00 Otras Fuentes Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub- Específicas:
10.07.00 "Servicios de capacitación y
75.000,00 adiestramiento" "Conservación y reparaciones menores 11.07.00 de máquinas, muebles y demás 20.000,00 equipos de oficina y alojamiento" "Conservación y reparaciones menores 12.01.00 de obras en bienes del dominio privado"
20.000,00
RECEPTORA:
Acción Específica:
"Formulación de programas de 0930020002 formación aplicando las nuevas metodologías de educación a distancia"
115.000,00
Partida:
4.04
115.000,00 "Activos reales" Otras Fuentes Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub- "Conservación, ampliaciones y mejoras 02.01.00 Específicas:
mayores de obras en bienes del
115.000,00 dominio privado"
Comuníquese y Publíquese,
@0
MARCO POLO COSENZA AMARISTA Jefe de la Oficina Nacional de Rresupuesto (E) Resolución N° 043-2020 de fecha 03 de diciembre de 2020 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.021 de fecha 03 de diciembre de 2020
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA
Caracas, 14 de junio de 2022
212°, 1630 y 230 Quien suscribe, JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN, titular de la cédula de identidad V-10.300.226, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), designado mediante Decreto N° 5.851, de fecha 1° de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de la misma fecha, en mi condición de máxima autoridad conforme lo establece el artículo 7° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 3 y 9 del artículo 10 del citado Decreto Ley; el artículo 21 de la Providencia Administrativa N° 0866, mediante la cual se dicta el Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del SENIAT, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.292, de fecha 13 de octubre de 2005; el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014; el artículo 49 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.210 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre del 2015 y los artículos 48, 49 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto de 2005, dicto la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2022/000040 Artículo 1. DesignO a la ciudadana PATRICIA VALESCA MONTARE COLINA, titular de la cédula de identidad V-15.198.336, como Gerente de Cobro Ejecutivo y Medidas Cautelares de la Gerencia General de Servicios Jurídicos en calidad de Titular, para que ejerza las competencias asignadas al cargo, señaladas en el Artículo 15 de la Providencia Administrativa SNAT/2015-0008 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.598 de fecha 09 de febrero de 2015, mediante la cual se reorganiza la Gerencia General de Servicios Jurídicos.
Artículo 2. En los actos y documentos suscritos en el ejercicio de esta delegación, se deberá indicar el número y fecha de la presente Providencia, así como el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y la fecha de publicación.
Artículo 3. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
JOSEDAVID CABELLO RONDÓN SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO MACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUAÑERA Y TRIBUTARIA Decreto-N 5.851 de fecha 01-02-2008 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 del 01-02-2008
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
AVISO OFICIAL El Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 numeral 26 del Decreto Ley que lo rige, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, procede a publicar el siguiente:
"ESTUDIO COMPARATIVO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO" ABRIL 2022
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO I.
La Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.021 de fecha 22 de septiembre de 2008, tiene por objeto garantizar el respeto y protección de los derechos de los usuarios y las usuarias de dichos instrumentos de pago, obligando al emisor de los mismos a otorgar información adecuada y no engañosa a los y las tarjetahabientes.
El presente "Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito" ha sido elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la mencionada Ley, donde se establece que el Banco Central de Venezuela debe publicar "un estudio comparativo de las tasas de financiamiento en tarjetas de crédito que incluya como mínimo lo siguiente: tasas de interés financieras, moratorias y beneficios adicionales que no impliquen costo adicional para el o la tarjetahabiente, cobertura, plazos de pago y el grado de aceptación". Para ello se ha tomado como base la información suministrada, con carácter de declaración jurada, por parte de las instituciones bancarias emisoras de tarjetas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46. de la misma Ley.
En todo caso, el Banco Central de Venezuela reitera que se encuentra facultado' para sancionar administrativamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del Decreto Ley que rige su funcionamiento, a aquellas instituciones que incumplan la normativa dictada por el Instituto en materia de tasas de interés financiera y moratoria que aplican a operaciones activas con tarjetas de crédito a que alude el artículo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico; así como a aquellas instituciones que incumplan la obligación prevista en el artículo 46 de la Ley en referencia, relacionado con la obligación de suministrar, en la oportunidad y forma allí prevista, la información requerida para realizar el presente estudio comparativo.
Igualmente, se observa que el incumplimiento de la normativa emitida por el Banco Central de Venezuela en materia de comisiones, tarifas o recargos, será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela. Asimismo, el Banco Central de Venezuela cumple con advertir que el objetivo de este informe no es promover ni patrocinar en forma alguna el uso de tarjetas emitidas por las instituciones bancarias, ni de franquicias o marcas asociadas a las mismas.
En el caso de las tarjetas de crédito, el estudio comprende para cada tipo de tarjeta emitida por institución, los siguientes aspectos: tipo de tarjeta de crédito, tasa de interés de financiamiento y de mora, cobertura, plazo de pago y de financiamiento, número de puntos de venta y negocios afiliados, así como beneficios sin costo para el cliente. Igualmente, en el caso de las tarjetas de débito, se considera: cobertura, número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos, desagregados en cajeros remotos y en agencias.
II.
DEFINICIONES
Beneficios adicionales: Beneficios o servicios que brinda la franquicia (o marca) y el emisor a los tarjetahabientes sin ningún costo adicional para estos, que han sido calificados como tales por los emisores de tarjetas, no siendo por tanto responsable el Banco Central de Venezuela de dicha calificación ni sobre su otorgamiento o no a los y las tarjetahabientes.
Cobertura: Ámbito geográfico o sector de mercado en el cual puede ser utilizada la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito.
Emisor: Empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, así como las instituciones bancarias autorizadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que emitan u otorguen tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, internacional, o en ambas modalidades en el territorio nacional.
Franquicias: Entidades que otorgan las licencias de emisión de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American Express y Diners Club) y tarjetas de débito (Maestro y Visa).
• Negocios afiliados: Número de establecimientos comerciales que reciben pagos a través de la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación.
Plazo de pago: Período que transcurre desde la fecha de corte hasta el día máximo pago mínimo indicado en su estado de cuenta so pena de incurrir en mora.
Puntos de venta (Pos): Número de terminales de punto de venta que pueden procesar pagos originados por la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación.
Tarjeta de crédito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnología de identificación del o de la tarjetahabiente que acredita una relación contractual entre el emisor y el o la tarjetahabiente, en virtud del otorgamiento de un crédito a corto plazo o
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línea de crédito a favor del segundo, el cual podrá ser utilizado para la compra de bienes, servicios, cargos automáticos en cuenta u obtención de avance de dinero en efectivo, entre otros consumos.
Tarjeta de débito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnología que permite al o la tarjetahabiente realizar consumos o hacer retiros de dinero en efectivo con cargo automático a los haberes de su cuenta bancaria y que es emitida previa solicitud de parte del o de la titular de la cuenta bancaria.
Tarjetahabiente: Persona natural o jurídica a la cual el emisor, otorgue tarjetas de crédito, débito, prepagadas, y/o demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, para el uso de un crédito, línea de crédito o cargo en cuenta.
Tasa de interés de financiamiento: Tasa promedio anual que cobra la institución bancaria emisora al tarjetahabiente por concepto del crédito.
Tasa de interés de mora: Tasa promedio anual que cobra la institución bancaria emisora al tarjetahabiente por concepto de retrasos en los pagos. Tales intereses deben ser calculados sobre el saldo vencido y no sobre todo el capital originario.
III. TARJETAS DE CRÉDITO En esta sección se detallan las tasas de interés de financiamiento y de mora que las instituciones bancarias cobran a sus clientes por el uso de las tarjetas de crédito, la cobertura, los plazos de pago y de financiamiento, el número de puntos de venta y de negocios afiliados (Anexo N° 1), así como los beneficios adicionales sin costos que recibe el tarjetahabiente (Anexo N° 3).
Las tarjetas de crédito se encuentran clasificadas por niveles, de conformidad con Circular emitida por el Banco Central de Venezuela el 04/03/2008, la cual establece: Nivel 1 (clásicas y similares), Nivel 2 (doradas y similares), Nivel 3 (platinum y similares) y Nivel 4 (black y similares). Estas tarjetas operan bajo las franquicias Visa, Mastercard, American Express y Diners Club, y tienen cobertura nacional e internacional, en el caso de las tarjetas ofrecidas por la banca pública y privada. Algunas instituciones bancarias ofrecen tarjetas privadas, las cuales son aceptadas exclusivamente en los comercios afiliados a nivel nacional.
En materia de tasas de interés aplicadas al público en general, el Banco Central de Venezuela fijó las tasas de interés de financiamiento anual para las tarjetas de crédito en 17% la mínima, 60% la máxima y 3% adicional a la tasa de interés pactada por concepto de obligaciones morosas, según Aviso Oficial del 13/04/2022 (G.O. N° 42.365 del 28/04/2022). En este sentido, la mayoría de las instituciones bancarias se ubicaron en la tasa máxima de financiamiento. La tasa de mora se ubicó en 3% anual para todas las instituciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el Banco Central de Venezuela en ejercicio de sus competencias en materia de regulación de tasas de interés, ha autorizado la aplicación de tasas de interés _mínimas activas especiales, como es el caso de las tarjetas de crédito denominadas "Cédula del Buen Vivir Bicentenario" (15%) y "Cédula del Buen Vivir Turismo" (18%), ofrecidas por la banca pública y que han sido unificadas en la actual "Cédula del Vivir Bien", para la que se fijó una tasa de interés activa mínima anual de 15%; así como de la tarjeta de crédito identificada "Somos", perteneciente al Banco de Venezuela, respecto de la cual se fijó una tasa mínima de financiamiento del 14%, según Avisos Oficiales del 19/09/2013 (G.O. N° 40.266 del 07/10/2013). Esto sin incluir las tasas de interés mínimas especiales aprobadas de manera particular a instituciones bancarias para ser aplicadas en tarjetas de crédito otorgadas como beneficio a sus trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Con relación al plazo de pago, el mismo oscila entre 20 y 30 días y el de financiamiento entre 3 y 60 meses, el máximo de financiamiento lo ofrecieron el Banco Occidental de Descuento (BOD), Banco del Tesoro, Bicentenario, Agrícola, Banfanb, Mercantil y Sofitasa; no obstante, la mayoría de las instituciones bancarias financian a 36 meses.
Las tarjetas de crédito son aceptadas en 750.665 puntos de venta, instalados en 508.613 negocios afiliados en el país. Es importante señalar, que existen 175.991 terminales y (Anexo N° 4).
IV. TARJETAS DE DÉBITO
En este apartado se presenta información sobre el número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos que aceptan tarjetas de débito emitidas por las instituciones bancarias, previo otorgamiento de licencias Maestro y Visa (Anexo N° 2).
Estas tarjetas pueden ser utilizadas solo a nivel nacional y son recibidas en 750.665 terminales de puntos de venta, instalados en 508.613 negocios afiliados, así como en 5.226 cajeros automáticos (Anexos N° 4 y 5).
ANEXO N° 1 Información acerca de Tarjetas de Crédito Pa) Tasa Negocios Financiamiento Puntos de Cobertura Nivel Franquicia Banco Afiliados Venta (meses) Mora Financlera 2,.3.4 Visa 8.465 6.661 20 6 3,00% Nacional 60.00% 100% BANCO 1. 2, 3. 4 Mastercard 1. 2, 3, 4 Visa 5.982 36 5.281 20 60.00% 3.00% Nacional ACTIVO 1. 2, 3. 4 Mastercard
AGRÍCOLA
3.00% Mastercard 1. 2, 3. 4 40,00% Nacional 20 60
1.046 842
BANCAMIGA
1.2, 3. 4 3,00% Mastercard
40.00% Nacional 20 48
93.136
83.292 Visa 1, 2. 3. 4 Nacional e BANCARIBE
60.00%
3.00% 20
19.348
13.839 3 Internacional Mastercard 1,2, 3. 4 American
1.2.4
117.922
75.404 Express Visa 1. 2. 3. 4 Nacional BANESCO 25 36
126.528
76.550
40.00%
3.00%
1.2. 3. 44 Mastercard Nacional (1) Privada
126.528
76.550 1
2.4
55.00%
3.00% 30
9.377
9.066
BANFANB Mastercard Nacional 60 Visa
2.3. 4
40.00% Nacional
3.00% 20 36
20.278
14.326
BANPLUS
1.2.3.4 Mastercard 1. 2. 3, 4 Visa Nacional e BFC 3,.00% 20 24 4.874 4.005 60.00% Internacional 1. 2, 3, 4 Mastercard 1. 2. 3, 4 Visa 40,00% Nacional e 3.00%6 53.196 20.334 BICENTENARIO 60 30 Internacional 15.00% (2) Mastercard 1 American 1.2.3. 4 21 Express Nacional Visa 1. 2, 3. 4 58.069 40.00% 3.00% 60 49.548 BOD 20 1. 2, 3, 4 Mastercard Nacional (1) Privada 2 1.2.3.4 Visa Nacional e CARONI 12 6.626 5.596 60,00% 3.00% 20 Internacional 1.2.3.4 Mastercard Visa 1. 2, 3, 4 3.00%6 7.163 6.386 DEL SUR 60,00% Nacional 20 36 1. 2, 3, 4 Mastercard Visa 1. 2, 3 4 40.00% Nacional e 11.287 3.00% 21 60 14.307 DEL TESORO Intemacional 15.00% (2) Mastercard 1 1, 2,3. 4 Visa 5.476 4.450 60,00% 3,00% Nacional 20 48 EXTERIOR 1. 2. 3. 4 Mastercard Visa 1. 2, 3, 4 20 36 Mastercard 1. 2, 3. 4 MERCANTIL 60.00% 3,00% Nacional 51.290 24.535 3 Diners Club 22 60 Visa
1.2. 3. 4 NACIONAL DE
60.00% 3,00% Nacional 30 36
25.801
21.066
CRÉDITO Mastercard 1,2,3 4 Visa 1, 2, 3. 4 Nacional e PLAZA 60.00% 3,00% 20 36 14.616 9.581 1, 2,3. 4 Mastercard Internacional Visa 1. 2, 3, 4 PROVINCIAL 60.00% 3.00% Nacional 25 36 58.803 29.327 Mastercard 1. 2, 3, 4 Visa 1.2, 3 Nacional e SOFITASA 60.00% 3.00% 20 8.652 60 6.537 Internacional Mastercard 1. 2. 3, 4 1. 2. 4 Visa VENEZOLANO 21 60.00% 3.00% Nacional 12 1.047 979 DE CRÉDITO Mastercard 1,2, 3 20 Visa 1,2.3 60,00% 1.2. 3. 4 Nacional e VENEZUELA 3.00% 30 151.972 36 97.939 Internacional Mastercard 14,00% (3) 1 15,00% (2) (1) Únicamente en los establecimientos aflidos al banco, según lo establecido en el convenio fimado entre ambas partes.
(2) Corresponde a la tarjeta de crédito "Cédula del Vivir Bien", ofrecida por la Banca Pública.
ANEXO N° 2 Información acerca de Tarjetas de Débito
Cajeros Automáticos N° Puntos de N° Negocios Bancos Cobertura Franquicia N° Agencia 21 Remotos 1/ Venta Afilliados Maestro 100% BANCO 6.661 8.465 Nacional 50 57 ACTIVO 5.982 Maestro Nacional 5.281 29 28 1.046 AGRÍCOLA Maestro 842 Nacional 75 78
93.136 BANCAMIGA
83.292 Maestro Nacional 4 0 4 Maestro
19.348 BANCARIBE
13.839 Nacional 0 0 BANCRECER 506 Maestro 500 Nacional 0 0 0 126.528 76.550 BANESCO Maestro 397 Nacional 391 6 BANFANB Maestro 9.377 9.066 Nacional 137 137 0 Maestro BANPLUS Nacional 20.278 14.326 45 44 BFC Maestro Nacional 4.874 4.005 142 139 3 BICENTENARIO Maestro 53.196 20.334 614 Nacional 605 9 41
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BOD Maestro Nacional
49.548
58.069 448 448 0 Maestro Nacional
5.596 CARONI
6.626 62 0 62 Maestro Nacional DEL SUR
7.163
6.386 40 39 1 Maestro Nacional 223 DEL TESORO
14.307
11.287 18 205 103 0 Maestro Nacional
5.476
4.450 103
EXTERIOR Maestro Nacional
24.535 549 MERCANTIL
51.290 22 522 Nacional Maestro MI BANCO
5.911
4.882 12 0 12
NACIONAL DE Maestro Nacional 291 CRÉDITO
25.801
21.086 24 267 0 Maestro PLAZA Nacional
9.581 35 35
14.616 Maestro Nacional PROVINCIAL
58.803
29.327 172 12 160 Maestro Nacional SOFITASA
8.652
6.537 112 112 0 Maestro VENEZOLANO DE 26 Nacional
1.047 979 105 79 Visa CRÉDITO Superefectiva Nacional VENEZUELA Maestro 1.571 217 151.972 97.939 1.354 1/ Ubicados fuera de las agencias.
2/ Ubicados dentro de las agencias.
ANEXO N° 3 Beneficios adicionales sin costos para el tarjetahabiente Nivel Franquicia Franquicia Bancos Banco Visa 2.3.4 Atención telefónica a través del centro de atención al ciente, 100% BANCO 1.2.3. 4 Mastercard de limite de acuerdo a la conveniencia del tiular.
Visa
1.2.3.4 Pago de tarjetas a traves de la dirección electrónica www.bancoacivo.com: recepción de los estados de cuenta ACTIVO mensuales via correo electrónico: envio de SMS al momento 1.2.3. 4 Mastercard de realizar las compras.
Atención telefónica por los números 0212-208.8930
1.2, 3, 4 AGRÍCOLA Mastercard año.
Consulta de sados, movimientos y pagos, a través de la
1.2.3.4 BANCAMIGA Mastercard telefónica por los números 050-TUBANCA (0500-82.2622) 95 6111 si se llama desde el exterior.
1.2.3.4 Visa Consulta de saldos, movimientos y pagos, a través de los Global Service; MasterSeguro de vajes; servicio BANCARIBE de asistencia de viajes; MasterSeguro de autos;
www.bancaribe.com.ve: atención telefónica por el número -() (02 2-0) -00 1.2.3.4 asistencia personal: protección en cajeros Mastercard automáticos en caso de robo; MasterAssist Black;
954.5777si lama desde el exterior.
inconveniencia de viajes; protección de equipaje:
certificado Schengen.
año; consulta de saldos, movimientos y estados de cuenta a American 1, 2, 4 Express movimientos realizados con la tarjeta; disponibilidad para BANESCO realizar avances de efectivo en cajeros automáticos y banca 1.2.3. 4 Visa n n n n n en A n v Mastercard 1,2.3, 4 n e n n n tener que ir a la agencia.
Privada 1 1 BANFANB Mastercard
2.4 Consulta de saldos, movimientos y pagos, a través de los canales electrónicos la página web w banfanb.com.ve.
Atención telefónica las 24 horas del dia, los 385 dias del 2, 3. 4 Visa BANPLUS ONLINE; centro de asistencia al cliente; avance de efectivo contra limite de crédito rotativo, concediéndose BANPLUS tarjetahabientes con cuenta en BANPLUS, montos máximos Mastercard 1.2.3.4 775.000 y MasterCard 1 Bs 100.0, MasterCard 2 Bs 775.000.
Tramitación para el reemplazo de tarjeta de Visa 1. 2. 3, 4 Estados de cuentadeallados; avances de efectivo en crédito.
BFC cajeros automáticos y a través de Internet: cceso gratuito a Tramitación para el reemplazo de tarjeta de MasterCard 1.2, 3, 4 crédito, servicio de asistencia telefónica reposición de tarjeta en caso de robo o extravio.
MasterCard Giobal Service.
Tecnclogia chip, la más alta tecnologia de seguridad transaccional; libertad, comodidad y confianza en cualquier Visa 1.2.3.4 n r e nn cable, telefonia celular, servicios de internet, entre otros):
BICENTENARIO crédito del Banco Bicentenario y que permite adquir bienes y servicios en los establecimientos afiliados a sus puntos de Mastercard 1. 2, 3, 4 crédito del Banco Bicentenario (no aplica para tarjetahabientes suplementarics y la tarjeta "Cédula del Vivir Bien", con financiamiento rotativo a corto plazo).
Soliciud de reposición de tarjeta por robo o extravio, a a traves del número 0501-AMEX-500 (0501-263.9500) y del (+58) 261-750.8511 si s llama desde el exterior, emisión de tarjetas suplementanias para los miembros del grupo familiar, servicio compra de deuda, que permite transferir a la tarjeta American Seguro de accidente de vajes y protección en 1, 2, 3, 4 Express compras.
bienes y servicios en los establecimientos aliados sin afectar su límite de crédito: Plan de Financiamiento de Viajes (PFV): extrafinanciamiento asociado a la tarjeta que permite BOD pagos de la tarjeta a una cuenta BOD.
Solicitud de reposición de tarjeta por robo o extravio, a través de los números telefónicos 0501-920.000 y 0261- Amigo BOD llamando al numero 0501-920.000; códula de servicio interacivo BODMóvi, enviando un mensaje de texto V. Banca Digital BOD a travès de la cual se puede consultar Visa Seguro de cidete devajes (solo terrestre).
1, 2, 3, 4 el saldo, movimientos, pagos y descargar las referencias de la tarjeta de crédito BOD: solicitud de Credisto sin afectar el limite de la tarjeta de crédito, solicitud de Crediadicional, es decir, linea de crédito adicional que no afecta el limite de la tarjeta para la adquisición de bienes en comercios afiliados;
e n e por Contacto Amigo y la Banca Digital BOD por medio de e p e e tarjeta a una cuenta BOD.
través de los números telefónicos 0501-920.000 y 0261-
750.6211; servicio de atención telefónica las 24 horas del dia, a travès del centro de atención al ciente Contacto Amigo BOD llamando al número 0501-920.000; consultas de saldo actua, saldo disponible y pago mínimo a través del servicio interactivo BODMóvil enviando un mensaje de texto al número 263, colocando la palabra "MASTER" o la MasterCard Global Service: MasterSeguro de viajes: servicio de asistencia de viajes.
Mastercard
1.2.3,4 MasterSeguro de autos; MasterSeguro protección referencias de la tarjeta de crédito BOD; solicitud de de equipaje, protección de compras; protección contra inconvenientes de viajes.
de Crediadicional, es decir, linea de crédito adicional que no cajeros automáticos, o por Contacto Amigo y la Banca Digital Visa 1. 2. 3, 4 CARONI Mastercard 1.2.3, 4 electrónico, cuando el clente lo solcte; mensajería de texto.
Pago de tarjetas a traves de la drección electoônica Visa 1.2.3. 4 wow.delsur.com.ve y en la red de agencias; acceso a los DEL SUR 1.2.3. 4 del número 0501-99.999; conformación de transacciones y Mastercard notificación de vencimiento de pago via SMS.
Atención personalizada en agencias y via telefónica a travès Visa 1. 2, 3, 4 DEL TESORO Internet en la dirección electrónica www.bt.gob.vg; emisión 1.2.3. 4 Mastercard Vivir Bien".
Notifcaciones via SMS a travês de EXTERIOR Nexo Exterior de hasta el 100% del limite de las tarjetas de crédito Visa 1.2.3.4 Visa ylo Maslercard, a través de EXTERIOR Nexo en Linea y Nexo Móvi; avances de efectivo en cajeros automáticos de las redes Suiche 7B (Conexus y Cimus); clave secreta para EXTERIOR avances de efectivo (no aplica para tarjetas visuales): unidad especializada antifraude; domiciliación de pago de servicios;
a través de EXTERIOR Nexo Telefónio por el número 0212- 1. 2,3. 4 Mastercard web www.bancoexterior.com 1,2, 3. 4 Visa 1.2.3.4 Mastercard MERCANTIL Diners Club Award, programa de bonificación de intereses 3 Diners Club por financiamiento y pago oportuno.
Seguro de accidente de viajes; seguro de automóviles alquilados: seguro médico de emergencia; centro de asistencia Infinite Gateway; Concierge personal; programa premios Visa Infinte Rewards; acceso al sito web de Visa Adelanto de efectivo a traves de los cajeros automáticos.
Visa
1.2,3.4 Infinite; servicios especiales para ejecutivos de negocio, seguro de pérdida de equipaje, seguro efectivo en cualquiera de las cuentas activas BNC; asesoria NACIONAL DE calificada y personalizada.
protección de compras. Centro de Asistencia Global.
GClobal Service: MasterSeguro de viajes; servicio de asistencia de viajes; MasterSeguro de autos:
1.2,3.4 Mastercard asistencia personal, protección en cajeros automáticos; MasterAssist Black; inconveniencia de viajes: protección de equipaje.
Visa PLAZA
1.2,3. 4 Centro de atención telefónica las 24 horas del dia y consulta de información via Intemet en la direcón electrónica:
Mastercard
1.2, 3. 4 www.bancoplaza.com.
Nivel 1: Programa de Provimilas; domicliación de facturas de servicio, linea de crédio instantánea; adelanto de efectivo Visa 1,2,3. 4 e n nn e asistencia de emergencia relacionada con la tarjeta.
PROVINCIAL Global Service; MasterSeguro de viajes; servicio viajes.
de asistencia de viajes; MasterSeguro de autos;
Mastercard 1,2, 3, 4 asistencia personal. MasterAssist Biack, atención telefónica exclusiva: Priority Pass; seguro médico inconveniencia de viajes; protección de equipaje.
de exceso.
Nivel 4: Todos los beneficios de la tarjeta platinum.
c A z 'h rn ns e e e s Visa
1.2.3 Acceso via Intemnet al servicio de consulta de facturaciones, s A pagos y consumos, a través de la página web de emergencia (Nivel 3).
SOFITASA www.sofitasa com, programa de Sofpuntos que se acumulan Seguro de accidentes de viajes (Nivel 1, 2, 3 y 4):
MasterSeguro de alquiler de autos dia, los 365 dias del año, a traves del número 0500- Mastercard 1,2.3. 4 internacionales (Nivel 2, 3 y 4): Concierge (Nivel SOFITEL,; mensajeria informativa por SMS.
asistente (Nivel 4).
Respaldo y servicio de Visa a nivel nacionat Visa 1,2,4 Centro de asistencia al ciente: Venezuela 0800- 100.2167.
Reposición automática de la tarjeta, al reportar su pérdida via telefónica; emisión de tarjetas suplementarias; avances Nivel 1 y 2: Respaldo y servicio de MasterCard a condiciones de MasterCard aplican).
Nivel 3: MasterAssist asistencia de emergencia para el tiular, su cónyuge e hijos dependientes, web ww venezolano.com: consulta de saldos, movimientos cuando viajen a una distancia de 160 kms. o más y estados de cuenta acumulativos hasta por 12 meses;
VENEZOLANO de su casa; MasterAssist Plus (opcional: servicio DE CRÉDITO para el Bitular y su grupo familiar cuando viajen a n n una distancia de 160 kms. o más de su casa, que incluye: asistencia de emergencia médica con n n e cobertura por 60 dias de viaje, costos de viaje de Mastercard 1.2.3 r Telefónicos o de cajeros automáticos y consulta de saldo en viajes: al pagar boletos de transporte terrestre, la red Supercajero del Venezolano de Crédito Centro de marítimo o aéreo con la tarjeta; MasterSeguro de Servicios Telefónicos: 0501-mibanco / 0212-203.5300 / *BVC autos: cobertura para alquiler de autos hasta 31 para Movilnet y Movistar.
dias, cuando el alquiler es pagado con la tarjeta, n n
lame desde Venezuela.
Consulta de saldos, movimientos y pagos de tarjetas;
efectivoclave con cargo a la tarjeta y abono automático en Visa 1,2,3 cuenta a traves de los canales electrónicos; uso de crédito (Credicompra, Compra de Saldo, Credicash, Pagos de Impuesto SENiAT) que no afecta el limite de la tarjeta de VENEZUELA crédito; las tarjetas sociales "'Cédula del Vivir Bien y 'Cédula del Vivir Bien Pensionado" están exoneradas del pago de la cuota por emisión del plástico y conceden financiamiento Mastercard 1, 2, 3, 4 n n r y sugerencias las 24 horas del dia, los 385 dias del año a través del número 0500 MICLAVE (0500-642.5283).
página original (tal como se publicó)

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NÚMERO DE POS Y NEGOCIOS AFILIADOS PUNTOS DE VENTA NEGOCIOS AFILIADOS
508.01
785.000
750.665
500.000
760.000
450.000
718.000
460.000 000089
440.000
665.000
420.000
610.000
575.000
400.000
540.000
580.000
805.000
350.000
470.000
340.000
455.000
320.000
400.000
ANEXO N° 5
10.000 CAJEROS AUTOMÁTICOS
8.500
1.722
9.00
8.509
8.00
7.800
7.00
5.500
0.00
5.500
5.226
5.00
Caracas, 09 de junio de 2022
En mi carácter de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficia.
Comuníquese y publiquese.
PRIMERA OERENCIA Sohail Nomardy Hernández Parra Primera Vicepres dente Gerente (E)
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL
El Banco Central de Venezuela, informa al público en general:
1. Tasa activa estipulada durante el mes de mayo de 2022 aplicable a los supuestos a que se refieren los artículos 128, 130, 142 A. TASAS DE literal f), y 143 Cuarto Aparte, del Decreto 58,13% INTERÉS con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las APLICABLES A Trabajadoras.
LAS 2. Tasa promedio entre la activa y la pasiva OBLIGACIONES estipulada durante el mes de mayo de 2022, DERIVADAS DE LA RELACIÓN aplicable al supuesto a que se refiere el DE TRABAJO 47,07% Tercer Aparte del artículo 143 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
1. Tasa de interés activa máxima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y 60,00% demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de junio de 2022.
2. Tasa de interés activa mínima anual a ser B. TASAS DE aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley INTERÉS PARA OPERACIONES de Instituciones del Sector Bancario y CON TARJETAS demás leyes especiales, por las operaciones DE CRÉDITO activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de junio de 2022; sin perjuicio 17,00% de las tasas de interés mínimas activas especiales dictadas por el Banco Central de Oficiales Venezuela mediante_Avisos emitidos al efecto, y aquellas autorizadas por este Instituto a ser aplicadas de conformidad con lo previsto en el Segundo Aparte del artículo 96 del antedicho Decreto-Lev.
3. Tasa de interés máxima que podrán cobrar las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y 3,00% demás leyes especiales, por las obligaciones morosas de sus tarjetahabientes para el mes de junio de 2022.
Caracas, 9 de junio de 2022
En mi carácter de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial.
Comuníquese y publíquese.
PPIMERA VICHPEEAIDENCIAE CSNENCIA Sohail Nomasdy Hernández Parra, Primera Vicepresidente Gerente (E)-
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 064/2022 AÑOS 212°, 163° y 23° CARACAS, 19 DE JULIO DE 2022 La Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional DHELIz ADRIANA ÁLVAREZ MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad número V-16.049.186, designada mediante Decreto N° 4.603 de fecha 19 de octubre de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.236, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34, 65 y 78 numerales 1, 3, 9 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la. Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, el artículo 19, segundo aparte y el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002.
RESUELVE
Artículo 1. Se designa al ciudadano WILLIAM PAUL PEÑA TERAN, titular de la cédula de identidad N° V.- 16.524.125, como DIRECTOR GENERAL (E) DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PUBLIcAs, del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, en calidad de encargado.
Artículo 2. El funcionario designado queda facultado para desempeñar todas las funciones inherentes al cargo, así como la firma de los actos y documentos que se derivan del ejercicio del mismo, de conformidad con la normativa legal vigente.
Artículo 3. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administratiyos.
Artículo 4. El funcionario designado deberá rendir cuenta a la Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en ejecución de la presente Resolución.
Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Nacional
DES DHELIZAORIANA ÁLVAREZ MÁRQUEZ Ministra del poder Popular de Comercio Nacional Designada mediapteDecreto Nº 4.603 de fecha 19 de octubre de 2021, publicado en ta-Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.236, de fecha 19 de octubre de 2021
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INTI N° 40_ - 2022. CARACAS, 07 DE JUNIO DE 2022.
AÑOS 211, 163° Y 23º Quien suScribe, DAVID JOSÉ HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.640.727, actuando en mi carácter de PRESIDENTE del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, designado mediante Decreto Presidencial Nº 4.447, de fecha 26 de febrero de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.076, de la misma fecha, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 126, numeral 9, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el artículo 5, numeral 5, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este despacho dicta el siguiente acto administrativo:
SE RESUELVE:
Artículo 1. Designar a la ciudadana VIVIANA DEL CARMEN RIVAS ToVAR, titular de la Cédula de Identidad N° V-17.532.036, en el cargo de GERENTE (E), adsCrita a la OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS.
Artículo 2. Se delega, en la ciudadana identificada en el artículo 1 de esta providencia, la competencia y firma de los documentos que conciernen a la gerencia a su cargo, todo ello enmarcado en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 3. Se deroga la Providencia Administrativa Inti N°0136, de fecha 14 de mayo de 2021, publicada en Gaceta Oficial N° 42.172 del 20 de julio de 2021.
Artículo 4. La presente Providencia Administrativa INTi entrará en-vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bólivariana de Venezuela.
Comuníquese, y publíquese.
n DAVID JOSÉ HERNÁNDEZ GIMÉNEZ Presidente del Instituto Nacional'de ierras
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 005/2022. CARACAS, 02 DE JUNIO DE 2022.
AÑOS 212º, 1630 y 23° Quien SUSCribe, TIBISAY YANETTE LEON CASTRO, actuando en mi carácter de Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), designada mediante Decreto Nro. 2.221 de fecha 03 de febrero de 2016 emanado de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de fecha 03 de febrero de 2016, actuando conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, del articulo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 61, numeral 4 y 7 del Decreto N° 6.129 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral del 03 de junio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, dicta lo siguiente,
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa a la ciudadana MARIA ELISA MORILLO AMESTY, titular de la cédula de identidad N° V- 17.265.675, como C00RDINADORA REGIONAL (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI) DEL ESTADO ZULIA SUR DEL LAGO.
Artículo 2. Se delega la competencia y firma de los actos administrativos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa oficina a su cargo.
Artículo 3. Se deroga la Providencia Administrativa N° 043/2017, de fecha 11 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.208, de fecha 07 de agosto de 2017.
Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
VINSAI Ing. TIBISAY YANETTE LEÓN CASTRO Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 006/2022. CARACAS, 15 DE JUNIO DE 2022.
AÑOS 212°, 163° y 23º Quien suSCribe, TIBISAY YANETTE LEON CASTRO, actuando en mi carácter de Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), designada mediante Decreto Nro. 2.221 de fecha 03 de febrero de 2016 emanado de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de fecha 03 de febrero de 2016, actuando conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, del articulo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 61, numeral 4 y 7 del Decreto N° 6.129 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral del 03 de junio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, dicta lo siguiente, PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa al ciudadano FRANCISCO JAVIER GÓMEZ OJEDA, titular de la cédula de identidad N° V- 15.999.044, como CO0RDINADOR REGIONAL (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI) DEL ESTADO APURE.
Artículo 2. Se delega la competencia y firma de los actos administrativos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa oficina a su cargo.
Artículo 3. Se deroga la Providencia Administrativa N° 006/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.916, de fecha 07 de julio de 2020.
Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
INSAI Ing. TIBISAY YANETTE LEÓN CASTRO Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 007/2022. CARACAS, 15 DE JUNIO DE 2022.
AÑOS 212°, 163° y 23° Quien SusCribe, TIBISAY YANETTE LEON CASTRO, actuando en mi carácter de Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), designada mediante Decreto Nro. 2.221 de fecha 03 de febrero de 2016 emanado de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de fecha 03 de febrero de 2016, actuando conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, del articulo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 61, numeral 4 y 7 del Decreto N° 6.129 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral del 03 de junio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, dicta lo siguiente, PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa al ciudadano JESÚS GABRIEL COLS PIÑA, titular de la cédula de identidad N° V- 13.651.112, como CooRDINADOR REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI) DEL ESTADO LARA.
Artículo 2. Se delega la competencia y firma de los actos administrativos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa oficina a su cargo.
Artículo 3. Se deroga la Providencia Administrativa N° 003/2019, de fecha 25 de enero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.597, de fecha 07 de marzo de 2019.
Articulo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
ANSAI Ing. TIBISAY YANETTE LEÓN CASTRO Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 008/2022. CARACAS, 16 DE JUNIO DE 2022.
AÑOS 212º, 163° y 23º Quien SuSCribe, TIBISAY YANETTE LEON CASTRO, actuando en mi carácter de Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), designada mediante Decreto Nro. 2.221 de fecha 03 de febrero de 2016 emanado de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de fecha 03 de febrero de 2016, actuando conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, del articulo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 61, numeral 4 y 7 del Decreto N° 6.129 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral del 03 de junio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, dicta lo siguiente, PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa a la ciudadana LENYS MARIA ANToN, títular de la cédula de identidad N° V- 16.485.204, como CO0RDINADORA REGIONAL (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI) DEL ESTADO ANZOATEGUI.
Artículo 2. Se delega la competencia y firma de los actos administrativos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa oficina a su cargo.
Artículo 3. Se deroga la Providencia Administrativa N° 063/2018, de fecha 17 de agosto de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479, de fecha 11 de septiembre de 2018.
Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
INSAÁ Ing. TIBISAY YANETTE LEÓN CASTRO Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agricola Integral (INSAI)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DE LA MINISTRA
Nº 175 FECHA: 15/07/2022 AÑOS 212º, 163º y 23º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto N° 3.866 de fecha 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.648 de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78 numeral 13, 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, y en concordancia a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales publicada en la Gaceta Of cial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.796 de fecha 25 de octubre de 2007; este Despacho, RESUELVE Artículo 1º. Designar la Junta Directiva de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE), instituto autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, quedando conformada por las ciudadanas y los ciudadanos que se mencionan a continuación:
PRESIDENTE ADOLFO JOSE GODOY PERNIA C.l. N° V-13.474.625 ÁREAS DE PRINCIPAL S,UPLENTE COMPETENCIA GLORIA GEORGETTE CARVALHO CIENCIA Y REINALDO RAMÓN SOTO VILORIA TECNOLOGÍA KASSAR C.l. Nº V-12.220.832 C.1. Nº V-14.351.425 ECOSOCIALISMO Y FRANKLIN JOSÉ LINARES VIZCAYA ABIGAIL ORENGELNS CASTILLO CARMONA AGUAS C.1. Nº V-11.587.947 C.I. N° V-12.500.053 INDUSTRIAS Y JAYSMLEN RODMILT JASPE RODRIGUEZ CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ PRODUCCION C.l. N° V-13.726.353 C.l. Nº V-17.235.113 NACIONAL HERNÁN DAVID GARCIA PEROZO RICARDO AARÓN NEGRÓN RIVAS C.l. N° V-6.967.916 C.l. N° V-6.322.353 PETROLEO ERICK JACINTO PÈREZ RODRIGUEZ ELIANNY CARINA PALENCIA YRAUSQUIN C.l. N° V-13.587.563 C.l. N° V-17.842.996 TELECOMUNICACIONES DINO DI ROSA ULLOA ANTONIO JOSÉ ROJAS GUERRERO E INFORMÁTICA C.l. N° V-13.621.262 C.1. N° V-12.962.724 SECTOR ACADÉMICO PEDRO JOSÉ SILVA MUJICA NOEL CAMILO CASTRO C.l. Nº V-7.504.529 C.l. Nº V-11.527.442 VOCERO DEL PODER JESVIC CECILIA ROJAS CAMARGO LUIS FERNANDO MORENO HERRERA POPULAR C.l. Nº V-10.745.443 Artículo 2.- Mediante la presente Resolución, quedan juramentados para tomar posesión de sus cargos y dar cumplimiento a los deberes inherentes a los mismos, así como a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes.
Artículo 3. Las ciudadanas y ciudadanos designados rendirán cuenta de sus actuaciones al Ministro o Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, en los términos y condiciones que determine la Ley.
Artículo 4.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.
GABRIELA SERVILLA JIMÉNEZ RAMIREZ Ministra del Poder Popular para la Ciencia Tecnologia Décreto N° 3.866 de fecha 05 de junio de 2019 Gaceta Oficial N° 41.648 de fecha 05 de juniede 2019 echo del MiI
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457.686 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 19 de julio de 2022
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE
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La SOCiedad Mercantil EMPRESA DE TRANSPORTE AEROCARGO DEL SUR (EMTRAsuR) S.A., podrá incorporar o desincorporar aeronaves a la flota operacional de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano.
Artículo 2. La Sociedad Mercantil EMPRESA DE TRANSPORTE AEROCARGO DEL SUR (EMTRAsUR) S.A., deberá cumplir con las disposiciones previstas en la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas y demás disposiciones emanadas de esta Autoridad Aeronáutica de la República.
Artículo 3. En lo que respecta a la constitución, propiedad sustancial y control efectivO, la Sociedad Mercantil EMPRESA DE TRANSPORTE AEROCARGO DEL SUR (EMTRASUR) S.A., deberá cumplir con las siguientes disposiciones:
1. El control y la dirección de la empresa en su mayoría deberá estar a cargo de personas de nacionalidad venezolana.
2. El patrimonio accionario debe ser nominativo y en su mayoría pertenecer a personas de nacionalidad venezolana.
3. Comunicar de inmediato y por escrito a esta Autoridad Aeronáutica cualquier modificación o alteración de carácter legal, económico-financiero, administrativo o técnico-operacional que lleve a cabo esa Sociedad Mercantil.
4. Notificar de inmediato y por escrito al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), el cambio de razón social, composición accionaria, domicilio o representante de la misma, en virtud que el permiso otorgado para los servicios de transporte aéreo, tiene carácter intransferible, a menos que para el traspaso o cesión de los mismos, previamente se obtenga la autorización del INAC.
5. Inscribir ante el Registro Aeronáutico Nacional, del INAC las Actas de Asamblea, sean ordinarias o extraordinarias, que celebre la Sociedad Mercantil en el período correspondiente.
6. Presentar anualmente ante la Gerencia General de Transporte Aéreo, adscrita al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, ajustados por inflación según el método DPC-10, acompañado por un dictamen de auditoría elaborado por un Licenciado en Contaduría Pública en el ejercicio independiente de su profesión, debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos correspondiente.
7. Consignar ante el INAC, con por lo menos ciento ochenta (180) continuos de anticipación a la fecha de vencimiento de este permiso operacional, todos los requisitos exigidos que establece la normativa jurídica vigente para la renovación del mismo.
Artículo 4. El presente Permiso Operacional podrá ser revocado o suspendido por evidenciarse el incumplimiento de la normativa técnica-legal aplicable, previo cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley de Aeronáutica Civil.
Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la suscripción del Certificado de Explotador de Servicio de Transporte Aéreo (AOC), por parte de la Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela.
omuniquese y Publíquese,
PRESIDENCIA MSAUAN MANUEL TEIXEIRA DÍAZ
Decreto N° 4.253 de fecha 16/07/2020 Publicado en Gaceta Oficial Nº 41.923 del 16/07/2020 "No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vender
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°PRE-CJU-GDI-083-22 CARACAS, 21 DE JUNIO DE 2022 212°, 163° y 23º El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140 de fecha 17 de marzo de 2009; en concordancia con las atribuciones conferidas en el artículo 7, numeral 20 y el artículo 13, numerales 1, 3, 8 y 13 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333 de fecha 12 de diciembre de 2005; en concurrencia con lo previsto en los artículos 5, numeral 5, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002.
POR CUANTO El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, es un ente de seguridad de Estado, de naturaleza técnica, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la Hacienda Pública Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, en concordada relación con lo previsto en el artículo 15 ejusdem, que establece lo concerniente a los recursos financieros para la administración de la Aeronáutica Civi, los cuales procederán entre otros, de los ingresos que le correspondan por concepto del valor del uno par ciento (1%) del monto de cada boleto de pasaje aéreo.
POR CUANTO La Resolución N° 037 de fecha 02 de noviembre de 2020, emanada del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.074, de fecha 24 de febrero de 2021, Instituye el "Sistema de Derechos Aeronáuticos para los Trámites y Servicios Prestados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), puntualizando en sus artículos 11, 12 y 13 lo correspondiente al ingreso del uno por ciento (1%) del Valor del Boleto Aéreo al patrimonio del Instituto, así como el plazo y procedimiento a ejecutarse para el pago del mismo; en concordancia con lo previsto en el Manual Interno de Procedimiento N° FIS-05-100-01-0042-2018, el cual detalla que para la efectiva aplicación del proceso de Fiscalización por concepto del Pago del uno por ciento (1%) de la venta de Boletos Aéreos, el personal designado debe garantizar la aplicación y el cumplimiento de los procesos, técnicas, procedimientos y formalidades señalados en el precitado Manual, así como también, promover la mejora continua de los mismos.
POR CUANTO
Es necesario para la correcta administración del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), verificar el correcto enteramiento de los recursos financieros recaudados por los Explotadores Aéreos que operan desde, hacia y dentro del Territorio de la República, a los fines de garantizar la transparencia en la administración de recursos públicos.
DECIDE Artículo 1. Designar a los Funcionarios adscritos a la Gerencia de Recaudación de la Oficina de Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), a los fines de ejecutar el Proceso de Fiscalización para la recaudación y enteramiento por concepto del pago del uno por ciento (1%) de la Venta de Boletos Aéreos, ante las oficinas administrativas de los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo que emitan boletos cuyo punto de salida o destino sea la República Bolivariana de Venezuela, a tal efecto, quedan facultados para esta actividad los ciudadanos que a continuación se mencionan:
NOMBRES Y APELLIDOS C.X:
CARGO:
N° GERENTE DE AMALIA CLEMENCIA SÁNCHEZ MONTILLA
13.322.879 1 RECAUDACIÓN COORDINADOR DE
22.646.197 2 MÓNICA ESPERANZA BARCIA TOTUMO FISCALIZACIÓN ANALISTA DE KLARETH GRACIELA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
24.311.100 3 FISCALIZACIÓN
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ANALISTA DE 4 REYNALDO JOSÉ FLORES
14.062.335 FISCALIZACIÓN ANALISTA DE 5 JULIBETH VERÓNICA CHACÓN
29.710.722 FISCALIZACIÓN ANALISTA DE YVAN JOSÉ GAMEZ MEJÍAS 6
6.872.767 FISCALIZACIÓN Artículo 2. Los funcionarios designados, quedan facultados para realizar todas las gestiones y diligencias administrativas para fiscalizar el proceso de recaudación y enteramiento del pago del uno por ciento (1%) de la Venta de Boletos Aéreos, emitidos por los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo que realicen operaciones comerciales en rutas cuyo punto de origen o destino sea la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo previsto en los artículos 11, 12 y 13 de la Resolución N° 037, de fecha 02 de noviembre de 2020, emanada del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 42.074, de fecha 24 de febrero de 2021, donde se instituye el "Sistema de Derechos Aeronáuticos para los Trámites y Servicios Prestados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)".
Artículo 3. Todo lo concerniente al proceso de fiscalización para la recaudación y enteramiento por concepto del pago del uno por ciento (1%) de la Venta de Boletos Aéreos, será ejecutado de conformidad con las normas, lapsos y condiciones estabiecidas en el Manual de Procedimientos de "Fiscalización por Concepto del Pago del 1% de la Venta de Boletos Aéreos", identificado con el código "FIS-05-100-01-0042-2018", en concordancia con la normativa legal vigente que rige la materia.
Artículo 4. El procedimiento de fiscalización antes citado, se realizará cada tres (3) meses, contados a partir de la finalización del último procedimiento ejecutado a los Explotadores de Servicio Público de Transporte Aéreo sujetos al presente régimen.
Artículo 5. A los fines correspondientes, se tendrá por finalizado el procedimiento de fiscalización para la recaudación y enteramiento por concepto del pago del uno por ciento (1%) de la Venta de Boletos Aéreos, una vez consignada la respectiva Acta Fiscal por el funcionario designado por la Autoridad Aeronáutica, la cual contendrá las conclusiones obtenidas luego de la evaluación realizada.
Artículo 6. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Somuníquese y Publíquese.
MGJUAN MANUEL TEIXEIRA DÍAZ Presidenter(E) del Irstituto Naclonal de Aerdnáutica Civll(INAC) Decreto N° 4.253 de fecha 16/07/202 Publicado en Geceta Oficial Nº 41.923 del 16/07/2n20
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-085-22 CARACAS, 22 DE JUNIO DE 2022 212°, 163° y 23° El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, designado según Decreto Nro. 4.253, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.923, de fecha 16 de julio de 2020, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1, 3 y 15 literal "c", del artículo 13 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, actuando en este acto en su condición de Autoridad Aeronáutica de la República, conforme con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 38 de la Resolución N° 037 de fecha 02 de noviembre de 2020, denominado Sistema de Derechos Aeronáuticos para los Trámites y Servicios prestados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial Nº 42.074 de fecha 24 de febrero de 2021.
POR CUANTO Mediante Decreto de la Asamblea Legislativa del Estado Falcón publicado en Gaceta Oficial del mismo Estado, S/N de fecha 06 de agosto de 1996, se dictó la Ley que crea el Instituto Autónomo de Aeropuertos del estado Falcón (I.A.E.F.), conservar, acondicionar, desarrollar, organizar y mantener el conjunto de obras e instalaciones de los aeropuertos ubicados en el estado Falcón.
POR CUANTO Según oficio N° 01-02-011-2022, de fecha 10 de febrero de 2022, el ciudadano Manuel Petit López, en su condición de Presidente del Instituto Autónomo de Aeropuertos del estado Falcón, solicitó a la Autoridad Aeronáutica de la República, considerar la "..reclasificación del Aeropuerto Internacional Josefa Camejo..", que sirve a la población de Punto Fijo, en atención a las mejoras de los espacios de dicha infraestructura aeroportuaria y la condición turística y económica del estado, de conformidad con la Ley de creación y de régimen de la zona libre para el fomento de la inversión turística en la península de Paraguaná, estado Falcón, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.517, en fecha 14 de agosto de 1998 y posteriormente remitió la documentación requerida por este Ente de la Administración Pública, para realizar el estudio correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Aeronáutica Civil y proceder a la evaluación de la re-categorización solicitada.
POR CUANTO La Autoridad Aeronáutica de la República, en observancia de lo dispuesto en el artículo 35 y 38 de la Resolución 037, dictada por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, que establece el Sistema de Derechos Aeronáuticos para los Trámites y Servicios prestados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, verificó el estricto cumplimiento de la normativa técnica que rige la materia y la calidad de los servicios prestados a los usuarios por dicho Ente encargado de la Explotación del Aeropuerto Internacional "Josefa Camejo", a tales efectos en base a las inspecciones técnicas practicadas y la evaluación de las documentales consignadas que avalan suficientemente la solicitud presentada con el propósito de elevar la categoría de dichas instalaciones aeroportuarias, en ejercicios de sus competencia:
DECIDE Artículo 1. Se re-categoria el Aeropuerto Internacional "Josefa Camejo", en consideración a su uso, propietario, facilidades, servicios, importancia, destinación, interés turístico, interés público, ubicación, intensidad de movimiento, servicios de ayudas a la navegación aérea y en base a los aspectos relacionados con la seguridad operacional, el programa de facilitación, el programa de seguridad de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, entre otros aspectos exigidos según las normativas técnicas aplicables, para su operación en las condiciones que a continuación se especifican:
a) Categoría: "B" del reglón con Interés Turísticos.
b) Porcentaje del cobro de los servicios aeroportuarios: Ochenta por ciento (80%) de los montos establecidos en el sistema de tarifas e incentivos para los trámites y servicios prestados por los administradores de aeródromos y aeropuertos, públicos o privados ubicados en el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2. El cobro de los servicios aeroportuarios prestados por el Aeropuerto Internacional "Josefa Camejo", estará sujeto a los montos establecidos en la Resolución N° 021 de fecha 15 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana Venezuela N° 42.311 de fecha 03 de febrero de 2022, dictada por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, que establece el sistema de tarifas e incentivos para los trámites y servicios prestados por los administradores de aeródromos y aeropuertos, públicos o privados ubicados en el territorio nacional, o en su defecto el documento que le sustituya o aplique para el caso concreto.
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Martes 19 de julio de 2022 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 457.689
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN N° 0065 Caracas, 13 de julio de 2022
212°, 163° y 23°
El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.111 de 22 de abril de 2021, reimpreso mediante Decreto N° 4.493 de fecha 22 de abril de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.139 del 1° de junio del 2021, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; concatenado con el artículo 5, numeral 2 y el artículo 19, último aparte, de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
RESUELVE Artículo 1. Se designa a la ciudadana ZORAIMA DIVANAHITS ECHENIQUE REVERON, titular de la cédula de identidad N° V-11.990.997, como DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO FORESTAL, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Artículo 2. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución y en ejercicio de las atribuciones establecidas en el Reglamento Orgánico, así como en las Resoluciones mediante las cuales se le deleguen atribuciones, deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado, el nombre de quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, (L.S.)
Atentamente.
Josué Alejandro Lorca Vega Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo Designado mediante Decreto, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.111 de fecha 22 de
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL ECOSOCIALISMO
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
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Constituida la Corte Disciplinaria Judicial en fecha 25/01/2021 con la incorporación de la Jueza Suplente MARIA ALEJANDRA DIAZ MARIN, el 27/05/2021 la Unidad de Recepción' y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción (en lo sucesivo, URDD) le dio entrada al expediente, lo remitió a la Secretaría de esta Corte manteniendo la numeración AP61-S-2018- 000099 y, una vez itinerado manualmente en orden cronológico y alternativo, asignó la Ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, quien con tal carácter suscribe. En debido el pronunciamiento.
dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones.
1 ANTECEDENTES
El 7/11/2018 el órgano investigador disciplinario dictó Acto Conclusivo en el expediente administrativo disciplinario N° 160209, nomenclatura del órgano, instruido durante la investigación iniciada en fecha 18/03/2016 al Juez CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ PERAZA, por sus actuaciones como Juez Titular del Juzgado Vigésimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el que solicitó la declaratoria de Sobreseimiento de la Investigación, de conformidad con el numeral 6 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
El TDJ dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2019-04 en fecha 5/02/2019, mediante la cual declaró el Sobreseimiento de la Investigación solicitado por la IGT y ordenó la remisión de la presente causa a esta Corte a los fines de la Consulta Obligatoria prevista en el artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Il DEL FALLO CONSULTA OBLIGATORIADO
En fecha 5/02/2019 el TDJ dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2019-04, en la que declaró el Sobreseimiento de la Investigación solicitado por la IGT, en los términos que a continuación se transcriben parcialmente:
CARLOS ALBERTO MARTINEZ PERAZA, titular de la cédula de identidad N° 9.967.720, Juez Titular del Juzgado Vigésimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la establecido en el numeral 6 del artículo 71 del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana, en virtud del fallecimiento del Juez denunciado."
DE LA COMPETENCIA
En primer término, debe esta. Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, establece:
juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial decretarán el sobreseimiento, cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado;
2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario;
3. La acción disciplinaria haya prescrito;
4. Resulte acreditada la cosa juzgada;
5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y nq haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
6. La muerte del juez denunciado o jueza denunciada.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento. de la cinco dias de despacho siguientes".
La norma transcrita establece los efectos del Sobreseimiento una vez declarado, asi como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, Consulta Obligatoria la decisión que lo declare.
Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 07/05/2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión del juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia.
Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tanto en la reforma Venezolana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28/12/2015, como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 del 04/02/2016. Las observaciones que preceden permiten colegir la atribución de competencia objetiva a esta Corte para el conocimiento de la Consulta Obligatoria en consideración.
el artículo 1 de la norma disciplinaria en su texto primigenio, léase Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y N° 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 07/05/2013 y 04/02/2016, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares, carácter que ostentaba el Juez sometido a investigación.
Consulta Obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SD-2019-04 de fecha 05/02/2019 dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN seguida al ciudadano Carlos Alberto Martínez Peraza, titular de la cédula de identidad N° 9.967.720 en su carácter de Juez Titular, y por ende, verificadas las condiciones objetiva y subjetiva que determinan la competencia para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia para conocer. Así se declara.
Establecida como ha sido la competencia, esta instancia pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
A los efectos de resolver la presente Consulta Obligatoria, esta Alzada reitera que el Sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de' Ética constituye una modalidad de conclusión de los procesos disciplinarios judiciales de forma anticipada al evidenciarse alguno Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana en la misma forma y con la misma naturaleza persecución del Juez denunciado al dar por terminado un proceso en curso y atribuir a su declaratoria el carácter de cosa juzgada.
Ahora bien, con relación al caso sometido a Consulta Obligatoria, observa esta Alzada que el a quo declaró procedente la solicitud de Sobreseimiento de la investigación disciplinaria realizada por la IGT al ciudadano CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ PERAZA en virtud de haberse producido su deceso en el curso de la instrucción del procedimiento, a tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Precisado lo anterior, pasa esta Alzada a verificar las consideraciones explanadas por el TDJ en la fundamentación de su pronunciamiento.
verificación de la documental invocada por el órgano investigador en su solicitud y a la valoración probatoria del mismo, extremos que fundamentaron su fallo.
Al respecto, constató que riela en el folio 82 del expediente la partida de defunción, documento público invocado por el órgano investigador en su solicitud y disertó acerca de su contenido, validez y valoración en ei contexto de los Códigos de Procedimiento Civil y Civil vigentes, criterio compartido en toda su extensión por esta instancia.
Precisado lo anterior y evidenciado en autos por quienes aquí deciden la probanza invocada por el Tribunal Disciplinario Judicial en la motiva de su pronunciamiento, esta Corte confirma la 05/02/2019. Asf se decide.
Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Alzada violación a normas de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, esta Corte Disciplinaria Judicial CONFIRMA la 05/02/2019. Así se decide.
V DECISIÓN
de la Ley:
1. Declara su COMPETENCIA para conocer en Consulta Obligatoria la Sentencia N° TDJ- SD-2019-04 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 05/02/2019.
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2. CONFIRMA la decisión N° TDJ-SD-2019-04 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 05/02/2019, mediante la cual declaró el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano CARLOS ALBERTO MARTINEZ PERAZA, titular de la cédula de identidad N° 9.967.720, Juez Titular del Juzgado Vigésimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 71 del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana, en virtud del fallecimiento del juez denunciado.
Publíquese, regístrese. Remitase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de caracas, a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2021. Años 211° de la Independencia y 162° de la/Pederasión.
AR1A La Preidenta, e g uresdenta Ponente, MERLY MORALES HERN ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ La Jueza, MARIA ALEJANIDRA DIAZ MARÍN q El Secretario, Abg. TOMAS MALAVÉ Exp. N° AP61-S-2018-000099A Hoy dieciseis (f6) ge agosto:del aio dos mil veintiuno (2021), siendo las 10:00 am., se publicó la anterior decisión bajo el Nº 05 El Secretarig (E)
SECRETARIA
REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
EXPEDIENTE N° AP61-D-2012-000036 JUEZA PONENTE: DRA. MARIA ALEJANDRA DIAZ MARIN Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2018-40 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante, TDJ) en fecha quince (15) de mayo de 2018, en la causa signada con el N° AP61-D- 2012-000036 nomenclatura que conserva, mediante la cual, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano MANUEL ALFREDO CORTÉS BONALDE, titular de la cédula de identidad N° V-9.912.849, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 y el numeral 2 del mismo artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética), por las actuaciones realizadas durante el desempeño como Juez Titular del juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar.
I ANTECEDENTES La investigación disciplinaria se inició en virtud de la denuncia presentada por el ciudadano MOISÉS BENSAYAN LÓPEZ, titular de la cédula de identidad V-3.716.339 de fecha 26 de septiembre de 2011 en su condición de demandante en la causa llevada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito Judicial del Estado Bolivar, corr sede en Ciudad Bolívar, mediante la cual justificó: "(...) por inobservancia del principio Constitucional in rubio pro reo; por infracción de articulos establecidos en el Código de Procedimiento Civil a saber:254 por no haber sentenciado a favor del demandado en caso de dudas; 405 por haber ordenado contestar pregunta s impertinentes; 507 por no decidir la oposición a la admisión de las pruebas de la actora según las reglas de la sana crítica; 414 por iniciar y permitir a la parte demandante a desobedecer la Ley, toda vez que de oficio, le indica a la absolvente (..) que puede proceder a responder como mejor le parezca (...); y por no haber declarado la Cosa Juzgada y por consiguiente desechar la demanda y extinguir el proceso); asi como del escrito de ampliación de la denuncia de fecha 9 de enero de 2012 el denunciante promovió documentales señalando la pertinencia de cada una; ante el Juez Rector del Circuito del Estado Bolívar. Subsiguientemente la denuncia señalada fue recibida por la Inspectoría General de Tribunales contra el ciudadano MANUEL ALFREDO CORTÉS BONALDE, titular de la cédula de identidad N° V-9.912.849.
Posteriormente, se realizó la investigación disciplinaria en virtud de la denuncia presentada ante la Inspectoría General de Tribunales, por presuntamente haber incurrido el Juez denunciado plenamente identificado en la presente causa, en: 1) omisión de pronunciamiento en cuanto a las solicitudes de ejecución de sentencia realizadas por la parte actora en la causa judicial identificadà con el Nro. FP02-V-2008-000145; 2) incurrir en presunta inobservancia del precepto constitucional del principio in rubio pro reo en la causa judicial Nro. FP02-V-2011-000578, por haber admitido y.
sustanciado la demanda incoada por la ciudadana María Teresa Oquendo Guerra. Una vez efectuada la respectiva investigación disciplinaria, el Órgano Investigador dictó acto conclusivo en INVESTIGACIÓN, efectuada al ciudadano MANUEL ALFREDO CORTÉS BONALDE, al no quedar demostrado que el Juez denunciado con su proceder hubiere incurrido en actuaciones que puedan ser subsumidas en las faltas disciplinarias establecidas en el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana vigente ratione temporis, en el articulo 71 numeral 1 y 2 del prenombrado Código.
En fecha 21 de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, mediante auto acordó, con relación a la solicitud de sobreseimiento remitir al TDJ mediante oficio 00554-2012 el expediente disciplinario y demás actuaciones, a los fines de su pronunciamiento (Folio 161, pieza 6).
En fecha 27 de marzo de 2012, el TDJ dictó auto mediante el cual ordenó dar entrada al expediente para la tramitación del sobreseimiento solicitado y se designó como ponente a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño (Folio 163, pieza 6).
En fecha 15 de mayo de 2018, el TDJ dictó decisión decretando el SOBRESEIMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, seguida al Juez denunciado de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 y el numeral 2 del mismo artículo del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana vigente (Folios 191 al 198, pieza 6).
En fecha 7 de febrero del 2019, el TDJ ordenó remitir la presente causa a esta Alzada, a los efectos de su respectiva consulta obligatoria de ley; tal remisión la efectuó a través del oficio N° TDJ- 96/2019 (Folio 219 vto, pieza 6).
Respecto a las actividades de la Corte Disciplinaria Judicial resulta necesario referir que:
En fecha 15 de enero de 2019, el Juez Tulio Jiménez Rodríguez, hizo efectiva su renuncia presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia, convocándose a los jueces suplentes en el respectivo orden de su designación por parte de la Asamblea Nacional, quienes se excusaron justificadamente de aceptar la convocatoria realizada. Ante la imposibilidad de constituir la Corte, se procedió a solicitar al Tribunal Supremo de Justicia el nombramiento del o los jueces suplentes, necesarios para su Constitución, quedando a la espera de dicho nombramiento por parte del Máximo Tribunal.
En fecha 13 de marzo de 2020, entró en vigencia el decreto N° 4.160, emanado de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.519 de fecha 13 de marzo de 2019, mediante el cual se declara el Estado de alarma en todo el territorio Nacional, decretado por el Ejecutivo Nacional en razón de la pandemia por el COVID-19.
Que en atención del aludido decreto presidencial número 4.160 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó resolución número 2020-0001(20-03-2020) que estableció: Ningún tribunal despachará desde el lunes 16 de marzo hasta el lunes 13 de abril de 2020, periodo durante prorrogado mediante posteriores resoluciones, siendo la Última de data 13 de septiembre del 2020, hasta el 30 de septiembre de 2020, todo en el marco de la pandemia por COVID 19.
En fecha 25 de enero de 2021, se produjo la aceptación de la Dra. MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN, (jueza suplente de esta Corte Disciplinaria Judicial) quien se había excusado justificadamente, previamente de aceptar la convocatoria para la constitución de la Corte Disciplinaria Judicial, por estar ocupando un cargo de elección popular en la Asamblea Nacional Constituyente y en razón de la culminación de vigencia de funcionamiento de dicho organismo, se incorporó a sus funciones en esta instancia jurisdiccional, para suplir la falta absoluta del Juez Tulio Amado Jiménez Rodríguez, constituyéndose de esta forma este Tribunal Colegiado, no obstante actualmente persisten las circunstancias que originaron el Decreto de Estado de Alarma dictado por el Ejecutivo Nacional, dictándose medidas tendientes a la flexibilización de la cuarentena en aras de crear mecanismos para asegurar la integración progresiva al quehacer cotidiano, en todas las áreas. En este sentido, atendiendo las medidas sanitarias aprobadas por la OMS y el Ejecutivo Nacional, y tomando en cuenta que el Máximo Tribunal ha implementado medidas para la continuidad de la función jurisdiccional, este Órgano Disciplinario Judicial inicia actividades en los días y condiciones establecidas en la Resolución N° 2020-08, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, en fecha 1° de octubre de 2020.
En fecha 7 de julio de 2021, el secretario de la Corte Disciplinaria Judicial, dejó constancia de la recepción del asunto proveniente del Tribunal Disciplinario Judicial signado con el N°AP61-D- 2012-000036, así como de la designación de la ponencia según el orden cronológico alternativo a la Jueza MARIA ALEJANDRA DIAZ MARIN, quien con tal carácter suscribe el presente fallo (Folio 221, pieza 6).
En fecha 4 de agosto de 2021, la Corte Disciplinaria Judicial, mediante auto dejó constancia "(...) que los expedientes que a esta alzada se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes, en la mayoría de los casos, las sentencias de consulta se confirman al determinarse que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir ab initio, la falta de apelación" (Vid.
Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1307 de fecha 22 de junio 2005).
Vistas las consideraciones realizadas en el señalado auto, debe dársele continuidad al procedimiento sin necesidad de notificación por lo que acordó que la oportunidad para la publicación de la correspondiente decisión, será el quinto (5) días de despacho siguiente a la presente fecha (Folio 222, pieza 6).
II DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 15 de mayo de 2018, el TDJ, bajo la ponencia de la Jueza Jacqueline Sosa Mariño se publicó la decisión N° TDJ-SD-2018-40, decretando el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano MANUEL ALFREDO CORTÉS BONALDE, antes identificado en los siguientes términos: "(..) PRIMERO: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano MÁNUEL ALFREDO CORTES BONALDE, titular de la cédula de identidad N° V9.912.849, por las actuaciones realizadas durante el desempeño como Juez Titular del juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por el hecho de presuntamente haber incurrido en omisión de pronunciamiento en cuanto a las solicitudes de ejecución de sentencia realizada por la parte actora en la causa judicial FP02-V-2008-000145, en virtud de que el hecho denunciado no se realizó. SEGUNDO: Se decreta el SOBRESEIMIENTO e conformidad con el numeral 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por el hecho de incurrir en presunta inobservancia del precepto constitucional del principio in rubio pro reo en la causa judicial FP02-V-2008-000578, por haber admitido y sustanciado la demanda incoada por la ciudadana María Teresa Oquendo Guerra, en virtud de la falta de tipicidad del hecho denunciado (..) "la cual fue sustentada en las siguientes consideraciones:
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La Primera Instancia Disciplinaria, examinó las actuaciones correspondientes a los asuntos judiciales signados con los alfanuméricos FP02-V-2008-000145 por los alegatos siguientes: 1) omisión de pronunciamiento en cuanto a las solicitudes de ejecución de sentencia realizadas por la parte acto en la causa judicial FP02-V-2011-000578 y 2) incurrir en presunta inobservancia del precepto constitucional del principio in rubio pro reo en la causa judicial FP02-V-2011-000578, por haber admitido y sustanciado la demanda incoada por la ciudadana María Teresa Oquendo Guerra.
El TDJ en cuanto al primer hecho denunciado, concluyó que en relación con la presunta omisión sobre las solicitudes de ejecución de sentencia realizadas por la parte actora en la causa judicial FP02-V-2008-000145 que cada una de las solicitudes de ejecución de la sentencia realizadas por el ciudadano MOISÉS BENSAYAN LÓPEZ, fueron contestadas por el Juez denunciado en la denotada causa, pronunciándose expresamente al respecto, por tanto consideró que el hecho que la origino es decir; de incurrir en omisión de pronunciamiento no se realizó, ni reviste carácter disciplinario, y en consecuencia declaró procedente decretar el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 de Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en virtud de que el hecho denunciado no se realiza.
Seguidamente el TDJ, pasó a concluir que en relación al segundo hecho denunciado, relativo a incurrir en presunta inobservancia del precepto constitucional del principio indubio pro reo en la causa judicial FP02-V-2011-000578, el Juez acusado se encontraba ajustado a derecho cuando tramitó el proceso con fundamento en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil y posteriormente con un proceso ordinario, generando decisión definitiva en la causa, en la que estimó que el ordenamiento Jurídico conduce a la necesidad de declarar improcedente una acción de rendición de cuentas intentada por un concubino contra el otro por todas las operaciones realizadas con los bienes habido en la comunidad concubinaria, tramitación y decisión efectuadas atendiendo al principio de autonomía e independencia del juez denunciado, lo que generó como consecuencia que el hecho denunciado carezca de elemento de tipicidad necesario para que opere la responsabilidad disciplinaria, por lo que no es susceptible de sanción disciplinaria y en consecuencia es procedente decretar el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en virtud de la falta de tipicidad del hecho denunciado.
Ⅲ DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria y a tal efecto observa lo siguiente:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:
Articulo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado.
2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.
3. La acción disciplinaria haya prescrito.
4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la Investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la Sanción disciplinaria judicial.
6. La muerte del juez o la jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes. " (Resaltado de esta Alzada) La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicial, estatuye igualmente la consulta obligatoria a esta Alzada Colegiada de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario. De allí que el legislador de tan especial materia, haya establecido la revisión por un Tribunal de Alzada, del fallo que declara la finalización del proceso como consecuencia del sobreseimiento y solo al verificarse los supuestos indicados en la norma aplicable, procederá su declaratoria.
Ahora bien, se puede constatar en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta Obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-40 de fecha 15 de mayo de 2018, dictada por el aquo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación en contra del ciudadano MANUEL ALFREDO CORTÉS BONALDE, titular de la cédula de identidad N° V- 9.912.849, por las actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones como Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar con fundamento al artículo 71 numerales 1° y 2° del Código de Ética, por considerar que los hechos denunciados, se encuentran dentro de los supuestos señalados por el legislador disciplinario para dar por terminada la investigación disciplinaria.
En consecuencia, constatado en autos el supuesto normativo previsto en los numerales 1° y 2° del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en que se funda el decreto de sobreseimiento proferido por la Primera Instancia Disciplinaria, esta Corte se declara competente para conocer la presente consulta. Y así se decide.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR La Primera Instancia Disciplinaria examinó los hechos denunciados referidos a: 1) omisión de pronunciamiento en cuanto a las solicitudes de ejecución de sentencia realizadas por la parte actora en la causa judicial y FP02-V-2011-000145; 2) incurrir en presunta inobservancia del precepto constitucional del principio in rubio pro reo en la causa judicial FP02-V-2011-000578. Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:
Esta Alzada, considera oportuno reiterar lo señalado en otros fallos en relación al sobreseimiento previsto en la norma adjetiva disciplinaria, el cual constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales en forma anticipada, siendo de la exclusiva competencia de la autoridad judicial su decreto, siempre que resulte acreditado de forma concluyente cualquiera de las causales previa y taxativamente establecidas por el legislador en la norma regulatoria, vale decir, que el hecho del proceso no se realizó; que no pueda atribuírsele al Juez denunciado; que el hecho no sea típico; que la acción disciplinaria haya prescrito; que resulte acreditada la cosa juzgada; que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, o por la muerte del juez; tal declaratoria por parte del órgano jurisdiccional, comporta previamente un examen exhaustivo de todos los supuestos establecidos en la norma que regula dicha figura procesal, para poder arribar al convencimiento de la imposibilidad de la sanción disciplinaria y por ende la finalización del proceso.
/ La Inspectoría General de Tribunales en su acto conclusivo solicitó el Sobreseimiento de la causa seguida al Juez MANUEL ALFREDO CORTES BONALDE, por presuntamente haber cometido dos (2) hechos constitutivos de faltas disciplinarias, a saber:1) omisión de pronunciamiento en cuanto a las solicitudes de ejecución de sentencia realizadas por la parte actora en la causa judicial y FP02-V-2011-000145; 2) incurrir en presunta inobservancia del precepto constitucional del principio in rubio pro reo en la causa judicial FP02-V-2011-000578, por haber admitido y sustanciado la demanda incoada por la ciudadana María Teresa Oquendo Guerra, de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por cuanto los hechos denunciados no se realizaron, ni revisten carácter disciplinario (folio 177 al 186, pieza 6).
El TDJ en relación al primer hecho por la presunta omisión sobre las solicitudes de ejecución de sentencia realizadas por la parte actora en la causa judicial FP02-V-2011-000145; señaló que se evidencia que cada una de las solicitudes de ejecución de la sentencia realizadas por el ciudadano Moisés Bensayan López, fueron contestadas por el juez denunciado en la denotada causa, pronunciándose expresamente al respecto; por lo tanto consideró que el hecho disciplinario de incurrir en omisión de pronunciamiento no se realizó y en consecuencia declaró procedente decretar el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, en virtud de que el hecho no se realizó.
Ahora bien, esta Instancia Superior considera necesario destacar que sobre el contenido y alcance del primer supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, atinente a que el hecho investigado no se realizó, se trata tanto del supuesto de acreditación de falsedad del hecho imputado, como del que no se haya podido probar la existencia de tal hecho, configurándose cuando el elemento objetivo del hecho denunciado no se ha podido demostrar en la realidad, siendo necesario para que se verifique el supuesto de esta causal, que el juez disciplinario haya llegado a la convicción de que no ha existido aquella conducta que provocó el inicio del proceso disciplinario, se trata pues, de la inexistencia fáctica del hecho objeto de la investigación y exige la convicción del órgano disciplinario judicial de la certeza sobre su no realización (Vid. Sentencia N° 13 del 27 de abril de 2017 de esta Corte Disciplinaria Judicial).
Del mismo modo, esta Instancia Superior considera necesario destacar qie sobre-la denunciada omisión de pronunciamiento la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1094 dictada en fecha 15 de Diciembre de 2016, asentó:
"(.. )Asimismo, debe puntualizarse que una vez determinada la omisión, debe corroborarse objetivamente el grado de afectación de los derechos que pueda tener en los administrados, pues no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en razón a que el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sólo sanciona la omisión injustificada (...) ".Resaltado de esta Corte.
Seguidamente la Primera Instancia Disciplinaria pasó a realizar un análisis del ilícito imputado por el Órgano Investigador, esto es la presunta omisión de pronunciamiento, citando para ello la sentencia N° 1010 de fecha 11 de agosto de 2000 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la doctrina Venezolana, para concluir que dicha falta se materializa cuando el juez se niega a decidir una pretensión solicitada por las partes.
Por otro lado, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que para que exista la omisión lesiva de derechos y garantías constitucionales, deben existir actos concretos emanados del órgano jurisdiccional que limiten o impidan el ejercicio de los medios de defensa procesales que de alguna forma afecte o pueda afectar derechos e intereses.
Esta Alzada considera necesario analizar las actas procesales a fin de verificar la existencia o no de la denuncia por la cual él a quo decretó el sobreseimiento de la causa al juez investigado, habida cuenta de que es la decisión integra del TDJ sometida a la consulta de Ley, y en tal sentido quienes aquí deciden pudieron constatar lo siguiente:
En relación a la causa N°FP02-V-2011-000145, constató esta Corte que corre inserta en el (folio 40, pieza 1) diligencia de fecha 16 de enero de 2009, mediante la cual el ciudadano Moisés Bensayan López, solicitó se ordenará la ejecución forzada de la Sentencia la cual fue decretada el 12 de enero de 2009.
El 11'de febrero de 2009, el juez denunciado decretó la entrega forzosa, librando en esa oportunidad el mandamiento de ejecución contentivo de entrega material del bien inmueble (vehículo) objeto de la demanda (folio 44, pieza 1); seguidamente se libró oficio 025-180/2009 comisionando al Tribunal Ejecutor de Medidas Preventivas y Ejecutivas de los Municipios Heres y Raúl Leoni e Independencia del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar (folio 46 al 48, pieza 1) de conformidad con el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil al Tribunal Ejecutor de Medidas , para la entrega forzosa del vehículo identificado.
En fecha 12 de marzo de 2009 la parte actora a través de su representante judicial consignó diligencia, mediante la cual solicitó al Juzgado de la causa se sirviera oficiar a las Autoridades Civiles y Militares a los fines de retener el Vehículo (folio50, pieza 1), procediendo el Juzgado a dictar auto el 16 de marzo ordenando oficiar a las Autoridades Civiles y/o Militares de la República Bolivariana, con el objeto de que realicen. la detención de dicho vehículo, librando oficio 025-351- 09 (folio 53, pieza 1).
En fecha 17 de febrero de 2009 el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Heres y Raúl Leoni del Estado Bolívar e Independencia del estado Anzoátegui del Primer Circuito de la citada Circunscripción Judicial a cargo del Juez Luis Jesús Hernández Rodríguez, acordó darle entrada a la comisión y fijó la fecha 27-04-2009 para trasladarse y constituirse en el sitio que señale la parte actora a los fines de practicar la medida decretada por el Juzgado Delegante (folio 57, pieza 1).
En fecha 24 de marzo de 2009 a solicitud de la parte ejecutante debidamente asistido por su representante judicial consignó diligencia y solicitó al Tribunal Ejecutor de Medidas se habilitar a el tiempo necesario para la práctica de la medida de entrega forzosa del vehículo (folio 63, pieza 1) y e fecha 26 de marzo de 2009 por cuanto dio lugar a derecho acordó la solicitud y fijó la misma pa el día 2-04-2009 a las 9:00 am. (folio 64, pieza 1).
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En fecha 1 de abril de 2009 el Tribunal Ejecutor de Medidas a solicitud de la representación judicial de la parte actora mediante diligencia de fecha 30 de marzo de 2009, libró oficio 3360-209-2009 dirigido al Comandante del Destacamento 81 de la Guardia Nacional con sede en Ciudad Bolívar (folio 68, pieza 1), a los fines de que se sirviera enviar a ese despacho dos (2) funcionarios al momento de llevar a cabo la práctica de la medida decretada, la cual se efectuará el día 2-4-2009.
Siendo la oportunidad para la práctica de la ejecución forzosa por el Tribunal Ejecutor de Medidas, dejó expresa constancia que la misma no se materializó, por cuanto no compareció la parte actora en la oportunidad establecida (folio 69, pieza 1) ordenándose la remisión mediante oficio de la comisión al Juzgado comitente el 5 de agosto de 2009, para lo cual fue librado oficio 3660-518-09 en razón de la falta impulso procesal de la parte actora (folio 71, pieza 1).
De lo antes expuesto y de lo verificado en actas por esta Alzada, se concluye con claridad que cada una de las solicitudes de ejecución de la sentencia realizadas por el ciudadano Moisés Bensayan López, fueron contestadas por el juez denunciado en la señalada causa, pronunciándose expresamente al respecto; por lo tanto considera que el hecho disciplinario de incurrir en omisión de pronunciamiento no se realizó. Así se decide.
Esta Alzada comparte el criterio establecido en la sentencia consultada respecto a declarar el sobreseimiento de la causa al juez investigado al constatar que en efecto el juez denunciado decretó mediante auto la entrega forzosa del vehículo en cuestión y comisionó al Juzgado Ejecutor de Medidas Preventivas y Ejecutivas de los Municipios Heres y Raúl Leoni del Estado Bolívar e Independencia del Estado Anzoátegui del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar para su ejecución, y que la misma no se materializó por cuanto la parte actora no compareció en la oportunidad fijada, es decir se produjo la falta de impulso procesal de la parte actora; razón por la cual quienes aquí deciden estiman ajustado a derecho el pronunciamiento proferido por el a quo, toda vez, que la denunciada omisión de pronunciamiento no se configuró en los términos en los cuales el Órgano Investigador lo señaló, debiendo en consecuencia esta Alzada confirmar lo decidido por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria y decretar el sobreseimiento de la causa al Juez denunciado. Así se decide.- Ahora bien, observa esta Alzada que respecto a la solicitud de Sobreseimiento de la investigación solicitada por la IGT, con relación al segundo hecho denunciado por incurrir en presunta inobservancia del precepto constitucional del principio in rubio pro reo en la causa judicial FP02- V-2011-000578 que el mencionado órgano llevó a cabo la investigación administrativa disciplinaria y verificó lo siguiente:
En fecha 2 de mayo de 2011 el juez denunciado admitió la demanda incoada por la ciudadana María Teresa Oquendo por rendición de cuentas de todas las operaciones realizadas con los bienes habido en la comunidad concubinaria en contra del ciudadano Moisés Bensayan López, por no ser contraria a derecho de conformidad con el articulo 673 del Código de Procedimiento Civil; procediendo a ordenar la intimación del ciudadano Moisés Bensayan López para que rinda las cuentas solicitadas y advirtió que de oponerse a la demanda alegando "haber rendido ya las cuentas o que estas se corresponden a un período distinto o a negocios diferentes (...) se suspenderá el juicio de rendición de cuentas" se entenderán citadas las partes para la contestación de la demanda y se tramitaría por.el procedimiento ordinario (folios 124, pieza 4).
En fecha 19 de mayo de 2011 tal como se aprecia en los (folios 132 al 137, pieza 4) se presentó escrito suscrito por el ciudadano Moisés Bensayan López de contestación y oposición de la demanda incoada por la ciudadana María Teresa Oquendo Guerra; seguidamente se dictó auto en fecha 14 de junio de 2011 suscrito por el juez denunciado (folio 187, pieza 4) mediante el cual vista la oposición efectuada por el demandado suspendió el juicio de rendición de cuentas, entendiéndose a las partes citadas para la contestación de la demanda, la cual tuvo lugar al 6º día siguiente del auto dictado, es decir, en fecha 20 de junio de 2011 tal como se desprende de los (folios 189, pieza 4).
En fecha 11 de enero de 2012 mediante decisión suscrita por el juez denunciado, declaró SIN LUGAR la demanda por rendición de cuentas incoada por María Oquendo, en razón que es improcedente una acción de rendición de cuentas intentada por un concubino con el otro por todas las operaciones realizadas con los bienes habido en la comunidad concubinaria; con motivo de que no puede ser una sola de las partes de las comunidad administrador de los bienes comunes, pues ambos concubinos intervienen activamente en la administración de los bienes, por lo que condenó en costas a la parte actora por resultar totalmente vencida (folio 68 al 74, pieza 5).
Finalmente, el órgano investigador en su acto conclusivo, solicitó que de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, se decretará el Sobreseimiento de la Investigación, por cuanto el hecho denunciado, no reviste carácter disciplinario.
El TDJ en relación al hecho denunciado de incurrir en presunta inobservancia del precepto constitucional del principio in rubio pro reo en la causa judicial FP02-V-2011-000578 por haber admitido y sustanciado la demanda incoada por la ciudadana María Teresa Oquendo Guerra, por rendición de cuentas de todas las operaciones realizadas con los bienes habido en la comunidad concubinaria, en contra del ciudadano Moisés Bensayan López; estimó que el principio in rubio pro reo opera como manifestación del derecho a la presunción de inocencia prevista en el numeral 2 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable principalmente en juicios de naturaleza penal y concluyó que el principio que alega el denunciante opera al momento de dictar sentencia por el juez, toda vez que forma parte de la labor valorativa de las pruebas, argumentativa del juez y decisoria, pero no operaría en la etapa de admisión, como se indica en la denuncia, por lo tanto mal podría el juez inadmitir de conformidad con dicho supuesto cuando por su naturaleza, la valoración de pruebas es un elemento que será declarado al momento de dictar sentencia definitiva y concluyó, que se deriva de la denuncia una situación atípica para el hecho denunciado y en consecuencia es procedente decretar el sobreseimiento de la investigación, en virtud de la falta de tipicidad del hecho denunciado; por lo que, el a quo decidió: "(...)
SEGUNDO: se decreta el SOBRESEIMIENTO, de la investigación seguida al ciudadano MANUEL ALFREDO CORTÉS BONALDE, de conformidad con el numeral 2 del articulo 71 del Código de ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por el hecho de incurrir en presunta inobservancia del precepto constitucional del in rubio pro reo en la causa judicial FP02-V-2011- 000578 por haber admitido y sustanciado la demanda incoada por la ciudadana Maria Teresa Oquendo Guerra, en virtud de la falta de tipicidad del hecho denunciado (..)".
Ahora bien, esta Alzada observa que el Tribunal Disciplinario para poder llegar a su veredicto de la revisión de las actas que cursan en autos pudo constatar, que el juez denunciado tramitó el proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, cuando admitió la demanda intentada por la citada ciudadana por no ser contraria a derecho y ordenó la intimación del ciudadano Moisés Bensayan, siguiendo el procedimiento ordinario, generando decisión definitiva en la causa, en la que estimó que el Ordenamiento Jurídico conduce a la necesidad de declarar improcedente una acción de rendición de cuentas intentada por un concubino contra el otro por todas las operaciones realizadas con los bienes habido en la comunidad concubinaria, tramitación y decisión atendiendo al principio de autonomía e independencia del juez anteriormente citado, lo que genera en consecuencia que el hecho denunciado carezca de elemento de tipicidad necesario para que opere la responsabilidad disciplinaria, por lo que no es susceptible de sanción disciplinaria y en consecuencia declaró procedente decretar el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética, en virtud de la falta de tipicidad del hecho denunciado.
En relación a este caso, esta Corte Disciplinaria Judicial, observa que tanto la solicitud de IGT, como en la decisión de la primera instancia judicial se comprobó en relación a la causa N°FP02-V- 2011-000578 la presunta inobservancia del precepto constitucional in rubio pro reo, por haber admitido y sustanciado la demanda incoada por la ciudadana María Teresa Oquendo Gurra, y considera apuntar que el principio in rubio pro reo opera como manifestación del derecho a la presunción de inocencia previsto en el numeral 2 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es aplicable principalmente en juicios de naturaleza penal, considerado por el latinismo como el principio jurídico que expresa la obligatoriedad de probar los hechos y que, en el caso de que esta prueba sea insuficiente para demostrar los, la decisión judicial deberá favorecer al acusado del delito, es decir materia de ultima ratio del Ius puniende del Estado, derivándose de la denuncia en una situación atípica para el presente hecho, colōcando al Juez en el deber de decidir a favor del demandado, como resultado de la posible insuficiencia probatoria de la pretensión de la parte actora, observando esta Alzada, que el principio que alega el denunciante opera al momento de dictar sentencia por el juez, toda vez que forma parte de la labor valorativa de las pruebas, argumentativa del juez y decisoria, por lo que mal podría operar en la etapa de admisión, como se indica en la denuncia, en virtud que dicho supuesto por su naturaleza, es un elemento de valoración de pruebas que será declarado al momento de dictar sentencia definitiva.
Así se decide.-
En este sentido y entendiendo la aplicabilidad en materia civil del principio in rubio pro reo se evidencia, en el actuar del juez que admitió la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que presentada la demanda el Tribunal si no es contraria a derecho y al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley debe ser admitida; en caso contrario negaría su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos y se procederá a tramitar y sustanciar la causa de conformidad con el artículo 673 del mencionado Código como un procedimiento especial de rendición de cuentas que termina con su declaración ante el Tribunal de la causa y que en caso de existir oposición a este la parte llamada a rendir cuenta debe oponerse por escrito al acto y que una vez realizada dicha oposición, el mismo se tramitará por el procedimiento ordinario, generando decisión definitiva tal como sucedió en la señalada causa.
Visto lo precedentemente expuesto, considera esta Alzada que el juez denunciado actuó diligentemente, por cuanto admitió la demanda por no ser contraria a derecho verificando que se cumplieran los supuestos contenidos en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, procediendo a tramitar y sustanciar la causa de conformidad con lo establecido en el artículo 673 del prenombrado Código el cual conduce a la necesidad de tramitar el proceso como un procedimiento ordinario, generando una decisión definitiva. Así se decide.-
En tal sentido y verificado lo que cursa en autos, quienes aquí deciden consideran ajustado a derecho el pronunciamiento mediante el cual el a quo decretó el sobreseimiento de la investigación en los hechos denunciados en la causa FP02-V-2011-00145 por omisión de pronunciamiento en cuanto a las solicitudes de ejecución de sentencia realizadas por la parte actora en la causa judicial e incurrir en presunta inobservancia del precepto constitucional del principio in rubio pro reo en la causa judicial FP02-V-2011-000578, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 por cuanto el hecho no se realizó y el numeral 2 del mencionado artículo en virtud de la falta de tipicidad del hecho denunciado; en consecuencia esta Alzada, confirma el sobreseimiento decretado por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria. Así se decide.- En razón de los fundamentos antes expuestos esta Corte Disciplinaria Judicial, declara RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-40, dictada en fecha 15 de mayo de 2018, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano MANUEL ALFREDO CORTÉS BONALDE, titular de la cédula de identidad N° V-9.912.849 Juez Titular del juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar. Se CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2018-40, dictada en fecha 15 de mayo de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el SOBRESEIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN disciplinaria, de conformidad con lo previsto en el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 y numeral 2 del mismo artículo del Código de Ética, en virtud de que el hecho no se realizó y la falta de tipicidad del hecho denunciado. Así se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-40, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 15 de mayo de 2018, con motivo del SOBRESEIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN seguida al ciudadano MANUEL ALFREDO CORTÉS BONALDE, titular de la cédula de identidad N° V-9.912.849 Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar. Y CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2018-40, dictada en fecha 15 de mayo de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el SOBRESEIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, de conformidad con lo previsto en el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 y el numeral 2 del mismo artículo del Código de Ética, en virtud de que el hecho no se realizó y la falta de tipicidad del hecho denunciado. Así se decide.-
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General
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de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana vigente.
Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021). Años 211 de la Independencia y 162 de la Federación
LAJUEZAPRESIDENTE MERLY MORALES HERNAN
LA JUEZA VICEPRESIDENTA, ANA CECILIAZULUETA RODRÍGUEZ
JUEZA-PONENTE MARIA ALEJANDRA DIAZ MARIN
EL SECREARIO (E) TOMAS MALAVE
Exp. N° AP61-D-2012-000036 Hoy jueves, diecinueve (19) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo la 03:00 p.m., se publicó la anterior decisión bajo el N° 06.
El Secretam Tomas Majave No firma la presente sentencia la jueza a emazu Rodriguez por motivos-jusanicado TomasMalave SECRETARIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL.
EXPEDIENTE N° AP61-S-2017-000036 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ.
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2018-089, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante TDJ) en fecha 17 de diciembre de 2018 en la causa signada con el N° AP61-S-2017-000036, nomenclatura que conserva, mediante la cual decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano NELSON RAMÓN GUTIÉRREZ CORNEJO, titular de la cédula de identidad N° V-12.877.196, Juez Titular del Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con los numerales 1 y 2 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética), cuya investigación derivó de los oficios e Informe con su Anexo de fechas 21 de febrero y 3 de mayo de 2006, suscrito por la diputada Gabriela del Mar Ramírez, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia y Juventud, de la Asamblea Nacional donde la referida comisión parlamentaria denunció una serie de hechos que podrían constituir faltas disciplinarias relacionadas con los desalojos de inmuebles practicados en edificios ubicados en el Municipio Chacao y Municipio de Baruta, ambos del estado Miranda.
ANTECEDENTES En fecha 2 de junio de 2006, la Inspectoría General de Tribunales acordó abrir la Investigación de oficio contra Ios ciudadanos: INDIRA PARIS BRUNI, NELSON RAMON GUTIERREZ, JUAN ALBERTO CASTRO ESPINEL, LEON SANDOVAL LUIS TOMAS, PEDRO RAFAEL APONTE MENDOZA, . MARIA CECILIA CONDE MONTEVERDE y SINAHIM PINO GONZÁLEZ, en su condición de Jueces Noveno, Décimo, Décimo Séptimo y Séptimo de Municipio; Primero y Octavo Ejecutores de Medidas, respectivamente, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de la remisión realizada por el Magistrado OMAR ALFREDO MORA DIAZ, en su condición presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de los oficios e Informes con sús Anexos suscrito por la diputada Gabriela del Mar Ramírez ,presidenta de la Comisión de Mujer, Familia y Juventud, de la Asamblea Nacional donde la referida Comisión parlamentaria denunció una serie de hechos que podrían constituir faltas disciplinarias relacionadas con los desalojos de inmuebles practicados en edificios ubicados en el Municipio Chacao y Municipio de Baruta, ambos del estado Miranda.
En fecha 14 agosto de 2006, la IGT ordeno compulsar los folios del expediente de la investigación 060348 correspondiente de las actuaciones de los Jueces, INDIRA PARIS BRUNI, NELSON RAMON GUTIERREZ, JUAN ALBERTO CASTRO ESPINEL, LUIS TOMÁS LEON SANDOVAL, PEDRO RAFAEL APONTE MENDOZA, MARIA CECILIA CONDE MONTEVERDE y SINAHIM PINO GONZÁLEZ, a fin de formar expedientes por separado a cada uno de los mencionados jueces, en la misma fecha, ordeno abrir de oficio el expediente administrativo disciplinario, al Juez titular del Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quedando signado con el N° 060456.
Una vez efectuada la investigación disciplinaria, en fecha 30 de diciembre de 2016, el órgano investigador disciplinario dictó acto conclusivo de sobreseimiento de la investigación de conformidad con el articulo 71 numeral 2 del Código de Ética, por considerar que los hechos denunciados, no son típicos por tratarse de situaciones que no revisten carácter disciplinario.
En fecha 9 de marzo de 2017, el TDJ recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial (en lo adelante U.R.D.D), las actuaciones relativas a la investigación seguida en contra del juez denunciado, asignándosele la nomenclatura AP61-S-2017-000036, y en fecha 15 de marzo de 2017, mediante auto, dejó constancia que según el Sistema de Gestión Judicial, le correspondió la ponencia, a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño.
En fecha 17 de diciembre de 2018, el aquo dictó decisión mediante la cual decretó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria seguida al juez denunciado, de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 71 del Código de Ética vigente, fundamentado en la no realización del hecho denunciado según el cual la parte demandada no fue oida en el juicio que por resolución de contrato de arrendamiento fue incoado en su contra, e igualmente el hecho denunciado conforme al cual la demanda incoada en contra de la inquilina se encontraba "entrampada" con conocimiento del juez, es un hecho atípico conforme a la legislación disciplinaria.
Por auto de fecha 1 de julio de 2019, el TDJ ordenó la remisión de la presente causa a esta Corte Disciplinaria Judicial, contentiva de la decisión N° TDJ-SD-2018- 89 de fecha 17 de diciembre de 2018, a los efectos de su correspondiente consulta obligatoria de ley.
En fecha 13 de marzo de 2020, entró en vigencia el decreto N° 4.160 emanado de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.519 de fecha 13 de marzo de 2019, mediante el cual se declaró el Estado de alarma en todo el territorio Nacional, en razón de la pandemia por el COVID-19, y en fecha 20 de marzo de 2020 en atención del aludido decreto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó resolución N° 2020-0001 que estableció que ningún tribunal despacharía desde el lunes 16 de marzo hasta el lunes 13 de abril de 2020, el cual fue prorrogado mediante posteriores resoluciones, siendo la última de data 13 de septiembre del 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020, todo en el marco de la pandemia por COVID 19.
En fecha 25 de enero de 2021, se produjo la aceptación de la convocatoria realizada a la Jueza suplente Dra. MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN, quien previamente se había excusado justificadamente de aceptar la convocatoria para la constitución de la Corte Disciplinaria Judicial, por estar ocupando un cargo de elección popular en la Asamblea Nacional Constituyente y en razón de la culminación de vigencia de funcionamiento de dicho organismo, se incorporó a sus funciones en esta instancia jurisdiccional, para suplir la falta absoluta del Juez Tulio Amado Jiménez Rodríguez, constituyéndose de esta forma este Tribunal Colegiado, no obstante actualmente persisten las circunstancias que originaron el Decreto de Estado de Alarma el Máximo Tribunal ha implementado medidas para la continuidad de la función jurisdiccional, este Órgano Disciplinario Judicial inicia actividades en los días y condiciones establecidas en la Resolución N° 2020-08 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, en fecha 1º de octubre de 2020.
Respecto a las actividades de la Corte Disciplinaria Judicial resulta necesario referir que:
En fecha 02 de agosto de 2021, se recibió de la unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de la jurisdicción Disciplinaria Judicial, memorándum N° 76 de esa misma fecha, constante de un (1) folio, mediante el cual se remitió el expediente N° AP61-S-2017-000036. Dicha remisión corresponde a la CONSULTA OBLIGATORIA de la sentencia N° TDJ-SD-2018-89 de fecha de 17 diciembre de 2018, dictada por el Tribunal Disciplinario, en la cual decretó el sobreseimiento de la causa seguida contra el ciudadano NELSON RAMÓN GUTIÉRREZ CORNEJO, cedula de identidad N° V-12-877-196, en su condición de Juez Titular del Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, conforme a lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 71 del Código de Ética, correspondiéndole según el orden cronológico y alternativo la ponencia a la Jueza Dra. MERLY MORALES HERNÁNDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
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DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 17 de diciembre de 2018, la primera instancia de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial dictó decisión acordando el sobreseimiento de la investigación solicitado por la IGT con fundamento en las siguientes consideraciones:
Frente a la solicitud de sobreseimiento, peticionada por el órgano investigador a tenor de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 71 del Código de Ética, el TDJ pasó a determinar si los hechos denunciados se realizaron, e igualmente si disciplinaria judicial, por lo que procedió a verificar de las actas que conforman el expediente, las actuaciones procesales que guardan relación con la denuncia según la cual la ciudadana ALEJANDRA CARIDAD PADRÓN, parte demandada en el juicio que por resolución de contrato conoció el Juez denunciado, no fue oída, originando con ello, la ausencia de juzgamiento en la resolución judicial proferida por el Juez NELSON GUTIÉRREZ CORNEJO, e igualmente, que dicha demanda se encontraba "entrampada" por el propietario del inmueble con la anuencia del Tribunal.
Destacó la sentencia objeto de consulta respecto del primer hecho denunciado referido a que la parte no fue oída, que de la revisión efectuada a la sentencia proferida por el Juez denunciado en fecha 29 de noviembre de 2005 del expediente AP31-V-2005-000429, que el juzgador conoció de los alegatos expuestos por la demandada (denunciante) en su escrito de contestación de la demanda dictaminando servicio por consumo de agua, demandadas como insolutas por la parte actora, en virtud que esta presuntamente se habla negado a recibir el pago." Señaló igualmente, que el Juez investigado se pronunció sobre las pruebas promovidas por la demandada, (resoluciones y oficios en copias simples emanadas Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas por parte de la demandada) realizando la debida valoración con la motivación sobre porque lar desechaba; por lo que concluyó que sí existió pronunciamiento de los alegatos y la:
denunciado atinente a que la parte demandada no fue oída, y por tanto hubo sobreseimiento de la investigación conforme a lo previsto en el numeral primero del artículo 71 del Código de ética del Juez.
Con relación al segundo hecho denunciado referido a que el procedimiento judicial que afrontó la demandada se encontraba "entrampado" por el propietario con anuencia del tribunal, por cuanto ella se encontraba solvente con los cánones de arrendamiento, no siendo éste punto el hecho controvertido sino las cuotas insolutas del pago del Servicio de agua, tal como lo dictaminó el Juez en su decisión; consideró el a-quo que tal hecho es atípico y no reviste carácter disciplinario, por lo que procedió a decretar el sobreseimiento para este hecho de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética.
DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial efecto observa:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, atribuye competencia a esta Alzada Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, de la forma siguiente:
Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuirsele al sujeto investigado.
2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.
3. La acción disciplinaria haya prescrito.
4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
6. La muerte del juez o la jueza.
Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Tribunal Disciplinario Judicial la El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes" (Resaltado de esta Alzada) La norma ut supra transcrita, además de definir el instituto procesal del sobreseimiento, sus efectos y consecuencias, establece en forma taxativa los supuestos que dan lugar a su declaratoria; además estatuye la consulta obligatoria ante esta Alzada colegiada, de la resolución judicial que decrete el sobreseimiento, ello no solo en atención al cumplimiento del principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario.
primera instancia disciplinaria en fecha 17 de diciembre de 2018, se decretó el sobreseimiento de Ia causa seguida contra el juez NELSON RAMÓN GUTIÉRREZ coRNEJO, de conformidad con el primer y segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, por considerar que los hechos denunciados no se realizaron, e igualmente no resulta típico uno de los hechos atribuidos al Juez y dado disciplinaria vigente, resulta competente para su conocimiento es Órgano Superior; asimismo, el a quo mediante oficio N° TDJ-318-2019 de fecha 1 de julio de 2019, el último párrafo del articulo antes mencionado; por todo lo antes expuesto esta sometida a su consideración. Y asi se decide.
-I- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir el respectivo pronunciamiento, previa las siguientes consideraciones:
Con relación al sobreseimiento decretado, resulta oportuno reiterar lo señalado la norma adjetiva disciplinaria, el cual constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales, en forma anticipada, al comprobarse la procedencia de uno de los supuestos contenidos en dicha norma (el hecho objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al Juez denunciado, que el hecho no sea típico, que la acción disciplinaria ha prescrito, que resulte acreditada la cosa juzgada, que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o la muerte del juez), y deberá ser, por mandato de ley, consultada por ante el órgano superior disciplinario, conlevando, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada. (Vid. Sentencia N° 13, de fecha 20 de octubre de 2016 Corte Disciplinaria Judicial).
Ahora bien, observa esta alzada que la Inspectoria General de Tribunales, cuando el Juez NELSON RAMÓN GUTIERREZ CORNEJO, a cargo del Juzgado Décimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, admitió una demanda por resolución de contrato de arrendamiento en contra de la ciudadana ALEJANDRA CARIDAD PADRÓN LUQUE.
Dicha instancia de investigación procedió a revisar en forma integral las actuaciones llevadas a cabo por el juzgador a objeto de verificar la existencia o no de las irregularidades denunciadas en el Informe remitido al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por la Comisión Especial para Atender los Desalojos de Familias ocurridos en los Municipios Chacao y Baruta de la Asamblea Nacional y a tal efecto constató la inexistencia de los hechos denunciados y la imposibilidad de ser subsumidos en las faltas disciplinarias establecidas en la Ley de Carrera Judicial ni la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, instrumentos aplicables rationae temporis a los hechos denunciados, así como tampoco en el Código de Ética.
En relación a la causal de sobreseimiento señalada en la sentencia sometida a consulta, contemplada en el numeral 1 de artículo 71 ejusdem, esta Alzada ha destacado, que la misma comporta dos situaciones disimiles y excluyentes, por un* lado cuando de la investigación resulte que el hecho objeto de la misma no se realizó;* y por otro, que existiendo la convicción acerca la realización del hecho presuntamente sancionable, no sea posible atribuir la responsabilidad o parte de la misma al sujeto investigado; destacando que la primera situación, se configura cuando el elemento objetivo del hecho denunciado no se haya demostrado en la realidad; consiste básicamente en que el juez disciplinario ha arribado a un alto grado de certeza de que la conducta presumible mente reprochable por la que se originó la investigación no existió, se trata pues de la inexistencia fáctica del hecho objeto del proceso disciplinario.
En relación a la segunda situación, es decir, que el hecho denunciado no pueda ser atribuido al sujeto investigado, el mismo se refiere a la existencia del hecho disciplinable el cual una vez verificado por la instancia investigadora, resulta imposible atribuir o establecer la responsabilidad del juez en la realización del mismo, por acción u omisión (Vid. Sentencia N° 13, de fecha 27 de abril de 2017 Corte. Disciplinaria Judicial).
Del examen efectuado a las actas constitutivas del expediente sometida a consulta así como de las motivaciones esgrimidas en el fallo sometido a consulta, comparten plenamente quienes aquí deciden, los razonamientos esgrimidos tanto por la IGTcomo por el a-quo con relación al decreto de sobreseimiento de la investigación seguida al Juez denunciado, al encontrar su actuación en la causa judicial que dio origen al procedimiento disciplinario, completamente ajustada al marco constitucional y legal vigente, respetando el debido proceso, y el derecho a la defensa evidenciando del examen de las actas procesales la inexistencia de desequilibrio procesal alguno de donde pudiera inferirse alguna actuación reprochable en el plano ético o en el ejercicio de la función jurisdiccional.
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En efecto, el devenir procesal observado por estas juzgadora da cuenta de un proceso donde se interpuso una demanda por resolución de contrato de arrendamiento, donde en los lapsos previstos en la ley la parte demandada dio contestación a la misma, promovió las pruebas que consideró pertinentes, las cuales fueron valoradas en por el Juez al momento de dictar la sentencia respectiva; se ejercieron los recursos y medios de defensa que le otorga el ordenamiento jurídico a las partes, no evidenciándose vulneración alguna del derecho a la defensa denunciado como violentado, tal como fue descrito en forma pormenorizada con cita de los folios correspondientes donde reposan tales actuaciones, en el fallo sometido a consulta, de donde claramente se constata que la denunciante si fue oida en dicho proceso con las_debidas garantías.. quedando demostrado fehacientemente la inexistencia del hecho denunciado, conforme lo establece el supuesto de hecho que hace procedente el sobreseimiento conforme al numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Y así se decide.
Respecto del segundo hecho denunciado referido a que el procedimiento judicial que afrontó la demandada se encontraba "entrampado" por el propietario con anuencia del tribunal, por cuanto dicha parte se encontraba solvente con los cánones de arrendamiento, y que la invocada falta de pago del Servicio de agua potable era provocada por propietario del inmueble, quien a su decir, se negaba a prorratear y recibir los pagos.
engañar artificiosamente, enredar, confundir de modo de no poder resolver algo, entre otros significados, en ese contexto la acepción "entrampar" utilizada para denunciar al juez investigado supondría la verificación de alteraciones en el proceso que hubieren causado un perjuicio a la parte que haría dificil su intervención en el proceso y el ejercicio de su derecho a la defensa, circunstancias que al revisar las actas procesales en ningún modo se evidenciaron, por el contrario, se evidenció que el proceso fue llevado con estricto respeto de las fases, lapsos y formas procesales, no obstante la demandada arguyó en su defensa en el juicio por resolución de contrato, que se encontraba solvente en el pago de los cánones.de arrendamiento, el juez en su resolución judicial luego de valorar las probanzas esgrimidas por las partes, dictaminó que la insolvencia o no de los cánones de arrendamiento no era lo controvertido sino la insolvencia en el pago por el consumo del Servicio de agua potable, lo que en definitiva quedó demostrado en juicio, trascendiendo la valoración de tal hecho la esfera de lo disciplinario, pues se trata de un asunto netamente jurisdiccional sancionable a través de los recursos procesales existentes; por ello el hecho atribuido en la denuncia al Juez en anuncia con la parte actora calificado como "entrampar" el juicio, resulta atípico.
Con relación al principio de tipicidad, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2388 del 21 de noviembre de 2001, ha establecido lo siguiente:
_...[EIn aras de la seguridad juridica que debe existir en todo Estado de Derecho, le corresponde a la ley definir todas aquellas conductas que pudieran numeral 6 de la Constitución vigente cuando dispone que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia, "(..) 6. [ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
La aplicación del principio de la legalidad de los delitos, faltas y las penas no resulta exclusivo del Derecho Penal sino que se ha sido extendido a las diversas lo que actualmente se habla de postulados del Derecho Sancionatorio; de manera que, resulta necesaria la tipificación legal previa de los hechos calificados como delitos o faltas y la anticipada consagración de la medida sancionatoria que le materia sancionatoria..." De lo anterior se colige que, la ausencia de tipicidad de un hecho, comporta la realización de una conducta activa u omisiva que no se encuentre prevista en el ordenamiento jurídico como ilícito o falta, ni sujeta a sanción alguna, pues como ya se descripción que realiza la norma sancionatoria, lo cual va a permitir la subsunción de tal conducta dentro de un determinado tipo disciplinario.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, quienes aqui deciden, estiman que el Órgano de Primera Instancia de manera asertiva adecuó el segundo hecho denunciado en el supuesto contemplado en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética, por considerar que el hecho no es típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario, toda vez, que en el curso del proceso de investigación llevado a cabo por la IGT, y verificado por la primera instancia disciplinaria no se constató, actuación irregular alguna de donde se pudiera inferir indebidas en contra de la parte demandada o actuaciones personales del juzgador que colocarán en desventaja el ejercicio de los derechos de cualquiera de las partes o pudieran entrabar o complicar cualquier actuación, dentro del proceso, por el del Juez investigado Y asi se decide.
Corolario a lo anterior, esta Corte Disciplinaria Judicial declara RESUELTA la consulta obligatoria con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano NELSON RAMÓN GUTIÉRREZ CORNEJO, en su condición de Juez Titular del Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y en consecuencia CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD- 2018-89 dictada en fecha 17 de Diciembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la causa N° AP61-S-2017-000036, mediante la cual decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a dicho ciudadano en relación a los hechos denunciados, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 71 del Código de Ética. Y así se decide.- -II-- DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ-SD-2018-89, dictada en fecha 17 de Diciembre de 2018 por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano NELSON RAMÓN GUTIÉRREZ CORNEJO, titular de la cédula de identidad N° V-12-877-196, en su condición de Juez Titular del Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en virtud de la no ocurrencia de los hechos denunciados atinentes a que la parte demandada no fue oida, y por tanto hubo ausencia de juzgamiento en la sentencia dictada por el Juez denunciado de fecha 29 de noviembre de 2005.
SEGUNDO: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano NELSON RAMÓN GUTIÉRREZ CORNEJO, titular de la cédula de identidad N.° V-12-877-196, en su condición de Juez Titular del Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana por resultar atípicos y no revestir carácter disciplinario el hecho actora en perjuicio de la demandada
TERCERO: CONFIRMA la sentencia N°TDJ-SD-2018-89 de fecha 17 de Diciembre de 2018, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial que decreto el sobreseimiento del procedimiento disciplinario, de conformidad con lo previsto en el artículo 71, numerales 1 y 2, del Código de Ética, en relación a los hechos analizados en el presente fallo.
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoria General de Tribunales, de conformidad con el articulo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Cúmplase lo ordenado.
República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Dada, sellada y firmada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas al primer (1er) día del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Año 211°de lá Independencia y 162°de la Federación.
JUEZA PRE IDENTA-PONEN
MERLY MORALES HERNANDEZ EZVICEPRESIDENTA,
ANA CECAN ZULUETA RODRIGUEZ erm MARÍA ALEJANDRA DIALMARÍN SECRETARIO, TOMASLAVE
EXP. N° AP61-S-2017-000036
Hoy primero (1°) de septiembre,del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 2:20 pm., se publicó la anterior decisión bajo el Ne 07 El SecretarioE) Tomal
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
EXPEDIENTE Nº AP61-S-2018-000079 JUEZA PONENTE: DRA. MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN.
adelante, TDJ), remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial, expediente signado con el N°AP61-S-2018- 000079, contentivo del procedimiento disciplinario instruido en contra de la ciudadana EGLEE DEL durante el desempeño como Jueza Titular del Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con sede Maracaibo.
Esta remisión se efectuó en virtud de la Consulta Obligatoria a que se encuentra sometida la sentencia TDJ-SD-2018-103 de fecha 18 de diciembre de 2018, dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la causa disciplinaria contenida en el expediente N°AP61-S-2018-000079, de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo adelante, Condigo de Ética).
En fecha 02 de agosto de 2021, la Secretaría de esta CDJ, recibió el referido expediente proveniente de la sucesivo, URDD), en virtud del oficio N° TDJ-218-2019 de fecha 22 de abril de 2019, suscrito por el Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial, el cual mantuvo la nomenclatura del referido tribunal. Asimismo, en fecha 03 de agosto de 2021, dejó constancia de la asignación de la ponencia a la Jueza MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
ci ANTECEDENTES En fecha 19 de febrero de 2009, la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) ordenó abrir de oficio expediente administrativo disciplinario a la Jueza EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.314.842, por actuaciones realizadas durante el desempeño como Jueza Titular del Tribunal Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en virtud de la denuncia interpuesta en fecha 29 de octubre de 2008, por los defensores privados DANILO MAVAREZ CASTILLO, DORTI COLINA YÉPEZ Y SONIA BARBOZA RINCÓN, en la que señalaron presuntas irregularidades cometidas por la citada Jueza en la causa número 9C- 10.987-08, nomenclatura de ese tribunal, seguida a los ciudadanos MARCO ÁVILA, ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ Y ANDRÉS VILCHEZ, por la presunta comisión de los delitos de Asociación para Delinquir y Estafa Continuada Agravada, previstos y sancionados en los artículos 6 en concordancia con el articulo 16 numeral 3 ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el segundo delito previsto y sancionado en el último aparte del artículo 462, en En fecha 28 de septiembre de 2018 la IGT, dio por terminada la fase de instrucción del expediente administrativo disciplinario en la investigación practicada a la Jueza EGLEE DEL VALLE RAMíREz, en virtud de haber dictado Acto Conclusivo en el que solicitó la declaratoria de según los denunciantes incurrió la jueza investigada, relativas a: i) la falta de pronunciamiento en relación a la nulidad del procedimiento; ii) la inmotivación del fallo de fecha 4 de septiembre de 2008; y ii la decisión de fecha 23 de septiembre 2008, mediante la cual se negó la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad contra el imputado Marcos Vinicio Ávila Urdaneta, no reviste carácter disciplinario, de conformidad con lo establecido en el articulo 71, numeral 1 y 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, sino que están enmarcadas dentro de actuación En esa misma fecha la IGT, mediante oficio N° 00s90-18, remitió al Tribunal Disciplinario Judicial, las actuaciones contenidas en el expediente administrativo disciplinario signado con el numero 090073, nomenclatura de la IGT, a los fines previstos en el Código de Ética.
En fecha 18 de diciembre de 2018, el Tribunal Disciplinario Judicial dictó Sentencia TDJ-SD-2018-103, los efectos de la consulta obligatoria prevista en el último aparte del artículo 71 del Código de Ética (folio 258 al 267 y vtos, pieza única).
En fecha 03 de agosto de 2021, la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial, dejó constancia de la recepción del oficio N° TDJ-218-2019 de fecha 22 de abril de 2019, proveniente del TDJ, donde remitió el expediente signado con el N° AP61-S-2018-000079, contentivo de todas las actuaciones que anteceden (folio 294, pieza única).
I1 DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 18 de diciembre de 2018, la primera instancia de esta jurisdicción disciplinaria dictó decisión N° TDJ-SD-2018-103, en la cual decreto el sobreseimiento solicitado por el órgano de investigación disciplinario, a través de la cual decidió lo siguiente:
"PRIMERO: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad V-6.314.842, Jueza Titular del Tribunal Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, con relación al hecho demnciado sobre que la jueza investigada en la celebración de la audiencia de presentación de ciudadanos: MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ, ANDRÉs VILCHEZ, de conformidad con lo establecido en el primer supuesto del numeral I del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en virtud de que el hecho no se realizó.
SEGUNDO: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana EGLEE DEL resolución del 4 de septiembre de 2008, decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad de los imputados MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ, ANDRÉS VILCHEZ, sin suficientes elementos de convicción, y sin analizar si estaban conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en virtud de la falta de tipicidad del hecho denunciado.
TERCERO: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, con relación al hecho denunciado sobre que la jueza investigada negó la sustitución de la medida judicial preventiva de privación de libertad al imputado MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, aún cuando habían variado las circunstancias, de conformidad con lo establecido en el mumeral 2 del articulo 7I del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en virtud de la falta de tipicidad del hecho denunciado (... ".
En este sentido, el a quo en su decisión concluyó en relación a la solicitud de la IGT que de los hechos denunciados, no puede evidenciarse la existencia de algún hecho disciplinable, no obstante el argumento sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, a cargo del · Tribunal Noveno de Primero Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con sede en Maracaibo, por cuanto las supuestas faltas en la que según los denunciantes incurrió la juez investigada (..) no reviste carácter disciplinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, numerales I y 2 del Código de Êtica del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, sino que están enmarcados dentro de la actuación jurisdiccional de la jueza..."
DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:
El artículo 71 del Código de Ética, establece:
"Articulo 71.El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda mueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuirsele al sujeto investigado.
2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.
(...) El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada) La norma parcialmente transcrita define el sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, asi como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en consulta la decisión que lo declara en Primera Instancia.
Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 07 de mayo de 2013, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión del juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia.
Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tanto en la reforma que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2015, como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 de fecha 04 de febrero de 2016. Las observaciones que preceden permiten colegir la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración.
Con relación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, es oportuno destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 07 de mayo de 2013 y 04 de febrero de 2016, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares.
Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-103 de fecha 18 de diciembre de 2018, dictada por el a quo, en la que se decretó el Sobreseimiento de la Investigación seguida a la ciudadana EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, en su carácter de Jueza Titular del Tribunal Noveno de Primero Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de conformidad con lo previsto en los numerales 1° y 2° del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en que se funda el decreto de sobreseimiento proferido por la primera instancia disciplinaria, esta Corte se declara competente para conocer de dicha consulta. Y así se decide.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR pronunciamiento, previa las siguientes consideraciones:
Esta Alzada, en reiterados fallos ha referido que el sobreseimiento previsto en nuestra norma adjetiva disciplinaria, constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales, de manera
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anticipada, al evidenciar el juzgador la procedencia de uno de los supuestos contenidos en la norma que regula y cuya comprobación por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial requiere una revisión exhaustiva de la actuaciones procesales a fin de constatar los supuestos que el legislador disciplinario esgrimió, para poder dar por terminada de forma anticipada una averiguación disciplinaria y por ende impedir una persecución de la conducta presuntamente disciplinable atribuida al funcionario judicial investigado, pues su declaratoria le confiere el carácter de cosa juzgada. (Vid. Sentencia N° 13, de fecha 20 de octubre de 2016, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial).
La finalidad de esta institución es poner término al procedimiento de manera anticipada y atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada.
Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el tribunal de primera por la IGT, el a quo decidió 1) el Sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, con relación al hecho denunciado sobre que la jueza investigada en la celebración de la audiencia de presentación de imputados, no se pronunció a la solicitud de libertad realizada por la defensa privada de los ciudadanos MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ, ANDRÉS VÍLCHEZ, a tenor de lo dispuesto en el primer supuesto del numeral-1º del artículo 71 del Código de Ética, en virtud de que el hecho no se realizó, 2) el sobreseimiento de la investigación seguida a la jueza EGLEE DEL VALLE RAMREZ, con relación al hecho denunciado sobre que la jueza investigada mediante resolución de fecha 04 de septiembre de 2008, decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad de los imputados MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ, ANDRÉs VÍLCHEZ, sin suficientes elementos de convicción, y sin analizar si estaban llenos los extremos de ley que comprometieran su presunta participación en los delitos imputados, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 71 del Código de Ética, en virtud de la falta de tipicidad del hecho denunciado y 3) el sobreseimiento de la investigación, con relación al hecho denunciado sobre que la jueza investigada negó la sustitución de la medida judicial preventiva de privación de libertad al imputado MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, aún cuando habían variado Ias circunstancias, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 71 del citado Código de Ética.
En este sentido, observa esta Corte Disciplinaria Judicial que la IGT, llevó a cabo la investigación administrativa disciplinaria, en contra de la jueza EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, en su carácter de Jueza Titular del Tribunal Noveno de Primero Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en fecha 19 de febrero de 2009, en virtud de la denuncia interpuesta en fecha 29 de octubre de 2008, por los ciudadanos DANILO MAVAREZ CASTILLO, DORTI COLINA YÉPEZ y SONIA BARBOZA RINCÓN, en la que señalaron presuntas irregularidades cometida por la citada Jueza en la causa número 9C-10.987-08, seguida a los ciudadanos MARCO ÁVILA, ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ Y ANDRÉS VILCHEZ, por la presunta comisión de los delitos de Asociación para Delinquir y Estafa Continuada Agravada (folios 1 al 5 y vtos, pieza única).
Igualmente, en fecha 28 de septiembre de 2018, la IGT decretó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria seguida a la jueza EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, relacionada con la causa sub seguida a la ciudadana EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, (..) por cuanto las supuestas faltas en la que según los denunciantes incurrió la jueza investigada, relativas a: i) la falta de pronunciamiento en relación a la mulidad del procedimiento; ii la inmotivación del fallo de fecha 4 de septiembre de 2008;
y ii la decisión de fecha 23 de septiembre 2008, mediante la cual se negó la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad contra el imputado Marcos Vinicio Ávila Urdaneta, no reviste carácter disciplinario, de conformidad con lo establecido en el articulo 71, mumeral 1 y 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, sino que están enmarcadas dentro de actuación jurisdiccional de la jueza ..." (folios 248 al 252, pieza única).
Esta Alzada observa, que el tribunal de primera instancia para poder llegar a su veredicto, realizó un estudio de las actuaciones de la causa penal N° 9C-10.987-08, constató que riela a los folios 170 al 183 pieza única del expediente administrativo disciplinario, copia certificada del "Acta de Presentación de conjuntamente con el Secretario del Tribunal, el representante del Ministerio Publico, asi como, los imputados con sus defensores, en dicha acta se indica bajo el titulo de exposición de la defensa lo siguiente: ".solicito a este Tribunal con fundamento a los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal la libertad inmediata de mis defendidos y en el caso de que no esté de acuerdo con esta defensa, se le decrete una medida menos gravosa de las establecidas en el artículo 256 del Código Orgánico considerar que el Ministerio Público solicit Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad y la Defensa la libertad Plena o en su defecto una medida menos gravosa de la establecida en el numeral 3° del articulo 256 del código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal considera que tomando en cuenta las circunstancias de este caso, en tiempo, modo y lugar en la que se desarrollaron los hechos, donde por la magnitud del daño son delitos que atentan contra el SISTEMA FINANCIERO, y por existir la presunción concurrencia de delitos, a tenor de lo establecido en el artículo 99 del Código Penal, donde además por las caracteristicas de este tipo de delitos (..) cuando es contra de ENTIDADES FINANCIERAS hacen que exista la grave sospecha que todos los imputados puedan influir en la investigación, a tenor de lo establecido en el mumeral 2° del articulo 252 del Código Orgánico articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que procede es Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad; por lo tanto, este Tribunal DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de cada uno de los imputados (.) por la presunta de los delitos ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y ESTAFA CONTINUADA AGRAVADA, por haberse cometido por la emisión de cheques sin provisión de fondos, previstos y sancionados en los artículos 6 en concordancia con el articulo 16, en su mumeral 3, ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y el segundo delito, previsto y sancionado (..) en el último aparte del artículo 462, en concordancia con el articulo 99, ambos del Código Penal, cometidos en perjuicio de las Entidades Bancarias Financieras BANESCO, BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO Y CORBANCA.
de conformidad con lo establecido en los numerales 1°, 2° 3º del artículo 250, en concordancia con los por lo que se Declara Con Lugar la solicitud del Ministerio Público; y Sin Lugar la solicitud de la Defensa (.) .
En atención a las actuaciones antes mencionadas, observó esta Corte Disciplinaria Judicial, que no se encuentra plasmada en la exposición de la defensa privada de los imputados contenida en el Acta de Presentación de Imputado de fecha 04 de septiembre de 2008, la solicitud de la declaratoria de nulidad absoluta del procedimiento, en relación a la falta de pronunciamiento de la libertad de los ciudadanos MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ, ANDRÉS VÍLCHEZ, denunciada como omitida por la jueza EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, sin embargo, esta Alzada constató en la citada Acta que la defensa privada solo se limitó a solicitar con fundamento a los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal la libertad inmediata de los imputados y en el caso de que no estuviera de acuerdo el tribunal con esa defensa, se le decretará una medida menos gravosa, siendo que la jueza sometida a proceso se pronunció en los términos solicitados por la defensa privada durante la audiencia al estimar "(..) al considerar que el Ministerio Público solicitó Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad y la Defensa la libertad Plena o en su defecto una medida menos gravosa (..), este Tribunal considera que tomando en cuenta las circunstancias de este caso, en tiempo, modo y lugar en la que se desarrollaron los hechos, donde por la magnitud del daño son delitos que atentan contra el SISTEMA FINANCIERO, y por existir la presunción de concurrencia de delitos (..) es contra ENTIDADES FINANCIERAS hacen que exista la Procesal Penal, sino que procede es Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad; por lo tanto, este Tribunal DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE. LIBERTAD, en contra de cada uno de los imputados (..).
En el caso de marras esta Corte observa que la jueza investigada actuó dentro de las facultades jurisdiccionales que otorga la ley al juez o jueza para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, evidenciándose para esta Alzada, que el primer hecho denunciado por los abogados defensores de los imputados MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ, ANDRÉS VÍLCHEZ, no se realizó tal y como lo estimó tanto el órgano investigador como él a quo, en consecuencia se confirma el primer dispositivo de la Sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en consecuencia, esta Alzada confirma el Primer dispositivo de la Sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial. Así se decide.
En cuanto al segundo hecho denunciado sobre que la jueza investigada mediante resolución de fecha 04 de septiembre de 2008, decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad de los referidos imputados, sin suficientes elementos de convicción, y sin analizar si estaban llenos los extremos de ley que comprometieran su presunta participación en los delitos imputados, observa esta Corte, que el iudex a quo y la IGT, fortificaron su decisión de sobreseer a la jueza investigada concordaron en que; al momento de proferir su decisión de fecha 04 de septiembre de 2008, la jueza se basó en los requisitos de para decretar medida de privación de libertad en conti a- de los imputados por Ministerio Público, igualmente consideró que se estaba en presencia de la comisión de an hecho punible como son los delitos de asociación para delinquir y estafa continuada agravada, los cuales no se encontraban evidentemente prescritos y que merecían pena privativa de libertad, además de contar con fundados elementos de convicción recabados en el acta de investigación de fecha 02 de septiembre de 2008, procedente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (C.l.C.P.C), además de otras pruebas documentales y testimoniales de interés los cuales llevaron a la jueza investigada a tomar la decisión sobre la base, que al comparar las acta de investigación con las propias versiones de los imputados, las pruebas, así como las circunstancia de tiempo, modo y lugar en la que se desarrollaron los hechos donde por la magnitud del daño causados son delitos que atentan contra sistema financiero, y por las características de este tipo de delito en contra de entidades financieras hace que existan graves sospechas de que todos los imputados puedan influir en la investigación, por lo que consideró que lo procedente fue decretar la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad contra los ciudadanos MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ, ANDRÉS VÍLCHEZ, fundamentando la jueza investigada, su decisión en los requisitos de procedencia establecidos numeral 2° del artículo 252, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos Asociación para Delinquir y Estafa Continuada Agravada, previsto y sancionados en los artículos 6 en concordancia con el 16 numeral 3 ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el segundo delito previsto y sancionado en el último aparte del articulo 462 en concordancia con el artículo 99, ambos del Código Penal, cometidos en perjuicio de Entidades Bancarias Financieras.
Igualmente, constató el a quo que riela a los folios 205 al 222 de la pieza única del expediente copia certificada de la sentencia de fecha 06 de octubre de 2008, emitida por la Corte de Apelaciones, Sala N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia con sede en Maracaibo en virtud del recurso de apelaciones interpuesto en fecha 09 de septiembre de 2008, por los abogados defensores de los ciudadanos MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ, ANDRÉS VÍLCHEZ, donde solicitaron la anulación de la decisión N° 7224-08, dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de fecha 04 de septiembre de 2008, mediante la cual decretó medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad a los mencionados ciudadanos, en razón de la insuficiencia de los elementos de convicción para estimar que los mismos hayan incurrido en la comisión de los delitos precalificados por el Ministerio Público, así pues, que la Corte Apelaciones en su decisión consideró ".. que si bien es cierto que se encuentra acreditada la existencia de dos hechos punibles que merecen pena privativa de libertad (..) no se evidencian de las actas, los fundados elementos de convicción que comprometen la presunta participación de los ciudadanos ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ, ANDRÉS VÍLCHEZ, en los hechos de la presente causa (...) resulta procedente el decreto a su favor de la libertad plena e inmediata....
En tal sentido, declaró la Corte de Apelaciones la nulidad del procedimiento de aprehensión en lo que respecta a los ciudadanos ARMANDO MONCAYO, GABRIEL HERNÁNDEZ, ANDRÉS VÍLCHEZ, y libertad plena en lo que a estos ciudadanos se refiere, no obstante, la Corte de Apelaciones confirmó la decisión con respecto al ciudadano MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, al compartir el criterio
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supuestos exigidos para el decreto de la medida privativa de libertad, por cuanto del extracto transcrito del fallo impugnado se evidencian los basamento que utilizó la Juez de Control, para estimar que se encontraban llenos los extremos estipulados en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal..." asimismo, considera la Corte de Apelaciones que con la medida decretada lo que se busca es garantizar las resultas del proceso y salvaguardar la investigación En atención a las actuaciones del segundo punto antes establecido, considera esta Corte Disciplinaria Judicial, que la jueza investigada al decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad en el fallo de fecha 04 de septiembre de 2008, basó su decisión en los requisitos de procedencia establecidos en el articulo 250 numerales 1°, 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que existían fundados elementos de convicción que comprometían la responsabilidad penal de los imputados por el Ministerio Publico, y en garantía de lo estatuido en el artículo 44 numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual no constituye una actuación susceptible de sanción disciplinaria, por cuanto, la jueza investigada actuó dentro de las facultades jurisdiccionales que otorga la ley a el juez o jueza para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento y que solo pueden ser impugnadas mediante recursos previstos en la ley, como efectivamente sucedió en el presente caso, razón por la cual, esta Alzada luego de evaluar los resultados de la investigación, así como, las apreciaciones efectuadas por la primera instancia judicial, considera que la actuación de la jueza sometida a proceso misma, por lo que resulta ajustado a derecho la decisión emitida por la primera instancia en su dispositivo segundo al decretar el sobreseimiento de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en virtud de la falta de tipicidad del hecho denunciado. Así se decide.
Ahora bien, en cuanto a tercer hecho contenido en la decisión emitida por el a quo, relacionado con la denuncia, sobre que la jueza investigada negó la sustitución de la medida judicial preventiva de privación de libertad al imputado MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, aún cuando habían variado las circunstancias, esta Corte Disciplinaria Judicial, observa que tanto de la solicitud del IGT, como en la decisión de la primera instancia judicial se comprobó que riela a los folios 127 al 129 de la pieza única del expediente disciplinario, copia certificada del escrito de solicitud de examen y revisión de las medidas cautelares de fecha 17 de octubre de 2008, suscrito por la defensa privada del imputado MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, donde solicitó al Tribunal Noveno de Primera Instancia en funciones de Control, sustituyera la medida de privación de libertad decretada en contra del citado ciudadano, por una medida cautelar menos gravosa, igualmente riela a los folios 132 al 134 de dicho el Tribunal declara Sin Lugar la solicitud realizada por la defensa privada del ciudadano antes mencionado, al considerar que en fecha 17 de octubre de 2008 la Fiscalía del Ministerio Público, había presentado escrito de acusación en contra del imputado MARCOS VINICIO ÁVILA URDANETA, por existir un acto conclusivo por parte del Ministerio Público que conlleva a la presunción de que el citado imputado como uno de los autores o Co-autor de los referidos delitos, los mismos por los cuales los imputó en fecha 04 de septiembre de 2008, y que no habían variado las circunstancia que motivaron la declaratoria de la privación judicial preventiva de libertad.
En consecuencia, examinada la decisión del a quo y visto lo constatado en autos, esta instancia superior considera que lo procedente en este último punto es declarar el sobreseimiento decretado por el TDJ, al considerar que la actuación de la jueza denunciada estuvo debidamente fundamentada y enmarcada en la facultad juzgadora que concede la ley a los jueces y juezas en la función jurisdiccional, para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, cuyas decisiones pueden ser impugnadas mediante recursos previstos en la ley, en consecuencia confirma el tercer dispositivo de la Sentencia dictada por el TDJ, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética, por no revestir el hecho denunciado carácter disciplinario: "..El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario...". Y así se decide.
Esta Alzada luego de evaluar los resultados de la investigación, así como, las apreciaciones efectuadas por la primera instancia judicial, considera que la actuación de la jueza investigada en el presente caso, resulta ajustado a derecho la decisión emitida por la primera instancia al decretar el sobreseimiento de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en virtud de que el hecho no se realizó y la falta de tipicidad del hecho denunciado. Así se decide.
Visto que del fallo consultado no se evidencia violaciones a normas de orden público y constitucional, ni se observan vulneraciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional, CONFIRMA. la sentencia del Tribunal Disciplinario Judicial N° TDJ-SD-2018-103 de fecha 18 de diciembre de 2018. Así se decide.
DECISIÓN
República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Se decreta de conformidad con los supuestos del artículo 71 numerales 1 y 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, el SOBRESEIMiENTO de la investigación formulada por la Inspectoria General de Tribunales a través del acto conclusivo de la investigación dictado en fecha 28 de septiembre de 2018, a favor de la ciudadana EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad V- 6.314.842, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en la causa pena N° 9C-10.987-08, contenida en el expediente N° 090073 nomenclatura de esa Inspectoría.
SEGUNDO: RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-103 dictada el 18 de diciembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la investigación, respecto al numeral 3 del acto conclusivo presentado por la Inspectoría General de Tribunales, en fecha 28 de septiembre de 2018, a la ciudadana EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad V- 6.314.842, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.
TERCERO: Se CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2018-103, dictada en fecha 18 de diciembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial de conformidad con lo establecido en el artículo 71 numerales 1 y 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. A los fines de salvaguardar los derechos constitucionales de las partes.
Remítase copia certificada de la presente decisión al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoria General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los dos (02) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Años 211° de la Independencia y 162° de la Federagión.
JUEZ PRESIDENTE, MERLY MORALES HER NANDE VICEPRESIDENTA ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ M INAF A JUEZA PONENTE MARÍA ALEIANDRA DÍAZ MARÍN SECRETARIO (E) TOMAS MALAVE EXP. N°AP6AS-2018-000079 Hoy dos (02) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 12:30 p.m. se publicó la antélip decisión bajo el N° 08.
Tomas M lave ( a No firma la presente sentencia la jueza Ana Geciliaglga Rodriguez por motivos justificados.
El Secretario Tomas
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2120, 163º y 23° Caracas, 23 de junio de 2022
RESOLUCIÓN N.° 01-00-000138
ELVIS AMOROSO Contralor General de la República En ejercicio de fas atribuciones que me confieren el artículo 289, numerales 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 14, numerales 1 y 10, artículos 15 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Físcal; y artículos 60 y 62 del Regiamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en fos artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;
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CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
CONSIDERANDO Que es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;
CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido: tomará las acciones pertinentes;
CONSIDERANDO Que la ocurrencia de cualquier acto, hecho u omisión que afecte gravemente la legalidad, efectividad, eficiencia y economía de las operaciones administrativas o que viole los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, es causal de intervención de los Órganos de Control Fiscal;
CONSIDERANDO Que mediante Resolución N.° 002-2010 de fecha 19 de agosto de 2010, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 221 de fecha 19 de agosto de 2010, emanada del Concejo Municipal del Municipio Michelena del Estado Táchira, resolvió designar como Contralor interino del referido Municipio al ciudadano REINALDo DE JESÚS BARRIOS BENCOMO, titular de la cédula de identidad N.° V-4,058.303;
CONSIDERANDO Que a la presente fecha, ha vencido el lapso para el cual fue designado, sin que el prenombrado Concejo del referido Municipio, haya convocado a concurso público para la designación del nuevo titular del Órgano de Control Fiscal local de esa Entidad Federal, contraviniendo así el lapso previsto en el artículo 6 del Reglamento sobre Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados;
RESUELVE PRIMERo: Intervenir la Contraloría del Municipio Michelena del Estado Táchira.
SEGunDo: Dejar sin efecto, a partir de la presente fecha, la designación del ciudadanO REINALDO DE JESÚS BARRIOS BENCoMO, titular de la cédula de identidad N.° V-4.058.303, como Contralor Interino del Municipio Michelena del Estado Táchira, efectuada mediante Resolución N.º 002-2010 de fecha 19 de agosto de 2010, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 221 de fecha 19 de agosto de 2010, emanada del Concejo Municipal del Municipio Michelena del Estado Táchira.
TERCERO: Designar a la ciudadana LUISANA NAZARETH MARVAL GUZMÁN, titular de la cédula de identidad N.° v-25.727.285, como Contralora Interventora de la Contraloría del Municipio Michelena del Estado Táchira, a partir de la fecha de su notificación.
cuArTo: La Contralora Interventora tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. La Contralora Interventora deberá presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión.
Quinto: El Director General de Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República, tomará juramento de la ciudadana LUISANA NAZARETH MARVAL GUZMÁN, titular de la cédula de identidad N.° V-25.727.285, designada mediante la presente Resolución como Contralora Interventora de la Contraloría del Municipio Michelena del Estado Táchira, en sustitución del CiudadanO, REINALDO DE JESÚS BARRIOS BENCOMO, titular de la cédula de identidad N.° V-4.058.303.
Dada en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022). Año 212° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese, notifíquese y publíquese;
ELVIS AMOROSO contralor General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2120, 163º y 23°
Caracas, 23 de junio de 2022
RESOLUCIÓN N.° 01-00-000139
ELVIS AMOROSO Contralor General de la República
En ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 289, numeraies 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 14, numerales 1 y 10, artículos 15 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; artículos 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y det Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;
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CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscaf, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
CONSIDERANDO Que es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Controf Fiscal;
CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;
CONSIDERANDO Que la ocurrencia de cualquier acto, hecho u omisión que afecte gravemente la legalidad, efectividad, eficiencia y economía de las operaciones administrativas o que viole los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, es causal de intervención de los Órganos de Control Fiscal;
CONSIDERANDO Que mediante Acuerdo N.º 08/21 de fecha 25 de febrero de 2021, publicado en Gaceta Municipa! Extraordinaria N.º 10 de fecha 25 de febrero de 2021, emanado del Concejo Municipal del Municipio Libertador del Estado Táchira, resolvió designar como Contralor Interino del referido municipio al ciudadano LENIN RAFAEL RINCóN RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N.° V-13.148.014.;
CONSIDERANDO Que a la presente fecha, ha vencido el lapso para el cual fue designado, sin que ef prenombrado Concejo del referido Municipio, haya convocado a concurso público para la designación del nuevo titular del Órgano de Control Fiscal local de esa entidad federal, contraviniendo así el lapso previsto en el artículo 6 del Regiamento sobre Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distritat y Municipal y sus Entes Descentralizados;
RESUELVE PRIMERo: Intervenir la Contraloría del Municipio Libertador del Estado Táchira.
VISITACIÓN SEGuNDO: Designaral ciudadano RANDO RIVERA BERRIO,titular de la identidad cédula de N.° V-16.408.538, como Contralor Interventor de la Contraloría del Municipio Libertador del Estado Táchira, a partir de la fecha de su notificación.
TERcEro: Dejar sin efecto, a partir de la presente fecha, la designación del CiudadanO LENIN RAFAEL RINCÓN RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N.° V-13.148.014, como ContralorInterino del Municipio Libertador del Estado Táchira, efectuada mediante Acuerdo N.º 08/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 10 de fecha 25 de febrero de 2021, emanado del Concejo Municipal del Municipio Libertador del Estado Táchira;
cuArTo: El Contralor Interventor tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. El Contralor Interventor debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión. Quinto: El Director General de Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República, tomará juramento del ciudadano RANDO VISITACIÓN RIVERA BERRIO, titular de la cédula de identidad N.° V-16.408.538, designado mediante la presente Resolución como Contralor Interventor de la Contraloría del Municipio Libertador del Estado Táchira, en sustitución del CiudadanO LENIN RAFAEL RINCÓN RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N.° V-13.148.014.
Dada en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022). Año 211° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese, agese y publíquese;
DE VENE
ELVIS AMOROSO Contraler General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2120, 163º y 23°
Caracas, 23 de junio de 2022
RESOLUCIÓN
N.° 01-00-000140
ELVIS AMOROSO Contralor General de la República
En ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 289, numerales 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 14, numerales 1 y 10, artículos 15 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y artículos 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;
CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
CONSIDERANDO Que es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;
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CONSIDERANDO Que la Contraloría General de fa República, evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;
CONSIDERANDO Que la ocurrencia de cualquier acto, hecho u omisión que afecte gravemente la legalidad,efectividad, eficiencia economía de las operaciones administrativas o que viole los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, es causal de intervención de los Órganos de Control Fiscal;
CONSIDERANDO Que mediante Resolución N.° 01-00-000077, de fecha 07 de febrero de 2018, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.350 de fecha 28 de febrero de 2018, este Máximo Órgano de Control Fiscal resolvió intervenir la Contraloría del Municipio Panamericano del Estado Táchira;
RESUELVE PRIMERo: Ratificar la Intervención de la Contraloría del Municipio Panamericano del Estado Táchira.
SEGunDo: Dejar sin efecto, a partir de la presente fecha, la designación de la Ciudadana VIANNEY JACQUELINE RIVERO GóMEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-13.486.092, como Contralora Interventora del Municipio Panamericano del Estado Táchira, efectuada mediante Resolución N.° 01-00-000077, de fecha 07 de febrero de2018, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana deVenezuela N.° 41.350 de fecha 28 de febrero de 2018.
TERCERO: DeSignar al CiudadanO JEAN CARLOS URIBE ANGARITA, titular de la cédula de identidad N.°V-17.497.567, como Contralor Interventor de la Contraloría del Municipio Panamericano, a partir de la fecha de su notificación. CuArTo: El ContralorInterventor tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el
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control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas quele asigne el Contralor General de la República en virtud de ta rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. El Contralor Interventor debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión. QUINTo: El Director General de Control de Estados y Municipios de la ContraloríaGeneral de la República, tomará juramento del ciudadano JEAN CARLOS URIBE ANGARITA, titular de la cédula de identidad N.° V-17.497.567, designado mediante la presente Resolución como ContralorInterventor de la Contraloríadel Municipio Panamericano del Estado Táchira, en sustitución de la Ciudadana VIANNEY JACQUELINE RIVERO GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-13.486.092.
Dada en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022). Año 212° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana. Comuníquese, notifíquese y publíquese;
ELVIS AMOROSO Contralor Géneral de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
212°, 163° y23°
Caracas, 6 de julio de 2022
RESOLUCIÓN N.° 01-00-000155
ELVIS AMOROSO Contralor General de la República
En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 287 y 289, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el articulo 14, numerales 1 y 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;
CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
CONSIDERANDO Que es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;
CONSIDERANDO Que la Disposición Transitoria Tercera eiusdem, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Derogatoria de la Ley para la Designación y Destitución del Contralor o Contralora del Estado, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana a de Venezuela N.°39.217 de fecha 9
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de julio del 2009, establecen que el Contralor General de la República, podrá designar provisionalmente a los contralores y contraloras de estados, hasta tanto se dicte el Reglamento respectivo, siendo el caso, que hasta la presente fecha no han sido dictadas las referidas normas;
RESUELVE
PRIMERO: Designar al ciudadano CESAR AUGUSTOOTERO DUNO, titular de la cédula de identidad N.° v- 7.174.407, Contralor Provisional del estado Aragua, a partir de la fecha de su notificación. SEGUNDo: Dejar sin efecto la designación de la ciudadana VICMAR FABIANA OLMOS FRANCO, titular de la cédula de identidad N.° V- 15.472.450, como Contralora Provisional delestado Aragua, efectuada mediante Resolución N.° 01-00-000226 de fecha 9 de julio de 2021, cuya publicación se efectuó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 42.174 del 22 de julio de 2021, quien cesa de las funciones asignadas.
TERCERO: El ciudadano CESAR AUGUSTO OTERO DUNO, titular de la cédula de identidad N.° V- 7.174.407, Contralor Provisional designado, tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal y las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo.
cuArTo: El Contralor General de la República tomara juramento del ciudadano CESAR AUGUSTO OTERO DUNO, titular de la cédula de identidad N.° V- 7.174.407, designado mediante la presente Resolución. Dada en Caracas, a los seis (6) días del mes de julio del dos mil veintidós (2022), Año 212° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese notifíquese y publíquese.
epública LVIS AMOROSO Contralor Generat de la República
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Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela
Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve http://www.imprentanacional.gob.ve
AÑO CXLIX - MES X Número 42.421
Caracas, martes 19 de julio de 2022
Esta Gaceta contiene 32 páginas, costo equivalente
a 13,25 % valor Unidad Tributaria
LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)
Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial” creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872 continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.
Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.
Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.
Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.
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