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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 41.833

5 de marzo de 2020 · 24 páginas
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AÑO CXLVII - MES V Caracas, jueves 5 de marzo de 2020 Número 41.833

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES INTERIORES,

JUSTICIA Y PAZ

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Fundacion Fondo Intergubernamental

del Servicio de Policía (FISPOL) Providencia mediante la cual se designa la Comisión de Contrataciones de esta Fundación, con carácter permanente, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE PLANIFICACIÓN Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Leandro José Orea Acosta, como Director General Encargado de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA DEFENSA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Capitán de Navío Francisco Antonio de Risi Graterol, como Jefe de la Jefatura de Mantenimiento y Construcción de la Dirección de Logística del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor, del Comando General de la Armada Bolivariana.

Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se mencionan, como responsables del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03) que en ellas se especifican, así como la aprobación y ordenación de los pagos a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada que en ella se indica, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Johanna Carolina Santeliz Sánchez, como Directora Estadal, en calidad de Encargada Ad Honorem, adscrita a la Dirección Estadal Aragua, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA EL TRANSPORTE

C.A. Metro de Valencia Providencia mediante la cual se nombran los Miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas de la C.A. Metro de Valencia, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA ALIMENTACIÓN Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ángel Eduardo Medina Pinedo, como Director General de la Oficina de Seguridad Industrial e Inspecciones, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mario Romero García, como Director General del Territorio Comunal Indígena de la Sierra de Perijá y Coordillera Andina, de este Ministerio.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sala Constitucional “Sentencia de la Sala Constitucional que declara la nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional en desacato, de fecha 20 de agosto de 2019, acuerdo que presenta la Asamblea Nacional para autorizar el nombramiento de la Junta Administradora Ad-Hoc que asuma las funciones de la Junta Directiva de la Empresa Corporación Venezolana de Guayana (CVG)”.

DEFENSA PÚBLICA Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.

MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se designan a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.

Resoluciones mediante las cuales se trasladan a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se mencionan, a las Fiscalías que en ellas se especifican, de este Organismo.

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POR CUANTO La existencia de una Comisión de Contrataciones, con carácter permanente, permite la centralización de los procesos de contrataciones, unificación de procedimientos e individualización de las funciones que le son propias, controlando, supervisando y estableciendo en base a prioridades, el cronograma de mecanismos de contratación durante cada ejercicio fiscal, DICTA Artículo 1. Se designa la Comisión de Contrataciones de la Fundación Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía (FIsPOL), con carácter permanente, a fin de llevar a cabo los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Artículo 2. La Comisión de Contrataciones de la Fundación Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía (FIsPoL), estará integrada por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes, con derecho a voz y voto, quienes representan las áreas jurídica, técnica y económico financiera, quedando conformada de la siguiente manera:

Miembros Principales Área Desempeño N° C.I. N° Nombres y Apellidos AURA DANIELA VILLASMIL 1 V-17.831.294 Jurídica CASTRO DARWIN DARIO FUENTES 2 V-17.299.007 Técnica MUJICA FABIO ELIECER GUTIERREZ Económica- 3 V-18.110.426 ARDILA Financiera Miembros Suplentes YAJAIRA NANCY PARRAGA 1 V- 16.023.597 Jurídica GUERRERO DAYANA MARIA RODRIGUEZ 2 Técnica V-13.504.377 HERRERA Económica- 3 JULLY RAIZA ITRIAGO DUARTE V-10.785.656 Financiera

Artículo 3. Las designaciones de los miembros de la Comisión de Contrataciones se realizarán a título personal y deberán ser notificadas al Servicio Nacional de Contrataciones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, una vez dictado el acto.

Los integrantes de la Comisión de Contrataciones, antes de asumir las funciones previstas en el artículo 15 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, así como en la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, deberán prestar juramento de cumplir lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuentas en los términos y condiciones que determine la ley.

Artículo 4. Şe designa a la ciudadana GENESIS MILAGRO MORILLO, titular de la cédula de identidad N° V-20.754.575, como Secretaria de la Comisión de Contrataciones de la Fundación Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía (FISPOL), y como su Suplente a la ciudadana FIORELA ANDREINA FAJARDO DE LINARES, titular de la cédula de identidad N° V-21.209.013.

El Secretario o la Secretaria de la Comisión de Contrataciones tendrá las atribuciones conferidas en el artículo 16 del mencionado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

Artículo 5. La Comisión de Contrataciones de la Fundación Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía (FIsPoL) se constituirá válidamente con la presencia de todos sus miembros principales y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría. El miembro que disienta de una decisión, lo manifestará en el mismo acto, teniendo la obligación de consignar por escrito y"âanexar al expediente las razones de su disentimiento, al primer día hábil siguiente àl acto.

Artículo s. LaComisión / de Contrataciones de la Fundación Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía (FISPOL) podrá incorporar asesores técnicos de acuerdo con la coniplejidad de la contratación que se efectúe, asimismo podrá concoãar al organismo o área solicitante, con derecho a voz pero sin voto, para que participe en el'procedimiento respectivo y con sus aportes conocer los detalles de rêquefímientos y necesidades.

Artículo 7. La Contraloría General de la República y la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía (FIsPoL) podrán designar observadores u observadoras, en los procedimientos de selección de contratistas que se desarrollen, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Artículo 8. Los miembros de la Comisión de Contrataciones de la Fundación Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía (FISPOL), así como aquellas personas que por cualquier motivo intervengan en las actuaciones de la Comisión, deberán guardar debida reserva de la documentación presentada, así como de ios informes, opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión dei procedimiento, tal y como lo establece el Decreto-Ley de Contrataciones Públicas.

Artículo 9. Los miembros de la Comisión de Contrataciones de la Fundación Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía (FIsPoL) velarán por el estricto cumplimiento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y demás normativa aplicable.

Artículo 10. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

EL CONSEJO DIRECTIVO,

PEDRO ALEXANPÉR/ROJAS BUSTAMANTE PRÉSIDENTE

CARLOS EDUARDO LAGRO LUGO TORRES MARQUEZ ARIAS DIRECTORA DIRECTOR

CARLOS ENRIQUE MARTINEZ DERWIN AMARO DUMONT PUERTA RECTOR DIRECTOR

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/ Nº 007 CARACAS,04 DE MARZO DE 2020 209º, 161º y 21° En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 50 numerales 7 y Administración Pública y de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 4 del Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia Sectorial para la Planificación y el Conocimiento; este Despacho, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano LEANDRO JOSE OREA ACOSTA , titular de la Cédula de Identidad N° v-11.414.682, como Director General Encargado de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular de Planificación.

Artículo 2. El ciudadano designado ejercerá las atribuciones de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto N° 1.619 del 20 Ministerio del Poder Popular de Planificación, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.174 Extraordinario, de esa misma fecha.

Artículo 3 El prenombrado funcionario, en consecuencia, suscribirá los actos y documentos inherentes al ejercicio de las atribuciones conferidas, Artículo 4. Los actos y documentos que se suscriban en ejercicio de la presente designación, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario la fecha y número de ésta Resolución, así como el número y fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido publicada, de conformidad con el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 02 de marzo del año 2020.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, RICARDOJOSÉ MIENÉNDEZ PRIETO MINISTRO DEL PODÈR POPULAR DE PLANIFICACIÓN G.O.R.B.V. N° 40.435 de la misma fecha Ratificado Decreto N° 2.181 del 06 de enero de 2016 G.O.R.B.V. N° 40.826 del 12 de enero de 2016

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 19FEB2020 209°, 160° y 21° RESOLUCIÓN N° 034666 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, RESUELVE ÚNICQ: Efectuar el siguiente nombramiento:

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA BOLIVARIANA

SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DE ESTADO MAYOR Dirección de Logística Jefatura de Mantenimiento y Construcción CapItán de NaVÍO FRANCISCO ANTONIO DE RISI GRATEROL, C.I. N° 11.918.627, Jefe, e/r del Contralmirante JOSÉ GREGORIO CARRIÓN ROJAS, C.I. N° 11.144.114.

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, UADIMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 01FEB2020 209°, 160° y 20° RESOLUCIÓN N° 034471 El Ministro del Poder Popular para Ia Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo.78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad a lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 01 de enero de 2020, al Coronel IVÁN ENRIQUE PÉREz SULBARÁN, C.I. N° 10.032.412, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada Sin firma, DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL DEL SISTEMA DEFENSIVO TERRITORIAL, CódigO N° 11110.

Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacioga

DIMIR PADRINO LÓEZ General en Jefe mistro del Poder Popular para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 05FEB2020 209°, 160° y 21° RESOLUCIÓN N° 034606 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad a lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 01 de enero de 2020, al Vicealmirante BENIGNo VILA PENIN, C.I. N° 6.498.910, como responsable del manejo de Ios Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIóN DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA BOLIVARIANA, CódigO N° 03653.

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacion WDIMIR PADRINO LOPEZ General en Jefe nistro del Poder Popular D4 para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 05FEB2020 209°, 160° y 21° RESOLUCIÓN N° 03460Z El Ministro del Poder Popular para Ia Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad a lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Administración Financiera del Sector Público, Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015 y lo señalado en los artículos 48 y 51 del Reglamento N°.1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre 2014, RESUELVE PRIMERQ: Designar a partir del 01 de enero de 2020, al Vicealmirante BENIGNo VILA PENIN, C.I. N° 6.498.910, en Su caráCter de DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA BOLIVARIANA", nombrado mediante Resolución N° 025340 de fecha 17 de julio de 2018, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los 'créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la unidad administradora desconcentrada COn firma, código N° 03653 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA BOLIVARIANA, de acuerdo a la Resolución N° 033709 de fecha 04 de diciembre de 2019, mediante la cual se aprueba la ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PARA EL AÑO 2020, publicada en Ia Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.783 de fecha 17 de diciembre de 2019, hasta CINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (5.000 U.T), para la ADQUISICIÓN DE BIENES, haSta DIEZ MIL UNIDADES VEINTE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (20.000 U.T), para la EJECUCIÓN DE OBRAS, en cumplimiento de lo estabiecido en el artículo Nº 96 numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Contrataciones Públicas para lo cual deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro.

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Queda a salvo lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, con respecto a los actos y documentos, cuya firma no pueda ser delegada.

De conformidad con lo establecido en ei artículo N° 6 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, el referido ciudadano deberá rendir cuenta al Ministro de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.318 de fecha 11 de enero de 2018, se fija el valor de la Unidad de Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo (UCAU), será utilizado como multiplicador único a los fines de obtener el monto en moneda y sustituye la Unidad Tributaria establecida en esta resolución sólo a los fines de la realización de operaciones aritméticas relacionadas con la materia de contrataciones públicas, de acuerdo ai monto que fijado en la Resolución Conjunta emitida por los Ministerios del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas.

TERCERQ: La presente Resolución entrara en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, WLDIMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe inistro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 18FEB2020 209°, 160° y 21° RESOLUCIÓN N° 034663 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad a lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 13 de enero de 2020, al Capitán de Navío RICARDO ALFONSO AVENDAÑO, C.I. N° 6.747.831, comO responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, ESTACIóN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS GUANTA "TN. FERNANDO FERNÁNDEZ", ÓdigO 03580.

Comuníquese y publíquese.

REPÚB Por el Ejecutivo Naciona!, AIMIRADRINO LÓPE Geral enJefe istro del Poder Popular

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 18FEB2020 209°, 160° y 21° RESOLUCIÓN N° 034664 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17. de noviembre de 2014, actuando de conformidad a lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 23 de noviembre de 2019, al General de División LUIS MIGUEL MAGALLANES ANDRADE, C.I. N° 6.965.855, COmO responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, BASE AÉREA "MANUEL RÍOS", Código N° 04233.

Comuníquese y publíques Por el Ejecutivo Naciog

VLÄDIMIR PADRINO LÔPEZ General en Jefe nistro del Poder Popular para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 18FEB2020 209°, 160° y 21° RESOLUCIÓN N° 034665 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad a lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo: dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Refórma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICQ: Designar a partir del 03 de agosto de 2019, al Capitán de Navío DELVIS MARCIAL SALAZAR LOZANO, C.I. N° 10.808.128, comO, responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, ESTACIÓN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS "AF. FERNANDO DÍAZ" (EPGOR), CódigO N° 03923.

Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Naci

UADIMIR PADRINO LOPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa

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Jueves 5 de marzo de 2020 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 449.901

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA EL TRANSPORTE

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449.902 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 5 de marzo de 2020

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 0036 Exp. 2020-0111 MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN El 12 de febrero de 2020, el ciudadano PEDRO ROLANDO MALDONADO MARÍN, titular de la cédula de identidad Ng V- 13.207.446, actuando en su condición de Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, designado mediante Decreto Presidencial No 3.520 de fecha 6 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 41.434 de la misma fecha, presentó escrito ante la Secretaría de esta Sala Constitucional contentivo de Ia acción de nulidad, contra el denominado “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO PARA EJERCER LOS CARGOS DEL ÓRGANO DE INTERVENCIÓN LLAMADO JUNTA ADMINISTRADORA AD-HOC', QUE ASUMA LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, PARA ACTUAR EN SU NOMBRE [Y, COMO RESPONSABLE DIRECTO]", de fecha 20 de agosto de 2019.

En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 18 de febrero de 2020, el ciudadano Alejandro José Poletti, portador de la

República Bolivariana de Venezuela No 41.471 de fecha 30 de agosto de 2018.

Efectuado el análisis del caso, la Sala para decidir pasa a hacer las siguientes consideraciones:

I DE LA ACCIÓN DE NULIDAD INTERPUESTA El accionante en su escrito libelar relató los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

Que, "[I]a Corporación Venezolana de Guayana CVG, es propiedad exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, el Estado venezolano ejerce su legítima propiedad sobre la Corporación Venezolana de Guayana a través del Ejecutivo Nacional quien es el único poder del Estado que puede designar a la Directiva de la Corporación Venezolana de Guayana, como siempre se [ha] hecho de manera formal desde la creación de la Corporación el 29 de diciembre de 1960".

Que, "[Ila Corporación Venezolana de Guayana es la casa matriz de un importante conjunto de empresas básicas y estratégicas que son propiedad del Estado venezolano. Es un hecho que las únicas autoridades con facultades de administración de las empresas que forman parte de la Corporación son aquellas designadas por el Ejecutivo Nacional, como en mi caso, mediante Decreto debidamente publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, único órgano oficial de divulgación de los poderes públicos del Estado, y a posteriori los demás nombramientos que se han efectuado durante mi administración los cuales se han Pryucción Nacional, a cuyo despacho se encuentra adscrita esta Corporación,m correspondientes publicaciones en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela".

Por lo cual, agrega que, "[n]o puede haber, no la hay, ninguna otra autoridad distinta al Ejecutivo Nacional que pueda abrogarse la titularidad de las acciones que componen el capital accionario de la Corporación Venezolana de Guayana ni de ninguna de sus empresas filiales, como tampoco puede existir, como de hecho no existe, ninguna persona natural o jurídica que pueda pretender asumir la administración de la C'VG o cualquiera de sus filiales sin que medie el respectivo Decreto o Resolución, según corresponda, donde conste el respectivo nombramiento y que la misma goce del requisito indispensable de su respectiva publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela".

Indicó que, "[e]s el caso Honorables Magistrados, que en fecha 20 de Agosto de 2019 La (sic) Asamblea Nacional, la cual se encuentra en desacato según lo dictaminado por esta misma Sala Constitucional, procedió ilegítimamente, sin tener ninguna facultad para ello, y contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente, a efectuar el 'nombramiento para ejercer los cargos del órgano de intervención llamado junta administradora ad-hoc que asuma las funciones de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Guayana para actuar en su nombre'...".

Luego de transcribir íntegramente el contenido del acuerdo cuya nulidad pretende y que es objeto del presente caso, seguidamente indicó que, ".. [aJnte :semejante exabrupto jurídico se deben resaltar varios puntos de interés. El primero es sin lugar a dudas la abierta usurpación de funciones de la Asamblea Nacional al prerelder abrogarse las funciones que le son exclusivas al Ejecutivo, una amblea CONETIN cional que, encontrándose en flagrante desacato frente al Tribunal Supremo de Justicia, pretende desconocer ilegalmente al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Pero ahondando un poco mas (sic) en el texto del citado adefesio jurídico, resalta la invocación que se efectúa de un 'estatuto para la transición...' el cual ha sido declarado nulo de nulidad absoluta por esta digna Sala Constitucional...".

Agregó que, "... [e]s ese supuesto 'estatuto' el que utiliza la Asamblea Nacional como fundamento para 'autorizar' al ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez para que proceda ilegal e ilícitamente a designar una junta administradora ad-hoc' de la Corporación Venezolana de Guayana. Y es de esa manera, en flagrante violación de los principios básicos de separación de poderes y del ordenamiento jurídico vigente, que 'designan' una supuesta junta administradora Presidida (sic) por el ciudadano Enrique Manuel Castells Ycsiar, titular de la cédula de identidad Ne 2.903.689, y los 'directores' ciudadanos Roberto José Gregorio Arredondo Olivo, titular de la cédula de identidad Nº 4.349.887, Ricardo Martin Echeverría Borsten, titular de la cédula de identidad Ne 3.669.097, Fernando Jesús Goyenechea Olmos, titular de la cédula de identidad Nº 3.550.372 y Dich Víctor Souki Carrión, titular de la cédula de identidad Nº8.524.881...".

En este sentido, señaló que, “*... en fecha 3 de Octubre de 2019 el ciudadano Enrique Manuel Castells Ycsiar, pretendió hacer valer en el Reino de España su supuesto falso nombramiento que le acredita como Presidente de la Corporación Veñezolana de Guayana, así como de CVG Internacional C.A., empresa en la cual se tto designo. Para ello exhibir una supuesta publicación de sus falsos nombramientos desconocemos sus funciones o pertinencia pero que se pudiera suponer que sirve como órgano divulgativo interno de la Asamblea Nacional y su funcionamiento. No tiene discusión alguna en el ordenamiento jurídico venezolano que el único órgano de divulgación oficial de los poderes públicos del Estado lo constituye la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, por ende a los fines legales pertinentes cualquier Decreto o Resolución del Ejecutivo Nacional mediante la cual se efectúe una designación o nombramiento, necesariamente tiene que ser publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela para que pueda surtir efectos erga omnes...".

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Por lo tanto, agregó que, "... [e]l ciudadano Enrique Manuel Castells Ycsiar evidentemente intentó sorprender en su buena fe a las autoridades notariales y registrales del Reino de España para con ello tratar de obtener, mediante una falsa representación tanto de la Corporación Venezolana de Guayana como de CvG Internacional C.A., su designación como Administrador Único de la sociedad Española CVG Internacional Filial Europea S.L. Hizo creer, el ciudadano Castells Ycsiar, a las autoridades españolas que la publicación de sus supuestos nombramientos en la Gaceta Legislativa podía convalidar actos viciados de nulidad absoluta. Cometiendo a todas luces múltiples delitos... ".

Puntualizó que, "... [tJodos estos hechos han causado ya daños a los intereses de mi representada y sus empresas filiales y, más grave aún, pueden causar daños aun mutuo mayores de no lograr revertirse con celeridad la situación creada la En este sentido, precisó que, “... [e]l ciudadano Castells Ycsiar ya ha hecho uso de su falso nombramiento para apropiarse de las oficinas de la empresa CVG Internacional Filial Europea S.L., al tiempo que tenemos pleno conocimiento de que está tratando de obtener acceso a las cuentas de dicha empresa filial de CVG en bancos españoles, particularmente el Banco Sabadell, en el BBVA y en Cajamar, instituciones bancarias estas donde la filial europea mantiene cuentas por más de VEINTE MILLONES DE EUROS (Euros 20.000.000,00) de los cuales, y no tenemos dudas en afirmarlo, el ciudadano Castells Ycsiar pretende apropiarse para su beneficio personal...".

Indicó que, “... [c]omo podrán apreciar Honorables Magistrados, estamos ante hechos que revisten una suprema gravedad para los intereses del Estado...".

Para finalizar, señaló que "... [e]s por todos los hechos aquí sumariamente narrados y con fundamento en los artículos 259, 266 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que comparezco para solicitar de esta digna Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se decrete la NULIDAD ABSOLUTA del "acuerdo" emanado de la Asamblea Nacional con forma de acto administrativo y se dejen sin efecto cualesquiera consecuencias que de el mismo puedan derivarse ...".

En este sentido, solicitó que, "...[c]on fundamento en todos los argumentos de hecho y de derecho aquí expresados, respetuosamente, solicito a esta digna Sala Constitucional se sirva decidir:

RIMERO: La NULIDAD ABSOLUTA del acto emanado de laAsamblea Nacionat denomijMado "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO PARA PERCER LOS CARGOS DEL ÓRGANO DE INTERVENCIÓN LLAMADO "JUNTA ADMINISTRADORA AD-HOC", QUE ASUMA LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, PARA ACTUAR EN SU NOMBRE." de fecha 20 de Agosto de 2019.

SEGUNDo: Exhortar a las autoridades nacionales e internacionales pertinentes para que tomen las medidas legales a las que haya lugar en contra del ciudadano Enrique Manuel Castells Ycsiar y otros que pretenden usurpar funciones y apropiarse indebidamente de activos y bienes de la Corporación Venezolana de Guayana.

TERCERo: Cualesquiera otras medidas que a bien tenga a tomar esta digna Sala Constitucional en aras de preservar los bienes de la República Bolivariana de Venezuela...".

II DEL ACUERDO IMPUGNADO Para el momento de la interposición de la presente acción, se solicitó la nulidad del "Acuerdo mediante el cual se autoriza el nombramiento para ejercer los cargos del órgano de intervención llamado 'Junta Administradora Ad-hoc', que asuma las funciones de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Guayana para actuar en su nombre y, como responsable directo", sancionada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Legislativa de ese mismo órgano el 20 de agosto de 2019, el cual dispone textualmente lo siguiente:

“(...) ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO PARA EJERCER LOS CARGOS DEL ÓRGANO DE INTERVENCIÓN LLAMADO JUNTA ADMINISTRADORA AD-HOC', QUE ASUMA LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, PARA ACTUAR EN SU NOMBRE Y, COMO RESPONSABLE DIRECTO LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho :ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO PARA EJERCER LOS CARGOS DEL ÓRGANO DE INTERVENCIÓN LLAMADO "JUNTA ADMINISTRADORA AD-HOC", QUE ASUMA LAS FUNCIONES DE "= LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, PARA ACTUAR EN SU NOMBRE Y, COMO RESPONSABLE DIRECTO CONSIDERANDO Que el 20 de mayo de 2018 el régimen de facto pretendió simular un proceso comicial en el que los venezolanos no pudieron ejercer su derecho al voto en libertad, sentando las bases para que Nicolás Maduro y su régimen propiciarán el escenario de usurpación de la Presidencia de la República para un nuevo periodo presidencial, siendo rechazado inmediatamente por esta soberana Asamblea Nacional que el 22 de mayo de 2018 aprobó un Acuerdo Reiterando el Desconocimiento de la Farsa Realizada ¿si 20 de mayo de 2018 por la Supuesta Elección del Presidente de la República, en consideración a que la farsa realizada el 20 de mayo incumplió todas las garantías electorales reconocidas en Tratados y Acuerdos de Derechos Humanos, así .como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Procesos Electorales:

CONSIDERANDO Que Nicolás Maduro usurpa el cargo de Presidente de la República, lo que constituye una autoridad ineficaz y. en consecuencia, todos los actos que emanan de esa usurpación son nulos, a tenor de lo dispuesto en el articulo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

CONSIDERANDO Que el pueblo venezolano sufre por las malas políticas públicas implementadas en los últimos años por el Ejecutivo Nacional y apoyada por los demás poderes públicos afectos al régimen de Nicolás Maduro;

CONSIDERANDO Que parte de las políticas de este Gobierno usurpador es desviar los recursos presupuestarios de la República para mantener su régimen oprobioso, en detrimento del pueblo venezolano que sufre por la inseguridad, la falta de hospitales y medicinas, la falta de alimentos, de transporte y de servicios públicos que mejoren su calidad de vida:

CONSIDERANDO Que como consecuencia de esta desafortunada situación jurídica de usurpación generada por el ciudadano Nicolás Maduro y su régimen, y en apego a la disposición establecida en el articulo 333 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional ha tenido que asumir las competencias constitucionales, tal como se establece en el primer aparte del artículo 233 de la Constitución de la República, y en ese sentido, el legítimo Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela es el Presidente de la Asamblea Nacional;

CONSIDERANDO Que en cumplimiento del artículo 333 y del articulo 187 numeral 1 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional aprobó el pasado 5 de febrero de 2019. la Ley denominada "Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", como un pacto de convivencia para la vida cívica de los venezolanos y como camino seguro a la transición democrática, que tiene como principal' fundamento volver a la reinstitucionalización de la Constitución de la República que ha sido intencionadamente extraviada por el Ejecutivo Nacional;

CONSIDERANDO Que en base al estado excepcional en que se encuentra el país, es deber patrio de todos los venezolanos, donde quiera que se encuentren, en el territorio nacional o en el extranjero, asumir la defensa de los intereses de la República y el patrimonio de todos los venezolanos: y es una obligación del Gobierno y de la Asamblea Nacional brindar protección efectiva a los ciudadanos que se sumen al rescate del orden constitucional, económico y social de la República.

CONSIDERANDO Que en la actualidad, más de veintiocho empresas propiedad de la República que han sido adscritas a la Corporación Venezolana de Guayana, instituto autónomo que actualmente se encuentra bajo el control destructivo del régimen usurpador de Nicolás Maduro como reflejo de la mala administración de sus recursos, se encuentran en total abandono, gerenciadas por un grupo de indolentes a las necesidades del país de la región de Guayana y sus trabajadores:

CONSIDERANDO Que la Corporación Venezolana de Guayana es un patrimonio económico que, debido a personalidad jurídica propia, que es una característica indispensable de todo instituto autónomo, pues ello deriva del acto de creación que es mediante una ley:

CONSIDERANDO Que debido a la usurpación de la Presidencia de la República que ilegalmente ejerce Nicolás Maduro, no será posible lograr la recuperación de la empresa CVG Internacional C.A.:

CONSIDERANDO Que en el artículo 15 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero de 2019, se estableció un régimen legal especial y temporal de intervención de empresas del Estado, que permite al Presidente encargado de la República designar un órgano de intervención, llamado "Junta Administradora ad-hoc" que asuma las funciones de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Guayana y actuar en su nombre:

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CONSIDERANDO Qúe los actos del Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela .deben ser sometidos al control previo de la Asamblea Nacional, en el ejercicio de sus 'funciones constitucionales, de conformidad con el artículo 187 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los articulos 13. 15 y 16 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ACUERDA PRIMERo. Autorizar al ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez. Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, para que en uso de sus atribuciones legales, designe a los ciudadanos que a continuación se mencionan como miembros de la "Junta Administradora Ad-Hoc de la Corporación Venezolana de Guayana en consideración a las disposiciones expresamente establecidas en los artículos 236 numerales 1. 2, 11 y 16. así como del artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y articulo 15 literal a) del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Junta Administradora Ad-Hoc de la Corporación Venezolana de Guayana Nombre Cédula Cargo Enrique Manuel Castells Ycsiar C.I.

Presidente

2.903.689 Roberto José Gregorio Arredondo C.I.

Director Olivo

4.349.887 Ricardo Martin Echeverria Borsten C.I.

Director

3.669.097 Fernando Jesús Goyenechea Olmos Director C.I.

3.550.372 Dich Victor Souki Carrión Director

8.524.881

SEGUNDO. Los miembros principales de la Junta Administradora Ad-Hoc de la Corporación Venezolana de Guayana se regirá por las siguientes disposiciones:

I. La Junta Administradora Ad-Hoc tendrá las mismas atribuciones establecidas en su Decreto de creación número 1.531 publicado en Gaceta Oficial número 5.553 del 12 de noviembre de 2001 y además, podrá realizar todas las actuaciones necesarias para designar a la Junta Directiva de la empresa adscrita, CVG Internacional C.A.

Queda revocada y sin efecto cualquier otra autorización o designación que en el 2.

pasado haya formulado el régimen usurpador de Nicolás Maduro o, en su nombre haya realizado cualquier Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Guayana. para la representación de esta, en la empresa adscrita CVG Internacional C.A.

TERCERO. La Junta Administradora Ad-Hoc de la Corporación Venezolana de Guayana, ya nombrada, deberá proceder inmediatamente a implementar un plan orientado por las siguientes premisas:

Obtener la protección de activos de la empresa CVG Internacional C.A., en favor de la 1.

República Bolivariana de Venezuela. Para ello, deberá lograrse la exclusión de la 2.

ara su procesamiento al menor costo posible, hasta que cese la usurpaciore CIONAL restablezca el suministro desde nuestras fuentes de origen en Venezuela.

Efectuar las auditorías necesarias que permitan determinar el estado patrimonial de la empresa CVG Internacional C.A., y en especial, establecer los hechos que permitan investigar las posibles irregularidades que se pudieron haber cometido, y que hayan afectado los intereses de la República, con la finalidad de realizar las denuncias antes los organismos competentes.

Cualquier otra orden o instrucción que sea emanada de la autoridad del Presidente 4.

Encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

Cualquier designación de miembros de alguna junta directiva de empresas bajo su 5.

responsabilidad deberá tener la aprobación de la Asamblea Nacional CUARTo. Los miembros de la Junta Administradora -Ad-Hoc de la Corporación Venezolana de Guayana, que hayan sido nombrados por el señor Presidente Encargado de la República, recibirán la protección legal de la República en cuanto a eventuales litigios contra sus personas, tanto en la República Bolivariana de Venezuela como en el exterior durante el actual periodo excepcional hasta el cese de la usurpación del régimen ilegal que ocupa la Presidencia de la República, por los actos que realicen en aplicables a la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Guayana y sus empresas adscritas constituidas en Venezuela y en el exterior, y en base al acuerdo de esta Asamblea Nacional. En este sentido, la Asamblea Nacional rechaza y desconoce las decisiones del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia que pretendan ejecutar la persecución politica contra ciudadanos venezolanos y funcionarios del gobierno legitimo de Venezuela presidido por el Presidente Encargado de la República. Juan Gerardo Guaidó Márquez.

QUINTO. De conformidad con el artículo 36 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los activos del Estado que sean recuperados por la Junta Administradora Ad-Hoc de la Corporación Venezolana de Guayana y de CVG Internacional C.A., así como de sus empresas tuteladas, a través de los mecanismos establecidos en el presente Acuerdo, no podrán ser dispuestos o ejecutados hasta tanto cese la usurpación y se haya conformado un Gobierno provisional de unidad nacional.

SEXTO. Dar publicidad al presente Acuerdo en la Gaceta Legislativa y a través de los medios de comunicación.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 20 días del mes de Agosto de dos mil diecinueve. Años 209" de la Independencia y 160" de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ Presidente IVÁN STALIN GONZÁLEZ EDGAR JOSÉ ZAMBRANO MONTAÑO RAMÍREZ Segundo Vicepresidente Primer Vicepresidente JOSÉ LUIS CARTAYA DANIEL FERRER EDINSON PIÑANGO ARTEAGA Subsecretario Secretario ⅢII DE LA COMPETENCIA En el caso de autos, se solicita la nulidad del acto parlamentario dictado por la Asamblea Nacional el 20 de agosto de 2019, razón por la cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, asentada en las sentencias números 1665, del 17 de junio de Ceballos", 345 del 16 de abril de 2013, caso: "Grace Lucena y otros", y 39 del 14 de febrero de 2019, en concordancia con lo previsto en los artículos 25 (numeral 4), 334, aparte in fine, y 336 (numeral 4) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala resulta competente para conocer de la presente solicitud. Así se decide.

IV DE LA ADMISIBILIDAD Esta Sala procede a conocer de la admisión de la pretensión de nulidad y, a tal efecto, observa lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual dispone lo siguiente:

"Artículo 133. Se declarará la inadmisión de la demanda:

1. Cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.

2. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demanda es admisible.

3. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante, o de quien actúen en su nombre, respectivamente.

4. Cuando haya cosa juzgada o litispendencia.

5. Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

6. Cuando haya falta de legitimación pasiva".

De esta manera, una vez revisadas, como han sido, las causales de inadmisibilidad previstas en la norma transcrita, esta Sala advierte de su estudio preliminar que el recurso de nulidad interpuesto no se subsume en ninguna de las referidas causales en consecuencia, esta Sala admite el presente recurso. Así se declara.

V DE LA DECLARATORIA DEL ASUNTO COMO DE MERO DERECHO Decidido lo anterior, resulta para esta Sala oportuno referirse a la resolución de un asunto como de mero derecho, para lo cual conviene reiterar lo sostenido, en sentencia del 20 de junio de 2000 (Caso: Mario Pesci Feltri Martínez vs. la norma contenida en el artículo 19 del Decreto emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, que creó el Régimen de Transición del Poder Público), en la cual sobre este punto se estableció lo siguiente:

"Siendo diferentes tanto los supuestos como su justificación, estima necesario esta Sala precisar una vez más las notas relevantes de estas dos situaciones; en tal sentido, se reitera que la solicitud de declaratoria de urgencia y de reducción de lapsos '..procede cuando son invocadas por el recurrente circunstancias fácticas o jurídicas que justifiquen dispensar dicha tramitación, siendo posible también que, oficiosamente, proceda la declaratoria cuando ello sea necesario a criterio del juzgador, previa apreciación del contenido mismo del acto recurrido'. Así lo venía sosteniendo la Sala Político-Administrativa de Ia entonces Corte Suprema de Justicia en reiterada y pacífica jurisprudencia, y lo ha entendido esta Sala Constitucional como puede apreciarse en el caso Allan R. Brewer-Carías, Claudio Eloy Fermín Maldonado y Alberto Franceschi González vs. Estatuto Electoral del Poder Público y Decreto que fijó el día 28 de mayo de 2000 para la realización de determinadas elecciones, decisión n° 89 de fecha 14 de marzo de 2000.

El procedimiento de mero derecho, por su parte, como se estableciera en decisiones reiteradas del Máximo Tribunal de la República, sólo procede cuando la controversia esté circunscrita a cuestiones de mera doctrina, a la interpretación de un texto legal o de una cláusula contractual o de otro instrumento público o privado. Ello viene a significar que la decisión podría ser tomada con el examen de la situación planteada y la correspondiente interpretación de la normativa aplicable al mismo. Muy particularmente sostuvo la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:

'Es pues una causa de mero derecho aquélla en la que, al no haber discusión sobre hechos, no se requiere apertura de lapso probatorio, sino que basta el estudio del acto y su comparación con las normas que se dicen vulneradas por él, a fin de que, concluida la labor de interpretación juridica que debe hacer el juez, se declare su onformidad o no a derecho. Incluso, puede evidenciarse desde el inicio mismo del proceso -de los términos de la solicitud de anulación- el que la causa sea de mero derecho y, por tanto, ser incluso innecesario el llamado a los interesados parcaque hagan valer sus pretensiones —sea en defensa o ataque del acto impugnado- por'hog:

haber posibilidad de discusión más que en aspectos de derecho y no de hecho".

Igualmente, merece especial mención la sentencia n° 1077 del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), en la cual esta Sala precisa la distinción de las sentencias de la llamada jurisdicción constitucional de las que se dictan por los tribunales civiles, mercantiles y demás en jurisdicción ordinaria, señalando lo siguiente:

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"Las pretensiones y las sentencias de la llamada jurisdicción constitucional difieren de las que se ventilan y dictan por los tribunales civiles, mercantiles y demás que ejercen la función jurisdiccional.

Ello es producto de que el control constitucional lo tienen todos los tribunales del país, y con él se persigue, mediante la actuación de los jueces constitucionales, la supremacía constitucional y la efectividad de las normas y principios constitucionales. Tal control, al ser ejercido, no tiene por qué estar dirigido contra alguien, contra opositores desconocidos, ya que todos los habitantes del pais podrían estar conformes con la forma de control que un individuo en particular proponga; pero como es el Tribunal Supremo de Justicia el máximo garante de la supremacia y efectividad constitucionales, es él como máximo Tribunal Constitucional, por medio de las Salas con competencia para ello, quien al ser instado debe asegurar la integridad de la Constitución (artículos 334 y 335 de la vigente Constitución), mediante decisiones jurisdiccionales.

Esta especial estructura de las pretensiones atinentes a lo constitucional, lleva a que muchas veces no haya nadie formalmente demandado, lo que hasta hace dudas de su carácter contencioso, pero como no se persigue mediante ellas la formación de nuevas situaciones juridicas y el desarrollo de las existentes, los procesos que en ese sentido se instauren no pueden considerarse de jurisdicción voluntaria (articulo 895 del Código de Procedimiento Civil), por lo que ésta no es la naturaleza de las causas constitucionales.

Se trata de procesos que potencialmente contienen una controversia entre el accionante y los otros componentes de la sociedad que tengan una posición contraria a él, y que no tratan como en el proceso civil, por ejemplo, de reclamaciones de derechos entre partes. Pero tal naturaleza, no elimina en las acciones constitucionales, procesos con partes que ocupan la posición de un demandado, como lo sería la sociedad encargada por el Ministerio Rúblico, o los interesados indeterminados llamados a juicio mediante constitucionales. Ni excluye sentencias que producen cosa gada, cuyos fectos, al igual que en el proceso civil, pueden ser absolutos o alatiyos.

Conforme a lo anterior, los órganos jurisdiccionales que conocen de lo constitucional, pueden dictar sentencias declarativas de certeza (mero declarativas), las cuales pueden producir, según la materia que se ventile, cosa juzgada plena.

Como las pretensiones constitucionales básicamente buscan la protección de la Constitución, no todas ellas tienen necesariamente que fundarse en un hecho histórico concreto que alegue el accionante, y esto las diferencia de otras pretensiones que originan procesos contenciosos, las cuales están fundadas en hechos que conforman los supuestos de hecho de las normas cuya aplicación se pide.

La acción popular de inconstitucionalidad, por ejemplo, se funda en que una ley o un acto, coliden con el texto constitucional. Se trata de una cuestión de mero derecho, que sólo requiere de verificación judicial en ese sentido. Tal situación que no es exclusiva de todas las acciones constitucionales, se constata también en algunos amparos, y ello no requiere de un interés personal específico para incoarla, ni de la afirmación por parte del accionante, de la titularidad sobre un derecho subjetivo material, bastando que afirme que la ley le reconoce el derecho a la actividad jurisdiccional, de allí la naturaleza popular (ver Juan Montero Aroca. La Legitimación en el Proceso Civil. Edit. Civitas. 1994). (Resaltado de este fallo) ".

En consonancia con los fallos anteriormente transcritos, así como en los precedentes jurisprudenciales de esta Sala contenidos en sentencias números 445/2000, 226/2001, 1.684/2008, 1.547/2011 y 09/2016, considerando, por una parte, que el presente asunto es de mero derecho, en tanto no requiere la evacuación de prueba alguna, al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento objetivo sobre la constitucionalidad o no de una actuación, y por la otra, en atención a la gravedad y urgencia de los señalamientos que subyacen en el recurso de nulidad ejercido, los cuales se vinculan a la actual situación existente en la República Bolivariana de Venezuela, especialmente una empresa básica del Estado venezolano como lo es la Corporación enezolana de Guayana, con incidencia directa en todo el Pueblo venezolano, esta Sala COWSST declara que la presente causa es de mero derecho, así como la urgencia en su resolución.

En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia, con el artículo 145 eiusdem, la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más trámites el presente asunto.

Así se decide.

VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR La acción de nulidad por inconstitucionalidad incoada se dirige a impugnar el acto de la Asamblea Nacional dictado por su Junta Directiva, contentivo de la autorización al ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, para que efectué el nombramiento para ejercer los cargos del órgano de intervención, llamado "Junta Administradora Ad Hoc", que asuma las funciones de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Guayana, para actuar en su nombre y, como responsable directo...".

Al respecto, alega la parte recurrente que la Corporación Venezolana de Guayana CVG, que "... es propiedad exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela y en este sentido es el estado venezolano ejerce su legitima propiedad sobre la Corporación Venezolana de Guayana a través del Ejecutivo Nacional...".

Igualmente, señaló que la Asamblea Nacional persiste con su actuar en desacato declarado reiteradamente por esta Sala Constitucional, desconociendo además la cualidad y representación que tiene y ejerce el Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, y la atribución específica del Presidente onsfítucional de la República, en ejercicio de su función de gobierno, de designar a la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), tal Presidente Ae como lo hizo en el Decreto N° 3.520 del 6 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 41.434 de la misma fecha. Así como también, la designación del Presidente de CVG INTERNACIONAL C.A., el nombramiento hecho por el Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, ciudadano Tareck El Aissami, del ciudadano JONATHAN ADOLFO ARDILA SANABRIA, titular de la cédula de identidad No V.-14.267.987, como Presidente de la Empresa del Estado CVG INTERNACIONAL, C.A.

Ahora bien, considera esta Sala, que este nuevo "Acuerdo" constituye una expresión directa de la Asamblea Nacional de no acatar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, específicamente, las sentencias números 260 del 30 de diciembre de 2015, 1 del 11 de enero de 2016 y 108 del 1 de agosto de 2016 de la Sala Electoral; y las números 269 del 21 de abril de 2016, 808 del 2 de septiembre de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 952 del 21 de noviembre de 2016, 1012, 1013, 1014 del 25 de noviembre de 2016 y 2 del 11 de enero de 2017, de esta Sala Constitucional, y de manera particular, el desacato a las sentencias N° 06 del 8 de febrero de 2019 y N° 39 del 14 de febrero de 2019.

En efecto, el 8 de febrero de 2019, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 06, declaró:

"1.- LA NULIDAD ABSOLUTA y CARENCIA DE EFECTOS

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA' de fecha 05 de febrero de 2019, dictado por la Asamblea Nacional por colidir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e los términos expresados supra.

PODEREs PÚBLICoS por parte de la Asamblea Nacional, órgano que se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos.

3.- SE EXHORTA al Ministerio Público para que investigue penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la ley.

4.- ORDENA la notificación a la Asamblea Nacional Constituyente, para su consideración y toma de decisiones pertinentes, del pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contenido en la presente sentencia.

5.- RATIFICA que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar.

6.- ESTABLECE con carácter vinculante que el desconocimiento individual y/o colectivo de carácter interno o externo, de un proceso electoral convalidado expresamente con las decisiones de este Tribunal Supremo de Justicia, es un acto de fuerza contrario al ordenamiento jurídico y al Derecho Internacional Público nugatorio de las reglas del juego democrático y cuyo efecto objetivamente conlleva a la ruptura del orden constitucional y de la paz social.

7.- ORDENA remitir copia certificada de esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente; al Poder Ejecutivo Nacional, en la persona del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, al Poder Ciudadano, al Poder Electoral y al Fiscal General de la República, a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes. Asimismo, se ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial, así como en la página web de este Alto Tribunal, para su difusión en virtud del criterio vinculante contenido en este fallo, con la siguiente mención:

'Sentencia de la Sala Constitucional que declara: La NULIDAD R rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela" de fecha 05 de febrero de 2019, dictado por la Asamblea Nacional por colidir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. EL ASALTO AL ESTADO DE DERECHO Y A TODOS LOS PODERES PÚBLICOS por parte de la Asamblea Nacional, órgano que se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos y que el DESCONOCIMIENTO INDIVIDUAL Y/O COLECTIVO DE CARÁCTER INTERNO O EXTERNO, DE UN PROCESO ELECTORAL CONVALIDADO EXPRESAMENTE CON LAS DECISIONES DE ESTE TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, ES UNJjACTO DE FUERZA contrario al ordenamiento juridico y al Drecho nernacional Público'.

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8.- ORDENA la amplia difusión internacional de la presente sentencia y la puesta en conocimiento a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, de las distintas Embajadas y representaciones diplomáticas acreditadas por la República Bolivariana de Venezuela.

En la parte motiva de dicho fallo, esta Sala, en relación con las pretendidas injerencias de la Asamblea Nacional en desacato contenidas en el "Estatuto", sostuvo lo siguiente:

En relación con el Capítulo VII, referente a las Disposiciones Transitorias y Finales:

1) De los 'Actos parlamentarios para la ejecución del presente Estatuto' artículo 33 y de la 'Cláusula residual' artículo 39; esta Sala observa que la Asamblea Nacional en desacato violenta expresamente los mecanismos de restablecimiento del orden constitucional establecidos en los artículos 333, 347, 348 y 350 del texto fundamental al que hace referencia.

2) Del 'Régimen transitorio de PDVSA y sus filiales' artículo 34; 35 y 'Disposición y administración de los activos del Estado' artículo 36;

[Fundamento del Capítulo II] esta Sala advierte una vez más que todo lo relativo a los actos de gobierno le corresponde al Presidente de la República como órgano del Poder Ejecutivo, configurándose de nuevo una usurpación de funciones en franca violación de los articulos 137, 138 y 139 constitucionales. De tal modo, que cualquier decisión de un órgano o funcionario en desacato o en usurpación de funciones que pretenda efectos jurídicos internos y/o internacionales es nula de toda nulidad y se reputa inexistente.

3) En cuanto a los 'Medios extraordinarios de promulgación del presente Estatuto' (artículo 38), esta Sala observa que la Asamblea Nacional violenta expresamente el Reglamento Interior y de Debates del Poder Legislativo.

En atención a todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Constitucional declara la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos del documento denominado 'ESTATUTO QUE RIGE LA TRANSICIÓN A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA' de fecha 05 de febrero de 2019, dictado por la Asamblea Nacional por desconocer flagrante y abiertamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y configurar un asalto al Estado y a todos los Poderes Públicos que lo conforman, mediante la simulación de actos válidos de la Asamblea Nacional en desacato".

Asimismo, la sentencia N° 39 del 14 de febrero de 2019 dictada por esta Sala, con ocasión del "Acuerdo de la Asamblea Nacional" que autoriza el nombramiento para que asuma/ las funciones de la Asamblea de accionistas y de la Junta Direcava de PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., para actuar en su nombre y, como accionista de PDV HOLDING, INC., procedió a designar a su Junta Directiva y, en consecuencia, nombrar la Junta Directiva CITGO HOLDING, INC., y de la empresa CITGO PETROLEUM CORPORATION, estableció:

"Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA en lo adelante), es una empresa con rango constitucional que tiene a su cargo la actividad petrolera reservada al Estado, como se desprende de lo dispuesto en el Capítulo I de la Constitución, y de lo específicamente establecido en los artículos 302 y 303 de la misma, que se transcriben a continuación:

Artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.

Artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.

Dicha empresa, de acuerdo con lo señalado en el Decreto n° 2.184 emanado del entonces Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, publicado en la Gaceta Oficial n° 37.588 de fecha 10 de diciembre de 2002, es una empresa estatal bajo la forma de sociedad anónima para cumplir y ejecutar la política que en materia de hidrocarburos dicte el Ejecutivo Nacional, por órgano del entonces Ministerio de Energía y Minas, hoy Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

En el Acta Constitutiva de dicha empresa contenida en el referido Decreto, se observa que la sede de la misma tendrá como domicilio la ciudad de Caracas, y el término de su duración será de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, estableciéndose ello en la Cláusula Primera, así como la posibilidad de esa sociedad de establecer sucursales u oficinas en otros lugares de la República o del exterior.

Es importante resaltar el objeto de esta empresa venezolana de tango constitucional, el cual aparece en la Cláusula Segunda, en los siguientes términos:

Cláusula Segunda: La sociedad tendrá por objeto planificar, coordinar y supervisar la acción de las sociedades de su propiedad así como controlar que estas últimas en sus actividades de exploración, explotación, transporte, manufactura, refinación, almacenamiento, comercialización o cualquiera otra de su competencia en materia de petróleo y demás hidrocarburos, ejecuten sus operaciones de manera regular y eficiente; adquirir, vender, enajenar y traspascr por cuenta propia o de terceros, bienes muebles e inmuebles; emitir obligaciones; promover como accionistas o no, otras sociedades que tengan por objeto realizar actividades en materia de recursos energéticos fósiles, de petroquímica, carboquímica y similares, y asociarse con personas naturales o jurídicas, todo conforme a la Ley; fusionar, reestructurar o liquidar empresas de su propiedad; otorgar créditos, financiamientos, fianzas, avales o garantías de cualquier tipo y, en general, realizar todas aquellas operaciones, contratos y actos comerciales que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del mencionado objeto.

El cumplimiento del objeto social deberá llevarse a cabo por la sociedad bajo los lineamientos y las políticas que el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Energía y Minas establezca o acuerde en conformidad con las facultades que le confiere la Ley.

Las actividades que realice la empresa a tal fin estarán sujetas a las normas de control que establezca dicho Ministerio en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 7° de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.

En dicha Acta constitutiva se regula lo referente al capital y sus acciones, a las asambleas; a la administración de dicha empresa, regulando en el Capítulo I del Título IV de dicho documento, desde la Cláusula Décima Sexta hasta la Cláusula Trigésima Segunda, todo lo relativo a la Junta Directiva de PDVSA; a su integración; a su designación por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo señalado en el artículo 236, numeral 16 de la Constitución; a las atribuciones de dicha Junta como autoridad que ejercerá la suprema administración de los negocios de PDVSA; así como a las incompatibilidades para el ejercicio de esos cargos.

En el írrito 'ACUERDO' de la Asamblea Nacional en desacato objeto del presente análisis, se observan doce (12) considerandos que preceden a cinco decisiones de la Asamblea Nacional en franco y contumaz desacato a todas las decisiones de esta Sala como máxima instancia de la jurisdicción constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

lectura de cada considerando revela, como ya se apuntó, que la Junta freetiva del Poder Legislativo Nacional se encuentra en un desacato abier flagrante y contumaz, evidenciando intenciones golpistas, pues en GOLPE DE ESTADO ocurrido el 12 de abril de 2002 (véase, entre oiooel artículo 8 del documento en cuestión, transcrito en sentencia n° 06 del febrero de 2019 de esta Sala), pretenden en esta oportunidad ASALTAR a PDVSA y a sus empresas filiales, bajo argumentos falaces, incongruentes y abiertamente regidos con el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, para designar la Junta Directiva de la misma y de sus empresas filiales ".

Tales consideraciones tienen efectos jurídicos extensivos al caso de autos, toda vez que la empresa CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional. De manera que, el funcionamiento y participación de la mencionada Corporación, debe llevarse a cabo bajo los lineamientos y las políticas del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional.

Determinado lo anterior, incurre nuevamente la Asamblea Nacional, desacatando las decisiones de esta Sala Constitucional, pues como se ha advertido en anteriores oportunidades, "al declarar el asunto como de mero derecho, la presente causa no requiere de material probatorio para su resolución toda vez que de los hechos narrados, así como de los propios fallos de esta Sala que abiertamente ha incumplido la Asamblea Nacional (entre otras, las sentencias N° 3 del 14 de enero de 2016; N° 615 efectivamente existe una clara intención de mantenerse en franco choque con la Constitución, sus principios y valores superiores, así como en desacato permanente de las sentencias dictadas por la Sala Electoral y por esta Sala Constitucional, al punto de que su incumplimiento ya no sólo responde a una actitud omisiva sino que en acto de manifiesta. agresión al pueblo como representante directo de la soberanía nacional, este miento jurídico, como son la paz, la independencia, la soberanía y la integridad territorial, los cuales constituyen actos de "Traición a la Patria", (...) Es así como esta Sala Constitucional considera que el agraviado directo en esta acción es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, quien tiene la expectativa plausible y la confianza legitima en sus autoridades elegidas mediante la democracia como sistema de gobierno, de que los valores superiores consagrados en la Carta Magna y los principios constitucionales sean efectivamente garantizados, impidiendo toda actuación que busque una injerencia de autoridad extranjera sea cual fuese su naturaleza; ello porque constituye una ofensa grave a la norma suprema del Estado Venezolano, la cual debe ser cumplida a cabalidad por todos los órganos del Poder Público, y esta Sala en ejercicio de la jurisdicción constitucional, está llamada a evitar se produzcan ilícitos constitucionales que atenten contra la independencia y soberanía nacional y conlleven a la ruptura del orden y del hilo constitucional base del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que el pueblo de Venezuela se ha dado mediante votación universal " (vid sentencia 155 del 28 de marzo de 2017).

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Así, este nuevo írrito "ACUERDO" de la Asamblea Nacional en desacato, contiene doce (12) considerandos que preceden al acuerdo de la Asamblea Nacional y donde se designa una junta administradora ad-hoc, conformada por los ciudadanos que a continuación se identifican, estableciendo además, las disposiciones, parámetros y modos de proceder, entre otros, cometidos que pretenden ejercer.

En este sentido, pretenden írritamente designar a los siguientes ciudadanos en los VARIANE.

cargos que se detallan a continuación:

que se detallan a continuación:

"Junta Administradora Ad-Hoc de la Corporación Venezolana de Guayana Nombre Cédula Cargo Enrique Manuel Castells Ycsiar C.I. 2.903.689 Presidente Roberto José Gregorio Arredondo Olivo C.I. 4.349.887 Director Ricardo Martin Echeverría Borsten Director Fernando Jesús Goyenechea Olmos C.1. 3.550.372 Director Dich Victor Souki Carrión C.I. 8.524.881 Director ".

En atención a todo lo anteriormente expuesto y, en franco y contumaz desacato a todas las decisiones de esta Sala, como máxima instancia de la jurisdicción constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, evidenciando que la Junta Directiva del Poder Legislativo Nacional tiene intenciones dolosas (golpistas), pues en similares circunstancias a las consideradas en el documento contentivo del GOLPE DE ESTADO ocurrido el 12 de abril de 2002, en esta oportunidad ASALTAN a la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), bajo argumentos falaces, incongruentes y abiertamente regidos con el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrado en el artículo 2 constitucional, para designar una Junta Administradora Ad Hoc, que asuma las funciones de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Guayana.

En atención a lo expuesto, esta Sala declara la nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional en desacato, el 20 de agosto de 2019, llamado "Acuerdo mediante el cual se autoriza el nombramiento para ejercer los cargos del órgano de intervención llamado 'Junta Administradora Ad-hoc', que asuma las funciones de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Guayana para actuar en su nombre y, como responsable directo", al constituir dicho "ACUERDO"

enezuela, y al sistema socioeconómico de la República; en consecuencia, se declara Ia OMIDAD ABSOLUTA y CARENTE DE EFECTOS JURÍDICOS, por emanar de la Asamblea Nacional en desacato grave y contumaz, y por subsumirse, en lo dispuesto en el artículo 138 de Ia Constitución vigente, al darse la USURPACIÓN DE ATRIBUCIONES del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en aplicación del llamado "ESTATUTO ΩUE RIGE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA PARA RESTABLECER LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA", de fecha 5 de febrero de 2019, ya declarado NULO E INEXISTENTE por esta misma Sala Constitucional; incurriendo en una intervención de un ente del Estado, como lo es la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG).

En efecto, esta Sala considera como únicamente válidos los nombramientos realizados por el Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, de los integrantes que conforman a la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), entre los cuales, se encuentra PEDRO ROLANDO MALDONADO MARÍN, en su condición de Presidente, designado mediante Decreto Presidencial Nº 3.520 de fecha 6 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 41.434 de la misma fecha.

Igualmente, la Sala considera como válido el nombramiento hecho por el Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, ciudadano Tareck El Aissami, del ciudadano JONATHAN ADOLFO ARDILA SANABRIA, titular de la RAN ¿ědula de identidad Nro. V.-14.267.987, como Presidente de la Empresa del Estado de CvG conferidas en el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales NACIONAL, C.A, designado mediante Resolución N° 027 del 23 de agosto de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Ne 41.471 del 30 de agosto de 2018.

De tal manera que, cualquier actuación en nombre y representación de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG) y de CVG INTERNACIONAL, C.A, que no sean realizadas por los ciudadanos PEDRO ROLANDO MALDONADO MARÍN y JONATHAN ADOLFO ARDILA SANABRIA, únicas representaciones válidas, no comprometen los intereses del Estado venezolano.

De manera que, en el presente caso, constituye otro ASALTO AL ESTADO DE DERECHO por parte de la Asamblea Nacional, órgano que se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos, pero específicamente, consiste en el ASALTO A LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), ente cuya actividad está protegida constitucionalmente, conforme al artículo 302, por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, en atención a lo cual las designaciones de los ciudadanos ENRIQUE MANUEL CASTELLS YCSIAR, ROBERTO JOSÉ GREGORIO ARREDONDO OLIVO, RICARDO MARTÍN ECHEVERRÍA BORSTEN, FERNANDO JESÚS GOYENECHEA OLMOS y DICH VÍCTOR SOUKI CARRIÓN, titulares de las cédulas de identidad números 2.903.689, 4.349.887, 3.669.097, 3.550.372 y 8.524.881, respectivamente, como Integrantes.de la Junta Administradora Ad Hoc, que pretenden usurpar las funciones de unta Diréctiva de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG) y VG INTERNACIONAL C.A., y ejercer sus atribuciones son NULAS DE ^NULIBAD ABSOLUTA. Así mismo, los nombramientos nulos hacen incurrir a sus detentores en presuntos delitos de acción pública consagrados en el ordenamiento jurídico penal venezolano. Así se declara.

VII DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la jurisdicción constitucional como máxima instancia de resguardo de la Constitución, así como en aras de mantener las medidas indispensables para el restablecimiento del orden constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO.- Que ES COMPETENTE para conocer y decidir el presente recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano PEDRO ROLANDO MALDONADO MARÍN, en su condición de Presidente de Ia CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), contra el denominado "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO PARA EJERCER LOS CARGOS DEL D N HOC', QUE ASUMA LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, PARA ACTUAR EN SU NOMBRE Y, COMO RESPONSABLE DIRECTO" de fecha 20 de agosto de 2019 ".

SEGUNDO.- ADMITE el recurso de nulidad interpuesto en contra del acto Btaatario celebrado el 20 de agosto de 2019.

W ERCERO.- DECLARA DE MERO DERECHO la resolución deesente.

so de nulidad.

POR ABSOLUTA

CUARTO.- DECLARA NULIDAD la INCONSTITUCIONALIDAD del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional el 20 de agosto de 2019, llamado “Acuerdo mediante el cual se autoriza el nombramiento para ejercer los cargos del órgano de intervención llamado 'Junta Administradora Ad-hoc', que asuma las funciones de la junta directiva de la Corporación Venezolana de Guayana, para actuar en su nombre y, como responsable directo".

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QUINTO. Se CONSIDERAN ÚNICAMENTE COMO VÁLIDOS los nombramientos realizados por el Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, de los integrantes del ente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), entre los cuales, se encuentra PEDRO ROLANDO MALDONADO MARÍN, titular de la cédula de identidad Ng V- 13.207.446, en su condición de Presidente, designado mediante Decreto Presidencial No 3.520 de fecha 6 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 41.434 de la misma fecha. Igualmente, la Sala considera como válido el nombramiento hecho por el Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, ciudadano Tareck El Aissami, del ciudadano JONATHAN ADOLFO ARDILA SANABRIA, titular de la cédula de identidad No V.-14.267.987, como Presidente de la Empresa del Estado CVG INTERNACIONAL, C.A. Indicando que, el prenombrado ciudadano ejercerá las atribuciones conferidas en el Acta Constitutiva y statstes Sociales de CVG INTERNACIONAL, C.A, designado mediante Resolución ministerial N° 027 del 23 de agosto de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.471 del 30 de agosto de 2018.

VSTTVC SEXTO.- DECLARA que únicamente la representación realizada en nombre y representación de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG) y CVG INTERNACIONAL C.A., por los ciudadanos PEDRO ROLANDO MALDONADO MARÍN, en su condición de Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG) y JONATHAN ADOLFO ARDILA SANABRIA, como Presidente de CVG INTERNACIONAL C.A., COMPROMETE LOS INTERESES DEL ESTADO VENEZOLANO.

SÉPTIMO.- QUE CONSTITUYE OTRO ASALTO AL ESTADO DE DERECHO por parte de la Asamblea Nacional en desacato, cuyos actos son absolutamente nulos, pero específicamente esta vez, consiste en el ASALTO A LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), ente cuya actividad está protegida constitucionalmente, conforme al artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, en atención a lo cual, se DECLARAN NULAS DE NULIDAD ABSOLUTA las designaciones de los ciudadanos ENRIQUE MANUEL CASTELLS YCSIAR, ROBERTO JOSÉ GREGORIO ARREDONDO OLIVO, RICARDO MARTÍN ECHEVERRÍA BORSTEN, FERNANDO JESÚS GOYENECHEA OLMOs y DICH VÍCTOR SOUKI CARRIÓN, titulares de las cédulas de identidad números 2.903.689, 4.349.887, 3.669.097, 3.550.372 y 8.524.881, respectivamente, como integrantes de la Junta Administradora Ad Hoc, que pretenden usurpar las funci en de la Junta Directiva de la CORPORACIÓN VENEZOLAN DE

OCTAVO.-DECLARA quienes aparecen las que mencionados en designaciones declaradas nulas, ciudadanos ENRIQUE MANUEL CASTELLS YCSIAR, ROBERTO JOSÉ GREGORIO ARREDONDO OLIVO, RICARDO MARTÍN ECHEVERRÍA BORSTEN, FERNANDO JESÚS GOYENECHEA OLMOS y DICH VÍCTOR SOUKI CARRIÓN, titulares de las cédulas de identidad números 2.903.689, 4.349.887, 3.669.097, 3.550.372 y 8.524.881, respectivamente, están presuntamente incursos en la comisión de delitos de acción pública tipificados en el ordenamiento jurídico penal venezolano.

NOVENO.- Con el fin del mantenimiento de la soberanía nacional, la independencia del país y el resguardo del sistema socio-económico de la República Bolivariana de Venezuela, y en su totalidad el mantenimiento del orden social y constitucional, se DECRETA Prohibición de salida del país de los ciudadanos ENRIQUE MANUEL CASTELLS YCSIAR, ROBERTO JOSÉ GREGORIO ARREDONDO OLIVO, RICARDO MARTÍN ECHEVERRÍA BORSTEN, FERNANDO JESÚS GOYENECHEA OLMOS y DICH VÍCTOR SOUKI CARRióN, titulares de las cédulas de identidad números 2.903.689, 4.349.887, 3.669.097, 3.550.372 y 8.524.881, respectivamente.

DÉCIMO. SE DECRETA Prohibición de enajenar y gravar bienes, propiedad de los ciudadanos ENRIQUE MANUEL CASTELLS YCSIAR, ROBERTO JOSÉ GREGORIO ARREDONDO OLIVO, RICARDO MARTÍN 2.903.689, 4.349.887, 3.669.097, 3.550.372 y 8.524.881, respectivamente.

DÉCIMO PRIMERA.- SE DECRETA el Bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano, de los ciudadanos ENRIQUE MANUEL CASTELLS YCSIAR, ROBERTO JOSÉ GREGORIO ARREDONDO OLIVO, RICARDO MARTÍN ECHEVERRÍA BORSTEN, FERNANDO JESÚS GOYENECHEA OLMOS y DICH VÍCTOR SOUKI CARRIÓN, titulares de las cédulas de identidad números 2.903.689, 4.349.887, 3.669.097, 3.550.372 y 8.524.881, respectivamente.

DÉCIMO SEGUNDA.- En razón de que, las personas designadas ilegalmente para ocupar las directivas de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), que pueden ubicarse fuera del territorio nacional y se encuentran en estado de flagrancia continuada en la comisión de delitos de acción pública, esta Sala en ejercicio de la jurisdicción constitucional y, vista la urgencia del caso, ORDENA al Fiscal General de la República iniciar el trámite para el procedimiento de Extradición de los ciudadanos ENRIQUE MANUEL CASTELLS YCSIAR, ROBERTO JOSÉ GREGORIO ARREDONDO OLIVO, RICARDO MARTÍN ECHEVERRÍA BORSTEN, FERNANDO JESÚS GOYENECHEA OLMOS y DICH VÍCTOR SOUKI CARRIóN, titulares de las cédulas de identidad números 2.903.689, 4.349.887, 3.669.097, 3.550.372 y 8.524.881, respectivamente, que se encuentren fuera del territorio de la República, a los fines de su enjuiciamiento penal, en ejercicio de sus N.AWNAC aiaformar a esta Sala Constitucional las resultas del mismo. De igual forma, se de esta decisión a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de :

de la República Bolivariana de Venezuela.

DÉCIMO TERCERO.- INSTA al Poder Ejecutivo Nacional, a los Presidentes de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG) y de la CVG INTERNACIONAL C.A., PEDRO ROLANDO MALDONADO MARÍN Y JONATHAN ADOLFO ARDILA SANABRIA, respectivamente, a girar las instrucciones a fin de que los Representantes judiciales de la República en el exterior, así como la misión diplomática acreditada en el Reino de España tomen las medidas legales consiguientes para denunciar las conductas ilícitas de los señalados ciudadanos, ante las autoridades competentes penales y civiles existentes en ese país.

DÉCIMO CUARTO.- ORDENA al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela de inicio ante el Tribunal Supremo de España el trámite de Rogatoria Judicial para que proceda a darío fuerza ejecutoria a esta sentencia, que involucra los intereses de la República Bolivariana de Venezuela.

DÉCIMO QUINTO.- ORDENA al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, difunda esta sentencia a las distintas Embajadas y Representaciones Diplomáticas acreditadas en la República Bolivariana de Venezuela a los fines de la más amplia difusión internacional, y se informe a esta Sala las resultas de lo aquí dispuesto.

DÉCIMO SEXTO.- ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo sumario deberá señalar:

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"Sentencia de la Sala Constitucional que declara la nuligd por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la Acumblea Nacional en desacato, de fecha 20 de agosto de 2019, acuerdo que presen Asamblea Nacional para Autorizar el nombramiento de la Junta Administradora Ad-Hoc que asuma las funciones de la Junta Directiva de la empresa CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG)".

Publíquese, regístrese, notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Remítase copia certificada de esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente; al Poder Ejecutivo Nacional en la persona del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros; al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores; al Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); al Presidente de CVG Internacional C.A.; al Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional; al Procurador General de la República; al Fiscal General de la República, a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes; y a la Sala de Casación Penal. Igualmente, se ordena remitir copia certificada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a los efectos de las medidas decretadas y al Servicio Autónomo de Migración y Extranjería (SAIME).

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los — — del mes de febrero de dos mil veinte (2020). Años: 209° de la Independencia y 160°de la Federación.

El Pesdente, JUAN JOSÉMENDOZAJOVER El Vicepresidente,

ARCADIO DELGADO ROSALES

Los Magistrados, Pruhelterehe CARMEN ZULETA DE MERCHÁN Ponente yMG GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO Calelah CALIXTOORTEA RÍOS

LUIS EERNANDO BAMIANF BUSTILLOS

URDESENICIA SUAREZ ANDE

La Secretaria, ihoge ANDREA RODRIGUEZ FLORES 20-0111 CZdM Quien suscribe, la Secretaria de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Dra. MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES, certifica que: hecha la confrontación de estas copias con sus originales, se encuentra que es fiel y exacta, de lo cual doy fe.

En Caracas, a los 20 días del mes de febrero de dos mil veinte.

La Secretaria, SALA MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES

DEFENSA PÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

Nº DDPG-2019-338 Caracas, 05 de junio de 2019 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana KELDRYZ MIDYUMEY PALACIOS ROTJES, titular de la cédula de identidad N° V-14.032.154, Defensora Pública Auxiliar Sexta (6°), con competencia en materia Penal Ordinario, como Defensora Pública Provisoria Cuarta (4°), con competencia en la referida materia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, a partir de la fecha de su notificación.

sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho dé la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y publíquese, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de fa Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado'en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2019-696 Caracas, 10 de septiembre de 2019 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRo GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asambiea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 15, ejusdem.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana NELSIDA MARÍA GONZÁLEZ CABRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.014.251, como Defensora Pública Auxiliar Primera (1°), con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Anzoátegui, extensión El Tigre, a partir de la fecha de su notificación.

sEGunDo: Publicar el texto íntegro.de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivarianade Vegezuela espacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Dada, firmada y sellada e racas.

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2019-837 Caracas, 10 de octubre de 2019 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRo GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 15, ejusdem.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública Generai, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

la cédula de identidad N° V-16.052.271, Abogado I, como Defensora Pública Auxiliar Segunda (2°), con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Cojedes, a partir de la fecha de su notificación.

sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y selladaenel Déspacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de NEZUELA Caracas.

Comuníquese y publíguese aeeasteo CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2019-850 Caracas, 10 de octubre de 2019 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° v-4.823.800, designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Máxima Autoridad de este Organismo Constitucional, asignar la competencia de las Defensoras Públicas y Defensores Públicos, por el territorio y por la materia.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana LESLIE ALESSANDRA MOROS VILORIA, titular de la cédula de identidad N° V-18.618.869, Defensora Pública Auxiliar con competencia Plena, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Mérida, como Defensora Pública Provisoria Décima Quinta (15°), con competencia en materia Penal Ordinario, en Fase de Ejecución, adscrita a dicha Unidad Regional, a partir de la fecha de su notificación.

sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

despacho, de la Defensora Pública General, en la ciudad de Dada, firmada y sellada en Caracas.

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante:pecreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2019-918 Caracas, 28 de octubre de 2019 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 15, ejusdem. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana ALEXANDRA COROMOTO DELGADO HIGALDo, titular de la cédula de identidad N° V-17.136.359, como Defensora Pública Provisoria Primera (1°), con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Falcón, extensión Punto Fijo, a partir de la fecha de su notificación.

sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en pchg de la Defensora Pública General, en la ciudad de ÚBLICA Caracas.

:CUCLA Comuníquese y publíquece, tlaoasteo ARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediarite Decretó de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2019-949 Caracas, 07 de noviembre de 2019 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° v-4.823.800, designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 15, ejusdem.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al Ciudadano MIGUEL ÁNGEL PINTO JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.825.479, como Defensor Público Auxiliar Primero (1°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Amazonas, a partir de la fecha de su notificación.

sEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de Ia Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y publíquese, liceceastee CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada médiante Decreto de la-Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de eñero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarianande Venezuela n° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2019-1032 Caracas, 17 de diciembre de 2019 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRo GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Decreto de la Asamblea Nacionai Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de ia República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 15, ejusdem. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana YOLY ALEXANDRA CAPRILES MARRERO, titular de la cédula de identidad N° V-17.803.562, Abogado I, como Defensora Pública Auxiliar Cuadragésima (40°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.

sEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada es Despaché de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y publiques aeasteo

DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2020-001 Caracas, 09 de enero de 2020 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, asignar la competencia de las Defensoras Públicas o Defensores Públicos, por el territorio y por la materia.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana YENIREE DAYLI GONZÁLEZ SILVA, titular de la cédula de identidad N° v-18.345.246, Defensora Pública Auxiliar Sexta (6°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, como Defensora Pública Provisoria Quinta (5°), con competencia en materia Penal Ordinario, en Fase de Ejecución, adscrita a dicha Extensión, a partir de la fecha de su notificación.

sEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela.

Rada, firmada y sellada en él Despacho dé la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.

UELA Comuníquese y publíquese, teaestio CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 13 de enero de 2020 N° DDPG-2020-008 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRo GILLY, titular de Ia cédula de identidad N° v-4.823.800, designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 15, ejusdem.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana YANETH YOLANDA SEQUERA GAMERO, titular de la cédula de identidad N° V-17.248.183, Abogado I, como Defensora Pública Provisoria Segunda (2°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Falcón, extensión Tucacas, a partir de la fecha de su notificación.

sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

IVARLAS Dada, firmada y sellada en el VENEZUELA Caracas.

Comuníquese y publíquese, agestio CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 13 de enero de 2020 N° DDPG-2020-009 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 15, ejusdem. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana YELITZA ALEXANDRA PALACIOS AMAYA, titular de la cédula de identidad N° V-12.912.703, Abogado II, como Defensora Pública Auxiliar Tercera (3°), con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, extensión Sede Central, a partir de la fecha de su notificación.

sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

spacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Dada, firmada y sellada en Caracas.

Comuníquese y publíque eeleasteo CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 18 de febrero de 2020 Años 209° y 160° RESOLUCIÓN N° 286 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad:conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en usó de-Jas atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 dei artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar FISCAL, AUXILIAR INTERINO al ciudadanO Abogado DANY BENJAMIN SOTO BARRERA, titular de la cédula de identidad N° 19.367.057, en la FISCALÍA 38 NACIONAL. PLENA. .EL referido Ciudadano se venía desempeñando como Secretario II-en la citada Fiscalía.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones.de esta Superioridad.

WARIANg Comuníquese y

TAREK WILLIANS SAAB PiscalGeneral de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO ÚBLICO Despacho del Fical General de la República Caracas, 18 de febrero de 2020 Años 209º y 160° RESOLUCIÓN N°287 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los 'numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano Abogado HUMBERTO 3OSÉ FALCÓN HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 13.503.717, en la FISCALÍA MUNICIPAL. PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, con competencia territorial en los Municipios Veroes y San Felipe, y sede en la población de Farriar, adscrita a la Fiscalía Superior de la citada Circunscripción Judicial.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

: , Comuníquesepübliquese.

feie

TAREKWILLIANS SAAB FiscalGeneral de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 18 de febrero de 2020 Años 209?.y 160° RESOLUCIÓN N° 288 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadanO Abogado JOSÉ LUIS COLMENARES, titular de la cédula.de identidad N° 16.227.462, en la FISCALÍA 32 NACIONAL DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. EL referido ciudadano se venía desempeñando como Abogado Adjunto II en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

omuníquese y Publíquese.

TAREK WILLIANS SAAB.

Eiscal Genefal de la República

página original (tal como se publicó)Página 17 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2020 Años 209° y 161°

RESOLUCIÓN N° 358

TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución dè la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numeral 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar a la ciudadana Abogada MARÍA EUGENIA . MÁRQUEz TORRES,titular de la cédula de identidad Nº 10.276.972, SECRETARÍA en la "FUNDACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE SALUD DEL MINISTERIO PÚBLICO (SERVISALUDMP)", CargO de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. La referida ciudadana seguirá desempeñando sus funciones como Directora en la Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación.

Comuníquese y Publíquese.

fer OELA AREK WILLIANS SAAB at Genefal de la República

página original (tal como se publicó)Página 18 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 18 de febrero de 2020 Años 209° y 160° RESOLUCIÓN Nº 285 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICQ: TraSIadar ComO FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano Abogado ANGEL ANTONIO ESPINOZA LUGO, titular de la cédula de identidad N°24.166.372, a la FISCALÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia en Materia de Proceso y sede en Valencia. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Sala De Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas Instrucciones de esta Superioridad. y Publiquese.

Comuníg

faaex

REK WILLIANS SAAB FiscaT'General de la República GENF

página original (tal como se publicó)Página 19 de la Gaceta

Página 20

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 18 de febrero de 2020 Años 209° y 160° RESOLUCIÓN N° 291 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1'y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada MARIANGEL LAREZ RIVERO, titular de la cédula de identidad N° 18.896.538, como FISCAL PROVISORIO en la FISCALÍA VIGÉSIMA del MinISteriO Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Tachira.

El presente Traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Comuníg publiquese.

REKWILLIANS SAAB FiscalGeneral dea República

página original (tal como se publicó)Página 20 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 20 de febrero de 2020 Años 209° y 160° RESOLUCIÓN N° 317 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICQ: Trasladar al ciudadano Abogado DARWIN ENRIQUE ARAY, titúlar de la cédula de identidad N.° 13.915.526, como FISCAL AUXILIAR INTERINO a la FISCALÍA 93 NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. El referido ciudadano se venía desempeñarsdo como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Septuagésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El presentetraslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese.

TAREK WILLIANS SAAB cal General de la República

página original (tal como se publicó)Página 21 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 20 de febrero de 2020 Años 209° y 161° RESOLUCIÓN N° 326 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICQ: Trasladar al Ciudadano Abogado WALTER ANTONIO NEGRON DONADO, titular de la cédula de identidad N.º 12.802.105, como FISCAL AUXILIAR INTERINO a la FISCALÍA VIGÉSIMA del MinISteriO Público de la Circunscripción del estado Zulia, con sede en Machiques, en sustitución de la ciudadana Abogada Teofila Gabriela Delgado León, quien pasara a otro destino. El referido ciudadano se venía desempeñando como Físcal Auxiliar Interino en la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón.

El presente traslado tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuniquese Rublíquese.

TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República GENFR!

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 28 de febrero de 2020 Años 209° y 161° RESOLUCIÓN Nº 359 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo á de la Ley los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado ISMAIL JOSÉ ABDEL LINAREZ, titular de la cédula de identidad N.º 17.860.104, Como FISCAL AUXILIAR INTERINO a la FISCALÍA VIGÉSIMA PRIMERA del MinISteriO Público de la Circunscripción Judicial del estado Faicón, con sede en Coro y competencia en materia contra las Drogas. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

El presente traslado tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. ublíquese.

Comuníq

TAREK WILLIANS SAAB iscal General de la República

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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLVII - MES V Número 41.833 Caracas, jueves 5 de marzo de2020 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria

DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

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