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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 41.612

8 de abril de 2019 · 24 páginas
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Caracas, lunes 8 de abril de 2019 Número 41.612 AÑO CXLVI - MES VI

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT Providencias mediante las cuales se revoca la autorización para operar como Agencia Aduanal a los Auxiliares de la Administración Aduanera que en ellas se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Resoluciones mediante las cuales se otorga la Pensión de Discapacidad Absoluta Permanente, a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan.

Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Pensión de Sobreviviente, a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sala Constitucional “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que regula ordena a las asociaciones civiles sin fines de lucro o cubles constituidos en todo el territorio nacional a que, en la imposición de las sanciones que se provean en sus estatus, sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a los asociados que puedan verse afectados por estos actos sancionatorios”.

Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resoluciones mediante las cuales se designan a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones, con carácter permanente, de este Órgano Contralor, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Estado Aragua, y se designa al ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Villavicencio, como Contralor Interventor, en calidad de Encargado, de este Órgano Contralor.

Resoluciones mediante las cuales se ratifica la Intervención de las Contralorías Municipales que en ellas se mencionan, y se designan a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Órgano Contralor.

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Visto que, a los efectos de la legislación aduanera el declarante, consignatario o representante legal es el propietario de las mercancías y está sujeto a las obligaciones y derechos que se generen con motivo del régimen aduanero respectivo, y en virtud de la existencia de mercancías que tienen restricciones para su importación establecidas en el Arancel de Aduanas, el control que realiza la Administración Aduanera y Tributaria, es la finalidad, uso y destino que se le dé a esas mercancías, como mecanismo de gestión de riesgo, de manera tal que la introducción de estos bienes que atenten contra la seguridad y paz de la población que hacen vida en el territorio nacional y actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 de fecha 30 de abril de 2012, la Administración Aduanera y Tributaria es un órgano de control, previsión, fiscalización y vigilancia en esta materia.

Así pues, las distintas Gerencias de Aduanas Principales a nivel nacional, a los fines de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público de conformidad con el artículo 6° del Decreto N° 3.736 y visto que es un hecho público y notorio que las referidas mercancías han venido siendo usadas por un sector de la población para generar zozobra, protestas violentas que atentan contra la seguridad y paz, ocasionando hechos de violencia y afectación de las personas, instituciones públicas y bienes públicos.

Al respecto, el declarante, consignatario o representante legal de las mercancías, derivados de las actuaciones realizadas por el Auxiliar de la Administración Aduanera supra identificado, quien es responsable solidario ante el Servicio, por las omisiones de informar actividades sospechosas de las mercancías introducidas al territorio nacional que provienen, estén vinculadas o que puedan ser utilizadas para cometer actos terroristas o cualquier otro delito de delincuencia organizada, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

II MOTIVACIONES PARA DECIDIR Analizados como han sido los hechos, todo de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, esta Superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, para decidir observa:

El artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de, Venezuela N° 6.155 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, establece lo siguiente:

"Artículo 89. Son Auxiliares de la Administración Aduanera: los agentes y agencias de aduanas; las empresas de almacenamiento o depósitos aduaneros; las tiendas y depósitos libres de impuesto (Dutty Free Shops); las empresas de mensajería internacional courier, consolidación de carga, transporte; y aquellos que la Administración Aduanera designe como tales mediante Providencia.

Estos auxiliares deberán estar autorizados y registrados por la Administración Aduanera, según corresponda, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento.

Salvo los casos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los Auxiliares de la Administración Aduanera no podrán ser autorizados para realizar conjuntamente actividades de agentes de aduanas, transporte, consolidación de carga y almacenaje".

Del articulo antes transcrito, se infiere que todo Auxiliar de la Administración Aduanera, en el ejercicio de sus funciones, asume dentro de sus responsabilidades la de ser diligente con el consignatario contratante y con la Administración Aduanera, la de presentar con exactitud y veracidad los datos que deban ser aportados a la Administración, todo esto visto que la misma, al autorizarlo como Auxiliar deposita su confianza para que actué como un intermediario especializado entre esta y el usuario del Servicio Aduanero.

Así pues, deberá conforme con el artículo 90, numerales 11 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, que establece los requisitos y obligaciones de los Auxiliares de la Administración Aduanera para autorizar a dichos entes, suministrar a los usuarios de su servicio, la información adecuada, vinculada con la actividad específica de que se trate y comunicar inmediatamente a la Administración Aduanera, cualquier irregularidad cuando les corresponda recibir, almacenar o transportar mercancías. Se hace hincapié en que la única forma que establece el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento, para autorizar a los Auxiliares de la Administración en materia de regímenes aduaneros, es la prevista en dicho Decreto Ley, que excluye cualquier otra autoridad, inclusive para autorizar los para actuar conjuntamente como agentes de aduanas, transporte, consolidación de carga y almacenaje.

Adicionalmente a esto, los Auxiliares de la Administración Aduanera y Tributaria tienen la obligación de crear los procedimientos y normas internas de prevención y control sobre las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes o usuarios con personas naturales y jurídicas ubicadas en el país, sin necesidad de revelar a su cliente, usuario o tercero, que se ha reportado información a este Servicio, así como tampoco que se está examinando alguna operación sospechosa vinculada con dicha información y en consecuencia, son responsables solidarios ante la Republica por las obligaciones tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran sus empleados en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos empleados queden legalmente sujetos.

Conjuntamente con lo mencionado anteriormente, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria como órgano de control, puede otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para las operaciones de la actividad económica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 numeral 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y visto el supuesto de hecho descrito en esta Providencia Administrativa, esta Superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria concluye que el Auxiliar de la Administración Aduanera antes indicado, se encuentra incurso en una de las causales de revocación prevista en el ordenamiento jurídico vigente, en los términos siguientes:

"Artículo 163. La autorización para actuar como Auxiliar de la Administración Aduanera, será revocada por las siguientes causas:

1. No renovar, adecuar o reponer las condiciones o requisitos tomados en cuenta para otorgar la autorización, dentro del plazo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley;...".

En este sentido, al considerarse que no se ha cumplido con los requisitos tomados en cuenta para el otorgamiento de las autorizaciones para ejercer la tarea como Auxiliares de la Administración Aduanera, que consisten en notificar inmediatamente a la Administración Aduanera y Tributaria cualquier irregularidad cuando les corresponda recibir, almacenar o transportar mercancías y haber alertado a los usuarios (sus clientes) sobre la actividad específica que estaban desempeñando en momentos en las que se preserva el orden interno (artículo 90 numerales 11 y 18 ejusdem), enmarcado en el Decreto N° 3.736, de fecha 11 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.424 Extraordinario, de fecha 11 de enero de 2019, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la Republica, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida; y ante el hecho que los Auxiliares de la Administración Aduanera son responsables solidarios ante la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 de ese mismo cuerpo normativo aduanero, por las consecuencias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos llegando a la responsabilidad civil, administrativa y penal, esta Administración Aduanera y Tributaria Nacional considera que la autorización debidamente identificada está incursa en esta causal legal prevista para su revocatoria.

1I1 DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, quien suscribe, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 5° numerales 3 18 y 23 y el artículo 152 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014; el artículo 7° y el artículo 10 númeral 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, el artículo 7 numeral 6 y el artículo 8 numeral 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012, decide: 1) REvocAR la autorización del siguiente Auxiliar de la Administración Aduanera:

AUXILIAR DE LA R.I.F TIPO DE AUXILIAR NÚMERO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA REGISTRO SERVICIOS Agencia de Aduanas J.-41001032-0 2.090 LOGÍSTICOS C & O, C.A 2) DESACTIVAR la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA.

3) TRAMITAR la publicación de esta decisión en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines legales consiguientes.

Se le notifica que en caso de inconformidad con la presente decisión podrá interponer el Recurso Contencioso Tributario, previsto en el artículo 266 y siguientes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014, dentro de los veinticinco (25) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del presente, cumpliendo con las formalidades previstas en el mismo.

Comuníquese y publíquese, JOSÉ DAYID GABELLO RONDÓN Superintendento del-Servicio Nacional-Entegrado de Administreción Aduanera y Tributaria Decreto 5.851 de fecha 01/02/2008 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de fecha 01/02/2008

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA

Caracas, 14 de febrero de 2019

Años 208°, 159° y 200

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/INA/00041

El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, designado mediante Decreto N° 5.851, de fecha 1° de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 5° numerales 3 18 y 23 y el artículo 152 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014; el artículo 7° y el artículo 10 numeral 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, el artículo 7 numeral 6 y el artículo 8 numeral 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012, ejerciendo los controles necesarios para coadyuvar con las disposiciones del Decreto N° 3.736, de fecha 11 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.424 Extraordinario, de fecha 11 de enero de 2019, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan al orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la Republica, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dicta la siguiente Providencia Administrativa de Revocatoria de Autorización para ejercer las obligaciones inherentes al Auxiliar de la Administración Aduanera, que se identifica a continuación:

AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN R.I.F NUMERO DE TIPO DE AUXILIAR REGISTRO ADUANERA BETELGEUSE Agencia de 970 J-00266584-0 Aduanas MARITIMA, C.A.

I DE LOS HECHOS Por cuanto el Auxiliar de la Administración Aduanera antes mencionado, ha sido debidamente calificado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), cumpliendo con los requisitos que señala la Ley Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos y las normas de rango sublegales que corresponden para su autorización.

En este orden de ideas, los Auxiliares de la Administración Aduanera son controlados y supervisados por la Intendencia Nacional de Aduanas y por las Gerencias de Aduanas Principales, en virtud de las competencias otorgadas en las Providencias N° SNAT/2005/0864 de fecha 23 de septiembre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333 de fecha 12 de diciembre de 2005 y N° SNAT/2015-0009 del 03 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.598 de fecha 09 de febrero de 2015, y mantienen un contacto directo con las actividades desarrolladas a diario en los regímenes aduaneros.

Visto que, a los efectos de la legislación aduanera el declarante, consignatario o representante legal es el propietario de las mercancías y está sujeto a las obligaciones y derechos que se generen con motivo del régimen aduanero respectivo, y en virtud de la existencia de mercancías que tienen restricciones para su importación establecidas en el Arancel de Aduanas, el control que realiza la Administración Aduanera y Tributaria, es la finalidad, uso y destino que se le dé a esas mercancías, como mecanismo de gestión de riesgo, de manera tal que la introducción de estos bienes atente contra la seguridad y paz de la población que hacen vida en el territorio nacional y actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 de fecha 30 de abril de 2012, la Administración Aduanera y Tributaria es un órgano de control, previsión, fiscalización y vigilancia en esta materia.

Así pues, las distintas Gerencias de Aduanas Principales a nivel nacional, a los fines de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público de conformidad con el artículo 6° del Decreto N° 3.736 y visto que es un hecho público y notorio que las referidas mercancías han venido siendo usadas por un sector de la población para generar zozobra, protestas violentas que atentan contra la seguridad'y paz, ocasionando hechos de violencia y afectación de las personas, instituciones públicas y bienes públicos.

Al respecto, el declarante, consignatario o representante legal de las mercancías, derivados de las actuaciones realizadas por el Auxiliar de la Administración Aduanera supra identificado, quien es responsable solidario ante el Servicio, por las omisiones de informar actividades sospechosas de las mercancías introducidas al territorio nacional que provienen, estén vinculadas o que puedan ser utilizadas para cometer actos terroristas o cualquier otro delito de delincuencia organizada, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos.y ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

II MOTIVACIONES PARA DECIDIR Analizados como han sido los hechos, todo de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, esta Superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, para decidir observa:

El artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, establece lo siguiente:

"Artículo 89. Son Auxiliares de la Administración Aduanera: los agentes y agencias de aduanas; las empresas de almacenamiento' o depósitos aduaneros; las tiendas y depósitos libres de impuesto (Dutty Free Shops); las empresas de mensajería internacional courier, consolidación de carga, transporte; y aquellos que la Administración Aduanera designe como tales mediante Providencia.

Estos auxiliares deberán estar autorizados y registrados por la Administración Aduanera, según corresponda, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento.

Salvo los casos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los Auxiliares de la Administración Aduanera no podrán ser autorizados para realizar conjuntamente actividades de agentes de aduanas, transporte, consolidación de carga y almacenaje".

Del articulo antes transcrito, se infiere que todo Auxiliar de la Administración Aduanera, en el ejercicio de sus funciones, asume dentro de sus responsabilidades la de ser diligente con el consignatario contratante y con la Administración Aduanera, la de presentar con exactitud y veracidad los datos que deban ser aportados a la Administración, todo esto visto que la misma, al autorizarlo como Auxiliar deposita su confianza para que actué como un intermediario especializado entre esta y el usuario del Servicio Aduanero.

Así pues, deberá conforme con el artículo 90, numerales 11 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, que establece los requisitos y obligaciones de los Auxiliares de la Administración Aduanera para autorizar a dichos entes, suministrar a los usuarios de su servicio, la información adecuada, vinculada con la actividad específica de que se trate y comunicar inmediatamente a la Administración Aduanera, cualquier irregularidad cuando les corresponda recibir, almacenar o transportar mercancías. Se hace hincapié en que la única forma que establece el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento, para autorizar a los Auxiliares de la Administración en materia de regímenes aduaneros, es la prevista en dicho Decreto Ley, que excluye cualquier otra autoridad, inclusive para autorizar los para actuar conjuntamente como agentes de aduanas, transporte, consolidación de carga y almacenaje.

Adicionalmente a esto, los Auxiliares de la Administración Aduanera y Tributaria tienen la obligación de crear los procedimientos y normas internas de prevención y control sobre las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes o usuarios con personas naturales y jurídicas ubicadas en el país, sin necesidad de revelar a su cliente, usuario o tercero, que se ha reportado información a este Servicio, así como tampoco que se está examinando alguna operación sospechosa vinculada con_ dicha información y en consecuencia son responsables solidarios ante la Republica por las obligaciones tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran sus empleados en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos empleados queden legalmente sujetos.

Conjuntamente con lo mencionado anteriormente, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria como órgano de control, puede otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para las operaciones de la actividad económica de conformidad con el numeral 4 artículo 8 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y visto el supuesto de hecho descrito en esta Providencia Administrativa, esta Superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria concluye que el Auxiliar de la Administración Aduanera antes indicado, se encuentra incurso en una de las causales de revocación prevista en el ordenamiento jurídico vigente, en los términos siguientes:

"Artículo 163. La autorización para actuar como Auxiliar de la Administración Aduanera, será revocada por las siguientes causas:

I. No renovar, adecuar o reponer las condiciones o requisitos tomados en cuenta para otorgar la autorización, dentro del plazo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley;:.." (Énfasis de la Administración Tributaria) En este sentido, al considerarse que no se ha cumplido con los requisitos tomados en cuenta para el otorgamiento de las autorizaciones para ejercer la tarea como «Auxiliares de la Administración Aduanera, que consisten en notificar inmediatamente a la Administración Aduanera y Tributaria cualquier irregularidad cuando les

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corresponda recibir, almacenar o trimsportar mercancías y haber alertado a los usuarios (sus clientes) sobre la actividad específica que estaban desempeñando en momentos en las que se preserva el orden interno (artículo 90 numerales 11 y 18 ejusdem), enmarcado en el Decreto N° 3.736, de fecha 11, de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.424 Extraordinario, de fecha 11 de enero de 2019, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la Republica, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida; y ante el hecho que los Auxiliares de la Administración Aduanera son responsables solidarios ante la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 de ese mismo cuerpo normativo aduanero, por las consecuencias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos llegando a la responsabilidad civil, administrativa y penal, esta Administración Aduanera y Tributaria Nacional, considera que la autorización debidamente identificada está incursa en esta causal legal prevista para su revocatoria.

III DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, quien suscribe, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 5° numerales 3 18 y 23 y el artículo 152 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014; el artículo 7° y el artículo 10 numeral 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, el artículo 7 numeral 6 y el artículo 8 numeral 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012, decide:

1) REvoCAR la autorización del siguiente Auxiliar de la Administración Aduanera:

AUXILIAR DE LA R.I.F NUMERO DE ADMINISTRACIÓN TIPO DE AUXILIAR REGISTRO ADUANERA 970 BETELGEUSE J-00266584-0! Agencia de Aduanas MARITIMA, C.A.

2) DESACTIVAR la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA.

3) TRAMITAR la publicación de esta decisión en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines legales consiguientes.

Se le notifica que en caso de inconformidad con la presente decisión podrá interponer el Recurso Contencioso Tributario, previsto en el artículo 266 y siguientes del Decreto Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014, dentro de los veinticinco (25) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del presente, cumpliendo con las formalidades previstas en el mismo.

Comuníquese y publíquese, JOSÉ PAIE SABELLO RONDÓN Superintendente del-Servicio Nacienal-integrado de Administreción Aduanera y Tributaria Decreto -851 de fecha 01/02/2008 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de fecha 01/02/2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA

Caracas, 14 de febrero de 2019

Años 208°, 159º y 200

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/INA/00042

El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, designado mediante Decreto N° 5.851, de fecha 1° de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 50 numerales 3 18 y 23 y el artículo 152 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014; el artículo 7° y el artículo 10 numeral 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, el artículo 7 numeral 6 y el artículo 8 numeral 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012, ejerciendo los controles necesarios para coadyuvar con las disposiciones del Decreto N° 3.736, de fecha 11 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.424 Extraordinario, de fecha 11 de enero de 2019, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan al orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la Republica, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dicta la siguiente Providencia Administrativa de Revocatoria de Autorización para ejercer las obligaciones inherentes al Auxiliar de la Administración Aduanera, que se identifica a continuación:

AUXILIAR DE LA R.I.F NUMERO DE ADMINISTRACIÓN TIPO DE ADUANERA AUXILIAR REGISTRO AGENTES ADUANALES Agencia de J-30017580-4 1.388 Aduanas ENDRINAMAR, C.A.

I DE LOS HECHOS Por cuanto el Auxiliar de la Administración Aduanera antes mencionado, ha sido debidamente calificado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), cumpliendo con los requisitos que señala la Ley Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos y las normas de rango sublegales que corresponden para su autorización.

En este orden de ideas, los Auxiliares de la Administración Aduanera son controlados y supervisados por la Intendencia Nacional de Aduanas y por las Gerencias de Aduanas Principales, en virtud de las competencias otorgadas en las Providencias N° SNAT/2005/0864 de fecha 23 de septiembre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333 de fecha 12 de diciembre de 2005 y N° SNAT/2015-0009 del 03 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.598 de fecha 09 de febrero de 2015, y mantienen un contacto directo con las actividades desarrolladas a diario en los regímenes aduaneros.

Visto que, a los efectos de la legislación aduanera el declarante, consignatario o representante legal es el propietario de las mercancías y está sujeto a las obligaciones y derechos que se generen con motivo del régimen aduanero respectivo, y en virtud de la existencia de mercancías que tienen restricciones para su importación establecidas en el Arancel de Aduanas, el control que realiza la Administración Aduanera y Tributaria, es la finalidad, uso y destino que se le dé a esas mercancías, como mecanismo de gestión de riesgo, de manera tal que la introducción de estos bienes atente contra la seguridad y paz de la población que hacen vida en el territorio nacional y actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 de fecha 30 de abril de 2012, la Administración Aduanera y Tributaria es un órgano de control, previsión, fiscalización y vigilancia en esta materia.

Así pues, las distintas Gerencias de Aduanas Principales a nivel nacional, a los fines de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público de notorio que las referidas mercancías han venido siendo usadas por un sector de la población para generar zozobra, protestas violentas que atentan contra la seguridad y

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paz, ocasionando hechos de violencia y afectación de las personas, instituciones públicas y bienes públicos.

Al respecto, el declarante, consignatario o representante legal de las mercancías, derivados de las actuaciones realizadas por el Auxiliar de la Administración Aduanera supra identificado, quien es responsable solidario ante el Servicio, por las omisiones de informar actividades sospechosas de las mercancías introducidas al territorio nacional que provienen, estén vinculadas o que puedan ser utilizadas para cometer actos terroristas o cualquier otro delito de delincuencia organizada, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

II MOTIVACIONES PARA DECIDIR Analizados como han sido los hechos, todo de conformidad con las disposiciones Administración Aduanera y Tributaria, para decidir observa:

El artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, establece lo siguiente:

"Artículo 89. Son Auxiliares de la Administración Aduanera: los agentes y agencias de aduanas; las empresas de almacenamiento o depósitos aduaneros; las tiendas y depósitos libres de impuesto (Dutty Free Shops); las empresas de mensajería internacional courier, consolidación de carga, transporte; y aquellos que la Administración Aduanera designe como tales mediante Providencia.

Estos auxiliares deberán estar autorizados y registrados por la Administración Aduanera, según corresponda, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento.

Salvo los casos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los Auxiliares de la Administración Aduanera no podrán ser autorizados para realizar conjuntamente actividades de agentes de aduanas, transporte, consolidación de carga y almacenaje".

Del articulo antes transcrito, se infiere que todo Auxiliar de la Administración Aduanera, en el ejercicio de sus funciones, asume dentro de sus responsabilidades la de ser diligente con el consignatario contratante y con la Administración Aduanera, la de presentar con exactitud y veracidad los datos que deban ser aportados a la Administración, todo esto visto que la misma, al autorizarlo como Auxiliar deposita su confianza para que actué como un intermediario especializado entre esta y el usuario del Servicio Aduanero.

· Así pues, deberá conforme con el artículo 90, numerales 11 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, que establece los requisitos y obligaciones de los Auxiliares de la Administración Aduanera para autorizar a dichos entes, suministrar a los usuarios de su servicio, la información adecuada, vinculada con la actividad específica de que se trate y comunicar inmediatamente a la Administración Aduanera, cualquier irregularidad cuando les corresponda recibir, almacenar o transportar mercancías. Se hace hincapié en que la única forma que establece el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento, para autorizar a los Auxiliares de la Administración en materia de regímenes aduaneros, es la prevista en dicho Decreto Ley, que excluye cualquier otra autoridad, inclusive para autorizar los para actuar conjuntamente como agentes de aduanas, transporte, consolidación de carga y almacenaje.

Adicionalmente a esto, los Auxiliares de la Administración Aduanera y Tributaria tienen la obligación de crear los procedimientos y normas internas de prevención y control sobre las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes o usuarios con personas naturales y jurídicas ubicadas en el país, sin necesidad de revelar a su cliente, usuario o tercero, que se ha reportado información a este Servicio, así como tampoco que se está examinando alguna operación sospechosa vinculada con dicha información y en consecuencia son responsables solidarios ante la Republica por las obligaciones tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran sus empleados en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos empleados queden legalmente sujetos.

Conjuntamente con lo mencionado anteriormente, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria como órgano de control, puede otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para las operaciones de la actividad económica de conformidad con el numeral 4 artículo 8 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y visto el supuesto de hecho descrito en esta Providencia Administrativa, esta Superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria concluye que el Auxiliar de la Administración Aduanera antes indicado, se encuentra incurso en una de las causales de revocación prevista en el ordenamiento jurídico vigente, en los términos siguientes:

"Artículo 163. La autorización para actuar como Auxiliar de la Administración Aduanera, será revocada por las siguientes causas:

1. No renovar, adecuar o reponer las condiciones o requisitos tomados en cuenta para otorgar la autorización, dentro del plazo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley;:.." (Énfasis de la Administración Tributaria) En este sentido, al considerarse que no se ha cumplido con los requisitos tomados en cuenta para el otorgamiento de las autorizaciones para ejercer la tarea como auxiliares de la Administración Aduanera, que consisten en notificar inmediatamente a a Administración Aduanera y Tributaria cualquier irregularidad cuando les corresponda recibir, almacenar o transportar mercancías y haber alertado a los usuarios (sus clientes) sobre la actividad específica que estaban desempeñando en momentos en las que se preserva el orden interno (artículo 90 numerales 11 y 18 ejusdem), enmarcado en el Decreto N° 3.736, de fecha 11 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.424 Extraordinario, de fecha 11 de enero de 2019, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la Republica, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida; y ante el hecho que los Auxiliares de la Administración Aduanera son responsables solidarios ante la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 de ese mismo cuerpo normativo aduanero, por las consecuencias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos llegando a la responsabilidad civil, administrativa y penal, esta Administración Aduanera y Tributaria Nacional, considera que la autorización debidamente identificada está incursa en esta causal legal prevista para su revocatoria.

III DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, quien suscribe, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 5° numerales 3 18 y 23 y el artículo 152 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014; el artículo 7° y el artículo 10 numeral 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, el artículo 7 numeral 6 y el artículo 8 numeral 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012, decide:

1) REvocAR la autorización del siguiente Auxiliar de la Administración Aduanera:

AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN R.I.F NUMERO DE TIPO DE AUXILIAR REGISTRO ADUANERA AGENTES ADUANALES

1.388 J-30017580-4 Agencia de Aduanas ENDRINAMAR, C.A

2) DESACTIVAR la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA.

3) TRAMITAR la publicación de esta decisión en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines legales consiguientes.

Se le notifica que en caso de inconformidad con la presente decisión podrá interponer el Recurso Contencioso Tributario, previsto en el artículo 266 y siguientes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014, dentro de los veinticinco (25) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del presente, cumpliendo con las formalidades previstas en el mismo.

Comuníquese y publíquese, JOSÉPAXID GABELLO RONDÓN Superintendente del-Servicio Nacional-integrado de Administreción Aduanera y Tributaria Decreto 8.51 de fecha 01/02/2008 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de fecha 01/02/2008

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO CEL POCER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 011 -2019 CARACAS, 21 DE FEBRERO DE 2019 Años 208°, 159° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, y ampliadas sus facultades según Resolución MPPCMS N° 060-2018, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.544, de fecha 12 de Diciembre de 2018, suscritas por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en el artículo 15 y en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSICERANDO

Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSIDERANDO

Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1.

"Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSIDERANDO

Que la Pensión de Discapacidad, es un derecho que el Trabajador o Trabajadora recibirá sin haber cumplido los requisitos legales para su jubilación, el cual se le otorgará en caso de discapacidad absoluta permanente o gran discapacidad.

CONSIDERANDO

Que del examen del expediente personal de la ciudadana ROSALIA DELGADO DE NUÑEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.152.

427, se puede comprobar que fue debidamente evaluada en fecha 27 de Noviembre de 2018, por la Dirección Nacional de Rehabilitación y Comisión Nacional para evaluación de la Invalidez del IVSS, la cual dictaminó que actualmente, tiene una pérdida de su capacidad para el trabajo del sesenta y siete por ciento (67%), es evidente el cumplimiento de los extremos de Ley requeridos.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Discapacidad Absoluta Permanente a la ciudadana ROSALIA DELGADO DE NUÑEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.152.427, la misma desempeña el cargo de Aseadora, adscrita a la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio, desde el 02 de Junio de 2008, es decir, por más de tres (3) años de antigüedad.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Discapacidad Absoluta Permanente que se otorga es por la de cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLIVARES CON 50/100 CTS. (Bs.3.496,50), equivalente al setenta por ciento (70%) de su último salario, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: La presente Resolución tendrá vigencia a partir de su Notificación.

CUARTO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a la interesada, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

3u ANA INMACULADA BELLORIN SIEE DE Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO CEL POCER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 013-2019 CARACAS, 21 DE FEBRERO DE 2019 Años 208°, 159° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULACA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018,y ampliadas sus facultades según Resolución MPPCMS N° 060- 2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.544, de fecha 12 de diciembre de 2018, suscritas por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en el artículo 15 y en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSICERANDO

Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona

página original (tal como se publicó)Página 6 de la Gaceta

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tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSIDERANDO

Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1.

"Universalizar la seguridad social para todas y todos" y 2.2.1.2.

"Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSIDERANDO

Que la Pensión de Discapacidad, es un derecho que el Trabajador o Trabajadora recibirá sin haber cumplido los requisitos legales para su jubilación, el cual se le otorgará en caso de discapacidad absoluta permanente o gran discapacidad.

CONSIDERANDO

Que del examen del expediente personal de la ciudadana LAURA MARGARITA MARRERO JIMENEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.165.903, se puede comprobar que fue debidamente evaluada en fecha 27 de Noviembre de 2018, por la Dirección Nacional de Rehabilitación y Comisión Nacional para evaluación de la Invalidez del IVSS, la cual dictaminó que actualmente, tiene una pérdida de su capacidad para el trabajo del sesenta y siete por ciento (67%), es evidente el cumplimiento de los extremos de Ley requeridos.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Discapacidad Absoluta Permanente a la ciudadana LAURA MARGARITA MARRERO JIMENEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.165.903, la misma desempeña el cargo de Directora de Línea, adscrita al Despacho del Viceministro (a) de Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales, desde el 15 de agosto de 2014, es decir, por más de tres (3) años de antigüedad.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Discapacidad Absoluta Permanente que se otorga es por la de cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS BOLIVARES CON 06/100 CENTIMOS (Bs. 6.576,06), equivalente al setenta por ciento (70%) de su último salario, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación.

CUARTO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a la interesada, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese yPublíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

3u ANA INMACULADA BELLORIN SIENGRAL DEL Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 014-2019 CARACAS, 21 DE FEBRERO DE 2019 Años 208°, 159° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, y ampliadas sus facultades según Resolución MPPCMS N° 060- 2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.544, de fecha 12 de diciembre de 2018, suscritas por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.659.997, designada mediante Cecreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en el artículo 15 y en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSICERANDO

Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSIDERANDO

Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1.

"Universalizar la seguridad social para todas y todos" y 2.2.1.2.

"Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSICERANDO

Que la Pensión de Discapacidad, es un derecho que el Trabajador o Trabajadora recibirá sin haber cumplido los requisitos legales para su jubilación, el cual se le otorgará en caso de discapacidad absoluta permanente o gran discapacidad.

CONSICERANCO

Que del examen del expediente personal de el ciudadano MIGUEL ANTONIO MARTINEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.403.466, se puede comprobar que fue debidamente evaluado en fecha 04 de diciembre de 2018, por la Dirección Nacional de Rehabilitación y Comisión Nacional para evaluación de la Invalidez del IVSS, la cual dictaminó que actualmente, tiene una pérdida de su capacidad para el trabajo del sesenta y siete por ciento (67%), es evidente el cumplimiento de los extremos de Ley requeridos.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Discapacidad Absoluta Permanente al pitdadano MIGUEL ANTONIO MARTINEZ, titular de la Cédula de

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Identidad N° V-6.403.466, el mismo desempeña el cargo de Vigilante en la Oficina de Gestión Administrativa, de este Ministerio desde el 16 de agosto de 2007, es decir, por más de tres (3) años de antigüedad.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Discapacidad Absoluta Permanente que se otorga es por la de cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLIVARES CON 40/100 CENTIMOS (Bs 4.586,40), equivalente al setenta por ciento (70%) de su último salario, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación.

CUARTO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a la interesada, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese yPublíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

3u

Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 012-2019 CARACAS, 21 DE FEBRERO DE 2019 Años 208°, 159° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, ampliadas sus facultades según Resolución MPPCMS N° 060- 2018, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.544, de fecha 12 de diciembre de 2018, suscritas por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSICERANDO

Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSIDERANDO

Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1. "Universalizar la seguridad social para todas y todos" y 2.2.1.2. "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSIDERANDO Que el beneficio de Pensión de Sobreviviente, es un derecho que se adquiere por el fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria que gozaba de jubilación o de un trabajador o trabajadora que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación.

CONSIDERANDO Que la ciudadana LEONIDAS DEL CARMEN GONZALEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.044.271, solicitó en fecha 22 de julio de 2018, la Pensión de Sobreviviente en su condición de cónyuge del causante COROMOTO ANTONIO ANGULO TORCATE, titular de la Cédula de Identidad N° V-1.127.057, fallecido en fecha 06 de julio de 2018, según consta en copia certificada del Acta de Defunción signada con el número 1114, expedida por el Consejo Nacional Electoral, Comisión de Registro Civil Electoral Municipio Araure Registro Civil Municipal Estado Portuguesa, en fecha 01 de agosto de 2018, quien en vida era beneficiario de la Pensión de Jubilación otorgada por el extinto Instituto Nacional del Menor (INAM).

RESUELVE:

PRIMERO: Otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la ciudadana LEONICAS DEL CARMEN GONZALEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.044.271, en su carácter de cónyuge del causante COROMOTO ANTONIO ANGULO TORCATE, titular de la Cédula de Identidad N° V-1.127.057, cuyos efectos se harán efectivos a partir del 07 de julio de 2018.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Sobreviviente es por la cantidad de VEINTIDOS BOLIVARES CON 5/100 CENTIMOS. (Bs. 22,5) mensuales, equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75% ) del monto de la jubilación que disfrutaba el causante para la fecha de su fallecimiento, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a la interesada, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

3u ACO ANA INMACULADA BELLORIN SIEAL DEL Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

página original (tal como se publicó)Página 8 de la Gaceta

Página 9

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 017-2019 CARACAS, 21 DE FEBRERO DE 2019 Años 208°, 159° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, suscrita por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSIDERANDO Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSIDERANDO Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1. "Universalizar la seguridad social para todas y universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSICERANDO Que el beneficio de Pensión de Sobreviviente, es un derecho que se adquiere por el fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria que gozaba de jubilación o de un trabajador o trabajadora que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación.

CONSIDERANDO Que la ciudadana MATILDE COROMOTO PEREIRA DE DÍAZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.463.575, solicitó en fecha 14 de noviembre de 2018, la Pensión de Sobreviviente en su condición de cónyuge del causante ANTONIO JOSÉ CÍAZ MARTÍNEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.074.332, fallecido en fecha 11 de septiembre de 2018, según consta en Acta de Cefunción N° 73, expedida por la Comisión de Registro Civil Electoral del Estado Yaracuy, Municipio Cocorote, en fecha 18 de septiembre de 2018, quien en vida era beneficiario de la Pensión de Jubilación otorgada por el extinto Instituto Nacional del Menor (INAM).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la ciudadana MATILDE COROMOTO PEREIRA DE DÍAZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.463.575, en su carácter de cónyuge del causante ANTONIO JOSÉ DÍAZ MARTÍNEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.074.332, cuyos efectos se harán efectivos a partir del 12 de septiembre de 2018.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Sobreviviente es por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/ 100 CTS. (Bs. 1.350,00) mensuales, equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75% ) del monto de la jubilación que disfrutaba el causante para la fecha de su fallecimiento, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a la interesada, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

3u CEACHO ANA INMACULADA BELLORIN SIEGARAL DEL Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO CEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 018-2019 CARACAS, 21 DE FEBRERO DE 2019 Años 208°, 159° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, suscrita por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSICERANDO

Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales,

página original (tal como se publicó)Página 9 de la Gaceta

Página 10

riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSIDERANDO

Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1. "Universalizar la seguridad social para todas y todos" y 2.2.1.2. "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSIDERANDO

Que el beneficio de Pensión de Sobreviviente, es un derecho que se adquiere por el fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria que gozaba de jubilación o de un trabajador o trabajadora que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación.

CONSIDERANDO Que la ciudadana BELKIS MIREYA GONZÁLEZ DE CARRASCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.167.455, solicitó en fecha 18 de julio de 2018, la Pensión de Sobreviviente en su condición de cónyuge del causante OSWALDO RAMÓN CARRASCO TRIAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.165.600, fallecido en fecha 09 de julio de 2018, según consta en Acta de Defunción N° 860, expedida por la Comisión de Registro Civil y Electoral del Estado Bolivariano de Miranda, Municipio Ambrosio Plaza, Parroquia Guarenas, en fecha 17 de diciembre de 2018, quien en vida era beneficiario de la Pensión de Jubilación otorgada por el extinto Instituto Nacional del Menor (INAM).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la ciudadana BELKIS MIREYA GONZÁLEZ DE CARRASCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.167.455, en su carácter de cónyuge del causante OSWALDO RAMÓN CARRASCO TRIAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.165.600, cuyos efectos se harán efectivos a partir del 10 de julio de 2018.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Sobreviviente es por la cantidad de VEINTIDOS BOLÍVARES CON 50/100 CTS. (Bs.

22,50)mensuales, equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75% ) del monto de la jubilación que disfrutaba el causante para la fecha de su fallecimiento, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a la interesada, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese yPublíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

3u heeef ANA INMACULADA BELLORIN SIENGAL DEL Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA CARACAS, 21 DE FEBRERO DE 2019 Años 208°, 159° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, ampliadas sus facultades según Resolución MPPCMS N° 060- 2018, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.544, de fecha 12 de diciembre de 2018, suscritas por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSICERANDO

Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSIDERANDO

Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1. "Universalizar la seguridad social para todas y todos" y 2.2.1.2. "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSICERANDO Que el beneficio de Pensión de Sobreviviente, es un derecho que se adquiere por el fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria que gozaba de jubilación o de un trabajador o trabajadora que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación.

CONSICERANDO

Que la ciudadana OLIDA MARIA ALDANA DE ARIAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.962.227, solicitó en fecha 27 de noviembre de 2018, la Pensión de Sobreviviente en su condición de cónyuge del causante DOUGLAS ARIAS DEHOY, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.729.382, fallecido en fecha 15 de noviembre de 2018, según consta en Acta de Defunción signada con el número 89, expedida por el Consejo Nacional Electoral, Comisión de Registro Civil y Electoral, Oficina de Registro Civil Municipal Sucre, Municipio Sucre, Parroquia Biscucuy del Estado Portuguesa, en fecha 19 de noviembre de 2018, quien en vida era beneficiario de la Pensión de Jubilación otorgada por el extinto Instituto Nacional del Menor (INAM).

página original (tal como se publicó)Página 10 de la Gaceta

Página 11

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la ciudadana OLIDA MARIA ALCANA DE ARIAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.962.227, en su carácter de cónyuge del causante DOUGLAS ARIAS DEHOY, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.729.382, cuyos efectos se harán efectivos a partir del 16 de noviembre de 2018.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Sobreviviente es por la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON 00/100 CTS. (Bs. 3.375,00) mensuales, equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75% ) del monto de la jubilación que disfrutaba el causante para la fecha de su fallecimiento, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a la interesada, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese yPublíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

3u ANA INMACULADA BELLORIN SI Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 020-2019 CARACAS, 21 DE FEBRERO DE 2019 Años 208°, 159° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, ampliadas sus facultades según Resolución MPPCMS N° 060- 2018, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.544, de fecha 12 de diciembre de 2018, suscritas por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSIDERANDO

Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona .tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter n lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSIDERANDO

Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1. "Universalizar la seguridad social para todas y todos" y 2.2.1.2. "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSICERANDO

Que el beneficio de Pensión de Sobreviviente, es un derecho que se adquiere por el fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria que gozaba de jubilación o de un trabajador o trabajadora que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación.

CONSICERANDO

Que la ciudadana SANTA DIANORA BERMUDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.182.071, solicitó en fecha 19 de diciembre de 2018, la Pensión de Sobreviviente en su condición de concubina del causante PEDRO JOSE SERRANO, titular de la Cédula de Identidad N° V-1.578.679, fallecido en fecha 18 de noviembre de 2018, según consta en copia del Acta de Defunción signada con el número 1652, folio 152, expedida por el Consejo Nacional Electoral, Comisión de Registro Civil y Electoral Unidad de Registro Civil Parroquial San Agustín, Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, en fecha 19 de noviembre de 2018, quien en vida era beneficiario de la Pensión de Jubilación otorgada por el extinto Instituto Nacional del Menor (INAM).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la ciudadana SANTA DIANORA BERMUDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.182.071, en su carácter de cónyuge del causante PEDRO JOSE SERRANO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 1.578.679, cuyos efectos se harán efectivos a partir del 19 de noviembre de 2018.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Sobreviviente es por la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON 00/ 100 CENTIMOS. (Bs. 3.375,00) mensuales, equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del monto de la jubilación que disfrutaba el causante para la fecha de su fallecimiento, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a la interesada, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

3u heeef ANA INMACULADA BELLORIN SIEGRAL DEL Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO CEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 021-2019 CARACAS, 21 DE FEBRERO DE 2019 Años 208°, 159° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, ampliadas sus facultades según Resolución MPPCMS N° 060- 2018, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.544, de fecha 12 de diciembre de 2018, suscritas por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSIDERANCO Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Cerecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter nèlucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSICERANDO

Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1. "Universalizar la seguridad social para todas y todos" y 2.2.1.2. "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSIDERANDO

Que el beneficio de Pensión de Sobreviviente, es un derecho que se adquiere por el fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria que gozaba de jubilación o de un trabajador o trabajadora que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación.

CONSIDERANDO

Que la ciudadana JOSEFA GRACIELA FERRER DE VEZGA, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.812.981, solicitó en fecha 26 de diciembre de 2018, la Pensión de Sobreviviente en su condición de cónyuge del causante CARLOS ARTURO VEZGA MENDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-154.732, fallecido en fecha 01 de noviembre de 2018, según consta en Acta de Defunción signada con el número 509, expedida por el Consejo Nacional Electoral, Comisión de Registro Civil y Electoral Unidad de Registro Civil de la Parroquial El Valle, Municipio Bolivariano Libertador del Cistrito Capital, en fecha 02 de noviembre de 2018, quien en vida era beneficiario de la Pensión de Jubilación otorgada por el extinto Instituto Nacional del Menor (INAM).

PRIMERO: Otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la ciudadana JOSEFA GRACIELA FERRER DE VEZGA, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.812.981, en su carácter de cónyuge del causante CARLOS ARTURO VEZGA MENDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-154.732, cuyos efectos se harán efectivos a partir del 02 de noviembre de 2018.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Sobreviviente es por la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON 00/100 CTS. (Bs. 3.375,00) mensuales, equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75% ) del monto de la jubilación que disfrutaba el causante para la fecha de su fallecimiento, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a la interesada, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

3u ANA INMACULADA BELLORIN SIEGAL Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 029-2019 CARACAS, 02 DE ABRIL DE 2019 Años 208°, 160° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, suscrita por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSICERANDO Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad,

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orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSIDERANDO

Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y todos" y 2.2.1.2. "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSIDERANDO

Que el beneficio de Pensión de Sobreviviente, es un derecho que se adquiere por el fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria que gozaba de jubilación o de un trabajador o trabajadora que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación.

CONSIDERANDO

Que el ciudadano CESAR SAMUEL GARRIDO PADILLA, titular de la Cédula de Identidad N° V-919.990, solicitó en fecha 10 de febrero de 2019, la Pensión de Sobreviviente en su condición de cónyuge de la causante ROSA ELENA SANCHEZ DE GARRIDO, titular de la Cédula de Identidad N° V-189.845, fallecida en fecha 13 de enero de 2019, según consta en copia certificada del Acta de Defunción signada con el número 43, expedida por la Comisión de Registro Civil y Electoral del Estado Táchira, en fecha 24 de enero de 2019, quien en vida era beneficiaria de la Pensión de Jubilación otorgada por el extinto Instituto Nacional del Menor (INAM).

RESUELVE:

PRIMERO: Otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE al ciudadano CESAR SAMUEL GARRIDO PADILLA, titular de la Cédula de Identidad N° V-919.990, en su carácter de cónyuge de la causante ROSA ELENA SANCHEZ DE GARRIDO, titular de la Cédula de Identidad N° V-189.845, cuyos efectos se harán efectivos a partir del 14 de enero de 2019.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Sobreviviente es por la cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON 00/ 100 Cts. (Bs.

13.500,00) mensuales, equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75% ) del monto de la jubilación que disfrutaba la causante para la fecha de su fallecimiento, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo al interesado, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese yPublíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

3u heeef ANAINMACULADA BELLORIN SIERAL Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 031-2019 CARACAS, 02 DE ABRIL CE 2019 Años 208°, 160° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, suscrita por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSICERANDO

Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSIDERANDO

Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1. "Universalizar la seguridad social para todas y todos" y 2.2.1.2. "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSIDERANDO

Que el beneficio de Pensión de Sobreviviente, es un derecho que se adquiere por el fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria que gozaba de jubilación o de un trabajador o trabajadora que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación.

CONSIDERANDO Que la ciudadana CRISTINA COLMENAREZ DE FERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.261.081, solicitó en comunicación sin fecha, la Pensión de Sobreviviente en su condición de cónyuge del causante ALFONSO FERNÁNDEZ REGALADO, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.566.404, fallecido en fecha 26 de junio de 2018, según consta en Acta de Defunción N° 741-03, expedida por la Unidad Hospitalaria de Registro Civil, Municipio San Felipe del Estado Yaracuy, en fecha 02 de julio de 2018, quien en vida era beneficiario de la Pensión de Jubilación otorgada por el extinto Instituto Nacional del Menor (INAM).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la ciudadana CRISTINA COLMENAREZ DE FERNÁNDEZ, titular

página original (tal como se publicó)Página 13 de la Gaceta

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de la Cédula de Identidad N° V-3.261.081, en su carácter de cónyuge del causante ALFONSO FERNÁNDEZ REGALADO, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.566.404, cuyos efectos se harán efectivos a partir del 03 de julio de 2018.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Sobreviviente es por la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CTS. (Bs. 3.375,00) mensuales, equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75% ) del monto de la jubilación que disfrutaba el causante para la fecha de su fallecimiento, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a la interesada, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS Nº 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCMS N° 032-2019 CARACAS, 02 DE ABRIL DE 2019 Años 208°, 160° y 20° La Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ciudadana ANA INMACULADA BELLORIN SILVA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.880.794, designada mediante Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018, suscrita por la ciudadana Ministra de dicho Órgano BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.659.997, designada mediante Decreto Presidencial N° 3.604, de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.474 de la misma fecha y reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018; actuando por delegación de acuerdo al artículo Segundo, numeral 4 de la Resolución supra mencionada, y de conformidad con los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 78 numerales 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo preceptuado en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios.

CONSICERANDO

Que es deber constitucional del Estado proteger los derechos sociales, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otras circunstancias de previsión social.

CONSICERANDO

Que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, y que a los fines de asegurar la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social, establece en el Objetivo Nacional 2.2. "Construir una sociedad igualitaria y justa", y en los Objetivos Estratégicos y Generales 2.2.1.1. "Universalizar la seguridad social para todas y todos" y 2.2.1.2. "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejes, sobrevivencia, persona con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo".

CONSICERANDO

Que el beneficio de Pensión de Sobreviviente, es un derecho que se adquiere por el fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria que gozaba de jubilación o de un trabajador o trabajadora que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación.

CONSICERANDO

Que la ciudadana IRIS SERVIDIA MARTÍNEZ GÓMEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.354.532, solicitó en fecha 21 de febrero de 2019, la Pensión de Sobreviviente en su condición de concubina del causante CARLOS JOSÉ AMARO, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.988.185, fallecido en fecha 03 de febrero de 2019, según consta en Acta de Defunción N° 212, expedida por la Comisión de Registro Civil y Electoral del Distrito Capital, Municipio Libertador, Parroquia La Vega, en fecha 05 de febrero de 2019, quien en vida era beneficiario de la Pensión de Jubilación otorgada por el extinto Instituto Nacional del Menor (INAM).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a la ciudadana IRIS SERVIDIA MARTÍNEZ GÓMEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.354.532, en su carácter de concubina del causante CARLOS JOSÉ AMARO, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.988.185, cuyos efectos se harán efectivos a partir del 04 de febrero de 2019.

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Sobreviviente es por la cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 CTS. (Bs.

13.500,00) mensuales, equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75% ) del monto de la jubilación que disfrutaba el causante para la fecha de su fallecimiento, el cual será ajustado al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: Se ordena a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a la interesada, indicándole los recursos que podrá ejercer, así como las autoridades ante las cuales debe interponerlos y los términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Notifíquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

3u ANA INMACULADA BELLORIN SIEGARAL Directora general del despacho del Ministerio Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Actuando por Delegación según Resolución MPPCMS N° 032-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.482 de fecha 14 de septiembre de 2018.

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 0053 LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE 17-0056

MAGISTRADA PONENTE: LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON El 12 de julio de 2017, mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado José Sabino Garbán Flores, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 22.933, actuando en su carácter de apoderado judicial de Ia ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO CLUB CAMPESTRE PARACOTOS, inscrita ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda en fecha 25 de septiembre de 1.978, bajo el n.° 58, folio 229, Protocolo primero, Tomo 8 y sus respectivos Estatutos Sociales, los cuales quedaron agregados en la misma fecha en el Cuaderno de Comprobantes, bajo el n.° 1.222 al 1.238, cuya representación consta en instrumento poder otorgado ante la Notaría Pública del Municipio Cristobal Rojas, Charallave del Estado Miranda, en fecha 6 de diciembre de 2016, inserto bajo el n.° 34, Tomo 250, folio 103 al 105, solicitó la revisión de la sentencia dictada el 10 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró: "PRIMERO: Improcedente la inadmisibilidad de la acción propuesta por la parte querellada, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantias Constitucionales; SEGUNDO: Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ANTONIO DE SOUSA MARTINS, actuando en su carácter de presidente de la asociación civil CLUB CAMPESTRE PARACOTOS, estando debidamente asistido por el abogado en ejercicio SABINO GARBAN (sic) FLORES, contra la decisión que fue proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda en fecha 31 de agosto de 2016, a través de la cual se declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos ANTONIO RAFAEL GONZALEZ (sic) FERMIN y DOUGLAS ALBERTO GONZALEZ (sic) contra la mencionada asociación civil, todos ampliamente identificados en autos; motivo por el cual se CONFIRMA la aludida decisión bajo las de la situación jurídica infringida, debiendo por lo tanto la Junta Directiva (sic) de la asociación civil CLUB CAMPESTRE PARACOTOS, levantar la sanción de suspensión impuesta contra los ciudadanos ANTONIO RAFAEL GONZALEZ (sic) FERMIN y DOUGLAS ALBERTO GONZALEZ (sic), permitiéndoles de manera inmediata el ingreso a las instalaciones del mencionado club; así mismo, se declara la nulidad de las decisiones que fueron tomadas por el mencionado organismo en fecha 16 de julio de 2016, con ocasión al procedimiento disciplinario que fue incoado contra los prenombrados. "

El 27 de abril de 2018, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente a la Magistrada Lourdes Suárez Anderson, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 27 de abril de 2018, el abogado José Sabino Garbán Flores, compareció ante la Sala, solicitó pronunciamiento respecto a la solicitud formulada.

El 8 de octubre de 2018, el abogado José Sabino Garbán Flores, compareció ante la Sala, solicitó pronunciamiento respecto a la solicitud formulada.

I ANTECEDENTES El 8 de julio de 2016, la Junta Directiva del Club Campestre Paracotos, acordó la sanción de suspensión del derecho del uso y disfrute de las instalaciones al socio Douglas González, titular de la cédula de identidad V-7.806.285, por un lapso de nueve (9) meses contados a partir de la notificación de la decisión adoptada en el expediente n.° CCP-003- D-2016, que ventiló el procedimiento disciplinario iniciado el 8 de junio de 2016 al referido socio, propietario de la acción n.° 0368, bajo el fundamento de que "con su actitud le faltó el respeto a los directivos del club que se presentaron en el área de sofitbol...", según consta en la página 62 del expediente.

El 10 de julio de 2016, la Junta Directiva del Club Campestre Paracotos, acordó la sanción de suspensión del derecho del uso y disfrute de las instalaciones al socio Antonio González, titular de la cédula de identidad V- 6.161.744, por un lapso de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la decisión adoptada en el expediente n.° CCP-004- D-2016 que ventiló el procedimiento disciplinario iniciado el 8 de junio de 2016 al citado socio, propietario de la acción n.° 3053 bajo el fundamento en que "... con su actitud desacató las instrucciones dadas por la Junta Directiva, quienes en reunión de Junta Directiva del 8 de junio de 2016, decidieron suspender el proceso eleccionario para escoger la Comisión de Deporte de la Disciplina de Softbol, por lo que se comunicó con el Socio (sic) Antonio González, miembro de la Comisión Electoral de esa disciplina informándole de tal decisión, por lo que tal proceso debería ser suspendido hasta tanto las establecidos para poder competir.(...) el Socio Antonio González, en representación de la Comisión Electoral hizo caso omiso a la advertencia de la Comisión de la Junta Directiva y continuó realizando las elecciones, constituyendo esto, un grave desacato a las directrices emanadas de la Junta Directiva.), según consta en la página 48 del expediente.

El 27 de julio de 2016, los ciudadanos'Antonio González Fermin y Douglas Alberto González, interpusieron acción de amparo constitucional contra la Junta Directiva de la Asociación Civil Club Campestre Paracotos, la cual fue declarada con lugar el 31 de agosto de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, la cual fue recurrida en apelación por la citada asociación civil, con fundamento a que debió ser declarada inadmisible por no haber agotado los accionantes previamente la via ordinaria.

El 10 de octubre de 2016, el Juzgado Superior en lo Civil. Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, declaró improcedente la solicitud de inadmisibilidad de la acción propuesta por la parte querellada y sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Antonio de Sousa Martins, actuando en su carácter de presidente de la asociación solicitante de revisión y ordenó levantar la sanción de suspensión impuesta a Ios ciudadanos Antonio Rafael González Fermín y Douglas Alberto González, ordenando asimismo que se permitiera el ingreso a las instalaciones del mencionado club a los mencionados socios.

Finalmente alegó la parte solicitante que el fallo objeto de la solicitud de revisión constitucional estaría incursa en el vicio de incongruencia omisiva, al obviar pronunciarse fundamento en lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

II DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN El apoderado judicial de la parte solicitante peticionó la revisión del citado fallo con base en los argumentos que de seguidas se trascriben:

"..Ahora bien ciudadanos magistrados, no obstante haberle invocado los criterios elocuentes de esta respetable Sala Constitucional, el Juzgado Superior Civil, mercantil y transito (sic) del Estado Bolivariano de Miranda, hizo caso omiso a dichos criterios vinculantes de esta respetable Sala, lo cual preocupa a esta representación, pues, el juzgado de Alzada (sic) al resolver la oposición o el argumento de la inadmisibilidad, como se observa específicamente en el folio 113 de las copias certificadas del expediente consignadas, marcadas 'B', solo expresó entre otras cosas lo siguiente:

'En primer lugar, se evidencia que la parte querellada alegó la inadmisibilidad de la acción de conformidad con lo previsto en el articulo 6 ordinal 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantias Constitucionales, por cuanto -según su decir los accionantes tenian una via ordinaria a la cual acudir, que en caso de optar por el amparo debieron indicar la idoneidad del mismo. Finalmente expone De (sic) esta manera, en vista que en los casos en que el procedimiento ordinario no resulte apto, de una forma breve, sumaria, expedita y eficaz, para restablecer la situación juridica infringida, será admisible la acción de amparo constitucional en virtud que, la protección constitucional invocada en el caso de marras ha sido solicitada ante unas sanciones disciplinarias que fueron interpuestas por la Junta (sic) directiva de la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB CAMPESTRE PARACOTOS con fundamento en los estatutos de la asociación en concordancia con los reglamentos de las Comisiones Deportivas, ello a los fines de que sean anuladas las decisiones en comento ante la supuesta violación de derechos de rango constitucional, como son el derecho a la defensa, el debido proceso y el derecho a la propiedad, consecuentemente, quien aqui suscribe ante la ausencia en nuestro ordenamiento jurídico, de disposiciones que contengan previsiones de impugnación especificas, que a través de un procedimiento judicial ordinario permitan obtener de manera expedita la anulación de decisiones como las antes referidas, considera que el mecanismo idóneo para atacar las es precisamente a través del amparo constitucional, tal como acertadamente lo consideró el tribunal de la causa en la recurrida, motivo, por el cual debe declararse IMPROCEDENTE la defensa bajo análisis conforme a lo establecido en el ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.- Asi se precisa.' De las elocuentes jurisprudencias de ésta (sic) distinguida Sala Constitucional, y de la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional esgrimida, se colige con meridiana claridad que, la sentencia que se solicita en revisión violó flagrantemente los criterios sostenidos por esta Sala Constitucional, inclusive en el caso especifico (sic) de sanciones disciplinarias impuesta por los entes societarios, como lo son los clubes sociales, como se desprende de la sentencia de esta distinguida Sala N° 968 de fecha 15 de octubre de 2010, los demás fallos de ests Sala, como carga procesal que, en caso acudir al amparo existiendo vías ordinarias, se debe justificar con razones valederas, como carga procesal obligatoria, el por qué (sic) se acudió al amparo y no a la via judicial ordinaria, como ha sido sostenido de forma diurna por esta respetable Sala Constitucional, al no analizar esta circunstancia, evidentemente la sentencia solicitada en revisión violentó criterios sostenidos de forma reiterada por la Sala Constitucional, lo cual sin lugar a dudas, es una razón para declarar con lugar la presente solicitud de revisión constitucional, y así solicito sea declarada por esta distinguida Sala constitucional en la definitiva...' III DEL FALLO CUYA REVISIÓN SE SOLICITA El 10 de octubre de 2016, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, declaró improcedente la inadmisibilidad de la acción propuesta por la parte solicitante, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Civil Club Campestre Paracotos y ordenó levantar la sanción de suspensión impuesta a los ciudadanos Antonio Rafael González Fermín y Douglas Alberto González y

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con lugar la acción de amparo constitucional incoada por los mencionados ciudadanos, sobre la base de las siguientes consideraciones:

"..los profesionales del derecho FREDDY JOSÉ LEIVA ZORRILLA y SABINO ANTONIO GARBAN FLORES, actuando en carácter de abogados asistentes de la parte querellada en el decurso de la audiencia oral y pública celebrada ante el tribunal de la causa, alegaron como punto previo la inadmisibilidad de la acción de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, pues – según su decir- los accionantes tenían una vía ordinaria a la cual acudir, y en caso de optar por amparo debieron indicar la idoneidad del mismo; así mismo, alegaron que todos los miembros de la junta directiva autorizaron por unanimidad al ciudadano ANTONIO SOUSA MARTINS para que los representara, que no existió violación alguna del debido proceso, toda vez que a los accionantes les fue otorgado un lapso de diez (10) dias para ejercer su derecho a la defensa, y que le era ajeno a la asociación si los querellante optaban por defenderse o no: que no se violentó el derecho a la propiedad pues éste derecho sigue inacio; rechazó que los querellante hubiesen acudido a solicitar que se abriera el procedimiento el dia 17 de julio de 2016, cuando la notificación se acaeció el día 25 de junio del mismo año, conforme a lo previsto en el articulo 10 numeral 5 del Reglamento de las Comisiones Deportivas; que la junta directiva si puede imponer sanciones conforme a los Estatutos; que los querellante reprodujeron las notificaciones en su solicitud de amparo y por lo tanto estaban en conocimiento de que existia un procedimiento disciplinario en su contra; y finalmente, solicitaron que en caso de ser desestimada la inadmisibilidad propuesta, se declare improcedente la acción.

(...

..la acción de amparo constitucional solo procede cuando no existen otras vías idóneas y sumarias capaces de tutelar los derechos alegados como vulnerados; en otras palabras, el amparo está condicionado a la inexistencia de otros medios procesales que permitan el restablecimiento de la situación jurídica que se alega infringida o de la situación que más se le asemeje, y de alli nace el carácter excepcional y residual del amparo, en virtud del cual, si para la reparación del agravio o para impedir su acaecimiento, el agraviado no dispone de vías o recursos procedimentales o si éstos son inoperantes o no idóneos para la protección del derecho o garantia constitucionales, el Juez debe acordar el amparo, en caso contrario no.(Vd. SC N° 2369, 23/11/2001; SC N° 454, 4/4/2001; SC N° 1488, 13/8/2001: SC N° 1496, 13/8/2001; SC865, 8/5/2002; entre otras) De esta manera, en vista que en los casos en que el procedimiento ordinario no resulte apto, de una forma breve, sumaria, expedita y eficaz, para restablecer la situación jurídica infringida, será admisible la acción de amparo constitucional; y en virtud que, la protección constitucional invocada en el caso de marras ha sido solicitada ante unas sanciones disciplinarias que fueron impuestas por la junta directiva de la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB CAMPESTRE PARACOTOS con fundamento en los Estatutos de la asociación, en concordancia con el Reglamento de las Comisiones Deportivas, ello a los fines de que sean anuladas las decisiones in comento ante la supuesta violación de derechos de rango constitucional, como son el derecho a la defensa, el debido proceso y el derecho a la propiedad, consecuentemente, quien aqui suscribe ante la ausencia en nuestro ordenamiento juridico de disposiciones que contengan previsiones de impugnación especificas, que a través de un procedimiento judicial ordinario permitan obtener de manera expedita la anulación de decisiones como las antes referidas, considera que el mecanismo idóneo para atacar las es precisamente a través del amparo constitucional, tal como acertadamente lo consideró el tribunal de la causa en la recurrida, motivo por el cual debe declararse IMPROCEDENTE la defensa bajo análisis conforme a lo establecido en el numeral 5° del articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantías Constitucionales.- Asi se precisa.

Resuelto lo anterior, debe esta alzada pasar a pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido, y en tal sentido estima necesario realizar las siguientes consideraciones:

Tal como se ha señalado a lo largo de la presente decisión, la acción de amparo constitucional bajo análisis tuvo lugar a partir de la solicitud que fue presentada por los ciudadanos ANTONIO RAFAEL GONZALEZ (sic) FERMIN y DOUGLAS ALBERTO GONZALEZ (sic), quienes ante la presunta violación de su derecho a defensa, debido proceso y derecho a la propiedad, acaecida por la junta directiva de la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB CAMPESTRE PARACOTOS al tomar la decisión de sancionar los con la suspensión de sus derechos al uso y disfrute de las instalaciones del mencionado club, por un lapso de seis y nueve meses, respectivamente; requirieron la declaratoria de nulidad de dicha decisión, pretendiendo con ello el restablecimiento de la situación juridica lesionada.

Ahora bien, partiendo de las actas que integran el expediente, específicamente del ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES de la asociación civil CLUB CAMPESTRE PARACOTOS (cursantes al folio 97-114), puede quien aquí suscribe verificar que la mencionada asociación no tiene contemplado de manera estatutaria ningún procedimiento sancionatorio o disciplinario para proceder a la suspensión de sus socios por mal comportamiento, faltas, entre otros; así mismo, puede verificar que el artículo 49 de los estatutos supra mencionados, prevé un procedimiento aplicable para la exclusión de los socios, en los siguientes términos: (.) Cuando se haya decidido la exclusión de un Socio (...) el excluido tendrá derecho de requerir a la Junta Directiva dentro de los quince (15) dias consecutivos y siguientes a la fecha que le fue notificada su exclusión que convoque a una Asamblea a la mayor brevedad, a fin de que decidan si confirman o revocan la decisión tomada por la Junta Directiva', no obstante a ello, se evidencia que aun cuando dicha norma fue invocada por la Junta Directiva presuntamente agraviante como fundamento de la decisión de suspensión que dio lugar al presente proceso, el procedimiento supra mencionado no fue aplicado de manera analógica o supletoria por el referido organismo.

pues éste utilizando como fundamento una serie de normas previstas en el REGLAMENTO DE LAS COMISIONES DEPORTIVAS de Ia asociación civil CLUB CAMPESTRE PARACOTOS (cursante al folio 116-126), se limitó a notificar a los suspendidos sobre el procedimiento disciplinario sancionatorio instaurado en su contra, instándoles de manera discrecional que debían comparecer dentro del lapso de diez (10) dias contados a partir de su notificación, a ejercer su respectiva defensa (tal como se desprende de la notificaciones insertas a los folios 11-12, en concordancia con los expedientes administrativos cursantes a los folios 37-50 y 51-63).

Como corolario de lo anterior, esta sentenciadora considera que el mencionado Reglamento no le era aplicable al caso, dado que los acontecimientos que supuestamente desencadenaron la suspensión de los querellante no tuvieron lugar en el desarrollo o práctica de ninguna actividad o disciplina deportiva, sino que tuvieron ocasión con el desarrollo de una asamblea general ordinaria para efectos de proceso eleccionario del núcleo de softbol; no obstante a ello, en el caso de que la junta directiva querellada considerara que el referido Reglamento podía ser aplicado de manera supletoria o analógica a las circunstancias presentadas, debió garantizar la consecución o aplicabilidad del procedimiento para la suspensión previsto en dicha normativa (articulo 10, literales "b", "c", "d" y "e"), la cual dispone -a grandes rasgos- que es el CONSEJO DE HONOR DE LA COMISIÓN DEPORTIVA que tenga a su cargo la organización y dirección del acto en competencia en que se cometa la falta deportiva, quien debe conocer del asunto en primera instancia y sancionar, pudiendo en tal caso las personas sancionadas apelar ante el CONSEJÓ DE HONOR, quien pasará los recaudos a la junta directiva, la cual deberá decidir en un lapso de siete días previa instrucción del correspondiente expediente y previo al cumplimiento de oir al interesado, todo lo cual evidentemente no se cumplió.- Así se precisa.

Es el caso que, además de las irregularidades o inconsistencias descritas en el párrafo que antecede, se evidencia que la junta directiva no señaló en las notificaciones libradas, cuáles fueron las faltas cometidas por los querellante, omitiendo a la vez indicar los números de los expedientes administrativos abiertos, el tiempo en el cual se produciría la decisión, ante qué órgano se recurriría de la misma en caso de ser desfavorable para la parte sancionada.

e incluso, obviando realizar una motivación coherente que permitiera verificar el nexo entre las faltas atribuidas a los querellante y sus consecuentes sanciones. por lo que no puede verificarse por qué a uno de los socios se le suspendió por seis meses y al otro se le suspendió nueve meses; en efecto, siendo que la junta directiva tantas veces mencionadas se limitó a suspender a los querellante de manera discrecional, omitiendo realizar el necesario encuadramiento entre las conductas desplegadas por los socios en los estatutos o los reglamentos pertinentes, y omitiendo hacer de conocimiento de los querellante las fases o lapsos en el cual se desenvolveria el procedimiento disciplinario, ya que los estatutos no los contemplan, consecuentemente, quien la presente causa resuelve considera que tales circunstancias impidieron que los querellante pudiesen ejercer su derecho a la defensa abiertamente sin limitaciones ni restricciones, quedando por lo tanto a la merced de la discreción y arbitrariedad del mencionado organismo.- Así se precisa.

De esta manera, siendo que las omisiones antes descritas evidentemente impidieron que los ciudadanos ANTONIO RAFAEL GONZALEZ (sic) FERMIN y DOUGLAS ALBERTO GONZALEZ (sic) (parte querellante), participarán y se defendieran en el decurso del procedimiento disciplinario que fue tramitado en su contra por la junta directiva de la asociación civil CLUB CAMPESTRE PARACOTOS (parte querellada): todo lo cual conlleva a una clara violación del derecho al debido proceso, pues no fue aplicado un procedimiento tendiente a asegurar un resultado justo y equitativo, que garantizara la imparcialidad y el ejercicio del derecho a la defensa de los prenombrados, pues nadie puede ser juzgado sin ser oido, e incluso, conlleva a la violación del derecho a la propiedad, pues a través de un procedimiento totalmente arbitrario y discrecional se restringir a los referidos en su condición de socios en el uso y disfrute de las instalaciones del club, consecuentemente, este juzgado superior considera la acción de amparo intentada es PROCEDENTE en derecho, tal como acertadamente lo concluyó el tribunal de la causa en la sentencia recurrida.- Así se precisa.

Asi las cosas, en vista que quedó plenamente evidenciado en autos que los aquí querellante fueron suspendidos en el uso y disfrute de las instalaciones del CLUB CAMPESTRE PARACOTOS, sin el cumplimiento de un procedimiento que garantizara su participación y sin las más mínimas garantías consagradas en nuestra Carta Magna, consecuentemente, quien aqui suscribe estima que en el caso de marras se configuró la violación de los derechos denunciados, específicamente el derecho a la defensa, debido proceso y derecho de propiedad; razón por la que debe declararse SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ANTONIO DE SOUSA MARTINS, actuando en su carácter de presidente de Ia asociación civil CLUB CAMPESTRE PARACOTOS, estando debidamente asistido por el abogado en ejercicio SABINO GARBAN (sic) FLORES, contra la decisión que fue proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda en fecha 31 de agosto de 2016, a través de la cual se declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los Ciudadanos ANTONIO RAFAEL GONZALEZ (sic) FERMIN (sic) y DOUGLAS ALBERTO GONZALEZ (sic) contra la mencionada asociación civil, todos ampliamente identificados en autos; y por lo tanto se CONFIRMA la aludida decisión bajo las dispositivo del presente fallo.- Así se decide.

En virtud de la anterior declaratoria, se ordena la restitución de la situación jurídica infringida, debiendo por lo tanto la junta directiva de la asociación civil CLUB CAMPESTRE PARACOTOS, levantar la sanción de suspensión impuesta contra los ciudadanos ANTONIO RAFAEL GONZALEZ (sic) FERMIN y DOUGLAS ALBERTO GONZALEZ (sic). permitiéndoles de manera inmediata el ingreso a las instalaciones del mencionado club; así mismo, se declara la nulidad de las decisiones que fueron tomadas por el mencionado organismo en fecha 16 de julio de 2016, con ocasión al procedimiento disciplinario que fue incoado contra los prenombrados.- Así se establece."

IV DE LA COMPETENCIA Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la solicitud de revisión de la sentencia dictada el 10 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y para ello observa:

El artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

"Son atribuciones de la Sala Constituciona! del Tribunal Supremo de Justicia:

Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas juridicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva".

Siguiendo lo transcrito, encontramos que dentro de las potestades atribuidas de forma exclusiva por la Carta Magna a la Sala Constitucional, en concordancia con el articulo 25.10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se contempla la posibilidad de revisar las sentencias dictadas por los demás tribunales de la República cuando se trate de sentencias definitivamente firmes que hayan desconocido algún precedente de la Sala, efectuado una indebida aplicación de la norma o principio constitucional, producido un error grave en su interpretación o cuando se haya dejado de aplicar algún principio o norma constitucional.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, la solicitud de revisión de la sentencia dictada el 10 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, motivo por el cual, la Sala se declara competente para resolver la presente solicitud de revisión, y así se decide.

V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Asumida la competencia para conocer respecto a la solicitud de revisión planteada, esta Sala pasa a decidir, de conformidad con los siguientes argumentos:

En el caso que no ocupa, se solicita la revisión constitucional del fallo dictado, el 10 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circusncripción Judicial del Estado Miranda que declaró: "PRIMERO: Improcedente la inadmisibilidad de la acción propuesta por la parte querellada, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantías Constitucionales; SEGUNDO: Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ANTONIO DE SOUSA MARTINS, actuando en su carácter de presidente de la asociación civil CLUB CAMPESTRE PARACOTOS, estando debidamente asistido por el abogado en ejercicio SABINO GARBAN (sic) FLORES, contra la decisión que fue proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en fecha 31 de agosto de 2016, a través de la cual se declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos ANTONIO RAFAEL GONZALEZ (sic) FERMIN (sic) y DOUGLAS ALBERTO GONZALEZ (sic) contra la mencionada asociación civil, todos ampliamente identificados en autos; motivo por el cual se CONFIRMA la aludida decisión bajo las

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consideraciones expuestas en la presente sentencia; TERCERO: Se ORDENA la restitución de la situación jurídica infringida, debiendo por lo tanto la Junta Directiva de la asociación civil CLUB CAMPESTRE PARACOTOS, levantar la sanción de suspensión impuesta contra os ciudadanos ANTONIO RAFAEL GONZALEZ (sic) FERMIN (sic) y DOUGLAS ALBERTO GONZALEZ (sic), permitiéndoles de manera inmediata el ingreso a las instalaciones del mencionado club; así mismo, se declara la nulidad de las decisiones que fueron tomadas por el mencionado organismo, en fecha 16 de julio de 2016, con ocasión al procedimiento disciplinario que fue incoado contra los prenombrados."

En torno a inadmisibilidad invocada por el solicitante con fundamento en la ausencia del agotamiento de la vía ordinaria por parte de los accionantes en amparo, con base en el disposisitivo que consagra los supuestos de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional contenidos en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se hace pertinente trascribir lo que este dispositivo normativo al respecto dispone:

"Articulo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

(Omissis) 5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes...".

En este sentido, es oportuno señalar que tal como se desprende de la transcrita causal de inadmisibilidad en la acción de amparo, resulta admisible la actuación tuitiva del Estado una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados por el accionante, sin que la situación jurídico constitucional haya sido satisfecha, a la luz del ejercicio de la tutela judicial que deben impartir los jueces de la República, en el rol de ser los únicos canales procesales previstos en el ordenamiento jurídico venezolano, que exige a los jueces verificar si ha sido agotada previamente la vía ordinaria, en el deber de velar por el restablecimiento de los derechos fundamentales que han sido denunciados como vulnerados, señalando la vía existente para tal fin.

Asi las cosas, la imposición del agotamiento de la vía requerida no refiere a que el accionante deba interponer cualquier tipo de recurso, sino solo aquellos que posibiliten el restablecimiento de los derechos fundamentales que denuncia como violentados.

Para una mejor compresión de lo que antecede y su incidencia en el caso bajo estudio, estima la Sala conveniente reiterar el criterio jurisprudencial sentado en fallo n° 8 del 30 de enero de 2017, que señala respecto a la admisibilidad de la acción de amparo constitucional, atendiendo a lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente:

"..Respecto a lo anterior, cabe señalar que conforme a la norma rectora y la jurisprudencia, se requiere de la inexistencia de otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita precaver la ocurrencia del perjuicio irremediable, de donde se desprende que sea un deber ineludible del accionante el agotamiento previo de todos los recursos judiciales ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales..." (Resaltado añadido).

En este orden las ideas, en el marco del equilibrado juicio que debe mantener la Sala en la preservación de la uniformidad del criterio que sustenta la seguridad jurídica, considera imperativo para la resolución del asunto a analizar, asimismo, traer el fallo n.° 892 de fecha 11 de agosto de 2010, que señala lo siguiente:

"En el caso bajo estudio, la parte que demandó la protección constitucional aparentemente partió del supuesto de la inexistencia de un procedimiento idóneo, para la protección de sus derechos constitucionales a través de la declaratoria de nulidad de la resolución mediante la cual el ciudadano Eugenio Ricardo Munch Arocha fue excluido como miembro de la Asociación Carenero Yacht Club.

Ahora bien, no es cierto que no exista un procedimiento ordinario mediante el cual un tribunal podria otorgar la protección que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza a los derechos constitucionales que el quejoso estimó que le fueron conculcados ya que sus pretensiones podían ser planteadas en un juicio ordinario. Al efecto, debe recordarse, una vez más, que esta Sala ha insistido en que todos los jueces en todos los procesos pueden y deben proteger todos los derechos, con inclusión de los constitucionales, y es solo contra la omisión de tal protección por las vías ordinarias, especiales o de impugnación que puede intentarse el amparo constitucional, salvo, como se explicó supra, que en un caso concreto existan circunstancias particulares que hagan inidóneas aquellas vias para la protección constitucional. Es por ello que. cuando se acude a la tutela constitucional, el demandante tiene la carga argumentativa que convenza al juez de que, en su caso, es esta vía especial la única que podría protegerlo con eficacia, como garantiza la Constitución.

En el asunto de autos, el accionante no acudió a la via ordinaria preexistente, como podría ser una demanda de mulidad de la resolución que mano de la Junta Directiva y la Comisión Asesora de Administración de la Asociación Civil Carenero Yacht Club, el 3 de marzo de 2009 y de los actos que le siguieron por vía de consecuencia -a través de la cual habría podido pedir la indemnización que en amparo no es posible-, y no justificó el ejercicio exigido pacificamente esta Sala; omisión que no fue motivo de análisis en las decisiones que se emitieron en el procedimiento de amparo constitucional, a pesar del alegato al respecto de la parte demandada, fallos que, en acatamiento a al doctrina aplicable de esta Sala, tenían que haberse pronunciado acerca de la idoneidad o no del procedimiento ordinario para la protección de los derecho al debido proceso, la defensa y a la propiedad del ciudadano Eugenio Ricardo Munch Arocha, lo cual era un punto previo antes de que entrara a conocer el fondo de la causa.

Luego, el ejercicio de la pretensión de tutela constitucional. sin que el solicitante de la protección constitucional hubiera justificado el no agotamiento previo del referido medio judicial preexistente del cual disponía para la restitución al efectivo ejercicio de sus derechos constitucionales y, por consiguiente, a la cesación de la supuesta violación a los mismos, constituye una causal de inadmisibilidad de la pretensión de amparo, de acuerdo con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual esta Sala considera que la decisión que emitió el Juzgado Superior Maritimo con Competencia Nacional y sede en Caracas, el 29 de octubre de 2009, se apartó de la doctrina con respecto a la necesidad del agotamiento del medio judicial ordinario para el restablecimiento de la situación que se delató como causante de la lesión constitucional, cuando no analizó si el solicitante de la protección constitucional cumplió con su carga de alegación sobre la ineficacia del medio judicial ordinario, bajo la consideración de que todo juez de la República está en la posibilidad del ofrecimiento de dicha tutela, situación que no fue objeto de análisis ni por el a quo constitucional, ni por el tribunal que conoció en primera instancia la pretensión de amparo constitucional y emitió el juzgamiento que hoy es objeto de la presente revisión.

Con respecto a decisiones de la naturaleza de la fue señalada como lesiva en el proceso originario, esta Sala ha determinado su naturaleza civil en los siguientes términos:

.. la supuesta agraviada afirmó que el hecho que generó la presunta lesión constitucional fue una decisión que tomó la Junta Directiva del Club Hipico Caracas, sin que se le hubiese permitido el ejercicio de su derecho a la defensa, y mediante la cual se le prohibió el acceso al referido Club, por un lapso de doce meses.

Ahora bien, para la determinación de la naturaleza de la relación jurídica en la cual se inserta la actividad que genera el acto supuestamente lesivo y, con ello, el tribunal competente para conocer en primer grado de jurisdicción la acción de autos, se observa que la decisión disciplinaria impugnada fue adoptada por la Junta Directiva de la Asociación Civil señalada como agraviante en un proceso llevado de conformidad con sus Estatutos Sociales y con motivo del acaecimiento de unos hechos presuntamente censurables de conformidad con los Estatutos de dicha Asociación Civil, con fines deportivos, y de la cual la quejosa afirma ser socia.

(...) De manera que, la acción ha sido ejercida por la presunta violación de los derechos a la defensa y al debido proceso, por tanto, y de conformidad con la disposición prevista en el articulo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el tribunal competente para conocer de dicha acción ha de ser uno de Primera Instancia que lo sea en la materia afin con la naturaleza de los derechos conculcados, en la jurisdicción correspondiente al lugar de comisión del presunto hecho lesivo, derechos que, a criterio de esta Sala se encuentran insertos en una relación jurídica de naturaleza civil, que hacen que la materia afin sea la civil. (s.S.C. n.° 3515, 11.11.05)." De la decisión expuesta que aquí se ratifica, se expone el criterio que claramente ha definido la interpretación que hace esta Sala del articulo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales aplicable a las presuntas lesiones constitucionales generadas de las decisiones dictadas por las juntas directivas de las asociaciones civiles o clubes, aplicables también a aquellas de cuyo contenido se desprenda la prohibición de acceso, que independientemente del lapso impuesto como sanción, deben estar sujetas a los limites constitucionales, que impone a la parte sancionada de seguir la vía ordinaria establecida por esta Sala para dirimir tales conflictos.

Al respecto, cabe resaltar que la jurisprudencia dictada por esta Sala ha establecido de manera pacífica y reiterada la interpretación del contenido del numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, conforme a la cual, para que sea admitida la acción de amparo se hace imperativa la condición de que no exista un medio procesal ordinario e idóneo capaz de restituir la situación jurídica infringida, o que el mismo haya sido agotado y no hubiera sido eficaz para reparar la lesión constitucional o bien que el accionante justifique razonadamente porque los mismos no son eficaces y eficientes (vid. Sentencia n.° 2369/2001 del 23 de noviembre, caso: "Mario Téllez García" y otro).

En tal sentido, se aprecia que los accionantes contaban con los medios ordinarios idóneos que prevé la ley adjetiva civil y la jurisprudencia en aquellos supuestos de suspensión del derecho al uso de las instalaciones en la condición de socio de un club social que cada uno ostenta, tal como ocurrió en el caso in commento como sería la acción de nulidad contra la resolución de la asociación civil que les impuso la sanción, la cual no se evidencia que haya sido agotada o justificada su insuficiencia para restituir la situación jurídica presuntamente infringida. (vid. Sentencias n.°s 1619/2015 del 10 de diciembre, caso Asociación Civil Lagunita Country Club y 413 del 21/06/2018, caso Gran Logia de la República de Venezuela)".

De alli que, al patentizarse de autos, que el accionante contaba con la vía ordinaria para hacer valer los derechos denunciados y visto que la parte accionante no ejerció el medio ordinario que la ley y la jurisprudencia de esta Sala señalan para restituir la situación jurídica presuntamente infringida en casos como el aquí examinado, la acción de amparo debió declararse inadmisible, y no como lo hizo el tribunal de la primera instancia constitucional ni el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que omitió el criterio pacífico e invertebrado que ha sostenido esta Sala. Así se declara.

En consecuencia, cónsono con la jurisprudencia anteriormente expuesta, esta Sala declara ha lugar la solicitud de revisión propuesta por la Asociación Civil Club Campestre Paracotos del fallo dictado el 10 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil.

Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda visto que se apartó de la jurisprudencia que ha sido establecida por esta Sala como máxima instancia en materia de amparo constitucional, lo cual, en atención a lo que dispone el artículo 25.10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por tanto, en procura de la tutela judicial efectiva y la celeridad y brevedad procesal que deben imperar en la tutela constitucional esta Sala declara inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta por los ciudadanos Antonio Rafael González Fermín y Douglas Alberto González contra la Asociación Civil sin fines de lucro Club Campestre Paracotos.

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VI OBITER DICTUM

Con ocasión de la resolución del caso que aquí ocupó a esta Sala, se revisó el funcionamiento de la asociación civil que fungió como solicitante en este caso, llamando la atención de este órgano jurisdiccional la significativa cantidad de pretensiones de amparo constitucional y solicitudes de revisión que han venido siendo interpuestas contra aquellas asociaciones de carácter privado con personalidad jurídica sin fines de lucro dedicadas a satisfacer intereses comunes de sus asociados y sus familiares, tanto en el campo de la vida social y la recreación comúnmente denominados clubes sociales, relacionadas con denuncias de graves vulneraciones a los derechos y garantías constitucionales de sus asociados ante las evidentes carencias, ambigúedades y deficiencias que presentan las normativas estatutarias y reglamentos internos que rigen la sustanciación, trámite y resolución en la aplicación de procedimientos disciplinarios sancionatorios con motivo del acaecimiento de hechos que puedan resultar censurables de conformidad con sus estatutos para el cumplimiento de sus fines (vid. en este sentido las sentencias n°5. 892 del 11/08/10, 1619/del 10/12/15, 413 del 21/06/2018).

Este tipo de asociaciones civiles de carácter privado tienen su fundamento en el artículo 52 de la Constitucion de la República Bolivariana de Venezuela, el cual consagra el derecho de asociación de toda persona con fines lícitos, siendo que estas además pueden adquirir personalidad jurídica de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Código Civil, una vez protocolizada su acta de creación ante la Oficina de Registro Público que le corresponda, con lo cual alcanzan esa autonomía para la elaboración de su propia normativa interna para organizarse, que se cristaliza y desarrolla dentro del marco de su régimen estatutario y demás actos normativos que definen su estructura interna, autoridades y características de funcionamiento, así como los derechos y obligaciones a las que se encuentran conminados sus asociados; entre las cuales destaca la potestad sancionatoria sobre cada uno de sus miembros cuando se encuentren incursos en conductas consideradas censurables por apartarse del cumplimiento de sus fines y si bien estos presupuestos fungen se comportan como verdaderas normas de conducta que pueden tener carácter coercitivo y al ser aceptadas por la mayoría de sus miembros, su imposición no puede ser considerada per se violatoria de derechos constitucionales; no obstante, cualquier acto de esta naturaleza no puede ser concebido como un derecho irrestricto ni absoluto por parte de sus directivos, toda vez que dichos actos deben ajustarse a los postulados fundamentales y garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento juridico vigente, por tratarse de normas restrictivas (vid. Sentencia n.° 1.107 del 4 de noviembre de 2010).

Sobre este particular, debe resaltarse que según criterio de esta Sala los actos jurídicos dictados por asociaciones civiles privadas, de conformidad con su normativa interna no pueden ser calificados como administrativos o de naturaleza pública, toda vez que no se está en ejercicio de competencias o potestades estatales, siendo que su personal o fondos no ostentan carácter públicos, por lo cual no le son aplicables las acciones de nulidad propias de la jurisdicción contencioso administrativa, de manera que, al encontrarse su regulación inserta en una relación jurídica de naturaleza civil, provoca que sea esta la materia afín que las regule. (vid. sentencia n.° 3.515 del 11 de noviembre de 2005).

Es así como, visto que en su mayoría las delaciones incoada contra las asociaciones civiles de carácter privado, se encuentran dirigidas a atacar las sanciones impuestas a sus asociados por reñirse con derechos constitucionales fundamentales, esta Sala, como garante del cumplimiento del Texto Constitucional ideado como contrato social para la convivencia de los ciudadanos, debe hacer notar que la Constitución previó expresamente que el ejercicio del derecho a la defensa en un debido proceso debe ser garantizado según lo consagrado en el artículo 49 constitucional; en este sentido, se considera necesario resaltar que estos derechos deben ser entendidos con la directriz de que en todo proceso deben cumplirse las garantías indispensables para que sus miembros no sean sancionados sino por conductas previamente tipificadas en las normas asociativas legítimamente aprobadas, medidas que no pueden tomarse sino luego de un debido proceso cuyo inicio debe ser notificado al asociado, de manera que pueda ser escuchado, preparar su defensa, presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, dirigido a garantizar el principio de inocencia, de tal modo que cualquier decisión tomada por el órgano asociativo debe estar debidamente motivada y documentada en un expediente donde se refleje el contenido del proceso y las razones del acto sancionatorio, todo ello conforme a los principios de legalidad, progresividad y sin discriminación alguna, en aras de garantizar el goce y ejercicio legítimo del debido proceso y derecho a la defensa que les asiste a los afectados en franco apego a los postulados Constitucionales.

Siguiendo este hilo argumentativo, debe acotarse que estas garantias constitucionales persiguen como finalidad que los derechos que poseen las partes en el fter procedimental permanezcan incólumes, sin que los mismos se vean limitados o restringidos de manera tal que impida el ejercicio pleno y efectivo de otros derechos relevantes dentro del proceso que menoscaben los principios que el mismo debe ofrecer en la instrucción de un procedimiento, el cual es definido como una serie ordenada, consecutiva y preclusiva de actos emanados de las partes o del órgano decisor, destinados a impulsar el proceso hasta la efectiva satisfacción de las pretensiones deducidas en juicio. Ciertamente, el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y, en armonía con esa disposición constitucional, el artículo 49 del Texto Fundamental desarrolla en forma amplia la garantía del derecho a la defensa, con la finalidad de que toda persona ejerza el derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro de los lapsos razonables determinados legalmente.

Estas disposiciones constitucionales están dirigidas a garantizar la seguridad jurídica de las partes y constituyen una premisa general sobre cualquier trámite procedimental que debe seguirse en todo proceso, a los fines de evitar eventuales nufidades y recursos que impidan la satisfacción de las pretensiones de los sujetos procesales involucrados en algún caso concreto.

Estas premisas no pueden ser obviadas por la asociación como sujeto de derecho al momento de reglamentar sus estatutos interós y por ello, cuando en su marco normativo dispongan de un régimen disciplinario, este deberá desarrollar y diseñar un procedimiento que guarde armonía con los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución, relacionados con el debido proceso y derecho a la defensa, establecidos en el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al igual que los principios de proporcionalidad y de no discriminación que de igual forma dimanan de su contenido, ya que según criterio inveterado de esta Sala, estas constituyen garantías inherentes a la persona humana y, en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimiento, ello con el firme propósito de no restringir o perjudicar los derechos de los afectados.

Por tal razón, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a la potestad otorgada en el articulo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ORDENA a todas las asociaciones civiles sin fines de lucro o Clubes constituidas en todo el territorio nacional que en lo sucesivo garanticen dentro de sus estatutos de funcionamiento en el desarrollo de cualquier procedimiento disciplinario aplicado a sus asociados, todos los derechos y garantías indispensables que deben existir en todo proceso vinculado con el debido proceso y derecho a la defensa, asi como los principios de razonabilidad, proporcionalidad de los actos y no discriminación, so pena que el incumplimiento de lo aquí decidido pueda ser objeto de nulidad absoluta ante los órganos jurisdiccionales competentes por quienes resulten afectados de igual forma se ordena la publicación de esta sentencia en la Gaccta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Máximo Tribunal con el siguiente titulado: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que regula ordena a los asociones civiles sin fines de lucro o cubles constituidos en todo el territorio nacional a que, en la imposición de las sanciones que se prevean en sus estatus, sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a os asociados que puedan verse afectados por estos actos sancionatorios". Así se deja establecido.

VII DECISIÓN Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que interpuso la ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO CLUB CAMPESTRE PARACOTOS, de la sentencia dictada el 10 de octubre de 2016 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circusncripción Judicial del Estado Miranda, en la acción de amparo constitucional que incoaran los ciudadanos los ciudadanos Antonio Rafael González Fermín y Douglas Alberto González contra la Junta Directiva del Club Campetre Paracotos.

SEGUNDO: Se ANULA la decisión en cuestión y se declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional propuesta Ios ciudadanos ANTONIO RAFAEL GONZÁLEZ FERMÍN y DOUGLAS ALBERTO GONZÁLEZ cOntra la ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO CLUB CAMPESTRE PARACOTOS.

TERCERO: ORDENA la publicación de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Máximo Tribunal con el siguiente titulado: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que regula ordena a los asociones civiles sin fines de lucro o clubes constituidos en todo el territorio nacional a que, en la imposición de las sanciones que se prevean en sus estatutos, sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a los asociados que puedan verse afectados por estos actos sancionatorios".

Publiquese, regístrese y cúmplase lo ordenado. Archivese el expediente.

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Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 2 días del mes dede dos mil diecinueve (2019). Años: 208° de la Independencia y 160° de la Federación.

El Presidente, JUANJOSÉ MERDOZA JOYER Vicepresidente, ARCADIO DELGADO ROSALES Los Magistrados,

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO Calyfle f CALIXTO ORTEGR RIOS

LUHS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

LOURDES BENICIA SUAREZ ANDERSON Ponente

La Secretaria, Bonihocisgm MÓNICA ANDREA RODRIGUEZ FLORES 17-0056 LBSA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

Resolución N° 0061

Caracas, 25 de marzo de 2019 208° y 160° y 20°

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° 12.094.145, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según Resolución N° 2017-0003, de fecha 15 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.130, de fecha 06 de abril de 2017 y ratificado según Resolución N° 2019-0001, de fecha 30 de enero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.596, de fecha 06 de marzo de 2019, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.

RESUELVE ÚNICO: Designar a la ciudadana RAIZA MARGARITA LOAIZA GERMAN Y, titular de la Cédula de Identidad N° 5.010.381, quien ejerce el cargo de Analista Profesional III, como Directora de Información de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de encargada, a partir de la presente fecha.

Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejegutiva ae Ja Magistratura, en Caracas a los veinticinco (25) días del,mes de marzo de 2p19.

Comuníquese y Publíquese alug

JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO Director Ejecutivo de la Magistratura

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución No 0066 Caracas, 25 de marzo de 2019 208°, 160° y 200 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° 12.094.145, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su COndiCIÓn de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según Resolución N° 2017-0003 de fecha quince (15) de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.130 de fecha seis (06) de abril de 2017, y ratificado según resolución N° 2019- 0001, de fecha 30 de enero de 2019, publicada en Gaceta Oficial N° 41.596, de fecha 06 de marzo de 2019, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 9 y 12 del artículo setenta y siete (77) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.

RESUELVE ÚNICO: Designar al CiudadanO MANUEL ALFONSO QUEVEDO CHÁVEZ, titular de la Cédula de Identidad N° 10.275.505, como Jefe de la División de Servicios Administrativos y Finaneieros y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Miranda de la Direccion Ejecutiva de la Magistratura, cargo considerado de libre nombramiento remoción , a partir de la presenta fecha.

Dada, firmada y sellada en la Dregción/Ejecutiva/de la Magistratura, en Caracas a los veinticinco (25) días del mes e marzo de 2019.

-.

JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO Director Ejecutivo de la Magistratura CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 208°, 159° y 19°

Caracas, 18 de enero de 2019

RESOLUCIÓN N° 01-00-000024

ELVIS AMOROSO Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 14 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; 1° numeral 13 de la Resolución Organizativa N° 1; 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas,

RESUELVE:

PRIMERO: Constituir la Comisión de Contrataciones de la Contraloría General de la República, con carácter permanente, encargada de ejercer las atribuciones conferidas en la normativa legal y reglamentaria que regula las contrataciones públicas en la República Bolivariana de Venezuela, así como aquellas que le asigne o delegue el Contralor General de la República.

SEGunDo: La Comisión de Contrataciones de la Contraloría General de la República, estará integrada por tres (3) miembros principales con sus

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técnica y jurídica. La Comisión de Contrataciones contará con un secretario o secretaria que tendrá su suplente, con derecho a voz, más no a voto.

TERcERo: La Comisión de Contrataciones de la Contraloría General de la República, estará conformada por los ciudadanos y ciudadanas que se mencionan a continuación, y en las áreas que se especifican:

1.- Área Económico-Financiera Miembro Principal Miembro Suplente Adrián Ricardo Lemus Lara Emely Johan y Acevedo Perales C.I. N.° V.-21.070.329 C.I. N.° V.-14.385.158 2.- Área Técnica Miembro Principal Miembro Suplente Claudia Isabel Blanco Parra Pablo de Jesús García Castro C.I. N.° V.-22.670.596 C.I. N.° V.-18.134.860 3.- Área Jurídica Miembro Suplente Miembro Principal Eliana Karolina Pérez Godoy Carlys Dorimar García Jaimes C.I. N.° V.-20.707.236 C.I. N.° V.-24.352.749 cuARTo: La Comisión de Contrataciones velará por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas y demás normativa legal y sublegal aplicable.

QuInTo: Se designa a la ciudadana Maigualida Vargas Masías, titular de la cédula de identidad N.° V.-10.117.892, como secretaria de la Comisión de Contrataciones, con derecho a voz pero no a voto; y como su suplente al ciudadano George Javier Ruíz Valerio, titular de la cédula de identidad N.° V.- 17.719.727.

SExTo: La Secretaria o Secretario de la Comisión de Contrataciones, además de las atribuciones que le otorga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, ejercerá las siguientes:

1. Coordinar la logística para la celebración de las reuniones de la Comisión de Contrataciones, convocar a sus integrantes para las reuniones y conducir los actos públicos a que haya lugar.

2. Elaborar la agenda de las reuniones y cualquier comunicación, a los fines de su suscripción por parte de los integrantes de la Comisión de Contrataciones.

3. Levantar las actas correspondientes a cada reunión que celebre la Comisión de Contrataciones, así como de los actos de la Comisión de Contrataciones.

4. Llevar el registro de las personas naturales o jurídicas que retiren pliegos de condiciones en las modalidades de selección de contratistas que sustancie la Comisión de Contrataciones; y de la asistencia a los actos públicos que se celebren.

5. Conformar los expedientes únicos por cada modalidad de selección de contratistas que se sustancie, foliándolos de manera lógica y cronológica, a los cuales deben estar incorporados todos los documentos, informes, opiniones y demás actos que se reciba o genere la Comisión de Contrataciones.

6. Llevar el registro, control y custodia de los expedientes de contrataciones públicas, conforme a la normativa aplicable.

7. Tramitar y expedir las solicitudes de copias simples y certificadas de los documentos que integren los expedientes, en atención con la normativa legal y reglamentaria aplicable.

8. Recibir la correspondencia externa e interna dirigida a la Comisión de Contrataciones, de lo cual informará periódicamente y deberá mantener el control y archivo de la misma.

9. Elaborar y suscribir los oficios de notificación de los actos que se dicten en los procedimientos sustanciados por la Comisión de Contrataciones.

10. Redactar los proyectos de Llamado a Participar y ordenar su publicación.

11. Coadyuvar en la elaboración de los proyectos de pliegos de condiciones y cronogramas de actividades que serán sometidos a consideración de la Comisión de Contrataciones.

12. Las demás que le sean asignadas por el Contralor General de la República, o por los miembros de la Comisión de Contrataciones.

La Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales adscrita a la Dirección General de Administración, brindará todo el apoyo que requiera el Secretario o Secretaria de la Comisión de Contrataciones para el cabal cumplimiento de sus atribuciones.

sÉPTIMo: La Comisión de Contrataciones podrá solicitar la participación de representantes de las unidades usuarias, asesores, técnicos o expertos en aquellos procedimientos que considere necesarios.

Las personas convocadas conforme a este artículo participarán en la reunión o en las actuaciones paras las cuales fueron llamadas, con derecho a voz, pero no a voto.

ocTAvo: Los miembros de la Comisión de Contrataciones, su Secretaria, así como aquellas personas que por cualquier motivo intervengan en las actuaciones o procedimientos, deberán guardar debida reserva de la información, documentación, informes, opiniones y deliberaciones que se realicen.

NovEno: Los miembros de la Comisión de Contrataciones, su Secretaria, y sus suplentes, antes de ejercer sus atribuciones, deberán prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la normativa aplicable, con sus deberes, y rendir cuenta en los términos y condiciones que determinen las leyes y reglamentos que regulan las contrataciones públicas y el control fiscal.

DÉcIMo: Se deroga la Resolución N° 01-00-000003 de fecha 9 de enero de 2018, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.342, de fecha 16 de febrero de 2018.

DÉCIMo PRIMERO: Notifíquese el contenido de esta Resolución al Servicio Nacional de Contrataciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

Dada, firmada y sellada en el despacho del Contralor General de la República, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de enero de dos 208° Independencia, (2019).

de mil Años la diecinueve 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.

Comuníquese, notifíquese y publíquese.

ELVIS AMOROSO ntralor Generat de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

208°, 160° y 20° Caracas, 20 de marzo de 2019 RESOLUCIÓN N.° 01-00-000089 ELVIS AMOROSO Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 289, numerales 3 y 6, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 14, numerales 1 y 10, 15, 25 numeral 3, y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y 58, numeral 7, 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;

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CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes vigentes;

CONSIDERANDO Que es atribución del Contralor General de la República velar por el cumplimiento de la normativa que regula el Sistema Nacional de Control Fiscal;

CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;

CONSIDERANDO Que la ocurrencia de cualquier acto, hecho u omisión que afecte gravemente la legalidad, efectividad, eficiencia y economía de las operaciones administrativas o que viole los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, es causal de la intervención de los Órganos de Control Fiscal;

CONSIDERANDO Que en el año 2017, la Contraloría General de la República ordenó la realización de una actuación de control dirigida a evaluar los aspectos organizacionales, administrativos, presupuestarios, legales y técnicos relacionados con los procesos medulares y de apoyo establecidos por la Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Estado Aragua, lo cual le fue notificada al Contralor Municipal, quien presentó alegatos respecto de los hallazgos preliminares;

CONSIDERANDO Que mediante Oficio N° 07-02-124, de fecha 29 de junio de 2018, se ordenó la notificación del ciudadano José Francisco Padrón Medrano del Informe Definitivo emanado de la Dirección de Control de Municipios de esta Contraloría, que de la actuación fiscal practicada a la Contraloría del Municipio Libertador del Estado Aragua concluyó que se "...denota debilidades en el sistema de control interno dado la ausencia de los instrumentos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la institución, entre los hallazgos más relevantes se encuentran que: no tienen un tabulador de sueldos y salarios, imputación errada de las partidas sub-específicas de acuerdo a su naturaleza por concepto de viáticos y honorarios profesionales, en atención a los contemplado en el clasificador presupuestario, los expedientes de contrataciones públicas no se encontraban identificados y foliados, debilidades en la selección de contratistas por parte de la comisión de contrataciones, debilidad en la estructura funcional y organizativa de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría Municipal, al igual de la ausencia de un Registro de Asignación de Cargos por áreas, debilidades en la conformación de los expedientes de personal, falta de identificación y resguardo de los bienes pertenecientes al órgano evaluado (...) errores en los cálculos de prestaciones sociales de los trabajadores al servicio de la contraloría municipal..." RESUELVE

PRIMERO: Intervenir la Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Estado Aragua.

sEGunDo: Suspender de manera inmediata al Contralor Municipal del Municipio Libertador del Estado Aragua, ciudadano 3osÉ FRANCISCO PADRóN MEDRANO, titular de la cédula de identidad N.° V- 9.433.685, cuya designación se efectuó mediante Acuerdo N° 020-2015 de fecha 29 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Municipal N.° 780 Extraordinario de la misma fecha.

TERcERo: Instar al Concejo Municipal del Municipio Libertador del Estado Aragua, para que proceda a realizar los trámites destinados a materializar la destitución del ciudadano JOsÉ FRANCIsCo PADRóN MEDRANO, titular de la cédula de identidad N.° v- 9.433.685, del cargo de Contralor Municipal.

CUARTO: Designar al ciudadano MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VILLAVICENCIO, titular de la cédula de identidad N.º v- 11.981.923, como Contralor Interventor, en calidad de encargado, de la Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Estado Aragua, a partir de la fecha de su notificación.

QUINTO: El Interventor tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. El Interventor debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión.

SExTo: El Director General de Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República tomará juramento del CiudadanO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VILLAVICENCIO, titular de la cédula de identidad N.° V- 11.981.923, designado mediante la presente Resolución como Contralor Interventor, en calidad de encargado, de la Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Estado Aragua.

SÉPTIMO: Contra esta Resolución podrá ejercerse la acción contencioso administrativa de nulidad ante la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del lapso de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de la fecha de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 23, numeral 5 y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Dada en Caracas, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019). Años 208° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana.

Comuníquese, notifíquese y publíquese;

ELVIS AMOROSO ontralor Generatde la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2080, 1590 y 19°

Caracas, 28 de Enero de 2019

RESOLUCIÓN

N.° 01-00-000032 ELVIS AMOROSO Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 289, numerales 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 14, numerales 1 y 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y, 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;

página original (tal como se publicó)Página 21 de la Gaceta

Página 22

CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

CONSIDERANDO Que es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;

CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;

CONSIDERANDO Que la ocurrencia de cualquier acto, hecho u omisión que afecte gravemente la legalidad, efectividad, eficiencia y economía de las operaciones administrativas o que viole los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, es causal de la intervención de los Órganos de Control Fiscai;

CONSIDERANDO Que mediante Resolución N° 01-00-000153 de fecha 02 de marzo de 2017, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.132 de fecha 17 de abril de 2017, este máximo Órgano de Control Fiscal resolvió intervenir la Contraloría Municipal del Municipio Camatagua del estado Aragua;

RESUELVE PRIMEro: Ratificar la Intervención de la Contraloría Municipal del Municipio Camatagua del estado Aragua.

SEGUNDO: Designar a la ciudadana ALZURO LAZA URBANA NATIVIDAD, titular de la cédula de identidad N.° V-14.147.357, como Contralora Interventora de la Contraloría Municipal del Municipio Camatagua del estado Aragua, en calidad de encargada, a partir de la fecha de su notificación.

TERCERo: Dejar sin efecto, a partir de la presente fecha, la designación del Ciudadano JORGE LUIS SARRAMERA PADRINO, titular de la cédula de identidad N.° V-14.395.818, como Contralor Interventor del Municipio Camatagua del estado Aragua, efectuada mediante Resolución N.° 01-00-000153 de fecha 02 de marzo de 2017, cuya publicación se efectuó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.132 de fecha 17 de abril de 2017.

cuARTo: La Contralora Interventora tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. La interventora debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión.

QUInTo: El Director General de Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República tomará juramento de la ciudadana ALZURO LAZA URBANA NATIVIDAD, titular de la cédula de identidad N.° V-14.147.357, designada como Contralora Interventora de la Contraloría Municipal del Municipio Camatagua del estado Aragua, en calidad de encargada, mediante la presente Resolución.

Dada en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019). Año 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.

Comuníquese, notifíquese y publíquese;

LVIS AMOROSO trar Generat de ta República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

208°, 159° y 20°

Caracas, 04 de Febrero de 2019

RESOLUCIÓN N.° 01-00-000041 ELVIS AMOROSO Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 289, numerales 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 14, numerales 1 y 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y, 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;

CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

CONSIDERANDO Que es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;

CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;

CONSIDERANDO Que la ocurrencia de cualquier acto, hecho u omisión que afecte gravemente la legalidad, efectividad, eficiencia y economía de las operaciones administrativas o que viole los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, es causal de la intervención de los Órganos de Control Fiscal;

CONSIDERANDO Que mediante Resolución N° 01-00-000153 fecha 02 de marzo de 2017, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.132 de fecha 17 de abril de 2017, este máximo Órgano de Control Fiscal resolvió intervenir la Contraloría Municipal del Municipio Rafael Guillermo Urdaneta del estado Aragua;

RESUELVE PRIMEro: Ratificar la Intervención de la Contraloría Municipal del Municipio Rafael Guillermo Urdaneta del estado Aragua.

SEGUNDO: DeSignar a la GISELYS MARGARITA CASTILLO RIVERo, titular de la cédula de identidad N.° V-18.972.178, como Contralora Interventora de la Contraloría Municipal del Municipio Rafael Guillermo Urdaneta del estado Aragua, en calidad de encargada, a partir de la fecha de su notificación.

página original (tal como se publicó)Página 22 de la Gaceta

Página 23

TERCERo: Dejar sin efecto, a partir de la presente fecha, la designación de la Ciudadana RAMONA LIZ AQUINOMALUENGA, titular de la cédula de identidad N.° V-11.976.315, como Contralora Interventora del Municipio Rafael Guillermo Urdaneta estado Aragua, efectuada mediante Resolución del N.° 01-00-000153 de fecha 02 de marzo de 2017, cuya publicación se efectuó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.132 de fecha 17 de abril de 2017.

cuArTo: La Contralora Interventora tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. La interventora debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión.

QuInTo: El Director General de Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República tomará juramento de la Ciudadana GISELYS MARGARITA CASTILLO RIVERO, titular de la cédula de identidad N.° V-18.972.178, designada como Contralora Interventora de la Contraloría Municipal del Municipio del Rafael Guillermo Urdaneta estado Aragua, en calidad de encargada, mediante la presente Resolución.

Dada en Caracas, a los cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019). Año 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana.

Comuníquese, notifíquese y publíquese;

ELVIS AMOROSO Geeralde la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

208%, 160° y 20°

Caracas, 21 de febrero de 2019

RESOLUCIÓN

N.° 01-00-000051 ELVIS AMOROSO Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 289, numerales 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 14, numerales 1 y 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y, 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;

CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

CONSIDERANDO Que es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal;

CONSIDERANDO Que la Contraloría General de la República, evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes;

CONSIDERANDO Que la ocurrencia de cualquier acto, hecho u omisión que afecte gravemente la legalidad, efectividad, eficiencia y economía de las operaciones administrativas o que viole los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, es causal de la intervención de los Órganos de Control Fiscal;

CONSIDERANDO Que mediante Resolución N° 01-00-000257 de fecha 06 de junio de 2016, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.919 de fecha 06 de junio de 2016, este máximo Órgano de Control Fiscal resolvió intervenir la Contraloría Municipal del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda;

RESUELVE PRIMERo: Ratificar la Intervención de la Contraloría Municipal del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda.

SEGUNDO:

Designar al ciudadano WILMER ENRIQUE SANTIAGO VALERO, titular de la cédula de identidad N.° V-10.501.100, como Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, en calidad de encargado, a partir de la fecha de su notificación.

TERcERo: Dejar sin efecto, a partir de la presente fecha, la designación de la ciudadana MARÍA FERNANDA BOLÍVAR MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-12.421.300, como Contralora Interventora del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, efectuada mediante Resolución N.° 01-00-000399 de fecha 19 de agosto de 2016, cuya publicación se efectuó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.972 de fecha 23 de agosto de 2016.

CUARTo: El Contralor Interventor tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Externo y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. El interventor debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión.

QuInTo: El Contralor General de la República tomará juramento del CiUdadanO WILMER ENRIQUE SANTIAGO VALERO, titular de la cédula de identidad N.° V-10.501.100, designado como Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, en calidad de encargado, mediante la presente Resolución.

Dada en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019). Año 208° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana.

Comuníquese, notifíquese y publíquese;

ELVIS AMOROSO tralor General de la República

página original (tal como se publicó)Página 23 de la Gaceta

Página 24

DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLVI - MES VI Número 41.612 Caracas, lunes 8 de abril de 2019 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria

DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

página original (tal como se publicó)Página 24 de la Gaceta
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