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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 41.566

17 de enero de 2019 · 48 páginas
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AÑO CXLVI - MES IV Número 41.566 Caracas, jueves 17 de enero de 2019

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.740, mediante el cual se confiere al ciudadano Hugo de los Reyes Chávez, la Condecoración Orden Andrés Bello en su Primera Clase (Banda de Honor).

Decreto N° 3.741, mediante el cual se autoriza a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y sus filiales, a la desincorporación de bienes y al aprovechamiento de los residuos sólidos metálicos y no metálicos generados de esa desincorporación, a través su comercialización o el intercambio por bienes y servicios requeridos para la optimización de la prestación del servicio público que presta, mediante la suscripción de alianzas estratégicas con empresas nacionales o extranjeras.

Decreto N° 3.742, mediante el cual se autoriza la distribución de Recursos Adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del Consejo Federal de Gobierno, por la cantidad de trece mil novecientos cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos setenta y seis Bolívares (Bs. 13.946.657.576), los cuales serán transferidos al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), destinados para la ejecución de proyectos de fortalecimiento institucional y de inversión en las gobernaciones y alcaldías.

Decreto N° 3.743, mediante el cual se autoriza la distribución de Recursos Adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por la cantidad de once mil doscientos cuarenta y dos millones novecientos treinta y dos mil ciento setenta y dos Bolívares (Bs. 11.242.932.172), destinados a cubrir requerimientos presupuestarios en materia salarial, beneficios laborales y gastos de funcionamiento del Distrito Capital, las Gobernaciones y las Alcaldías.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se mencionan los entes adscritos a este

Ministerio con indicación del monto de la participación accionaria de la Empresa del Estado, y de la conformación del patrimonio en los casos de los institutos públicos, institutos autónomos y fundaciones del Estado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES EXTERIORES Resoluciones mediante las cuales cesan en sus funciones la ciudadana y el ciudadano que en ellas se mencionan, como Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios en las Embajadas que en ellas se especifican, de este Ministerio.

Resoluciones mediante las cuales se Encarga a las ciudadanas que en ellas se mencionan, la gestión de las Unidades Administradoras que en ellas se indican, correspondientes a las Embajadas que en ellas se especifican, de este Ministerio.

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan, como Jefes de Misión, en las Embajadas que en ellas se señalan, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SUDEBAN Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario.

SENIAT Providencia mediante la cual se autoriza a la sociedad mercantil Aguamarina Agentes Aduanales, C.A., Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) J-41198498-1, para actuar como Agencia de Aduanas, en los diversos trámites relacionados con los Regímenes Aduaneros, ante las Gerencias de Aduanas Principales de La Guaira y Aérea de Maiquetía, quedando inscrita en el registro correspondiente bajo el N° 2.094.

Providencia mediante la cual se establece que la Tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios correspondiente al mes de noviembre de 2018 es de 23,98%.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE OBRAS PÚBLICAS Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María Carolina Peña de Cercio, como Directora General de Planificación de Obras Públicas, Encargada, adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación de Obras Públicas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María Luisa Narváez Martínez, como Directora Estadal del estado Delta Amacuro, en calidad de Encargada, adscrita a la Oficina de Coordinación Territorial.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA CULTURA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Miguel Antonio Guevara, como Director Ejecutivo, en calidad de Encargado, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, ente adscrito a este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA ECOSOCIALISMO Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN) Providencia mediante la cual se modifica la Comisión de Contrataciones de la C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN), y se designa como Miembros Principales y Suplentes a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declaró resuelta la consulta obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-46, dictada en fecha 21 de junio de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, que decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana Arelis del Valle González Rondón, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Circuito Judicial del estado Sucre, y confirmó la referida Sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial.

Sentencia mediante la cual se declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia N° TDJ-SD-2018-44, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 21 de junio de 2018, y se confirmó la referida Sentencia que absolvió de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano Marcos Rafael Rojas García, Juez Titular del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón.

Sentencia mediante la cual se decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana Betty Yaneth Ortiz Chacón, Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Apure, declaró resuelta la consulta obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-50, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial y se confirmó la referida Sentencia.

Sentencia mediante la cual se declaró resuelta la consulta obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-32, dictada en fecha 24 de noviembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, que decretó el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano Miguel Alfredo Mendoza López, Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao, de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, y confirmó la referida Sentencia.

MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se especifican, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan, de este Organismo.

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445.110 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 17 de enero de 2019

Decreto N° 3.740 16 de enero de 2019

NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; concatenado con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 4° de la Ley mediante la cual se crea la Condecoración de la Orden Andrés Bello y conforme a lo establecido en los artículos 10 y 13 de su Reglamento.

DECRETO

Artículo 1°. Confiero, la Condecoración Orden Andrés Bello en su Primera Clase (Banda de Honor), al ciudadano Hugo de los Reyes Chávez, titular de la cédula de identidad N° V-895.097. Artículo 2°. El Ministro del Poder Popular para la Educación, queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros (L.S.)

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.)

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA

Decreto N° 3.741 16 de enero de 2019

NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto N° 3.736 de fecha 11 de enero de 2019, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y a los ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO Que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de diseñar y establecer una política integral para preservar la integridad territorial, la soberanía, seguridad, la defensa e identidad nacional, que respete la diversidad, el ambiente y la pluriculturalidad, con el propósito de satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población, de acuerdo con el desarrollo económico, social, cultural y la integración,

CONSIDERANDO Que es necesario preservar las conquistas y los logros que junto al pueblo se han ido alcanzando en medio del asedio permanente de quienes adversan el proyecto bolivariano, y avanzar a una nueva etapa que nos permita la construcción de un nuevo modelo económico, tal como plantean la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria y la Agenda Económica Bolivariana,

CONSIDERANDO Que es deber del Estado venezolano, desarrollar las políticas necesarias para asegurar a la población la prestación adecuada de los servicios públicos, cuyo equipamiento se está viendo seriamente impactado por los efectos de la Guerra económica en el marco de la Guerra No Convencional,

CONSIDERANDO Que el Ejecutivo Nacional declaró de carácter estratégico y vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional los residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición; así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria producto del reciclaje de papel y cartón; y su exportación con carácter excepcional quedó sujeta a la aprobación del Ejecutivo Nacional,

página original (tal como se publicó)Página 2 de la Gaceta

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Jueves 17 de enero de 2019 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 445.111

CONSIDERANDO Que los residuos sólidos generados de la desincorporación de bienes por razones técnicas y tecnológicas que efectúan las distintas empresas e industrias del estado, deben ser clasificados y efectuar los procesos de aprovechamiento de aquellos que se consideran de carácter estratégico, a través de su comercialización o el intercambio por bienes y servicios públicos y la continuidad de sus procesos productivos,

CONSIDERANDO Que la migración a la fibra óptica como medio de transporte de información más idóneo, rentable y de calidad, debido a los beneficios que aporta en las comunicaciones por sus capacidades en mayores distancias, en menos tiempo, así como también en el ahorro de materiales y energía en su instalación y mantenimiento ante cualquier otro medio de transporte, como la red de cables de cobre en el acceso, permitiendo realizar mejoras en tecnologías de nueva generación en los servicios de datos, voz y video.

DICTO El siguiente, DECRETO N° 02 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV) Y SUS FILIALES, A LA DESINCORPORACIÓN DE BIENES Y AL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS GENERADOS DE ESA DESINCORPORACIÓN, A TRAVES SU COMERCIALIZACIÓN O EL INTERCAMBIO POR BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTA, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE ALIANZAS

Artículo 4°. El Presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), deberá notificar a la vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, a la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos y a la Contraloría General de la República, de las Alianzas Estratégicas que se suscriban conforme a lo previsto en el artículo 2° de este Decreto. Artículo 5°. Los Ministros del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología; y para el Ecosocialismo, y el Presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. Artículo 6°. El Presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), deberá informar, de manera periódica a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y a la Contraloría General de la República, de la ejecución de las alianzas Estratégicas que se suscriban conforme a lo previsto en el artículo 2° de este decreto, en virtud de su condición de órgano rector del Sistema Nacional del Control Fiscal. Artículo 7°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)

ESTRATÉGICAS CON EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS. Artículo 1°. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y sus filiales, quedan autorizadas a efectuar de manera directa, a través de decisión emanada de su órgano estatutario de dirección y administración, la desincorporación de bienes deteriorados, en desuso, obsoletos, así como aquellos generados por las migraciones técnicas y tecnológicas o modernizaciones de las plataformas, de los sistemas de energía e infraestructura de redes destinadas para dar servicio de telecomunicaciones. Artículo 2°. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), queda autorizada a seleccionar de manera directa empresas nacionales o extranjeras, para la celebración de alianzas estratégicas a los fines del aprovechamiento de los residuos sólidos metálicos y no metálicos generados de la desincorporación de bienes señalados en el artículo anterior mediante su comercialización o el intercambio por bienes y servicios requeridos para la optimización y modernización de la prestación del servicio público que presta.

Artículo 3°. El Presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), deberá notificar a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, a la Superintendencia Nacional de Bienes Públicos, a la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos y a la Contraloría General de la República, de las decisiones que acuerden la desincorporación de bienes, conforme a lo previsto en el artículo 1° de este Decreto, dentro de los diez (10) días siguientes de acordada la desincorporación.

Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros (L.S.)

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.)

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.)

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.)

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

página original (tal como se publicó)Página 3 de la Gaceta

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445.112 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 17 de enero de 2019 Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.)

TARECK EL AISSAMI

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (L.S.)

WILLIAN ANTONIO CONTRERAS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (L.S.)

YOMANA KOTEICH KHATIB Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, (L.S.)

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.)

MAYELIN RAQUEL ARIAS

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.)

DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)

LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.)

STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA

Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)

CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA

Refrendado La Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas (L.S.)

EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.)

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO

Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.)

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.)

GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.)

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.)

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.)

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI

Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (L.S.)

HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.)

ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.)

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Transporte (L.S.)

HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ

Refrendado La Ministra del Poder Popular de Obras Públicas (L.S.)

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.)

LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.)

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.)

JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.)

SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.)

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.)

VÍCTOR HUGO CANO PACHECO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.)

CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.)

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

página original (tal como se publicó)Página 4 de la Gaceta

Página 5

Jueves 17 de enero de 2019 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 445.113

Decreto N° 3.742 17 de enero de 2019

NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el numeral 4 del artículo 2° del Decreto N° 3.736 de fecha 11 de enero de 2019, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, en concordancia con los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO Que en el marco del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, se requiere realizar erogaciones no previstas en el Presupuesto Anual, con cargo al Tesoro Nacional, que permitan enfrentar la situación excepcional hasta alcanzar el restablecimiento del orden financiero nacional,

CONSIDERANDO

Que es obligación y firme compromiso del Gobierno Revolucionario impedir que se generen daños a la economía del país, a fin de garantizar al pueblo venezolano el direccionamiento preferente de los recursos económicos disponibles, para los proyectos sociales y la generación de la infraestructura necesaria que permitan el mejoramiento de su calidad de vida, aún en condiciones de estado de emergencia económica, formalmente declarado y vigente,

CONSIDERANDO

Que el Estado debe asegurar a las venezolanas y venezolanos el disfrute de sus derechos e igualmente, reducir los efectos de la inflación inducida y de la especulación y contrarrestar los problemas que afectan gravemente el equilibrio económico financiero del país,

CONSIDERANDO

Que a los fines de materializar la ejecución de los proyectos enmarcados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, se requiere financiar y transferir los recursos necesarios que permitan la continuidad de las políticas sociales, obras de infraestructuras, adquisición de bienes y servicios y el fortalecimiento de la industria nacional, a fin de garantizar el vivir bien de las venezolanas y los venezolanos.

DICTO El siguiente, DECRETO N° 03 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO.

Artículo 1°. Se autoriza la distribución de recursos adicionales con cargo al presupuesto de egresos del CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO, por la cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 13.946.657.576), los cuales serán transferidos al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), destinados para la ejecución de proyectos de fortalecimiento institucional y de inversión en las gobernaciones y alcaldías. Artículo 2°. Los recursos para financiar los gastos a que se refiere este Decreto, provienen de Otros Ingresos Extraordinarios, debidamente certificados por la Tesorería Nacional. Artículo 3°. La distribución de los recursos a los que se refiere el artículo 1° de este Decreto, se realizará según la siguiente imputación presupuestaria:

CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO Bs. 13.946.657.576 Proyecto: 0639999000 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados"

"

13.946.657.576 Acción Específica: 0639999001 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos del Ente Fondo de Compensación Interterritorial"

"

13.946.657.576 Partida: 4.07 "Transferencias y donaciones"

"

13.946.657.576 - Otras Fuentes Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Específica:

03.03.02

"Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales"

"

13.946.657.576 A0249 Fondo de Compensación Interterritorial "

13.946.657.576

Artículo 4°. El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas y el Director Ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno, quedan encargados de la ejecución de este Decreto. Artículo 5°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)

Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros (L.S.)

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.)

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

página original (tal como se publicó)Página 5 de la Gaceta

Página 6

445.114 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 17 de enero de 2019 Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.)

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.)

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.)

JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.)

SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO

Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.)

TARECK EL AISSAMI

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (L.S.)

WILLIAN ANTONIO CONTRERAS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (L.S.)

YOMANA KOTEICH KHATIB Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, (L.S.)

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.)

MAYELIN RAQUEL ARIAS

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.)

DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)

LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.)

STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.)

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.)

VÍCTOR HUGO CANO PACHECO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.)

CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ

Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.)

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)

CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA

Refrendado La Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas (L.S.)

EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.)

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.)

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.)

GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.)

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.)

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.)

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI

Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (L.S.)

HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.)

ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.)

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Transporte (L.S.)

HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ

Refrendado La Ministra del Poder Popular de Obras Públicas (L.S.)

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.)

LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.)

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

página original (tal como se publicó)Página 6 de la Gaceta

Página 7

Jueves 17 de enero de 2019 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 445.115

Decreto N° 3.743 17 de enero de 2019

NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el numeral 4 del artículo 2° del Decreto N° 3.736 de fecha 11 de enero de 2019, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, en concordancia con los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO Que en el marco del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, se requiere realizar erogaciones no previstas en el Presupuesto Anual, con cargo al Tesoro Nacional, que permitan enfrentar la situación excepcional hasta alcanzar el restablecimiento del orden financiero nacional,

CONSIDERANDO

Que es obligación y firme compromiso del Gobierno Revolucionario impedir que se generen daños a la economía del país, a fin de garantizar al pueblo venezolano el direccionamiento preferente de los recursos económicos disponibles, para los proyectos sociales y la generación de la infraestructura necesaria que permitan el mejoramiento de su calidad de vida, aún en condiciones de estado de emergencia económica, formalmente declarado y vigente,

CONSIDERANDO

Que el Estado debe asegurar a las venezolanas y venezolanos el disfrute de sus derechos e igualmente, reducir los efectos de la inflación inducida y de la especulación y contrarrestar los problemas que afectan gravemente el equilibrio económico financiero del país,

CONSIDERANDO

Que a los fines de materializar la ejecución de los proyectos enmarcados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, se requiere financiar y transferir los recursos necesarios que permitan la continuidad de las políticas sociales, obras de infraestructuras, adquisición de bienes y servicios y el fortalecimiento de la industria nacional, a fin de garantizar el vivir bien de las venezolanas y los venezolanos.

DICTO El siguiente, DECRETO N° 04 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ.

05.01.01 Situado Estadal " 8.994.345.738 E5000 Distrito Capital " 535.813.274 E5100 Estado Amazonas " 146.213.372 E5200 Estado Anzoátegui " 456.147.377 E5300 Estado Apure " 223.264.879 E5400 Estado Aragua " 492.582.012 E5500 Estado Barinas " 314.082.357 E5600 Estado Bolívar " 429.255.165 E5700 Estado Carabobo " 614.007.519 E5800 Estado Cojedes " 194.434.202 E5900 Estado Delta Amacuro " 158.203.367 E6000 Estado Falcón " 327.525.512 E6100 Estado Guárico " 288.733.205 E6200 Estado Lara " 514.129.578 E6300 Estado Mérida " 340.744.605 E6400 Estado Miranda " 716.419.785 E6500 Estado Monagas " 322.406.896 E6600 Estado Nueva Esparta " 227.628.097 E6700 Estado Portuguesa " 316.511.634 E6800 Estado Sucre " 323.847.466 E6900 Estado Táchira " 370.553.563 E7000 Estado Trujillo " 280.273.520 E7100 Estado Yaracuy " 255.826.716 E7200 Estado Zulia " 948.950.550 E7300 Estado Vargas " 196.791.087 05.01.02 Situado Municipal " 2.248.586.434 E5000 Distrito Capital " 133.953.318 E5001 Municipio Libertador " 133.953.318 E5100 Estado Amazonas " 36.553.343 E5101 Municipio Atures " 15.698.753 E5102 Municipio Alto Orinoco " 4.326.747 E5103 Municipio Atabapo " 3.709.511 E5104 Municipio Autana " 3.464.763 E5105 Municipio Guainía " 2.735.483 E5106 Municipio Manapiare " 3.606.982 E5107 Municipio Río Negro " 3.011.104 E5200 Estado Anzoátegui " 114.036.845 E5201 Municipio Anaco " 7.641.608 E5202 Municipio Aragua " 3.913.391 E5203 Municipio Simón Bolívar " 18.842.397 E5204 Municipio Manuel Ezequiel Bruzual " 3.887.928 E5205 Municipio Carvajal " 3.110.517 E5206 Municipio Juan Manuel Cajigal " 3.254.003 E5207 Municipio Diego Bautista Urbaneja " 3.828.282 E5208 Municipio Pedro María Freites " 6.150.441 E5209 Municipio San José de Guanipa " 5.624.880 E5210 Municipio Guanta " 3.655.162 E5211 Municipio Independencia " 4.539.896 E5212 Municipio Libertad " 3.345.886 E5213 Municipio Francisco de Miranda " 4.709.034 E5214 Municipio José Gregorio Monagas " 4.330.405 E5215 Municipio Fernando de Peñalver " 3.811.158 E5216 Municipio Píritu " 3.418.786 E5217 Municipio Simón Rodríguez " 9.305.659 E5218 Municipio Juan Antonio Sotillo " 11.828.877 E5219 Municipio San Juan de Capistrano " 2.864.657 E5220 Municipio Sir Mc Gregor " 2.976.261 E5221 Municipio Santa Ana " 2.997.617

Artículo 1°. Se autoriza la distribución de recursos adicionales con cargo al presupuesto de egresos del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, por la cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS BOLÍVARES (Bs. 11.242.932.172), destinados a cubrir requerimientos presupuestarios en materia salarial, beneficios laborales y gastos de funcionamiento del Distrito Capital, las Gobernaciones y las Alcaldías. Artículo 2°. Los recursos para financiar los gastos a que se refiere este Decreto, provienen de Otros Ingresos Extraordinarios, debidamente certificados por la Tesorería Nacional. Artículo 3°. La distribución de los recursos a los que se refiere el artículo 1° de este Decreto, se realizará según la siguiente imputación presupuestaria: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Bs.

11.242.932.172 Acción Centralizada:

260004000 Asignaciones Predeterminadas

"

11.242.932.172 Acción Específica: 260004001 Asignación y control de los aportes constitucionales y legales "

11.242.932.172 Partida: 4.07 "Transferencias y donaciones" "

11.242.932.172 (Otros Ingresos) Sub- Partidas Genérica Especifica y Sub-Específicas:

05.01.00

Situado Constitucional

"

11.242.932.172

página original (tal como se publicó)Página 7 de la Gaceta

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445.116 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 17 de enero de 2019 E5300 Estado Apure " 55.816.221 E5301 Municipio Achaguas " 7.648.910 E5302 Municipio Biruaca " 6.832.833 E5303 Municipio Muñoz " 5.537.851 E5304 Municipio Páez " 9.903.916 E5305 Municipio Pedro Camejo " 6.057.825 E5306 Municipio Rómulo Gallegos " 5.554.768 E5307 Municipio San Fernando " 14.280.118 E5400 Estado Aragua " 123.145.504 E5401 Municipio Sucre " 7.359.655 E5402 Municipio Bolívar " 4.491.016 E5403 Municipio Camatagua " 4.626.955 E5404 Municipio Girardot " 17.638.027 E5405 Municipio José Ángel Lamas " 4.288.494 E5406 Municipio José Félix Ribas " 8.750.953 E5407 Municipio Libertador " 7.955.348 E5408 Municipio Santiago Mariño " 11.651.257 E5409 Municipio Mario Briceño Iragorry " 7.294.676 E5410 Municipio San Casimiro " 4.590.438 E5411 Municipio San Sebastián " 4.476.579 E5412 Municipio Santos Michelena " 4.654.469 E5413 Municipio Tovar " 3.818.955 E5414 Municipio Urdaneta " 5.918.132 E5415 Municipio Zamora " 8.922.608 E5416 Municipio José Rafael Revenga " 5.195.581 E5417 Municipio Francisco Linares Alcántara "

7.649.248 E5418 Municipio Ocumare de la Costa de Oro

"

3.863.113 E5500 Estado Barinas " 78.520.590 E5501 Municipio Alberto Arvelo Torrealba " 5.027.080 E5502 Municipio Antonio José de Sucre " 6.822.038 E5503 Municipio Arismendi " 4.764.857 E5504 Municipio Barinas " 21.636.667 E5505 Municipio Bolívar " 5.453.070 E5506 Municipio Cruz Paredes " 4.235.129 E5507 Municipio Ezequiel Zamora " 5.771.682 E5508 Municipio Obispos " 4.931.353 E5509 Municipio Pedraza " 6.638.562 E5510 Municipio Rojas " 4.954.495 E5511 Municipio Sosa " 4.440.027 E5512 Municipio Andrés Eloy Blanco " 3.845.630 E5600 Estado Bolívar " 107.313.792 E5601 Municipio Caroní " 31.074.046 E5602 Municipio Cedeño " 8.046.538 E5603 Municipio El Callao " 5.302.913 E5604 Municipio Gran Sabana " 6.224.771 E5605 Municipio Heres " 17.181.171 E5606 Municipio Piar " 8.693.628 E5607 Municipio Bolivariano Angostura " 7.229.364 E5608 Municipio Roscio " 5.418.149 E5609 Municipio Sifontes " 6.788.159 E5610 Municipio Sucre " 6.273.497 E5611 Municipio Padre Pedro Chien " 5.081.556 E5700 Estado Carabobo " 153.501.880 E5701 Municipio Bejuma " 7.421.638 E5702 Municipio Carlos Arvelo " 11.391.160 E5703 Municipio Diego Ibarra " 8.798.662 E5704 Municipio Guacara " 11.299.264 E5705 Municipio Juan José Mora " 8.122.923 E5706 Municipio Miranda " 6.247.651 E5707 Municipio Montalbán " 6.009.716 E5708 Municipio Puerto Cabello " 11.714.838 E5709 Municipio San Joaquín " 7.305.658 E5710 Municipio Valencia " 33.843.375 E5711 Municipio Libertador " 11.799.682 E5712 Municipio Los Guayos " 10.512.819 E5713 Municipio Naguanagua " 10.329.939 E5714 Municipio San Diego " 8.704.555 E5800 Estado Cojedes " 48.608.551 E5801 Municipio Anzoátegui " 3.899.677 E5802 Municipio Falcón " 9.425.576 E5803 Municipio Girardot " 3.849.871 E5804 Municipio Pao de San Juan Bautista "

4.675.541 E5805 Municipio Ricaurte " 3.661.655 E5806 Municipio Ezequiel Zamora " 10.751.623 E5807 Municipio Tinaco " 5.001.476 E5808 Municipio Lima Blanco " 3.237.664 E5809 Municipio Rómulo Gallegos " 4.105.468 E5900 Estado Delta Amacuro " 39.550.842 E5901 Municipio Tucupita " 17.319.507 E5902 Municipio Antonio Díaz " 9.082.200 E5903 Municipio Casacoima " 7.774.892 E5904 Municipio Pedernales " 5.374.243 E6000 Estado Falcón " 81.881.376 E6001 Municipio Acosta " 2.440.321 E6002 Municipio Bolívar " 1.931.027 E6003 Municipio Buchivacoa " 2.919.364 E6004 Municipio Cacique Manaure " 2.006.439 E6005 Municipio Carirubana " 12.771.792 E6006 Municipio Colina " 3.312.229 E6007 Municipio Dabajuro " 2.672.177 E6008 Municipio Democracia " 2.349.467 E6009 Municipio Falcón " 3.710.055 E6010 Municipio Federación " 2.919.541 E6011 Municipio Jacura " 2.248.417 E6012 Municipio Unión " 2.342.864 E6013 Municipio Los Taques " 3.458.123 E6014 Municipio Mauroa " 2.886.192 E6015 Municipio Miranda " 11.444.576 E6016 Municipio Monseñor Iturriza " 2.596.920 E6017 Municipio Palmasola " 1.823.181 E6018 Municipio Petit " 2.274.173 E6019 Municipio Píritu " 2.140.071 E6020 Municipio San Francisco " 2.020.510 E6021 Municipio Silva " 2.986.275 E6022 Municipio Zamora " 2.977.646 E6023 Municipio Sucre " 1.892.831 E6024 Municipio Tocópero " 1.779.171 E6025 Municipio Urumaco " 1.978.014 E6100 Estado Guárico " 72.183.300 E6101 Municipio Camaguán " 3.402.266 E6102 Municipio Chaguaramas " 2.946.163 E6103 Municipio El Socorro " 3.160.914 E6104 Municipio Leonardo Infante " 8.776.973 E6105 Municipio Las Mercedes " 4.186.234 E6106 Municipio Julián Mellado " 3.753.331 E6107 Municipio Francisco de Miranda " 9.352.873 E6108 Municipio José Tadeo Monagas " 5.942.489 E6109 Municipio Ortiz " 3.539.551 E6110 Municipio José Félix Ribas " 4.215.663 E6111 Municipio Juan Germán Roscio Nieves "

8.450.502 E6112 Municipio Santa María de Ipire " 3.038.712 E6113 Municipio San José de Guaribe " 2.783.359 E6114 Municipio Pedro Zaraza " 5.245.032 E6115 Municipio San Gerónimo de Guayabal "

3.389.238 E6200 Estado Lara " 128.532.395 E6201 Municipio Andrés Eloy Blanco " 8.455.597 E6202 Municipio Crespo " 8.513.221 E6203 Municipio Iribarren " 43.690.041 E6204 Municipio Jiménez " 10.251.811 E6205 Municipio Morán " 11.577.780 E6206 Municipio Palavecino " 12.684.425 E6207 Municipio Simón Planas " 8.156.244 E6208 Municipio Torres " 15.427.105 E6209 Municipio Urdaneta " 9.776.171 E6300 Estado Mérida " 85.186.152 E6301 Municipio Alberto Adriani " 7.740.194 E6302 Municipio Andrés Bello " 2.427.478 E6303 Municipio Antonio Pinto Salinas "

2.896.613 E6304 Municipio Aricagua " 2.180.615 E6305 Municipio Arzobispo Chacón " 2.838.711 E6306 Municipio Campo Elías " 6.137.858 E6307 Municipio Caracciolo Parra Olmedo "

3.187.831 E6308 Municipio Cardenal Quintero " 2.208.901 E6309 Municipio Guaraque " 2.275.384 E6310 Municipio Julio César Salas " 2.392.684 E6311 Municipio Justo Briceño " 2.073.927 E6312 Municipio Libertador " 17.779.111 E6313 Municipio Miranda " 2.810.234 E6314 Municipio Obispo Ramos de Lora " 2.916.198 E6315 Municipio Padre Noguera " 1.908.229 E6316 Municipio Pueblo Llano " 2.165.864 E6317 Municipio Rangel " 2.754.912 E6318 Municipio Rivas Dávila " 2.594.621 E6319 Municipio Santos Marquina " 2.505.323 E6320 Municipio Sucre " 4.475.130 E6321 Municipio Tovar " 3.338.191 E6322 Municipio Tulio Febres Cordero " 3.367.435 E6323 Municipio Zea " 2.210.708 E6400 Estado Miranda " 179.104.945 E6401 Municipio Acevedo " 8.974.747 E6402 Municipio Andrés Bello " 4.650.112 E6403 Municipio Baruta " 11.581.277 E6404 Municipio Brión " 6.458.988 E6405 Municipio Carrizal " 5.558.583 E6406 Municipio Cristóbal Rojas " 7.895.437 E6407 Municipio Buroz " 5.014.442 E6408 Municipio Chacao " 5.777.750 E6409 Municipio Guaicaipuro " 12.615.097 E6410 Municipio El Hatillo " 6.228.212 E6411 Municipio Independencia " 9.011.333 E6412 Municipio Lander " 10.394.854 E6413 Municipio Los Salias " 5.992.583 E6414 Municipio Páez " 6.205.382 E6415 Municipio Paz Castillo " 8.002.004 E6416 Municipio Pedro Gual " 5.636.811 E6417 Municipio Plaza " 10.993.307 E6418 Municipio Simón Bolívar " 5.676.401 E6419 Municipio Sucre " 23.072.997 E6420 Municipio Urdaneta " 9.066.201 E6421 Municipio Zamora " 10.298.427 E6500 Estado Monagas " 80.601.722 E6501 Municipio Acosta " 3.689.759 E6502 Municipio Bolívar " 4.564.604 E6503 Municipio Caripe " 4.405.969 E6504 Municipio Cedeño " 4.585.410 E6505 Municipio Ezequiel Zamora " 5.844.517 E6506 Municipio Libertador " 5.092.939 E6507 Municipio Maturín " 28.557.181 E6508 Municipio Piar " 5.161.167 E6509 Municipio Punceres " 4.136.117 E6510 Municipio Sotillo " 4.093.089 E6511 Municipio Aguasay " 3.757.067 E6512 Municipio Santa Bárbara " 3.314.457 E6513 Municipio Uracoa " 3.399.446 E6600 Estado Nueva Esparta " 56.907.025 E6601 Municipio Antolín del Campo " 4.154.059 E6602 Municipio Arismendi " 4.195.596 E6603 Municipio Díaz " 6.788.097 E6604 Municipio García " 6.416.058 E6605 Municipio Gómez " 4.865.446

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Jueves 17 de enero de 2019 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 445.117 E6606 Municipio Maneiro " 5.062.625 E6607 Municipio Marcano " 4.560.735 E6608 Municipio Mariño " 8.149.544 E6609 Municipio Península de Macanao " 4.679.455 E6610 Municipio Tubores " 5.003.823 E6611 Municipio Villalba " 3.031.587 E6700 Estado Portuguesa " 79.127.909 E6701 Municipio Agua Blanca " 3.566.796 E6702 Municipio Araure " 9.350.596 E6703 Municipio Esteller " 4.729.574 E6704 Municipio Guanare " 12.014.458 E6705 Municipio Guanarito " 5.099.322 E6706 Municipio Monseñor José Vicente de Unda "

3.674.683 E6707 Municipio Ospino " 5.107.507 E6708 Municipio Páez " 10.710.638 E6709 Municipio Papelón " 3.820.774 E6710 Municipio San Genaro de Boconoíto "

3.892.159 E6711 Municipio San Rafael de Onoto "

3.459.331 E6712 Municipio Santa Rosalía " 3.641.693 E6713 Municipio Sucre " 4.377.418 E6714 Municipio Turén " 5.682.960 E6800 Estado Sucre " 80.961.866 E6801 Municipio Andrés Eloy Blanco " 3.796.926 E6802 Municipio Andrés Mata " 3.483.437 E6803 Municipio Arismendi " 4.673.692 E6804 Municipio Benítez " 4.758.509 E6805 Municipio Bermúdez " 8.645.118 E6806 Municipio Bolívar " 3.500.718 E6807 Municipio Cajigal " 3.534.641 E6808 Municipio Cruz Salmerón Acosta " 4.258.762 E6809 Municipio Libertador " 2.970.331 E6810 Municipio Mariño " 3.611.036 E6811 Municipio Mejía " 3.187.951 E6812 Municipio Montes " 5.322.176 E6813 Municipio Ribero " 5.392.994 E6814 Municipio Sucre " 19.348.894 E6815 Municipio Valdez " 4.476.681 E6900 Estado Táchira " 92.638.390 E6901 Municipio Andrés Bello " 2.292.597 E6902 Municipio Ayacucho " 3.923.134 E6903 Municipio Bolívar " 3.876.688 E6904 Municipio Cárdenas " 6.240.803 E6905 Municipio Córdoba " 2.986.201 E6906 Municipio Fernández Feo " 3.725.898 E6907 Municipio García de Hevia " 3.966.545 E6908 Municipio Guásimos " 3.174.059 E6909 Municipio Independencia " 2.917.490 E6910 Municipio Jáuregui " 3.262.061 E6911 Municipio Junín " 4.811.654 E6912 Municipio Libertad " 2.572.451 E6913 Municipio Libertador " 2.818.788 E6914 Municipio Lobatera " 2.087.277 E6915 Municipio Michelena " 2.252.850 E6916 Municipio Panamericano " 2.926.676 E6917 Municipio Pedro María Ureña " 3.599.317 E6918 Municipio Samuel Darío Maldonado " 2.409.131 E6919 Municipio San Cristóbal " 11.694.103 E6920 Municipio Seboruco " 1.952.414 E6921 Municipio Sucre " 1.932.727 E6922 Municipio Uribante " 2.884.927 E6923 Municipio José María Vargas " 1.988.566 E6924 Municipio Antonio Rómulo Costa " 1.940.829 E6925 Municipio Francisco de Miranda " 1.728.364 E6926 Municipio Rafael Urdaneta " 1.775.123 E6927 Municipio Simón Rodríguez " 1.565.861 E6928 Municipio Torbes " 3.452.429 E6929 Municipio San Judas Tadeo " 1.879.427 E7000 Estado Trujillo " 70.068.379 E7001 Municipio Boconó " 6.325.073 E7002 Municipio Candelaria " 3.089.635 E7003 Municipio Carache " 3.299.966 E7004 Municipio Escuque " 2.961.180 E7005 Municipio Miranda " 2.788.590 E7006 Municipio Monte Carmelo " 2.446.032 E7007 Municipio Motatán " 3.147.125 E7008 Municipio Pampán " 4.358.695 E7009 Municipio Rafael Rangel " 2.761.259 E7010 Municipio San Rafael de Carvajal " 4.221.895 E7011 Municipio Sucre " 3.206.232 E7012 Municipio Trujillo " 4.559.626 E7013 Municipio Urdaneta " 3.384.765 E7014 Municipio Valera " 8.656.350 E7015 Municipio Andrés Bello " 2.535.196 E7016 Municipio Bolívar " 2.452.095 E7017 Municipio Juan Vicente Campo Elías "

1.913.648 E7018 Municipio José Felipe Márquez Cañizalez "

2.146.773 E7019 Municipio La Ceiba " 2.708.659 E7020 Municipio Pampanito " 3.105.585 E7100 Estado Yaracuy " 63.956.680 E7101 Municipio Bolívar " 4.136.120 E7102 Municipio Bruzual " 5.782.936 E7103 Municipio José Antonio Páez " 3.124.187 E7104 Municipio Nirgua " 5.957.297 E7105 Municipio Peña " 7.494.530 E7106 Municipio San Felipe " 8.440.388 E7107 Municipio Sucre " 3.099.377 E7108 Municipio Urachiche " 3.260.152 E7109 Municipio Arístides Bastidas " 3.156.725 E7110 Municipio Cocorote " 4.331.380 E7111 Municipio Independencia " 5.174.464

Artículo 4°. Los Ministros del Poder Popular de Economía y Finanzas y, para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quedan encargados de la ejecución de este Decreto.

Artículo 5°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)

Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros (L.S.)

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.)

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.)

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.)

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

E7112 Municipio La Trinidad " 2.946.056 E7113 Municipio Manuel Monge " 3.030.151 E7114 Municipio Veroes " 4.022.917 E7200 Estado Zulia " 237.237.637 E7201 Municipio Almirante Padilla " 5.533.141 E7202 Municipio Baralt " 8.517.054 E7203 Municipio Cabimas " 13.681.962 E7204 Municipio Catatumbo " 7.585.007 E7205 Municipio Colón " 9.925.652 E7206 Municipio Jesús Enrique Lossada " 9.698.473 E7207 Municipio La Cañada de Urdaneta " 8.320.946 E7208 Municipio Lagunillas " 12.322.286 E7209 Municipio Mara " 12.432.284 E7210 Municipio Maracaibo " 51.309.368 E7211 Municipio Miranda " 8.778.693 E7212 Municipio Indígena Bolivariano Guajira "

7.988.535 E7213 Municipio Machiques de Perijá "

11.134.862 E7214 Municipio Rosario de Perijá " 8.772.549 E7215 Municipio Santa Rita " 7.234.883 E7216 Municipio Sucre " 7.207.236 E7217 Municipio Valmore Rodríguez " 7.091.074 E7218 Municipio Francisco Javier Pulgar " 6.360.981 E7219 Municipio Jesús María Semprún " 7.497.930 E7220 Municipio San Francisco " 19.153.345 E7221 Municipio Simón Bolívar " 6.691.376 E7300 Estado Vargas " 49.197.772 E7301 Municipio Vargas " 49.197.772

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445.118 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 17 de enero de 2019 Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.)

JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.)

SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO

Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.)

TARECK EL AISSAMI

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (L.S.)

WILLIAN ANTONIO CONTRERAS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (L.S.)

YOMANA KOTEICH KHATIB Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, (L.S.)

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.)

MAYELIN RAQUEL ARIAS

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.)

DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)

LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.)

STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.)

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.)

VÍCTOR HUGO CANO PACHECO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.)

CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.)

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)

CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA

Refrendado La Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas (L.S.)

EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.)

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.)

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.)

GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.)

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.)

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.)

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI

Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (L.S.)

HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.)

ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.)

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Transporte (L.S.)

HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ

Refrendado La Ministra del Poder Popular de Obras Públicas (L.S.)

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.)

LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.)

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 208°, 159° y 19° 003 1 6 ENE 2019 N° FECHA:

RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉsToR LUIS REVERoL TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405 de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957, de la misma fecha, ratificado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confieren los artículos 65 y 78 numerales 2, 12, 13 y 19 del Decreto No 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014; y en cumplimiento de la obligación de publicidad establecida en el artículo 121 eiusdem, RESUELVE Artículo 1. Se ordena publicar en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el listado de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con indicación del monto de la participación accionaria de la empresa del Estado, y de la conformación del patrimonio, en los casos de los institutos públicos, institutos autónomos y fundaciones del Estado, a fin de dar cumplimiento a la obligación de publicidad ordenada en el referido artículo 121 del Decreto Nº 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública:

Ente Monto de la Participación / Código Descentralizado Conformación del Patrimonio Patrimonio de Bs.

557.161.829,64 al 31/12/2018.

Corporación de La participación accionaria de la República Servicios de Bolivariana de Venezuela, por órgano del Vigilancia y Ministerio del Poder Popular para Relaciones Seguridad, S.A.

Interiores, Justicia y Paz, es del cien por A0267 (CORPOSERVICA) ciento (100%), mediante la suscripción de RIF G-20010208-0 cien (100) acciones nominativas de Bs.

1.000,00 cada una, para un total de cien mil (GORBV N° 39.921 bolívares (Bs. 100.000,00) de Capital Social del 14/05/2012) de esta Empresa del Estado.

Patrimonio de Bs. 2.311.115,01 al 31/12/2018, conformado por:

1. Los aportes ordinarios provenientes de la Ley de Presupuesto y los extraordinarios asignados por el Ejecutivo Nacional.

2. Los bienes, derechos y acciones de naturaleza cualquier transferidos, adscritos o asignados por el Ejecutivo Fundación Nacional.

Venezolana para 3. Los ingresos provenientes de su gestión.

la Prevención y 4. Las donaciones, legados, aportes, Tratamiento del subvenciones y demás liberalidades que Consumo de reciba de personas naturales y jurídicas, Drogas nacionales y extranjeras, de carácter (FUNDAPRET) público o privado, previa autorización del A0229 RIF G-20008022-1 órgano de adscripción.

5. Los bienes o ingresos propios que Reforma del Acta obtenga por colocación e inversiones Constitutiva lícitas financieras y económicas.

Estatutaria (GORBV 6. Los beneficios que obtenga en la gestión Nº 41.549, de fecha de los planes, programas y proyectos de 19 de diciembre de financiamiento e inversión dirigidos a las 2018) políticas de prevención y reinserción promovidas Oficina Nacional por la Antidrogas Fondo el Nacional y Antidrogas.

7. Las encomiendas de gestión.

8. Otros aportes, ingresos o bienes que se destinen al cumplimiento de su objeto, adquiridos por cualquier otro título.

27.683.492,76 al Patrimonio de Bs.

31/12/2018, conformado por:

Fundación Gran 1. El aporte inicial del cien por ciento Misión A Toda (100%) asignado por la República Vida Venezuela Bolivariana de Venezuela, por órgano del RIF G-20010273-0 Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

A0270 Reforma del Acta 2. Los aportes ordinarios provenientes de la Constitutiva Ley de Presupuesto y los extraordinarios Estatutaria (GORBV que le sean asignados por órgano del N° 40.738, de fecha Ministerio del Poder Popular para 3 de septiembre de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

2015) 3. Los bienes, derechos y acciones de cualquier naturaleza que le sean transferidos, adscritos o asignados por el Ejecutivo Nacional.

4. Los bienes e ingresos provenientes de su gestión.

5. Lasdonaciones, legados, aportes, subvenciones y demás liberalidades que reciba de personas naturales y jurídicas nacionales y de carácter público o privado, previa autorización del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

6. Los bienes o ingresos propios que obtenga por colocaciones e inversiones licitas financieras y económicas.

7. Las encomiendas de gestión.

8. Otros aportes, ingresos o bienes que se destinen al cumplimiento de su objeto, adquiridos por cualquier otro título.

9. Cualquier otro asignado por leyes especiales.

Bs. 7.525.023,11 Patrimonio de al 31/12/2018, conformado por:

1. El aporte de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Fundación Misión 2. Los bienes muebles aportados por Identidad Petróleos de Venezuela, S.A.

RIF G-20004820-4 3. Los aportes que se le asignen en la Ley de A0423 Presupuesto.

Decreto N° 3.654 4. Las donaciones y aportes que reciba de (GORBV N° 38.188, personas naturales, instituciones públicas de fecha 17 de o privadas, nacionales o extranjeras.

mayo de 2005) 5. Los bienes o ingresos propios que obtenga por colocaciones financieras y económicas y por actividades propias.

6. Los demás ingresos que adquiera por cualquier otro título.

Fundación Fondo Patrimonio de Bs. 14.670.962,71 al Administrativo de 31/12/2018, conformado por:

A1605 Salud para el 1. El aporte inicial de cien por ciento (100%) Ministerio del de los bienes muebles e inmuebles, que le sean transferidos.

Poder Popular 2. Las para Relaciones asignaciones modificadas Interiores y los de provenientes recursos Justicia, de sus originalmente aprobados en la Ley de órganos y entes Presupuesto.

3. Los aportes provenientes de la Ley de adscritos (FASMIJ) Presupuesto y los aportes extraordinarios RIF G-20009781-7 que le asigne el Ejecutivo Nacional.

4. Los bienes, derechos y acciones de Acta Constitutiva y cualquier naturaleza, transferidos, adscritos o asignados por el Ejecutivo Estatutos Sociales (GORBV N° 39.647, Nacional.

5. Los bienes o ingresos provenientes de su de fecha 1° de abril gestión.

de 2011, con 6. Donaciones, reforma estatutaria legados, aportes, subvenciones y demás liberalidades que publicada en GORBV Nº 39.886, de fecha reciba de personas naturales o jurídicas 19 de marzo de nacionales y extranjeras, de carácter 2012) público o privado.

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Patrimonio

27.952.978,97 al de 31/12/2018, conformado por:

1. Los bienes muebles inmuebles, 0 pertenecientes las siguientes a Instituciones: Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC), Instituto Universitario de Policía Metropolitana (IUPM), Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (IUNEP), Instituto Universidad Universitario de Tecnología Bomberil Nacional (IUTB); Escuela de Vigilancia de Tránsito y Experimental de Transporte Terrestre; Escuela de Agentes la Seguridad de la Policía Metropolitana (EFAP); Escuela (UNES) A1358 Policial Nororiental e Insular Barcelona, RIF G-20009211-4 Estado Anzoátegui; Escuela de Policía Regional Central y de los Llanos, Maracay, (GORBV N° 39.120, Estado Aragua; Escuela de Policía Región de fecha 13 de los Andes Barinas, Estado Barinas;

febrero de 2009) Escuela de Policía Región Zulia, Maracaibo, Estado Zulia; Escuela de Policía Región Guayana, Estado Bolívar;

Escuela de Policía Región Centro - Occidental, Barquisimeto, Estado Lara, los cuales serán incorporados progresivamente conforme lo a establecido en su decreto de creación.

2. Los aportes ordinarios que le asigne la Ley de Presupuesto, los recursos y aportes hechos por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y los otorgados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

3. Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios a terceros de acuerdo a la normativa legal vigente y a su especial función de utilidad pública.

4. Las donaciones o aportes que reciba de las instituciones, de carácter público o privado, nacionales o extranjeras.

5. Los recursos provenientes de la ejecución de Convenios Interinstitucionales, sean éstos nacionales o internacionales.

Instituto Patrimonio de Bs. 32.979.792,99 al Autónomo de 31/12/2018, conformado por:

Previsión Social del Cuerpo de 1. Los aportes realizados por el Estado, Investigaciones según lo correspondiente en la Ley de Científicas, Presupuesto.

Penales y 2. Las cotizaciones ordinarias y los aportes Criminalísticas extraordinarios de los afiliados.

(IPSOPOL) 3. Cualesquiera otros valores o bienes que A0054 RIF G-20003667-2 obtenga o se le atribuyan.

4. Los aportes del Patrimonio de la Caja de Ley de Policía de Ahorros y Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, si así fuere acordado por Penales (G.O. N° 5.262 ella.

Extraordinario, de 5. Los demás ingresos provenientes de las fecha 11 de actividades propias del Instituto.

septiembre de 1998) Instituto Nacional Patrimonio de Bs.

618.954,75 al 31/12/2018, conformado por:

Contra la Discriminación 1. Los recursos asignados en la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal Racial (INCODIR) RIF G-20010776-6 correspondiente.

A0538 2. Los aportes extraordinarios que le acuerde Ley Orgánica Contra el Ejecutivo Nacional.

3. Los ingresos provenientes de su gestión.

la Discriminación Racial (GORBV N° 4. Las inversiones, aportes, donaciones y 39.823, de fecha 19 legados que reciba de personas naturales de diciembre de o jurídicas, públicas o privadas, de 2011) conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial.

5. Los bienes, derechos u obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera en la realización de sus actividades.

Fundación

22.221.809,57 Patrimonio Bs.

de Venezolana de 31/12/2018, conformado por:

Investigaciones Sismológicas 1. Las cantidades que asigne la Nación (FUNVISIS) Venezolana a través del organismo que Ejerza la tutela.

RIF G-20007752-2 2. Los ingresos provenientes de los servicios Acta Constitutiva y que realice.

3. Las contribuciones y donaciones que Estatutos inscritos bajo el No 44, Tomo reciba.

A0363 3, Protocolo 1°, 4. Los demás bienes que adquiera por folios 155 al 157, de cualquier título.

fecha de 5 diciembre de 1972, última con una reforma inscrita el 16 de marzo de 2001, bajo el No 9, Tomo 20, Protocolo 1°).

Patrimonio de Bs.

1.586.164,37 al 31/12/2018, conformado por:

1. Los bienes muebles e inmuebles y todos Instituto Nacional los derechos y acciones que el Ministerio de Meteorología e con competencia en materia ambiental le Hidrología transfiera.

(INAMEH) 2. Los recursos que le sean asignados dentro RIF G-20008233-0 de la Ley de Presupuesto de cada ejercicio fiscal y los recursos extraordinarios que le A1314 Ley de Meteorología apruebe el Ejecutivo Nacional.

e Hidrología 3. Los derechos y acciones que adquiera el Nacional (GORBV N° Instituto por cualquier acto jurídicamente 5.833 válido.

Extraordinario, de

4.Los recursos que se obtengan de la fecha 22 de gestión de sus actividades especializadas.

diciembre de 2006) 5. Los demás ingresos que reciba, permitidos por la ley.

Artículo 2. La publicación anterior se efectúa con base a cifras preliminares de los estados financieros suministrados por los entes adscritos, por encontrarse en proceso de ajustes contables, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la Providencia Administrativa Conjunta Nro. 026-17-001/2017-004/17-008, que regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico Financiero de la República y sus Entes Descentralizados Funcionalmente, dictada en fecha 12 de septiembre de 2017 por la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina Nacional del Tesoro y la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.245, de fecha 27 de septiembre de 2017, que obliga a los entes descentralizados funcionalmente de la República a remitir a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública los Estados Financieros definitivos, dentro del primer trimestre del ejercicio económico financiero siguiente al cierre.

Artículo 3. Mediante Resolución N° 165, de fecha 5 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.477 del 7 de septiembre de 2018, se dio por concluido el Proceso de Supresión y Liquidación de la Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana orden presidencial impartida mediante el Decreto N° 955, de fecha 6 de mayo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.406, de fecha 7 de mayo de 2014, con última prórroga otorgada mediante el Decreto N° 3.104 del 13 de octubre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.256, de la misma fecha.

Artículo 4. Mediante Decreto N° 3.697, de fecha 5 de diciembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.539, de la misma fecha, se adscribe al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH).

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, TOR LIS REVEROL TORRES Ministro de PodePopular ara Relaciones Interiores, Justicia y Paz MINISTRO

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM NO015 1 5 ENE 2N19 Caracas, 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El ciudadano, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gacetà Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.419 de esa misma fecha, siguiendo las instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 y en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 78, numeral 19 del Decreto N° 1.424, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, y en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.217 del 30 de julio de 2013.

RESUELVE

PRIMERO. Cesar a la ciudadana Leiff Liubliana Escalona Barrueta, titular de la cédula de identidad N° V-13.515.178, en funciones como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante Santa Lucía.

SEGunDo. El referido cese surtirá efecto a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y Publíqu

MONTSERRAT JORGE ALBERTO ARREAZA MINISTRO

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM N° 019 Caracas, 1 5 ENE 2019 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El ciudadano, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.419 de esa misma fecha, siguiendo las instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 y en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 78, numeral 19 del Decreto N° 1.424, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.217 del 30 de julio de 2013.

RESUELVE

PRIMERo. Cesar, al ciudadano Augusto Vladimir Montiel Medina, titular de la cédula de identidad N° V-5.309.226, en funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante la República de la India.

SEGunDo. El referido cese surtirá efecto transcurridos treinta (30) días de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y Publ se,

JORGE ALBERTO ARREAZAMONTSEI MINISTRO

página original (tal como se publicó)Página 13 de la Gaceta

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM N° 0 1 8 Caracas, 1 5 ENE 2019 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El CiudadanO JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha de conformidad con lo previsto en los artículos 34, 37, 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficia) Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17. de noviembre de 2014, en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, en virtud de la cual se mantiene vigente los artículos 7 y 58 de la Ley de Servicio Exterior, y en atención a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 del 12 de agosto de 2005.

RESUELVE

PRIMERo. Encargar a la ciudadana Karla del Valle Fermín Jiménez, titular de la cédula de identidad N° V-12.460.479, la gestión de la Unidad Administradora N° 41319, correspondiente a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante Santa Lucía.

sEGunDo. Se le atribuye a la ciudadana en mención, la suscripción de los contratos de arrendamientos destinados al cumplimiento de las funciones de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante Santa Lucía, bajo las normas tendentes a la eliminación de los gastos suntuarios, y previo cumplimiento de las formalidades respectivas.

TERcERo. El presente acto administrativo entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado.

Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

JORGE ALBERTO ARREAZAMONTSERR MINISTRO

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM N° 0 2 2 Caracas, 1 5 ENE 2019 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El CiudadanO JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha de conformidad con lo previsto en los artículos 34, 37, 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, en virtud de la cual se mantiene vigente los artículos 7 y 58 de la Ley de Servicio Exterior, y en atención a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 del 12 de agosto de 2005.

RESUELVE

PRIMERo. Encargar a la ciudadana Coromoto Godoy Calderón, titular de la cédula de identidad N° V-6.910.263, la gestión de la Unidad Administradora N° 44109, correspondiente a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante la República de la India.

sEGunDo. Se le atribuye a la ciudadana en mención, la suscripción de los contratos de arrendamientos destinados al cumplimiento de las funciones de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante la República de la India, bajo las normas tendentes a la eliminación de los gastos suntuarios, y previo cumplimiento de las formalidades respectivas.

TERcERo. El presente acto administrativo entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado.

Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y Publíqu

JORGE ALBERTO ARREAZA MONSERR MINISTRO

página original (tal como se publicó)Página 14 de la Gaceta

Página 15

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM No 0 17 Caracas, 15 ENE 2019 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El ciudadano, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 del 02 de agosto de 201.7, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha, siguiendo las instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 y en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 78, numeral 19 del Decreto N° 1.424, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la

Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014.

RESUELVE

PRIMERO. Designar, a la ciudadana Karla del Valle Fermín Jiménez, titular de la cédula de identidad N° V-12.460.479, como .

Jefe de Misión, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante Santa Lucía.

SEGunDo. La referida designación entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado.

Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y Publíquese

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT MINISTRO

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM N° 02 1 Caracas, 1 5 ENE 2019 208° / 159°/ 190 RESOLUCIÓN El ciudadano, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha, siguiendo las instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 y en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 78, numeral 19 del Decreto N° 1.424, mediante el cuai se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014.

RESUELVE

PRIMERo. Designar, a la ciudadana Coromoto Godoy Calderón, titular de la cédula de identidad N° V-6.910.263, como Jefe de Misión, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante la República de la India.

sEGunDo. La referida designación entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado.

Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y Publíq

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT MINISTRO

página original (tal como se publicó)Página 15 de la Gaceta

Página 16

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM N° 0 2 3 Caracas, 1 5 ENE 2n1Q 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El ciudadano, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha, siguiendo las instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 y en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 78, numeral 19 del Decreto N° 1.424, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014.

RESUELVE

PRIMERo. Designar, al ciudadano Alejandro Israel Correa Ortega, titular de la cédula de identidad N° V-8.748.566, como Jefe de Misión, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante la República de Senegal.

sEGunDo. La referida designación entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado.

Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y Purúiquese,

JORGE ALBERTO ARREAZAMONTSÊRRAT MINISTRO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario

RESOLUCIÓN

NÚMERO: 083.18 Caracas, 1 de Noviembre de 2018 208°, 159° y 19°

Visto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 55 que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Órganos colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado, por tanto esta Superintendencia, establecerá Acuerdos de Cooperación con los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia contemplados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a fin de implementar los procedimientos mediante los cuales la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), recibirá los Reportes de Actividades Sospechosas y otra información periódica necesaria para realizar los análisis e investigación administrativa que se requieran.

Visto que la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012 establece, entre otros, que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario es un ente de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Visto que los artículos 35 y 53 de la Ley Orgánica antes identificada tipifica la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo como delitos y establecen las penas que corresponden a cada uno de ellos.

Visto que el artículo 153 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.557 de fecha 8 de diciembre de 2014, faculta a esta Superintendencia a efectuar la inspección, supervisión, vigilancia, regulación, control y sanción de las instituciones del sector bancario con el objeto de proteger los intereses del público.

Visto que el numeral 15 del artículo 171 del Decreto Ley in comento le atribuye a este Ente Supervisor la facultad de dictar normas prudenciales necesarias para regular los aspectos en materia de prevención y control de las operaciones relacionadas con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Visto que el citado Decreto Ley señala en la disposición transitoria quinta que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), depende actualmente de este Organismo, quien ejecutará sus actividades dentro de ésta, hasta tanto adecue su naturaleza jurídica conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo e inicie operaciones formalmente.

Visto que la normativa prudencial emanada de esta Superintendencia es de estricta observancia para todos los sujetos obligados y tiene como finalidad lograr la solidez del sistema bancario nacional.

Visto que los entes regulados por este Organismo son susceptibles de ser utilizados por personas que realicen actividades ilícitas relacionadas con los delitos de delincuencia organizada, debido a que existen diversas operaciones, productos y servicios bancarios, que pueden servir de instrumento para la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, lo cual vulnera los procesos económicos, políticos y sociales del país y de dichas Instituciones, afectando su credibilidad y legitimidad en el contexto nacional e internacional; así como, los valores éticos, y morales y su propia solvencia, la de sus accionistas, administradores, directores y empleados.

Visto que existe la necesidad de ajustar la normativa prudencial referente a la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo que aplica para las Instituciones que conforman el Sector Bancario Nacional; a los fines de adaptarla a las nuevas tendencias, recomendaciones, estándares y mejores prácticas internacionales, así como, los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, con el objeto de darle un enfoque que permita mayor efectividad en la prevención, control y detección de los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y los riesgos legales, operacionales, de reputación y contagio que de ellos se derivan.

En virtud de lo anterior, este Organismo de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en concordancia con los numerales 8, 9, 15 y 18 del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, resuelve dictar las siguientes:

NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1: La presente Resolución tiene por objeto establecer y unificar las normas, procedimientos y controles que como mínimo deben adoptar, desarrollar y ejecutar los Sujetos Obligados para prevenir la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, tomando en cuenta su nivel de riesgo, determinado con base a sus respectivas evaluaciones asociadas a estructuras, clientes, negocios, productos, servicios, canales de distribución, mercados y jurisdicciones donde operan, con el fin de mitigar el riesgo, que sus transacciones sean utilizadas como mecanismos para legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas o financiar tanto el terrorismo como la proliferación de armas de destrucción masiva.

Artículo 2: La presente norma está dirigida a las instituciones del Sector Bancario señaladas en el artículo 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, sometidas a la inspección, supervisión, vigilancia, regulación, control y sanción de esta Superintendencia; asimismo, se incluyen aquellas Instituciones que a la entrada en vigencia de la presente Resolución se encuentren en proceso de transformación o fusión de conformidad con el citado Decreto Ley.

Artículo 3: El Sujeto Obligado debe establecer las políticas, procedimientos y mecanismos internos de prevención y control aquí señaladas; así como, demostrar que las han implementado y puesto en práctica, cuando les sea requerido por este Organismo.

Cada Sujeto Obligado será responsable de hacer los ajustes necesarios, en atención a la ponderación de sus propios riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Alto, Moderado y Bajo, a fin de desarrollar una adecuada, eficiente y eficaz gestión a objeto de mitigar los.

Artículo 4: Esta Superintendencia podrá instruir al Sujeto Obligado, en cuanto a:

1. La metodología para evaluar los citados riesgos.

2. El resultado de la evaluación del nivel de riesgo de la Institución.

3. Determinar el nivel de riesgo en particular, que se haya establecido para las diferentes zonas geográficas, clientes, productos o servicios, implementados o por implementar, empleados o canales de distribución.

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Artículo 5: A los efectos de estas normas los términos indicados en este artículo, tanto en mayúscula como en minúscula, singular o plural, masculino o femenino, tendrán los siguientes significados:

Actividad Sospechosa: Aquella operación inusual, no convencional, compleja, a.

en tránsito o estructurada, que después de analizada, se presuma que involucra fondos derivados de una actividad ilegal, o se ha conducido o intentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades ilegales para violar una ley o reglamento contra legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, o evitar los requisitos de reporte a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Además de operaciones financieras, incluye también las actividades realizadas o intentos de realizarla por parte de los clientes, sobre las cuales el Sujeto Obligado, después de examinar los hechos, antecedentes y su posible propósito, no tiene una explicación razonable que la justifique.

b.

Armas de Destrucción Masiva: Son aquellas armas diseñadas para matar a una gran cantidad de personas, dirigidas tanto a civiles como a militares. Estas armas no se utilizan generalmente en un objetivo muy específico, sino más bien sobre un área extendida más allá del radio de una milla, con efectos devastadores en las personas, infraestructura y medio ambiente; tales como, las armas nucleares, biológicas y las químicas.

Banca Virtual: Es el conjunto de servicios financieros prestados por los Sujetos C.

Obligados, beneficiándose de las bondades y ventajas del intercambio de datos, manera directa y en tiempo real, las operaciones financieras que tradicionalmenite suponen la realización de llamadas telefónicas o movilizaciones de los usuarios a las oficinas, sucursales o agencias de la Institución.

Cliente: Toda persona natural o jurídica que contrata productos y/o servicios d.

financieros de una Institución.

Cliente ocasional: Aquella persona que de acuerdo con las políticas internas e.

implementadas por el Sujeto Obligado realice una o varias operaciones con éste;

por ejemplo: compra de moneda extranjera, cheques de gerencia, transferencia en moneda nacional o extranjera.

Cliente Usual: Aquella persona que mantenga con el Sujeto Obligado, alguno de f.

los instrumentos indicados en la Tabla Tipo de Instrumento, contenida en el Manual de Especificaciones Técnicas emitido por esta Superintendencia.

Para las Casas de Cambio y los Operadores Cambiarios Fronterizos los clientes usuales serán aquellos que hayan efectuado como mínimo durante un mes calendario, tres (3) operaciones de cambio que en forma individual o acumulada igual en o superen los Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000,o0) o su equivalente en otras divisas, siempre que dicho monto y frecuencia mensual se realice durante tres meses continuos.

Cuenta Anidada o Pagadera (Cuentas "PTA" o "Payable Through g.

Account"): Es una cuenta abierta en una Institución Bancaria que permite a sus clientes realizar directamente o indirectamente a través de otra cuenta actividades bancarias y operaciones desde el país donde se apertura a otro país.

Corresponsales no Bancarios: Personas jurídicas y personas naturales h.

constituidas en firmas personales, cuyas actividades económicas se encuentran enmarcadas en el sector comercial o de servicios y que han acordado con Instituciones Bancarias, mediante contrato suscrito al efecto, la posibilidad de servir de canales de distribución de servicios financieros hacia los usuarios y usuarias, a nombre y por cuenta de tales Instituciones.

Factor de Riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al i.

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva: Es toda circunstancia o situación que aumenta la probabilidad que el delictiva. Estos factores generadores de riesgo permiten identificar, analizar y diseñar la matriz de riesgo y los agentes que lo generan, entre los cuales se encuentran:

i.1 Clientes, usuarios y usuarias.

i.2 Producto.

i.3 Canales de distribución.

i.4 Jurisdicciones.

Financiamiento al Terrorismo: Quien proporcione, facilite, resguarde, j.

administre, colecte o recabe fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organización terrorista, o para cometer uno o varios actos terroristas, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas.

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Es el k.

acto de proporcionar fondos o servicios financieros que se utilizan, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas y sus vectores y materiales relacionados (incluidos ambos tecnologías y bienes de doble uso utilizados para fines no legítimos), en contravención de las leyes nacionales y/o acuerdos internacionales aplicables.

Fuentes Creíbles: Se refiere a información que es producida por organismos I.

bien conocidos que generalmente son vistos como de buena reputación y que hacen esta información pública. Además del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus homólogos, estas fuentes incluyen, pero no se limitan a cuerpos supra nacionales o internacionales como el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera; así como, también organismos gubernamentales nacionales. La información suministrada por estas fuentes creíbles no tiene efectos de una ley o reglamento y no debe considerarse como una determinación automática de que algo sea de mayor riesgo.

Gobierno Corporativo: Conjunto de reglas que ordenan de forma transparente m.

las relaciones y el comportamiento entre la Junta Directiva o del Órgano que ejerza función equivalente, los Accionistas, la Alta Gerencia, los clientes, usuarios y usuarias y otros participantes interesados, que definen los objetivos estratégicos de la Institución, los medios, recursos y procesos para alcanzar dichos objetivos;

así como, los sistemas de verificación del seguimiento de las responsabilidades y controles correspondientes a cada nivel de la estructura de la Institución.

Intermediario: Es la actividad que tenga el acercamiento de demandantes y n.

oferentes para la adquisición de activos financieros. Se utilizan con frecuencia a los intermediarios, para captar clientes, para la banca, compañías de seguro y empresas del mercado de valores.

Legitimación de Capitales: El proceso de esconder o dar apariencia de 0.

legalidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas.

Operación Compleja: Aquella que se compone de transacciones o elementos p.

diversos, es decir, que contiene varias operaciones de diferente clasificación, configuradas por un conjunto o unión de éstas. Para determinar las condiciones inusitadas de complejidad de tipo de operaciones se debe tener en cuenta la clase de transacción, ya que ésta por su naturaleza puede no ser sencilla, pero para el empleado bancario esta situación habitual es convencional.

Lo que determina la forma inusitada de esta clase de operación, es la orden del cliente que pueda complicar una transacción normalmente simple.

Operación de Cambio Vinculada al Servicio de Encomiendas Electrónicas q.

Distinto de las Operaciones de Transferencias de Fondos:

q.1 La entrega por parte del cliente a un Sujeto Obligado afiliado a un sistema central electrónico de información, traspaso y compensación que funciorte a nivel internacional, de una determinada cantidad de dinero en bolívares, que destinatario, a través de una agencia en el extranjero afiliada al mismo sistema, de las divisas cuya entrega ordenó.

q.2 La recepción por parte del cliente de una determinada cantidad de dinero en bolívares entregada a él por un Sujeto Obligado afiliado a un sistema central electrónico de información, traspaso y compensación que funcione a nivel internacional, producto de una entrega de divisas realizada en el extranjero a una agencia afiliada al mismo sistema.

Operación Sospechosa: Aquella operación no convencional, compleja, en r.

tránsito o estructurada, que después de analizada, haga presumir que involucra fondos derivados de una actividad ilícita, o se ha conducido o intentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades ilícitas.

Operación en Tránsito: Aquella por la cual la Institución del Sector Bancario S.

sirve de escala entre el origen y el destino de la operación, ya sea ésta nacional o internacional.

Operación Inusual: Aquellas cuya cuantía o característica no guarda relación t.

con la actividad económica del cliente o por su número, por las cantidades transadas, o por sus características se escapan de los parámetros de normalidad establecidos para un rango determinado de mercado.

Operación no Convencional: Aquella que no esté de acuerdo o en consonancia u.

con los precedentes, costumbres o uso bancario y que no se ajusta a los procedimientos requeridos en esa clase de operaciones. Esta categoría también se puede aplicar cuando se comprenda que toda operación bancaria está integrada por un conjunto de fases, y se omite una o varias de ellas, o se sigue un procedimiento no establecido regularmente por la Institución.

Persona Expuesta Políticamente (PEP): Es una persona natural que es o fue V.

figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. También se incluye cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaria en su beneficio.

Políticas: Son los lineamientos generales que deben adoptar los Sujetos W.

Obligados relacionados con el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en cada una de las etapas y elementos del citado sistema debe contar con unas políticas claras y efectivamente aplicables, dichas políticas deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del citado sistema y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten a la Gerencia en la implementación de procedimientos efectivos.

Procedimientos: Son los métodos implementados por el Sujeto Obligado para ×.

llevar a cabo una determinada actividad en el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Programa de Cumplimiento: Recopilación del conjunto de políticas, y.

procedimientos, controles internos implementados y demás procesos diseñados para mitigar y controlar los riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Institución.

Relaciones de Corresponsalía: Consiste en la prestación de servicios bancarios z.

por un Banco (corresponsal) a otro Banco (representado). Las cuentas corresponsales, son utilizadas en todo el mundo y permiten a los Bancos realizar negocios y proveer servicios que no ofrecen directamente.

Riesgos Asociados a la Legitimación de Capitales, Financiamiento al aa.

Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Son los riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; estos son: reputacional, legal, operativo y contagio.

Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida que una Entidad puede sufrir, bb.

directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un relacionado o asociado. El relacionado o asociado incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad.

página original (tal como se publicó)Página 17 de la Gaceta

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Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiación al Terrorismo y cc.

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir un Sujeto Obligado por su propensión a ser utilizado directamente o a través de sus operaciones como instrumento para la legitimación de capitales, Financiamiento al Terrorismo y/o a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Incluye la posibilidad de sanciones contra los directivos y empleados de una Institución Financiera, cuando los delitos mencionados hayan sido facilitados por negligencia, impericia o inobservancia de la ley con que hayan actuado en el desempeño de sus obligaciones.

dd.

Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.

Riesgo Legal: Es la contingencia de pérdida que emana del incumplimiento de la ee.

institución financiera con las leyes, normas, reglamentos, prácticas prescritas o normas de ética de cualquier jurisdicción en la que lleva a cabo sus actividades.

Riesgo Operacional: Es la posibilidad de daños potenciales y pérdidas ff.

motivados a la forma de organización y a la estructura de sus procesos de gestión, debilidades en los controles internos, errores en el procesamiento de operaciones, fallas de seguridad e inexistencia o desactualización en sus planes de contingencias del negocio. Así como, la potencialidad de sufrir pérdidas inesperadas por sistemas inadecuados, fallas administrativas, eventos externos, deficiencias en controles internos y sistemas de información originadas, entre otros, por errores humanos, fraudes, incapacidad para responder de manera oportuna o hacer que los intereses de la institución financiera se vean comprometidos de alguna u otra manera.

Riesgo de Reputación: Es la opinión negativa ocasionada por la afectación de la gg.

imagen de una institución financiera al verse involucrada involuntariamente en transacciones o relaciones de negocios ilícitos con clientes, así como por cualquier otro evento externo.

Riesgo Residual o Neto: Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los hh.

controles o medidas de mitigación.

Segmentación: Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de ii.

elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos.

La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características (variables de segmentación).

Señales de Alerta: Es el conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos que jj.

permiten identificar oportuna y/o prospectivamente comportamientos atípicos de las variables relevantes, previamente determinadas por la entidad.

Sospecha: Aquella apreciación fundada en conjeturas, en apariencias o avisos de kk.

verdad, que determinará hacer un juicio negativo de la operación por quien recibe y analiza la información, haciendo que desconfíe, dude o recele de una persona por la actividad profesional o económica que desempeña, su perfil financiero, sus costumbres o personalidad, así la ley no determine criterio en función de los cuales se puede apreciar el carácter dudoso de una operación. Es un criterio subjetivo basado en las normas de máxima experiencia de hecho.

Sujetos Obligados: Las instituciones sometidas a la inspección, supervisión, II.

vigilancia, regulación, control y sanción de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

mm. Transacción Estructurada: Esquema para intentar evadir los requisitos de los reportes o declaraciones fijadas por el Ejecutivo, mediante el método de dividir grandes sumas de dinero en efectivo en múltiples montos por debajo del umbral de reporte o declaración. En muchos casos, secciones relativamente pequeñas de dinero son entregadas a varias personas de bajo nivel en la organización delictiva (estructuradores), quienes lo depositan en numerosas cuentas en uno o varios Bancos locales. En algunos casos, convierten el efectivo en gran cantidad de órdenes de pago o cheques de viajero realizando luego endosos fraudulentos para depositar los en esas cuentas. También usan nombres falsos y direcciones inexistentes. Los fondos pueden transferirse electrónicamente o emplearse para comprar instrumentos monetarios.

nn.

Usuarios y usuarias: Toda persona natural o jurídica que utiliza los servicios financieros de una Institución.

Artículo 6: A los efectos de estas normas las siglas y abreviaturas señaladas en este artículo, tendrán los siguientes significados:

Significado Abreviatura BCV:

Banco Central de Venezuela.

CICAD:

Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas.

DDC:

Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente.

EBR:

Enfoque Basado en Riesgo FOGADE:

Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios GAFI:

Grupo de Acción Financiera Internacional.

GAFIC:

Grupo de Acción Financiera del Caribe.

LC/FT/FPADM:

Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

LOCDOFT:

Ley Orgánica Organizada y Contra la Delincuencia Financiamiento al Terrorismo.

y el Desarrollo OCDE:

Organización Cooperación para la Económico.

OEA:

Organización de Estados Americanos.

Oficina Nacional Antidrogas.

ONA:

Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y ONCDOFT:

Financiamiento al Terrorismo.

PASEC:

Plan anual de Seguimiento y Control.

PCSC:

Política Conozca a su Cliente.

PEP:

Persona Expuesta Políticamente.

Política Para la Administración de Riesgo PPAR:

Plan Operativo Anual de Prevención y Control de POA PCLC/FT/FPADM:

Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

RAS:

Reporte de Actividad Sospechosa.

RCPC/LC/FT/FPADM Responsable de Cumplimiento de Prevención y Conträl de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

RIF:

Registro de Información Fiscal.

RR.HH.:

Recursos Humanos.

Sistema Integral de Administración de Riesgos de SIAR LC/FT/FPADM:

Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y SENIAT:

Tributaria.

Este Organismo, esta Superintendencia, este Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario:

Ente Regulador, este Ente Supervisor.

Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

Unidad de Prevención y Control de Legitimación de UPC LC/FT/FPADM:

Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

TÍTULO II DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LC/FT/FPADM CAPÍTULO I ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA SIAR LC/FT/FPADM) Artículo Z: EL Sujeto Obligado debe formular, adoptar, implementar y desarrollar, un Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante SIAR LC/FT/FPADM), de acuerdo con la naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y servicios financieros, al volumen de operaciones, a la región geográfica donde mantienen operaciones, a la tecnología disponible y en concordancia con el nivel de sus riesgos de LC/FT/FPADM y en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia y las presentes normas; dicho sistema debe comprender medidas apropiadas, suficientes y eficaces, orientadas a identificar, evaluar y aplicar directrices para reducir la posibilidad de ser utilizado como mecanismo para ocultar el origen, propósito y destino de los capitales ilícitos, o para desviar fondos de cualquier naturaleza hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas; así como, del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Artículo 8: El SIAR LC/FT/FPADM debe:

1. Involucrar y responsabilizar en las actividades contra LC/FT/FPADM a las dependencias y empleados de todos los niveles de Sujeto Obligado, que en cualquier forma puedan contribuir a prevenir, controlar y detectar los intentos de legitimar capitales, financiar el terrorismo o financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Desde los empleados de menor nivel jerárquico hasta los de más alta jerarquía, incluida la Junta Directiva o del órgano que ejerza función equivalente, deben estar capacitados y concientizados para identificar los riesgos de LC/FT/FPADM y sus factores, detectar los, mitigar los y reportar los.

2. Mantener un enfoque de prevención y control, que incluya políticas, normas, procedimientos y controles internos, matrices de riesgos, sistemas de monitoreo; así como, planes operativos, los cuales deben cumplir y ajustarse, en lo que les sea aplicable, al marco jurídico vigente; así como, a las normativa, instrucciones y directrices de emitidas por este Organismo, al código de ética, guías y mandatos corporativos, recomendaciones de auditoría, evaluaciones y autoevaluaciones, entre otros; que estén relacionados con la administración de los riesgos de LC/FT/FPADM.

Las mejores prácticas y estándares internacionales constituyen pautas y referencias que se deben tener en cuenta para fortalecer el SIAR LC/FT/FPADM, siempre que no coliden con la normativa nacional vigente.

Artículo 9: Las políticas, procedimientos y controles internos mencionados en el artículo que antecede, deben ser incluidos en su respectivo Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM), el cual será de obligatorio cumplimiento para el Sujeto Obligado.

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Artículo 10: Las políticas que adopte el Sujeto Obligado deben cumplir como mínimo, con los siguientes requisitos:

a. Impulsar a nivel institucional la cultura en materia de administración del riesgo de LC/FT/FPADM.

b. Consagrar el deber de los órganos de administración y de control de los sujetos obligados, del Oficial de Cumplimiento; así como, de todos los funcionarios, de asegurar el cumplimiento de los reglamentos internos y demás disposiciones relacionadas con el SIAR LC/FT/FPADM.

c. Establecer lineamientos para la prevención y resolución de conflictos de interés.

d. Consagrar lineamientos más exigentes de vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LC/FT/FPADM.

e. Señalar los lineamientos que adoptará el Sujeto Obligado frente a los factores de riesgo y los riesgos asociados de LC/FT/FPADM.

f. Garantizar la reserva de la información de las personas reportadas.

g. Establecer las consecuencias que genera el incumplimiento del SIAR LC/FT/FPADM.

h. Consagrar la exigencia de que los funcionarios antepongan el cumplimiento de las normas en materia de administración de riesgo de LC/FT/FPADM al logro de las metas comerciales.

Artículo 11: Los procedimientos que en esta materia asuma el Sujeto Obligado debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

a. Identificar las diferentes etapas y elementos del SIAR LC/FT/FPADM.

b. Identificar la evolución de los perfiles de riesgo de clientes, productos, servicios, actividad económica y zonas geográficas.

c. Jerarquizar las etapas implícitas para atender los requerimientos de información por parte de autoridades competentes.

d. Establecer los canales de comunicación para cumplir con los requerimientos de Organismos Internacionales de conformidad con el derecho internacional.

e. Consagrar las sanciones internas por incumplimiento a las normas relacionadas con el SIAR LC/FT/FPADM.

f. Implementar las metodologías para la detección y análisis de operaciones inusuales y sospechosas; así como, el proceso para informar de manera oportuna a las autoridades competentes.

g. Establecer los procesos para llevar a cabo un efectivo, eficiente y oportuno conocimiento de los clientes actuales y potenciales; así como, la verificación de la información suministrada y sus correspondientes soportes, atendiendo como mínimo los requisitos establecidos en la presente Resolución.

Artículo 12: El alcance en la aplicación de las políticas, procedimientos, controles internos y medidas de mitigación que cada Entidad Supervisada decida establecer en su SIAR LC/FT/FPADM, estará sujeto a su nivel de riesgo de LC/FT/FPADM calificado en Alto, Moderado y Bajo en todas las áreas de negocios, atendiendo a los diferentes factores de riesgo de LC/FT/FPADM relacionados con sus empleados, clientes, zonas geográficas, canales de distribución que utilice, productos o servicios y al tamaño de la entidad; los cuales serán de obligatorio y estricto cumplimiento.

Artículo 13: El SIAR LC/FT/FPADM deberá permitir al Sujeto Obligado prevenir y detectar posibles actividades sospechosas de LC/FT/FPADM, en cualquiera de sus etapas, para el cual tomará en cuenta las tareas básicas para un efectivo SIAR LC/FT/FPADM que se detallan a continuación:

1. Prevención: Para reducir la posibilidad que se coloquen en el Sistema Bancario recursos provenientes de actividades relacionadas con la LC/FT/FPADM, mediante la aplicación de políticas, procedimientos y controles internos para el adecuado conocimiento del cliente y de los empleados, complementados con una constante información, capacitación y entrenamiento del personal de la entidad en todos sus niveles, conforme a las políticas de capacitación previstas en esta Resolución.

2. Control y detección: De actividades que se pretendan realizar o se hayan realizado, para dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas a la LC/FT/FPADM, mediante la implementación de controles y herramientas de monitoreo adecuadas, oportunas y efectivas.

3. Reporte: Oportuno, eficiente y eficaz, de operaciones detectadas que se pretendan realizar o se hayan realizado y que se sospeche que estén relacionadas con la LC/FT/FPADM.

4. Conservación: Por el plazo legal establecido en el artículo 70 de estas normas, de todos los archivos, registros de transacciones y documentación, tanto en forma física como en electrónica derivados de las tareas precedentes destinadas a proporcionar a las autoridades competentes estos elementos cuando sean requeridos para adelantar sus investigaciones.

Artículo 14: El SIAR LC/FT/FPADM, estará integrado por:

1. La Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente.

2. El Presidente del Sujeto Obligado o quien haga sus veces.

3. El Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante Oficial de Cumplimiento).

4. La Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante UPC LC/FT/FPADM).

5. El Responsable de Cumplimiento de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante RCPC LC/FT/FPADM) designado en cada área sensible de riesgo de LC/FT/FPADM.

CAPÍTULO II OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA O EL ÓRGANO QUE EJERZA FUNCIÓN EQUIVALENTE Artículo 15: La Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente del Sujeto Obligado, tendrá las siguientes obligaciones y funciones:

1. Asegurar el establecimiento y mantenimiento del SIAR LC/FT/FPADM proporcionando para ello la infraestructura organizativa, funcional y presupuestaria idónea para que pueda ser eficiente y eficaz.

2. Promover a todos los niveles de la organización y como componente de un buen Gobierno Corporativo, una cultura de cumplimiento de los requerimientos legales y normativos en materia de administración de riesgos de LC/FT/FPADM para procurar que el personal se adhiera a las políticas, procedimientos y procesos establecidos po la institución y además mantenga un alto nivel de rendimiento; así como, de ética y moral.

3. Aprobar las políticas, normas, procedimientos, planes, programas, códigos, parámetros de segmentación y cualquier otro documento vinculado con la Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM; así como, supervisar su cumplimiento.

4. Establecer y aprobar una partida presupuestaria específica e identificable dentro del presupuesto general de la Entidad, designada anualmente para garantizar la ejecución de las tareas vinculadas con la PCLC/FT/FPADM, dirigiendo especial atención a los programas de capacitación, visitas de inspección, adquisición y mejoras de sistemas, campañas comunicacionales dirigidas a empleados y clientes, entre otros.

5. Convocar el concurso público para el proceso de calificación, selección y nombramiento del Oficial de Cumplimiento según lo establecido en la Resolución que dicte este Organismo al efecto, quien será responsable de coordinar, supervisar y administrar el programa de cumplimiento contra LC/FT/FPADM; así como, de la adhesión a toda la reglamentación vigente que rige esta materia.

6. Asumir la última responsabilidad del cumplimiento de las normas contra la LC/FT/FPADM.

7. Asegurar que el Oficial de Cumplimiento cuente con suficiente autoridad y recursos (humanos, financieros y tecnológicos) para administrar un programa de cumplimiento contra la LC/FT/FPADM eficaz, conforme al perfil de riesgo de la Institución 8. Recibir y analizar los informes trimestrales y/o anuales elaborados por el Oficial de Cumplimiento relacionados con PCLC/FT/FPADM, posterior a su vencimiento, tomando las decisiones más significativas y las acciones correctivas, en caso que le sean planteadas deficiencias y debilidades, lo cual debe reflejarse como una función relacionada con el Gobierno Corporativo.

9. Aprobar la designación del empleado Responsable de Cumplimiento de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante RCPC/LC/FT/FPADM) para cada una de las áreas sensibles de riesgo en materia de LC/FT/FPADM del Sujeto Obligado o los cargos con dicha función atribuida. En cualquiera de los casos antes indicados deberá efectuarse la notificación respectiva al designado.

10. Asumir en forma individual y por escrito, el Compromiso Institucional para prevenir la LC/FT/FPADM, el cual deberá estar inserto en el expediente de cada uno de los miembros.

CAPÍTULO III OBLIGACIONES Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL SUJETO OBLIGADO Artículo 16: El Presidente del Sujeto Obligado o quien haga sus veces, será responsable de:

1. Proponer a la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente de la Institución, la designación de los Responsables de Cumplimiento exigidos en la presente Resolución para cada una de las áreas sensibles en materia de LC/FT/FPADM.

2. Asegurar que el SIAR/LC/FT/FPADM, funcione debidamente y que las políticas, normas y procedimientos; así como, las decisiones emanadas de la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente sean conocidas y aplicadas por las instancias que corresponda.

3. Conocer los informes anuales y trimestrales elaborados por el Oficial de Cumplimiento.

CAPÍTULO IV

EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Artículo 17: La persona que ejerce el cargo de Oficial de Cumplimiento debe:

1. Ser un empleado de alto rango o nivel, con poder de decisión, que dependa y reporte directamente a la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente.

2. Estar jerárquicamente un nivel por debajo del Presidente del Sujeto Obligado o quien hana sus veces en la estructura organizativa de la Entidad.

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3. El Oficial de Cumplimiento debe ser una persona de reconocida solvencia mora y ética, conocer la legislación y reglamentación vigente relativa a la LC/FT/FPADM, conocer y comprender los productos y servicios, canales de distribución o comunicación, clientes y zonas geográficas del Sujeto Obligado, y los riesgos potenciales de LC/FT/FPADM que están asociados a estas actividades.

4. Estar dedicado en forma exclusiva a las funciones de prevención y control de los hechos relacionados con LC/FT/FPADM.

5. Tener conocimientos amplios sobre la legislación y reglamentación vigente relativa la LC/FT/FPADM, conocer y comprender los productos y servicios, canales de distribución o comunicación, clientes y zonas geográficas del Sujeto Obligado, y los riesgos potenciales de LC/FT/FPADM que están asociados a estas actividades.

Artículo 18: La autoridad funcional y las decisiones que en el marco de la ejecución de sus actividades ejerza o adopte el Oficial de Cumplimiento, serán de observancia obligatoria por parte de todos los ejecutivos, empleados y unidades asesoras de la institución, una vez que dichas decisiones sean aprobadas por la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente.

El desempeño del Oficial de Cumplimiento estará enmarcado dentro de los extremos previstos en la presente Resolución. Sin embargo, su nombramiento se regirá por la normativa prudencial que al efecto dicte esta Superintendencia.

Artículo 19: El Oficial de Cumplimiento tendrá entre sus obligaciones y funciones:

1. Promover y supervisar el cumplimiento de las políticas, procedimientos, disposiciones y controles aprobados por la Junta Directiva del Sujeto Obligado, relacionados con el funcionamiento del SIAR LC/FT/FPADM.

2. Conocer los informes finales y las observaciones y recomendaciones incluidas en los documentos, producto de las inspecciones realizadas por este Organismo y los auditores internos y externos, a fin de dar seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias o debilidades detectadas.

3. Formar parte del Comité de Administración Integral de Riesgos de la Institución Bancaria, ejerciendo las funciones que se le asignan en la normativa prudencial vigente que regule la materia.

deberá ser presentado a la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente, para su aprobación, basado en las políticas, programas, normas y procedimientos internos de prevención y control de LC/FT/FPADM.

5. Coordinar y supervisar la gestión de la UPC LC/FT/FPADM; así como, el cumplimiento de la normativa vigente y de los controles internos por parte de las otras dependencias administrativas, que tienen responsabilidad en la ejecución de los planes, programas y normas de prevención y control de riesgos de LC/FT/FPADM, incluyendo las sucursales y agencias.

6. Presentar informes de gestión trimestrales y anuales al Presidente del Sujeto Obligado, los cuales serán presentados en reunión de Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente, para que este cuerpo directivo esté en conocimiento de las observaciones; los cuales deberán contener como mínimo los siguientes aspectos:

6.1 Diseño de las políticas, estrategias, planes, programas, normas internas, procedimientos e informes de gestión diseñados.

6.2 Estadísticas relacionadas con:

6.2.1 Número de alertas generadas.

6.2.2 Casos analizados.

6.2.3 Casos pendientes de análisis.

6.3 Descripción de nuevas tendencias utilizadas por los delincuentes a fin de adoptar las medidas orientadas a la mitigación de los riesgos derivados de ellas.

6.4 Recomendaciones para el mejoramiento de los procedimientos adoptados.

7. Supervisar la elaboración del Programa Anual de Adiestramiento de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la presente Resolución. Asimismo, otros programas y actividades de adiestramiento no contemplados en el Programa Anual de Adiestramiento, que se consideren necesarios o convenientes.

8. Coordinar con el área de Recursos Humanos las actividades de formación y capacitación del personal de los Sujetos Obligados, en lo relativo a la legislación,.

reglamentación y controles internos vigentes incluyendo los relativos a la política Conozca a su Empleado; así como, en las políticas y procedimientos relacionados con la prevención y control de la LC/FT/FPADM.

9. Desarrollar estrategias comunicacionales dirigidas a los clientes y empleados en relación con la materia, coordinados con el área de Recursos Humanos y de mercadeo.

10. Elaborar normas y procedimientos de verificación de datos, análisis financiero, con la finalidad de desarrollar indicadores que permitan determinar las razones de un comportamiento inusual o transaccional de una persona natural o jurídica; y operativo, en cuanto a la documentación que soporte la transacción o el comportamiento en análisis, sobre los casos de clientes que presenten operaciones inusuales y/o sospechosas, para ser aplicadas en las unidades o dependencias del Sujeto Obligado, relacionadas con la prevención, control y detección de operaciones de la LC/FT/FPADM.

11. Enviar a la UNIF los Reportes de Actividades Sospechosas que considere necesario;

así como, las respuestas a las solicitudes de información relacionadas con la materia que ésta y otras autoridades competentes requieran, dentro de los plazos establecidos por las leyes y comunicaciones de solicitud de información.

12. Analizar los Reportes internos de Actividades Sospechosas debiendo decidir la pertinencia de elaborar y remitir el formulario Reporte de Actividades Sospechosas (RAS) a la UNIF o archivarlo y hacerle seguimiento al caso; así como, dejar constar en un informe la decisión adoptada y las opiniones que la sustentaron.

13. Evaluar los nuevos productos y servicios, y en caso de considerarlo conducente, recomendar a los responsables de las áreas de riesgos, procesos, negocios y mercadeo de la entidad, la adopción de medidas de prevención en el tema LC/FT/FPADM previo al lanzamiento de dichos nuevos productos, servicios, prácticas y tecnologías, debiendo aplicar el enfoque basado en riesgo para mitigar y administrar los riesgos identificados.

14. Mantener las relaciones institucionales con esta Superintendencia/UNIF; así como, con otras autoridades competentes, organizaciones no gubernamentales e instituciones dedicadas a la prevención, represión y control de LC/FT/FPADM.

15. Representar a la Institución en convenciones, eventos, foros, comités y actos oficiales nacionales e internacionales relacionados con la materia, cuando sea designado por la Junta Directiva del Sujeto Obligado.

16. Mantener debidamente actualizados los documentos y/o formularios vinculados con la materia de prevención y control de LC/FT/FPADM; tales como Código de Ética, Compromiso Institucional, Manual para LC/FT/FPADM, Ficha de Identificación del Cliente, Declaración Jurada de origen y destino de fondos, entre otros; a fin de garantizar su debida actualización; de ser el caso. Los comentarios sobre las acciones realizadas al respecto, deberán incluirse en el Informe de gestión correspondiente (trimestral y/o anual) que debe presentar el Oficial de Cumplimiento ante el Presidente y Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente dèl Sujeto Obligado.

17. Solicitar la incorporación activa de cualquier directivo o empleado del Sujeto Obligado a objeto de ejecutar eficientemente las tareas inherentes al SIARLC/FT/FPADM.

18. Otras estrictamente relacionadas con la materia de prevención y control de LC/FT/FPADM, a juicio de la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente del Sujeto Obligado.

19. Evaluará continuamente el cumplimiento del POA PCLC/FT/FPADM con el propósito de asegurar que los objetivos, actividades y tareas incluidas en el mismo se estén cumpliendo adecuadamente. Asimismo, deberá presentar un informe trimestral a la Junta Directiva o el Órgano que ejerza función equivalente en relación al cumplimiento del mencionado plan. De igual forma, deberá presentar informes adicionales en caso de presentarse circunstancias o eventos imprevistos que afecten el cumplimiento del POA PCLC/FT/FPADM, o ameriten realizar cambios en el mismo.

20. Elaborará el Manual de PPAR LC/FT/FPADM al final de cada año, a Ios fines de mantenerlo actualizado de acuerdo a los cambios en la normativa vigente, nuevas tendencias, situación económico financiera del país; en lo aplicable, de ser el caso y cualquier otro factor que pudiese modificar su contenido, las evidencias documentales de la precitada revisión deberán insertarse en el Manual.

Las funciones descritas en el presente artículo, serán las únicas que podrán ser asignadas al Oficial de Cumplimiento, para lo cual deberá estar dotado de una estructura organizativa y presupuestaria idónea y se le facultará con poder de decisión, acción y autoridad funcional suficiente, para que pueda ejecutar la labor que aquí se le asigna.

Artículo 20: En caso de ausencias temporales del Oficial de Cumplimiento, éste podrá designar al Gerente de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales para que supla su cargo de pleno derecho. Estas faltas no podrán exceder de un lapso de sesenta (60) días hábiles; si transcurrido este lapso y subsistiere la falta, se considerará falta absoluta.

En caso de falta absoluta, la designación del nuevo Oficial de Cumplimiento deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la fecha en que sea declarada por el Presidente del Sujeto Obligado.

CAPÍTULO V UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (UPC LC/FT/FPADM)

Obligado, que dependerá del Oficial de Cumplimiento, la cual estará dirigida por una persona suficientemente capacitada y de reconocida solvencia moral y ética, con la misión de analizar, controlar y detectar la posible LC/FT/FPADM, y le reportará toda la información relativa a las operaciones o hechos que puedan estar relacionados con la LC/FT/FPADM. A tal efecto, la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente, adoptará las medidas necesarias para que la referida Unidad esté dotada de la organización, el personal especializado a dedicación exclusiva; así como, de los recursos materiales, técnicos y el entrenamiento adecuado para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 22: La UPC LC/FT/FPADM tendrá las siguientes obligaciones y funciones:

1. Recibir y analizar los reportes internos de actividades sospechosas enviados por las diferentes dependencias del Sujeto Obligado a los fines de determinar, previo análisis e investigación, si hay indicios suficientes para clasificar los hechos o transacciones como actividades sospechosas.

2. Elaborar los Reportes de Actividades Sospechosas y presentarlos al Oficial de Cumplimiento.

3. Establecer y aplicar procedimientos de detección de actividades sospechosas en las diferentes áreas de negocios del Sujeto Obligado.

4. Diseñar, desarrollar y garantizar la aplicación de los parámetros de segmentación aplicables a los clientes.

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5. Determinar y aplicar las directrices que se otorgarán a las herramientas informáticas utilizadas por el Sujeto Obligado para la determinación de señales de alertas.

6. Establecer con base al conocimiento razonable que se tenga de la operatividad del cliente, listas de exceptuados de las señales de alertas regularmente emitidas por las herramientas informáticas destinadas para tal fin.

7. Garantizar que a cada uno de los clientes se les asigne una calificación con base a riesgo, considerando las directrices establecidas en la presente norma; en concordancia con cualquier base conceptual que el Sujeto Obligado estime prudente aplicar.

8. Realizar un análisis de los diferentes factores de riesgo de LC/FT/FPADM para evaluar los y clasificar los cualitativamente y establecer las medidas de mitigación a ser aplicadas según el nivel de dichos riesgos, diseñar igualmente los mecanismos de detección y reporte interno y presentarlos al Oficial de Cumplimiento para su consideración y presentación a las instancias de coordinación y decisión.

9. Mantener la coordinación con la Unidad de Administración Integral de Riesgo, Recursos Humanos y Mercadeo de la Institución a fin de intercambiar la información relacionada a los nuevos riesgos detectados, las medidas de mitigación a ser implementadas y toda aquella que sea acordada para que el sistema de administración de riesgos funcione adecuadamente.

10. Promover la implementación de herramientas tecnológicas que permitan realizar un seguimiento para detectar tendencias, cambios en el perfil financiero y actividades inusuales de las operaciones de los clientes.

11. Emitir mensualmente estadísticas relacionadas con a. Número de alertas generadas.

b. Casos analizados.

c. Casos remitidos a la UNIF mediante un Reporte de Actividades Sospechosas (RAS) y cuales se mantendrán a resguardo para su seguimiento.

d. Casos pendientes de análisis.

Los reportes emitidos serán insumo primordial para los informes que debe presentar regularmente el Oficial de Cumplimiento.

12. Supervisar el cumplimiento de las normas de administración de riesgos de LC/FT/FPADM que deben cumplir otras dependencias y empleados del Sujeto Obligado, mediante revisiones cuyo alcance se limite a aquellas que a criterio del Oficial de Cumplimiento y el Gerente de la Unidad, requieran especial atención, presenten deficiencias importantes o ameriten su revisión por parte del personal especializado de la UPC LC/FT/FPADM.

13. Recabar, analizar y preparar para su distribución interna la información sobre nuevas técnicas utilizadas por los legitimadores de capitales para lograr sus fines ilícitos y para mantener actualizado al personal sobre el tema de LC/FT/FPADM.

14. Elaborar programas de adiestramiento referentes al tema de LC/FT/FPADM y presentarlos al Oficial de Cumplimiento para su aprobación; así como, ejecutar las actividades de adiestramiento que le hayan sido establecidas en dicho Programa.

15. Efectuar la revisión y transmisión de los reportes electrónicos mensuales, semanales y diarios que se transmiten a este Organismo, garantizando la calidad de la data y oportunidad de su remisión.

16. Mantener actualizado un sistema de biblioteca, hemeroteca y material bibliográfico y audiovisual, referente a los temas de prevención de LC/FT/FPADM y otros delitos de delincuencia organizada, el cual deberá estar a disposición de los empleados del Sujeto Obligado para su estudio.

17. Otras a juicio del Oficial de Cumplimiento o de la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente del Sujeto Obligado.

Artículo 23: El Personal mínimo que deberá ser asignado a la UPC LC/FT/FPADM se determinará de acuerdo al número de sus clientes, de sus sucursales y agencias; así como, la cantidad y tipos de productos que ofrezcan a sus clientes, de tal manera que puedan cumplir adecuadamente con las funciones asignadas a dicha Unidad.

En todo caso, este Organismo exigirá que se aumente el personal asignado a la mencionada Unidad, cuando lo considere necesario.

Artículo 24: La UPC LC/FT/FPADM deberá organizarse de la siguiente manera, dependiendo de los factores que fueron mencionados en el artículo que antecede:

1. Dirección o Gerencia de la Unidad.

2. Sección de Análisis y Supervisión de Operaciones Financieras, para ejercer funciones de seguimiento, detección, análisis y elaboración de Reporte de Actividades Sospechosas; así como, satisfacer las solicitudes de información de las autoridades competentes en la forma y plazos señalados.

3. Sección de Prevención y Control de Riesgos de LC/FT/FPADM, dedicada a la elaboración de normas y procedimientos de prevención control y administración de riesgos de LC/FT/FPADM, entrenamiento del personal de la institución y control del cumplimiento de las normas y procedimientos.

4. Sección de Estadísticas y Análisis Estratégico, la cual ejercerá las funciones de mantenimiento de registros, elaboración de estadísticas y análisis, elaboración de informes estratégicos y detección de tipologías de LC/FT/FPADM y diseño de sus respectivas contramedidas.

CAPÍTULO VI DEL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (EN ADELANTE RCPC/LC/FT/FPADM).

Artículo 25: El Responsable de Cumplimiento será designado individualmente por escrito, especificando claramente sus funciones, el cual debe poseer los conocimientos e instrumentos necesarios para el cabal cumplimiento de las mismas. Será seleccionado del personal de cada área (Auditoría Interna, Jurídico, Documentación de Crédito, Recursos Humanos, Seguridad, Informática, Oficinas, Agencias o Sucursales y las demás que sean competentes), para que cumplan adicionalmente a las funciones correspondientes a su cargo, las siguientes:

1. Servir de enlace con el Oficial de Cumplimiento y prestarse apoyo en las labores de prevención, control y administración de riesgos de LC/FT/FPADM.

2. Aplicar y supervisar las normas, políticas y procedimientos de prevención y control de las actividades de LC/FT/FPADM en el área de su responsabilidad.

3. Asesorar y apoyar al personal de su área de responsabilidad en lo relacionado a los procedimientos de prevención, control y en la normativa vigente que rige la materia.

4. Elaborar sus respectivos Planes Anuales de Seguimiento, Evaluación y Control (PASEC), que serán aplicados para asegurarse que sus obligaciones en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM se estén cumpliendo adecuadamente.

En el caso que el Sujeto Obligado posea más de cien (100) oficinas, sucursales o agencias con alta rotación de su personal gerencial, podrá optar por establecer que las funciones del RCPC/LC/FT/FPADM en esas dependencias, sean asignadas al Gerente, Sub Gerente, Gerente de Operaciones o equivalente, por lo que se deberá incluir en el perfil del cargo seleccionado, las funciones a ser desempeñadas por dichos funcionarios;

así como, especificarlo claramente en su Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Manual PPAR LC/FT/FPADM).

CAPÍTULO VII EXCEPCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA (UPC LC/FT/FPADM) Artículo 26: EL Sujeto Obligado cuyo número de trabajadores esté comprendido entre treinta (30) y sesenta (60) trabajadores, y que consideren que pueden cumplir satisfactoriamente con la presente normas sin designar un Oficial de Cumplimiento, podrá presentar ante este Organismo para su revisión el correspondiente proyecto de organización y las justificaciones respectivas, a los fines de evaluar la viabilidad de la nueva estructura, a objeto de considerar su aprobación.

Artículo 27: El Sujeto Obligado que cuente con un número inferior a treinta (30) trabajadores, no estará obligado a constituir la UPC LC/FT/FPADM, ni a designar un Oficial de Cumplimiento; no obstante, voluntariamente, podrán constituir la Unidad y designar un Oficial de Cumplimiento. En el caso de no hacerlo el socio, accionista o directivo que desempeñe el cargo de mayor jerarquía cumplirá adicionalmente las funciones de Oficial de Cumplimiento y asumirá las responsabilidades correspondientes al control, prevención, detección y reporte previstas en esta Resolución.

CAPÍTULO VIII OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LC/FT/FPADM "SECCIÓN A" DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LC/FT/FPADM (POA PCLC/FT/FPADM) Artículo 28: El Sujeto Obligado diseñará anualmente un plan estratégico para prevenir y mitigar los riesgos de LC/FT/FPADM, que se denominará Plan Operativo Anual de Prevención y Control de LC/FT/FPADM (POA PCLC/FT/FPADM), donde se incluirán todas aquellas actividades a desarrollarse durante el ejercicio económico, todo ello, a los fines de garantizar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos en materia de PCLC/FT/FPADM, dicho plan debe ser elaborado durante el último trimestre del año anterior a su ejecución y estará a la disposición de esta Superintendencia los primeros quince (15) días hábiles del año de su vigencia. El referido plan debe ser aprobado por la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente.

Asimismo, debe incluir, de acuerdo con las necesidades determinadas, la adquisición, implementación o perfeccionamiento de los sistemas informáticos de detección de operaciones inusuales y sospechosas, programas de adiestramiento para los trabajadores, planes de supervisión y auditoría, perfeccionamiento de mecanismos de control interno, perfeccionamiento de los programas computarizados para incrementar la eficiencia y eficacia en la administración del riesgo.

La ejecución del POA PCLC/FT/FPADM debe ser flexible y ajustarse a las necesidades del Sujeto Obligado en virtud de los cambios que experimenten los factores de riesgos asociados a los clientes, productos, servicios y zonas geográficas.

Artículo 29: El POA PCLC/FT/FPADM debe contener en la forma descrita; a fin de facilitar la emisión de estadísticas que permitan asegurar el control, seguimiento y ejecución de las actividades planteadas, los aspectos mencionados a continuación:

1. Actividades: Describir las acciones, tareas o labores que el Sujeto Obligado se plantea realizar durante el período de vigencia del POA PCLC/FT/FPADM.

2. Objetivo: Establecer el propósito específico que se espera alcanzar con cada actividad del POA PCLC/FT/FPADM, para fortalecer el SIAR LC/FT.

3. Responsables: Indicar la persona o la unidad administrativa responsable de la ejecución de cada actividad del POA PCLC/FT/FPADM.

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4. Unidad de medida: Establecer en forma de cualitativa las actividades del POA PCLC/FT/FPADM. Por ejemplo: informe, memorando, personas capacitadas, inspecciones, entre otros.

5. Meta: Cuantificar las unidades de medida que se esperan alcanzar con la ejecución del POA PCLC/FT/FPADM.

6. Insumos: Señalar los recursos que serán aplicados en la ejecución de las actividades previstas en el POA PCLC/FT/FPADM (humanos, materiales, técnicos, entre otros).

7. Costo: Revelar el costo estimado en que incurrirá el Sujeto Obligado para realizar cada actividad del POA PCLC/FT/FPADM.

8. Tiempo de ejecución: Señalar la fecha de inicio y culminación de cada actividad planteada.

Artículo 30: El Oficial de Cumplimiento debe elaborar un Informe sobre el Cumplimiento del POA PCLC/FT/FPADM por lo menos trimestralmente, el cual contendrá como mínimo el porcentaje de cumplimiento de cada aspecto de su contenido. Este documento debe formar parte de los informes anuales y trimestrales que el Oficial de Cumplimiento presentará al Presidente del Sujeto Obligado. Adicionalmente, debe actualizar este informe a la fecha de cualquier auditoría o inspección de este Ente Regulador.

"SECCIÓN B" DEL CÓDIGO DE ETICA Y COMPROMISO INSTITUCIONAL Artículo 31: El Sujeto Obligado debe adoptar un Código de Ética, de carácter general, el cual incluirá aspectos concernientes a la prevención y control de la LC/FT/FPADM y el consumo de drogas, de obligatorio conocimiento y cumplimiento para todo su personal, que permita crear un clima de elevada moral y poner en práctica medidas encaminadas a aumentar la sensibilidad de su personal ante los efectos y riegos de la LC/FT/FPADM, logro del lucro y a los intereses personales.

Artículo 32: El Código de Ética será aprobado por la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente del Sujeto Obligado y el cual estará disponible, para los funcionarios de este Organismo durante las inspecciones; así como, remitirlo a este Organismo para su revisión en caso que le sea requerido.

Artículo 33: La Gerencia de Recursos Humanos, el Oficial de Cumplimiento y los supervisores en todos los niveles deben por lo menos una (1) vez al mes recordar a los trabajadores, el contenido del Código de Ética adoptado por la Institución de manera intranet de la Institución. Las evidencias documentales de tales recordatorios; así como, la entrega del Código deberán resguardarse en medios físicos o digitales y estar a la disposición de SUDEBAN al ser requeridos.

Artículo 34: A tal efecto, se hace necesario hacer entrega de un ejemplar del Código de Ética a cada uno de los trabajadores del Sujeto Obligado, y archivar en el respectivo expediente del trabajador la constancia de su recepción. Adicionalmente, se podrá publicar el citado Código en la Intranet de la Institución.

Artículo 35: Todos los miembros de la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente (principales y suplentes) del Sujeto Obligado, deberán asumir individualmente por escrito un Compromiso Institucional, donde declaren su identificación y fidelidad con las metas y valores éticos de la organización en materia de PCLC/FT/FPADM, el cual debe actualizarse anualmente y archivarse en el respectivo expediente de los referidos miembros.

"SECCIÓN C" MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (MANUAL PPAR LC/FT/FPADM) Artículo 36: El Sujeto Obligado debe diseñar políticas, normas y procedimientos para mitigar y controlar los riesgos en materia de LC/FT/FPADM, las cuales serán consolidadas en un Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y deben ser aprobadas por la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente, considerando sus características propias, su naturaleza jurídica; así como los diferentes productos y servicios que ofrece a sus clientes, entre otro cualquier aspecto pertinente.

El alcance de dichos controles internos debe estar acorde con la dimensión, estructura, riesgos y complejidad del Sujeto Obligado. Por tanto, la elaboración del Manual deberá basarse en una evaluación previa de los riesgos de LC/FT/FPADM. Asimismo, dicha evaluación deberá mantenerse a disposición de esta Superintendencia para las revisiones que considere pertinentes.

Artículo 3Z: El Manual de PPAR LC/FT/FPADM deberá contener como mínimo los siguientes aspectos, en lo aplicable:

1. Aspectos Generales, breve descripción de las principales organizaciones de delincuencia organizada y sobre instrumentos, mecanismos, esquemas y tipologías utilizadas para la comisión de Ios delitos de LC/FT/FPADM.

2. Estructura Organizacional del SIAR LC/FT/FPADM, especificando Ios deberes de cada uno de los actores que lo conforman.

3. Políticas y Procedimientos para la Administración del Riesgo LC/FT/FPADM, detallando la metodología para su administración (identificación, calificación, control interno, mitigación y monitoreo de los riesgos).

4. Normas y procedimientos para la aplicación de la Política Conozca su Cliente.

5. Normas y procedimientos para la aplicación de la Política Conozca su Empleado.

6. Sanciones por el incumplimiento de procedimientos de prevención y control establecidos en las leyes, normas prudenciales vigentes y por el Sujeto Obligado.

7. Procedimientos de detección y Reporte de Actividades Sospechosas.

8. Procedimientos referentes a los reportes periódicos o sistemáticos.

9. Procedimientos para satisfacer las solicitudes de información de las autoridades.

10. Procedimientos de parametrización de clientes y la asignación de categorías de riesgo.

11. Obligación de mantener por diez (10) años los documentos o registros correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y las relaciones de negocios de los clientes.

12. Políticas y procedimientos de administración de riesgos aplicables las relaciones de negocios realizadas con clientes diferenciados a través de la Banca Corporativa y/o Banca Privada.

13. Políticas y procedimientos de administración de riesgos Aplicables a las transacciones de fideicomiso.

14. Políticas para la administración de riesgo de las transacciones realizadas a través de la banca virtual o electrónica.

15. Políticas y procedimientos de Administración de Riesgos Aplicables a Otras Actividades, específicamente en lo concerniente a las Personas Expuestas Políticamente.

16. Políticas, normas y procedimientos de administración de riesgos utilizados por el Sujeto Obligado para mitigar los riesgos de que sus transacciones sea utilizadas para financiar actividades terroristas y la proliferación de armas de destrucción masiva.

17. Hacer referencia sobre las condiciones que aplicarán para no prestar el servicio a un cliente, usuario o usuaria y la obligación de informar a la UNIF.

18. Revisión periódica de fuentes informativas, tales como: medios de comunicación social, Organismos gubernamentales, Asociaciones gremiales, Otros Organimos reguladores, clientes, investigaciones policiales y judiciales, internet. Además establecer procedimientos para la divulgación interna de la información.

19. Establecer el deber de ejecutar las acciones a que están obligados para la detección de las operaciones sospechosas y su reporte a la UNIF.

20. Prohibición de advertir a los clientes sobre verificaciones o notificaciones a las autoridades.

21. Normas para regular las cuentas en moneda extranjera de conformidad con las disposiciones emanadas de este Ente Regulador.

22. Normas para negar servicios o cerrar cuentas en concordancia con las disposiciones promulgadas por esta Superintendencia para tal fin.

23. Prohibición de realizar operaciones con personas naturales o jurídicas que no cuenten con la autorización de este Organismo.

24. Normas para la aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (OnU) para el bloqueo preventivo de bienes u otros activos relaciones con el terrorismo ajustadas a las disposiciones emanadas de Ente Supervisor.

25. Formato del Compromiso Institucional.

26. Formato del Código de Ética.

27. Otros a juicio de la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente del Sujeto Obligado.

El Manual de PPAR LC/FT/FPADM deberá ser revisado al final de cada año por el Oficial de Cumplimiento a fin de mantenerlo actualizado de acuerdo a los cambios en la normativa vigente, nuevas tendencias, situación económico financiera del país; en lo aplicable, de ser el caso y cualquier otro factor que pudiese modificar su contenido. Las evidencias documentales de la precitada revisión deberán insertarse en el Manual.

TÍTULO III POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LC/FT/FPADM CAPÍTULO I PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT/FPADM Artículo 38: La gestión del riesgo tiene como objeto la prevención de los riesgos en lugar de la corrección y la mitigación de daños una vez que éstos se han producido, por lo que resulta claramente ventajoso para las organizaciones que adopten y pongan en uso técnicas y herramientas de apoyo para tomar las decisiones apropiadas, de una forma lógica, teniendo en cuenta la incertidumbre, la posibilidad de futuros sucesos y los efectos sobre los objetivos acordados.

Artículo 39: El Sujeto Obligado debe aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR) que comprender los siguientes pasos:

1. Identificar riesgos: La gestión comienza por identificar los riesgos de la organización, necesidades y las de sus partes interesadas.

2. Analizar y evaluar riesgos: Una vez identificados los riesgos, deben prevenirse estimando la posibilidad de que ocurran y sus consecuencias.

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3. Toma de acciones: Luego de realizada la evaluación, se deben definir las acciones de mejora que hagan frente a estos riesgos que se han identificado y cuantificado, integrándolas e implantándolas en los procesos del sistema de gestión.

4. Verificación de la toma de acciones: La etapa final consiste en evaluar la eficacia de las acciones tomadas mediante el seguimiento y la revisión, empezando de nuevo el proceso tal y como lo define el CICLO PDCA de la mejora constante.

Existen numerosas herramientas para evaluar los riesgos, sin embargo, el Sujeto Obligado aplicará la metodología que considere oportuna de acuerdo a los factores de riesgos propios de la Institución.

Por tanto, la administración de los riesgos de LC/FT/FPADM debe estar dirigida a minimizar la posibilidad de que sus consecuencias negativas y/o adversas se materialicen.

Artículo 40: El Sujeto Obligado debe efectuar durante el último trimestre del ejercicio económico la evaluación anual de su nivel de riesgo, aplicable para el siguiente período y someterla a la aprobación de la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente.

Los procedimientos utilizados para la evaluación anual del nivel de riesgo deben incluirse en el Manual PPAR LC/FT/FPADM. El resultado de dicha evaluación, deberá permanecer en la Institución a disposición de este Organismo durante las inspecciones o cuando éste lo solicite. Asimismo, la citada evaluación servirá de base para el diseño y elaboración de su Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM.

Artículo 41: El Sujeto Obligado debe realizar anualmente su autoevaluación considerando las variaciones de los factores que influyen en los niveles de riesgo, introducción de nuevos productos y servicios, fusiones, apertura de nuevas sucursales y campañas de publicidad para captar nuevos clientes, o se mejoras los equipos tecnológicos, entre otros.

Artículo 42: El Sujeto Obligado aplicará las categorías de riesgo en todas las áreas de negocios, atendiendo a los diferentes factores de riesgo de LC/FT/FPADM relacionados con sus empleados, clientes, zonas geográficas, canales de distribución que utilice, b) Riesgo Moderado y c) Riesgo Alto; las cuales serán de obligatorio y estricto.

cumplimiento.

Artículo 43: El Sujeto obligado aplicará factores o categorías que deben ser consideradas de alto riesgo, sin perjuicio de los que adicionalmente puedan incluirse y calificarse en esta categoría, de acuerdo con los procedimientos de calificación de riesgo de LC/FT/FPADM propias de cada Sujeto Obligado, o conforme lo instruya una autoridad con competencia en la materia, o según las mejores prácticas internacionales de prevención LC/FT/FPADM; para tal fin deberá considerar:

1. Clientes y actividades económicas de riesgo alto: Personas dedicadas a los siguientes giros de negocios o actividades:

a. Casas de Cambio nacionales o internacionales domiciliadas o no en el país.

b. Empresas dedicadas a la Transferencia o Envío de Fondos o Remesas.

c Casinos y Salas de Juegos.

d. Juegos de envite y azar.

e. Personas naturales o jurídicas que se dediquen regularmente o habitualmente al otorgamiento de créditos o a efectuar descuentos o inversiones con sus propios fondos.

f. Operadores Cambiarios Fronterizos.

g. Personas naturales o jurídicas dedicadas habitualmente a la comercialización directa o indirecta de Monedas virtuales.

h. Casas de Empeño.

i. Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro o Fundaciones.

j. Inversionistas y Agencias de Bienes Raíces.

k. Comercializadoras y Arrendadoras de Vehículos Automotores, Embarcaciones y Aeronaves.

I. Comercializadores de antigúedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.

m. Comercializadores de armas, explosivos y municiones.

n. Personas Expuestas Políticamente (PEP), incluyendo a familiares cercanos, asociados y estrechos colaboradores de dichas personas.

o. Abogados, Contadores Públicos y Otros Profesionales Independientes; cuando éstos ayudan a la planificación y ejecución de transacciones para sus clientes relacionadas con la compraventa de bienes raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, operación o administración de compañías y entidades comerciales, industriales o financieras;

administración activos; y creación, organización, operación o administración de sociedades, empresas, personas jurídicas.

p. Personas jurídicas constituidas y establecidas en países, estados o jurisdicción que posean un sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, estricto secreto bancario, carencia de tratados internacionales en la materia; así como, tributos reducidos o inexistentes.

2. Productos y/o servicios de riesgo alto:

a. Banca Privada y Banca Corporativa.

b. Banca Corresponsal y/o Relaciones de Corresponsalía.

c. Transferencias Electrónicas de Fondos.

d. Cajas de Seguridad.

e. Mesa de Cambio o Compra Venta de Divisas.

f. Préstamos garantizados con depósitos en bancos en el exterior.

g. Fideicomisos y servicios de administración de activos.

h. Cuentas Anidadas o Pagaderas (Cuentas PTA o "Payable Through Account")

Cuentas de Corredores de Bolsa, intermediarios o de agentes de inversión o que actúan por cuenta de terceros.

3. Canales de distribución de riesgo alto:

a. Banca Electrónica, por Internet y/o negocios o transacciones que no son "cara a cara", o que no impliquen la presencia física de las partes (Banca Virtual).

b. Banca Telefónica.

c. Cajeros Automáticos.

d. Negocios o transacciones a través de agentes o intermediarios.

4. Países, Jurisdicciones y/o Zonas Geográficas de Riesgo Alto: El riesgo de las zonas geográficas proporciona información útil para determinar el nivel de riesgo de LC/FT/FPADM del Sujeto Obligado. No existe ninguna definición común acordada por gobiernos u organismos internacionales que prescriba si una jurisdicción o región determinada representa un nivel de riesgo mayor, por lo que se instruye a los sujetos obligados a considerar como de riesgo alto los siguientes:

a. Las Jurisdicciones identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante GAFI), como de Alto Riesgo, No Cooperadores según lo indicado en el sitio Web www.fatf-gafi.org.

b. Países o Jurisdicciones, Organizaciones, Personas Naturales y Jurídicas, informadas por la SUDEBAN a los Sujetos Obligados, basadas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exhorta a los Estados miembros a prevenir el Financiamiento del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según las Resoluciones publicadas en el enlace Web: https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/information c. Las Jurisdicciones identificadas por la Organización de las Naciones Unidas como de alta incidencia en la producción, tráfico y/o consumo de drogas ilícitas según lo establece en su sitio Web www.unodc.org.

d. Centros Financieros Off Shore que puedan ser considerados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como "Jurisdicciones que se han comprometido con las normas fiscales acordadas a nivel internacional, pero aún no las han implementado sustancialmente".

e. Países señalados por fuentes creíbles como poseedores de niveles significativos de percepción relacionada con el fenómeno de la corrupción.

f. Áreas geográficas nacionales clasificadas como "Zonas de Riesgo Potenciales de Mayor Importancia" en el Informe Final del Ejercicio de Tipologías de este Organismo, (Ver sitios Web:

http://www.sudeban.gob.ve o http://www.unif.gob.ve) g. Las zonas geográficas identificadas por los Sujetos Obligados de acuerdo con su experiencia, por el historial de transacciones monitoreadas, reportes de organismos especializados en la lucha contra la delincuencia organizada y cantidad de Reportes de Actividades Sospechosas detectadas en deterrpinada zona geográfica.

Artículo 44: El Sujeto Obligado debe considerar, entre otras, las siguientes variables específicas que pueden modificar el nivel de riesgo que haya determinado para un cliente o una transacción en particular:

1. El propósito de la relación comercial puede influir en el nivel de riesgo evaluado, las cuentas que fueron abiertas para facilitar transacciones de consumidores tradicionales pueden presentar un menor riesgo que las cuentas abiertas para facilitar transacciones con altas sumas en efectivo de una entidad comercial desconocida.

2. El nivel de los activos que deposite un cliente determinado, o el volumen de las operaciones realizadas. El volumen de transacciones inusualmente grandes, en comparación con lo que pudiese esperarse razonablemente del cliente, puede ser un indicador que deba ser clasificado como riesgo alto, aun cuando inicialmente no haya sido clasificado como tal. A la inversa, los bajos niveles de transacciones realizadas por un cliente que haya sido clasificado como de riesgo alto pueden permitir que el Sujeto Obligado trate al cliente como de menor riesgo.

3. Las relaciones de larga duración, con contacto frecuente con los clientes a lo largo de las mismas, presenten menos riesgos desde el punto de vista de legitimación de capitales.

4. El nivel de regulación y régimen de supervisión al que esté sometido el cliente. Si un cliente de una Institución Bancaria, regulada en una jurisdicción donde existan normas adecuadas en materia de prevención de LC/FT/FPADM, o forma parte de un grupo cuya sociedad matriz la somete a una regulación y supervisión adecuada, presentará menos riesgos, desde el punto de vista de legitimación de capitales, que un cliente no regulado o sometido únicamente a una regulación mínima en materia de prevención de LC/FT/FPADM.

5. El uso por los clientes de empresas intermediarias u otras estructuras sin ningún fundamento claro de índole comercial o de otro tipo, o que aumenten innecesariamente la complejidad de la operación o impliquen una falta de transparencia. Dichas estructuras aumentarán el riesgo, a menos que se considere que sea lo suficientemente transparente y justifique su utilización.

CAPÍTULO II POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT DERIVADOS DE LOS CLIENTES POLÍTICA CONOZCA SU CLIENTE

riesgo inherente a sus operaciones, debe implementar políticas, normas, y controles internos para desarrollar adecuada y continuamente, una Política de Debida Diligencia para el Conocimiento del Cliente (en lo adelante DDC), siempre aplicando las disposiciones mínimas que se señalan en la presente Resolución.

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El adecuado conocimiento del cliente, permitirá establecer razonablemente su nivel de riesgo de LC/FT/FPADM, considerando factores tales como los antecedentes del cliente, su país de origen, si ocupa un cargo relevante en el sector público o privado, las cuentas vinculadas, actividad de negocios u otros indicadores de riesgo. Sobre la base de sus propios criterios, cada Banco debe evaluar si un cliente presenta un riesgo mayor de LC/FT/FPADM y si existen circunstancias que pudieran llevarles a establecer que determinados clientes presenten un riesgo de LC/FT/FPADM de menor nivel.

Es importante que la política de aceptación del cliente no sea demasiado restrictiva y termine negando el acceso del público en general a los servicios del banco.

Artículo 46: El Sujeto Obligado aplicará la política conozca a su cliente (en lo adelante PCSC) de manera diferenciada de acuerdo con la sensibilidad y nivel de riesgo de LC/FT/FPADM conforme a sus propios procedimientos de evaluación de riesgos y en consideración a circunstancias y factores de riesgos, cuando el nivel de riesgo sea:

a. Alto le corresponde una DDC intensificada.

b. Moderado le corresponde una DDC mejorada.

c. Bajo le corresponde una DDC estándar.

Artículo 47: El Sujeto Obligado debe:

1. Determinar el nivel de riesgo del cliente al momento que se establece la relación de negocios y actualizarlo cuando considere que existan elementos suficientes para ello;

el universo de clientes debe evaluarse globalmente cada doce (12) meses a fin de mantener consistencia entre los procedimientos aplicados; la primera evaluación deberá efectuarse en la fecha que entre en vigencia esta Resolución y así sucesivamente considerando el lapso antes indicado. Sin embargo, dicha calificación podrá modificarse al momento que las características del cliente experimenten cambios significativos con respecto a la información aportada al Sujeto Obligado, ya sea al inicio de la relación contractual, como producto de la actualización efectuada por éste o como consecuencia del cambio de su perfil transaccional que haya generado las alertas respectivas.

2. Poner en práctica medidas y controles apropiados para mitigar el riesgo potencial de LC/FT/FPADM, de aquellos clientes que se hayan determinado de alto riesgo; los cuales pueden incluir:

a. Mayores acciones de concientización sobre los riesgos de LC/FT/FPADM dirigidas al personal del Sujeto Obligado y de sus clientes.

b. Aumento en el monitoreo de las transacciones.

c. Aumento en los niveles de controles continuos y la frecuencia de la revisión de la relación comercial (monitoreo).

d. Incremento de los niveles de conocimiento del cliente mediante visitas a los mismos.

e. Aprobación por parte de empleados de mayor nivel del área de negocios para _el establecimiento de una cuenta o relación.

3. Establecer registros individuales de cada uno de sus clientes con el fin de obtener y mantener actualizada la información y documentación necesaria para determinar fehacientemente su identificación y las actividades económicas a las que se dedican y adoptar parámetros de segmentación, a los efectos de definir su perfil financiero de modo que dicho perfil facilite la identificación de las operaciones inusuales o sospechosas. Una adecuada segmentación permitirá determinar el rango en el cual se desarrollan normalmente las operaciones que realizan los clientes y las características del mercado.

4. Realizar campañas de actualización de los datos de los clientes al menos cada dieciocho (18) meses; todo ello, a los fines de mantener actualizada la data.

5. Aplicar medidas de debida diligencia cuando exista sospecha de LC/FT/FPADM, siendo prudente llevar a cabo en estos casos actualización de datos del cliente, solicitud de soportes documentales que avalen sus operaciones, declaraciones juradas, entre otros que considere convenientes, siempre y cuando tales medidas no constituyan una alerta sobre la investigación, en tales casos, corresponderá efectuar un Reporte de Actividades Sospechosas.

Artículo 48: Para abrir cuentas por primera vez en una Institución Bancaria, será requisito indispensable realizar una entrevista personal con el solicitante o con la persona autorizada por éste, incluyendo aquellas que posteriormente serán manejados mediante los servicios de Banca Virtual o Banca a Distancia, tales como los de Banco en Casa o Banca a Través de Internet (Home Banking o Internet Banking) y Servicios de Banca en Línea (On Line Banking Services).

Quedan exceptuadas de este requisito, las cuentas de nómina de los trabajadores siempre y cuando los datos sean proporcionados formalmente por los patronos respectivos.

Asimismo, esta Superintendencia podrá establecer en los Manuales de Especificaciones Técnicas que dicte al efecto, las excepciones que considere pertinente a los fines de la presentación de documentos al momento de la apertura.

Artículo 49: La Institución Bancaria efectuará la verificación de identidad del cliente para:

a. Personas naturales venezolanas y extranjeras residentes en el país a través de la cédula de identidad laminada.

b. Personas naturales extranjeras no residentes mediante el pasaporte vigente.

c. Personas jurídicas domiciliadas en el país a través de:

c1. El Registro de Información Fiscal (RIF) expedido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) C2 Copias certificadas de los documentos constitutivos de la empresa, sus estatutos sociales y modificaciones posteriores, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el Registro Civil.

d. Personas jurídicas no domiciliadas en el país, mediante:

d1. El Registro de Información Fiscal (RIF) expedido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) d2. Copias certificadas de los documentos constitutivos de la empresa, sus estatutos sociales y modificaciones posteriores, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el Registro Civil.

Dichos documentos y poderes de sus representantes legales, deberán estar debidamente legalizados ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el país origen o apostillado de conformidad con lo establecido en la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961 y traducidos al idioma castellano por un Intérprete Público autorizado en la República Bolivariana de Venezuela, en caso que se encuentre elaborada en idioma distinto a éste.

Los Sujetos Obligados deberán identificar y verificar la información referente al beneficiario final de las personas jurídicas, lo cual incluye a las personas naturales que ejercen el control de la misma, ya sea por participación accionaria u otro medio.

Artículo 50: La Institución Bancaria cuando tenga indicios o certeza que los clientes no actúan por cuenta propia, solicitará la presentación del Poder debidamente autenticado y/o legalizado de ser el caso, a fin de recabar la información y documentación necesaria y conocer tanto la identidad de los representantes, apoderados y autorizados, como de las personas por cuenta de las cuales actúan en los términos previstos en el artículo anterior.

Artículo 51: La Institución Bancaria debe elaborar y mantener en forma física y digital un Expediente del Cliente con los documentos consignados por el cliente, que permanecerá en la oficina o sucursal donde fue abierta la cuenta, el cual contendrá:

1. Para personas naturales:

a. Cédula de identidad del cliente.

b. Ficha de Identificación del Cliente.

c. Declaración jurada de origen y destino de los fondos, siempre y cuando no esté inserta en el cuerpo de la Ficha de Identificación del Cliente.

d. Constancias de las acciones de verificación inicial y periódica (cada 18 meses)

determinado para el cliente.

e. Referencias bancarias o comerciales y/o personales, según lo establezca el Banco en atención al nivel de riesgo asignado al cliente (excepto para personas que abren cuentas por primera vez).

f. Constancia de trabajo, en el caso personas bajo dependencia laboral.

g. Certificación de ingresos, (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica.

h. Copia recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la dirección de habitación, en caso de no poseer vivienda copia del contrato de arrendamiento y/o constancia de residencia emitida por la autoridad competente en la materia.

Cualquier otro documento relacionado con el cliente y sus actividades.

2. Para Personas jurídicas:

a. Copia del Registro Mercantil y sus posteriores modificaciones (en el caso que aplique).

b. Copia del Registro de Identificación Fiscal (RIF).

c. Copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R) en lo aplicable.

d. Ficha de Identificación del Cliente de la Persona Jurídica.

e. Ficha de Identificación del Cliente de las Personas Naturales que establecen la relación de negocios en representación del ente jurídico; quienes deben proporcionar además los documentos exigidos en el numeral 1 de este artículo.

f. Contrato de apertura de cuenta donde se expongan las condiciones de la relación de negocios, este documento debe estar suscrito por el cliente a fin de que se dé por enterado de sus derechos y obligaciones.

g. Declaración jurada de origen y destino de los fondos suscrita por las personas naturales que obligan al ente jurídico, siempre y cuando no esté inserta en el cuerpo de la Ficha de Identificación del Cliente.

h. Constancias de las acciones de verificación inicial y periódica (cada 18 meses en concordancia con lo establecido en el artículo 47 de esta norma) realizadas por la Institución Bancaria en concordancia con el nivel de riesgo determinado para el cliente.

Una o más referencias bancarias o comerciales, según lo establezca la Institución Bancaria en atención al nivel de riesgo asignado al cliente (excepto para personas que abren cuentas por primera vez).

j. Copia Recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la dirección de la empresa, en caso extremos copia del contrato de arrendamiento y/o constancia emitida por la autoridad competente en la materia.

El Sujeto Obligado a fin garantizar la calidad de la información deben asegurarse que las copias insertas en el Expediente del Cliente sean legibles y no presenten tachaduras o enmendaduras.

Artículo 52: Este Organismo elaborará un formato único de Ficha de Identificación del Cliente tanto para persona natural como para persona jurídica, el cual será suministrado a los Sujetos Obligados a través de una Circular con su respectivo instructivo.

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No obstante, el Sujeto Obligado podrá incorporar información adicional en el citado formato de acuerdo a su política de administración de riesgos.

Artículo 53: El Sujeto Obligado de acuerdo al nivel de riesgo de sus potenciales o nuevos clientes, deberá emplear diferentes métodos para verificar la identidad y los datos aportados por éstos. A mayor nivel de riesgo utilizará métodos más pormenorizados o estrictos, los cuales pueden incluir la solicitud de documentación adicional, el contacto o la visita al cliente, las comunicaciones telefónicas, la verificación independiente de la identidad del cliente a través de una comparación de información suministrada por el cliente con la información obtenida por una empresa consultora crediticia o de investigación, o en una base de datos pública u otra fuente.

Artículo 54: El Sujeto Obligado puede incluir la verificación de referencias con otras Instituciones Bancarias y la obtención de estados de cuentas, entre otras; así mismo, deben asegurarse de la calidad de la información relacionada con la captura de datos de la Ficha de Identificación del Cliente y sus posteriores actualizaciones, fundamentados en los principios de integridad, disponibilidad, confidencialidad y no repudio.

Artículo 55: El Sujeto Obligado incluirá en su Manual PPAR LC/FT/FPADM, las normas y procedimientos para la verificación de los datos aportados por sus clientes de acuerdo al nivel de riesgo asignado a cada tipo de clientes, como mínimo contendrá:

1. Instrucciones generales a ser aplicadas durante la entrevista personal al momento de abrir una cuenta.

2. Especificar los casos en los cuales se deben solicitar otros documentos de identidad, tales como carnet de afiliación a organizaciones gremiales o sociales, licencia de conducir, entre otros.

3. Cómo verificar los nombres, edad y otros datos personales utilizando la cédula de identidad u otros documentos de identidad.

4. Cuándo se deben verificar mediante llamadas telefónicas, los números de teléfonos, lugar de residencia, lugar de trabajo, entre otros.

5. Casos en los cuáles se deben aplicar métodos para verificar la dirección de residencia o domicilio fiscal de la empresa mediante recibos de agua, luz y telefonía fija o celular, directorios telefónicos o sistema de información de las compañías telefónicas, visitas a la residencia o empresa, constancia de residencia emitida por la autoridad civil correspondiente, junta de condominio o consejo comunal.

6. Cuándo se deben verificar telefónicamente o por otros medios, las referencias bancarias, comerciales o personales presentadas.

7. Casos en los cuáles se requiera la Declaración del Impuesto sobre la Renta.

Los Sujetos Obligados deben verificar la identidad del potencial cliente antes o durante el proceso de establecer una relación comercial o realizar transacciones para clientes ocasionales. En los casos en que resulte esencial no interrumpir la realización normal de los negocios, los Sujetos Obligados pueden llevar a cabo la verificación tappronto como sea razonablemente factible tras el establecimiento de la relación, uso de productos y servicios financieros, antes de completar las labores de verificación.

Quedarán exceptuadas del proceso de verificación, las cuentas de los organismos de los Poderes Públicos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones de carácter público y las cuentas de nómina de los trabajadores, tanto de los pertenecientes a éstos organismos y dependencias del Estado, como los de las empresas privadas, siempre y cuando los datos sean proporcionados oficialmente por los patronos respectivos. Así mismo, las cuentas de las personas jubiladas y pensionadas abiertas por mandato del órgano competente del Estado que proporciona estos beneficios, quedarán exceptuadas de la verificación de sus datos.

Artículo 56: El Sujeto Obligado que delegue en intermediarios para llevar a cabo la identificación del cliente, verificación de identidad, obtener información sobre el propósito o naturaleza de la relación comercial, o para atraer nuevos negocios, deben tomar las medidas adecuados para asegurarse de que las copias de los datos de identificación u otra documentación pertinente le sean entregadas de forma inmediata por parte de los terceros cuando se les solicite.

Artículo 5z: Si durante la entrevista realizada para iniciar relaciones comerciales con un nuevo cliente, incluyendo la apertura de cuentas de cualquier tipo o cuando el Sujeto Obligado actualice los datos de sus clientes; si el empleado del Sujeto Obligado detecta o sospecha falsedad, contradicción o incongruencias en la información aportada por el cliente, negará el servicio solicitado y hará del conocimiento de su supervisor inmediato esta anormalidad con el fin de determinar las acciones procedentes en estos casos.

En caso de tener suficientes indicios para presumir la falsedad de algunos de los datos aportados, después de haber abierto una cuenta, el Responsable de Cumplimiento de la Agencia o Sucursal, la UPC LC/FT/FPADM y el Oficial de Cumplimiento, analizarán el caso y de considerarlo procedente, este último procederá a informar mediante el formulario "Reporte de Actividades Sospechosas" a la UNIF, de esta anormalidad, de las operaciones sospechosas que pudieran efectuarse en dicha cuenta; así como, los datos verdaderos en relación al cliente si los hubiera obtenido, no pudiendo cerrar la cuenta no existir elementos suficientes para sustentar un reporte.

Artículo 58: El Responsable de Cumplimiento de la Agencia, Sucursal u Oficina, la UPC LC/FT/FPADM y el Oficial de Cumplimiento, después de haber abierto una cuenta, cuando existan suficientes indicios para presumir la falsedad de algunos de los datos aportados, analizarán el caso y de considerarlo procedente, este último procederá a informar mediante el formulario Reporte de Actividades Sospechosas a la UNIF la anormalidad de las operaciones sospechosas que pudieran efectuarse en dicha cuenta;

así como, los datos verdaderos en relación al cliente si los hubiera obtenido, no pudiendo cerrar la cuenta respectiva ni negar la asistencia bancaria solicitada.

Artículo 59: El Sujeto Obligado deberá exigir el documento de identidad a las personas naturales y jurídicas que realicen operaciones de cambio de divisas por cualquier monto, tomando nota en el registro correspondiente de los datos de identificación del cliente, montos y divisas transadas, tipo de cambio y fecha de la operación. Cuando los montos transados superen los Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2.000,00), o su equivalente en otras divisas, deberán conservar copia del documento de identidad si se trata de clientes ocasionales.

Artículo 60: Las Casas de Cambio y los Operadores Cambiarios Fronterizos deben establecer el correspondiente Expediente del Cliente y la Ficha de Identificación del Cliente para sus clientes usuales.

Artículo 61: La Institución Bancaria debe adoptar precauciones en los siguientes casos:

1. Apertura de cuentas a Niñas, Niños y Adolescentes, personas con discapacidad y entredichos.

2. Apertura de nuevas cuentas, por parte de un cliente previamente vinculado sin una causa que aparentemente lo justifique.

Artículo 62: El Sujeto Obligado verificará la identidad de los clientes ocasionales de acuerdo al artículo 53 de estas normas; cuando se establezca o intente efectuar cualquier relación de negocios u operaciones de cualquier índole; tales como, transferencias de fondos nacionales o internacionales, transacciones fiduciarias o en efectivo y arrendamiento de cajas de seguridad, o ante cualquier transacción que no implique la vinculación formal con la Institución Bancaria.

Artículo 63: Las Instituciones Bancarias se abstendrán de abrir cuentas anónimas o a nombre de personas que no se encuentren suficientemente identificadas, con nombres ficticios, claves o números que sustituyan la verdadera identidad; así como, realizar operaciones con clientes ocasionales no identificados, o cuando exista sospecha de LC/FT/FPADM, o cuando tenga dudas acerca de la veracidad o idoneidad de la información.

Artículo 64: El Sujeto Obligado exigirá estampar la huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha o en su defecto el de la mano izquierda, siempre que sea posible, en los cheques o comprobantes correspondientes, a las personas que realicen retiros por taquilla en efectivo, independientemente del monto.

Artículo 65: El Sujeto Obligado establecerá la Política Conozca al Cliente de su Cliente, cuando su cliente se trate de una Institución Bancaria ubicada en el exterior de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual como mínimo debe preverse de manera razonable, lo siguiente:

1. Constatar que el cliente del Sujeto Obligado cuente con mecanismos de control de administración de riesgos de LC/FT/FPADM, solicitándole la documentación y certificaciones que lo compruebe.

2. Constatar si el cliente de riesgo alto del Sujeto Obligado ofrece sus servicios o productos a personas que no tengan presencia física y autorización para operar compruebe.

3. Identificar los accionistas y beneficiarios finales hasta llegar a las personas naturales que controlan la institución, mediante la solicitud de la documentación que' lo compruebe, debidamente registrada, apostillada de conformidad con lo establecido en la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961 y traducidos al idioma castellano por un Intérprete Público autorizado en la República Bolivariana de Venezuela, en caso que se encuentre elaborada en idioma distinto a éste o certificada por la autoridad competente.

Artículo 66: El Sujeto Obligado aceptará la Cédula de Identidad laminada como único documento de identificación de los ciudadanos que participen en el proceso de bancarización propiciado por el Estado venezolano como parte de sus políticas públicas de inclusión social, mediante la apertura de cuentas bancarias a ser manejados dentro del ámbito operacional de Corresponsales no Bancarios u otras políticas o medidas estatales.

Artículo 67: El Sujeto Obligado deberá utilizar una plataforma tecnológica con la capacidad técnica necesaria, conectada en línea con los terminales electrónicos ubicados en los Corresponsales no Bancarios que les permita dar estricto cumplimiento a las normas relativas a la tecnología de información, servicios financieros desmaterializados, banca electrónica, virtual y en línea emitida por este Organismo.

Artículo 68: El Sujeto Obligado aplicará medidas de mitigación de los riesgos de LC/FT/FPADM para los casos antes señalados, basadas principalmente en procedimientos de monitoreo, seguimiento y revisión de las cuentas bancarias, el volumen y frecuencia de las transacciones realizadas; así como, la capacitación del personal que actúe a nivel de Corresponsales no Bancarios.

Artículo 69: Los Sujetos Obligados conservarán durante diez (10) años los documentos de los clientes; así como, la realización de las operaciones a través de suficientes soportes para la reconstrucción de estas en las labores de inteligencia financiera, dicho periodo se contará para:

1. Los documentos relativos a la identificación de clientes, a partir del día en que finalice la relación.

2. Aquellos documentos que acrediten una operación, a partir de la ejecución de ésta.

3. Los Reportes de Actividades Sospechosas, a partir de la remisión de la misma.

Artículo 70: El Sujeto Obligado debe establecer controles internos eficientes que permitan obtener cualquier información requerida en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas.

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CAPÍTULO III POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT/FPADM DERIVADOS DE LOS EMPLEADOS POLÍTICA CONOZCA SU EMPLEADO Artículo 71: El Área de Recursos Humanos con apoyo del Oficial de Cumplimiento, deben formular e implementar la política de Conozca su Empleado que incluya los procedimientos de reclutamiento y selección del personal (nuevos ingresos), verificando los datos e informaciones por ellos aportados; así como, las referencias de trabajos anteriores.

El Sujeto Obligado debe elaborar y mantener en forma física y/o digital un Expediente del Empleado que permanecerá en la oficina de Recursos Humanos, el cual contendrá los documentos exigidos por éste para su ingreso; así como:

a. Constancia de verificación de los datos y referencias, aportados al momento de establecerse la relación laboral.

b. Certificados y soportes que evidencien la participación en actividades de adiestramiento relacionadas con la materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

c. Declaración de conocimiento.

d. Informe elaborado por los supervisores con el fin de notificar los cambios de conducta y modificaciones en las costumbres y nivel de vida de los trabajadores a su cargo, de ser el caso; así como, nivel de endeudamiento y disfrute de vacaciones.

Artículo 72: Los supervisores a todos los niveles, deberán prestar especial atención a la conducta y posibles cambios en las costumbres y nivel de vida de los trabajadores a su cargo, la cual debe estar en concordancia con el nivel de su remuneración. Así como, a su nivel de endeudamiento, el hacer o no uso de sus vacaciones, cambios de estado civil y el recibo de regalos por parte de los clientes. Todo esto debe realizarse, a fin de garantizar en buena medida la probidad de la conducta de los trabajadores. Esta obligación de los supervisores, deberá estar normada en los manuales internos del Sujeto Obligado previa aprobación de la Junta Directiva o del órgano que ejerza función equivalente.

Cuando alguno de los trabajadores haya sido objeto de un proceso de investigación, averiguación penal, apertura de proceso administrativo o haya sido despedido por incurrir en faltas, el Sujeto Obligado deberá consignar en este Organismo la siguiente información:

a. Nombres y apellidos.

b. Cédula de Identidad.

c. Fecha de ingreso a la Institución.

d. Cargo que desempeña.

e. Antigüedad en el cargo.

f. Periodo de vacaciones pendientes.

g. Motivo de la investigación.

Artículo 73: El Sujeto Obligado cuando tenga indicios suficientes que alguno de sus empleados pudiera estar relacionado en la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en nuestra legislación, tiene la obligación de realizar el procedimiento establecido en el artículo 269 del Código Orgánico Procesal Penal.

El Sujeto Obligado deberá realizar las investigaciones necesarias a través de su Gerencia de Seguridad y documentar la investigación como paso previo a la formalización de la denuncia.

CAPÍTULO IV POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

LC/FT/FPADM indicadas en esta Resolución, deberán diseñar, financiar, desarrollar e implementar un Programa Anual de Adiestramiento de PCLC/FT/FPADM, ajustado a su perfil operacional y conforme a los riesgos de LC/FT/FPADM. Este plan estará dirigido a todo el personal; directivos, ejecutivos, empleados y representantes autorizados, según las responsabilidades y actividades que desempeñe cada grupo.

Artículo 75: El Sujeto Obligado para el diseño del Programa Anual de Adiestramiento de PCLC/FT/FPADM debe identificar los objetivos, el contenido, las estrategias metodológicas y los mecanismos de evaluación a ser aplicados; así como, considerar la audiencia a la cual va dirigido y tomar en cuenta las funciones específicas de cada área de la Institución, el cual deberá establecer actividades dirigidas especialmente a:

1. Los nuevos ingresos deberán recibir obligatoriamente una inducción y sensibilización en esta materia, la cual estará incluida en el programa de formación y capacitación como empleado bancario, a fin de orientarlo acerca de Ios riesgos de LC/FT/FPADM a los cuales se ven expuestos tanto la entidad como sus trabajadores; así como, las medidas de prevención y controles internos, que debe aplicar en el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo para el cual fue contratado.

2. Todos sus trabajadores incluyendo a los que ejercen cargos directivos, de manera especial y focalizada a aquellos que pertenezcan a áreas o estén a cargo de los productos más vulnerables de riesgo de LC/FT/FPADM; así como, informarlos y capacitar los sobre el SIAR LC/FT/FPADM, esta información y capacitación, general o especial según corresponda, debe aplicarse a todos los niveles de la Entidad, de manera que contribuya a la formación de una cultura de administración de riesgos.

3. Adiestramiento común para el personal que puedan contribuir de cualquier forma a la prevención, control y administración de los riesgos de LC/FT/FPADM, el cual incluirá los aspectos teóricos de LC/FT/FPADM, como concepto; fases, metodologías o tipologías, mecanismos, instrumentos, legislación vigente y casos reales, entre otros. La capacitación debe incluir los cambios en la legislación y normas prudenciales vigentes; así como, las políticas, procedimientos y procesos contra IC/FT/FPADM internos de la Institución.

4. Información para la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente y la Alta Gerencia, sobre los riesgos que representan las nuevas tendencias de LC/FT/FPADM, las estadísticas de los Reportes de Actividades Sospechosas y la efectividad de las políticas, procedimientos y controles internos adoptados.

Asimismo, es necesario que se informe a la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente y se le ofrezcan elementos de concientización sobre las implicaciones por el incumplimiento del marco legal que enfrenta el Sujeto Obligado y sus trabajadores, a fin de que esté en capacidad de supervisar el cumplimiento de los procedimientos contra la LC/FT/FPADM, aprobar las políticas, procedimientos y proveer suficientes recursos para ello.

5. Adiestramiento especializado para el personal que tiene contacto directo con el público, incluyendo gerentes de agencias y sucursales, cajeros, ejecutivos de cuenta, entre otros, el cual debe contemplar, entre otros aspectos la apertura de cuentas, política conozca su cliente, manejo de dinero en efectivo, transferencias de fondos nacionales e internacionales, detección de actividades sospechosas y reporte interno de las mismas.

6. Adiestramiento para el Área de Operaciones Internacionales, con énfasis en las medidas preventivas, de control y detección a ser aplicadas a las transferencias internacionales.

7. Adiestramiento para el personal de Banca Corporativa y Banca Privada, que comprenda las particularidades que se presentan en estas áreas sensibles.

8. Entrenamiento para el personal de Auditoría Interna, con énfasis en métodos y procedimientos para supervisar el cumplimiento de la legislación vigente y los controles internos establecidos por la Institución para la prevención de LC/FT/FPADM; así como, para evaluar la efectividad de los mismos.

9. Capacitación especializada y altamente tecnificada para el Oficial de Cumplimiento y los miembros de la UPC LC/FT/FPADM, quienes deben recibir capacitación periódica que sea relevante y adecuada dado a los cambios en las exigencias de los organismos reguladores y en los procedimientos y técnicas de LC/FT/FPADM empleados por la delincuencia organizada.

10. Asistencia a eventos nacionales e internacionales de información y capacitación sobre prevención, control y administración de riesgos de LC/FT/FPADM, para directivos y empleados relacionados con las funciones de prevención, control y administración de riesgos de LC/FT/FPADM, que aseguren una adecuada actualización de los conocimientos sobre la materia, que se manejan a nivel nacional e internacional y que sirvan de base para que los asistentes se puedan comportar como multiplicadores de los conocimientos obtenidos e implementen iniciativas que se traduzcan en mejoras para el SIAR LC/FT/FPADM.

11. Otros, de acuerdo con la estructura organizativa de la Institución, y su capacidad financiera de forma tal que el adiestramiento sea impartido a todas las sucursales y dependencias que de alguna manera deban tener injerencia en las actividades de prevención y control de LC/FT/FPADM. Igualmente, el programa cubrirá los aspectos que deben ser conocidos por el personal en sus diferentes niveles y cargos que desempeñan, relacionados con el mercado y los productos y servicios ofrecidos por la Institución.

12. Adicionalmente, el programa deberá contemplar el diseño e implementación de campañas de sensibilización dirigida a sus empleados y clientes Artículo 76: El Sujeto Obligado debe documentar el cumplimiento de sus programas de capacitación y llevar registros (físicos o digitales) de los mismos, el cual estará a la disposición de este Organismo cuando éste lo requiera, y deberá permanecer en sus archivos por un período mínimo de diez (10) años contados a partir de la fecha de haberse realizado la capacitación, debiendo contener la siguiente información:

1. Lugar, fecha, programa y contenido detallado e instructores de cada capacitación.

2. Copias del contrato de ser el caso, propuesta de servicios, facturas y resumen curricular del instructor si la capacitación es brindada por medio de un profesional externo o de una Firma Consultora.

3. Lista de asistencia que identifique: fecha, nombre del evento, nombre y firma del participante y área a la cual pertenece el trabajador dentro de la Entidad.

4. Copia de constancias, certificados o soportes de las actividades de capacitación impartidas o recibidas en el tema de LC/FT/FPADM.

5. Constancias de la asistencia de directivos y empleados a eventos nacionales e internacionales en relación al tema de prevención, control y riesgos de LC/FT/FPADM, incluyendo nombre del evento, lugar y fecha, programa de contenido y el nombre de los asistentes por el Instituto y sus cargos.

6. Cualquier otra información que considere necesaria.

Artículo 77: El Sujeto Obligado podrá contratar expertos nacionales o internacionales para impartir cursos de formación y capacitación en materia de prevención y control de riesgos de LC/FT/FPADM, de reconocida trayectoria y experiencia en esta especialidad.

En el caso de los expertos o empresas nacionales, deberán estar inscritos en el registro que al efecto mantenga este Ente Supervisor.

Artículo 78: El Sujeto Obligado diseñará un documento a suscribir individualmente por los directivos y trabajadores, donde declaren haber recibido información y adiestramiento sobre prevención y administración de los riesgos de LC/FT/FPADM en cada oportunidad en la cual se imparta dicho adiestramiento y donde se especifique su contenido, señalando en forma expresa la identificación de toda la legislación vigente en la materia. Del citado documento se debe mantener evidencia física o digital y debe a disposición de esta Superintendencia cuando ésta así lo requiera.

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CAPÍTULO V POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT/FPADM DERIVADOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS PRESTADOS A TRAVÉS DE LA BANCA VIRTUAL Artículo 79: El Sujeto Obligado estará alerta a toda anomalía que se presente en la cuenta debiendo:

1. Prestar especial atención a cualquier riesgo de LC/FT/FPADM que surja de la utilización de las nuevas tecnologías o en desarrollo que dificulten la verificación de la identidad del cliente y adoptar las medidas para impedir su utilización con fines ilícitos; por lo tanto deberá establecer políticas y procedimientos para hacer frente a que no impliquen la presencia física de las partes.

2. Contar con sistemas de monitoreo que les permitan llevar a cabo una diligencia debida constante sobre la relación comercial y examinar las transacciones efectuadas en el transcurso de esa relación, para asegurar que las transacciones que se lleven a cabo estén acordes con el conocimiento que tiene la institución acerca del cliente, los negocios de éstos y su perfil en cuanto a riesgos de LC/FT/FPADM.

3. Implementar sistemas con capacidad de detectar las transacciones que se realicen electrónicamente y emitan señales de alerta que incluyan:

3.1 Frecuencia con que ingresan fondos a la cuenta.

3.2 Número de tarjetas asociadas a la cuenta, en el caso de los cajeros automáticos.

4. Contar con métodos confiables y efectivos para verificar la identidad de los clientes cuando se abren cuentas en línea o se realizan operaciones en línea, en el caso de los bancos que utilizan banca virtual para realizar transacciones.

5. Garantizar la integridad, disponibilidad, confidencialidad y no repudio de la información.

Artículo 80: El Sujeto Obligado debe establecer límite máximo al monto de las transacciones realizadas a través de la Banca Virtual o Banca Electrónica a fin de minimizar los riesgos a los cuales podría exponerse éste y sus clientes.

CAPÍTULO VI POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS APLICABLES A OTRAS ACTIVIDADES

Artículo 81: El Sujeto Obligado debe tomar medidas razonables para mitigar el riesgo de participar deliberada o involuntariamente en el encubrimiento o transferencias de ingresos derivados de actos de corrupción, por parte de figuras políticas nacionales o extranjeras de alto nivel y su círculo de colaboradores.

Artículo 82: El Sujeto Obligado debe implementar un sistema que permita la identificación, monitoreo y el diseño de controles de las Personas Expuestas Políticamente, todo ello, debido a que los riesgos planteados por éstos varían; así como,

Artículo 83: El Sujeto Obligado de acuerdo con el nivel de riesgo y los procedimientos de Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente (DDC) debe asegurar como mínimo, los siguientes requisitos:

1. Identificación del titular de la cuenta y del beneficiario.

2. Obtención de información directamente del individuo relacionada a su condición de PEP.

3. Identificación del país de residencia del titular de la cuenta.

4. Obtención de información respecto al origen de los fondos.

5. Verificación de referencias para determinar si el individuo es, o fue un PEP.

6. Obtener la aprobación de la administración superior para establecer las relaciones financieras con dichos clientes.

7. Obtención de información de las personas que tengan firmas autorizadas en la cuenta.

8. Hacer esfuerzos razonables para revisar fuentes públicas de información.

Artículo 84: El Sujeto Obligado, que mantenga relaciones de corresponsalía, además de implementar las medidas sobre procedimientos de debida diligencia, deberán aplicar los siguientes controles:

1. Reunir información suficiente sobre una Institución Bancaria representada que le permita comprender cabalmente la naturaleza de sus negocios para determinar, en base a la información recabada, cuál es la reputación de la institución y la calidad de su supervisión, incluyendo si ha sido objeto de investigación o intervención de la autoridad de control por LC/FT/FPADM.

2. Evaluar los controles existentes para prevenir LC/FT/FPADM tomando en cuenta que existen Instituciones Bancarias extranjeras en otras jurisdicciones que no están sujetas a las mismas regulaciones que se aplican en el Sistema Bancario Nacional, 3. Establecer como política que los directivos de mayor jerarquía de los Sujetos Obligados aprueben las nuevas relaciones de corresponsalía.

Artículo 85: El Sujeto Obligado que preste servicios de corresponsalía a bancos en el exterior y utilicen a terceros para llevar a cabo el proceso de Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente (en cuanto recopilar información pública sobre el banco para comprender el carácter de su negocio y determinar su reputación; así como, evaluar sus controles sobre LC/FT/FPADM y si tiene como norma obtener la aprobación de la alta gerencia antes de establecer las relaciones de corresponsalía); deberán:

a. Tener en cuenta que es su responsabilidad identificar y verificar la identidad del cliente.

b. Obtener la información relacionada con los elementos de la DDC recabados.

Las cuentas corresponsales requieren especial atención visto que están relacionadas con la prestación de servicios en jurisdicciones en las que los Bancos representados no tienen presencia física.

Artículo 86: El Sujeto Obligado que ofrezca servicios de banca corporativa a sus clientes deberá mantener una supervisión especial sobre las actividades de banca corporativa y banca privada, para lo cual incluirá en el Manual de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM información sobre el sector atractivo base (en términos de patrimonio mínimo, activos y tipo de cliente), los servicios ofrecidos, las responsabilidades en la administración de riesgos y el establecimiento de múltiples niveles de aprobación para la aceptación de nuevos clientes.

Las disposiciones que se derivan de la política conozca su cliente, deberán ser implementadas y aplicadas en la banca corporativa y la banca privada, haciendo énfasis en el conocimiento del origen de la riqueza de los clientes y su línea de negocios, la solicitud de referencias y la elaboración de listas de señales de alerta y procedimientos de detección de operaciones sospechosas.

Artículo 87: Las normas y procedimientos de prevención, control y mitigación de riesgos para las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes, con personas naturales y jurídicas ubicadas en el exterior, deberán contener y mantener durante toda la cadena de pago, como mínimo lo siguiente:

1. Lo necesario para la correcta identificación de los clientes que solicitan los servicios de la Institución para realizar remisión de dinero o bienes a las mencionadas zonas o regiones, por medio de transferencias por cable, electrónicas o cualquier otro medio, exigiendo los documentos de identificación que se establecen en la presente Resolución.

2. El requisito de registrar el nombre, número de identificación y dirección del beneficiario de la transacción; así como, su número de cuenta y motivo que origina la transacción en caso de que dicho beneficiario sea cliente del banco receptor de la transferencia en el extranjero. Se trata de mantener registros de datos suficientes para realizar inteligencia acerca de la movilización de los fondos.

3. Los mecanismos de auditoría interna, destinados a verificar el cumplimiento de los controles y procedimientos por parte del personal, sucursales, agencias y oficinas.

Tales medidas deben aplicarse con especial énfasis cuando impliquen personas naturales y jurídicas ubicadas en regiones, zonas o territorios cuya legislación es estricta en cuanto al secreto bancario, de registro o comercial, o no aplican regulaciones contra LC/FT/FPADM similares a las vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 88: El Sujeto Obligado autorizado como Instituciones Fiduciarias debe considerar este tipo de productos como de alto riesgo, por lo que deberán diseñar e implementar con rigurosidad programas que contribuyan a mitigar los riesgos, de conformidad con la naturaleza del producto. Dichas medidas deberán contemplar como mínimo:

1. Información adecuada, exacta y oportuna sobre los fideicomisos que manejan, que incluyan la identificación de las partes que los conforman (fideicomitentes, beneficiarios finales y cualquier otra persona que ejerza el control final efectivo sobre el mismo); así como, la ejecución de medidas razonables para verificar la identidad de dichas personas.

2. Información básica sobre otros agentes regulados y/o proveedores de servicios para el fideicomiso, tales como: asesores, gerentes de inversión, contadores, asesores fiscales, en los casos que aplique dada la naturaleza del fideicomiso.

3. Todos los datos posibles y viables acerca del origen, propósito y destino de los capitales con los que se constituye el fondo fiduciario.

4. Información precisa y actualizada a disposición de las autoridades competentes, de conformidad con las disposiciones de la presente resolución.

CAPÍTULO VII POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Artículo 89: El Sujeto Obligado debe aplicar un enfoque basado en riesgos al financiamiento al terrorismo, el cual tomará en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El financiamiento al terrorismo tiene similitudes y diferencias cuando se compara con el de legitimación de capitales y los riesgos que generan pudieran ser detectados tomando en consideración lo siguiente:

1.1. El bajo valor que puedan presentar las transacciones involucradas.

1.2. El hecho de que los fondos pudiesen provenir de fuentes legales.

1.3. La naturaleza de la fuente de los fondos puede variar de acuerdo con el tipo de organización terrorista.

2. Cuando los fondos se derivan de una actividad delictiva, los mecanismos de monitoreo tradicionales que se usan para identificar la legitimación de capitales pueden ser también adecuados para identificar el financiamiento al terrorismo, aunque la actividad indicativa de sospecha no aparente estar conectada con este delito.

3. Cuando las transacciones se realizan en pequeñas cantidades y se aplica un enfoque basado en riesgos podría considerarse que la transacción es de mínimo riesgo en cuanto a legitimación de capitales, lo cual no aplica para el delito de Financiamiento al Terrorismo.

4. Cuando los fondos provienen de una fuente legal, es necesario indagar con mayor minuciosidad para determinar que pudieran ser usados para el financiamiento al terrorismo.

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5. Las acciones de los terroristas pueden aparentar inocencia, como sería la compra de materiales y servicios (por ejemplo: químicos de venta libre y común, un vehículo, entre otros).

6. Las transacciones de fondos terroristas derivados de las actividades delictivas y aquellos procedentes de fuentes legítimas, pueden no presentar los mismos rasgos que la legitimación de capitales convencional.

7. No es responsabilidad de las Instituciones Financieras el determinar el tipo de actividad criminal que se esté realizando, el deber del Sujeto Obligado es reportar la actividad sospechosa oportunamente a la UNIF.

Artículo 90: El Sujeto Obligado para detectar actividades de financiamiento al terrorismo aplicará los siguientes procedimientos:

1. Monitoreo sobre las transacciones con países o áreas geográficas según listas emanadas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde individuos, organizaciones o países en particular fuesen sometidos a sanciones por el financiamiento al terrorismo.

2. Monitoreo que permita identificar transacciones relacionadas con personas naturales o jurídicas que han sido identificadas en otras jurisdicciones como elementos relacionados con organizaciones o actividades terroristas o su financiamiento.

3. Control interno y señales de alerta basadas en las tipologías detectadas y difundidas por las autoridades nacionales u otras jurisdicciones relacionadas con el financiamiento de actividades terroristas.

4. Las medidas y procedimientos acordados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como las normativas emitidas por los Órganos Nacionales competentes con motivo a éstas.

Artículo 91: El Sujeto Obligado debe prestar especial atención a las operaciones y actividades que presenten características inusuales que puedan indicar que los fondos pudieran estar relacionados con el financiamiento al terrorismo, someterlas a un exhaustivo análisis y en los casos que la institución lo considere procedente y califique la remitirá a la UNIF.

CAPÍTULO VIII POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Artículo 92: El Sujeto Obligado debe establecer políticas, normas y procedimientos orientados a prevenir que flujos de fondos sean orientados a través de sus transacciones al financiamiento de la investigación y desarrollo de las armas de destrucción masiva.

Estas medidas requieren la aplicación de una Debida Diligencia del Cliente (DDC) y de herramientas informativas que permitan el cabal conocimiento de los clientes sus operaciones y relacionados para determinar oportunamente su vinculación directa o indirecta con personas, organizaciones o gobiernos que se encuentren desarrollando, fabriquen y/o comercialicen Armas de Destrucción Masiva, de acuerdo a las Resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Artículo 93: El Sujeto Obligado deberá cumplir con el contenido de los artículos 89, 90 y 91 de la presente Resolución en lo relativo al financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

TÍTULO IV DE LAS AUDITORÍAS Artículo 94: Sin perjuicio a lo establecido en las Resoluciones Nros. 064.14 de fecha 16 de mayo de 2014 y 067.14 de fecha 19 de mayo de 2014 contentivas de las "Normas Generales Relativas a la Unidad de Auditoría Interna de las instituciones del Sector Bancario" y "Normas Generales Relativas a las Funciones, responsabilidades del auditor externo, de las auditorías y de los informes auditados de las Instituciones del Sector Bancario", respectivamente, la Unidad de Auditoría será responsable de elaborar y ejecutar anualmente un Programa Anual de Evaluación y Control, a fin de comprobar el nivel de cumplimiento de la normativa vigente y los planes, programas y controles internos adoptados para prevenir, controlar y detectar operaciones que se presuman relacionadas con la LC/FT/FPADM, el citado programa deberá ser de uso restringido y confidencial e indicar lo siguiente:

1. Dependencias a auditar.

2. Frecuencia de las auditorías o fechas aproximadas.

3. Aspectos a inspeccionar en cada oportunidad.

Artículo 95.- La auditoría interna desempeña una función importante, al evaluar de forma independiente la gestión y los controles del riesgo de LC/FT/FPADM, proporcionando de manera oportuna a la Junta Directiva o el órgano de dirección que haga sus veces, información sobre la efectividad del cumplimiento de las políticas y procedimientos de PCLC/FT/FPADM. El Sujeto Obligado debe asegurar que las funciones de auditoría estén dotadas de personal experto en dichas políticas y procedimientos.

Además, los auditores internos deben ser proactivos en el seguimiento de los resultados de su trabajo y sus críticas.

Las auditorías al programa de cumplimiento contra LC/FT/FPADM serán efectuadas semestralmente. Es una práctica responsable que el Sujeto Obligado realice auditorías de cumplimiento en proporción a su perfil de riesgo de LC/FT/FPADM.

Los auditores del programa de cumplimiento contra LC/FT/FPADM deben realizar pruebas para verificar el cumplimiento específico de la LOCDOFT, otras normas vigentes, y evaluar los sistemas de información de gestión pertinentes.

La auditoría debe basarse en el riesgo y sus programas variarán según el tamaño de la Institución, su complejidad, el alcance de sus actividades, su perfil de riesgo, la calidad de sus funciones de control, su diversidad geográfica y el uso que hace de la tecnología.

Un programa de auditoría basado en riesgo efectivo cubrirá todas las actividades de la Institución Financiera.

El alcance de cada auditoría variará según la valoración de los riesgos. Las pruebas deben ayudar a la Junta Directiva y a la gerencia a identificar las áreas que presentan debilidades y requieren revisiones más estrictas.

incluyendo lo siguiente, a menos que el alcance de la revisión se circunscriba a un área o actividad particular:

1. Evaluación global del SIAR/LC/FT/FPADM.

2. Evaluación de la efectividad del programa de cumplimiento contra LC/FT/FPADM contenida en el Manual PPAR LC/FT/FPADM.

3. Una revisión de la evaluación de riesgos del Sujeto Obligado (productos, servicios, clientes, entidades y ubicaciones geográficas).

4. Una evaluación de los esfuerzos de la gerencia para lograr la solución de las observaciones realizadas por el órgano regulador en auditorías e inspecciones previas, impuestas.

5. Una revisión del Programa Anual de Adiestramiento en cuanto a su alcance y contenido.

6. Una revisión de la efectividad de los sistemas de monitoreo y detección de actividades sospechosas de estar relacionadas con la LC/FT/FPADM (sistemas manuales, automatizados o una combinación de los mismos).

Los auditores no podrán tener acceso a la información relacionada con los casos que se investiguen o que hayan sido reportados a las autoridades por actividades sospechosas de estar relacionadas con los delitos que se pretenden prevenir con la presente Resolución.

Artículo 96: Los Sujetos Obligados deberán exigir a sus Auditores Externos o a Empresas Consultoras Especializadas en Prevención y Control de LC/FT/FPADM registradas en SUDEBAN o terceros independientes calificados, un "Informe Semestral Sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva PCLC/FT/FPADM", en relación al cumplimiento de los deberes establecidos en las Resoluciones, Normativas y Circulares emitidas por SUDEBAN y otras autoridades competentes, relativas a los delitos de LC/FT/FPADM, emitiendo por último sus conclusiones y recomendaciones.

Para la preparación y elaboración de este informe, los Auditores Externos o las Empresas Especializadas no podrán tener acceso a la información relacionada con los casos que se investiguen o que hayan sido reportados a las autoridades por actividades sospechosas de estar relacionadas con los delitos que se pretenden prevenir con la presente Resolución.

Aquellas operaciones detectadas durante las inspecciones por los Auditores Externos, que a su criterio constituyen actividades sospechosas, deberán ser informadas al Oficial de Cumplimiento quien las evaluará y decidirá si deben ser reportadas a la UNIF.

Los Sujetos Obligados deberán remitir el "Informe Semestral Sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva PCLC/FT/FPADM" a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes al cierre semestral.

Artículo 97: Aquellas operaciones detectadas durante las inspecciones por los Auditores Externos, que a su criterio constituyen actividades sospechosas, deberán ser informadas al Oficial de Cumplimiento quien las evaluará y decidirá si deben ser reportadas a la UNIF.

Artículo 98: El Sujeto Obligado deberá remitir el Informe Semestral Sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva PCLC/FT/FPADM a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de esta Superintendencia, dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes al cierre semestral.

Artículo 99: Las Casas de Cambio deben presentar anualmente ante este Organismo un informe contentivo de los aspectos señalados en las Resoluciones Nros. 064.14 y 067.14 antes identificadas, así como, en los artículos que anteceden en cuanto sea aplicable, denominándolo Informe Anual sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva PCLC/FT/FPADM, dentro de Ios noventa (90) días calendarios siguientes al cierre de su ejercicio fiscal.

Artículo 1o0: En el caso que algún Auditor Externo que preste sus servicios a los Sujetos Obligados manifieste no estar en capacidad de efectuar la evaluación sobre prevención y control de LC/FT/FPADM y elaborar el informe que se exige en el artículo 96 de la presente Resolución, éste deberá contratar los servicios de otro Auditor Externo o de una persona jurídica especializada en la materia inscrita en el registro que a los efectos lleva esta Superintendencia.

Artículo 101: Este Organismo cuando considere deficiente el informe presentado por el auditor o empresa especializada podrá exigir al Sujeto Obligado el cambio de éstos.

Artículo 102: Las personas jurídicas especializadas 0 el auditor que aspiren prestar servicios de consultoría, auditoría, asesoría relacionada con prevención y control de la LC/FT/FPADM, deberá someterse a Ios requisitos exigidos por este Organismo para su registro y correspondiente autorización, de conformidad con normas que a los efectos elabore este Ente Regulador.

Artículo 103: En el caso que los Auditores Externos o las personas jurídicas especializadas en prevención y control de LC/FT/FPADM emitan un pronunciamiento desfavorable en relación al cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados, de sus obligaciones legales previstas en la LoCDOFT y en las presentes normas, este Organismo podrá practicar una inspección especial para comprobar la exactitud del dictamen emitido y exigir las acciones correctivas correspondientes.

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TÍTULO V REPORTES PERIÓDICOS A ESTA SUPERINTENDENCIA Artículo 104: El Sujeto Obligado remitirá vía electrónica un reporte de todas las transacciones realizadas por sus clientes en sus cuentas corrientes, de ahorros u otros productos similares de depósitos o retiros en efectivo; depósitos o retiros en cheques; o la que resulte de la concurrencia de ambos tipos de operaciones por montos iguales o mayores a los establecidos por este Organismo.

Esta Superintendencia durante el primer trimestre de cada año emitirá Circular donde establecerá el monto máximo permitido para las precitadas operaciones, los cuales están sujetos a modificación cuando este Ente Regulador considere necesario o cuando las condiciones del mercado así lo requiera, en caso que durante un semestre no se elabore la correspondiente Circular, se tomará el monto fijado como vigente la inmediatamente anterior.

Artículo 105: El Sujeto Obligado exceptuará del reporte de las transacciones efectuadas, las cuentas de aquellos clientes que esta Superintendencia disponga e informe a través de Listas de Exceptuados, las cuales se divulgarán a través de Circulares emitidas para tal fin.

Artículo 106: Los Sujetos Obligados remitirán a la SUDEBAN, utilizando transmisiones electrónicas, un reporte de operaciones de compra, venta y transferencias de divisas;

así como ventas de dinero electrónico en divisas y que cumplan con las siguientes características:

1.

Compra y venta de divisas iguales o superiores a Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas.

2. Transferencias iguales o mayores a Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00), o su equivalente en otras divisas, desde y hacia el exterior de la República Bolivariana de Venezuela.

Transferencias iguales o mayores a Tres Mil Dólares de los Estados Unidos de 3.

América (US$ 3.000,o0), o su equivalente en otras divisas, que se efectúen hacia y desde aquellos Centros Financieros Off Shore que puedan ser considerados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como "Jurisdicciones que se han comprometido con las normas fiscales acordadas a nivel internacional, pero aún no las han implementado sustancialmente".

Transferencias iguales o mayores a Setecientos Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 750,00) o su equivalente en otras divisas, que se efectúen desde y hacia países o principales zonas productoras de drogas, según lo especificado en el Global Illicit Drug Trends (Tendencias Mundiales de las Drogas Ilícitas) de la Organización de Naciones Unidas (Página Web: www.unodc.org).

Este Ente Supervisor informará a través del Manual Técnico correspondiente los datos que debe contener y las características técnicas del citado Reporte.

Artículo 107: Este Organismo podrá emitir Circular donde especifica cuáles son las zonas o territorios cuyas transferencias serán objeto de reporte según los montos indicados en los numerales 3 y 4 del artículo que antecede, basándose en los análisis y estudios que realice, la opinión de los organismos internacionales, las evaluaciones mutua que efectúan entre sí los países o territorios miembros de organizaciones internacionales de prevención de LC/FT/FPADM; así como, cualquier otro instrumento que este Organismo considere apropiado.

Artículo 108: La inclusión de personas en las listas de exceptuados emitidas por esta realicen múltiples transacciones que superen el monto mínimo en base al cual se debe realizar el reporte y su único fin es reducir el volumen de las operaciones reportadas, sin que la exclusión o no de algún cliente implique un pronunciamiento por parte de este Organismo sobre la probidad, moral o ética de tales personas.

Artículo 109: Los Sujetos Obligados remitirán vía electrónica a esta Superintendencia, los siguientes reportes:

1. Con la información de sus agencias, oficinas o sucursales locales y extranjeras.

2. De la nómina de su personal fijo, en período de prueba, contratado, pasantes y en comisión de servicio.

3. De las personas naturales y jurídicas accionistas de la Institución; así como, la composición accionaria de las personas jurídicas que forman parte de su capital.

4. De la Junta Directiva o del órgano que ejerza función equivalente de la Institución;

así como, lo concerniente a los aspectos generales de sus miembros.

5. Fecha de ingreso de sus nuevos trabajadores, fecha de egreso y los motivos que hayan llevado a la desincorporación de su nómina.

6. De consumos realizados por sus clientes a través de los distintos tipos de tarjetas nacionales e internacionales existentes en el mercado.

7. De todos los instrumentos de captación que poseen cada uno de sus clientes titulares y firmas autorizadas del mismo.

8. De las transferencias electrónicas, traspasos en cuenta efectuadas por sus clientes a través de internet banking y físicamente en las agencias, así como, otros medios de pagos electrónicos utilizados por el cliente.

9. De las operaciones de compra y venta de divisas pactadas y no pactadas a través de los Entes Supervisados, relacionadas con los diferentes mecanismos establecidos por Convenios Cambiarios emitidos por el Banco Central de Venezuela.

10. Con la información referente a sus nuevos clientes.

11. De los saldos de las cuentas e instrumentos financieros de sus clientes.

Artículo 110: El Sujeto Obligado debe remitir los reportes antes señalados con los Especificaciones Técnicas" del Sistema de Información Integral Financiero (SIF) y en Circulares emitidas para tal fin.

TÍTULO VI DE LAS OPERACIONES QUE SE PRESUMAN COMO DE LC/FT/FPADM Y SU NOTIFICACIÓN A ESTE ORGANISMO Artículo 111: El Sujeto Obligado debe:

1. Conservar la información de las transacciones efectuadas en el país con tarjetas de crédito o débitos emitidas en el exterior, a los fines de su revisión mensual y reportar a esta Superintendencia aquellas operaciones que se consideren sospechosas, tomando en cuenta su cuantía, frecuencia, continuidad y país de origen del Banco Emisor, dicha información deberá estar a disposición de este Organismo cuando éste así lo requiera.

2. Colaborar de forma oportuna y expedita con el Ejecutivo Nacional atendiendo los requerimientos expresos de las autoridades y de la administración de justicia en contra de los delitos de LC/FT/FPADM. El siglo bancario, secreto profesional o confidencialidad debida, no es oponible a las solicitudes de información formuladas por las autoridades ni a los reportes que efectúe el Sujeto Obligado por iniciativa propia ante la sospecha del citado delito de acuerdo a lo previsto en los artículos 8 y 13 de la LOCDOFT.

3. Prestar especial atención a las operaciones que por su cuantía, naturaleza, frecuencia o por las características de las personas que las realizan, puedan dar lugar a considerar que se trata de actividades relacionadas con LC/FT/FPADM; así como, a cualquier operación compleja, no usual o no convencional, a los fines de determinar si las mismas pudieran constituir indicios que guardan relación con el citado delito. Asimismo, deberán hacer seguimiento especial a los depósitos y retiros de efectivo, transferencias nacionales o internacionales, operaciones en divisas, notas de crédito y débito por montos significativos, cuando no demuestren transparencia en su justificación.

Artículo 112: La comparación de una operación identificada como inusual, no convencional, compleja, en tránsito, o estructurada, con la información que se tenga del cliente y las indagaciones que se realicen o se hayan realizado sin alertar al cliente, podrán determinar que dicha operación deba clasificarse como sospechosa. Este proceso de análisis y posterior reporte no deberá exceder de treinta (30) días continuos después de la fecha de detectarse la actividad que originó dicho proceso.

Artículo 113: En la oportunidad que el Oficial de Cumplimiento decida reportar casos de actividades vinculadas a LC/FT/FPADM, deberá remitir el correspondiente Reporte de Actividades Sospechosas (RAS) a la UNIF, utilizando para ello los medios que ésta determine, dentro del plazo indicado en el artículo anterior. Para los efectos de este reporte, no se requiere que tenga certeza que se trata de una actividad delictiva, o de que los recursos provengan de ese tipo de actividad, sólo es necesario que considere que son actividades sospechosas, basándose en su experiencia y en los análisis que haya realizado.

El citado reporte no se considera una denuncia penal y no requiere de las formalidades y requisitos de este modo de proceder, ni acarrea responsabilidad penal o civil contra el Sujeto Obligado y sus empleados o para quien lo suscribe; los clientes no podrán invocar las reglas de confidencialidad o intimidad vigentes, para exigir responsabilidades civiles o penales a los empleados o al Sujeto Obligado, por la revelación de cualquier información, siempre que ésta última reporte la existencia de fundadas sospechas de buena fe a las autoridades competentes, aun cuando la actividad presuntamente delictiva o irregular no se hubiera realizado.

Los Reportes de Actividades Sospechosas, se acompañarán con toda la documentación que determine la UNIF.

Artículo 114: El Sujeto Obligado a fin de evitar un reporte inoficioso debe recabar toda la información posible que sustente razonable y suficientemente los elementos de juicio que establezcan sin lugar a dudas la emisión de un RAS; la responsabilidad de dicha emisión reside en las revisiones efectuadas por la UPCLC/FT/FPADM y en las decisiones que finalmente adopte el Oficial de Cumplimiento, por lo tanto, deben minimizar la elaboración de Reportes que constituyan falsos positivos, que no estén suficientemente documentados, o que con base a una evaluación de todas las variables existentes se determine que no se justifica el reporte.

Este Ente Regulador podrá aplicar las sanciones pertinentes ante la emisión de reportes incompletos o evaluados eficientemente.

Artículo 115: El Sujeto obligado cuando tenga conocimiento que alguno de sus clientes ha sido reseñado en noticia criminis, notificará conforme a lo descrito en el segundo aparte del artículo 118 y primer aparte del artículo 122 de esta norma; en aquellos casos, cuando en el curso de sus operaciones recaben elementos adicionales de un cliente que haya sido reportado, podrán enviar informes complementarios.

Artículo 116: El Sujeto Obligado podrá solicitar información a este Organismo sobre el estatus de los casos reportados cuando éstos presenten implicaciones graves de carácter internacional.

Artículo 117: El Sujeto Obligado prestará especial atención y creará procedimientos y normas internas de prevención, control y mitigación de riesgos, sobre las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes, con personas naturales y jurídicas ubicadas en regiones, zonas o territorios cuya legislación es estricta en cuanto al secreto bancario, de registro o comercial, o no aplican regulaciones contra LC/FT/FPADM similares a las vigentes en la República Bolivariana de Venezuela, o que las mismas sean insuficientes.

justifique, serán objeto de un minucioso examen y si a juicio del Oficial de Cumplimiento fueren clasificadas como actividades sospechosas, los resultados de dicho análisis deberán ser enviados de inmediato a la UNIF, tanto en forma escrita como por vía electrónica utilizando el formulario Reporte de Actividades Sospechosas.

Esta Superintendencia podrá hacer del conocimiento de los Sujetos Obligados, la lista de los países y territorios a los cuales se refiere el presente artículo.

Artículo 118: Cuando un cliente solicite efectuar una operación de la cual exista indicio o presunción que está relacionada con LC/FT/FPADM, el trabajador del Sujeto Obligado podrá negarle el servicio solicitado.

En caso que el Sujeto Obligado no pudiera cumplir con los requisitos de DDC aplicables a clientes habituales u ocasionales, podrá, previo cumplimiento de las formalidades legales y contractuales, terminar la relación comercial o decidir no vincularse comercialmente con éstos.

Todo Io anterior deberá informarse de inmediato a la UPC LC/FT/FPADM a través de los canales internos de reporte. La Unidad informará al Oficial de Cumplimiento, quien decidirá su reporte a la UNIF, a través del Reporte de Actividades Sospechosas o cualquier otro que determine esta Superintendencia o en su defecto notificación.

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Artículo 119: El Sujeto Obligado debe implementar sistemas tecnológicos que permitan mayor cobertura y alcance a sus dispositivos de control para facilitar la detección de operaciones inusuales, a los cuales tendrá acceso la UPC LC/FT/FPADM, tales sistemas como mínimo incluirán las siguientes capacidades:

1. Acceso a todas las operaciones en moneda nacional y/o extranjera, con el fin de consolidar la información relacionada con las transacciones efectuadas por un mismo cliente, incluyendo todos los instrumentos financieros.

venta de divisas de cualquier tipo durante un mismo mes calendario, con la correspondiente sumatoria de las cantidades transadas, de tal manera que se pueda realizar el análisis correspondiente para detectar operaciones inusuales y sospechosas.

3. Detectar las operaciones inusuales o sospechosas (señales de alerta), en tiempo real o con frecuencia no mayor de treinta (30) días.

4. Determinar la existencia de Grupos Económicos, o clientes que presentan vinculación por gestión o administración.

5. Determinar la existencia de concentraciones de crédito por un solo cliente o un grupo de prestatarios relacionados.

6. Determinar la existencia de clientes que presentan un número significativo (anormal) de productos o instrumentos financieros sin justificación con base a sus características operativas o la información declarada al momento de vincularse.

7. Seguimiento intensificado de aquellos clientes clasificado como de Riesgo Alto.

Artículo 120: El Sujeto Obligado debe prestar especial atención a las informaciones obtenidas a través de diferentes fuentes tales como:

1. Medios de comunicación social.

2. Organismos gubernamentales nacionales e internacionales.

3. Asociaciones gremiales.

4. Otros Organismos reguladores.

5. Clientes, usuarios y usuarias.

6. Investigaciones policiales y judiciales.

7. Sus agencias o sucursales.

8. Internet.

9. Otras a juicio del Sujeto Obligado.

Los Sujetos Obligados deberán incluir en sus procedimientos de control interno, los correspondientes a la revisión periódica de las mencionadas fuentes, a fin de obtener la información referente a casos particulares, últimas tendencias de LC/FT/FPADM, o cualquier otra información conveniente para fortalecer el SIAR LC/FT/FPADM, estableciendo a su vez, los procedimientos para la divulgación interna a las dependencias interesadas, por medio de mensajes electrónicos, reuniones periódicas o cualquier método efectivo considerado por la Institución.

Aunque estas fuentes contienen información altamente útil, el Sujeto Obligado no deberá elaborar automáticamente un Reporte de Actividades Sospechosas, sin antes haber indagado si existe una explicación razonable sobre las actividades financieras que realiza la persona mencionada en la fuente de información y adicionalmente haber evaluado el perfil de riesgo de dicha persona.

Artículo 121: Las políticas y procedimientos preventivos que diseña y adopta el Sujeto Obligado para protegerse de las actividades de LC/FT/FPADM, deben incluir Ios sistemas de cajeros automáticos de forma igualmente efectiva a las que se toman en relación a las otras operaciones bancarias. Los programas de adiestramiento, los sistemas de control interno y de auditoría, deben tomar en cuenta de manera apropiada el riesgo del uso de los cajeros automáticos por parte de la delincuencia organizada para legitimar capitales provenientes de sus actividades ilícitas.

Artículo 122: Cuando este Ente Regulador o los organismos competentes soliciten información al Sujeto Obligado sobre un cliente o sus operaciones, dentro de las limitaciones establecidas en las leyes y las que se derivan del negocio bancario, realizará investigación, seguimiento e intercambio de información sobre las operaciones de LC/FT/FPADM que estén siendo objeto de investigación por parte de los mencionados organismos.

La recepción de una solicitud de información o el conocimiento de una noticia criminis, no debe provocar un Reporte de Actividad Sospechosa de manera automática sobre la persona investigada. En estos casos el Sujeto Obligado deberá analizar la información que tenga sobre el cliente y su actividad financiera, procediendo a efectuar dicho Reporte sólo si detecta indicios o sospechas que sus actividades puedan estar relacionadas con los delitos de LC/FT/FPADM. En caso contrario, podrá informar a la UNIF mediante comunicación escrita, que no se encontraron elementos de juicio para reportar sus actividades como sospechosas.

Artículo 123: La información solicitada por los Órganos Jurisdiccionales, el Ministerio Público, los Organismos Policiales o por esta Superintendencia, se remitirán incluyendo los detalles solicitados sobre las operaciones realizadas, anexando copia de los documentos necesarios que permitan la verificación de la información suministrada, siendo el plazo para cumplir con esta obligación, el que se establezca en el oficio de requerimiento para cada caso.

Los procedimientos que serán utilizados para las solicitudes de información emanadas de esta Superintendencia serán las siguientes:

1. Se indicará que la solicitud de información se sustenta en lo previsto en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando sea requerida por los órganos de investigaciones penales, siempre y cuando la misma sea efectuada por dichos órganos dentro de las doce (12) horas siguientes de iniciada la investigación.

2. Se indicará que la solicitud se encuentra basada en los artículos 265 y 291 del Código Orgánico Procesal Penal, en los casos en que sea solicitada por el Ministerio Público, bien directamente o por intermedio de un órgano de policía de investigación penal que actúe bajo la dirección de éste.

3. Se notificará cuando la información requerida sea por instrucciones de los Tribunales competentes.

4. Se informará que la solicitud está basada en el numeral 19 del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, cuando se trate de una investigación administrativa para el cumplimiento de las funciones que a este Organismo le faculta la legislación vigente.

5. Únicamente se tramitarán las solicitudes de medidas preventivas y providencias judiciales, cuando sean ordenadas por el juez con competencia en la causa, lo cual les será notificado a través de oficio o Circular.

Cuando un órgano de policía de investigación penal solicite información relacionada con algún delito previsto en el ordenamiento jurídico, ésta deberá anexar la orden de inicio de investigación de la Fiscalía del Ministerio Público que dirige la misma. Asimismo, cuando se trate de una medida cautelar, deberá anexar la notificación o auto del Juez competente que la ordena. Todo ello, a objeto de proteger el principio contenido en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario con las excepciones contenidas en el artículo 87 ejusdem.

Artículo 124: El Sujeto Obligado cuando elabore y envíe una comunicación que responda a los requerimientos de información realizados por esta Superintendencia, deberá tomar en consideración los siguientes aspectos:

1. El acuse de recibo de la solicitud de información deberá estar sellado con la identificación de la Institución en un lugar visible, donde se pueda observar claramente el nombre y cédula de identidad del empleado que recibe, fecha y hora.

2. Responder de manera individual cada solicitud de información y no mencionar varias circulares en una misma comunicación.

3. Hacer referencia a la fecha y número completo, sin omitir letras, ni números de la Circular que se responde (resaltar en negrillas esta información).

4. Indicar de forma clara y detallada el tipo de respuesta emitida (afirmativa o negativa).

5. Cuando esta Superintendencia instruya que la respuesta sea entregada directamente al Organismo solicitante, el Sujeto Obligado deberá mantener en sus archivos y a disposición de este Organismo copia del acuse respectivo, durante el plazo contenido en la presente norma.

6. Los escritos remitidos deben estar debidamente suscritos, sellados y certificados por el representante de la Unidad correspondiente que efectúa el suministro de la data requerida.

7. Responder en los plazos establecidos.

8. Evitar colocar como anexo de las respuestas emitidas, copia de la Circular mediante la cual se efectúa la solicitud de información.

Artículo 125: La existencia del Oficial de Cumplimiento y la UPC LC/FT/FPADM y los reportes que los Sujetos Obligados remiten a este Organismo y al Banco Central de Venezuela, no eximen a sus directivos y trabajadores, de ejecutar las acciones a que están obligados para la detección de las operaciones sospechosas, ni de su correspondiente reporte a la UNIF. Los montos exigidos en la presente Resolución para la utilización de los mencionados formularios y reportes, no indican cuales operaciones de menor cuantía no puedan ser utilizadas por organizaciones delictivas para intentar legitimar capitales, financiar el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, y en tal sentido, deben reportar estas actividades en caso de que la Institución las considere sospechosas.

Artículo 126: El Sujeto Obligado debe instruir a sus empleados a los fines no advertir a los clientes que se han realizado verificaciones o que se ha notificado a las autoridades, de actividades que puedan dar indicios de estar relacionadas con LC/FT/FPADM.

Tampoco podrán negarle asistencia bancaria o financiera ni suspender sus relaciones con ellos o cerrar sus cuentas mientras duren las fases del proceso de investigación competente. Asimismo, deberán incrementar las acciones de vigilancia sobre sus cuentas y mantener informada a la UNIF, sobre las operaciones sospechosas que se efectúen en ellas.

Artículo 127: El Sujeto Obligado podrá condicionar preventivamente la movilización de cuentas e instrumentos financieros, cuando exista presunción razonable que sus titulares se encuentren vinculados con hechos relacionados con LC/FT/FPADM.

En ese caso deberá, dentro de las 72 horas siguientes a la aplicación del condicionamiento, tomar las medidas internas a objeto de esclarecer los hechos que generaron tal presunción, caso contrario debe levantar de inmediato el mismo y en el supuesto de haber suficientes elementos vinculados a LC/FT/FPADM hacer el reporte respectivo a la UNIF.

Artículo 128: Este Organismo a través de la UNIF podrá solicitar el condicionamiento señalado en el artículo anterior, cuando existan suficientes elementos de riesgo en materia de LC/FT/FPADM que haga necesario tomar tal medida a objeto de impedir que éstos sean utilizados como medio de consumación de tales hechos.

Artículo 129: El Sujeto Obligado tiene prohibido realizar operaciones en moneda nacional o moneda extranjera con personas naturales o jurídicas distintas de las Entidades dedicadas a realizar Operaciones de Cambio Vinculadas al Servicio de Encomiendas Electrónicas Distintas de las Operaciones de Transferencias de Fondos; así como, aquellas que realicen operaciones de intermediación, mediante la compra y venta de divisas que no cuenten con la autorización de funcionamiento de esta Superintendencia o del Banco Central de Venezuela para actuar como Casas de Cambio - Oneradores Cambiarios Fronterizos.

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TÍTULO VII PARTICULARIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT/FPADM PARA DETERMINADOS SUJETOS OBLIGADOS CAPÍTULO I DEL FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE) Artículo 130: EL Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) debe:

1. Implementar el SIAR LC/FT/FPADM exigido en el artículo 7 de la presente Resolución y dar estricto cumplimiento a lo aquí dispuesto en todo lo que le sea aplicable atendiendo a las competencias que tiene legalmente atribuidas. En este sentido, podrá adecuar la estructura de su SIAR LC/FT/FPADM con base al nivel de riesgo identificado en sus operaciones previa autorización de este Organismo.

2. Diseñar y aplicar procedimientos de control y supervisión sobre las Empresas Financieras en marcha que se encuentren bajo su administración como consecuencia de un proceso de intervención administrativa o de sus funciones de liquidador, a fin de asegurarse que implementen sus correspondientes sistemas de administración de riesgos de LC/FT/FPADM acordes con lo exigido por las normas vigentes, hasta tanto se proceda a su venta o liquidación. Asimismo, deberá diseñar los procedimientos para evitar su utilización con esos mismos fines ilícitos durante la realización de las mencionadas operaciones de venta o liquidación.

3. Exigir la designación de un Responsable de Cumplimiento en cada una las Empresas no Financieras en marcha que se encuentren bajo su administración, cuyas acciones hayan pasado a ser total o parcialmente propiedad de la Nación; así como a exigir a dichas empresas el diseño y la implementación de la estructura de administración de riesgos de LC/FT/FPADM cuando Io considere necesario.

4. Remitir a este Organismo, a través de la UNIF, la lista de las personas que participarán en las subastas de Empresas no Financieras o bienes muebles o inmuebles de cualquier naturaleza, señalando: nombre o razón social, número de documento de identificación (RIF, Cédula de Identidad., Pasaporte), dentro de los quince (15) días calendario previos a la realización de dicho evento.

5. Consignar ante este Ente Regulador la documentación de las personas naturales y/o jurídicas que opten por la adquisición de acciones de empresas que se encuentren bajo su administración, indicada en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario; así como, lo establecido en la normativa legal vigente.

6. Remitir a la UNIF en un plazo no mayor a sesenta (60) días continuos siguientes a la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la presente Resolución, la actualización de la información sobre las relaciones de empresas bajo su administración que se encuentran en el exterior la cual debe contener la identificación de las empresas, su ubicación, objeto social y porcentaje accionario bajo su administración. Los datos deberán ser actualizados en la oportunidad de producirse variaciones en los mismos.

7. Reportar las actividades que considere sospechosas según lo establecido en el artículo 113 de la presente Resolución, a la UNIF, utilizando el formulario de Reporte de Actividades Sospechosas.

8. Remitir a esta Superintendencia, a través de la UNIF un reporte de todas las transacciones en efectivo por concepto de pagos totales o parciales derivados de las recuperaciones de créditos (judiciales y extrajudiciales) por los montos fijados por este Organismo de conformidad con el artículo 104 de la presente norma, utilizando para ello medios magnéticos (CD) o cualquier otra vía que éste determine, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al cierre mensual Los datos y características técnicas de dicho reporte serán establecidos en el Manual de Especificaciones Técnicas emitido por este Ente Supervisor.

CAPITULO II OPERADORES CAMBIARIOS FRONTERIZOS Artículo 131: Los Operadores Cambiarios Fronterizos se abstendrán de efectuar operaciones de cambio con personas no identificadas. La identificación del cliente se realizará a través de la cédula de identidad laminada para personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país, pasaporte para personas naturales extranjeras no residentes y el documento de identidad equivalente a la cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela, en el caso de personas naturales nacionales o residentes en el País fronterizo; o en su defecto el Carnet Industrial o Tarjeta Agrícola Fronteriza en el caso de los últimos nombrados. Para las personas jurídicas venezolanas la identificación se efectuará a través del Registro de Información Fiscal, y para las personas jurídicas del País fronterizo su documento equivalente.

Artículo 132: Los Operadores Cambiarios Fronterizos deben:

1. Establecer registros individuales de cada uno de sus clientes usuales, con el fin de obtener y mantener actualizada la información necesaria para determinar claramente su identificación y las actividades económicas a que se dedican.

Para efecto de estos registros se considerarán clientes usuales de un Operador Cambiario Fronterizo, aquellos que hayan efectuado como mínimo durante un mes (1) calendario, tres (3) operaciones de cambio.

Los registros individuales de los clientes usuales deberán tener copia de los documentos especificados en el artículo anterior de la presente Resolución, y cuando se trate de personas jurídicas, copia de los documentos constitutivos vigentes de la empresa y sus estatutos sociales inscritos en el Registro Mercantil o en el Registro Civil; debiéndose dejar constancia de la identificación de las personas naturales a través de las cuales se mantienen las relaciones financieras con el operador, exigiendo los mismos documentos establecidos para las personas naturales.

2. Mantener un registro de todas las operaciones de cambio realizadas con sus clientes, tanto usuales como ocasionales, el cual debe ser conservado por un periodo de diez (10) años, contado a partir de la fecha que se realice cada operación y estar a disponibilidad de los organismos de investigación penal y de esta Superintendencia.

3. Remitir en medios magnéticos (CD), trimestralmente a este Organismo un reporte contentivo de la información correspondiente a las operaciones de cambio realizadas por sus clientes, por montos acumulados que igual en o superen el equivalente a Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2.000,00).

4. Asumir por escrito el Compromiso Institucional y adoptar el Código de Ética, este último contendrá los criterios que permitan anteponer los principios éticos al logro de las metas comerciales y a los intereses personales de sus trabajadores.

5. Reportar a la UNIF las actividades que consideren sospechosas según lo establecido en el artículo 113 de la presente Resolución, utilizando para ello el formulario Reporte de Actividades Sospechosas.

Artículo133: La suma máxima a movilizar diariamente por cliente estará sujeta a las normas relativas a las operaciones de los Operadores Cambiarios Fronterizos que emita el Banco Central de Venezuela para tal fin.

CAPÍTULO III PARTICULARIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT/FPADM PARA ALGUNOS SUJETOS OBLIGADOS Artículo 134: Las Instituciones Bancarias del exterior con representación en la República Bolivariana de Venezuela deberán someterse a éstas normas en todo cuanto les sea exigible; así como, a los mecanismos de control que establezca este Organismo.

Cuando existan diferencias significativas entre las leyes, regulaciones, normas y medidas sobre prevención LC/FT/FPADM que aplica la casa matriz de una de las Instituciones Bancarias del exterior en el país conforme a su jurisdicción de origen y las propias que aplicar las medidas que se establecen en la presente Resolución, agregando aquellas contenidas en las normas de su casa matriz que resulten más estrictas que las exigidas en Venezuela.

De igual forma, deberán advertir a sus casas matrices, que para poder ejercer la representación deberán someterse a esta Resolución y a las demás normativas que rigen la materia en cuanto les sea aplicable.

Cuando existan diferencias significativas entre las leyes, regulaciones, normas y medidas sobre prevención LC/FT/FPADM que aplica la casa matriz de una Oficina de Representación conforme a su jurisdicción de origen y las propias que dicha Oficina debe implementar en la República Bolivariana de Venezuela; ésta debe aplicar las medidas que se establecen en la presente Resolución, agregando aquellas contenidas en las normas de su casa matriz que resulten más estrictas que las exigidas en Venezuela.

Artículo 135: Las Instituciones Bancarias del exterior con representación en la 1. Están exentas de aplicar las disposiciones previstas para el Oficial de Cumplimiento y para la Estructura Administrativa de Apoyo; sin perjuicio de que deben contar con su propio Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM con las medidas de control y prevención en lo que le fuera aplicable;

además de mantener una fluida comunicación, coordinación y monitoreo con el que haga las veces de Oficial de Cumplimiento en sus casas matrices.

2. Los reportes previstos en la presente Resolución, serán presentados a través del representante legal o principal ejecutivo que tengan acreditados dicha entidad en la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 136: Las personas naturales o jurídicas dedicadas al otorgamiento de créditos o a efectuar descuentos o inversiones con recursos propios no estarán obligadas a establecer un SIAR LC/FT/FPADM, pero estarán obligados a proporcionar a este Organismo los datos estadísticos, estados financieros y demás informaciones periódicas u ocasionales que ésta le solicite.

Artículo 137: Las Empresas Emisoras y Operadoras de tarjetas de crédito no están obligadas a implementar el SIAR LC/FT/FPADM, pero deben nombrar un Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de LC/FT/FPADM, el cual tendrá las funciones contenidas en estas normas.

Artículo 138: Los Hoteles y Centros Turísticos autorizados para realizar cambio de divisas están obligados a proporcionar a esta Superintendencia datos estadísticos y cualquier información que ésta solicite, siempre y cuando realicen operaciones de cambio de divisas.

Artículo 139: Los Almacenes Generales de Depósitos deben implementar sus propios procedimientos, medidas y controles internos para desarrollar una adecuada política de administración de los riesgos de LC/FT/FPADM en lo que sea aplicable.

Artículo 140: Las personas señaladas en este capítulo, deben reportar las actividades que consideren sospechosas, según lo establecido en el artículo 113, utilizando el formulario Reporte de Actividades Sospechosas emitido por este Organismo.

TÍTULO VIII DE LA ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO.

Artículo 141: La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario cuando lo considere necesario podrá:

1. Actualizar, los montos en moneda nacional o extranjera a partir de los cuales deben ser utilizados los formularios de reporte especificados en la presente Resolución, lo cual será informado mediante acto administrativo de efectos generales.

2. Formular las observaciones a los Sujetos Obligados, cuando juzgue que los mecanismos adoptados no son suficientes y eficaces, para evitar que puedan ser utilizados como instrumento para legitimar capitales, financiar el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, a fin de que introduzcan los ajustes correspondientes, y su adecuación a los propósitos que se persiguen.

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3. Decidir cuando existan dudas acerca de la naturaleza de las operaciones que realice una Institución no Financiera si se someterán al régimen establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.

Este Organismo, el mismo día que se ejecute cualquiera de las medidas de resguardo contempladas en el artículo 7 del citado Decreto Ley, levantará el acta de ejecución y notificará de la misma a la persona natural o jurídica sobre quien recaiga la medida, mediante publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela e informará al Fiscal General de la República; igualmente, podrá publicar su decisión en un diario de mayor circulación nacional; así como, colocará un cartel donde se especifique la medida de resguardo tomada y el motivo de la misma en un lugar visible del local donde la persona natural o jurídica ejerce su actividad.

Esta Superintendencia podrá solicitar apoyo de la fuerza pública cuando exista impedimento u obstáculo alguno por parte de cualquier persona y ello si fuera necesario; todo ello, a los fines cumplir las medidas que se adopten en la ejecución de las actuaciones previstas en este artículo; así como, para practicar las diligencias necesarias para el desempeño de sus funciones.

RÉGIMEN SANCIONATORIO Artículo 142: El incumplimiento a lo establecido en las presentes normas será sancionado de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, sin perjuicio de las medidas administrativas e instrucciones que este Organismo pueda imponer en atención a sus competencias; así como, a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente para el momento de la infracción.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Artículo 143: Se deroga la Resolución N° 119-10 de fecha 9 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.388 de fecha 17 de marzo de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.494 del 24 de agosto de 2010, así como, todas las Circulares emitidas por este Organismo que contravengan estas normas.

DISPOSICIONES FINALES Artículo 144: La presente Resolución entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días continuos contados a partir de la fecha de suxublieacrón en ta Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

ci

Antenie Morales Rodríguez Superintendente (E) de las Instituciones del Sector Bancario Decreto N° 2.905 de fecha 8/6/2017 publicado en la Gaceta Oficial e la República Bolivariana de Venezuela N° 41.168 de fecha 8/6/2017 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA

Caracas, 03 de enero de 2019

Años 2080, 1590 y 190 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/INA/GRA/DAA/URA/2019/0007 Visto el escrito registrado ante la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia N° 004095 de fecha 13/12/2018, presentado por la sociedad mercantil AGUAMARINA AGENTES ADUANALES, C.A., Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) 3-41198498-1, domiciliada en la calle Real de Maiquetía y Mare, local P.A., urbanización Maiquetía, Maiquetía, Estado Vargas, cuyo documento constitutivo estatutario fue inscrito en el Registro Mercantil Séptimo del Distrito Capital en fecha 06 de junio de 2018, bajo el N° 145, Tomo 34-A y modificado mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 05 de diciembre de 2018, mediante el cual solicitan Autorización para actuar como Agencia de Aduanas, en los diversos trámites relacionados con los regímenes aduaneros, ante las Gerencias de Aduanas Principales de La Guaira y Aérea de Maiquetía.

Visto que la mencionada Sociedad Mercantil ha cumplido con los requisitos exigidos en los artículos 90 y 102- del- Decreto con Rango, Valor y.Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, 133 y 134 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de: la República de Venezuela N° 4.273 Extraordinario de fecha 20 de mayo de 1991, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas) N° 2.170 de fecha 03 de marzo de 1993, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 de fecha 04 de marzode 1993, quien suSCribe J0SÉ DAVID CABELLO RONDÓN, titular de la cédula de identidad V-10.300.226, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT, designado mediante Decreto N° 5.851 de fecha 01 de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de fecha-01 de febrero de 2008, en mi condición de máxima autoridad conforme lo establece el'añículo 7° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Intègrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario de fecha 30 de diclembre de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 6 y 11 del artículo 10 ejusdem y el artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Orgánica de Aduanas.

DECIDE AUTORIZAR a la SOCiedad merCantil AGUAMARINA AGENTES ADUANALES, C.A., Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) 3-41198498-1, para actuar como Agencia de Aduanas, en los diversos trámites relacionados con los Regímenes Aduaneros, ante las Gerencias de Aduanas Principales de La Guaira y Aérea de Maiquetía, quedando inscrita en el registro correspondiente bajo el N° 2.094.

La referida Empresa, queda autorizada para operar en el siguiente domicilio fiscal:

calle Real de Maiquetía y Mare, local P.A., urbanización Maiquetía, Maiquetía, Estado Vargas; en caso de cambio de domicilio sin notificación a la Administración Aduanera, quedará suspendida la presente autorización.

La presente autorización es de carácter intransferible, conforme a lo establecido en el artículo 95: del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas; en consecuencia, cuando sean transferidas las acciones de la compañía, deberá notificarse de inmediato a la Administración Aduanera, y la autorización quedará suspendida hasta tanto se verifique si se mantienen las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización.

Asimismo, se les recuerda, que conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 102 del referido Decreto, deberán mantener en su nómina una o más personas naturales autorizadas como agente de aduanas, para representarlos ante las Gerencias de Aduanas Principales de La Guaira y Aérea de Maiquetía.

La Sociedad Mercantil antes mencionada, queda obligada al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el citado Decreto, sus Reglamentos, la Resolución N° 2.170 de fecha 03 de marzo de 1993 y demás normas aplicables, quedando sujeta a la vigilancia, control, fiscalización e inspección de la autoridad aduanera correspondiente.

Este Servicio podrá suspender o revocar la presente autorización en cualquier momento en que se evidenciare y comprobare que la beneficiaria ha incumplido con las obligaciones propias de su gestión, en perjuicio de los intereses de la República o del consignatario o propietario de la mercancía, o cuando se incumplan con las condiciones bajo las cuales se concedió la presente autorización, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones.

La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, SENIEVID CABELLO RONDÓN SUPERINTENDENTE DEE SERWIOO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.863 del 01-02-2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA

SNAT/2019/0009 Caracas, 07 de enero de 2019 Años 208°, 159° y 19° El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en ejercicio de las facultades previstas en los numerales 1 y 7 del artículo 4° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2014, Dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LA TASA APLICABLE PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES MORATORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Artículo Único. La tasa de interés activa promedio ponderado de los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos, excluidas las carteras de intereses preferenciales, fijada por el Banco Central de Venezuela para el mes de NOVIEMBRE DE 2018, es de 23,98%.

En consecuencia, para el cálculo de los intereses moratorios causados durante el mes de Noviembre de 2018, se aplicará dicha tasa incrementada en uno punto dos (1.2) veces.

JOSE DAVID CABELLO RONDÓN Sepirn ente-del Servicio Nacional Integrado-ae-Aamiistración Aduanera y Tributaria Decretg' N° 5.851 del 01-02-2008 Gaceta Oficial de la República-Bolivariana de Venezuela N° 38.863 del 01-02-2008

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Jueves 17 de enero de 2019 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 445.141

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA CULTURA

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445.142 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 17 de enero de 2019

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA EL ECOSOCIALISMO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS

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TERCERO: Se mantiene a la ciudadana Francy Laury Vásquez Valera, portadora de la cédula de identidad N° V-16.276.627 como Secretaria de la Comisión de Contrataciones y como su suplente a la ciudadana Marlyn Del Carmen Zerpa Bolívar, portadora de la cédulade identidad Nº V-14.673.143.

cuArTo: La Secretaria de la Comisión de Contrataciones ejercerá las atribuciones que le correspondan de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas QuinTo: Las atribuciones conferidas a los miembros de la Comisión de Contrataciones Publicas tendrán serán las estipuladas en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

sexTo: La ausencia de cualquiera de los miembros principales será cubierta por sus respectivos suplentes y en sus reuniones se resolverá de acuerdo a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas vigente y su Reglamento, SÈPTIMO: La ComiSión de Contrataciones de la C.A. HIDROLÒGICA VENEzOLANA (HIDRoVEN), podrá extender la invitación a la Unidad de Auditoría Interna de HIDRovEN, para cada uno de los actos públicos que deba realizar a los efectos de que dicha Gerencia participe con carácter de observador.

ocTAvo: En caso que la complejidad del objeto de la contratación lo requiera, la Comisión de Contrataciones; podrá designar o recomendar la contratación de un equipo técnico de trabajo para analizar las ofertas recibidas en los procedimientos de selección de contratistas iniciados, el cual deberá presentar informe con los resultados y recomendaciones.

NovEno: Los actos y documentos emitidos y suscritos de conformidad con esta Providencia Administrativa deberán indicar seguidamente bajo la ciudadana o el ciudadano designado, nombre de quien lo suscribe, titularidad con la que actúa, la fecha, numero de Providencia Administrativa y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, según lo establecido en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

DÈcimo: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese,

EVELYN BEATRIZ VASQUEZ FIGUERA PRESIDENTA (E) DE LA C.X. HIDROLÒGICA VENEZOLANA (HIDROVEN)

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

EXPEDIENTE N° AB61-S-2018-000054 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNÁNDEZ Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2018-46 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante, TDJ) en fecha 21 de junio de 2018, en la causa signada con el N° AP61-S-2018-000054 (Cuaderno Separado de la causa principal N° AP61-A-2018-000003), nomenclatura que conserva, mediante la cual, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana ARELIS DEL VALLE GONZÁLEZ RONDÓN, titular de la cédula de identidad N° V-9.454.274, de conformidad con el artículo 71 numeral 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética), por las actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones como Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Circuito Judicial del Estado Sucre.

ANTECEDENTES La presente investigación disciplinaria se inició en virtud del oficio N° F64NN-609- 2008 presentado ante la Inspectoría General de Tribunales por la Fiscal Sexagésima Cuarta a Nivel Nacional en Materia Disciplinaria del Ministerio Público, quien remitió denuncias realizadas por el abogado Daniel Alvarado Vicuña, en su condición de Fiscal Sexto del Ministerio Público en Materia de Responsabilidad del Adolescente del Primer Circuito Judicial del estado Sucre por presuntamente incurrir entres otras irregularidades en las causas judiciales Nros RP01-D-2006-000289, RP01-D-2007-000365, RP01-D- 2007-000275 y RP01-D-2007-000122.

Una vez efectuada la respectiva investigación disciplinaria, el Órgano Investigador, disciplinario dictó acto conclusivo de fecha 12 de diciembre de 2017, a través del cual entre otros pronunciamientos, solicitó el sobreseimiento de los hechos antes mencionados por considerar que los mismos no se realizaron; e interpuso acusación respecto a otras denuncias.

En fecha 1° de febrero de 2018, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial mediante auto acordó, con relación a la solicitud de sobreseimiento remitir al TDJ copias certificadas del acto conclusivo y demás actuaciones, a los fines de su pronunciamiento.

En fecha 30 de abril de 2018, el TDJ dictó auto mediante el cual acordó abrir y dar designo/como ponente a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño.

En fecha 21 de junio de 2018, el TDJ dictó decisión decretando, el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la Jueza denunciada, de conformidad con el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética.

En fecha 21 de noviembre de 2018, el TDJ ordenó remitir la presente causa a esta a través del oficio N° TDJ-781-2018.

En fecha 03 de diciembre de 2018, la secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial, dejó constancia de la recepción del asunto proveniente del Tribunal Disciplinario Judicial signado con el N° AP61-S-2018-000054, así como de la asignación de la ponencia según el orden cronológico alternativo a la Jueza MERLY MORALES HERNÁNDEz, quien'con tal carácter suscribe el presente fallo.

Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 21 de junio de 2018, el TDJ publicó la decisión N° TDJ-SD-2018-46, decretando el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana ARELIs DEL VALLE GONZÁLEZ RONDÓN, antes identificada, sustentada en las siguientes consideraciones:

La Primera Instancia Disciplinaria examinó las actuaciones correspondientes a los asuntos judiciales signados con los alfanuméricos RP01-D-2006-000289, RP01-D-2007- 000365; RP01-D-2007-000275 y RP01-D-2007-000122, a los fines de verificar el denunciado retardo en proveer las copias solicitadas por el denunciante, constatando que dichas copias certificadas fueron acordadas por la Jueza investigada dentro del lapso establecido por el Código de Procedimiento Civil.

En tal sentido, el TDJ concluyó que el retardo endilgado a la Jueza ARELIS DEL VALLE GONZÁLEZ RONDÓN, por la representación del Ministerio Público en las causas arriba citadas no se realizó, por cuanto a su juicio la mencionada jurisdicente que se encontraba dentro del supuesto de sobreseimiento de la investigación contemplado en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, motivo por el cual decretó el sobreseimiento con fundamento en esta causal.

III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria y a tal efecto observa lo siguiente:

El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disoplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del..

Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:

Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.

Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:

1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado.

2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.

3. La acción disciplinaria haya prescrito.

4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.

6. La muerte del juez o la jueza.

El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada)

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La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicial, estatuye igualmente la consulta obligatoria a esta Alzada Colegiada de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario. De allí que el legislador de tan especial materia, haya establecido la revisión por un Tribunal de Alzada, del fallo que declara la finalización del proceso como consecuencia del sobreseimiento y solo al verificarse los supuestos indicados en la norma aplicable, procederá su declaratoria.

Ahora bien, la circunstancia de que el hecho no se realizó, corresponde a una causal prevista en los supuestos normativos señalados por el legislador disciplinario y que habilitan al Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria para decretar el sobreseimiento de la investigación, previa verificación exhaustiva de la actuación del Juzgador. En tal sentido, se puede evidenciar de la sentencia N° TDJ-SD-2018-46 dictada en fecha 21 de junio de 2018, que el TDJ decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la Jueza ARELIS DEL VALLE GONZÁLEZ RONDÓN al considerar que el hecho denunciado no se realizó, de conformidad con el numeral 1, del artículo 71 del vigente Código de Ética; asimismo, ordenó la remisión del expediente a los fines de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del artículo antes mencionado que señala que el auto razonado mediante el cual se decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco (05) días siguientes; por todo lo antes expuesto esta Alzada se declara competente para conocer el presente asunto sometido a su consideración. Y así se declara.

IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Deferminada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emiti pronunciamiento en los siguientes términos:

PLIN:

Esta Alzada, considera oportuno reiterar lo señalado en otros fallos en relación al sobreseimiento previsto en la norma adjetiva disciplinaria, el cual constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales en forma anticipada, siendo de la exclusiva competencia de la autoridad judicial su decreto, siempre que resulte acreditado de forma concluyente.cualquiera de las causales previa y taxativamente establecidas por el legislador en la norma regulatoria, vale decir, que el hecho del proceso no se realizó;

que no pueda atribuírsele al Juez denunciado; que el hecho no sea típico; que la acción disciplinaria haya prescrito; que resulte acreditada la cosa juzgada; que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, o por la muerte del juez; tal declaratoria por parte del órgano jurisdiccional, comporta previamente un examen exhaustivo de todos los supuestos establecidos en la norma que regula dicha figura procesal, para poder arribar al convencimiento de la imposibilidad de la sanción disciplinaria y por ende la finalización del proceso.

En su acto conclusivo, la Inspectoría General de Tribunales solicitó el sobreseimiento de la investigación seguida a la Jueza ARELIS DEL VALLE GONZÁLEZ RONDóN con fundamento al numeral 1, del artículo 71 del Código de Ética, el cual cuando el hecho no se haya realizado, siendo decretado por el órgano jurisdiccional el mencionado sobreseimiento conforme a la normativa antes citada, al establecer que los hechos denunciados no se realizaron.- Ahora bien, esta Instancia Superior considera necesario destacar que sobre el Código de Ética; atinente a que el hecho investigado no se realizó, se trata tanto del supuesto de acreditación de falsedad del hecho imputado, como del que no se haya podido probar la existencia de tal hecho, configurándose cuando el elemento objetivo del hecho denunciado no se ha podido demostrar en la realidad, siendo necesario para que se verifique el supuesto de esta causal, que el juez disciplinario haya llegado a la convicción de que no ha existido aquella conducta que provocó el inicio del proceso disciplinario, se trata pues, de la inexistencia fáctica del hecho objeto de la investigación y exige la convicción del órgano disciplinario judicial de la certeza sobre su no realización (Vid. Sentencia N° 13 del 27 de abril de 2017 de esta Corte Disciplinaria Judicial).

Con relación al caso de marras, observa esta Alzada que el hecho denunciado — según se desprende del acto conclusivo emitido por el Órgano Investigador— lo constituye el retardo por parte de la Jueza sometido a procedimiento en proveer las copias solicitadas por el Fiscal Sexto del Ministerio Público en Materia de Responsabilidad del Adolescente del Primer Circuito Judicial del estado Sucre en las causas judiciales Nros RP01-D-2006-000289, RP01-D-2007-000365, RP01-D-2007- 000275 y RP01-D-2007-000122, nomenclatura del Juzgado Segundo de Primara Instancia en Función de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolegcenite del circuito Judicial del Estado Sucre.

3$ Al efecto, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente se observa:

En relación a la causa N° RP01-D-2006-000289, constató esta Corte que corre inserta en el folio 8, de la pieza N° 1 diligencia de fecha 10 de enero de 2008, en la cua el Fiscal Sexto del Ministerio Público en Materia de Responsabilidad del Adolescente de Primer Circuito Judicial del estado Sucre solicitó ante el Juzgado a cargo de la Jueza investigada, la expedición de copia certificada del Recurso de Apelación interpuesto po:

la Defensora Publica del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del misma Circuito Mildred Guerra; asimismo, se pudo constatar que reposa en las actas del presente expediente (folio 9 pieza N° 1) auto dictado por la Jueza denunciada de fecha 14 de enero de 2008, en el cual acordó las copias solicitadas y ordenó librar boleta de notificación, la cual fue librada en la misma fecha y en ella se le informará al Fiscal ya identificado que en efecto fue acordada su solicitud de copias (folio 10 pieza N° 1).

En referencia a la causa N° RP01-D-2007-000365, este Órgano Colegiado evidenció que al folio 11 de la pieza N° 1, corre inserto escrito del representante del adolescente imputado en la causa en referencia; también se pudo comprobar que la Jueza denunciada dictó auto en fecha 26 de marzo de 2008 (folio 12 pieza N° 1) en el cual acordó las copias solicitadas y ordenó librar boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público solicitante, la cual fue librada en la misma fecha y en ella se le certificadas (folio 13 pieza N° 1).

En lo atinente a la causa N° RP01-D-2007-000275, se aprecia que en el folio 2, de representante del Ministerio Público en el que solicitó copia certificada de la decisión , dictada por el Despacho a cargo de la Jueza investigada de fecha 20 de septiembre de 2007 en el referido expediente; en relación a la mencionada solicitud se constató que la Jueza denunciada proveyó la misma mediante auto de fecha 1° de octubre de 2007 (folio la Vindicta Pública, Sobre causa judicial RP01-D-2007-000122, se observa que al folio 4 del presente expediente corre inserto escrito suscrito por el Fiscal del Ministerio Público Daniel Alvarado de fecha 26 de septiembre de 2007, en el cual solicitó la expedición de copias certificadas de la decisión emitida en fecha 25 de septiembre de 2007 por el Despacho regentado por la Jueza investigada en el asunto en referencia.

De seguidas, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Sucre, en fecha 27 de septiembre de 2007 acordó las copias certificadas solicitadas y en la misma fecha libró boleta de notificación a fin de informar al solicitante lo acordado (folios 5 y 6 de la pieza N° 1).

- Observa quienes aquí deciden que cursa a los folios 47, 48, 49 y 50 certificación Saimeró, en la cual señala los días transcurridos entre las fechas de las solicitudes de copias certificadas y las del auto que las acordó, en cada causa judicial para la "expedición de las copias certificadas solicitadas por el Fiscal Sexto del Ministerio Público en Materia de Responsabilidad del Adolescente del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, de estas certificaciones se desprende que la Jueza ARELIS GONZÁLEZ RONDÓN, proveyó las solicitudes de copias certificadas dentro de un lapso no superior a los dos (02) días hábiles, constatándose que en las causas judiciales Nros RP01-D- 2007-000365 y RP01-D-2007-000122, las mencionadas copias fueron acordadas al día siguiente de su requerimiento.

Visto lo anteriormente señalado, considera esta Alzada que la Jueza denunciada actuó diligentemente proveyendo las copias certificadas, ajustándose a lo previsto por la normativa aplicable de acuerdo a la materia cuya competencia les es atribuida a la Jueza denunciada y que por remisión del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo es el Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala solicitud, de lo que se colige que la Jurisdicente acordó las copias certificadas dentro del marco normativo previsto para su expedición.

En tal sentido y visto lo constatado en autos, quienes aquí deciden consideran y acertado lo expuesto por el TDJ, en relación a que efectivamente el hecho constitutivo de .

la denuncia presentada por la Representación Fiscal, no se realizó, debiendo en consecuencia esta Alzada, confirmar el sobreseimiento decretado por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria, conforme al artículo 71.1 del Código de Ética, por cuanto el hecho denunciado no se realizó. Y así se decide.- En razón de los fundamentos antes expuestos esta Corte Disciplinaria Judicial, declara RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-46, dictada o en fecha 21 de junio de 2018, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana ARELIS DEL VALLE GONZÁLEZ RONDÓN, titular de la cédula de identidad N° V-9.454.274, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Circuito Judicial del Estado Sucre. Se CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2018-46, dictada en fecha 21 de junio de 2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el articulo 71, numeral 1, del Código de Ética, en virtud de que los hechos denunciados no se realizaron. Y así se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018 nvestigación seguida a la ciudadana ARELIS DEL VALLE GONZÁLEZ RONDON; titular de la cédula de identidad N° V-9.454.274, Jueza del Juzgado Segundo de Prmera Instancia en Función de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Circuito Judicial del Estado Sucre. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD- 2018-46, dictada en fecha 21 de junio de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, conformidad con lo previsto en el artículo 71, numeral 1, del Código de Ética, en virtud de que los hechos denunciados no se realizaron.

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Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.

Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el articulo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Cúmplase lo ordenado.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los Decise(1 ) días del mes de diciembre de dos mi dieciocho (2018). Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

EI QUEZ PRESIDENTE,

LA VICEPRESIDENTA,PONENTE

OIPIRAR MERLY MORALES HERNÁNDEZ JUEZAARHEIPAL,

ANA GECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ LA SECRETARIA (E)

CARMEN CARREÑO ExXPMAP81-S-2018-00 Hoy ones diecisie (1 de diciembre del ano dos m deccho (8) s las a3:co p.m., se publicó la anteror decisión 6ajo el n°56.

CARMEN CARREND 2a Secretara(E) Quien suscribe, CARMEN CARREÑo, Secretaria Encargada de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 56, publicada en fecha 17 de diciembre de 2018, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial; cursantes a los folios setenta y cinco (75) al folio setenta y ocho (78), con sus respectivos vueltos, del expediente número AP61-s-2018-000054, de la pieza número uno (01), nomenclatura de esta Instancia Judicial. Certificación que se expide a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.

La Secretaria (E),

ARMEN CARREÑO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

EXPEDIENTE N° AP61-R-2018-000009 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNÁNDEZ.

Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, conocer del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana SORAYA MONTERO PARDO, titular de la cédula de identidad N° V-5.803.896, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales (en adelante IGT), según resolución N° 0001-2018, de fecha 12 de abril de 2018, publicada en Gaceta Oficial N° 41.074, de fecha 25 de abril de 2018, en contra de la sentencia N° TDJ- SD-2018-44, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante TDJ) en fecha 21 de junio de 2018, mediante la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria al ciudadano MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V- 7.498.118, Juez Titular del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, del ilícito previsto en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actualmente numeral 15 del artículo 29 del vigente Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética).

! ANTECEDENTES El presente proceso disciplinario fue iniciado de oficio por la Inspectoría General de Tribunales, en fecha 29 de abril de 2013, en virtud de la comunicación N° 10-0909, de fecha 03 de noviembre de 2010, enviada por la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, para entonces presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual remite copia de la decisión dictada por la mencionada Sala, en fecha 28 de octubre de 2010, en la que anuló la decisión dictada por el Juez denunciado el 18- 02-2010, a los efectos de determinar si existía alguna responsabilidad disciplinaria por parte del Juez investigado.

La IGT al presentar su acto conclusivo de fecha 27 de noviembre de 2015, imputó el ilícito disciplinario de abuso de autoridad de conformidad con el artículo 33.14 del .derogado Código de Ética (hoy 29.15 del vigente Código de Ética), al dictar sentencia en el expediente judicial N° 4649 al conocer en Alzada el juicio por desalojo intentado por la ciudadana Nelly Zobeida Scarbay de Castillo, en contra de la ciudadana Cristina González Vargas, desaplicando el artículo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en aplicación del control difuso de la constitucionalidad, sin motivar dicha decisión.

La Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en fecha 30 de marzo de 2016 recibió procedente de la IGT, documentos relacionados con la mencionada denuncia.

PuEn fecha 16 de mayo de 2018, el TDJ celebró la audiencia oral y pública con la finalidad de emitir el respectivo pronunciamiento decisorio, en el que absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA por el hecho denunciado; y en fecha 21 de junio de 2018, el TDJ publicó el extenso de la mencionada decisión.

En fecha 31 de mayo de 2018, el representante de la IGT Hadiee Ronald Valero Camargo presentó ante el TDJ diligencia apelando de la decisión de fecha 16 de mayo de mencionada apelación.

En fecha 03 de octubre de 2018, el TDJ oyó en ambos efectos, el recurso de apelación ejercido por la IGT, ordenando la remisión de la presente causa a esta superioridad.

En fecha 15 de octubre de 2018, la secretaría de esta Corte dejó constancia que en fecha 08 de octubre del año en curso, se recibió la causa signada con el N° AP61-A-2016dio entrada y se le asignó el N° AP61-R-2018-000009, correspondiéndole la ponencia según el orden cronológico alternativo a la Jueza MERLY MORALES HERNÁNDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 24 de octubre de 2018, esta Corte Disciplinaria Judicial, fijó oportunidad para la realización de la audiencia oral y pública.

En fecha 01 de noviembre de 2018, la representante de la IGT consignó escrito de fundamentación del recurso de apelación ejercido.

En fecha 14 de noviembre de 2014, el Defensor Público Auxiliar Segundo con Competencia en materia Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas, en representación del Juez investigado, presentó escrito de contestación a la fundamentación de la apelación.

En fecha 03 de diciembre de 2018, se realizó la audiencia oral y pública de segunda instancia, se dejó constancia que se encontraban presentes las partes y una vez recurso de apelación presentado por la delegada de la IGT contra la sentencia N° TDJ-SD- 2018-44, dictada por el TDJ en fecha 21 de junio de 2018; y confirmó los pronunciamientos del dispositivo de la citada sentencia N° TDJ-SD-2018-44.

(ci:) I DEL RECURSO DE APELACIÓN En fecha 01 de noviembre de 2018, la IGT consignó escrito de fundamentación-det recurso de apelación en los siguientes términos:

La recurrente sostuvo que la primera instancia disciplinaria incurrió en el vicio de falta de motivación al valorar en forma parcial la prueba determinante promovida y evacuada en audiencia oral y pública, constituida por la copia certificada de la sentencia N° 1055 dictada por la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia "..que demostró el juez al dictar sentencia el 18 de febrero de 2010, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, desaplicó el artículo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, sin explicar en el texto de la sentencia la presunta contradicción existente entre el artículo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y los artículos 26, 49 y 257 constitucionales..", y que la decisión recurrida es contraria al artículo 85 numeral 4 del Código de Ética referido a la exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho que debe contener la sentencia.

Alega la recurrente que el TDJ no tomó en cuenta sus alegatos, relacionados con la aplicación errónea por parte del Juez denunciado, del control difuso de la constitucionalidad y la desaplicación del artículo 40 arriba citado, actuación que a juicio de la recurrente se subsumió en abuso de autoridad, ya que el Juez investigado en su decisión no aplicó la normativa prevista en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que establecía el beneficio de prórroga para los contratos a tiempo determinado para arrendatarios solventes en el pago, y obvió el contenido de los artículos 38, 39, 40 y 41 del citado texto legal, desbordando el ejercicio de sus funciones y sin tener base legal para su actuación.

Que la resolución recurrida no consideró el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia -Sentencia N° 565/2001- en materia de control difuso de la constitucionalidad, gue señala que debe expresarse las razones de hecho y de derecho que sirven de sustento al Juez para ejercer el enunciado control, y el TDJ erró al considerar como motivada la sentencia número 1055, proferida por el máximo tribunal como ultimo interprete de normas y principios constitucionales.

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De igual forma sostiene la IGT que si la recurrida hubiese valorado completamente la citada sentencia N° 1055 de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia como prueba fundamental y determinante y que sirvió de sustento a la acusación presentada por el Órgano Investigador, su conclusión hubiere sido que el Juez denunciado incurrió en abuso o exceso de autoridad, y "... no como erradamente señaló la recurrida al considerar que no se dio el supuesto de abuso de autoridad en razón que el juez estaba facultado legalmente para conocer de la demanda de desalojo, cuando el punto controvertido, conforme a los límites de la controversia señalado en su sentencia, quedo determinado en el hecho que el juez desaplicó el artículo 40 de la ley de arrendamientos inmobiliarios, normativa no aplicable al caso concreto y actuó en forma desmedida en el ejercicio de su función jurisdiccional, traspasando el buen ejercicio concreto uso de sus facultades, cuando no aplico en el texto de la sentencia la presunta contradicción..". Finalmente, la recurrente solicitó la revocatoria de la sentencia apelada y sea dictada una nueva decisión.

III DE LA CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN En fecha 14 de,noviembre de 2018, el abogado Marzeus Dos..Santos en su condición Administrativo del Área Metropolitana de Caracas, presentó escrito de contestación a la términos:

Manifestó que respecto al vicio de inmotivación de la sentencia la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que '..el vicio de inmotivación en el acto jurisdiccional consiste en la falta absoluta de de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean exactos o exiguos...; y que la sentencia del a quo contiene los motivos de hecho y de derecho para declarar la absolución en el presente caso.

De igual forma indicó el Defensor Público que la IGT al delatar la falta de valoración de la prueba fundamental para el dispositivo del fallo, devela que su inconformidad con el fallo radica en una valoración probatoria y que ello implica una admisión tácita de que existieron motivos para decidir.

Finaliza la representación del Juez investigado argumentando que dentro de 1os motivos de la IGT para atacar la sentencia, esta la relación de los hechos objeto de la investigación disciplinaria, desvirtuando a su juicio el objeto de la segunda instancia, ya que el examen de los hechos pertenecen al fondo de la causa, que solo procedería al declararse la nulidad de la sentencia recurrida, y por esa razón solicitó que sean desechados los argumentos pertenecientes al fondo de la causa contenidos en el escrito de fundamentación.

IV DE LA DECISIÓN RECURRIDA En fecha 21 de junio de 2018, el TDJ publicó el texto íntegro de la sentencia N° TDJ- SD-2018-44, en la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez MARCOS RAFAEL

artículo 29 del Código de Ética.

El TDJ primeramente realizó la delimitación de la controversia y seguidamente pasó a valorar las pruebas documentales presentadas por la IGT y el Juez investigado.

Seguidamente pasó a resolver como punto previo los cuestionamientos realizados y por el Juez denunciado respecto a la competencia de la Comisión Judicial del Tribunal' Supremo de Justicia para suspenderlo sin goce de sueldo; la inmotivación de dicho al po impúitarle la presunta comisión de alguna falta disciplinaria y su falta de témpgalidad al dejar al libre arbitrio de la IGT la presentación de su acto conclusivo; asimisrio, alegó el juez investigado que la Sala Constitucional ato de manos a la Jurisdicción Disciplinaria Judicial al decidir en su sentencia del 17-12-2014 que esta no tenía competencia-para ordenar la reincorporación de un Juez, ni para ordenar el pago de sus salarios.

La Primera Instancia Disciplinaria, acotó que la Comisión Judicial es un Órgano administrativo, por lo que el acto del 6 de julio de 2010 mediante el cual se suspende al Juez denunciado constituye un acto administrativo emanado de una de las más altas determinado, por lo que consideró que dichos cuestionamientos no tienen relación con los hechos debatidos, razón por la cual declaró impertinentes los alegatos referidos.

En lo relacionado con el alegato previo referido a los defectos del cartel publicado en "Últimas Noticias" por la IGT en contravención con el artículo 50 Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, que no prevé medio impreso para la notificación del Juez un domicilio en todas las causas y que 3 llamadas no eran suficiente tres llamadas a un número telefónico que no se indica; De igual forma el Juez MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA alegó que había solicitado la acumulación de las causas cursantes ante la IGT, para que quedaran comprendidas en un solo acto conclusivo, pedimento que fue negado por el Órgano de Investigación, al indicar que no se encontraban en el mismo estado.

llamamiento a descargos, señaló que el mismo no fue impugnado sino que fue contestado en sede administrativa, y que cualquier defecto en la notificación quedó así subsanado; y en relación a la negativa de acumulación en fase de investigación, estableció que al haber concluido la investigación sin haberse ejercido el control de la misma, había caducado la posibilidad de tal control, razones estas que conlevaron al a quo a declarar estas alegaciones improcedentes en esta fase procesal de juicio.

Al pronunciarse sobre el mérito de la causa, el TDJ en relación al hecho imputado dictó sentencia en el expediente judicial 4.649, al conocer de la apelación interpuesta por la ciudadana CRISTINA GONZÁLEZ VARGAS, parte demandada en el juicio por desalojo, intentado por la ciudadana NELLY ZOBEIDA SCARBAY de CASTILLO, en la que acordó desaplicar erróneamente el artículo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, sin esgrimir las razones de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar tal decisión, incurriendo a juicio de la IGT en abuso o exceso de autoridad.

Al respecto alegó el Juez sometido a proceso disciplinario que en la causa judicial 4.649, que si la falta hubiera sido tan desproporcionada la Sala Constitucional del Tribunal Šupremo de Justicia hubiese declarado error inexcusable y no pasarlo a la IGT para que : considerara si había incurrido en alguna falta.

u La recurrida, en primer término examinó la motivación como requisito de toda sentencia, citando parcialmente diferentes decisiones de la Sala Constitucional y de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, así como la sentencia N° TDJ-SD-2014-77 del 04-12-2015, dictada por esa instancia disciplinaria, concluyendo el a quo que la falta de motivación en el caso sub examine no se entiende como absoluta, ya que el Juez denunciado, además de citar el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, indicó que existía una simulación de hechos que contravenían los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bases legales en la que sustentó su decisión. Finalmente, sostuvo el TDJ que no es posible establecer el abuso o exceso de autoridad dado que la inmotivación absoluta no existió, y que por lo tanto no hubo un uso desproporcionado e injustificado de los deberes legales, ni realizó el Juez denunciado responsabilidad disciplinaria al juez MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA, V DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial debe determinar su competencia para conocer del presente recurso ordinario de apelación y a tal efecto observa lo siguiente:

En este sentido el artículo 37 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, establece la competencia de la Corte Disciplinaria para el conocimiento de los recursos de apelación contra las sentencias definitivas, en los siguientes términos:

Establece el artículo 37 del Código de Ética lo siguiente:

"Artículo 37: Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, Disciplinario Judicial, ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde venezolana." (Negrillas de esta alzada).

Desprendiéndose de la norma ut supra transcrita, la competencia de este órgano recursos de apelación que se intentaren contra las decisiones que de él emanen, debiendo garantizar la correcta interpretación y aplicación de las normas disciplinarias vigentes y del ordenamiento jurídico patrio. Y así se declara.- VI PUNTO PREVIO Previo a la Resolución del Recurso de Apelación presentado, debe eta Corte Disciplinaria Judicial referirse al tiempo de la Investigación empleado por parte dè lá I.G.T.

en el presente caso; en tal sentido, al verificar el iter procesal llevado a cabo en la fase investigativa, se pudo observar:

Que en fecha 03 de noviembre de 2010, fue remitido oficio N° 10-0909, emanado de la Presidencia de la Sala Constitucional a cargo de la Dra. Luisa Estela Morales Lamuño, a la Inspectoría General de Tribunales con copia certificada de la decisión N° 1055 dictada por esa Sala en la cual ANULÓ la decisión dictada en fecha 18 de febrero de 2010 por el Juez investigado, mediante la cual desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el artículo 40 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios; señalando la referida Sala Constitucional que dicho Órgano Investigador determinara la existencia o no de responsabilidad disciplinaria del Juzgador e igualmente ordenó que se decidiera nuevamente sobre la apelación que fue sometida al conocimiento de dicho Despacho jurisdiccional, con observancia de las consideraciones expuestas por el Máximo interprete constitucional. (Folio 1 de la 1ra. Pieza).

Es así como, en fecha 23 de marzo de 2011, la IGT, ordenó abrir el expediente administrativo signado con el N° 110200. (Folio 17 de la pieza 1); y en fecha 29 de abril de 203, acordó iniciar la correspondiente investigación, comisionando a la Inspectora ANA MERCEDES INFANTE, para realizar las respectivas Investigaciones, quien ordenó la notificación del Juez investigado (Folio 18 de la pieza 1).

En fecha 27 de noviembre de 2015, la IGT, emitió su acto conclusivo, dando por terminada la fase de instrucción, presentando dicho acto conclusivo al Tribunal Disciplinario Judicial, el 30 de marzo de 2016 mediante oficio N° 02725-15 (folios 286 al 300 de la pieza 2.

Esta alzada después de haber realizado una revisión y análisis cronológico de la fase investigativa realizada por la IGT, pudo evidenciar que entre el 29 de abril de 2013, fecha de inicio de la Investigación en contra del ciudadano Juez MARCOS RAFAEL ROJAS GARCIA, y el 30 de marzo de 2016, —presentación del acto conclusivo— transcurrieron más de tres (03) años.

Ahora bien, resulta pertinente referir que la investigación en cualquier clase de proceso sancionatorio debe necesariamente tener un límite temporal, ya que el mismo es obtener respuesta en un plazo razonable, entre otros, de tal suerte que cuando se habla de investigación esta debe estar sujeta a los principios constitucionales que contemplan el uno de estos procedimientos sancionatorios; así tenemos, que el legislador penal al asigna al Mipisterio Público la dirección de la investigación penal ha establecido límites temporales,

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para la misma, estableciéndose en Código Orgánico Procesal Penal que una vez individualizado el imputado la investigación no puede extenderse más allá de 08 meses, pudiendo requerir al Juez de control la fijación de un plazo prudencial no menor de 30 días ni menor de 45 días, para la conclusión de la investigación; asimismo, en aquellos delitos en que se deba tomar en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación y cualquier otras circunstancias que a su juicio permita alcanzar la finalidad del proceso, la misma no podrá ser menor de un año ni mayor de 2 años.

En lo atinente a la Investigación realizada por la Inspectoría General de Tribunales en el campo disciplinario, señalaba el artículo 58 del Código de Ética aplicable para la época, un lapso de diez días para dar término a la fase de instrucción, contados a partir del auto de apertura de la Investigación, tal como también lo señaló la sentencia N° 516 de fecha 07/05/2013 y su aclaratoria en sentencia N° 1388 de fecha 17/10/2013, emitidas ambas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así mismo, se prevé en la norma up supra que una vez vencido el lapso sin presentar el acto conclusivo, el Tribunal Disciplinario Judicial deberá decidir decretar el sobreseimiento de la Investigación y ordenar el archivo de la actuaciones.

Sobre los lapsos de la investigación penal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 03 del 4 de Febrero de 2014, señaló lo siguiente:

"..Precisado lo anterior, la Sala considera oportuno emitir un pronunciamiento respecto el problema medular del presente caso, ya que si bien es cierto que las disposiciones legales adjetivas establecen los lapsos para la presentación oportuna del acto conclusivo, no escapa del conocimiento de la Sala que en la práctica estos lapsos se han relajado -como en el presente caso- por tanto, en aras de la seguridad jurídica y a los efectos de mantener la igualdad de las partes en el proceso para así garantizar la tutela judicial efectiva a los fines de evitar excesos tanto de los Tribunales de Instancia como del Ministerio Público en perjuicios de los justiciables, se reitera que el lapso concedido por el Tribunal de Control de conformidad con lo dispuesto en los artículos 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal al Ministerio Público para que presente su correspondiente acto conclusivo, asi como su respectiva prórroga, tiene la condición preclusivo, y, la consecuencia de que no se presente el mismo en el -lapso acordado será la establecida en el último aparte del articulo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo responsabilidad del Ministerio Público las consecuencia que se deriven de la no presentación de dicho acto conclusivo.

(...) Por otra parte, como se señaló supra, la Sala tampoco puede tolerar la conducta asumida por los representantes (abogados Anitza Mackenzie quien asistió la audiencia celebrada el 8 de agosto de 2007 y Leobardo Rondón quien presentó extemporáneamente el escrito de acusación el 12 de marzo de 2008) de la Fiscalia Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, también en el retardo injustificado en la presentación del respectivo acto conclusivo, de más de ocho meses. La omisión de la aludida obligación ha constituido una inveterada y viciada práctica judicial en la que han incurrido muchos fiscales, y en los cuales se deben aplicar los correctivos necesarios a los fines de evitar que dicha práctica lesione derechos fundamentales de los usuarios del servicio de justicia, razón por la cual, se considera justo la remisión de copias de la presente decisión a la Dirección de Inspección y Disciplina del Ministerio Público, con el objeto de que realice la investigación respectiva e imponga las sanciones correspondientes..". (Destacado de esta Corte).

habida cuenta de la naturaleza de la posible "falta disciplinaria" derivada de la interpretación de una norma jurídica contenida en una decisión judicial, la cual fue remitida mediante oficio por la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y cuya investigación comportaba básicamente el análisis de dicha resolución judicial a los fines de determinar si con dicho razonamiento explanado por el Juez en la sentencia anulada, él mismo había transgredido alguna norma que mereciera sanción disciplinaria, por lo cual, dicha actividad investigativa resultaba a todas luces de poca complejidad y de corta duración; es por ello que resulta imperativo para quienes aquí deciden, hacer un llamado de atención a la Inspectoría General de Tribunales, a los fines de llevar a cabo la investigación disciplinaria dentro de los lapsos estipulados en el Código de Ética, y en todo caso de acuerdo a la complejidad del asunto procurar su conclusión dentro de un plazo razonable a fin de garantizar el derecho de los justiciables. Y así se establece.

VII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Una vez revisada las actas que conforman el presente expediente, así como los argumentos orales expuestos por las partes, esta Corte Disciplinaria Judicial pasa a decidir, previa las siguientes consideraciones:

La representante de la IGT alegó que la Primera Instancia Disciplinaria al dictar la sentencia N° TDJ-SD-2018-44, en fecha 21 de junio de 2018, incurrió en el vicio de inmotivación, al absolver de responsabilidad disciplinaria al Juez MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA, por cuanto en su decir, la recurrida valoró parcialmente la sentencia dictada por la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia en fecha 28 de octubre de 2010.

Respecto al vicio de falta de motivación, ha sido pacífica y reiterada la doctrina de nuestro Máximo Tribunal, al señalar que el fallo infeccionado con tal vicio resulta anulable pues el mismo violenta el debido proceso especialmente el derecho a la defensa, al impedir al justiciable conocer las razones por las cuales fueron desestimadas sus peticiones, por ello, es considerado una vulneración al orden público constitucional.

Dicho criterio ha sido suficientemente desarrollado por la jurisprudencia, entre otras, la sentencia N° 1316 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 8 de octubre de 2013 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en la cual, señaló:

"(..) esta Sala, en varias sentencias, ha reiterado el deber de los jueces de que motiven adecuadamente sus decisiones, ya que lo contrario -la inmotivación y la incongruenciaatenta contra el orden público, hace nulo el acto jurisdiccional que adolece del vicio y además, se aparta de los criterios que ha establecido la Sala sobre el particular. Al respecto, esta Juzgadora señaló:

Bolivariana de Venezuela, es de la esencia de dicha norma, que todo fallo debe ser motivado, de manera que las partes conozcan los motivos (...) Ahora bien, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada es un derecho razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que esenciales que fundamentaron la decisión..." (Negrillas de esta Instancia).

En esa misma línea argumental, la sentencia N° 143, de fecha 7de abril de 2017 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, estableció lo siguiente:

"... De allí, que el derecho a la motivación del fallo sea de carácter subjetivo para las exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que dichas partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que debe entenderse como la exigencia en cuanto a que toda resolución judicial tiene que apoyarse en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales en los cuales se fundamenta ..". (Resaltado de esta Corte).

Conforme a los criterios up supra citados, esta Superioridad concluye que la exigencia de la motivación de la sentencia pasa, porque en su resolución el juzgador debe trascender de las meras enunciaciones genéricas, por lo que una decisión debidamente motivada debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan como fundamento del dispositivo, debiendo reiterar que no se está en presencia del referido vicio cuando el sentenciador no hace un análisis exhaustivo, detallado o pormenorizado de circunstancias que en forma sucinta explane como fundamento del fallo.

En el presente recurso de apelación, la recurrente delató que la resolución N° TDJ- SD-2018-44, dictada por el TDJ en fecha 21 de junio de 2018, adolecía del vicio de inmotivación, ya que según aduce, obvió analizar la sentencia N° 1055, de fecha 28 de octubre de 2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual anuló la sentencia emitida por el Juez MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA, en fecha 18 de febrero de 2010, en la que declaró parcialmente con lugar la apelación ejercida por la ciudadana CRISTINA GONZÁLEZ VARGAS, parte demandada en el juicio de desalojo intentado por la ciudadana NELLY SCARBAY de CASTILLO, le concedió a la demandada prórroga legal de tres años, y ordenó la remisión de las actuaciones para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para la consulta obligatoria del fallo, en razón de haber ejercido el control difuso de la constitucionalidad, al desaplicar el artículo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; indicando la recurrente que la mencionada decisión de la Sala Constitucional estableció que el Juez denunciado desaplicó de forma errónea el artículo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. por no haberesgrimido las razones de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar tàl decisión, lo que a juicio de la Inspectoría General de Tribunales constituía el ilícito disciplinario de abuso o exceso de autoridad, indicando que el TDJ no consideró el criterio del.-Tribunal Supremo de Justicia en materia de control difuso de la constitucionalidad que exige que el Juez debe exponer las razones de hecho y de derecho que lo motivan a aplicar el control difuso de la constitucionalidad.

A los fines de constatar si la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación denunciado por el formalizante, se procede a examinar la decisión objeto de apelación dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial:

Así tenemos que la Primera Instancia Disciplinaria circunscribió la controversia a verificar si el Juez Marcos Rojas García había incurrido en abuso o exceso de autoridad al dictar sentencia en el expediente judicial N° 4649, ilícito que había sido imputado por el Órgano de Investigación disciplinaria en su acto conclusivo, para lo cual valoró las pruebas documentales presentadas por la Inspectoría General de Tribunales, entre ellas, la copia certificada de la sentencia dictada el 28 de octubre de 2010 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia —folios 2 al 16 de la pieza N° 1-, en la que se anuló la sentencia dictada por el Tribunal a cargo del Juez el 18 de febrero de 2010, dando por probado que la citada Sala anuló la sentencia dictada por el Juez denunciado en fecha 18 de febrero de 2010, por considerarla contradictoria e ininteligible, al solo indicar como fundamento del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y la supuesta simulación en la relación arrendaticia.

Asimismo, en el establecimiento de los hechos la recurrida refirió que el Órgano Investigador imputo la falta disciplinaria de abuso o exceso de autoridad al Juez denunciado, por el hecho de dictar sentencia en el expediente judicial 4.649, en la cual acordó desaplicar el artículo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, utilizando erróneamente la figura del control difuso de la constitucionalidad, sin esbozar razones de hecho y de derecho.

La sentencia recurrida al examinar el "hecho o acto" presuntamente constitutivo del ilícito disciplinaria atribuido por la IGT al juez sometido a investigación, referido a la "falta de motivación de la decisión judicial por él proferida de acuerdo a la imputación realizada, dictaminó su inexistencia, en razón de no configurarse dicho falta disciplinaria la cual ha sido ampliamente conceptualizada, tanto por los Órganos Jurisdiccionales Disciplinarios, como por las Salas Político-Administrativa y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos elementos entre otros, lo constituye una actuación por parte del Juzgador carente de base legal, circunstancia ésta que a criterio del juzgado de mérito no se evidenciaba, pues su actuación sí contó con fundamento legal, toda vez que el control difuso de la constitucionalidad de las normas jurídicas forman parte de la competencia atribuida a todos los jueces de la República.

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e Asimismo, el a quo concluyó que "..la falta de motivación que se presenta en el caso $ bajo análisis no se entiende como absoluta, por cuanto el Juez citó el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y además indicó que existía una simulación de hechos que.

ôestaban en el expediente, los cuales violaban los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo este el fundamento legal en la que se sustentó la decisión tomada por el Juez..", para finalmente establecer que Juez Marcos Rojas no incurrió en el abuso o exceso de autoridad, por cuanto estaba facultado legalmente para conocer de la demanda de desalojo conforme a los artículos 28, 35 y 36 del Código de Procedimiento Civil, evidenciando además que había motivado su decisión aunque de manera exigua, absolviéndolo en consecuencia de responsabilidad disciplinaria.

Frente a la fundamentación esgrimida por la recurrida como sustento de su dictamen absolutorio en favor del juez sometido a procedimiento disciplinario observa esta Corte, que no le asiste la razón a la impugnante ya que el a-quo, luego de analizar los hechos y delimitar la controversia, procedió a realizar la subsunción en la ley sustantiva disciplinaria, esto es procedió a examinar la conducta del juzgador a la luz de lo que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia como abuso de autoridad así como los elementos que lo constituyen para finalmente concluir que el Juez denunciado no se encontraba incurso dicho injusto disciplinario.

presente procedimiento disciplinario, conforme al cual el juzgador señaló que habían serios indicios que le hacían presumir la existencia de un comodato en la causa que decidió, dudando del tiempo de la relación arrendaticia, determinando que los mencionados indicios indicarán que la ciudadana Cristina González Vargas estaba en posesión del inmueble incoada por la arrendataria antes nombrada, declarando con lugar el desalojo pero concediéndole a la arrendataria una prórroga de 3 años, que a luz del artículo 40 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios no le correspondía, motivo por el cual desaplicó dicha norma en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, determinando el a quo en la decisión impugnada que el Juez Marcos Rojas García había actuado conforme a sus facultades legales y con fundamento en los artículos 28, 35 y 36 del Código de Procedimiento Civil, y que la inmotivación absoluta no existió, ya que había motivado su decisión aunque de manera exigua, veredicto que comparte esta Alzada, aunado al hecho de evidenciar que el fallo apelado se refirió indefectiblemente a la sentencia N° 1055 antes citada y a la imputación realizada por la IGT. Y así se establece.

Por otro lado, resulta oportuno destacar que las decisiones judiciales donde exista falta de motivación, son anulables mediante los recursos previstos en el ordenamiento jurídico, mecanismo el cual resulta idóneo como remedio procesal frente a la existencia d tal vicio, no obstante para que el mismo sea considerado ilícito disciplinario deben concurrir otras actuaciones por parte del juez que acrediten su inidoneidad para) el cargo. y no constituir un error inexcusable, ya que el mismo solo puede ser decretado por-el Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera, que no debe confundirse los mecanismos jurisdiccionales para enervar errores judiciales inherentes a la misma función de juzgar con la aplicación de sanciones disciplinarias en esta materia, pues pudiera constituir un exceso desnaturalizando los principios a que la inspiran y la función constitucional asignada a la misma.

Todo lo antes expuesto permite concluir a este Órgano Colegiado, que contrario a lo señalado por la IGT, la decisión impugnada sí expresó los razonamientos de hecho y de derecho, realizando el silogismo formado por la premisa mayor, premisa menor y la respectiva conclusión constituida por el dispositivo del fallo, cumpliendo así con los requisitos exigidos por el artículo 85 del Código de Ética, lo que permite a esta Alzada concluir que la recurrida no incurrió en el vicio delatado por el Órgano Investigador. Y así se decide.

Con fuerza de las razones de hecho y de derecho antes esbozados, resulta forzoso para esta Alzada, declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la ciudadana SORAXA MONTERO PARDO, actuando por delegación de la IGT contra la sentencia N° TDJ-$D-2018-44, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 221 de junio de 2018; CONFIRMA los pronunciamientos del dispositivo de la citada sentencia N° TDJ-SD- 2018-44. Y así se decide.

VIII DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso apelación interpuesto por la profesional del derecho SORAYA MONTERO PARDO, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la sentencia N° TDJ-SD-2018-44, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 21 de junio de 2018. SEGUNDO: SE CoNFIRMA en todas y cada una de sus partes la sentencia N° TDJ-SD-2018-44, mediante el cual el TDJ absolvió de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V-7.498.118, Juez Tituiar del Juzgado Superior en lo Civil, Mercanti, l artículo 29, numeral 15 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana." Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Remitase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a la Inspectoría General de Tribunales, y a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética.

Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a loscalorce (74 ) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019). Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

JUEZ PRESIDENTE,

TULIO IMÉNEZ ROPRÍGUEZ VICEPRESIDENTA-PONENTE

JUEZA PRINCIPÀL,

ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ SEGRETARIA)

CARMEN CARREÑO

Hoy lunes, catorce C14) de enero del ano dos mil dieinieve (Ron9), sienolo las O2:3o p.m., se público la anterior decisión bajo el No02.

CARMEN CARRENO Za Secretaria (E) 3 Quien suscribe, CARMEN CARREÑo, Secretaria Encargada de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas Corte Disciplinaria Judicial; cursantes a los folios doscientos dieciséis (216) al folio doscientos veintidós (222), con sus respectivos vueltos, del expediente número AP61-R-2018-000009, de la pieza número uno (03), nomenclatura de esta Instancia Judicial. Certificación que se expide a los quince (15) días del mes de enero de 2019.

La Secretaria (E), CARMEN CARREÑO ha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ EXPEDIENTE N° AP61-S-2017-000109 Mediante oficio N° TDJ-764-2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ), remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial (en lo sucesivo, CDJ), expediente signado con el N° AP61-S-2017-000109, contentivo del procedimiento disciplinario seguido en contra de la ciudadana BETTY YANETH ORTÍZ CHACÓN, titular de la cédula de identidad N° V-10.158.825, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure.

Tal remisión se realizó en virtud de lo ordenado en el auto dictado por el TDJ en esa misma fecha, a los efectos de la Consulta Obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD- 2018-50, de fecha 17 de julio de 2018, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación con relación a la solicitud efectuada por la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) en el numeral 2 de su acto conclusivo.

En fecha 15 de noviembre de 2018, la Secretaría de esta CDJ recibió el presente expediente proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD), en virtud del precitado oficio N.º TDJ-764-2018, suscrito por el ciudadano Hernán Pacheco Alviarez, en su condición de Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial; el cual quedó signado bajo el alfanumérico AP61-S-2017- 000109. Asimismo, dejó constancia de su distribución alternativa y aleatoria correspondiéndole la ponencia al juez TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, a los fines de que esta Alzada pase a resolver sobre la presente Consulta Obligatoria y dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones:

| ANTECEDENTES En fecha 1 de diciembre de 2009, la IGT ordenó abrir el expediente administrativo disciplinario N° 090719, con ocasión al escrito de denuncia, interpuesto por el ciudadano Luis Manuel Itriago, contra la ciudadana Betty Yaneth Ortiz Chacón, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, por la presunta comisión de irregularidades cometidas en la tramitación de la causa judicial N° 1C5115-08, (f. 236 al 242, p. 1.).

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El día 24 de agosto de 2017, la IGT dio por terminada la fase de instrucción del expediente disciplinario signado con el N° 090719 en la investigación practicada a la Jueza identificada, la cual tuvo su inicio en fecha 1° de julio de 2010, en virtud de haber dictado acto conclusivo (f.418 al 423, 425, p.1), en el que solicitó el sobreseimiento de la investigación, respecto al hecho denunciado referido al haber declarado el sobreseimiento de la causa N° 1C5115-08 sin la realización de la audiencia oral y pública, de conformidad con el artículo 71, numeral 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

(i Llegado el 17 de julio de 2018, el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SD-2018-50, mediante la cual declaró procedente el sobreseimiento de la investigación solicitado por la IGT. (f. 428 al 432, 10 y vuelto, p. 1).

Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 17 de julio de 2018, el iudex a quo dictó sentencia N° TDJ-SD-2018-50, en la que declaró lo siguiente:

"(...) ÚNICO: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana BETTY YANETH ORTIZ CHACÓN, titular de la cédula de identidad V- 10.158.825, durante su desempeño como Juez (sic) Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por el hecho denunciado(..)" III DE_LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente Consulta Obligatoria, y a tal efecto observa lo siguiente:

El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las Consultas Obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:

Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.

Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:

2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.

(.)" La norma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisión que lo declara en Primera Instancia.

Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 7 de mayo de 2013, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión al juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia.

Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tanto en la reforma que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivafiana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2015, como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 del 4 de febrero de g01'8:

Las observaciones que preceden permiten colegir la atribución de competência objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración.

Con relación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, es oportuno destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7 de mayo de 2013 y 4 de febrero de 2016, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares Ahora bien, se constata en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia TDJ-SD-2018-50, de fecha 17 de julio de 2018, dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida en contra de la ciudadana BETTY YANETH ORTÍZ CHACÓN, titular de la cédula de identidad V-10.158.825, por sus actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure. Así se decide.

V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, la Corte observa que el sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana constituye una modalidad de concluir los procesos disciplinarios judiciales, de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de uno o varios de los supuestos contenidos en dicho artículo (I) que el hecho del proceso no se realizó, no pueda atribuírsele al juez denunciado, (il) que el hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario, (il) que la acción disciplinaria haya prescrito, (IV) que resulte acreditada la cosa juzgada, (V) que no.

exista la posibilidad de incorpora nuevos datos a la investigación o (VI) la muerte del juez- denunciado o jueza denunciada, y cuya decisión por parte del órgano disciplinario de Primera Instancia Judicial deberá ser, por mandato de ley, consultada ante el órgano superior disciplinario. De alli que, resulta dicha consulta, quedaría planteada la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada.

En este sentido, observa esta Alzada que la IGT llevó a cabo la investigación disciplinaria en contra de la ciudadana BETTY YANETH ORTÍZ CHACÓN, Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, en virtud de la denuncia formulada por el ciudadano Luis Manuel Itriago, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana Josefa Victoria Dugarte de Itriago, por presuntas irregularidades en la tramitación de Ya causa judicial 1C5118-08 -Fraude Procesal y Forjamiento de Documento Público-, al haber declarado el sobreseimiento de la precitada causa penal sin la realización del debate oral y público.

Al respecto, la IGT determinó que la Jueza investigada en fecha 12 de mayo de 2009 decretó el sobreseimiento de la investigación penal relacionada con la causa sub examine, indicando que "..se abstenía de llamar a efectuar la audiencia oral y pública para resolver la solicitud del Ministerio Público de sobreseer el asunto judicial, invocando para ello la excepción prevista en el articulo 323 del entonces vigente Código Orgánico Procesal Penal..", en ese sentido, consideró el Órgano Investigador que la conducta de Jueza investigada, no se circunscribe en alguna de las causales de sanción disciplinaria prevista en la Ley, razón por la cual solicitó al TDJ el sobreseimiento de la investigación de constatar que su proceder es parte del ejercicio de la potestad jurisdiccional que le asuntos sometidos a su conocimiento.

Ahora bien, en relación a la sentencia sometida a Consulta Obligatoria, observa esta Alzada que el a quo, para llegar a su veredicto judicial; en primer lugar verificó las actuaciones de la causa penal N° 1C5115-08, así como también el proceder de la Juzgadora en la tramitación de la misma, pudiendo precisar que riela al folio 196 y 197 de la pieza 1, la denuncia de carácter penal formulada en fecha 3 de octubre de 2006, por la ciudadana Josefa Victoria Dugarte de Itriago en contra de los ciudadanos Ramona Alvarado y otros; por presuntas irregularidades administrativas ocurridas en la clasificación y firma de documento ocurrida en las Oficinas de Registro Subalterno del Municipio Páez del Estado Apure.

Constató el TDJ que riela al folio 228 al 233 de la pieza 1, solicitud de sobreseimiento de la causa penal (N° 04-F14-0021-06 nomenclatura del ente Fiscal / N° 1C5115-08 nomenclatura del Juzgado) de fecha 18 de abril de 2008, presentada por el ciudadano Carlos Zambrano en su condición de Fiscal Principal Décimo Cuarto del Ministerio Público del Estado Apure, por cuanto el hecho punible no se realizó o no puede ser atribuido a los imputados.

Luego, el a quo verificó que en virtud de la actuación precedente la Jueza sometida a mayo de 2009, dictó sentencia mediante la cual decretó el sobreseimiento de la investigación de la causa judicial N° 1C5115-08, de conformidad con el artículo 323 del Códigò de Procedimiento Penal ratione temporis, el cual señala "..Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez convocará a las partes y a la victima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición , salvo que estime que para comprobar el motivo no sea necesario el debate." También, constató que en los folios 248 al 257 de la pieza 1, se asentó la decisión emanada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, mediante la cual resolvió el recurso de apelación de autos interpuesto por la ciudadana Josefa Dugarte, en contra de la decisión proferida por el Juzgado regentado por la Jueza denunciada -que decretó el sobreseimiento- ".. PRiMERo: CON LUGAR el presente recurso de apelación ejercido por la victima (...) SEGUNDO: SE ANULA , la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure de fecha 12 de mayo de 2009, en consecuencia se retrotrae el proceso al anulación de la sentencia apelada "al no convocar a la audiencia oral y pública para el sobreseimiento, vulnero (sic) efectivamente el derecho a la defensa de la víctima (sic)", además; a los fines de fundamentar la nulidad decretada aludió sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, referidas a la violación de los derechos de las partes cuando "se le impide la participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias o algún recurso".

En atención, a las actuaciones anteriormente establecidas, el iudex a quo procedió a delimitar la factibilidad de sancionar la conducta en juzgamiento al caso objeto de estudio, y al respecto, consideró el Principio de Legalidad y su vertiente en el estatuido en el artículo 49, numeral 6 -debido proceso- de la Norma Constitucional faltas o infracciones en leyes preexistentes." Al respecto, indicó que ninguna persona puede sufrir sanciones sin norma legal que Jas prevea, significado entonces; que el Principio de Legalidad es la sujeción de todas las actuaciones del Poder Público, a través de cualquiera de sus órganos, a las normas constitucionales y legales; y por otra parte, el TDJ en su fundamentación consideró los atributos que envuelven el Principio de la Tipicidad, determinando para determinación legal de las conductas constitutivas de infracción y acreedores de sanción en el ámbito disciplinario judicial, haciendo alusión a lo establecido en el Código de Ética, respecto a la falta de tipicidad como causal de sobreseimiento.

Luego, pasó a verificar la decisión proferida por la jurisdicente en fecha 12 de mayo de 2009, mediante la cual, acordó el sobreseimiento de la investigación penal, constatando que su fallo fue decretado de conformidad con lo establecido en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual invoca una excepción al llamamiento a una audiencia oral y pública en relación a las solicitudes de sobreseimiento "Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime que para comprobar el motivo no sea necesario el debate." (Negrillas de esta Alzada).

Observa esta Alzada, que el iudex a quo acorazando su decisión de sobreseer a la Jueza investigada estableció que; a pesar que la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción Penal del Estado Apure, acordó la anulación y repuso la causa en la sentencia que motivó el presente procedimiento disciplinario en contra de la Jueza, que su proceder se debió al ejercicio de su independencia y autonomía, el cual se encuentra configurado en el artículo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Y así se establece.

/En razón a las precisiones efectuadas por la Primera Instancia Disciplinaria Judicial, concluyó que la Jueza denunciada en la tramitación del asunto penal N° 1C5115-08 dictó el sobreseimiento de la investigación sin la realización de la audiencia oral y pública, al considerar que la controversia podía resolverse sin llevar a cabo la realización de dicho acto, siendo que el supuesto sobreseído en materia penal fue "que el hecho no se realizó o no puede atribuirse a los imputados", determinación suficiente para el TDJ, y que comparte esta Corte Disciplinaria para estimar que la conducta de la Jueza no puede ser encuadrada en ninguno de los ilícitos disciplinarios; en ese .

sentido se deriva de la denuncia una situación atípica al hecho examinado. Y así se decide.

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apreciaciones efectuadas por la Primera Instancia Judicial, esta Alzada llega a la certera conclusión que los hechos que se venían investigando nunca se razonable de vincular a la investigada con los ilícitos disciplinarios endilgados por el denunciante, existiendo la certeza para quienes aquí deciden que no hay medio de pruebas que sirvan para encausar a la Jueza con los hechos objeto de la investigación disciplinaria; razón por la cual, se confirma el fallo consultado por el TDJ, conforme a lo establecido en el artículo 71, numeral 2 del Código de Ética. Y así se decide.

Visto que de la revisión del fallo consultado no se evidencia la violación a normas de orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, SE CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SI-2018-50 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 17 de julio de 2018. Y así se decide.

VI DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Se decreta de conformidad con el artículo 71 numeral 2 del Código de formulada por la Inspectoría General de Tribunales a través del acto conclusivo de la investigación dictado el 24 de agosto de 2017, a favor de la Jueza BETTY YANETH ORTÍZ CHACÓN, en la causa judicial penal N° 1C5115-08.

SEGUNDO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ- SD-2018-50, dictada en fecha 17 de julio de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la causa AP61-S-2017-000109, nomenclatura interna de dicho Juzgado, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la investigación, a la ciudadana BETTY YANETH ORTÍZ CHACÓN, titular de la cédula de identidad N° 10.158.825, - Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure.

TERCERO: SE CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2018-50, dictada en fecha 17 de julio de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial.

Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase con lo ordenado.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Dada, sellada y firmada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil diez y ocho (2018). Añò 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

JUEZ PRESIDENTE – PONENTE

TULIOJIMÉNEZ RODRÍGUEZ JUEZAVICEPRESIDENTA

MERLY MORALES HERNANDEZ JUEA

ANA CECHLIA ZULUETA RODRÍGUEZ SECRETARIA ()

CARMEN CARREÑO Hoy jueves, trece (13) de dicembre delaño dosmil dieciocho (20i8), sendolo 12:30 pm., se publicó la antenor decisión bajo el N° gs.

La SevtanigE)

Quien suscribe, CARMEN CARREÑo, Secretaria Encargada de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil.

certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la Sentencia N.° 55, publicada en fecha 13 de diciembre de 2018, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial; cursantes a los folios trece (13) al quince (15), de la pieza número dos (02), del expediente AP61-S-2017-000109, nomenclatura de esta Instancia Judicial. Certificación que se expide a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.- La Secretaria (E),

CARMEN CARREÑO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ EXPEDIENTE N° AP61-S-2016-000169 Mediante oficio N° TDJ-782-2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ), remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial (en lo sucesivo, CDJ), cuaderno separado signado con el N° AP61-S-2016-000169, relacionado con el expediente principal N° AP61-D-2016-000020 contentivo del procedimiento disciplinario seguido en contra del ciudadano MIGUEL ALFREDO MENDOZA LÓPEz, titular de la cédula de identidad N° V-9.814.329, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

Tal remisión se realizó en virtud de lo ordenado en el auto dictado por el TDJ en esa misma fecha, mediante el cual remitió el precitado expediente, a los efectos de la Consulta Obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-32, de fecha 24 de abril de 2018, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación con relación a las solicitudes efectuadas por la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) en el numeral 4 de su acto conclusivo.

El 29 de noviembre de 2018, la Secretaría de esta CDJ recibió el presente cuaderno separado proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD), el cual quedó signado bajo el alfanumérico AP61-S-2016- 000169. Asimismo, dejó constancia de su distribución correspondiéndole la ponencia al Juez TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Corresponde a esta Alzada resolver sobre la presente Consulta Obligatoria y dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones:

| ANTECEDENTES En fecha 07 de noviembre de 2011, la IGT ordenó abrir el expediente administrativo disciplinario N° 110416, con ocasión a la denuncia interpuesta por el ciudadano Massimo Prattico Furlan, quien actua en su condición de demandado en la causa judicial signada con el N° 09-1227, contentiva de la demanda interpuesta por acción de Resolución de Contrato de arrendamiento, asignada por previa distribución al Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, a cargo del Juez sometido a procedimiento disciplinario.

expediente disciplinario y solicitó la declaratoria de sobreseimiento de la investigación conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 71 del Código de, Ética. (f. 98 al 108, p.1 del C.S.).

El 06 de julio de 2016, el Órgano Sustanciador de esta Jurisdicción Disciplinaria, acordó mediante auto remitir a la Primera Instancia Disciplinaria Judicial, copias 2 certificadas del escrito acusatorio presentado por parte de la IGT, en virtud del el N° AP61-D-2016-000020, seguido en contra del ciudadano MIGUEL ALFREDO MENDozA LÓPEz, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, asignándole el N° AP61-S-2016-000196, a los fines de la formación del presente cuaderno separado. (f. 111 y 112, p.1, del C.S.).

Llegado el 24 de abril de 2018, el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SD-2018-32, mediante la cual declaró procedente el sobreseimiento de la investigación solicitado por la IGT, respecto al numeral 4 del acto conclusivo. (f. 129 al 139, p.1 del C.S.).

Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 24 de abril de 2018, el iudex a quo dictó sentencia N° TDJ-SD-2018-32, en la que declaró lo siguiente:

"(...) Primero: Se decreta el SoBREsEiMiENTo de la investigación seguida al ciudadano MIGUEL ALFREDO MENDoZA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-9.814.329, en su condición de Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 y 2° del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la (sic) Jueza Venezolana de 2015, respecto a que 'el hecho denunciado no se realizó' y a que el 'hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario', al presuntamente haber negado el derecho a apelar al demandado, dejando firme y sin revisión la sentencia, durante la tramitación de la causa judicial N°09-1227. Segundo: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano MIGUEL ALFREDO MENDoZA LÓPEz, Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la (sic) Jueza Venezolana de 2015, respecto a que el hecho denunciado no se realizó, al presuntamente haber dictado decisión sin valorar los depósitos aportados como prueba. Tercero: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano MIGUEL ALFREDo MENDoZA LÓPEZ, Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, Garcia, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la (sic) Jueza Venezolana de 2015, respecto a que el hecho denunciado no se realizó, al haber ordenado iniciar procedimiento previsto en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley contra Desalojos Arbitrarios, fijando un lapso de 150 días para que la parte demandada indicar sí encontró o no vivienda, sin señalar si ese lapso

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comenzaría a computarse desde el momento que el tribunal emite esa orden o se computaria a partir de la notificación de tal resolución. (...)" III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente Consulta Obligatoria, y a tal efecto observa lo siguiente:

El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las Consultas Obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:

"Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.

Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:

1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado.

2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.

(.) El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Negrillas y Resaltado de esta Alzada) La norma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisión que lo declara en Primera Instancia.

Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 7 de mayo de 2013, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión al juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia.

Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tanto en la reforma que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2015, como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 del 4 de febrero de 2016.

Las observaciones que preceden permiten colegir la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración.

destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7 de mayo de 2013 y 4 de febrero de 2016, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares.

Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-32 de fecha 24 de abril de 2018, dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano MIGUEL ALFREDO MENDOZA LÓPEZ, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Peninsula de verificadas las condiciones objetivas y subjetivas que determinan la competencia para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Así se decide.

IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia, pasa esta Alzada a emitir pronunciamiento, previas las siguientes consideraciones:

A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, la Corte observa que el sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana constituye una modalidad de concluir los procesos disciplinarios judiciales, de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de uno o varios de los supuestos contenidos en dicho artículo (I) que el hecho del proceso no se realizó o no pueda atribuírsele al juez denunciado, (II) que el hecho no sea típico, (I) que la acción disciplinaria haya prescrito, (IV) que resulte acreditada la cosa juzgada, (V) que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o (VI) la muerte del juez denunciado o jueza denunciada, y cuya decisión por parte del órgano disciplinario de Primera Instancia Judicial deberá ser, por mandato de ley, consultada ante el órgano superior disciplinario. De allí que, resuelta dicha consulta, quedaría planteada la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada.

En este sentido, observa esta Alzada que la IGT solicitó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria seguida al ciudadano MIGUEL ALFREDO MENDOZA LóPEz, en su condición de Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Peninsula de Macanao de la Circunscripción-ciudadano Massimo Prattico Furlan al considerar que el Juez incurrió en presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de la causa N° 09-1227; a saber: (1) por haber negado al demandado el derecho de apelar, dejando firme sin revisión la forzando un dispositivo con lugar la demanda; y (Il) por haber dictado auto el día 30 de noviembre de 2011, en el que ordenó iniciar el procedimiento previsto en el "Decreto con Rango y Fuerza de Ley Contra los Desalojos Arbitrarios", fijándole un plazo de 150 días a la parte demandada para que indique al Tribunal si encontró vivienda o no, sin indicar si ese lapso comenzaba a correr desde la notificación o desde el emplazamiento.

En razón a lo anterior, la IGT estableció en lo que respecta al primer hecho -por haber negado al demandado el derecho a apelar, dejando firme sin revisión la sentencia-, que dicha actuación no le es atribuible al Juez investigado, al constatar que el Juez denunciado tramitó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el cual fue oído en ambos efectos en fecha 9 de abril de 2010, y a su vez \ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta para que tramitara dicho recurso, siendo en dicha instancia declarada la inadmisibilidad, razón por la cual solicitó el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con lo previsto en el artículo 71, numeral 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

/Al respecto el TDJ, en relación al hecho que nos ocupa constató que la parte demandada ejerció bajo la competencia del Juez sometido a procedimiento varias actuaciones por vía recursiva; la primera de ellas, consistente en un recurso de apelación de fecha 26 de junio de 2010, contra la sentencia de fecha 23 de junio de 2010, siendo el expediente enviado al Juzgado Distribuidor para someterlo al sorteo aleatorio respectivo, correspondiéndole al Juzgado Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Estado Nueva Esparta, el conocimiento de la misma, el cual se declaró incompetente para conocer en atención a la Resolución N° 2009-006;

emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 18 de marzo de 2009, y en virtud de la declinatoria le correspondió conocer al Juzgado Superior del Estado Nueva Esparta. (Negrillas de esta Alzada).

En virtud, a lo anteriormente precisado, el a quo verificó que el precitado Juzgado Superior llamado a conocer de la causa, en fecha 30 de septiembre de 2010, dictó decisión mediante la cual declaró inadmisible la apelación interpuesta por considerar que la estimación de la demanda no le permitía conocer de la misma de conformidad on lo establecido en la anteriormente señalada Resolución N° 2009-006, y en consecuencia declaró firme la decisión apelada.

Continuando el trámite procedimental en la Instancia Civil, observó el TDJ que la causa sub examine fue remitida al Juzgado a cargo del Juez investigado, quien en fecha 4 de noviembre de 2011, declaró la suspensión de la causa, hasta tanto las partes dieran cumplimiento con el procedimiento establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 3 Viviendas, es decir, que las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el referido Decreto -informar si tienen vivienda o no- 2 A reglón seguido, se observa que el iudex a quo verificó que el 30 de noviembre de 2011, el Juez investigado dictó auto mediante el cual ordenó mantener la suspensión de la causa objeto de revisión disciplinaria por un lapso de ciento cincuenta (150) días contados a partir del día siguiente del auto aquí señalado ".. el lapso en cuestión comenzó a computarse desde el 1° de diciembre de 2011...", en aplicación a lo establecido en el artículo 12 del precitado Decreto.

Ahora bien, las precisiones observadas por el TDJ, lo llevaron a concluir que el Juez investigado en efecto tramitó y diligenció las apelaciones ejercidas y solicitadas dando respuesta a la parte afectada “...tanto de la apelación solicitada en fecha veintitrés (23) de febrero de 2010, la ejercida en fecha trece (13) de marzo de 2011 y la que solicitó [el] 30 de noviembre de 2011, por las actuaciones realizadas dentro del procedimiento en cuestión y de las cuales se palpa que estuvo ceñido a los parámetros establecidos en la norma, lo que denota una conducta cónsona en el desempeño de sus funciones, y que en concatenación con lo esbozado, este órgano jurisdiccional observa que el hecho señalado dentro de los dos primeros supuestos denunciados, el hecho no se realizó... y en el tercer supuesto señalado fue negada, lo cual se encontraría dentro de sus funciones jurisdiccionales (autonomía) al haber motivado que la causa se encontraba suspendida, no atípico... estimando que encuadra en los numerales 1° y 2°.. del referido Código de Ética...".

Observa esta Alzada, que ante las consideraciones esbozadas; el TDJ determinó que el hecho reprochado en todo su contexto, es decir, -por haber negado al demandado el derecho a apelar, dejando firme sin revisión la sentencia- denota la denuncia de dos presuntos ilícitos; y en consecuencia dividido de la siguiente manera: el primero, el haber negado al demandado el derecho apelar, para lo cual la Primera Instancia Disciplinaria Judicial determinó a favor del Juez que el hecho no se realizó, por cuanto efectivamente el Juez tramitó la apelación solicitada; quedando luego, como segundo hecho reprochado -dejando firme sin revisión la sentencia- y, a decir del (autonomía) al haber motivado que la causa se encontraba suspendida...", razón por la cual, consideró el sobreseimiento por resultar atípico.

Esta Alzada, a los fines de verificar la procedencia del sobreseimiento respecto al primer. hecho delatado en los dos supuestos divididos por el TDJ, considera pertinente desarrollar el iter procesal que consta en el presente cuaderno separado, para lo cual se conservará el orden en el que fueron presentadas:

Auto de fecha 4 de noviembre de 2011, dictado por el Juez denunciado, mediante el cual declaró la suspensión de la causa N° 09-1227, en virtud de haber entrado en vigencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (f. 1, p. 1, C.S).

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Diligencia de fecha 13 de marzo de 2012, levantada en el Juzga de 2 .

regentado por el Juez investigado, mediante la cual la parte demandaà solicitó aclaratoria de lo expresado en el auto de fecha 30 de noviembre de 2012, en cuanto a la fecha en la cual deben comenzar a computarse el lapso de la suspensión de la causa, y a su vez apeló de dicho auto. (f..

4, p. 1, C.S).

. Auto de fecha 14 de marzo de 2012, dictado por el Juez denunciado, mediante el cual proveyó la precitada diligencia, aclarando lo siguiente:

"...Este Tribunal ordena mantener la suspensión de la presente causa por un lapso de ciento cincuenta (150) días hábiles contados a partir del día de mañana, en aplicación del articulo 12 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas..." (f. 5 y 6, p.1, C.S).

●Decisión de fecha 23 de febrero de 2010, dictada por el Juez investigado en la causa judicial N° 09-1227. (f. 8 al 31 p.1, C.S).

• Diligencia de fecha 26 de febrero de 2010, presentada por la parte demandada en el juicio civil, mediante la cual apeló la sentencia anteriormente señalada. (f. 32, p. 1 C.S).

Diligencia de fecha 26 de febrero de 2010, presentada por la parte demandada en el juicio civil, mediante la cual solicitó la expedición de copias simples de la sentencia definitiva de fecha 23 de febrero de 2010.

(f. 33, p. 1 C.S).

Auto de fecha 3 de marzo de 2010, dictado por el Juez sometido a procedimiento, mediante la cual proveyó la solicitud de copias requerida por la parte demandada el 26 de febrero de 2010. (f. 35, p. 1 C.S).

Diligencia de fecha 05 de abril de 2010, presentada por la parte demandada en el juicio civil, mediante la cual solicitó la corrección del nombre de la parte demandada en el texto de la sentencia de fecha 23 de febrero de 2010, por presentar errores de identificación, y a su vez nuevamente apeló en contra de la referida decisión. (f. 40, p. 1 C.S).

Auto de fecha 06 de abril de 2010, dictado por el Juez denunciado, mediante el cual entre otros aspectos indicó que "...respecto a la apelación efectuada por la parte demandada, de la decisión emanada de este Tribunal en fecha 23 de febrero de 2010, este Tribunal se pronunciará en lapso p. 1 C.S).

correspondiente...". (f. 41 Auto de fecha 09 de abril de 2010, dictado por el Juez denunciado, mediante el cual oyó dicha apelación en ambos efectos, y en consecuencia remitió la causa judicial N° 09-1227 al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, para que al Tribunal que corresponda conozca la apelación. (f. 43, p. 1 C.S).

3 Sentencia de fecha 6 de junio de 2014, dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, mediante la cual entre otro aspecto revocó el fallo dictado por el Juez investigado el día 23 de febrero de 2010. (f. 45 al 97, p. 1 C.S).

Ahora bien, una vez precisadas las actuaciones que constan en el presente cuaderno separado, quienes aquí juzgados nos apartados con lo dictaminado por el a quo, en cuanto a la división dada al primer hecho reprochado, el cual efectivamente a criterio de esta Alzada debe ser subsumido en lo establecido en el artículo 71 en su numeral 1 del Código de Ética, al quedar evidenciado; que las apelaciones presentadas en fecha 13 de marzo, 26 de febrero y 05 de abril todas de 2010 en contra de la sentencia de fecha 23 de febrero de 2010, fueron debidamente proveídas en fecha 09 de abril de 2010, tal y como quedó reflejado en el folio 43, pieza 1 del presente cuaderno separado, desvirtuando lo alegado por el denunciante -por haber negado al demandado el derecho a apelar, dejando firme sin revisión la sentencia- dando lugar al sobreseimiento de la investigación por cuanto el hecho no se realizó. Y así se decide.

Este Despacho Superior no puede dejar pasar lo observado en los fundamentos que condujeron al TDJ para acordar el sobreseimiento de la investigación, y en ese sentido, se verificó en cuanto al hecho objeto de estudio que el a quo señaló ../la parte demandada...interpuso apelación en fecha 26 de junio de 2010 contra la sentencia dictada el 23 de junio de 2010 por el juzgado a cargo del Juez investigado..."; luego, "...se constató que la parte demandada (hoy denunciante), ejerció por vía recursiva varias actuaciones ... tres (03) apelaciones, la primera contra la sentencia de fecha veintitrés (23) de febrero de 2010, la segunda mediante diligencia que ratifica y reproduce la apelación del auto de fecha 13 de marzo de 2011 y la que solicitó el 30 de noviembre de 2011...", sentencia, toda vez que las fechas establecidas no corresponden a la realidad verificada, y lo que señaló el TDJ como apelación ejercida "30 de noviembre de 2011" no consta en autos, sin embargo, esta Alzada considera en vista del error material involuntaria, que lo que quiso aludir fue la diligencia del día 05 de abril de 2010; la presente advertencia se efectúa para que en ocasiones futuras cosas como las aquí halladas no vuelvan a suceder.

Con relación al segundo hecho denunciado -por haber dictado sentencia sin valorar los depósitos bancarios forzando un dispositivo con lugar la demanda-, el Órgano Instructor en primer lugar, examinó lo establecido en la sentencia de fecha 23 de febrero de 2010, dictada por el Juez denunciado, así como también la sentencia proferida por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, la cual declaró con lugar el recurso de apelación ejercido y revocó en todas sus partes el fallo dictado por el Juez investigado.

En atención a lo anterior, consideró la IGT con relación al segundo hecho reprachado que la sentencia dictada por el Juez investigado fue sometida a control jurisdiccional por parte del Juzgado Superior el cual analizó y valoró los planteamientos de las partes en el juicio, sin hacer señalamiento respecto de alguna vulneración de lqs v13.0nt derechos a los actores en el juicio civil por el Juez investigado, estableciendo que la actuación del Juzgador forma parte de las funciones jurisdiccionales que por Ley..

tiene atribuida, razón por la cual solicitó el sobreseimiento de la investigación de..

conformidad con el artículo 71, numeral 1 del Código de Ética.

Al respecto, el TDJ con relación al hecho sub examine, verificó la sentencia proferida por el Juez sometido a procedimiento el día 23 de febrero de 2010, en la causa judicial N° 09-1227, desprendiéndose de su dispositivo que ese juzgador declaró con lugar la demanda, resolvió el contrato de arrendamiento y ordenó a la parte demandada hacer entrega del inmueble a la parte actora.

Por otra parte, precisó el TDJ que el Juzgador para decidir al fondo del asunto dejó constancia en el texto de la sentencia lo siguiente: "...este juzgador valoró las pruebas aportadas constantes de planillas de depósitos bancarios, recibos de transferencias bancarias, estados de cuentas, cartas emitidas por la entidad bancaria Banco Banesco, probatoria esta qué (sic) a criterio de quien suscribe la sentencia nada demuestra en relación al tema a decidir por lo que tal como se desprende de la ley adjetiva civil, fueron desechadas por impertinentes..." Dichas determinaciones, establecieron en los Jueces de la Primera Instancia la convicción que el Juez denunciado llevó a cabo una valoración de los elementos aportados que conforman el acervo probatorio en el Juicio de Resolución de Contrato de Arrendamiento, específicamente los recibos de pago y comprobantes de pago promovidos como pruebas en el proceso judicial, razón por la cual decretó el sobreseimiento de la investigación a favor del Juez investigado, al considerar que el hecho no se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 71, numeral 1, apreciación que comparte esta Corte Disciplinaria Judicial. Y así se decide.

En cuanto al tercer y último hecho denunciado -por haber dictado auto el día 30 de noviembre de 2011, en el que ordenó iniciar el procedimiento previsto en el "Decreto con Rango y Fuerza de Ley Contra los Desalojos Arbitrarios", fijándole un plazo de 150 días a la parte demandada para que indique al Tribunal si encontró vivienda o no, sin indicar si ese lapso comenzaba a correr desde la notificación o del emplazamiento-; la IGT a los fines de verificar si el Juez investigado incurrió en algún ilícito disciplinario constató que el día 4 de noviembre de 2011, dictó un auto procedimiento establecido en el precitado Decreto. (Negrillas de esta Alzada) Observa, esta Alzada que se desprende del acto conclusivo presentado por la IGT que el día 30 de noviembre de 2011, el Juez denunciado dictó nuevo auto acordando mantener la suspensión de la causa por el lapso de ciento cincuenta (150) dias, aclarando que el mismo comenzaría a computarse a partir del día siguiente del referido auto, ordenando a su vez la notificación de las partes, sin embargo, la parte demandada solicitó al Juzgado regentado por el Juez investigado aclaratoria en cuanto al día en el que debía computarse la suspensión, es decir, si el lapso debía.

computarse desde el día siguiente del auto o a partir de su notificación, siendo proveída la aclaratoria el 14 de marzo de 2012, por parte del Juez "... el lapso en cuestión comenzó a computarse desde el 1° de diciembre de de 2011". (Negrillas de esta Alzada).

Dichas apreciaciones, determinaron en el Órgano Auxiliar la convicción que el Juez investigado en ningún momento le vulneró el derecho a la defensa de la parte demandada; al constatar que el Juez sí dejó establecido en el auto del día 30 de noviembre de 2011, la fecha en la cual se comenzaría a computar el lapso de la suspensión de la causa -el día siguiente del auto, es decir, el 1° de diciembre de 2012-, razón por la cual solicitó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria de conformidad con el artículo 71, numeral 1 del Código de Ética a favor del Juez, por cuanto el hecho no puede atribuírsele al Juez denunciado.

Como resultado a las determinaciones ofrecidas por la IGT, esta Corte observó que el iudex a quo, para llegar al decreto de sobreseimiento de la investigación disciplinaria con relación al tercer hecho denunciado, -por haber ordenado el procedimiento previsto en el Decreto... fijando un lapso de 150 días para que la parte demandada indicar sí encontró o no vivienda, sin señalar sí ese lapso comenzaría a computarse desde el momento que el tribunal emite esa orden o se computaría a partir de la notificación de tal resolución- indicó haber "...realizado un estudio pormenorizado de las actas... pudo constatar que el auto emitido ordenó que el lapso de suspensión comenzaba a contarse el día siguiente del auto de fecha.

30 de noviembre de 2011, con la particularidad que el demandado se encontraba a derecho comporta un ilícito disciplinario..." Cos Por otra parte, el TDJ indicó que la IGT había solicitado el sobreseimiento de lá..

investigación, de conformidad con lo establecido en el segundo supuesto del artículo 71, numeral 1, es decir, que el hecho no puede atribuírsele al Juez denunciado, discrepando el a quo en la, subsunción efectuada, al considerar la procedencia del sobreseimiento según lo establecido en el primer supuesto ejusdem, es decir, que el hecho no se realizó, al quedar verificado que el Juez sí dejó asentado que el lapso de suspensión comenzaría a computarse al día siguiente del auto de fecha 30 de noviembre de 2011, aunado al hecho que la parte demandada se encontraba a derecho desde el mismo momento en el que fue debidamente citado, y en hecho no se realizó.

Lo anteriormente explanado, autoriza a esta Alzada a la verificación de las siguientes actuaciones que constan en el presente cuaderno separado, a los fines de constatar la procedencia o no del sobreseimiento de la investigación disciplinaria en cuanto al tercer hecho denunciado.

• Auto de fecha 4 de noviembre de 2011, dictado por el Juez denunciado, mediante el cual declaró la suspensión de la causa N° 09-1227, en virtud de haber entrado en vigencia el Decreto con

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Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (f. 1, p. 1, C.S).

Diligencia de fecha 13 de marzo de 2012, levantada en el Juzgado UDICIS regentado por el Juez investigado, mediante la cual la parte demandada solicitó aclaratoria de lo expresado en el auto de fecha 30 de noviembre de 2012, en cuanto a la fecha en la cual deben comenzar a computarse el lapso de la suspensión de la causa, y a su vez apeló de dicho auto. (f. 4, p. 1, C.S).

Auto de fecha 14 de marzo de 2012, dictado por el Juez denunciado, mediante el cual proveyó la precitada diligencia, aclarando lo siguiente: "...Este Tribunal ordena mantener la suspensión de la presente causa por un lapso de ciento cincuenta (150) días hábiles contados a partir del día de mañana, en aplicación del artículo 12 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley contra el" Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas..." (f. 5 y 6, p.1, C.S).

Al respecto, observa esta Alzada que el auto de fecha 4 de noviembre de 2011, dictado por el Juez denunciado, estableció que en virtud del artículo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la desocupación Arbitraria de Vivienda, establece que los procesos judiciales deberán ser suspendidos hasta 'tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el referido Decreto, verificando esta Corte que la causa objeto de estudio se encontraba dentro de aquellas que comportan la tenencia de inmuebles destinados a viviendas, razón /por la cual, el Juez declaró la suspensión de dicha causa judicial, hasta tanto las partes cumplan con el procedimiento previo establecido en el Decreto, y así se acreditado.

También, este Despacho Superior analizó el contenido que se, desprende de la diligencia levantada en el Juzgado regentado por el Juez denunciado, mediante la cual la parte demandada expuso "..Por cuanto el Auto de fecha 30 de noviembre de 2012 (sic), mediante el cual el Tribunal decreta decreta el inicio del procedimiento para casos como el de autos previsto en el Decreto... cuyo emplazamiento mediante boleta librada a tal efecto en los mismos términos, en su texto dice:.. que por auto dictado en fecha 30 de noviembre de 2011... se suspendió la causa N° 09-1227, en la que Usted es parte demandada, por un lapso de ciento cincuenta días hábiles (150) contados a partir del día siguiente del auto emitido, conforme al artículo 12 del Decreto.., que pn caso de no tener donde habitar manifieste dicha situación a este Tribunal, a los efectos de que este Tribunal canalice lo conducente de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.. genera dudas en cuanto a su interpretación, de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil... solicito del Tribunal ACLARE si (sic) EL SENTIDO del auto Del 30 de noviembre de 2011 es que el lapso de CIENTO CINCUENTA (150) HÁBILES DE PARALIZACIÓN DE LA CAUSA conforme al artículo 12 del Decreto... han de contarse "a partir del día siguiente del auto emitido o a partir de la notificación realizada de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil..." Ahora bien, esta Instancia Superior, observa que efectivamente el Juez denunciado dictó auto de fecha 4 de noviembre de 2011, en el cual declaró la suspensión de la causa, en atención a lo establecido en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Contra:

los Desalojos Arbitrarios y Desocupación Arbitraria de Viviendas, encontrándose obligado a suspender la misma, por referirse a la resolución de un contrato de arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda, actuación esta que comporta.

una conducta diligente y garante de los derechos de la parte demandada -hoy denunciante-, y que en el caso de no haber acatado lo establecido en dicho Decreto, se configuraría la comisión de ilícitos disciplinarios, es por ello, que esta Alzada considera procedente el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con lo establecido en el primer supuesto del artículo 71, numeral 1, al evidenciarse que el hecho no se realizó, tal y como lo encuadró el TDJ, bajo las precisiones observadas por esta Superioridad. Y así se decide.

Esta Alzada, considera nuevamente importante advertir lo aquí detectado, lo cual consiste en la precisión de los elementos probatorios por parte de la Primera Instancia Disciplinaria Judicial, para llegar a la convicción de sobreseer al Juez investigado, toda vez que su apreciación se basó en el auto' de fecha 30 de noviembre de 2011, al cual no forma parte del acervo probatorio, consignado en el presente cuaderno separado, de igual forma, se verificó que al traer a colación las pruebas, las mismas son identificadas en folios que no corresponden al presente expediente, para que en lo sucesivo se preste la debida atención al momento de argumentar la decisión.

Visto que de la revisión del fallo consultado no se evidencia la violación a normas de orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de lá.

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, CoNFIRMA la sentencia Nº TDJ-SD-2018-32, dictada en fecha 24 de abril de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial. Así se decide.

CORTE V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ- SD-2018-32, dictada en fecha 24 de noviembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la investigación, respecto al numeral 4 del acto conclusivo presentado por la Inspectoría General de Tribunales, en fecha 04 de marzo de 2016, al ciudadano MIGUEL ALFREDO MENDOZA LóPEz, titular de la cédula de identidad N° V-9.814.329, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de l Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, de conformidad con el artículo 71, numeral 1, del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2018-32, dictada en fecha 24 de, noviembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial.

certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial.

del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase con:lo ordenado.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Dada, sellada y firmada en el salón del despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los Dis&te () días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Año 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

JUEZ PRESIDENTE - PONENTE

TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

JUEZA VICEPRESIDENTÀ

HERNANDEZ MERLY MORALES

ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ SECRETARIA (E)

ARMENCARREÑO

Exp. AP61-S-2016-000169.

Hoy lones, diecisiete C14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2oyg), siendo 3:10 p-m., se publicó la antenor decision bajo el nómero57 Dhng CARUEN@ARRENO Quien suscribe, CARMEN CARREÑo, Secretaria Encargada de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la Sentencia N.º 57, publicada en fecha 17 de diciembre de 2018, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial; cursantes a los folios ciento cincuenta y ocho (158) al ciento sesenta y cuatro (164), de la pieza número uno (01), del expediente AP61-S-2016-000169, cuaderno separado, nomenclatura de esta Instancia Judicial. Certificación que se expide a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2018.- La Secretaria (E),

CARMENCARREÑO

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MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de noviembre de 2018 Años 208° y 159° TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar como FISCAL PROVIsORIO al ciudadano Abogado JONATHAN JESÚs VERA GUARDO, titular de la cédula de identidad N° 14.406.994, en la FISCALÍA 53 NACIONAL PLENA, cargo vacante.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

ComuníqueRublíquese.

EKAVILLIANS SAAB Geñeral de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de enero de 2019 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 011 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la Ciudadana YOLIMAR JACKELINE PÉREZ TORRES, titular de la cédula de identidad N° 14.906.468, en la FISCALÍA DECIMA PRIMERA del Ministerio PúblicO de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar y competencia en materia Contra las Drogas.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Comuuy Publíquese.

TABEK WILLIANS SAAB FiscaGeneral de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de enero de 2019 Años 208º y 159º RESOLUCIÓN N° 019 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado JOSÉ ADRIÁN BARRIOs REVEROL, titular de la cédula de identidad N° 19.199.182, en la FISCALÍA 22 NACIONAL PLENA, cargO vacante.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Comuníquese y Publíquese.

farek

AREK WILLIANS SAAB Fal General de la República 780d:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de enero de 2019 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 20 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar comO FISCAL PROVISORIO al ciudadano Abogado JESÚS RAFAEL CENTENO PEREIRA, titular de la cédula de identidad N° 17.530.336, en la FISCALÍA 4 NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía 26 Nacional Plena.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Comuníquese y Publíquese.

EKVILLIANS SAAB ral de la República

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de enero de 2019 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 021 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada BETSAIDA DEL CARMEN RUIZ ACOSTA, titular de la Cédula de identidad N° 16.459.613, en la FISCALÍA 12 NACIONAL PLENA CONTRA LA CORRUPCIÓN, BANCOS, SEGUROS Y MERCADO DE CAPITALES. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía 26 Nivel Nacional Plena.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

waublíquese.

Comuníq y

Cer

ILLIANS SAAB iscal Gereral de la República GENER

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AÑO CXLVI - MES IV Número 41.566

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Caracas, jueves 17 de enero de 2019

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