Gaceta Oficial N° 41.783
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Caracas, martes 17 de diciembre de 2019 Número 41.783 AÑO CXLVII - MES III
SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2020, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto Constituyente de fecha 16 de diciembre de 2019.-(Véase N° 6.495 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio
Económico Financiero 2020, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto Constituyente de fecha 16 de diciembre de 2019.-(Véase N° 6.496 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA Y FINANZAS Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio para el Ejercicio Económico Financiero 2020; y se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan como responsables de las Unidades Administradoras que en ella se especifican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio para el año 2020.
Resoluciones mediante las cuales se designan a los
ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Esperanza Scioli Palmero, como Directora General de la Oficina de Atención Ciudadana (E), de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.
Resolución mediante la cual se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Cuentadantes responsables de los Fondos en Avance y Anticipos que le sean girados a las Unidades Administradoras que en ella se especifican, de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano
Armando José Arráiz, como Director de la Unidad Territorial de este Ministerio del estado Barinas, en calidad de Encargado.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE Resolución mediante la cual se asciende a la jerarquía inmediata superior, según la Categoría de Bombero Profesional de Carrera en Servicio Permanente, a cincuenta y nueve (59) Bomberos Aeronáuticos, adscritos a este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE OBRAS PÚBLICAS Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Airam Nataly Álvarez Reyes, como Directora General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, de este Ministerio.
Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Pensión de Sobreviviente, a las ciudadanas que en ellas se mencionan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO
INGEOMIN Providencia Administrativa N° 017/2019, de fecha 07 de diciembre de 2019, donde se otorga la Jubilación Especial a la ciudadana Ritmar Aracelis Moreno Ramírez, titular de la cédula de identidad N° V-11.991.837, funcionaria del Instituto Nacional de Geología y Minería.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Pensión de Sobreviviente, al ciudadano Juan Antonio Villalobos Toro.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional “Sentencia mediante la cual se establece, con Carácter Vinculante, que la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el Artículo 28, numeral 4, letra “i” del Código Orgánico Procesal Penal, puede dar lugar a un sobreseimiento definitivo, en los casos en que el Juez de Control, una vez efectuado el control material de la acusación en la audiencia preliminar, considere que no existe un pronóstico de condena contra el imputado”.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.
DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se prorroga por el lapso de un (01) año la duración de la Comisión para la Constitución y Funcionamiento del Archivo General de la Defensa Pública.
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448.946 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 17 de diciembre de 2019
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA
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DIRECCIÓN DE APRESTO OPERACIONAL DE ARMADA LA 03322 BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LA ARMADA BOLIVARIANA 03501 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ARMADA
03735 BOLIVARIANA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AVIACIÓN MILITAR 04102 BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE APRESTO OPERACIONAL DE LA AVIACIÓN MILITAR 04201 BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA 04301 DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA 04401 COMANDO DE DEFENSA AÉROESPACIAL INTEGRAL 04516 GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL 06305 OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MILICIA 07827 BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL MPPD 08301 DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FANB 08603 VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA 09010 CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR 00660 10206 HOSPITAL MILITAR "DR. CARLOS ARVELO" HOSPITAL MILITAR "CNEL. ELBANO PAREDES VIVAS" 10207 HOSPITAL MILITAR "CNEL. (F) SAYAGO MORA" 10221 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LA FANB 10303 11102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA FANB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO 29433 07131 DEFENSA PÚBLICA MILITAR OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL EJÉRCITO
29967 BOLIVARIANO DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO 29968 OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GUARDIA NACIONAL 59204 BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GUARDIA LA NACIONAL
59948 BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 60246 ORDEN INTERNO DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LA GUARDIA NACIONAL
59973 BOLIVARIANA 7901 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (DGCIM) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COMANDO LOGÍSTICO 70002 OPERACIONAL CENTRO DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL COMANDO DE
04517 DEFENSA AEROESPACIAL INTEGRAL OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DEL 01415 PODER POPULAR PARA LA DEFENSA EJÉRCITO DIRECCIÓN DE APRESTO OPERACIONAL DEL 29861 BOLIVARIANO 6TO. CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO 29513 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA BOLIVARIANA 03653
UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA (CONTRALORÍA GENERAL MILITAR) DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL DEL SISTEMA DEFENSIVO 11110 TERRITORIAL ACCIÓN CENTRALIZADA: 0080013000 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA" UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS SIN FIRMA (DEFENSA PÚBLICA MILITAR) COORDINACIÓN REGIONAL PRIMERA ADMINISTRATIVA 07123 COORDINACIÓN REGIONAL PRIMERA CAPITAL 07124 COORDINACIÓN REGIONAL SEGUNDA CENTRAL 07125 COORDINACIÓN REGIONAL TERCERA OCCIDENTAL 07126 COORDINACIÓN REGIONAL CUARTA DE LOS ANDES 07127 COORDINACIÓN REGIONAL QUINTA ORIENTAL E INSULAR 07128 COORDINACIÓN REGIONAL SEXTA DE LOS LLANOS 07129 COORDINACIÓN REGIONAL SÉPTIMA DE GUAYANA 07130 PROYECTO: 0080227000 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL DE LA RED SANITARIA MILITAR A NIVEL NACIONAL UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS SIN FIRMA (SALUD) HOSPITAL NAVAL "DR. RAÚL PERDOMO HURTADO" 03515 HOSPITAL NAVAL "DR. FRANCISCO ISNARDI" 03516 HOSPITAL NAVAL "TN. PEDRO MANUEL CHIRINO" 03519 DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL 03626 HOSPITAL NAVAL "CN. FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ" 03670
SERVICIO DE SANIDAD AERONÁUTICA 04418 HOSPITAL MILITAR "CAP. GUILLERMO HERNÁNDEZ JACOBSEN" 10208 HOSPITAL MILITAR "TCNEL. FRANCISCO VALBUENA" 10209 HOSPITAL MILITAR "DR. MANUEL SIVERIO CASTILLO" 10220 HOSPITAL MILITAR TIPO III "DR. JOSÉ ÁNGEL ÁLAMO" 10224 SERVICIO DE SANIDAD DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO 29504 HOSPITAL MILITAR "VICENTE SALIAS" 29505 DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 59767 PROYECTO: 0080218000 EXPANDIR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL (OPERACIONES) DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA DE LAS FANB 01607 PROYECTO: 0080218000 EXPANDIR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS SIN FIRMA (OPERACIONES) REGIÓN CENTRAL 01321 REGIÓN OCCIDENTAL 01322 REGIÓN LOS LLANOS 01323 REGIÓN ORIENTAL 01324 REGIÓN GUAYANA 01325 REGIÓN INSULAR 01326 REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL DE LOS ANDES 01387 (REDIAN) REGIÓN CAPITAL 01937 BRIGADA DE DEFENSA AÉREA CENTRAL 01334 BRIGADA DE DEFENSA AÉREA OCCIDENTAL 01344 BRIGADA DE DEFENSA AÉREA LOS LLANOS 01355 BRIGADA DE DEFENSA AÉREA ORIENTAL 01361 BRIGADA DE DEFENSA AÉREA GUAYANA 01369 BRIGADA DE DEFENSA AÉREA LOS ANDES 01922 BRIGADA DE DEFENSA AÉREA MARÍTIMA E INSULAR 01944 COMANDO DE LA ESCUADRA 03324 COMANDO DE GUARDACOSTAS 03326 03327 COMANDO AVIACIÓN NAVAL 9NA BRIGADA DE POLICÍA NAVAL "GRAN MARISCAL DE AYACUCHO" 03358 2DA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA "CA JOSÉ EUGENIO 03362 HERNÁNDEZ" 4TA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA "ALMIRANTE A. PETIÓN" 03640 ESCUADRÓN DE PATRULLEROS 03561 ESCUADRÓN DE SUBMARINOS 03564 ESTACIÓN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS EN GUIRIA ZONA 03574 ATLÁNTICA ESTACIÓN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS PUERTO CABELLO "GRAL 03575 BARTOLOMÉ SALOM" ESTACIÓN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS PAMPATAR 03577 ESTACIÓN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS CARUPANO 03576 ESTACIÓN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS PUNTO FIJO ZONA
03578 OCCIDENTAL ESTACIÓN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS MARACAIBO "TN. PEDRO 03579 LUCAS URRIBARRI" GUANTA "TN.
GUARDACOSTAS ESTACIÓN PRINCIPAL DE 03580 FERNANDO FERNÁNDEZ" COMPLEJO NAVAL DE SOPORTE OPERACIONAL 03631 INFANTERÍA DE MARINA BOLIVARIANA 03633 5TA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA FLUVIAL "CF. JOSÉ 03642 TOMÁS MACHADO" 6TA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA FLUVIAL "GJ. JOSÉ 03646 ANTONIO PÁEZ" 7MA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA FLUVIAL "GB. FRANZ 03648 RISQUEZ IRIBARREN" 8VA BRIGADA DE OPERACIONES ESPECIALES "GSMO. FRANCISCO 03650 DE MIRANDA" 1RA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA "CAPITÁN DE NAVÍO 03655 MANUEL PONTE RODRÍGUEZ" 3RA. BRIGADA DE INFANTERÍA ANFIBIA "GENERAL DE BRIGADA 03722 MANUELA SAENZ" CENTRO DE ENTRENAMIENTO AÉREO DE LA AVIACIÓN MILITAR 04217 BOLIVARIANA GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES N° 20 DE LA AVIACIÓN MILITAR 04218 BOLIVARIANA GRUPO AÉREO DE OPERACIONES ESPECIALES N° 21 04219 BASE AÉREA "EL LIBERTADOR" 04232
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04233 BASE AÉREA "MANUEL RÍOS" GRUPO DE POLICÍA AÉREA "BAEL" 04234 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA "BAMARI" 04235 BASE AÉREA "GRAL. RAFAEL URDANETA" 04236 BASE AÉREA TÁCTICA AVANZADA "EL VIGIA" 04237 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA "BARU" 04239 BASE AÉREA "GENERALÍSIMO FRANCISCO DE MIRANDA" 04240 BASE AÉREA "GRAL. JOSÉ ANTONIO PÁEZ" 04241 04242 GRUPO DE POLICÍA AÉREA "BAGEM" 04243 BASE AÉREA "TTE. LUIS DEL VALLE GARCÍA" 04244 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA "BAVALLE" 04245 BASE AÉREA "MARISCAL SUCRE" GRUPO DE POLICÍA AÉREA "BASUCRE" 04246 BASE AÉREA "TTE VICENTE LANDAETA GIL" 04247 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA "BALANDA" 04248 BASE AÉREA "BUENAVENTURA VIVAS GUERRERO" 04249 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA "BAVIVAS" 04250 GRUPO AÉREO DE TRANSPORTE N° 4 04251 GRUPO AÉREO DE TRANSPORTE N° 5 04252 04253 GRUPO AÉREO DE TRANSPORTE N° 6 GRUPO AÉREO DE OPERACIONES ESPECIALES N° 10 04254 GRUPO AÉREO DE CAZA N° 11 04255 GRUPO AÉREO DE CAZA N° 12 04256 GRUPO DE ENTRENAMIENTO AÉREO N° 14 04257 GRUPO AÉREO DE CAZA N° 16 04258 GRUPO AÉREO DE TRANSPORTE N° 9 04264 04271 GRUPO INSTRUMENTAL DE VUELO N° 7 GRUPO AÉREO DE OPERACIONES ESPECIALES N° 15 04272 GRUPO AÉREO DE CAZA "LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR" N° 13 04274 BASE AÉREA TÁCTICA AVANZADA "ORINOCO" 04275 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA "BAMENDEZ" 04276 GRUPO AÉREO DE INTELIGENCIA, VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO 04278 ELECTRÓNICO N° 8 GRUPO AÉREO DE OPERACIONES ESPECIALES N° 17 04285 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA "BAPAEZ" 04296 GRUPO DE ENTRENAMIENTO AÉREO N° 18 04298 GRUPO DE ENTRENAMIENTO AÉREO N° 19 04299 BASE AÉREA LOGÍSTICA ARAGUA 04323 ESCUADRÓN DE POLICÍA "BARAGUA" 04324 BASE AÉREA "LUIS APOLINAR MÉNDEZ" 04508 BASE AÉREA "LUISA CACERES DE ARISMENDI" 04509 DIRECCIÓN REGIONAL DE MEDIOS DE LA MILICIA PARA LA REGIÓN 07831 ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL OCCIDENTE DIRECCIÓN REGIONAL DE MEDIOS DE LA MILICIA PARA LA REGIÓN 07832 ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL LOS ANDES DIRECCIÓN REGIONAL DE MEDIOS DE LA MILICIA PARA LA REGIÓN 07833 ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL CENTRAL DIRECCIÓN REGIONAL DE MEDIOS DE LA MILICIA PARA LA REGIÓN 07834 ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL CAPITAL DIRECCIÓN REGIONAL DE MEDIOS DE LA MILICIA PARA LA REGIÓN 07835 ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL LOS LLANOS DIRECCIÓN REGIONAL DE MEDIOS DE LA MILICIA PARA LA REGIÓN 07836 ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL GUAYANA DIRECCIÓN REGIONAL DE MEDIOS DE LA MILICIA PARA LA REGIÓN 07837 ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL ORIENTE DIRECCIÓN REGIONAL DE MEDIOS DE LA MILICIA PARA LA REGIÓN 07838 ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR 21 BRIGADA DE INFANTERÍA 11301 11302 41 BRIGADA BLINDADA 42 BRIGADA DE INFANTERÍA PARACAIDISTA 11303 29135 MARTÍN" 31 BRIGADA DE INFANTERÍA MECANIZADA 29286 13 BRIGADA DE INFANTERÍA 29302 22 BRIGADA DE INFANTERÍA 29304 51 BRIGADA DE INFANTERÍA DE SELVA 29313 AVIACIÓN DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO 29316 29547 25 BRIGADA DE INFANTERÍA MECANIZADA
14 BRIGADA DE INFANTERÍA MECANIZADA "GENERAL DE DIVISIÓN 29566 DOMINGO FANEITE MEDINA" 11 BRIGADA BLINDADA "GENERAL DE BRIGADA PEDRO JOSÉ RUÍZ 29880 RONDÓN" 12 BRIGADA DE CARIBE "GENERAL EN JEFE ALMIDIEN RAMÓN 29884 MORENO ACOSTA" 29902 32 BRIGADA CARIBE 29909 33 BRIGADA CARIBE 29923 43 BRIGADA DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 52 BRIGADA DE INFANTERÍA DE SELVA "GENERAL EN JEFE 29939 ALBERTO MÜLLER ROJAS" 53 BRIGADA DE INFANTERÍA DE SELVA "TENIENTE CORONEL JESÚS 29941 MIGUEL ORTÍZ CONTRERAS" 91 BRIGADA DE CABALLERÍA BLINDADA E HIPOMOVIL "GENERAL 29945 DE BRIGADA PEDRO PÉREZ DELGADO" 29953 92 BRIGADA CARIBE 93 BRIGADA CARIBE DE SEGURIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 29958 "GENERAL EN JEFE EZEQUIEL ZAMORA" 99 BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO 29988 (99 BRIFES) COMANDO NACIONAL ANTIEXTORSIÓN Y SECUESTRO DE LA
59031 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 59310 COMANDO AÉREO DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA COMANDO DE VIGILANCIA COSTERA DE LA GUARDIA NACIONAL 59311 BOLIVARIANA 59312 COMANDO ANTIDROGAS DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA GRUPO DE ACCIONES DE COMANDO DE LA GUARDIA NACIONAL 59313 BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE LABORATORIOS CRIMINALÍSTICOS, CIENTÍFICOS Y 59715 TECNOLÓGICOS DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVÁRIANA 59803 COMANDO NACIONAL GUARDIA DEL PUEBLO COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60012 NRO. 11, ESTADO ZULIA COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60013 NRO. 12, ESTADO LARA COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60014 NRO. 13, ESTADO FALCÓN COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60015 NRO. 14, ESTADO YARACUY COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60017 NRO. 21, ESTADO TÁCHIRA COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60018 NRO. 22, ESTADO MÉRIDA COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60019 NRO. 23, ESTADO TRUJILLO COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60021 NRO. 31, ESTADO PORTUGUESA COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60022 NRO. 32, ESTADO COJEDES COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60023 NRO. 33, ESTADO BARINAS COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60024 NRO. 34, ESTADO GUÁRICO COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60026 NRO. 41, ESTADO CARABOBO COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60027 NRO. 42, ESTADO ARAGUA COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60028 NRO. 43, DISTRITO CAPITAL COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60029 NRO. 44, ESTADO MIRANDA COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60030 NRO. 45, ESTADO VARGAS COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60032 NRO. 51, ESTADO MONAGAS COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60033 NRO. 52, ESTADO ANZOÁTEGUI COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60034 NRO. 53, ESTADO SUCRE COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60036 NRO. 61, ESTADO DELTA AMACURO COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60037 NRO. 62, ESTADO BOLÍVAR COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60038 NRO. 63, ESTADO AMAZONAS COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60040 NRO. 71, ESTADO NUEVA ESPARTA COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60041 NRO. 35, ESTADO APURE COMANDO DE ZONA ESPECIAL NRO. 81 DE LA GUARDIA NACIONAL 60252 BOLIVARIANA DIVISIÓN DE MOVILIZACIÓN Y RESERVA DE LA AVIACIÓN MILITAR 04402 BOLIVARIANA
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ESTACIÓN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS "AF. FERNANDO DÍAZ" 03923 (EPGOR)
PROYECTO: 0080217000 CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES LOGÍSTICAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL (II FASE) UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS SIN FIRMA (LOGÍSTICA) 03148 CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA BOLIVARIANA BRIGADA DE INGENIERÍA "CA JOSÉ RAMÓN YÉPEZ" 03347 BASE NAVAL "CA AGUSTÍN ARMARIO" 03513 BASE NAVAL "MCAL. JUAN CRISÓSTOMO FALCÓN" 03514 DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y COMISARIATO DE LA ARMADA 03520 BOLIVARIANA 03523 BASE NAVAL "CN. FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ" 03605 JEFATURA DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA BOLIVARIANA JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ARMADA 03606 BOLIVARIANA BRIGADA DE INGENIEROS "CA JOSÉ PRUDENCIO PADILLA" 03914 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO AERONÁUTICO 04312 04325 MUSEO AERONÁUTICO ABASTECIMIENTO DE LA AVIACIÓN SERVICIO DE MILITAR
04329 BOLIVARIANA SERVICIO DE DE LA AVIACIÓN INTENDENCIA MILITAR
04330 BOLIVARIANA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AVIACIÓN MILITAR
04331 BOLIVARIANA METEOROLOGÍA DE LA AVIACIÓN SERVICIO DE MILITAR
04332 BOLIVARIANA SERVICIO DE LA AVIACIÓN DE TRANSPORTE MILITAR
04333 BOLIVARIANA ELECTRÓNICA DE LA AVIACIÓN SERVICIO DE MILITAR
04334 BOLIVARIANA SERVICIO DE ARMAMENTO DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA 04335 CENTRO DE INSPECCIÓN AERONÁUTICA ORIENTE 04340 CENTRO DE INSPECCIÓN AERONÁUTICA OCCIDENTE 04341 DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AVIACIÓN MILITAR 04358 BOLIVARIANA COMBUSTIBLES DE LA AVIACIÓN MILITAR DIVISIÓN DE 04359 BOLIVARIANA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO AEROESPACIAL 04362 CUERPO DE INGENIEROS DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA 04371 DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LA AVIACIÓN MILITAR 04372 BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 04387 DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA BRIGADA DE COMUNICACIONES AUDIOVISUALES 4 DE FEBRERO 08305 "DÍA DE LA DIGNIDAD" DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO 29502 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO 29515 BOLIVARIANO 82 _REGIMIENTO DE APOYO LOGÍSTICO "GENERAL DE DIVISIÓN 29517 JOSÉ MARÍA CARREÑO" 84 REGIMIENTO DE APOYO LOGÍSTICO "GENERAL DE DIVISIÓN 29524 MARIANO MONTILLA" 61 BRIGADA DE ACONDICIONAMIENTO DE INGENIEROS "GENERAL 29828 DE BRIGADA AGUSTÍN CODAZZI" INGENIEROS CONSTRUCCIÓN DE Y BRIGADA DE 63 MANTENIMIENTO "GENERAL DE BRIGADA JUAN AGUERREVERE Y 29535 ECHENIQUE" 34 BRIGADA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS "GENERAL EN 29315 JEFE JOSÉ TADEO MONAGAS" 64 BRIGADA DE INGENIEROS FERROVIARIOS "GENERAL EN JEFE 29841 EZEQUIEL ZAMORA" 62 BRIGADA DE INGENIEROS DE COMBATE "GENERAL DE BRIGADA 29969 LUCIANO URDANETA" CUERPO DE INGENIEROS DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 60010 "GENERALÍSIMO FRANCISCO DE MIRANDA" DIRECCIÓN DE ARMAMENTO Y ELECTRÓNICA 03343 BASE AERONAVAL "CONTRALMIRANTE SIMÓN MALAVÉ MÉNDEZ" 03526 PROYECTO: 0080223000 PERFECCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MILITAR (III. FASE) UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA (FISCALÍA MILITAR) 072 FISCALÍA GENERAL MILITAR
PROYECTO: 0080222000 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE LA FANB UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS SIN FIRMA (INFRAESTRUCTURA) SECRETARÍA PERMANENTE DE REGISTRO Y ALISTAMIENTO PARA 01516 LA DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA ARMADA BOLIVARIANA 03737 AYUDANTÍA GENERAL DE LA ARMADA BOLIVARIANA 03743 03748 DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA ARMADA BOLIVARIANA CUARTEL GENERAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA 04100
SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA 04109 AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA DIVISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AVIACIÓN MILITAR 04112 BOLIVARIANA AYUNDANTÍA GENERAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA 04121 INSPECTORÍA GENERAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA 04122 PUESTO DE COMANDO DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA 04140 JUNTA PERMANENTE DE EVALUACIÓN DE LA AVIACIÓN MILITAR 04420 BOLIVARIANA INFORMACIÓN TECNOLOGÍA DIRECCIÓN DE DE Y
07801 COMUNICACIONES DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO DIRECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS DEL MPPD 08501 08602 VICEMINISTERIO DE SERVICIOS 08604 DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS 29103 CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO 59100 CUARTEL GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA 59103 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA INSPECTORÍA GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 59102 DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL
59218 BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA AEROESPACIAL DE LA AVIACIÓN 04113 MILITAR BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA AVIACIÓN 04114 MILITAR BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO 04115 NACIONAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA DIRECCIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD DE LA
04116 AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA PROYECTO: 0080224000 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL SERVICIO PENITENCIARIO MILITAR UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA (SERVICIO PENITENCIARIO) MILITAR DE LA FUERZA ARMADA SERVICIO PENITENCIARIO 07132 NACIONAL BOLIVARIANA PROYECTO: 0080219000 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LA MODALIDAD MILITAR Y NO MILITAR DE LA FANB (II FASE) UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS SIN FIRMA (EDUCACIÓN) ESCUELA DE, CAPACITACIÓN DE LA INFANTERÍA DE MARINA "CA.
03346 ARMANDO LÓPEZ CONDE" 03436 ESCUELA DE SUBMARINOS CENTRO DE ADIESTRAMIENTO NAVAL "CN FELIPE SANTIAGO 03615 ESTEVES" CENTRO DE ADIESTRAMIENTO NAVAL "GD. JOSÉ ANTONIO 03728 ANZOÁTEGUI" DIVISIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA AVIACIÓN 04403 MILITAR BOLIVARIANA ESCUELA DE FORMACIÓN DE TROPAS PROFESIONALES DE LA 04439 AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA CENTRO DE ADIESTRAMIENTO AERONÁUTICO 04442 ESCUELA DE TROPAS PROFESIONALES "GJ. JOSÉ FÉLIX RIBAS" 29410 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL MILITAR "EL LIBERTADOR" 04417 EDUCACIÓN DE LA AVIACIÓN MILITAR DIRECCIÓN DE 04423 BOLIVARIANA CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BASE AÉREA "CAP. MANUEL RIOS" 04430 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BASE AÉREA GENERALÍSIMO 04432 FRANCISCO DE MIRANDA" CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BASE AÉREA "EL LIBERTADOR" 04433 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BASE LOGÍSTICA ARAGUA 04434 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BASE AÉREA "TTE. VICENTE 04435 LANDAETA GIL"
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BASE AÉREA "TTE. LUIS DEL 04436 VALLE GARCÍA" CENTRO DE ADIESTRAMIENTO NAVAL "GB. EMILIO ARÉVALO 03733 CEDEÑO" PROYECTO: 0080222000 REFORZAR EL SISTEMA DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS SIN FIRMA (CASA MILITAR)
06203 CUSTODIA OPERACIONES AÉREAS 06304 ESPECIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A UNIDAD 06306 PERSONALIDADES DE ESTADO PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO BRIGADA ESPECIAL DE 06307 PRESIDENCIAL (B.E.P.A.P)
Comuníquese y publiques Por el Ejecutivo N REPÚB VLABIMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe istro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 13 DIC 2019 209°, 160° y 20° 033985 RESOLUCIÓN N° Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 25 numeral 8 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE
ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento:
COMANDANCIA GENERAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA OFICINA DE GESTIÓN COMUNICACIONAL - Teniente Coronel JUAN 30SÉ GÓMEZ MUÑOz, C.I. N° 13.803.989, Jefe, p/v.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, VEAMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Mmistro del Poder Popular Min ./bara la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 04DIC2019 209°, 160° y 20° RESOLUCIÓN N° 033710 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 24 y 25 numeral 8 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento:
COMANDANCIA GENERAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA
SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DE ESTADO MAYOR Dirección de Logística Mantenimiento y Desarrollo Aeronáutico Servicio de Electrónica - Teniente CorOnel FREDDY ARMANDO USECHE MORA, C.I. N° 12.630.020, Jefe, e/r del Coronel ALFREDO SILVANO BLARASIN RIVERO, C.I. N° 12.024.514.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, VLABIMIR PADRINO LÓREZ General en Jefe mistro del Poder Popular para la Defensa
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DESPACHO DEL MINISTRO
Resolución N° 024
Caracas, 16 de diciembre 2019
AÑOS 2090 160° y 20°
PLASENCIA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.366.780, designado mediante Decreto Presidencial N° 3.946 de fecha 12 de agosto de 2019, en atención al Decreto Presidencial N° 3.945 de fecha 12 de agosto de 2019, ambos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.692 de la misma fecha y en ejercicio de la atribuciones contenidas en los artículos 34, 65 y 78 numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.147 extraordinario del 17 de noviembre de 2014 y con los artículos 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como lo previsto en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional.
RESUELVE
PRIMERO: Designar en carácter de Interina a la ciudadana ESPERANzA sCIoLI PALMERo, titular de la cédula de identidad N° V-14.201.912, como Directora General de la Oficina de Atención Ciudadana, del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior.
SEGuNDo: En ejercicio de la presente designación, la ciudadana ESPERANzA sCIoLI PALMEro, ejercerá las funciones establecidas en el artículo 22 del Decreto N° 2.378 de fecha 12 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario del 13 de julio de 2016, mediante la cual se dicta el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional y tendrá las atribuciones y firma de los documentos que a continuación se indican:
1- La correspondencia destinada a las demás Oficinas y dependencias administrativas del Ministerio sobre actuaciones de carácter técnico administrativo, cuya tramitación deban iniciar, continuar y/o concluir conforme con sus respectivas competencias;
2- La certificación de los documentos que reposan en el archivo de la Oficina a su cargo;
3- Rendir cuenta al Ministro del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior, de todos los actos y documentos que haya firmado en el ejercicio de las atribuciones que le hayan sido delegadas;
4- Las demás que señalen las leyes y demás actos normativos en materia de su competencia.
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PARÁGRAFo úNIco: Las atribuciones y firmas de los actos y documentos en los numerales precedentes, que fueren objeto de competencias o delegaciones concurrentes con otros funcionarios de este Ministerio, podrán ser ejercidas y firmadas indistintamente de manera conjunta o separada.
Queda a salvo, lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.
TERcEro: Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, deberán bajo la firma de la funcionaria designada, indicar la fecha, el número de la Resolución y los datos de la Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
cuArTo: De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de la República y consignarlo ante la Oficina de Gestión Humana.
QuInTo: La presente Resolución deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana iquese Pubtiquese, REPU FÉLIX RAON PLASENCIA GONZÁLEZ Roder Pomar para el Turismo y Comercio Exterior Ministro ROELML oencialuo 3.946 der 12 de agosto de 2019, Publicado en la Gaceta Qficial n° 41.692 de la misma fecha
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 045/2019 CARACAS, 5 DE DICIEMBRE DE 2019.
AÑOS 209°, 160° y 20°
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con el artículo 78, numerales 1, 3, 19 y 27 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma fecha, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 51 y 54 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y el artículo 47 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Público, sobre el Sistema Administración Financiera del Sector Presupuestario, dicta la siguiente:
RESOLUCIÓN
Artículo 1. Se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Agricuitura Productiva y Tierras, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, la cual estará constituida por la Unidad Administradora Central y las Unidades Administradoras desconcentradas, cuyas denominaciones se señalan a continuación:
Unidad Item Denominación Ejecutora Central 01006 1 Oficina de Gestión Administrativa Unidad Item Denominación Ejecutora Local Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 1 03010 la Agricultura Productiva y Tierras - Amazonas Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 2 03011 la Agricultura Productiva y Tierras - Anzoátegui Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 3 03012 la Agricultura Productiva y Tierras - Apure Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 4 03013 la Agricultura Productiva y Tierras - Aragua Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 5 03014 la Agricultura Productiva y Tierras - Barinas Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 6 03015 la Agricultura Productiva y Tierras - Bolívar Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 7 03016 la Agricultura Productiva y Tierras - Carabobo Unidad Territorial dei Ministerio del Poder Popular para 8 03017 la Agricultura Productiva y Tierras - Cojedes Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 9 03018 la Agricultura Productiva y Tierras - Delta Amacuro Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 10 03019 la Agricultura Productiva y Tierras - Falcón Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 11 03020 la Agricultura Productiva y Tierras - Guárico Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 12 03021 la Agricultura Productiva y Tierras - Lara Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 13 03022 la Agricultura Productiva y Tierras- Mérida Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 14 03023 Agricultura Productiva y Tierras — Miranda Unidad Territorial dei Ministerio del Poder Popular para 15 03024 la Agricultura Productiva y Tierras - Monagas Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 16 03025 la Agricultura Productiva y Tierras - Nueva Esparta Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 17 03026 la Agricultura Productiva y Tierras- Portuguesa Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 18 03027 la Agricultura Productiva y Tierras - Sucre Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 19 03028 la Agricultura Productiva y Tierras - Táchira Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 20 03029 la Agricultura Productiva y Tierras - Trujillo Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 21 03030 la Agricultura Productiva y Tierras — Yaracuy Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 22 03031 la Agricultura Productiva y Tierras - Zulia Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para 23 03032 la Agricultura Productiva y Tierras - La Guaira
Artículo 2. Queda sin efecto la Resolución DM/N° 089/2018 de fecha 10 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.546 de fecha 14 de diciembre de 2018.
Artículo 3. La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional
WILMAR ALAREDO CASTRO SOTELDO Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Fierras
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 046/2019 CARACAS, 5 DE DICIEMBRE DE 2019.
AÑOS 209°, 160° y 20°
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, WILMAR ALFREDO CASTRO SoTELDO, designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con el artículo 78, numerales 1, 3, 19 y 27 del Decreto No 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma fecha, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 51 y 54 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, dicta la siguiente:
RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designan como cuentadantes y responsables de los fondos en avance y anticipos que les sean girados a las Unidades Administradoras, a partir del 1° de enero de 2020, a los ciudadanos que a continuación se señalan:
CÉDULA DE NOMBRES Y UBICACIÓN CARGO DEL APELLIDOS DEL IDENTIDAD Y CÓDIGO CUENTADANTE CUENTADANTE N° V- Sede Director General de la ROBERTO LUIS 9.650.362 Oficina de Gestión Distrito Capital DÍAZ CUELLAR Administrativa (E) Código: 01006 Director de la Unidad ANTONIO Sede Territorial del Ministerio GERARDO Puerto del Poder Popular para la 8.575.425 GRATEROL Ayacucho Agricultura Productiva y Código: 03010 REQUENA Tierras-Amazonas Director de la Unidad Sede AGUSTÍN Territorial del Ministerio del Poder Popular para la FRANCISCO 19.496.665 Barcelona Agricultura Productiva y Código: 03011 RIZALEZ JOVE Tierras-Anzoátegui Director de la Unidad Sede JOSÉ GREGORIO Territorial del Ministerio San Fernando REBOLLEDO 16.977.695 del Poder Popular para la de Apure Agricultura Productiva y JUAREZ Código: 03012 Tierras-Apure Directora de la Unidad RAYMALIS DEL Territorial del Ministerio Sede Maracay 17.772.554 del Poder Popular para la CARMEN Código: 03013 Agricultura Productiva y QUINTANA SOJO Tierras-Aragua (E) Director de la Unidad- CARLOS JAVIER Territorial del Ministerio Sede Barinas del Poder Popular para la MARCIAL 11.711.691 Código: 03014 Agricultura Productiva y GUTIERREZ Tierras-Barinas (E) Director de la Unidad Territorial del Ministerio Sede LUIS ARGENIS 10.387.344 del Poder Popular para la AVILES Ciudad Bolívar Código: 03015 RODRIGUEZ Agricultura Productiva y Tierras-Bolívar Directora de la Unidad Territorial del Ministerio EZEQUIEL JESUA Sede Valencia 18.958.894 del Poder Popular para la Código: 03016 ZAMORA GARCIA Agricultura Productiva y Tierras-Carabobo (E) Directora de la Unidad Sede Territorial del Ministerio CARLOS MIGUEL San Carlos del Poder Popular para la 13.733.856 LINAREZ ROJAS Agricultura Productiva y 03017 Tierras-Cojedes (E) Director de la Unidad CÉSAR ENRIQUE Territorial del Ministerio Sede Tucupita 8.926.243 MAGUILBRAY del Poder Popular para la Código: 03018 ZAMBRANO Agricultura Productiva y Tierras-Delta Amacuro Director de la Unidad ANTONIO JOSÉ Territorial del Ministerio Sede Coro 17.924.361 SIVIRA del Poder Popular para la Código: 03019 CHIRINOS Agricultura Productiva y Tierras-Falcón (E) Director de la Unidad Sede Territorial del Ministerio MARCOS RAFAEL 20.948.439 Calabozo del Poder Popular para la CALLES CRUZ Código: 03020 Agricultura Productiva y Tierras-Guárico (E) Director (E) de la Unidad Territorial del Ministerio Sede JUAN ALIRIO 7.930.948 Barquisimeto del Poder Popular para la VILLARROEL Agricultura Productiva y Código: 03021 Tierras-Lara Directora de la Unidad Territorial del Ministerio Sede Mérida RENÉ ALBARRÁN 11.955.492 del Poder Popular para la Código: 03022 Agricultura Productiva y Tierras-Mérida (E) Director de la Unidad Sede Territorial del Ministerio OMAR ENRIQUE Caucagua 11.118.428 del Poder Popular para la OJEDA LARA Agricultura Productiva y Código: 03023 Tierras-Miranda Directora de la Unidad OSCAR GABRIEL Territorial del Ministerio Sede Maturín RENAUD
13.094.786 del Poder Popular para la Código: 03024 GONZÁLEZ Agricultura Productiva y Tierras-Monagas Director de la Unidad Sede Territorial del Ministerio JOSÉ GABRIEL La Asunción del Poder Popular para la Código:
FARFAN RIVAS
17.716.234 Agricultura Productiva y 03025 Tierras-Nueva Esparta Director de la Unidad CAROLINA DEL Territorial del Ministerio Sede Acarigua CARMEN VEGAS 11.848.445 del Poder Popular para la Código: 03026 ÁLVAREZ Agricultura Productiva y Tierras-Portuguesa (E) Director de la Unidad LUIS FRANCISCO Territorial del Ministerio Sede Cumaná RODRÍGUEZ 14.283.473 del Poder Popular para la Código: 03027 PATIÑO Agricultura Productiva y Tierras-Sucre (E) Director de la Unidad Territorial del Ministerio Sede San JESÚS JOVANNY 14.041.791 del Poder Popular para la Cristóbal MARTÍNEZ IPIA Código: 03028 Agricultura Productiva y Tierras-Táchira (E) Directora de la Unidad Territorial del Ministerio JOSÉ ENRIQUE Sede Trujillo 10.311.925 del Poder Popular para la TERÁN VITORA Código: 03029 Agricultura Productiva y Tierras-Trujillo Director de la Unidad PEDRO Sede Territorial del Ministerio PONCIANO del Poder Popular para la 6.506.410 La Guaira MORALES Código: 03032 Agricultura Productiva y GONZÁLEZ Tierras-La Guaira (E) Director de la Unidad YAMILETH Sede San Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Felipe.
7.905.270 MEREARY SÁNCHEZ PINTO Código: 03030 Agricultura Productiva y Tierras-Yaracuy Director de la Unidad Sede Territorial del Ministerio JULIO ISAEL del Poder Popular para la 10.432.299 Maracaibo ÁVILA RAMÍREZ Código: 03031 Agricultura Productiva y Tierras-Zulia
Artículo 2. Queda sin efecto la Resolución DM/N° 088/2018 de fecha 10 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.546 de fecha 14 de diciembre de 2018.
Artículo 3. La presente Resolución, entrará en vigencia a partir del primero (1°) de enero de 2020.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional.
b$ WILMAR ALFREDO ASTRO SOTELDO Ministro del Poder Rópular para la Agricultura Productiva y Tierras
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REPÚBLICA DE BOLIVARIANA VENEZUELA.
MINISTERIO DEL POPULAR PARA PODER LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, DESPACHO MINISTRO.
RESOLUCIÓN DM/N° 047/2019.
DEL CARACAS, 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.
AÑOS 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y TierraS, WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO, designado mediante Decreto Nº 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.822 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 3, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto Nº 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo establecido en los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario del 12 de agosto de 2005, así como lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, dictado a través del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.025 del 18 de septiembre de 1969;
RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano ARMANDo JOsÉ ARRAIZ, titular de la cédula de identidad N.º v-6.938.248, como DIRECTOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS DEL ESTADO BARINAS, en COndiCIÓn de ENCARGADO, y como cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede Barinas, Código: 03014) Artículo 2. Se delega en el ciudadano mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución, la competencia y firma de los actos y documentos que se especifican a continuación:
1) Aprobar, ordenar y tramitar los gastos y pagos que afecten los créditos presupuestarios que le sean asignados con Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y compra y/o de servicios, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, en virtud de ello deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro.
De igual forma participará a la Contraloría General de la República y a la Oficina de Auditoría Interna de este Ministerio sú designación como Cuentadante.
2) Certificación de los documentos que reposan en los archivos de la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Barinas.
3) Aprobación de viáticos y pasajes nacionales, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.
4) Informar al ciudadano Ministro trimestralmente la ejecución presupuestaria y financiera, así como los compromisos pendientes de pago, en función de la presente delegación.
5) Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos.
Artículo 3. Los actos y documentos firmados en virtud de la delegación prevista en el artículo 2 de la presente Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de Resolución y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya sido publicada la misma.
Artículo 4. Queda derogada la Resolución DM/N° 050/2017 de fecha 26 de octubre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.276 de fecha 10 de noviembre de 2017.
Artículo 5. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, q DESP WILMAR AEFREDO CASTRO SOTELDO Ministro del Poder Poputar para-fa Agricultura Productiva y Tierras
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 039 CARACAS, 28 DE 0CTUBRE DE 2019 AÑOS 209°, 160° y 20° En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numerales 1, 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2.650 de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067 de la misma fecha, en su artículo 1 numeral 1 y artículo 2 numeral 1, este Despacho Ministerial, POR CUANTO La función de los Bomberos y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, como órganos de seguridad ciudadana, constituyen una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en la Constitución de la Repúbiica Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, brindando seguridad, prevención, protección, combate y extinción de incendios y otros siniestros; a la investigación de las causas y su origen; a la atención de emergencias pre-hospitalarias; a los servicios de rescate y salvamento; y a la participación en los programas para la atención de emergencias o desastres, POR CUANTO El proceso de ascensos anuales de los bomberas y bomberas en sus diversas categorías corresponde a la Dirección General Nacional de Bomberos, previa evaluación y verificación de los trámites administrativos y de la existencia de credenciales necesarias con observancia a los requisitos exigidos para conceder los ascensos de conformidad con la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, POR CUANTO Los ascensos de bombero postulado o bomberas postulada a un nivel jerárquico inmediatamente superior, como reconocimiento a su desempeño laboral eficiente, desarrollo y crecimiento profesional, valor agregado en su área de desempeño, capacidad técnica, operativa, de mando y comando, experiencia, méritos, conducta, disciplina, condición física, asistencia a la jornada laboral en el período a evaluar, antigüedad en la Institució Bomberil y cumplimiento del mejoramiento profesional que le exija fa jerarquía, en sus diversas categorías y especialidades.
POR CUANTO A este Órgano Ministerial, se encuentran adscritos un total de cincuenta y nueve (59) Bomberos Aeronáuticos, actualmente en Comisión de Servicio bajo las órdenes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), quienes idóneamente han venido prestando sus servicios a la Nación en forma activa, coadyuvando a brindar seguridad en las operaciones aeronáuticas, de manera segura y eficiente, haciéndose acreedores de reconocimientos personales y profesionales.
RESUELVE Artículo 1. Ascender a la jerarquía inmediata superior, según la Categoría de Bombero Profesional de Carrera en servicio permanente, de conformidad con el numeral 13 del artículo 57 y artículos 84 y 87 de la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2015, CoN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE 0CTUBRE DE 2019, a los ciudadanos que se indican a continuación:
PARA LA JERARQUÍA DE GENERAL DE BOMBERO CÉDULA DE IDENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS V-9.930.091 ALQUELQUIS JOSÉ BALCAZAR TOTAL GRADO DE GENERAL UNO (01) PARA LA JERARQUÍA DE MAYOR DE BOMBERO CÉDULA DE IDENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS V-10.615.906 WESMORE JOSÉ MÁRQUEZ DÍAZ V-10.880.701 LUÍS WENCESLAO TINEO JIMÉNEZ WLADIMIR JOSÉ VIVAS V-10.901.150 TOTAL GRADO DE MAYOR TRES (03) PARA LA JERARQUÍA DE CAPITÁN DE BOMBERO CÉDULA DE IDENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS V-8.516.722 EDGAR EDUARDO DURANT DORANTE PABLO CHEMARX MUJICA ROMERO V-14.276.058 RAFAEL EDUARDO TORRES GONZÁLEZ V-8.198.258 V-9.518.540 ÁNGEL SEGUNDO JIMÉNEZ LÓPEZ GIOVER SAMUEL VERGARA GARCÍA V-12.554.180 GILBERTO ANTONIO TORREALBA DURÁN V-7.361.190 RUBÉN DIARIO AVENDAÑO MEZA V-10.104.996 TOTAL GRADO DE CAPITÁN SIETE (7)
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PARA LA JERARQUÍA DE PRIMER TENIENTE DE BOMBERO NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD FREDDY PASTOR GALLARDO MENDOZA V-7.325.997 JHONNY MIGUEL SÁNCHEZ CHAMBUCO V-7.549.502 V-7.991.801 ENRIQUE FELIPE PINTO PALMA ROBERT JOSÉ PENSO VARGAS V-9.526.651 V-9.837.580 HÉCTOR NICOLÁS LOBATÓN ARANGUREN GREGORIO ANTONIO ZARATE FLORES V-10.615.654 V-11.474.538 JORGE ANDRÉS GARCÍA GUEVARA V-11.970.292 YSMAEL DEL VALLE ROSARIO ROJAS SIMÓN ANTONIO ZARRAGA SUÁREZ V-12.175.059 GIANCARLO PAOLO FERRO BOADA V-12.180.778 V-13.084.189 FRANKLIN MAGLIOCCO ALBARRACIN EMIR JOSÉ CARDOZA BENALCACERES V-14.434.543 TOTAL GRADO DE PRIMER TENIENTE DOCE (12)
PARA LA JERARQUÍA DE TENIENTE DE BOMBERO
NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD HÉCTOR LUÍS RODRÍGUEZ LÓPEZ V-5.950.952 V-6.817.923 PEDRO ALBERTO MUJÍCA GONZÁLEZ V-8.658.077 PEDRO JOSÉ SOSA RAMÍREZ V-9.569.195 CARLOS ALBERTO LINAREZ LOBATÓN V-10.138.660 DARVIS OSWALDO MONTES SALAS V-10.139.220 LEWIS MANUEL PÉREZ CASTAÑEDA V-11.534.863 JORGE ALFREDO LÓPEZ MEJÍAS V-11.614.737 RUBÉN DARIO PÉREZ V-12.885.947 EUGER JOSÉ VILLARROEL ROSARIO V-13.028.581 ÁNGEL JESÚS MORILLO GRANADILLO JOSÉ LUÍS RUMBOS VILLEGAS V-13.486.401 V-13.595.536 YOSLEN RAMÓN GUERRA JULIO CÉSAR CHIRINOS SERRANO V-15.370.572 TOTAL GRADO DE TENIENTE TRECE (13) PARA LA JERARQUÍA DE SARGENTO MAYOR DE BOMBERO CÉDULA DE IDENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS CARLOS OSWALDO GUTIÉRREZ V-6.936.059 JOSÉ DE JESÚS TÓVAR GONZÁLEZ V-8.151.456 V-9.840.926 JOSÉ FREDDY CASTILLO ROA V-9.995.911 JUAN MANUEL GARCÍA TORREALBA V-11.240.660 ELIO ALEXANDER GARCÍA ARACA V-11.555.022 JIMMY ALEXANDER BRICEÑO ALDANA CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ V-12.043.816 RAFAEL ENRIQUE ACEVEDO MARCANO V-13.374.249 ARMANDO JOSÉ ROJAS V-14.290.708 V-14.962.785 JESÚS ALEXIS MOLINA ROJAS TOTAL GRADO DE SARGENTO MAYOR DIEZ (10)
PARA LA JERARQUÍA DE SARGENTO PRIMERO NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD CÉSAR RAÚL PINEDA RODRIGUEZ V-10.615.956 LUÍS DEL CARMEN PÉREZ PÉREZ V-11.241.354 DARWIN ROSENDO PÉREZ CASTAÑEDA V-11.850.508 JUAN MELGAR CORONA V-12.325.149 ELSÓN YOVANY PUENTES PEREIRA V-12.350.661 V-12.557.012 DOUGLAS ERNESTO OREA GARCÍA JOSUE DANIEL BALDAN SILVA V-12.557.543 GELSÓN ALEXANDER MARAÑA MILANO V-13.919.687 LUÍS ALEXANDER GONZÁLEZ MANEIRO V-14.611.877 LENIN WLADIMIR DE LEÓN RUÍZ V-14.654.293 ENRIQUE JAVIER BOHORQUEZ FARFÁN V-14.947.439 VILOSMAR MORENO MEJÍAS V-16.222.953 TOTAL GRADO DE SARGENTO PRIMERO DOCE (12) PARA LA JERARQUÍA DE CABO SEGUNDO DE BOMBERO NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD V-10.136.377 EDGAR RAFAEL VARGAS MARCHAN TOTAL GRADO DE CABO SEGUNDO UNO (01) TOTAL DE FUNCIONARIOS BOMBERILES: CINCUENTA Y NUEVE (59) Artículo 2. Cúmplase esta Resolución a nombre de los Bomberos Aeronáuticos identificados anteriormente, adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Transporte y que actualmente se encuentran desempañando sus funciones en Comisión de Servicio en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).
Artículo 3. Queda encargada la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, de la ejecución de esta Resolución.
Comunquese y Ruolíquese, HIPOLITOANTONIO ABREU PÁEZ Minis o del Poder Popular para el Transporte Designado tianteecreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018 Publicado enfarGaceta Oficial N° 41.419 de la misma fecha.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 1 6 DIC. 2£.19 AÑOS 209°, 160° y 20° RESOLUCIÓN N°0 7 6 El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, designado según Decreto N° 3.946 de fecha 12 de agosto de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.692 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; artículos 5 numeral 2° y artículo, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; este Despacho,
RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana AIRAM NATALY ALVAREz REYES, titular de la Cedula de Identidad N° V-20.185.261, Como DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS, de eSte MiniSteriO.
Artículo 2. La funcionaria designada en el presente acto antes de asumir sus funciones, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determine la Ley.
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese,
RAÚL ALFOINZO PAREDES MADNISATRO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 1 3 DIC. 26.19 AÑOS 209° 160° y 20° 073 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, designado según Decreto N° 3.946 de fecha 12 de agosto 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.692 19 del Decreto con Rango, Valor y de Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, artículos 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; de acuerdo a los articulos 2 numeral 1; 4 numeral 1; 8, Parágrafo Segundo; 16,17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1.- otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la Ciudadana YRMA AIDEE BLANCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.591.211; en su condición de esposa del ciudadano JUAN RAMÓN SILVA ESPINOZA, titular de la Cédula de Identidad N° V.-8.168.519, fallecido en fecha 04/06/2018 y quien para el momento de su fallecimiento reunir los requisitos establecidos para optar al beneficio de Jubilación Ordinaria, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
Articulo 2.- El monto de la Pensión de Sobreviviente será por la cantidad de VEINTisIETE BOLÍVARES CON 18/100 (Bs. 27,18) mensuales, que es equivalente al 75% del monto de la jubilación del causante para la fecha de su fallecimiento de conformidad con lo establecido en el Articulo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Municipal; este monto será homologado al salario mínimo nacional vigente, según lo establecido en el articulo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Humana efectuará la notificación Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuniquese y Publiquese,
G/D RAÚL ALFQN PAREDES MINISTRO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS DESPACHO DEL MINISTRO 1 3 DIC. 26.19 CARACAS, AÑOS 209° 160° y 20° 074 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, designado según Decreto N° 3.946 de fecha 12 de agosto 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.692 de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numerales 1 y 19 del Decreto con Rango, Valor y de Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, artículos 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; de acuerdo a los artículos 2 numeral 1; 4 numeral 1; 8, Parágrafo Segundo; 16,17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; este Despacho Ministerial, RESUELVE Articulo 1.- otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la Ciudadana PAULINA ZAFRA ROJAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.850.506; en su condición de esposa del ciudadano JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ FUENMAYOR, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 6.833.514, fallecido en fecha 19/11/2018 y quien para el momento de su fallecimiento reunir los requisitos establecidos para optar al beneficio de Jubilación Ordinaria, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
Artículo 2.- El monto de la Pensión de Sobreviviente será por la cantidad de Dos MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 09/100 (Bs. 2.985,09) mensuales, que es equivalente al 75% del monto de la jubilación del causante para la fecha de su fallecimiento de conformidad con lo establecido en el Articulo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; este monto será homologado al salario mínimo nacional vigente, según lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Humana efectuará la notificación
Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuniquese y Publíquese,
G/D RAÚL ALFONRO PAREDES.
MINISTRO DEL PODER POPOUAR DE OBRAS PÚBLICAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 1 3 DIC.26.19 AÑOS 209° 160° y 20° 075 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, designado según Decreto N° 3.946 de fecha 12 de agosto 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.692 de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numerales 1 y 19 del Decreto con Rango, Valor y de Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, artículos 5 numeral 2 de la Ley dei Estatuto de la Función Pública; de acuerdo a los artículos 2 numeral 1; 4 numeral 1; 8, Parágrafo Segundo; 16,17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1.- otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la Ciudadana MARÍA INMACULADA ALVARADO DE CASTAÑEDA, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.608.146; en su condición de esposa del ciudadano NERI EMILIO CASTAÑEDA, titular de la Cédula de Identidad N° V.-4.116.788, fallecido en fecha 08/09/2019 y quien para el momento de su fallecimiento era personal jubilado de este Organismo.
Artículo 2.- El monto de la Pensión de Sobreviviente será por la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 42.480,00) menSuales, que es equivalente al 75% del monto de la jubilación del causante para la fecha de su fallecimiento, de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; este monto será homologado al salario minimo nacional vigente, según lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Humana efectuará la notificación Articulo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y Publíquese,
G/D RAÚL ALAONZO PAREDES MINISTRO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 1 3 DIC. 2C19 AÑOS 209° 160° y 20° 077 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, designado según Decreto N° 3.946 de fecha 12 de agosto 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.692 de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas por los articulos 65 y 78, numerales 1 y 19 del Decreto con Rango, Valor y de Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, artículos 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; de acuerdo a los artículos 2 numeral 1; 4 numeral 1; 8, Parágrafo Segundo; 16,17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; este Despacho Ministerial, RESUELVE Articulo 1.- otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la Ciudadana ISABEL ESPERANZA PÉREZ DE PALMA, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.592.709; en su condición de esposa del ciudadano CRISANTO PALMA PADRÓN, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 3.744.866, fallecido en fecha 08/08/2018 y quien para el momento de su fallecimiento reunir los requisitos establecidos para optar al beneficio de Jubilación Ordinaria, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Municipal.
Articulo 2.- Ei monto de la Pensión de Sobreviviente será por la cantidad de NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 89/100 (Bs. 95,89) mensuales, que es equivalente al 75% dei monto de la jubilación del causante para la fecha de su fallecimiento de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; este monto será homologado al salario mínimo nacional vigente, según lo establecido en el articulo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Humana efectuará la notificación Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y Publíquese,
G/D RAÚL ALFONO PAREDES MINISTRO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Instituto Nacional de Geología y Minería
Caracas, 07 de Diciembre de 2019 Años 209o, 160° y 20°
N° 017/2019 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
Por disposición de la ciudadana Vicepresidenta Ejecutiva de la República, en ejercicio de la delegación conferida por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Decreto N° 9.402 de fecha 11 de Marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de la misma fecha y de conformidad a lo establecido en el artículo 21 del Decreto N° 1.440 con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta Oficial N°. 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre del 2014, en concordancia con los artículos 40 y numeral 3 del artículo 5 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de Octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de la misma fecha, por el cual se dictó el "Instructivo que establece las Normas que regulan los requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional", se otorga la JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobada mediante planilla FP-026 N° 001 del 11 de Noviembre de 2019, según oficio N° 399, emanado del Despacho del Ministerio del Poder
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Popular de Planificación en fecha 29 de Noviembre de 2019, a la Ciudadana RITMAR ARACELIS MORENO RAMIREZ, titular de la Cédula de Identidad N° 11.991.837 de Cuarenta y siete (47) años de edad y por haber prestado dieciseis (16) años y once (11) meses de servicio en la Administración Pública Nacional, siendo su último cargo desempeñado el de SECRETARIA II en la Gerencia de Proyectos de Desarrollo Minero, del Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo (12) meSeS de ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 11.594.78), y de acuerdo al artículo 8 del Instructivo antes referido le corresponde como monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL, un cuarenta y dos coma cincuenta porciento (42,50%) de dicha remuneración, que equivale a la Cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE BOLÍVARES CON SETENTA Y 0CHO CÉNTIMOS (Bs. 4.927,78), menSuales, monto éste inferior al salario mínimo urbano, previsto por el Ejecutivo Nacional en fecha 01 de Octubre de 2019, en tal sentido se ajustó el mismo de conformidad con lo establecido en el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del 01 de Octubre de 2019 y a la cantidad fijada de CIENTo CINCUENTA MIL BOLÍVARES SOBERANOS CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 150.000,00) mensuales, que le será pagado por quincenas vencidas, siendo efectiva a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, FRE 2 MILAGROS/QMINGUEZ PADILLÀ Presidenta (E) delnstituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), según Decreto N° 3.046 de fecha 28/08/2017, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.223, de fecha 28/08/2017.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 082-2019 CARACAS, 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 Años 209°, 160° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayOr de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.880.794,designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, ampliadas sus facultades según Resolución MPPCMS N° 060-2018, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.544, de fecha 12 de diciembre de 2018, suscritas por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GóMEz, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo PRIMERO, numeral 1 de la Resolución que amplía sus facultades y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en los artículos 16 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Funcionarios de la Administración Pública Nacionaí, de los Estados y los Municipios.
CONSIDERANDO Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.
CONSIDERANDO
Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1. "Universalizar la seguridad social para todas y todos" y 2.2.1.2. "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".
CONSIDERANDO
Que el beneficio de Pensión de Sobreviviente, es un derecho que se adquiere por el fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria que gozaba de jubilación o de un trabajador o trabajadora que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación.
CONSIDERANDO
Que el Ciudadano JUAN ANTONIO VILLALOBOS TORO, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.811.161, solicitó en fecha 5 de septiembre de 2019, la Pensión de Sobreviviente en su condición de cónyuge de la causante LUCY MARGOT MADUEÑo BELLO, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.159.681, fallecido en fecha 23 de julio de 2019, según consta en Acta de Defunción signada con el número 270 expedida por el Oficina de Registro Civil del Municipio Maracaibo Estado Zulia, parroquia Venancio Pulgar, quien en vida era beneficiario de la Pensión de Jubilación otorgada por el extinto Instituto Nacional del Menor (INAM).
RESUELVE
PRIMERO: Otorgar el beneficiO de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE al CiudadanO JUAN ANTONIO VILLALOBOS TORO, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.811.161, en su carácter de cónyuge de la causante LUCY MARGOT MADUEÑO BELLO, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.159.681, cuyos pagos se harán efectivos a partir del 24 de julio de 2019.
SEGuNDo: El monto de la Pensión de Sobreviviente es por la cantidad de CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS BOLIVARES CON 00/100 Cts. (Bs. 112.500,00) mensuales, equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del monto devengado por la trabajadora.
TERcEro: La Pensión de Sobreviviente otorgada, será ajustada al salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuArTo: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo al interesado, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Notifíquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional 38
ANA INMACULADA BELLORÍN SILVA Directora General del Despacho Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de Septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018 y Resolución MPPCMS N° 060-2018, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela N° 41.544, de fecha 12 de diciembre de 2018
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 0487 EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE 15-0577
MAGISTRADO PONENTE: CALIXTO ORTEGA RIOS
Mediante escrito presentado ante la Secretaria de esta Sala Constitucional el 21 de mayo de 2015, los abogados Francisco Alvarez Chacin y Sulmaira Andreina Marquez, inscritos en el Instituto de Prevision Social del Abogado bajo los números 15.348 y 140.259. respectivamente, actuando con el caracter de defensores privados del ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑ0Z, titular de la cédula de identidad nro. 8.883.787, solicito la revisión de la sentencia nro. 29 del 11 de febrero de 2014, dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual, entre otras cosas, se declaro con lugar la solicitud de avocamiento formulada por el Ministerio Público, con ocasión del proceso penal instaurado contra dicho ciudadano por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de director y financista. legitimación de capitales y asociación para delinquir. previstos y sancionados en el articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas; asi como en los articulos 4 y 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de comisión de los hechos, respectivamente, en perjuicio del Estado venezolano.
El 26 de mayo de 2015, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente la Magistrada doctora Gladys Maria Gutierrez Alvarado.
El 7 de agosto de 2015, se reasignó la ponencia del presente expediente al Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López.
Mediante decisión nro. 1.404 del 13 de noviembre de 2015, esta Sala Constitucional, en aras de formarse un mejor criterio y garantizar la efectiva tutela de los derechos constitucionales del solicitante, a tenor de lo previsto en la parte in fine del articulo 145 de la L.ey Organica de ia Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, estimó necesario oficiar a la Presidencia de! Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en el cual se encontraba el expediente contentivo de la causa penal principal, en virtud de haberle sido remitido dicho expediente para la región hoy se solicita-, a fin de que realizara las diligencias necesarias para recabar y remiti a esta Sala Constitucional, dentro de los dos (2) dias siguientes al recibo de la respectiva dictada, el 18 de septiembre de 2012, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, mediante la cual, en primer lugar, se declaro que el Ministerio Público no fundamentó debidamente su recurso de apelación, en segundo lugar, estimó que el referido medio impugnativo debía tenerse como inexistente, y en tercer lugar, ordenó remitir tas actuaciones ai Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar ". a los fines legales consiguientes...", en el expediente identificado con los números FP01-R-2012-000022 (Asunto principal) y FP01-R- 2012-000162 (este último de la numeración de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar), contentivo del recurso de apelación ejercido por el Ministerio Público, contra el sobreseimiento decretado por dicho Juzgado Control al término de la audiencia preliminar realizada el 13 de agosto de 2012, con ocasión de la causa penal instaurada contra el ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ, por Ios delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de director y financista, legitimación de capitales y asociación para delinquir, con la advertencia de que la omisión de remitir la información requerida, podía acarrear la aplicación de la sanción prevista en el articulo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
El 25 de noviembre de 2015, el Secretario de esta Sala, por auto de la misma fecha, dejó constancia que se estableció comunicación telefonica con la ciudadana Tamara Ojeda, titular de la cédula de identidad nro. 8.288.357, quien se identificó como Secretaria de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, a fin de informarle el contenido de la decisión dictada por esta Sala el 13 de noviembre de 2015, signada con el nro. 1.404, asimismo se dejó constancia de que se le remitió via correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: presidenciacjpanz@gmail.com, copia de la mencionada decisión que se le notificó vía telefónica, indicándole que realizara las diligencias necesarias para recabar lo requerido y remitirlo a esta Sala Constitucional, dentro de los dos (2) dias siguientes a dicha notificación, más el término de la distancia de seis (6) días.
El 23 de diciembre de 2015, se reconstituyó esta Sala Constitucional, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional, en Sesión Extraordinaria celebrada el mismo dia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nro. 40.816, de esa misma fecha, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nro. 40.818, del 29 de diciembre de 2015, quedando integrada esta Sala Constitucional de la siguiente forma: Magistrada Gladys Maria Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchan, Juan Jose Mendoza Jover. Calixto Ortega Rios, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.
En virtud del nombramiento efectuado, asume la presente ponencia el Magistrado doctor CALIXTO ORTEGA RIOS. quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 24 de febrero de 2017, se reconstituyó esta Sala Constitucional, en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente: Magistrado Arcadio de Jesus Delgado Rosales, Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán. Gladys Maria Gutiérrez. Alvarado, Calixto Ortega Rios, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.
El 10 de noviembre de 2017, la abogada Sulmaira Andreina Márquez, ya identificada, actuando con el caracter de defensora privada del ciudadano KELLER JOSE. VIVENES MUÑOZ. presentó ante la Secretaria de esta Sala Constitucional. escrito solicitando celeridad procesal y pronunciamiento en la presente causa.
Mediante sentencia del 8 de diciembre de 2017 y como quiera que hasta la presente fecha, a esta Sala Constituciona!, no se le habia remitido la información solicitada en el auto dictado, el 13 de noviembre de 2015, por esta Sala, en su decisión nro. 1.404, que en este caso en particular, resulta de vital importancia determinar con exactitud las circunstancias juridicas del caso, de conformidad con lo previsto en la parte in fine del articulo 145 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decidió "PRIMERO: Se ORIDENA remitir oficio a la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la C'ircunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, para que realice las diligencias necesarias para recabar y remitir a esta Sala Constitucional, dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación, más el término de la distancia de cuatro (4) dias, copia certificada de la decisión dictada, el 18 de septiembre de 2012.
por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, mediante la cual, en primer lugar, se declaró que el Ministerio Público no fundamentó debidamente su recurso de apelación, en segundo lugar, estimo que el referido medio impugnativo debia tenerse como inexistente. y en tercer lugar, ordeno remitir las actuaciones al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de C'ontrol del ('ircuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Ciudad Bolivar ... a los fines legales consiguientes", en el expediente identificado con los números FP01-R-2012-000022 (Asunto principal) y FP01-R-2012-000162 (este último de la numeración de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar). contentivo del recurso de apelación ejercido por el Ministerio Público, contra el sobreseimiento decretado por dicho Juzgado C'ontrol al término de la audiencia preliminar realizada el 13 de agosto de 2012, con ocasión de la causa penal instaurada contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, por los delitos de tráfico ilicito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de director y financista, legitimación de capitales y asociación para delinquir, siendo que tal información resulta necesaria a fin de decidir la presente solicitud de revisión.
Igualmente, se advierte a la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la C'ircunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que el incumplimiento de la orden aqui dictada, será sancionado con la multa establecida en el articulo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de .Justicia, que prevé lo siguiente:
'Artículo 122. Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a las personas, funcionarios o funcionarias que no acatar en sus órdenes o decisiones, o no le suministrar en oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar.
SEGUNDO: Se IMPONE al abogado Hernán Ramos Rojas, en su condición de Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, para el 25 de noviembre de 2015, por no suministrar oportunamente la información solicitada por esta Sala Constitucional, una multa de cien (100) unidades tributarias, calculadas según la unidad tributaria vigente para cuando incurrió en el incumplimiento de lo ordenado por esta Sala Constitucional el 13 de noviembre de 2015, de lo cual fue notificado el 25 de noviembre de 2015: correspondiente al límite medio establecido en el articulo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la multa será pagada a favor de la Tesorería
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Nacional, en las oficinas del Banco Central de Venezuela o en cualquier institución financiera receptora de fondos publicos. El referido funcionario sancionado debera acreditar ante esta Sala el pago, mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente.
dentro de los cinco (5) dias siguientes a su notificación. Todo ello sin perjuicio del derecho de descargo que tiene el sancionado, a tenor de lo previsto en el articulo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
TERCERO: Se ORDENA a la Secretaria de la Sala que, de conformidad con el articulo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique la notificación acordada en la presente decisión, de forma telefónica."
El 13 de diciembre de 2017, la abogada Sulmaira Andreina Márquez, ya identificada, actuando con el carácter de defensora privada del ciudadano KELLER JOSE VIVENES MUÑOZ. presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, escrito solicitando celeridad procesal y pronunciamiento en la presente causa y anexó copia certificada de la decisión dictada, el 18 de septiembre de 2012, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, mediante la cual, en primer lugar, declaró que el Ministerio Público no fundamento debidamente su recurso de apelación, en segundo lugar, estimo que el referido medio impugnativo debia tenerse como inexistente, y en tercer lugar, ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penai del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar.
El 12 de diciembre de 2017, al abogado HERNÁN JOSÉ RAMOS ROJAS, se le hizo la notificación de la multa impuesta, según nota secretarial de esta Sala, que está inserta al folio 79 del expediente, en el cual consta que "... se estableció comunicación telefónica, con el ciudadano HERNÁN .JOSF: RAMOS ROJAS, titular de la cédula de identidad N 8,897.599. quien se identificó como Juez Provisorio de la C'orte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estaulo Anzoátegui, Barcelona. a fin de informarle el contenido de la sentencia No 1076. publicada por esta Sala en fecha 08 de diciembre de 2017, de cuyo contenido se desprende que se le IMPUSO una multa de cien (100) unidades tributarias, calculadas según la unidad tributaria vigente para cuando incurrió en el incumplimiento de lo ordenado por esta Sala, el 13 de noviembre de 2015, de lo cual fue notificado el 25 de noviembre de 2015. que deberà pagar a favor de la Tesoreria Nacional, en las oficinas del Banco Central de Venezuela o en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos y consignar en autos el comprobante correspandliente, dentro de los cinco (5) dias siguientes, todo ello sin perjuicio del derecho,de desggo que tiene a tenor de lo previsto en el articulo 125 de la Ley Orgánica del Trilmang Supremo de Justicia. A tal efecto, se le remitió via correo electrónico. a la dir 'hjrrr2(agmail.com", copia de la mencionada sentencia".
El 14 de diciembre de 2017, el abogado HERNÁN JOSÉ RAMOS ROJAS, ante la Secretaria de esta Sala, escrito de reclamo, de conformidad con lo previsto en el articulo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
El 15 de diciembre de 2017, se recibió en la Secretaria de esta Sala, el oficio nro. JP- 0690/2017, del 13 de diciembre de 2017, mediante el cual el abogado Nelson Mejías Rodriguez. actuando con el carácter de Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui. suministró información solicitada en el presente caso. Se acordó agregar el presente oficio y sus anexos al expediente respectivo.
El 2 de julio de 2017, mediante decisión de esta Sala nro. 0471, al resolverse el reclamo del ciudadano HERNÁN JOSÉ RAMOS ROJAS, se decidió lo siguiente:
"PRIMERO: Se RATIFICA la sanción impuesta a través de la decisión N.° 1.076, dictada por esta Sala el 8 de diciembre de 2017, mediante la cual se multa al ciudadano HERNÁN JOSÉ RAMOS ROJAS. quien para el 25 de noviembre de 2015, ostentaba la condición de Juez Provisorio en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, y además fungía como Presidente del referido ('ircuito Judicial Penal, con cien (100) unidades tributarias.
SEGUNDO: Se ORDENA a la Secretaría de la Sala que, de conformidad con el articulo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique la notificación de la presente decisión, de forma telefónica, indicando al sancionado, que a partir de dicha notificación, deberá pagar la multa impuesta, tal como lo prevé el artículo 12 1 de la Ley Orgánica del Tribumal Supremo de Justicia, ante cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales, dentro de los treinta (30) dias continuos siguientes, luego de lo cual, deberá acreditar en autos el pago efectuado, dentro de los cinco (5) dias siguientes al vencimiento del plazo para el pago, mas cuatro (4) dias adicionales, correspondientes al término de la distancia."
Efectuada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
1 ANTECEDENTES DEL CASO
1.- El 31 de mayo de 2012, se llevó a cabo ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar, la audiencia de presentación del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz. Al finalizar dicho acto, el referido órgano jurisdiccional emitió los siguientes pronunciamientos: a) Declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta formulada por la defensa del mencionado ciudadano; b) Acogió la precalificación juridica de los hechos efectuada por el Ministerio Púbico, a saber. tráfico ilicito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. en la modalidad de director y financista, legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas; asi como también en los articulos 4 y 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. vigente para la fecha de comisión de los hechos, respectivamente; c) Decretó medida de privación judicial preventiva de libertad del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz: d) Ratificó las medidas de aseguramiento dictadas sobre todos los bienes muebles e inmuebles y bioqueos de cuentas bancarias a nombre del referido ciudadano; e) Fijó como sitio de reclusión la "... sede policial..."; y f) Acordo tramitar el proceso penal conforme a las reglas del procedimiento ordinario.
2.- El 11 de junio de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar. Extensión Ciudad Bolivar, dictó un (1) auto fundado, en el cual se recogieron los pronunciamientos emitidos en la audiencia de presentación del 31 de mayo de 2012.
3.- El 15 de julio de 2012, el Ministerio Público presentó formal acusación contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, por los delitos de tráfico ilicito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de director y financista, legitimación de capitales y asociación para delinquir. previstos y sancionados en el articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas: asi como también en los articulos 4 y 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, vigente para la fecha de comisión de los hechos, respectivamente.
4.- El 6 de agosto de 2012, los abogados Francisco Alvarez Chacin y Sulmaira Andreina Márquez, actuando con el carácter de defensores privados del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, presentaron un (1) escrito de "... contestación al escrito de acusación...", en el cual: a)
" del numeral 4 del articulo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, relativa al incumplimiento de los requisitos para intentar la acusación; c) Rechazaron la calificación juridica de los hecho efectuada por el Ministerio Público; d) Solicitaron la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta al referido imputado. por una medida de coerción personal menos gravosa; e) Ofrecieron los respectivos medios de prueba: y d) Solicitaron el sobreseimiento de la causa.
5.- El 13 de agosto de 2012, se Hlevó a cabo ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar, la audiencia preliminar en el proceso penal antes reseñado. Al finalizar dicho acto, el mencionado juzgado adoptó las siguientes decisiones: a) Declaró con lugar la excepción opuesta por la defensa del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz: b) Decretó el sobreseimiento de la causa, con base en los articulos 33.4 y 318.5 del Código Orgánico Procesal Penal, c) Acordó la libertad plena de dicho ciudadano; d) Ordenó dejar sin efecto los oficios remitidos a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) y a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), en los cuales se ordenaron en su oportunidad las medidas de aseguramiento sobre los bienes y cuentas bancarias de aquél; y e) Se decretó el cese de la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta al ciudadano Keller José Vivenes Muñoz. En ese mismo acto, la representación del Ministerio Público interpuso, de forma verbal, recurso de apelación con efecto suspensivo, conforme a io dispuesto en el articulo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, contra los pronunciamientos mediante los cuales se decretaron la libertad sin restricciones del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz y el sobreseimiento de la causa. Luego de dicho pedimento del Ministerio Público, el Juzgado de Control desaplicó por control difuso de la constitucionalidad, el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la tramitación del recurso de apelación con efecto suspensivo, y en consecuencia, ratificó todos y cada uno de las decisiones adoptadas en esa audiencia preliminar.
6.- El 14 de agosto de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar, publicó el auto fundado contentivo de los pronunciamientos emitidos en la audiencia preliminar del 13 de agosto de 2012.
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7.- El 15 de agosto de 2012, el Ministerio Público presentó escrito de ratificación formal" del recurso de apelación -con efecto suspensivo-, planteado en la audiencia preliminar del 13 de agosto, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Ciudad Bolivar.
8.- El 17 de agosto de 2012, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar declaro lo siguiente:
"PRIMERO: Se ordena que la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la decisión pronunciada por el Tribunal 1° en Función de C'ontrol de este Circuito Judicial Penal del Edo. Bolivar, a cargo del Abg. José Gregorio Pita Riveiro, el dia 13-08-2012 en ocasión al acto de Audiencia Preliminar. y donde se declara el sobreseimiento de la causa a favor del ciudadano procesado KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ, conforme al art. 33, mumeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación al articulo 318, numeral 5º Eiusdem: y consecuencialmente la libertad del mismo: sea tramitada conforme al presupuesto legal contenido en el articulo 430 Eiusdem; situación ésta, que obliga a hacer de efectiva aplicación el efecto inmediato de la suspensión de la libertad que recoge el mencionado articulo 430. SEGUN1)O:
C'onsecuencialmente se ordena librar orden de aprehensión en contra del ciudadano procesado KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ. titular de la ('édula de Identidad Nº 8.883.787, la cual deberá ser librada por el Tribunal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal con sede en esta ciudad, que conoce de la presente causa. TERC'ERO): Se ordena dársele el tratamiento procesal al recurso de apelación hoy sometido a muestro conocimiento, conforme lo estipulado en el último aparte del articulo 430 del Código Orgánico Procesal Penal (...).
("UARTO: por lo que se ordena el descenso de las actuaciones procesales elevadas a esta Alzada, al Tribunal de Primera Instancia de inmediato a los fines, de dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Superior"
9.- En vista de la decisión antes citada, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar, abrió un cuaderno separado de apelación, y una vez vencido el lapso para la contestación del recurso de apelación por parte de la defensa, el siete 7 de septiembre de 2012, remitió las actuaciones a la Corte de Apelaciones de ese mismo Circuito Judicial Penal.
10.- El 18 de septiembre de 2012, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar declaró que el Ministerio Público no fundamentó su recurso de apelación en los motivos contemplados en el articulo 452 del entonces vigente Código Orgánico Procesal Penal (actual culo 444), sino con base en el articulo 374 eiusdem, razón por la cual dicha alzad stimque el referido medio impugnativo debía tenerse como inexistente, y en consecuencia ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Contro del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Ciudad Bolívar "... a los fines legales consiguientes".
11.- Mediante auto del 25 de septiembre de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar. Extensión Ciudad Bolivar, declaró lo siguiente: a) Definitivamente firme la decisión dictada por ese mismo juzgado el 13 de agosto de 2012, mediante la cual se decretó sobreseimiento de la causa; b) Dejó sin efecto la orden de aprehensión librada, el 17 de agosto de 2012, por la Corte de Apelaciones de ese mismo Circuito Judicial Penal contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz; y c) Ordenó la remisión inmediata del expediente al correspondiente Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución.
12.- En esa misma fecha, 25 de septiembre de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Ciudad Bolívar decidió lo siguiente: a) Declaró la libertad plena del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, en virtud de haberse decretado a su favor el sobreseimiento de la causa; b) Ordenó notificar a las partes y al Cuerpo de Investigaciones Cientificas. Penales y Criminalísticas, a los efectos de su exclusión de dicho ciudadano del Sistema Integrado de Información Policial (SIPOL); y c) Ordenó remitir el expediente al Archivo Judicial.
13.- El 2 de octubre de 2012, el Ministerio Público presentó ante la Secretaria de la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de avocamiento con relación a la causa penal antes reseñada.
14.- Mediante decisión nro. 468 del 5 de diciembre de 2012, la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia admitió la solicitud de avocamiento formulada por el Ministerio Público, acordó requerir el expediente original y todos los recaudos relacionados con la causa penal, al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, y por ende, ordenó paralizar el proceso penal, con base en el articulo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
15. Mediante decision nro. 29 del 11 de febrero de 2014. la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la solicitud de avocamiento planteado por el Ministerio Público, decreto la nulidad de la audiencia preliminar del 13 de agosto de 2012 y de los actos procesales subsiguientes, acordó mantener los efectos de la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz y de las medidas reales dictadas sobre los bienes y cuentas bancarias de éste, y por último, acordó remitir el expediente de la causa penal principal al Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui.
16.- El 21 de mayo de 2015, la defensa del ciudadano Keiler José Vivenes Muñoz solicito la revisión de la sentencia nro. 29 del 11 de febrero de 2014, dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia.
II DE LA REVISIÓN SOLICITADA
Del escrito contentivo de la solicitud de revisión aqui analizada, se desprenden las siguientes afirmaciones:
Indicaron los abogados solicitantes, que las afirmaciones que efectuó el Ministerio Público en su solicitud de avocamiento se encuentran "divorciada de la reulidaf'. Lo que en realidad pretendió la representación fiscal, era enmendar, por via de avocamiento, los errores "incovafidubles" que cometió a lo largo del proceso penal principal, sin tomar en consideración que en dicha causa se dictó un sobreseimiento que quedó definitivamente firme, aunado a que no existen elementos que incriminen al ciudadano Keller José Vivenes Muñoz.
Por otra parte, abundado a la "desconexión" en la narración efectuada por el Ministerio Público, igualmente se desprende un conjunto de argumentos subjetivos, hipótesis, inferencias y conclusiones a través de las cuales segun sus argumentos, pretende forzadamente tratar de establecer una supuesta relación del ciudadano Keller Jose Vivenes Muñoz con los delitos que se le imputan.
Adujeron que en la acusación no hubo una relación clara, precisa y circunstanciada de hechos imputados al ciudadano Keller José Vivenes Muñoz. lo cual obedece a que los mentos recabados en la investigación, no vinculan de modo alguno al ciudadano Keller José VivepMuñoz con los hechos que se le imputan.
Señalaron que de la investigación sólo surgieron unas actas, experticias, declaraciones, documentos que no determinan el momento consumativo de ningún delito.
%e Alegaron que el Ministerio Público no contaba con los elementos suficientes para acreditar los hechos objeto del proceso penal. Que la representación fiscal no explicó el porqué eran aplicables los tipos penales por ella invocados, no se demostró el grado de participación de los supuestos intervinientes en los delitos señalados en la acusación ni se acreditó cómo se produjeron los hechos.
Que el Ministerio Público no practicó todas las diligencias de investigación que le solicitó la defensa del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz. a los efectos de ratificar su inocencia, y las que sí se practicaron, lo fueron de forma insuficiente.
Arguyeron que no existian motivos suficientes para dictar una medida de privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, ni tampoco para acordar unas medidas de aseguramiento sobre sus bienes y sus cuentas bancarias.
Indicaron que el Ministerio Público no ejerció recurso de apelación contra el sobreseimiento dictado en la audiencia preliminar del 13 de agosto de 2012. por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar.
En este sentido, alegaron que en la referida audiencia preliminar, la representación del Ministerio Público sólo ejerció el recurso de apelación con efecto suspensivo, contra la decisión que acordó la libertad plena del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz.
Que al Ministerio Público no le fue vulnerado ningún derecho constitucional, ya que tuvo acceso a todas las actas -por ser director de la investigación-, aunado a que nunca fue sorprendido en su buena fe.
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Señalaron que la representación fiscal desperdicios de forma negligente todas las oportunidades que le brinda la Corte de Apelaciones, a los efectos de interponer las acciones y recursos previstos en la ley, los cuales nunca ejerció.
Que la decisión dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, cuya revisión hoy se petición, es grotescamente contraria a la jurisprudencia pacifica y reiterada de esta Sala Constitucional y de la misma Sala de Casación Penal, en cuanto a la necesidad de verificar si la acusación cuenta con fundamentos sólidos que permitan afirmar como probable, la existencia del hecho, la tipicidad y la participación del imputado en tal hecho, incurriendo asi en un errado control constitucional y produciendo graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa.
En este orden de ideas, alegaron que la Sala de Casación Penai, en su sentencia nro. 29 del 11 de enero de 2014, desacató el criterio vinculante establecido por esta Sala Constitucional Igualmente, afirmaron que la Sala de Casación Penal se apartó de los criterios establecidos por ella misma.
Por otra parte, adujeron que en el presente caso no era procedente el avocamiento, ya que el proceso penal habia culminado, previamente, con una decisión definitivamente firme, concretamente, con un sobreseimiento decretado a favor del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, el cual nunca fue impugnado por la representación fiscal. De esta forma, la Sala de Casación Penal incumplió el criterio por ella establecido, en su sentencia nro. 17 del 29 de enero de 2014.
Asimismo, indicaron que la Sala de Casación Penal, en su decisión del I 1 de febrero de 2014. quebrantó el principio de impugnabilidad objetiva, según el cual las decisiones judiciales sólo pueden ser impugnadas únicamente por ios medios y en los casos expresamente establecidos en la ley. En efecto, indicó que el recurso de apelación intentado por el Ministerio Público fue inexistente. ya que lo fundamento, de forma errónea, en el articulo 374 del Código Orgánico Procesal Penal (que contempla el efecto suspensivo en los casos de impugnación de decisiones que acuerden la libertad del imputado en la audiencia de presentación), siendo lo correcto invocar el articulo 430 eiusdem. ya que la decision que acordó la libertad plena del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, fue emitida en una audiencia preliminar y no en una audiencia de presentación.
virtud de lo anterior. alegaron que la Sala de Casación Penal no podía decretos e la audiencia preliminar ni de los actos procesales subsiguientes, ya que la institugn validez de sentencias apeladas por causas distintas a aquellas en virtud de las cuales se ejerce impugnación, tal como lo estableció esa misma Sala, en la sentencia nro. 286 del 6 de agosto de 2013. En consecuencia, la Sala Penal desconoció su propia jurisprudencia, ya que consideró, en el caso de autos, que aun y cuando el Ministerio Público no interpuso recurso alguno contra el sobreseimiento, la Corte de Apelaciones igualmente debió anular dicha decisión de fondo.
Afirmaron que la supuesta conducta dolosa realizada por el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, no es susceptible de ser subsumida en los tipos penales contemplados en el articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, ni tampoco en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de comisión de los hechos, ya que los elementos de convicción invocados por el Ministerio Público, son insuficientes para acreditar la responsabilidad penal de aquél, razón por la cual lo ajustado a derecho era declarar el sobreseimiento de la causa, como bien lo hizo el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Ciudad Bolivar.
Con base en lo anterior, solicitaron que la presente solicitud de revisión sea declarada con lugar, y en consecuencia, se decrete la nulidad de la sentencia nro. 29 del 11 de febrero de 2014, dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia Por último, peticionaron que esta Sala ordene, como medida cautelar innominada, la suspensión de efectos de la decisión nro. 29 del 11 de febrero de 2014, dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, mientras se resuelve el fondo del presente asunto.
III DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
En el fallo cuya revisión se solicita, es la nro. 29 del 11 de febrero de 2014, dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se estableció lo siguiente:
"Luego de haber admitido la presente solicitud de avocamiento, y una ve: recibido el expediente original, esta Sala de ('asación Penal considera pertinente realizar un recorrido procesal del caso, verificando las distintas incidencias y actos procesales que cursan en la causa.
particularizándose:
El treinta (30) de mayo de 2012, se inició la audiencia de presentación del ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ (culminada el treinta y uno -31- de mayo de 2012), cnte el Juzgado Primero de (C'ontrol del C'ircuito Judicial Penal del Estado Bolivar, a cargo del juez JOSI.
GREGORIO PITA RIVERO, que acordo mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad contra el referido ciudadano.
asi como "ratificar todas aquellas medidas de aseguramiento acordadas...esto es solicitud de incautación preventiva comiso o confiscación...de vehiculo de transporte, bloqueos o inmovilización preventivas de cuentas bancarias de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con los artículos 19, 20 y 21 de la 1ey Orgánica Contra la IDelincuencia (Organizada". por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO) ILÍCTTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS en la modalidad de director y financista; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR. tipificados en los articulos 149 de la Ley Orgánica de Drogas, así como 4 y 6 de la Ley Orginica contra la Delincuencia Organizada (aplicables ratione temporis).
Posteriormente, el quince (15) de julio de 2012, los ciudadanos MARISOI. CARVAJAL SOSA y LUIS GABRIEL CHING MAESTRE.
Fiscal (encargada) y Fiscal Auxiliar de la Fiscalia Quinta del Ministerio Público con Competencia en materia contra las Drogas de la C'ircunscripción Judicial del Estado Bolivar, respectivamente, presentaron acusación en contra del ciudadano KELLER JOSE:
U'TVENES MUÑOZ. por la perpetración de los delitos de TRÁFICO) ILICTTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS en la modalidad de director y financista; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, de conformidad a los articulos 149 de la Ley Orgánica de Drogas, 4 y 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (aplicables en razón del tiempo).
Acordando el Juzgado Primero de C'ontrol del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar el dieciocho (18) de julio de 2012, fijar la audiencia preliminar para el trece (13) de agosto de 2012. librando las correspondientes boletas de notificación.
A su vez, el seis (6) de agosto de 2012, los abogados FRAN(ISCO) ALVAREZ CHACIN y SULMAIRA ANDREINA MÁRQUEZ. defensores privados del ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ, dieron contestación al escrito acusatorio y opusieron excepciones previstas en el artículo 28 del C'ódigo Orgánico Procesal Penal.
Y siguiendo el orden procesal, el trece (13) de agosto de 2012, el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar a cargo del juez JOSÉ GREGORIO PITA RIVERO, realizó la audiencia preliminar, declarando:
'C'on Lugar la excepción opuesta por la defensa del imputado KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ, concerniente a la acción promovida ilegalmente por la falta de los requisitos formales para intentar la acusación, excepción prevista en el articulo 28, ordinal 4°, literal i'. especificamente los contenidos en los numerales 2°. 3° y 4° del articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal.. [Decretando] el Sobreseimiento de la causa de conformidad con lo establecido en el mumeral 4 del articulo 33 del Código Orgánico Procesal Penal, en justa concordancia con el artículo 318 mumeral 5 eiusdem, a favor del imputado KE1.1.ER JOSÉ VIVENES MUÑOZ...[otorgando] a favor del prenombrado ciudadano la libertad plena como consecuencia de los efectos del presente fallo la cual se... [haria] efectiva desde...[la] misma sala de audiencia...[ordenando] dejar sin efecto las comunicaciones números 247, 248 y 249, fechadas 08:03 2011, dirigida a la Dirección de la Oficina de Superintendencia de Bancos (SUDEBAN). Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN)...y Oficina Nacional Antidrogas (ONA).
respectivamente, mediante la cual se ordenaron en su oportunidad las medidas de aseguramiento.' (Sic).
En ese mismo acto, el ciudadano LUIS GABRIEL. CHING MAESTRE, en su carácter de Fiscal Auxiliar Quinto del Ministerio Público con Competencia en materia contra las Drogas de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dejó constancia que:
'Vista la decisión del tribunal de otorgar al imputado KELLER JOSÉ VTVENES MUÑOZ, libertad sin restricciones..[procedía] en ese momento a interponer RECURSO DE APELACIÓN DE EFECTO SUSPENSIVO, de conformidad con lo previsto en el artículo 374...del Código Orgánico Procesal Penal... por considerar que el escrito acusatorio presentado...[cumplía] con los requisitos exigidos por el articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal... [narrandol de forma detallada las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se suscitaron los hechos y.[vinculaban] al imputado KELLER JOSÉ: VIVENES MUÑOZ, con los hechos allí investigados...[considerando] el Ministerio Público que con la decisión dictada...pone fin al proceso y causa un gravamen irreparable, en virtud de que la decisión mediante la cual se sobresee la causa...pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada; en tal sentido se estaria coartando el Poder Punitivo que tiene el estado en perseguir a los responsables en la comisión de los delitos tipificados en la Ley Orgánica de Drogas, por cuanto los mismos, por cuanto los mismos son considerados delitos de lesa
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humanidad... [solicitando sea remitido a la Corte de Apelaciones a fines de que se pronuncie al respecto...seguidamente se le concedió la palabra a la defensa privada.. quien expuso: no estoy de acuerdo con lo solicitado por la representación fiscal'. (Sic).
Distinguiendo que, ante dicho requerimiento, el ciudadano JOSí:
GREGORIO PITA RIVERO, juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, resolvió:
'plantea el Ministerio Público efecto suspensivo de la decisión emitida precedentemente por este juzgado concerniente al sobreseimiento de la causa...fundamentado de conformidad con lo establecido en el articulo 308 mumeral 3, en relación con el numeral 4 del articulo 33 del Código (Orgánico Procesal Penal y articulo 318 mumeral 5, ello con la finalidad de suspender la ejecución del fallo generado por via de consecuencia en virtud de la_declaratoria durante la audiencia preliminar...estima este tribunal procedente plantear el control difuso de la constitución a los fines de prescindir de la tramitación del recurso incoado por el Ministerio Público basado en que la aludida norma adjetiva penal colide directamente con normas de rango constitucional a saber: por una parte los numerales 1 y 5 del artículo 44 de la RepúblicaBolivariana de de la Constitución Venezuela...'articulo 44.- La Libertad es inviolable, en consecuencia...igualmente el artículo 334 de la referida ley fundamental dispone...Resulta claro e inequívoco la facultad de este despacho en apego a la normativa de rango constitucional y legal ejercer...una función de Control Judicial enmarcada en [el] texto adjetivo penal...en el presente caso éste órgamo jurisdiccional puede decidir sobre la libertad y mal podria una legislación ordinaria disponer que la simple manifestación de voluntad de otro funcionario judicial, en este caso representado por los fiscales del Ministerio Público...haga mugatoria la disposición de este juzgado relativa a la libertad del imputado de autos: en consecuencia, actua este tribunal amparado en la máxima ley de la República, norma rectora de todos los procesos judiciales, bajo los cuales los demás instrumentos juridicos deben someterse y desarrollar sus preceptos y no contrariarlos...en razón de los motivos y fundamentos anteriormente narrados este tribunal..plantea el control difuso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consecuencia DESAPLICA el articulo 374.referente a la tramitación del recurso de apelación con efecto suspensivo presentado por el Ministerio Público...y como colorario de ello RATIFICA todos y cada uno de los puntos sobre los cuales se ejerció el presente recurso'. (Sic).
En virtud de la decisión anterior. el quince (15) de agosto de 2012, los ciudadanos MARISOL CARVAJAI. SOSA y LUIS GABRIEL. CHING MAESTRE, Fiscal (encargada) y Fiscal Auxiliar de la Fiscalia Quinta del Ministerio Público con Competencia en materia contra las Drogas de la C'ircunscripción Judicial del Estado Bolivar, respectivamente.
presentaron escrito dirigido a la Corte de Apelaciones del C'ircuito Judicial Penal del Estado Bolívar, ratificando su apelación y manifestando:
'la violación al debido proceso y al orden constitucional por inaplicabilidad de lo contemplado en el artículo 374 con vigencia anticipada del Código Orgánico Procesal Penal..el ciudadano Juez de Primera Instancia en Funciones de Control, violentó los principios del debido proceso, tutela judicial efectiva y el derecho a la doble instancia, al haber negado el efecto suspensivo del citado recurso judicial, asi como el trámite del mismo como corresponde, cuando actuando fuera de su competencia, conoció e hizo un análisis de los motivos por los cuales no admitió tal recurso, siendo esta facultad exclusiva del tribunal de alzada...dejando a la causa en un estado de incertichumbre e indefensión para el recurrente, pues no realizó el trámite del mismo remitiéndolo al tribunal de alzada quien dentro de un lapso de 24 horas debia confirmar o revocar la procedencia del mismo...en conclusión considera el Ministerio Público que el Juez...se extralimitó en sus funciones al inobservar el contenido de los articulos 374 del Código Orgánico Procesal Penal y 334 constitucional...siendo que por error inexcusable de derecho el Juez desaplicó el articulo y decidió como ya referimos...no remitir las actuaciones a la Corte de Apelaciones de esa jurisdicción para su debido trámite y conocimiento... En fuerza de todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos solicitamos...Declare Con Lugar en todas y cada una de sus partes la apelación interpuesta, en contra de la decisión dictada en la correspondiente audiencia preliminar...se libre Orden de C'altura, en contra del ciudadano KELLER JOSE: VTVENE:S MUÑOZ...se celebre una mueva audiencia preliminar cnte un tribunal distinto al que dictò la decisión...se deje sin efecto la decisión de [no] librar [los oficios] a la Oficina Nacional Antidrogas, Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN).
Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas, y demás instituciones públicas del Estado, de Liberar los bienes incautados'. (Sic).
En tal sentido, el diecisiete (17) de agosto de 2012, la C'orte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, integrada por GILDA MATA CARIACO (presidenta), GABRIELA QUIARAGUA GONZÁLEZ (ponente) y MANUEL GERARDO RIVAS DUARTE.
acordo:
'Una vez analizadas las actuaciones recibidas en esta instancia superior ..en opinión de quienes aquí se promuncian yerra la representación del Ministerio Público al proponer en audiencia el efecto suspensivo del tal decisión conforme al contenido del
articulo 374 en mención, toda vez que ha sido reiterado el criterio del Máximo Tribumal de la República que sostiene que el sobreseimiento, por la naturaleza de esta decisión, en cuanto pone fin al proceso e impide su continuación, con autoridad de cosa juzgada, debe equipararse a una sentencia definitiva.
Obsérvese que el articulo 374 en cita, se encuentra contenido en el vigente (Código Orgánico Procesal Penal, en el Titulo 1II, denominado del 'procedimiento abreviado' el cual recoge o hace referencia a la apelación realizada en el acto de celebración de la audiencia de presentación de imputado, una vez calificada la flagrancia en la aprehensión, y solo y exclusivamente, siempre que se decrete la libertad del imputado, presupuesto legal este aislado del caso que nos ocupa...donde la libertad del procesado deviene del sobreseimiento dictado en su favor al término del acto de audiencia preliminar...analizados los argumentos contenidos en el acta de audiencia preliminar, asi como en el escrito de apelación donde se evidencia la objeción manifiesta por parte del Ministerio Público al sobreseimiento decretado a favor del procesado y su consecuente libertad; esta Corte estima...que la presente apelación de sentencia en la modalidad especial de efecto suspensivo ha de tramitarse conforme al articulo 430 del C'odigo Orgánico Procesal Penal, el cual señala como efecto inmediato de la aplicación del mismo, suspender la libertad otorgada como consecuencia de la sentencia definitiva de sobreseimiento, como en efecto se ordena en la presente decisión que se suscribe..Por todo lo anteriormente expuesto...Se ordena que la apelación interpuesta por el Ministerio Público...en ocasión al acto de audiencia preliminar y donde se declara el sobreseimiento de la causa a favor del ciudadano procesado KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ, al art.
33. mumeral 4 del articulo 33 del Código Orgánico Procesal Penal. en relación al articulo 318 mumeral 5° eiusdem y consecuencialmente la libertad del mismo sea tramitada conforme al presupuesto legal contenido en el articulo 430 eiusdem, situación esta que obliga a hacer de efectiva aplicación el efecto inmediato de la suspensión de la libertad que recoge el mencionado articulo 430...se ordena librar orden de aprehensión en contra del ciudadano procesado KELI.ER JOSÉ VIVENES MUÑOZ..se ordena dársele el tratamiemo procesal al recurso de apelación hoy sometido a muestro conocimiento conforme a lo Orgánico Procesal Penal...por lo que se ordena el descenso de las actuaciones procesales elevadas a esta alzada, al Tribunal de Primera Instancia de inmediato a los fines de dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Superior'. (Sic).
En atención a dicha remisión, el Juzgado Primero de (C'ontrol del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar. a cargo del juez JOSE GREGORIO PITA RIVERO, abrió un cuaderno separado de apelación, y una vez vencido el lapso para la contestación del recurso de apelación por parte de la defensa, el siete (7) de septiembre de 2012, envió las actuaciones a la alzada.
Pronunciándose, el dieciocho (18) de septiembre de 2012 la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, integrada por GHLDA MATA CARIACO (presidenta). GABRIELA QUIARAGUA GONZÁLEZ (ponente) y MANUEL GERARID) RIVAS DUARTE..
señalando al respecto que:
Recibidas como fueran en este Tribunal Superior ...las presente actuaciones...lejos de la opinión del juzgador de primera instancia, al aperturar un muevo ('cuaderno Separado de Apelación...no existe razón alguna para que el mismo haya dispuesto elevar las presentes actuaciones procesales a este Tribunal Superior. toda vez que se evidencia de la detenida revisión...que no se verifica que la representación del Ministerio Público haya efectuado formalización alguna de recurso de apelación fundado en alguno de los motivos del antiguo articulo 452, actual 444 del vigente Código Orgánico Procesal Penal...por lo que al no existir escrito de Recurso de Apelación de sentencia según los motivos del antiguo artículo 452. actual 444 del vigente Código Orgánico Procesal Penal...necesario es puntualizar y recordar que del recurso de apelación cursante en autos...como estimó esta alzada en la sentencia ocasión del 17- 08-2012 y asi se deja ver de la sola lectura del escrito recursivo, la representación del Ministerio Público solo y exclusivamente se fundamentó para apelar en el contenido del artículo 37-4 del Código Orgánico Procesal Penal, sin hacer consideraciones o bien fundamentación alguna, según los motivos del antiguo articulo 452, actual 444 del vigente Código Orgánico Procesal Penal...es por lo que esta Corte de Apelaciones considera que al no existir escrito de recurso de apelación según los motivos del antiguo articulo 452. actual 44-4 del vigente Código Orgánico Procesal Penal, formalización que como se consideró es una consecuencia o mandato del articulo 430 ejusdem...lo prudente es remitir las presentes actuaciones al Tribunal 1° en Funciones de Control de este C'ircuito Judicial Penal del Edo. Bolivar...a los fines legales consiguientes '. (Sic).
Por consiguiente, el veinticinco (25) de septiembre de 2012, el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, a cargo del juez J(OSI:
GREGORIO PITA RIVERO, mediante auto decretó que la decisión de sobreseimiento de la causa ha quedado DEFINITIVAMENTE FIRMF, y como consecuencia de ello se deja sin efecto la orden de aprehensión decretada el 17/08/2012, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar...en contra del ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ.. [ordenando] Ia inmediata remisión al Tribunal dg:
Ejecución de Sentencias'. (Sic).
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En esa misma fecha, el juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, representado por la jueza EVERGLIS CAMPOS BRITO, dictò auto ordenando 'remitir las...actuaciones al archivo judicial por haberse decretado el sobreseimiento de la causa' declarando LA LIBERTAID PLENA de KELLER JOSÉ:
VIVENES MUÑOZ". (SiC).
Al respecto, revisadas como han sido las distintas incidencias y actos dentro del proceso, y visto que los representantes del Ministerio Publico en el presente avocamiento solicitaron se decretara la mulidad de la decisión dictada el trece (13) de agosto de 2012 por el Juzgado Primero de Control del C'ircuito Judicial Penal del Estado Bolivar. y por ende todos los actos procesales posteriores a éste, al requerir se..Jordenara] la reposición de la causa..se [realizara] una mueva audiencia preliminar .….se [mantuviese| la orden de aprehensión en contra del ciudadano KEL.LER JOSÉ VTVIENIES MUÑOZ..y la incautación preventiva de los bienes", en virtud de las flagrantes violaciones perpetradas por los distintos órganos jurisdiccionales intervinientes durante el desarrollo del proceso penal seguido contra el acusado, en detrimento del debido proceso y en menoscabo del poder punitivo del Estado Venezolano. Es indispensable enfatizar que todos los órganos jurisdiccionales, en uso de las prerrogativas que le confiere el ordenamiento juridico patrio, deben de manera primigenia en sus providencias alcanzar los fines del Estado, normados en el articulo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Debiendo siempre tener como directriz, la sujeción de su actuar a la Carta Magna, conforme al articulo 7 eiusdem, consolidando asi un Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia" dispuesto en el articulo 2 ibidem. Y sobre la base de ello, esta Sala de C'asación Penal sienta precedente jurisprudencial en la materia objeto de avocamiento, en los términos siguientes:
El derecho subjetivo de acción consagrado en el articulo 26 del Texto F'undamental.
conocido como acceso a la justicia (ampliamente desarrollado en jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala C'onstitucional y de Casación Penal), representa para el Estado una obligación de ejercicio en los procedimientos de acción pública (a través del Ministerio Público como órgano que ejerce la acción penal), a tenor de lo dispuesto en el articulo 285 (mumerales 3 y 4) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Exigiéndose con ello que dicho órgano dirija la investigación para hacer constar la comisión de un hecho punible, con todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo cual conlleve a su calificación juridica, permitiendo asi establecer la responsabilidad de sus autores y demás participes. Siendo imprescindible en los casos que competa, asegurar los objetos (activos y pasivos) relacionados con su perpetración, en aras de evitar la impunidad de los delitos.
C'ámbito de paradigma que fue desarrollado en el proceso penal venezolano con el ('ódigo Orgánico Procesal Penal del año 1999, manteniéndose en el vigente texto legal adjetivo promulgado en Gaceta Oficial No. 6078 del quince -15- de junio de 2012. 1)e donde se desprende en el articulo 308 (anteriormente 326). que cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporcione fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado, presentará la acusación, materializándose al efecto el derecho de acción.
excepcionarse, atacando en materia penal la acusación, tal como consta en el arrculo 28 del Código Orgánico Procesal, tanto en el derogado como en el vige estableciendo entre las razones: a) la existencia de la cuestión prejudicial (relativa estado civil): b) la falta de jurisdicción; c) la incompetencia del tribunal; d) la acción promovida ilegalmente, la cual solamente podrá ser declarada si hay cosa juzgada: lc nueva persecución salvo lo dispuesto en el articulo 20 (mumerales 1 y 2): cuando la acusación se fundamente en hechos que no revisten carácter penal, por prohibición de intentar la acción propuesta: el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad: la caducidad de la acción penal; la falta de requisitos esenciales para acusar (siempre y cuando no puedan ser corregidos); e) la extinción de la acción penal. y f) el indulto.
Por ende, las excepciones se identifican con defensas que pueden oponer las partes, ya sean de fondo, dirigidas a neutralizar la acusación en función del derecho que se aspira materializar en la sentencia, y formales, que son de tipo procesal, destinadas a lograr la improcedencia o extinción del proceso por su no adecuación a las normas legales que lo regulan, procurando detener el mismo de manera provisional o definitiva, teniendo la particularidad que en la fase intermedia, deben oponerse en un lapso que culmina hasta el quinto día antes de llevarse a cabo el acto de la audiencia preliminar, segin el articulo 311 (antiguamente 328) del Código Orgánico Procesal Penal.
Resaltándose lo que debe ser resuelto por el juez o jueza de control al concluir las exposiciones de las partes en la audiencia preliminar, según la última norma suprui indicada en cada uno de sus mumerales, siendo que de manera previa y de haberse impetrado la mulidad de un acto procesal o bien del proceso, debe ser resuelta antes de providencia lo que a continuación se analizará.
Es por ello, que de existir defecto de forma en la acusación fiscal o del querellante.
podrán subsanarlo de inmediato y de considerarlo necesario son ellos (fiscal :) querellante), quienes requerirán se suspenda la audiencia, estableciendo el mumeral ! del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, que se continuarà dentro del menor lapso posible, el cual a juicio de esta Sala, y con apego a lo consagrado en los articulos 26 y 257 constitucional (al ser lo que se corregirà un defecto que nada tiene que ver con el fondo, es decir, diferente a los hechos, fundamentos, calificacion juridicct o pruebas), no podrá superar los ocho (8) días hábiles, debiendo la parte que ha de presentar el acto nuevamente, verificarlo a más tardar al séptimo dia de esct tempestividad y continuarse con la audiencia al octavo dia, lo que no implica un nuevo acto, sino la continuación del interrumpido.
En lo concerniente al mumeral 2 de la norma en cuestión, si bien se indica que se procederá a decidir sobre la admisibilidad o no de la acusación, lo pertinente es pasar a declarar lo relativo a las excepciones opuestas (mumeral 3 del articulo 313 del ('ódigo Orgánico Procesal Penal), de haber sido presentadas o no. por lo que el juzgador debe dictaminar si se está ante una de ellas, siendo diversas las consecuencias de su concreción, establecida en el articulo 34 del texto adjetivo penal.
De considerar el juez o jueza de control que se está ante una causal de excepción parcı la persecución penal, porque existe la cuestión prejudicial prevista en el articulo 36 de! Código Orgánico Procesal Penal, referente a la controversia sobre el estado civil, cl establecer como procedente el planteamiento y de encontrarse en curso la demanda.
suspenderá hasta por seis (6) meses el procedimiento, a objeto que el organo jurisdiccional con competencia civil decida lo pertinente: y en caso de no estar en curso la demanda, de considerarlo procedente le acordará a la parte proponente de la excepción un plazo que no excederá de treinta (30) días hábiles para que acuda al tribunal civil competente. Vencidos los plazos y de no haberse decidido la cuestión prejudicial, se reanudará el proceso y se decidirá la cuestión prejudicial por el decisor.
ampliándose asi la competencia del juez o jueza penal.
En este orden, en lo relativo a la excepción por falta de jurisdicción prevista en el articulo 28 (mumeral 2) del ('ódigo (Orgánico Procesal Penal. asumiendo que la jurisdicción es la potestad que otorga el Estado para administrar justicia de acuerdo al encabezamiento del articulo 253 de la Constitución, dada la identificada excepción, se n e n República Bolivariana de Venezuela conocer de una causa. Siendo el efecto, remitir la causa al tribunal que corresponda fuera del territorio venezolano.
Mientras que la falta de competencia, como excepción establecida en el articulo 28 (mumeral 3) del texto adjetivo penal, aplicará si el juez o jueza puede conocer bien por el territorio. la materia o desde la perspectiva funcional por grado, en interpretación del primer aparte de la citada norma constitucional, enviando el expediente al tribunal que sea competente.
Siguiendo el desarrollo establecido legalmente, el mumeral 4 del articulo 28 del C'odigo Orgánico Procesal Penal, abarca diversas razones por las cuales se considera que la acción penal ha sido promovida ilegalmente, y por ratio logis, en la interpretación normativa, debe hacerse de manera conjunta los literales a) y b). ya que se encuentran relacionadas, al ser el a) relativo a la cosa juzgada y el b) a la meva persecución, salvo los casos previstos en el articulo 20 (mumerales 2 y 3) eiusdem; materializándose la cosa juzgada al haber sido una causa seguida a un sujeto determinado, decidida de manera definitiva. y por ende no puede volver a ser procesado, mientras que en el segundo supuesto seria la misma situación establecida.
En lo que respecta al literal c) del citado mumeral 4, la excepción deviene por la denuncia, querella o acusación fundada en hechos que no revistan carácter penal, es decir, que sean de indole civil, mercantil, administrativo o de cualquier otra materia.
impidiendo la investigación fiscal o bien el conocimiento de la causa por un juzgado penal. Por su parte, la del literal d), estriba en la existencia de una prohibición legal de intentar la acción, esto es en delitos a instancia de parte.
Por otro lado, en lo referente al literal e) del referido mumeral 4, el obstáculo versa sobre el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción penal, lo que conlleva a la vulneración del debido proceso en la fase de investigación (la falta de imputación, el incumplimiento del control judicial), que impedirian accionar (en los delitos de acción pública).
('on relación al literal fi del mumeral 4. el impedimento radica en la falta de legitimación o capacidad de la victima para accionar, debiéndose relacionar el primer supuesto con el articulo 121 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala quienes son victimas; mientras que en el segundo supuesto debe actuarse a través de asistencia de dieciocho (18) años, entredicho, entre otros.
imputado o imputada, el obstáculo toma como base las medidas de segurida (responsabilidad de niños y circunstancias mentales). Y en cuanto al literal h), referido a la caducidad, se circunscribe a la extemporaneidad de la acusación.
A su vez, la excepción contenida en el literal i), mumeral 4 del citado artículo 28.
emerge de la ausencia de los requisitos para intentar la acusación fiscal, particular o privada, siempre que las formalidades exigidas en los articulos 308 y 392 del ('ódigo Orgánico Procesal Penal, no puedan ser corregidas o no se hayan corregido en la oportunidad que prevé el articulo 313 y 403 eiusdem, circunscribiéndose entonces a situaciones de fondo.
Con respecto a la extinción de la acción penal, desarrollada en el mumeral 5 del articulo 28 ibidem, debe relacionarse con el articulo 49 del mismo texto adjetivo, que determina las causales de extinción de la acción penal (muerte del imputado, amnistict.
desistimiento, abandono de la acusación privada, la aplicación del principio de oportunidad, el cumplimiento de los acuerdos reparatorios, obligaciones y del plazo de suspensión condicional del proceso, la prescripción).
Y por último, el mumeral 6 del señalado articulo 28, que consagra una medida de gracia, de carácter excepcional que supone el perdón de la pena.
Determinándose que la consecuencia jurídica de los mumerales 4, 5 y 6 del articulo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, es el sobreseimiento de la causa previsto en e! mumeral 4 del articulo 34 eiusdem. Debiendo la Sala en este contexto, pasar interpretar dicha institución, para verificar su alcance.
El sobreseimiento como efecto de la declaratoria con lugar de las excepciones entes descritas, puede ser provisional o definitivo, según sea el caso; especialmente con respecto al mumeral 4 del articulo 28 • explicado supra-: por cuanto en los literales a).
b) y c), el sobreseimiento sería definitivo, con las consecuencias que conlleva éste, salvo lo exceptuado en el artículo 20 (mumerales 1 y 2) de la ley adjetiva penal, esto es desestimada por defectos en su promoción o ejercicio.
Siendo que los literales d), e), f). h), i) del mumeral 4 del articulo 28, su consecuencia es el sobreseimiento provisional, que si bien no se encuentra expresamente asi en el Código Orgánico Procesal Penal, existe como efecto en dicho texto legal, al considerar que no se establecen las circunstancias de poner fin al proceso de manera definitiva (no se configura la cosa juzgada), ya que la declaratoria con lugar de estas excepciones no poseen carácter de sentencia definitiva, sino que la acción se promovió contraria a lax exigencias de la norma adjetiva penal, debiéndose entonces dictar el sobreseimiento de la causa con el efecto previsto en el articulo 34 (mumeral 4) del C'ódigo (Orgánico Procesal Penal, pero teniéndose con fuerza de provisionalidad, en relación con lo establecido en el artículo 20 (mumerales 1 y 2) eiusdem, que prevé la admisión de unca mueva persecución penal.
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Por tanto, el Ministerio Público en los casos de delitos de acción pública, una vez corregida la acusación, se encuentra en la obligación de presentar nuevamente la acción si están dadas las circunstancias, pero esto no puede realizarse en un tiempo superior al indicado en el primer aparte del articulo 295 del citado texto adjetivo penal.
Particularizándose que existen casos en los cuales el fundamento de las excepciones no se vincula a los requisitos de procedibilidad, especificamente del acto de imputación.
sino a los requisitos formales de la acusación propiamente dicha (articulo 28 -mumeral 4. literal i-del C'ódigo Orgánico Procesal Penal). E igualmente distinguiéndose que en algunos casos donde es pertinente declarar con lugar las excepciones, el imputado se encuentra privado de libertad, por la presunta comisión de delitos considerados como graves por el legislador, los cuales se encuentran individualizados en los articulos 374 y 488 (parágrafo primero) eiusdem.
C'correspondiendo hacer en dichos casos una interpretación extensiva, sobre la base de lo dispuesto en el único aparte del artículo 4 del Código C'ivil venezolano, aplicándolo análogamente por falta de disposición legal, considerando que la acusación no fue presentada, y asi surtir el efecto establecido en el articulo 236 del texto adjetivo penal, cuando el o la representante del Ministerio Público vencido el lapso para presentar la acusación no lo hace, encontrándose el juzgador conferir una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad, que permita (de manera cierta) sujetar en el proceso al imputado (cuya condición no se extingue, sino que se mantiene), más aún si las circunstancias de la privación de libertad no han variado, lo cual impide levantar las medidas cautelares de aseguramiento de bienes dictadas.
Por lo tanto, habiendo sentado criterio esta Sala de Casación Penal, con fundamento a ello, pasa a considerar lo decidido por el ciudadano JOSÉ GREGORIO PITA RIVERO.
en su condición de Juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, en fecha trece (13) de agosto de 2012, al resolver la excepción prevista en el articulo 28 (numeral 4, literal i) del Código Orgánico Procesal, opuesta por los abogados FRANCISCO ÁLVAREZ CHACÍN y SULMAIRA MÁRQUEZ, defensores privados del acusado KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ.
El sentenciador en su análisis del escrito acusatorio, consideró que carecía la acusación fiscal de una relación clara. precisa y circunstanciada del hecho punible atribuido, estableciendo además la carencia de fundamentos. Afirmando también que no se subsumieron los hechos en el derecho y que los representantes del Ministerio Publico se circunscribieron a realizar planteamientos de "orden filosóficos", por lo que declaró con lugar la excepción opuesta, por no cumplir la acusación (a su entender) con las exigencias del articulo 326 (mumerales 2, 3 y 4) del Código Organico Procesal Penal (aplicable por ratione temporis), decretando el sobreseimiento de la causa según el articulo 33 (mumeral 4) eiusdem, relacionándolo con el artículo 318 (mumeral 5) ibidem.
ordenando Ia libertad plena del imputado KELLER .JOSÉ: VTVENES MUÑOZ. Dejando sin efecto las comunicaciones que se libraron a la Superintendencia de Bancos (SU/DEBAN), al Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN) y a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), relativas a las medidas de aseguramiento de bienes.
Destacando que (a entender del representante jurisdiccional) las consecuencias del sobreseimiento por la excepción del articulo 28 (mumeral 4, literal i) del (Código Organico Procesal Penal, tenia carácter definitivo, omitiendo la aplicación del artículo 20 umeral 2) del mismo texto legal, es decir, darle el carácter de provisional y aplcar álogamente las consecuencias de la no presentación de la acusación en el lapso, ue preveía el sexto aparte del articulo 250 de la ley adjetiva penal vigente para momento. Encontrándose el juez JOSÈ GREGORIO PITA RIVER() impedido d decretar la libertad plena del imputado KELLER JOSÉ VTVENES MUÑOZ, al estar cute la comisión de hechos punibles considerados graves, y dispuestos por este Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Constitucional y de Casación Penal. como de lesa humanidad.
Y a tales efectos, sobre los argumentos expuestos, puede afirmarse que .).T:
GREGORIO PITA RIVERO, en su condición de Juez Primero de Control del C'ircuito Judicial Penal del Estado Bolívar, en sentencia dictada el trece (13) de agosto de 2012 (con ocasión a la realización de la audiencia preliminar, en el caso de autos), incurrió en errónea interpretación de normas procesales, al decretar un sobreseimiento con carácter definitivo, en contravención a lo previsto en el artículo 20 (mumerales 1 y 2) del Código Orgánico Procesal Penal, decretando a su vez la libertad plena del ciudadano KELLER JOSÉ VTVENES MUÑOZ, y suspendiendo las medidas asegurativis de bienes, sin importar la imputación de delitos graves considerados de lesci humanidad.
Motivo por el cual. dicha decisión generó que los ciudadanos MARISOI. CARVA.JAI.
SOSA y L.UIS GABRIEL CHING MÄESTRE, Fiscal (encargada) y Fiscal Auxiliar de ia Fiscalia Quinta del Ministerio Público con Competencia en materia contra las 1rogas de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, respectivamente, interpusieran recurso de apelación (en pleno acto de audiencia preliminar), invocando la modalidad de efecto suspensivo, plasmado en el articulo 374 del Código Orgánico Procesal Penal (utilizado por ratione tempore), a sabiendas que esa institución no era aplicable en esci etapa procesal. Aunado a que los referidos fiscales, el dia quince (15) de agosto de 2012, presentaron escrito de ratificación de la apelación (figura procesal inexistente en el texto adjetivo penal venezolano), dando lugar a que la corte de apelaciones conocierci de la actas.
Constatando de dichas actuaciones que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, integrada por GILDA MATA CARIA(CO (presidenta).
DUARTE, mediante decisión del diecisiete (17) de agosto de 2012, incurrió en el vicio de indebida aplicación de normas procesales, aplicando un procedimiento no previsto legalmente, ya que en principio acuerdan tramitar el recurso de apelación (presentado oralmente en la audiencia preliminar, ratificado con posterioridad), para luego ordenar devolver las actuaciones sobre la base de lo consagrado en el último aparte del artículo 430 del texto procesal penal venezolano, vigente para el momento.
De igual manera, la misma alzada, una vez recibido el expediente, dictó auto el dieciocho (18) de septiembre de 2012, afirmando la inexistencia del recurso que contradictoriamente ellos mismos tramitaron, incurriendo en non liquen, al no dar respuesta a la apelación en cuestión, además de no corregir ni constitucional, ni procesalmente la írrita providencia dictada por el ya identificado juez de control.
Por ello, puede aseverarse que como tribunal de alzada no cumplió con su deber.
ignorando la vulneración del orden público normativo, desconociendo la obligatoriedad de decretar la mulidad absoluta de oficio cuando verifiquen el quebrantamiento flagrante (como en el presente caso) de las normas que conforman el ordenamiento juridico, por lo que al no prommciarse con relación a la apelación tramitada no quedó firme el sobreseimiento.
Haciendo especial distinción que producto de lo decidido por el juzgado de control, se remitió el expediente al Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, a cargo de EVERGLIS CAMPOS BRITO. quien al dictar auto el veinticinco (25) de septiembre de 2012, remitiendo las actuaciones al archivo judicial y decretando la libertad plena del ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑ(OZ, actuó fuera de su competencia material, según lo dispuesto en el articulo 479 de! ('ódigo ()rgánico Procesal Penal vigente para el año 2012 (hoy articulo 47 1). ya que solamente se pueden ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas, incurriendo asi con tal modo de proceder en una indebida aplicación de normas procesales.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone en el articulo 257.
que el proceso constituirá la realización de la justicia. y precisamente en el presente caso esa aplicación se hizo ilusoria por los jueces y juezas que conocieron en instancia.
los cuales incurrieron en los vicios de indebida aplicación y errónea interpretación de normas adjetivas, vulnerando con ello el debido proceso consagrado en el articulo 49 constitucional.
El proceso como conjunto de actos, está sometido a formalidades esenciales, por lo que deben realizarse de acuerdo con ciertas condiciones de tiempo y de lugar, conforme a un orden preestablecido y una manera concreta para su validez juridica, estando entonces los actos procesales sometidos a reglas (unas generales y otras especiales para cada uno en particular), y precisamente esas formas y reglas significan una garantia para la mejor administración de justicia y la aplicación del derecho.
obteniendose así ciertos valores como la seguridad juridica, la certeza y la equidad.
Las formas no se establecen porque si, sino por una finalidad trascendente, las cuales son necesarias en cuanto cumplan un fin y representen una garantia, por eso el C'ódigo Orgánico Procesal Penal no contempla unas normas regidas, sino flexibles e idóneas para cumplir su función; siendo una exigencia constitucional y procesal que el juez o jueza de mérito debe aplicar de manera correcta las disposiciones juridicas. Aunado ct ello, los órganos jurisdiccionales superiores tienen la obligación de verificar si las decisiones de instancia sometidas a su consideración cumplen con esas normativas de orden legal. por cuanto en caso contrario se encuentran obligados a materializar los correctivos procesales pertinentes. para asi cumplir con su labor revisora.
Siendo de dicha manera tangible en el caso sub índice, la transgresión de normas de orden publico (esenciales para el proceso penal), por parte de los órganos jurisdiccionales intervinientes. Contraviniendo lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus articulos 49 y 257, verificándose una de las causales de nulidad mulidad absoluta descrita de manera taxativa en el artículo 175 de1 Código Orgánico Procesal Penal, disposición que desarrolla el principio consagrado en el articulo 25 constitucional.
El oder Judicial, es el llamado a aplicar el ordenamiento juridico, de manera eficignie y e ectiva, siendo de impretermitible cumplimiento su ejercicio, tomando en cuiènía la ología juridica y la posibilidad innegable de dar respuesta a todos los delia nsiderando el sistema de valores jerarquizados constitucionalmente, pues lo ontr 7haría que se difumine la certeza en la aplicación de la justicia, cayendo en un jenalismé) falso, cuya consecuencia es un discurso juridico-penal méndez, en detrimekso de justicia cierta.
ciudadano JOSÉ GREGORIO PITA RIVERO, en su condición de Juez Primero d Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar y no advertidas por la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, integrada por GI1.I)A MATA CARIACO (presidenta), GABRIELA QUIARAGUA GONZÁLEZ (ponente) y MANUEJ.
GERARDO RIVAS DUARTE, como por EVERGLIS CAMPOS BRITO, quien ejerció funciones de Jueza Segunda de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, que atentan contra el debido proceso, la justicia y el proceso, consagrados en los artículo 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Penal considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar CON LUGAR la solicitud de avocamiento, suscrita y presentada por los ciudadanos MARISELA DE ABREU RODRÍGUEZ y EDMUNDO ASLINDO MÁRQUEZ BECERRA, Fiscal Séptima del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Fiscal Quinto del Ministerio Público con Competencia en materia contra las DDrogas de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, respectivamente.
Y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Carta Magna, en relación con los articulos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, se DECRETA 1A NULIDAD ABSOLUTÀ de la audiencia preliminar celebrada el trece (13) de agosto de 2012 ante el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, quedando sin efectos juridicos todos los actos subsiguientes, salvo lo relativo al avocamiento. En consecuencia, se REPONE la causa al estado que un tribunal de control distinto al que conoció, realice una mueva audiencia preliminar y dicte sentencia, prescindiendo de todos los vicios aquí señalados.
En virtud de ello, acuerda MANTENER los efectos de la decisión dictada el treinta y uno (31) de mayo de 2012 por el el Juzgado Primero de Control del (C'ircuito Judicial Penal del Estado Bolívar, relativo a la medida de privación judicial preventiva ce libertad contra el ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ, cédula de identidad 8883787, librándose ORDEN DE. APREHENSIÓN contra éste. De igual manera, se mantienen las medidas de aseguramiento de todos los bienes muebles e inmuebles y bloqueos de cuentas bancarias a nombre del referido ciudadano, emitiéndose los oficios correspondientes a INTERPOL., la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), al Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN) y a la Dirección de la Oficina de Superintendencia de Bancos (SUDEBAN). Así se decide.
Enfatizando que el dieciséis (16) de diciembre de 2013, esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia dictó decisión No. 485, mediante la cual declaro ha lugar la solicitud de radicación propuesta por MARISELA DE ABREU RODRIC;UEZ. J!AN AQUILES LÓPEZ, MARISOL CARVAJAL SOSA y LUIS GABRIEJ. CHING MAESTRE.
Fiscales Principal y Auxiliar Séptimo (7°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, y Fiscales Principal y Auxiliar Quinto (5°) del Ministerio Público
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en Materia de Drogas de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar, en la causa seguida conira los ciudadanos OSWALDO JOSÉ BASTIDAS FIGUEROA, LUIS ALCIDES GAMARRA MAITA, PEDRO AVELARDO GUZMÁN HERRERA. LUIS MANUEL MOYA BEJARANO y L.UIS ELÍAS FATTAL CARPIO, ordenando Ia remisión del expediente al Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui.
Por ende, se verifica que los hechos de ésta se identifican a los de la presente (por conexión). encontrándose en Circuitos Judiciales Penales distintos, lo cual crea inseguridad juridica. pues podrian existir pronunciamientos contradictorios que afecten finalmente la tutela judicial efectiva.
Advirtiéndose que los hechos objeto de la pretensión avocatoria bajo analisis, versan sobre delitos graves, que guardan relación por el contexto, resultando involucrados varios sujetos, empresas y diversas propiedades (muebles e inmuebles). Elementos estos.
que dan muestras de la existencia de grupos organizados (ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR) dedicados al TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS y a la LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.
De ahi que, la Sala de C'asación Penal, en estricto apego a la incolumidad del proceso penal y en amparo de las atribuciones conferidas en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, AC UERI)A sus traer el expediente seguido contra KELLER JOSÉ VTVENES MUÑOZ de su tribunal natural, y ORDENA su remisión al (C'ircuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui para la continuación del proceso.
garantizando los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de V'enezuela, y en el Código Orgánico Procesal Penal. Asi se decide.
C'constituyendo un imperativo para esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, hacer un llamado de atención a los ciudadanos JOSÉ: GREGORIO PIT.A RIVERO), en su condición de Juez Primero de Control del C'ircuito Judicial Penal del Estado Bolivar: EVERGLIS CAMPOS BRITO. Jueza Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar; GIL.DA MATA CARIACO (presidenta). GABRIELA QUIARAGUA GONZÁLEZ (ponente) y MANUEL. GERARDO RIVAS DUARTE, como jueces integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Eistado Bolivar, quienes en la presente causa demostraron una conducta contraria a derecho.
que desdice de la imagen que debe caracterizar a todo miembro del Poder Judicial, detalladas en el presente fallo, al subvertir el orden procesal y no cumplir con la jurisdicción, la cual no solamente es una potestad, sino un deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas a quienes se le otorga la facultad para administrar justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley. Actuación inadmisible que debe ser examinada por la Inspectoria General de Tribunales, la Jurisdicción Disciplinaria y la C'omisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al C'ódigo de Ética del Juez Venezolano y la Jueza l'enezolana. Asi se decide.
En ese mismo sentido, también corresponderá a la Dirección General de Inspección y Disciplina adscrita a la Fiscalia General de la República, evaluar el ejercicio en nombre del Estado de la acción penal materializada en el presente caso, a tenor de lo previsto en los mumerales 3 y 4 del artículo 285 constitucional. a cuyo efecto se remite copia certificada del presente fallo.
Iν DECISIÓN
Por las razones expuestas anteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta los pronunciamientos siguientes:
PRIMERO: Declara CON LU/GAR la solicitud de avocamiento propuesta por los abogados MARISELA DE ABREU RODRÍGUEZ y EDMUNDO ASLINDO MÁRQUE7 BECERRA, Fiscal Séptima del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Fiscal Quinto del Ministerio Público con Competencia en materia contra las Drogas de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar, respectivamente.
SEGUNDO: Decreta la NULIDAD ABSOLUTA de la audiencia preliminar del trece (13) de agosto de 2012, realizada por el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar. y todos los actos procesales posteriores a éste, salvo lo relativo al avocamiento conforme al articulo 25 de la Constitución de la Repúblict Bolivariana de Venezuela, en relación con los articulos 174 y 175 del Código (Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se REPONF: la causa al estado que un tribunal de control distinto al que conoció, realice una mueva audiencia preliminar y dicte sentencia, prescindiendo de todos los vicios aqui señalados.
TERCERO: Acuerda MANTENER los efectos de la decisión dictada el treinta y uno (3 1) de mayo de 2012 por el el Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, relativos a la medida de privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano KELLER JOSE VIVENES MUÑOZ, cédula de identidad 8883787, y las medidas de aseguramiento de todos los bienes muebles e inmuebles y bloqueos de cuentas bancarias a nombre del referido ciudadano. En consecuencia.
ordena librar al tribunal competente ORDEN DE APREHENSIÓN contra KEI.1.ER JOSÉ VIVENES MUÑOZ. y los oficios correspondientes a la INTERPOL, (Oficina Nacional Antidrogas (ONA), al Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN) y a la Dirección de la Oficina de Superintendencia de Bancos (SUDEBAN).
CUARTO: Acuerda SUSTRAER el expediente seguido contra KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ de su tribunal natural, y ORDENA su remisión al Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui para la continuación del proceso, garantizando los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el Código Orgánico Procesal Penal.
QUINTO: Ordena REMITIR copia certificada de la presente decisión a la Inspectoríca General de Tribunales, Jurisdicción Disciplinaria, Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalia General de la República Bolivariana de Venezuela. y a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).
SEXTO: Ordena REMITTR copia certificada de la presente decisión a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar.
SÉPTIMO: Ordena REMITIR la presente causa a la Presidencia del C'ircuito Judiciail Penal del Estado Anzoátegui, a fin de su distribución en un tribunal de control para qu cumpla con lo aqui ordenado y le dé continuidad al caso de autos, evitándose dilaciones indebidas en el proceso penal."
IV DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA
Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, al respecto, observa que conforme lo establecido en el articulo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. tiene atribuida la competencia de "...) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas juridicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (...) ".
Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, se encuentra desarrollada en los numerales 10 y 11 del articulo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:
“Articulo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(..) 10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala C'onstitucional: efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el mumeral anterior, asi como la violación de principios juridicos fundamentales que estén contenidos en la ('onstitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos'"".
Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala observa que la presente solicitud de revisión ha sido interpuesta contra una sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de este -Fribunal Supremo de Justicia, respecto de la cual se denunció la violación de derechos y garantías constitucionales, así como también el incumplimiento de varios criterios asentados por esta_a Constitucional; razón por la cual, en atención a las normativa citada t supra es que ésta estará supeditada al examen que de las actas procesales se realice para verificar la existen& de la violación de principios juridicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que la Sala de este máximo Tribunal cuya sentencia sea objeto de revisión constitucional, haya incurrido en sustracción absoluta de los criterios interpretativos de normas constitucionales adoptados por esta Sala Constitucional. Asi se declara.
V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
A fin de delimitar el objeto de la presente controversia, esta Sala observa que en el caso sub lite, se pretende la revisión de una sentencia definitivamente firme dictada, el 11 de febrero de 2014, por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con lugar la solicitud de avocamiento formulada por el Ministerio Público, con ocasión de la causa penal instaurada contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de director y financista, legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas; asi como en los articulos 4 y 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de comisión de los hechos. respectivamente, en perjuicio del Estado venezolano.
En dicha decisión, la Sala de Casación Penal declaró con lugar una solicitud de avocamiento presentada por el Ministerio Público, en la precitada causa penal. decretando asimismo la nulidad absoluta de la audiencia preliminar y de los actos procesales subsiguientes. Igualmente, repuso la causa al estado de que se llevarse a cabo una nueva audiencia preliminar.
De igual modo, acordó mantener los efectos de la decisión mediante la cual se decretó la privación judicial preventiva de libertad contra el imputado y las medidas de aseguramiento de todos los bienes muebles e inmuebles y bloqueos de cuentas bancarias a nombre de aquél En efecto, en la mencionada audiencia preliminar (celebrada el 13 de agosto de 2012). el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del
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Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar, dictó el sobreseimiento de la causa, luego de declarar con lugar la excepción opuesta por la defensa del imputado.
Asimismo, mediante auto del 25 de septiembre de 2012, el referido juzgado de control declaró lo siguiente: a) Definitivamente firme la decisión dictada por ese mismo juzgado el 13 de agosto de 2012, en el que se decretó sobreseimiento de la causa: b) Dejó sin efecto la orden de aprehensión librada. el †7 de agosto de 2012. por la Corte de Apelaciones de ese mismo Circuito Judicial Penal contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz; y c) Ordenó Ia remisión inmediata del expediente al correspondiente Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución.
En criterio de la Sala de Casación Penal, dicho sobreseimiento no podia ser calificado como definitivo, sino. por el contrario, provisional, permitiendo asi una nueva persecución penal contra el imputado. Igualmente, aquella indico que la Corte de Apelaciones del del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar. erró al declarar inexistente el recurso de apelación intentado por el Ministerio Público contra el prenombrado sobreseimiento.
Asi las cosas, es menester para esta Sala considerar, en primer lugar, si el sobreseimiento dictado por el antes mencionado juzgado de control adquirió la autoridad de cosa juzgada y, por lo tanto, si la Sala de Casación Penal de este mismo Tribunal podía o no revisar, a través de una solicitud de avocamiento, dicha decisión y posteriormente declarar su nulidad. Para ello. corresponde hacer los razonamientos siguientes.
Con relación al avocamiento, la Sala de Casación Penal en sentencia de fecha 21 de julio de 2008, caso Orlando Piña, estableció lo siguiente:
-El uvocamiento es una institución juridica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en todas sus Salas. la facultad de solicitar, en cualquier estado y grado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo el tribunal de instancia, independiente de su jerarquia y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
En este sentido, la Sala de Casación Penal ha mantenido el criterio, conforme el cual. deben existir condiciones concurrentes para la aplicación del avocamiento, al exigir que éste, únicamente serà procedente en un caso grave o de escandalosas violaciones al ordenamiento juridico que perjudique palmariamente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la docencia o la institucionalidad democrática del pais, o cuando no se hayan atendido o fueren indebidamente tramitados los recursos ordinarios y extraordinarios ejercidos por los interesados, que procuren restituir la situación juridica infringida.
De la misma forma, la Sala que esté conociendo del avocamiento.
exigiria que la materia sea de su competencia y que las irregularidades que se alegan, hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia mediante los recursos pertinentes practicados por las partes, aunado a los anteriores requisitos el solicitante debe presentar la acción acompañada con los documentos indispensables para verificar su admisibilidad o no. (Artículos 18 mumerales 11, 12 y 19)."
Como se observa, el avocamiento es un recurso extraordinario que actúa como una excepción al principio de la competencia por grados y tiene como elemento fundamental ei principio de jerarquia y está consagrado únicamente con relación a las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, salvo la Sala Plena. En ese sentido, la Sala de Casación Civil, en sentencia nro. 231 de fecha 17 de octubre de 2010, en el caso Carmen Marcano de Marin y Otros. estableció la diferencia entre el vocablo avocamiento - que solo corresponde a las Sala del Tribunal Supremo de Justicia- y el abocamiento - que corresponde a todo Juez que conoce sorevenidamente una causa - . En ese sentido, dijo la Sala:
"Por otra parte, aprovecha esta Sala para realizar unas breves consideraciones acerca de los vocablos "abocamiento" y "avocamiento" y sus diferencias terminológicas. Al efecto se señala:
Constituye un error frecuente, que los practicantes del derecho utilicen indistintamente las expresiones "abocamiento" y "avocamiento", siendo que ambas terminologías tienen acepciones diferentes.
Según el Diccionario de la Real Academia Española (ESPASA). avocar es "atraer o llamar a si cualquier superior un negocio que está sometido a examen y decisión de un inferior": de alli que la figura del avocamiento "..es una facultad que permite a un superior atraer para si el examen y decisión de una causa cuyo conocimiento, conforme a las reglas ordinarias de competencia, corresponde a un inferior. El requisito sine que non para la procedencia de la vocación [o avocamiento], es la existencia de un conflicto que genere un estado de zozobra o conmoción en un grupo social determinado, directamente interesado en la solución del conflicto." (Diccionario Jurídico Venelez. Vol 1. 2003) Por su parte, el vocablo "abocamiento" (acción y efecto de abocarse), según el mismo Diccionarios de la Real Academia Española, se utiliza en países como Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Uruguay y Venezuela, para "Entregarse de lleno a hacer algo, o dedicarse a la consideración o estudio de un asunto. Vrg. La Administración se abocará a resolver los problemas de los niños.' Es importante esta delimitación conceptual, no sólo para que los practicantes del derecho se cuiden de emplear correctamente las palabras sino también, para que el lector sepa con exactitud a qué se está refiriendo quien se manifiesta a través de la escritura.
Así, cuando el juez de un tribunal se excusa de conocer la causa y se llama a otro de la misma jerarquia para que conozca del asunto, es lo que conocemos como el "abocamiento" de un nuevo juez a la causa;
mientras que cuando tal conocimiento corresponde a un tribumal jerárquicamente superior a instancia de parte o incluso de oficio por la materialización de supuestos concretos. tal actividad se llama "avocamiento" la cual sólo puede ser ejercida por las Salas de este máximo tribunal de justicia."
De la misma forma, esta Sala Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse con relación a este mismo aspecto, en sentencia nro. 716 del 31 de mayo de 2012, en el sentido siguiente:
"En este aspecto, la Sala observa que existe la mala utilización reiterada por los operadores de justicia y demás miembros del sistema judicial, de los términos avocamiento y abocamiento y teniendo en cuenta que la Sala tiene dentro de sus múltiples funciones también la de orientar y formar a todos los intervinientes dentro de ese sistema para que se preste una mejor justicia, procede a dejar en claro la diferencia y manera de empleo entre las palabra "avocar" y 'abocar". a los fines de evitar se sigan cometiendo dichas confusiones que empobrecen al foro juridico.
Lu utilización de las palabras "avocar" y "abocar", ha causado múltiples confusiones entre los distintos operarios del derecho como los abogados, jueces y secretarios, entre otros, asi como el propio legislador.
La palabra "abocar" proviene de boca, significado entre otras acepciones: 1) como verbo transitivo "Asir con la boca". 2) igualmente significa "Verter el contenido de un cántaro, costa. etc., entre otros. Se usa propiamente cuando para ello se aproximan las bocas de ambos", 3) también se entiende en forma pronominal como "Juntarse de concierto una o más personas con otra u otras para tratar un negocio", o 4) como "Desembocar, ir a parar". (Diccionario RAE, Madrid 1992, vigésima primera edición, editorial Espasa C'alpe, S.A., p. 8).
Se solia usar como un uso pronominal que en España se empleada con la reposición con y en América con la reposición a, en el significado de la tercera acepción dada en el párrafo anterior. No obstante, esta acepción posee una subacepción que es "descubrir o vista súbitamente una cosa, tener la de pronto ante los ojos; enfrentarse con ella, en sentido propio o figurado. Usase a veces con pronombres relexivos de nativo".
muestras leyes". Revista de la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas.
Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1992, N° 84. p.470).
En América, en especial en Venezuela, según el "Diccionario de venezolanismos" Academia Venezolana de la Lengua, UCV, Caracas, 1983, se usada pronominalmente con la reposición a desde 1896, como el dedicarse de lleno a hacer o pensar algo especifico, referido no sólo a varias personas, sino también a una sola y no para negociar o tratar algo, sino como estudiar a fondo y con dedicación un asunto. (María Josefina Tejera "Abocar por Avocar: una confusión que Hlega a nuestras leyes". Revista de la Facultad de C'ciencias Juridicas y Políticas.
Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1992, N° 84, p. 47 1).
Por otro lado, "avocar" proviene del latin advocare, con el sentido de convocar, siendo la palabra que le dio origen en castellano a abogado.
Éste término se encuentra definido entre sus diferentes acepciones como "Atraer o llamar a si un juez o tribunal superior, sin que medie apelación, la causa que se estaba litigando debía litigarse ante otro inferior." (Diccionario RAE, Madrid · 1992, vigésima primera edición, editorial Espasa Calpe, S.A., p.240).
Por lo tanto, avocar a diferencia de abocar, es siempre transitivo, sin uso pronominal o reflexivo; por lo que no se debe entender como el proceso de pensar y conocer una causa o de ponerse de acuerdo el tribunal (si es colegiado), es decir, como una reunión de varias personas o una para adoptar una idea, negocio o estudiar a fondo y con dedicación o ahínco un asunto -abocar-: sino que se trata de algo de paso, de traslado de una causa de un tribunal inferior a otro superior cuando éste lo reclama -avocar-. . (Maria Josefina Tejera "Abocar por Avocar: una confusión que llega a muestras leyes". Revista de la Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1992, N° 84. p. 472).
Consecuentemente, esta Sala Constitucional, con el presente análisis.
pretende dejar en claro dentro de la curia jurídica, el modo correcto de utilización de estas palabras. Siendo que cuando se use "abocar", como el proceso de pensar y conocer una causa o de ponerse de acuerdo el tribunal (si es colegiado), debe ser empleada de manera pronominal con la reposición a por delante; mientras que cuando se refiera a "'avocar".
será sin proposición y se entenderá como reclamar la causa o "Atraer o llamar a si un juez o tribunal superior, sin que medie apelación, la causa que se estaba litigando debia litigarse ante otro inferior", ya que se trata de un sustantivo, que puede ser usado pasivamente con se, (ej. se avocaron, lo que es igual a fueron avocadas). Por lo tanto, se puede decir que un tribunal avoca una causa para abocarse a la misma.'
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De la jurisprudencia pacifica y continua de ésta y de las diversas Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, el avocamiento es atraer o llamar a si un juez o tribunal superior, sin que medie apelación, la causa que se estaba litigando o debia litigarse ante otro inferior. es decir, se trata de una causa que se encuentra sometida a un proceso judicial que se halla en plena tramitación, por lo que, están excluido del objeto del avocamiento las causas sobre las cuales haya recaido una decisión firme revestida de cosa juzgada.
En efecto, en casos similares al aqui analizado, la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, ha declarado la inadmisibilidad de solicitudes de avocamiento. luego de verificada la existencia de la cosa juzgada.
Asi. por ejemplo, en su sentencia nro. 226 del 22 de abril de 2008, la Sala de Casación Penal declaró lo siguiente:
... establece el artículo 21 del C'ódigo Orgánico Procesal Penal, en relación a la cosa juzgada que: "Concluido el juicio por sentencia firme no podrá ser reabierto, excepto en el caso de revisión conforme a lo previsto en este Código'.
En tal sentido, resultaría contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, el desconocimiento del valor de la cosa juzgada: la cual representa esa seguridad jurídica de evitar una doble incriminación o sanción. por hechos ya resueltos por sentencias definitivamente firmes.
(c…) la cosa juzgada es una de las garantias más importantes para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho, como también lo revela el ordinal 7° del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; la garantia de la inmutabilidad de las resoluciones firmes, constituye un requerimiento objetivo del sistema juridico venezolano, la firmeza de los fallos judiciales, son manifestaciones de seguridad jurídica en total atinencia con el derecho a la tutela judicial efectiva.
(…) ... al haberse decretado por decisión de esta Sala de Casación Penal, el sobreseimiento de la causa y. quedar definitivamente firme la misma, le está vedado a ésta instancia casacional, de conformidad con lo establecido en los articulos 21 y 178 ambos del (C'ódigo Orgánico Procesal Penal. emitir un pronunciamiento sobre una sentencia que se ha revestido con autoridad de cosa juzgada.
(.….) Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala considera que las condiciones válidas y concurrentes requeridas por la ley para la admisión del avocamiento, no están cumplidas, siendo ineludible declarar inadmisible la solicitud propuesta por la victima, ciudadano Jesus Dario Moreno Cárdenas".
Precisado lo anterior, es fundamental para la solución del presente asunto, determinar si el fallo mediante el cual el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Ciudad Bolívar, en audiencia preliminar en el proceso penal antes reseñado: a) Declaró con lugar la excepción opuesta por la defensa del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, b) Decretó el sobreseimiento de la causa, con base en os articulos 33.4 y 318.5 del Código Orgánico Procesal Penal; c) Acordo la libertad plena de dicho ciudadano; d) Ordenó dejar sin efecto los oficios remitidos a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), al Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN) y a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), en los cuales se ordenaron en su oportunidad las medidas de aseguramiento sobre los bienes y cuentas bancarias de aquel; y e) Se decretó el cese de la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta al ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, adquirió el caracter o no de cosa juzgada.
Al respecto, debe afirmarse que la cosa juzgada es una noción que informa a todo el sistema juridico-político del Estado. Constituye una garantia de seguridad juridica, en virtud de la cual lo decidido luego de un proceso conocido por el Poder Judicial, no podrá ser reabierto o modificado. Las únicas excepciones a esto último, están dadas, en primer lugar, por la revisión constitucional de sentencias, contemplada en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los numerales 10 y 11 del articulo 25 de la L.ey Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y en segundo lugar, por el recurso de revisión, definido los articulos 462 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. El instituto de la cosa juzgada, permite proteger la expectativa plausibie o confianza legitima de los ciudadanos y ciudadanas, a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, garantizando certidumbre con relación a la ejecución en lo particular del sistema de normas nacionales y permitiendo la conservación de los actos, haciendo previsible la vida cotidiana como un requisito fundamental para la existencia de la cohesión social que hace viable al Estado.
Esta Sala ha establecido de forma pacífica y reiterada, que las características de las decisiones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada, son las siguientes: a) Inimpugnabilidad. según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se han agotado todos los recursos de ley; b) Inmutabilidad, la sentencia no es atacable indirectamente, por cuanto no es posible la apertura de un nuevo proceso sobre el mismo tema, no pudiendo ningún otro juez modificar los términos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada: y c) Coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencias de condena, esto es la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales (ver sentencias de esta Sala números 3.014 del 2 de diciembre de 2002: y 131 del 23 de marzo de 2017, entre otras).
De acuerdo a ello, toda sentencia o auto revestido con la autoridad de cosa juzgada, resuelve la controversia con carácter definitivo, puesto que ha soportado los cuestionamientos, recursos y excepciones que el sistema procesal ha dispuesto como armas de la partes en el proceso, en todas sus instancias. Tales decisiones judiciales, una vez adquirida su firmeza, simbolizan un resultado que consolida el derecho invocado por las partes en el caso concreto.
Siendo esto así, es evidente que la única manera de que las decisiones adquieran el carácter de definitivamente firmes, es que se agote el plazo establecido para el ejercicio de los recursos sin que éstos se hayan interpuesto, o que, habiéndose ejercido éstos, ya hayan sido resuelta por el tribunal inmediato superior a aquel que dictó la sentencia adversada, pasos indispensables para que proceda finalmente la ejecución de la misma (ver sentencias de esta Sala números 2.934 del 4 de noviembre de 2003: y 3.147 del 13 de noviembre de 2003, entre otras).
Ahora bien, en el ámbito juridico-penal, la cosa juzgada responde conceptualmente al principio non bis in idem, en virtud del cual nadie puede ser penado ni juzgado dos veces por el mismo hecho. En este sentido, según este último, ninguna persona puede ser sometida a una doble condena ni afrontar el riesgo de ello.
De modo tal que, la función del precitado principio penal, reside en evitar que una persona sea sometida dos o más veces a la persecución penal, sucesiva o simultáneamente. por l caso, que el principio non bis in idem está cristalizado en el articulo 49.7 β 1 Constion de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:
WSTT "Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
(..) 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente ".
Recientemente, esta Sala Constitucional, en su sentencia nro. 87 del 25 de abril de 2019, definió el sentido y alcance de dicha disposición constitucional. en atención al principio non bis in idem, de la siguiente forma:
"El llamado non bis in idem, que es una de las garantias del derecho al debido proceso, consiste en que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, para lo cual se exige una triple identidad: de persona, de objeto y de causa de persecución. El solicitante de amparo constitucional entiende que su petición se encuadra dentro de la interdicción del doble procesamiento, el cual abarcaria, a su entender, los casos en los que exista duplicidad de procedimientos penales cuando exista la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento de la persecución.
El artículo 49.7 de la Constitución de la República Bolivariana de l'enezuela prevé la señalada prohibición, que constituye una de las garantias del derecho al debido proceso.
en el sentido de que nadie puede ser sometido a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgado con anterioridad. Asi, el constituyente se refiere a los casos en los que una misma persona sea juzgada o sancionada por un delito por el cual ya haya sido condenado o absuelto por una resolución judicial, ya sea ura sentencia definitiva, ya sea un sobreseimiento de la causa".
Luego, el contenido de la norma constitucional antes analizada, tiene su desarrollo a nivel legal, en los articulos 20, 21 y 162 del Código Orgánico Procesal Penal, que disponen lo siguiente:
"Artículo 20. Nadie debe ser perseguido o perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho.
Será admisible una mueva persecución penal:
1. Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente, que por ese motivo concluyó el procedimiento;
2. Cuando la primera fue desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio".
"Artículo 21. Concluido el juicio por sentencia firme no podrá ser reabierto, excepto en el caso de revisión conforme a lo previsto en este Código".
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"Artículo 162. Las decisiones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, cuando no procedan o se hayan agotado los recursos en su contra.
Contra la sentencia firme sólo procede la revisión, conforme a este C'ódigo".
En el supuesto especifico del sobreseimiento, el Código Orgánico Procesal Penal, en su articulo 301, establece:
"Articulo 301. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o imputada o acusado acusada a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el articulo 20 de este (Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas".
En el caso de autos, la Sala de Casación Penal, en la sentencia objeto de la solicitud de revisión que hoy se analiza, declaró con lugar la solicitud de avocamiento que le formuló el Ministerio Público, en la causa penal instaurada contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz. y en consecuencia, entre otros pronunciamientos, decretó la nulidad absoluta de la audiencia preliminar llevada a cabo el 13 de agosto de 2012, ante el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, asi como de todos los actos procesales posteriores a éste, repuso la causa al estado de que otro tribunal de control distinto realizara una nueva audiencia preliminar y dictara "sentencia", prescindiendo de todos los vicios aquí señalados. Asimismo, acordó mantener los efectos de la decisión dictada, el 31 de mayo de 2012, por el el Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, relativos a la medida de privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz y las medidas de aseguramiento de todos los bienes muebles e inmuebles y bloqueos de cuentas bancarias a nombre del referido ciudadano.
Para arribar a tal resultado decisorio, censuro la actuación de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar. Extensión Ciudad Bolivar, en los siguientes términos:
". la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, integrada por GILDA MATA CARIACO (presidenta), GABRIELA QUIARAGUA GONZÁLEZ (ponente) y MANUEL.
(iERARIDO) RIVAS DUARTF, mediante decisión del diecisiete (17) de agosto de 2012, incurrió en el vicio de indebida aplicación de normas procesales, aplicando un procedimiento no previsto legalmente, ya que en principio acuerdan tramitar el recurso de apelación (presentado oralmente en la audiencia preliminar, ratificado con posterioridad), para luego ordenar devolver las actuaciones sobre la base de lo consagrado en el último aparte del articulo 430 del texto procesal penal venezolano, vigente para el momento.
De igual manera, la misma alzada, una vez recibido el expediente, dictó auto el dieciocho (18) de septiembre de 2012, afirmando la inexistencia del recurso que contradictoriamente ellos mismos tramitaron, incurriendo en non liquen (sic), al no dar respuesta a la apelación en cuestión, además de no corregir ni constitucional, ni procesalmente la írrita providencia dictada por el ya identificado juez de control.
Por ello, puede aseverarse que como tribunal de alzada no cumplió con su deber, ignorando la vulneración del orden público normativo, desconociendo la obligatoriedad de decretar la mulidad absoluta de oficio cuando verifiquen el quebrantamiento flagrante (como en el presente caso) de las normas que conforman el ordenamiento juridico, por lo que al no promunciarse con relación a la apelación tramitada no quedo firme el sobreseimiento".
Igualmente, afirmó lo siguiente:
"Haciendo especial distinción que producto de lo decidido por el juzgado de control, se remitió el expediente al Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, a cargo de EVERGLIS CAMPOS BRITO, quien al dictar auto el veinticinco (25) de septiembre de 2012, remitiendo las actuaciones al archivo judicial y decretando la libertad plena del ciudadano KELLER JOSE VIVENES MUÑOZ, actuó fuera de su competencia material, según lo dispuesto en el articulo 479 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para el año 2012 (hoy articulo 47 1), ya que solamente se pueden ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas, incurriendo asi con tal modo de proceder en una indebida aplicación de normas procesales.
La C'onstitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone en el articulo 257, que el proceso constituirá la realización de la justicia. y precisamente en el presente caso esa aplicación se hizo ilusoria por los jueces y juezas que conocieron en instancia, los cuales incurrieron en los vicios de indebida aplicación y errónea interpretación de normas adjetivas, vulnerando con ello el debido proceso consagrado en el articulo 49 constitucional".
Entre los argumentos medulares esgrimidos para sustentar tal razonamiento, la Sala de Casación Penal afirmó, de modo expreso, que el sobreseimiento dictado, el 13 de agosto de 2012. por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar. Extensión Ciudad Bolivar, no fue de carácter definitivo, sino "provisional". por cuanto éste se emitió con ocasión de la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el articulo 28. numeral 4, letra ‡" del Código Orgánico Procesal Penal. relativa a la acción promovida ilegalmente por el incumplimiento de los requisitos para intentar la acusación fiscal. Con base en ello, la Sala de Casación Penal concluyó que en el presente caso era plausible una nueva persecución penal contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, por los mismos hechos por los cuales fue inicialmente imputado A tal efecto, indicó lo siguiente:
... los literales d). e). f). h), i) del mumeral 4 del artículo 28. su consecuencia es el sobreseimiento provisional, que si bien no se encuentra expresamente asi en el C'ódigo Orgánico Procesal Penal, existe como efecto en dicho texto legal, al considerar que no se establecen las circunstancias de poner fin al proceso de manera definitiva (no se configura la cosa juzgada), ya que la declaratoria con lugar de estas excepciones no poseen carácter de sentencia definitiva.
sino que la acción se promovió contraria a las exigencias de la norma adjetiva penal, debiéndose entonces dictar el sobreseimiento de la causa con el efecto previsto en el articulo 34 (mumeral 4) del Código Orgánico Procesal Penal, pero teniéndose con fuerza de provisionalidad, en relación con lo establecido en el articulo 20 (mumerales 1 y 2) eiusdem, que prevé la admisión de una mueva persecución penal.
... puede afirmarse que JOSÉ GREGORIO PITA RIVERO. en su condición de Juez Primero de Controf del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, en sentencia dictada el trece (13) de agosto de 2012 (con ocasión a la realización de la audiencia preliminar, en el caso de autos).
incurrió en errónea interpretación de normas procesales, al decretar un sobreseimiento con carácter definitivo, en contravención a lo previsto en el articulo 20 (numerales 1 y 2) del Código (Orgánico Procesal Penal, decretando a su vez la libertad plena del ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ. y suspendiendo las medidas asegurativas de bienes, sin importar la imputación de delitos graves considerados de lesa humanidad".
Ahora bien, debe esta Sala precisar que, contrariamente a lo señalado por la Sala de Casación Penal, el sobreseimiento dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Fuciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar existente el recurso de apelación que contra el mismo ejerció el Ministerio Público.
Asi. debe puntualizar esta Juzgadora, que en ia mencionada audiencia preliminar.
Ministerio Público, erróneamente invocó, a viva voz, el efecto suspensivo contemplado en e artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, ello como vía para impugnar el sobreseimiert-. dictado en dicha audiencia por el Juzgado de Control.
Como bien lo señaló la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar, en su decisión del 18 de agosto de 2012, el Ministerio Público no debió sustentar su apelación en el articulo 374 del Código Orgánico Procesal Penal. toda vez que, de la lectura de este último instrumento legal, se advierte que dicha norma está ubicada dentro del libro relativo a los procedimientos especiales, y concretamente, en el título referido al procedimiento abreviado (Libro Tercero, Titulo III). Por esta razón, el trámite definido en aquélla resulta aplicable, única y exclusivamente, en el procedimiento abreviado para delitos flagrantes. Concretamente, su implementación se debe producir frente a decisiones que acuerden la libertad del imputado, en la audiencia de calificación de flagrancia o de presentación del aprehendido o de la aprehendida.
Tal disposición establece lo siguiente:
"Articulo 374. La decisión que acuerde la libertad del imputado es de ejecución inmediata, excepto, cuando se tratare delitos de: homicidio intencional, violación:
delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cucntica, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crimenes de guerra, o cuando el delito merezca pena privativa de libertad que exceda de doce años en su limite máximo, y el Ministerio Público ejerciere el recurso de apelación oralmente en la audiencia, en cuyo caso se oirá a la defensa, debiendo el Juez o Jueza remitirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la Corte de Apelaciones.
En este caso, la corte de apelaciones considerará los alegatos de las partes y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir del recibo de las actuaciones" (Resaltado del presente fallo).
De alli que, el contenido de la disposición antes transcrita, sea a todas luces incompatible con la audiencia preliminar prevista en el procedimiento ordinario, en cuyo caso
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debe ser aplicada la disposición general establecida en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal. Asi lo afirmo. de modo acertado, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar.
Tal norma se encuentra redactada del siguiente modo:
"Articulo 430. La interposición de un recurso suspenderá la ejecución de lu decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario.
Parágrafo inico: Excepcióm: C'uando se trate de una decisión que otorgue la libertad al imputado, la interposición del recurso de apelación no suspenderá la ejecución de la decisión, excepto cuando se tratare de delitos de: homicidio intencional, violación: delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública: tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas.
delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos.
lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y la seguridad de la nación y crimenes de guerra y el Ministerio Público pele en la audiencia de manera oral y se oirá a la defensa.
La fundamentación y contestación del recurso de apelación se hará en los plazos establecidos para la apelación de autos o sentencias, según sea el caso " (Resaltado del presente fallo).
Esta última disposición señala, de forma expresa e inequívoca, que la fundamentación del escrito de apelación, asi como la contestación que a bien tenga a presentar la otra parte, deberán efectuarse dentro de los lapsos previstos en el procedimiento de apelación de autos o en el procedimiento de apelación de sentencia, ello según el tipo de decisión judicial apelada.
Debe precisar esta Sala Constitucional. que si bien la norma inserta en el texto del articulo 430 del Código Orgánico Procesal Penal no describe de forma expresa cuáles son los requisitos especificos de forma a los cuales deba ceñirse el recurso de apelación, no es menos cierto que, de la interpretación teleológica de aquélla, el Ministerio Público siempre deberá.
il haya apelado de manera oral, siendo que tal fundamentación también deberá corresponderse eun el procedimiento aplicable para la impugnación de la decisión adversada. En el caso concreto de la apelación de sentencia definitiva, el recurso de apelación sólo podrà fundarse en los motivos descritos en el articulo 44 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, el. ivisno Público deberá expresar en el escrito de apelación, concreta y separadamente, cada eiusdem.
En el caso de autos, como bien lo expresó la Corte de Apelaciones, el recurso de apelación intentando por la representación fiscal debió ser fundamentado, con sujeción a las disposiciones formales del procedimiento para la apelación de la sentencia definitiva (independientemente que la decisión impugnada haya sido un sobreseimiento), tal como lo demandada el criterio jurisprudencial -de esta Sala- imperante para el momento en que se produjo dicho acto procesal.
En este sentido, mediante sentencia nro. 1 del 11 de febrero de 2006, esta Sala Constitucional estableció que la apelación del sobreseimiento, aun y cuando hubiera sido emitida con anterioridad a la fase de juicio oral, debía tramitarse según las disposiciones que integran el procedimiento para la apelación de la sentencia definitiva. En dicho fallo se indicó lo siguiente:
"... tal como lo expresó la Sala de Casación Penal en la sentencia objeto de revisión, se aprecia que el auto que declara el sobreseimiento de la causa, es una decisión que pone al fin al proceso e impide su continuación, por lo cual, dicho pronunciamiento debe equipararse a una sentencia definitiva en cuanto a sus efectos procesales.
(...) En otro orden de ideas, con respecto a la declaratoria de mulidad de la sentencia dictada por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, el 11 de octubre de 2004.
por no haber celebrado la audiencia oral y pública en la cual se debieron haber debatido oralmente los fundamentos del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, se aprecia que tal como expresamente lo dispuso el solicitante, la referida Corte de Apelaciones debió convocar a la audiencia oral y pública conforme a la obligación expresa establecida en el artículo 455 eiusdem, tal como lo expuso textualmente el mismo en su escrito de revisión: (.) el artículo que resuliaria violado conforme a los argumentos y a las motivaciones expuestas por la Sala Penal (sic) en la sentencia objeto de revisión, es el artículo 455 y no el articulo 456 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, como erradamente estableció la sentencia en revisión'.
No obstante lo anterior. si bien es cierto que resultó infringido igualmente el artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, por no haber ordenado la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del (C'ircuito Judicial Penal del Estado Carabobo, el debate de los argumentos del recurso de apelación, ello no constituye un error que ocasione indefensión a la otra parte, por cuanto como el mismo solicitante reconoce que, la referida Sala de dicha C'orte obvió un deber legalmente establecido en el citado Código que vulneró los derechos a la defensa y al debido proceso de la contraparte.
Adicional a ello, aprecia esta Sala que la argumentación expuesta por la Sala de Casación Penal no deja duda alguna al respecto, en cuanto a la vulneración a los derechos al debido proceso y a la defensa de las partes intervinientes en el proceso, por cuanto el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal establece la forma en que debe realizarse dicha audiencia y en este se encuentra garantizado el derecho a ser oído en la misma".
Luego, esta Sala modificó tal criterio, en su sentencia nro. 997 del 16 de julio de 2013, a partir de la cual el sobreseimiento debera ser apelado según el procedimiento para la apelación de autos.
En tal sentencia, esta juzgadora indicó:
.. observa esta Sala qe la Sala Cuarta de la C'orte de Apelaciones del C'ircuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas erró en el procedimiento a seguir en el recurso de apelación, como si se tratara de una sentencia definitiva dictada en el juicio oral, obviando que la decisión que decreta el sobreseimiento se trata de un auto, tal como lo establece el articulo 32-4 del (Código Orgánico Procesal Penal: "1e)l auto por el cual se declare el sobreseimiento de la causa", situación que tampoco fue advertida en el fallo bajo examen.
Por tanto, al tratarse de un auto, el procedimiento a seguir en la apelación, para ese entonces, es el que establecia el Libro Cuarto denominado "DE: LOS RECURSOS"-. Titulo III -denominado "DE LA APEl.ACIÓN"- C'apitulo I denominado "De la apelación de los autos". artículos 447 al 450 del Código Orgánico Procesal Penal (publicado en la Gaceta Oficial de la República múm. 5.930 Eixtraordinario, del 4 de septiembre de 2009. aplicable rationae temporis).
Por tanto, al advertirse que el auto dictado el 9 de abril de 2012 por el Juzgado Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del C'ircuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. puso fin al procedimiento con la declaratoria del sobreseimiento de la causa, debe concluirse que el lapso para admitir la apelación es el que establece el articulo 448 del C'odigo Orgánico Procesal Penal (publicado en la Gaceta Oficial de la República núm. 5.930 Extraordinario, del 4 de septiembre de 2009.
aplicable rationae temporis), que prevé que el mismo debe interponerse mediante "escrito debidamente fundado ante el tribunal que dicto (sic) la decisión, dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación (...)" (destacado del presente fallo) y no el que prevé el articulo 453 del mismo texto adjetivo penal -referido a la apelación de la sentencia definitiva-".
Entonces, visto que en el presente caso el Ministerio Público ejerció su apelación en el mes de agosto de 2012, el criterio aplicable para la tramitación y fundamentación de ésta debió ser, rationae temporis, el establecido por esta Sala en la sentencia nro. 1 del 11 de febrero de 2006, y por tanto, dicha apelación debió fundamentarse, obligatoriamente, según los parámetros formales descritos para la apelación de la sentencia definitiva, expuestos supra.
Luego, de la lectura de las actas que conforman el presente expediente, se advierte que el Ministerio Público apeló de forma oral, con efecto suspensivo, en la audiencia preliminar del 13 de agosto de 2012, en vista del sobreseimiento dictado en esa oportunidad y de la libertad plena acordada por el Juzgado de Control al ciudadano Keller José Vivenes Muñoz. Posteriormente. el 15 de agosto de 2012, la representación fiscal presentó un escueto escrito de "ratificación" de dicha apelación.
En dicho escrito, la representación fiscal no expresó, en modo alguno, cuál o cuáles eran los motivos en que fundamentada su apelación, sino que, simple y llanamente, se limitó a reiterar la invocación del efecto suspensivo, en los mismos términos ambiguos en que solicitó (oralmente) la activación de éste en la audiencia preliminar. Tal como se indicó anteriormente, el Ministerio Público intentó dicha apelación con efecto suspensivo, erróneamente, con base en las previsiones del articulo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, sin atender a que se trataba de una audiencia preliminar y no de la audiencia de presentación a la que hace referencia dicha norma.
Tal escrito de “ratificación", no satisfizo, en modo alguno, los requisitos mínimos de forma señalados para el procedimiento de apelación de la sentencia definitiva (actualmente descritos en los artículos 444 y 445 del Código Orgánico Procesal Penal), razón por la cual, no le es dable el tratamiento juridico que corresponde a la "fundamentación" exigida por el segundo párrafo del articulo 430 de la ley adjetiva penal. En otras palabras, el escrito consignado en autos por el Ministerio Público el 15 de agosto de 2012, no puede ser entendido, en estricto derecho,
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como una verdadera "fundamentación" del recurso de apelación, sino, cuando mucho, como una mera medición de la solicitud de aplicación del efecto suspensivo que se formuló en la audiencia preliminar del 13 de agosto de 2012.
Entonces, al no cumplir el Ministerio Público el requisito de forma derivado del articulo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo es la fundamentación del recurso de apelación. la consecuencia juridica no es otra que la inexistencia de dicho medio de impugnación. Dicho en otros términos, al no haberse producido la fundamentación del recurso de apelación, este se tiene como no presentado.
Al tenerse como inexistente el antes mencionado recurso de apelación, la consecuencia juridica inmediata era, lógicamente, la firmeza del sobreseimiento dictado, el 13 de agosto de 2012. por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, Extensión Ciudad Bolivar (y publicado in extenso el 14 de agosto de 2012). y por ende, la configuración de la cosa juzgada, en los términos de los articulos 21 y 162 del Código Orgánico Procesal Penal. en concordancia con el artículo 301 eiusdem, lo cual implicaba, de suyo, la imposibilidad de reabrir por via de avocamiento, el proceso penal instaurado contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz.
Siendo asi, mal podia la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia nro. 29 del 11 de febrero de 2014, autorizar una nueva persecución penal contra el mencionado ciudadano (identidad de sujeto), por los mismos hechos (identidad de hecho) y con el mismo fundamento juridico (identidad de causa de persecución) de la acusación primigenia. Al haberlo hecho, dicha Sala violó, flagrantemente. el principio non bis in idem, consagrado en el articulo 49.7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este sentido, la Sala de Casación Penal autorizó una persecución penal sucesiva contra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, ya que a pesar de que el sobreseimiento dictado el 13 de agosto de 2012 estaba revestido con la autoridad de cosa juzgada, dicha Sala anuló tal decisión y ordenó la celebración de una nueva audiencia preliminar en ese mismo proceso penal, permitiendo asi, un ejercicio renovado e ilegítimo del poder punitivo contra un ciudadano.
Además, llama poderosamente la atención de esta Sala, que el sobreseimiento (definitivamente firme) del 13 de agosto de 2012, fue invalidado por una vía procesal que no era, en modo alguno, la apropiada para tal fin.
Tal como se indicó en párrafos anteriores, los únicos mecanismos judiciales para cuestionar una decisión definitivamente firme, son la revisión constitucional de sentencias. consagrada en los articulos 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25 (numerales 10 y 11) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y el recurso de revisión previsto en los articulos 462 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. La aplicación de este último es claramente descartable en el presente caso, ya que no se trata de una sentencia condenatoria.
En el caso sub lite, la Sala de Casación Penal empleó la figura del avocamiento para anular un sobreseimiento definitivamente firme, por supuestos vicios de inconstitucionalidad, sin advertir que aquél no se corresponde con la revisión constitucional de sentencias, ni en su finalidad ni mucho menos a nivel competencial. De alli se sigue, que la Sala de Casación Penal se arroyo una competencia que, por expreso mandato constitucional y legal, sólo puede ser ejercida por esta Sala Constitucionai.
Es por ello, que en criterio de esta Sala, la sentencia cuya revisión hoy se petición se subsume, sin lugar a dudas, en la descripción del articulo 25.10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que la misma encierra la violación de un principio jurídico fundamental contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber, el non bis in idem, en perjuicio del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz.
En atención a las normas y criterios jurisprudenciales antes reseñados, se advierte que la Sala de Casación Penal del este Tribunal Supremo de Justicia debió haber declarado inadmisible la solicitud de avocamiento realizada por propuesta por los abogados Marisela de Abreu Rodríguez y Edmundo Aslindo Márquez Becerra, fiscales Séptima del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Quinto del Ministerio Público con Competencia en materia contra las Drogas de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar, respectivamente. por cuanto la decisión el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Ciudad Bolívar, del 13 de agosto de 2012, mediante la cual se decretó sobreseimiento de la causa y se acordó la libertad plena del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, se encontraba definitivamente firme y, por tanto, revestida de la autoridad de cosa juzgada, de allí que no podía ser objeto de otro recurso o solicitud, salvo la revisión de sentencia ante esta Sala Constitucional. Así se declara.
Con base en los planteamientos expuestos a lo largo del presente fallo, esta Sala debe declarar, y así lo declara, ha lugar la solicitud de revisión formulada por los abogados Francisco Álvarez Chacin y Sulmaira Andreína Márquez, actuando con el carácter de defensores privados del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, de la sentencia nro. 29 del 11 de febrero de 2014. dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, la cual se anula. Así se decide.
Decidido lo anterior, esta Sala Constitucional no puede pasar por alto la situación especial en la que se encuentra el ciudadano Keller José Vivenes Muñoz, por cuanto en su contra ha permanecido de manera inconstitucional los efectos de la decisión dictada el treinta y uno (3 1) de mayo de 2012, por el Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivar, relativos a la medida de privación judiciai preventiva de libertad y las medidas de aseguramiento de todos los bienes muebles e inmuebles y bloqueos de cuentas bancarias a nombre del referido ciudadano, es decir, ha estado subjudice e injustamente privado de libertad, no obstante que fuera declarado el sobreseimiento definitivamente firme desde el 13 de agosto de 2012.
Esta circunstancia se encuentra agravada por cuanto para la determinación de la responsabilidad penal del ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ, el Ministerio Público no estableció de manera fehaciente las circunstancias de modo, forma y lugar y la descripción de la conducta desplegada por el ciudadano investigado para la comisión de delitos tan graves y que han sido considerados de lesa humanidad como tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de director y financista, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
En este caso en particular, los elementos que usa el Ministerio Público para establecer tan grave acusación, sin una descripción lógica de la conducta desplegada por el presunto autor. c fundamenta en la relación que supuestamente tiene el imputado con la hermana del propietario fundo donde se consiguieron los envoltorios de presunta cocaína, por cuanto según el representante del Ministerio Público eran socios y mantenían una relación sentimental y, además una tografãa que le fuera enviada con la imagen del lugar donde presuntamente se la sustancia prohibida, no obstante no se establece con claridad en qué forma se aba ese financiamiento y en qué consistía la actividad del referido ciudadano como director de alguna organización criminal dedicada al narcotráfico.
En este sentido, una calificación de delitos tan graves requiere que el Ministerio Público despliegue una investigación que permita determinar fehacientemente, a través de suficientes elementos de convicción las conductas antijurídicas constitutivas de delito, vinculado al comercio de las drogas ilícitas, desde su producción hasta la obtención de las ganancias por su colocación en el mercado, así como su reinversión para otorgarles a esas ganancias o capitales, la aparicncia de ser licitas, a efectos de abarcar todas las conductas que constituyen la actividad de dirigir o de financiar tales ilícitos. No basta con que se haga una referencia genérica a documentos y relaciones, sino que se determine los elementos necesarios del tipo.
Asimismo, esta Sala Constitucional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, luego de ponderar las particulares circunstancias del caso de autos, estima que el reenvío puede significar aquí una dilación inútil, visto que los vicios constatados ut supra, pueden ser subsanados con la presente decisión, razón por la cual se declara firme el auto del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Ciudad Bolívar, dictado el 13 de agosto de 2012, mediante el cual se decretó sobreseimiento de la causa y se acordó la libertad plena del ciudadano Keller José Vivenes Muñoz. Así se también se decide.
Por último, en vista de la declaratoria que antecede, se hace inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada.
VI OBITER DICTUM
No obstante el pronunciamiento anterior, la Sala estima pertinente efectuar las siguientes consideraciones:
En el caso de autos, la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia declaró que la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el artículo 28, numeral 4. letra
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"i" del Código Orgánico Procesal Penal, siempre da lugar a un sobreseimiento provisional y no a un sobreseimiento definitivo.
L.o anterior demanda que esta Sala retome la discusión sobre los alcances y extensión del control material de la acusación, desarrollados por esta Sala en su sentencia nro. 1.303 del 20 de junio de 2005.
En dicho fallo se estableció que el control de la acusación consiste en el análisis de los fundamentos fácticos y juridicos que sustentan el escrito acusatorio.
Asimismo, en tal sentencia se estableció que la fase intermedia del proceso penal tiene tres (3) finalidades esenciales: a) Lograr la depuración del procedimiento; b) Comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra; y c) Permitir que el Juez ejerza el control de la acusación.
En este sentido, esta Sala Constitucional afirmó expresamente que la fase intermedia funciona como un filtro, cuya finalidad es evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias.
Por su parte. en la sentencia nro. 1.303 del 20 de junio de 2005, esta Sala Constitucional distinguió entre el control formal de la acusación y el control material de la acusación. El primero, consiste en la verificación de que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación, por ejemplo, identificación del o de los imputados, así como también que se haya delimitado claramente el hecho punible. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho acto conclusivo posee basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado.
El control de la acusación, tanto formal como material, se ejerce en la audiencia preliminar, oportunidad en la cual se verifica la viabilidad procesal de aquélla, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 312 y 313 del Código Orgánico Procesal Penal, en los cuales se establecen las pautas que rigen su desarrollo, así como también las decisiones que el Juèz puede dictar en ella, respectivamente.
d.S z el caso que el control de la acusación lo ejerce el Juez de Primera Instancia de Control, sca Estadal o Municipal, ya que éste es el órgano jurisdiccional ciom preliminar, todo ello según lo dispuesto en los artículos 67 y 109 del Código Orgánico Proces Penal.
En este punto se observa, como meridiana claridad, uno de los rasgos característicos del sistema acusatorio, a saber, la separación de las funciones de investigar, acusar y juzgar. correspondiéndole las dos primeras al Ministerio Público, órgano que en virtud del principio de oficialidad -artículos 285.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 11 dcl Código Orgánico Procesal Penal- es el competente para ejercer la acción penal en nombre de! Estado, mientras que la tercera está atribuida al Juez (en este caso, el Juez de Control). quien está plenamente facultado para rechazar totalmente la acusación, en el supuesto de que ésta no satisfaga los requisitos esenciales para su viabilidad procesal.
Al respecto, la Sala de Casación Penal ha señalado en varias oportunidades que el Jucz no es un simple validado o tramitador de la acusación.
Ahora bien, la relación entre el control de la acusación y el pronóstico de condena reside en que mediante el control de la acusación, y concretamente, el control material, el Juez determina si existe o no un pronóstico de condena, y en consecuencia, si debe ordenar la apertura del juicio oral. En otras palabras, el pronóstico de condena se verifica cuando el Juez realiza el control material de la acusación.
En la sentencia 1.303 del 20 de junio de 2005, esta Sala estableció que el pronóstico de condena es una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria.
Asimismo, señaló que en el supuesto de que no se evidencie o vislumbre dicho pronóstico de condena, el Juez de Control no debe dictar el auto de apertura a juicio, con lo cual se evita la "pena del banquillo", la cual consiste en someter innecesariamente a una persona a un juicio oral. con todas las repercusiones negativas que ello puede tener para su honor y reputación.
Luego, no habrá pronóstico de condena cuando la acusación sea infundada, es decir, cuando no existan buenas razones que justifiquen el requerimiento de apertura a juicio formulado por el Fiscal.
En sentencia nro. 1.676 del 3 de agosto de 2007, esta Sala estableció el catálogo de supuestos en los que la acusación puede considerarse como infundada, siendo ellos los siguientes: a) Cuando el acusador no aporte ninguna prueba; b) Cuando el acusador aporte pruebas, pero éstas evidente y claramente carezcan de la suficiente solidez para generar un pronóstico de condena contra el imputado; y c) Cuando se acuse a una persona por la comisión de una figura punible inexistente en nuestra legislación penal, es decir, cuando Ia conducta del imputado no está tipificada -como delito o falta- en el código penal ni en la legislación penal colateral.
Si el Juez de Control, una vez realizado el control de la acusación, ha constado que la acusación está infundada. y por ende, no ha logrado vislumbrar un pronóstico de condena, deberá declarar la inadmisibilidad de la acusación y dictar el sobreseimiento de la causa, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 303 y 313.3 del Código Orgánico Procesal Penal. Este sobreseimiento es definitivo, y por ende, le pone fin al proceso y tiene autoridad de cosa juzgada, conforme a lo dispuesto en el articulo 301 eiusdem.
En efecto, el artículo 303 del Código Orgánico Procesai Penal dispone que el Juez o Jucza de Control, al término de la audiencia preliminar, podrá declarar el sobreseimiento si considera que proceden una o varias de las causales que lo hagan procedente, previstas en el artículo 300 eiusdem.
Igualmente, el artículo 313.3 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que finalizada la audiencia preliminar, el Juez o Jueza podrá dictar el sobreseimiento, si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la ley.
Esta es la ratio legis de los artículos precedentes. En efecto, la Exposición de Motivos del Proyecto de Código Orgánico Procesal Penal (1997), indica, en la sección referida a la fase intermedia, lo siguiente:
"El Título Il regula lo relativo a la fase intermedia, fase cuyo acto fundamental es la celebración de la audiencia preliminar, al término de la cual, el tribunal de control deberá admitir, total o parcialmente la acusación del Ministerio Público o de la víctima y ordenar el enjuiciamiento, en cuyo caso debe remitir las actuaciones al tribunal de juicio. Si la rechaza totalmente deberá sobreseer. También es posible que en esta oportunidad el tribunal ordene la corrección de vicios formales en la acusación... " (Resaltado del presente fallo).
El vehículo que tiene el imputado de ejercer su derecho a la defensa frente a acusaciones infundadas, es la excepción de previo y especial pronunciamiento contemplada en el articulo 28. numeral 4, letra “i", relativa al incumplimiento de los requisitos esenciales para intentar la acusación. A través de ésta, el encargado puede alegar la inexistencia de un pronóstico de condena y solicitar la activación del control material de la acusación, a fin de que se declare la inadmisibilidad de ésta y el sobreseimiento de la causa.
A mayor abundamiento, el imputado podrá oponerse a la persecución penal, por vía de la antes referida excepción, alegando la ausencia de fundamentos materiales de la acusación ejercida en su contra (acusación infundada), lo cual tiene lugar en los supuestos descritos por esta Sala en su sentencia nro. 1.676 del 3 de agosto de 2007.
Tal como se indicó anteriormente, la evaluación que sobre este aspecto, corresponde al control material de la acusación, el cual puede desembocar, cuando se evidencia la falta de fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado, en un sobreseimiento definitivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 34.4, 301, 303 y 313.3 del Código Orgánico Procesal Penal. No se trata de un mero sobreseimiento provisional, puesto que éste se produce con ocasión del control formal de la acusación.
Es por ello que esta Sala, en aras de robustecer los criterios asentados en sus sentencias números 1.303 del 20 de junio de 2005; y 1.676 del 3 de agosto de 2007, establece con carácter vinculante que la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el artículo 28, numeral 4, letra “i" del Código Orgánico Procesal Penal, puede dar lugar a un sobreseimiento definitivo, en los casos en que el Juez de Control, una vez efectuado el control material de la acusación en la audiencia preliminar, considere que no existe un pronóstico de condena contra el imputado.
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VII DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- COMPETENTE para conocer de la revisión de sentencia definitivamente firme dictada, 11 de febrero de 2014. por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con lugar la solicitud de avocamiento formulada por el Ministerio Público. con ocasión de la causa penal instaurada contra el ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ.
2.- HA LUGAR la solicitud de revisión planteada por los abogados FRANCISCO ÁLVAREZ CHACÍN y SULMAIRA ANDREÍNA MÁRQUEZ, actuando con el carácter de defensores privados del ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ, de la sentencia nro. 29 del 11 de febrero de 2014, de la Saia de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, la cual se ANULA.
3.- Se declara FIRME la decisión el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Ciudad Bolívar, del 13 de agosto de 2012, mediante la cual se decretó sobreseimiento de la causa y se acordó la libertad plena del ciudadano KELLER JOSÉ VIVENES MUÑOZ.
4.- Se ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Gaceta Judicial, de conformidad a lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente mención en su sumario:
Sentencia de la Sala Constitucional que establece con carácter vinculante, que la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el artículo 28, numeral 4, letra “i" del Código Orgánico Procesal Penal, puede dar lugar a un sobreseimiento definitivo, en los casos en que el Juez de Control, una vez efectuado el control material de la acusación en la audiencia preliminar, considere que no existe un pronóstico de condena contra el imputado.
otifiquese a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al Juzgaño de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Ciudad Bolívar y a la Corte de Apelaciones de ese mismo Circuito Judicial Penal. Remítase el presente expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Ciudad Bolívar. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los- O4- días del mes de - Dicembre de dos mil diecinueve. Años: 209º de la Independencia y 160° de la Federación.
El Presidente, JUAN JOSÉ MENDÓZAJOVER El Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados.
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Calweaf CALIXTOORTESARIOS (Ponente))
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES BENICIA SUAREZ ANDERSON
La Secretaria, foni loluigek MONICA ANDREA RODRIGUEZ FLORES.
15-0577 COR.
No firma la Presente Sentenca Magistrado Docter luis Fernando Lamiani Bustillos Por motivo Sustigicado
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
CARACAS, 02 DE DICIEMBRE DE 2019 209° y 160° RESOLUCIÓN N° DdP-2019-067 ALFREDO JOSÉ RUIZ ANGULO, venezolanO, mayOr de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.444.336, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio del cargo desde el 05 de agosto de 2017, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 41.212 de fecha 11 de agosto de 2017, conforme a lo dispuesto en el numeral 40 del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 37.995 de fecha 05 de agosto de 2004, ratificado en el cargo por la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 20 de noviembre de 2018, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.529, de fecha 21 de noviembre de 2018, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así 190 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el artículo 10 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.959 del día 04 de agosto de 2016.
RESUELVE:
Designar a la ciudadana MARIA VANESSA SALAS MORENO, titular de la cédula de identidad N° V-18.120.768, como Defensora Adjunta, adscrita a la Defensoría Delegada del Estado Zulia, a partir del día primero (1º) de diciembre de 2019.
Comuníquese y Publíque
ALFREDO JOSÉ RUIZANGUI DEFENSOR DEL RUEBEO
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CARACAS, 02 DE DICIEMBRE DE 2019 209° y 160° RESOLUCIÓN N° DdP-2019-068 ALFREDO JosÉ RUIZ ANGULO, venezolanO, mayOr de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.444.336, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio del cargo desde el 05 de agosto de 2017, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 41.212 de fecha 11 de agosto de 2017, conforme a lo dispuesto en el numeral 40 del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.995 de fecha 05 de agosto de 2004, ratificado en el cargo por la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 20 de noviembre de 2018, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.529, de fecha 21 de noviembre de 2018, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el artículo 10 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución N° DdP-2016-048, de fecha 03 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.959 del día 04 de agosto de 2016.
RESUELVE:
Designar a la CiUdadana EUDELITH DEL CARMEN SALAS MONTIEL, titular de la cédula de identidad N° V-21.567.002, como Defensora Delegada del Municipio Indígena Bolivariano Guajira del Estado Zulia, a partir del día dos (02) de diciembre de 2019.
Comuníquese y Pybtiquiese,
ALFREDO JOSÉ RUIZ ANGUL DEFENSOR DELPUEBLO
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DEFENSA PÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2019-1021
Caracas, 06 de diciembre de 2019 209°, 160° y 20°
La Defensora Pública General, Dra. CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Decreto Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de dispuesto en el artículo 3, 151 y 152 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 12, ejusdem, en concordancia con lo establecido en los artículo 144, 145 y 146 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Orgánica de la Administración Pública, y los artículos 1 y 9 de la Ley de Archivos Nacionales.
CONSIDERANDO Que la Defensa Pública es un órgano constituciona! integrante del Sistema de Justicia Venezolano, dotado de plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible, bajo la dirección o responsabilidad del Defensor Público General o Defensora Pública General.
CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en la Ley de Archivos Nacionales, se declara de utilidad pública la guarda, conservación y estudio de los documentos y archivos históricos de la República.
CONSIDERANDO Que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, prevé que en cada ente de la Administración Pública habrá un órgano de archivo con la finalidad de custodiar, organizar, conservar, valorar, seleccionar, desincorporar y transferir a los archivos intermedios o al Archivo General de la Nación, según sea el caso, los documentos, expedientes, gacetas y demás publicaciones que deban ser archivadas conforme al reglamento respectivo, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, siempre que sean pertenecientes al Estado o aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público.
CONSIDERANDO Que el artículo 151 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, establece la existencia de un archivo que debe ser privado y reservado para el servicio Oficial, a excepción de lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Ley y su Reglamento.
CONSIDERANDO —Que mediante Resolución N° DDPG-2019-193, de fecha cuatro (04) de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.631, de fecha trece (13) de mayo del año en curso, se acordó la conformación de una Comisión
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para la Constitución y Funcionamiento del Archivo General de la Defensa Pública, a los fines de sistematizar y clasificar los documentos que reposan en las diferentes unidades de archivos.
CONSIDERANDO Que en dicha Resolución se estableció que la referida Comisión tendría una duración máxima de seis (06) meses contados a partir de su fecha de publicación en Gaceta Oficial, encontrándose el lapso en cuestión vencido, por lo que resulta necesario prorrogar el mismo, a los fines de completar las actividades iniciadas y configurar en forma definitiva la creación y puesta en funcionamiento del Archivo General de la institución.
RESUELVE
PRIMERO: PRORRoGAR por el lapso de un (01) año la duración de la Comisión para la Constitución y Funcionamiento del Archivo General de la Defensa Pública, a partir de la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
SEGunDo: Mantener vigentes las demás disposiciones contenidas en la Resolución N° DDPG-2019-193, de fecha cuatro (04) de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.631, del trece (13) de mayo del presente año.
TERcERo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese.
lladastes
CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariàna de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLVII - MES III Número 41.783 Caracas, martes 17 de diciembre de 2019 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 páginas, costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
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