Gaceta Oficial N° 41.598
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL ECOSOCIALISMO Resoluciones mediante las cuales se designan a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua Decisión mediante la cual se decreta Medida Autónoma de Protección a la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria sobre la Empresa de Propiedad Social Agropatria, S.A, y Grupo Agroisleña, C.A.
DEFENSA PÚBLICA Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.
MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se trasladan a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan, a las Fiscalías que en ellas se especifican, de este Organismo.
Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.751, mediante el cual se nombra a la ciudadana Johanna Ruth Amorín Gaarn, como Viceministra de Seguimiento y Control del Comercio y la Distribución, del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.-(Se reimprime por fallas en los originales).
Decreto Nº 3.781, mediante el cual se ordena la fusión por absorción de la Empresa de Producción Social Recuperadora de Materias Primas, C.A., (REMAPCA), constituida como Sociedad Mercantil, con la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora, S.A., (CORPOEZ), constituida como Sociedad Mercantil.
Decreto Nº 3.782, mediante el cual se Degrada y Expulsa a las ciudadanas y ciudadanos Profesionales Militares que en él se mencionan, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Decreto Nº 3.783, mediante el cual se adscribe a la
Vicepresidencia de la República la Fundación del Estado denominada Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH).
Decreto Nº 3.784, mediante el cual se suspenden
las actividades académicas en todo el territorio nacional el día viernes 15 de marzo del 2019, a los fines de resguardar la seguridad a las niñas, niños y adolescentes y facilitar los trabajos que se ejecutan en la recuperación y estabilización del Servicio Eléctrico Nacional.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA Y FINANZAS Resoluciones mediante las cuales se delega en las ciudadanas y en el ciudadano que en ellas se mencionan, el ejercicio de las atribuciones y firma de los documentos que en ellas se indican, de este Ministerio.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Aviso Oficial mediante el cual se informa a las instituciones bancarias, a las casas de cambio y a los proveedores no bancarios de terminales de puntos de venta, los límites máximos de las comisiones, tarifas y/o recargos que podrán cobrar por las operaciones y/o actividades que en él se mencionan.
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito y tasas de interés para operaciones crediticias destinadas al sector turismo.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INIA Providencias mediante las cuales se designan a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Instituto.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD
FUNDEEH Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Silvia Mayira Manzo Pérez, como Auditora Interna (Interina), de esta Fundación.
AÑO CXLVI - MES VI Caracas, jueves 14 de marzo de 2019 Número 41.598
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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DECRETA
Artículo 1°. Nombro a la ciudadana JOHANNA RUTH AMORÍN GAARN, titular de la Cédula de Identidad N° 17.401.181, COMO VICEMINISTRA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMERCIO Y LA DISTRIBUCIÓN del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.
Artículo 2°. Nombro a la ciudadana ARIANYS C. ESCOBAR titular de Identidad ALCALÁ, Cédula de N° 15.342.906, COMO VICEMINISTRA (E) DE POLÍTICAS DE COMPRA Y CONTENIDO NACIONAL del MinisteriO del Poder Popular de Comercio Nacional.
Artículo 3°. Nombro al ciudadano JOSÉ JULIÁN VILLALBA GUERRA, titular de la Cédula de Identidad N° 6.967.965 como VICEMINISTRO (E) DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROCESO DE FORMACIÓN DE PRECIOS, del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.
Artículo 4°. Los funcionarios designados en los artículos 1°, 2° y 3° del presente Decreto, ejercerán las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 5°. Delego en el Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, la juramentación de los referidos ciudadanos.
Artículo 6°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva Refrendado El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (L.S.) WILLIAN ANTONIO CONTRERAS 14 de marzo de 2019 Decreto N° 3.781 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 2 y 20 del artículo 236 ejusdem, concatenado con los artículos 16, 34, 46 y el numeral 4 del artículo 118 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo preceptuado en el numeral 7 del artículo 340 del Código de Comercio, en Consejo de Ministros, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018.
CONSIDERANDO
Que las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, establece entre sus objetivos específicos garantizar la incorporación de los recursos naturales estratégicos al proceso productivo, de forma eficiente y sustentable para la satisfacción y el acceso democrático de la población a los bienes y servicios para el vivir bien de las venezolanas y venezolanos,
CONSIDERANDO
El carácter estratégico que tienen los residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel, así como otros tipos de metal o chatarra ferrosa y los residuos sólidos no metálicos, para el desarrollo de la industria nacional, se requiere establecer líneas concretas dirigidas al aprovechamiento de los mismos, que redunden en beneficio para la economía nacional actualmente afectada a causa de la guerra económica orquestada por factores endógenos y exógenos,
CONSIDERANDO
PRODUCCIÓN EMPRESA SOCIAL DE Que la RECUPERADORA DE MATERIAS PRIMAS, C.A.
(REMAPCA), tiene por objeto la recuperación, procesamiento y comercialización de todo tipo de desecho y materia prima de reciclaje en el sector doméstico, comercial e industrial,
CONSIDERANDO
Que a la CORPORACIÓN ECOSOCIALISTA EZEQUIEL ZAMORA,S.A.(CORPOEZ), le corresponde la comercialización nacional y la exportación de chatarra ferrosa y no ferrosa, chatarra naval, aeronáutica, eléctrica y electrónica,
CONSIDERANDO
Que a los fines de facilitar el cumplimiento del objeto social de CORPORACIÓN ambas estatales, empresas ECOSOCIALISTA EZEQUIEL ZAMORA, S.A. (CORPOEZ) y EMPRESA DE PRODUCCIÓN SOCIAL RECUPERADORA DE MATERIAS PRIMAS, C.A. (REMAPCA), se requiere optimizar los procesos relacionados con la adquisición, comercialización y exportación de materiales estratégicos.
DECRETA
Artículo 1° Se ordena la fusión por absorción de la EMPRESA DE PRODUCCIÓN SOCIAL RECUPERADORA DE MATERIAS PRIMAS,C.A. (REMAPCA), constituida como sociedad mercantil, domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo en fecha 27 de enero de 2006, bajo el N° 8, Tomo 1-A, COn la CORPORACIÓN ECOSOCIALISTA EZEQUIEL ZAMORA, S.A. (CORPOEZ), COnStituida COmO sociedad mercantil, domiciliada en Caracas, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital en fecha 15 de agosto de 2017, bajo el N° 21, Tomo 196-A-SDO.
Artículo 2°. En virtud de la fusión por absorción que se Ordena, la CORPORACIÓN ECOSOCIALISTA EZEQUIEL ZAMORA, S.A. (CoRPOEZ), tendrá el carácter de sociedad subsistente, a quien le corresponderá de conformidad con la normativa aplicable, asumir los derechos, bienes y obligaciones a CargO de la EMPRESA DE PRODUCCIÓN SOCIAL PRIMAS, C.A.
MATERIAS RECUPERADORA DE (REMAPCA).
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Artículo 3°. Se instruye a realizar la gestión mercantil que corresponda a los fines de formalizar la extinción de pleno derecho de la EMPRESA DE PRODUCCIÓN SOCIAL RECUPERADORA MATERIAS PRIMAS, C.A.
DE (REMAPCA).
Artículo 4°. El patrimonio de la EMPRESA DE PRODUCCIÓN SOCIAL RECUPERADORA DE MATERIAS PRIMAS, C.A.
(REMAPCA), conformado por sus activos y pasivos se EZEQUIEL ZAMORA, S.A. (CORPOEZ).
Artículo 5°. A los fines de materializar la fusión por absorción a que se refiere este Decreto, la EMPRESA DE PRoDUCCIÓN SOCIAL RECUPERADORA DE MATERIAS PRIMAS, C.A.
(REMAPCA), deberá suministrar a la CORPORACIóN ECOSOCIALISTA EZEQUIEL ZAMORA, S.A. (CORPOEZ), la documentación y la información relacionada con sus derechos, bienes, intereses, obligaciones y operatividad.
ArtíCulo 6°. La CORPORACIÓN ECOSOCIALISTA EZEQUIEL ZAMORA, S.A. (CORPOEZ), COMO ente subsistente, realizará las adecuaciones organizativas que correspondan en materia de talento humano, para lo cual dispondrá de treinta (30) días contados a partir de la publicación de este Decreto, los cuales podrán ser prorrogados una sola vez y por el mismo lapso, previa autorización del Presidente o Presidenta de la empresa.
Artículo 7° La tutela efectiva y representación de las acciones de la República Bolivariana de Venezuela en la CORPORACIÓN ECOSOCIALISTA EZEQUIEL ZAMORA, S.A. (coRPoEz), como empresas subsistente, corresponderá al Ministerio con competencia en la materia de Industrias y Producción Nacional.
Artículo 8°. Se autoriza la modificación de los estatutos SOCiales de la CORPORACIÓN ECOSOCIALISTA EZEQUIEL ZAMORA, S.A. (CoRPOEZ), adecuando su objeto, conformación de Junta Directiva y demás consideraciones que se deriven de la fusión por absorción a que se refiere este Decreto.
Artículo 9°. Se instruye al Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, para que designe los miembros que conformarán e integrarán a la Junta Directiva encargada de la administración y manejo de la CORPORACIÓN ECOSOCIALISTA EZEQUIEL ZAMORA, S.A. (coRPoEz), como ente subsistente de la fusión a que se refiere este Decreto.
Artículo 10 El Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, queda encargado de la ejecución de este Decreto.
Artículo 11. Este Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.) VLADIMIR PADRINO LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.) JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.) SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (L.S.) WILLIAN ANTONIO CONTRERAS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (L.S.) YOMANA KOTEICH KHATIB Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, (L.S.) WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.) MAYELIN RAQUEL ARIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.) STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.) MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.) VÍCTOR HUGO CANO PACHECO
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Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA Refrendado La Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas (L.S.) EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.) PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.) ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.) HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (L.S.) HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.) ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Transporte (L.S.) HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular de Obras Públicas (L.S.) MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.) LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.) GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES 14 de marzo de 2019 Decreto N° 3.782 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 5 y 6 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con el artículo 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
CONSIDERANDO
Que con ocasión a los hechos en que han incurrido algunos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por haber pretendido mediante actos hostiles, medios violentos y desconocimiento de las autoridades legalmente constituidas, cambiar la forma Republicana de la Nación, poniendo en peligro la independencia, soberanía y la integridad del territorio, que no sólo responden a una actitud omisiva, de cobardía e indignidad, sino que se configuran en actos de manifiesta agresión al pueblo como representante directo de la soberanía nacional, atentando contra los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y en contra de los pilares fundamentales de la Institución Armada, los cuales constituyen "Actos de Traición a la Patria",
CONSIDERANDO
Que la conducta desplegada por los Profesionales Militares, evidencia una actuación que discrepa considerablemente de los principios que deben regir la conducta de todo militar, como son la probidad, honestidad y rectitud, así como el incumplimiento de sus deberes, al atentar contra la honra y el pundonor individual militar; contra el decoro de la profesión;
contra los preceptos sociales y las normas de la moral; contra los preceptos de la subordinación, leyes y disposiciones dictadas por las autoridades competentes; siendo agravada dicha conducta por su condición de funcionario,
CONSIDERANDO
Que con ocasión de los hechos en que han incurrido los Profesionales Militares, se han iniciado las investigaciones correspondientes, a los fines de determinar la existencia de elementos de tiempo, modo y lugar que permitan precisar el tipo de responsabilidad o carácter punible que revistieren sus acciones,
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CONSIDERANDO
Que el valor, la buena fe, la rectitud y el decoro, constituyen las más altas virtudes para el personal militar en situación de actividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por tanto, no puede ser militar el cobarde, el que carezca de dignidad, pundonor, ni el de relajada conducta, pues mal puede ser guardia de la libertad, honra e independencia de su patria, quien tema al sacrificio y ultraje sus armas con infames vicios,
CONSIDERANDO
Que el fundamento principal de la existencia de un ordenamiento jurídico especial reside en la necesidad que tiene la Administración, en función del interés general de mantener la disciplina y de asegurar que sus miembros cumplan las obligaciones inherentes a su cargo como una manera de asegurar su actuación bajo el imperio de la Ley, inspirando el más alto grado de confianza en su actuar y rectitud en la sociedad, por lo que cobra mayor importancia la probidad que puedan demostrar en el ejercicio de sus funciones y que su incumplimiento o la incursión de éstos en alguna causal contemplada en las leyes o reglamentos como faltas o delitos, conllevan a la adopción de medidas ejemplarizantes, con el fin de evitar el desequilibrio institucional y el relajamiento de los pilares fundamentales de la Institución Armada,
CONSIDERANDO
Que todo régimen disciplinario debe ser concebido no sólo como una herramienta para el castigo de las conductas desviadas de determinados sujetos, sino además como una forma de protección y conservación de las instituciones jurídicas cuya vulneración pudiera minar la confianza debida a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como pilar fundamental en el sostenimiento mismo del Estado,
CONSIDERANDO
Que en mi carácter de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en ejercicio del Mando Supremo de la institución, estoy al servicio de la República y constituye un deber asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas y el acatamiento a la Constitución y a las leyes, a través de las medidas de protección a la propia Fuerza Armada y a su pueblo, que corresponde obligatoriamente ser impuestas ante la inobservancia de una norma legal o sub legal con la firme intención de inhibir posibles conductas y actuaciones contrarias a los valores éticos que deben regir la actuación del personal militar venezolano para que se logre el mantenimiento de la actuación ética y jurídicamente correcta, indispensable para el alcance pleno y eficaz del ejercicio de sus deberes.
DECRETO
Artículo 1°. Degradar y Expulsar a los ciudadanos profesionales militares:
MY. SANTAFÉ ACEVEDO LUZ MARIELA, TTE. POLICARPIO HERRERA DANIEL, 02 01 C.I. N° 20.962.388.
C.I. N° 11.495.661.
JUAN SIFONTES ARGUELLO MANUEL TTE.
MORALES MONCADA TTE.
03 04 FRANCISCO, C.I. N° 25.381.540.
ENRIQUE, C.I. N° 15.657.643.
TTE. CASTRO LACRUZ KEVIN GABRIEL, S1. BARON A IVAÑEZ ANGELO FERNEY, 05 06 C.I. N° 20.121.024.
C.I. N° 23.841.066.
S1.
GÁMEZ JOHN S1. GUEVARA MEDINA FABIÁN ANDRÉS, ALEJANDRO 08 07 ALEJANDRO, C.I. N° 19.084.880.
C.I. N° 21.451.699.
S1.
ORTIZ BLANCO ANTHONY S1. ARRATIA BOLIVAR KEYLER REINET, 09 10 C.I. N° 24.539.168.
GERARDO, C.I. N° 25.594.625.
S1. VILLAZANA AREVALO ORLANDO RENGIFO S1.
CHACÓN OSCAR 12 11 ABIMELEC, C.I. N° 18.947.802.
LEONARDO, C.I. N° 23.544.454.
CARRASCO GÓMEZ LEONEL S2. HURTADO ALDANA ALIRIO RAFAEL, S2.
14 13 EMANUEL, C.I. N° 20.234.873.
C.I. N° 25.110.819.
S2. OVALLES GALAVIZ JUAN MANUEL, S2. BARÓN BARÓN JESÚS OMAR, C.I.
16 15 C.. N° 21.342.350.
N° 25.495.817.
S2. ÁLVAREZ GRANADILLO GUSTAVO COLEGIO SANDOVAL.
YENIFER S2.
18 17 ENRIQUE, C.I. N° 25.759.517.
BEATRIZ, C.I. N° 24.744.818.
S2. MARTÍNEZ MARAIMA WILSON MARTÍNEZ VELÁSQUEZ S2.
LUÍS 19 20 OSMEL, C.. N° 25.125.267.
CARLOS, C.I. Nº 25.926.201.
S2. MARCANO MARTÍNEZ LUIS S2. LÓPEZ MARÍN ORLANDO JOSÉ, C.I.
21 22 Nº 26.244.023.
ARMANDO, C.I. N° 28.754.640.
S2. DÍAZ ESPÍN LUÍS RAFAEL, C.I. N° S2. SÁNCHEZ MEDINA ERICKSON JOSÉ, 24 23
31.680.381.
C.I. N° 25.724.907.
JOSÉ S2. RODRÍGUEZ MOSQUERA LUIS MOSQUERA S2.
MENDOZA 25 26 ALEJANDRO, C.I. N° 25.954.385.
RAFAEL, C.I. 24.794.835
S2. PLAZA MONSALVE JOSÉ DE JESÚS, 27 C.I. N° 20.435.886.
Artículo 2°. La decisión contenida en el presente Decreto, implica necesariamente la pérdida del grado y condecoraciones nacionales; sin menoscabo de las acciones y consecuencias que se deriven del proceso correspondiente que conozcan las autoridades competentes.
Artículo 3°. La medida tomada en el presente Decreto reconoce y respeta los derechos adquiridos en materia de seguridad social, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 4°. El Ministro del Poder Popular para la Defensa, queda encargado de la ejecución del presente Decreto.
Artículo 5°. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
NICOLÁS MADURO MOROS DEN
Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera Vicepesidenta del Consejo de Ministros (L.S.) DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.) VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
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445.694 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 14 de marzo de 2019
Decreto N° 3.783 14 de marzo de 2019
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el Supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2, 11 y 20 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el artículo 118, numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 119 ibidem, en Consejo de Ministros, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018.
CONSIDERANDO
Que para el cumplimiento de los fines del Estado, el Ejecutivo Nacional debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social, para lo cual se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos,
CONSIDERANDO
Que es potestad del Ejecutivo Nacional, la organización de la Administración Pública Nacional, atendiendo al principio de competencia de los órganos de la Administración Pública, y en observancia a las competencias materiales que corresponden a cada uno de sus órganos y entes,
CONSIDERANDO
Que la Administración Pública Nacional debe optimizar la funcionalidad y aumentar la eficiencia en el cumplimiento del objeto de la Fundación del Estado denominada FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH), mediante su adscripción al órgano superior de la administración pública que tiene la adscripción administrativa de la Gran Misión Venezuela Bella de forma de contribuir con la recuperación y rehabilitación de la infraestructura de las edificaciones del Sistema Público Nacional de Salud en aras de garantizar la mayor suma de seguridad social para nuestro pueblo.
Artículo 3º. La Vicepresidencia de la República, tramitará ante la Procuraduría General de la República la reforma del Acta Fundacional de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH), y protocolizará por ante el Registro Público correspondiente, a los fines de adaptarla a lo previsto en el presente Decreto, velando porque se haga efectiva su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Artículo 4º. La Vicepresidenta Ejecutiva y el Ministro del Poder Popular para la Salud, quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. Artículo 5º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.)
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.)
JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.)
SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.)
TARECK EL AISSAMI
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (L.S.)
WILLIAN ANTONIO CONTRERAS
DECRETA
Artículo 1º. Se adscribe a la Vicepresidencia de la República, la Fundación del Estado denominada FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH), cuya creación fue autorizada mediante Decreto Nº 4.965 de fecha 06 de noviembre de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.558 de fecha 07 de noviembre de 2006, reimpreso por error material mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.569 de fecha 22 de noviembre de 2006, cuya acta constitutiva y estatutos sociales, están publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.402 de fecha 13 de abril de 2010. Artículo 2º. La variación de adscripción a que se refiere el artículo anterior, será incluida en la futura reforma del Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República, conforme a lo establecido en el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional.
p j p Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.)
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
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Jueves 14 de marzo de 2019 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 445.695 Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (L.S.)
YOMANA KOTEICH KHATIB Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, (L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.)
MAYELIN RAQUEL ARIAS
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.)
DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)
LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.)
STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.)
MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.)
VÍCTOR HUGO CANO PACHECO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.)
CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)
CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas (L.S.)
EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.)
GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.)
ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.)
ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.)
HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.)
PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.)
MARÍA IRIS VARELA RANGEL
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (L.S.)
HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.)
ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.)
BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Transporte (L.S.)
HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Obras Públicas (L.S.)
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.)
LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ
Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.)
GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES
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445.696 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 14 de marzo de 2019
Decreto N° 3.784 14 de marzo de 2019
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 2 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo previsto en los artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO
El ataque cibernético al Sistema Automatizado de Ardas, que regula los procesos de las 20 máquinas generadoras del sistema hidroeléctrico del Gurí, ubicado en el estado Bolívar, afectó todo el territorio nacional.
CONSIDERANDO
Que el Ejecutivo Nacional debe emplear acciones que garanticen la restitución del servicio Eléctrico Nacional y resguardar la seguridad del pueblo Venezolano, como el principal afectado.
Dado en Caracas, a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia, 160° de la Federación y 20° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)
Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.)
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.)
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.)
JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.)
SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.)
TARECK EL AISSAMI
DECRETO
Artículo 1°. Suspender las actividades académicas en todo el territorio nacional el día viernes 15 de marzo del 2019, a los fines de resguardar la seguridad a las niñas, niños y adolescentes y facilitar los trabajos que se ejecutan en la recuperación y estabilización del Servicio Eléctrico Nacional. Artículo 2°. Se instruye a las instituciones oficiales y privadas reprogramas las actividades académicas, a los fines de dar cumplimiento a los programas educativos en el Subsistema de Educación Básica. Artículo 3°. El Ministro del Poder Popular Para la Educación, queda encargado de la ejecución del presente Decreto.
Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (L.S.)
WILLIAN ANTONIO CONTRERAS
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Jueves 14 de marzo de 2019 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 445.697
MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.)
VÍCTOR HUGO CANO PACHECO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.)
CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)
CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA Refrendado La Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas (L.S.)
EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA
Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.)
MARÍA IRIS VARELA RANGEL
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.)
GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.)
ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.)
ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.)
HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (L.S.)
HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.)
ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI
Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.)
BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Transporte (L.S.)
HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Obras Públicas (L.S.)
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.)
LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.)
GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES
Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (L.S.)
YOMANA KOTEICH KHATIB Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, (L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.)
MAYELIN RAQUEL ARIAS
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.)
DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)
LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.)
STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.)
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.)
PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 14 MAR. 2019 208°,160° y 20°
RESOLUCIÓN N° 0 0 8 SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas En ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5, artículo 19, numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y los artículos 1° y 5° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, RESUELVE Artículo 1. Delegar en el ciudadano FERNANDo YAMIR ZERPA DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° v- 14.700.437, en su carácter de Jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, el ejercicio de las atribuciones y firma de los documentos que a continuación se indican:
1. Ordenar los compromisos y pagos que afecten los créditos acordados a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, según los montos, límites y conceptos definidos para cada asignación presupuestaria.
2. Suscribir convenios de cooperación interinstitucional en la materia relacionada al sistema de contabilidad pública.
3. Suscribir los Movimientos de personal, ingresos, reingresos, nombramientos, ascensos, remuneraciones, licencias o permisos con o sin goce de sueldo, remociones, retiros, jubilaciones, pensiones, comisiones de servicio, aprobación de viáticos y pasajes, conformación de horas extraordinarias de trabajo, postulaciones de becas, créditos estudiantiles, contrato de trabajo, de prestación de servicios y demás recaudos o documentos que deba tramitar directamente por ante los órganos del Ejecutivo Nacional competentes en la materia.
4. Resolver los recursos administrativos ejercidos contra los actos emanados de la Oficina y sus dependencias.
5. Certificar copias, así como la exhibición e inspección de determinados documentos, expedientes, libros, registro o archivos de la oficina.
6. Suscribir las comunicaciones dirigidas a otras oficinas nacionales, a Ministerios, Gobernadores, Alcaldes, órganos con autonomía funcional, Procuraduría General de la República, otros organismos de la Administración Central y Descentralizada, relacionados con los asuntos de tramitación ordinaria.
Artículo 2. El funcionario en quien se delega, se obliga a presentar periódicamente al delegante una relación detallada de los actos que ejerza y de los documentos que suscriba en virtud de esta Resolución.
Artículo 3. Los actos y documentos que se suscriban en ejercicio de esta delegación, deberán indicar el número y la fecha de ésta Resolución, así como los datos de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual se haya publicado.
Queda a salvo lo previsto en el artículo 3 del citado Reglamento de Delegación, respecto de los actos cuya firma no puede ser delegada.
Artículo 4. Se deroga la Resolución N° 019 de fecha 03 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de la misma fecha.
Artículo 5. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bólivariana de Venezuela.
Comuníquese y publiquese, SIMÓN ALEGANDRO ZERPA DELGADO Ministro(del.Poder Popular de Economía y Finanzas (E)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECOÑOMÍA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 14 MAR. 2019 208°,1600 y 20°
RESOLUCIÓN N° 0 0 9 SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas En ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5, artículo 19 y numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los artículos 1° y 5° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional y conforme con los artículos 74 y 82 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, RESUELVE Artículo 1. Delegar en la ciudadana MARTHA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 16.508.469, Superintendente de Cajas de Ahorro, en calidad de encargada, las atribuciones y firma de los documentos que a continuación se indican:
1. Ordenar compromisos y pagos con cargo a los créditos asignados a la Superintendencia.
2. Abrir, movilizar y cerrar las cuentas bancarias.
3. Administrar los bienes asignados.
4. Expedir copias certificadas de los documentos que reposan en la Superintendencia, y certificar las firmas de los funcionarios adscritos a la misma.
5. Autorizar los ingresos de personal en cargos de carrera, así como de libre nombramiento y remoción.
6. Aprobación y suscripción de contratos de trabajo, así como de prestación de servicios.
7. Egresos por remociones y retiros, rescisión de contratos de trabajo y los de prestación de servicios.
8. Conferir comisiones de servicio y traslados a los funcionarios de la Superintendencia de Cajas de Ahorro.
9. Solicitar en comisión de servicio a funcionarios de otros órganos y entes de la Administración Pública.
10. Autorizar los permisos especiales a los servidores públicos que excedan de (30) días hábiles.
Artículo 2. La referida funcionaria presentará cada mes al delegante una relación detallada de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
La Superintendente de Cajas de Ahorro, deberá indicar en los documentos que firme con motivo de la delegación, el número y la fecha de ésta Resolución, así como el número y la fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde haya sido publicada.
Artículo 3. Se deroga la Resolución N° 087 de fecha 26 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.490 de la misma fecha.
Artículo 4. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivarjána de Venezuela.
Comuníquesey publigueser
SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (E)
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 14 MAR. 2019 208°,160° y 20°
RESOLUCIÓN N° 0 1 0 SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 34 y 78 numerales 2, 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5, artículo 1 y numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y los artículos 1° y 5° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, RESUELVE Artículo 1. Delegar en la ciudadana YOHANNA BOLÍVAR MONTOYA, titular de la cédula de identidad N° v- 14.386.004, en su carácter de Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa, en calidad de encargada, el ejercicio de las atribuciones y firma de los documentos que a continuación se indican:
1. Ordenar compromisos y pagos en cuanto al presupuesto asignado al Ministerio.
2. Abrir, movilizar y cerrar las cuentas bancarias del Ministerio.
3. Administrar los bienes asignados al Ministerio.
4. Tramitar lo relacionado con pólizas de seguros y contratos de los que sea beneficiario el Ministerio.
5. Autorizar la programación, tramitación, y ejecución de los procesos de selección de contratistas, salvo la adjudicación que resulte de estos procesos.
6. Nombrar peritos evaluadores.
7. Autorizar el reintegro de sumas pagadas indebidamente al Tesoro Nacional, con excepción de las que correspondan a este Ministerio con motivo de la administración, liquidación y recaudación de rentas.
8. Autorizar convenimientos, transacciones y concesión de plazos para el pago de deudas relativas a bienes nacionales, previa opinión favorable de la Procuraduría General de la República.
9. Recibir y tramitar denuncias sobre bienes ocultos o desconocidos.
10. Suscribir los instrumentos de renovación, recisión, liberación de garantías y realizar cierres administrativos de contratos de prestación de servicios, ejecución de obras, comodatos, arrendamientos, mantenimiento y adquisición de bienes y suministros, previa autorización del Ministro o de la persona que al efecto éste designe.
11. Expedir copias certificadas de los documentos que reposan en el archivo de la Dirección a su cargo y certificar las firmas de los funcionarios adscritos a la misma.
12. Autorizar las ayudas económicas o sociales hasta dos mil (2000) Unidades Tributarias.
13. La expedición de las Planillas de Liquidación, por concepto de sanciones, multas, reparos, rentas consulares, arrendamientos y otros ingresos de carácter administrativo, impuestas por los distintos organismos de los poderes públicos Nacional, Estadal, Municipal, Institutos Autónomos, Universidades Públicas, Personas Naturales y Jurídicas, que conforman el sistema de control fiscal, excepto aquellos organismos que su ley especial regule la materia.
Artículo 2. La referida funcionaria presentará cada mes al delegante una relación detallada de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
Los documentos suscritos con motivo de esta delegación, deberán indicar el número y la fecha de ésta Resolución, así como el número y la fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde haya sido publicada.
Artículo 3. Se deroga la Resolución N° 522 de fecha 10 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.276 de la misma fecha.
Artículo 4. Esta Resolución entrará e vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, WN SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO Minisro del Peder Popular de Economía y Finanzas (E)
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
AVISO OFICIAL El Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 21 numeral 26, y 50 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial que lo rige, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, y en atención a lo previsto en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 21 de agosto de 2018 y en el articulo 1° de la Resolución N° 18-10-02 de fecha 16 de octubre de 2018, informa a las instituciones bancarias, a las casas de cambio y a los proveedores no bancarios de terminales de puntos de venta, los límites máximos de las comisiones, tarifas y/o recargos que podrán cobrar por las operaciones y actividades que se mencionan a continuación:
I. INSTITUCIONES BANCARIAS:
I.1.
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
a) Cuentas de Ahorro y Fondo de Activos Líquidos (FAL) Personas Naturales y/o Jurídicas:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
1.232,00 Emisión de libreta (a partir de la segunda libreta al año).
b) Cuentas Corrientes No Remuneradas de Personas Naturales:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
60.00 Cuota de Mantenimiento Mensual.
120,00 Emisión de Estados de Cuenta.
7.376,00 Emisión de Chequeras (25 cheques)
14.751,00 Emisión de Chequeras (50 cheques).
765,00 Suspensión de Chequcras.
765,00 Suspensión de Cheques.
935,00 Cancelación de cuentas antes de 90 días.
10.000.00 Cheques devueltos por falta de fondos.
935,00 Recargo por entrega de chequeras a domicilio.
296,00 Emisión de chequeras por dispensadora (monto por cada cheque).
c) Cuentas Corrientes No Remuneradas de Personas Jurídicas:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
833,00 Cuota de Mantenimiento Mensual.
296.00 Emisión de Estados de Cuenta.
16.000,00 Emisión de chequeras (25 cheques).
Emisión de chequeras (50 cheques).
32.000,00 Suspensión de chequeras.
765.00
765.00 Suspensión de cheques.
1.465,00 Cancelación de cuentas antes de 90 dias.
20.000.00 Cheques devueltos por falta de fondos.
Recargo por entrega de chequeras a domicilio.
935.00
770.00 Emisión de chequeras por dispensadora (monto por cada cheque).
d) Cuentas Corrientes Remuneradas de Personas Naturales:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD TARIFA O RECARGO Bs.
60.00 Cuota de Mantenimiento Mensual.
120.00 Emisión de Estados de Cuenta.
7.376,00 Emisión de chequeras (25 cheques).
14.751,00 Emisión de chequeras (50 cheques).
765.00 Suspensión de chequeras.
765.00 Suspensión de cheques.
935.00 Cancelación de cuentas antes de 90 dias.
Cheques devueltos por falta de fondos.
10.000.00 935,00 Recargo por entrega de chequeras a domicilio.
296.00 Emisión de chequeras por dispensadora (monto por cada cheque).
e) Cuentas Corrientes Remuneradas de Personas Jurídicas:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
949.00 Cuota de Mantenimiento Mensual.
296,00 Emisión de Estados de Cuenta.
16.000.00 Emisión de Chequeras (25 cheques).
32.000,0 Emisión de Chequeras (50 cheques).
935.00 Suspensión de Chequeras.
935.00 Suspensión de Cheques.
Cancelación de cuentas antes de 90 dias.
1.465,00 Cheques devueltos por falta de fondos.
20.000.00 Recargo por entrega de chequeras a domicilio.
935.00
770.00 Emisión de chequeras por dispensadora (monto por cada cheque).
f) Operaciones con Tarjetas de Débito:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
773.00 Reposición por extravio, robo o deterioro.
Emisión de tarjeta electrónica con tecnologia de chip (pago único al efectuarse el cambio).
773,00
593.00 Avances de efectivo en puntos de venta.
Afiliación de beneficiario de tarjeta prepagada (comisión única por cada afiliación, a cargo 1.640.00 de la persona juridica que contrata el servicio).
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Página 12
g) Operaciones Cajeros Automáticos de Otros Bancos:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
Consulta.
48,00 Rechazo (fondos insuficientes, clave errada, otros) por causas atribuibles al 48,00 usuario del cajero.
Retiro.
Transferencia.
48,00
h) Operaciones Cajeros Automáticos Propios:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
38.00 Consulta.
Rechazo (fondos insuficientes, clave creada, otros) por causas atribuibles al 38,00 usuario del cajero.
3% del monto retirado Retiro.
Transferencia.
38.00 i) Operaciones con Tarjetas de Crédito 1/:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
Emisión de Tarjetas de Crédito
3.000,00 Tarjetas de crédito nivel 1 Adicional.
3.000,00 Tarjetas de crédito nivel I Titular.
3.741,00 Tarjetas de crédito nivel 2 Adicional.
4.000.00 Tarijetas de crédito nivel 2 Titular.
5.584,00 Tarjetas de crédito nivel 3 Adicional.
6.000,00 Tarjetas de crédito nivel 3 Titular.
7.000,00 Tarjetas de crédito nivel 4 Adicional.
7.000,00 Tarjetas de crédito nivel 4 Titular.
Reposición por extravio, robo o deterioro de Tarjetas de Crédito 1.843,00 Tarjetas de crédito nivel 1 Adicional.
1.843,00 Tarjetas de crédito nivel 1 Titular.
3.741,00 Tarjetas de crédito nivel 2 Adicional.
4.000.00 Tarjetas de crédito nivel 2 Titular.
5.584.00 Tarjetas de crédito nivel 3 Adicional.
6.000.00 Tarjetas de crédito nivel 3 Titular.
7.000.00 Tarjetas de crédito nivel 4 Adicional.
7.000.00 Tarjetas de crédito nivel 4 Titular.
Reposición por cambio tecnológico (de tarjeta con banda magnética a tarjeta 773.00 electrónica con tecnologia de chip, pago único al efectuarse el cambio y adicional al caso que aplique).
Cheque devuelto para pago de Tarjetas de Crédito Cobro en facturación de tarjetas de crédito por cheque devuelto emitido para 00°000'01 pago o abono a tarjetas de crédito de banco girado distinto al emisor de la tarjeta de crédito.
Hasta 5% del monto de la Retiro o avance de efectivo contra tarjeta de crédito - Operaciones Nacionales.
operación.
Servicios de Pagos a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica j) Clientes Ordenantes:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD TARIFA O RECARGO Bs.
0,50% del monto de Operaciones de domiciliación (por cada transacción).
la operación.
General Recargo por cada operación de alto valor (monto igual o superior a Bs. 10.000.000,01).
procesada a través de la Cámara de Compensación Electrónica. Recargo cancelado por el 7.020.00 ordenante de la operación a/ Por cada operación de crédito directo Cliente — Cliente 0,50% del monto de Taquilla Bancaria.
la operación con un monto mínimo Bs. 1.
0,10 % del monto de la operación con un Via Electrónica.
monto mínimo de Bs.
1.
Por cada operación de crédito directo Cliente — No cliente 2/ 1.009,00 Taquilla Bancaria.
Via Electrónica.
1.009,00 0,20% del monto de Por cada instrucción de abono en cuenta de cliente receptor - Pago proveedores.
la operación.
Por cada operación de crédito directo bajo la categoría de fideicomiso y pago de créditos al consumo mediante uso de la tarjeta de crédito:
Taquilla Bancaria.
653,00
296.00 Via electrónica.
k) Cartas de Crédito Local:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD TARIFA O RECARGO 0,10% del monto de la apertura de la carta Apertura.
de crédito calculada por cada 90 dias o fracción.
0,40% del monto Utilización.
utilizado de la carta de crédito.
0.43% del monto Aceptación anual.
aceptado.
0,02% del monto de Modificaciones — Apertura.
la carta de crédito.
0,25% del monto de Recepción – Servicios especiales de cobranzas.
la cobranza.
0,40% del monto incrementado calculado por cada 90 dias o fracción, y/o Modificaciones por incremento y/o extensión.
sobre el monto del nuevo plazo de extensión, según corresponda.
0,04% del monto de Modificación solo contenido.
la carta de crédito.
Otras modificaciones.
Bs. 935,00 Portes (correo).
Bs.995,00
I) Servicio de Custodia:
LÍMITE MÁXIMO DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD COMISIÓN, TARIFA O RECARGO 0,05% del valor nominal del título.
Monto mensual por custodia.
0,09% de los intereses cobrados.
Cobro de intereses.
0,14% del capital cobrado.
Por cobro de capital.
0,04% del monto cobrado.
Cobranza y liquidación comisión Flat.
0,02% del monto del traspaso.
Traspasos a terceros comisión Flat.
Cobro de titulos denominados en moneda extranjera (capital o intereses) 0,25% del valor cobrado.
Comisión flat (%).
Hasta 2,00% sobre monto de cada Operaciones de compra y venta de titulos valores en moneda nacional.
transacción.
m) Operaciones en Agencias:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
417,00 Consulta de saldo, últimos movimientos o corte de cuenta 3/ 653.00 Transferencia en agencias - cuentas mismo banco.
3.517,00 Transferencia enviada via BCV.
Recargo por cada operación de bajo valor (monto menor o igual a Bs. 10.000.000.00).
7.020.00 liquidada en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real del BCV 4/. Recargo cancelado por el ordenante de la operación.
773.00 Emisión de referencia bancaria.
417,00 Fotocopia de documentos (por hoja).
175.00 Envio fax.
415,00 Gastos de Télex.
417,00 Copia de estado de cuenta.
0,05% del valor del cheque, con un monto minimo de Cheques de Gerencia Personas Naturales 5/ Bs.5.000,00 y un de máximo Bs.30.000,00 0,10% del valor del cheque, con un monto minimo de Cheques de Gerencia Personas Jurídicas 5/ Bs.20.000.00 y un de máximo Bs.60.000.00 935.00 Suspensión de cheque de gerencia.
175,00 Certificados de pago (servicio de recaudación).
585.00 Solicitud de copia de nota de consumo nacional e internacional.
Cajas de Seguridad
6.025,00 Pequeña (3.000 a 10.000 cm3) mensual.
00'096'9 Mediana (10.000 a 40.000 cm3) mensual.
8.245,00 Grande (40.00 cm3 en adelante) mensual.
23.805,00 Depósito en garantía.
18.310.00 Reposición de llave.
n) Taquilla Horario Extendido y Autobanco:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
736.00 Recargo por operaciones realizadas (uso de canal) Clientes 6/ 982,00 Recargo por operaciones realizadas (uso de canal) No Clientes 6/ o) Centro de Contacto y Banca Móvil:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
236.00 Mensajería de texto: Mensualidad.
1.232.00 Consulta / transferencia entre cuentas mismo banco / pagos por operador telefónico.
176,00 Atención telefónica (IVR).
p) Servicios de Corresponsales no Bancarios:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
175,00 Depósitos.
585.00 Retiros.
415,00 Consulta de saldos.
415.00 Consulta de últimos movimientos.
175,00 Pago a tarjetas de crédito.
175,00 Pago de servicios.
175.00 Transferencia entre cuentas del mismo titular.
645.00 Transferencia a cuentas de otro titular.
175.00 Rechazos por insuficiencia de fondos.
q) Operaciones a través del servicio Pago Móvil Interbancario:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Servicio Persona a Persona (P2P) Hasta el 0,3 % del monto del pago, con una comisión mínima Transacciones aprobadas.
de Bs 6,00.
Por cada operación Bs. 60,00.
Transacciones rechazadas y/o reversadas.
Servicio Persona a Comercio (P2C) Hasta el 1,5 % del monto del Transacciones aprobadas.
pago, con una comisión mínima de Bs 50.
Transacciones rechazadas y/o reversadas.
Por cada operación Bs. 500.
r) Otras Operaciones y/o Servicios:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD TARIFA O RECARGO Servicio de abono de nómina - Cuentas del mismo banco (cobro por cada persona - a ser 0,1% del monto de la pagada por el cliente ordenante) 7/ operación.
1,90% del monto del Giros al cobro y descuento de giros cobrados.
giro.
3,00% trimestral Mantenimiento de fianza o garantia.
sobre el monto de la fianza o garantía.
3.00% del monto de Compra de facturas.
la factura comprada.
página original (tal como se publicó)

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LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD TARIFA O RECARGO 3,00% del monto del Arrendamiento Financiero.
arrendamiento.
5,00% del monto del Comisión Flat 8/ crédito.
0,5% sobre el monto crédito del correspondiente a ser cobrado por el Comisión Flat de créditos para adquisición de vivienda.
operador financiero al momento de la protocolización del préstamo.
Mantenimiento mensual de línea de crédito no vinculada a cuentas de depósito y manejada Bs. 3.275.00 con chequera.
9,5%, del monto del Servicios no financieros definidos en el articulo 2 del Decreto con Fuerza de Ley de crédito, la cual podrá Creación, Estimulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, prestados a ser cobrada de forma microempresarios 9/ anticipada.
Hasta Bs. 41.804 Reembolso de costos de operación de terminales de puntos de venta 10/ mensuales por terminal instalado I.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA a) Cartas de Crédito de Importación 11/:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD TARIFA O RECARGO 0,50% del monto de la apertura de la Carta de Crédito calculada por cada 90 Apertura.
dias o fracción.
0,50% del monto incrementado calculada por cada 90 dias o fracción, y/o sobre el monto de la apertura por el Modificación por incremento y/o extensión.
nuevo plazo de extensión, según corresponda.
0,10% del monto de la Carta de Modificación por otros conceptos.
Crédito.
0,50% del monto utilizado de la Carta Utilización sobre monto negociado.
de Crédito.
1,25% del monto de la aceptación o del pago diferido anual.
0,10% de la Carta de Crédito.
Transferencia o Cesión.
0.15% del monto de la Carta de Anulaciones.
Crédito.
0,02% del monto de la Carta de Emisión de renuncia y/o cobranza.
Crédito.
b) Cartas de Crédito de Exportación 11:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD TARIFA O RECARGO 0,10% del monto de la Carta de Por Notificación.
Crédito.
0,43% del monto de la Carta de Crédito calculada por cada 90 dias o fracción.
Confirmada.
0,50% del monto incrementado calculada por cada 90 dias o fracción, Modificación por incremento y/o extensión.
y/o sobre el monto del nuevo plazo de extensión, según corresponda.
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD TARIFA O RECARGO 0,05% del monto de la carta de crédito.
Modificación por otros conceptos.
0,50% del monto del documento Negociación.
negociado.
0,50% del monto de la aceptación o del Aceptación o Pago Diferido Anual.
pago diferido anual.
0,1% del monto de la carta de crédito.
Transferencia o Cesión.
0,05% del monto de la carta de crédito.
Levantamiento de discrepancias.
0,1% del monto de la carta de crédito.
Anulaciones.
Trámites de notificación de Exportación (ER/DVD).
0.,02% del monto de la carta de crédito.
c) Órdenes de Pago/Transferencias b/:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD TARIFA O RECARGO 0,05% del monto de la Orden de Pago / Enviadas a América.
Transferencia.
0,08% del monto de la Orden de Pago / Enviadas a Europa.
Transferencia.
0,1% del monto de la Orden de Pago / Enviadas al resto del mundo.
Transferencia.
0,05% del monto de la Orden de Pago / Recibidas por clientes.
Transferencia.
0,1% del monto de la Orden de Pago / Recibidas por no clientes.
Transferencia.
d) Transferencias Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI):
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO
0.45% del monto del documento.
Transferencias Documentarias.
e) Gastos de SWIFT 12/:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO 0,5% del monto de la Orden de Pago América.
/ Transferencia.
0,8% del monto de la Orden de Pago Europa.
/ Transferencia.
0,6% del monto de la Orden de Pago Otros Continentes.
/ Transferencia.
Bs. 1.100,00 Mensajería de documentos.
f) Cobranzas Recibidas del Exterior:
LÍMITE MÁXIMO DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD COMISIÓN, TARIFA O RECARGO 0,50% del monto del documento Documento de Cobranza recibido.
recibido en cobranza.
g) Cobranzas Enviadas al Exterior:
LÍMITE MÁXIMO DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD COMISIÓN, TARIFA O RECARGO 0,50% del monto del documento Documento de Cobranza enviado.
remitido en cobranza.
h) Cheques:
LÍMITE MÁXIMO DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Emisión de Cheques.
0,2% del monto del cheque emitido.
Bloqueo o anulación de cheque.
0,5% del monto del cheque anulado.
1% del monto del cheque.
Venta de cheques de viajero.
Cheque al cobro Envio de cheques al cobro.
0,44% del monto del cheque.
Devolución.
1% del monto del cheque devuelto.
Efectos al Cobro.
0,2% del monto.
i) Fianzas y Garantías:
LÍMITE MÁXIMO DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Mantenimiento de fianza o garantia.
1% del monto de la fianza o garantía.
2,50% del monto de la fianza o Fianzas o garantias emitidas hasta Bs. 25.000,00 anual.
garantía.
1,75% del monto de la fianza o Fianzas o garantías emitidas desde Bs. 25.00,01 anual, hasta Bs.
100.000,00 anual.
garantía.
1,00% del monto de la fianza o Fianzas o garantías emitidas desde Bs. 100.000.01 anual, hasta Bs.
250.000.00 anual.
garantía.
Fianzas o garantías emitidas por montos iguales o mayores a Bs.
0,75% del monto de la fianza o garantía.
250.000.01 anual.
j) Manejo de Bonos de Exportación:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO 0,81% del monto del documento.
Negociados por el Banco.
Certificaciones de ingreso de divisas ante el Banco de Comercio Exterior 0,01% del monto del documento.
(BANCOEX).
k) Divisas 13/:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO 0,25% del monto de cada Compra - Venta.
operación.
Venta (Válido para las operaciones previstas en la Resolución N° 19-01-04 0,5% del monto de cada operación.
del 22/01/2019).
2% del monto de la operación.
Operaciones de Adquisición de Divisas en efectivo (taquilla).
Operaciones de consumo mediante tarjetas de crédito en el exterior (incluye 2% del monto de la operación.
operaciones por avances de efectivo por cajeros automáticos).
I) Títulos Valores Denominados en Moneda Extranjera:
LÍMITE MÁXIMO DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Operaciones compra - venta de titulos valores denominados en moneda 1% del monto de cada operación.
extranjera.
m) Cuentas Denominadas en Moneda Extranjera:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs. 773,00 Emisión de referencia bancaria.
Bs. 120,00 Emisión de estados de cuentas.
Bs. 417,00 Emisión de últimos movimientos.
Bs. 1.070,00 Emisión de tarjeta de débito con tecnología chip.
Reposición de TDD con chip por robo, extravio o pérdida.
Bs. 1.306,00 EUR 13,00 o su equivalente en la Venta de cheques en M/E.
divisa de la operación.
EUR 21,00 o su equivalente en la Suspensión de cheques en M/E.
divisa de la operación.
Bs. 1.232.00 Consulta telefónica.
Consumo con tarjeta en el exterior (incluye retiros de ATM).
1.5% de cada movimiento.
EUR 5,00 o su equivalente en la Transferencias entre cuentas mismo banco en el país (cta. M/E a cta. M/E).
divisa de la operación.
Transferencias entre cuentas de diferentes bancos en el pais (cta. M/E a cta.
EUR 17,00 o su equivalente en la divisa de la operación.
M/E). 14/ b/ EUR 21,00 o su equivalente en la Transferencias internacionales enviadas (América). 14/ b/ divisa de la operación.
EUR 30,00 o su equivalente en la Transferencias intemacionales enviadas (Europa y resto del mundo). 14/ b/ divisa de la operación.
n) Operaciones de monedas extranjeras en el Sistema de Mercado Cambiario:
LÍMITE MÁXIMO DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Hasta el 0,25% del monto en moneda nacional de la operación de Prestación de los servicios de negociación de moneda extranjera para personas naturales y juridicas. 15/ compra de moneda extranjera realizada.
o) Operaciones cambiarias al menudeo / Compra - venta de moneda extranjera por parte del público 16/:
LÍMITE MÁXIMO DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD COMISIÓN, TARIFA O RECARGO 4% sobre el monto en moneda nacional calculado al tipo de Compra - Venta de monedas extranjeras via encomienda electrónica.
cambio de la operación, con un minimo equivalente a EUR 2,00.
1% del monto de la operación en Compra - Venta de monedas extranjeras via transferencia electrónica.
moneda nacional.
Compra - Venta de monedas extranjeras utilizando cuentas en moneda 1% del monto de la operación en extranjera en el sistema financiero nacional.
moneda nacional.
Compra - Venta de cheques de viajero o cheques cifrados en moneda 1% del monto de la operación en moneda nacional.
extranjera.
5% del monto de la operación en Compra – Venta de monedas extranjeras en efectivo moneda nacional.
p) Otras Operaciones:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO Bs.
4.970.00 Notificaciones via Carta.
2.520.00 Notificaciones via Fax o Télex.
página original (tal como se publicó)

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I. CASAS DE CAMBIO:
Operaciones cambiarias al menudeo / Compra - venta de moneda extranjera por parte del público 16/:
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD RECARGO 4% sobre el monto en moneda nacional calculado al tipo de Compra - Venta de monedas extranjeras vía encomienda electrónica.
cambio de la operación, con un minimo equivalente a EUR 2,00.
1% del monto de la operación en Compra - Venta de monedas extranjeras vía transferencia electrónica.
moneda nacional.
Compra - Venta de monedas extranjeras utilizando cuentas en moneda 1% del monto de la operación en moneda nacional.
extranjera en el sistema financiero nacional.
Compra - Venta de cheques de viajero o cheques cifrados en moneda 1% del monto de la operación en extranjera.
moneda nacional.
5% del monto de la operación en Compra - Venta de monedas extranjeras en efectivo.
moneda nacional.
IIL. PROVEEDORES NO BANCARIOS DE TERMINALES DE PUNTOS DE VENTA:
LÍMITE MÁXIMO DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Hasta Bs. 41.804 mensuales por Reembolso de costos de operación de terminales de puntos de venta terminal instalado.
El presente Aviso Oficial entrará en vigencia a partir del quinto (5°) día hábil siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y el mismo sustituye al dictado en esta materia por el Directorio del Banco Central de Venezuela en fecha 22 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.573 del 28 de enero de 2019.
Nota: Con excepción de lo establecido en la sección "m) Cuentas Denominadas en Moneda Extranjera", las comisiones, tarifas o recargos calculados sobre la base de operaciones nominadas en moneda extranjera, deberán ser convertidas a bolivares conforme al tipo de cambio oficial vigente para la fecha de la Operación y/o Actividad, a los efectos de su pago. De igual forma, debe quedar discriminado en los comprobantes de la operación, el monto de la misma asi como el monto y porcentaje cobrado por concepto de comisión.
1/El Banco Central de Venezuela, mediante Circular dictada al efecto, determinará las caracteristicas de las tarjetas de crédito que corresponden a cada uno de los niveles a que se refiere la clasificación efectuada en el presente Aviso, atendiendo a los productos de esta naturaleza existentes en el mercado.
2/No Cliente refiere a la persona natural o juridica, pública o privada, que no posee cuenta en la institución bancaria receptora de los créditos ordenados a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica.
3/ Se exceptúa del cobro de esta tarifa a todas aquellas personas naturales con edad igual o mayor a 60 años.
Liquidación de las Transferencias de Fondos Interbancarios en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real del Banco Central de Venezuela". Quedan exceptuadas del cobro del recargo, las operaciones indicadas en la Circular N° 3 de fecha 26/11/2010 del Banco Central de Venezuela.
5/ Aplica para clientes y no clientes.
6/ No aplica para depósitos.
7/Incluye los conceptos de afiliación, inclusión de nuevos abonados y transacción.
8/Aplica para todas las operaciones de crédito, salvo para los casos particulares previstos en el presente Aviso Oficial.
9/A ser cobrada por los bancos de desarrollo cuyo objeto exclusivo sea fomentar, financiar o promover las actividades microfinancieras.
10/ La comisión corresponde ai limite máximo que las instituciones bancarias pueden cobrar, con ocasión del reembolso que hayan pactado con los negocios afiliados sobre los costos generados por la infraestructura tecnológica e insumos necesarios para la prestación del servicio de adquirencia de las operaciones de pago recibidas a través de los puntos de venta, así como por las reparaciones que realicen sobre dichos terminales.
11/Incluye el cobro por cartas de crédito standby emitidas y recibidas.
12/Aplica para cualquier tipo de operación.
13/Aplica para los bancos universales y microfinancieros regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y por leyes especiales, así como para las demás instituciones en proceso de transformación ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de conformidad con la normativa aplicable, por operaciones de corretaje o intermediación en el mercado de divisas.
14/Queda excluido dentro de este concepto aquellas comisiones, tarifas o recargos que cobren las instituciones bancarias extranjeras, con ocasión de transacciones ejecutadas, las cuales serán imputadas al cliente y/o usuario respectivo y pagadas de acuerdo con los estándares intemacionales.
15/No aplica a la recepción y registro de cotizaciones de compra y venta a través del Sistema de Mercado Cambiario.
Asimismo, quedan excluidas dentro de este concepto aquellas comisiones, tarifas o recargos que cobren las instituciones bancarias extranjeras, las cuales serán imputadas al cliente y/o usuario respectivo, y pagadas de acuerdo con los estándares internacionales.
16/Los operadores cambiarios deberán discriminar en los comprobantes de la operación cambiaria respectiva, como minimo, los datos de identificación del cliente, el tipo de cambio, el monto de la operación, asi como el monto y porcentaje cobrado por concepto de comisión. Se refiere a las operaciones realizadas en el marco de lo establecido en el Convenio Cambiario N°1 de fecha 21/08/2018.
a/No aplica para las operaciones correspondientes a cheques de gerencia, devoluciones de operaciones no aplicadas al cliente final y domiciliaciones procesadas a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, operado y administrado por el Banco Central de Venezuela.
b/Aplica igualmente en los casos que deba efectuarse el reenvio o retransmisión de una Orden de Pago o Transferencia por errores u omisiones atribuibles al ordenante.
Caracas, 28 de febrero de 2019.
En mi carácter de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial.
Comuníquese y(pupliquese.
Sohail Hemández Parra Primera vicepresidente Gerente (E)
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL
El Banco Central de Venezuela, informa al público en general:
1. Tasa activa estipulada durante el mes de febrero de 2019 aplicable a los supuestos a que se refieren los artículos 128, 130, 142 A. TASAS DE 32,28% literal f), y 143 Cuarto Aparte, del Decreto INTERÉS con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica APLICABLES A del Trabajo, los Trabajadores y las LAS Trabajadoras.
2. Tasa promedio entre la activa y la pasiva OBLIGACIONES DERIVADAS DE estipulada durante el mes de febrero de 2019, aplicable al supuesto a que se refiere LA RELACIÓN DETRABAJO el Tercer Aparte del artículo 143 del Decreto 28,14 % con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
1. Tasa de interés activa máxima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 40,00 % de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de marzo de 2019.
2. Tasa de interés activa mínima anual a ser B. TASAS DE aplicada por las instituciones regidas por el INTERÉS PARA Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley OPERACIONES de Instituciones del Sector Bancario y CON TARJETAS demás leyes especiales, por las operaciones DE CRÉDITO activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de marzo de 2019; sin perjuicio 17,00 % de las tasas de interés mínimas activas especiales dictadas por el Banco Central de Venezuela mediante Avisos Oficiales emitidos al efecto, y aquellas autorizadas por este Instituto a ser aplicadas de conformidad con lo previsto en el Segundo Aparte del artículo 96 del antedicho Decreto-Ley.
3% anual, adicional 3. Tasa de interés máxima que podrán cobrar las instituciones regidas por el a la tasa de interés Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley pactada en la de Instituciones del Sector Bancario y respectiva operación demás leyes especiales, por las obligaciones conforme lo a previsto en los morosas de sus tarjetahabientes para el numerales 1) y 2) mes de marzo de 2019.
del presente literal.
1. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás 15,00 % leyes especiales, para las operaciones de crédito turístico conforme con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley C. TASAS DE de Inversiones Turísticas y del Crédito para INTERÉS PARA el Sector Turismo, que regirá para el mes de OPERACIONES marzo de 2019.
CREDITICIAS La tasa de interés interés activa máxima 2. Tasa de DESTINADAS preferencial a ser aplicada por las máxima activa AL SECTOR preferencial prevista instituciones regidas por el Decreto con TURISMO Rango, Valor y Fuerza de Ley de en el numeral 1 Instituciones del Sector Bancario y demás reducida en 3 puntos porcentuales.
leyes especiales, a las operaciones crediticias destinadas al sector turismo, en los supuestos a que se refiere el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo, que regirá para el mes de marzo de 2019.
Caracas, 14 de marzo de 2019
En mi carácter de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial.
Comuníquese y publíquese.
PRIMERA VICEPRESIDENCIA GERBNCIA
Sohail Nomardy Hernandez-Parra .Primera Vicepresidente Gerente (E)
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL RESOLUCIÓN N°011/2019 AÑOS 208°,160° y 20° CARACAS, 20 DE FEBRERO DE 2019 El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (E) WILLIAN ANToNIo CoNTRERAS, titular de la cédula de identidad número V- 9.953.939, designado mediante Decreto N° 3.613 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34, 65 y 78 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 2 y artículo 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
RESUELVE Artículo 1: Designar a los ciudadanos (as) que se señalan a continuación en los cargos que aquí se describen:
ADSCRITO AL DESPACHO DEL MINISTRO:
Cargo Cédula de Nombre y Apellido Identidad Roger Evaristo Director General ( E ) de la Oficina de Seguridad y V-20.586.235 Artiaga Lombano Protección Integral.
ADSCRITOS AL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS DE COMPRA Y CONTENIDO NACIONAL:
Nombre y Cargo Cédula de Apellido Identidad General (E) Yamile Márquez Directora de Guillen V-6.151.286 Calidad e Innovación.
Ricardo Rafael V-17.115.488 Director General de Protección Camejo Díaz a la Producción Nacional
Artículo 2. Los actos y documentos que los prenombrados funcionarios (as) firmen de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido pública de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 3. Los funcionarios (as) designados (as) por esta Resolución deberán rendir cuenta al Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, de todos los actos y documentos que hubieren firmado en ejecución de la delegación aquí otorgada.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Nacional
WILLIAN ANTONIO CONTRERAS Ministro (E) del Poder Popular de Comercio Nacional Decreto N° 3.613, publicado en Gaceta Ofiatde la.
República Bolivariana de Venezuela N° 41.479, de fecha 11 de septiembre de 2018
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL RESOLUCIÓN N° 015/2019 AÑOS 208°, 160° y 20° CARACAS, 06 DE MARZO DE 2019 El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (E) WILLIAN ANTONIO CoNTRERAS, titular de la cédula de identidad número V-9.953.939, designado mediante Decreto N° 3.613 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34, 65 y 78 numerales 1 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, artículo 5 numeral 2 y artículo 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
RESUELVE
Artículo 1:Se designa a la Ciudadana FRANYERLIN PRIETO CAPOTE, titular de la cédula de Identidad N° V-21.073.442, como Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional en calidad de encargada del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.
Artículo 2. La funcionaria designada ejercerá las funciones establecidas en el Decreto N° 2.378 Sobre Organización General de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario de fecha 13 de julio de 2016.
Artículo 3. Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido pública de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4. La funcionaria designada por esta Resolución deberá rendir cuenta al Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en ejecución de la delegación aquí otorgada.
Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíques Por el Ejecutivo Nacio
WILLIAN ANTONIO CONTAERAS Ministro (E) del Poder Popular de Comgeiedacional Decreto N° 3.613, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479, de fecha 11 de septiembre de 2018
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAAGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS.
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 684-2019. MARACAY, 05 DE FEBRERO DE 2019.
Años 208°, 159° y 20°
Quien suscribe, GIOMAR GISELA BLANCO ESPINOZA, actuando en mi NACIONAL DE carácter de PRESIDENTA del INSTITUTO INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA), designada mediante Decreto 3.558, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.449,de fecha 30 de Julio de 2018, actuando de conformidad con el, Artículo 17 de. la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en correspondencia con el único aparte del Artículo 5 y Articulo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en uso de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.022 de fecha 25 de Agosto del 2000, se dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se nOmbra al ciudadano OLIVER GABRIEL SUAREZ ANGULO, titular de la cédula de identidad N° V-7.446.260, como DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA PORTUGUESA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS (INIA).
Artículo 2: Se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a su cargo.
Artículo 3: Se deroga Providencia Administrativa N° 569- 2015, de fecha 06 de Julio de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.709 de fecha 23 de Julio de 2015.
Artículo 4: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela.-
Comuníquese y_publíquese, GIOMAR GISELA BLANCOESPINOZA Presidenta IN CONSULTORIA JURIDICA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
NACIONAL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS.
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 686-2019. MARACAY, 05 DE FEBRERO DE 2019.
Años 208°, 159º y 20°
Quien Suscribe, GIOMAR GISELA BLANCO ESPINOZA, actuando en mi PRESIDENTA del INSTITUTO NÁCIONAL carácter DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA), designada mediante Decreto 3.558, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.449 de fecha 30 de Julio de 2018, actuando de conformidad con el;
Artículo 17 de: la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en, concordancia con el Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración, la Ley del Estatuto de la Función Pública y en uso de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.022 de fecha 25 de Agosto del 2000, se dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se nOmbra al Ciudadano NICOLAS ANTONIO GARCIA GONzALEZ, titular de la cédula de identidad N° V-15.473.087, como GERENTE DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS (INIA).
Artículo 2: Se le, delega la competencia y firma de los documentos que conciernen-y competen a su cargo.
Artículo 3: Se deroga Providencia Administrativa N° 606, de fecha 06 de Marzo de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.115 de fecha 16 de Marzo de 2017.
Artículo 4: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela.-
Comuníquese y publíquese, GIOMAR GISELA BLANCO ESPINOZA Presidenta INIA CONSULTORIA JUIDICA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
INSTITUTO NACIONAL DE AGRICOLAS.
INVESTIGACIONES DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 698-2019. MARACAY, 05 DE FEBRERO DE 2019.
Años 208º, 159º y 20° Quien suscribe, GIOMAR GISELA BLANCO ESPINOZA, actuando en mi caráCter de PRESIDENTA del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA), designada mediante Decreto 3.558, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.449 de fecha 30 de Julio de 2018, actuando de conformidad con el Artículo 17 de. la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en, concordancia con el Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en correspondencia con el único aparte del Artículo 5 y Articulo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en uso de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.022 de fecha 25 de Agosto del 2000, se dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se nombra al ciudadano JOSE ALEJANDRO MALUENGA MONAZA, titular de la cédula de identidad N° V-16.144.381, como JEFE DE LA ÚNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL (UPS) RAFAEL MARIA APARICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS (INIA).
Artículo 2: Se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a su cargo.
Artículo 3: Se deroga Providencia Administrativa N° 650- 2018, de fecha 19 de Enero de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.368 de fecha 02 de Abril de 2018.
Artículo 4: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela.- Comuníquése y-publíquese, aue GIOMAR GISELA BLANCO ESPINOZA PresidentaINA CONSULTORIA JURIDICA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
INVESTIGACIONES NACIONAL INSTITUTO DE AGRICOLAS.
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 699-2019. MARACAY, 05 DE FEBRERO DE 2019.
Años 208°, 159° y 20° Quien suscribe, GIOMAR GISELA BLANCO ESPINOZA, actuando en mi NÁCIONAL carácter PRESIDENTA del de DE INSTITUTO INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA), designada mediante Decreto 3.558, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.449 de fecha 30 de Julio de 2018, actuando de conformidad con el Artículo 17. de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en correspondencia con el único aparte del Artículo 5 y Articulo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en uso de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.022 de fecha 25 de Agosto del 2000, se dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se nombra al ciudadano JOSE VICTOR LANDAETA CHARAIMA, titular de la cédula de identidad N° V-9.921.591, como DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA AMAZONAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS (INIA).
Artículo 2: Se. le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a su cargo.
Artículo 3: Se deroga Providencia Administrativa N° 554- 2015, de fecha 16 de Marzo de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.631 de fecha 30 de Marzo de 2015.
Artículo 4: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela.-
Comuníquese y publíquese, GIOMAR GISELA BLANCO ESPINOZA Presidenta INIA CINISULTORA JURIDICA
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
AGRICOLAS.
NACIONAL DE INVESTIGACIONES INSTITUTO DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 701-2019. MARACAY, 5 DE FEBRERO DE 2019.
Años 208°, 159º y 20°
Quien suscribe, GIOMAR GISELA BLANCO ESPINOZA, actuando en mi caráCter dePRESIDENTA del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA), designada mediante Decreto 3.558, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.449 de fecha 30 de Julio de 2018, actuando de conformidad con el Artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en correspondencia con el único aparte del Artículo 5 y Articulo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en uso de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.022 de fecha 25 de Agosto del 2000, se dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se nombra a la ciudadana YEIHZZI RAMONA PEÑA, titular de la cédula de identidad N° V-13.595.200, como CO0RDINADORA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA ANZOÁTEGUI DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS (INIA).
Artículo 2: Se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a su cargo.
Artículo 3: Se deroga Providencia Administrativa N° 588- 2015, de fecha 24 de Noviembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807 de fecha 10 de Diciembre de 2017.
Artículo 4: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela.-
Comuníquese y_publíquese, GIOMAR GISELA BLANCOESPINOZA Presidénta INIA COISULTORA JURICICA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALA SALUD
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH)
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° CJ-002-2019
CARACAS, 08 DE FEBRERO DE 2019 2080, 1590 y 19°
CARLOS ALVARADO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-6.815.103, en su condición de PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH), según consta Resolución N° 339 de fecha 12 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.524 de fecha 14 de noviembre de 2018; en ejercicio de las funciones que le confiere la Cláusula Décima Quinta numerales 1, 5 y 17 perteneciente a los Estatutos Sociales de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH), publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.568 de fecha 21 de noviembre de 2006, modificados mediante Acta N° 2 de REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH) de fecha 25 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.402 de fecha 13 de abril de 2010, dispone:
ARTÍCULO 1. DesignO a la Ciudadana SILVIA MAYIRA MANZO PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-4.057.735 COMO AUDITORA INTERNA (INTERINA) DE LA FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUnDEEH), quien ejercerá el cargo, hasta tanto se designe el titular de la unidad de Auditoría Interna, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal y el Reglamento sobre los Concursos Públicos de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus Entes Descentralizados.
ARTícuLo 2. Se delega en la referida ciudadana las competencias y firma de los actos y documentos que conciernan a las funciones de la Oficina a su cargo, tales como:
1. Asesorar a la Máxima Autoridad, Presidente o Presidenta, Director o Directora General y las diferentes Gerencias de la FUNDACION DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH) en, todo lo relacionado con las áreas, actividades y materias sujetas a su control.
2. Verificar el cumplimiento de las normas constitucionales, legales, planes y políticas, así como la evaluación de los instrumentos de control interno sobre las operaciones y actividades realizadas por las dependencias de la fundación.
3. Dirigir y coordinar la elaboración del Plan Anual de Control y Auditorías y vigilar su correcta ejecución, aplicando criterios de legalidad, objetividad, oportunidad y de relevancia material, con arreglo a los principios de economía, eficiencia y/o eficacia, tomando en consideración las normas de control interno dictadas por la Contraloría General de la República.
4. Presentar el Plan Anual de Control de Auditorías a la Máxima Autoridad para su aprobación e informar a la Contraloría General de República y a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna de su ejecución.
5. Elaborar el Reglamento Interno, normas y procedimientos de la Gerencia de Auditoría Interna y presentar a la Máxima Autoridad para su aprobación, así como sus respectivas modificaciones.
6. Ordenar la realización de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en las Gerencias de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH), para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como evaluar el cumplimiento y resultados de la políticas, planes y acciones administrativas, la eficiencia, la eficacia, racionalidad, economía, calidad e impacto de su gestión.
7. Coordinar la elaboración de los informes sobre la situación encontrada en las auditorías realizadas y efectuar las observaciones que considere convenientes, a fin de solventar las situaciones irregulares encontradas, así como realizar recomendaciones sobre la necesidad o deficiencia de normas y procedimientos que regulen la ejecución de las actividades.
8. Ejercer la potestad investigativa y sancionatoria de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría, y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su. Reglamento, autorizando las actuaciones necesarias a tales fines.
9. Cumplir con el procedimiento de Determinación de Responsabilidades Administrativas, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
10. Declarar la Responsabilidad Administrativa, formular reparos e imponer las multas de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal.
11. Presentar a la Máxima Autoridad los informes resultantes de sus actuaciones, así como aquellos elaborados por los auditores externos contratados y avalados por el Órgano de Control Fiscal, verificando que las GerenCias de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARO (FUNDEEH) apliquen los correctivos de acatamiento de las recomendaciones señaladas en los respectivos informes.
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12. Coordinar las acciones a seguir para responder oportunamente e informar a la Máxima Autoridad sobre la realización de las auditorías, así como dar respuesta a los informes asegurando el suministro de la información adecuada y el cumplimento de las obligaciones legales en el plazo reglamentario.
13. Atender las relaciones de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH) con la Contraloría General de la República y remitirles los informes correspondientes, de conformidad con las normas que regulan el funcionamiento coordinado de los sistemas de control externo e interno.
14. Coordinar la planificación de los programas de desarrollo y capacitación del personal de la Unidad Interna, en el área de su competencia y en disciplinas complementarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las políticas que establezca la Máxima Autoridad de la Institución.
15. Emitir opinión para la designación del personal de la Gerencia, de acuerdo a lo previsto en la normativa legal vigente.
16. Cumplir con las demás atribuciones establecidas en la normativa legal vigente que rige la materia de Control Fiscal.
17. Las demás que le asigne la Máxima Autoridad de la FUNDACIóN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH) o se le atribuyan en las Leyes, Reglamentos, Resoluciones o Manuales Organizacionales.
ARTícuLo 3. Se exhorta a la mencionada ciudadana, realizar la debida presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio ante la Contraloría General de la República, correspondiente al inicio de funciones de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción y posterior consignación de la copia por ante la Gerencia de Gestión Humana, en cumplimiento con el artículo 40 ejusdem, en concordancia con las disposiciones contenidas en la Resolución N° 01-00-057 de fecha 26 de marzo de 2009 emanada de la Contraloría General de la República, ello en razón de que las funciones desempeñadas conllevan a la responsabilidad de coordinar, planificar, tomar decisiones y supervisar personal bajo su cargo, entre otras.
ARTícuLo 4. Se deroga cualquier Providencia que colida con la presente.
ARTícuLo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese ypublíquese, CARLOS ALVARADO GONZALEZ Presidente de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH).
Resolución N° 339 de fecha 12 de noviembre de 2018.
Gaceta Oficial N° 41.524 de fecha 14 de noviembre de 2018.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 667 Caracas, 6 de marzo de 2019 208°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; concatenado con el artículo 5, numeral 2 y el artículo 19, último aparte, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en concordancia con el numeral 3 del artículo 17 del Decreto de Organización General de la Administración Pública Nacional,
RESUELVE Artículo 1. Se designa a la ciudadana JOBELY ROSANA MEJIA MALD0NAD0, titular de la cédula de identidad N° V-15.858.852, como DIRECTORA DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE ECOSOCIALISMO TÁcHIRA, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
Artículo 2. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución y en ejercicio de las atribuciones establecidas en el Reglamento Orgánico, así como en las Resoluciones mediante las cuales se le deleguen atribuciones, deberán indicar seguidamente bajo la firma de la ciudadana designada, el nombre de quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
ComunígPublíquese, (L.S.)
HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Ministg del Poder Popular para el Ecosocialismo mediante DeN° 3.464, de fech 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vepezuela N° 41.419 de la misma fecha.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 642 Caracas, 20 de febrero de 2019 208°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; concatenado con el artículo 5, numeral 2 y el artículo 19, último aparte, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en concordancia con el numeral 3 del artículo 17 del Decreto de Organización General de la Administración Pública Nacional, RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadano designa al ciudadano EDER LEONIDAS PEÑA BERRIO, titular de la cédula de identidad N° V-11.166.778, COMO DIRECTOR GENERAL (E) DE PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO DELA BASURA, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
Artículo 2. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución y en ejercicio de las atribuciones establecidas en el Reglamento Orgánico, así como en las Resoluciones mediante las cuales se le deleguen atribuciones, deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado, el nombre de quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, (L.S.)
RCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ ePoder Popular para el Ecosocialismo ecreto .464, de focha 14 de junio de 2018: pueicado en la Gaceta Oficial de la República ESPACH
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 643 Caracas, 20 de febrero de 2019 208°, 160° y 20° El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; concatenado con el artículo 5, numeral 2 y el artículo 19, último aparte, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en concordancia con el numeral 3 del artículo 17 del Decreto de Organización General de la Administración Pública Nacional, RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadano OLIVER MANUEL SAMIER GONzÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-17.311.648, como DIRECTOR GENERAL (E) DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASURA, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
Artículo 2. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución y en ejercicio de las atribuciones establecidas en el Reglamento Orgánico, así como en las Resoluciones mediante las cuales se le deleguen atribuciones, deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado, el nombre de quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, (L.S.) Hlergae 8e ERYCK RANMYER RANGEL HERNÁNDEZ hištrp del Poder Popular para el ecosocialismo to N° 3.464, de fecra 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial de la República ante De Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DELESTADO ARAGUA CON SEDE EN MARACAY Y CON COMPETENCIA EN EL ESTADQ CAIABOBOE Maracay, dieciocho (18) de octubre del año 2018 (208° y 159°) EXPEDIENTE N° 2018-0619 - I- IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARTES SOLICITANTES: EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL AGROPATRIA, S.A., Registro de Información Fiscal N° G-20010214-4, ordenada su creación conforme Decreto Presidencial N° 8.826 de fecha 06 de Marzo de 2.012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.877, en la misma fecha, inscrita en el Registro Mercantil II del estado Aragua, en fecha 25 de Mayo de 2.012, bajo el N° 53, Tomo 54-A, y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.932 de fecha de 29 de Mayo de 2.012, y GRUPO AGROISLEÑA C.A., SUCESORA DE ENRIQUE FRAGA AFONSO, y de sus empresas asociadas Proyefa C.A, Insecticidas Internacionales C.A, Venezolana de Riego C.A, Serviform C.A, Operador Logístico Agrícola C.A. (OLACA) Sinergia y Tecnología Syntec C.A, Servigranos C.A y Semillas Hibridas de Venezuela C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil que a los efectos llevó el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha veintiocho (28) de mayo de 1958, bajo el número 78, Tomo 1, cuyo expediente reposa actualmente en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, bajo el N° 78, Tomo 1, de fecha 28 de mayo de 1958, con última reforma inscrita bajo el N° 18, Tomo 31-A, en fecha dos (02) de abril del 2009, Empresa adquirida en forma forzosa por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 7.700 de fecha 04 de octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.523.
APODERADA JUDICIAL: Abogado EMILIA LYSBETH JIMENEZ HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.646.526, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 65.000, actuando como Consultor Jurídica, designada mediante punto de cuenta N° 0469 de fecha 20 de junio de 2016, nombramiento N° 0119 de fecha 20 de junio de 2016.
ASUNTO: MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA AGROALIMENTARIA
- II- BREVE RESEÑA DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES PERTINENTES A ESTA DECISIÓN Se inicia el presente procedimiento en el marco de la solicitud de inspección judicial requerida por la abogada Emilia Lysbeth Jiménez Hernández antes identificada, a los fines de evacuar los siguientes particulares:
"...PRIMERO: Que el Tribunal deje de los sitios donde se encuentra constituido.
SEGUNDO: Que se deje constancia de a interrupción de las actividades administrativas, de producción de insumos y agroquímicos agrícolas, tanto en Sede Central AGROPATRIA S.A., como en las empresas filiales del GRUPO AGROISLEÑA C.A. TERCERO: Que se deje constancia de cualquier otro. particular, que haga evidenciar la inactividad operativa y administrativa de AGROPATRIA S.A., Sede Central y de las plantas. CUARTO: Me reservó el derecho de señalar nuevos hechos y cualquier otro particular que crea conveniente al Ete sentido, este Juzgado procedió en fecha 16 de octubre de 2018 a darle entrada a meipnada solicitud y a fijar para el día miércoles 17 de octubre de 2018, el respectivo traslado al se dejó constancia de lo siguiente:
giMERO: Se deja constancia que el-Tribunal se encuentra constituido en la sede trativa de la empresa Agropatria, ubicada en la Calle Independencia Norte, Edificio Cagua estado Aragua, en presencia de la abogada Emilia Lisbeth Jiménez, titular de la ala de identidad N° 9.646.526, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 65.000 en su TARO! carácter de apoderada judicial de la Empresa Agropatria y el ciudadano Ever Camacho, Jefe de Seguridad de la Empresa, identificada con la cédula de identidad N° 7.452.582.
SEGUNDO: Se deja constancia que en el momento de constitución del Tribunal las actividades administrativas y de comercialización que se efectúan en la empresa se encuentran paralizadas, en virtud que el personal que labora en dicha empresa se encontraba aportados en los pasillos y entrada de la empresa sin ejecutar ningún tipo de labor. TERCERO: Se deja constancia que no obstante a actividad mediadora del ciudadano Juez, quien informo a los voceros de los trabajadores y a los trabajadores en general del motivo de su presencia, así como la disposición de escuchar sus exposiciones y /o alegatos, a los fines de conciliar posiciones y que le fuera permitido al Tribunal el recorrido por la empresa a los efectos de dejar constancia de los particulares solicitados por las partes solicitante de la presente inspección, estos se negaron a permitir el recorrido del Tribunal.
CUARTO: Se, deja constancia que el ciudadano Juez solicito a los trabajadores que fungen como voceros de los trabajadores que se identificarán ante el Tribunal estos de manera rotunda se negaron hacerlo, asimismo ninguno de los trabajadores presente quisieron identificarse. QUINTO: Se deja constancia que conforme a información aportada por la abogada Emilia Lysbeth Jiménez, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 65.000, las personas que fungen como voceros son Ios ciudadanos EDEN YAHIVA OLIVAR MERLO, ANGEL ROCERO, YULI MABEL ALVARADO BLANCO, ARGELIS RAFAEL FRANCO MENDOZA, Titulares de las cédulas de identidad Nos. 6.962.376, 18.084.901, 16.762.158, 15.648.475, respectivamente. Siendo las 10:50 am, no habiendo otro particular sobre el cual dejar constancia, el Tribunal regresa a su sede..."
Ahora bien, conforme a lo anteriormente descrito considera pertinente este sentenciador analizar los aspectos que puedan conllevar a este Juzgador a dictar medidas preventivas en pro de:. garantizar la continuidad del proceso agroalimentario de la Nación, de la siguiente manera:
-III- DE LOS PODERES DEL JUEZ AGRARIO PARA DICTAR MEDIDAS Todo Juez Agrario a quien corresponda tomar una decisión en un controvertido o en un futuro conflicto, cuyo sustrato se encuentre regido por disposiciones de orden público, en particular, en materia agraria está en la obligación de dictar las medidas que considere convenientes para resguardar la seguridad a la soberanía agroalimentaria y la protección de biodiversidad.
Tal es la preocupación del legislador, de semejante aspecto de derecho material, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 196, establece el desarrollo Constitucional de la Garantía que nos impone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo. 305, cuando dispone lo siguiente:
"El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la segúridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la portección ambiental. En tal sentido, el juez o jueza agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de- 2 destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas El objeto de este articulado antes transcrito, es la pretensión preventiva, que consiste en que adopten medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial. En el procedimiento agrario se contempla la posibilidad de que el Juez Agrario pueda dictar oficiosamente medidas autónomas provisionales orientadas a proteger el interés colectivo, teniendo estas medidas por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario, se pongan en peligro los recursos naturales renovables y a la biodiversidad.
Estas medidas autónomas judiciales son de carácter provisional y se dictan para proteger un interés de carácter general y por su naturaleza son vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.
Como ya se ha señalado supra, la anterior disposición legal va en plena armonía con lo previsto en el artículo 305 de la Carta Magna, cuando expresamente establece que la seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal, la proveniente de las actividades agrícolas, pecuarias, pesquera y acuícola.
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En este orden la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del ¿Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en el expediente número, 03-0839, de fecha nueve (09) de mayo de dos mil seis (2006), estableció con respecto al artículo 207 (ahora 196) de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
"Omissis...En tal sentido, El artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone los principios que rigen la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola, las cuales se alcanzan por parte de los órganos administrativos, privilegiando y desarrollando la producción agropecuaria interna, entiéndase como tal, la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, que por razones de sanidad, seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y del mercado agrícola nacional, está facultado para restringir, incluso impedir, el ingreso de determinados productos al país, mediante el control establecido a tal fin, esto es, el otorgamiento del permiso fitosanitario, sin el cual algunas mercancías no pueden ingresar al país.
La referida materia, según estableció esta Sala en sentencia del 16 de marzo de 2005 (caso: "Asociación Cooperativa Agrícola y de Usos Múltiples, "Valle Plateado"), criterio que hoy se ratifica, constituye una actividad que al garantizar la "seguridad alimentaria" de la población (en los precisos términos de los artículos 305 y 307 de Ia Constitución vigente), se encuentra sometida en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos vgr. La afectación de uso y redistribución de las tierras, sino mediante la creación de una jurisdicción especial que permita a los particulares un actes o directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, sus necesidades frente a las actividades u omisiones de la Administración, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del g.desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. (Cfr.
Con el referido criterio, la Sala evidenció que, el legislador viene a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de Ios derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico.
Oponen los apoderados judiciales de las actoras que el principio de separación de poderes resulta vulnerado con el proceder oficios o que la norma atacada le atribuye a los Jueces contencioso-administrativos agrarios, sin advertir que tal afirmación se funda en una comprensión limitada de la función judicial, que en el moderno Estado constitucional de Derecho no sólo ha de velar por el sometimiento del Estado y de los particulares al orden jurídico vigente, a fin de lograr el orden y la seguridad, sino porque sean respetados y garantizados los derechos y garantías fundamentales, como forma de mantener la convivencia organizada y pacífica de cuantos viven en la sociedad.
En tal sentido, mal podrían limitarse las potestades del Juez contencioso-agrario para sustituirse en las funciones del correspondiente órgano o ente administrativo, cuando las circunstancias de hecho demanden su proceder en el sentido de propiciar un proceso judicial que inaudita parte provea lo conducente para la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, estableciendo de este modo la situación jurídica particular o colectiva lesionada, para seguidamente sustanciar el correspondiente contradictorio, ante quienes tuvieran interés en oponerse a la medida acordada.
Efectivamente, siendo que a los órganos jurisdiccionales en la materia les corresponde garantizar la seguridad alimentaria, el legislador no se encuentra limitado en el establecimiento de las facultades inquisitivas de los mencionados órganos, ni siquiera para posibilitar una actuación oficiosa que en modo alguno colide con su imparcialidad, sino que se encuadra en el carácter subjetivo y garantista del procedimiento contencioso administrativo, donde el juez propende a la salvaguarda de las situaciones jurídicas que en el ámbito de sus competencias y por mandato constitucional, se encuentra llamado a tutelar, aun frente a la inactividad particular de invocar la tutela a la seguridad agroalimentaria o ante la omisión de los órganos administrativos, en privilegiar y desarrollar la producción agropecuaria interna y proteger la biodiversidad.
Con ello, resulta constitucionalmente legitima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado asf lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad y así se declara.
Precisado lo anterior, arguyen las accionantes que el artículo impugnado lesiona el principio de interdicción de la arbitrariedad del Poder Público y al respecto, el carácter sub legal de las funciones jurisdiccionales y administrativas del Estado, conlleva a que el ejercicio de las mismas se enmarque en lo que la doctrina denomina el principio de interdicción de la arbitrariedad del Poder Público (deducible del artículo 49 de la Constitución), positivizado en nuestro ordenamiento jurídico como uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho (artículo 2 del Texto Fundamental), cuya vigencia entraña la sumisión del Poder Público, al principio de legalidad y competencia, conforme a los cuales deben desarrollarse las manifestaciones de autoridad del Estaido.
Dicha sumisión del Poder Público al principio de legalidad, supone de manera indefectible que el desarrollo de la actuación del Estado, guarde correspondencia:con los derechos a la defensa y al debido proceso de los particulares, lo cual comprendeè la observancia del principio de instrucción del expediente, al cual se encuentran sometidas.
ambas actividades y en cuya virtud, deben garantizarse el derecho a la defensa y al debido proceso (artículo 49 numeral 1° de la Constitución), el derecho a ser escuchado (artículo 49 ordinal 3 del Texto Fundamental, artículos 48 y 68 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y artículo 7 ordinal 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública), el derecho de acceso al expediente (artículo 49 ordinal 1° de la Constitución y artículo 59 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), el principio de buena fe y de presunción de inocencia (artículo 49 ordinal 2 del Texto Fundamental), el principio de libertad de pruebas.
En ese contexto, la actividad del Poder Público, se encuentra igualmente sometida al concepto de razonabilidad, cuya manifestación comprende la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha, de acuerdo a los cuales la eventual actuación de un órgano o ente del Estado, debe resultar apta para los fines perseguidos, requerida ante la inexistencia de una medida igualmente adecuada y finalmente, que presente de igual manera la' idoneidad correspondiente, pues de lo contrario se plantearía una medida injustificada.
Al respecto, sobre el argumento que el artículo impugnado constituye una norma abierta- que estimula una actuación ilimitada, desproporcionada, excesiva y arbitraria del juez agrario, resulta menester precisar que, los conceptos jurídicos indeterminados, tal como señaló este Alto Tribunal en sentencia de fecha 14 de julio de 2003 (caso: José Fernando Coromoto Angulo y Rosalba María Salcedo de Angulo), son ".. conceptos que resulta dificil delimitar con precisión en su enunciado, pero cuya aplicación no admite sino una sola solución justa y correcta, que no es otra que aquella que se conforme con el espíritu, propósito y razón de la norma".
Así, en palabras de García de Enterría (Curso de Derecho Administrativo.
Madrid. Ed. Civitas. 1998. Tomo I. p. 450), " .. la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados es un caso de aplicación de la Ley, puesto que se trata de subsumir en una categoría legal (configurada, no obstante su imprecisión de límites, con la intención de acotar un supuesto concreto) unas circunstancias reales determinadas; justamente por ello es un proceso reglado, que se agota en el proceso intelectivo de comprensión de una realidad en el sentido de que el concepto legal indeterminado ha pretendido, proceso en el que no interfiere ninguna decisión de voluntad del aplicado, como es lo propio de quien ejercita una potestad discrecional. Siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados un caso de aplicación e interpretación de la Ley que ha creado el concepto, el juez puede fiscalizar tal aplicación, valorando si la solución a que con ella se ha llegado es la única solución justa que la Ley permite. Esta valoración parte de una situación de hecho determinada, la que la prueba le ofrece, pero su estimación jurídica la hace desde el concepto legal y es, por tanto, una aplicación de la Ley...".
Conforme a los criterios supra transcritos se observa, que el ejercicio de la competencia atribuida en dicha norma, únicamente procede en cuatro supuestos que si bien no admiten una determinación rigurosa a priori, en virtud de todas las obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la aplicación." (García de Enterría (Curso de Derecho Administrativo. Madrid. Ed. Civitas. 2000. Tomo I. p. 457), conforme a conceptos de experiencia o valor, que adquieren para un supuesto específico un matiz concreto que admite una solución, con lo cual no sólo estarían delimitados los supuestos de hecho de la norma, sino que legislador al haber hecho uso de unos conceptos jurídicos indeterminados, regla el desarrollo de la misma, limitando la discrecionalidad del juez.
Así, el control de la medida preventiva analizada, resultará perfectamente realizable mediante la exteriorización de las causas que dieron lugar al proveimiento judicial, pues tal como señaló esta Sala en fecha 18 de noviembre de 2004, en la decisión recaída en el expediente N° 02-1796, caso Luis Herrera Gamboa, no cabe duda que, siempre es obligatoria la motivación de dicho decreto, como supuesto de orden público (id. Sentencias de esta Sala Nros. 1.222 del 6 de julio de 2001, caso: "Distribuciones Importaciones Cosbell, C.A."; 324 del 9 de marzo de 2004, caso: "Inversiones La Suprema, C.A."; 891 del 13 de mayo de 2004, caso: "Inmobiliaria Diamante, S.A." y, 2.629 del 18 de noviembre de 2004, caso: "Luis Enrique Herrera Gamboa"), lo cual significa que el Juez e exponer las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que procede o una determinada medida ya que, si no lo hace, es imposible que su acto sea susceptible de control, lo que impediría el cabal ejercicio del derecho a la defensa de la parte o del tercero que pueda verse afectado por dicho decreto.
En efecto, el desarrollo de la faculta atribuida en la norma bajo análisis, no significa arbitrariedad o autonomía absoluta e irrevisabilidad del criterio que sea plasmado en la decisión. (Cfr. Ricardo Henríquez La Roche, "Código de Procedimiento Civil", Tomo I, Caracas, 1995, p. 120 y s.S.C.C. n°s. 887/30.11.00, caso: Cedel Mercado de Capitales C.A. y 00224/19.05.03, caso: La Notte C.A.), pues el Juez agrario deberá verificar que se cumpla la condición de procedencia de la medida.
Por tanto, siendo que la competencia contenida en el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, solamente puede ser ejercida por el juez agrario con fundamento en la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, lo cual presenta su justificación constitucional en los artículos 305 y 306 del Texto Fundamental y que del mismo modo, dicho artículo resulta aplicable únicamente con dos objetivos específicos a saber, evitar la interrupción de la producción agraria.y garantizar la preservación de los recursos naturales renovables y finalmente, que la medida preventiva sólo podrá tomarse cuando estos fines se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, debe concluir esta Sala que, la actuación analizada, se encuentra ciertamente delimitada por un entorno normativo.
En consecuencia de lo anterior, la norma circunscribe el poder preventivo a la perfectamente delimitados, con lo cual debe desestimarse el argumento según el cual el artículo recurrido es una norma en blanco, que propugna la actuación arbitraria, pues no sólo se encuentran delimitadas las circunstancias que llevarán al juez agrario a actuar en un determinado sentido, sino que además están preestablecidos los dos objetivos que debe perseguir dicho órgano jurisdiccional con su proveimiento, el cual a todo evento, debe observar el deber de motivación a la que hizo referencia supra y así se declara.
Finalmente señalaron las accionantes que, el artículo cuya nulidad se pretende resulta lesivo del derecho a la defensa y al debido proceso, sobre la base que permite una actuación jurisdiccional sin juicio.
Sobre el particular, esta Sala en sentencia del 15 de febrero de 2000 (Caso:
Enrique Méndez Labrador), señaló que, si bien Ios derecho a que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aplican a todas las actuaciones judiciales y administrativas, ello no significa que la referida norma constitucional establezca un procedimiento específico, "sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva".
En relación con el tema comentado conviene traer a colación los principios establecidos por esta Sala en el caso María de los Ángeles Hernández Villaliego y otros, según decisión N° 926 del 1° de junio de 2001, en la cual se dejó asentado que, estos derechos son de contenido amplio y buscan que "las partes dentro del proceso permanezcan incólumes sin que los mismos se vean limitados o restringidos de manera tal, que impida el ejercicio pleno y efectivo de otros derechos relevantes dentro del proceso, que menoscaben las garantías que el mismo debe ofrecer. Es decir, que lo determinante de la realización de esta garantía, es que no exista una limitación insoportable en una de las partes, que restrinja el libre y seguro ejercicio de los derechos del justiciable dentro del proceso por una actuación antijurídica dentro de sus componentes." Con ello, la observancia del derecho a la defensa y al debido proceso no se limita al cumplimiento de una mera forma procedimental, sino que, los paffiãlares puedan actuar efectivamente en el juicio y en este sentido, el artículo 19 de la Ley.
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que encuentra su antecedente en él artícu 102 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, otorga al juz contencioso administrativo, la facultad de sustanciar un determinado asunto, de acuerdo al procedimiento que juzgue más conveniente para la realización de la justicia, siempre que éste tenga base legal.
En este sentido, la exposición de motivos del Decreto con fuerza de Deyde Tierras y desarrollo Agrario, dispone en cuanto al procedimiento agrario, que el mismo:
se informa de los valores contenidos en el artículo 257 de la Constitución, relativos a la simplicidad, oralidad, celeridad, uniformidad y eficacia, procurando un procedimiento sencillo que desarrolle el principio de celeridad y economía procesal.
Tal como se estableció supra, en el presente caso estamos ante una medida preventiva conducente a la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, de adopción oficiosa, con lo cual encuentra esta Sala que dicha medida procede inaudita parte, situación ésta que en modo alguno supone la inexistencia de un procedimiento en el cual se tome el proveimiento jurisdiccional.
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Ciertamente, del análisis de la norma impugnada se evidencia que, el legislador al referirse a la posibilidad de la adopción de la medida "exista o no juicio", se refiere a que el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento previo, que es justamente la diferencia entre él artículo hoy impugnado y la disposición contenida en el artículo 167 eiusdem.
Lo expuesto evidencia que, tal como señaló la representación de la Procuraduría General de la -República, el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y desarrollo Agrario, actualmente artículo 207 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario de 2005, recoge una visión axiológica de la función jurisdiccional, que se compadece con el referido carácter subjetivo del contencioso administrativo y con el derecho a la tutela judicial efectiva, contexto en el cual la medida adoptada por el juez agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual transgresión a los principios de la seguridad agroalimentaria y al derecho a la biodiversidad, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Así, cuando el juez agrario desarrolle oficiosamente la competencia atribuida en la norma impugnada, procederá a la apertura inmediata del correspondiente contradictorio, donde le garantizará a aquel contra quien obre la medida y a los eventuales interesados, el derecho a la defensa y al debido proceso, a través de la notificación de la decisión, el acceso al expediente y la posibilidad de alegar y probar a favor de la eventual oposición.
Dicha tramitación análoga a la seguida en casos de medidas cautelares, no reviste en modo alguno, violación del derecho a la defensa o al debido proceso de la parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente oposición una vez ejecutada la misma, en el correspondiente, contradictorio y así se declara...(Omissis)".
A su vez se desprende de esta sentencia de nuestro máximo Tribunal de la República, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario instituye el poder general del Juez Agrario y le establece una serie de principios y objetivos que deben dirigir su conducta en el marco de todo iter procedimental, a los fines de proteger el interés general colectivo, cuando advierta que está amenazada de ruina, desmejoramiento y destrucción_ de la continuidad del proceso agroalimentario, o se ponen en peligro los recursos naturales renovables y exista la necesidad de salvaguardar la seguridad agroalimentaria y la biodiversidad, sin que el operador de justicia deba ceñirsrequisitos fundamentales para el ejercicio de la potestad cautelar, sino que es el análisis juez e que le permite determinar, dentro del proceso a solicitud de parte o de manera oficiosa, ecreto de medidas autónomas, tomando en consideración la situación fáctica concreta par ditaaalas, todo ello orientado a proteger los derechos del productor, los bienes agropecuar -IV- DE LA COMPETENCIA MATERIAL, FUNCIONAL Y TERRITORIAL Así pues, establecido Io anterior y como complemento de ello, quien decide pasa de seguidas, a realizar algunas disertaciones acerca de lá naturaleza jurídica de la medida aquí considerada, muy especialmente en lo relativo a la competencia de este Juzgado Superior Agrario para dictar eventualmente la misma, y en ese sentido quien decide observa lo siguiente:
Que toda medida preventiva por su naturaleza jurídica, en principio se encuentra alineada en el marco del derecho privado, en contraposición, en el caso del Derecho Agrario, visto como derecho eminentemente social y de trascendental importancia para el cumplimiento de los fines del Estado en cuanto a la seguridad agroalimentaria, desarrollo sustentable y protección al medio ambiente, tales medidas cautelares deben resultar cónsonas con los intereses efectivamente, tutelados por el derecho, por ello resultan extensivas tanto al interés social y colectivo, al entorno. social, así como a los bienes de producción agrícola.
Tal división, es lo que efectivamente marca la diferencia entre las medidas preventivas en:
un juicio agrario y un juicio civil - mercantil, en el caso de éste último las mismas se dictan pata tutelar intereses particulares que aseguren los bienes litigiosos y evitando la insolvencia di demandado antes de la sentencia, mientras que en el primero como señalábamos, sé dictan fundamentalmente en resguardo del interés del social y colectivo, de allí que puedan ser dictadas aún de oficio, e incluso con prescindencia de juicio previo. Con la entrada en vigencia del textō constitucional de 1999 y la consagración del derecho a la tutela judicial efectiva, conformado por otros derechos, como lo son: El derecho a tener acceso a la justicia, el derecho a intentar todas las acciones y recursos procedentes en vía judicial, el derecho a la tutela judicial cautelar y el derecho a la ejecución del fallo; de conformidad con los artículos 26 y 257 de la Carta Magna, el Juez especial agrario, quedó efectivamente habilitado para emitir todo tipo de medida cautelar inclusive autónoma que se requiera en el marco de los principios rectores del derecho agrario, esto es, que dicho Juez, detenta el poder de decretar todo tipo de mandamientos, como la suspensión del acto recurrido, medidas positivas e incluso anticipativas ante la actividad o inactividad administrativa, incluyendo la suspensión de los actos de efectos particulares o generales ante las actuaciones materiales y vías de hecho de particulares y entes estatales agrarios.
De esa manera, mal podría este Sentenciador pasar por alto en el caso de marras, hecho las presuntas amenazas de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, emanande particulares (que hacen vida dentro de la empresa) contra una Sociedad Mercantil que si bren no.
virtud del Decreto Presidencial N° 7.700, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolixáriana e venezuela N° 39.523 en fecha 04 de Octubre de 2010, y además se decretó por este Tribuñal yo conocimiento se invoca por notoriedad judicial- una Medida de Ocupación, Posesión y Uso sobre los bienes muebles, sobre los bienes del Grupo Agroisleña C.A. inscrita por ante el Registro Mercantil que a los efectos llevó el Juzgado de Primera Instancia en Io Civil Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha veintiocho (28) de mayo de 1958, bajo el número 78, Tomo 1, cuyo expediente reposa actualmente en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, bajo el N° 78, Tomo 1, de fecha 28 de mayo de 1958, con última reforma inscrita bajo el N° 18, Tomo 31-A, en fecha dos (02) de abril del 2009, sucesora de Enrique Fraga Alfonso, acordándose la constitución de una Junta Administradora Ad-hoc mediante la cual el Estado a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras asume un rol temporal en la dirección de una industria privada, con la finalidad de asegurar un bien común y servicio indispensable para el desarrollo vital para una colectividad afectada. Todo ellò en atención a las excepcionales situaciones fácticas y jurídicas que trascienden de un mero interés individual abordando un amplio espectro de repercusión hacia la protección de los derechos fundamentales de eminente carácter social y de interés nacional. Por lo que como quiera que en la presente acción tutelar autónoma de protección se encuentra involucrado el Estado de omga indirecta a través del Ministerio Para el Poder Popular Para la Agricultura y Tierras y en zon de haber sido decretada la ut supra mencionada medida por ante este Juzgado en fecha 07 de Octubre de 2010, en pro de preservar el principio de unidad así como evitar una futura decisión contradictoria a lo ya establecido por ante este Tribunal; adicionalmente en la presente causa se encuentra inmersa la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL AGROPATRIA, S.A., Registro de Información Fiscal N° G-20010214-4, ordenada su creación conforme Decreto Presidencial N° 8.826 de fecha 06 de Marzo de 2.012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.877, en la misma fecha, inscrita en el Registro Mercantil II del estado Aragua, en fecha 25 de Mayo de 2.012, bajo el N° 53, Tomo 54-A, y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.932 de fecha de 29 de Mayo de 2.012, que si está conformada por patrimonio del Estado; de allí que, considera este Órgano Jurisdiccional que más allá de que la Apresente medida este direccionada a proteger y garantizar la continuidad del proceso agroalimentario que se desarrolla en la ut supra mencionada empresa y que versa en contra de particulares, trabajadores y/o terceros ajenos a la empresa, es competente para conocer en primera
de. diciémbre de 2012 por la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Mráles Lamuño en el Exp. AA50-T-2010-0885 debido a la preponderancia de la Seguridad tania Agroalimentaria. Así se declara y decide.
-V.- SOBRE LA MEDIDA INNOMINADA stablecidas las anteriores consideraciones, pasa este Juzgado Superior a pronuncie INSCRIPC tenor de lo establecido en los artículos 152 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, fines de determinar si en el caso de autos, resulta procedente o no dictar alguna medida autónom a cuyo efecto para decidir se hacen las siguientes consideraciones:
Dispone el artículo 152 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario, lo siguiente:
"En todo estado y grado del proceso, el juez o jueza competente para conocer de las acciones agrarias, de las demandas patrimoniales contra los entes estatales agrarios y de los recursos contenciosos administrativos agrarios velará por:
1. La continuidad de la producción agroalimentaria.
2. La protección del principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja.
3. La continuidad en el entorno agrario de los servicios públicos.
4. La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
5. El mantenimiento de la biodiversidad.
6. La conservación de la infraestructura productiva del Estado.
7. La cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo.
8. El establecimiento de condiciones favorables al entorno social e interés colectivo.
A tales efectos, dictará de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta y conforme al supuesto de hecho de la norma que le sirva de fundamento contenida en la presente Ley, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, según corresponda." Asimismo, el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone lo siguiente:
"El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez o jueza agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no'interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción.
Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional."
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De la norma in comento puede colegirse sin lugar a dudas, el poder amplio y oficios o que poseen los jueces agrarios al momento de dictar medidas cautelares o no, pues, le permite una mayor amplitud al momento de tener que decretar medidas, exista procedimiento judicial o no, ello en razón de la esencia y naturaleza de los mismos, cuyo fin no es más que garantizar la seguridad agroalimentaria y la conservación de la infraestructura productiva agraria, ello como. elementos fundacionales del concepto mismo de "Seguridad de Estado", todo, bajo los parámetros y garantías establecidas en los artículos 305 y 306 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines que se restablezca inmediatamente el peligro inminente de llano. continuación de esa seguridad agroalimentaria, por ser, como se acotó up supra, un problema de soberanía y seguridad de Estado, quedando a criterio del Juez o Jueza, utilizando las reglas*de la sana crítica y las máximas de experiencia, determinar si es necesario, el dictamen de mießidas de protección, sean éstas, a solicitud de parte, u oficiosas, para lo que está facultado por laLey deo Tierras,y Desarrollo Agrario, como se esbozó en lo'anterior.
Por su parte el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela antes transcrito, establece dos garantías de capital importancia, cuya observancia compete al Estado: 1.-La disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y. 2.-El acceso oportuno y permanente a estos alimentos por parte del conglomerado social, o público consumidor. En ese sentido, se le ha otorgado rango constitucional y de orden público a la producción de alimentos, así como su conservación y distribución como actividades accesorias agrarias, siendo catalogadas como de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la nación. (Cfr. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictada el 14 de agosto de 2008, Exp. N° 04-0370 con ponencia de su Presidenta Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño).
Lo así expresado significa que, el principio de garantía alimentaria comporta límites al jercicio de los derechos económicos de los ciudadanos previstos en la Constitución y en las leyes, toda ez que, el Estado para darle cumplimiento debe garantizar la producción, conservación y Gistribución alimentaria, así como el acceso de los consumidores a dichos alimentos por encima el_interés particular, por las razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección al anabente y otras de interés social que fundamentan nuestro régimen socioeconómico, cuyos situados constitucionales se encuentran en nuestra Carta Magna a partir del artículo 299 de la institución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, el Estado venezolano actúa en todo momento en pro de salvaguardar la seguridad y la soberanía agroalimentaria, protegiendo todos y cada uno de los elementos que intervienen en ese gran engranaje que se denomina cadena agroproductiva.
Ahora bien establecido lo anterior, este sentenciador observa, que la cautela especial agraria, en su condición de medida extraordinaria, requiere para su dictamen el cumplimiento cabal de una serie de requisitos de procedencia, los cuales podemos presumir de la manera siguiente:
A).-Temporalidad: Consiste en que la medida acordada de oficio, durará mientras persista el riesgo que dio origen, por ello deberá revocarse, cuando hayan pesados los hechos que la motivaron o cuando hayan variado las circunstancias iniciales que la justificaron.
B)iPrescindencia de la Judicialidad: Tal y como lo dispone la norma especial adjetiva contenida én. eratculo 96 de la Ley de Tierras y Desarollo Agrario, esta cautela especial puede dictarse ono apresaindentia absoluta de una acción principal que le de soporte.
C).-Vablidad: Las medidas adoptadas de oficio al ser potestativas del Juez, pueden decir, dependen de la mutabilidad o inmutabilidad de la situación de hecho que les dio origeapor ello, al estar diseñadas para ser aplicadas en nuestro variable medio agrario, las mismas ser sustituidas por otras medidas, en la orden que así la situación fáctica y el interés social colectivo lo amerite.
D).-Urgencia: La urgencia es una característica propia de toda medida preventiva, de alli dependerá su eficacia y lo oportuno o no de la tutela judicial efectiva, en ese sentido, debe ser realizable a través de medios efectivos y rápidos que intervengan en vanguardia de una situación de hecho.
En este sentido, y siguiendo la misma línea de argumentación, este sentenciador concluye, que en el caso de marras el dictamen de una eventual medida autónoma, cumplirá con todos y cada uno de los requisitos de procedencia supra indicados, en el entendido que la misma se establecerá, mientras persistiese el riesgo dañoso. que eventualmente se ve inmiscuida la Sociedad Mercantil GRUPO AGROISLEÑA C.A., SUCESORA DE ENRIQUE FRAGA AFONSO, y de sSus... empresas asociadas Proyefa C.A, Insecticidas Internacionales C.A, Venezolana de Riego C:A Serviform C.A, Operador Logístico Agrícola C.A. (OLACA) Sinergia y Tecnología Syntec C.A, Servigranos C.A y Semillas Hibridas de Venezuela C.A, la cual le daría origen, vale decir-el. riesgo inminente de la interrupción de la producción y distribución de la ut supra mencionada empresa, existiendo siempre la posibilidad de revocar dicha medida una vez hayan cestados-dós hechos que la motivaron o cuando hayan variado las circunstancias iniciales que la justificaron, SUPET cumpliendo con ello, con el requisito de temporalidad antes reseñado.
UNSCRA DOS ABS
WSARA Asimismo determina este Juzgador, que tal y como se ha reseñado en precedencia, esta medida especial, al solicitarse conforme lo previsto y sancionado en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, puede dictarse con prescindencia absoluta de una acción principal que le de soporte, con Io cual queda así satisfecho el segundo requisito expuesto en este capítulo, vale decir, el referido a la Prescindencia de la Judicialidad para este tipo de medidas.
Igualmente observa este sentenciador, que en el caso de dictarse una medida, la misma, al ser potestativa del Juez, pudiese ser modificada, en la medida que cambie el estado de las NERJU situación de hecho que le ha dado origen, por ello, la misma pudiese ser sustituida por otra otras medidas, en el orden que así la situación fáctica y el interés social y colectivo lo amerite, con lo cual se dumpliría el tercer postulado aquí reseñado, vale decir, el referido a la Variabilidad/de dicha medidà especial.
abe destacar que en la inspección Judicial practicada por este Juzgado en fecha dieci (17) de octubre del presente año, en la sede Principal de la EMPRESA DE PROPIEDAD'SOGIA AGROPATRIA, S.A., y GRUPO AGROISLEÑA C.A., SUCESORA DE ENRIQUECFIAGA AFONsO, y de sus empresas asociadas Proyefa C.A, Insecticidas Internacionales C.A, Venezolana de Riego C.A, Serviform C.A, Operador Logístico Agrícola C.A. (OLACA) Sinergia Tecnología Syntec C.A, Servigranos C.A y Semillas Hibridas de Venezuela C.A, ubicada en la Calle Independencia Norte, Edificio 39-18, Cagua estado Aragua, se dejó constancia de lo siguiente:
"...PRIMERO: Se deja constancia que el Tribal se encuentra constituido en la sede administrativa de la empresa Agropatria, ubicada en la Calle Independencia Norte, Edificio 39-18, Cagua estado Aragua, en presencia de la abogada Emilia Lisbeth Jiménez, titular de la cédula de identidad N° 9.646.526, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 65.000 en su carácter de apoderada judicial de la Empresa Agropatria y el ciudadano Ever Camacho, Jefe de Seguridad de la Empresa, identificada con la cédula de identidad N° 7.452.582.
SEGUNDO: Se. deja constancia que en el momento de constitución del Tribunal las actividades administrativas y de comercialización que se efectúan en la empresa se encuentran paralizadas, en virtud que el personal que labora en dicha empresa se encontraba aportados en los pasillos y entrada de la empresa sin ejecutar ningún tipo de labor. TERCERO: Se deja constancia que no obstante a actividad mediadora del ciudadano Juez, quien informo a los voceros de los trabajadores y a los trabajadores en general del motivo de su presencia, así como la disposición de escuchar sus exposiciones y / o alegatos, a los fines de conciliar posiciones y que le fuera permitido al Tribunal el recorrido por la empresa a los efectos de dejar constancia de los particulares solicitados por las partes.
Solicitante de la presente inspección, estos se negaron a permitir el recorrido del Tribunal.
CUARTO: Se deja constancia que el ciudadano Juez solicito a Ios trabajadores que fungen como voceros de los trabajadores que se identificarán ante el Tribunal estas de manera rotunda se negaron hacerlo, asimismo ninguno otro de los trabajadores presente quisieron identificarse. QUINTO: Se deja constancia que conforme a información aportada por la abogada Emilia Lysbeth Jiménez, inscrita en el Inpreabogado bájo el N° 65.000, las personas que fungen como voceros son Ios ciudadanos EDEN YAHIVA OLIVAR MERLO, ANGEL ROCERO, YULI MABEL ALVARADO BLANCO, ARGELIS RAFAEL FRANCO MENDOZA, Titulares de las cédulas de identidad Nos. 6.962.376, 18.084.901, 16.762.158, 15.648.475, respectivamente. Siendo las 10:50 am, no habiendo otro particular sobre el cual dejar constancia, el Tribunal regresa a su sede..." Ahora bien, del acta de Inspección Judicial anteriormente transcrita, claramente puede evidenciarse en sus particulares, que una vez constituido el Tribunal en la sede administrativa de Agropatria S.A., se pudo verificar la paralización de las actividades administrativas y comerciales que llevan a cabo en dicha empresa, en virtud de que los trabajadores se encontraban en los pasillos y alrededores sin ejecutar ningún tipo de actividad laboral, y que aún y cuando quien suscribe intento mediar y explicar a los voceros de la masa laboral sobre el motivo de la inspección dicial a realizarse, la cual fue infructífera, ya aun cuando se le ofreció la oportunidad de escuchar los alegatos y/o argumentos que a bien tuvieran explanar, se negaron a que el Tribunal llevara a cabrspección; del mismo modo se le solicito la identificación de los voceros presentes la cual se negaronta presentar, no obstante por información suministrada por la Abg. Emilia Lysbeth Jímérez, antes identificada, se pudo conocer sobre la posible identificación de los ciudadanos AHIVA OLIVAR MERLO, ANGEL ROCERO, YULI MABEL ALVARADO BLANGO, α ARGELßAFAEL FRANCO MENDOZA, Titulares de las cédulas de identidad Nos/6.962 30816.762.158, 15.648.475, respectivamente.
* Ahora bien, en caso de verse afectadas las actividades realizadas por la EMPrsA PROPIEDAD SOCIAL AGROPATRIA, S.A., y GRUPO AGROISLEÑA C.A., SUCESORA Di ENRIQUE FRAGA AFONSO, y de sus empresaś asociadas Proyefa C.A, Insecti Internacionales C.A, Venezolana de Riego C.A, Serviform C.A, Operador Logístico Agnicla C.A. (OLACA) Sinergia y Tecnología Syntec C.A, Servigranos C.A y Semillas Hibridas de Venezuela C.A., éstas pudieran ocasionar lesiones graves o de difícil reparación en el sector agrario y agroindustrial del país, afectando a la población y al Estado Venezolano a nivel productivo, social y económico. Entendiendo en el caso concreto aquí debatido que la Sociedad Mercantil que solicita la inspección judicial, está catalogada como pilar del proceso agroindustrial, a través de la producción y distribución de los distintos rubros destinados a la producción agroalimentaria.,
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En ese orden de ideas, nó escapa del conocimiento de quien suscribe, que nuestro país está viviendo una guerra económica, que dificulta la obtención de bienes y servicios que han obligado Habilitantes, entre otras leyes y normativas vigentes, para contrarrestar las distorsiones de acceso de esos bienes y servicios, en la cual se encuentran indudablemente los alimentos que forman y parte de la dieta de los venezolanos. Ante cada uno de esos elementos señalados, este Juzgado Superior Agrario tiene en este caso intereses que proteger tutelados constitucionalmente y que están contenidos básicamente en el ya mencionado artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo uso de las facultades establecidas en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, a través del cumplimiento de dos objetivos de capital importancia cuya observancia compete al Estado en todos sus ámbitos: 1.-La disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y 2.-El acceso oportuno y permanente a estos alimentos por parte del conglomerado social o público consumidor. En ese sentido, se le ha otorgado rango... ARIANA! constitucional y de orden público a la producción de alimentos, asf como su conservacióneyoà distribución como actividades accesorias agrarias, siendo catalogadas como de interés naciónal fundamental para el desarrollo económico y social de la nación. (Cfr. Sentencig de la Sa Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictada el 14 de agosto de 2008, Exp. ° 04-0370 con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño) En ese contexto, y con una visión holística de la realidad agraria, la integralidad:de la produccor, o guardan relación directa o indirecta con la seguridad agroalimentaria de nuestro pais, entiéndase el Instituto Nacional de Tierras, la Defensa Pública Agraria, la Defensoria de Rueblo, lós Mupicipios y los estados en los términos de sus competencias, la participación populár, entre. otros que aunque no sean mencionados expresamente no se excluye su participación, debemos tener como norte que la jurisdicción agraria va más allá de los intereses particulares, pues sobre la base del interés social y colectivo, persigue proteger la seguridad agroalimentaria de la República, régimen estatutario de derecho público, los órganos jurisdiccionales especializados debemos estar en capacidad de atender con criterios técnicos el interés general, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.
De allí que, analizados como fueron todos los aspectos finalistas o teleológicos de las medidas contenidas en el 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, necesariamente debemos armonizar los intereses sociales de los trabajadores y trabajadoras y de una arraigada protección por parte del Estado, con la ineludible necesidad de toda la colectividad de poder tener acceso a Ios alimentos en este momento histórico por el cual pasa esta Nación. Al respecto la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, pondrá esas dos realidades, tanto que en sus artíeuros 25 y 484, los cuales establecen lo siguiente:
"(Omissis)... Artículo 25. El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial, superar las formas de explotación capitalista, la producción de bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica, satisfagan las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y cren las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los trabajadores y las trabajadoras en los procesos de transformación social, consustanciados con el ideario bolivariano. En consecuencia, el proceso social de trabajo debe contribuir a garantizar:
...Omiss...
4. La seguridad y soberanía alimentaria sustentable.
...Omissis...
Artículo 484. Se considera esencial la producción de bienes y servicios cuya paralización cause daños a la población. El Reglamento de esta Ley establecerá la producción de bienes y servicios considerados esenciales no susceptibles de interrupción...Omissis..." De igual forma, el artículo 18 del Reglamento de la mencionada Ley, también prevé lo siguiente:
missis)...A los fines del artículo 185 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley gánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se consideran trabajos no susceptibles de interrupción por razones técnicas:
.
a) En las industrias extractivas, todas aquellas actividades no susceptibles interrupción o que sólo lo serían mediante el grave perjuicio para la marcha regular de unidad de trabajo.
todos aquellos procesos industriales en los que se utilicen hornos y calderas que efectuarse sino en ciertas épocas del año o que dependan de la acción irregular de las fuerzas naturales.
d) Las actividades científicas o técnicas que ameriten-intervención o control periódico.
e) Las actividades que requieran un proceso continuo, entendiéndose por tal, aquél cuya ejecución no puede ser interrumpida sin comprometer el resultado técnico del mismo, tales como:
1. Las actividades industriales encaminadas al procesamiento de alimentos...Omissis"
Es evidente como se establecieron en las normas que rigen en la actualidad la realidad laboral venezolana, las actividades que no están sujetas o susceptibles de interrupción alguna, asemejándose las actividades de la cadena productiva alimentaria a otras profesiones u oficios que no deben paralizarse desde ningún punto de vista, como la protección a la seguridad y el orden público a través de los funcionarios policiales, la administración de justicia, la prestación de servicios de salud de nuestra red hospitalaria, que no pretende este órgano jurisdiccional s enumerar sino simplemente mencionar por su importancia para la colectividad.
De las circunstancias del caso en concreto, resulta evidente para este Juzgador Superior Agrario la relevancia de solventar inmediatamente dicha situación sobre este rubro, que no s afecta a sus distribuidores sino a los destinatarios finales, toda vez que ello genera un perjuicio para todo el sector agrícola, tanto campesinos como los productores. De allí que, resulta imperio para quien suscribe evitar paralizaciones totales o parciales indebidas y/o una disminución considerable de los niveles de producción, coadyuvando inmediata y consecuencialmente Juzgado Superior Agrario- con las medidas ya tomadas en diferentes instancias por el Gobierno Nacional, en aras de socavar la fuerte amenaza de desabastecimiento en el mercado, que incide de manera directa en la seguridad y soberanía agroalimentaria de la Nación.
Por esas razones, y en consideración a todo lo antes trascrito, no debe sobreponerse jamás los derechos de un colectivo (Derecho a la reivindicación laboral) sobre un interés general y difuso como lo es el derecho a la seguridad y soberanía agroalimentaria, del cual el Estado venezolano es interrupción, paralización o disminución de la capacidad productiva de la empresa, considera CAI 4 necesario decretar una medida de protección especial agraria a la seguridad y soberacía agroalimentaria en la Sociedad Mercantil GRUPO AGROISLEÑA C.A., SUCESORA DE ENRIQUE FRAGA AFONSO, y de sus empresas asociadas Proyefa C. Insecticidas Internacionales C.A, Venezolana de Riego C.A, Serviform C.A, Operador Logístico Agricgla C.A. (OLACA) Sinergia y Tecnología Syntec C.A, Servigranos C.A y Semillas Hibridas)de Venezuela C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil que a Ios efectos llegó el Juzgadō de Priméra Instancia en lo Civil Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judíciasdel estado Aragua, en fecha veintiocho (28) de mayo de 1958, bajo el número 78, Tomo 1, cuyo expediente reposa actualmente en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, bajo el N° 78, Tomo 1, de fecha 28 de mayo de 1958, con última reforma inscrita bajo el N° 18, Tomo 31-A, en fecha dos (02) de abril del 2009, Empresa adquirida en forma forzosa por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 7.700 de fecha 04 de octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.523, y sobre la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL AGROPATRIA, S.A., Registro de Información Fiscal N° G-20010214-4, ordenada su creación conforme Decreto Presidencial N° 8.826 de fecha 06 de Marzo de 2.012, publicada en Gaceta Oficial de. la República Bolivariana de Venezuela N° 39.877, en la misma fecha, inscrita en el Registro Mercantil II del estado Aragua, en fecha 25 de Mayo de 2.012, bajo el N° 53, Tomo 54-A, y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
39.932 de fecha de 29 de Mayo de 2.012, exhortando al Ejecutivo Nacional por Órgano de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO) adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y de sus Ministerios para el Poder Popular de la Alimentación, del Comercio y del Proceso Social del Trabajo, así como a la Fuerza Armada, a la Superintendencia Nacioßal para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), a la Inspectoría del Trabajo del estado Aragua con sede en Cagua, al Gobernador del estado Aragua, al Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela ubicado en el estado Aragua y a los Cuerpos de Seguyidad y Orden Público del estado Aragua, a los fines de qué se aboquen en el marco de sus competencias junto con los trabajadores y la empresa, sin menoscabo de sus reivindicaciones y derechos laborales, a fin de que se abstengan de abandonar, cerrar, disminuir o realizar cualquier actividad que pueda generar paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción de forma directa o indirecta a las actividades que atenten contra el objeto de la empresa. Así se declara y decide.
-VI- DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua con sede en Maracay y con competencia en el estado Carabobo, administrando justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, haciendo uso de las facultades establecidas en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 3 y 18 de la Ley Orgánica de Séguridad y Soberanía Agroalimentaria y el artículo 305 de la Constitución de la República
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Bolivariara de Venezuela, DECRETA: PRIMERO: Medida Autónoma de Protección a la Segufidad y Soberanía Agroalimentaria sobre la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL: AGROPATRIA, S.A., Registro de Información Fiscal N° G-20010214-4, ordenada su creación niormereto Presidencial N° 8.826 de fecha 06 de Marzo de 2.012, publicada en Gaceta Oficial de la Repbica Bolivariana de Venezuela N° 39.877, en la misma fecha, inscrita en el Registro del estado Aragua, en fecha 25 de Mayo de 2.012, bajo el N° 53, Tomo 54-A, y Méreantial publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.932 de fecha de 29 de Mayo de 2.012, y GRUPO AGROISLEÑA C.A., SUCESORA DE ENRIQUE FRAGA AFONSO, y de sus empresas asociadas Proyefa C.A, Insecticidas Internacionales C.A, Venezolana de Riego C.A, Serviform C.A, Operador Logístico Agrícola C.A. (OLACA) Sinergia y Tecnología Syntec C.A, Servigranos C.A y Semillas Hibridas de Venezuela C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil que a los efectos llevó el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha veintiocho (28) de mayo de 1958, bajo el número 78, Tomo 1, cuyo expediente reposa actualmente en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, bajo el N° 78, Tomo 1, de fecha 28 de mayo de 1958, con última reforma inscrita bajo el N° 18, Tomo 31-A, en fecha dos (02) de abril del 2009, Empresa adquirida en forma forzosa por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 7.700.de fecha 04 de octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.523, y se le ordena a los Trabajadores de las ut supra señaladas Sociedades Mercantiles, y/o cualquier otro trabajador o no de la misma, abstenerse de abandonar, cerrar, disminuir o realizar cualquier actividad que pueda generar paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción de forma directa o indirecta a las actividades que atenten contra el objeto de la empresa. SEGUNDO: Se exhorta al Ejecutivo Nacional por Órgano de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO) adscrita a fa Vicepresidencia Ejecutiva de la República y de sus Ministerios para el Poder Popular de la Alimentación, del Comercio y del Proceso Social del Trabajo, así como a la Fuerza Armada, a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), a la Inspectoría del Trabajo del estado Aragua con sede en Cagua, al Gobernador del estado Aragua, al Comando de Zona N° 42 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela ubicado en el estado Aragua y a los Cuerpos de Seguridad y Orden Público del estado Aragua, a los fines de que se aboquen al cumplimiento de lo señalado en el particular que antecede, en el marco de sus competencias junto con los trabajadores y la empresa, sin menoscabo de sus reivindicaciones y derechos laborales. TERCERO: A los fines de garantizar el derecho a la defensa de los posibles interesados, se ordena notificar a los ciudadanos EDEN YAHIVA OLIVAR MERLO, ANGEL ROCERO, YULI MABEL ALVARADO BLANCO, ARGELIS RAFAEL FRANCO MENDOZA, titulares de las cédulas de identidad/Nos. V-6,962.376, V-18.084.901, V-16.762.158 y V-15.648.475 respectivamente, para que decònformidad con el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, puedan en caso de que lo consideren Especial Agraria Protección a la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, dentro delōs tres (03). días/de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación. CUARTO:óp el fin dé dar una mayor difusión a la medida acordada e informar a cualquier interesado, se ordena por parte de la Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras la publicación de la presente Medida en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de procurar la publicidad del presente acto. QUINTO: En función de la presente Medida Autónoma Especial Agraria Protección a la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, todas las autoridades del Estado y fundamentalmente los organismos de la Fuerza Pública se encuentran en la obligación de hacer respetar y cumplir la presente medida dictada por este Juzgado Superior Agrario, de conformidad con lo establecido en los artículos 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 21 del Código de Procedimiento Civil, 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que será vinculante en acatamiento al principio de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.
Se acuerda expedir copias certificadas de la presente Medida conforme a lo establecido en los artículos 10,111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, tantas como sean requeridas.
PUBLÍQUESE Y REGISTRESE. LÍBRENSE OFICIOS.
Debidamente, firmada y sellada en la sala de despacho de este Juzgado Agrario Superior de Circunscripción Judicial del estado Aragua con sede en Maracay y con competencia en el estado Carabobo, a los diefiocko (18) de qcfubre del año 2018. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
EL JUEZ SUHERIOR
ABG LUISENRIQUE CORDOVA
ABG. ERMESTO URBINA estamisma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las dos de la tarde 02:00 p.m. y se libraron las notificaciones y los oficios a las personas y a las instituciones mencionada en la decisión.
EL SECREFARIOPEMPORAL ABG ERNESTO URBINA Exp. N° 2018-0619 LEC/Eu Quien suscribe el Abogado Ernesto Urbina, Secretario Temporal de este Juzgado Superior Agrario de las Circunscripciones Judiciales de los estados Aragua y Carabobo, hace constar que las copias que anteceden son fiel y exacta de las que reposan_en el expediente 2018-0619. Maracay,
ABG. ERNESTOURBINA
SECRETARIO TEMPORAL
DEFENSA PÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 11 de febrero de 2019 N° DDPG-2019-082 159°, 208° y 20°
La DefenSOra Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la céduia de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el articulo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública Genera!, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
CONSIDERANDO Que el ciudadano LUIS ALFREDO PÉREZ MORALES, titular de la cécuia de identidad N° V-6.236.578, quien se desempeña como Defensor Público Provisorio Primero (1°) con competencia para actuar antes las Salas Plena, Constitucional, Político Administrativa, Casación Civil, Casación Social y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, fue designado como Director Nacional de Actuación Procesal, en condición de Encargado.
RESUELVE DESIGNAR a la Ciudadana ANDREA GUADALUPE
PRIMERO:
RODRIGUEZ PIÑANGO, titular de la cédula de identidad N° V-19.085.573, Defensora Pública Auxiliar Segunda (2°) con competencia en materia para actuar antes las Salas Plena, Constitucional, Político Administrativa, Casación Civil, Casación Sociai y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, adscrita a la Dirección Nacional de Actuación Procesal, como Defensora Pública Provisoría Primera (1°) con competencia para actuar antes las Salas Plena, Constitucional, Político Administrativa, Casación Civii, Casación Social y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, adscrita a la Dirección Nacional de Actuación Procesal, en condición de Suplente. La presente designación surtirá efectos a partir de la fecha de su notificación, hasta la reincorporación efectiva del mencionado ciudadano, período en el cual deberá reconocerle a la ciudadana aquí nombrada, todos los beneficios e incidencias laborales propias del cargo de Defensora Publica Provisoria para actuar antes las Salas Plena, Constitucional, Político Administrativa, Casación Civil, Casación Social y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíqucse, srr CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Desgnada mediante Acuerdo de la Asamblea Naconal Constituyente, de fecha 08.de enero de 2019, publicado en la gaceta ofcial de la Repúbi-ca Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 12 de febrero de 2019 N° DDPG-2019-083 159°, 208° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autorida o de la Defensa Púbiica, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y trasiado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE ALBA MARILYN NIÑO DESIGNAR a la ciudadana
PRIMERO:
ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V-11.675.644, Analista Profesional III, como Jefa de la División de Medios, adscrita a la Dirección Nacicna! ce Comunicación y Relaciones Interinstitucionales, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunpo: Como consecuencia de la presente designación, la referida ciudadana dejará de desempeñarse como Directora Nacional de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales.
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, Llapastio CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Desgnada mediante Aćuerdo de la Asambiea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero dé 2019, publicado en la Gaceta Oricial de la República Bolivanana de Venezucla N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2019-084 Caracas, 12 de febrero de 2019 159°, 208° y 20° La DefensOra Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de a Asamo ea Nac:ona! Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de l3 misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, estabiecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública Genera!, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE DESIGNAR al CiUdadanO CARLOS JOSÉ MACHADO
PRIMERO:
VILLANUEVA, titular de la cédula de identidad N° V-5.005.183, Analista Profesional III, como Director Nacional de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales, en condición de Encargado, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Como consecuencia de la presente designación, el referido ciudadano dejará de desempeñarse como Jefe de la División de Medios, adscrito a la Dirección Nacional de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales.
TERCERO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública Genera!, en (a ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, Uaastio CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asambica Nacional Constituyente, de fecha 06 de cero de 2019, pubicado en la Gaccta Ofical d: ad Repxia Boliva ana de Venezucla N° 41.559, de fecha 08 de encro de 2019.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2019-086 Caracas, 15 de febrero ce 2019 159°, 208° y 19° La DefenSOra Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública Generai, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y trasiado cel personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CIUdadaNO LUIS ENRIQUE ESCALONA LEAL, titular de la cédula de identidad N° V-14.196.600, Defensor Público Provisorio Tercero (3°) con competencia en materia Especial de Delitos de Violencia Contra la Mujer, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, extensión Centro, como Jefe de la División de Penal Ordinario, Municipal y Violencia de Género, en la Dirección de Derecho Penal y Asuntos Penitenciarios, adscrito a la Dirección Nacional de Actuación Procesal, en condición de Encargado, a partir de la fecha de su notificación.
SEGuNDo: Publicar e texto íntegro de la presente Resolución en la Caceta Oficial de a República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública Generai, en ia ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, akabaste CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la gaceta oficial de ia República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2019-087 Caracas, 15 de febrero de 2015 159°, 208° y 20° de la cédula de identidad N° v-4.823.800, designada mediante Acuerdo de ia Asamblea Naciona! Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicaco en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de :a misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de ia Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública Generai, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
CONSIDERANDO Que la Máxima Autoridad de la Defensa Pública, otorgó al ciudadano EMXL JoSÉ RICo GóMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.875.844, quien se desempeña como Defensor Público Provisorio Primero (1ero.) con competencia para actuar ante la Sala Plena y de Casación Penai del Tribunal Supremo de Justicia, adscrito a la Dirección Nacional de Actuación Procesal, Comisión de Servicio.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana MARIA GABRIELA PEÑA NÁCAR, titular de la cédula de identidad N° V-12.859.589, Defensora Pública Provisoria Novena (9°) con competencia en materia Especial de Detitos de Violencia Contra la Mujer, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, extensión Centro, como Defensora Pública Provisoria Primera (1era.) con competencia para actuar ante la Sala Plena y de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, adscrita a la Dirección Nacional de Actuación Procesal, en condición de Suplente. La presente designación surtirá efectos a partir de la fecha de su notificación, hasta ta reincorporación efectiva dei mencionado ciudadano período er el cual deberá reconocerle a la ciudadana aquí nombrada, todos ios beneficios e incidencias laborales propias del cargo de Defensora Publica para SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en ia ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacionai Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la gaccta oficial de la República Boivarana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPC-2019-089 Caracas, 15 de febrero de 2019 159°, 207° y 20° La DefenSOra Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgaño Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal que ocupará cargos de libre nombramiento y remoción en este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a Ia CiUdadana AURORA MICAELA OJEDA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° v-7.405.181, como Directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunpe: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública Generai, en i.:
ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, iavsti CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de pero de 2019, publicado en la gaceta oficial de la República Bolivanana de Veneruela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2019-091 Caracas, 15 de febrero de 2019 159°, 207° y 20° La DefenSOra Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal que ocupará cargos de libre nombramiento y remoción en este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO REINALDO ANTONIO FLORES.
titular de 1a cédula de identidad N° V-13.904.818, como Director de :a Dirección de Compras y Contratos, adscrito a la Dirección Nacionai de Administración, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en ia ciudad de Caracas.
Comuniquese y Publiquese, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la gaceta ofictal de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2019-093 Caracas, 15 de febrero de 2019 159°, 208° y 20° de la cédula de identidad N° v-4.823.800, designada mediante Acuerdo ce la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de :a misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la L.ey Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, estabiecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad oe este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, legreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
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CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
è RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana YEILY ORDY LANDER CASTRO, titular de la cédula de identidad N° V-6.138.295, Defensora Pública Provisoria Cuarta (4°) con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaría y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, adscrita a la Unidad Regiona! de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, extensión Sede Central, como Jefa de la División de Contratos, de la Dirección de Compra y Contratos, adscrita a la Dirección Nacional de Administración, en condición de Encargada, a partir de la fecha de S.
notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y selladà en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, visto CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha DB de enero de 2019, publicado en la gaceta oficia: de la Repúbica Bolivanana de Venezucla N° 41 559, de fecha 08 de enero de 2019
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2019-094 Caracas, 15 de febrero de 2019 159°, 208° y 20° La Defensora Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública Seneral, como -n:x-ma autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa>Pública, designar el personal que ocupará cargos de bre nombramiento y remoción en este Órgano Constituciona..
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana ENMI NAKARY RIVAS HERRERA, titular de la céduia de identidad N° V-19.314.208, Analista Profesionai I, como, Jefa de la División de Contabilidad, de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, adscrita a la Dirección Nacional de Administración, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 15 de febrero de 2019 N° DDPG-2019-096 159°, 207° y 20° La DefenSOra Pública General, CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, titular de la cédula de identidad N° V-4.823.800, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y:traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal que ocupará cargos de libre nombramiento y remoción en este Órgano Constitucional.
RESUELVE }
PRIMERO: DESIGNAR al CIUdadanO JHAN CARLOS MENDOZA BELANDRIA, titular de la cédula de identidad N° V-11.936.068, Analista Profesional III, como Jefe de la División de Proveeduría, de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, adscrito a la Dirección Nacional de Administración, en condición de Encargado, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en ia Gaceta Oficia! de 'a Repúbiica Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública Generai, en a ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, laast CARMEN MARISELA CASTRO GILLY DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 08 de enero de 2019, publicado en la gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559, de fecha 08 de enero de 2019.
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de febrero de 2019 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 171 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICQ: Trasladar al Abogado JONATHAN JESÚS PÉREZ PÉREz, titular de la cédula de identidad N° 23.577.101, FISCAL AUXILIAR INTERINO a la FISCALÍA QUINTA del MiniSteriO PúbIICO de! Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Acarigua y competencia en el Sistema Penal de responsabilidad de Adolescentes. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la citada Circunscripción Judicial.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir del 18 de febrero de 2019.
RIOP Comuníque
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 21 de febrero de 2019 Años 208° y 160° RESOLUCIÓN Nº 202 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICQ: Trasladar Como FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada LISETH MERCEDES CAZORLA ÁVILA, titular de la cédula de identidad Nº 18.401.550, a la FISCALÍA sUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con sede en Porlamar. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comugiquese Publíquese.
C TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho 'del Fiscal General de la República Caracas, 21 de febrero de 2019 Años 208° y 160° RESOLUCIÓN N° 205 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar ComO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la CiUdadana AbOgada MARIANGELA CAROLINA HEREDIA GUTIÉRREZ , titular de la cédula de identidad N° 19.584.506, a la FISCALÍA NOVENA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con sede en Porlamar y competencia en Penal Ordinaria, Victimas, Niños, Niñas y Adolescentes. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
General de la República 4 REPUBL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 21 de febrero de 2019 Años 208° y 160° RESOLUCIÓN Nº 208 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada ROLIzBETH DEL VALLE GUTIÉRREZ FERMÍN, titular de la cédula de identidad N° 17.484.556, COMO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la FISCALÍA SEXTA del Ministerio Público de la Cincunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar con competencia en materia Contra las Drogas. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalia Octogésima Tercera del Ministerio Público de la citada Circuncripción Judicial.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comyníquese y Publiquese .
TARÈKWILLIANS SAAB Fiscal Gêneral de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 21 de febrero de 2019 Años 209° y 160° RESOLUCIÓN Nº 210 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar a la Abogada KATIUSKA JOSEFINA GUEVARA oRTA, titular de la cédula de identidad N° 10.573.466, como FISCAL AUXILIAR INTERINO a la FISCALÍA OCTAVA del MinISteriO Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar y competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público del Primer Circuito de la citada Circunscripción Judicial.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas Instrucciones de esta Superioridad.
Comagiguese y Rublíquese, 3 TAREK WILLIANS SAAB al eneral de la República
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MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 21 de febrero de 2019 Años 208° y 160° RESOLUCIÓN Nº 201 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICQ: DeSignar COMO FISCAL AUXILIAR INTERINO al CiudadanO Abogado JOHNATTAN JOSÉ TORRES TORRES, titular de la cédula de identidad N° 14.016.388, en la SALA DE FLAGRANCIA, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. El referido ciudadano se venía desempeñando como Asistente del Área Octogésima Séptima la Fiscalía Instructor en Metropolitana de Caracas.
tendrá efectos presente designación La administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta superioridad.
Comuíquese y Publíquese.
REPÚBL TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 21 de febrero de 2019 Años 208° y 160° RESOLUCIÓN Nº 204 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PRoVIsoRIO a la ciudadana Abogada MARBELLA MIGUELINA ARMAS, titular de la cédula de identidad N° 13.488.942, en la FISCALÍA MUNICIPAL SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con competencia territorial en el Municipio San Fernando de Apure y sede en la ciudad de San Fernando de Apure, adscrita a la Fiscalía Superior de la citada Circunscripción Judicial. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Primera de la referida Circuncripción Judicial.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
ComuníquePublíquese.
TAREKWILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 21 de febrero de 2019 Años 208° y 160° RESOLUCIÓN Nº 209 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: DeSignar FISCAL AUXILIARINTERINO ciudadana Abogada CLAUDIA VALENTINA PACHECO MIJARES, titular de la cédula de identidad N° 18.444.303, en la FISCALÍA 7 NACIONAL PLENA. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comumiquese y Publíquese.
TÂREK WILLIANS SAAB Fisgal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 22 de febrero de 2019 Años 208° y 160° RESOLUCIÓN N° 220 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar comO FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada EZELIN DEL CARMEN BOHÓRQUEZ URRUTIA, titular de la cédula de identidad N° 12.324.420, en la FISCALÍA PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado apure, con sede en San Fernando de Apure y competencia plena. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Unidad de Depuración Inmediata de Casos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
e ZUEL AREK WILLIANS SAAB FiscaGeneral de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 26 de febrero de 2019 Años 208° y 160° RESOLUCIÓN Nº 237 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO:Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano Abogado MARIO HERNAN IZARRA ARRAY, titular de la Cédula de identidad Nº 15.166.174, en la FISCALÍA CUADRAGÉSIMA QUINTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena. La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comguniquese y Publíquese.
NEZUELA REKWILLIANS SAAB Fiscaleneral de la República REPÚI
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REP ÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 26 de febrero de 2019 Años 208° y 160° RESOLUCIÓN Nº 245 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNico: Designar a la ciudadana Abogada GLADYs ALEXANDRA DÍAZ VILLAMIZAR, titular dela cédula de identidad 18.604.299, SUBDIRECTORAENLADIRECCIÓN Nº DE PROTECCIÓN DEDERECHOS HUMANOS, CargO de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público de la Circusncripición Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
La presente designación, tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de este Superioridad.
Comunfquese Pubtíquese.
EZUELA e
REK WILLIANS SAAB FiscalGeneral de la República
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLVI - MES VI Número 41.598 Caracas, jueves 14 de marzo de2019 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 páginas, costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
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