Gaceta Oficial N° 42.341
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Caracas, lunes 21 de marzo de 2022 Número 42.341 AÑO CXLIX - MES VI
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 4.663, mediante el cual se nombra al ciudadano Pedro Celestino Carvajal Alvárez, como Viceministro para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad del Conocimiento, del Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria.
VICEPRESIDENCIA SECTORIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PAZ Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Luis Romero Pineda, como Director de la Unidad de Asesoría Jurídica, adscrito a la Dirección General de Gestión Interna, de esta Vicepresidencia Sectorial.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Andry Gustavo Hernández Salcedo, como Director de la Unidad de Gestión Humana, adscrito a la Dirección General de Gestión Interna, de esta Vicepresidencia Sectorial.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Andry Gustavo Hernández Salcedo, como Director General de Planificación y Seguimiento Sectorial, de esta Vicepresidencia Sectorial.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Carlos Oti Paituvi, como Director General Encargado de Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones (VEN911), dependiente del Despacho del Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Carlos Oti Paituvi, en su carácter de Director General Encargado de Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones (VEN911), como Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada Ordenadora de Pago N° 00360, de acuerdo a la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos, de este Ministerio; y se le delega a dicho ciudadano las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se indican.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Resolución mediante la cual los créditos a los que se refiere la presente
Resolución, deberán ser expresados únicamente mediante el uso de la Unidad de Valor de Crédito (UVC). A tales fines, las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales en la fecha de otorgamiento del préstamo, deberá expresar la obligación en términos de Unidad de Valor de Crédito (UVC), resultante de dividir el monto en bolívares a ser liquidado del crédito otorgado entre el Índice de Inversión (IDI) vigente para dicha fecha, determinado por el Banco Central de Venezuela tomando en cuenta la variación del tipo de cambio de referencia de mercado y publicado diariamente en su página web.
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general, las Tasas de Interés aplicables a las obligaciones derivadas de la Relación de Trabajo; y las Tasas de Interés para operaciones con Tarjetas de Crédito.
Aviso Oficial mediante el cual se publica el “Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito” enero 2022.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carmen Teresa Navas Reyes, Directora General (E) de Movimientos Sociales, adscrita al Despacho del Viceministro/a de Comunas y Movimientos Sociales, de este Ministerio; la ciudadana designada ejercerá las funciones que en ella se especifican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yohelina de Jesús Sierra Rondón, como Directora General de la Oficina de Atención Ciudadana, de este Ministerio.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial n.° 6.684, Extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022”.
MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
Contraloría Municipal Resolución mediante la cual se otorga la Jubilación Especial, a la ciudadana Magally Torrealba.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto Nº 4.663 21 de marzo de 2022
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 34, 46 y 73 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública,
DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela Por delegación del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, según consta en el Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 de fecha 21 de junio de 2018.
DECRETO Artículo 1º. Nombro al ciudadano PEDRO CELESTINO CARVAJAL ALVAREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.042.029, como VICEMINISTRO PARA EL VIVIR BIEN ESTUDIANTIL Y LA COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, quien desempeñará las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con la normativa vigente.
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Artículo 2º. Delego la juramentación del referido ciudadano en la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia, a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Vicepresidenta Ejecutiva de la República
Bolivariana de Venezuela y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.)
TIBISAY LUCENA RAMÍREZ
VICEPREPRESIDENCIA SECTORIAL
PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
Y LA PAZ
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES,
JUSTICIA Y PAZ
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BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
moneda nacional, una vez expresados en Unidad de Valor de Crédito (UVC), una tasa de interés anual que no podrá exceder del dieciséis por ciento (16%) ni ser inferior al ocho por ciento (8%).
Parágrafo Único: Queda expresamente entendido que están excluidas de esta Resolución aquellas operaciones activas relacionadas con los préstamos dirigidos a los empleados y directivos de las entidades bancarias, siendo la tasa de interés anual máxima aplicable para estos créditos el equivalente al noventa por ciento (90%) de la tasa vigente para las operaciones activas relacionadas con tarjetas de crédito, publicada mensualmente por el Banco Central de Venezuela mediante Aviso Oficial.
Artículo 4.- Los préstamos otorgados a través de tarjetas de crédito y cuya línea de financiamiento sea igual o superior a veinte mil cuatrocientas (20.400) Unidades de Valor de Crédito (UVC), tendrán una tasa de interés anual que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%). Esta tasa será aplicable a otras modalidades de crédito al consumo, cuyo monto sea igual o superior al límite establecido para las tarjetas de crédito.
Parágrafo Único: Queda expresamente entendido que están excluidas de esta Resolución aquellas operaciones activas relacionadas con tarjetas de crédito, préstamos comerciales en cuotas a ser otorgados a personas naturales por concepto de créditos nómina y otros créditos al consumo, cuyos límites o montos sean inferiores a veinte mil cuatrocientas (20.400) Unidades de Valor de Crédito (UVC). En estos casos, las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, deberán cobrar a sus clientes una tasa de interés anual que no podrá exceder de la vigente para las operaciones activas relacionadas con tarjetas de crédito, publicada mensualmente por el Banco Central de Venezuela mediante Aviso Oficial.
Artículo 5.- Sin perjuicio de la normativa e instrucciones que imparta en la materia la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en lo que respecta a sus atribuciones vinculadas entre otros aspectos, con el establecimiento de normas generales que regulen los contratos e instrumentos de las operaciones de intermediación, así como de aprobar las cláusulas generales de contratación que le sean sometidas por las instituciones sujetas a su competencia en función de lo estipulado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, las entidades bancarias que pretendan celebrar operaciones activas de conformidad con lo previsto en la presente Resolución, deberán incluir en las cláusulas de las propuestas de contratos a ser sometidas a la aprobación de dicha Superintendencia las siguientes condiciones:
a) Que todo crédito que considere la modalidad de pago por cuotas, el pago de estas debe incluir tanto el monto correspondiente de interés como una porción para amortización del capital expresado en Unidad de Valor de Crédito (UVC).
b) Para los créditos otorgados conforme a lo establecido en el artículo 2 de la presente Resolución y que consideren la modalidad de un pago único al vencimiento, se contemplará el monto total del principal e intereses expresados en Unidad de Valor de Crédito (UVC). De forma adicional, esta modalidad de crédito tendrá un cargo especial del veinte por ciento (20%) al momento de la liquidación del préstamo, el cual será expresado igualmente en Unidad de Valor de Crédito (UVC), y se deducirá del saldo deudor del préstamo al momento de la cancelación del mismo. c) La posibilidad a discreción del deudor de cancelar anticipadamente en cualquier momento y de manera inmediata, los préstamos otorgados conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Resolución, sin pago de penalidad alguna por ello. Si por alguna razón, el Índice de Inversión de la fecha anticipada de cancelación del préstamo resultase inferior al Índice de Inversión de la fecha de otorgamiento del préstamo, a efecto de la determinación del monto a pagar se empleará el Índice de Inversión vigente para la fecha de otorgamiento del crédito.
d) Explicación detallada del procedimiento que será empleado por la institución bancaria para la expresión en Unidad de Valor de Crédito (UVC) del préstamo y para su posterior valoración o pago del crédito, en los términos contemplados en esta Resolución y demás normativa dictada por el Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en sus respectivos ámbitos de competencia.
e) Declaración del deudor que comprende y acepta los términos y condiciones de la obligación que asume en Unidad de Valor de Crédito (UVC).
Artículo 6.- A los efectos de la valoración contable y de la amortización o pago anticipado del crédito otorgado conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Resolución, el saldo del préstamo a una fecha específica será el resultado de multiplicar la posición deudora en Unidad de Valor de Crédito (UVC), por el valor del Índice de Inversión a dicha fecha, con excepción de lo previsto en el literal c) del artículo 5.
Artículo 7.- Las entidades bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, podrán cobrar como máximo cero coma ochenta por ciento (0,80%) anual, adicional a la tasa de interés anual pactada en la respectiva operación de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3 y 4, por concepto de las obligaciones morosas de sus clientes.
Parágrafo Único: Las entidades bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, podrán cobrar a sus clientes como máximo tres por ciento (3%) anual por concepto de mora, adicional a la tasa de interés anual pactada, en aquellos créditos distintos a los expresados en Unidad de Valor de Crédito (UVC).
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
RESOLUCIÓN N° 22-03-01
El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confiere al Instituto el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7, numerales 1), 3) y 4); 21, numeral 13); 50; 51 y 52 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial que lo rige; y en los artículos 3° y 60 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Considerando
Que la regulación del crédito y de las tasas de interés del sistema financiero, constituye uno de los instrumentos de política monetaria del Banco Central de Venezuela para cumplir sus cometidos esenciales, lo que facilita la orientación sobre la oferta monetaria y, con ello, favorecer el desarrollo armónico y equilibrado de la economía.
Que se requiere adoptar acciones que incidan sobre el rendimiento de la cartera de crédito, con el objetivo de mejorar la señalización de los recursos financieros disponibles hacia el consumo y las actividades productivas y, a la vez, reducir el impacto sobre el valor de la moneda ocasionado por operaciones de arbitraje cambiario.
Resuelve:
Artículo 1.- Los créditos a los que se refiere la presente Resolución, deberán ser expresados únicamente mediante el uso de la Unidad de Valor de Crédito (UVC). A tales fines, las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales en la fecha de otorgamiento del préstamo, deberán expresar la obligación en términos de Unidad de Valor de Crédito (UVC), resultante de dividir el monto en bolívares a ser liquidado del crédito otorgado entre el Índice de Inversión (IDI) vigente para dicha fecha, determinado por el Banco Central de Venezuela tomando en cuenta la variación del tipo de cambio de referencia de mercado y publicado diariamente en su página web.
Artículo 2.- Los créditos otorgados en moneda nacional, en el marco de la Cartera Productiva Única Nacional, a ser concedidos por las entidades bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, tendrán una tasa de interés anual del seis por ciento (6%) sobre el saldo resultante de su expresión en Unidad de Valor de Crédito (UVC).
Artículo 3.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, deberán cobrar a sus clientes por los créditos comerciales y microcréditos en Artículo 8.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, no podrán pagar por los depósitos de ahorro que reciban incluidas las cuentas de activos líquidos, una tasa de interés inferior al treinta y dos por ciento (32%) anual, calculada sobre el saldo diario, indistintamente del saldo de las mismas.
Parágrafo Único.- A los efectos del presente artículo, se entiende por saldo diario el monto disponible, incluidos los saldos bloqueados, mantenido por el titular del instrumento de captación respectivo al cierre contable de cada día de la entidad bancaria correspondiente, exceptuando únicamente los saldos diferidos por operaciones en curso en el Sistema de Cámara de Compensación Electrónica.
Artículo 9.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, no podrán pagar una tasa de interés inferior al treinta y seis por ciento (36%) anual, por los depósitos a plazos que reciban, y por las operaciones mediante las cuales se emiten certificados de participaciones a plazos, en el caso de que los sujetos antes mencionados estén autorizados para realizar operaciones del mercado monetario, independientemente del plazo en que se realicen cualesquiera de las referidas operaciones.
Artículo 10.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, deberán enviar al Banco Central de Venezuela información periódica sobre las tasas de interés que por operaciones activas y pasivas ofrezcan a sus clientes, en los términos y en la oportunidad indicada en la normativa dictada al efecto por el Banco Central de Venezuela.
Artículo 11.- Las tasas de interés por operaciones activas y pasivas de las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, serán ofrecidas de modo que aseguren al público usuario el conocimiento exhaustivo de sus particularidades, y anunciadas en todas sus oficinas en un lugar visible al público, así como en las páginas web de tales instituciones.
Artículo 12.- Se fija en diecinueve coma dos por ciento (19,2%) la tasa anual de interés a aplicar por el Banco Central de Venezuela en sus operaciones de descuento, redescuento y anticipo.
La tasa anual de interés a que se refiere el presente artículo, será fijada y revisada periódicamente por el Directorio del Banco Central de Venezuela e informada a través del sistema electrónico de transferencia de datos utilizados por el Instituto. Dicha información será igualmente publicada por el Instituto en su página web.
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Artículo 13.- El incumplimiento de lo establecido en la presente Resolución será sancionado administrativamente de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela.
Artículo 14.- Los créditos de la Cartera Única Productiva Nacional, comerciales, y microcréditos concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Resolución, mantendrán las condiciones en las que fueron pactadas hasta su total cancelación.
Artículo 15.- Las instituciones bancarias sólo podrán cobrar a sus clientes o al público en general comisiones, tarifas y/o recargos por los conceptos que hayan sido establecidos por el Banco Central de Venezuela, mediante las Resoluciones y Avisos Oficiales dictados en la materia, hasta los límites máximos en ellos permitidos.
Artículo 16.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, se deroga la Resolución N° 22-01-02 de fecha 27 de enero de 2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.312 del 04 de febrero de 2022.
Artículo 17.- La presente Resolución entrará en vigencia el segundo día hábil bancario después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Caracas, 17 de marzo de 2022.
En mi carácter de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial.
Comuníquese y publíquese, Sohail Hernández Parra Primera Vicepresidente Gerente (E)
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III. TARJETAS DE CRÉDITO En esta sección se detallan las tasas de interés de financiamiento y de mora que las instituciones bancarias cobran a sus clientes por el uso de las tarjetas de crédito, la cobertura, los plazos de pago y de financiamiento, el número de puntos de venta y de negocios afiliados (Anexo N° 1), así como los beneficios adicionales sin costos que recibe el tarjetahabiente (Anexo N° 3).
Las tarjetas de crédito se encuentran clasificadas por niveles, de conformidad con Circular emitida por el Banco Central de Venezuela el 04/03/2008, la cual establece: Nivel 1 (clásicas y similares), Nivel 2 (doradas y similares), Nivel 3 (platinum y similares) y Nivel 4 (black y similares). Estas tarjetas operan bajo las franquicias Visa, Mastercard, American Express y Diners Club, y tienen cobertura nacional e internacional, en el caso de las tarjetas ofrecidas por la banca pública y privada. Algunas instituciones bancarias ofrecen tarjetas privadas, las cuales son aceptadas exclusivamente en los comercios afiliados a nivel nacional.
En materia de tasas de interés aplicadas al público en general, el Banco Central de Venezuela obligaciones morosas, según Aviso Oficial del 13/01/2022 (G.O. N° 42.306 del 27/01/2022). En este sentido, la mayoría de las instituciones bancarias se ubicaron en la tasa máxima de financiamiento. La tasa de mora se ubicó en 3% anual para todas las instituciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el Banco Central de Venezuela en ejercicio de sus competencias en materia de regulación de tasas de interés, ha autorizado la aplicación de tasas de interés mínimas activas especiales, como es el caso de las tarjetas de crédito denominadas "Cédula del Buen Vivir Bicentenario" (15%) y "Cédula del Buen Vivir Turismo" (18%), ofrecidas por la banca pública y que han sido unificadas en la actual "Cédula del Vivir Bien", para la que se fijó una tasa de interés activa mínima anual de 15%; así como de la tarjeta de crédito identificada "Somos", perteneciente al Banco de Venezuela, respecto de la cual se fijó una tasa mínima de financiamiento del 14%, según Avisos Oficiales del 19/09/2013 (G.0. N° manera particular a instituciones bancarias para ser aplicadas en tarjetas de crédito otorgadas como beneficio a sus trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Con relación al plazo de pago, el mismo oscila entre 20 y 30 días y el de financiamiento entre 3 y 60 meses, el máximo de financiamiento lo ofrecieron el Banco Occidental de Descuento (BOD), Banco del Tesoro, Bicentenario, Agrícola, Banfanb, Mercantil y Sofitasa; no obstante, la mayoría de las instituciones bancarias financian a 36 meses.
Las tarjetas de crédito son aceptadas en 701.647 puntos de venta, instalados en 495.607 negocios afiliados en el país. Es importante señalar, que existen 179.338 terminales y 127.274 negocios que aceptan la tarjeta American Express, emitida por Banesco y el BOD (Anexo N° 4).
IV. TARJETAS DE DÉBITO
En este apartado se presenta información sobre el número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos que aceptan tarjetas de débito emitidas por las instituciones bancarias, previo otorgamiento de licencias Maestro y Visa (Anexo N° 2).
Estas tarjetas pueden ser utilizadas solo a nivel nacional y son recibidas en 701.647 terminales de puntos de venta, instalados en 495.607 negocios afiliados, así como en 5.034 cajeros automáticos (Anexos N° 4 y 5).
ANEXO N° 1 Información acerca de Tarjetas de Crédito Purtos de Tasa Financiamiento Negocios Banco Nivel Cobertura Franquicia Afiliados (meses) Financiera Mora Visa 2.3.4 50.00% Nacional 20 3.00% 8 7.540 6.895
100% BANCO
1.2, 3, 4 Mastercard 1. 2, 3.4 Visa
3.00% 20
6.989
6.090
ACTIVO
60.00% Nacional 36 Mastercard 1. 2, 3.4 Tasa Pai) Puntos de Negocios Nivel Financiamiento Franquicia Banco Cobertura Arilliados Financiera Venta (meses) Mora
1.2.3. 4
40.00% AGRÍCOLA Mastercard
3.00% 20 Nacional 60
1.052 851 20 BANCAMIGA Mastercard
1.2.3.4
40.00%
3.00% Nacional 48
86.048
80.008
1.2. 3. 4 Visa Nacional e BANCARIBE 20
60.00% 3,.00% 3
21.157
15.772 Infernacional
1.2. 3. 4 Mastercard American
1.2.4
114.255
72.024
1.2.3, 4 Visa Nacional BANESCO 25 36
122.682
73.141 40,00%
3.00%
1.2.3.4 Mastercard
114.255 Privada Nacional (1)
72.024 1
3.00% BANFANB
2.4 Nacional
9.245 Mastercard
55.00% 30 60
8.934 Visa 2. 3. 4 BANPLUS 40,00%
3.00%
21.473 Nacional 20 36
14.905
1.2.3, 4 Mastercard 1. 2. 3. 4 Visa Nacional e BFC 60,00% 3,00% 8.400 6.942 20 24 Internacional Mastercard 1.2.3, 4 Vissa 1.2.3.4 40.00% Nacional e
3.00% BICENTENARIO 30
28.829
20.983 60 Internacional
15.00%( Mastercard Amperen
1.2.3.4 21
1.2, 3. 4 Visa Nacional BOD 40,00% 3,00%
65.083 60
55.250 Mastercard 1. 2, 3, 4 20 Privada 2 Nacional (1) Visa 1. 2, 3. 4 Nacional e 3,00% CARONÍ 60,00% 20 6.475 5.437 36 Intemnacional Mastercard 1. 2. 3.4 Visa 1.2. 3,4
7.553 DEL SUR
60.00%
3.00% Nacional 20
6.554 36 Mastercard
1.2, 3. 4 Visa
1.2.3.4
40.00% Nacional e DEL TESORO
3.00% 21
17.020
13.545 60 Intemnacional
15.00% n 1 Mastercard Visa 1. 2, 3. 4 EXTERIOR 60,00% 3,00% Nacional 5.621 4.935 20 48 Mastercard
1.2,3,4
Purés de Tasa Pa) Financiamiento Negocios Nivel Cobertura Banco Franquicia Anilliados Financiera (meses) Mora Visa 1. 2, 3. 4 20 36 Mastercard 1. 2, 3, 4 60.00% 3.00% Nacional
53.583 MERCANTIL
24.138 3 22 Diners Club 60 Visa
1.2.3.4 NACIONAL DE Nacional
24.784
20.341
60.00%
3.00% 30 38 CRÉDITO 1. 2, 3. 4 Mastercard Visa 1. 2, 3. 4 Nacional e 36 PLAZA 3,00% 20 15.418 10.191 60.00% Intemacional 1.2.3. 4 Mastercard Visa 1. 2.3,4 3.00%
60.00% 25 PROVINCIAL
57.386
28.440 Nacional 36 Mastercard 1. 2, 3. 4 Visa 1. 2.3 Nacional e 6.652 60 8.650 60.00% 3.00% 20 Intemnacional 1.2.3. 4 Mastercard Visa
1.2.4 22 VENEZOLANO
60.00% 928
3.00% 12 995 Nacional DE CRÉDITO 1,2.3 Mastercard 21 Visa 1.2.3 60.00% 1.2,3, 4 Nacional e 3.00% 120.360 78.058 VENEZUELA 30 36 Intemacional Mastercard 14.00% (3) 1 15.00% ( (1) Únicamente en los establecimientos afliados al banco, según lo establecido en el convenio fimado entre ambas partes.
(2) Corresponde a la tarjeta de credito "Cédula del Vivir Bien", ofrecida por la Banca Pública.
(3) Corresponde a la trata de crédito"Somos", digida a jóvenes inscritos en el Misterio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte.
ANEXO N° 2 Información acerca de Tarjetas de Débito
Cajeros Automáticos N° Puntos de N° Negocios Franquicia N° Agencia 21 Bancos Cobertura Remotos 1/ Afiliados Venta 100% BANCO Maestro Nacional 7.540 8.895 57 50 7 Maestro Nacional ACTIVO 6.989 6.090 29 28 1 AGRÍCOLA Maestro Nacional 1.052 851 78 3 75 BANCAMIGA Maestro Nacional 86.048 80.008 4 0 4 BANCARIBE Maestro Nacional 21.157 15.772 0 0 0 BANCRECER Maestro Nacional 1.017 984 0 0 0 BANESCO Meestro Nacional 122.682 73.141 399 391 8 BANFANB Maestro Nacional 137 9.245 8.934 137 0 BANPLUS Maestro Nacional 45 21.473 14.905 44 Maestro Nacional BFC 142 8.400 6.942 139 3 BICENTENARIO Maestro Nacional 617 28.829 20.983 610 7 Maestro BOD Nacional 65.083 55.250 448 448 0 Cajeros Automáticos N° Puntos de N° Negocios Bancos Franquicia Cobertura N° Remotos 1/ Agencia 21 Vonta Arillados CARONI Maestro Nacional 6,475 5.437 63 3 60 DEL SUR Maestro Nacional 7.653 6.554 40 39 1 Maestro Nacional DEL TESORO 17.020 13.545 106 93 12 Maestro EXTERIOR Nacional 5.621 4.935 103 0 103 MERCANTIL Manstro Nacional 53.583 24.138 559 27 532 MI BANCO Maestro Nacional 4.287 5.635 0 0 0 NACIONAL DE Maestro Nacional 24.784 20.341 288 CRÉDITO 21 282 Maestro Nacional PLAZA 36 15.418 10.191 0 35 PROVINCIAL Maestro Nacional 57.386 28.440 170 156 12 Maestro Nacional 8.650 6.852 112 112 0 Maestro VENEZOLANO DE Nacional 995 826 18 10 Visa 8 CRÉDITO Superefectiva Maestro VENEZUELA Nacional 120.360 78.058 1584 224 1360 1/ Libicados fuera de las agencias.
2/ Ubicados dentro de las agencias.
ANEXO N° 3 Beneficios adicionales sin costos para el tarjetahabiente Bancos Nivel Franquicia Franquicia Banco Viea 2.3. 4 100% BANCO Mastercard 1, 2, 3, 4 de limite de cuendo a la conveniencia del fitular.
Vise 1. 2, 3, 4 Pago de tageras a traves de la drocción aioctrónino ACTIVO meneses via corre electrónico: envío de SMs al momento Mastercard 1, 2, 3, 4 de realizar las compras.
por los múmeroe 0212-200.8830 / AGRÍCOLA 1,2, 3, 4 Mastercard Consulta de sados, movimiento a y pegce, a través ce lr BANCAMIGA Maslercard 1. 2, 3, 4 858.0111 si se lama desce cl extoricr Vise 1, 2, 3, 4 Saguro de sccideme de vajes.
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Lunes 21 de Marzo de 2022 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 456.369
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE 22-0209
MAGISTRADA PONENTE: LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON En fecha 17 de marzo de 2022, se recibió ante la Secretaría de esta Sala Constitucional. escrito presentado por el ciudadano PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, titular de la cédula de identidad n.° V-1.379.450, quien actúa en su propio nombre come abogado en el libre ejercicio de la profesión. inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 1.822, contentivo de la demanda popular por motivos de inconstitucionalidad, conjuntamente con medida cautelar innominada, propuesta contra la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto fue publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.684, Extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022.
En esa misma fecha, 17 de marzo de 2022, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Revisadas de forma acuciosa y pormenorizada el contenido del presente expediente, esta Sala pasa a decidir según las consideraciones siguientes:
I DE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD La parte accionante expuso los argumentos en los que fundamentó su pretensión de nulidad por motivos de inconstitucionalidad de un texto legal, los cuales se transcriben de seguidas:
"La demanda que [interpone] la afinc[ó] en lus siguientes alegaciones de hecho y de derecho:
A) INICIATIVA LEGISLATIVA Y USURPACIÓN DE COMPETENCIAS Esta primera denuncia se concreta en la ausencia de la debida y competente iniciativa legislativa que debió impulsar el trámite correspondiente a la reforma de la Ley Orgánica del Tribumal Supremo de Justicia, la que, en opinión de quien suscribe. por incompetencia de quien la emitió, es inexistente por nula.
En la exposición de motivos de la 'propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia'. textualmente se lee que el presidente del TS.J. Dr. Maikel Moreno, propuso ante esta Asamblea Nacional la promoción de una reforma para reducir el número de Magistrados a los efectos de que la composición del Tribunal Supremo de Justicia, que actualmente consta de 32 miembros, sea reducida con el fin de que pueda darse un mejor manejo de las salas'.
Segin la reproducción fiel y exacta que antecedió. la iniciativa legislativa de la reforma de [1]ey. que desembocó en el instrumento normativo que motiva esta demanda, la asumió el Dr.
Maike! Moreno, quien, por añadidura, es [p]residente del Tribunal Supremo de Justicia.
Como puede apreciarse. el ciudadano mentado no actuó por expresa autorización y aprobación de la Junta Directiva ni de la Sala Plena del Tribimal Supremo de Justicia. ya que no existe prueba alguna de ello: lo que da fuerza a lo de la actuación personal del Dr.
Moreno y no de la Junta Directiva ni de la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República.
Como es bien sabido. el Tribunal Supremo de Justicia. por imperativo de su propia ley, está gobernador y funciona por sus diversas Salas y una Sala Plena, y estará dirigida por una Jumta Directiva: todo ello según los articulos 7 y 19 de la Ley Orgúnica del Tribunal Supremo de Justicia.
De manera que lo prenarrado conduce a una importantisima conclusión: el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a la nueva y actual ley tuvo como iniciativa una conducta personal del Dr. Maikel Moreno, y no de la Junta Directiva ni de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia: lo cual es del entero conocimiento de [los magistrados de esta Sala Consitucional]. Es bien cierto que dicho individuo es el [p]residente del Tribunal Supremo de Justicia. pero no es el Tribunal Supremo de Justicia. porque el gobierno y dirección de este órgano judicial le compete. segin la Constitución y la Ley Directiva y a la Sala Plena: órganos estos que no interpusieron iniciativa legislativa al respecto; y eso lo saben cabalmente todos los ciudadanos magistrados de este altísimo [tribunal.
El alegato anterior tiene la utilidad de que pone de manifiesto la violación al artículo 204, numeral 4. de la Constitución de la República. que preceptúa que la iniciativa de las leyes concernientes al Tribunal Supremo de Justicia. su organización y procedimientos judiciales compete al Tribunal Supremo de Justicia, y no a alguno de sus miembros en particular, ni siquiera por muy presidente que sea del mismo. Se trata, pues. de una materia exclusiva y excluyentemente reservada al Tribunal Supremo de Justicia. en su expresión y funcionamiento orgánico. y asi lo pronunció esta Sala Constitucional en fallo del 5 de mayo de 2016, número 341. expediente 16-0396, que fue fruto de PONENCLA CON.JUNTA y que, por llevar a cabo interpretación constitucional, esta última tiene efectos vinculantes según lo que dispone el artículo 335 in fine de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, efectividad de vinculación que alcanza, no solamente a órganos jurisdiccionales sino también a otros cuerpos del estado, incluida la Asamblea Nacional: tal como se dispuso en sentencias de esa Sala Constitucional, entre otras la Ng106 del once (11) de febrero de dos mil cuatro (2004).
Lo anterior evidencia, abultada y notoriamente que. en la hipótesis de la actual Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, este texto legal que se cuestiona padece de pecado original por causa de la usurpación de competencias en que incurrió quien personalmente introdujo el respectivo proyecto de ley y, por tanto. cuando asumió la iniciativa legislativa que subjetivamente no le competia. sino al Trihunal Supremo de Justicia.
Tal irregularidad es suficiente y cabal motivo de mulidad de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. por expresa aplicación de los artículos 137 y 138. en concordancia con el 20-4, numeral 4: todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
B) INCUMPLIMIENTO CON LOS ARTICULOS 62. 70 Y 211 DE LA CARTA MAGN.A El artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela define al gobierno nacional y de todas las entidades políticas como participativo. En desarrollo de tan sobresaliente y necesario rasgo gubernamental, los artículos 62, 70 y 211 de nuestra ley fundamental reconocen y disponen el derecho de los ciudadanos y otros entes a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes.
Agregadamente, el citado 211 ordena la consulta ciudadana y a funcionarios públicos durante el trámite tendente a la aprobación de proyectos de leyes.
No hay duda de que la omisión de la consulta que prescriben las normas constitucionales invocadas configura grave inconstitucionalidad, que niega y desdibuja el rasgo participativo que determina y ordena, esencial e imperativamente, el articulo 6 de nuestra Carta Magna, como sustancialmente definidos del estado venezolano.
En lo concerniente a la actual Ley del Tribunal Supremo de Justicia, fue notoria la ausencia de consulta y participación, y en muchísimos ambientes, incluso los del mismo Tribunal Supremo de Justicia, se delató críticamente el secretismo que arroyo al proyecto y al trámite. C) AUSENCIA DEL INFORME SOBRE EL IMPACTO E INCIDENCIA PRESUPUESTARIA O DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ASAMBLEA NACIONAL QUE IMPONE EL REGLAMENTO INTERIOR Y DE DEBATES DE LA ASAMBLEA NACIONAL En sentencia Nº 269 de la Sala Constitucional del 21 de abril de 2016 se dispuso que tales informes, uno u otro en acatamiento a los articulos 103 y 104 del mentado Reglamento, deben acompañar a todo proyecto de ley y que sin ellos no puede ser discutido, ni siquiera en primera discusión ya que esta solo puede tener lugar luego de la incorporación del proyecto de ley al sistema automatizado, lo que únicamente puede ocurrir si el texto cumplió con dicho artículo 103 que impone el informe de impacto económico; pero en el caso que nos ocupa, en la exposición de motivos, con absoluta ausencia de técnica al respecto, se afirmó: 'el presente proyecto no representa para el país ningim tipo de impacto económico, de tal manera que no incluirá en el presupuesto financiero de la nación'. El atropello técnico que concretó lo anterior queda evidente si se tiene en cuenta que la remoción que impone la nueva y vigente ley generará la cesación laboral del personal de los respectivos despachos a desaparecer, con los costos correspondientes, y, demás, ha lugar al planteamiento de si los magistrados salientes de manera abortiva tendrán derecho al resarcimiento del daño que les cause su retiro, salida y desaparición prematura, incluidos los sueldos y demás créditos que dejarán de percibir. Téngase en cuenta que la cita es de la exposición de motivos, que proviene de quien impulsó la elaboración legislativa y que el estudio o informe de marras jamás fue presentado. Dicho requisito también se exigió y su omisión fue causante motivante de la nulidad parcial de la Ley de Bono pura Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados, según veredicto que expidió esa Sala Constitucional en el fallo que aparece citado y precisado en el encabezamiento de esta letra C, con fundamento en y por expresa aplicación de los articulos 103 y 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional publicado en la Gaceta Oficial 42064 del 8 de febrero de 2021.
Como podrán apreciar (...) las delaciones que antecedieron afectan de nulidad la totalidad de la ley reformante aprobada, nulidad integral que demand[a]: pero, además, hay situaciones particulares que merecen ser delatadas por sus relevantes contradicciones constitucionales, generadoras de nulidades parciales. Ellas, entre otras, son las siguientes:
D) CONCULCACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 264 Y 265 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOL I VARI ANA DE VENEZUELA.
En efecto, el artículo 6 de la cuestionada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia precisa que, ahora y desde su vigencia, la Sala Constitucional estará compuesta por cinco (5) magistrados, y las demás Salas por tres (3) integrantes. Esa norma impone una reducción del total actual de 32 conformantes a 20.
Además, con propósito instrumental de la disminución, se sancionó una disposición final deben integrar la nueva composición cuantitativa del Tribunal Supremo de Justicia. En una traducción del castellano al castellano, los dos dispositivos legales in comento prescriben lo siguiente: a) El retiro, salida y' desaparición de todos los actuales integrantes, lo que realmente consuma una remoción de los hoy magistrados, dispositivo normativo que entra en franca contradicción con el articulo 265 constitucional, que solo permite tal proceder por causa de faltas graves previamente calificadas por el Poder Ciudadano: y b) la reducción por vía legal' del lapso de doce años, que es la duración del periodo de los magistrados que preceptúa el articulo 264 constitucional: norma que resulta descaradamente injuriada por las dos reglas legales invocadas, esto es, mediante un instrumento de menor jerarquía como lo es la ley misma.
Además, la segunda disposición final prescribe que los magistrados actuales que no hayan concluido su periodo podrán volverse a proponer para um nombramiento, lo que permitirá una burda contradicción con el artículo 264 constitucional, ya que los nuevamente escogidos permanecerán en sus cargos más de doce (12) años, mediante una elección adicional que, sin duda alguna, excede a la única constitucionalmente dispuesta.
Al respecto cabe tener presente los artículos constitucionales, que imponen la supremacía normativa constitucional, su función fundante del ordenamiento juridico y la preceptiva subordinación de todos a todas sus reglas; el 333 que ordena el deber de todos de colaborar con el restablecimiento de la efectiva vigencia constitucional; el 334 que obliga a todos los jueces a asegurar la integridad de la Constitución y a hacer prevalecer las reglas de esta sobre cualquiera otra norma jurídica y el 335 que atribuye al Tribunal Supremo de Justicia la función garantizadora de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales.
E) RESTRICCIÓN A LA COMPETENCIA DE JUZGAMIENTO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Al artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se incorporó un parágrafo restrictivo de la competencia de la Sala Constitucional. pero de ninguna otra Sala, en lo que tiene que ver con la interpretación de textos legales. En efecto, se le limita y contiene a dicho órgano jurisdiccional su poder interpretativo ya que hora el mismo no abarca la modificación del contenido de las leyes. Lo anterior significa, en términos de resultados, la desaparición de la Ilamada jurisdicción normativa y, sin la asunción de su defensa, se trata de figura existente en Venezuela, con virtudes y defectos, desde hace más de dos décadas y sobre la cual se ha discurrido abundantemente. Pero llama más la atención que la regla que se refirió solo se contrae a la Sala Constitucional. y que guarda sospechoso silencio en relación con las 'modificaciones' legales que pronuncien otras Salas, tal como ha sucedido copiosa e indiscutidamente con la Sala de Casación Civil.
La norma reformante dispone que en caso de que la Sala Constitucional incurra en la 'modificación' legal, deberá referir el fallo para que la Asamblea Nacional en 'uso' de sus facultades constitucionales realice las reformas a que hubiere lugar, lo que simula, pero materializa, una conculcación de la competencia exegética que atribuye el articulo 25. numeral 17, de la misma Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Pero más aún: la disposición del parágrafo in comento del articulo 25 del citado instrumento legal plantea serias dudas e interrogantes, por saber: ¿qué ocurrirá si la Asamblea Nacional no modifica la ley supuestamente modificada? ¿La sentencia respectiva conservará su valor y eficacia? ¿Habrá que esperar si la Asumblea Nacional acomete o no la reforma? ¿Está la Asamblea Nacional de la República obligada a legislar? Por otra parte, la regulación que se comenta parece resolver en contra de lo que dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual contra las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia no se oirá ni admitirá acción ni recurso alguno: contradicción que en todo caso debe resolverse a favor de la aplicación del precepto especial.
F) INJURIA CONTRA EL ARTÍCULO 270 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARJANA DE VENEZUELA.
La norma invocada dispuso el Comité de Postulaciones Judiciales para la selección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y para la elección de los jueces con competencia disciplinaria.
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Además, se ordena que el órgano mentado esté integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad y expresamente se proclama que este Comité es un órgano asesor solamente del Poder Judicial y no de algún otro, incluido el legislativo y el ciudadano.
A pesar de tam abundante nitidez constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 65 preceptúa su composición con la presencia de once diputados y diez personas más que seleccionarán los otros sectores de la sociedad', con lo que el número anterior de once se incrementó en diez, para un total de veintiuno. Al respecto la respetable y suficientemente autorizada Academia de Ciencias Politicas y Sociales (ACIENPOL) se ha pronunciado en los términos que siguen:
'4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución, el Comité de Postulaciones Judiciales como medio de participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos, y especialmente en la elección de los magistrados(as) del Tribunal Supremo de Justicia, está integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley, y por tanto, no puede tener como integrantes a diputados. Es decir, el Comité de Postulaciones Judiciales no es un órgano interno ni de la Asamblea Nacional, ni del Poder Ciudadano.
No obstante la clara disposición constitucional, la reforma de los articulos 65 y 69 de la LOTSJ modifican la correlación de miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, a favor de diputados en detrimento de la sociedad civil, pasando ésta de un 54,54% a un 47,61%. Asimismo, se establece como quórum de constitución una mayoría absoluta y como quórum de deliberación una mayoria simple, todo en favor del control politico del poder judicial por la mayoría parlamentaria establecida en el articulo 65.
5. (Omissis) De conformidad con el articulo 270. como se dijo, el Comité de Postulaciones Judiciales no puede tener como integrantes a diputados. Esto en definitiva desnaturaliza y política al [comité: y además configura una usurpución de funciones constitucionales ya que, al incorporar diputados al Comité de Postulaciones, al cual le corresponde sólo seleccionar la lista de los candidatos(as) para el cargo, luego esos mismos diputados se incorporan a la Asamblea Nacional para elegir los Magistrados(as) de esa misma lista. (...)'. 28 de de 2022 del enero (Comunicado «https://www.acienpol.org.ve/pronunciamientos/pronunciamiento-sobre-la-reforma-de-laley-organica-del-tribunal-supremo-de-justicia/»).
A las observaciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales debe añadirse que en un Comité de Postulaciones Judiciales de 21 integrantes, de los cuales once (11) serán diputados y por ello mayoría, en el que las decisiones, según el articulo 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los presentes, los conformantes no diputados postulados por otros sectores de la sociedad civil carecerán de peso y fuerza en lo que tenga que ver con la preselección de candidatos a magistrados. En cambio la Asamblea Nacional, a través de sus diputados miembros, tendrá todo el poder para esa previa escogencia.
Sépase que los once (11) diputados de marras tendrán el encargo del trámite para la selección de los demás conformantes del Comité de Postulaciones que sean propuestos por los otros sectores de la sociedad.
Debe tenerse en cuenta que según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia actual y lo ya explicado, la Asamblea Nacional decidirá la composición del Comité de Postulaciones y la elección misma de los magistrados, con la circunstancia de que los diputados participantes en el Comité de Postulaciones opinarán y votarán en la preselección de candidatos a magistrados y en la elección misma de los magistrados: situación que indiscutidamente conforma un adelantamiento y anticipo de opinión, jurídicamente. censurable.
Finalmente hay que relievar que, como se delito y según el articulo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Comité de Postulaciones es órgano asesor del Poder Judicial y que la vigente y nueva Ley Orgúnica del Tribunal Supremo de Justicia, en su articulo 64 afirma la función asesora del mentado [comité, pero calla el órgano asesorado y en un sospechoso final normativo de la regla mencionada dispone que la Asamblea Nacional será la sede del Comité de Postulaciones, sin que haya ni se pueda explicar razón valedera para ello.
En cambio, estalla con fuerza de evidencia y lucidez que la sede del Comité ha de ser la del Poder Judicial, por ser su órgano a asesorar.
G) AGRAVIOS A LOS ARTÍCULOS 254 Y 267 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
El primero de esos preceptos proclama la independencia y la autonomia del Tribunal Supremo de Justicia y el segundo atribuye al máximo órgano jurisdiccional la dirección, el gobierno y vigilancia de los Tribunales de la República y las Defensorías Públicas, y la creación de una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales.
La debida concordancia de ambos reglas lleva a la conclusión de que al Tribunal Supremo de Justicia compete la elección y designación del funcionariado correspondiente a la operatividad de las referidas [d]irección y [d]defensorías, en cabal tributo a la autonomía e independencia del Máximo Tribunal de la República como director, gobernante y administrador del Poder Judicial, Tribunales de la República y Defensorias Públicas.
A pesar de tan sencilla y fácil conclusión, la actual Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en sus articulos 81 y 83, dispone inconstitucionalmente que el Inspector General de Tribunales y el Director de La Escuela Nacional de la Magistratura serán designados por la Asamblea Nacional, con apego al mismo trámite para la escogencia de magistrados; muy contradictoriamente, además, con lo que proclama el articulo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual el mentado Inspector, la Inspectoria General de la Defensa Pública y Escuela Nacional de la Magistratura son órganos dependientes jerárquica, organizativa y funcionalmente de la Sala Plena.
Las delaciones, alegatos y argumentos que se han explanado en este escrito y las noticias aparecidas en medios de comunicación ponen de manera notoria y manifiesta el hasta hoy oculto, pero ahora confesado perverso propósito y finalidad de la reforma legislativa y su resultante de ley que mueve a estas lineas, demanda y reflexiones. En efecto, uno de los diputados, líder de las filas oficialistas, declaró que se había aumentado la membrecía del Comité de Postulaciones Judiciales porque la Asamblea Nacional no podria perder la rectoria del trámite. Esto complementa declaraciones de un militar juristoide que públicamente expresó que la reducción a veinte magistrados hacia más fácil el control de los mismos.
Los textos legales aprobados con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. parcialmente examinados en este escrito, junto con lo que se ha explicado. descubren que el propósito de la reforma legislativa de referencia no es otro que el control del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional, en desconocimiento de su autonomía e independencia, al igual que de la constitucional separación de los Poderes Públicos; y es que al grupo dominante en lo politico gubernamental no le basta con el subordinamiento de casi todos los órganos del Estado, sino que aspira un control omnimodo del Máximo Tribunal de la República.
H) PETITORIO Como puede apreciarse en las letras anteriores de este escrito, se explanan rastros de inconstitucionalidad que afectan la totalidad de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, unos, y otros que afectan normas particulares. El propósito de esta demanda es la nulidad de la [1]ey; mas, si así no fuera solicit[a] que, subsidiariamente, se declaren las nulidades parciales que correspondan, conforme a derecho, particularmente la totalidad de los artículos 6, 25, 65, 68, 64, 81 y 8.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
I) MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA Con total sujeción a los articulos 130 y 166 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y 585 y 588, parágrafo primero, del Código de Procedimiento Civil, solicit[o] se acuerde medida cautelar de suspensión de la aplicación y los efectos de la ley cuya nulidad se demanda. Aleg[a] y prueba[a] el requisito del fumus boni iuris con el contenido mismo que se explanó para evidenciar las injurias constitucionales fundantes de la pretensión de esta demanda; en lo que respecta al periculum in mora invoc[a] el inocultable riesgo de ineficacia de la sentencia anulatoria que se expida después del inicio de la vigencia del instrumento legal que se cuestiona, especialmente el de la nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia, lo que evidencia, adicionalmente, un fundado temor de lesiones graves o de dificil reparación con la consumación de la instalación y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia del modo que está dispuesto en el e e reincorporación de los magistrados y funcionarios desincorporados, sin base legal ni constitucional, ante la probable declaratoria de nulidad de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que se pretende mediante esta demanda y por causa del resarcimiento, mediante pago, de los daños y perjuicios sufridos". (Corchetes de esta decisión).
II DE LA LEY DEMANDADA DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD La Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto fue publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.684, extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022, es del tenor siguiente:
"LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETA la siguiente, Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Articulo 1. Se reforma el articulo 8, el cual queda redactado de la forma siguiente:
Integración Articulo 8. La Sala Constitucional estará integrada por cinco Magistradas o Magistrados y las demás Salas por tres Magistradas o Magistrados.
En ningún caso se nombrarán con jueces para conformar las Salas, ni para cubrir faltas accidentales de las Magistradas o Magistrados.
Cada una de las Salas tendrá una Secretaria o un Secretario y una o un Alguacil.
Articulo 2. Se incorpora un parágrafo al articulo 25. quedando redactado de la forma siguiente:
Naturaleza, sede, reglamento interno Articulo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(...) La facultad de la Sala Constitucional en su actividad de conocer y decidir los asuntos de su competencia, no abarca la modificación del contenido de las leyes. En todo caso, en resguardo de la seguridad jurídica, si la interpretación judicial da lugar a una modificación legislativa, la Sala deberá así referirlo para que la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales realice las modificaciones o reformas a que hubiere lugar.
Articulo 3. Se reforma el numeral 6 del articulo 36, quedando redactado de la forma:
Atribuciones administrativas Artículo 36. El Tribumal Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones:
6. Nombrar y juramentar a las juezas y jueces de la República, conforme a lo previsto en el articulo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Articulo 4. Se reforma el artículo 38, quedando redactado de la forma siguiente:
Articulo 38. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán designadas o designados por la Asamblea Nacional por un periodo único de dos años mediante el procedimiento siguiente: Cuando seu recibida la segunda preselección que consigne el Poder Ciudadano de conformidad con el articulo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley. la Asamblea Nacional hará la selección definitiva con el voto favorable de las dos terceras (2/3) de sus miembros en sesión plenaria que sea convocada, por los menos, con tres días hábiles de anticipación. En caso que cumplidas tres sesiones consecutivas no haya acuerdo para la designación de las Magistradas o Magistrados, se convocará a una cuarta sesión en la cual serán designados por mayoria simple de los miembros de la Asamblea Nacional.
Articulo 5. Se reforma el artículo 45 quedando redactado de la forma siguiente:
Designación de suplentes Artículo 45. Las y los suplentes de las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán designadas o designados por la Asamblea Nacional para un periodo de seis años mediante el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros y podrán ser reelegidos o reelegidos hasta por un periodo de igual duración. En caso que cumplidas tres sesiones consecutivas no haya acuerdo para la designación de las Magistradas o Magistrados suplentes, se convocará a una cuarta sesión en la cual serán designados por mayoría simple de miembros de la Asamblea Nacional. Las Magistradas y Magistrados suplentes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el articulo 263 de la Constitución de la República Bolivariama de Venezuela y esta Ley.
Las o los suplentes prestarán juramento ante la Asamblea Nacional de conformidad con lo que dispone esta Ley.
En ningún caso se nombrarán con jueces para conformar las Salas, ni para cubrir faltas accidentales de las Magistradas o Magistrados.
Artículo 6. Se reforma el articulo 64. quedando redactado de la forma siguiente:
Artículo 64. El Comité de Postulaciones Judiciales en un órgano asesor para la selección de las candidatas o candidatos a Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Inspectora o Inspector General de Tribuna, y Directora o Director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Igualmente asesorar a colegios electorales judiciales para la elección de las juezas o jueces de la competencia disciplinaria. Su sede estará en la Asamblea Nacional.
El Comité de Postulaciones Judiciales dictará su reglamento interno de organización.
Articulo 7. Se reforma el articulo 65, quedando redactado de la forma siguiente:
Funcionamiento del Comité de Postulaciones Judiciales Articulo 65. El Comité de Postulaciones Judiciales está integrado por veintiún (21) miembros designados por la plenaria de la Asamblea Nacional con dos terceras (2/3) partes de sus miembros, de los cuales once (11) son Diputadas o Diputados y diez (10) serán postuladas o postulados por los otros sectores de la sociedad. A tal efecto, la Asamblea Nacional nombrará la Comisión Preliminar integrada por los once (11) Diputadas o Diputados, la cual deberá realizar una convocatoria de las postuladas y postulados de la sociedad, que será objeto de amplia divulgar por todos los medios disponibles, incluyendo su publicación en la página web de la Asamblea Nacional y, por lo menos, tres (3) veces en tres (3) diarios de circulación nacional.
La Comisión Preliminar se encargará de recibir, preseleccionar y remitir a la plenaria de la Asamblea Nacional, mediante un proceso público y transparente, las postuladas o postulados por los diferentes sectores de lu sociedad para integrar el C'omite de Postulaciones Judiciales. procurando asegurar la paridad de género y la participación de los grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Una vez designado dicho Comité las o los integrantes de la Comisión Preliminur pasan a formar parte del mismo.
El Comité de Postulaciones Judiciales funcionará por un periodo de dos años.
Articulo 8. Se reforma el artículo 69. quedando redactado de la forma siguiente:
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Quórum, deliberaciones y decisiones Artículo 69. El Comité de Postulaciones Judiciales se instalará al dia siguiente de la última designación de sus miembros. Elegirá por mayoría absoluta de su seno a la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente, y fuera de su seno a la Secretaria o Secretario. Para sus deliberaciones requerirà la presencia de la mayoria absoluta de sus integrantes y tomará sus decisiones con el voto favorable de la mayoría de los presentes.
Artículo 9. Se reforma el articulo 81, quedando redactado de la forma siguiente:
Inspectoría General de Tribunales Artículo 81. La Inspectoria General de Tribunales tendrá como función esencial la inspección y vigilancia de los tribunales de la República, de conformidad con la ley, conforme a las políticas que sean dictadas por la Sala Plena.
La Inspectoria General de Tribunales estará dirigida por la Inspectora o Inspector General de Tribunales, el cual será designado por la Asanblea Nacional, conforme al procedimiento establecido para la designación de las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por un período de siete (7) años. En ningún caso podrán ocupar este cargo las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
La Inspectora o Inspector General de Tribunales deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para la designación de Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley.
La remoción de la Inspectora o Inspector General de Tribunales se realizará con el mismo procedimiento establecido para las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Ártículo 10. Se reforma el artículo 83, quedando redactado de la forma siguiente:
Escuela Nacional de la Magistratura Articulo 83. La Escuela Nacional de la Magistratura es el centro de formación de las juezas y jueces, así como de las demás servidoras y servidores del Poder Judicial, conforme a las politicas que sean dictadas por la Sala Plena.
La Escuela Nacional de la Magistratura debe cumplir con la función esencial e indelegable de profesionalización de las juezas y jueces, para lo cual mantendrá estrechas relaciones con las universidades y demás centros de formación académica nacionales e internacionales.
La Directora o Director de la Escuela Nacional de la Magistratura será designado por la Asamblea Nacional, conforme al procedimiento establecido para la designación de las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supreno de Justicia, por un periodo de siete (7) años. En ningún caso podrán ocupar este cargo lus Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
La Directora o Director de la Escuela Nacional de la Magistratura deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para la designación de Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venczuela y esta Ley.
La remoción de la Directora o Director de la Escuela Nacional de la Magistratura se realizará con el mismo procedimiento establecido para las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Articulo 11. Se reforma el articulo 126, quedando redactado de la forma siguiente:
Artículo 126. Se crea la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, como órgano oficial de divulgación de los acuerdos y resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, así como de las notificaciones y carteles en los procesos seguidos ante el Tribunal cuya publicación ordena esta Ley.
Las publicaciones contenidas en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela tendrán fuerza de documento público, sin perjuicio de que los actos en ella contenidos gocen de autenticidad a partir de su publicación en la página web del Tribunal Supremo de Justicia o en el expediente por parte de la Secretaría de la Sala correspondiente.
La Gaceta Judicial de la República Bolivariuna de Venezuela priorizará su formato electrónico y el Tribunal Supremo de Justicia garantizará su distribución en todo el territorio nacional.
Articulo 12. Se reforma la disposición final primera, quedando redactada de la forma siguiente:
Primera: El Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ciento veinte dias siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, deberá proceder a la reorganización y reestructuración de su estructura y normas de funcionamiento interno. conforme a lo previsto en este instrumento.
Articulo 13. Se incorpora uma disposición final segunda, quedando redactada de la forma siguiente:
Segunda: La Asambiea Nacional procederá a la designación de los veinte Magistradas y Magistrados y sus suplentes, de conformidad a lo establecido en esta Ley. Las Afagistradas y Magistrados del Tribunal Suprenio de Justicia que para la fecha de entrada en vigencia de esta Ley no hayan culminado el periodo para el cual fueron designadas y designados, podrán volver a postularse para ejercer estos cargos.
Articulo 14. Se sustituye la Unidad Tributaria como valor de referencia para la determinación de la competencia y las multas previstas en los artículos 26. 86. 121. 122 y 123, siendo reemplazada por el tipo de cambio oficial de la moneda: de mayor valor.
establecido por el Banco Central de l'enezuela.
Articulo 15. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-uela.
Articulo 16. Imprimase esta ley con la reforma aprobada y en un texto único. aplíquese el lenguaje de género en los articulos que corresponda, agréguese epigrafes a los articulos que no lo tengan, y corrijase la numeración de artículos y capitulos donde corresponda, con los datos de sanción y promulgación, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales".
1III COMPETENCIA DE LA SALA
Precisado io anterior. corresponde a esta Sala Constitucional pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente acción de nulidad por motivos de inconstitucionalidad ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada y, a tal efecto.
observa que el artículo 336.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: "[sJon atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (...) declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de ia Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución". Asimismo, el articulo 25.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone que: "[s]on competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (...) declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República".
Cónsono con lo antes expuesto, conviene resaltar lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. referido al control concentrado de la constitucionalidad, que señala lo siguiente: "De conformidad con la Constitución de la República. el control concentrado de la constitucionalidad sólo corresponde a la Sala Constitucional en los términos previstos en esta Lcy, mediante demanda popular de inconstitucionalidad....
Al amparo de los preceptos antes transcritos, se advierte que en el presente asunto se ha ejercido demanda popular acusando supuestos motivos de inconstitucionalidad con lo que se pretende la impugnación y consecuente nulidad de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto fue publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.684, extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022, razón por la cual esta Sala, comprobado que el mencionado texto legal posee un ámbito de aplicación nacional, afirma su competencia funcional y jerárquica para conocer del caso sub examine. Así se declara.
IV DE LA ADMISIBILIDAD Determinada su competencia, pasa esta Sala a emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción popular por motivos de inconstitucionalidad de la vigente Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial n.° 6.684, extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022, para lo cual estima imperioso resaltar lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se preceptúa que:
"Articulo 133. Se declarará la inadmisión de la demanda:
1. Cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
2. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demanda es admisible.
3. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante, o de quien actúen en su nombre, respectivamente.
4. Cuando haya cosa juzgada o litispendencia.
5. Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.
6. Cuando haya falta de legitimación pasiva".
Asimismo, se estima imperioso acotar que sobre la legitimidad para intentar la demanda popular de inconstitucionalidad que conlleva al ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad de leyes nacionales, estadales y ordenanzas municipales, esta Sala observa que tal legitimación activa corresponde a cualquier persona, es decir, a cualquier ciudadano o ciudadana, ya sea persona natural o jurídica, con capacidad jurídica, siendo que sobre este particular este órgano jurisdiccional ha aseverado, en sentencia n.º 1.077 del 22 de septiembre de 2000, lo siguiente:
"...existe en nuestro ordenamiento la acción popular de inconstitucionalidad, donde cualquier persona capaz procesalmente tiene interés procesal y jurídico para proponer la, sin necesidad de un hecho histórico concreto que lesione la esfera jurídica privada del accionante. Es el actor un tutor de la constitucionalidad y esa tutela le da el interés para actuar, haya sufrido o no un daño proveniente de la inconstitucionalidad de umna ley".
Siendo esto así, se observa que el hoy demandante, ciudadano Pedro Rafael Rondón Haaz, supra identificado, quien actúa en su propio nombre como abogado en el libre ejercicio de la profesión, ostenta la legitimidad y capacidad jurídica para intentar la acción popular de nulidad aquí examinada, de manera que, revisadas como han sido, las causales de inadmisibilidad previstas en el articulo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, antes transcritas, esta Sala advierte de su estudio preliminar que la demanda de marras no se subsume en ninguna de las referidas causales y, en consecuencia, se admite para su tramitación sin perjuicio de la potestad que asiste a esta Sala de examinar el cumplimiento de los requisitos procedencia en cualquier estado y grado del proceso. Así se declara.
V DE LA DECLARATORIA DE LA URGENCIA Y DE MERO DERECHO
Ante lo declarado, es necesario señalar que el pronunciamiento sobre la admisibilidad no limita las potestades decisorias del juez constitucional, en virtud de que este puede, en atención a las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto, emitir un pronunciamiento de fondo, si cuenta con los elementos probatorios suficientes o el asunto se restringe a una cuestión de mero derecho que hace factible el pronunciamiento in limine litis o, en fin, sin continuar la tramitación de la causa, para garantizar una justicia oportuna, así como también, en definitiva, la tutela judicial efectiva (vid. en este sentido sentencia de esta Sala n.° 88 del 24 de febrero de 2017).
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En la presente causa, esta Sala, en atención a la facultad discrecional que posee y ante la urgencia en la resolución del presente caso, dado que hay razones de interés público para un pronunciamiento oportuno sobre la aplicación de las normas aquí impugnadas considera pertinente entrar a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sin necesidad de continuar la tramitación de su procedimiento, por estimar que cuenta con todos los elementos probatorios para ello, además de apreciar que el asunto es, en esencia, de mero derecho, por lo que pasará a pronunciarse sobre su procedencia; y así se deja establecido.
VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Previo a cualquier pronunciamiento, esta Sala estima necesario resaltar que ya este órgano jurisdiccional emitió un fallo con respecto a una demanda de nulidad por motivos de inconstitucionalidad intentada en contra de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto fue publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.684, Extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022, siendo resuelta dicha pretensión impugnativa en sentencia identificada con el n.º 81, del 15 de marzo de 2022, en la que se sostuvo lo siguiente:
"Ante lo establecido, es de apreciar que el cuestionamiento constitucional esgrimido por el hoy demandante identifica como objeto de su pretensión el extenso contenido de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto fue publicado en la Gaceta Oficial n.º 6.684, extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022; sin embargo, pudo denotarse que en el escrito contentivo de su acción de nulidad se plantearon una serie de denuncias en las que se precisó expresamente las disposiciones normativas del referido texto legal que, en su criterio. contraria la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de allí que, inicialmente, procederá esta Sala al análisis de dichas disposiciones que fueron precisadas por el hoy peticionario de nulidad.
Ello así, se observa que la primera de las denuncias sostenidas por el demandante se sintetiza en acusar la conculcación de los articulos 264 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a razón de que, eu su criterio, la segunda disposición final de la vigente Ley Orgánica dle Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia '..contraría en un todo la orden constitucional de que los [mJagistrados sean elegidos por un periodo único e doce años..' ·...cuando la ley pone fin de manera prematura al periodo por el cual fueron elegidos los magistrados y les impide la culminación del mismo y abre la posibilidad de uma reelección...', aseverando en este sentido que el periodo en el que los magistrados detenten sus funciones debe ser computado atendiendo lo dispuesto en el articulo I2 del Código Civil y que no puede exigirse a los actuales magistrados la consignación de los recaudos que acrediten su condición para ser elegidos como tales, cuando ya en un procedimiento anterior de selección lo hicieron, debido a que con ello se contradice el articulo 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos; aunado a que, con ello se quebrantaría su derecho a la estabilidad en el corgo' al permitirse una remoción de manera distinta a la prevista en la Constitución.
Ahora bien, con el objeto de dar solución a esta denuncia, debe precisarse que los articulos 264 y 265 de la Constitución, disponen lo siguiente:
'Artículo 264. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un úmico período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad juridica. El Comité. oila lu opinión de la comunidad. efectuará una preselección será presentada a la Asamblea Nacional. la cual hará la selección definitiva. Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundaulamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional.
Artículo 265. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes. previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca'.
Visto lo anterior. resulta necesario destacar que la disposición final cuya nulidad se pretende. dispone lo siguiente:
'Articulo 13. Se incorpora una disposición final segunda, quedando redactada de la forma siguiente:
Segunda: La Asamblea Nacional procederá a la designación de los veinte Magistradas y Magistrados y sus suplentes, de conformidad a lo establecido en esta Ley. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que para la fecha de entrada en vigencia de esta Ley no hayan culminado el periodo para el cual fueron designadas y designados, podrán volver a postularse para ejercer estos cargos'.
En este contexto, debe esta Sala hacer notar de forma preliminar que la vigente Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. cuyo texto fue publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.684. extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022, estableció con meridiana claridad en su articulo 1, una reestructuración total de este supremo tribunal al disponer que [Ja Sala Constitucional estará integrada por cinco Magistradas o Magistrados y las demas Salas por tres Magistradas o Magistrados' por lo que ello devendría en la lógica designación de los nuevos magistrados que ocuparán los cargos en sus respectivas salas.
Es importante resaltar que el articulo 262 constitucional estableció las Salas con las cuales funcionaría el Tribunal Supremo de Justicia, pero no su integración, la cual quedó a reserva legislativa. No obstante. a pesar de que en el debate constituyente se habia aprobado, en la primera discusión, que cada Sala (salvo lógicamente la Plena) estaria integrada por tres (3) magistrados. lo cual se modificó en segunda discusión en cuanto a la Sala Constitucional, que se llevó a cinco (5) magistrados. En todo caso, la Asamblea Nacional Constituyente al hacer las designaciones provisionales de magistrados el 22 de diciembre de 1999, nombró tres (3) magistrados en cada Sala con excepción de la Sala Constitucional donde designó cinco (5) magistrados.
De tal manera, que la Constitución encomendó a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia determinar la integración definitiva de las Salas, en el mencionado articulo 262.
Así, el legislador de 2004, sustentado en el criterio del "volumen de trabajo de las Salas".
dotó a la Sala Constitucional de siete (7) magistrados y a cada una de las otras Salas de cinco (5) integrantes.
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010 ratificó dicha integración, por lo cual el número total de magistrados fue de treinta y dos (32).
Ahora bien, la determinación del mimero de magistrados debe guiarse por principios de racionalidad y de razonabilidad.
La doctrina, distingue la 'ratio legis ': 'razón o espiritu informador de una ley que el juez y el intérprete deben tener en cuenta al tratar de aplicarla a los casos concretos o al estudiar su alcance': de la 'ratio iuris' que es 'lu razón deducida del derecho objetivo y que por reflejar el espiritu o tendencia del ordenamiento jurídico puede ser invocada para la solución de un caso concreto no previsto claramente por Ia norma legal".
Es decir, una cosa es la razón deducida del derecho positivo -la integración de las Salas corresponde al legislador- y otra la racionalidad y razonabilidad de una prescripción normativa, de acuerdo a la lógica, espíritu o tendencia del ordenamiento jurídico.
En consecuencia, en el caso de que el Constituvente no haya estipulado expresamente la integración de las Salas del Tribunal Supremo dle Justicia (lo cual ocurre con el texto de 1999), el legislador debe acudir a una 'racional asis' para suplirlo o desarrollarlo, lo que es lo mismo, debe realizar 'un fundamento razonable. Es decir, un fundamento o motivo que razonablemente cabe atribuir a una ley'.
Para ello debemos recurrir a la razón juridica, que si no se encuentra en el Derecho positivo (en este caso. en la Constitución) --ratio legis-, debemos buscarla en los principios generales del ordenamiento vigente - ratio iuris-.
De tal manera que, en la materia, el legislador debe ser razonable, es decir, ajustado a la razón, moderado y racional, sin exageración ni abuso.
El legislador de 2004 aplicó una solución razonable, conforme con la experiencia vivida entre los años 2000 y 2004, en cuanto a los requerimientos que la población hacía de los servicios del Tribunal Supremo de Justicia; e incrementó moderadamente y de manera igualitaria entre las Salas, el número de magistrados.
No pretende más que significarse que con esta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, surgida por iniciativa propia de este supremo órgano jurisdiccional, se concibió una nueva integración para las distintas Salas que lo conforman, siendo que esta disposición apareja la necesaria designación de las personas que integrarán la nueva composición que legalmente se ha dispuesto para este supremo tribumal, lo cual debe realizarse atendiendo las disposiciones legales contenidas en este cuerpo normativo, lo cual se realiza en conformidad con el texto constitucional.
Con respecto a la denuncia referida a la presunta infracción del artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala observa que el mencionado precepto constitucional está referido al procedimiento a seguir para la remoción de los magistradas o magistrados, en los casos de faltas graves, que en nada guarda relación con el proceso de reestructuración que se inicia con lu reforma de la ley que regula este Alto Tribunal producto de circunstancias sobrevenidas, no previstas por el constituyente originario de 1999.
Nos referimos concretamente a la situación internacional de acoso y bloqueo con fines de aislamiento y caotización institucional a la cual ha sido sometido unilateralmente el Estado por una serie de paises y organizaciones internacionales que conforman el Bloque Atlántico, hecho este que la Sala ha venido reconociendo en su jurisprudencia desde el año 2016. (Vid.
Sentencias N° 517 del 19/12/2019 y 274 30/12/2020). No podia el constituyente de 1999, prever este escenario geopolítico conflictual que han afectado directamente el funcionamiento del Estado de Derecho y el Bienestar Común de la ciudadania, a este evento no escapa el Sistema de Justicia. De alli que. los altos organismos estratégicos del Estado venezolano hayan diseñado políticas generales que se adecuar a la circunstancias que se enfrentan coyunturalmente en el modelo de gestión pública, en especial del Sistema de Justicia y que proyectan una nueva etapa de transformación y reinstitucionalización del Estado. con estricta sujeción al modelo de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
De lo que se trata, es de responder excepcionalmente ante eventos sobrevenidos a los tiempos constituyentes originarios. Esta Sala Constitucional aspira contribuir con la paz social en estrecho intercambio con las expectativas de la participación popular.
Siendo asi, este órgano jurisdiccional en ejercicio de las amplias atribuciones que le otorga el Texto Constitucional en el Titulo VII en protección de la constitución y analizado suficientemente el tema sub índice decide que la Sula Constitucional puede analizar de oficio o a solicitud de parte estas medidas excepcionales de gestión pública.
Ello asi, no comparte esta Sala los argumentos sostenidos por el demandante que invoca normas de rango legal contenidas en el Código Civil (norma preconstitucional) y del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.
para tratar de hacer ver una supuesta inconstitucionalidad, siendo que con esta reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia debe entenderse que se inicia ese único período en el que los nuevos magistrados detentarin sus respectivos cargos; en consecuencia. las denuncias esgrimidas en este sentido por el ciudadano accionante no deben prosperar. Así se decide.
Ante lo decidido. corresponde a esta Sala analizar la segunda denuncia plasmada en la demanda de nulidad sub lite, en la que se aseveró que ".en esta nueva ley se arrebata al Tribunal Supremo de Justicia la facultad de elegir al inspector de tribunales y al director de la escuela de la magistratura para atribuirlo a la Asamblea Nacional, hecho este que contraría ahiertamente a la independencia y autonomía funcional. financiera y administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, previsto en el articulo 267 constitucional y con ello se quebranta el principio de separación de poderes base del sistema democrático'.
Precisado lo anterior. es necesario puntualizar que el articulo 267 de la Constitución.
dispone lo siguiente:
'Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo dle Justicia la dirección. el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorias Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y clel presupuesto del Poder Judicial. La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley. El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura. con sus oficinas regionales'.
El articulo precedentemente transcrito contiene un mandato orgánico en el que se concibe la dirección gubernamental y administrativa del Poder Judicial sobre el Tribunal Supremo de Justicia, norma que, en criterio del accionante, colide con la disposición normativa contenida en la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. en la que se preceptúa que tanto el Inspector General de Tribunales como el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura, serán designados por la Asamblea Nacional, considerando asi el accionante que esto conlleva un quebrantamiento al principio de separación de poderes.
Sobre el particular, es necesario precisar que el principio de división de poderes no se presenta actualmente como un valor de carácter estanco, a tenor del cual se distribuyen las funciones del Estado de una forma exclusiva y excluyente entre los denominados poderes públicos. Antes bien, las potestades públicas pueden desarrollarse por un conjunto de órganos específicos, lo cual deja entrever la vigencia del principio de colaboración de poderes como un mecanismo de operacionalización del poder del Estado al servicio de la comunidad.
En efecto, tal como señala Castillo Alonzo (Derecho Político y Constitucional Comparado. Barcelona: Tercera Edición. 1932. P. 205). la formulación aristotélica del principio de división de poderes, ha evolucionado desde una concepción de funciones categorizadas en compartimientos estancos e impenetrables, hacia una visión axiológica basada en que cada poder público ejerce de manera preponderante, pero no excluyente ni exclusiva, la función que le es propia por atribución constitucional, lo cual incluso se extiende a la cooperación con los otros poderes públicos en los puntos de contacto.
Así, el principio orgánico dogmático de la separación de poderes trasciende la concepción monopólica que en sus origenes tuvo justificación en la idea de evitar tanto el despotismo legislativo como el absolutismo ejecutivo y pasó a recoger la noción de colaboración, como un efecto de la concientización de que el aislamiento rígido de las funciones esenciales, atenta contra el pragmatismo de las instituciones en la satisfacción de los cometidos del Estado, que incluso, es progresivo en aras de la justicia social que vincula las funciones esenciales de los distintos poderes para la satisfacción de los intereses colectivos.
De este modo, se abrieron paso sendas fórmulas de colaboración de poderes, una basada en Io que Loewenstein (Teoría de la Constitución. Barcelona. 1965. P. 132) denomina la interdependencia por coordinación. la cual supone la existencia de puntos de contacto conforme a los cuales el desarrollo de una función determinada, demanda cooperación de al menos dos poderes del Estado, como puede constarse en diversas áreas de nuestro sistema constitucional, como son la promulgación de leyes, según lo dispuesto en los articulos 213 y 215 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las observaciones a las leyes sancionadas, según dispone el artículo 214 eiusdem y la celebración de los contratos de interés nacional, articulo 187.9 ibidem, entre otros.
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Lo expuesto evidencia, cómo conforme a la interdependencia por coordinación los poderes públicos actúan con autonomía en el desarrollo de sus funciones propias, sin aislamiento y, por ende, sin menoscabo dle la cooperación que para la efectiva concreción de su actividad, deben desarrollar con otro poderes en ciertas actividades previamente determinadas.
La segunda formulación del principio de colaboración de poderes, se basa en que la idea esencial del mismo se encuentra en la división que reconoce formalmente la existencia de una estructura orgánica y subjetiva del Estado, donde el ius imperio se encuentra distribuido entre varias figuras subjetivas, sin que ello suponga que las funciones del Estado se encuentren atribuidas de manera privativa o exclusiva entre cada una de las denominadas ramas del poder. Por el contrario, la moderna concepción de la división de poderes y dentro de él, el principio de colaboración, no tiene como postulado una eventual separación de funciones, sino que se basa en una visión cuya particularidad reside en que los poderes públicos deben desarrollar, con carácter principal y de forma específica, la función que le es natural, mientras que desarrollarán el resto e las funciones esenciales. siempre que para ello se encuentren facultados por una disposición normativa que le atribuya competencia y que su ejercicio resulte con sustancial a lu operatividad del poder del Estado como único e irresistible.
De este modo, se observa como el principio in commento entraña una integración funcional del Poder Público cuya diversificación de tipo institucional, en modo alguno imposibilita la convergencia de actividades de distinta naturaleza en una misma figura subjetiva, sino el desarrollo primordial de la función que le es inherente a una rama en concreto del Poder Público.
Como puede advertirse, el principio bajo análisis no propugna actualmente una independencia operacional, sino una distribución organizacional del Estado, donde cada rama del Poder Público, comparte el ejercicio d: las funciones esenciales, tal como ocurre en materia normativa con el Poder Ejecutivo, pues en circunstancias jurídicas y fácticas determinadas puede dictar actos con rango y fuerza de ley en sentido material, es decir, normas jurídicas de rango infra-constitucional que poseen el mismo efecto derogatoria que los actos de la Asamblea Nacional, pero que no cumplen con sus formalidades.
Significa entonces, que no debe confundirse la función en sí misma con el acto resultante, por cuanto la naturaleza juridica de este no se encuentra exclusivamente determinada por la actividad sustancial, sino que es menester valorar su rango normativo y, de igual forma, la figura subjetiva que lo concreta.
A la luz de los razonamientos precedentemente esbozados, entiende esta Sala que la selección por parte del órgano legislativo, tanto del Inspector General de Tribunales como del Director de la Escuela Nacional de la Magistratura, según lo establecido en la vigente Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgúmica dol Tribunal Supremo de Justicia, comporta ese principio de colaboración de poderes que en modo alguno atenta contra la disposición orgánica contemplada en el articulo 257 de la Constitución: en consecuencia, las delaciones sostenidas sobre este particular se deben desestimar. Así se decide.
Siguiendo con el análisis de la demanda de inconstitucionalidad aquí intentada, advierte esta Sala que la tercera denuncia aseverada por el accionante versa sobre el alegato de vulneración del artículo 204.4 de la Constitución. en el que se establece que la iniciativa de las leyes corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales.
De modo que, la precitada norma constitucional consagra cuando la iniciativa de las leyes corresponde a esta Alto Tribunal de la República y los órganos que se acreditan para el ejercicio de esta facultad, es decir la Sala Plena, que es el conjunto de la totalidad de los magistrados que conforman este máximo tribunal, que de conformidad con el artículo 36.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tiene como atribución iniciar proyectos de ley relativos a la organización y procedimientos judiciales, así como designar a aquéllos de sus miembros que deban representarla en las sesiones en que ellos se discutan.
En este sentido, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien presentó el proyecto de ley sub índice, forma parte integrante de la Sala Plena y como tal no está impedido de presentar dicho proyecto de ley, máxime cuando ostenta la representación de este máximo Tribunal segin los articulos 22.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y I2.1 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, siendo que estos textos normativos.
Cabe observar además, que durante el procedimiento legislativo del proyecto de Ley de Reforma Orgánica de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, este fue sometido a consulta popular, a la que fueron invitados a participar los distintos magistrados y magistradas de este Alto Tribunal, siendo pública y notoria su participación, por lo que se considera que esta denuncia esgrimida por el accionante se encuentra manifiestamente infundada resulta improcedente. Asi se decide.
Resuelto lo anterior, denota esta Salu que la cuarta denuncia alegada por el peticionario de nulidad se centra en el mero cuestionamiento de la integración concebida en la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para el Comité de Postulaciones Judiciales, la cual, según su decir, contraviene lo estipulado en el articulo 270 de la Constitución, en el que se dispone lo siguiente:
'Articulo 270. El Comité de Postulaciones Judiciales es um órgano asesor del Poder Ciudadano para la selección de Ios candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente. asesorar a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley'.
El precepto supra transcrito contiene una disposición que orienta al funcionamiento del comité encargado de la selección de las personas postuladas para ocupar los altos cargos jurisdiccionales, siendo que el cuestionamiento sostenido por el demandante se basa en el hecho de que el referido comité esté integrado por diputados de la Asamblea Nacional y, en su criterio. '..lo verdaderamente constitucional es que ese comité no esté integrado por diputados.. ': sin embargo, en este particular se debe reiterar una vez más el principio de colaboración de poderes que fue ampliamente desarrollado en la resolución de la segunda denuncia aquí examinada, para concluir que esta es una expresión de esa cooperación de los órganos públicos para la consecución de los fines estatales que están llamados a cumplir.
por lo que no se puede evidenciar que con ello se colida el texto constitucional.
Por otra parte, la Sala observa que respecto a la constitución del Comité de Postulaciones Judiciales el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
establece obligatoriamente la representación de diferentes sectores de la sociedad civil.
siendo optativo la incorporación de cualquier otro sector que la Asamblea Nacional considere pertinente. por tanto, no resulta contrario al texto constitucional que dicho comité de postulaciones se encuentre también conformado por diputados de ese órgano legislativo, razón por la cual esta Sala desestima la referida denuncia. Así se decide.
Por último, vista la improcedencia de las delaciones sostenidas por el demandante, debe declararse sin lugar la acción popular por motivos de inconstitucionalidad aqui intentada, por lo que resulta inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar innominada requerida.
Así también se decide.
En consecuencia, se ORDENA la publicación del texto íntegro de este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana dle Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Alto Tribunal, en cuyo sumario se expresará:
'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara sin lugar la acción popular por motivos de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial n.° 6.684, Extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022:. "" Esta Sala advierte que en la decisión supra transcrita, la cual se reitera en todo su contenido, entró a conocer y resolvió las denuncias que fueron esgrimidas por el aquí accionante, específicamente las identificadas con las letras "A", "B", "D", "F" y "G", en el libelo de demanda sub examine; de allí que dé por reproducidas las motivaciones previamente explanadas para la resolución de las delaciones aseveradas en estos particulares, las cuales se declaran improcedentes. Así se decide.
Por otro lado, advierte esta Sala que el demandante trajo a colación un alegato de nulidad, identificado con le letra "C", en el que acusa una presunta "ausencia del informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria o del informe de la dirección de asesoría económica y financiera de la asamblea nacional que impone el reglamento interior y de debates de la asamblea nacional", sobre lo cual debe afirmarse que en la exposición de motivos de la vigente Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se afirmó que: "el presente proyecto no representa para el país ningún tipo de nación", razón suficiente que evidencia el cumplimiento de este aspecto técnico requerido para la formación de una ley. Por otra parte, no se advierte del texto legal la necesidad de incurrir en gastos extraordinarios para su implementación. De allí que esta denuncia se deba desestimar. Así se decide.
Ante lo decidido, observa esta Sala que también en la acción de nulidad sub lite, identificada con la letra E", se trajo a colación una denuncia de "restricción a la competencia de juzgamiento de [esta] Sala Constitucional" debido a que, en su criterio, la modificación del artículo 25 de la Ley Orgánica de Reforma de la ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia supone "la desaparición de la Ilamada jurisdicción normativa" y "resulta ...restrictivo de la competencia de la Sala Constitucional, pero de ninguna otra Sala. en lo que tiene que ver con la interpretación de textos legales".
Siendo esto asi, observa esta Sala que en el artículo 2 de la vigente Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se dispuso una modificación de su artículo 25, de la manera siguiente:
"Articulo 2. Se incorpora un parágrafo al artículo 25. quedando redactado de la forma siguiente:
Naturaleza, sede, reglamento interno Articulo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(.…) La facultad de la Sala Constitucional en su actividad de conocer y decidir los asuntos de su competencia, no abarca la modificación del contenido de las leyes. En todo caso, en resguardo de la seguridad juridica, si la interpretación judicial da lugar a una modificación legislativa, la Sala deberá así referirlo para que la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales realice las modificaciones o reformas a que hubiere lugar".
Ahora bien, entiende esta Sala que la disposición supra transcrita no colide con las competencias que el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorgó a este órgano de administración de justicia, ni suspende la llamada jurisprudencia normativa, siendo que lo que fianza dicho precepto legal es la colaboración de poderes, cuya noción fue suficientemente ya descrita en la decisión dictada por esta Sala n.° 81 del 15 de marzo de 2022, con motivo de una demanda de nulidad ejercida contra la ley aquí examinada, razón por la que no se encuentra alguna incompatibilidad de esta norma de rango legal con el texto constitucional, por lo que los argumentos sostenidos por el accionante sobre esta materia no deben prosperar. Esta Sala considera importante, a los efectos de la adecuada comprensión del articulo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, referir lo expuesto por el Constituyente en la Exposición de Motivos de la Constitución de 1999, concretamente en el Capítulo I del Título VIII del texto fundamental. que a la letra dice: "...Al respecto, se tuvo en cuenta que con posterioridad a la promulgación de una ley, todas las personas tienen a su alcance la acción popular clásica del sistema de justicia constitucional venezolano y. además, la Sala Constitucional liene el poder cautelar propio de toda Corte o Tribunal Constitucional en derecho comparado, en virtud del cual puede slictar cualquier medida que fuere necesaria para proteger los derechos humanos y garantizar la integridad de la Constitución. " (Subrayado de este fallo). Y así se decide.
Por último, visto lo infundado de las delaciones sostenidas por el demandante, debe declararse sin lugar la acción popular por motivos de inconstitucionalidad aquí intentada, por lo que resulta inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar innominada requerida.
Así se decide.
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Resuelta de esta forma la demanda popular de nulidad por motivos de inconstitucionalidad aquí intentada, esta Sala, como máxima garante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, evitando el conocimiento excesivo de demandas de nulidad que se puedan intentar sobre este texto legal, realizó un análisis íntegro, acucioso y pormenorizado de las disposiciones contenidas en la vigente Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial n.° 6.684, Extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022 y no pudo advertir que su articulado quebrante alguna disposición de rango constitucional y la interpretación realizada en la jurisprudencia de esta Sala Constitucional; por ello se declara la constitucionalidad de esta ley y ORDENA la publicación del texto íntegro de este fallo en la Gaccta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Alto Tribunal, en cuyo sumario se expresará:
"Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dectara la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Reformut de la Ley Orgânica del Trihunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial n.° 6.684. Extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022 ".
DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley declara:
1.- COMPETENTE para conocer de la acción popular de nulidad por motivos de inconstitucionalidad, ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada, por el ciudadano PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, supra identificado, contra la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial n.° 6.684, extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022.
2,- Se declara URGENTE y DE MERO DERECHO la resolución de la presente causa.
3.- SIN LUGAR la demanda de nulidad por motivos de inconstitucionalidad ejercida e INOFICIOsO el pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada.
4.- ORDENA la publicación del texto integro de este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Alto Tribunal, en cuyo sumario se expresará:
"Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la constitucionalidad de la Ley Orgáinica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial n.° 6.684. Extraordinario, en fecha 19 de enero de 2022".
Publiquese, registrese y archivese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. en Caracas, a los - días del mes de Wta» &O de dos mil veintidós (2022). Años: 211º de la Independencia y 163º de la Federación.
La Presidenta, LOURDESRENICIA SUAREZ ANDLRSON Ponente
Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
JUAN JOSÉ MENDOZAJIOVER
CALDOIOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
RENÉALBERTO DEERAVES ALMARZA
El Secretario.
eel eeel CARLOS ARTURO GARCIK USECHE 22-0299 LBSA Atcasde DaegasleResales gulgg oc .
Fflas UO eel teetet
MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CONTRALORÍA MUNICIPAL DESPACHO DEL CONTRALOR AÑO 211° DE LA INDEPENDENCIA Y 163° DE LA FEDERACIÓN RESOLUCIÓN N°CM/005/2022 Chacao, 07 de marzo de 2022 WILMER ENRIQUE SANTIAGO VALERO Contraloría General de la República, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.612 de fecha 08/04/2019, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el articulo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los articulos 54 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, asi como en el articulo 13 de la Ordenanza de Contraloria Municipal, publicada en Gaceta Municipal Número Extraordinario 8115 de fecha 02/07/2013; en el Reglamento Intemno de la Contraloria Municipal del municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, dictado mediante Resolución N° CM/032/2021 de fecha 16/11/2021, publicado en Gaceta Municipal Número Ordinario 3142 de la misma fecha, y en el Manual de Organización de la Contraloría Municipal del municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, dictado mediante Resolución N° CM/035/2017 de fecha 30/06/2017, publicado en Gaceta Municipal Número Ordinario 1505 de igual fecha, reimpreso por error material en Gaceta Municipal Número Ordinario 1548 de fecha 03/10/2017: y demás normativa legal aplicable.
CONSIDERANDO Que mediante planilla de trámite de jubilación especial FP-026-O. N°012, esta Contraloría Municipal del municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, postuló a la ciudadana MAGALLY TORREALBA, titular de la cédula de identidad N° V- 8.773.847, a fin de hacerse acreedora del beneficio de jubilación especial; la cual fue aprobada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana DELCY ELOÍNA RODRiGUEZ GómEz, en virtud de que la ciudadana antes mencionada cumple con los requisitos exigidos en los articulos 4 y 5 de las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.
CONSIDERANDO Que mediante oficio N° DVPSI-DGSEFP N° 0003 fecha 11/01/2022, el Ministerio del Poder Popular de Planificación, remitió a esta Contraloría Municipal, el expediente de la jubilación especial de la ciudadana MAGALLY TORREALBA, titular de la cédula de identidad N° V- 8.773.847, debidamente aprobada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante oficio N° DVP/DG/O/2022-002-22, de fecha 05/01/2022, de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con el articulo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
CONSIDERANDO Que de conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del articulo 12 del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, el acto administrativo en el cual se otorga la jubilación especial, a favor de la ciudadana MAGALLY TORREALBA, titular de la cédula de identidad N° V- 8.773.847, corresponde ser dictado por esta Contraloría Municipal y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
RESUELVE
PRIMERO: Otorgar la jubilación especial debidamente aprobada, por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante oficio N° DVP/DG/O/2022-002- 22 de fecha 05/01/2022, a la ciudadana: MAGALLY TORREALBA, titular de la cédula de identidad N° V- 8.773.847, quien cuenta con cincuenta y siete (57) años de edad y veintitrés (23) años, nueve (8) meses y ocho (8) días de servicio prestados en la Administración Pública, siendo su último puesto de trabajo el de Aseadora III, adscrita la Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría Municipal del municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda.
SEGunDO: Que el monto de la jubilación especial a otorgar, será por la cantidad de Seis Bolivares con Sesenta y Seis Céntimos (Bs.6,66) mensuales, equivalentes al sesenta por ciento (60.00%) de su remuneración promedio mensual en los últimos doce (12) meses de servicio activo, de conformidad con los articulos 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal.
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TERCERO: Que el pago de la jubilación especial será ajustado al salario minimo vigente fijado por el Ejecutivo Nacional, por la cantidad de Siete Bolivares exactos (Bs. 7,00) mensuales.
CUARTO: Que la jubilación especial se hará efectiva a partir del dia dieciséis de marzo del dos mil veintidós (16/03/2022). por lo que se procederá al retiro de la ciudadana MAGALLY TORREALBA, anteriormente identificada, de la nómina de personal activo de este Órgano Externo de Control Fiscal a partir de la mencionada fecha.
QUINTO: Que la presente Resolución deberá ser publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el articulo 12 de las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.
SExTO: Delegar en la Dirección de Talento Humano de esta Contraloria Municipal, la facultad de realizar la notificación de la presente Resolución a la ciudadana MAGALLY TORREALBA, titular de la cédula de identidad N° V- 8.773.847, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, indicándole, que de considerar que este acto administrativo lesiona sus derechos subjetivos e intereses legitimos, personales y directos, podrá ejercer el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, por ante la via de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con lo previsto en los articulos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dentro del lapso de tres (03) meses, contados a partir de la notificación del contenido de la presente Resolución.
sÉPTimO: Que la Dirección de Talento Humano de esta Contraloria Municipal, queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, tramitese lo conducente a los efectos del cálculo y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho a la ciudadana MAGALLY TORREALBA, anteriormente identificada.
OCTAvO: Que los Asistentes Ejecutivos y/o Administrativos, adscritos al Despacho del Contralor deben remitir a las Direcciones de Talento Humano y Consultoria Juridica, un (01) ejemplar de la Resolución N° CM/005/2022 de fecha 07/03/2022 y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde se publique.
Dado, firmado y sellado en el Despacho del ciudadano Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, a los siete días del mes de marzo del año dos mil veintidós (07/03/2022). Año 211° de la independencia y 163° de la federación.
Publiquese, Ejecútese y notifiquese.
WILMER ENRIQUE SANTIAGO VALERO Contralor Interventor Contraloria Municipal del municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda Designado mediante Resolución N° 01-00-000051, de fecha 21/02/2019. publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana da Venezuela N° 41.612, de fecha 08/04/2019.
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SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
200 CARABOBO
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MOUXI ASW SUMARIO
Csrecen. jarsos 2) ite verve de 207e
Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización El trámite es PERSONAL.
En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos o sobrinos).
En su defecto consignar poder debidamente autenticado.
Síguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)
Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial” creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872 continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.
Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.
Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.
Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela
Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.
http://www.imprentanacional.gob.ve
/
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AÑO CXLIX - MES VI Número 42.341
Caracas, lunes 21 de marzo de 2022
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