Gaceta Oficial N° 41.828
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AÑO CXLVII - MES V Caracas, jueves 27 de febrero de 2020 Número 41.828
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto Nº 4.135, mediante el cual se crea el Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, como un órgano desconcentrado, dotado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Decreto Nº 4.136, mediante el cual se aprueba el
Plan Nacional Contra el Terrorismo 2020-2022, formulado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con el propósito de continuar la implementación de las políticas públicas desde una visión preventiva y de reducción de los factores de riesgo que propicien actos terroristas.
Decreto Nº 4.137, mediante el cual se nombra al
ciudadano Hernán José Gil Barrios, como Director General Encargado del Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, al ciudadano Jaime Ramón Orezzoli Quevedo.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano
Luis Alfredo Quintero Ruiz, como Director de Línea, adscrito a la Dirección de Personal Diplomático y Consular de la Oficina de Gestión Humana, de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se dicta el Instructivo de
Regulación de los Trámites Administrativos que deben efectuar los Jefes de Misiones Diplomáticas, Consulares, Misiones Permanentes, entre otras Dependencias de Representación de la República Bolivariana de Venezuela en el Exterior.
Resolución mediante la cual se crea el Consulado
General de la República Bolivariana de Venezuela en Quito, República del Ecuador, cuya circunscripción consular contempla la ciudad de Quito.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ricardo Javier Sánchez Niño, como Director General del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ente adscrito a este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, adscritos al Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE Resolución mediante la cual se dicta la Normativa Técnica aplicable para la Investigación de Accidentes, Incidentes Graves e Incidentes de Aviación Civil.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Eduardo Rafael Valbuena Heredia, como Director General del Desarrollo Comunal para el Vivir Bien de los Pueblos Indígenas, adscrito al Despacho del Viceministerio para el Vivir Bien de los Pueblos Indígenas, de este Ministerio.
CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría del Municipio San Sebastián, del estado Aragua.
CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO CARRIZAL Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
449.818 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 27 de febrero de 2020
Decreto N° 4.135 27 de febrero de 2020
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo. Por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2, 11 y 20 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo establecido en los artículos 15, 16, 46 y 61 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra como derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional, que propugna como valores superiores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, constituyendo un compromiso del Estado fortalecer el enfoque y actuación de las políticas públicas con una visión transformadora,
CONSIDERANDO Que el Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025, contempla en el Objetivo Nacional 2.7, Objetivo Estratégico 2.7.6 y Objetivo Especifico 2.7.6.11, proteger, investigar, combatir y sancionar, de manera sistemática y mediante políticas integrales, los fenómenos delictivos ligados a la corrupción, la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo, minimizando los efectos nocivos sobre la paz social, el desarrollo de la nación y atendiendo a los diferentes niveles de proyección de estas formas delictivas, desde lo nacional hasta los Cuadrantes de Paz,
CONSIDERANDO
Que corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana la planificación, coordinación, formulación, evaluación y seguimiento de las políticas, planes, estrategias, lineamientos y directrices nacionales en materia de prevención y seguridad ciudadana, lo que comprende las políticas nacionales para la protección de la integridad física, los bienes y propiedades de la República Bolivariana de Venezuela y sus habitantes, así como de las políticas, planes y programas de prevención, control y mitigación de la actividad delictiva con el propósito de identificar, evaluar y entender los riesgos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para adoptar el estándar internacional que permita mitigar los riesgos en esta materia, lo cual determina la protección de las instituciones del Estado Democrático Social, de Derecho y de Justicia en aras del mantenimiento y conservación de la seguridad y paz social.
Artículo 2º. El CUERPO NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO, será el encargado de ejecutar las actividades de investigación, inteligencia, gestión y análisis de información estratégica relacionada con el terrorismo, financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como de efectuar las operaciones tácticas necesarias para prevenir, reprimir, neutralizar y combatir los delitos vinculados con dicha materia, a los fines de coadyuvar con la paz y la sana convivencia de las personas en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y garantizar la Defensa Integral y Seguridad de la Nación. Artículo 3º. El CUERPO NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO, estará desplegado en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y tendrá competencia para desempeñar sus funciones de manera integral en todos los ámbitos de la vida nacional. Artículo 4º. El CUERPO NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO tendrá las siguientes atribuciones:
1. Dar cumplimiento a las políticas emanadas de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, órgano rector en la materia.
2. Ejecutar actividades de investigación, inteligencia, gestión y análisis de información estratégica relacionada con el terrorismo, financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 3. Establecer mecanismos de articulación con organismos competentes en materia contra el terrorismo, para la ejecución de las acciones tácticas a fin de prevenir, reprimir, neutralizar y combatir los delitos vinculados con la materia. 4. Procesar denuncias sobre amenazas y presuntos delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 5. Determinar el origen, la procedencia de los capitales emergentes de las personas naturales y jurídicas, vinculadas al terrorismo, financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
6. Articular las operaciones tácticas con los órganos y entes que concurran en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, sin menoscabo de las competencias particulares. 7. Ejecutar decisiones judiciales en materia de terrorismo, en cuanto implique la ubicación, búsqueda y aprehensión de personas naturales, así como también ejecutar las órdenes de captura y aprehensión en aquellas investigaciones desarrolladas por el propio Cuerpo Nacional contra el Terrorismo.
DECRETO
Artículo 1º. Se crea el CUERPO NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO, como un órgano desconcentrado, dotado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
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Jueves 27 de febrero de 2020 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 449.819 8. Ejecutar mandatos de conducción en materia contra el terrorismo.
9. Practicar inspecciones y allanamientos en los casos vinculados a los delitos en materia de terrorismo, de acuerdo con lo establecido en el marco legal vigente.
10. Cooperar con los cuerpos anti-terroristas extranjeros, de conformidad con lo establecido con los tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 5º. Las operaciones tácticas que requieran realizarse en el curso de la investigación, con los fines de desarticular células terroristas serán dirigidas por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o el que haga sus veces. Artículo 6º. El CUERPO NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO, contará con las dependencias de apoyo y sustantivas que requiera para cumplir su objeto, según se determine en los reglamentos respectivos, en los cuales se fijarán el número, organización, competencias y funcionamiento de las unidades administrativas que lo integrarán, así como de las demás dependencias necesarias que conformarán las distintas unidades, previa aprobación de la estructura organizativa por parte del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación. Artículo 7º. El o la titular del CUERPO NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO, tendrá rango de Director General o Directora General, y será designado o designada por el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana. Artículo 8º. Corresponderá a la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana ejercer sobre el CUERPO NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO, el Sistema de Control Interno y el régimen previsto en la normativa orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás disposiciones relacionadas.
Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinte. Años 209° de la Independencia, 161° de la Federación y 21° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.)
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.)
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.)
JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.)
SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y Vicepresidente Sectorial de Economía
Artículo 9º. Todo lo no previsto en este Decreto para la puesta en funcionamiento del Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, podrá ser resuelto por el Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Artículo 10. Los Ministros o Ministras del Poder Popular con competencia en materia de Planificación; y de Economía y Finanzas realizarán las gestiones pertinentes, a objeto de garantizar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento del Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo. Artículo 11. Los Ministros o Ministras del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; de Planificación; y de Economía y Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento de los lineamientos establecidos en este Decreto. Artículo 12. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
(L.S.)
TARECK EL AISSAMI
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional (L.S.)
ENEIDA RAMONA LAYA LUGO
Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.)
GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.)
ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial (L.S.)
ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA
Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología (L.S.)
GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.)
CÉSAR GABRIEL TRÓMPIZ CECCONI
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (L.S.)
OSWALDO RAFAEL BARBERA GUTIÉRREZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.)
ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI
Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.)
BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Transporte (L.S.)
HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas (L.S.)
RAÚL ALFONZO PAREDES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (L.S.)
FREDDY CLARET BRITO MAESTRE Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.)
GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior (L.S.)
FÉLIX RAMÓN PLASENCIA GONZÁLEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.)
GABRIELA MAYERLING PEÑA MARTÍNEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.)
DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)
CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.)
MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.)
GILBERTO AMÍLCAR PINTO BLANCO
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.)
CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ
Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ
Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)
ASIA YAJAIRA VILLEGAS POLJAK Refrendado La Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas (L.S.)
EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.)
PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO
Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.)
MARÍA IRIS VARELA RANGEL
449.820 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 27 de febrero de 2020
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Jueves 27 de febrero de 2020 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 449.821
Decreto N° 4.136 27 de febrero de 2020
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo. Por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 24 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, entre otros: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, de acuerdo a lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito diversos tratados en materia de lucha contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, de los cuales se desprende el firme propósito de la comunidad internacional de combatir el delito de terrorismo y su financiamiento, en el ámbito universal y regional,
DECRETO Artículo 1°. Se aprueba el PLAN NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO 2020-2022, formulado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con el propósito de continuar la implementación de las políticas públicas desde una visión preventiva y de reducción de los factores de riesgo que propicien actos terroristas. Artículo 2°. A los fines previstos en el artículo anterior, los órganos y entes del Poder Ejecutivo Nacional identificados en cada una de las acciones programáticas del Plan Nacional Contra el Terrorismo 2020-2022, deberán adoptar las medidas pertinentes a objeto de incorporar dentro de sus respectivos Planes Operativos los proyectos, acciones específicas y recursos necesarios para la adecuada y oportuna ejecución del PLAN NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO 2020-2022. Igualmente, se exhorta a los órganos del Poder Ciudadano y Poder Judicial, identificados dentro del PLAN NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO 2020-2022, a incorporar los proyectos, acciones específicas y recursos pertinentes dentro de sus respectivos Planes Operativos. Artículo 3°. Todos los órganos y entes del Poder Ejecutivo Nacional deberán brindar la colaboración que sea requerida para la implementación del PLAN NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO 2020-2022. Artículo 4°. Se invita a las organizaciones y movimientos del Poder Popular, a contribuir en la implementación y seguimiento del PLAN NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO 2020- 2022, en el marco del principio de corresponsabilidad y el modelo de democracia participativa y protagónica consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 5°. Se ordena la publicación íntegra del PLAN NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO 2020-2022, en los portales de Internet de todos los Órganos del Poder Ejecutivo identificados en cada una de las acciones programáticas del Plan. Se exhorta a los órganos del Poder Ciudadano, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Legislativo a publicar en sus respectivos portales de internet el texto íntegro del PLAN NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO 2020-2022.
CONSIDERANDO
Que el delito de terrorismo se ha incrementado en los últimos tiempos, producto de la violencia política con fines desestabilizadores, potenciado por el accionar de grupos de extrema derecha, convirtiéndose en una de las amenazas para la paz y la tranquilidad de la sociedad,
CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional Contra el Terrorismo 2020-2022, formulado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, prevé abordar, prevenir y combatir las acciones delictivas tipificadas como actos terroristas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,
CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional Contra el Terrorismo 2020-2022, plantea los retos institucionales que permitirán al Estado venezolano su adaptación y proyección, de cara a la perspectiva de un país en paz, equitativo y prevenido, ante los planes de desestabilización y de financiamiento para generar violencia y propagar la matriz mediática nacional e internacional de descontrol en el país.
Artículo 6°. La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela coordinará con los diferentes órganos de la Administración Pública Nacional para el cumplimiento de los lineamientos contenidos en el PLAN NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO 2020-2022. Artículo 7º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinte. Años 209° de la Independencia, 161° de la Federación y 21° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
Á
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449.822 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 27 de febrero de 2020 Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.)
JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.)
SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.)
TARECK EL AISSAMI
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional (L.S.)
ENEIDA RAMONA LAYA LUGO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior (L.S.)
FÉLIX RAMÓN PLASENCIA GONZÁLEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.)
GABRIELA MAYERLING PEÑA MARTÍNEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.)
DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA
Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)
ASIA YAJAIRA VILLEGAS POLJAK Refrendado La Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas (L.S.)
EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.)
PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO
Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.)
MARÍA IRIS VARELA RANGEL
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.)
GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.)
ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial (L.S.)
ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA
Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología (L.S.)
GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.)
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.)
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.)
MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.)
GILBERTO AMÍLCAR PINTO BLANCO
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.)
CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ
Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ
Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)
CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA
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Jueves 27 de febrero de 2020 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 449.823 Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.)
CÉSAR GABRIEL TRÓMPIZ CECCONI
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (L.S.)
OSWALDO RAFAEL BARBERA GUTIÉRREZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.)
ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI
Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.)
BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Transporte (L.S.)
HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas (L.S.)
RAÚL ALFONZO PAREDES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (L.S.)
FREDDY CLARET BRITO MAESTRE Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.)
GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES
Artículo 2°. Delego en el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la juramentación del referido ciudadano.
Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.)
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
Decreto N° 4.137 27 de febrero de 2020
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 4º, 18, 19 y el numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECRETO
Artículo 1°. Nombro al ciudadano HERNÁN JOSÉ GIL BARRIOS, titular de la cédula de identidad Nº V-8.441.188, como DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL CUERPO NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO, órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinte. Años 209° de la Independencia, 161° de la Federación y 21° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES
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POR CUANTO El ciudadano JAIME RAMON OREZZOLI QUEVEDO, titular de la cédula de identidad N° V-6.370.564, ingresó a este Órgano Ministerial el 16 de abril de 2000; siendo su último cargo Asistente de Relaciones Exteriores I, adscrito al Dirección de Ceremonial y Eventos Diplomáticos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
POR CUANTO El beneficio de jubilación ordinaria se otorga a aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan alcanzado la edad de sesenta (60) años de edad si es hombre o de cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, siempre que hubieren cumplido veinticinco (25) años de servicio en la Administración Pública, ambos requisitos son concurrentes.
POR CUANTO El ciudadano JAIME RAMON OREZZOLI QUEVEDO, se desempeñó como Asistente de Relaciones Exteriores Ill, adscrito a la Dirección de Ceremonial y Eventos Diplomáticos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, tiene sesenta (60) años de edad y Treinta y tres (33) años, ocho (08) mese: y cuatro (04) días de antigüedad en la
artículo 8, numeral 1 del Decreto con Rango, Valk r y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
POR CUAN TO El salario base para el cálculo de la jubilación resulta del promedio de la suma de los últimos doce (12) sueldos mensuales devengados por el funcionario, equivalente a la cantidad de novecientos veintidós mil seiscient s quince con treinta y seis Céntimos (Bs. 922.615,36), con un sueldo promedio men :ual de setenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro con sesenta y un Céntimos (Bs. 76.884,61), y que para obtener el monto de la jubilación se debe aplicar al salario base, el porcentaje que resulte de multiplicar los años de servicio por un coeficiente de dos y medio (2,5), siendo este de ochenta por ciento (80%) que corresponde a la cantidad de sesenta y un mil quinientos siete con sesenta y nueve Céntimos (Bs. 61.507,69) mens uales, todo ello, de conformidad con lo establecido en los articulos 10 y 11 del Decreto c on Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Munici pal.
POR CUAN O El referido monto de jubilación en ningún cas podrá ser inferior al salario mínimo nacional, de acuerdo con el precitado artículo 11 c el Decreto ejusdem.
RESUELV :
PRIMERO: OTORGAR el beneficio de Pensiór por jubilación ordinaria al ciudadano JAIME RAMON OREZZOLI QUEVEDO, titular d€ la cédula de identidad N° V-6.370.564, por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs.
250.000,00) mensuales, a partir de la fecha de su 1otificación.
SEGunDo: La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación.
TERCERO: Se instruye a la Oficina de Gestión Humana, para que notifique a la parte interesada, cumpliendo lo establecido en el articulo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Notifíquese, Publ quese.
JORGE ALBERTO ARREAZ A MONTSERRAT Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriqres
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM N° 2:1 2 209o, 160° y 21° Caracas, 1 8 FEB 2020 RESOLUCIÓN El CiudadanO JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto N° 3.015, de 02 de agosto de 2017, publicado en Gaceta Oficial N° 41.205 de 02.de agosto de 2017, ratificado según decreto N° 3.464, de 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 del 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 34, 65 y.78, numerales 2 y·19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la-Administración Pública, publicado en la Gaceta. Óficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre.de:2014, en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 del 30.de julio de 2013, en virtud de la cual se mantiene vigente el artículo 68 de la Ley de Servicio Exterior, en los artículos 19 y 20, numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el articulo 36 numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, así como en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 del 17 de septiembre de 1969, mediante el cual se dictó el Reglamento de Delecación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional.
POR CUANTO El cargo de Director de Línea del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, es de libre Nombramiento y Remoción por ser un cargo de Alto Nivel: : :
RESUELVE
PRIMERO: Designar. al CiudadanO LUIS ALFREDO QUINTERO RUIZ, titular de la cédula de identidad N° V-17.521.361, como Director de Línea, adscrito a la Dirección de Personal Diplomático y Consular de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores.
SEGUNDO: Se delega al CiUdadanO LUIS ALFREDO QUINTERO RUIZ, titular de la cédula de identidad N° V-1° .521.361, designado en esta Resolución, en su carácter de Director de Línea, la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Oficina, los cuales se detallan a continuación:
1.- Oficios, notas, memoranda, circulares; e instrucciones de servicio, radiogramas y telegramas para los Miembrc s de las Misiones Diplomáticas, Delegaciones y Oficinas Consulares de !a República en el Exterior y Direcciones dependientes del Despacho;
2.- La. correspondencia y radiotelegrafí en respuesta a solicitudes relacionadas con asuntos inherentes a la Dir cción a su cargo.
3.- Comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional u otros Organismos Públicos y Privados.
TERcEro: Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, deberán contener bajo la firma del funcionario delegado, la fecha, el número de la Resol ición, y los datos de la Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada, Cunforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor ·· Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
cuArTo: Queda a salvo, lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros de! Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial No. 29.025, de fecha 18 c e septiembre de 1969, respecto de.los actos y documentos cuya firma no pu ede ser delegada.
QuinTo: El presente Acto entrará en vige ncia a partir del 01 de marzo de 2020.
Se instruye a la Oficina de Gestión Hiui nana que notifique a la parte interesada, en cumplimiento de lo estable :ido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
Comuníquese y Pul líquese, JORGE ALBERTO ARREAZ A MONTSERRAT Ministro del Poder Popular para Relaciones Exterióres
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO DM No. 2 1 6 " 209° /160° / 21°
Caracas, 1 0 FEB 2020
RESOLUCIÓN El ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, designado mediante Decreto N° 3.015 del 2 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 de la misma fecha, ratificado mediante Decreto N.º 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 41.419 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8 y 10, así como en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior.
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POR CUANTO El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, resulta ser el Órgano del Estado venezolano competente para la ejecución de las directrices emitidas por el Presidente o Presidenta de la República en materia de política exterior, en cuanto a la actuación internacional de la República y las relaciones diplomáticas y consulares.
POR CUANTO Las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares,instrumentos ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, establecen los procedimientos a seguir en caso de rupturas de relaciones.
POR CUANTO El constante ataque unilateral, sistemático y violatorio del derecho internacional al-xual se encuentra sometida la República Bolivariana de Venezuel.a.
POR CUANTO Es importante unificar los criterios internos con respecto a los casos excepcionales de ruptura de relaciones diplomáticas o consulares., de_ funciones, salidas intespectivas, ceses renuncias, cierres de misiones, abandono de cargo, entre otros casos.
POR CUANTO Es obligatorio cumplir con las normativas emanadas de los órganos de control del Estado Venezolano, con la finalidad de garantizar, salvaguardar y proteger los bienes e intereses patrimoniales de la República dentro y fuera del territorio y la actuación de los jefes de Misione:: Diplomáticas, Consulares, Permanentes, otras dependencias de Misiones entre representación de la República Bol variana de Venezuela.
POR CUANTO Los representantes, jefes de MisionesDiplomáticas, Consulares, Misiones Permanentes, entre otras dependencias de representación de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, deberán cumplir obligatoriamente con lo establecido en el presente Instructivo a los fines de contar con el aval jurídico por parte de la Dirección General de Consultoría Jurídica.
RESUELVE Dictar el siguiente Instructivo, denominado:
INSTRUCTIVO DE REGULACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE DEBEN EFECTUAR LOS JEFES DE MISIONES DIPLOMÁTICAS, CONSULARES, MISIONES PERMANENTES, ENTRE OTRAS DEPENDENCIAS DE REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL EXTERIOR, CON LA FINALIDAD DE RESGUARDAR LOS E INTERESES BIENES PATRIMONIALES DE LA REPÚBLICA Y LA ACTUACIÓN DE DICHOS FUNCIONARIOS EN CASOS EXCEPCIONALES.
Artículo 1. El presente Instructivo tiene por objeto, regular los trámites administrativos necesarios para resguardar los bienes e intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, y la actuación de los representantes, jefes de Misiones Diplomáticas, Consulares, Misiones Permanentes, entre otras dependencias de representación de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior.
Artículo 2. Los representantes de Misiones Diplomáticas, Consulares, Misiones Permanentes, entre otras dependencias de representación de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, que den por concluidas sus funciones por casos excepcionales, deberán elaborar y suscribir un Acta explicativa en siete (7) ejemplares, contentiva de las circunstancias que dieron lugar a la finalización de sus labores, así como sobre la situación en que se encontraba la Misión en cuestión al momento de su retiro, bien sea en la sede de la Misión, o de no ser viable, a su llegada a la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Acta que debe ser remitida, en conjunto con sus respectivos anexos, de la siguiente manera: una (1) a la Dirección General del Despacho del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, una (1) a la Dirección General del Despacho del Viceministro del Área Geográfica correspondiente, una (1) a la Dirección General de Consultoría urídica, una (1) a Auditoría Interna, una (1) a la Oficina de P anificación y Presupuesto, una (1) a la Oficina de Gestión Administrativa y una (1) del representante de la Misión.
Artículo 3. En el caso que los representantes de Misiones Diplomáticas, Consulares, Misiones Permanentes, entre otras dependencias de representación de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, sean pesados en sus funciones, siguiendo el procedimiento establecido en dicho supuesto, será suplido inmediatamente por el funcionario que lo siga en jerarquía, con el objeto que la conducción o dirección de la Misión no se encuentre acéfala, y pueda continuar su funcionamiento habitual. En tal caso, deberán realizarse los trámites administrativos correspondientes a la brevedad posible, por las dependencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores competentes para garantizar el óptimo funcionamiento, administrativo y legal de la misión respectiva.
Artículo 4. En el caso anterior, los representantes de Misiones Diplomáticas, Consulare's, Misiones Permanentes, entre otras dependencias de representación de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, deberán levantar Acta de Entrega, de conformidad con Ic establecido en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos de la Administración Pública y sus Respectivas Oficinas y Dependencias, vigentes. Dicha Acta, además de contar con los requisitos establecidos en las normativas antes señaladas, deberá contar con la información exacta de los bienes muebles e inmuebles existentes, archivos, cuentas bancarias, personal a cargo, situación legal, administrativa y financiera en general, así como el detalle de las actividades en desarrollo y pendientes por ejecución.
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Artículo .5. Los representantes de Misiones Diplomáticas, Consulares, Misiones Permanentes, entre otras dependencias de representación de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, deben asegurar al momento del registro de las firmas para la movilización de cuentas bancarias, así como de los distintos procedimientos administrativos respectivos ante los sistemas de control del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el registro pertinente del segundo funcionario en cuanto a jerarquía, con el objeto que al momento de efectuarse los supuestos indicados en el presente Instructivo, la Misión en cuestión no cuente con dificultades funcionamiento administrativo para su y financiero.
Artículo 6. En caso de salida de todos los funcionarios de una embajada o consulado, debe ser presentada el Acta correspondiente señalada en el Artículo 2 del presente Instructivo, detallando con exactitud el estatus de todos los aspectos respectivos a la Misión en cuestión.
Artículo 7. Los gastos operativos, servicios básicos, sueldos de los empleados locales, deben ser sufragados a: la brevedad posible bien sea por los representantes de Misiones Diplomáticas, Consulares, Misiones Permanentes, entre otras dependencias de representación de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, así como el funcionario a cargo en casos excepcionales, de contar con la disponibilidad presupuestaria pertinente. Se debe mantener, en todo momento informado a las dependencias correspondientes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores sobre la situación de dichos supuestos, con el objeto de tomar las medidas pertinentes para sa vaguardar los intereses patrimoniales de la República en el exterior, en casos excepcionales.
Artículo 8. Las Actas de Ent:rega elaboradas por los Diplomáticas,Consulares, representantes Misiones de MisionesPermanentes,entre otras dependencias de representación de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, deben ser suscritas entre el funcionario entrante y saliente, o quien asuma las responsabilidades de la Misión. En casos excepcionales, puede efectuarse en la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, entre las partes involucradas.
En casos de abandono del cargo por parte de los representantes de las Misiones Diplomáticas, Consulares, Misiones Permanentes, entre otras dependencias_de representación de la República Bolvariana de Venezuela en el exterior, el funcionario que supl rá las funciones de éste, deberá realizar inventario y Acta de Recepción de lo que observó y encontró a su llegada a la Misión, de conformidad con lo establecido en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos de la Administración Pública y sus Respectivas Oficinas y Dependencias, vigentes.
Artículo 9. La Dirección General cie Gestión Humana, deberá a la brevedad posible, bien sea a momento del cese de los Diplomáticas, Consulares, Misiones representantes Misiones Permanentes, entre otras dependencias de representación de la República Bol variana de Venezuela en el exterior, en los casos que sean considerados excepcionales, emitir el cese correspondiente ante el sistema de la Controlaría General de la República, con el objeto de preservar su actuación y responsabilidad.
Artículo 10. En los casos de situaciones excepcionales y por necesidad de realizar trámites especiales para resguardar los intereses patrimoniales de la República, se deberá solicitar la opinión y apoyo de la Dirección General de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
11.Elincumplimiento delas presentes Artículo disposiciones por parte de los representantes de Misiones Diplomáticas, Consulares, Misiones Permanentes, entre otras dependencias de representación de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, quedará sujeto a las sanciones que sobre responsabilidad administrativa, civil, penal y disciplinaria establezcan las leyes y Reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela.
Articulo 12. La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Publíquese y Ejeqútese, JORGE ALBERTO ARREAZA MORITSER Ministro
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM No. 217"
209°, 160° y 21° Caracas, 1 8 FEB 2020 RESOLUCIÓN Siguiendo instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en su carácter de Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción de Gobierno y las relaciones exteriores de la República; el ciudadano Jorge Alberto Arreaza Montserrat, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto N° 3.015 del 2 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
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de Venezuela N° 41.205 del 2 de agosto de 2017, ratificado según Decreto N.º 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 41.419 del 14 de junio de 2018; en atención a lo establecido en el artículo 65 del Decreto N° 1.424, a través del cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, y en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 78, numerales 4, 15 y 19 eiusdem, así como en ejecución de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.217 del 30 de julio de 2013 y el artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, publicada en la Gaceta Oficial N.º 976 Extraordinaria del 16 de septiembre de 1965.
POR CUANTO Al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, siguiendo los lineamientos del Presidente. de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde diseñar la política exterior, ejecutar y coordinar las actividades de las relaciones exteriores, de conformidad con los fines superiores del Estado y los intereses del pueblo, previstos en los grandes objetivos del Plan de la Patria, la Agenda Económica Bolivariana y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
POR CUANTO La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la cual el Estado venezolano es Parte, rige lo relativo al establecimiento de relaciones consulares, y en tal sentido sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento.
RESUELVO Artículo 1. Crear el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Quito, Repúolica del Ecuador, cuya circunscripción consular contempla la ciudad de Quito.
Artículo 2. Que el Despacho del Viceministro para América Latina realice los trámites necesarios, de carácter político y diplomático, para cumplir a cabalidad con el articulo 1 del presente Acto Administrativo, en aras de garantizar la seguridad jurídica de la actuación internacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Articulo 3. Que la Oficina de Planificación y Presupuesto, efectúe los trámites a que haya lugar, relativos a la modificación de presupuesto de gastos del Ministe io del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a los fines de que el Consulado cuente con las asignaciones de recursos financieros para su correcto funcionamiento.
Articulo 4. La presente Resolución su rtir efectos jurídicos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y pi blíquese
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRA MINISTRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL RESOLUCIÓN N° 010/2020 AÑOS 209°, 160° y 210 CARACAS, 26 DE FEBRERO DE 2020 La Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, ENEIDA LAYA LUGo, titular de la cédula de identidad número V-11.366.874, designada mediante Decreto N° 4.011 de fecha 21 de octubre de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.742, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34, 65 y 78 numerales 1, 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela ° 6.147 Extraordinar de fecha 17 de noviembre de 2014, concatenado con lo previsto en el artígulo 5 numeral 2, los artículos 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interno del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPf), publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.456 de fecha :19 de mayo de 1998, RESUELVE
Artículo 1: Se designa al ciudadano RICARDO JAVIER SANCHEZ NIÑO, titular de la cédula de identidad N° V.- 15.491.355, como Director General del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.
Artículo 2. El funcionario designado queda facultado para desempeñar todas las funciones inherentes al cargo y las señaladas en el Reglamento Interno del Servicio Autónomo de fa Propiedad Intelectual (SAPI). En consecuencia, se le delega la firma de los actos y documentos que se derivan del ejercicio del mismo, incluso la correspondiente a la legalización de la firma de las funcionarias y los funcionarios de ese organismo de conformidad con la normativa legal vigente.
Artículo 3. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4. El funcionario designado deberá rendir cuenta a la Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en ejecución de la presente Resolución.
Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publiquese, el Ejecutivo Nacional
EIDA LAYA LUGO Decreto N° 4.011 de fecha 21 de octubre de 2019, publicado en Gaceta Oficial de la Repúblioa Bolivariana de Venezuela N° 41.742, de fecha 21 de octubre de 2019
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449.828 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 27 de febrero de 2020
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE
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POR CUANTO Es necesaria la implementación de los procesos de investigación de accidentes e incidentes aéreos en el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SsP), acordes a la realidad y características propias del Estado venezolano, con la finalidad de establecer las medidas de coordinación, gestión y políticas que deben regir al sector aeronáutico nacional en materia de investigación de accidentes e incidentes, y así lograr una normativa ordenada y eficiente en cumplimiento de las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional de Aeronáutica Civil.
RESUELVE DICTAR LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES GRAVES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL CAPÍTULO I.
GENERALIDADES Objeto y alcance Artículo 1. Esta Resolución tiene por objeto regular la normativa técnica aplicable para la investigación de los accidentes, incidentes graves e incidente de aviación civil, donde quiera que ocurran, siempre y cuando produzcan efectos en la República Bolivariana de Venezuela.
La aplicación de estas disposiciones con respecto a accidentes o incidentes graves que ocurran con aeronaves de matrícula venezolana, en el territorio de un Estado no contratante al Convenio de Chicago, en una zona de soberanía indeterminada o en alta mar, se tratará conforme con lo dispuesto en el artículo 10 de esta Resolución.
Definiciones Artículo 2. A los fines de la investigación de accidentes, incidentes graves e incidentes de aviación civil objeto de esta Resolución, se definen los siguientes términos:
Accidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en el cual una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre ei momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual:
a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de:
1. Hallarse en la aeronave, o;
2. Por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se hayan desprendido de la aeronave, o 3. Por exposición directa al chorro de un reactor, excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación o;
b) La aeronave sufre daños o roturas estructurales que:
1. Afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus características de vuelo; y 2. Exigen una reparación importante o el recambio del componente afectado, excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor, (incluido su capó o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, sondas, álabes, neumáticos, frenos, ruedas, cadenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras o perforaciones), o por daños menores a palas del rotor principal, palas del rotor compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con aves (incluyendo perforaciones en el radomo y el revestimiento de la aeronave).
c) La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.
Nota 1. — Para uniformidad estadística únicamente, toda lesión que ocasione la muerte dentro de los 30 días contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, está clasificada por la OACI como lesión mortal.
Nota 2. — Una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la búsqueda oficial y no se han localizado los restos.
Nota 3. — El tipo de sistema de aeronave no tripulada que se investigada será a los que se les expida un certificado de diseño tipo.
Nota 4. —En el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes (AIG) incluirá la orientación para determinar los daños de una aeronave.
Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire, que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra y sea apta para transportar personas o cosas.
Asesor: Persona nombrada por un Estado, en razón de sus calificaciones, investigación.
Autoridad de Investigación de Accidentes: Comisión, Jefatura, Junta u otro órgano designado por el órgano competente de un Estado, como encargada para dirigir la investigación de los Accidentes, Incidentes Graves e Incidentes de Aviación Civil, en el contexto de esta Resolución.
Causas: Acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de estos factores que determinen el accidente o incidente. La identificación de las causas no implica la asignación de culpa ni determinación de responsabilidad administrativa, civil o penal.
Estado de diseño: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de tipo.
Estado de fabricación: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del montaje final de la aeronave, motor o hélice.
Estado de matrícula: Estado en el cual está matriculada la aeronave.
Estado del explotador: Estado en el que está ubicada la oficina principal del explotador o, de no haber tal oficina, la residencia permanente del explotador.
Estado del suceso: Estado en cuyo territorio se produce el accidente o incidente.
Explotador: Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la explotación de aeronaves.
Factores contribuyentes: Acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de estos factores, que si se hubieran eliminado, evitado o estuvieran ausentes, habrían reducido la probabilidad de que el accidente o incidente ocurriese, o habrían mitigado la gravedad de las consecuencias del accidente o incidente. La identificación de los factores contribuyentes no implica asignación de culpa ni determinación de responsabilidad administrativa, civil o penal.
Incidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones.
Nota. —En el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes (AIG) se incluirá la orientación para determinar los tipos de incidentes de especial interés en el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional Incidente grave: Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo una alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización de una aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal.
Nota 1. La diferencia entre accidente e incidente grave estriba solamente en el resultado.
Nota 2. En el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes (AIG) se incluirá la orientación para determinar los tipos de incidentes de especial interés en el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional. Informe preliminar: Comunicación usada para la pronta divulgación de los datos obtenidos durante las etapas iniciales de la investigación.
Investigación: Proceso que se lleva a cabo con el propósito de prevenir los accidentes y que comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones, incluida la determinación de las causas y/o factores contribuyentes y, cuando proceda, la formulación de recomendaciones sobre seguridad operacional.
Investigador encargado: Persona responsable, en razón de sus calificaciones, de la organización, realización y control de una investigación. Nota. — Nada en la definición anterior trata de impedir que las funciones de un investigador encargado se asignen a una comisión o a otro órgano.
Lesión grave: Cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que produzca:
a) La hospitalización durante más de 48 horas dentro de los siete días contados a partir de la fecha en que se sufrió la lesión.
b) La fractura de algún hueso (con excepción de las fracturas simples de la nariz o de los dedos de las manos o de los pies).
c) Las laceraciones que den lugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, músculos o tendones.
d) Los daños a cualquier órgano interno.
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e) Las quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que afecten más del 5% de la superficie del cuerpo.
f) Que sean imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o a la exposición a radiaciones perjudiciales.
Masa máxima: Masa máxima certificada de despegue.
Manual de Procedimientos AIG: Manual que contiene procedimientos, instrucciones y orientaciones sobre la investigación de accidentes e incidentes graves.
Programa estatal de seguridad operacional (SsP): Conjunto integrado de reglamentación y actividades destinadas a mejorar la seguridad operacional.
Recomendación sobre seguridad operacional: Propuesta de una autoridad encargada de la investigación de accidentes, basada en la información obtenida de una investigación, formulada con la intención de prevenir accidentes o incidentes y que, en ningún caso, tiene el propósito de dar lugar a una presunción de culpa o responsabilidad respecto de un accidente o incidente. Además de las recomendaciones sobre seguridad operacional dimanantes de las investigaciones de accidentes o incidentes, las recomendaciones sobre seguridad operacional pueden provenir de diversas fuentes, incluso los estudios sobre seguridad operacional.
Recomendación en materia de seguridad operacional de interés mundial (sr Gc): Una recomendación de seguridad operacional relativa a una deficiencia sistémica con una probabilidad de recurrencia con consecuencias importantes a escala mundial y que requiere medidas oportunas para mejorar la seguridad operacional.
Registrador de vuelo: Cualquier tipo de registrador instalado en la aeronave a fin de facilitar la investigación de accidentes o incidentes.
Registrador de vuelo de desprendimiento automático (ADFR):
Registrador combinado de vuelo instalado en la aeronave que puede desprenderse automáticamente de la misma.
Representante acreditado: Persona designada por un Estado, en razón de sus calificaciones, para los fines de participar en una investigación efectuada por otro Estado. El representante acreditado provendría normalmente de la autoridad del Estado encargada de la investigación de accidentes.
Objetivo de la investigación Artículo 3. El objetivo de la investigación de accidentes, incidentes graves e incidentes es la prevención de futuros accidentes e incidentes; quedando excluida de su propósito la determinación de culpa o de las responsabilidades que se deriven de los mismos.
Independencia de las investigaciones Artículo 4. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil actuará de manera independiente de la Autoridad Aeronáutica y de otras entidades que pudieran interferir con la realización o la objetividad de una investigación.
Protección de las pruebas, custodia y traslado de la aeronave Artículo 5. En el caso que la República Bolivariana de Venezuela sea el Estado del suceso, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, en coordinación con otros organismos y entes del Estado, tomará las medidas oportunas para proteger las pruebas y mantener la custodia eficaz de la aeronave y su contenido, durante el período de tiempo que sea necesario para realizar la investigación.
La protección de las pruebas incluirá todas las acciones conducentes a la conservación, por procedimientos fotográficos u otros medios, de los elementos de convicción que puedan ser trasladados, o que puedan borrarse, perderse o destruirse. La custodia eficaz incluirá protección razonable para evitar nuevos daños, el acceso de personas no autorizadas y el que se perpetre robos o se causen deterioros.
Cuando la protección de las pruebas se trate de aquellas que estén contenidas en los registradores de vuelo, se exige que la recuperación y la manipulación del registrador y de la banda se asignen solamente a personal capacitado.
Responsabilidad en la protección de las pruebas, custodia y traslado de la aeronave Artículo 6. En el caso que la República Bolivariana de Venezuela sea el Estado del suceso y otro Estado solicita que la aeronave, su contenido y cualquier otro medio de prueba permanezcan intactos hasta que los examine un representante acreditado del Estado solicitante, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, en coordinación con otros organismos y Entes del Estado, tomará todas las medidas que sean necesarias para atender tal solicitud siempre que ello sea razonablemente factible y compatible con la debida realización de la investigación; pero la aeronave podrá desplazarse lq preciso para sacar personas, animales, correo y objetos de valor, a fin de evitar su destrucción por el fuego o por otras causas, o para eliminar todo peligro u obstáculo para la navegación aérea, para otros medios de transporte o para el público, y siempre que no se retraso innecesariamente el retorno de la aeronave al servicio, cuando sea factible.
Cesión de la Custodia Artículo 7. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, cederá la custodia de la aeronave, su contenido o cualquier parte del mismo tan pronto como ya no sea necesario para la investigación, a la persona o personas debidamente designadas por el Estado de matrícula o por el Estado del explotador, según sea el caso. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil posee dos modalidades para la cesión de custodia:
a. Cesión de Custodia Total de Aeronave: utilizado cuando la aeronave, su contenido o cualquier parte del mismo ya no es necesario para la investigación.
b. Cesión Temporal: utilizado para realizar el traslado de la aeronave o restos de la misma, a fin de asegurar el resguardo temporal mientras se emite la cesión de custodia total de la aeronave, asegurándose que se cumplan los requisitos legales que correspondan. En dicho documento, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, enumerará las partes o productos aeronáuticos que mantendrá en resguardo durante la investigación.
Sin menoscabo de los artículos 4 y 5 la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil en coordinación con otros organismos y entes del Estado, facilitará el acceso a la aeronave, su contenido, o a cualquier parte de los mismos, pero cuando la aeronave, su contenido, o cualquier parte de los conveniente conceder tal acceso, se hará el traslado a un punto donde pueda permitirlo.
CAPÍTULO II.
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES Responsabilidad como Estado del suceso Artículo 8. En el caso que la República Bolivariana de Venezuela sea el Estado del suceso e intervengan aeronaves de otro Estado contratante al Convenio de Aviación Civil Internacional, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil enviará una notificación de un accidente, un
Resolución, con la menor demora posible y por el medio más adecuado y expedito a:
a) El Estado de matrícula;
b) El Estado del explotador;
c) El Estado de diseño;
d) El Estado de fabricación;
e) La Organización de Aviación Civil Internacional, en el caso de que la aeronave correspondiente posea una masa máxima de más de 2.250 kg o se trate de un avión turborreactor.
La notificación se hará en un lenguaje claro y contendrá el máximo posible de la siguiente información, pero no se demorará su envío por falta de información completa:
a) En el caso de accidentes se utilizará la abreviatura de identificación ACCID; en el caso de incidentes graves se utilizará la abreviatura SINCD; y en el caso de incidentes se utilizará la abreviatura INCID;
b) Fabricante, modelo, marcas de nacionalidad y matrícula, y número de serie de la aeronave;
c) Nombre del propietario de la aeronave, del explotador y del arrendador, si lo hubiere;
d) Habilitación del piloto al mando de la aeronave y nacionalidad de la tripulación y los pasajeros;
e) Fecha y hora (local o UTC) en que ocurrió el accidente o incidente;
f) Último punto de salida y punto de aterrizaje previsto de la aeronave;
g) Posición de la aeronave respecto a algún punto geográfico de fácil identificación, y latitud y longitud;
h) Número de tripulantes y pasajeros: abordo, muertos y gravemente heridos; otros, muertos y gravemente heridos;
i) Lo que se sepa sobre la descripción del accidente o incidente, y los daños que presente la aeronave;
j) Indicación del alcance que daría a la investigación realizada o que se propone delegar el Estado del suceso;
k) Características físicas del lugar del accidente o incidente, así como indicación de las dificultades de acceso o requisitos especiales para llegar al lugar;
I) Identificación de la autoridad remitente y medios para comunicarse en cualquier momento con el investigador encargado;
m)Presencia de mercancías peligrosas a bordo de la aeronave y descripción de las mismas.
El formato, contenido, idioma y cualquier información adicional en las notificaciones se harán de acuerdo a las disposiciones indicadas en el Anexo 13 al Convenio de Chicago y serán establecidas en el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes (AIG).
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Responsabilidad como Estado de matrícula y/o Estado del explotador Artículo 9. La República Bolivariana de Venezuela como Estado de matrícula o el Estado del explotador, según corresponda, a través de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil:
a) Enviará una notificación de incidente grave al Estado de diseño, al Estado de fabricación y al Estado del suceso, cuando el Estado del suceso no esté enterado de un incidente grave.
b) Acusará recibo de la notificación de un accidente o incidente grave, como Estado del suceso.
c) Al recibir una notificación de un accidente o incidente de Aviación:
(i) Suministrará al Estado del suceso, tan pronto como les sea posible, la información pertinente de que dispongan respecto a la aeronave que haya sufrido el accidente o incidente grave y a su tripulación.
(i) Informará igualmente al Estado del suceso si tiene el propósito de nombrar a un representante acreditado y, si lo nombra, su nombre, datos para establecer contacto, si el representante acreditado viajará al Estado del suceso y la fecha prevista de su llegada. También debe señalarse a su atención la utilidad de su presencia y participación en la investigación.
(ii) Suministrará al Estado del suceso, con la menor demora posible y por el medio más adecuado y más rápido de que disponga, información detallada sobre las mercancías peligrosas que se encuentren a bordo de la aeronave.
CAPÍTULO III INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN Responsabilidad en la realización de la investigación Artículo 10. En el caso que la República Bolivariana de Venezuela sea el Estado del suceso, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil establecerá una investigación administrativa para determinar las causas y factores que contribuyeron al suceso, para implementar las acciones correctivas que impidan su repetición, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil podrá delegar, total o parcialmente, la realización de tal investigación en otro Estado u organización regional de investigación de accidentes, por acuerdo y consentimiento mutuo. En todo caso, el Estado del suceso empleará todos los medios a su alcance para facilitar la investigación.
En el caso que la República Bolivariana de Venezuela no realice una investigación y no delegue la investigación en otro Estado ni en una organización regional de investigación de accidentes e incidentes, el Estado de matrícula o, en su defecto, el Estado del explotador, el Estado de diseño o el Estado de fabricación, en ese orden, tienen derecho a solicitar por escrito a la República Bolivariana de Venezuela que delegue la realización de dicha investigación. Si la República Bolivariana de Venezuela da su consentimiento expreso o no responde a la solicitud dentro de los 30 días subsiguientes, el Estado que haya hecho la solicitud deberá establecer y realizar la investigación con la información disponible.
Lo dispuesto anteriormente no exime al Estado Venezolano de sus obligaciones en el marco de esta Resolución.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no da necesariamente al Estado que hace la solicitud, el derecho de acceso al lugar del accidente, a los restos de la aeronave ni a ninguna otra prueba o información que se encuentre dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Cuando no pueda establecerse claramente que el lugar del accidente o del incidente grave se encuentra en el territorio de un Estado, y se encuentra involucrada una aeronave de matrícula venezolana, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil asumirá la responsabilidad de instituir y realizar la investigación administrativa del accidente o del incidente grave, salvo que la realización de la investigación pueda delegarse, total g% parcialmente, a otro Estado o a una organización regional de investigación de accidentes e incidentes, por acuerdo y consentimiento mutuos.
En el caso que la República Bolivariana de Venezuela no inicie una investigación y no delegue la investigación en otro Estado ni en una organización regional de investigación de accidentes e incidentes, el Estado de matrícula o, en su defecto, el Estado del explotador, el Estado de diseño o el Estado de fabricación, en ese orden, tiene derecho a solicitar por escrito a la República Bolivariana de Venezuela que delegue la realización de dicha investigación. Si la República Bolivariana de Venezuela da su consentimiento expreso o no responde a la solicitud dentro de los 30 días subsiguientes, el Estado que haya hecho la solicitud deberá instituir y realizar la investigación con la información disponible.
Si en un accidente de aviación, se encuentra involucrada una aeronave de matrícula venezolana y el lugar de la ocurrencia está ubicado en aguas internacionales, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil en coordinación con otros organismos y Entes del Estado, podrá solicitar apoyo a los Estados más próximos al lugar de un accidente que haya tenido lugar para que proporcionen toda la ayuda posible.
En el caso de una investigación de un sistema de aeronave no tripulada, y/o de diseño.
Organización y realización de la investigación Artículo 11. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil gozará de independencia y autoridad absoluta para realizar la investigación administrativa de su competencia. La investigación será independiente de todo procedimiento judicial o administrativo que determinen la culpa o las responsabilidades que el suceso involucre. La investigación comprenderá lo siguiente:
a) La recopilación, el registro y el análisis de toda la información pertinente sobre el accidente, incidente grave o incidente.
b) La protección de determinados registros de las investigaciones de accidentes e incidentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de esta Resolución.
c) En el caso que corresponda, la publicación de recomendaciones sobre seguridad operacional.
d) La determinación de las causas y/o factores contribuyentes.
e) La redacción del informe final.
La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil cuando sea factible, visitará el lugar del accidente, examinará los restos de la aeronave y tomará declaraciones a los testigos de acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes de Aviación (AIG).
La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de conformidad con el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes de Aviación (AIG) determinará el alcance de la investigación administrativa y el procedimiento que ha de seguirse para llevarla a cabo, según los resultados que espera obtener de la investigación para mejorar la seguridad operacional.
La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil establecerá en el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes de Aviación (AIG) las políticas y procedimientos documentados en los que se detallen las funciones de investigación de accidentes e incluirán todos los procedimientos relativos a la organización, planificación; investigación; e informes.
La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil se asegurará de que todas las investigaciones realizadas de conformidad con la presente resolución tengan acceso ilimitado a todo el material probatorio disponible sin demora.
Del investigador encargado Artículo 12. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, designará al investigador que ha de encargarse de la investigación técnica, la cual se iniciará de manera inmediata.
El investigador encargado tendrá acceso sin restricciones a los restos de las aeronaves, a todo material pertinente, incluyendo los registradores de vuelo y los registros ATS, igualmente tendrá absoluto control sobre los mismos, a fin de garantizar que el personal autorizado que participe en la investigación proceda, sin demora, a un examen detallado.
Cuando sea factible el investigador encargado visitará el lugar del accidente, examinará los restos de la aeronave y tomarán declaraciones a los testigos.
La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil determinará el alcance de la investigación y el procedimiento que ha de seguirse para llevarla a cabo, según los resultados que espera obtener de la investigación para mejorar la seguridad operacional.
En aras de la seguridad operacional, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, no permitirá que se obligue al personal de investigación a que emita opiniones sobre la culpa o responsabilidad en procesos civiles, penales, administrativos o disciplinarios.
Datos registrados de los Accidentes e Incidentes Artículo 13. Los registradores de vuelo se utilizarán de manera efectiva en la investigación de un accidente o incidente de aviación. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, tomará las disposiciones necesarias para la lectura de los registradores de vuelo sin demora. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil desarrollará en el Manual de Procedimiento de Investigación de accidentes, las directrices sobre lectura y análisis de los registradores de vuelo.
- Grabaciones con base en tierra.
En la investigación de un accidente o incidente se utilizarán de manera efectiva las grabaciones con base en tierra.
En el anexo 11 sobre Servicios de tránsito aéreo, capitulo 6 figuran los requisitos relativos al registro de datos de vigilancia y comunicaciones ATS.
En el anexo 6- la Operación de aeronaves, partes I, II y III, figuran los requisitos relativos a las grabaciones de los registradores de vuelo.
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En el caso de que la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil durante la investigación de un accidente o de un incidente no cuente con instalaciones adecuadas para la lectura de los registradores de vuelo, podrá utilizar las instalaciones que otros Estados pongan a su disposición, tomando en consideración la:
a) Capacidad de las instalaciones de lectura.
b) Posibilidad de una pronta lectura.
b) Ubicación de las instalaciones de lectura.
Autopsias Artículo 14. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, se encargará de realizar la investigación de un accidente en el que se registraron fallecimientos, en coordinación con otros órganos y entes del Estado, realizando las autopsias correspondientes a los miembros de la tripulación de vuelo fallecidos, tomando en cuenta las circunstancias del caso, para que un patólogo, preferentemente con experiencia en investigación de accidentes, efectúe la autopsia de los pasajeros y el personal auxiliar de a bordo fallecidos. Estas autopsias se practicarán lo antes posible y en forma completa.
Exámenes médicos Artículo 15. Cuando corresponda, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, en coordinación con la Autoridad Aeronáutica, deberá encargarse de realizar el examen médico de la tripulación, de los pasajeros y del personal aeronáutico, el cual lo efectuará un médico, preferentemente con experiencia en la investigación de accidentes. Los exámenes en cuestión deberán llevarse a cabo lo antes posible.
En dichos exámenes se requerirá determinar si el nivel de aptitud física y psicológica de la tripulación de vuelo y demás personal afectado por el suceso es suficiente para que puedan contribuir a la investigación.
Coordinación con Autoridades Judiciales Artículo 16. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil establecerá y aplicará los mecanismos de coordinación entre el investigador encargado y las autoridades judiciales. Se prestará particular atención a las pruebas que requieran registro y análisis inmediatos para que la investigación tenga éxito, como el examen e identificación de las víctimas y la lectura de los datos contenidos en los registradores de vuelo.
La cooperación entre la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil y las autoridades judiciales, tendrá como propósito que las investigaciones no se vean obstaculizadas por investigaciones o procedimientos administrativos o judiciales y lograr la separación entre los procedimientos que realizan los investigadores o expertos asociados en la investigación de accidentes y los procedimientos judiciales o administrativos que realizan otros expertos apropiados.
La coordinación también incluye los procedimientos en el lugar del accidente y para la compilación de información fáctica, teniéndose debidamente en cuenta las disposiciones relativas a la protección de registros de las investigaciones.
La cooperación podrá lograrse mediante el establecimiento de leyes, acuerdos o arreglos, y abarcarían los siguientes temas:
a) Acceso al lugar del accidente;
b) Preservación y acceso a las pruebas;
c) Sesiones de información iniciales y continuas del estado de cada proceso;
d) Intercambio de información;
Uso apropiado de la información sobre seguridad operacional; y e) f) Resolución de conflictos.
Notificación a las autoridades de seguridad de la aviación Artículo 17. Cuando en el curso de una investigación se conoce o se sospecha que tuvo lugar un acto de interferencia ilícita, el investigador encargado tomará medidas inmediatamente para asegurar que se informe de ello a las autoridades de seguridad de la aviación de los Estados interesados.
Protección de los registros de la Investigación de accidentes e incidentes Artículo 18. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, no dará a conocer los registros obtenidos de los registradores de vuelo, para fines que no sean la investigación de accidentes o incidentes, a menos que la norma que se dicte al efecto determine, que la divulgación o uso de dichos registros en otras instancias sea más importante que las consecuencias adversas que pudiera tener tal decisión, para esa investigación o futuras investigaciones, a nivel nacional e internacional, los registros a saber son:
a) Las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje y las grabaciones de las imágenes de a bordo, y toda transcripción de las mismas; y b) Los registros bajo la custodia o el control de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil que incluyen:
1) Todas las declaraciones tomadas a las personas por las autoridades encargadas de la investigación en el curso de la misma;
2) Todas las comunicaciones entre personas que hayan participado en la operación de la aeronave;
3) La información de carácter médico o personal sobre personas implicadas en el accidente o incidente;
4) Las grabaciones de las conversaciones en las dependencias de control de tránsito aéreo y las transcripciones de las mismas;
5) Los análisis efectuados y las opiniones expresadas acerca de la información, incluida la información contenida en los registradores de vuelo, por la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil y los representantes acreditados en relación con el accidente o incidente;
6) El proyecto de informe final de la investigación de un accidente o incidente;
7) Cualquier otro registro obtenido o generado por la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil como parte de la investigación de un accidente o incidente.
Los registros se incluirán en el informe final o en sus apéndices únicamente cuando sea pertinente para el análisis del accidente o incidente. Las partes de los registros que no sean pertinentes para el análisis no se divulgarán.
La República Bolivariana de Venezuela se asegurará que las solicitudes de registros que estén bajo la custodia o control de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil se dirijan a la fuente original de la información, si está disponible.
De la divulgación de los registros Artículo 19. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil:
a) No revelará al público los nombres de las personas relacionadas con el accidente o incidente.
b) En coordinación con otros organismos del Estado, se adoptarán medidas preventivas, para asegurarse que no sea divulgado al público, el contenido de sonido de las grabaciones de voz e imágenes en el puesto de pilotaje, y las grabaciones de sonido y de imágenes de a bordo.
c) Tomará medidas para cerciorarse que el proyecto de informe final que expida o reciba no sea divulgado al público.
d) En el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP), aplicará otras disposiciones sobre el uso y protección de la información sobre seguridad operacional y las fuentes conexas, conforme al marco legal vigente que desarrollará las políticas, coordinaciones y los procedimientos aplicables para la protección de los registros de las investigaciones de accidentes e incidentes.
Reapertura de la investigación Artículo 20. Si después de cerrada la investigación se obtienen nuevas pruebas de suficiente importancia, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil deberá proceder a reabrirla. Sin embargo, cuando la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil no fue quien estableció la investigación, deberá primero obtener el consentimiento del Estado de la investigación.
Si una aeronave que se ha considerado desaparecida una vez terminada la búsqueda oficial, se localiza posteriormente, deberá evaluarse la posibilidad de reabrir la investigación.
Información de accidentes e incidentes Artículo 21. Cuando el Estado que realiza la investigación del accidente o incidente, solicite a la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil información relacionada con algún suceso que se investiga, esta última facilitará al Estado requirente, toda la información que posea relacionada con el caso investigado.
Todo Estado cuyas instalaciones o servicios hayan sido utilizados, o normalmente podían haber sido utilizados, por la aeronave antes del accidente o incidente, facilitará al Estado que realiza la investigación toda la información pertinente que posea.
Registradores de vuelo en Accidentes e incidentes graves Artículo 22. En caso de que una aeronave implicada en un accidente o incidente grave aterrice en un Estado que no sea el Estado del suceso, el Estado de matrícula o el Estado del explotador, a solicitud del Estado que realiza la investigación, proporcionará a este último las grabaciones contenidas en los registradores de vuelo y, si fuera necesario, los correspondientes registradores de vuelo.
Cuando el Estado que realice la investigación lo solicite, el Estado de matrícula y el Estado del explotador proporcionarán información pertinente sobre toda organización cuyas actividades puedan haber influido directa o indirectamente en la operación de la aeronave.
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Participación de los Estados en una investigación Artículo 23. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil y los Estados de matrícula, del explotador, de diseño y de fabricación involucrados en el accidente o incidente grave, tendrán derecho a nombrar un representante acreditado cada uno, para que participe en la investigación. También se considerará las siguientes participaciones:
a) El Estado de matrícula o el Estado del explotador nombrará un asesor propuesto por el explotador, para asistir a su representante acreditado.
b) El Estado de diseño y el Estado de fabricación tendrán derecho a nombrar uno o varios asesores propuestos por las organizaciones responsables dei diseño de tipo y del montaje final de la aeronave, para asistir a sus¿ % representantes acreditados.
c) Cuando el Estado que realice la investigación de un accidente sufrido por una aeronave de una masa máxima de más de 2.250 kg solicite expresamente la participación del Estado de matrícula, del Estado del explotador, del Estado de diseño o del Estado de fabricación; los Estados antes nombrados designarán cada uno un representante acreditado.
d) Cuando la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil realice la investigación, todo Estado que, a petición, facilite información, instalaciones y servicios o asesores, tendrá derecho a nombrar un representante acreditado para que participe en la misma.
Todo Estado que proporcione una base para las operaciones de investigación en el lugar del accidente o que participe en las operaciones de búsqueda y salvamento o de recuperación de los restos de la aeronave o que participe como Estado en el que hay compartición de códigos o asociados en alianzas del explotador, podrá también ser invitado a nombrar un representante acreditado para que participe en la investigación.
e) Un Estado que tenga derecho a nombrar un representante acreditado tendrá también derecho a nombrar asesores de dicho representante en las tareas de investigación.
f) La facilitación de la entrada de los representantes acreditados, así como de sus asesores y equipo, está prevista en el Anexo 9 Facilitación de la OACI. La posesión de un pasaporte oficial o de servicio puede facilitar la entrada de los representantes acreditados. Los Estados que establezcan acuerdos con las autoridades interesadas pueden facilitar la entrada del personal de investigación y el equipo en el Estado del Suceso.
g) A los asesores que ayuden a los representantes acreditados se les permitirá que, bajo la dirección de éstos, participen en la investigación, en cuanto sea necesario, para hacer efectiva la participación de dichos representantes.
h) La participación en la investigación conferirá el derecho de participar en todos los aspectos de la investigación, bajo el control del investigador encargado. Los representantes acreditados y sus asesores tendrán las siguientes obligaciones:
1) Proporcionarán al Estado que lleva a cabo la investigación toda la información pertinente de que dispongan.
2) No divulgarán información sobre el curso y las conclusiones de la investigación a ninguna persona, sin el consentimiento explícito del Estado que realiza la investigación.
i) El representante acreditado tendrá las siguientes prerrogativas:
a) Visitar el lugar del accidente;
b) Examinar los restos de la aeronave;
c) Obtener información de los testigos y sugerir posibles aspectos sobre los que cabría interrogar;
d) Tener pleno acceso a todas las pruebas pertinentes lo antes posible;
e) Obtener copias de todos los documentos pertinentes;
f) Participar en el examen del material grabado;
g) Participar en actividades de investigación que se lleven a cabo fuera del lugar del accidente, tales como exámenes de componentes, presentaciones técnicas, ensayos y simulaciones;
h) Participar en las reuniones que se celebren sobre el progreso de la investigación, incluyendo los debates relativos a análisis, conclusiones, causas, factores contribuyentes y recomendaciones en materia de seguridad operacional;
i) Aportar información respecto a los diversos elementos de la investigación.
j) Un Estado que tenga especial interés en un accidente por haber perecido o haber sufrido lesiones graves nacionales del mismo, tendrá derecho a nombrar a un experto, el cual tendrá las siguientes prerrogativas:
1) Visitar el lugar del accidente.
2) Tener acceso a la información fáctica pertinente que se apruebe para su divulgación al público por parte del Estado que realiza la investigación, así como la información sobre el progreso de la investigación.
3) Recibir copia del informe final.
Esto no impedirá que la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil también participe en la identificación de las víctimas y proporcione asistencia en reuniones con supervivientes de ese Estado.
CAPÍTULO IV INFORME FINAL Y NOTIFICACIÓN DE DATOS SOBRE ACCIDENTES/INCIDENTES (ADREP)
Responsabilidad del Estado del Suceso Artículo 24. El Estado del suceso enviará una notificación de un accidente, un incidente grave o un incidente que se investigada en el contexto de esta Resolución, con la menor demora posible, por el medio más adecuado y más expedito.
Responsabilidad en la divulgación de la información Artículo 25. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, no podrá publicar, ni permitirá acceso a proyecto de informe alguno ni parte del mismo, ni documento alguno obtenido durante la investigación de un accidente o incidente, sin el consentimiento expreso del Estado que realizó la investigación, a menos que este último Estado ya haya difundido o hecho público tales informes o documentos.
Responsabilidades de envío informe final Artículo 26. Cuando la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil lleva a cabo la investigación:
a) Enviará una copia del proyecto de informe final a los Estados siguientes, invitándoles a que, lo antes posible, formulen sus comentarios relevantes y fundamentados sobre el informe:
1) Estado que instituto la investigación 2) Estado de matrícula.
3) Estado del explotador.
4) Estado de diseño.
5) Estado de fabricación.
6) Todo Estado que participó en la investigación.
b) Cuando reciba comentarios en un plazo de 60 días (o cuando con un Estado hayan convenido en una prórroga de dicho período de tiempo) desde la fecha de envío del proyecto de informe final, enmendará el proyecto para incorporar la esencia de los comentarios recibidos, o bien, si lo desea el Estado que formuló los comentarios, los adjuntará a dicho informe.
c) Si el Estado que lleva a cabo la investigación no recibe comentarios en los mencionados 60 días a contar desde la fecha de la primera carta de envío, hará circular el informe final, a menos que hayan convenido en una prórroga de dicho período de tiempo.
d) Enviará, por intermedio del Estado del explotador, una copia del proyecto de informe final al explotador para que pueda presentar comentarios sobre el proyecto de informe final.
e) Enviará, por intermedio del Estado de diseño y del Estado de fabricación, una copia del proyecto de informe final a las organizaciones responsables del tipo de diseño y el montaje final de la aeronave, para que puedan presentar comentarios sobre el proyecto de informe final.
f) Enviará, sin pérdida de tiempo, el informe final de la investigación a los Estados que seguidamente se señalan:
1) Estado que instruyó la investigación.
2) Estado de matrícula.
3) Estado del explotador.
4) Estado de diseño.
5) Estado de fabricación.
6) A todo Estado que haya participado en la investigación.
7) A todo Estado de cuyos nacionales hayan perecido o sufrido lesiones graves.
8) A todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y servicios de importancia o expertos.
Difusión del informe final Artículo 27. Cuando la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil realice la investigación de un accidente o incidente:
a) Pondrá a disposición del público el informe final lo antes posible, en un plazo de 12 meses. El informe final podrá publicarse en Internet y no necesariamente en forma impresa.
b) Si el informe no puede ponerse a disposición del público en un plazo de 12 meses, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil pondrá a disposición del público una declaración provisional en cada aniversario del suceso, indicando los pormenores del progreso de la investigación y cualquier cuestión de seguridad operacional que se haya suscitado.
c) Si la República Bolivariana de Venezuela no pone a disposición del público el informe final o una declaración provisional dentro de un plazo razonable, los otros Estados que participen en la investigación tendrán derecho a solicitar por escrito a la República Bolivariana de Venezuela el consentimiento expreso para difundir una declaración que contenga las cuestiones de seguridad operacional que haya suscitado la información disponible. Si la República Bolivariana de Venezuela da su consentimiento expreso o no responde a la solicitud dentro de los 30 días subsiguientes, el Estado que haya hecho la solicitud debería difundir dicha declaración después de coordinarse:.
con los Estados participantes.
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d) En los casos de un accidente o un incidente sufrido por una aeronave de una masa máxima de más de 5.700 kg que ya se ha hecho público el informe final, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil enviará a la Organización de Aviación Civil Internacional un ejemplar del informe final.
e) Utilizará el formato del informe final ajustado a las disposiciones del Apéndice 1 del Anexo 13 de la OACI y su Manual de Procedimientos de Investigación de accidentes (AIG).
Responsabilidad en relación a las Recomendaciones en materia de seguridad operacional Artículo 28. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, en función de garantizar la seguridad operacional, realizará las siguientes actividades:
a) Recomendará [en una carta o por el medio que indique su Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes (AIG)] y en cualquier fase de la investigación de un accidente o incidente, a las autoridades competentes en el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP) y según aplique a las autoridades de otros Estados, todas las medidas preventivas que considere necesario tomar rápidamente para aumentar la seguridad operacional de la aviación.
b) Para la formulación de recomendaciones en materia de la seguridad operacional derivadas de la investigación de un accidente o incidente, se dará precedencia al Estado que realiza la investigación; sin embargo, en interés de la seguridad operacional, otros Estados que participen en la investigación tendrán derecho a formular dichas recomendaciones después de coordinarse con el Estado que realiza la investigación.
c) Lo dispuesto en esta Resolución no está destinado a impedir que el Estado que realiza la investigación consulte a los Estados que participan en la investigación sobre su proyecto de recomendaciones en materia de seguridad operacional, solicitando sus comentarios sobre la pertinencia y eficacia de dichas recomendaciones.
d) Enviará, de ser necesario, en una carta o por el medio que indique su Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes (AIG), todas las recomendaciones en materia de seguridad operacional derivadas de sus investigaciones a las autoridades encargadas de la investigación de accidentes de otro u otros Estados interesados y cuando entran en juego los documentos de la OACI, a esta Organización.
e) Cuando reciba recomendaciones en materia de seguridad operacional de otro Estado comunicará, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de la carta recibida, al Estado que haya formulado la propuesta las medidas preventivas que se han tomado o se proyecta tomar, o las razones por las cuales no se ha adoptado ninguna medida.
f) Establecerá e implantará procedimientos en el Manual de Procedimientos de Investigación de accidentes (AIG) para registrar las respuestas a sus recomendaciones.
g) Cuando reciba una recomendación en materia de seguridad operacional establecerá e implantará procedimientos en el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes (AIG) para vigilar el progreso de las medidas tomadas en respuesta a dicha recomendación.
h) Cuando el Estado venezolano formule una recomendación en materia de Seguridad Operacional de Interés Mundial (SRGC) comunicará a la OACI la formulación de dicha recomendación y sus respuestas por carta de envío fechada, incluso cuando a SRGC no esté dirigida a la OACI.
Envío del Informe preliminar Artículo 29. Cuando la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil lleve a cabo la investigación enviará el informe preliminar:
a) En el caso que se trate de un accidente de una aeronave de una masa máxima de más de 2.250 kg al:
1) Estado de matrícula o al Estado del suceso, según corresponda;
2) Estado del explotador;
3) Estado de diseño;
4) Estado de fabricación;
5) Todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y servicios de importancia o asesores; y 6) La Organización de Aviación Civil Internacional.
b) Cuando se trate de un accidente de una aeronave con una masa máxima menor o igual a 2.250 kg, y cuando se trate de cuestiones de aeronavegabilidad o que se consideren de interés para otros Estados al:
1) Estado de matrícula o al Estado del suceso, según corresponda;
2) Estado del explotador;
3) Estado de diseño;
4)Estado de fabricación; y 5) Todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y servicios de importancia o asesores.
El informe preliminar se enviará por los medios que se establezcan en el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes (AIG) dentro de los 30 días contados desde la fecha en que ocurrió el accidente, a menos que se haya enviado anteriormente el informe de datos sobre el accidente/incidente. Cuando se trate de cuestiones que afecten directamente a la seguridad de vuelo, el informe se enviará tan pronto como se disponga de la información y por el medio más adecuado y más rápido disponible.
Envío de informe de datos sobre accidentes/incidentes de aviación Artículo 30. Cuando la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil lleve a cabo la investigación:
a) Enviará, lo antes posible después de la investigación, el informe sobre los datos del accidente de aviación a la Organización de Aviación Civil Internacional, cuando se trate de un accidente de una aeronave de una masa máxima superior a 2.250 kg.
b) Enviará, lo antes posible, después de la investigación, el informe de datos de incidentes de aviación a la Organización de Aviación Civil Internacional, cuando se trate de un incidente ocurrido a una aeronave de una masa máxima de más de 5.700 kg.
Bases de datos y medidas preventivas Artículo 31. La Junta Investigadora' de Accidentes de Aviación Civil, en el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP):
a) Establecerá y mantendrá una base de datos de accidentes e incidentes para facilitar el análisis eficaz de la información sobre deficiencias de seguridad operacional reales o posibles y para determinar las medidas preventivas necesarias.
b) Brindará a la Autoridad Aeronáutica (como organización encargada de la aplicación del sSP) previa autorización, el acceso a la base de datos de accidentes e incidentes, en apoyo de sus responsabilidadesfuncionales materia de seguridad en operacional.
c) S las recomendaciones en cuestión están dirigidas a una organización en otro Estado, se transmitirán también a la autoridad encargada de la investigación de accidentes del Estado.
d) Además de las recomendaciones sobre seguridad operacional derivadas de las investigaciones de accidentes e incidentes, las recomendaciones sobre seguridad operacional podrán provenir de diversas fuentes, incluso los estudios sobre seguridad operacional.
Adopción y notificación de diferencias Artículo 32. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil adoptará las normas y recomendaciones emanadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), adecuará la normativa nacional respectiva, mantendrá su actualización, así como también, notificará oportunamente las diferencias con el fin de uniformar la legislación aeronáutica venezolana con las normas aeronáuticas internacionales, contribuyendo de esta manera al incremento permanente, constante y continuo de la seguridad operacional.
De igual manera, cualquier documento de carácter orientados o facilitador de la actividad aeronáutica, proveniente de la OACI, deberá en la medida de lo posible y de acuerdo a la factibilidad ser aplicado por la comunidad aeronáutica en general.
Artículo 33. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comurtquese kPublíquese, HIPOLITO ANTONIO ABREU PÁEZ Ministro del Pôder Popular para el Transporte Designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018 Publicado en la:Gacêta Oficial N° 41.419 de la misma fecha.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DESPACHO DE LA MINISTRA 209°, 160° y 21° Resolución Nro. 002 Caracas, 18 de Febrero de 2020 La Ministra del Poder Popular para Ios Pueblos Indígenas, ALoHA JosELYN NÚÑEz GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.355.466, según Decreto Presidencial N° 3.236 de fecha 04 de enero de 2018, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.313 de fecha 04 de enero de 2018, conforme a las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el artículo 65 y 78 en sus numerales 3º, 19º, 26º y 27º del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, en concordancia con lo previsto en el numeral 2, del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002.
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RESUELVE
ARTÍCULO 1: Se deSigna al CiUdadanO EDUARDO RAFAEL VALBUENA HEREDIA, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.606.016, como DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO COMUNAL PARA EL VIVIR BIEN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS adSCritO al DESPACHO DEL VICEMINISTERIO PARA EL VIVIR BIEN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en consecuencia queda autorizado para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo.
ARTícuLo 2: El ciudadano designado ejercerá las funciones establecidas en los artículos 23 y 31 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.176, Extraordinaria de fecha 20 de Febrero de 2015, mediante Decreto Presidencial Nº 1.626 de la misma fecha.
ArtícuLo 3: Se le autoriza para la firma de actos y documentos que a continuación se indican:
. Las circulares, memorandos, oficios y comunicaciones inherentes a su dirección, dirigidas a las oficinas dependientes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
· La correspondencia inherente a sus dirección, dirigida a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales, de investigación científica y policiales a nivel nacional.
La correspondencia de cualquier naturaleza inherente a su dirección, en respuesta a solicitudes dirigidas a su despacho por los particulares.
· La certificación de la documentación correspondiente a la dirección a su cargo.
ARTícuLo 4: La presente resolución entrará en vigencia a partir de sus publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese
REFÚBL CA GOLIVARIA A DE V° NEZUELA MINIS TERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS FUEBLOS INDIGENAS
Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 209o, 160° y 200
Caracas, 09 de octubre de 2019 RESOLUCIÓN
N.° 01-00-000449
ELVIS AMOROSO Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 289, numerales 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 14, numerales 1 y 10, 15 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscat; y 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;
CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de fa República Bolivariana de Venezuela;
CONSIDERANDO Que es atribución del Contralor General de la República velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;
CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, evaluará periódicamente los Órganos de Control Fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;
CONSIDERANDO Que el Concejo del Municipio San Sebastián del Estado Aragua, mediante Acuerdo N.° 0019/2014, publicado en la Gaceta Municipal N.° 869 de fecha 26 de agosto de 2014, designó al ciudadano DIÓGENES ASDRÚBAL SOLÓRZANO ZAMORA, titUlar de la cédula de identidad N.° V-4.831.633, como Contralor Titular en el referido Municipio;
CONSIDERANDO Que la designación del ciudadano antes mencionado, se efectuó para el período de cinco (05) años, el cual culminó el 26 de agosto de 2019;
CONSIDERANDO Que a la presente fecha, ha vencido el lapso para el cual fue designado, sin que el prenombrado Concejo del referido Municipio, haya convocado a concurso público para la designación del nuevo titular del Órgano de Control Fiscal local de esa entidad federal, contraviniendo así el lapso previsto en el artículo 6 del Reglamento sobre Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados;
RESUELVE PRIMERo: Intervenir la Contraloría del Municipio San Sebastián del Estado Aragua.
SEGUNDo: Cesar de las funciones al ciudadano DIóGENEs ASDRúBAL SOLÓRzANO zAMORA, titular de la cédula de identidad N.° V-4.831.633, quien había sido designado como Contralor Titular de la Contraloría del Municipio San Sebastián del Estado Aragua, mediante Acuerdo N.° 0019/2014, publicado en la Gaceta Municipal N.° 869 de fecha 26 de agosto de 2014.
TERCERO: Designar al CiudadanO NOEL ALEXANDER CAMPOS GONzÁLEz, titular de la cédula de identidad N.° V-21.605.224, como Contralor Interventor de la Contraloría del Municipio San Sebastián del Estado Aragua, en calidad de encargado, a partir de la fecha de su notificación.
cuArto: El Contralor Interventor designado en calidad de encargado tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. El Contralor Interventor designado en calidad de encargado debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión. Quinto: El Director General de Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República, tomará juramento del CiudadanO NOEL ALEXANDER CAMPOS GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-21.605.224, designado mediante la presente Resolución como Contralor Interventor de la Contraloría del Municipio San Sebastián del Estado Aragua, en calidad de encargado.
sExto: Contra esta Resolución podrá ejercerse la acción contencioso administrativa de nulidad ante la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del lapso de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 23, numeral 5 y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Dada en Caracas, a los nueve (09) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019). Año 209° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana.
blíquese;
Comuníquese, AMOROSO ral de la República
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CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO CARRIZAL
República Bolivariana de Venezuela Estado Bolivariano de Miranda Contraloría del Municipio Carrizal RESOLUCIÓN N° (E) 022/2019 ABG. JOSE ANTONIO PEREZ DIAZ CONTRALOR INTERVENTOR DEL MUNICIPIO CARRIZAL Con fundamento en la designación efectuada mediante Resolución de la Contraloría General de la Republica N° 01-000-000422 de fecha 07/08/2019, firmada por el Contralor General de la República abg. ELVIS AMOROSO; y según Acta de Juramentación y Toma de Posesión suscrita por el ciudadano JUAN VICENTE GOMEZ, en su condición de Director General de Control de Estados y Municipios de fecha 17/09/2019, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con el artículo 54 numeral 5 y el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; el artículo 13, de la Ordenanza sobre Contraloría Municipal, publicada en Gaceta Municipal del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, N° Extraordinario 54/2015, de fecha 30 de julio de 2015, dicta la siguiente Resolución que contiene: --
CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 176, establece que la Contraloría Municipal será dirigida por el Contralor o Contralora Municipal.-..
CONSIDERANDO Que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en su artículo 44, en concordancia con el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal confiere autonomía. orgánica, funcional y administrativa a la Contraloría Municipal. --..
CONSIDERANDO Que la vigente Ordenanza de la Contraloría Municipal publicada en Gaceta Municipal N° Extraordinario 54/2015 de fecha 30/07/2015, en su artículo 13 numeral 4, faculta al Contralor (a) Municipal, en ejercicio de la autonomía funcional, orgánica y administrativa de la cual esta investido para nombrar, conceder licencias y permisos, jubilar, remover, destituir, sancionar a los funcionarios o funcionarías, empleados o empleadas y obreros u obreras de la Contraloría Municipal, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, al personal adscrito al Órgano de Control Fiscal. --
CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 24 numerales 16 y 17 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio Carrizal según Resolución N° 044/2018 de fecha 13/09/2018 publicado en Gaceta Municipal Número Extraordinario N° 194/2018 de fecha 19/12/2018 le corresponde al Contralor (a) Municipal, Optimizar Ia política de administración y el desempeño del talento humano, así como ejercer la potestad jerárquica y nombrar y remover al personal de la Contraloría del Municipio Carrizal.-..
CONSIDERANDO Que los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela han regulado el derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra y cualquier otra circunstancia de previsión social, disponiendo en sentido que las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el Sistema de guridad Social no podrán ser inferiores al Salario Mínimo.-----
CONSIDERANDO Que la Jubilación es un Derecho Humano Universal reconocido, y siendo que el Estado tiene dentro de sus funciones primordiales la obligación de velar, tutelar y proteger el goce y disfrute de este beneficio.--.
CONSIDERANDO Que lo anterior se verifica con el hecho de reconocer que la Función Pública, como toda actividad laboral, causa un desgaste en el organismo humano, por el número de años de servicios y que tal hecho es reconocido por el estatuto que regula la materia d la Función Pública, en el cual se garantiza a los funcionarios y funcionarios o empleados el derecho a la seguridad social, entre ellos a la Jubilación.--
CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, Numeral 6 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administracion Pública Nacional, Estadal y Municipal, conforme a Decreto N° 1.440 de fecha 17/11/2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19/11/2014, concatenado con los dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 Numeral 3, del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administracion Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, según Decreto N° 1289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 40.510, de fecha 2 de octubre de 2014.--
CONSIDERANDO Que el artículo 4, del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administracion Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, según Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014; contiene lo siguiente: Para que proceda el otorgamiento de la jubilación especial, deben concurrir los siguientes requisitos: 1. Que se trate del personal a que se refiere el artículo 2° del presente Instructivo. 2. Que se haya prestado más de 15 años de servicio en la Administración Pública. 3. Que existan razones o circunstancias excepcionales que justifique su otorgamiento. Negrilla nuestra.--
CONSIDERANDO Que mediante Planilla FP-026, de fecha 11 de noviembre de 2019 emitida por la Directora General de la Vicepresidencia de la República por Delegación de la Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez, y conforme al contenido del Oficio DVPSI-DGSEFP N° 000372 de fecha 21/11/2011 emanado de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de la Función Pública del Ministerio del Poder Popular de Planificación suscrito por el ciudadano Rubén Guevara Director General (E) de Seguimiento y Evaluación de la Función Pública del Ministerio del Poder Popular de Planificación, conforme a la Resolución de fecha DM/ N° 021 de fecha 21 de diciembre de 2018, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.551, la Jubilación Especial al ciudadano FERNANDO JOSÉ OLMOS PARDO, venezolano, mayor de edad y titular de la
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Cédula de Identidad N° V-3.124.868, de sesenta y nueve (69) años de edad, quien prestó sus servicios a la administración pública, durante quince (15) años y dos (02) meses, por un monto de Dos Mil Trescientos Treinta y Tres Bolívares con Tres Céntimos (Bs. 2.333,03) mensuales, equivalente al Treinta y Siete coma Cinco por ciento (37,5%) de su sueldo promedio de Seis Mil Doscientos Veintiún Bolívares con Cuarenta y Dos Céntimos (Bs. 6.221,42), de conformidad con los artículos 9, 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administracion Pública Nacional, Estadal y Municipal, siendo el último cargo desempeñado conforme a Resolución N° (I) 034/2018 de fecha 08/01/2018 como Asistente Administrativo III Grado 3, en la Dirección de Control adscrito a la Dirección General de la Contraloría Municipal de Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda.--.
RESUELVE:
PRIMERO: Otorgar a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el Beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL al ciudadano FERNANDO JOSÉ OLMOS PARDO, venezolano, mayor de edad, de sesenta y nueve (69) años de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-3.124.868 y aprobada mediante Planilla FP-026 de fecha once (11) de noviembre de 2019, quien prestó sus servicios, durante quince (15) años y dos (02) meses, percibiendo un salario mensual por un monto de Dos Mil Trescientos Treinta y Tres Bolívares con Tres Céntimos (Bs. 2.333,03), equivalente al Treinta y Siete coma Cinco por ciento (37,5%) de su sueldo promedio de los últimos doce (12) meses de servicio activo.--
SEGUNDO: El pago del monto de la Jubilación Especial, se hará a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con cargo a la Partida Presupuestaria sobre Jubilaciones del Personal, Empleado, Obrero y Militar N° 4.07.01.01.02.-.
TERCERO: Notifiquese del contenido de la presente Resolución al ciudadano, antes identificado, para su conocimiento y demás fines consiguientes.--
CUARTO: Comuníquese del contenido de la presente Resolución a la Oficina de Recursos Humanos, a la Dirección de Administración y Finanzas, a la Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión y a la Oficina de Consultoría Jurídica de esta Contraloría Municipal de Carrizal.-.
QUINTO: La presente Resolución entrara en vigor a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.- --
Dado, firmado y sellado en el Despacho del Contralor Interventor Municipal, en Carrizal, Estado Bolivariano de Miranda, del doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). ..
Comuníquese y Publíquese, Abg. JOSE ANTONIO PEREZ DIAZ CONTRALOR INTERVENTOR DEL MUNICIPIO CARRIZAL Contraforia General de la República Bolivariana de Venezuela, Resolución N° 01-000-000422, de fecha Caracas, 07 de agosto de 2019, suscrita por el Abg. ELVIS AMOROSO Contralor General de la Republica.
República Bolivariana de Venezuela Estado Bolivariano de Miranda Contraloría del Municipio Carrizal RESOLUCIÓN N° (E) 023/2019 ABG. JOSE ANTONIO PEREZ DIAZ CONTRALOR INTERVENTOR DEL MUNICIPIO CARRIZAL Con fundamento en la designación efectuada mediante Resolución de la Contraloría General de la Republica N° 01-000-000422 de fecha 07/08/2019, firmada por el Contralor General de la República abg. ELVIS AMOROSO; y según Acta de Juramentación y Toma de Posesión suscrita por el ciudadano JUAN VICENTE GOMEZ, en su condición de Director General de Control de Estados y Municipios de fecha 17/09/2019, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con el artículo 54 numeral 5 y el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; el artículo 13, de la Ordenanza sobre Contraloría Municipal, publicada en Gaceta Municipal del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, N° Extraordinario 54/2015, de fecha 30 de julio de 2015, dicta la siguiente Resolución que contiene: --
CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 176, establece que la Contraloría Municipal será dirigida por el Contralor o Contralora Municipal.-..
CONSIDERANDO Que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en su artículo 44, en concordancia con el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal confiere autonomía orgáni funcional y administrativa a la Contraloría Municipal. -
CONSIDERANDO Que la vigente Ordenanza de la Contraloría Municipal publicada en Gaceta Municipal N° Extraordinario 54/2015 de fecha 30/07/2015, en su artículo 13 numeral 4, faculta al Contralor (a) Municipal, en ejercicio de la autonomía funcional, orgánica y administrativa de la cual esta investido para nombrar, conceder licencias y permisos, jubilar, remover, destituir, sancionar a los funcionarios o funcionarías, empleados o empleadas y obreros u obreras de la Contraloría Municipal, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, al personal adscrito al Órgano de Control Fiscal. -.
CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 24 numerales 16 y 17 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio Carrizal según Resolución N° 044/2018 de fecha 13/09/2018 publicado en Gaceta Municipal Número Extraordinario N° 194/2018 de fecha 19/12/2018 le corresponde al Contralor (a) Municipal, Optimizar la política de administración y el desempeño del talento humano, así como ejercer la potestad jerárquica y nombrar y remover al personal de la Contraloría del Municipio Carrizal.-.
CONSIDERANDO Que los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela han regulado el derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra y cualquier otra circunstancia de previsión social, disponiendo en tal sentido que las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el Sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al Salario Mínimo.-..
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CONSIDERANDO Que la Jubilación es un Derecho Humano Universal reconocido, y el Estado tiene dentro de sus funciones primordiales la obligación de velar, tutelar y proteger el goce y disfrute de este beneficio.--.
CONSIDERANDO Que lo anterior se verifica con el hecho de reconocer que la Función Pública, como toda actividad laboral, causa un desgaste en el organismo humano, por el número de años de servicios y que tal hecho es reconocido por el estatuto que regula la materia d la Función Pública, en el cual se garantiza a los funcionarios y funcionarios o empleados el derecho a la seguridad social, entre ellos a la Jubilación.-.
CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, Numeral 6 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administracion Pública Nacional, Estadal y Municipal, conforme a Decreto N° 1.440 de fecha 17/11/2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19/11/2014, concatenado con los dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 Numeral 3, del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administracion Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, según Decreto N° 1289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 40.510, de fecha 2 de octubre de 2014.-.
CONSIDERANDO Que el artículo 4, del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administracion Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, según Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014; contiene lo siguiente: Para que proceda el otorgamiento de la jubilación especial, deben concurrir los siguientes requisitos: 1. Que se trate del personal a que se refiere el artículo 2° del presente Instructivo. 2. Que se haya prestado más de 15 años de servicio en la Administración Pública. 3. Que existan razones o circunstancias excepcionales que justifique su otorgamiento. (Negrilla nuestra).---
CONSIDERANDO Que mediante Planilla FP-026, de fecha 11 de noviembre de 2019 emitida por la Directora General de la Vicepresidencia de la República por Delegación de la Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez, y conforme al contenido del Oficio DVPSI-DGSEFP N° 000372 de fecha 21/11/2011 emanado de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de la Función Pública del Ministerio del Poder Popular de Planificación suscrito por el ciudadano Rubén Guevara Director General (E) de Seguimiento y Evaluación de la Función Pública del Ministerio del Poder Popular de Planificación, conforme a la Resolución de fecha DM/ N° 021 de fecha 21 de diciembre de 2018, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.551, la Jubilación Especial a la ciudadana BEATRIZ HERRERA BENÍTEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-4.167.419, de sesenta y seis (66) años de edad, quien, prestó sus servicios a la administración pública, durante veinte (2q) años,y seis (06) ses, por un monto de Sete Mil Treinta y Cuatro Bolívares con Cuarenta y Cinco Céntimos (Bs. 7.034,45) mensuales, equivalente al Cincuenta por ciento (50%) de su sueldo promedio de Catorce Mil Sesenta y Ocho Bolívares con Noventa y Un Céntimos (Bs. 14.068,91), de conformidad con los artículos 9, 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administracion Pública Nacional, Estadal y Municipal, siendo el último cargo desempeñado conforme a Resolución N° (E) 014/2018 de fecha 01/10/2019, como Directora de Determinación y Responsabilidades adscrita a la Dirección General de la Contraloría Municipal de Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda.-
RESUELVE:
PRIMERO: Otorgar a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el Beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana BEATRIZ HERRERA BENÍTEZ, venezolana, mayor de edad, de sesenta y seis (66) años de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-4.167.419, aprobada mediante Planilla FP-026 de fecha once (11) de noviembre de 2019, quien prestó sus servicios, durante veinte (20) años y seis (06) meses, percibiendo un salario mensual por un monto de Siete Mil Treinta y Cuatro Bolívares con Cuarenta y Cinco Céntimos (Bs. 7.034,45) mensuales, equivalente al Cincuenta por ciento (50%) de su sueldo promedio de los últimos doce (12) meses de servicio activo.--
SEGUNDO: El pago del monto de la Jubilación Especial, se hará a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con cargo a la Partida Presupuestaria sobre Jubilaciones del Personal, Empleado, Obrero y Militar N° 4.07.01.01.02.--
TERCERO: Notifiquese del contenido de la presente Resolución af ciudadano, es identificado, para su conocimiento y demás fines consiguientes
CUARTO: Comuníquese del contenido de la presente Resolución a la Oficina de Recursos Humanos, a la Dirección de Administración y Finanzas, a la Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión y a la Oficina de Consultoría Jurídica de esta Contraloría Municipal de Carrizal.--.
QUINTO: La presente Resolución entrara en vigor a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. -..
Dado, firmado y sellado en el Despacho del Contralor Interventor Municipal, en Carrizal, Estado Bolivariano de Miranda, el doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). …
Comuníquese y Publíquese, Abg.JOSE ANTONIO PEREZ DIAZ CONTRALOR INTERVENTOR DEL MUNICIPIO CARRIZAL Contrann General de la Republica Bolivariana de Venezuela, Resolución N° 01-000-0042, de aCaracas, de agosto de 2019, suscrita por el Abg. ELVIS AMOROSO Contralor General de la República.
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República Bolivariana de Venezuela Estado Bolivariano de Miranda Contraloría del Municipio Carrizal RESOLUCIÓN N° (E) 009/2020 ABG. JOSE ANTONIO PEREZ DIAZ CONTRALOR INTERVENTOR DEL MUNICIPIO CARRIZAL Con fundamento en la designación efectuada mediante Resolución de la Contraloría General de la Republica N° 01-000-000422 de fecha 07/08/2019, firmada por el Contralor General de la República Abg. ELVIS AMOROSO; y según Acta de Juramentación y Toma de Posesión suscrita por el ciudadano JUAN VICENTE GOMi:Z. en su condición de Director General de Control de Estados y Municipios de fecha 17/09/2019. y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezucla; artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Controi Fiscal; en concordancia con el artículo 54 numeral 5 y el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal: el artículo 13. de la Ordenanza sobre Contraloría Municipal. publicada en Gaceta Municipal del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, N° Extraordinario 54/2015, de fecha 30 de julio de 2015. dicta la siguiente Resolución que contiene: --.
CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 176.
establece que la Contraloría Municipal será dirigida por el Contralor o Contralora Municipal.-- CONSIDERANDO Que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema ional de Control Fiscal. en su artículo 44. en concordancia con el artículo 101 de Orgánica del Poder Público Municipal confiere autonomía orgánica..
y administrativa a la Contraloría Municipal. -
CONSIDERANDO Que la vigente Ordenanza de la Contraloría Municipal publicada en Gaceta Municipal N° Extraordinario 54/2015 de fecha 30/07/2015. en su artículo 13 numeral 4, faculta al Contralor (a) Municipal. en ejercicio de la autonomía funcional, orgánica y administrativa de la cual esta investido para nombrar, conceder licencias y permisos. jubilar, remover, destituir, sancionar a los funcionarios o funcionarías, empleados o empleadas y obreros u obreras de la Contraloría Municipal, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, al personal adscrito al Órgano de Control Fiscal. .
CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 24 numerales 16 y 17 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio Carrizal según Resolución N° 044/2018 de fecha 13/09/2018 publicado en Gaceta Municipal Número Extraordinario N° 194/2018 de fecha 19/12/2018 le corresponde al Contralor (a) Municipal. optimizar la política de administración y el desempeño del talento humano, así como ejercer la potestad jerárquica de nombrar y remover al personal de la Contraloría del Municipio Carrizal.--..
CONSIDERANDO Que los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela han regulado el derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad. paternidad, enfermedad. invalidez, enfermedades catastróficas.
discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo.
desempleo. vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra y cualquier otra circunstancia de previsión social, disponiendo en tido que las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el Sistema de d Social no podrán ser inferiores al Salario Mínimo.---.
CONSIDERANDO Que la Jubilación es un Derecho Humano Universal reconocido, y el Estado tiene dentro de sus funciones primordiales la obligación de velar, tutelar y proteger el goce y disfrute de este beneficio..-.
CONSIDERANDO Que lo anterior se verifica con el hecho de reconocer que la Función Pública. como toda actividad laboral. causa un desgaste en el organismo humano. por el número de años de servicios y que tal hecho es reconocido por el estatuto que regula la materia de la Función Pública, en el cual se garantiza a los funcionarias y funcionarios o empleados el derecho a la seguridad social, entre ellos a la Jubilación.--.
CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 4. Numeral 6 del Decreto con Rango. Valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administracion Pública Nacional. Estadal y Municipal. conforme a Decrcto N° 1.440 de fecha 17/11/2014. publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezucla N° 6.156 Extraordinario de fecha 19/11/2014, concatenado con los dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 numeral 3, del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios. Funcionarias, Emplcados y Empleadas de la Administracion Publica Nacional. de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, según Decreto N° 1289. de fecha 02 de octubre de 2014. publicado en Gaceta Oficial de la epública Bolivariana de Venezuela Número 40.510. de fecha 02 de octubrerde
CONSIDERANDO Que el artículo 5, del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios. Funcionarias.
Empleados y Empleadas de la Administracion Publica Nacional, de los Estados y dc los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, según Decreto N° 1.289. de fecha 02 de octubre de 2014.
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014: conticnc lo siguiente: Para que proceda el otorgamiento de la jubilación especial, deben concurrir los siguientes requisitos: 1. Que se trate del personal a que se refiere el artículo 2° del presente Instructivo. 2. Que se haya prestado más de 15 años de servicio en la Administración Pública. 3. Que existan razones o circunstancias excepcionales que justifique su otorgamiento. (Negrilla nuestra.---
CONSIDERANDO Que mediante Planilla FP-026, de fecha 20 de diciembre de 2019 emitida por la Directora General de la Vicepresidencia de la República por Delegación de la Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez, y conforme al contenido del Oficio DVPSI-DGSEFP N° 000031, de fecha 28/01/2020 emanado de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de la Función Pública del Ministerio del Poder Popular de Planificación suscrito por el ciudadano Rubén Guevara Director General (E) de Seguimiento y Evaluación de la Función Pública del Ministerio del Poder Popular de Planificación, conforme a la Resolución de fecha DM/ N° 021 de fecha 21 de diciembre de 2018. Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venczuela N° 41.551. la Jubilación Especial a la ciudadana ANA CECILIA SANOJA, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad -4.856.772, de sesenta y dos (62) años de edad, quien prestó sus servicios a la duración pública. durante un (01) día, cuatro (04) meses y diecisiete (17) años,
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 Número 41.828 AÑO CXLVII - MES V Caracas, jueves 27 de febrero de 2020 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria por un monto de Treinta y Un Mil Seiscientos Setenta y Seis Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 31.676,53) mensuales, equivalente al cuarenta y dos coma cincuenta por ciento (42,50%) de su sueldo promedio de Setenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Tres Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 74.533,00), de conformidad con los artículos 9, 10 y 11 del Decrcto con Rango, Valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administracion Pública Nacional. Estadal y Municipal. siendo el último cargo desempeñado conforme a Resolución N° (1) 004/2020 de fecha 16/01/2020. cOmO ARCHIVISTA II en la OFICINA DE SECRETARIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES adscrito a la Dirección General de la Contraloria Municipal de Carrizal dei Estado Bolivariano de Miranda..-
RESUELVE:
PRIMERO: Otorgar a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezucla, el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana ANA CECILIA SANOJA, venezolana, mayor de edad, de sesenta y dos (62) años de cdad y titular de la Cédula de Identidad N° V-4.856.772. aprobada mediante Planilla FP-026 de fecha veinte (20) de diciembre de 2019. quien prestó sus servicios. durante un (01 día. cuatro (04) meses y diecisiete (17) años.
percibiendo un salario mensual por un monto de Treinta y Un Mil Seiscientos Setenta y Seis Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 31.676,53) mensuales, equivalente al cuarenta y dos coma cincuenta por ciento (42,50%) de su sueldo promedio de los últimos doce (12) meses de servicio activo.--
SEGUNDO: El pago del monto de la Jubilación Especial. se hará a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. con cargo a az Rartida Presupuestaria sobre Jubilaciones del Personal. Empleado. Obrero.
N° 4.07.01.01.02.-
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
TERCERO: Notifiquese del contenido de la presente Resolución a la ciudadana, antes identificado, para su conocimiento y demás fines consiguientes.--.
CUARTO: Comuniquese del contenido de la presente Resolución a la Oficina de Recursos Humanos, a la Dirección de Administración y Finanzas. a. la Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión y a la Oficina de Consultoría Jurídica de esta Contraloría Municipal de Carrizal.-.
QUINTO: La presente Resolución entrara en vigor a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.--.
Dado. firmado y sellado en el Despacho del Contralor Interventor Municipal, en Carrizal. Estado Bolivariano de Miranda, el cuatro (04) de febrero del año dos mil veinte (2020). -
Comuníquese y Publíquese, Abg. JOSE ANTONIO PEREZ DIAZ CONTRALORINTÉRVENTOR DEL MUNICIPIO CARRIZAL Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, Resolución N° 01-00-000472, de fecha Caracas, 07 de agosto de 2019, suscrita por el Abg. El.VIS AMOROSO Contralor General de la República.
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