Gaceta Oficial N° 41.667
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Caracas, miércoles 3 de julio de 2019 Número 41.667 AÑO CXLVI - MES IX
SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios.
Acuerdo Constituyente en el Marco del Día Nacional de
las Adultas y los Adultos Mayores.
Decreto Constituyente de modificación de la Ley
Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto Nº 3.900, mediante el cual se nombra a la ciudadana Tania Elízabeth Masea Linares, como Viceministra para Nuevas Fuentes y Uso Racional de la Energía Eléctrica, del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.
Decreto Nº 3.901, mediante el cual se nombra al
ciudadano Gustavo Antonio Carrasco Hostos, como Viceministro de Servicio Eléctrico, del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.
Decreto Nº 3.902, mediante el cual se nombra al
ciudadano Francisco Antonio Durán Colmenares, como Viceministro de Investigación y Aplicación del Conocimiento, del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Carlos Eduardo Parra Falcón, como Superintendente de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), órgano adscrito a este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE
INTT Providencia mediante la cual se designa la Junta
Administradora del Fondo de Apoyo a la Seguridad Vial, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, de este Instituto.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL ECOSOCIALISMO Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se especifican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA Resoluciones mediante las cuales se nombran a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yamma del Carmen Martínez Becerra, como Directora Gerente del Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario, adscrito a este Ministerio.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que modifica el criterio jurisprudencial sentado en Sentencia N° 245, del 9 de abril de 2014, caso: Salas & Agentes Aduaneros Asociados, C.A., y otros contra Vicencio Scarano Spisso, y establece con carácter vinculante que las denuncias de incumplimiento o desacato de mandamientos de amparo constitucional dictados por cualquier tribunal de la República, han de ser del conocimiento previo de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a la que deberá ser remitido inmediatamente el original del expediente para que dentro de un lapso perentorio de sesenta (60) días continuos, juzgue respecto de su viabilidad, mediante decisión sucinta, en términos de verosimilitud y no de plena certeza, a modo de controlar, prima facie, su fundabilidad”.
DEFENSA PÚBLICA Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este organismo.
Resoluciones mediante las cuales se crean las
Defensorías que en ellas se mencionan, en los estados que en ellas se especifican, de este organismo.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Pascualina Assunta María del Vecchio D´Elia, como Defensora Delegada del Área Metropolitana, en calidad de Encargada, de este organismo.
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446.938 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 3 de julio de 2019
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el treinta de julio de dos mil diecisiete en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el Pueblo venezolano como depositario del poder originario.
DECRETA
La siguiente,
LEY CONSTITUCIONAL QUE CREA EL IMPUESTO A LOS
GRANDES PATRIMONIOS
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Creación del impuesto Artículo 1. Se crea un impuesto que grava el patrimonio neto de los sujetos pasivos especiales cuyo patrimonio sea igual o superior a treinta y seis millones de unidades tributarias (36.000.000 U.T.) para las personas naturales y cien millones de unidades tributarias (100.000.000 U.T.) para las personas jurídicas. Las personas naturales y jurídicas están obligadas a pagar el impuesto por la porción del patrimonio que supere los montos indicados en el encabezamiento de este artículo.
Atribución de competencia Artículo 2. La administración, recaudación, control y cobro del impuesto, corresponde de manera exclusiva al Poder Público Nacional.
CAPÍTULO II DEL HECHO IMPONIBLE
Aspecto material del hecho imponible
Artículo 3. Constituye hecho imponible la propiedad o posesión del patrimonio atribuible a los sujetos pasivos de este impuesto, en los términos establecidos en esta Ley Constitucional.
Criterios territoriales
Artículo 4. Los sujetos pasivos calificados como especiales tributarán conforme a los criterios territoriales siguientes: 1. Las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales, así como las entidades sin personalidad jurídica, residentes en el país, por la totalidad del patrimonio, cualquiera sea el lugar donde se encuentren ubicados los bienes o se puedan ejercer los derechos que lo conforman, 2. Las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales de nacionalidad extranjera, así como las entidades sin personalidad jurídica, no residentes en el país, por los bienes que se encuentren ubicados en el territorio nacional, así como por los derechos que se puedan ejercer en el país. 3. Las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales de nacionalidad venezolana no residentes en el país, por los bienes que se encuentren ubicados en el territorio nacional, así como por los derechos que se puedan ejercer en el país. En los casos previstos en los numerales 2 y 3 de este artículo, cuando las personas o entidades posean establecimiento permanente en el país, serán además contribuyentes por la totalidad del patrimonio atribuible a dicho establecimiento, cualquiera sea el lugar donde se encuentren ubicados los bienes o se puedan ejercer los derechos que lo conforman.
Bienes y derechos situados en el país
Artículo 5. A los efectos de esta Ley Constitucional, se consideran ubicados en el territorio nacional, entre otros, los bienes siguientes:
1. Los derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional. 2. Las naves, aeronaves, buques, accesorios de navegación y vehículos automotores de matrícula nacional. También se consideran ubicados en el territorio nacional los referidos bienes de matrícula extranjera, siempre que hayan permanecido efectivamente en dicho territorio al menos ciento veinte (120) días continuos o discontinuos durante el periodo de imposición. 3. Los títulos, acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores representativos del capital social o equivalente, emitido por sociedades venezolanas. 4. Los bienes expresados en piedras preciosas, minerales, obras de arte y joyas.
Criterios de residencia en el país para personas naturales
Artículo 6. Se considera que una persona natural, calificada como sujeto pasivo especial, reside en el país cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: 1. Permanezca en el país por un periodo continuo, o discontinuo, superior a ciento ochenta y tres (183) días en un año calendario, o en el año inmediatamente anterior al periodo al cual corresponda determinar el impuesto. 2. Se encuentre en el país el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. 3. Tenga nacionalidad venezolana y sea funcionario público o trabajador al servicio del Estado, aun cuando el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos se encuentre en el extranjero. 4. Tenga nacionalidad venezolana y acredite su nueva residencia fiscal en un país o territorio calificado como de baja imposición fiscal, en los términos previstos en la legislación nacional que regula la imposición a las rentas, salvo cuando dicho país o territorio tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con Venezuela.
Presunción de residencia de personas naturales calificadas como sujeto pasivo especial
Artículo 7. Se presume, salvo prueba en contrario, que una persona natural calificada como sujeto pasivo especial tiene su residencia en el país, cuando: 1. Haya establecido su lugar de habitación o tenga una vivienda principal en el país. 2. Sea de nacionalidad venezolana. 3. Su cónyuge no separado legalmente o sus hijos menores de edad que dependan de él, se consideran residentes en el país de acuerdo con los criterios establecidos en los numerales 1 y 2 de este artículo. En los casos previstos en los numerales 1 y 2 de este artículo, solo se admitirá como prueba en contrario la constancia expedida por las autoridades competentes de otro país, en la cual se acredite que la persona ha adquirido la residencia para efectos fiscales en ese país, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 4 del artículo 6 de esta Ley.
Criterios de residencia en el país para personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica
Artículo 8. Se considera que una persona jurídica o una entidad sin personalidad jurídica reside en el país, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes:
1. Hubiere sido constituida conforme a las leyes venezolanas.
2. Tenga su domicilio fiscal o estatutario en el país.
3. Tenga su sede de dirección efectiva en el país.
Establecimiento permanente
Artículo 9. Se entiende que una persona o entidad no residente en el país actúa a través de un establecimiento permanente, cuando realice toda o parte de su actividad en instalaciones o lugares de cualquier naturaleza, aun cuando las mismas no sean de su propiedad, bien sea que dicha actividad se realice por sí o por medio de sus empleados, apoderados, representantes o de otro personal contratado para ese fin.
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Miércoles 3 de julio de 2019 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 446.939 Un establecimiento permanente comprende, entre otros, los supuestos siguientes: 1. Una sede de dirección, sucursal u oficina. 2. Una fábrica, taller o planta de producción. 3. Una mina, cantera, pozo o plataforma de petróleo o gas, área de explotación agrícola o cualquier otro lugar de exploración o explotación de recursos naturales. 4. Obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de tres (3) meses. 5. Centros de compras de bienes o de adquisición de servicios. 6. Bienes inmuebles explotados en arrendamiento o por cualquier título. 7. Agencias o representaciones autorizadas para contratar en nombre o por cuenta de la persona o entidad no residente.
Multiplicidad de establecimientos permanentes
Artículo 10. Cuando una persona o entidad sin personalidad jurídica, no residente, disponga de diversos centros de actividad en el país, tributarán conjuntamente.
Temporalidad
Artículo 11. Se entiende ocurrido el hecho imponible el último día del periodo de imposición respectivo, conforme a lo establecido en esta Ley Constitucional.
Atribución e imputación del patrimonio
Artículo 12. Los bienes y derechos se atribuirán al titular conforme a los registros públicos. Cuando el bien no esté sometido a formalidades de registro se atribuirá al poseedor. En los casos de arrendamiento financiero contratados con empresas regidas por la legislación que regula los bancos y otras instituciones financieras, el bien objeto de arrendamiento se atribuirá al arrendatario. En los casos de contratos de fideicomiso, el bien objeto de fideicomiso se atribuirá al beneficiario. En los casos de personas jurídicas, los bienes de uso personal de los accionistas se imputarán al patrimonio de la persona natural que ejerza la posesión. A los efectos de este impuesto, una vez declarado el Patrimonio, su propiedad o posesión se presume para los periodos de imposición siguientes, salvo prueba de transmisión o pérdida.
Exenciones
Artículo 13. Están exentos de este impuesto: 1. La República y demás entes político territoriales. 2. El Banco Central de Venezuela. 3. Los entes descentralizados funcionalmente. 4. La vivienda registrada como principal ante la Administración Tributaria, hasta por un valor de sesenta y cuatro millones de Unidades Tributarias (64.000.000 U.T.) 5. El ajuar doméstico, entendiéndose por tal los efectos personajes y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular del contribuyente, excepto los bienes a los que se refiere el artículo 20 de esta Ley. 6. Las prestaciones sociales y demás beneficios derivados de las relaciones laborales, incluyendo los aportes y rendimientos de los fondos de ahorro y cajas de ahorro de los trabajadores y trabajadoras.
7. Los bienes y derechos de propiedad comunal, en los términos establecidos en el Reglamento que se dicte al respecto. 8. Los activos invertidos en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras, siempre que estas sean la actividad principal del contribuyente y se realicen a nivel primario. 9. La obra propia de los artistas mientras sean propiedad del autor.
Exoneraciones
Artículo 14. El Presidente o Presidenta de la República podrá otorgar exoneraciones del pago del impuesto previsto en esta Ley Constitucional a determinadas categorías de sujetos pasivos especiales, sectores estratégicos para la inversión extranjera y el desarrollo nacional, así como a determinadas categorías de activos, bonos de deuda pública nacional o cualquier otra modalidad de título valor emitido por la República o por sus entes con fines empresariales. El decreto que declare la exoneración deberá regular los términos y condiciones de la misma.
CAPÍTULO III DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
Base imponible Artículo 15. La base imponible del impuesto creado en esta Ley Constitucional será el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos, determinados conforme a las reglas establecidas en los artículos siguientes, excluidos el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, así como, los bienes y derechos exentos o exonerados. Las personas naturales y jurídicas están obligadas a pagar el impuesto por la porción del patrimonio que supere los montos indicados en el artículo 1 de esta Ley Constitucional.
Valor atribuible a bienes inmuebles en el país
Artículo 16. El valor atribuible a los bienes inmuebles urbanos o rurales situados en el país, será el mayor valor que resulte de la aplicación de cualesquiera de los parámetros siguientes: 1. El valor asignado en el catastro municipal. 2. El valor de mercado. 3. El valor resultante de actualizar el precio de adquisición, conforme a las normas que dicte la Administración Tributaria para tal efecto. Al valor de los inmuebles construidos o en construcción se le adicionará el valor del terreno, conforme a los métodos anteriores, salvo en el caso de las construcciones sobre terrenos propiedad de terceros. Si el inmueble no ha sido concluido, el valor a declarar será el que resulte de aplicar sobre el precio proyectado del inmueble el porcentaje de ejecución de la obra. A valor de los inmuebles adquiridos o construidos se adicionará el costo de las mejoras.
Valor atribuible a bienes inmuebles en el exterior
Artículo 17. Para determinar el valor atribuible a los bienes inmuebles situados en el exterior, se utilizará el que resulte mayor entre las reglas fiscales del país donde se encuentren ubicados o el precio corriente de mercado al cierre de cada periodo de imposición.
Valor atribuible a otros bienes inmuebles
Artículo 18. El valor de los derechos sobre bienes inmuebles derivados de los contratos de multipropiedad, tiempo compartido u otras modalidades similares, será el mayor valor entre el precio de adquisición y el cotizado en el mercado al cierre del período de imposición.
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446.940 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 3 de julio de 2019 Valor atribuible a acciones y participaciones
Artículo 19. Las acciones y demás participaciones en sociedades mercantiles, incluidas las emitidas en moneda extranjera, que se coticen en bolsas o mercados organizados se valorarán conforme a su cotización de cierre al final de cada periodo de imposición. Las acciones y demás participaciones que no se coticen en bolsa se computarán al valor que resulte de dividir el monto del capital más reservas reflejado en el último balance aprobado al cierre del periodo de imposición del impuesto sobre la renta, entre el número de títulos, acciones o participaciones que lo representan.
Valor atribuible a joyas, objeto de arte y antigüedades
Artículo 20. Las joyas, objetos de arte y antigüedades se computarán por el mayor valor resultante entre el precio de adquisición actualizado, conforme a las normas que dicte la Administración Tributaria a tal efecto, y el corriente de mercado al cierre del periodo de imposición.
Valor atribuible a derechos reales
Artículo 21. Para la determinación del valor de los derechos reales se tomará como referencia el valor asignado al bien, de acuerdo con las reglas siguientes: 1. Las hipotecas, prendas y anticresis se valorarán por el monto de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, cláusulas penales u otro concepto similar. 2. Los derechos reales no incluidos en el numeral anterior se computarán por el capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituirlos, siempre que estos no sean menores al precio corriente de mercado pactado entre partes no vinculadas entre sí, en condiciones de libre competencia.
Regla de valoración
Artículo 22. Los bienes y derechos que no posean una regla especial de valoración se computarán por el mayor valor resultante entre el precio corriente de mercado y el precio de adquisición actualizado, conforme a las normas que dicte la Administración Tributaria a tal efecto.
Alícuota impositiva
Artículo 23. La alícuota impositiva aplicable al valor del patrimonio neto determinado conforme a lo previsto en esta Ley Constitucional podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de cero coma veinticinco por ciento (0,25%) y un máximo de uno coma cincuenta por ciento (1,50%). El Ejecutivo Nacional podrá establecer tarifas progresivas conforme al valor patrimonial.
Período de imposición
Artículo 24. El impuesto se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al cierre de cada período. Excepcionalmente, se considera concluido el período de imposición cuando: 1. Se produzca la muerte del o la contribuyente. 2. Se extinga la persona jurídica o la entidad sin personalidad jurídica. 3. La persona o entidad sin personalidad jurídica, cambie su residencia al extranjero. 4. Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la persona o entidad y ello determine la modificación de su tipo de gravamen o la aplicación de un régimen tributario especial.
CAPÍTULO IV DEL PAGO, DECLARACIÓN Y CONTROL DEL IMPUESTO
Declaración
Artículo 25. Las personas naturales y jurídicas cuyos activos tengan un valor igual o superior a ciento cincuenta millones de unidades tributarias (150.000.000 U.T.) deberán declararlos en los plazos y formas que determine la Administración Tributaria.
Pago del impuesto
Artículo 26. El pago del impuesto deberá efectuarse en el plazo y bajo las formas y modalidades que establezca la Administración Tributaria.
Obligación de informar
Artículo 27. Los jueces, registradores, notarios, instituciones financieras, empresas de seguros y reaseguros, casas de bolsa, casas de cambio, depositarias, museos, galerías, joyerías y demás entidades públicas o privadas ante las cuales se registren, inscriban o depositen bienes muebles e inmuebles, deberán remitir a la Administración Tributaria, en la forma y condiciones que esta determine, la información que con carácter particular o general que se requiera. Los ministerios con competencia en finanzas y registros y notarías, dictarán normas que impidan la realización de operaciones de disposición patrimonial, destinadas a evadir o eludir el impuesto creado en esta Ley Constitucional.
Agente de retención y percepción
Artículo 28. La Administración Tributaria podrá designar agentes de retención o de percepción de este impuesto, a quienes intervengan en actos u operaciones en las cuales estén en condiciones de efectuar por sí o por interpuesta persona, la retención o percepción del impuesto aquí previsto. Se exceptúan de esta disposición a quienes intervengan en la enajenación de acciones, efectuadas a través de mercado de valores regulados por el Estado.
Control sobre activos no declarados o subvaluados
Artículo 29. La Administración Tributaria desplegará cuantos mecanismos administrativos de control fueren necesarios a los fines de determinar la exactitud de la información y los valores aportados por los contribuyentes en sus declaraciones. Cuando de la aplicación de dichos mecanismos de control se determinare que el contribuyente omitió bienes en su declaración, o los reflejó en esta a un valor a inferior al que deba atribuírsele en virtud de lo previsto en esta Ley, iniciará de inmediato el correspondiente procedimiento de fiscalización y determinación tributaria, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Código Orgánico Tributario, debiendo dirigir principalmente las cautelas correspondientes sobre los bienes o acciones cuya información o valoración fueren objeto de omisión o subvaloración.
Cobro ejecutivo
Artículo 30. La Administración Tributaria ejercerá la acción de cobro ejecutivo de las cantidades determinadas por la Administración Tributaria, cuando estas no hubieren sido pagadas por los contribuyentes o sus responsables, procediendo al embargo inmediato de bienes, conforme a las disposiciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Código Orgánico Tributario.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA. El impuesto creado en esta Ley Constitucional no es deducible del impuesto sobre la renta. SEGUNDA. La alícuota impositiva aplicable determinada desde la entrada en vigencia de esta Ley Constitucional y hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca alícuotas distintas, será del cero veinticinco por ciento (0,25%). TERCERA. No serán aplicables a la materia impositiva regida por las disposiciones de esta Ley Constitucional, las normas de otras Leyes que otorguen exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales distintos a los aquí previstos, o que se opongan o colidan con las normas aquí establecidas. CUARTA. El incumplimiento de las normas establecidas en esta Ley Constitucional será sancionado de conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, en todo lo referente a lo contemplado para los sujetos pasivos especiales. QUINTA. La Administración Tributaria, dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley Constitucional, dictará las normas e instructivos necesarios para la actualización del valor de los bienes y la implementación del impuesto a los grandes patrimonios.
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Miércoles 3 de julio de 2019 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 446.941 SEXTA. Esta Ley Constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado y firmado en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los dos días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase;
TANIA VALENTINA DÍAZ
Primera Vicepresidenta
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
ACUERDO CONSTITUYENTE EN EL MARCO DEL DÍA
NACIONAL DE LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES
La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el Pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.323, Extraordinario.
CONSIDERANDO
Que el 29 de Mayo se celebra el Día Nacional de las Adultas y Adultos Mayores, para visibilizar su contribución en la construcción de las sociedad, como sujeto histórico, con el objetivo de reivindicar a este sector etario, sensibilizar al Pueblo Venezolano sobre la importancia de sus derechos, así como el disfrute en el futuro, de los derechos del envejecimiento activo, saludable y digno, paralelo al reconocimiento social que le corresponden, no sólo por sus servicios pasados, sino también por lo que están en capacidad y disposición de aportar al desarrollo de la nación.
CONSIDERANDO
Que el Decreto, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.252, del 06 de octubre de 2017 declara instalada la constituyente de las Adultas y Adultos Mayores y convoca a participar a sus organizaciones sociales, el Congreso de la Patria y el Consejo Presidencial de Gobierno del Poder Popular de este sector, como muestra de la voluntad política de la Revolución Bolivariana.
CONSIDERANDO
Que durante estos casi dos años de acción constituyente, el sector de las Adultas y Adultos mayores, ha propiciado a nivel nacional, la creación de los Comités Constituyentes en la instancia estadal, municipal y comunal, como tribuna de encuentro, intercambio, debate de la coyuntura política – económica nacional e internacional, y aportes para la ampliación del texto constitucional de 1999.
CONSIDERANDO
Que el sector poblacional de las Adultas y Adultos Mayores se constituye en referente ético – moral, político, espiritual y cultural, por su sabiduría, capacidad de diálogo y paz como ineludible compromiso, visibilizado en la resistencia y resiliencia para enfrentar los ataques más brutales del imperio, resistiendo a la guerra económica, el bloque a medicinas y tratamientos de primera necesidad, al saboteo eléctrico perpetrado en el mes de marzo y al intento de golpe de Estado del pasado mes de abril.
CONSIDERANDO
Que el Presidente Nicolás Maduro Moros, el pasado 22 de enero, recibió de parte del sector de las Adultas y los Adultos Mayores el proyecto de la Misión Chamba Mayor, con la firme convicción, que el sector continuará aportando fuerza laboral, conocimientos e ideas creativas para el desarrollo económico del país.
CONSIDERANDO
Que el gobierno Revolucionario en estos 20 años, ha cumplido con sus preceptos de justicia social, creando la normativa legal para el pleno ejercicio de los derechos y garantías de las Adultas y Adultos Mayores y las políticas sociales dirigidas a su atención, reflejadas en la homologación permanente de las pensiones, el bono de guerra económica, la atención preferencial, la Gran Misión Amor Mayor y su logro de 100% pensionados, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Instituto Nacional de los Servicios Sociales, el Turismo Social, el Plan de Ahorro en Oro, así como la Misión Chamba Mayor, entre otras acciones de protección social, que directa e indirectamente contribuyen a mejorar su calidad de vida, aún en los momentos más difíciles de la revolución bolivariana
ACUERDA
PRIMERO. Celebrar el Día Nacional de las Adultas y Adultos Mayores a nivel nacional, con encuentros intergeneracionales, que evidencien la importancia de este sector, para la construcción del Socialismo Bolivariano que finalmente se traduzcan en la mayor suma de felicidad posible.
SEGUNDO. Destacar las políticas de inclusión que viene ejecutando la Revolución Bolivariana, a favor del desarrollo político, social, cultural y económico del sector de las Adultas y Adultos Mayores, con el fin de alcanzar mayor calidad de vida.
TERCERO. Difundir y visibilizar mensajes que promuevan el respeto, el amor, la solidaridad, la convivencia y la responsabilidad de las familias sobre el apoyo afectuoso que merecen las adultas y adultos mayores.
CUARTO. Resaltar la importancia de la participación de las adultas y adultos mayores en la Milicia Bolivariana, con el firme propósito de resguardar la soberanía e independencia de la patria.
CONSIDERANDO
Que la Asamblea Nacional Constituyente como máxima tribuna con facultades plenipotenciarias ha concedido al sector de las adultas y adultos mayores, la vocería en su rol de sujetos históricos, visibilizando su experiencia, conocimiento y sabiduría en su condición amorosa para contribuir con las transformaciones que implican el proceso revolucionario.
QUINTO. Reconocer en este sector de la población, los aportes que han dado al proceso bolivariano, destacándose en los últimos años su rol político y social expresado en organización, participación electoral y movilización para la defensa de la Revolución, con el propósito de preservar la paz, la independencia, la integridad y la soberanía de la República.
SEXTO. Rechazar contundentemente desde el sector de las adultas y adultos mayores las agresiones intervencionistas de las fuerzas imperiales e internas de los apátridas contra la República Bolivariana de Venezuela, funcionarios y funcionarias del gobierno bolivariano.
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446.942 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 3 de julio de 2019
Publíquese el presente Acuerdo Constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado y firmado en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los dos días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase;
TANIA VALENTINA DÍAZ
Primera Vicepresidenta
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
DECRETO CONSTITUYENTE DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN PARA LA VERDAD, LA
JUSTICIA, LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD PÚBLICA
La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el treinta de julio de dos mil diecisiete en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el Pueblo venezolano como depositario del poder originario.
CONSIDERANDO
Que en fecha 8 de agosto de 2017 esta Asamblea Nacional Constituyente sancionó la LEY CONSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN PARA LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD PÚBLICA con el propósito de generar mecanismos que contribuyan a la garantía de una justicia efectiva, la protección de las víctimas, la prevención de todas las formas de violencia por motivos políticos, de odio o intolerancia que conspiran contra la felicidad del pueblo venezolano y atentan gravemente contra el disfrute pleno de sus derechos,
CONSIDERANDO Que la LEY CONSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN PARA LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD PÚBLICA otorgó a la Comisión para la Verdad el mandato investigar los hechos de violencia amparados ilegítimamente en razones políticas, ocurridos en Venezuela durante el período comprendido entre los años 1999 y 2017.
CONSIDERANDO Que durante los años 2018 y 2019 han ocurrido nuevos hechos de violencia amparados ilegítimamente en razones políticas que requieren ser debidamente investigados, a fin de contribuir con el esclarecimiento de la verdad, consolidar la paz y la tranquilidad pública, promover la convivencia pacífica, la reconstrucción de la memoria histórica nacional y la atención integral de las víctimas y sus familiares.
CONSIDERANDO Que la COMISIÓN PARA LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD PÚBLICA ha contribuido de manera positiva a consolidar la paz alcanzada luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, haciendo uso de las atribuciones que le fueron conferidas para tal fin,
CONSIDERANDO Que resulta necesario continuar el trabajo desarrollado por la COMISIÓN PARA LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD PÚBLICA hasta culminar sus objetivos, particularmente para garantizar la paz, establecer la verdad de lo ocurrido y atender integralmente a las víctimas de los hechos ocurridos entre los años 1999 y 2019,
DECRETA
PRIMERO. Se amplía el mandato otorgado a la COMISIÓN PARA LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD PÚBLICA en el artículo 4 de la Ley Constitucional que le dio origen, publicada en la Gaceta Oficial 6.323 Extraordinaria del 8 de agosto de 2017, para incluir los hechos de violencia amparados ilegítimamente en razones políticas, ocurridos en Venezuela durante los años 2018 y 2019.
SEGUNDO. Se modifica el artículo 2 de la Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, de la siguiente forma:
Artículo 2. Se crea la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, la cual podrá ser denominada como COVEJUSPAZ, como ente de derecho público de rango constitucional, con personalidad jurídica y autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.
La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública iniciará su ejercicio a partir de su instalación y tendrá un plazo de vigencia no mayor a treinta y seis meses.
TERCERO. Se modifica el artículo 4 de la Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, de la siguiente forma:
Artículo 4. La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, circunscribirá su ejercicio a los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia, ocurridos dentro de la jurisdicción de la República durante el período comprendido entre los años 1999 y 2019, incluyendo las violaciones a los derechos humanos vinculadas con tales acontecimientos, que implique afectaciones a:
1. La vida e integridad personal, sea física, psíquica o moral. 2. La libertad personal. 3. La paz y tranquilidad públicas.
4. Contra el patrimonio público. 5. El sistema socioeconómico nacional. 6. Otras graves afectaciones contra los derechos de la paz y tranquilidad públicas, como sucede con la difusión masiva de contenidos bélicos dirigidos a banalizar o incitar la violencia por motivos políticos, de odio, o intolerancias.
CUARTO. Se prorroga hasta el 31 de agosto de 2020 el plazo otorgado a la COMISIÓN PARA LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD PÚBLICA para el cumplimiento de su mandato.
QUINTO. Publíquese el presente Decreto Constituyente de modificación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado y firmado en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los dos días de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase;
TANIA VALENTINA DÍAZ
Primera Vicepresidenta
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Miércoles 3 de julio de 2019 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 446.943
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.900 03 de julio de 2019
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y con lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018.
DECRETA Artículo 1º. Nombro a la ciudadana TANIA ELÍZABETH MASEA LINARES, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.671.491, como VICEMINISTRA PARA NUEVAS FUENTES Y USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica quien desempeñará las funciones inherentes al cargo previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (L.S.)
FREDDY CLARET BRITO MAESTRE
Decreto N° 3.901 03 de julio de 2019
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y con lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018.
DECRETA Artículo 1º. Nombro al ciudadano GUSTAVO ANTONIO CARRASCO HOSTOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.612.747, como VICEMINISTRO DE SERVICIO ELÉCTRICO del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica quien desempeñará las funciones inherentes al cargo previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (L.S.)
FREDDY CLARET BRITO MAESTRE
Artículo 2º. Delego en el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica la juramentación de la referida ciudadana. Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los tres días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
Artículo 2º. Delego en el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica la juramentación del referido ciudadano. Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los tres días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
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446.944 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 3 de julio de 2019
Decreto N° 3.902 03 de julio de 2019
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y con lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018.
DECRETA Artículo 1º. Nombro al ciudadano FRANCISCO ANTONIO DURÁN COLMENARES, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.428.821, como Viceministro de Investigación y Aplicación del Conocimiento del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología (L.S.)
GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ
Artículo 2º. Delego en la Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología la juramentación del referido ciudadano. Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los tres días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ Ministra del Poder Popular Para la Ciencia y Tecnología
Decreto Nº 3.866 de fecha 05/06/2019, publicado en la Gaceta Oficialde la República Bolivariana de Venezuela N° 41.648 de la misma fecha N° 31 Caracas, 03 JUL 2019
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE
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-Por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte:
Miembro Coordinador Principal Miembro Coordinador Suplente Franklin Javier Semprun Moreno Rosa Yadira Silva Suniaga C.I. V-7.928.408 C.I. V-13.356.064 -Por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre:
Miembro Suplente Miembro Principal Flores Yennifer Nazarelly Elías José Sánchez Rojas C.I. V-14.295.112 C.I. V-9.902.014 Por la Dirección de Transporte Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional: Miembro Principal Miembro Suplente Rubén Darío Santiago Servigna Willian Antonio Blanquis Brizuela C.I. V-7.082.524 C.I. V-12.221.568 Artículo 2. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
VENEZUE INTT eldente del Instituto Naclonal de Transporte Terrestre Decreto N° 3.242 de fecha 10 de enero de 2018 Gaceta pficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.317 de fecha 10 de enero de 2018
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO 25 JUN 2019 RESOLUCIÓN N° 1 0 7 0 Caracas, 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial a favOr del ciudadano: MAURO MORA GUZMÁN, titular de la cédula de identidad N° v-5.199.791, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-026 N° 024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venézuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
RESUELVE
PRIMERO: Conferir el benefiCiO de JUBILACIÓN ESPECIAL al ciudadano: MAURO MORA GUZMÁN, titular de la cédula de identidad N° V-5.199.791, el cual cuenta con sesenta y un (61) años de edad y veintiún (21) años, siete (07) meses y diez (10) días al servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado como PRoFESIoNAL II en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
SEGUNDO: El mOnto de la JUBILACIÓN ESPECIAL es por la cantidad inicial de NOVENTA CÉNTIMOS (Bs. 0,90) mensuales, equivalentes al 52,50% del salario promedio de los últimos doce (12) meses en servicio activo y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, siendo que el monto aprobado es inferior, se resuelve ajustarlo al salario mínimo vigente y homologarlo en cada reajuste que realice el Ejecutivo Nacional, en virtud a lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. TERcERo: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a los fines de la ejecución de la presente Resolución debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. cuArTo: Por disposición de este Despacho la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2019.
Comuníquese y publíquese, (L.S.) ped 8 HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo Desianado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gacetà Oficial de la Repíblica Bolivarana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO 25 JUN 2019 RESOLUCIÓN N° Caracas, 1071 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial a faVOr de la Ciudadana: CARMEN JOSEFINA REVERóN Mú3ICA, titular de la cédula de identidad N° V-4.235.655, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-026 N° o25, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
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RESUELVE
PRIMERO: Conferir el benefiCiO de JUBILACIÓN ESPECIAL a la Ciudadana: CARMEN JOSEFINA REVERÓN MÚJICA, titular de la cédula de identidad N° V-4.235.655, la cual cuenta con sesenta (60) años de edad y diecisiete (17) años, tres (03) meses y diez (10) días al servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado como PRoFESIoNAL II en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
SEGUNDO: El mOnto de la JUBILACIÓN ESPECIAL es pOr la cantidad inicial de SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 0,62) mensuales, equivalentes al 42,50% del salario promedio de los últimos doce (12) meses en servicio activo y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, siendo que el monto aprobado es inferior, se resuelve ajustarlo al salario mínimo vigente y homologarlo en cada reajuste que realice el Ejecutivo Nacional, en virtud a lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
TERcERo: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a los fines de la ejecución de la presente Resolución debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. cuArTo: Por disposición de este Despacho la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2019.
Comuníquese y publíquese, (L.S.)
HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Ministro dgl/Poder Popular para el Eeosocialismo Desiévado mediantedecreto No 3.4e4 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 1 0 7 2
2.5 JUN 2019 Caracas, 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO
Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial a favOr de la ciudadana: ANA RAMONA LoSSADA PEÑA, titular de la cédula de identidad N° v-5.425.890, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-026 N° 016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
RESUELVE
PRIMERO: Conferir el benefiCiO de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana: ANA RAMONA LOSADA PEÑA, titular de la cédula de identidad N° v-5.425.890, la cual cuenta con sesenta (60) años de edad y veintidós (22) años, cinco (05) meses y once (11) días al servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado COmO AUXILIAR DE SERVICIOS DE OFICINA en el MiniSterio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
SEGUNDO: El mOnto de la JUBILACION ESPECIAL es por la cantidad inicial de SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 0,79) mensuales, equivalentes al 55% del salario promedio de los últimos doce (12) meses en servicio activo y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, siendo que el monto aprobado es inferior, se resuelve ajustarlo al salario mínimo vigente y homologarlo en cada reajuste que realice el Ejecutivo Nacional, en virtud a lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. TERcERo: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a los fines de la ejecución de la presente Resolución debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. cuArTo: Por disposición de este Despacho la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2019.
Comuníquese y publíquese, (L.S.)
HERYEK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo Deslgfiado mediante Decreto N° .464, de fecha-14.de junio de 2018, publicado en la Gaceta Óficial de la-República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO 2 5 JUN 2019 RESOLUCIÓN N° 1 0 7 3 Caracas, 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial a favOr de la Ciudadana: INGRID cOROMOTO oSIO HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.613.468, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-020 N° 027, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
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Página 11
RESUELVE
PRIMERO: Conferir el benefiCiO de JUBILACIÓN ESPECIAL a la Ciudadana: INGRID COROMOTO OSIO HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.613.468, la cual cuenta con cincuenta y seis (56) años de edad y diecisiete (17) años y siete (07) meses al servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado como PRoFESIoNAL II en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
SEGUNDO: El mOntO de la JUBILACION ESPECIAL es por la cantidad inicial de NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BS. 0,97) mensuales, equivalentes al 42,50% del salario promedio de los últimos doce (12) meses en servicio activo y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, siendo que el monto aprobado es inferior, se resuelve ajustarlo al salario mínimo vigente y homologarlo en cada reajuste que realice el Ejecutivo Nacional, en virtud a lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
TERCERo: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a los fines de la ejecución de la presente Resolución debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. cuArTo: Por disposición de este Despacho la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2019.
Comuníquese y publíquese, (L.S.)
HERYGK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Ministro del Boder Popular para el Ecdsocialismo Gaceta Orciék.de la Reptbnica Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO
2.5 JUN 2019 RESOLUCIÓN N° 1 0 7 4 Caracas, 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO
Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial a faVOr de la Ciudadana: IVONNE CECILIA BERGUETT GONzÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.149.771, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-026 N° 028, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembrè de 2014.
RESUELVE
PRIMERO: Conferir el benefiCiO de JUBILACIÓN ESPECIAL a la Ciudadana: IVONNE CECILIA BERGUETT GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.149.771, la cual cuenta con cincuenta y cinco (55) años de edad y diecisiete (17) años y seis (06) meses al servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado como BACHILLER I en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
SEGUNDO:El mOnto de la JUBILACION ESPECIAL es pOr la cantidad inicial de OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 0,81) mensuales, equivalentes al 42,50% del salario promedio de los últimos doce (12) meses en servicio activo y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, siendo que el monto aprobado es inferior, se resuelve ajustarlo al salario mínimo vigente y homologarlo en cada reajuste que realice el Ejecutivo Nacional, en virtud a lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
TERcERo: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a los fines de la ejecución de la presente Resolución debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
cuARTo: Por disposición de este Despacho la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2019.
Comuníquese y publíquese, (L.S.)
* HERYCICRANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo Designade mediante Decreto N° 3.44 de fecha 14 de-junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO
2 5 JUN 2019 RESOLUCIÓN N° 1 0 7 5 Caracas, 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial a faVOr de la CiUdadana: FÁTIMA EDICTA PEÑA CORREDOR, titular de la cédula de identidad N° V-8.025.880, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-026 N° 021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
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RESUELVE
PRIMERO: Conferir el benefiCiO de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana: FÁTIMA EDICTA PEÑA CORREDOR, titular de la cédula de identidad N° v-8.025.880, la cual cuenta con cincuenta y cinco (55) años de edad y veintitrés (23) años, un (01) meses y quince (15) días al servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado como PRoFESIoNAL I en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
SEGUNDO: ElmOnto de la JUBILACION ESPECIAL es pOr la cantidad iniCial de OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 0,83) mensuales, equivalentes al 57,50% del salario promedio de los últimos doce (12) meses en servicio activo y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, siendo que el monto aprobado es inferior, se resuelve ajustarlo al salario mínimo vigente y homologarlo en cada reajuste que realice el Ejecutivo Nacional, en virtud a lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
TERcERo: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a los fines de la ejecución de la presente Resolución debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. cuArTo: Por disposición de este Despacho la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2019.
Comuníquese y publíquese, (L.S.)
* YËK/RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Mimistro deyPoder Popular para el Ecosocialismo Desiaaado medianteecreto N° 3.464 de fecha 14 de Jumo de 2018, publicado en la Gaceficial de laoública Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO 2 5 JUN 2019 RESOLUCIÓN N° 1 0 7 6 Caracas, 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial a favOr de la ciudadana: MARY LUZ ANAL LA ASTROZA, titular de la cédula de identidad N° V-8.183.586, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-026 N° 012, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones delos Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
RESUELVE
PRIMERO: Conferir el benefiCiO de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana: MARY LUZ ANAL LA ASTROzA, titular de la cédula de identidad N° V-8.183.586, la cual cuenta con cincuenta y seis (56) años de edad y dieciséis (16) años, cinco (05) meses y quince (15) días al servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado como PRoFESIoNAL II en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
SEGUNDO:El mOnto de la JUBILACION ESPECIAL es pOr la cantidad iniCial de CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 0,41) mensuales, equivalentes al 40,00% del salario promedio de los últimos doce (12) meses en servicio activo y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, siendo que el monto aprobado es inferior, se resuelve ajustarlo al salario mínimo vigente y homologarlo en cada reajuste que realice el Ejecutivo Nacional, en virtud a lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
TERcERo: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a los fines de la ejecución de la presente Resolución debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
cuArTo: Por disposición de este Despacho la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2019.
Comuníquese y publíquese, (L.S.)
* HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Ministro del Poder Papular para el Ecosocialismo Designado mediante Décreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la O DEL MI
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO 25 JUN 2019 RESOLUCIÓN N° 1. 0 7 7.
Caracas, 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial a faVOr de la Ciudadana: HEYDIMARIU GONZÁLEZ ZERPA, titular de la cédula de identidad N° V-14.156.947, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-026 N° 002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacionai, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
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RESUELVE
PRIMERO: Conferir el benefiCio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana: HEYDI MARIU GONZÁLEZ ZERPA,titular de la cédula de identidad N° v-14.156.947, la cual cuenta con sesenta (38) años de edad y dieciocho (18) años, seis (06) meses y veinticinco (25) días al servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado como oBRERA en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
SEGUNDO: ElmOnto de la JUBILACION ESPECIAL es pOr la cantidad iniCial de TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 0,32) mensuales, equivalentes al 47,50% del salario promedio de los últimos doce (12) meses en servicio activo y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, siendo que el monto aprobado es inferior, se resuelve ajustarlo al salario mínimo vigente y homologarlo en cada reajuste que realice el Ejecutivo Nacional, en virtud a lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
TERcERo: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a los fines de la ejecución de la presente Resolución debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. cuArTo: Por disposición de este Despacho la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2019.
Comuníquese y publíquese, (L.S.)
HERYGKRANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Ministro del Boder Popular para el Ecosocialismo Designadßmediante Degreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Onclakde la República Bolivarana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha. DEL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO
2.5JUN 2019 RESOLUCIÓN N° Caracas, M078 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO
Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial a faVOr del CiUdadanO: RAFAEL ALBERTO SUAREZ ARBOLEDA, titular de la cédula de identidad N° V-3.188.882, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-026 N° 026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
RESUELVE
PRIMERO: Conferir el benefiCiO de JUBILACIÓN ESPECIAL al ciudadanO: RAFAEL ALBERTO SUAREZ ARBOLEDA, titular de la cédula de identidad N° v-3.188.882, el cual cuenta con sesenta y seis (66) años de edad y veintitrés (23) años, dos (02) meses y cinco (05) días al servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado como PRoFESIoNAL I en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
SEGUNDO: El mOnto de la JUBILACION ESPECIAL es pOr la cantidad iniCial de OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 0,82) mensuales, equivalentes al 57,50% del salario promedio de los últimos doce (12) meses en servicio activo y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, siendo que el monto aprobado es inferior, se resuelve ajustarlo al salario mínimo vigente y homologarlo en cada reajuste que realice el Ejecutivo Nacional, en virtud a lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
TERcERo: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a los fines de la ejecución de la presente Resolución debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
cuArTo: Por disposición de este Despacho la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2019.
Comuníquese y publíquese, (L.S.)
HERYCKRANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo Designado mediante Decreto N° 3.164 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial,de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTÉRIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO
2 5 JUN 2019 RESOLUCIÓN N° 1 0 7 9 Caracas, 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO
Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial a favOr del ciudadanO: LUIS ALBERTO MONTEZUMA, titular de la cédula de identidad N° V-3.727.739, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-026 N° 005, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
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Página 14
RESUELVE
PRIMERO: Conferir el benefiCiO de JUBILACIÓN ESPECIAL al ciudadano: LUIS ALBERTO MONTEzUMA, titular de la cédula de identidad N° v-3.727.739, el cual cuenta con sesenta y siete (67) años de edad y veintidós (22) años, cuatro (04) meses y trece (13) días al servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado como PRoFESIoNAL III en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
SEGUNDO: El mOnto de la JUBILACION ESPECIAL es pOr la cantidad iniCial de TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 0,38) mensuales, equivalentes al 55% del salario promedio de los últimos doce (12) meses en servicio activo y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, siendo que el monto aprobado es inferior, se resuelve ajustarlo al salario mínimo vigente y homologarlo en cada reajuste que realice el Ejecutivo Nacional, en virtud a lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
TERcERo: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a los fines de la ejecución de la presente Resolución debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. cuArTo: Por disposición de este Despacho la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2019.
Comuníquese y publíquese, (L.S.)
HERVCKRANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo Designada mediante Deeto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO 2 5JUN 2019 RESOLUCIÓN N° 1 0 8 0 Caracas, 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO
Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial afavOr dela Ciudadana: NANCY JOSEFINA GONZÁLEz DE BURBANO, titular de la cédula de identidad N° V-4.059.494, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-026 N° 029, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
RESUELVE
PRIMERO: Conferir el benefiCiO de JUBILACIÓN ESPECIAL a la CiUdadana NANCY JOSEFINA GONZÁLEZ DE BURBANO, titular de la cédula de identidad N° v-4.059.494, la cual cuenta con sesenta y cuatro (64) años de edad y dieciocho (18) años, tres (03) meses y veintinueve (29) días al servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado como PRoFESIoNAL III en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
SEGUNDO:El mOnto de la JUBILACION ESPECIAL es pOr la cantidad IniCial de UN BOLÍVAR CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (Bs. 1,22) mensuales, equivalentes al 45% del salario promedio de los últimos doce (12) meses en servicio activo y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, siendo que el monto aprobado es inferior, se resuelve ajustarlo al salario mínimo vigente y homologarlo en cada reajuste que realice el Ejecutivo Nacional, en virtud a lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
TERcERo: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a los fines de la ejecución de la presente Resolución debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
cuArTo: Por disposición de este Despacho la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2019.
Comuníquese y publíquese, (L.S.)
* HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Miistro del Poder Pgpular para el Ecosocialismo Designade mediante Decre o N° 3.464 de fecha 14 de-junio de 2018, publicado en la Gaceta Oñcial de la Repúbfica Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha.
MINI
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO 2 5 JUN 2019 RESOLUCIÓN N° 1 0 8 1 Caracas, 209°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto N° 1.289, de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510, de esa misma fecha, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO Que la Vicepresidencia de la República aprobó la Jubilación Especial a faVOr de la Ciudadana: MARLENE ANTONIETA GUERRERO RAMos, titular de la cédula de identidad N° V-4.081.227, tal y como se evidencia en la planilla emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas identificada como: FP-026 N° 011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
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Miércoles 3 de julio de 2019 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 446.951
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
FREDDY CLARET BRITO MAESTRE Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, designado mediante el Decreto N° 3.867 del 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.648 FREDDY CLARET BRITO MAESTRE Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, designado mediante el Decreto N° 3.867 del 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.648 FREDDY CLARET BRITO MAESTRE Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, designado mediante el Decreto N° 3.867 del 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.648
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446.952 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 3 de julio de 2019
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
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Asimismo alegó que:
...la prenombrada ciudadana [Jacquelin Rodríguez Adam] ha impedido de manera arbitraria el acceso que por costumbre y por el uso tenían los turistas hasta la zona de playa pasando por las instalaciones del restaurante y lo que es pcor aún, esta ciudadana impide el paso por áreas comunes del edificio clausurando puertas y accesos vitales para el sano desenvolvimiento de la actividad comercial, poniendo en riesgo la salud y la vida no solo de las personas que laboran en el restaurante sino de cualquier turista que se encuentre cerca, primero por la contaminación producida por el humo excesivo en el área del restaurante al no permitirse el acceso al interruptor que entiende el extractor de humo y segundo el riesgo o peligro inminente al no tenerse acceso al tablero que controla la electricidad del local...".
Por auto del 7 de octubre de 2014, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, admitió la acción propuesta, la cual, fue reformada mediante escrito consignado el 17 de noviembre del mismo año, siendo admitida dicha reforma el 19 de noviembre de 2014.
El 17 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la audiencia constitucional, siendo publicado el extenso de la decisión el día 13 de enero de 2015, sentencia esta que contiene el dispositivo que se señala como desacatado, el cual se transcribe a continuación:
"PRIMERO: PROCEDENTE la presente acción de Amparo Constitucional (sic) interpuesta por el ciudadano JOE TAOUK JAJAA, venezolano, titular de la cédula de identidad No. V-16.563.664 en contra de la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 5.972.249, domiciliada en el Edificio Tacamajaca, apartamento No. 1, Municipio Díaz del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en relación a no interrumpir el funcionamiento del extractor de humo que forma parte de la cocina del restaurante CANOA, en garantía de los articulos 26, 27, 43, 46, 55, 83, 112 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: IMPROCEDENTE la presente acción de amparo constitucional en cuanto a la solicitud del libre acceso por la Rampa (sic) que va desde la calle a la playa, en garantía al artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. TERCERO: IMPROCEDENTE la presente acción de Amparo Constitucional (sic) en cuanto a la presunta autoría por parte de la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula (sic) de identidad No. 5.972.249, de las vías de hecho denunciadas mediante el presente procedimiento, por cuanto no fueron debidamente demostrados tales hechos, de conformidad con el ordinal 2 del artículo 49 de la carta magna. CUARTO: IMPROCEDENTE la petición realizada por la representación fiscal del Ministerio Público, solo en cuanto a declarar la presente acción de Amparo Constitucional (sic), PARCLALMENTE CON LUGAR. QUINTO: Este Tribunal en sede Constitucional, exhorta a la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, identificada en autos, en su carácter de propietaria de los apartamentos Nos. 1 y 2 del Edificio TACAMAJACA a no impedir el debido funcionamiento del extractor de humo que pertenece a la cocina del restaurante CANOA, con la finalidad de evitar posibles siniestros futuros que pongan en riesgo a las instalaciones y a todos los ciudadanos que circulan, laboran, pernoctan y frecuentan dichas instalaciones, so pena de incurrir en sanciones establecidas en el artículo 31 de la Ley Organice (sic) de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. SEXTO: En atención al presente fallo este Tribunal ordena suspender la medida innominada que fuera decretada por este Juzgado en fecha 25 de noviembre de 2014.
SEPTIMO (sic): Dadas las características del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas" (Resaltado añadido).
Luego de que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, dictó la sentencia de fecha 13 de enero de 2015, declarando procedente la acción de amparo interpuesta "en relación a no interrumpir el funcionamiento del extractor de humo que forma parte de la cocina del restaurante CANOA", ninguna de las partes ejerció recurso de apelación, por lo que dicha decisión adquirió el carácter de definitivamente firme.
El 28 de agosto de 2015, la parte accionante consignó diligencia en la que denunció que "la querellada se ha negado a permitir el acceso al área de la azotea al personal para el mantenimiento", lo cual, según afirmó, impide el mantenimiento al extractor de humo de la cocina del restaurante, por lo cual, el ciudadano Joe Taouk Jajaa, solicitó al tribunal la Derechos y Garantías Constitucionales.
Ante tal solicitud, el señalado órgano jurisdiccional, mediante auto dictado el 31 de agosto de 2015, ordenó el traslado y constitución del tribunal en el edificio Tacamajaca, ..a los fines de que practique como formula (sic) restitutoria lo previsto en la sentencia dictada en la presente acción de amparo en fecha 13-01-2015", constituyéndose en el lugar efectivamente el 3 de septiembre de 2015, y dejando constancia de lo siguiente:
"A la llegada al sitio se encontraba apagada la unidad de extracción de humo de la campana de la cocina, una vez encendida se nota un ruido fuera de lo normal, y falta de extracción del mismo, ya que era muy deficiente la extracción, de lo que se nota un mal funcionamiento del extractor, e, inmediatamente solicito (sic) revisar la unidad externa del extractor, que se encuentra en la parte superior de la edificación, una vez allá arriba se evidencia que se le fue agregado un producto fuera de lo normal, de aspecto pegajoso y color negruzco, aparentemente petróleo o unos de sus derivados, notándose que una parte de ella estaba recientemente aplicada, debido a su aspectos (sic), y evidentemente no era la grasa de la cocina; además se percato (sic) que uno de los sujetadores estaba partido trayendo como consecuencia mal funcionamiento del extracto (sic) por el desbalanceo del eje con respecto a la fuente de energía en este caso la bomba que hace que funcione el sistema con la polea y las correas; faltando una de las correas en el sistema, no encontrándose ni restos ni parte de la misma. Recomendándosele que debe dársele mantenimiento bimensualmente, al extractor de humo ubicado en la parte superior del Edificio, evitando así un riesgo potencial de incendio por la grasa acumulada, embutir en tubería PVC todo el cableado eléctrico, lo cual es un agravante porque (sic) el producto que le fue aplicado, además de su mantenimiento normal y la soldadura del sujetador de la unidad. Dejo constancia que el extractor se encuentra cn estado agravante porque (sic) el producto que le fue aplicado, además de su mantenimiento normal y la soldadura del sujetador de la unidad. ORDENANZAS: Poner en funcionamiento de manera inmediata y segura el sistema de extracción de humo, antes referido para evitar la acumulación de gases y temperatura en el área de cocina. De no cumplir esto, lleva como consecuencia un riesgo potencial en el área de la cocina donde se encuentra (sic) en riesgo vidas humanas. Es todo".
Al día siguiente a la referida actuación, Ia parte accionante solicitó ante el tribunal que le concedió la tutela constitucional, que "..se ordene la ejecución forzosa de la sentencia de amparo constitucional dictada y en consecuencia de ello, se sustituya la voluntad de la agraviante, en el sentido, que se ordene el acceso y la reparación del equipo dañado". De igual manera, ratificó el quejoso, la solicitud en cuanto a que se declarara la existencia de desacato y se impusiera la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Ante tal pedimento, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, mediante auto dictado el 7 de septiembre de 2015, acordó la celebración de una audiencia oral y pública a los fines de que las partes alegaran y probaran lo que estimarán necesario.
Por auto de ese mismo 7 de septiembre de 2015, el mencionado órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:
"Este Tribunal considera que, efectivamente al (sic) no interrumpir o impedir el debido funcionamiento del extractor de humo supone no solamente la manipulación dolosa del equipo, sin (sic) el permitir que se hagan los mantenimientos preventivos y las reparaciones que sean necesarias, para lo cual se debe permitir el acceso al área común del edificio (azotea), donde se encuentra instalado, máximo que ello pone en riesgo a las personas que laboran en dicho lugar, e incluso, a las personas que circulan pernoctan y frecuentan el edificio TACAMAJACA, donde habita la agraviante, según quedó demostrado en la sentencia definitiva indicada, por lo antes expuesto, vista la actitud omisiva de la agraviante y la actitud obstructiva de su apoderado judicial, este Tribunal ordena la ejecución forzosa del fallo constitucional dictado, y en consecuencia de ello, se fija el primer (ler), día siguiente al de hoy, a la una y treinta horas de la tarde, (1.30 p.m.), para el traslado y la constitución del Tribunal en el edificio TACAMAJACA, a fin de proceder a la reparación del extractor de humo. Cúmplase".
El 9 de septiembre de 2015, "oportunidad fijada para llevar a efecto la ejecución de la decisión de fecha 13-1-2015..." el referido tribunal se trasladó y constituyó en el edificio Tacamajaca, y al concluir la "evacuación de la ejecución acordada", dejó constancia "de haber dejado en buen funcionamiento el extractor de humo ubicado en la azotea...".
El 14 de septiembre de 2015, compareció ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el abogado Juan Alberto González, quien actuando como apoderado judicial de la ciudadana Jacquelin Rodríguez Adam, supuesta agraviante, solicitó la en el pleito; ya que, a pesar que no existe prueba alguna de que la querellada se negó a permitir la reparación del susodicho artefacto -a lo cual tiene perfecto derecho porque esa orden no está escrita en la sentencia- tampoco existe prueba alguna que tal pedimento le fuera hecho, basándose la juez en el sólo dicho de la contraparte sin existir razón legal alguna para creerle a élla (sic) y no a [su] representada".
El referido requerimiento, fue negado de manera expresa el 17 de septiembre de 2015, durante la celebración de la audiencia oral y pública, acto en el cual, la ciudadana Jacquelin Rodríguez Adam, señalada como agraviante, indicó que la sentencia supuestamente desacatada "no es clara en cuanto al dispositivo dictado. Que ella no se ha negado a la ejecución de la sentencia", y que no existen pruebas de "que ella se haya negado a algo, que es muy grave que la acuse de desacato el agraviado sin demostrarto", por el contrario, afirmó que, no ha interrumpido el funcionamiento del extractor. Fue al finalizar la audiencia, que el tribunal dispuso imponer a la ciudadana Jacquelin Rodríguez Adam la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Constitucional
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(sic), en su término medio de diez (10) meses y quince (15) días, por haber quedado plenamente demostrado en autos el desacato de la sentencia dictada (...) el 13 de enero de 2015".
II DE LA COMPETENCIA DE LA SALA La Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, remitió, para su consulta "per saltum", sentencia que expidió el 18 de septiembre de 2015, en el expediente N° 24.972, mediante la cual impuso a la ciudadana Jacquelin Rodríguez Adam, "la sanción prevista en el artículo 31 de la:Ley Orgánica de Amparo Constitucional (sic), en su término medio de diez (10) meses y quince (15) días, por haber quedado plenamente demostrado en autos el desacato de la sentencia dictada (...) el 13 de enero de 2015".
Al respecto, resulta oportuno destacar que por sentencia dictada por esta Sala Constitucional, n.° 245, del 9 de abril de 2014, se estableció con carácter vinculante el carácter jurisdiccional constitucional de la norma establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y señaló el procedimiento que deben seguir los Tribunales de la República para aplicarla, en este sentido sentó lo siguiente:
"Ahora bien, conforme a lo hasta aquí expresado y en virtud de la relevancia de los intereses jurídicos involucrados en el procedimiento por desacato al mandamiento de amparo constitucional, cuando este último haya sido declarado por cualquier otro tribunal distinto a la Sala Constitucional (cuyas decisiones sí puedan ser examinadas por un tribunal superior en la jurisdicción constitucional), éste deberá remitirle en consulta (per saltum), copia certificada de la decisión que declare el desacato e imponga la sanción:prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, previa realización del procedimiento de amparo señalado por esta Sala en la sentencia N° 138 del 17 de marzo de 2014, para que, luego de examinada por esta máxima expresión de la jurisdicción constitucional, de ser el caso, pueda ser ejecutada. En ese sentido, tal como se desprende de ello, la referida consulta es anterior a la ejecución de la sentencia y tendrá efecto suspensivo de esta última. Así se declara.
Por tales argumentos de hecho y de derecho, esta Sala debe declarar con criterio vinculante, el carácter jurisdiccional constitucional de la norma establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ello para garantizar el objeto y la finalidad de esa norma y, por tanto, para proteger los valores que ella persigue tutelar: los derechos y garantías constitucionales, el respeto a la administración de justicia, la administración pública, el funcionamiento del Estado, el orden jurídico y social, la ética, Ia convivencia ciudadana pacífica y el bienestar del Pueblo, junto a los demás valores e intereses constitucionales vinculados a éstos. Por lo tanto, las reglas del proceso penal y de la ejecución penal no tienen cabida en este ámbito (fijación de la competencia territorial respecto de la ejecución, intervención fiscal, policial y de la jurisdicción penal -la cual, valga insistir, encuentra su último control constitucional en esta Sala-, suspensión condicional de la pena, fórmulas alternas de cumplimiento de la pena, entre otras tantas), más allá de lo que estime racionalmente esta Sala, de caras al cumplimiento del carácter retributivo, reflexivo y preventivo de la misma y cualquier otra circunstancia que encuentre sustento en el texto fundamental. Así se decide".
De lo anterior, se hace destacar que en el presente caso, la remisión de los autos fue hecha en acatamiento a lo dispuesto en la doctrina vinculante de la Sala Constitucional antes citada, razón por la cual, esta Sala declara su competencia, y así se declara.
IⅢI DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA La sentencia que dictó el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 18 de septiembre de 2015, mediante la cual se declaró el desacato de la decisión dictada por dicho juzgado el 13 de enero de 2015, en el marco de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Joe Taouk Jajaa, contra la ciudadana Jacquelin Rodríguez Adam, en su parte dispositiva expresó lo siguiente:
“Por lo antes expuesto, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO (sic) DE LA CIRCUNSCRIPCION (sic) JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, en Sede Constituicional (sic), en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y (sic) por autoridad de la Ley, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y (sic) 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud de Inhibición (sic) planteada por el abogado JUAN ALBERTO GONZALEZ (sic) MORON (sic), ya identificado. SEGUNDO: IMPROCEDENTE la solicitud del fraude procesal, realizada por el abogado JUAN ALBERTO GONZALEZ (sic) MORON (sic) el día dieciséis (16) de septiembre de 2015. TERCERO:
IMPROCEDENTE La solicitud de desistimiento por la no asistencia del agraviado el ciudadano JOE TAOUK JAJAA, venezolano, mayor de edad, y titular de la cedula (sic) de identidad N° V-16.563.664, todo de conformidad con Io dispuesto en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CUARTO: IMPROCEDENTE la solicitud de anular todas y cada una de las actuaciones al estado de admisión de la acción de amparo. QUINTO:
IMPROPCEDENTE (sic) la solicitud de oficiar al Colegio de Abogados a los fines de que se le abra procedimiento a los abogados de la parte querellante. SEXTO: Se le impone a la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, venezolana, mayor de edad, domiciliada en el Municipio Díaz del estado Bolivariano de Nueva Esparta y titular de la Cédula de Identidad No. V-5.972.249, la sanción prevista en el artículo 3 1 de la Ley Orgánica de Amparo Constitucional (sic), en su término medio de diez (10) meses y quince (15) días, por haber quedado plenamente demostrado en autos, el desacato de la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional en fecha 13 de enero de 2015. SEPTIMO (sic): Se ordena remitir las presentes actuaciones a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la Consulta Obligatoria. OCTAVO: La sanción impuesta será cumplida por la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, en el anexo femenino del Internado Judicial San Antonio del estado Bolivariano de Nueva Esparta, una vez quede confirmada por la Sala la presente decisión".
Previo a tal dispositivo, el juzgador efectuó el siguiente análisis:
"BREVE RESEÑA DEL PROCÊSO:
Se inicia el presente procedimiento en virtud de la acción que por amparo constitucional, interpusiera el,ciudadano JOE TAOUK JAJAA, quien es de nacionalidad venezolana, mayor;da edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-16.563.664 contra la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.972.249, domiciliada en el Municipio Díaz del estado Bolivariano Nueva Esparta, por violación de los artículos 26, 27, 43, 46, 55, 83, 112 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Tramitado como fue el procedimiento de amparo constitucional, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano Nueva Esparta en sede Constitucional dictó la respectiva sentencia definitiva declarando, lo siguiente:
'PRIMERO: PROCEDENTE la presente acción de Amparo Constitucional (sic) interpuesta por el ciudadano JOE TAOUK JAJAA, venezolano, titular de la cedula de identidad No. V-16.563.664 en contra de la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 55.592.249, domiciliada en el Edificio Tacamajaca, apartamento No. 1, Municipio Diaz del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en relación a no interrumpir el funcionamiento del extractor de humo que forma parte de ia cocina del restaurante CANOA, en garantia de los artículos 26, 27, 43, 46, 55, 83, 112 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDO: IMPROCEDENTE la presente acción de amparo constitucional en cuanto a la solicitud del libre acceso por la Rampa que va desde la calle a la playa, en garantía al articulo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. TERCERO: IMPROCEDENTE la presente acción de Amparo Constitucional en cuanto a la presunta autoría por parte de la ciudadana JACQUELIN RODRIGUEZ ADAM, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula (sic) de identidad NO. 5.972.249, de las vias de hecho denunciadas mediante el presente procedimiento, por cuanto no fueron debidamente demostrados tales hechos, de conformidad con el ordinal 2 del articulo 49 de la carta magna. CUARTO: IMPROCEDENTE la petición realizada por la representaojón fiscal del Ministerio Público, solo en cuanto a declarar Ia presente acción de Amparo Constitucional, PARCIALMENTE CON LUGAR. QUINTO: Este Tribunal en sede Constitucional, exhorta a la ciudadana JACQUELIN RODRIGUEZ ADAM, identificada en autos, en su carácter de propietaria de los apartamentos Nos. 1 y 2 del Edificio TACAMAJACA a no impedir el debido funcionamiento del extractor de humo que pertenece a la cocina del restaurante CANOA, con la finalidad de evitar posibles siniestros futuros que pongan en riesgo a las instalaciones y a todos los ciudadanos que circulan, laboran, pernoctan y frecuentan dichas instalaciones, so pena de incurrir en sanciones establecidas en el artículo 31 de la Ley Organice (sic) de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales.
SEXTO: En atención al presente fallo este Tribunal ordena suspender la medida innominada que fuera decretada por este Juzgado en fecha 25 de noviembre de 2014. SEPTIMO (sic): Dadas las características del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas.'.
En estado de ejecución, en fecha 28 de julio de 2015, la parte agraviada, ciudadano JOE TAOUK JAJAA, ya identificado en autos, asistido por la Dra. ANGELINA VOLPE, titular de la cédula de identidad N° V- 6.994.445, inscrita en el Inpreabogado N° 44.563, solicitó la aplicación de la sanción prevista en el articulo (sic) 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en atención a la negativa de la agraviante a permitir el acceso al Edificio Tacamajaca para efectuar el mantenimiento preventivo del extractor de humo que sirve al restaurante CANOA, a los fines de evitar siniestros, toda vcz que la acumulación de gases puede provocar una combustión espontánea, (folio 291 1era pieza).
En fecha 31 de agosto de 2015, la parte agraviante, ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, intervino en el procedimiento y mediante diligencia otorgó poder apud acta al profesional del derecho Dr. JUAN ALBERTO GONZÁLEZ MOR.ÓN, (folios 292 y 293, 1era pieza).
En fecha 31 de agosto de 2015, la parte agraviada, JOE TAOUK JAJAA, identificado anteriormente mediante diligencia otorgó poder apud acta a los doctores ANGELINA VOLPE y ORLANDO ANIBAL ÁLVAREZ ARIAS, titulares de las cédulas de identidad N° V- 6.941.634 y 6.994.445, respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo Ios Nros 31.364 y 44.563, en ese orden, (folios 294 y 295, 1era pieza).
En fecha 31 de agosto de 2015, mediante auto este Tribunal, se (sic) fijó el segundo días (sic) hábil siguiente a las diez de la mañana (10:00 am) para el traslado (sic) constitución del Tribunal en el edificio TACAMAJACA, SECTOR El Yaque, Municipio Díaz de este estado a fin de constatar si efectivamente el extractor necesitaba reparación y para (sic) ordenó oficiar al Jefe (A) del Destacamento de Bomberos Marino El Guamache del estado Bolivariano de Nueva Esparta, a fin de que apoyara al Tribunal sobre la ejecución, es decir sobre el debido funcionamiento del extractor, tantas veces nombrado. (Folios 296 al 299, 1era pieza).
En fecha tres (3) de septiembre de 2015, se anunció a las puertas del Tribunal el acto fijado y posteriormente el Tribunal se trasladó y constituyó en el Edificio Tacamajaca del Sector el Yaque, Municipio Diaz del estado Bolivariano de Nueva Esparta a fin de verificar el cumplimiento de los (sic) establecido en los particulares primero y quinto de la decisión de fecha 13-01-2015 y constatar la necesidad de efectuar las reparaciones aducidas, en cuyo acto, se hizo necesario (sic) la presencia de la fuerza pública y de un cerrajero nombrado y juramentado por el Tribunal a fin de proceder a acceder a las áreas comunes del Edificio Tacamajaca donde se encuentra instalado el extractor de humo que pertenece a la cocina del Restaurante CANOA, ya que se realizaron los tres toques de Iey y no respondió persona alguna y en dicho acto, el abogado JUAN ALBERTO GONZÁLEZ MORÓN, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte agraviante, ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, ambos identificados en autos, se opuso a que el Tribunal ingresará al Edificio Tacamajaca aduciendo que se trataba de una propiedad privada, que la sentencia de amparo constitucional dictada era inejecutable, que el acto adolecía de vicios de forma referidos a que se trataba de un acto judicial realizado en un procedimiento de amparo constitucional durante el receso judicial, que el Tribunal se constituyó en el Edificio Tacamajaca fuera de Ia hora fijada por el Tribunal, que la acción de amparo constitucional fue intentado (sic) por una persona natural en beneficio de una persona jurídica, lo que supone una falta de cualidad en atención a lo dispuesto en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
Este Tribunal, actuando en sede constitucional, en virtud de la primacía de la protección de los derechos constitucionales declarados en' la sentencia definitivamente firme aducida, dejó constancia, con ayuda de un experto del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos, lo siguiente: 'A la llegada al sitio se encontraba
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apagada la unidad de extracción de humo de la campana de la cocina, una vez encendida se nota un ruido fuera de lo normal, y falta de extracción del mismo, ya que era muy deficiente la extracción, de lo que se nota un mal funcionamiento del extractor, e, inmediatamente solicito (sic) revisar la unidad externa del extractor, que se encuentra en la parte superior de la edificación, una vez allá arriba se evidencia que se le fue agregado un producto fuera de lo normal, de aspecto pegajoso y color negruzco, aparentemente petróleo o unos de sus derivados, notándose que una parte de ella estaba recientemente aplicada, debido a su aspectos, y evidentemente no era la grasa de la cocina; además se percató que uno de los sujetadores estaba partido trayendo como consecuencia mal funcionamiento del extracto (sic) por el desbalanceg del eje con respecto a la fuente de energía en este caso la bomba que hace que fupcione el sistema con la polea y las correas; faltando una de las correas en el sistema,po,encontrándose ni restos ni parte de la misma.
Recomendándosele que debe dársele mantenimiento bimensualmente, al extractor de humo ubicado en la parte superior del Edificio, evitando así un riesgo potencial de incendio por la grasa acumulada, embutir en tubería PVC todo el cableado eléctrico, lo cual es un agravante porque el producto que le fue aplicado, además de su mantenimiento normal y la soldadura del sujetador de la unidad. Dejo constancia que el extractor se encuentra en estado agravante porque el producto que le fue aplicado, además de su mantenimiento normal y la soldadura del sujetador de la unidad. ORDENANZAS: Poner en funcionamiento de manera inmediata y segura el sistema de extracción de humo, antes referido para evitar la acumulación de gases y temperatura en el área de cocina. De no cumplir esto, lleva como consecuencia un riesgo potencial en el área de la cocina donde se encuentra (sic) en riesgo vidas humanas. Es todo.', (folios 304 al 309, 1era pieza).
En fecha 04 de septiembre de 2015, el práctico fotógrafo designado José Antonio Halabi Otaye, ya identificado y (sic) consignó las reproducciones fotográficas, (folios 3 al 17, 2da pieza).
En fecha 04 de septiembre de 2015, el abogado ORLANDO ÁLVAREZ ARIAS, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte agraviada, ciudadano JOE TAOUK JAJAA, solicitó en vista al informe de los Bomberos plasmado en la Inspección realizada por el Tribunal, se procediera a la ejecución forzosa del fallo, ordenándose la reparación del equipo dañado y se declarara el desacato de la sentencia de amparo constitucional. (Folios 18 al 26, 2da pieza).
En fecha 07 de septiembre de 2015, mediante auto este Tribunal, fijó una audiencia oral y pública, para el tercer (3er) día siguiente a la presente fecha a las diez de la mañana (10:00 am) a fin de que las partes pudieran alegar, promover y evacuar los medios de prueba que consideren pertinentes a la defensa de sus derechos e intereses en cuanto al desacato y en ese orden mediante otro auto de la misma fecha, fijó el primer (1er) día siguiente a la una y treinta horas de la tarde (1:30pm) para el trasiado y constitución del tribunal en el Edificio TACAMAJACA, a fin de proceder a la reparación del extractor (sic) humo (folios 27 al 31, 2da pieza).
En fecha 09 de septiembre de 2015, este Tribunal, actuando en sede constitucional, se trasladó y se constituyó en el Edificio Tacamajaca a fin de proceder a la reparación del equipo siniestrado. Nuevamente hizo falta la asistencia de la fuerza pública y del cerrajero quienes fueron nombrado (sic) y juramentado (sic) por el Tribunal a fin de poder acceder al área común del edificio donde se encuentra el extractor de humo que sirve al restaurante CANOA y nuevamente, intervino el abogado JUAN ALBERTO GONZÁLEZ MORÓN, a fin de oponerse a la ejecución de la sentencia en nombre de su representada ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, alegando lo siguiente: "Siendo las cinco y cincuenta de la tarde debo oponerme en este acto una vez mas de conformidad con el articulo (sic) 140 del texto adjetivo, en que la parte que accion o (sic) en el presente amparo es una persona natural y que el bien objeto de la presente ejecución pertenece a una persona jurídica no correspondiéndole al tribunal ejecutar, por cuanto es inejecutable de conformidad con la Ley y que el dia de la audiencia será demostrado con los justificativo (sic) que se pondrán en el momento, quiero con esto dejar claro que tal oposición lo (sic) hago en función de que el extractor que se encuentra en el edificio Tacamajaca pertenece a una sociedad mercantil y el Código de Comercio señala que quien represente a una sociedad en este caso mercantil debe estar investido o facultado para el ejercicio de cualquier reclamo bien sea judicial o extrajudicial y nunca en nuestra legislación venezolana una persona natural puede representar por vía judicial los derecho (sic) de una sociedad mercantil a menos que este (sic) delegada por la junta directiva no siendo el presente caso, en virtud que el accionante lo hizo como persona natural en nombre propio y encontrándonos en este acto, nos percatamos que estamos en las instalaciones de reconocido restauran (sic) canoa, c.a., aspecto que de manera taxativa están (sic) enunciado en el prenombrado articulo 140, eiusdem, y que por vía de consecuencias no se puede representar derechos ajenos en nombre propios (sic), adentrándose en una propiedad privada para privilegiar a una sociedad mercantil en nombre propio (JOE TAOUK JAJAA) por ultimo (sic), le solicito a la ciudadana juez con el respeto debido deje sin efecto o revoque el auto en que se ordeno (sic) el ingreso al conjunto residencial Tacamajaca, por cuanto en la misma no existe tal desacato y por lo tanto lo hace inejecutable por ser este ininteligible solicitando a su vez copia certificada de la misma, a los fines del ejercicio de acciones legales contra la decisión.
Por mandato del Tribunal se procedió a efectuar la reparación del equipo dañado.
En fecha 11 de septiembre de 2015, mediante auto este Tribunal anuló la audiencia oral y publica (sic) realizada a las diez de la mañana (10:00am) celebrada en csa misma fecha y que riela a los folios 41 y 42 de la segunda pieza, toda vez que no se del Ministerio Público, aclarando a las partes que el lapso señalado para la realización de la audiencia comenzaría a correr una vez constatara (sic) en autos la notificación del Fiscal del Ministerio Público, se libraron boletas de Notificación.
(folios 43 y 44, 2da pieza).
En fecha 14 de septiembre de 2015, el abogado JUAN ALBERTO GONZÁLEZ MORóN, ya identificado, le solicitó a la ciudadana Jueza del Tribunal se INHIBIERA. (Folio 45 y 46 2da pieza).
En fecha 14 de septiembre de 2015, el alguacil tempora! del tribunal consignó boleta de notificación del Fiscal del Ministerio Público, debidamente firmada, (folio 47 y 48, 2da pieza).
En fecha 16 de septiembre de 2015, el abogado JUAN ALBERTO GONZÁLEZ MORÓN, ya identificado, mediante escrito, anuncia un fraude procesal y pide la nulidad de todo lo actuado inclusive de la audiencia de fecha 17 de septiembre de 2015 y anexó recaudos, (folios 49 al 94, 2da pieza).
En fecha 17 de septiembre de 2015, el abogado JUAN ALBERTO GONZÁLEZ MORÓN, ya identificado, mediante escrito pide al tribunal no ejecute la sentencia por ser violatoria del orden público y reponga la causa al estado de admisión de la demanda de amparo, (folio 95 al 98, 2da pieza).
En fecha 17 de septiembre de 2015, tuvo lugar el acto de alegación y pruebas en el desacato, con presencia de la parte accionada ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, debidamente asistida por los abogados JUAN ALBERTO GONZALEZ (sic) MORON (sic), antes identificado, y la abogada ZARIBELL JOSEFINA CHOLLETT REYES, con Inpreabogado N° 61.789, no estuvo presente la parte agraviada, ciudadano JOE TAOUK JAJAA ni por medio de apoderado.
Haciendo uso del derecho de palabra la accionada ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM asistida por el Dr. JUAN ALBERTO GONZÁLEZ MORÓN y ZARIBELL, quien alegó lo siguiente:
'Me dirijo a usted con el debido respeto, en mis 55 años de vida he sido acusada'2 veces en Tribunales. Durante la audiencia se comprobó que no se pudieron comprobar tales hechos. Pienso que su argumento, el del demandante, está basando en un falso testimonio, ya que la acusa de vías de hecho, siendo totalmente falso, y que la sentencia no es clara en cuanto al dispositivo dictado. Que ella no'se ha negado a la ejecución de la sentencia, que sus inquilinos la han demandado en infinitas oportunidades, pero que ninguno ha presentado pruebas que demuestre (sic) que ella se haya negado a algo, que es muy grave que la acuse de desacato el
agraviado sin demostrarlo. Que cuando el querellante diligencia, el Tribunal emite una opinión al respecto, que solo viene de su decir, y pregunta como (sic) le consta eso al Tribunal, y la parte actora no demostró su dicho, ya que no trajo pruebas, y se opone al traslado que se realizó, su vivienda fue allanada sin habérsele escuchado. Siento que el Tribunal se excedió en su decisión en vista de que violentó la propiedad privada, ya que hábito sola con un menor de edad, ya que su papá está de viaje, y que por el error, de un extractor, se me va a imponer de una sanción punitiva. Nunca se le llamó para que abriera la puerta de su Casa (sic) sino que se utilizó la fuerza pública. Y ahora se le llama a una audiencia por desacato, y donde está su presuagión de inocencia?, y en el auto se le dice que se le va a imponer sanción punitiva, y.se siente pesados sus derechos y que pueda tener una sanción. Yo no interrumpir el funcionamiento del extractor, yo no he desacatado la sentencia al (sic) cuanto al buen funcionamiento del extractor. Por ello el Tribunal incurre en ultrapetita, ya que el único dicho del querellante es que solicita al Tribunal la declare en desacato, y ahora introdujo una demanda en Municipio en su contra con lo mismo de este Tribunal. Yo estoy siendo acusada y esto lo voy a ventilar ante el Tribunal de violencia, y yo vivo sola con un menor de edad, y eso es lo que el (sic) quiere que me sienta intimidada. El extractor pertenece al local, el cual está en un área distinto (sic), y éste está situado en su propiedad privada, ella le ofreció a los abogados de la contraparte que se movilizar a dicho extractor en una zona donde tenga libre acceso y no por su casa. Por lo demás simplemente me pongo al buen juicio de este Tribunal, cuando declaró que en ningún momento se negó y el querellante levanta falso testimonio". Seguidamente intervino el abogado Juan Alberto González Morón, apoderado judicial de la parte querellada, quien entre otras cosas expuso: "Buenos días, cinco son los aspectos que quiero destacar y paso a describir los. Si bien es cierto que el amparo es una actividad única como lo dijo la Juez, distintas a los procedimientos ordinarios por cuanto lo que se discute es la violación de derechos constitucionales. A las 10 a.m. el Alguacil (sic) hizo el llamamiento encontrándonos presentes los que estamos en el Despacho (sic), más no se hizo presente quien hizo la solicitud para darle la continuidad efectiva al presunto desacato. Este acto, independientemente de que la sentencia haya quedado firme, y no presentarse los acclonantes (sic) a los fines de insistir en e e i oe encontrarse presentes el Tribunal debe declarar el desistimiento, de conformidad con la ley, sino porque lo reclamado pierde su vigencia, aún cuando existe sentencia ya que el impulso lo debe dar el accionante (sic), no lo puede hacer el Tribunal de manera directa aun cuando se lo haya advertido la parte al Tribunal.
Como segundo punto, y en concatenación con lo expresado por la accionada quien es mi representada, cuando ellos denuncian que les fue violado sin prueba alguna, su derecho para el mantenimiento del equipo que se encuentra en una propiedad privada, en primer lugar se :está hablando de derechos constitucionales, no percatándose el Juzgado de que dentro de sus cláusulas existe un acuerdo que es ley que debe acatar el Juez y la parte porque es ley por el principio de bilateralidad entre arrendador y arrendatario, que las anomalías deben ser denunciadas entre unos y otros por escrito afectando sobremanera el derecho a la defensa y el debido proceso de mi defendida, por cuanto el Tribunal permitió que aconteciera tal violación, cuando en mi opinión como abogado litigante es que los jueces de amparo constitucional, bien sean civil, penal o materias especializadas, su única función es ser garantista de las partes (sic), afectándose profundamente la vulneración en cuanto al contrato de arrendamiento en concordando (sic) con la sentencia de amparo constitucional, tantas veces mencionadas (sic), aspecto éste en la que le solicito (sic) al Tribunal y de conformidad con el articulo (sic) 49.1 constitucional, que se anulen todos los efectos en la que este procedimiento ha sido llevado de manera desequilibrada, vulnerando la tutela judicial efectiva, y sin probanza alguna, ya que por encima del contrato de arrendamiento que habla de la comunicación de las partes por escrito, la sentencia de amparo claramente señala que permita el funcionamiento, lo que a todas luces prefiere es que por escrito se tenían que mantener para poder cooperar, en el caso que nos ocupa el mantenimiento del extractor de aire de la chimenea, lo cual trae como consecuencia que todo lo que se ha llevado está viciado de nulidad absoluta por ser atentatorio del orden público constitucional, artículo 26 constitucional. Como tercer punto, ciudadana juez, desde que se inició el presente proceso del cual usted no era la juez que conoció, la causa fue admitida sin contar con uno de los requisitos fundamentales, aparte de lo que está establecido en el artículo 340 del caso de que ese requisito vital es que la parte actora ad legitimación a causen (sic) tenga legitimación para poder actuar o facultado para ello, ese es un requisito necesario para el amparo que es el caso que nos ocupa, solamente y necesariamente para resolver si el demandante tiene derecho a lo pretendido, y el demandado por supuesto de llenar el extremo, la obligación que se le trata de imputar, ese aspecto ha sido vulnerado porque se ha roto el principio de bilateralidad de las partes desde que se admitió la demanda hasta la presente audiencia, por cuanto en el expediente pieza 1, folio 239, la relación que existe entre el actor y mi defendida no existe, ya que el está ejerciendo una acción sin derecho, resultando o resaltando que el extractor no le pertenece a él sino a una sociedad mercantil, lo más grave y con esto quiero ser enfático, no es para ser alegado por la parte, ni cuestión previa, defecto de fondo, por cuanto éste aspecto va directamente al juez que administra ya que es de orden público tutelado por el juez, y que mi defendido ha actuado apegado a la ley y el accionante ha burlado la ley con su actuación, y a continuación destaco, en la pagina 239 pieza 1, aparece una Asamblea Extraordinaria consignada de Ia sociedad mercantil CANOA, C.A., si bien es cierto el actor es socio o figura como socio, dentro de esa membresía, él no es más que el Director, tal como lo refiere la cláusula séptima inserta al mismo folio que se hace mención, pero resulta que el Presidente, el cual este no es, es el que tiene facultades para demandar en nombre de la sociedad mercantil, y estuvo a la vista de la juez que produjo el amparo y a la vista de la actual juez que dirige la audiencia, por lo tanto, al no tener éste arte ni parte en la presente acción, la consecuencia sancionatoria que le solicito al Tribunal es la anulación del presente procedimiento y reponer la causa anulando la sentencia Única, aún cuando esté firme al estado de admisión para que una vez constatado tales hechos delatados debe ser declaro inadmisible in limine litis (sic), porque hay violaciones de orden público y que en todo momento a la accionada que represento se le ha violado el derecho a la defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva, y el juez ha tolerado semejante circunstancia, ya que no es un acto de defensa de la parte, solamente pueden ser advertidos por el juez porque es de orden público y como resultado todos los actos desde la admisión de la demanda son nulos, y así pido a la juez lo considere. Como Cuarto aspecto, llama poderosamente la atención a esta defensa, que la acción de amparo interpuesta, sus hechos y contenidos discutidos, deben estar enmarcados dentro de la ley, y el juez es el Único que debe aplicarla para que tenga armonia dentro de nuestra comunidad y por ende sus ciudadanos, pero resulta que tanto el actor como el demandado presunto, o las vías de hecho interpuestas, se suscitaron presuntamente en el Municipio Díaz sector Playa El Yaque, dentro de los 80 metros de la franja costera venezolana, y donde la República Bolivariana de Venezuela tiene intereses directos e indirectos, en el que se constata que desde que fue admitida la causa hasta el día de hoy, por cuanto la sentencia no ha sido ejecutada, sino que está definitivamente firme, solamente eso, no fue notificado el Procurador General de la República del presente procedimiento, violándose el contenido del articulo (sic) 96 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría de la República, en el que en su contenido señala que en cualquier estado y grado de la causa, al Procurador General de la República se le debe notificar de oficio por el Tribunal, es decir, tampoco es defensa de fondo, es un deber, es un derecho que el juez debe tutelar de llamar al Procurador, afectando indudablemente también a la República o mejor dicho.
violándole el derecho a la defensa y al debido proceso para que éste se enterar a de lo que sucede en el presente ,caso dentro de la provincia de Venezuela. :El magistrado Jesus (sic) Eduardo Cabrera, en Sala Constitucional en fecha 29-6-
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2005, exp. N° 04-1157, y así se ha mantenido hasta la presente fecha de doctrina de la Sala, éste ha señalado que en ejecución de sentencia que es en la etapa en que nos encontramos, si la decisión se encuentra ejecutoriada y por lo tanto existe cosa juzgada formal, procede la reposición pues la lesión es reparable, por lo tanto, ante la evidente violación flagrante por la no incorporación de la República, la n e anulación de todos sus actos hasta el estado de admisión, y de ser el caso, la debida notificación al Procuzador General de la República, y el juez de este Tribunal puede de oficio anular;:todos los actos Inclusive (sic) la sentencia, por cuanto esta no está ejecutoriada, Yjasí se lo.pido a la honorable Juez con justicia por las constantes violaciones en la que ha sido victima (sic) la República y mi representada. Como último punto, debo pedirle al Tribumal, con el debido respeto, que los abogados que han ejercido en representación de quien no tiene facultades para actuar en juicio, estos han realizado actuaciones desplegadas a lo largo y ancho de todo el procedimiento sin tener calificación para actuar, y ellos a sabiendas de tal escenario han usurpado el derecho y han violado la actividad judicial, me refiero a este Tribunal, que realiza en el presente expediente, de manera temeraria, y el juez actuando por diversas solicitudes, no solamente la que se encuentra presente sino la que la antecedió, sostuvieron que ellos estaban actuando de conformidad con la ley y no es así, pido al Tribunal para concluir que se le envíe al Colegio de abogados a los fines de que les impongan las sanciones o las responsabilidades a que haya lugar, por la actuación que desplegaron, vulnerando e irrespetando al honorable Tribunal y a quien represento como accionada y quien siempre estuvo a derecho, lo cual solicito una vez más la anulación de todos los actos del presente procedimiento, por ser violatorios del orden público, tutelado en el artículo 26, 49.1 y 257 de nuestra magnanima (sic) carta constitucional'. En ese orden tomó la palabra a (sic) la abogada ZARIBELL mención a la existencia supuestamente del delito de desacato de la decisión dictada en la sentencia de amparo. En este sentido, se ha sostenido jurisprudencialmente a lo largo de los años por el mas (sic) alto Tribunal del Estado, que esto constituye efectivamente un hecho punible y que en razón de ellos (sic) un Tribunal con competencia para ello solo tendría la jurisdicción para decretarlo, y en consecuencia imponer las sanciones de carácter penal que establece especificamente el articulo 31 de la Ley de Amparo Constitucional (sic). En el presente caso, no se ha demostrado la existencia de delito de desacato alguno a la decisión de este Tribunal, no hay prueba para ello y como bien lo expresó la ciudadana Jacqueline Rodríguessaf contenido de esa decisión era justamente no interferir en el funcionamiento del ya tan mencionado extractor de aire en esta audiencia, y de lo cual la parte'actora no presentó ninguna prueba que haga presumir a este Tribunal el desacato a la decisión que se dictó. En todo caso la naturaleza de este hecho, en el supuesto negado de llegar a probarse, constituye un asunto de carácter netamente penal, la imposición de la sanción, y en consecuencia de ello, en caso de que este Tribunal lo considerar, estaría violentando las reglas del debido proceso, el derecho a la defensa y el tomar la decisión siendo juzgado por un juez competente y natural de la causa. Todas estas son violaciones que conllevarían a la mulidad de lo actuado en el presente caso, reiterando todos los argumentos que ya fueron esgrimidos a viva voz en esta audiencia por parte de Jacqueline Rodríguez y del apoderado de la misma. Además de considerar que efectivamente se debe considerar como un desistimiento, el hecho de que no compareciera (sic) a la presente audiencia las personas que alegan la vulneración de sus derechos y que pretenden que en instancia civil se dicte una medida de carácter netamente penal, por que (sic) esa es la prisión a que alude el artículo 31.
En consecuencia en este sentido, debe ser la decisión de este Tribunal el desistimiento de la acción, que por lo demás han transcurrido 7 meses desde la decisión de este Tribunal, sin que el mismo haya solicitado la ejecución de dicha decisión, donde entonces no se vio vulnerado ninguno de sus derechos hasta el momento, todo sigue funcionando de la misma manera, y como mencionada nuestra representada nunca hubo negativa a que estas personas realizaran las labores que implicaban el debido mantenimiento del aparato, sino haciendo valer justamente el contenido del contrato suscrito entre ellos, y por lo tanto ley entre las partes, debían cumplir con solicitarle el acceso al lugar donde se encuentra, imponer una sanción sin que nada de esto haya sido probado es cuando menos desproporcionado y constituiría la violación de principios fundamentales de todo proceso'.
Corresponde pues al Tribunal, calificar la existencia o no del desacato de la sentencia dictada por este tribunal en fecha 13 de enero de 2015, y establecer las eventuales sanciones, lo que hace a tenor de los siguientes planteamientos:
- II- Como punto previo, compete al Tribunal pronunciarse con respecto a su competencia para imponer la sanción por el desacato de una sentencia de amparo constitucional dictada por este mismo órgano jurisdiccional y en tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 245 de fecha 9 de abril de 2014, ratificada en sentencia No. 263 de fecha 10 de abril de 2015, mediante criterio vinculante, con ponencia conjunta de todos sus Magistrados, estableció:
(...) En orden de ideas, resulta fundamental señalar que en el ordenamiento jurídico existen mecanismos expeditos y eficaces para garantizar que los jueces puedan ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias, así como también para garantizar el cumplimiento de lo que se sentencia, lo cual pasa, inclusive, por revestir a la jurisdicción de la fuerza coercitivas necesaria para que ello pueda materializarse de manera efectiva, tal y como ocurre con las diversas normas sancionatorias aquí señaladas, incluyendo la prevista en el articulo 31 de la Ley Orgúnica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Así, si no exístieren normas que permitieren a los jueces y juezas ejecutar o hacer ejecutar sus decisiones, garantizar que se cumplan y, en fin, proteger el proceso, difícilmente podrán administrar justicia, incluyendo materias tan sensibles como la protección jurisdiccional de la Constitución, en una de sus dimensiones más cardinales: el respeto a los derechos humanos individuales y;
sobre todo, colectivos, que el Texto Fundamental patrio reconoce, inclusive, en un sentido abierto y progresivo (19, 22 y 23 Constitución de la República Bolivarlana de Venezuela).
Parte de ello es la razón de ser de la otra norma sancionatoria que existe en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual dispone en su artículo 28 que 'cuando fuese negado el amparo, el Tribunal se promunciará sobre la temeridad de la acción interpuesta y podrá imponer sanción hasta de diez (10) dias de arresto al quejoso cuando aquella fuese manifiesta'. Así como también, una dimensión del análisis efectuado en el aparte precedente es el que sustenta la norma contentiva del otro ilícito previsto en esa ley, concretamente en su artículo 31, el cual, si bien no hace referencia expresa 'al tribunal' como ente sancionador, lo que pudo estimarse innecesario por parte del legislador, no menos cierto es que ello no es determinante para privar al juzgador de amparo, cuya decisión ha sido desacatada (conducta mucho más gravosa que la prevista en el artículo 28 eiusdem, en virtud de la posible vulneración de derechos constitucionales y la obstaculización a la labor de arbitrar —lato sensu-, en definitiva, los conflictos o resolver las situaciones jurídicas en general), de aplicar tal sanción en protección no sólo de los derechos que persigue tutelar mediante la misma y el proceso que la contiene, sino también de la labor del juez y del sistema de administración de justicia, pues si no hubiere una reivindicación inmediata de la decisión adoptada, la jurisdicción perdería la fuerza suficiente para cumplir las atribuciones que le asigna la Constitución y el resto del orden juridico, dejando pasos a otras formas de control de los conflictos e interacciones sociales, que no sólo pudieran contrariar la parte orgánica de la Constitución, sino y sobre todo, su dimensión dogmática: valores, principios, derechos y garantías.
Así pues, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con todas las atribuciones constitucionales que le corresponden (vid. artículo 266 y 336), y como máxima y última intérprete de la Constitución y garante de su uniforme interpretación y aplicación, cuyas decisiones las dicta en única instancia por no existir un tribunal jerárquicamente superior, que no tenga la posibilidad de sancionar una conducta que desacato un mandamiento de amparo que, en ocasiones puede ser pública, notoria, comunicacional y abiertamente objetiva (cuando, por ejemplo, un ciudadano o autoridad obligada por la misma, expresa de manera implícita o explícita su voluntad y acción de no cumplir lo ordenado), existiendo una norma que sanciona tal situación en la propia Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que no establece un procedimiento ni la autoridad que ha de imponer la, como sí lo hace el artículo 28 eiusdem, norma que permite realizar una interpretación sistemática o integral, que también está dirigida a tutelar la administración de justicia, implicaría, a su vez, un desacato a la Ley y la propia Constitución, como también lo sería oficiar al Ministerio Público para que, si así lo estimare, instar a ahora un proceso penal, para que un juez de primera instancia controle la acusación y, de haber superado esa etapa, un juez de juicio lo lleve a cabo y.
de ser el caso, el juez de ejecución vele por el cumplimiento de la sanción que e e compatible con estos ilícitos, existiendo la posibilidad de que, por ejemplo, el Ministerio Público (pudiera archivar las actuaciones o solicitar el sobreseimiento a un juez de primera instancia que pudiera declararlo, por ejemplo, por prescripción de la acción o ausencia de desacato, a pesar de haberlo comprobado esta Sala), quedando absolutamente ilusorio el cumplimiento del mandato de amparo (que, además, en este caso fue dictado cautelarmente en protección de intereses colectivos), y, por tanto, el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en su máxima instancia. (...)'.
De acuerdo al criterio vinculante de la Sala Constitucional, que comparte y acata este órgano jurisdiccional, el ordenamiento jurídico establece una serie de mecanismos legales para habilitar a los tribunales de la República para ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias, así como también para garantizar el cumplimiento de lo que se sentencia, lo cual incluye, desde el uso de la fuerza coercitivas necesaria para ejecutar sus decisiones cautelares o definitivas, incluyendo las normas sancionatorias entre las que se, encuentra lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que no puede ser ejercida por el Ministerio Público, ya que si se oficiar al Ministerio Público para que, si así lo estimare, instar a ahora un proceso penal, supondría una dilación indebida, que haría absolutamente ilusorio el cumplimiento del mandato de amparo y, por tanto, el adecuado funcionamiento de Ia Administración de Justicia en su máxima instancia, por lo que corresponde al Juez de la ejecución del amparo imponer las sanciones que hubiere lugar por el desacato o no cumplimiento a la sentencia constitucional dictada, lo cual es el caso de autos, es decir, corresponde a este Tribunal imponer la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en caso de verificar el desacato de la sentencia de amparo dictada el día 13 de enero de 201s. Y ASÍ SE DECIDE.
Antes de imponer la sanción por el presunto desacato de la sentencia de amparo constitucional dictada por este Tribunal el día trece (13) de enero de 2015, este Tribunal pasa a decidir como punto previo las siguientes solicitudes realizadas por las partes:
En relación a la solicitud de Inhibición (sic) planteada por el profesional del derecho Dr. JUAN ALBERTO GONZÁLEZ MORÓN, ya identificado en autos, como dije en la udiencia (sic), no me considero estar incursa en ninguna de las causales de Inhibición (sic), y adicionalmente a ello, cuando me juramento para desempeñar el cargo que hoy ostentó juré cumplir bien y fielmente con la Constición (sic) de la República Bolivariana de Venezuela y las demas (sic) Leyes del Pais (sic), con el solo fin y proposito (sic) de hacerlo con honestidad, transparencia y sobre todo lealtad a mi Patria y a sus ciudadanos, que cada día vienen ante los órganos Jurisdicionales (sic) a buscar justicia y a que se le de una pronta respuesta. Por otra parte tambien (sic) es importante resaltar (sic) que la referida solicitud no tiene asidero jurídico (sic), ya que solo le está dada a las partes la posiblidad (sic) de recusar al Juez, no de pedirle que se inhiba. Por tales motivos considero que la solicitud es IMPROCEDENTE. Y ASI (sic) SE DECIDE.
En cuanto al Fraude Procesal (sic) anunciado por el Dr. JUAN ALBERTO GONZÁLEZ MORÓN, ya identificado en autos, en su escrito de fecha 16 de septiembre (sic) de 2015, considera esta sentenciadora que el mismo tiene la vía principal para intentarlo. Por tal razón considera improcedente Ia solicitud. Y ASI (sic) SE DECIDE.- En relación a la solicitud de desistimiento por la no asistencia del agraviado el ciudadano JOE TAOUK. JAJAA, venezolano, mayor de edad, y titular de la cedula (sic) de identidad N° V-16.563.664, considera esta Juzgadora (sic), que la asistencia del ciudadano nombrado no es neceria (sic) y menos trae como consecuencia el distimiento (sic) de la acción por el incumplimiento de una sentencia, ya que los órganos del Poder Judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estan (sic) en el deber de hacer ejecutar sus sentencias, no es a instancia de parte, es deber del Estado hacer cumplir sus decretos, autos y sentencias, y si lo llevados al caso en particular, hoy sometido a estudio, se debe decir que estamos ante una situación en la que la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, ya identificada, debe responder y probar ante el órgano del Poder Judicial los motivos por los cuales no cumplió con lo determinado en la sentencia emitida por este tribunal en Sede Consticuciuonal (sic) en fecha 13 de enero de 2015. Por tales motivos considera esta juzgadora que la solicitud es improcedente. Y ASI (sic) SE DECIDE.
En cuanto a la solicitud de anular todas y cada una de las actuaciones al estado de admisión de la acción de amparo por falta de notificación (sic) al Procurador y por falta de legitimidad (sic) de las partes, se considera lo siguiente: El procedimiento de desacato es para que (sic) parte obligada tenga la posibilidad de alegar y demostrar cualquier causa extraña no imputable que sea capaz de justificar por si (sic) sola el incumplimiento de la obligada. El procedimiento de desacato no constituye una nueva instancia, ni un medio de impugnación de la sentencia de amparo definitivamente firme. Es por ello que se declara improcedente la solicitud de nulidad de todas las actuaciones procesales al estado de admisión (sic) de la demanda de amparo, por falta de notificaciòn (sic) del Procurador General de la Repùblica (sic) y nulidad y la por falta de legitimidad del actor en la acción de amparo, hacienda (sic) la aclaratoria que el alegato esgrimido luce manifiestamente contrario al derecho ya que la sentencia de amparo estaba circunscrita al debido funcionamiento del extractor de humo instalado en el edificio TACAMAJACA que es una propiedad privada.
En tal sentido este tribunal de conformidad con lo establecido en los articulos (sic) 17 y 170 ambos del Código de Procedimiento Civil, insta a la parte y a su apoderado abogado Juan Gonzalez (sic), ambos ya identificados, para que en el futuro eviten interponer defensas y alegatos manifiestamente contrarios a derecho, toda vez que ello constituye una violación a los Principios de Lealtad y Probidad (sic) que deben orientar la conducta (sic) de las partes en el proceso. Y ASI (sic) SE DECIDE.
En cuanto a la solicitud de oficiar al Colegio de Abogados a los fines de que se le abra procedimiento a los abogados de la parte querellante, considera este Tribunal, que lo que se está discutiendo es sobre el incumplimiento de una sentencia dictada por un Tribunal en Sede Constitucional en fecha 13 de enero de 2015, por tales razones se considera IMPROCEDENTE la referida solicitud. Y ASI (sic) SE DECIDE.
Hechas las consideraciones que anteceden, corresponde a este Tribunal calificar si hubo o no desacato de la sentencia de amparo constitucional dictada por este
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Tribunal el dia trece (13) de enero de 2015, por parte de la accionada, ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, ya identificada y en tal sentido se observa:
La conducta de las partes durante el estado de ejecución puede ser considerada por esta juzgadora como elemento şeficiente para considerar el desacato, en virtud de acción de no cumplir lo ordenado en el fallo constitucional.
En este sentido, conviene señalar que la accionada en amparo, ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, en conocimiento de la solicitud de desacato efectuada por la parte agraviada ciudadano JOE TAOUK JAJAA, efectuada en fecha 28 de agosto de 2015, en vez de contradecir la pretensión del accionante en amparo, otorgó poder al abogado JUAN ALBERTO GONZÁLEZ, para que en su constitucional.
Con respecto a la actuación del apoderado judicial de la querellante y su incidencia en la esfera jurídica de la accionada, conviene señalar que según lo dispone el artículo 1684 del Código Civil venezolano vigente, el mandato es un contrato mediante el cual una persona (mandante) encarga a otra (mandatario), el desempeño o realización de determinados negocios o actos jurídicos, en su representación, por lo que los actos realizados por el mandatario o apoderado vinculan directamente al mandante de quien deriva su representación.
En materia procesal, el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, establece que las partes tienen el derecho de gestionar personalmente sus intereses en juicio o por medio de apoderados, con lo que el mandato procesal es una especie dentro del género de los mandatos, el cual se rige por leyes especiales, principalmente orientadas a asegurar la autenticidad de la representación otorgada, estableciéndose formas abreviadas para la constitución de apoderados judiciales, como el llamado poder apud acta regulado en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, cuyos efectos de representación se limitan para el juicio contenido en el expediente correspondiente, siendo la nota característica de todos los poderes judiciales, la circunstancia de que el mandatario actuará siempre en nombre y representación del mandante, por lo cual todas las actuaciones del mandatario se reputan efectuadas por el mandante, dentro de los límites de la representación conferida.
En este orden de ideas, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil establece que 'El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma', por lo tanto, todos los alegatos expresados por un mandatario dentro de un proceso judicial se reputan efectuados por el mandante, mucho mas (sic) cuando la representación se confiere precisamente con posterioridad a la petición de desacato efectuada por la parte contraria.
Es así como, este Tribunal trae a colación los argumentos efectuados por el apoderado judicial de la parte agraviante, que aunque ineficaces para impedir la ejecución del fallo constitucional, en virtud de la improcedencia de oposiciones en estado de ejecución de una sentencia de amparo, derivada de la ausencia de incidencias dentro de un procedimiento de amparo constitucional a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sin lugar a dudas revelan la inequívoca intención de la parte agraviante en incumplir con el amparo constitucional dictado, ya que se desprende (sic) de las mismas actas que integran el presente expediente ( 24. 972) especialmente en el folio 30s de la primera pieza que el extractor de humo inspecionado (sic), según lo expresado por el Inspector de riesgo de los bomberos Marinos, a quien se designó como experto, debía ponerse en funcionamiento de manera inmediata y segura para evitar la acumulación de gases y temperatura en el área de cocina, de no cumplir con ello, llevaba como consecuencia un riesgo potencial en el área de la cocina donde se encuentran en riesgo vidas humanas. No obstante a ello y estando en pleno conocimiento (sic) el apoderado de la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, el Dr. JUAN ALBERTO GONZÁLEZ, de todos estos hechos constatados y sugerencias del experto, por estar presentes en todo y cada uno de los traslados realizados por el tribunal, en vez de ponerse a la disposicion (sic) de las partes o del tribunal a los fines de solventar la situación (sic) irregular que presentaba el extractor de humo, máxime (sic) cuando el mismo abogado pudo constatar que el extractror (sic) habia (sic) sufrido aparentes daños dolosos, como asi (sic) lo manifestó el experto designado, ya que le fue agregado un producto fuera de lo normal, le faltaba una correa y no habia (sic) resto de ella y tenia (sic) uno de los sujetadores partido, el referido abogado por el contrario, tomó una conducta contumaz, trató de impedir, se opuso, no solo a que se llevara a cabo la inspección del extractor de humo, tambien (sic) se opuso rotundamente a que se llevara a cabo la relación (sic) del extractor de humo, inclusive podría creerse que irresponsablemente no peso en que su representada corre el mismo peligro que todos y todas aquellas personal que laboran y pernotan (sic) en el restaurante La Cana o (sic) y edificio TACAMAJA (sic), las referidas actuaciones que fueron practicadas por el abogado JUAN ALBERTO GONZÁLEZ, y reposan en las actas que se levantaron por este Tribunal en fechas tres (03) de septiembre y nueve (09) de septiembre ambos de 2015, así como tambien (sic) se evidencia del acta levantada el 17 de septiembre de 2015, con motivo de la audiencia por el presunto Desacato (sic), el nombrado profesional actuó en nombre y representación de la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, por lo que se entiende (sic) que actuó la misma agraviante. Por otra parte es importante resaltar que la agraviante, a su vez en la oportunidad de la audiencia manifestó que no le fue notificado por escrito que habia (sic) que reparar el extractor, lo cual resulta totalmente increíble (sic) para esta juzgadora y así quedó demostrado de autos, primero porque no se opuso en ningún momento a los hechos expuesto (sic) por el ciudadano JOE TAOUK JAJAA, en diligencia de fecha 28 de agosto de 2015 y segundo porque su apoderado judicial Dr. JUAN GONZALEZ (sic), es testigo presencial y así se evidencia de los autos, que el extractor de humo debía ser reparado inmediatamente y aun (sic) así en nombre de su representada se opuso a la inspección del extractor y a su relación (sic), trayendo a los autos defensas que ya eran cosa juzgada y que no pueden ejercerse en fase de ejecución, obligando con su conducta al tribunal en las oportunidades de los traslados, hacer uso de la fuerza publica (sic) para ingresar al edificio TACAMAJA (sic), tanto para inspeccionar (sic) como para reparar el extractor, el abogado JUAN GONZALEZ (sic), en vez de colaborar con el tribunal, actuó solo para entorpecer la función de (sic) tribunal en nombre de su representada y en ese orden no dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia (sic) Constitucional de fecha 13 de enero de 2015, y así lograr que su representada fuese sancionada por desacato, ejerció defensas que dejaron bien claro su intención de no cumplir con lo ordenado, inclusive quedó evidenciado la forma irrespetuosa en la ejerció (sic) sus defensas, amenazando a la Jueza (sic) del tribunal con llamar a magistrados, con interponer denuncias, esa conducta desplegada (sic) por el abogado JUAN GONZALEZ (sic), ya identificado, en toda esta fase de ejecuón (sic) de sentencia Constitucional, en nombre y representación de la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, son prueba suficientes (sic) para determinar que la ciudadana agraviante JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, no cumplió y no quiere cumplir con la sentencia emitida por este tribunal en fecha 13 de enero de 2015, por lo que a criterio de este tribunal procede aplicar la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Dorechos y Garantías Constitucionales por haber quedado demostrado el incumplimiento de la sentencia dictada por este tribunal en fecha 13/01/2015. Y asi (sic) se decide.
En este sentido, la sentencia de amparo de fecha 13 de enero de 2015, dictada por este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano Nueva Esparta, actuando en sede constitucional, declaró:
·PRIMERO: PROCEDENTE la presente acción de Amparo Constitucional (sic) interpuesta por el ciudadano JOE TAOUK JAJAA, venezolano, titular de la cedula (sic) de identidad No. V-16.563.664 en contra de la ciudadana JACQUELIN RODRiGUEZ ADAM, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 55.592.249 (sic), domiciliada en el Edificio Tacamajaca, apartamento No. 1, Municipio Díaz del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en relación g no. interrumpir el funcionamiento del extractor de humo que forma parte de la cocina del restaurante CANOA, en garantía de los artículos 26, 27, 43, 46, 55, 83, 112 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (...).QUINTO: Este Tribunal en sede Constitucional, exhorta a la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, identificada en autos, en su carácter de propietaria de los apartamentos Nos. 1 y 2 del Edificio TACAMAJACA a no impedir el debido funcionamiento del extractor de humo que pertenece a la cocina del restaurante CANOA, con la finalidad de evitar posibles siniestros futuros que pongan en riesgo a las instalaciones y a todos los ciudadanos que circulan, laboran, pernoctan y frecuentan dichas instalaciones, so pena de incurrir en sanciones establecidas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales".
De la transcripción parcial del fallo objeto de ejecución, se evidencia que indiscutiblemente se estableció una clara obligación tanto de no manipular dolosamente el equipo de extracción de humo como el permitir que se efectúe (sic) las reparaciones y mantenimientos preventivos que fuesen necesarias, no pudiéndose nunca interpretar del término exhortar como una mera vocación facultativa de la parte en cumplir con el mandamiento constitucional, ya que la referida sentencia es muy clara en advertir la posibilidad de incurrir en las sanciones establecidas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Dcrechos y Garantías Constitucionales, con lo que los alegatos de inejecutabilidad y de prohibición de acceso de un órgano jurisdiccional a un área común de un edificio, que contraría el carácter coercitivo de todas (sic) actuación judicial, y mucho mas (sic) cuando se trata de una actuación de ejecución de una sentencia de amparo constitucional, lejos de constituir alegatos tendentes a desvirtuar la actuación jurisdiccional, se erigen como verdaderos e inequívocas conductas destinadas a incumplir dolosamente con el mandato constitucional.
Es así como, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prescribe: 'Quien incumpliere el mandamiento de amparo dictado por el juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses. ', por lo que en concordancia con lo establecido en el articulo 37 del Código Penal, que dispone: Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad; se la reducirá hasta el límite inferior o se la aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie', este Tribunal, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en razón de las circunstancias fácticas y jurídicas hasta aquí evidenciadas, y en aras de garantizar los artículos 31 de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, impone a la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, venezolana, mayor de edad, domiciliada en el Municipio Díaz del estado Bolivariano de Nueva Esparta y titular de la cédula de identidad No. V-5.972.249, la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Constitucional, por haber quedado plenamente demostrado en autos, el desacato de la sentencia de Amparo Constitucional (sic) dictada por este Tribunal Constitucional en fecha 13 de enero de 2015, subvirtiendo la autoridad y el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, por lo que este Tribunal, impone como se dijo antes a la ciudadana JACQUELIN RODRÍGUEZ ADAM, ya identificada, a (sic) la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Constitucional (sic), en su término medio de diez (10) meses y quince (15) días, por haber determinado procesalmente y en plena garantía de los derechos humanos, su responsabilidad por haber incurrido en ese ilícito formal, objetivo y de omisión, como lo es el ilícito judicial constitucional del desacato al mandamiento de amparo. Así se decide".
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR La sentencia objeto de consulta fue dictada el 18 de septiembre de 2015, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, la cual contiene la declaratoria de desacato en que supuestamente incurrió la ciudadana Jacquelin Rodríguez Adam, por la presunta falta de cumplimiento del mandamiento de amparo contenido en Ia decisión dictada por ese mismo juzgado, el 13 de enero de 2015, consistente en la orden de no interrumpir el funcionamiento del extractor de humo que forma parte de la cocina del restaurante CANOA ".
Observa esta Sala, que la jueza que dictó el veredicto sometido a consulta partió de una falsa premisa, al aseverar que en la sentencia de amparo del 13 de enero de 2015, se le impuso a la accionada la obligación de permitir que se le realizaran al equipo de extracción de humo que forma parte de la cocina del restaurante Canoa, las reparaciones y mantenimientos preventivos que fuesen necesarios, siendo ésta una orden distinta, sobrevenida, inferida o deducida del mandamiento de amparo, no expresamente prevista en él, el cual estuvo circunscrito a una obligación de no hacer, como fue la de "no interrumpir el funcionamiento del extractor de humo que forma parte de la cocina del restaurante CANOA".
Al respecto, ha de enfatizarse que de acuerdo a lo establecido en el articulo 32, literal b) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, constituye una exigencia formal de la sentencia de amparo, la determinación precisa de la orden a cumplirse, con las especificaciones necesarias para su ejecución", de allí que, en virtud del principio de exhaustividad del fallo, el mismo no debe dar lugar a dudas, incertidumbres, insuficiencias, oscuridades, ambigúedades, implícitos, ni sobreentendidos, debiendo ser suficiente y bastarse por sí solo, es decir, sin necesidad de tener que examinar otras actas del expediente para esclarecer su contenido.
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De donde se colige que, mal podía declararse el desacato de una orden que ciertamente no fue impartida, y que más bien fue el producto de una interpretación amplia o extensiva del mandamiento de amparo, que en modo alguno era viable realizar, y mucho menos al estar de por medio un bien tan preciado como lo es la libertad de una persona.
Por otra parte, de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el expediente, considera esta Sala que no existe prueba alguna de que la ciudadana Jacquelin Rodríguez Adam, hubiese realizado algún acto material con el objeto de impedir u obstaculizar el funcionamiento del mencionado extractor, al punto que ni siquiera fue acreditado el pedimento que supuestamente le había hecho el agraviado para tener acceso al mismo con el objeto de realizarse mantenimiento, ni la supuesta negativa a dicho requerimiento, incurriendo el tribunal de la causa en el vicio de petición de principio, al dar por demostrado lo que precisamente debió haber:sido objeto de prueba.
Tal yerro, resultó determinante del'dispositivo del fallo objeto de consulta, puesto que al no estar incursa la accionada en el desacato que se le endilgó, el mismo debió haber sido declarado sin lugar.
Por tales razones, se revoca la decisión dictada, el 18 de septiembre de 2015, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Así se decide.
V OBITER DICTUM Esta Sala, por notoriedad judicial ha venido detectado graves errores, excesos y destinos por parte de algunos órganos jurisdiccionales, al momento de tener que decidir sobre las denuncias de incumplimiento o desacato de los mandamientos de amparo que han dictado, asunto in extremos delicado, debido a que de ello depende la imposición de una sanción privativa del derecho constitucional a la libertad del justiciable, como lo es la prisión de seis (6) a quince (15) meses, a que.se refiere el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Es por ello que, en esta ocasión, esta Sala Constitucional estima necesario incluir una variante en el criterio jurisprudencial sentado en sentencia N° 245, del 9 de abril de 2014, caso: Salas & Agentes Aduaneros Asociados, C.A. y otros contra Vicencio Scarano Spisso, en lo que atañe al procedimiento para dilucidar las denuncias de desacato a mandamientos de amparo.
Para ello, se ha tomado en consideración la importancia del desacato y su influencia respecto del cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales dictadas en materia de amparo constitucional, así como el carácter dinámico de la jurisprudencia, todo ello, con el objeto de evitar el uso indebido de la aludida institución.
Así pues, lo que se persigue no es más que el impedir que la institución del desacato pueda ser empleada como mecanismo de presión, amenaza, coacción o apremio, bien sea, por parte de los justiciables, o de los propios operadores de justicia.
La modificación en cuestión, encuentra su justificación además, en la búsqueda y obtención de una justicia más idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, sin formalismos o reposiciones inútiles, con el objeto de garantizar, en definitiva, la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, así como su uniforme interpretación y aplicación.
Es por ello que a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Gaceta Judicial, se establece con carácter vinculante que las denuncias de incumplimiento o desacato de mandamientos de amparo constitucional dictados por cualquier tribunal de la República, han de ser sometidas al conocimiento previo de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
De tal forma que, ante la manifestación de incumplimiento o desacato del mandamiento de amparo constitucional, el tribunal que esté conociendo de la causa deberá, de manera inmediata, remitir a esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la acción de amparo ejercida, junto con la denuncia de incumplimiento o desacato que se haya realizado, debiendo esta Sala -en un lapso perentorio de sesenta (60) días continuos- dictaminar sobre la viabilidad del mismo, para lo cual deberá emitir una decisión muy sucinta en términos de verosimilitud y no de plena certeza, a modo de controlar, prima facie, su fundabilidad.
En caso de que la decisión de la Sala sea favorable o proclive a que se le dé cause o trámite a la denuncia, devolverá el expediente al tribunal de la causa, ante el cual se instruirá el procedimiento correspondiente, de acuerdo con los parámetros establecidos en la citada sentencia N° 245, del 9 de abril de 2014, lo que implica la consulta per saltum de la decisión que declare el desacato e imponga la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, caso contrario, se declarará concluido el procedimiento con la consecuente orden de cierre del expediente y envio del mismo al tribunal de la causa.
- ;
Se deja claro que tal pronunciamiento no será necesario en aquellos casos en los que sea esta Sala Constitucional la competente para dilucidar la denuncia de incumplimiento o desacato del mandamiento de amparo, en cuyo caso deberá aplicarse, sin más, el procedimiento establecido en la mencionada sentencia N° 245, del 9 de abril de 2014.
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
1. Su COMPETENCIA para conocer en consulta "per saltum" la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 18 de septiembre de 2015, en la incidencia de desacato de mandamiento constitucional en el marco de la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Joe Taouk Jajaa, contra la ciudadana Jacquelin Rodríguez Adam.
2. REVOCA la sentencia objeto de la presente consulta y declara SIN LUGAR el desacato denunciado por el ciudadano Joe Taouk Jajaa contra la ciudadana Jacquelin Rodríguez Adam, por el supuesto incumplimiento al mandamiento de amparo dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 13 de enero de 2015.
3. En atención a la naturaleza de este pronunciamiento, esta Sala ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Gaceta Judicial, en cuyos sumario deberá indicarse lo siguiente:
"Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que MODIFICA el criterio jurisprudencial sentado en sentencia N° 245, del 9 de abril de 2014, caso: Salas & Agentes Aduaneros Asociados, C.A. y otros contra Vicencio incumplimiento o desacato de mandamientos de amparo constitucional dictados por cualquier tribunal de la República, han de ser del conocimiento previo de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a la que deberá ser remitido inmediatamente el original del expediente para que dentro de un lapso perentorio de sesenta (60) días continuos, juzgue respecto de su viabilidad, mediante decisión sucinta, en términos de verosimilitud y no de plena certeza, a modo de controlar, prima facie, su fundabilidad".
Publíquese y regístrese. Remítase copia de esta decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los d- días del mes de oniOde dos mil diecinueve (2019). Añog.ª209° de la Ipdependencia y 160° de la Federación.
El Presidente, JUAN JOSÉ MENDOZA JOYER Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN (Ponente)
GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
CALIXTO ORTEOAARIOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
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LQURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
RM Fie hosle
No firma la Presente Sentencia la Magiotrado.
Doctora Gladys María Gutierrez Aluarado Por motiuc. Justigicado.
LorSecretaria.
Quien suscribe, Magistrado LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS, disiente de la mayoría sentenciadora por los siguientes motivos:
La consulta per saltum establecida en la sentencia N° 245/2014, contiene efectos suspensivos de la sanción privativa de la libertad prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que ésta no puede ser utilizada como un mecanismo de coacción o amenaza si dicha sanción no puede materializarse sin que sea consultada ante esta Sala.
Por otro lado, instaurar una consulta previa de la denuncia de incumplimiento o desacato del mandamiento de amparo constitucional por parte de esta Sala, generaría un perjuicio a las partes ante la necesidad de trasladarse a la ciudad de Caracas, lo que contraría los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad y economía procesal, conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concatenación con lo previsto en el artículo 257 eiusdem.
Qucda así expresado el criterio del Magistrado disidente, a la fecha ut retro.
El Presidente de la Sala, JUAN JOSÉMNDOZA JOVER El Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN Ponente
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
CALIXTOORTEBRRIOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS Disidente
HOURDES BENICIA SUAREZ ANDERSON
La Secretaria,
MÓNICAANDREA RODRIGUPZ FLORES 16-0299 LFDB
DEFENSA PÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2019-299 Caracas, 31 de mayo de 2019 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° v-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al ciudadanO REYNALDO EFRAÍN JURADO MARÍN, titular de la cédula de identidad N° V-17.610.644, Defensor Público Auxiliar Cuarto (4°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, como Defensor Público Provisorio Décimo Octavo (18°), con competencia en materia Penal Ordinario, en Fase de Ejecución, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, extensión Centro, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdto, de la Asamblea Nacienal Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019,públicado en la Gacetà Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.559, de fechá 08 de enero de 2019
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2019-300 Caracas, 31 de mayo de 2019 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública Generai, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana YULIMAR DEL VALLE CORDOVA CÁCERES, titular de la cédula de identidad N° V-12.958.428, Defensora Pública Auxiliar Octogésima Tercera (83°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, como Defensora Pública Provisoria Octogésima Tercera (83°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la referida Unidad Regional, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, asto CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAI Designada mediante Acuerdo de la Asatpblea Nacional Canstituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicadueria Gaceta Ofipe-de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.55s dfecna-08-de enero de 2019
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 31 de mayo de 2019 N° DDPG-2019-301 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRo GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana MAGALY MAGDALENA ARTEAGA ACEBO, titular de la cédula de identidad N° V-22.033.020, Defensora Pública Auxiliar Octogésima Primera (81°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, como Defensora Pública Provisoria Trigésima Quinta (35°), con competencia en materia Penal Ordinario, en Fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, extensión Centro, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de Ja:Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, eciestus CARMEN MARÍSELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo'di-a Asamblea Naciónal Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, putlicaido en la Gaceta Oficial de la República Balivariana de Venezuela N° 41.559. de fecha 08 de enero de 2019 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 31 de mayo de 2019 N° DDPG-2019-302 209º, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana BARBARA ANDREINA ROJAS OJEDA, titular de la cédula de identidad N° V-20.308.758, Defensora Pública Auxiliar Septuagésima Octava (78°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, como Defensora Pública Provisoria Septuagésima Octava (78°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la referida Unidad Regional, a partir de la fecha de su notificación.
la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asambiea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, ublicado en la Gaceta.Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 4±.559; de fecha 08 de enero de 2019
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 31 de mayo de 2019 N° DDPG-2019-303 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana SANDRA VANESSA VIASUS PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V-18.933.314, Defensora Pública Auxiliar Septuagésima Novena (79°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, como Defensora Pública Provisoria Septuagésima Novena (79°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la referida Unidad Regional, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, lickdastis CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Naplonal Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, qulicado en la Gaséta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela559, de fecha 08 de enero de 2019
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 03 de junio de 2019 Nº DDPG-2019-304 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRo GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas, por el territorio y por la materia.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al Ciudadano LEONARDO RAFAEL HEREDIA MATA, titular de la cédula de identidad N° V-12.658.279, Defensor Público Auxiliar con competencia Plena, como Defensor Público Provisorio Septuagésimo Quinto (75°), con competencia en materia Penal Ordinario, en Fase de Ejecución, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, extensión Centro, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
sat Comuníquese y publíquese, CARMEN MARISELA CÁSTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICAGENERAL Designada mediante Acuer o de Asamedal Coistituyente, de fecha 08 de enero de 2019, pubidao en la Gaceta Oficialde la República Bolivariana de Venezuela Ns59, de fecha 08 d@enero de 2019
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 03 de junio de 2019 N° DDPG-2019-305 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana CRISTIAN ALEXSARY VÁSQUEZ DE ROJAS, titular de la cédula de identidad N° V-14.864.308, Defensora Pública Auxiliar Sexta (6°), con competencia en materia Penal Ordinario, como Defensora Pública Provisoria Octogésima Sexta (86°), con competencia en la referida materia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORÀ PUBLICA GENERAL Designada mediante Acuerto de la Asamblea Nagional Constituyente, de fecha Bolivariana de Venez 41.559, de 08 de enero de 2019
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2019-306 Caracas, 03 de junio de 2019 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CIUdadana BETZABETH TERESA VALERA GRATEROL, titular de la cédula de identidad N° V-19.610.490, Defensora Pública Auxiliar Cuadragésima (40°), con competencia en materia Penal Ordinario, como Defensora Pública Provisoria Trigésima Novena (39°), con competencia en la referida materia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, es
CARMENMARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuee de la Asamblea Naciónal Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019públicado en la Gaceg Glicial de la República Bolivariana de Venezue41.559, de femna ds de enero de 2019
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 03 de junio de 2019 N° DDPG-2019-307 209º, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas, por el territorio y por la materia.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la ciudadana EMMA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.958.381, Defensora Pública Auxiliar Séptima (7°), con competencia en materia Penal Municipal, como Defensora Pública Provisoria Décima Segunda (12°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
NRIAL Dada, firmada y sellada en el Despacho de da· Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Masts Comuníquese y publíquese, CARMEN MÁRISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdodele Asamblea Nagnar Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, pulcádo gn la Gagita salicial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2019-308 Caracas, 03 de junio de 2019 209°, 160° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana ELSY COROMOTO TORRES VELAZCO, titular de la cédula de identidad N° V-13.581.472, Defensora Pública Auxiliar Vigésima Segunda (22°), con competencia en materia Penal Ordinario, como Defensora Pública Provisoria Octogésima Quinta (85°), con competencia en la referida materia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la:Defensora Pública General, en la ciudad de IARIA Caracas.
Comuníquese y publíquese, est CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo e Asamblea Nacionãil Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta:Óficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2019-292
Caracas, 28 de mayo de 2019 209°, 160° y 20°
La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en los Artículos 3, 8, 10 y 14, numerales 1, 2, 3, 12, 17 y 28; 107, numeral 1, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y del artículo 6 del Reglamento Interno de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente a lla Defensa Pública como Organismo Constitucional que forma parte del Sistema de Justicia.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todo estado y grado del proceso judicial y administrativo, en todas las materias que le son atribuidas a este Órgano Constitucional, de conformidad con la Ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de los fines antes referidos, la máxima autoridad de la Defensa Pública deberá designar Defensores Públicos y Defensoras Públicas, con competencia en las materias jurídicas expresamente señaladas en la Ley, de acuerdo con la necesidad del servicio.
CONSIDERANDO Que la Defensora Pública General, tiene la atribución para asignar competencias por la materia y el territorio a las Defensoras Públicas y Defensores Públicos.
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CONSIDERANDO Que la Defensa Pública debe garantizar acceso directo y efectivo de todas las personas a sus servicios de orientación, asesoría, asistencia y representación jurídica, por consiguiente, podrá crear y mantener oficinas, unidades o dependencias administrativas para la prestación de sus servicios, de fácil acceso a las Icomunidades.
CONSIDERANDO Que la Defensa Pública debe garantizar acceso directo y efectivo de todas las [personas a sus servicios de orientación, asesoría, asistencia y representación jurídica, por consiguiente, podrá crear y mantener oficinas, unidades o dependencias administrativas para la prestación de sus servicios, de fácil acceso a las comunidades.
RESUELVE
PRIMERO: CREAR la DEFENSORÍA PÚBLICA PRIMERA (1era) en materia Penal Municipal con competencia territorial en los municipios Mara, Almirante Padilla e Indígena Bolivariano Guajira del estado Zulia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del referido estado.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, ticaastio CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Naciqnal Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41,559, de fecha 08 de enero de 2019.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2019-297
Caracas, 30 de mayo de 2019 209°, 160° y 20°
La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY,titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en los Artículos 2, 3, 8 y 14, numerales 1, 2, 3, 12 y 28; artículo 38 y 107, numeral 1 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Asimismo, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento Interno de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente a la Defensa Pública como Organismo Constitucional que forma parte del Sistema de Justicia.
CONSIDERANDO Que la Defensa Pública tiene como propósito fundamental, garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa gratuita a todas las personas que lo requieran, sin distinción de clase socio-económica, en todas las materias que le son atribuidas de conformidad con la Ley, dando especial preeminencia a la defensa de los Derechos Humanos.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todo estado y grado del proceso judicial y administrativo, en todas las materias que le son atribuidas, de conformidad con la Ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO Que el artículo 65 del Decreto N° 9.042 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código de Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.078 Extraordinario, de fecha quince (15) de junio de 2012, establece la competencia de los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, para conocer delitos de acción pública cuyas penas no excedan de ocho (08) años.
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CONSIDERANDO Que a través de la Resolución, emanada de este Despacho bajo el N° DDPG-2012-206 de fecha veinticuatro (24) de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, de fecha veintiocho (28) de agosto de 2012, se creó y activó la competencia Penal Municipal a los fines de garantizar el derecho a la defensa, la participación ciudadana en el desarrollo del proceso penal, la aplicación de fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, el cumplimiento de la pena, la justicia retributiva y la reparación del daño causado.
CONSIDERANDO Que mediante Resolución N° 2012-0034, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha doce (12) de diciembre de 2012, se creó, organizó y puso en funcionamiento a nivel nacional y de manera progresiva, los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
CONSIDERANDO Que la Defensa Pública debe garantizar el acceso directo y efectivo de todas las personas a sus servicios de orientación, asesoría, asistencia y representación jurídica, por consiguiente, podrá crear y mantener oficinas, unidades o dependencias administrativas para la prestación de sus servicios, de fácil acceso a las comunidades.
RESUELVE
PRIMERO: CREAR la DEFENSORÍA PÚBLICA PRIMERA (1era) en materia Penal ladscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del referido estado. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, CARMEN MARISELA CÁSTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo:de' la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gacetà Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.59, de fecha 08 de enero de 2019.
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
CARACAS, 1° DE JULIO DE 2019 209° y 160 RESOLUCIÓN N° DdP-2019-024 ALFREDO JOSÉ RUIZ ANGULO, venezolanO, mayOr de edad, titular de la cédula de idertidad N°V-6.444.336, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Verezuela, en ejercicio del cargo desde el 05 de agosto de 2017, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N0 41.212 de fecha 11 de agosto de 2017, conforme a lo dispuesto en el numeral 40 del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.995 de fecha 05 de agosto de 2004, ratificado en el. cargo por la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 20 de noviembre de 2018, 41.529, de fecha 21 de noviembre de 2018, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con los artículos 11 y 66 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución N° DdP-2016-048, de fecha 03 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.959 del día 04 de agosto de 2016.
RESUELVE:
Designar a la CiUCadana PASCUALINA ASSUNTA MARIA DEL VECCHIO D'ELIA, titular de la cédula de identidad N° V-11.161.712, quien ejerce el cargo de Defensora IV, como Defensora Delegada del Área Metropolitana, en calidad de encargada, desde el 1° de julio de 2019:
Comuníquese y publíquese Dug ALFREDO JOSÉ RUIZ ANGULO ·DEFENSOR DEL PUEBLO
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Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial G-20001768-6 Estimados usuarios El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial facilita a todas las personas naturales, jurídicas y nacionalizadas la realización de los trámites legales para la solicitud de la Gaceta Oficial sin intermediarios.
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLVI - MES IX Número 41.667 Caracas, miércoles 3 de julio de 2019 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 páginas, costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
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