Gaceta Oficial N° 42.337
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Caracas, martes 15 de marzo de 2022 Número 42.337 AÑO CXLIX - MES VI
SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL Acuerdo con motivo de Conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.
Acuerdo de Conmemoración por el Centésimo Vigésimo Aniversario del Natalicio del Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 4.655, mediante el cual se nombra a la ciudadana Eulalia Tabares Roldán, como Presidenta de la Fundación para el Desarrollo y la Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, en condición de Encargada.
Decreto N° 4.656, mediante el cual se nombran a los ciudadanos que en él se mencionan, como Viceministros del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PLANIFICACIÓN Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a las ciudadanas y al ciudadano que en ella se mencionan.
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Ana Lisette Laguado Quintana, como Directora General (E) de la Oficina de Gestión Humana, de este Instituto.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE AGRICULTURA URBANA Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 013/2021, de fecha 02 de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.207, de fecha 07 de septiembre de 2021.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ABAE Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Yadeisi Avariano Cruz, como Directora de la Dirección de Gestión Administrativa de este Organismo; y como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora Central para el Ejercicio Fiscal 2022.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María Angelina Morillo Morillo, como Directora de la Zona Educativa del Estado Bolivariano de Portuguesa, adscrita al Despacho de la Ministra.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
INTU Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Martín Alfonzo Castillo Pérez, como Gerente de Información Geográfica, Cartografíca y Espacial, de este Instituto.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Resolución mediante la cual se declara el Incumplimiento Grave de las obligaciones que la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A., asumió como titular de los derechos mineros transferidos en el Decreto N°2.788, del 27 de marzo de 2017, demostrado como ha quedado en el curso del presente procedimiento, en contravención a los parámetros y obligaciones previstas en la normativa aplicable a la exploración y explotación del oro y demás minerales, y particularmente, en los Artículos 49, 50, 52 y 53 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jhonny José Herrera García, como Presidente de la Empresa Carbones del Zulia, S.A. (CARBOZULIA), y sus empresas filiales, Carbones del Guasare, S.A. y Carbones de la Guajira, S.A., entes adscritos a este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Resolución mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso interpuesto por la Fundación Civil Comunitaria Comunicacional Aragua Mágica, y se confirma el contenido del acto administrativo de Decisión al Procedimiento Administrativo Sancionatorio N° PADS-2021-031.
CONATEL Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Stalin Agustin Da Silva Betancourt, en su carácter de Director Adjunto de esta Comisión, las atribuciones y la firma de documentos que en ella se especifican.
ASAMBLEA NACIONAL
ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACUERDO CON MOTIVO DE CONMEMORARSE
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
CONSIDERANDO
Que durante el año 1977 la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer en reconocimiento a la solicitud que desde 1910 hicieran los movimientos feministas en la II Conferencia de Mujeres Socialistas en Copenhague, lideradas por Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Nadezdha Krupskaya en memoria de las mujeres, niñas y niños que fueron incineradas y asesinadas años antes dentro de su lugar de trabajo, por el simple hecho de exigir mejoras de sus condiciones laborales e igualdad de derechos, incluyendo el derecho al sufragio;
CONSIDERANDO
Que durante el proceso Constituyente del año 1999 se
reconocieron en nuestra Carta Magna derechos y garantías que representan el resultado de las históricas banderas de luchas de los movimientos amplios de mujeres y el cumplimiento de tratados internacionales ratificados por el Estado venezolano, entre ellos, la igualdad real y efectiva de las mujeres, la no discriminación por razones fundadas en la raza, el sexo, la religión o condición social, así como el lenguaje con enfoque de género y no sexista;
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CONSIDERANDO
Que en el contexto actual, en medio del permanente acoso imperial caracterizado por su accionar, tendiente a violar los derechos humanos del Pueblo venezolano desde la imposición de medidas coercitivas unilaterales y criminales por parte del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, se ha comprobado y ratificado la heroicidad de las mujeres venezolanas, demostrando una resistencia creativa, productiva y emprendedora en la cotidianidad, con el respaldo de las políticas de protección e incentivo emanadas del Gobierno Bolivariano liderado por el Presidente Nicolás Maduro Moros;
CONSIDERANDO
Que debido a los avances históricos logrados en el siglo XXI las mujeres venezolanas representan poco más del cincuenta por ciento de la población nacional asumiendo un papel protagónico de vanguardia, siendo en la actualidad quienes conforman el setenta por ciento de la matrícula de las universidades, el ochenta por ciento en el liderazgo de base comunitario y el cuarenta por ciento en la Asamblea Nacional, entre otros espacios de la vida en los que las mujeres ocupan la primera línea de avance;
PRIMERO. Conmemorar EL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER desde el reconocimiento y admiración por las banderas de luchas históricas realizadas por valientes y tenaces mujeres venezolanas, cuyo legado repercutió en el florecimiento de un conjunto de derechos humanos en favor de la igualdad y no discriminación, contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDO. Seguir legislando con perspectiva de igualdad de género, dando prioridad a aquellas leyes dirigidas a garantizar los derechos humanos de las mujeres, para construir mecanismos que superen las discriminaciones históricas que dividen a mujeres y hombres en detrimento del ejercicio de sus derechos.
TERCERO. Promover la instauración de un conjunto de medidas legislativas que garanticen la participación de las mujeres en la construcción de una sociedad de igualdad de derechos y de justicia, incluyendo la perspectiva de género, en las políticas nacionales, estadales y municipales.
CUARTO. Reconocer la valentía, el esfuerzo y la importancia de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional desde los grandes desafíos que impone una sociedad de paz, para lograr su desarrollo pleno y el respeto de su derecho a una vida libre de violencia en medio de la pandemia del COVID-19 y del bloqueo criminal impuesto por el imperialismo.
Dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los quince días del mes de marzo de dos mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 163°de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.
ACUERDA
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACUERDO DE CONMEMORACIÓN POR EL CENTÉSIMO VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DR. LUIS
BELTRÁN PRIETO FIGUEROA
CONSIDERANDO
Que el 14 de marzo de 2022 se cumplieron ciento veinte años del natalicio del Maestro LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA, político, docente, jurista, gremialista y poeta, quien fue pilar fundamental en la implantación y desarrollo de nuevos esquemas en el proceso político y educativo venezolano, luchando contra un sistema que siempre excluyó a grupos por su condición económica y social, manteniéndolos al margen de la sociedad del conocimiento y de la participación política;
CONSIDERANDO
Que el Maestro LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA fue
ejemplo insigne de honestidad personal y lealtad a toda prueba con relación a los valores socialistas, convirtiendo su existencia en permanente acto de entrega a un ideal de redención colectiva e imperecedera;
CONSIDERANDO
Que hoy más que nunca la palabra del Maestro LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA resuena y pervive en el corazón de todo el Pueblo venezolano desde los versos de su libro Verba Mínima en la cual escribió: “Para vivir las cosas, primero hay que soñarlas; de esta forma podemos decir que primero lo soñamos y hoy estamos viviendo la materialización de ese sueño, la vivencia del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, implementado por nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, continuado por nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros.
ACUERDA
PRIMERO: Celebrar junto al Pueblo venezolano el Centésimo Vigésimo Aniversario del natalicio del Maestro LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA, por constituir su acción y pensamiento político un ejemplo vivo y vigente para las causas de la justicia social, la democracia y el bienestar de todas y todos.
SEGUNDO: Reiterar, en ocasión de esta celebración, el
compromiso de esta Asamblea Nacional por hacer valer y
difundir los ideales que caracterizaron la vida y obra del Maestro LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA dadas sus dotes de gran Estadista, político, docente, jurista, gremialista y poeta, autor de una extensa obra literaria de doctrina política y educativa, fundador del primer partido socialista de nuestro país y exiliado de la dictadura.
QUINTO. Publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo.
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TERCERO: Nombrar una Comisión Especial a los fines de
evaluar los servicios eminentes que prestó a la República el Maestro LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA a los fines de proponer el traslado de sus restos mortales al Panteón Nacional, que estará conformada por las diputadas y diputados que a continuación se mencionan:
1) Braulio Álvarez C.I.V-3.912.263.
2) Saúl Ortega C.I. V-4.860.391.
3) Nancy Pérez C.I. V-4.055.363.
4) Nicolás Maduro Guerra C.I. V-19.398.759.
5) Oscar Ronderos C.I. V-10.376.183.
6) Gilberto Giménez Prieto C.I. V-6.964.295.
CUARTO: Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo.
Dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los quince días del mes de marzo de dos mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 163°de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo previsto en los artículos 34, 46 y 69 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con los artículos 4°, 18, 19 y el numeral 5 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018.
DECRETA Artículo 1º. Nombro al ciudadano HERNÁN JOSÉ VARGAS PÉREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-14.728.837, como VICEMINISTRO DE ECONOMÍA COMUNAL, del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Decreto Nº 4.656 15 de marzo de 2022
DECRETA Artículo 1°. Nombro a la ciudadana EULALIA TABARES ROLDÁN, titular de la cédula de identidad N° V- 14.642.153, como Presidenta de la Fundación para el Desarrollo y la Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, en condición de encargada, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2°. Delego la juramentación de la referida ciudadana en el Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.
Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia, a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los quince días del mes de marzo de dos mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Vicepresidenta Ejecutiva de la República
Bolivariana de Venezuela y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Decreto Nº 4.655 15 de marzo de 2022
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de la atribución que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4°, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018.
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456.290 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 15 de Marzo de 2022 Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Sociales, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 3°. Delego en el Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, la juramentación correspondiente. Artículo 4º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los quince días del mes de marzo de dos mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Vicepresidenta Ejecutiva de la República
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PLANIFICACIÓN
Artículo 2º. Nombro al ciudadano CÉSAR EDUARDO CARRERO ARISTIZABAL, titular de la cédula de identidad Nº V-16.605.808, como VICEMINISTRO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL, del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 002/2022 Caracas, 08 de marzo de 2022 211°, 163° y 23° La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana, GREICYS DAYAMNT BARRIos PRADA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-20.657.182, designada mediante Decreto N° 4.280 de fecha 3 de Septiembre del 2020 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957 de la misma fecha; en ejerdicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, RESUELVE ARTicuLO 1°: Corregir la Resolución N° 013/2021 de fecha 02 de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.207 de fecha 07 de septiembre de 2021, por la cual se designa a la CUdadana KARELIS DEL VALLE SERRANO HERNÁNDEZ titular de la cédula de identidad número V-16.092.186, como DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA Y LA cOmUnIcActóN del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, por cuanto se incurrió en el siguiente error material:
Donde dice:
Artículo 1°.- Designar a la Cudadana KARELIS DEL VALLE SERRANO HERNÁNDEZ titular de la cédula de identidad número V-16.092.186, COMO DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA Y LA cOmUnICACIóN del Ministerio del Poder Popular de Agricuitura Urbana.
Debe decir:
Artículo 1°- Designar a la Cudadana KARELIS DEL VALLE SERRANO HERNÁNDEZ titular de la cédula de identidad número V-16.092.186, OOMO DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA Y LA COMUnICActóN del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, en calidad de encargada.
ARTicuLo 2°: De conformidad con la Ley de Publicaciones Oficiales, en concordandla con lo dispuesto en el numeral octavo de las Normas para la remisión a la Secretaría Permanente del Consejo de Ministros y Ministras Revoludonarios del Gobilemo del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidenda y Seguimiento de la Gestón de Gobierno, de actos administrativos, sentencias, documentos y demás Instrumentos jurídicos a los fines de su publicación en Gaceta Oficial de la República Boliveriana de Venezuela, imprímase Íntegramente a continuación el texto íntegro de la Resoludón N° 013/2021 de fecha 02 de agosto de 2021, con las modificaciones induidas subsanando el sror, manteniendo el mismo número y fecha.
ARTicuLo 3°: La presente Resoludón entrará en vigenda a partr de la fecha de su publicación en la Gaceta Onidal de la República Bolveariana de Venezuela.
Dado en Caracas, el ocho (08) de marzo de 2022, en la sede principal del Ministerio. Años 211° de la Independenda, 163° de la Federadón y 23° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nadional, GREICYS DAYAMNI BARRIOS RADA MINISTRA DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA Designada mediante Decreto N° 4.280 de fecha 03 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957 de la misma fecha
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 013/2021 Caracas, 02 de agosto del 2021 211°, 162° y 22° La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana, GREICYs DAYAMNT BARRIos PRADA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-20.657.182, designada mediante Decreto N° 4.280 de fecha 3 de Septiembre del 2020 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957 de la misma fecha; en ejercido de las atibudones conferidas por el artículo 34 y 78, numerales 2, 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administradión Púbica, publicado en la Gaceta Ofidal de la República
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456.292 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 15 de Marzo de 2022
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN
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2. Orientar, supervisar, evaluar y controlar la gestión pedagógica de los planteles y centros educativos oficiales y de gestión privada ubicados en sus respectivos ámbitos geográficos, de conformidad con las instrucciones de la Ministra o del Ministro y en coordinación con los Despachos de los Viceministros o de las Viceministras y con las Oficinas Ministeriales de apoyo que correspondan.
3. Orientar, supervisar, evaluar y controlar la organización y gestión administrativa de los planteles y centros educativos oficiales y de gestión privada ubicados en sus respectivos ámbitos geográficos, de conformidad con las Instrucciones de la Ministra o del Ministro y en coordinación con los Despachos de los Viceministros o de las Viceministras y con las oficinas de apoyo ministerial que correspondan.
4. Ejercer los procesos de supervisión, evaluación y control de las políticas, planes, proyectos, acciones y estrategias que les sean delegados por la Ministra o por el Ministro, en coordinación con los Despachos de los Viceministros o de las Viceministras y con las oficinas de apoyo ministerial que correspondan e informar de sus resultados.
5. Supervisar y evaluar el desempeño institucional de los planteles y centros educativos oficiales nacionales y el desempeño de sus autoridades e informar de sus resultados a la Ministra, al Ministro y a los Despachos de los Viceministros o de las Viceministras y a las oficinas de apoyo ministerial que correspondan.
6. Proponer la mejora y adaptación de las políticas, normas, planes, programas, proyectos, acciones y estrategias del Ministerio a las realidades de sus respectivos ámbitos geográficos.
7. Mantener actualizado los sistemas de información y bases de datos que les asigne la Ministra o el Ministro, en coordinación con los Despachos de los Viceministros o de las Viceministras y con las oficinas de apoyo ministerial que correspondan.
8. Representar al Ministerio del Poder popular en los actos públicos o privados de carácter educativo que se realicen en su respectivo ámbito geográfico.
9. Las demás atribuciones que le establezcan las leyes, los reglamentos y las resoluciones en materia de su competencia.
Artículo 3. Se autoriza expresamente a la mencionada ciudadana, con el carácter que se le otorga mediante la presente Resolución; para que actúe como Cuentadante de la Unidad Administradora Desconcentrada con Firma Zona Educativa Portuguesa Coordinación Zonal, de conformidad con la Resolución DM/N° 0033 de fecha 30 de Noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.266, de fecha 30 de Noviembre de 2021, mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del año 2022, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario.
Artículo 4. Se delega en la referida ciudadana las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se indican:
1. Las certificaciones de las calificaciones donde conste los resultados de evaluación educativa de los distintos niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica.
2. Las equivalencias de los planes de estudios vigentes cursados en el exterior en el nivel de educación media.
3. Expedir coplas certificadas de los documentos que reposan en los archivos de la Zona Educativa, a solicitud de parte interesada legítima o de las autoridades competentes.
4. La correspondencia postal, telegráfica e informática en relación con las solicitudes elevadas a este Ministerio, por particulares y demás instituciones públicas y privadas.
5. Las circulares, comunicaciones y correspondencias que emanen de la Zona Educativa.
6. Los contratos de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las dependencias administrativas, depósitos y planteles educativos, en su ámbito geográfico, mediante acto motivado, cuando las circunstancias así lo justifiquen; de conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos. Igualmente, los contratos de servicios básicos con las empresas de electricidad, gas, agua, teléfono, telecomunicaciones, correo, aseo urbano, que sean necesarios para el mejor desempeño de la Zona Educativa correspondiente, de acuerdo al monto de la asignación presupuestaria y a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario.
Articulo 5. La ciudadana María Angelina Morillo Morillo, deberá rendir cuenta a la Ministra, de los actos y documentos firmados en virtud de la delegación conferida en el artículo anterior y es responsable civil, penal, disciplinaria y administrativamente de las faltas en que incurra y puede ser sancionado según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y otras Leyes vigentes aplicables.
Artículo 6. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la ciudadana designada, la fecha y número de la presente resolución, así como la fecha y número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde haya sido publicada.
Comuníquese y publíquese;
YELITZE DE JESÚS SANTAELLA HERNÁNDEZ Ministra del Poder Popular para la Educación Decreto 4.568, de fecha 19 e agosto de 2021, publicado en la Gaceta Oficlal do la Republica Bolivariana de Venezuyela N° 6.638 Extraordinario, d la misma fecha
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS (INTU) 211° 163° y 22° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 006-2022 Caracas, 03 de marzo de 2022 La Presidenta del Instituto de Tierras Urbanas, designada mediante Resolución N° 068, de fecha 11 de Octubre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42;232, de fecha 13 de octubre de 2021, en ejercicio de las atribuciones conferidas en numeral 3 de artículo 41 del Decreto Nº 8.198 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos, de fecha 05 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.668 de fecha 06 de mayo de 2011, en concordancia con el numeral 5 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002, de conformidad al artículo 5 del Reglamento Interno del Instituto Nacional de Tierras Urbanas publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.225 de fecha 09 de agosto de 2013 y concatenado con el artículo 36 Eiusdem.
DECIDE:
ARTÍCULO 1: Nombrar al ciudadano MARTÍN ALFONZO CASTILLO PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V.- 24.895.703, COMO GERENTE DE INFORMACION GEOGRÁFICA, CARTOGRÁFICA Y ESPACIAL, del Instituto Nacional de Tierras Urbanas.
El ciudadano MARTÍN ALFONZO
ARTÍCULO 2:
CASTILLO PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V.- 24.895.703, antes de tomar posesión del cargo deberá prestar juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo.
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ARTícULo 3: La Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Tierras Urbanas queda encargada de realizar todos los trámites correspondientes.
Comuníquese y Publíquese.
CAROLYS HELENA PÉREZ GONZÁLEZ tesidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas Designada meciante-Resolucion N° 068, de fecha 11 de Octubre de 2021 Gaceta.@ñcBN° 42.232, de fecha 13 de octubre de 2021 TIERR
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN N° 0005 Caracas, 07 de marzo de 2022 212°, 163° y 23° El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, WILLIAM MIGUEL SERANTES PINTO, designado mediante Decreto N° 4.565 de fecha 19 de agosto de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.638 Extraordinario de la misma fecha, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 16, 21, 37 numerales 4, 7 y 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos; en concordancia con los artículos 2°, 3°, 4°, 6° y 8° eiusdem; 6, 37, 49, 50, 52, 53, 61, 88, 98 numerales 1, 2 y 6, 102 y 108 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas; y 50 del Decreto Nº 318 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 63 y 78, numerales 1, 2 y 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y según lo dispuesto en los artículos 16 y 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como, en lo establecido en el artículo 44 del Decreto Sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, Por cuanto, mediante Decreto N° 2.788, del 27 de marzo de 2017, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela transfirió a la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A. (EMESM), el derecho a desarrollar directamente las actividades previstas en el artículo 1° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos, e igualmente las actividades contempladas en el artículo 1° de la Ley de Minas, en el área geográfica delimitada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico en la Resolución N° 000030 del 31 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.022, de fecha 02 de noviembre de 2016, área en la cual la Empresa Mixta ejecutará sus actividades de exploración y explotación de minas y yacimientos de oro, incluyendo su aprovechamiento; transferencia de derechos que se fijó por el lapso de veinte (20) años, prorrogables, en los términos fijados por la legislación que regula la materia. Así como, se transfirió la propiedad u otros derechos sobre los bienes muebles o inmuebles existentes en el área delimitada a la Empresa Mixta, los cuales son requeridos para el eficiente ejercicio de las actividades primarias relativas al aprovechamiento de los referidos minerales, destacando que la misma no solo recaerá sobre el oro sino también sobre los demás minerales que sean declarados como estratégicos a tales fines por el Ejecutivo Nacional.
Por cuanto, corresponde a este Despacho el ejercicio de la actividad de policía en la materia minera, como órgano rector en el área del cual deriva el deber de velar por la disciplina y adecuada ordenación del sector y, particularmente, le señalan atribuciones para la regulación, fiscalización, seguimiento, vigilancia y control de las actividades mineras, el desarrollo, conservación, aprovechamiento y control de los recursos auríferos y otros minerales estratégicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 numerales 4, 7 y 10, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Exploración del Oro y demás Minerales Estratégicos.
Por cuanto, corresponde a este Despacho también: i) la planificación, control, fiscalización, defensa y conservación de los recursos mineros, así como el régimen de la inversión extranjera en el sector y ejecutar o hacer ejecutar las actividades mineras que le señale el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas; i) la vigilancia, fiscalización y control de las actividades de toda persona natural o jurídica, pública o privada, en las materias sometidas a las disposiciones de la Ley y sus reglamentos, sin perjuicio de la vigilancia, fiscalización y control que corresponden a los Estados conforme a las leyes y iii) declarar la caducidad y la extinción de derechos mineros; a tenor de lo dispuesto en los artículos 6, 88, 98 y 108 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas.
Por cuanto, el artículo 44 del Decreto N° 2.378, Sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, según el cual compete a este Ministerio lo relativo a la minería; el desarrollo, aprovechamiento y control de los recursos naturales no renovables sobre los cuales ejerce su rectoría, de conformidad con la normativa jurídica aplicable, para lo cual ceñirá su actuación a un profundo respeto al ser humano y al ambiente.
Por cuanto, en fecha 21 de agosto de 2019, mediante Oficio N° 100-DM-005, la Dirección General del Despacho del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, solicita a la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A.
(EMESM), "la remisión del Plan de Explotación Minero, así como el estatus a la fecha de dicha empresa", para evaluar el avance de la ejecución de ese proyecto aurífero, sin que la información requerida fuera consignada por la Empresa Mixta.
Por cuanto, en fecha 23 de agosto de 2019, mediante comunicación N° 100- PRE-0064-A-2019, el entonces Presidente de la Corporación Venezolana de Minería, S.A., informó al Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico sobre el estatus de ejecución de los proyectos desarrollados por entre otras- la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A. (EMESM), señalando que la empresa mixta ".tiene paralizadas todas las operaciones relacionadas con el proceso de exploración y/o explotación de Oro, en el Área Geográfica delimitada por el MPPDME en el estado Bolívar.";
Por cuanto, en fecha 1° de septiembre de 2019, mediante comunicación N° VEIE-114-00074-A-2019, emanada de la Viceministra de Exploración e Inversión Ecominera, se indicó que la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A. (EMESM) no posee información geológica complementaria a la presentada por ROSCODE POSTLE ASSOCIATES INC (RPA) en 2018, razón por la cual no es posible avalar si ha habido avances en los proyectos en ejecución.
Por cuanto, en fecha 18 de septiembre de 2019, se presentó Informe Técnico, suscrito por el Jefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, en el cual señaló que dicha oficina no ha recibido por parte de la referida Empresa Mixta, los documentos requeridos, tales como: Planes de Acción para iniciar la fase de explotación, Informes anuales y mensuales de las actividades realizadas, los Planes quinquenales y anuales, Cumplimiento de ventajas especiales y detalle de ejecución, siendo que de la inspección ocular efectuada en el área asignada para el desarrollo del Proyecto Siembra Minera, "...se determinó que hasta la fecha no se ha iniciado ningún tipo de actividad técnica de la Empresa...en los actuales momentos está paralizado, sin avance físico alguno".
Por cuanto, en fecha 21 de octubre de 2019, mediante Oficio N° 100-DM- 00099, el Despacho del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, le solicitó al Presidente de la Junta Directiva de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A. (EMESM), el Proyecto de Explotación que
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será desarrollado en los derechos mineros transferidos a la referida empresa, sin que dicha información requerida fuera consignada.
Por cuanto, el 21 de julio de 2020, a través de Memorándum N° DIEXMINadscrita al Viceministerio de Exploración e Inversión Ecominera, informó que en sus registros no se ha recibido la información complementaria de la base de datos geológica, ni los respectivos informes de avance de acuerdo a los términos de referencia respectivos para el Proyecto correspondiente a la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A., lo cual había sido requerido en fecha 17 de julio de 2020, a través del Memorándum N° VEIE-114-00048-A- 2020, por el Viceministerio de Exploración e Inversión Ecominera.
Por cuanto, en fecha 22 de julio de 2020, la Dirección General de Planificación y Desarrollo Ecominero, adscrita al Despacho del Viceministro de Exploración e Inversión Ecominera, informa a través del Memorándum N° DGPDE-033-2020, correspondiente a la empresa supra mencionada." Por cuanto, en fecha 30 de julio de 2020, el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM), a través de Oficio N° SENAFIM-DESP-000062- 2020, remite el Informe Técnico de Inspección al Proyecto Siembra Minera, el cual concluye que "el Proyecto 'Siembra Minera', no presenta avance físico hasta la fecha".
Por cuanto, en fecha 16 de septiembre de 2020, la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM), a través de Oficio N°100-PRE-0460-A-2020, informa a la entonces Ministra del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, que la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A., a la fecha no presentó, ningún reporte de inicio de operaciones en el área delimitada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, ubicada en el Municipio Sifontes del estado Bolívar, para las actividades de exploración y explotación de oro. Información que había sido requerida en fecha 14 de septiembre de 2020, mediante Oficio N° 100-DM-0006 de este Despacho Ministerial.
Por cuanto, en fecha 1° de octubre de 2020, mediante Memorándum N° DIExMIN-0018A-2020, la Dirección General de Investigación y Exploración Minera, informó que: "solo ha sido revisado el plan exploratorio de la Empresa Mixta Ecosocialista Parguaza S.A. También se logró evaluar información geológica preliminar y resultados de análisis químico de muestras de roca, asociados al área asignada a la EM ALQUDS S.A. Por otra parte, menciona que no ha sido recibida por esa Dirección información de los planes exploratorios de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A".
Por cuanto, en fecha 6 de octubre de 2020, el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM), remite a la entonces Ministra del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, a través del Oficio N° SENAFIM-DESP-000096- 2020, el informe técnico actualizado del "proyecto Siembra Minera", en el que precisa que "..se evidenció que hasta la fecha el Proyecto Siembra Minera no tiene avance físico alguno." Por cuanto, en fecha 19 de octubre de 2020, el Viceministerio de Exploración e Inversión Ecominera ratifica a la Dirección General del Despacho del Ministerio, mediante Memorándum N° VEIE-114-0064-A-2020, que en los registros de sus direcciones adscritas "no poseen información geológica complementaria en el informe de certificación de reservas presentado por RPA, Inc., ni información alguna sobre el plan de explotación correspondiente a la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A." Por cuanto, en el Informe N° 101-VPR-0052-2021 de fecha 04 de mayo 2021, se expone que la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A. "a la fecha no ha entregado ningún informe del inicio del proceso de la etapa exploratoria, a pesar de poseer los permisos ambientales de Autorización de Ocupación del Territorio (AOT) y Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN), los cuales tiene pendiente por renovar ante el Ministerio de Ecosocialismo, no se tiene registro de informes mensuales, ni soportes de entrega de alguna documentación sobre el proyecto a desarrollar".
Por cuanto, en fecha 6 de mayo de 2021, el Viceministro de Seguimiento y Control del Desarrollo Ecominero, remitió al Director General del Despacho del Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico un Informe sobre la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A. en el cual señala expresamente que "...se mantiene la falta de actividad de exploración y explotación de minerales; así como la ausencia de maquinarias y equipos que den indicios de operaciones mineras el área establecida ...Tampoco se evidenció la instalación de infraestructura y bienhechurías relacionadas al proyecto...Se mantiene la condición inoperativa y de abandono en las áreas asignadas...no ha presentado el plan mensual, anual y quincenal de explotación, así como los planes de mantenimiento de maquinarias y equipos que acompañan el proceso productivo de explotación del mineral ord".
Por cuanto, en esa misma fecha, la Inspectora Técnico Regional Suroriental presentó al Jefe del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera un Informe sobre la situación de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, área del Proyecto, las últimas actividades de la empresa datan del 2019, las áreas mineras del proyecto están invadidas por mineros no autorizados los cuales han causado grandes daños medioambientales en la zona, así como han generado problemas sociales como incremento de la malaria, el contrabando de extracción y la pérdida del patrimonio geominero de la Nación".
Por cuanto, en virtud de los hechos precedentemente enunciados, el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, inició un Procedimiento Administrativo Ordinario, a través de la Resolución Nº 0027, de fecha 25 de 'octubre de 2021, a objeto de determinar la situación de conformidad o la eventual existencia de incumplimientos respecto de las obligaciones que la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S. A., (EMEsM) asumió como marzo de 2017. Procedimiento notificado en fecha 02 de noviembre de 2021, mediante Comunicación N° 100-DM-0282 de fecha 26 de octubre de 2021, se condición de Presidente de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A., de la apertura del procedimiento administrativo iniciado otorgándole el lapso de diez (10) días para que efectuara los descargos que tuviera a su favor.
Por cuanto, en fecha 15 de noviembre del 2021, el Presidente de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S. A., (EMESM), consignó oficio N° SM- 2021-010 de la misma fecha, contentivo de un escrito de descargos.
Por cuanto, en fecha 16 de noviembre de 2021, mediante Oficio N° MPPDME- CJ-0003-2021, el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico acordó otorgar la prórroga por el lapso de diez (10) días a la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A, para que ésta pudiese designar un Apoderado Especial que complementar a los descargos presentados por el Presidente de dicha Empresa Mixta.
Por cuanto, en fecha 30 de noviembre de 2021, fue recibida comunicación No SM-2021-024 de fecha 26 de noviembre de 2021, suscrita por el Presidente de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S. A., mediante el cual ratifica el contenido del escrito de descargos presentado mediante Oficio Nº SM-2021- 010 de fecha 15 de noviembre del 2021.
Por cuanto, en fecha 7 de diciembre de 2021, el Despacho del Viceministro de Exploración e Inversión Ecominera, consignó mediante Oficio VEIE-00217-2021 SIEMBRA MINERA, S.A.", en el cual esgrime que en marzo de 2018, la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A., presentó ante el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME), un informe denominado Technical Report on the Siembra Minera Project, Bolivar State, Venezuela, NI43-101 Report, remitido por Roscode Postle Associates Inc (RPA), del cual concluyó lo siguiente: i) "falta consignar la información clave de las campañas exploratorias emprendidas por los operadores mineros que habían trabajado previamente en el área y por las actividades de prospección ejecutadas en la primera parte del proyecto. Tampoco se dispone de la base de datos geológica de las perforaciones, los resultados de los análisis químicos de roca, de perforaciones, así como los registros de la calicatas, informes técnicos respalden la información presentada, impidiendo su evaluación y validación. Adicionalmente, desde esa fecha, no se han recibido informes adicionales que permitan corroborar el avance de la exploración complementaria, ni tampoco de la explotación relacionados con el proyecto (...)".
Por cuanto, en fecha 10 de febrero de 2022, el apoderado especial Carlos Rafael Ojeda Cortesía, abogado inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado N° 207.033, designado por la Junta Directiva de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A. y ejerciendo un mandato contenido en el poder autenticado ante la Notaría Pública Séptima del Municipio Chacao del Estado Miranda de fecha 25 de enero de 2022, inserto bajo el N° 46, Tomo 11, Folios 182 al 184, presentó escrito mediante el cual señaló sus "consideraciones, informaciones, alegaciones, descargos, conclusiones y peticiones con relación al acto administrativo dictado por ese despacho ministerial contenido en la Resolución N.° 0027 de fecha 25 de octubre de 2021, (..)".
Por cuanto, mediante Resolución N° 0004 de fecha 02 de marzo de 2022 se acordó la prórroga del lapso para la decisión del presente procedimiento administrativo ordinario por un lapso de diez (10) días, contados a partir de la fecha de su notificación. La cual se efectuó mediante Oficio N° 100-DM-00024 de fecha 02 de marzo de 2022, al Abogado Carlos Rafael Ojeda Cortesia, en su Minera, S.A.
Por cuanto, este decisor después de la revisión del precitado escrito de descargos, rechaza el alegato de supuesta incompetencia de este Despacho Ministerial para iniciar el presente procedimiento administrativo ordinario,
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es el único órgano rector en la materia minera y cuya competencia es exclusiva y excluyente, para iniciar el procedimiento administrativo que debe instaurarse para comprobar los hechos a que se contrae el artículo 98 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas; en razón de que los fundamentos legales de dicha competencia han sido suficientemente desarrollados en esta misma Resolución, pudiendo citar al respecto lo dispuesto en los artículos 6°, 16, 21, 37 numerales 4, 7 y 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos; 88 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas; 63 y 78, numerales 1, 2 y 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 44 del Decreto Sobre Organización General de la Administración Pública Nacional.
Por cuanto, este Despacho encuentra impertinentes los descargos opuestos mediante las alegaciones contenidas en los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 del escrito de descargos consignado por la Empresa Mixta en Comunicación N° SM- 2021-010, de fecha 15 de noviembre de 2021, argumentando que el incumplimiento se debería a causas extrañas que no le resultaban imputables, propuestas y advertencias que no guardan relación con el objeto materia de decisión en este procedimiento.
Por cuanto, este Despacho considera además que las alegaciones fundamentadas en actos y medidas dictadas por gobiernos extranjeros, o sobre normas extranjeras no vigentes en Venezuela, que supuestamente obstaculizan la ejecución del proyecto a que se obligó la referida Empresa Mixta, resultan igualmente impertinentes a los fines del análisis del caso sub examine, desnaturalizan el objeto de los descargos presentados y confirman que la Empresa Mixta no cumplió con las obligaciones que devienen de los derechos mineros que le fueron transferidos.
Por cuanto, este Despacho rechaza el argumento de la existencia del vicio de desviación de poder, por cuanto es evidente que el fin de este procedimiento, el cual es regular y controlar las actividades mineras llevadas a cabo en el área asignada a la Empresa Mixta, ha sido observado en todas sus fases y se ha implicará la presencia de tal inexistente vicio.
Por cuanto, este Despacho rechaza el argumento alusivo a la supuesta ausencia de antecedentes sobre los cuales se fundamentó el Acto Administrativo de inicio del procedimiento, pues el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico inició un Procedimiento Administrativo Ordinario, precisamente atendiendo a los numerosos hechos enunciados en esta misma Resolución, debidamente sustanciados y constantes en el expediente, invocados, además, en la indicada Resolución N° 0027 de fecha 25 de octubre de 2021. Teniendo igualmente la representación de la Empresa Mixta, acceso al expediente no sólo dentro del lapso legalmente establecido para efectuar los descargos, sino también fuera del mismo y, a lo largo de todas las etapas del procedimiento administrativo iniciado, tramitado y sustanciado conforme a Derecho, siendo que no sólo se aceptaron los descargos de su Presidente, como su representante legal, sino también de un Apoderado Especial.
Por cuanto, rechaza este Despacho además los alegatos de la Empresa Mixta Socialista Siembra Minera, S.A., respecto de la seguridad del área en tanto la Empresa Mixta no consignó prueba alguna de que existan actos mediante los cuales se le impida el control del área asignada, como corresponde de conformidad con los derechos mineros que le fueren transferidos.
Por cuanto, la Empresa Mixta Socialista Siembra Minera, S.A. tampoco aportó prueba alguna que demostrara la exploración y explotación de los yacimientos del Proyecto Minero que habría de desarrollarse en el área delimitada en la Resolución N° 000030 del 31 de octubre de 2016. Por el contrario, de acuerdo con los informes técnicos que reposan en el expediente, esta área se halla totalmente abandonada, invadida, con graves daños ambientales y sin control alguno, afectando ello progresivamente la vida de los habitantes de la zona, así como de las generaciones futuras, el medio ambiente, el equilibrio ecológico, la biodiversidad, amén de los intereses patrimoniales del Estado venezolano que no ha podido explotar -de acuerdo con los parámetros legales-, el área potencialmente de mayor riqueza aurífera y minera del país, cuyos recursos no han podido obtenerse ni destinarse a satisfacer los derechos de los ciudadanos y tutelar el interés general.
Por cuanto, este Despacho ha considerado impertinentes los alegatos relativos a la ejecución de obras no relacionadas con sus obligaciones de iniciar la exploración y explotación en determinados plazos, ni con sus obligaciones de consignación de los planos, de los informes respectivos y de los estudios de factibilidad técnico, financiero y ambiental en el lapso previsto; y no habiendo elementos que permitan fundamentar que tales obras sustituyen el cumplimiento de las obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente para el titular de los derechos mineros.
Por cuanto, la representación de la Empresa Mixta reconoció recurrentemente que, en efecto, no desarrolló las acciones destinadas a la exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos en el área delimitada, esto es, no cumplió con las obligaciones que apareja el derecho que le fuera transferido; así como tampoco intentó contradecir en el procedimiento administrativo, con pruebas en contrario, los informes técnicos emanados de las oficinas nacionales en materia de minería, las cuales practicaron diversas inspecciones haciendo constar el estado de abandono e inactividad minera de tal área delimitada.
Por cuanto, no puede tutelarse el ejercicio de un derecho minero en una según los parámetros de la ley, de los yacimientos mineros existentes en el territorio nacional, pertenecientes a la República en tanto bienes del dominio público, privado a ésta de los ingresos que se generen por la explotación de la riqueza de los minerales, que, propenderían a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud, así como en general, la satisfacción de los derechos de los ciudadanos y el resguardo del interés general.
documentales consignadas, intenta la representación de la Empresa Mixta desvirtuar o contradecir que (a) No efectuó la exploración dentro del lapso previsto en el artículo 49 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, lo cual constituye la causal de caducidad del numeral 1 del artículo 98 eiusdem;
(b) No presentó los planos dentro del lapso establecido en el artículo 50 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, lo cual constituye la causal de caducidad del numeral 2 del artículo 98 eiusdem y; (c) No entregó el estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental en el lapso previsto, conforme a las normas aplicables; lo cual constituye la causal de caducidad del numeral 6 del artículo 98 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas.
Por cuanto, dichos incumplimientos configuran las causales de caducidad previstas en el artículo 98, numerales 1, 2 y 6 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, las cuales generan la extinción de los Derechos Mineros de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A., en referencia a obligaciones corresponde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos, que establece que "en todo lo no previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley de Minas y su reglamento,...)".
Vistas las anteriores consideraciones de hecho y de derecho; la valoración de todas las documentales aportadas al presente Procedimiento Administrativo Ordinario; analizadas las disposiciones Constitucionales consideradas vinculantes al caso bajo estudio, así como las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos, el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas y su Reglamento General; y en atención a lo dispuesto en el artículo 62 de la Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico dicta la siguiente, . DECISIÓN
PRIMERO: Se declara el INCUMPLIMIENTo GRAVE de las obligaciones que la EMPRESA MIXTA ECOSOCIALISTA SIEMBRA MINERA, S.A. aSUmió como titular de los derechos mineros transferidos en el Decreto N° 2.788 del 27 de marzo de 2017, demostrado como ha quedado en el curso del presente procedimiento, en contravención a los parámetros y obligaciones previstas en la normativa aplicable a la exploración y explotación del oro y demás minerales, y particularmente, en los artículos 49, 50, 52 y 53 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas.
SEGunDo: En el curso del presente procedimiento se ha determinado la ocurrencia de las causales de caducidad previstas en el artículo 98, numerales 1, 2 y 6 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, respecto de los derechos mineros transferidos ala EMPRESA MIXTA ECOSOCIALISTA SIEMBRA MINERA, S.A. en el Decreto N° 2.788 del 27 de marzo de 2017.
TERCERo: Se declara la CADuCIDAD y, por tanto, se revocan los derechos mineros transferidos a la EMPRESA MIXTA ECOSOCIALISTA SIEMBRA MINERA, S.A., mediante el Decreto N° 2.788 del 27 de marzo de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98, numerales 1, 2 y 6 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, en concordancia con los artículos 2 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos; declaración efectiva a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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CUARTo: Se instruye al Despacho del Viceministro de Seguimiento y Control de Desarrollo Ecominero de este Órgano Ministerial, la formulación de un plan que subsane la problemática ambiental, ecológica, de seguridad y económica generada por los incumplimientos determinados en esta Resolución.
QuINTo: Notifíquese de la presente decisión al representante legal de la EMPRESA MIXTA ECOSOCIALISTA SIEMBRA MINERA, S.A. y procédase a informarle sobre los recursos y acciones legales de que dispone en su favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
sExTo: Se ordena la publicación de la presente Resolución en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, WILLIAM MIGUEL SERANTES PINTO MINISTRO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO EGQLÓGIC( Decreto N° 4.565 de fecha 19 de agosto de 2021, publicado en la Gadeta Oficial deda
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO DESPACHO DEL MINISTRO
RESOLUCIÓN N° 0009 Caracas, 15 de marzo de 2022 211°, 163° y 23° Quien suSCribe, WILLIAM MIGUEL SERANTES PINTO, en su carácter de Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado mediante Decreto N° 4.565 de fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.638 Extraordinario, de la misma fecha, actuando de conformidad con las atribuciones que me confieren los numerales 3, 13, 14, 19 y 27 del artículo 78 y numeral 3 del artículo 120 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y en concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 y el artículo 19 del de la Ley del Estatuto de la Función Pública;
RESUELVE
Artículo 1.- Designar al ciudadano JHONNY JOSE HERRERA GARCIA, titular de la cédula de identidad N° V-14.410.081, como Presidente de la Empresa Carbones del Zulia, S.A. (CARBOzULIA), y sus empresas filiales, Carbones del Guasare, S.A. y Carbones de la Guajira, S.A., entes adscritos a este Ministerio.
Artículo 2.- El ciudadano designado tendrá las más amplias atribuciones de representación, administración y disposición, conforme a lo previsto en los estatutos de las empresas que presidirá.
Artículo 3.- Se ordena realizar la debida protocolización de las actas de Asamblea de Accionistas ante el Registro Mercantil correspondiente, de conformidad con el Código de Comercio y demás leyes aplicables.
Artículo 4.- La presente Resolución deberá ser publicada de conformidad con el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y entrará en vigencia conforme lo dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional, WILLIAM MIGUEL SERANTES PINTO MINISTRO MINISTRO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Decreto N° 4.565 de fecha 19 de agosto de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.638 Extraordinario, de la misma fecha.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Despacho del Ministro Caracas, 22 de febrero de 2022 211°, 162º y 230 RESOLUCIÓN 014 FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información Designado mediante Decreto N° 3.146, de fecha 03 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.337 Extraordinario, de esa misma fecha y actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 44, 45, 65 y 78 numerales 3°, 19º y 20° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 91 y 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en atención a lo establecido en el artículo 61 numeral 5° de del Decreto sobre la Organización General de la Administración Pública Nacional de fecha 12 de julio del año 2016, dicta la presente Resolución:
En fecha 23 de nOViembre de 2021, la FUNDACIÓN CIVIL COMUNITARIA COMUNICACIONAL ARAGUA MÁGICA, representada por el ciudadano Manuel Ricardo Barazarte, identificado con la cédula de identidad N° V-3.846.928, en su carácter de vocero principal, y por los abogados Einer Elías Biel Morales, y Lisbeth Josefina Blanco De Biel, identificados con la cédula de identidad e Inpreabogado N° V-4.002.746; V-4.554.827 y N°13.395; N°74.014 respectivamente, consignó escrito contentivo de REcuRso JERÁRQuico, contra el Acto Administrativo de Decisión de fecha 26 de mayo de 2021, iniciado según Providencia Administrativa N° PADS-2021-031, de fecha 19 de marzo de 2021, emanadO del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEcoMuNICAcxoNES, y notificado en fecha 04 de noviembre de 2021, mediante el cual se resOlvió SANCIONAR a la FUNDACIÓN CIVIL COMUNITARIA ARAGUA MÁGICA, por la prestación del servicio de radiodifusión sonora sin contar con el Titulo de Habilitación Administrativa ni Titulo de Concesión de uso correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 165 numeral 1; 172 numeral 1 y 174 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con multa por la cantidad de CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (50.000 U.T.), con el valor actual de la Unidad Tributaria (U.T.) de VEINTE MIL BOLÍVARES EXACTOs (Bs. 20.000,00), lo que se traduce en la cantidad de MIL MILLONES DE BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.000.000.000,00). Así como SANCIONAR con el actividad infractora, de conformidad con lo establecido en el artículo 158, numeral 6 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
I DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER
De conformidad a lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el interesado podrá interponer el recurso jerárquico contra el acto de que es autor el órgano inferior directamente ante el Ministro, de acuerdo a lo siguiente:
"Articulo 95. El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro." Considerando que el acto impugnado fue dictado por el ente de adscripción al Órgano Rector en materia de Comunicación e Información, y que el presente Recurso fue consignado directamente ante el Órgano Rector, de conformidad con lo contenido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este despacho del Ministro se declara competente para conocer del presente recurso y en virtud de ello pasa a revisar los requisitos para interponer el recurso jerárquico in comento.
I1 DE LA ADMISIBILIDAD Antes de conocer del fondo del acto administrativo sometido a impugnación, corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse acerca de la admisibilidad del Recurso Jerárquico interpuesto. En tal sentido, el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece los requisitos de procedencia de este Recurso Jerárquico, y a tal efecto indica que dicho Recurso es procedente cuando el órgano inferior decidió no modificar el Acto Administrativo de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración; a su vez, el interesado podrá recurrir dentro de los quince (15) días Ministro superior del funcionario que dictó el acto. Igualmente en el artículo 86 eiusdem se establece:
"Artículo 86. Todo recurso administrativo deberá intentarse por escrito y en él se observarán los extremos exigidos por el articulo 49." Por su parte, el artículo 49 fija los extremos que debe observar el particular para que sea admitido su escrito recursivo:
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"Artículo 49. Cuando el procedimiento se Inicle por solicitud de persona Interesada, en el escrito se deberá hacer constar:
2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante con expresión de los nombres y apelidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte;
3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes;
4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud;
5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso;
6. Cualesqulera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentar las;
7. La firma de los interesados."
consignado:
El acto que se recurre es el Acto de Decisión al Procedimiento Administrativo Sancionatorio N° PADs-031, Iniciado en fecha 19 de marzo de 2021, y decidido en fecha 26 de mayo de 2021, emanado del Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
El Recurso Jerárquico fue interpuesto por el recurrente ante el ente Regulador adscrito a este Ministerio tempestivamente en fecha 23 de noviembre de 2021, al décimo tercer día del lapso disponible.
. El escrito recursivo cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Recurso Jerárquico interpuesto por la Recurrente. Y ASÍ SE DECLARA.
1Ⅲ1 DEL ACTO IMPUGNADO En fecha 26 de mayo de 2021 se dictaminó el Acto Administrativo de Decisión sin número, notificado en fecha 04 de noviembre de 2021, relativo al Procedimiento Administrativo Sancionatorio según Providencia Administrativa de inicio N° PADS-031, de fecha 19 de marzo de 2021, en el cual su culminación ordenó sancionar con multa de 50.000 mil Unidades Tributarias, equivalente a Un Mil Millones de Bolívares (Bs. 1.000.000.000,°°), por la prestación del servicio de radiodifusión sonora sin contar con los titulos de Habilitación Administrativa ni Concesión de uso correspondiente, de conformidad con el artículo 165 numeral 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Así como SANCIONAR con el CoMisO de los equipos empleados por la referida Fundación para la realización de la actividad infractora, de conformidad con lo establecido en el artículo 158, numeral 6 eiusdem.
IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO
recurrente, el cual se da aquí reproducido por entero; al igual que las pruebas aportadas en el curso del Procedimiento Administrativo impugnado, se denuncia y petición principalmente lo siguiente:
-Vicio de Silencio de Prueba: No se Realizó el Análisis y la Valoración de las Pruebas.
La recurrente sostiene que la decisión recurrida simplemente realizó una enumeración ni se hace referencia alguna, por ejemplo, a las pruebas de testigos, la de correos electrónicos o emails, el documento de registro de la sociedad de comercio eje capital promovidos oportunamente, y ello es así, algunos medios de prueba solo se mencionan; pero sin analizar los para nada, ni mucho menos expresar nada acerca del mérito probatorio, ni el criterio de la administración al respecto. Las gráficas y reseñas de prensa, prueba documental e informe al respecto, comunicación emanada del Ministerio del P.P. para la Defensa, Milicia Bolivariana del Comando de la Milicia de la Región Central.
-Violación al Principio de Globalidad por la Decisión Recurrida.
La recurrente alega que dicha violación deviene en la violación del derecho a la defensa, por lo que alega los artículos 62 y 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual establece el Principio de Globalidad de la Decisión o de Congruencia de la Decisión. Y el deber de la Administración de analizar y pronunciarse sobre todas las cuestiones, alegatos y pruebas que surjan en el expediente.
-Ausencia de la Opinión Previa de la Consultoría: Importante Alegato Esencial No Resuelto en Decisión Recurrida.
Se alega la omisión de un requisito esencial para la validez del acto administrativo de apertura, como lo es la existencia previa de la Opinión o dictamen de la Consultoría Jurídica, siendo aplicable la Ley Orgánica, ex artícu/o 178, que exige para el inicio del procedimiento sancionatorio, se cumpla previa la Opinión de la Consultoría Jurídica, lo cual constituye una garantía esencial para el administrado.
-Violación del Derecho a la Defensa. Interrogatorio al Administrado sin Asistencia de Se denuncia que el acto recurrido adolece del vicio de Violación del Principio de Globalidad de la Decisión, por cuanto no se pronuncia en ninguna forma respecto del la Fundación Civil Aragua Mágica sin la Presencia de Abogado, respecto del cual no hubo pronunciamiento alguno. Se aduce el artículo 49.1 de la Constitución respecto al derecho a la defensa y a la asistencia jurídica (de abogado), como derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
-Falta de Motivación en cuanto a lo Decidido Acerca de la Prescripción.
fue propuesta en su oportunidad, de conformidad con el artículo 163 de la LOTEL. Que dadas las funciones de CONATEL, como órgano contralor, de Supervisión y Control en el área de las comunicaciones, es decir, del uso del espectro radioeléctrico, que le decisión hoy recurrida, dicho alegato haya sido resuelto de una manera tan simplista, alegado por nuestra representada, emitiendo un pronunciamiento por demás escueto y elusivo, sin razonamiento, y subrepticio y alejado de la verdad, de la ética y de la moral, en el cual no se consideran ninguno de los alegatos, datos y fundamentos razonado o invocados de parte de nuestra representada este respecto. Dando a 18 de marzo de 2021, con ocasión del Acta de Inspección y de la Providencia Administrativa ambas de esa misma fecha, dando a entender que es desde esa fecha que habría que contar el lapso de prescripción. Que sus transmisiones realizadas siempre de la mejor buena fe y sin causar daño a nadie, son una situación o hecho público, notorio y comunicacional, la cual en modo alguno podría sostenerse que no era desde siempre, o que no sea, del conocimiento de la mencionada Institución del Estado.
Petitorio:
y en consecuencia, sea revocada la decisión de la Dirección General de CONATEL contra la cual se recurre y que fuere dictada a raíz de la Providencia Administrativa de Inicio del Procedimiento Sancionatorio, la cual solicitan sea igualmente revocada y acordadas y ejecutadas, ordenando la respectiva devolución o entrega de los equipos incautados o comisados a su representada.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Una vez efectuado el análisis de las argumentaciones explanadas por el recurrente, se evidencia que en relación a las denuncias de derecho, éste adujo principalmente:
Al respecto, se arguye la infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente: "Los Jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas." De la interpretación de la precitada norma, prima facie o a primera vista se advierte que la misma obedece a un mandato de orden público sobre la actividad de juzgamiento de los jueces, es decir en la sede de la Jurisdicción del Poder Judicial. En tal sentido, no debe perderse de vista que si bien la actividad de la Administración emplea de forma supletoria la instrumentalización del derecho adjetivo en materia civil, a fin de celebrar un Debido Proceso, no todas las disposiciones que rigen la actividad Judicial son de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios que ejecutan la función pública en la Administración Nacional.
Sin embargo, la expectativa argüida de la recurrente en obtener en el acto recurrido un examen de los medios de prueba en un punto separado, mediante el pronunciamiento y la valoración de cada uno de los medios de prueba, o su mérito probatorio, aunque no es un acto procesal de obligatorio ejercicio en sede Administrativa, la misma efectivamente sí fue llevada a cabo, tal como puede apreciarse en el título "DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS" y "DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS". Aun cuando dicha valoración deviene de un mandato que solo rige a los Jueces en la sede Judicial. En la actividad administrativa, si administrado decida aportar a la investigación celebrada en su contra, no obstante, en la norma adjetiva civil, tal como ha sido manifestado en el precedente jurisprudencial emanado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la Decisión número 1623 de fecha 22 de octubre de 2003 Caso: Gustavo Enrique Montañez y otros contra el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Carabobo. En la cual se dejó sentado que respecto al Vicio de Silencio de Pruebas, en los procedimientos administrativos se debe cumplir en realizar una motivación suficiente, pudiendo a través de un análisis global de todos los elementos que cursan en el expediente administrativo, detallada de todos los elementos probatorios. De acuerdo al tenor siguiente:
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administrativo, si bien se encuentra regido por los principios fundamentales del derecho a la defensa y al debido proceso, no puede ser confundido con la función jurisdiccional, en la cual el Juez se encuentra sometido a reglas procesales distintas, dependiendo del tipo de proceso de que se trate. Por lo tanto, en el procedimiento administrativo basta para entender que se ha realizado una motivación suficiente, el análisis y apreciación global de todos los elementos cursantes en el expediente administrativo correspondiente, no siendo necesario que el ente administrativo realice una relación precisa y detallada de todos y cada En el acto impugnado, expresamente se señala que todos los documentos que fueron consignados por la recurrente, fueron objeto de análisis y conocimiento, y se dieron por reproducidos al momento del dictamen definitivo de la investigación administrativa. Aunadamente, en el expediente administrativo cursa el auto de fecha 16 de abril de 2021, en el cual el Órgano Sustanciador procedió a pronunciarse sobre la admisión de las pruebas promovidas en su oportunidad, siendo que las pruebas que a continuación se -Expediente Administrativo de la Solicitud de Habilitación.
-Todas las Testimoniales promovidas.
-Los medios digitales.
Al respecto, es necesario observar que en relación a las pruebas admitidas, al momento de la decisión definitiva a las mismas no se les otorgó valor probatorio. Es por ello y en razón de lo precedentemente expuesto que resultan infundadas las denuncias que pretenden alegar un vicio o infracción sobre el ejercicio del derecho a la defensa, o una causal de incongruencia respecto a los medios de prueba que cursaron en el procedimiento administrativo y su decisión impugnada. En consecuencia, se desestima la denuncia esgrimida, Y ASÍ SE DECIDE.
De la alegada violación al Principio de Globalidad por la Decisión Recurrida:
Procedimientos Administrativos, por presuntamente sostener que la Administración no analizó ni se pronunció sobre todas las cuestiones, alegatos y pruebas que surgieron en el expediente.
Al respecto, se observa que el acto impugnado en ningún momento ha impedido a la, recurrente conocer las razones de hecho y de derecho que motivaron la decisión definitiva. A su vez, se aprecia que esta denuncia se apareja con lo alegado en un principio, relacionado al silencio de los instrumentos probatorios promovidos. Sin embargo, es indudable la evidencia de una motivación adecuada y suficiente en todo el contenido de la decisión, basada en el acto de inicio del procedimiento sancionatorio y sus actos y fases procesales. Siendo que se demostró y declaró la improcedencia de la denuncia del vicio de silencio de prueba, ello trae como consecuencia, que no procedería la presente denuncia puesto que no hubo ningún elemento que haya sido omitido o ignorado para llegar a las consideraciones de hecho y de derecho dictaminadas.
De la argüida ausencia de la Opinión Jurídica previa de la Consultoría Jurídica:
Al respecto, es un hecho incontrovertible que el acto de opinión jurídica consta en el expediente administrativo N° PADs2021-025, la cual corre inserta inmediatamente después del Acta e informe de Inspección, y estableció la presunción cierta de una conducta infractora por parte de la Fundación Civil Comunitaria Comunicacional Aragua Mágica. Debido a que la opinión no es un acto administrativo sino que opera como un elemento previo que prepara o forma un criterio en el Director General; es por ello que en el artículo 178 LOTEL, solamente se dice "oída la opinión del Consultor Junidico".
asistencia de abogado. Del cual no hay pronunciamiento en la decisión recurrida":
Ante lo alegado, es preciso destacar que la facultad de inspección es una actuación administrativa legalmente facultada, en la cual los funcionarios a los fines de dejar constancia de las condiciones de operación, están facultados para realizar preguntas de jurídico procesal, ni a un interrogatorio conforme a la celebración de un proceso.
En el sentido anterior, es imperioso señalar que la labor de inspección no constituye en sí mismo un procedimiento administrativo de carácter especial o excepcional, sino que obedece a funciones que devienen de la antigua concepción de policía administrativa, es decir, que son funciones permanentes y ordinarias que responden a la naturaleza administrativa de la institución pública, la cual desarrolla sus competencias por mandato el cumplimiento de sus disposiciones normativas. En razón de ello, al no ser la actuación de inspección un procedimiento administrativo de carácter gravoso, ni limitativo o restrictivo en cuanto al ejercicio de derecho alguno, el mismo no amerita la creación de un autorización expresa o particular para cada caso de inspección.
De la alegada Prescripción:
Es necesario observar que a la luz del vigente orden constitucional, una vez que fue aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ratio iuris del completamente, siendo un aspecto jurídico preponderante que la derogada constitución de administración del espectro electromagnético como un bien del dominio público de la República.
telecomunicaciones, advino para responder a un sistema constitucional en el cual el Venezuela, mas no excluyente al permitir la participación de los particulares en dicho sector, presentemente bajo la concepción de servicio e interés público.
De acuerdo a como fue motivado en el acto impugnado, es importante reseñar que esta verificación de los ilícitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, emplea la facultad de Inspección, constituyendo para la Administración, el Acta de Inspección que resulte, la única herramienta mediante la cual se deja constancia de hechos y circunstancias que atienden a una temporalidad, así como de las condiciones bajo las cuales los particulares operan, razón por la cual, el mecanismo de la Inspección es el medio por excelencia para establecer la evidencia de si el particular está actuando con apego a la legislación en la materia o si por el contrario se está incurriendo en una violación de las condiciones y requisitos establecidos en la Ley explotación de servicios de telecomunicaciones; como lo es, el uso de porciones del espectro radioeléctrico.
La facultad de inspección se deriva del catálogo de competencias que la Ley en materia de Telecomunicaciones le atribuye a la propia Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en el numeral 10 del artículo 37 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones LOTEL. De igual modo, la máxima autoridad; el Director General de la Comisión Nacional ha procedido a dictar Providencias Administrativas en las cuales se identifica plenamente a los funcionarios de CONATEL, a quienes se les faculta para llevar a cabo la práctica de tal como lo es, la función de hacer inspecciones y fiscalizaciones a las actividades de los administrados que estén dentro de la esfera de regulación de la LOTEL.
En relación a la figura de la prescripción, es imperioso señalar que frente al régimen legal del espectro radioeléctrico, la prescripción resulta Incompatible debido a la naturaleza administrativa siempre serán inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Sostener lo telecomunicaciones; el de la No Convalidación de Infracciones, aún más cuando se trata de la tipificación que el legislador precepto con el carácter de hecho punible. Es incuestionable que el concepto jurídico -Clandestinidad- responde a una acción antijurídica que posee y reviste carácter penal, en el marco de regulación creado en la referida ley.
Respecto al concepto de la clandestinidad, de las argumentaciones de la recurrente se observa que ésta ha comprendido de una manera errónea dicho concepto legal, debido a que, tal como fue fundamentado en el acto decisorio de procedimiento sancionatorio, la un recurso limitado como lo es el espectro radioeléctrico. La "clandestinidad" es un término supeditado al incumplimiento de deberes formales exigidos por la Administración no debe ser interpretado en el sentido literal idiomático, ya que no obedece a razones de ocultamiento; es decir, "clandestinidad" obedece a la explotación del espectro radioeléctrico sin contar con la debida Habilitación Administrativa y Concesión de uso pudiere estar desarrollando el presunto infractor respecto a dicho concepto jurídico.
administrativa; de manera que el derecho a explotar determinada frecuencia solo puede, bajo la normativa actual, devenir de un acto expreso de la Administración competente.
En consecuencia, el alcance del artículo 163 no puede interpretarse a modo de dogma absoluto para todas las situaciones regulatorias previstas en la Ley, ya que ante ciertos verse impedida en sus facultades para ejercer la protección de un bien del dominio público que es imprescriptible y únicamente puede ser empleado bajo una concesión administrativa, así como el ejercicio del control de un servicio declarado por ley como servicio de interés público. En el caso de los servicios de telecomunicaciones, es ostensible que esa materia pertenece a un sector estratégico de interés nacional; declarado como un servicio público, cuya competencia es exclusiva del Poder Público Nacional y su régimen fue legislador a través de una ley de rango orgánico, lo que implica que su normativa sea de estricto orden público, en cuanto a la competencia de velar por el cumplimiento de las
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disposiciones en materia de telecomunicaciones. A su vez, ambas partes particulares y posibilidad de relajar su observancia o hacer actuaciones discrecionales al margen de las mismas.
En consecuencia, una vez realizada las precisiones que anteceden, resulta forzoso desestimar las denuncias formuladas, Y ASÍ SE DECIDE.
Finalmente, esta instancia rectora que decide reitera que el contenido de la motivación del acto recurrido es ajustado a derecho, y que una actuación expedita de la administración no puede ser considerada como un hecho que genere vulneración en la esfera jurídica de los derechos de los administrados.
VI DECISIÓN En virtud de los razonamientos expuestos, este Órgano Ministerial en nombre de la República y por autoridad de la Ley; declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso Interpuesto por la FUNDACIÓN CIVIL COMUNITARIA COMUNICACIONAL ARAGUA MÁGICA, representada porel ciudadano Manuel Ricardo Barazarte, identificado con la cédula de identidad N° V- 3.846.928, en consecuencia, SE CoNFIRMA el contenido del acto administrativo de Decisión al Procedimiento Administrativo Sancionatorio N° PADS-2021-031.
SEGunDo: Se ordena al ente regulador en materia de Telecomunicaciones practicar la notificación de la presente Decisión a la recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con indicación de los recursos disponibles y lapsos de interposición para la defensa de sus intereses.
Nacional, Por el Ejecutivo
FREDDY ALPRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS Ministro de APoderopular para la Comunicación e Información Decreto N°4.280, de fecha 03 de septiembre de 2020 Publicado en la ssceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de esa misma fecha.
rParalaC
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Años 211º 162° y 23º 0 8 MAR. 2J22 0014 No Caracas,
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA El Director General (E) de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ciudadano JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE, titular de la cédula de identidad N° V-8.71.4.253, designado mediante Decreto N° 3.017, de fecha 07 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.208 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 44 numerales 5, 6, 9, 10, 12, 13 Y 14, artículo 37, numerales 2, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 25 y 31, y los artículos 110, 128, 133, 134, 135 y 153 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el artículo 19 numerales 8, y 12 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, en concordancia con el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
RESUELVE
PRIMERO: Delegar en el Ciudadano STALIN AGUSTIN DA SILVA BETANCoURT, titular de la cédula de identidad N° V-20.238.577, en su carácter de DIRECTOR ADJUNTO de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, designado mediante Providencia Administrativa N° 09, de fecha 04 de marzo de 2022, las atribuciones y la firma de los documentos que a continuación se especifican:
1. Aprobar, previa verificación, las fianzas relativas de las obligaciones derivadas de habilitaciones administrativas o concesiones, según el caso.
2. Aceptar, previa verificación, las garantías reales y personales que se constituyan en favor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, conforme a la legislación aplicable, salvo aquellas que deban otorgarse en materia de contrataciones públicas.
3. Comunicaciones para solicitar información o responder a personas naturales o jurídicas. Públicas o privadas, nacionales o extranjeras en asuntos relacionados con las competencias de la Comisión Nacional de de telecomunicaciones y de Telecomunicaciones,_ en_ materia responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, que no estén expresamente atribuidas a otra autoridad.
4. La inscripción de operaciones en el Registro de operadores de telecomunicaciones, su notificación y la emisión del carnet correspondiente.
5. La emisión de las constancias de las notificaciones efectuadas por los :: particulares que realicen la instalación u operación de equipos o redes de telecomunicaciones, que no requieran la obtención de una administración administrativa.
6. Ordenar el inicio y sustanciación de los Procedimientos Administrativos que tengan por objeto dirimir las controversias que surjan en relación con un contrato de interconexión a las redes de telecomunicaciones.
7. Agenda Informativas y las notificaciones emitidas a los operadores de servicio de telecomunicaciones, en materia de interconexión.
8. Las órdenes de interconexión y desconexión a las redes de operadores de servicios de telecomunicaciones cuando fuere procedente, de conformidad con las disposiciones legales y sublegales aplicables.
9. Actos mediante los cuales se imponen las multas tributarias y se liquidan moratorios a prestadores de servicios de los intereses telecomunicaciones.
10.Actos mediante los cuales se ordena los reintegros por pagos indebidos, realizados por los prestadores de servicios de Telecomunicaciones.
11.Actos mediante los cuales se determina la cuantía de los intereses moratorios que se generan por el pago extemporáneo de un determinado tributo.
12.Actos mediante los cuales se le requiere a los contribuyentes que se encuentran omisos, la declaración y pago de los tributos en materia de telecomunicaciones, con el objeto de agotar las gestiones para el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria.
13.Actos mediante los cuales se les recuerda a los operadores de servicios de telecomunicaciones que tienen obligaciones tributarias determinadas a través de un acto de liquidación de oficio ó Resolución de Imposición de Sanción no pagado en el lapso establecido.
extemporáneo de declaración de tributos.
15.Actos para la Imposición de sanciones por incumplimiento de los deberes formales y materiales a las obligaciones tributarias.
16.Actos para autorizar la realización de fiscalizaciones en materia de Tributos de Telecomunicaciones.
17.Actos para la intimación al contribuyente, al pago de la deuda tributaria.
18.Actos mediante los cuales se informa al contribuyente la existencia de una deuda pendiente o la conformidad con el monto del tributo pagado una vez realizada, la verificación de los factores utilizados por contribuyente para calcular la tasa por administración y control del espectro radioeléctrico (TACER), así como aquellos mediante los cuales se informa al contribuyente sobre la existencia de un crédito a su favor por pagos duplicados, en exceso o erróneos.
19.Comunicaciones relacionadas con la homologación y Certificación de Equipos de Telecomunicaciones.
20.Actos mediante los cuales se reconocen la Homologación de Equipos de Telecomunicaciones Importados, realizada por Organismos recomendados para la homologación y certificación de equipos de telecomunicaciones, de conformidad con la Resolución N°253, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.698, de fecha 27 de mayo de 2003.
21.Aprobar la publicación de las actualizaciones a la lista de marcas y modelos de equipos y aparatos de telecomunicaciones homologados, en el portal oficial en internet de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
22.Dictar la conformidad de acceso a los operadores de servicios de resguardo de otras autoridades.
23.Actos mediante los cuales se libra del despacho subsanador correspondiente a las solicitudes de acompañamiento técnico presentadas por fundaciones comunitarias o miembros de comunidades específicas que actúen en calidad de promotores de una fundación comunitarias.
24.Comunicaciones mediante las cuales se informa la improcedencia o no adecuación de las solicitudes a de acompañamiento técnico realizadas por fundaciones comunitarias o miembros e comunidades específicas que actúen en calidad de promotores de una fundación comunitaria.
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25.Comunicaciones dirigidas a las personas naturales y jurídicas, para dar respuesta a las solicitudes derivadas del Manual que establecen los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de actos o negocios jurídicos en los Registros Principales, mercantiles, públicos y las notarías, emanados del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)
26.Suscribir, modificar o extinguir los actos o negocios jurídicos, contrataciones de servicios básicos, profesionales, honorarios profesionales, convenios, contrato de arrendamiento, de comodato, entre otros, que deban efectuarse para el buen desenvolvimiento de las funciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
27.Suscribir los Actos para iniciar y sustanciar los Procedimientos Administrativos que se sigan para la verificación y determinación de incumplimiento a contratos de suministros de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, así como cualquier otro contrato en el cual sea parte la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, previo incumplimiento de las formalidades previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
SEGunDo: El funcionario antes identificado, presentará semestralmente a la Dirección General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, una relación detallada de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de la presente delegación.
TERcERo: Los actos administrativos que se adopten en virtud de la presente delegación, deberán indicar expresamente esta circunstancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese,
CONATEL
Comi teecqite JORGE ELIESER MARQUEZ/MONSALVE Director General (E) de la co misión Nacional de Telecomunicaciones Decreto Presidencial número 3.017,de fecha 07 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de YaRepública Bolivariana de Venezuela N° 41.208 de fecha 07 de agosto de 2017.
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)
Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial” creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872 continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.
Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.
Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.
Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela
Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.
http://www.imprentanacional.gob.ve
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AÑO CXLIX - MES VI Número 42.337
Caracas, martes 15 de marzo de 2022
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