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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 41.565

16 de enero de 2019 · 32 páginas
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AÑO CXLVI - MES IV Número 41.565 Caracas, miércoles 16 de enero de 2019

SUMARIO

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Secretaría del Consejo Federal de Gobierno Resolución mediante la cual se asigna al Fondo de Compensación Interterritorial, para el Ejercicio Fiscal 2019, la cantidad que en ella se indica, que corresponde a la estimación del quince por ciento (15%) de lo recaudado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) anualmente, para los planes de inversión y proyectos asociados a las entidades político territoriales.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Edith Johanna Peraza Cáceres, como Directora General, adscrita a la Dirección General para África del Despacho del Viceministro para África, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se dan por terminadas las funciones, dentro del Territorio Nacional, del ciudadano René Alejandro Duarte Galavís, como Cónsul de la República de Colombia en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, así como de los privilegios e inmunidades que le fueron otorgados.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA DEFENSA Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se mencionan, como responsables del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a las Unidades Administradoras Desconcentradas, sin firma, que en ellas se indican, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resoluciones mediante las cuales se crea los Programas Nacionales de Formación Avanzada que en ellas se indican, para la continuidad del proceso formativo de los profesionales que se desempeñan en las áreas que en ellas se especifican.

CNU Acuerdos mediante los cuales se autoriza a las Universidades que en ellos se mencionan, la creación y funcionamiento de los Programas de Especialización, Maestría y Doctorado que en ellos se especifican, en las sedes que en ellos se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA HÁBITAT Y VIVIENDA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Elizabeth Fidalgo Nunes, como Directora Encargada del Despacho de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI), y se le delega las atribuciones y firma de los actos que en ella se indican.

Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, como Miembros de la Junta Administradora de las obras Conjuntos Residenciales Bosque Real, Mata Linda y la Sociedad Mercantil Viviendas de Salamanca, C.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ángel Vladimir Castillo Soto, como Director de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA ALIMENTACIÓN Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a las ciudadanas que en ellas se mencionan.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sala Constitucional “Sentencia de la Sala Constitucional que establece, con carácter vinculante, que en caso de desistimiento malicioso o de abandono de trámite la sanción aplicable por el juez de la causa será establecida en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales vigente, es decir, multa de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00) a cinco mil (Bs. 5.000,00). Este cambio de criterio, se aplicará con efecto ex nunc, a partir de la publicación del presente fallo”.

“Sentencia de la Sala Constitucional con carácter vinculante y con efectos ex nunc que, extiende a todos los Tribunales de la República, el uso de la figura “extensión jurisdiccional” prevista en el Artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal, de oficio o a petición de parte, para examinar incidental y motivadamente, los elementos de convicción contenidos en asuntos ajenos a su competencia material originaria, siempre y cuando esos asuntos estén estrechamente vinculados con los hechos sometidos a su conocimiento, con el objeto de incorporar los elementos de convicción que éstos contengan, articular los distintos asuntos y evitar decisiones contradictorias”.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

página original (tal como se publicó)Página 1 de la Gaceta

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RESUELVE COMPENSACIÓN Asignar FONDO DE

PRIMERO.

al INTERTERRITORIAL para el ejercicio fiscal 2019, la cantidad de DOS MILLONES VEINTIOCHO TREINTA Y MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMos (Bs. 28.032.935.679,79) que corresponde a la estimación del quince por ciento (15%) de lo recaudado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) anualmente, para los planes de inversión y proyectos asociados de las entidades político territoriales, el fortalecimiento del poder popular y el fortalecimiento institucional.

SEGunDo. La distribución de la cantidad indicada en el punto Primero, es de la siguiente manera:

407 Transferencias y Donaciones Subpartidas Genéricas, Asignación FCI para las 11.00.00 Bs.

Especficas y Sub

28.032.935.679.72 Entidades Político Territoriales, Específicas Poder Popular y Fortalecimiento Institucional FCI Estadal y Municipal Bs.

18.221.408.191.72

1.01.00 FCI Estadal Bs.

10.372.186.201.39 Distrito Capital E5000

400.855.773,03 5000 E5100 Estado Amazonas

444.105.948,55 5100 Estado Anzoátegui E5200

434.236.574,73 5200 Estado Apure E5300

427.237.875,17 5300 E5400 Estado Aragua

443.859.545,37 5400 E5500 Estado Barinas

416.518.521,12 5500 E5600 Estado Bolivar

524.528.654,82 5600 Estado Carabobo E5700

499.900.500,44 5700 E5800 Estado Cojedes

356.783.029,01 5800 E5900 Estado Delta Amacuro

387.482.670,12 5900 E6000 Estado Falcón

398.462.027,24 6000 E6100 Estado Guárico

457.911.735,09 6100 E6200 Estado Lara

540.276.536,40 6200 E6300 Estado Mérida

338.552.883,14 6300 E6400 Estado Miranda

507.380.080,75 6400 E6500 Estado Monagas

402.608.581,07 6500 Estado Nueva Esparta E6600

296.239.483,20 6600 Estado Portuguesa E6700

432.372.282,54 6700 Estado Sucre E6800

417.606.825,68 6800 Estado Tachira E6900

387.277.433,51 6900 Estado Trujillo E7000

364.454.931,48 7000 Estado Yaracuy E7100

384.764.692,24 7100 E7200 Estado Zulia

785.635.040,34 7200 E7300 Estado Vargas

323.134.576,34 7300

11.02.00 FCI Municipal Bs.

7.849.221.990.40

E5000 Distrito Capital

168.704.653,29 Bs.

5000 E5001

168.704.653,29 Municipio Libertador 5001 E5100 Estado Amazonas Bs.

5100

179.376.001,02 E5101

33.593.160,02 5101 E5102

27.170.536,56 5102 E5103 Municipio Atabapo

23.903.937,57 5103 E5104 ny odpn 5104

21.276.221,23 E5105 Municipio Maroa

19.021.122,12 5105 E5106 5106

26.996.063,43 Municipio Rio Negro E5107

27.414.960.09 5107

492.700.369,46 E5200 Estado Anzoktegui 5200 Bs.

34.922.727,83 E5201 Municipio Anaco 5201

19.165.277,93 E5202 Municipio Aragua 5202

59.681.413,92 E5203 Municipio Simón Bollvar 5203 Municiplo Ezequiel 16.732.666,02 E5204 Manuel 5204 Bruzual 18.931.856,92 E5205 Municipio Francisco del Carmen 5205 Carvajal 16.117.179,41 E5206 Municipio Juan Manuel Cajigal 5206 E5207 5.714.003,26 Municipio Diego Bautista Urbaneja 5207 24.76L.554,63 E5208 Municipio Pedro Maria Freites 5208 E5209 ng o g pn 5209 Municipio Guanta

18.036.401,02 E5210 5210

19.784.195,93 E5211 Municipio Independencia 5211 Municipio Libertad 19.074.122,94 E5212 5212 Municipio Francisco de Miranda

25.246.964,73 E5213 5213

22.323.536,45 E5214 5214

17.802.554,18 E5215 Municipio Femando de Peñalver 5215

19.733.014,90 E5216 Municipio Pritu 5216 E5217

32.229.457,51 Municipio Simón Rodriguez 5217

42.611.201,45 E5218 Municipio Juan Antonio Sotillo 5218 15.968.241,68 Municipio Sun Juan de Capistrano ES5219 5219 20.601.914,43 Municipio Sir Artur Me Gregor E5220 5220 19.471.862,48 E5221 Municipio Santa Ana 5221 E5300 Estado Apure Bs.

5300

180.051.778,08

26.877.353,82 E5301 Municipio Achaguas 5301 E5302 Municipio Biruaca 22.546.218,40 5302 21.576.466,03 E5303 Municipio Mufoz 5303 31.461.617.23 E5304 Municipio Páez 5304 E5305 20.317.846,81 Municipio Pedro Camejo 5305 E5306 Municipio Rómulo Gallegos 19.347.329,37 5306 E5307 Municipio San Fernando 37.924.946,43 5307 E5400 Estado Aragua 420.255.460,06 Bs.

5400 Municipio Sucre

20.121.680,16 E5401 5401 Municipio Bolivar

23.851.169,62 E5402 5402

17.475.447,72 E5403 Municipio Camatagua 5403 E5404 Municipio Girardot 47.223.516,12 5404 Municipio José Angel Lamas 14.223.918,38 E5405 5405 Municipio José Felix Ribas 30.618.065,94 E5406 5406 E5407 Municipio Libertador 28.279.420,44 5407 Municipio Santiago Manto E5408 32.582.870,12 5408 17.778.476,66 g E5409 5409 15.324.872,24 E5410 Municipio San Casimiro 5410 E5411 Municipio San Sebastión 18.045.724,53 5411 E5412 Municipio Santos Michelena 5412

25.654.736,42 E5413

10.598.975,30 Municipio Tovar 5413 E5414 Municipio Urdaneta 17.882.589,05 5414 Municipio Zamora E5415 38.572.905,25 5415 E5416 Municipio José Rafael Revenga 22.097.989,57 5416 E5417 Municipio Francisco Linares 26.680.849,57 5417 Alcántara E5418 Municipio Ocumare de la Costa de 13.242.252,99 5418 030 E5500 Estado Barinas Bs.

268.932.015,11 5500 E5501 Municipio Alberto Arvelo

19.796.229,24 5501 Torrealba E5502 Municipio Antonio José de Sucre

27.348.878,77 5502 E5503

18.513.394,40 y op 5503 E5504 1s^660'2002‡ Municipio Barinas 5504 E5505 19.426.986,00 Municipio Bolívar 5505 E5506 18.361.921,50 Municipio Cruz Paredes 5506 E5507 23.106.505,72 5507 Municipio Ezequiel Zamora E5508 18.020.766,15 Munácipio Obispos 5508 E5509 24.444.829,69 Municipio Pedraza 5509 E5510 Municipio Rojas 20.287.047,04 5510 16.204.717,33 E5511 Municipio Sosa 5511 E5512 16.416.639,78 5512 Municipio Andrés Eloy Blanco 410.112.244,02 Estado Bolivar E5600 Bs.

5600

87.711.185,49 E5601 Municipio Caronf 5601

40.372.677,09 E5602 Municipio Cedeño 5602 E5603 5603

25.530.547,78

33.905.902,19 E5604 Municipio Gran Sabana 5604 E5605 Municipio Heres 5605

52.606.023,41 E5606

28.774.927,86 5606 E5607 de

36.083.390,71 Municipio Bolivariano 5807 E5608 5608

20.247.339,71 Municipio Roscio E5609 Municipio Sifontes 35.336.699,84 5609 SO'TZE'66STE E5610 Municipio Sucre 5610 E5611 Municipio Padre Pedro Chien 17.944.228,89 5611 Estado Carabobo E5700 Bs.

420.249.956,35 5700

17.714.717,70 fag odn 5701 68'69T'5569€ E5702 Municipio Carlos Arvelo 5702 31.361.719,74 Municipio Diego Ibarra 5703 ES5704 Municipio Guacara 26.311.707,63 5704 24.675.448,35 Municipio Juan José Mora 5705 E5706

20.132.393,49 5706 E5707

15.073.073,47 5707 E5708

31.930.582,11 5708 Municipio San Joaquín E5709

19.640.447,40 5709 E5710 Municipio Valencia 5710 27'096'6E506 Municipio Libertador 40.897.294,51 5711 E5712 Municipio Los Guayos 27.260.345,70 5712 Municipio Naguanagua 24.064.331,77 5713

9.892.764,37 E5714 5714

177.588.507,07 E5800 Estado Cojedes Bs.

5800 Municipio Anzoátegui

15.983.823,25 E5801 5801

27.504.508,48 E5802 Municipio Falcón 5802 Municipio Girardot 992ES72T 21 E5803 5803 Municipio Pao de San Juan Bautista E5804 17.904.124,80 5804 12.568.842,23 E5805 Municipio Ricaurte 5805 25.901.177,43 E5806 Municipio Ezequiel Zamora 5806 22.891.630,24 E5807 Municipio Tinaco 5807 Municipio Lima Blanco

16.905.881,51 E5808 5808

20.755.981,48 E5809 Municipio Rómulo Gallegos 5809

página original (tal como se publicó)Página 2 de la Gaceta

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108.507.844,58 Estado Delta Amacuro E5900 Bs.

5900

29.705.737,58 E5901 Municipio Tucupita 5901

24.992.630,22 Municipio Antonio Diaz E5902 5902

28.536.188,41 E5903 Municipio Casacoima 5903

25.273.288,37 E5904 Municipio Pedernales 5904 Estado Falcón 418.354.929,10 Bs.

E6000 0009

14.435.624,31 E6001 Municipio Acosta 6001 Municpio Boltvar 12.924.513,32 E6002 6002 Municipio Buchivacoa

15.242.067,84 E6003 6003

16.376.756,97 6004 E6004 Municipio Cacique Manaure

34.780.572,02 E6005 Municipio Carirubana 6005 02'265T6Z21 E6006 Municipio Colina 6006 17.394.256,94 E6007 Municipio Dabajuro 6007 19.857.705,99 E6008 Municipio Democracia 6008 E6009 Municipio Falcón 15.353.771,45 6009 01'6ET06T:21 E6010 Municipio Federación 6010 11.653.668,02 E6011 Municipio Jacura 6011 Municipio U'nión 20.045.728,73 E6012 6012 Municipio Los Taques

15.518.494,80 E6013 6013

15.007.811,91 E6014 Municipio Mauroa 6014

33.162.767,61 E6015 Municipio Miranda 6015

13.723.612,38 E6016 Municipio Monseñor Iturriza 6016

12.011.660,32 E6017 Municipio Palmasola 6017

14.306.634,72 Municipio Petit E6018 6018 Municipão Piritu

14.589.532,17 E6019 6019

12.341.402,40 E6020 Municipio San Francisco 6020

20.203.628,28 E6021 Municipio Silva 6021

16.380.182,89 E6022 Municipio Zamora 6022

12.115.933,61 E6023 Municipio Sucre 6023

15.044.967,86 E6024 6024

10.801.897,76 E6025 6025

E6100 Estado Guárico

365.785.202,35 Bs.

6100 E6101

19.502.362,07 Municipio Camaguan 6101 E6102 Municipio Chaguaramas 6102

18.819.637,28 E6103

20.884.754,46 6103 E6104 Municipio Leonardo Infante

33.874.353,66 6104 Municipio Las Mercedes E6105

25.039.041,01 6105 E6106 Municipio Julián Mellado

19.897.602,99 6106 E6107 Municipio Francisco de Miranda 37.700.592,52 6107 Municipio José Tadeo Monagas 28.491.080,89 6108 Municipio Ortiz E6109 17.914.132,77 6109 Municipio José Félix Ribas 24.411.279,26 6110 E6111 Municipio Juan Germán Roscio 30.975.399,96 6111 Nieves E6112 21.907.410,23 Municipio Santa Marta de Ipire 6112 E6113 Municipio San José de Guaribe 18.019.483,06 6113 E6114 Municipio Pedro Zaraza 6114 E6115 Municipio San Gerónimo de 22.216.232,66 6115 E6200 Estado Lara Bs.

351.447.840,02 6200 p

22.478.049,83 6201 E6202 Municipio Crespo

23.939.661,49 6202 E6203 Municipio Iribarren

142.185.505,62 6203

24.260.058,31 E6204 Municipio Jiménez 6204 Municipio Morán E6205 27.869.468,06 6205 E6206 Municipio Palavecino 23.205.442,34 6206 E6207 6207 Municipio Simón Planas

22.218.706,95 E6208

39.249.917,82 Municipio Torres 6208 E6209

26.041.029,61 Municipio Urdaneta 6209

E6300 Estado Mérida Bs.

315.732.358,42 8300 E6301 n

19.795.402,50 6301 E6302 g

10.367.357,91 6302 E6303 Municipio Antonio Pinto Salinas 13.689.232,02 6303 Municipio Aricagua E6304 6304 11.622.767,39 E6305 Municipio Arzobispo Chacón

11.662.915,31 6305 E6306

16.721.872,15 6306 E6307 Municipio Parra

15.236.556,61 Caracciolo 6307 Olmedo E6308

11.021.036,78 Municipio Cardenal Quintero 6308 E6309 Municipio Guaraque 11.444.895,93 6309 E6310 Municipio Julio César Salas 6310 14.393.241,98 E6311 Municipio Justo Bricefo 6311 11.942.306,77 E6312 Municipio Libertador 19.447.718,94 6312 E6313 Municipio Miranda 12.943.675,85 8313 E6314 Municipio Obispo Ramos de Lora 15.757.272,73 6314 E6315 Municipio Padre Noguera 10.365.984,12 6315 E6316 Municipio Pueblo Llano 6316 14.100.638,94 E6317 Municipio Rangel 11.558.751,74 6317 E6318 6318 Municipio Rivas Dávila 12.008.905,55 E6319 Municipio Santos Marquina 6319 13.743.445,40 E6320 Municipio Sucre 6320

14.845.382,27 E6321

14.070.513,21 6321 E6322 Municipio Tulio Febres Cordero 16.247.530,34 6322 E6323 Municiplo Zea 12.744.953,98 6323 Estado Miranda E6400 501.516.586,84 6400 Bs.

E6401

29.128.594,16 Municipio Acevedo 6401 6402 E6402 Municipio Andres Bello 11.979.936,52 E6403 Municipio Baruta 27.001.566,30 6403 E6404 Municipio Brión 6404 18.758.005,97 E6405 Municipio Carrizal 6405 17.201.615,71 E6406 Municipio Cristóbal Rojas 27.531.204,41 6406 E6407 ng ogdpngg 6407 15.368.891,59 E6408 Municipio Chacao 6.565.381,98 6408 E6409 Municipio Guaicaipuro

36.940.302,66 6409 E6410

12.566.646,69 6410 E6411 Municipio Independencia

28.671.163,71 6411 E6412 Municipio Lander

30.451.617.95 6412 E6413 Municipio Los Salias

7.034.927,51 6413 E6414

17.454.831,94 6414 E6415 Municipio Paz Castillo

34.948.930,18 8415 E6416 Municipio Pedro Gual

16.707.027,28 6416 E6417 Municipio Plaza

27.808.593,52 6417 E6418 Municipio Simón Bolivar 6418

18.435.807,66 E6419 Municipio Sucre

63.239.963,34 8419 E6420 Municipio Urdaneta

26.266.031,70 6420 E6421 6421 Municipio Zamora

27.455.546,07

E6500 Estado Monagas Bs.

6500

299.386.779,05 E6501 Municipio Acosta

15.170.581,59 6501 E6502 Municipio Bollvar

22.483.578,94 6502 E6503

20.134.908,29 Municipio Caripe 6503 E6504 Municipio Cedeto 6504 20.262.115,77 E6505 Municipio Ezequiel Zamora 6505 E6506 23.976.507,51 Municipio Libertador 6506 E6507 Municipio Maturin 71.822.315,88 6507 E6508 Municipio Piar 6508 21.473.586,06 E6509 Municipio Punceres 18.987.940,87 6509 E6510 Municipio Sotillo

21.764.193,51 6510 E6511

12.680.127.61 8511 Municipio Aguasay E6512 Municipio Santa Bárbara 13.839.710,40 6512 E6513 Municipio U'uracoa 13.398.333,21 6513 E6600 Estado Nueva Esparta 134.915.125,29 Bs.

6600 E6601 Municipio Antolfn del Campo

11.766.717,03 6601 E6602 6802

7.340.951,84 E6603 6603

15.754.345,53 E6604 Municipio Garcia 6604

12.358.365,04 E6605 6605 Municipio Gómez

13.157.393,29 E6606 Municipio Maneiro

7.998.078,88 6808 E6607 Municipio Marcano

12.044.402,03 6607 E6608 Munictpio Marino

15.597.934,29 6608 E6609 Municipio Peninsula de Macanao

14.882.603,83 6609 E6610

14.413.886,82 6610 E6611 Municipio Villalba

9.600.446,71 6611

E6700 Estado Portuguesa Bs.

313.394.916,04 6700 E6701 Municipio Agua Blanca

15.431.320,53 6701 E6702

27.677.815,48 Municipio Araure 6702 E6703

20.265.628,60 Municipio Esteller 6703 Municipio Guanare E6704 40.446.353,77 6704 E6705 Municipio Guanarito 26.451.160,79 6705 E6706 Municipio Monseñor José Vicente 15.475.273,32 6706 de Unda 25.933.159,99 E6707 Municipio Ospino 6707 E6708 31.589.916,72 Municipio Páez 6708 E6709 Municipio Papelón

16.769.270,39 6709 E6710

19.067.676,01 Municipio San Genaro . ap 6710 Boconoito Municipio San Rafael de Onoto 18.909.820,54 E6711 6711 Municipio Santa Rosalia E6712

14.183.417,32 6712 E6713

17.702.624,90 Municipio Sucre 6713 E6714

23.491.477,68 6714 E6800 Estado Sucre

340.796.676,49 Bs.

6800

18.554.561,61 E6801 Municipio Andres Eloy Blanco 6801

16.357.122,99 E6802 6802 Municipio Andres Mata

22.162.159,44 E6803 6803

22.164.370,26 E6804 Municipio Benitez 6804

32.410.600,92 E6805 Municipio Bermúdez 6805

18.824.413,22 E6806 Municipio Bolivar 6806

19.683.491,24 E6807 Municipio Cajigal 6807

20.671.956,23 E6808 Municipio Cruz Salmerón Acosta 6808 15.444.061,03 E6809 Municipio Libertador 6809 17.368.055,34 E6810 Municipio Marino 6810 18.180.555,16 E6811 Municipio Mejia 6811 20.662.346,59 E6812 Municipio Montes 6812 23.546.118,60 E6813 Municipio Ribero 6813 52.004.518,53 E6814 Municipio Sucre 6814 E6815 22.762.345,35 Municipio Valdez 6815 E6900 Estado Tachira 465.835.943,82 Bs.

6900 E6901

11.960.290,21 Municipio Andres Bello 6901 E6902

17.465.786,05 Municipio Ayacucho 6902 E6903

20.497.400,49 Municipio Bolivar 6903 E6904 Municipio Cárdenas

19.212.062,92 6904 E6905

16.296.439,88 Municipio Córdoba 6905 E6906 Municipio Femández Feo 6908 17.809.940,70 E6907 Municipio Garcia de Hevia 0069 18.101.235,89

página original (tal como se publicó)Página 3 de la Gaceta

Página 4

E6908

16.593.749,66 6908 E6909 Municipio Independencia

16.943.200,55 6909 E6910 Municipio Jáuregui

13.618.665,18 6910 E6911 Municipio Junin

17.920.109,70 6911 E6912 Municipio Libertad

16.712.550,56 6912 E6913 Municipio Libertador

16.418.005,15 6913 E6914 Municipio Lobatera

13.673.923,03 6914 Municipio Michelena 6915 E6915

13.221.680,75 E6916

17.080.964,29 6918 E6917 Municipio Pedro Maria Ureña

18.950.015,27 6917 E6918 Municipio Samuel Dario

15.969.221,03 6918 Maldonado E6919 Municipio San Cristóbal

24.275.551,41 6919 E6920

13.995.987,99 Municipio Seboruco 6920 E6921 Municipio Sucre

13.358.010,48 6921 E6922

12.994.996,83 6922 E6923 Municipio José Maria Vargas

12.122.792,71 6923 E6924 Municipio Antonio Rómulo Costa 17.373.497,07 6924 12.985.853,46 E6925 Municipio Francisco de Miranda 6925 E6926 6926 E6927 Municipio Simón Rodriguez

14.496.139,34 6927 E6928

19.616.872,06 Municipio Torbes 6928 E6929

12.739.456,23 6929

E7000 Estado Trujillo

327.333.099,94 7000 Bs.

C023

21.133.860,08 Municipio Boconó 7001 E7002 Municipio Candelaria 17.992.784,72 7002 Municipio Carache 15.356.728,99 E7004 Municipio Escuque 7004 15.060.828,52 E7005 Municipio Miranda 15.448.023,03 7005 E7006 Municipio Monte Carmelo 14.581.819,63 7006 Municipio Motatan 14.557.909,49 E7007 7007 E7008 Municipio Pampán 18.574.139,53 7008 E7009 Municipio Rafael Rangel 13.716.567,79 7009 Municipio San Rafael de Carvajal 19.516.423,71 E7010 7010 Municipio Sucre 7011

20.962.057,01 7012 E7012

16.856.683,58 E7013 Municipio Urdaneta

15.126.210,86 7013 Municipio Valera

25.285.130,68 7014 Municipio Andrés Bello

14.024.399,37 7015 E7016 Municipio Bolivar

16.255.920,06 7016 Municipio Juan Vicente Campo

15.554.583,91 7017 Ellas Municipio José Felipe Márquez

8.523.444,43 7018 Cahizalez Municipio La Ceiba

15.593.924,49 7019 Municipio Pampanito

13.211.660,06 7020

E7100 Estado Yaracuy 7100 Bs.

301.279.106,33 E7101 Municipio Bolívar 7101

20.340.551,77 E7102 Municipio Bruzual

24.891.969,55 7102 Municipio José Antonio Páez 16'SET'6+£ 61 7103 E7104 Municipio Nirgua 22.689.482,98 7104 E7105 Municipio Pena 29.997.478,43 7105 E7106 Municipio San Felipe 25.155.585,06 7106 E7107 Municipio Sucre 21.542.152,05 7107 E7108 Municipio Urachiche 17.714.660,21 7108 24.177.642,46 7109 E7110 Municipio Cocorote 18.964.225,95 7110 E711 Municipio Independencia

16.936.730.42 7111 E7112

20.643.564,95 7112 E7113 Municipio Manuel Monge

16.835.815,29 7113 2E13 Municipio Veroes

22.040.111,30 7114 Estado Zulia 6E56T2IS 858 E7200 Bs.

7200 E7201 Municipio Almirante Padilla

32.711.377,22 7201 Municipio Baralt

35.143.272,33 E7202 7202 E7203

42.813.781,34 Municipio Cabimas 7203 E7204 '30.554.772,35 Municipio Catatumbo 7204 E7205 Municipio Colón 35.680.444,33 7205 E7206 Municipio Jesús Enrique Lossada 40.543.023,33 7206 34.206.422,01 E7207 Municipio La Cañada de Urdaneta 7207 E7208 39.091.966,69 Municipio Lagunillas 7208 47.806.385,35 E7209 Municipio Mara 7209 E7210 103.782.975,72 Municipio Maracaibo 7210 35.663.913,37 E7211 Municipio Miranda 7211 65'0‡2'8TT′6E E7212 Municipio Indigena Bolivariano 7212 Guajira E7213 0T°$86'0ST'6E Municiplo Machiques de Perija 7213 Municipio Rosario de Perija 35.494.674,72 7214 $6'52067625 E7215 Municipio Santa Rita 7215 31.121.322,88 E7216 Municipio Sucre 7216 E7217 Municipio Valmore Rodriguez 7217 Municipio Francisco Javier Pulgar 29.006.834,65 E7218 7218 E7219 Municipio Jesús Maria Semprún 31.251.586,85 7219 E7220 Municipio San Francisco 2E'069T20:25 7220 E7221 Municipio Simón Bolivar 33.098.961,86 7221 E7300 Bs.

Estado Vargas 7300

48.447.302,29 Municipio Vargas

48.447.302,29 E7301 7301

8.409.880.704.09

11.03.00 Asignación FCI para el Bs.

Fortalecimiento del Poder PP Popular

11.04.00 Asignación FCI para el

1.401.646.784.02 Bs.

F1 Fortalecimiento Institucional

TERcERo: La transferencia de los recursos a los Estados y Municipios, se hará contra la presentación de los planes de inversión y los proyectos asociados a éstos, de acuerdo a las cuotas correspondientes a cada Estado y Municipio.

cuArTo: La primera carga de proyectos se iniciará desde el 2 enero del ejercicio fiscal 2019 para lo cual, deberán tener actualizados los proyectos correspondientes.

QuInTo: La plataforma del sistema de gestión de Entidades Político Territoriales, es el único mecanismo de interacción y comunicación con el Consejo Federal de Gobierno. Se entiende que la máxima autoridad de la Gobernación y Alcaldía es la única responsable por las comunicaciones emitidas desde la plataforma, siendo éstas de carácter oficial.

SExTo: El Director Ejecutivo del Fondo de Compensación Interterritorial queda encargado de realizar los trámites para la ejecución de la presente Resolución.

SEPTImo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el Artículo 42 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

En la sede de la Plenaria del Consejo Federal de Gobierno, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Año 208° de la Independencia, 1590 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana.

Comuníquese y publíquese, DELCY ELOINA RODRIGUEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la Repúblicar PRESIDENTA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO Coordinadora de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM N8.007 208°, 159° y 19° Caracas, 1 5 ENE 2019 RESOLUCIÓN El Ciudadano JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto N° 3.015, de 02 de agosto de 2017, publicado en Gaceta Oficial N° 41.205 de 02 de agosto de 2017, ratificado según decreto N° 3.464, de 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 del 14 de junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 34, 65 y 78, numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 del 30 de julio de 2013, en virtud de la cual se mantienen vigentes los artículos 68 de la Ley de Servicio Exterior, en los artículos 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el articulo 36 numeral 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, así como en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 del 17 de septiembre de 1969, mediante el cual se dictó el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional.

POR CUANTO El cargo de Directora General del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, es de Libre Nombramiento y Remoción por ser un cargo de Alto Nivel.

RESUELVE

PRIMERO: Designar a la Ciudadana EDITH JOHANNA PERAZA CÁCERES, titular de la cédula de identidad N° V-17.276.461, como Directora General, adscrita a la Dirección General para África del Despacho del Viceministro para África del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

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SEGUNDO: Se delega a la ciudadana EDITH JOHANNA PERAZA CÁCERES, designada en esta resolución, en su carácter de Directora General, la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección, los cuales se detallan a continuación:

1.- Suscribir oficios, notas, memoranda, circulares e instrucciones de servicio, radiogramas y telegramas para los Miembros de las Misiones Diplomáticas, Delegaciones y Oficinas Consulares de la República en el Exterior y Direcciones dependientes del Despacho;

2.- Suscribir comunicaciones dirigidas a los jefes de Misiones Diplomáticas Permanentes Extranjeras acreditadas ante el Gobierno Nacional, los Representantes de Organismos Internacionales y otros Funcionarios Internacionales que tenga categoría similar a los antes mencionados;

3. Suscribir comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y otros Organismos Públicos y los Particulares.

TERCEro: Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, deberán contener bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha, el número de la Resolución, y los datos de la Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

cuArTo: El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos a la presente Resolución.

QuinTo: Queda a salvo, lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

sExTo: El funcionario deberá presentar un informe' detallado de los actos y documentos que suscriba en el marco de esta Resolución al ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional.

sEPTiMo: El presente Acto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada, cumpliendo lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y públi D JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Ministro del Poder Popular paraelacanes Exteriores

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO

DM N° 012 Caracas, 1 5 FNF 2n19 208° 1590 y 19° RESOLUCIÓN El ciudadanO JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° v-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, designado mediante Decreto Presidencial N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205, del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464, del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.419 de la misma fecha, en atención a lo establecido en el artículo 65, del Decreto N° 1.424, a través del cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78, numeral 19 eiusdem, en concordancia con el artículo 30 del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.238, del 13 de julio de 2016, y de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 25 y 53 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

POR CUANTO La Embajada de la República de Colombia, acreditada ante el Gobierno Nacional notificó el cese de funciones del ciudadano RENE ALEJANDRo DUARTE GALAVIS, como Cónsul de la República de Colombia en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, con circunscripción consular en los estados Carabobo, Guárico, Cojedes; municipios Bolívar, Francisco Linares Alcántara, Girardot, José Ángel Lamas, José Félix Rivas, José Rafael Revenga, Libertador, Mario Briceño Iragoriy, Ocumare de la Costa de Oro, San Sebastián, Santiago Mariño, Santos Michelena, Sucre, Tovar y Zamora del estado Aragua; municipios Silva, Palmasola, Monseñor Iturriza, Cacique Manaure, Acosta, San Francisco, Jacura, Píritu, Unión, Petit, Zamora, Tocópero, Colina y Federación del estado Falcón.

RESUELVE

ARTIcuLo 1°: Dar por terminadas las funciones, dentro del Territorio Nacional, del ciudadano RENE ALEJANDRO DUARTE GALAVIS, como Cónsul de la República de Colombia en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, así como de los privilegios e inmunidades que le fueron otorgados, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3° del artículo 53, aplicable según el artículo 58, numerales 2 y 3, ambos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

ARTIcuLo 2°: Notificar a las autoridades competentes a nivel nacional del cese de funciones del ciudadano RENE ALEJANDRO DUARTE GALAVIS, como Cónsul de la República de Colombia en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

ARTicuLo 3°: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese

JORGE ALBERTO ARREAZAMONTSERRAT MINISTRO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 20DIC2018 208°, 159° y 19° RESOLUCIÓN N° 028192 El Ministro del Poder Popular para Ia Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 19 de noviembre de 2018, al Coronel NOEL 3ULI0 FLORES PADRóN, C.I. N° 11.524.287, como:responsable del mAnejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Ugidad Administradora Desconcentrada Sin firma, HOSPITAL MILYAR "TCNEL.

FRANCISCO VALBUENA", CódigÓ N° 10209.

– Comuníquese y publíquese.

hb der Por el Ejecutivo Nacional, VLADIMIR PADRINO LÓIPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 20DIC2018 208°, 159° y 19° RESOLUCIÓN N° 028193 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento No! 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICQ: Designar a partir del 19 de noviembre de 2018, al Coronel CARLos GUILLERMO RIERA CRESPO, C.I. N° 5.919.505, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, HOSPITAL,MILITAR TIPO III "DR. JOSÉ ÁNGEL ALAMO", Código N° 10224.

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Ministro del PoderPopular

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 20DIC2018 208°, 159° y 19° RESOLUCIÓN N° 028194 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 78 numerales 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la concordancia con dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,

RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 26 de septiembre de 2018, al Contralmirante PEDRO JESÚS MENDOZA GARCÍA, C.I. N° 6.899.783, comO responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓ REGIONAL DE MEDIOS DE LA MILICIA PARA LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR, CódIgO N° 07/838.

Comuníquese y publíquese.

ehe de i Por el Ejecutivo Nacional, VLADIMIR PADRINO ÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO

N° 137 FECHA: 20/12/2018 AÑOS 208º, 159º y 19º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.419 de fecha 14 de junio de 2018;

en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con el artículo 3 de la Resolución N° 4.021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual, se regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el Subsistema de Educación Universitaria.

POR CUANTO Es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la educación en el nivel universitario y los subsistemas contenidos en ésta; las políticas en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones; el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las telecomunicaciones, las tecnologías de información y su desarrollo; la propiedad intelectual; los servicios postales; y la red de telecomunicaciones del Estado, POR CUANTO Los estudios de Formación Avanzada constituyen un proceso formativo integral de la más alta relevancia por su relación con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico, económico y social del país que trasciende la disciplina desde la contextualización del conocimiento y de la praxis transformadora, POR CUANTO El Programa Nacional de Formación Avanzada en Neonatología, tiene como propósito formar ciudadanas y ciudadanos en el área de la salud, en la atención' integral de los recién nacidos prematuros, en función de contribuir a la transformación de un nuevo especialista sensibilizado con el entorno humano, social, inclusivo, con calidad y pertinencia, comprometidos con las hacia la construcción de un nuevo modelo económico sostenible, sustentable y bajo la concepción de las ciencias de salud y las ciencias sociales; este Despacho, RESUELVE Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada en Neonatología, para la continuidad del proceso formativo de las médicas y médicos del país, centrado en el desarrollo de un conjunto de actividades académicas, de investigación, innovación y transformación para contribuir con la atención integral en salud, considerando la integración de la familia, como un elemento básico, para el logro de una población de niños sanos, con un mayor equilibrio físico, mental, espiritual y social.

Artículo 2. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Neonatología, otorgará el grado académico de Especialista en Neonatología, luego de haber cumplido con la aprobación de setenta y dos (72) unidades de crédito, la presentación del Trabajo Final de Grado y los demás requisitos que apliquen, según lo establecido en la normativa del Programa Nacional de Formación Avanzada de Neonatología .

Artículo 3. Se conforma el Comité Técnico Académico del Programa Nacional de Formación Avanzada en Neonatología, el cual será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y ' Tecnología en la materia, encargado de la coordinación, entre las distintas instituciones responsables del programa, integrado por dos (2) miembros por cada institución de educación universitaria que gestionen el Programa Nacional de Formación Avanzada, un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Salud y un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con sus respectivos suplentes.

página original (tal como se publicó)Página 6 de la Gaceta

Página 7

Artículo 4. El Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria queda encargada o encargado de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 5. El Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este Acto.

Artículo 6. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional

HUGBEL/RAFAEL ROA CARUCI Ministro del Poder Popular para la Educación Univeritaria, Ciencia Tecnología DecretoN° 3.464 de fecha 14 de jurde 2018 Gaceta Oficial N° 41.419 de fecha 14 de w

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 20/11/2018 N° 138 AÑOS 208º, 159º y 19º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41:419 de fecha 14 de junio de 2018;

en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con el artículo 3 de la Resolución N° 4.021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual, se regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el Subsistema de Educación Universitaria.

POR CUANTO Que es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la educación en el nivel universitario y los subsistemas contenidos en ésta; las políticas en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones; el Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación, las telecomunicaciones, las tecnologías de información y su desarrollo; la propiedad intelectual; los servicios postales; y la red de telecomunicaciones del Estado, POR CUANTO Que en el marco del proceso de territorialización de la educación universitaria, los estudios de formación avanzada constituyen una actividad formativa de la más alta relevancia, por su vinculación con el desarrollo científico, técnico y humanístico, por lo tanto, con el pleno desarrollo económico, social y cultural del país, POR CUANTO Que el Plan de la Patria formula como objetivos estratégicos y generales el fortalecimiento de los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico. Asimismo plantea la orientación de los programas formativos integrales y permanentes dirigidos a satisfacer las necesidades y demandas del sistema productivo naci nal con el fin de garantizar la formación técnica, profesional y ocupacional del trabajo, POR CUANTO Que los estudios de Formación Avanzada constituyen un proceso formativo integral de la más alta relevancia por su relación con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico, económico y social del país que trasciende la disciplina desde la contextualización del conocimiento y de la praxis transformadora, POR CUANTO Que el Programa Nacional de Formación Avanzada en Comunicación Social en Asuntos Energéticos tiene como propósito elevar la formación de los profesionales en el área de comunicación con cualidades, éticas y morales, con una avanzada formación cultural, social y política en el marco de amplios conocimientos técnicos, científicos y económicos, que permitirán enfrentar los retos comunicacionales en las áreas tecnológicas, ambientales, operacionales, gerenciales, políticas y sociales, que demanda la industria en asuntos energéticos.

RESUELVE Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada en Comunicación Social en Asuntos Energéticos para la continuidad del proceso formativo de los profesionales que se desempeñan en esta área, centrado en el desarrollo de un conjunto de actividades académicas, de investigación e innovación y transformación para contribuir con el desarrollo de los procesos de Comunicación Social en Asuntos Energéticos atendiendo a las políticas estratégicas del Estado Venezolano.

Artículo 2. El grado académico que se otorga es, Especialista en Comunicación Social en Asuntos Energéticos; y el grado de Magister Scientiarium en Comunicación Social en Asuntos Energéticos, una vez cumplido con todos los requisitos exigidos. En el caso del Especialista la aprobación de la totalidad de las unidades curriculares del programa que comprende 27 unidades de crédito, la presentación del Trabajo Final de Grado y los demás requisitos que apliquen, según lo establecido en la normativa del Nacional deFormación Avanzada Programa en Comunicación Social en Asuntos Energéticos. En el caso, del grado de Magister Scientiarium, se requiere la aprobación de la totalidad de las unidades curriculares exigidas por el programa que comprende 36 unidades de crédito, la presentación del Trabajo Especial de Grado y los demás requisitos que apliquen, según lo establecido en la normativa del Programa Nacional de Formación Avanzada en Comunicación Social en Asuntos Energéticos .

Artículo 3. Se conforma el Comité Técnico Académico del Programa Nacional deFormación Avanzada en Comunicación Social en Asuntos Energéticos, el cual será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en la materia, encargado de la coordinación, entre las distintas instituciones responsables del programa, integrado por dos (2) miembros por cada institución de educación universitaria que gestione el Programa Nacional de Formación Avanzada, un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información y un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con sus respectivos suplentes.

Artículo 4. El Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria queda encargada o encargado de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 5. La Ministra o el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este Acto.

Artículo 6. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Repúblicuvoivaiana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.

HUGBEL/RAFAEL ROA CARCI Ministro del Poder Popular paralla Educación Universita Ciencia y Tecnología Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio 018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 139 FECHA: 20/12/2018 AÑOS 208º, 159º y 19º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.419 de fecha 14 de junio de 2018;

en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con el artículo 3 de la Resolución N° 4.021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual se regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el Subsistema de Educación Universitaria.

POR CUANTO Que es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la educación en el nivel universitario y los subsistemas contenidos en ésta; las políticas en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones; el Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación, las telecomunicaciones, las tecnologías de información y su desarrollo; la propiedad intelectual; los servicios postales; y la red de telecomunicaciones del Estado,

página original (tal como se publicó)Página 7 de la Gaceta

Página 8

POR CUANTO Que en el marco del proceso de territorialización de la educación universitaria, los estudios de formación avanzada constituyen una actividad formativa de la más alta relevancia, por su vinculación con el desarrollo científico, técnico y'humanístico, y por lo tanto, con el pleno desarrollo económico, social y cultural del país, POR CUANTO Que el Plan de la Patria formula como objetivos estratégicos y generales el fortalecimiento de los. espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico. Asimismo orienta hacia el desarrollo de programas formativos integrales y permanentes dirigidos a satisfacer las necesidades y demandas del sistema productivo naci nal con el fin de garantizar la formación técnica, profesional y ocupacional del trabajo, POR CUANTO Que los estudios de Formación Avanzada constituyen un proceso formativo integral de la más alta relevancia por su relación con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico, económico y social del país que trasciende la disciplina desde la contextualización del conocimiento y de la praxis transformadora,

POR CUANTO

Que el Programa Nacional de Formación Avanzada en Producción Sostenible de Cacao y sus Derivados tiene como propósito formar ciudadanas y ciudadanos con conocimientos científicos-técnicos en la Producción Sostenible de Cacao y sus derivados, comprometidos con las transformaciones sociales y políticas que se adelantan en el país hacia la construcción de un nuevo modelo económico sostenible, sustentable y bajo la concepción agro ecológica, RESUELVE Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada en Producción Sostenible de Cacao y sus Derivados, para la continuidad del proceso formativo de los profesionales del área agroalimentaria y afines, centrado en el desarrollo de un conjunto de actividades académicas, de investigación e innovación y transformación para contribuir con el desarrollo endógeno en el campo del cacao y sus derivados atendiendo a las políticas estratégicas del Estado venezolano.

Artículo 2. Los grados académicos que se otorga son: Especialista en Producción Sostenible de Cacao y sus Derivados y Magister Scientiarium en Producción de Cacao Sostenible y sus Derivados, una vez cumplido con todos los' requisitos exigidos. En el caso del Especialista la aprobación de la totalidad de las unidades curriculares del programa que comprende 27 unidades de crédito, la presentación del Trabajo Final de Grado y los demás requisitos que apliquen, según los lineamientos establecidos. En el caso, del grado de Magister Scientiarium, se requiere la aprobación de la totalidad de las unidades curriculares exigidas por el programa que comprende treinta y seis (36) unidades de crédito, la presentación del Trabajo Especial de Grado y los demás requisitos que apliquen según los lineamientos establecidos.

Artículo 3. Se conforma el Comité Técnico Académico del Programa Nacional de Formación Avanzada en Producción Sostenible de Cacao y sus Derivados, el cual será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en la materia, encargado de la coordinación, entre las distintas instituciones responsables del programa, integrado por dos (2) miembros por cada institución de Educación Universitaria o Instituto de Estudios Avanzados que gestionen el Programa Nacional de Formación Avanzada, un (i) representante del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras y un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con sus respectivos suplentes.

Artículo 4. El Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria queda encargada o encargado de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 5. La Ministra o el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este Acto.

Artículo 6. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.

HUCBEL RAFAEL ROA CARUI Ministro del Poder Popular para la Educación Universitario Ciencia y Tecncogía DecretoN 3l464 de fecha 14 de junio de 18 Gaceta Oficial N° 41.419 de fecha 14 de junio 2018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 140 FECHA: 20/12/2018 AÑOS 208º, 159º y 19º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.419 de fecha 14 de junio de 2018;

en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con el artículo 3 de la Resolución N° 4.021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual, se regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el Subsistema de Educación Universitaria.

POR CUANTO Es la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la educación en el nivel universitario y los subsistemas contenidos en ésta; las políticas en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones; el Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación, las telecomunicaciones, las tecnologías de información y su desarrollo; la propiedad intelectual; los servicios postales; y la red de telecomunicaciones del Estado, POR CUANTO El Segundo Plan Socialista de Desarrollo, Económico y Social de la Nación 2013-2019, formula como objetivos estratégicos y generales el fortalecimiento de los, espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico. Asimismo, orientados hacia el desarrollo de programas formativos integrales y permanentes dirigidos a satisfacer las necesidades y demandas de las áreas de las ciencias de la salud al nivel nacional con el fin de garantizar el derecho a la salud de nuestro pueblo, POR CUANTO Que los estudios de Formación Avanzada constituyen dentro de la Educación Universitaria una actividad formativa de la más alta.

humanístico, por lo tanto, con el desarrollo de propuestas, programas, y proyectos en pro de un mejor vivir mediante la prestación de un servicio médico asistencial con nuevas tecnologías médicas, redes hospitalarias modernizadas, recursos e insumos tecnológicos de calidad, POR CUANTO Que el Programa Nacional de Formación Avanzada en Oftalmología, tiene como propósito formar ciudadanas y ciudadanos en el área de la salud, que presten atención médica de calidad al pueblo venezolano, que permitan solucionar los problemas de la salud visual, quirúrgicos y no quirúrgicos, con conocimientos de las determinaciones sociales de la enfermedad y enfoque preventivo, comprometidos con las transformaciones sociales y políticas que se adelantan en el país, RESUELVE Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada en oftalmología, para la continuidad del proceso formativo de los profesionales en las áreas de las ciencias de la salud, centrado en el desarrollo de un conjunto de actividades académicas, de investigación e innovación y transformación; a fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo, mediante acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación en materia de salud visual.

Artículo 2. El Programa Nacional de Formación Avanzada en oftalmología, otorgará el grado académico de Especialista en Oftalmología, luego de haber cumplido con la aprobación de setenta y dos (72) unidades de crédito, la presentación del Trabajo Especial de Grado, una vez cumplidos con los requisitos establecidos.

Artículo 3. Se conforma el Comité Técnico Académico del NacionaldeFormación Avanzada en Programa oftalmología, el cual será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en la materia, encargado de la coordinación, entre las distintas instituciones responsables del programa, integrado por dos (2) miembros por cada institución de educación universitaria que gestionen el Programa Nacional de Formación Avanzada en Oftalmología, un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Salud y un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con sus respectivos suplentes.

página original (tal como se publicó)Página 8 de la Gaceta

Página 9

Artículo 4. El Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria queda encargada o encargado de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 5. La Ministra o el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este Acto.

Artículo 6. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Belivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Naciona

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Ministro del Poder Popular para la Educación Universita Ciencia ecnología Decreto N° 3.464 de fecha 14/de junio de018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N°141 FECHA: 20/12/2018 AÑOS 208º, 159º y 19º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.419 de fecha 14 de junio de 2018;

en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con el artículo 3 de la Resolución N° 4.021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual, se regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el Subsistema de Educación Universitaria.

POR CUANTO Es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la educación en el nivel -universitario y los subsistemas contenidos en ésta; las políticas en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones; el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las telecomunicaciones, las tecnologías de información y su desarrollo; la propiedad intelectual; los servicios postales; y la red de telecomunicaciones del Estado, POR CUANTO El Segundo Plan de Desarrollo. Económico y Social de la Nación 2013-2019, formula como objetivos estratégicos y generales el fortalecimiento de los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico. Asimismo orienta hacia ei desarrollo de programas formativos integrales y permanentes dirigidos a satisfacer las necesidades y demandas de las áreas de las ciencias de la salud al nivel nacional con el fin de garantizar la formación técnica, profesional y ocupacional del trabajo, POR CUANTO Que los estudios de Formación Avanzada constituyen dentro de la Educación Universitaria una actividad formativa de la más alta relevancia, por su relación con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico, económico y social del país que trasciende la disciplina desde la contextualización del conocimiento y de la praxis transformadora,

POR CUANTO

El Programa Nacional de Formación Avanzada en Nefrología tiene como propósito formar ciudadanas y ciudadanos en el área de la salud, que presten atención médica de calidad al pueblo venezolano, que permitan atender los problemas no quirúrgicos, agudos y crónicos de la salud renal de la población, con conocimientos de las determinaciones sociales de la enfermedad y enfoque preventivo, comprometidos con las transformaciones sociales y políticas que se adelantan en el país hacia la modelo construcción de un nuevo económico sostenible, sustentable; esta Despacho,

RESUELVE

Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada en Nefrología, para la continuidad del proceso formativo de los profesionales en las áreas de las ciencias de la salud, centrado en el desarrollo de un conjunto de actividades académicas, de investigación e innovación y transformación; a fin de contribuir con la atención de los problemas no quirúrgicos, agudos y crónicos de la salud renal de la población con calidad y sensibilidad social.

Artículo 2. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Nefrología, otorgará el grado académico de Especialista en Nefrología, luego de haber cumplido con la aprobación de setenta y dos (72) unidades de crédito, la presentación del Trabajo Final de Grado, una vez cumplidos con los requisitos establecidos.

Artículo 3. Se conforma el Comité Técnico Académico del Programa Nacional de Formación Avanzada en Nefrología, el cual será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en la materia, encargado de la coordinación, entre las distintas instituciones responsables del programa, integrado por dos (2) miembros por cada institución de educación universitaria que gestionen el Programa Nacional de Formación Avanzada, un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Salud y un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con sus respectivos suplentes.

Artículo 4. El Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria queda encargada o encargado de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 5. El Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este Acto.

Artículo 6. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Repúblicativariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 8 Gaceta Oficial N° 41.419 de fecha 14 de junio de

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 20/12/2018 N° 142 AÑOS 208°, 159° y 19° RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha; en concordancia con establecido en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución N° 4.021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.130 de la misma fecha, mediante la cual se Regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el Subsistema de Educación Universitaria.

POR CUANTO Es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la educación en el nivel universitario y los subsistemas contenidos en ésta; las políticas en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones; el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las telecomunicaciones, las tecnologías de información y su desarrollo; la propiedad intelectual; los servicios postales; y la red de telecomunicaciones del Estado,

página original (tal como se publicó)Página 9 de la Gaceta

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POR CUANTO El Segundo Plan Socialista de Desarrollo, Económico y Social de la Nación 2013-2019 formula como objetivos estratégicos y generales el fortalecimiento de los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valorespatrióticos y el sentido crítico. Asimismo orientado hacia la ejecución de programas formativos integrales y permanentes dirigidos a satisfacer las necesidades y demandas del sistema nacional con el fin de garantizar la formación técnica, profesional y ocupacional para el trabajo, POR CUANTO El Ministerio del Poder Popular: para la Salud y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, como órganos · rectores de las políticas en salud y educación universitaria, deben generar propuestas de formación avanzada para elevar el nivel académico y el desempeño profesional de un personal de salud altamente calificado, especializado y con un amplio desarrollo humanístico, social, inclusivo, con calidad y pertinencia que permitan dar respuesta a las demandas sociales, POR CUANTO Los estudios de Formación Avanzada constituyen dentro de la Educación Universitaria una actividad formativa de la más alta relevancia, por su relación con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico, económico y social del país que trasciende la disciplina desde la contextualización del conocimiento y de la praxis transformadora, POR CUANTO El Programa Nacional de Formación Avanzada de Enfermería en Hemoterapia, se presenta como una política de formación de Especialistas en Hemoterapia, con enfoque transdisciplinario, humanístico, espiritual, científico, investigativo, para la generación de conocimientos pertinentes; desde la práctica profesional, con conocimiento de las determinaciones sociales presentes en el proceso salud-enfermedad, cuyo enfoque sea preventivo y considere a la familia y la comunidad como parte integral de su actuación profesional, POR CUANTO El Programa Nacional de Formación Avanzada de Enfermería en Hemoterapia, tiene como propósito formar especialistas clínicos para la atención asistencial en los servicios de sangre del país, teniendo como cometido preservar la salud de las personas, bajo un desempeño profesional basado en principios éticos y morales, visión integral de salud y la prestación de cuidados humanos de calidad; en la promoción de los servicios de sangre, la captación y selección de donantes voluntarios, la hemovigilancia de la cadena transfusional, el cuidado de las reservas de hemocomponentes requeridos por la población y la gestión de los servicios de sangre, que generen los cambios necesarios para transformar la concepciónhegemónicadelproceso salud-enfermedad, individualista, biologicista, fragmentada hacia una visión integral e integradora, sobre la base de los principios de justicia social y solidaridad, RESUELVE Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada de Enfermería en Hemoterapia, para la continuidad del proceso formativo de los profesionales que se desempeñan en esta área, centrado en el desarrollo de un conjunto de actividades académicas, de investigación e innovación y transformación para contribuir a la formación de una ciudadanía capaz de participar activamente en la conducción del área de la salud; y desarrollo de políticas de salud con visión estratégica, sustentable y de integración regional.

Artículo 2. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Enfermería en Hemoterapia, otorgará el grado académico de Especialista en Enfermería en Hemoterapia, luego de haber cumplido con la aprobación de treinta y seis (36) unidades de crédito, la presentación del Trabajo Final de Grado y los demás requisitos que apliquen, según lo establecido en la normativa del Programa Nacional de Formación Avanzada de Enfermería en Hemoterapia.

Artículo 3. Se conforma el Comité Técnico Académico del Programa Nacional de Formación Avanzada de Enfermería en Hemoterapia, el cual será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en la materia, encargado de la coordinación, entre las distintas instituciones responsables del programa, estará integrado por un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Salud, un (1) miembro por cada institución de educación universitaria que gestione el Programa Nacional de Formación Avanzada, con sus respectivos suplentes.

Artículo 4. El Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria queda encargada o encargado de la ejecución de la presente resolución.

Artículo 5. El Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este Acto.

Artículo 6. Esta Resolución entrará, en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Repúbliga gtivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Naciona

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Ministro del Poder Popplar para la Educación Universitan Ciencia y Temnología Deqreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO

N°143 FECHA: 20/12/2018 AÑOS 208º, 159º y 19º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial N°3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.419 de fecha 14 de junio de 2018;

en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con el artículo 3 de la Resolución N° 4.021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual, se regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el Subsistema de Educación Universitaria.

POR CUANTO Es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la educación en el nivel universitario y los subsistemas contenidos en ésta; las políticas en materia de ciencia, tecnología, innovación y, sus aplicaciones; el Sistema Nacional · de Ciencia, Tecnología e Innovación, las telecomunicaciones, las tecnologías de información y su desarrollo; la propiedad intelectual; los servicios postales; y la red de telecomunicaciones del Estado, POR CUANTO Que el Segundo Plan Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, formula como objetivos estratégicos y generales el fortalecimiento de los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico. Asimismo plantea la orientación de los programas formativos integrales y permanentes dirigidos a satisfacer las necesidades y demandas del sistema productivo nacional con el fin de garantizar la formación técnica, profesional y ocupacional del trabajo, POR CUANTO Que los Ministerios del Poder Popular para la Salud y al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, como órganos rectores de las políticas en salud y educación universitaria, deben generar propuestas de formación avanzada para elevar el nivel académico y el desempeño profesional de un personal de salud altamente calificado, especializado y con un amplio desarrollo humanístico, social, inclusivo, con calidad y pertinencia, que permitan garantizar dar respuesta a las demandas sociales, POR CUANTO Que los estudios de Formación Avanzada constituyen dentro de la Educación Universitaria una actividad formativa de la más alta relevancia por su relación con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico del país.

RESUELVE Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada en Ginecología y Obstetricia, como el conjunto de innovación, en la creación y recreación de saberes, dirigidas a médicas y médicos desde la consideración de la salud como un proceso en función de las determinaciones sociales, para dar respuesta a las necesidades fundamentales, socialmente relevantes y pertinentes para el Buen Vivir de la población y de los pueblos del Alba, América Latina y el Caribe.

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Artículo 2. Este Programa Nacional de Formación tiene como propósito formar médicas y médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia para brindar atención de salud a la población femenina, en los establecimientos de salud desde la perspectiva de cambio y transformación social que ha propiciado la Revolución Bolivariana, cuyo ejercicio promueva, preserve, mejore y restablezca la salud de la población femenina, con una visión integral y humanista de la mujer, la familia y la comunidad como un todo, capaz de enfrentarse críticamente tanto a los desafíos científicos de la salud, como a los problemas de la vida cotidiana, sustentando su actuación en principios y valores filosóficos bajo la perspectiva integral del Buen Vivir y la equidad social.

Artículo 3. El grado académico que otorga es de Especialista en Ginecología y Obstetricia, luego de haber cumplido con la aprobación de setenta y dos unidades (72) de crédito, presentación del Trabajo Final de Grado, así como, los demás requisitos que apliquen.

Artículo 4. Se conforma el Comité Técnico Académico del Programa Nacional de Formación Avanzada en Ginecología y Obstetricia, el cual será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en la materia, encargado de la coordinación entre las distintas institucionales responsables de la gestión del programa, integrado por un (1) miembro del Ministerio del Poder Popular para la Salud, por cada espacio territorial que conforme la red interinstitucional, dos (2) miembros por cada institución de educación universitaria que gestione el Programa Nacional de Formación Avanzada y un representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con sus respectivos suplentes.

Artículo 5. El Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria queda encargada o encargado de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 6. El Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este Acto.

Artículo 7. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, HUCBEL RAFAEL ROA CARUCI Ministro del Poder Popular para la Educación Universnia, Cienciatecnología Decreto N°3.464 de fecha 14 de junio2018 Gaceta Oficial N° 41.419 de fecha 14 de juneeg REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 28/12/2018 N° 152 AÑOS 208º, 159º y 19º

RESOLUCIÓN

De conformidad con el Decreto Presidencial N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.419 de fecha 14 de junio de 2018;

en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en los artículos 3 y 10 de la Resolución N° 3.072 de fecha 02 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.876 de fecha 05 de marzo de 2012, mediante la cual se Establecen los Lineamientos Académicos para la Creación de, Autorización y Gestión de los Programa Nacionales de Formación en el Marco de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater.

POR CUANTO Es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la educación en el nivel universitario y los subsistemas contenidos en ésta; las políticas en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones; el Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación, las telecomunicaciones, las tecnologías de información y su desarrollo; la propiedad intelectual; los servicios postales; y la red de telecomunicaciones del Estado,

POR CUANTO El Plan ae la Patria formula como uno de sus objetivos estratégicos potenciar el Sector Transporte Aéreo, con la participación del ámbito público y privado para la garantía del flujo de personas y cargas en el territorio nacional e internacional, de manera segura y ecológica mente aceptable, mediante la promoción y apoyo a la investigación, el desarrollo de la infraestructura portuaria y aeroportuaria y la adquisición, construcción y mantenimiento de medios de transporte, equipos y sistemas de tecnología,

POR CUANTO Los Ministerios del Poder Popular para el Transporte y para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, como entes rectores de las políticas en los sectores de aeronáutica civil y educación universitaria, deben generar propuestas de formación para elevar el nivel académico y el desempeño profesional del talento humano de la aeronáutica civil, con un amplio desarrollo humanístico, social, inclusivo, con calidad y pertinencia, que permitan garantizar servicios e infraestructura nacional para mejorar la calidad de vida del pueblo soberano, bajo un modelo socialista de participación activa e inclusión social, POR CUANTO El sector de la aeronáutica civil tiene competencias en los campos de la vigilancia y la operación de los servicios aeronáuticos, lo que comprende velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios del servicio público de transporte aéreo, ejercer la vigilancia permanente de la Seguridad Operacional y protección de la aviación civil, incluyendo los Servicios a la Navegación Aérea, y desarrollar las políticas aerocomerciales para el espacio aéreo venezolano, POR CUANTO El Programa Nacional de Formación en Aeronáutica Civil es concebido como un proceso académico elemental en la formación de profesionales capaces de desarrollar, de forma segura y eficiente, las diferentes fases de las operaciones aéreas de planificación, control, operación, comunicación, mantenimiento, administración y gestión, con una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria, a fin de garantizar la marcha segura, ordenada y eficaz de las operaciones aéreas del país,

RESUELVE Artículo 1. Se crea el Programa Nacional de Formación en Aeronáutica Civil, como el proceso mediante el cual se ejecuta el proyecto educativo que conduce al otorgamiento de títulos de Técnica Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Aeronáutica Civil mención Búsqueda y Salvamento; Licenciada o Licenciado en Aeronáutica Civil mención Búsqueda y Salvamento;

Licenciada o Licenciado en Aeronáutica Civil mención Información y Comunicación Aeronáutica; Licenciada o Licenciado en Aeronáutica Civil mención Control de Tránsito Aéreo; e Ingeniera o Ingeniero en Aeronáutica Civil mención Electrónica para la guridad del Tránsito Aéreo.

Artículo 2. El Programa Nacional de Formación en Aeronáutica Civil tendrá los siguientes objetivos:

a) Formar profesionales integrales relacionados al sector aeronáutico que facilite la articulación de los conocimientos científicos-técnicos sobre la aeronáutica enmarcado en los valores humanista; solidaridad; vocación de servicio; respeto a sí mismo y al otro; con ética y de identidad nacionalista;

comprometido con la preservación del medio ambiente;

ajustado a los principios de justicia social y equidad en función de la transformación del país y mejoramiento del sector aeronáutico.

b) Formar profesionales integrales con los conocimientos y saberes que facilite la gestión y operacionalización de los servicios de la navegación aérea u organismos públicos o privados en apoyo a las actividades relativas a la aeronáutica como lo establece la seguridad y defensa del país.

c) Formar de profesionales con énfasis en la investigación, emprendimiento e innovación tecnológica y social, para los sectores públicos y privados en atención a la producción de bienes y servicios a partir de las necesidades locales, regionales y nacionales en correspondencia a la aeronáutica.

d) Facilitar la valoración y práctica de la responsabilidad, sinceridad, solidaridad, tolerancia, flexibilidad, pertinencia y disposición al trabajo.

e) Actuar con conciencia en el cumplimiento de sus deberes y derechos contemplados en la constitución y demás leyes relacionadas a la actividad aeronáutica.

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Artículo 3. El Programa Nacional de Formación en Aeronáutica Civil tendrá las siguientes características generales:

a) La formación humanista, aspecto necesario para la formación integral del futuro y la futura profesional, sustentada en la integración de contenidos y experiencias dirigidas a la formación en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con responsabilidad ética y perspectiva sustentable.

b) La vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo para el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos, la consideración de la multidimensionalidad de los temas y problemas de estudio; así como el trabajo en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en histórica,y soportes apoyadas perspectiva en epistemológicos coherentes y críticamente fundados.

c) Conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la integración de todos los participantes como interlocutores y la reivindicación de la reflexión como elementos indispensables para la formación, asociados a ambientes y prácticas educativas ligadas a las necesidades y características de las distintas localidades, vinculadas con la vida cultural, social y productiva.

d) La participación activa y comprometida de las y los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social, en el marco del análisis, discusión y búsqueda de soluciones a los problemas del entorno, en consideración de sus dimensiones éticas, políticas, culturales, sociales, económicas, ambientales, técnicas y científicas, garantizando la independencia cognoscitiva y fomentando la creatividad.

e) Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de recursos y tiempo para el estudio, a las características de cada localidad y al empleo de métodos de enseñanza que activen los modos de actuación del futuro profesional.

f) Definición de sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje, la reflexión y el mejoramiento, considerando los distintos actores y aspectos del quehacer educativo, valorando su impacto social.

g) Atención al desempeño estudiantil, creación de un Trayecto Inicial para facilitar el tránsito de la educación media a la educación universitaria. Sistema de evaluación integral.

h) Seguimiento al desempeño estudiantil.

i) Formación docente, se formularán planes de formación permanente del_ docente, incluyendo postgrados. Se facilitarán visitas de expertos internacionales e intercambios con expertos nacionales.

j) Sistema de acreditación de experiencias y saberes adquiridos en otros estudios y en la práctica profesional.

Artículo 4. El Programa Nacional de Formación en Aeronáutica Civil tendrá las siguientes características específicas:

a) Los estudios conducentes al título de Técnico Superior Universitaria o Técnico Superior Universitario en Aeronáutica Civil mención Búsqueda y Salvamento estarán diseñados para tener una duración de dos (2) años y ciento veinticinco (125) unidades créditos.

b) Los estudios conducentes al título de Licenciada o Licenciado en Aeronáutica Civil mención Búsqueda y Salvamento estarán diseñados para tener una duración de cuatro (4) años y ciento noventa y un (191) unidades créditos.

c) Los estudios conducentes al título de Licenciada o Licenciado en Aeronáutica Civil mención Información y Comunicación Aeronáutica estarán diseñados para tener una duración de cuatro (4) años y ciento ochenta y ocho (188) unidades créditos.

d) Los estudios conducentes al título de Licenciada o Licenciado en Aeronáutica Civil mención Control de Tránsito Aéreo estarán diseñados para tener una duración de cuatro (4) años y ciento ochenta y cuatro (184) unidades créditos.

e) Los estudios conducentes al título de Ingeniera o Ingeniero en Aeronáutica Civil mención Electrónica para la Seguridad del Tránsito Aéreo estarán diseñados para tener una duración de cuatro (4) años y ciento noventa y un (191) unidades créditos.

f) La unidad de crédito se basará en el trabajo del estudiante, incluyendo el estudio acompañado por la o el docente, el estudio independiente, las prácticas, los laboratorios, el desarrollo del proyecto sociointegrador y elaboración de informes. Los planes de estudios y los programas de las unidades curriculares estimarán un máximo de cuarenta (40) horas de trabajo del estudiante por semana.

9) Las unidades curriculares del Programa Nacional de Formación en Aeronáutica Civil incluyen:

g.i. Unidades Curriculares de Iniciación Universitaria, orientadas a la promoción y consolidación de actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y saberes básicos, así como a la identidad de la cultura universitaria y del correspondiente Programa Formación. Se incluyen las unidades curriculares que se desarrollan en el Trayecto Inicial y en el Trayecto de Transición.

g.ii. Unidades Curriculares Básicas y Transdisciplinarias, las cuales conforman e integran los primeros trayectos de formación, fortalecen la base del perfil de egreso y constituyen la plataforma de conocimiento general, disciplinario y transdisciplinario que propicia el acceso al resto de las unidades curriculares.

g.iii. Unidades Curriculares Específicas que son las opciones formativas que ofrecen los saberes hacedores propios del área del Programa Nacional de Formación, aportando las actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y saberes vinculados a la profesionalidad.

g.iv. La Práctica Profesional en los trayectos de salida de las titulaciones de Técnica o Técnico Superior Universitario, de Licenciada o Licenciado en Aeronáutica Civil y de Ingeniera o Ingeniero en Aeronáutica Civil.

Artículo 5. Se conformará una red interministerial que agrupará a las y los representantes del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC) y expertos en el área, con participación de las y los estudiantes, bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Los miembros de la red interinstitucional se reunirán semestralmente o en forma cuando el Comité extraordinaria, sea convocada por Interinstitucional.

Artículo 6. El Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Aeronáutica Civil, será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en la materia, encargado de la coordinación entre los distintos institucionales responsables de la gestión del programa, así como de la promoción de la red interinstitucional, el cual estará integrado por:

a) La Coordinadora o el Coordinador designada o designado por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

b) La Secretaria Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo designada o designado por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

c) Una (1) o un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

d) Una (1) o un (1) representante del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

e) Cinco (5) profesoras o profesores del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC), representantes de cada una de las menciones del Programa.

El quórum mínimo de funcionamiento del Comité Interinstitucional, será de cinco (5) integrantes, siendo necesaria la asistencia de la Coordinadora o el Coordinador y de la Secretaria Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo.

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Artículo 7. Son funciones del Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Aeronáutica Civil, las siguientes:

a) Articular y promover el trabajo cooperativo y solidario entre los integrantes de la red interinstitucional del programa y con otros organismos del Estado y organizaciones sociales.

b) Convocar las reuniones de la red interinstitucional.

c) Realizar el seguimiento del Programa conjuntamente con las comunidades de las instituciones involucradas para garantizar la adecuación y mejoramiento continuo de su diseño y ejecución.

d) Proponer mecanismos para el mejoramiento continuo del Programa, incluyendo: programas de formación permanente de profesores, desarrollo y dotación de recursos educativos, fortalecimiento de centros de información y documentación, intercambio académico, movilidad estudiantil y docente, vinculación con empresas, comunidades y órganos del Estado.

e) Realizar informes periódicos y brindar información permanente al Despacho de la Viceministra o del Viceministro para la Educación_ y Gestión Universitaria sobre el desenvolvimiento del Programa.

Artículo 8. La Viceministra, o el Viceministro, para la Educación y Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, queda encargada o encargado, de la ejecución de esta Resolución.

Artículo 9. Las dudas y lo no previsto en esta Resolución serán resueltas por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

Artículo 1o. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República paivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por Ejecutivo Nacional.

HUGBEL RAFAEL ROA CAAUCI DecretaN° 3.464 de fecha 14 de junio 2018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO

N°153 FECHA: 28/12/2018 AÑOS 208°, 159° y 19°

RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.419 de fecha 14 de junio de 2018;

en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con el artículo 3 de la Resolución N° 4.021 de fecha 18 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual se regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el Subsistema de Educación Universitaria.

POR CUANTO Es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la educación en el nivel universitario y los subsistemas contenidos en ésta; las políticas en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones; el Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación, las telecomunicaciones, las tecnologías de información y su desarrollo; la propiedad intelectual; los servicios postales; y la red de telecomunicaciones del Estado,

POR CUANTO En el marco del proceso de territorialización de la educación universitaria, los estudios de formación avanzada constituyen una actividad formativa de la más alta relevancia, por su vinculación con el desarrollo de la gestión pública, técnico y humanístico, y por lo tanto, con el pleno desarrollo económico, social y cultural del país, POR CUANTO El Plan de la Patria formula como uno de sus objetivos estratégicos la construcción de una sociedad igualitaria y justa, a través de la formación de los distintos profesionales que se desempeñan en el área, teniendo como objetivos estratégicos y generales el fortalecimiento de los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico que conlleve hacia la orientación de los programas formativos integrales y permanentes dirigidos a satisfacer las necesidades y demandas del sistema en las áreas del sector público con el fin de garantizar la formación técnica, profesional y ocupacional del trabajo, POR CUANTO Los estudios de Formación Avanzada constituyen un proceso formativo integral de la más alta relevancia por su relación con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico, económico y social del país que trasciende la disciplina desde la contextualización del conocimiento y de la praxis transformadora,

POR CUANTO El Programa Nacional de Formación Avanzada en Gestión Pública, tiene como propósito elevar la formación de profesionales las áreas del sector publico con cualidades, éticas y morales, con una avanzada formación cultural, social y política en el marco de amplios conocimientos técnicos, científicos y económicos, que permitirán enfrentar los retos en las áreas del sector público, tecnológicas, operacionales, gerenciales, políticas y sociales, que demanda el sector público a nivel nacional.

RESUELVE Artículo 1. Crear el Programa Nacional de Formación Avanzada en Gestión Pública, para la continuidad del proceso formativo de los profesionales que se desempeñan en esta área, centrado en el desarrollo de un conjunto de actividades innovación y académicas, públicas, de investigación e transformación, para contribuir a la formación de una ciudadanía capaz de participar activamente en la conducción de la gestión pública a nacional; con visión estratégica, sustentable y de integración regional, con principios de calidad y pertinencia social, territorial y política, a través del abordaje interdisciplinario de la problemática actual en el ámbito de la gestión pública, con sentido estratégico, transformador y humanista para el fortalecimiento del Estado democrático y social de derecho y de justicia.

Artículo 2. Los grados académicos que se otorga son: Especialista en Gestión Pública; una vez que los profesionales universitarios hayan cumplido con la aprobación de veintisiete (27) unidades de crédito y la presentación del Trabajo Final de Grado, Magíster Scientiarium en Gestión Pública una vez que hayan cumplido con la aprobación de treinta y seis (36) unidades de crédito y la presentación del Trabajo Especial de Grado y los demás requisitos que apliquen según lo establecido en la normativa del Programa Nacional de Formación Avanzada en Gestión Pública.

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Artículo 3. Se conforma el Comité Técnico Académico del Programa Nacional de Formación Avanzada en Gestión Pública, el cual será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en la materia, encargado de la coordinación, entre las distintas instituciones responsables del programa, integrado por dos (2) miembros por cada institución de Educación Universitaria o Instituto de Estudios Avanzados que gestione el Programa Nacional de Formación avanzada, un representante por cada una de las siguientes instituciones, según sea el caso (Gobernación, Alcaldía, Concejo Municipal y un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con sus respectivos suplentes.

Artículo 4. El Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria queda encargada o encargado de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 5. La Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología será el responsable de resolver las dudas y controversias que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este acto.

Artículo 6. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional

HUGBEL RAFAEL ROA ARUCI Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y ecnología Decreto N° 3.464 de fecha 14 de jun de 2018 LCHO NEL MINI

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de Diciembre de 2018 ACUERDO N° 0082 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de Diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad de Carabobo la creación y funcionamiento del Programa de Maestría en Historia de Venezuela, sede: Facultad de Ciencias de la Educación, Dirección de Postgrado, Tercer Piso, Avenida Salvador Allende, Municipio Naguanagua, Código Postal 2005, Valencia, estado Carabobo. Modalidad: Semipresencial. Número total de créditos: Treinta y siete (37) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar:

Magíster en Historia de Venezuela.

(13) de Noviembre del año 2018.

COMUNÍQUESE Y PUBLAQUESE, Oblibys HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Presidente de HO DEL MI ASALIA R. VENEGAS S.

Secretaria Permanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0083 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad de Carabobo la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Gerencia Hospitalaria, sede: Hospital Central de Maracay, Edificio de Nefrología, Planta Baja, Final Avenida Vargas cruce con Avenida Sucre, Urbanización La Floresta, Parroquia Las Delicias, Municipio Girardot, Código Postal 2103, Maracay, estado Aragua.

Modalidad: Presencial. Número total de créditos: treinta y seis (36) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar: Especialista en Gerencia Hospitalaria.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece (13) de Diciembre del año 2018.

HIOGBEL RÁFAEL ROA CARUCIPderPodo Presidente del Consejo Nacional de Uniyersidades ASALIA R. VENIGAS S.

Secretaria Permanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0084 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Nacional Experimental Centroccidental "Lisandro Alvarado" la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Traumatología y Ortopedia, sede: Hospital Central Universitario "Dr. Antonio María Pineda", Servicio de Traumatología, Avenida Las Palmas, Final Avenida Vargas, Código Postal 3001, Parroquia Catedral, Municipio Iribarren, Barquisimeto, estado Lara. Modalidad: Presencial. Número total de créditos: ciento sesenta y seis (166) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar: Especialista en Traumatología y Ortopedia.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece de Diciembre del año 2018.

COMUNÍQUESE y PUBLÍQU OelibyS HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI /Presidente del ASALIA R. VENEGAS S.

Secretaria Permanente

página original (tal como se publicó)Página 14 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0085 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Bolivariana de Venezuela la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Cardiología Integral, sede: Hospital Coromoto de Maracaibo, Avenida 3C, Numero 51, Urbanización La Virginia, Sector La Lago, Parroquia Olegario Villalobos, Municipio Maracaibo, estado Zulia, Modalidad: Presencial. Número total de créditos: ciento treinta (130) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar: Especialista en Cardiología Integral.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trek de Diciembre del año 2018.

OelibpS.

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Presidente del .

Consejo Nacional de Universidades

SALIA R. VENGAS S.

Secretaria Permanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0086 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Cardiología Infantil, sede: Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, Final de la Avenida José Ángel Lamas, Parroquia San Juan, Código Postal 1020, Municipio Libertador, Distrito Capital. Modalidad: Presencial. Número total de créditos: cuarenta y ocho (48) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar: Especialista en Cardiología Infantil.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece (13) de Diciembre del año 2018.

Oelib HUGBEL/RAFAEL ROA CARUCI /Presidente del Consejo Nacional de Univerdades ASALIA R. VENEGAS S.

Secretaria Permanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0087 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Neumología, sede: Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, Final de la Avenida José Ángel Lamas, Parroquia San Juan, Código Postal 1020, Municipio Libertador, Distrito Capital.

Modalidad: Presencial. Número total de créditos: treinta y tres (33) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar: Especialista en Neumología.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece (13) de Diciembre del año 2018.

HUGBÉL RAFAEL ROÁ CARUER /Presidente del Consejo Nacional de Universidades ASALIA R. VENEGAS S.

Secretaria Pefmanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIÓNAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0088 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Otorrinolaringología, sede: Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, Final de la Libertador, Distrito Capital. Modalidad: Presencial. Número total de créditos:

cuarenta y ocho (48) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar:

Especialista en Otorrinolaringología.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece (13) de Diciembre del año 2018.

OblilbyS.

HUGBEL RAFAEL ROA CARUES Presidente del Consejo Nacional de Universdades ASALIA R. VENECAS S.

Secretaria Permanente

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0089 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Oncología Médica, sede: Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, Final de la Avenida José Ángel Lamas, Parroquia San Juan, Código Postal 1020, Municipio Libertador, Distrito Capital. Modalidad: Presencial. Número total de créditos: cuarenta y ocho (48) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar: Especialista en Oncología Médica.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece (13) de Diciembre del año 2018.

Oeli bpS.

HUGREL RAFAEL ROA CARSCE Presidente del i Consejo Nacional de Universidades ASALIA R. VENJGAS S.

Secretaria Permanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIÓNAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0090 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Meteorología y Ciencias Atmosféricas, sede: Avenida Las Escuelas, entre Calles 3 y 6, Frente al Hospital Militar "Dr. Vicente Salias" Fuerte Tiuna, Parroquia El Valle, Código Postal 1090, Municipio Libertador, Distrito Capital . Modalidad:

Presencial. Número total de créditos: veintinueve (29) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar: Especialista en Meteorología y Ciencias Atmosféricas.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día treg13) de Diciembre del año 2018.

elibp HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Presidente de Consejo Nacional de Universidades SALIA R. VENgGAS S.

Secretaria Permanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0091 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA

Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Panamericana del Puerto la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Gerencia Aduanera y Tributaria, sede: Calle Anzoátegui, Casco Histórico de Puerto Cabello, estado Carabobo. Modalidad: Semipresencial. Número total de créditos: treinta y siete (37) Unidades Crédito. Duración Normal del Programa: Dos (02) años máximo.

Grado académico a otorgar: Especialista en Gerencia Aduanera y Tributaria.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día tre de Diciembre del año 2018.

lblilys HUGBÉL RAFAEL ROA CARUCI Presidente del Consejo Nacional de Universidades ASALIA R. VENEGAS S.

Secretaria Permanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0092 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Panamericana del Puerto la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Lectura y Escritura Emancipadora, sede: Casco Histórico de Puerto Cabello, Calle Anzoátegui, Parroquia Urbana Bartolomé Salom, Municipio Puerto Cabello, estado Carabobo.

Modalidad: Semipresencial. Número total de créditos: treinta y tres (33) Unidades Crédito. Duración Normal del Programa: Cuatro (04) años máximo.

Grado académico a otorgar: Especialista en Lectura y Escritura Emancipadora.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece (13) de Diciembre del año 2018.

Obli bp S HUGBEL RAFAEL ROA CARUCL Présidente del/ Consejo Nacional de Univerdades ASALIA R. VEN EGAS S.

Secretaria Pefmanente

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0093 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Panamericana del Puerto la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Molinería de los Cereales, sede: Calle Anzoátegui, Casco Histórico del Edificio Universidad Panamericana del Puerto, Puerto Cabello, estado Carabobo. Modalidad:

Presencial. Número total de créditos: treinta y siete (37) Unidades Crédito.

Duración Normal del Programa: Cuatro (04) años máximo. Grado académico a otorgar: Especialista en Molinería de los Cereales.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia 'a partir del día trece (13) de Diciembre del año 2018.

Oeli byS.

HUGBEL RAFAEL ROA CARUC Presidente del Consejo Nacional de Universidades ASALIA R. VENEGAS S.

Secretaria Permanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de diciembre de 2018 ACUERDO N° 0094 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Panamericana del Puerto la creación y funcionamiento del Programa de Especialización en Administración Hotelera, sede: Calle Anzoátegui, (Casco Histórico), Edificio Universidad Panamericana del Puerto, entre Calle Ricaurte y Callejón de Cantarrana, Parroquia Unión, Municipio Puerto Cabello, Código Postal 2050, estado Carabobo. Modalidad: Semipresencial. Número total de créditos: treinta y seis (36) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar: Especialista en Administración Hotelera.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece (13) de Diciembre del año 2018.

eli bp MUGBEL RAFAEL/ROA GARUCE Presidente del Consejo Nacional de Univeridades ASALIA R. VENEGAS S.

Secretaria Pernfanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de Diciembre de 2018 ACUERDO N° 0095 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de Diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Alonso de Ojeda la creación y funcionamiento del Programa de Maestría en Gerencia de Operaciones, sede: Edificio UNIOJEDA, Prolongación Calle Vargas entre Avenidas 51 y 54, Parroquia Alonso de Ojeda, Municipio Lagunillas, Código Postal 4019, Ciudad Ojeda, estado Zulia. Modalidad: Presencial. Número total de créditos:

cincuenta y seis (56) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar:

Magíster Scientiarum en Gerencia de Operaciones.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece (13) de Noviembre del año 2018.

COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE, belibyS HUGBELRAFAEL ROA CARU Presidente/del Consejo Nacional de Universkdades ASALIA R. VENEGAS S.

Secretaria Permanente REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de Diciembre de 2018 ACUERDO N° 0096 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador la creación y funcionamiento del Programa de Doctorado en Educación, sede: Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Núcleo Académico Barinas, Alto Barinas Norte, Sector Jardines de Alto Barinas, Municipio Barinas, Código Postal 5201, Barinas, estado Barinas. Modalidad: Semipresencial. Número total de créditos: cuarenta y cinco (45) Unidades Crédito. Grado académico a otorgar: Doctor en Educación.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece (13) de Diciembre del año 2018.

COMUNÍQUESE y PUBLIQUESE, lelilbpS.

HUGBEL RAFAEL ROA GARUCE Presidente del Consejo Nacional de Univerdades ASALIA R. VENEGAS S.

Secretaria Permanente

página original (tal como se publicó)Página 17 de la Gaceta

Página 18

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de Diciembre de 2018 ACUERDO N° 0097 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 1.4 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador la creación y funcionamiento del Programa de Doctorado en Educación, sede: Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Felipe, Avenida Cartagena cruce con Calle San Rafael, Municipio Independencia, Código Postal 3201, San Felipe, estado Yaracuy. Modalidad:

Semipresencial. Número total de créditos: cuarenta y cinco (45) Unidades Crédito.

Grado académico a otorgar: Doctor en Educación.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece (13) de Diciembre del año 2018.

beli by S HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Presidente def Consejo Nacional de Universidades ASALIA R. VENEGAS S.

Secretaria Permanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 13 de Diciembre de 2018 ACUERDO N° 0098 Años 208°, 159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Extraordinaria Virtual N° 03, Acta N° 540 de fecha 13 de diciembre de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artículo 1-. Autorizar a la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", la creación y funcionamiento del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, sede: Avenida Principal Los Laureles con Carrera H, Parroquia Germán Ríos Linares, Municipio Cabimas, Código Postal 4013, estado Zulia. Modalidad:

Semipresencial. Número total de créditos: cincuenta y ocho (58) Unidades Crédito.

Grado académico a otorgar: Doctor en Ciencias Sociales.

Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día trece (13) de Diciembre del año 2018.

COMUNÍQUESEAy PUBLÍQ Y blibp S.

HUGBEL RAFAEL ROACARE Presidente del Consejo Nacional de Universidades ASALIA R. VENEGAS S.

Secretaria Permanente

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° 163 CARACAS, 4 DE DICIEMBRE DE 2018 207°, 159° 190 El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda designado mediante Decreto N° 3.177 de fecha 26 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.343 Extraordinario de la misma fecha 26; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65, 78, numeral 3 y 19, y 93 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2, y 19 en su último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública; 16 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y 31 numeral 1 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana, ELIZABETH FIDALGO NUNES,cédula de identidad V.- 13.672.915, como

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (SUNAVI).

Artículo 2. En virtud de la presente designación la ciudadana mencionada, en ausencia del o de la Superintendente Nacional de Arrendamiento de Vivienda, tendrá las atribuciones que a continuación se especifican:

1. Resolver los conflictos de competencia entre sus funcionarias o funcionarios adscritos y ejercer la potestad disciplinaria, con arreglo a las disposiciones legales o reglamentarias.

2. Aprobar y publicar las normas reglamentarias internas necesarias para el desempeño de sus funciones y competencias.

3. Aprobar los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal, de acuerdo con las políticas que en esta materia dicte el Ministerio con competencia en materia de Vivienda y Hábitat.

Orientar, dirigir, coordinar, supervisar y 4.

controlar las actividades de este órgano rector.

Comprometer y ordenar los gastos de la Superintendencia 5.

Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

6. Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, fideicomisos, inversiones en bancos y otros institutos de créditos nacionales y otorgar los respectivos finiquitos, firmar órdenes de pago, cheques y cualquier otro acto de comercio con arreglo a la normativa legal vigente, previa autorización del ciudadano Ministro.

7. Recibir cantidades de dinero, donaciones, traspasos, transferencias de organismos públicos o privados, cumpliendo normativapresupuestaria correspondiente, previa autorización del ciudadano Ministro.

8. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones y políticas emanadas del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda por medio del Ministro.

9. Formular y aprobar los planes, programas y proyectos en atención a los lineamientos y políticas dictados conforme a la planificación centralizada.

10. Ejercer la administración, dirección, inspección y resguardo de los servicios y bienes del organismo.

11. Suscribir los actos y correspondencias del despacho a su cargo.

12. Conocer y decidir los actos y recursos administrativos que les correspondan de conformidad con la ley.

13. Presentar a conocimiento y resolución del Ministro o Ministra con competencia en materia de Hábitat y Vivienda, los asuntos o solicitudes que requieran su intervención.

14. Dictar los lineamientos para el diseño e implementación de los mecanismos de aplicación, control y seguimiento establecidos en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.

página original (tal como se publicó)Página 18 de la Gaceta

Página 19

15. Suscribir convenios con los distintos sectores sociales y organismos públicos o privados nacionales con arreglo a los requisitos legales correspondientes previa autorización del Ministro o Ministra con competencia en materia de Hábitat y Vivienda.

16. Solicitar a los órganos del Poder Público y a las autoridades competentes, la cooperación y los informes necesarios para el cumplimiento de las funciones de este órgano.

17. Ordenar inspecciones y fiscalizaciones de los inmuebles sujetos a la aplicación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.

18. Determinar los ilícitos e imponer sanciones pecuniarias correspondientes, así como recaudar los montos por concepto de multas de conformidad a lo establecido en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.

19. Cualquier otra que le sea asignada acorde con las atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos y demás actos administrativos y que correspondan a la naturaleza de la Dirección.

Artículo 3. Queda plenamente facultada la ciudadana, cédula de identidad ELIZABETH NUNES, FIDALGO V.- 13.672.915, COMO DIRECTORA ENCARGADA (E) DEL DESPACHO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (SUNAVI), para realizar todos los procedimientos administrativos establecidos conforme a la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y su Reglamento.

Artículo 4. Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo la firma de la funcionaria delegada la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, según lo establece el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esta delegación podrá ser revocada o modificada, total o parcialmente por este Despacho Ministerial.

Artículo 5. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 6. La prenombrada ciudadana deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que haya firmado en ejercicio de la delegación prevista en la presente Resolución.

Artículo 7. La designación y delegación contenidas en la presente Resolución entraran en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comnuníquese y Rublíquese,

MINISTRO DEL PODER POPULAR RARA HABITAT YMBVIBRIDA A

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N°169 CARACAS, 21 DE DICIEMBRE DE 2018 207°, 159°, 19° El Ministro del Poder Popuiar para Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto N° 3.177 de fecha 26 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial Extraordinariode la República Bolivariana de Venezueia N° 6.343 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Constitución de :a República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 63 y 78, numerales 13 y 19 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y artículos 5 y 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat .

RESUELVE PRIMERo: Designar la Junta Administraaora de labora CONJUNTORESIDENCIAL BOSQUEREAL,UbICada Charallave, estado Bolivariano de Miranda; dicha junta estará conformada por: tres (3) miembros, cuyas decisiones serán tomadas por la mayoría simple de sus miembros. En consecuencia, se designan como miembros de la Junta Administradora de la Obra CONJUNTO RESIDENCIAL BOsQuE REAL, a los ciudadanos que se identifican a continuación:

1. Representantes del Ministerio del Poder Popular, para Hábitat y Vivienda:

N° V-14.975.952.

- HENGEL BLANCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.086.851 - YAQUELYN SALCEDO RAMOS, titular de la Cédula de identidad N° V- 12.747.904

SEGunDo: Como consecuencia de la medida de Intervención Preventiva y Ocupación declaradas, esta Junta Administradora sustituirá en sus funciones a la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas de la empresa intervenida y, por ello, podrá ejecutar y suscribir todos los actos a los que estaban éstos facultados por la Ley y los estatutos sociales de dicha sociedad mercantil. En tal sentido, aunado a los actos correspondientes a la gestión diaria de la empresa, la Junta Administradora antes designada expresamente podrá:

.- Movilizar y disponer de cuentas bancarias e instrumentos financieros existentes en instituciones financieras. A tal efecto, todos los funcionarios de la Junta Administradora tendrán firma autorizada, sin embargo las cuentas se movilizarán con dos (2) firmas de dichos miembros.

.- Celebrar los contratos y actos que correspondan para la culminación de la obra.

.- Administrar y disponer de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la empresa intervenida, a cuyo efecto podrá suscribir los actos de disposición y administración necesarios para la culminación y entrega de la obra. Especialmente, podrá suscribir los actos que correspondan a la transferencia de propiedad a los compradores de los apartamentos que constituyen el Desarrollo Habitacional, cumpliendo con debido registro de propiedad del inmueble.

.- En general, ejecutar y suscribir, en nombre de la empreca intervenida, todos los actos necesarios para garantizar el derecho a una vivienda de ios compradores, que hayan cumplido con sus respectivas obligaciones.

TERcERQ:Es de exclusiva competencia del Viceministerio de Gestión, Supervisión y Seguimiento de Obras del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, o quien haga sus veces, realizar las asignaciones de Viviendas del Urbanismo;

ningún miembro de la Junta Administradora ni conjunta ni separadamente tendrá la atribución para adjudicar, ceder y asignar viviendas, objeto de los procedimientos que se llevan a cabo.

cuArto: Se establece, expresamente que cualquier acto de disposición de los bienes de ia empresa intervenida deberá estar dirigido, únicamente a la culminación y entrega de la obra. En tal sentido, cualquier acto de enajenación de activos de la empresa deberá estar directamente vinculado a la carencia de recursos para la culminación de la obra y, adicionalmente, deberá hacerse a un precio justo, que no afecte negativamente el patrimonio de la empresa intervenida, siempre en el entendido que esta es una medida de carácter temporal que, una vez que haya satisfecho el derecho a la vivienda de los afectados, será levantada.

página original (tal como se publicó)Página 19 de la Gaceta

Página 20

QuINTo:Se ordena notificar ai Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) de la medida de intervención aquí dictada, indicándoles expresamente que ios bienes de la empresa intervenida sólo podrán ser enajenados por la Junta Administradora aquí designada. Asimismo, se ordena notificar a la Superintendencia de ias Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a fin de ponerla en conocimiento de que, con base a la medida declarada, sólo la Junta Administradora designada podrá movilizar las cuentas nombre de la empresa intervenida con el objeto de ejecución de la obra en cuestión.

sExTo:El Viceministerio de Gestión, Supervisión y Seguimiento de 'Obras del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, velará por el cumplimiento de esta Resolución y con las Leyes inherentes en materia de vivienda y hábitat.

sÉPTIMo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación enr Gaceta Oficial de ia República Bolivariana de Venezuela Comuniquese y Publíquese, ILDEMARORA KILLARROEL Ministro del Poder Popular para Hábitat yrggfenda MINISTRO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° 170 CARACAS, 21 DE DICIEMBRE DE 2018 207°, 159°, 19° El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto N° 3.177 de fecha 26 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.343 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones conferidas en. los artículos 63 y 78, numerales 13 y 19 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y artículos 5 y 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat .

RESUELVE PRIMERQ: Designar la Junta Administradora de la obra CONJUNTO RESIDENCIAL MATA LINDA, UbiCada en la autopista Charallave, Ocumare del Tuy, Km 4, urbanización Cantarrana, Municipio Cristóbal Rojas, estado Bolivariano de Miranda; dicha junta estará conformada por: tres (3) miembros, cuyas decisiones serán tomadas por la mayoría simple de sus miembros. En consecuencia, se designan como miembros de la Junta Administradora de la obra ConcunTo RESIDENCIAL MATA LINDA, a los ciudadanOS que se identifican a continuación:

1. Representantes del Ministerio del Poder Popular/ para Hábitat y Vivienda:

- DANISER ROA, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.975.952.

- HENGEL BLANCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.086.851 - YAQUELYN SALCEDO RAMOS, titular de la Cédula de identidad N° V- 12.747.904 sEGunpo: Como consecuencia de la medida de Intervención Preventiva y Ocupación declaradas, esta Junta Administradora sustituirá en sus funciones a la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas de la empresa intervenida y, por ello, podrá ejecutar y suscribir todos los actos a los que estaban éstos facultados por la Ley y los estatutos sociales de dicha sociedad mercantil. En tal sentido, aunado a los actos correspondientes a la gestión diaria de la empresa, la Junta Administradora antes designada expresamente podrá:

.- Movilizar y disponer de cuentas bancarias e instrumentos financieros existentes en instituciones financieras. A tal efecto, todos los funcionarios de la Junta Administradora tendrán firma autorizada, sin embargo las cuentas se movilizarán con dos (2) firmas de dichos miembros.

.- Celebrar los contratos y actos que correspondan para la culminación de la obra.

.- Administrar y disponer de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la empresa intervenida, a cuyo efecto podrá suscribir los actos de disposición y administración necesarios para la culminación y entrega de la obra. Especialmente, podrá suscribir los actos que correspondan a la transferencia de propiedad a los compradores de los apartamentos que constituyen el Desarrollo Habitacional, cumpliendo con el debido registro de propiedad del inmueble.

.- En general, ejecutar y suscribir, en nombre de la empresa intervenida, todos los actos necesarios para garantizar el derecho a una vivienda de los compradores, que hayan cumplido con sus respectivas obligaciones.

TERCERQ: Es de exclusiva competencia del Viceministerio de Gestión, Supervisión y Seguimiento de Obras del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, o quien haga sus veces, realizar las asignaciones de Viviendas del Urbanismo; ningún miembro de la Junta Administradora ni conjunta ni separadamente tendrá la atribución para adjudicar, ceder y asignar viviendas, objeto de los procedimientos que se llevan a cabo.

cuARTQ: Se establece, expresamente que cualquier acto de disposición de los bienes de la empresa intervenida deberá estar dirigido, únicamente a la culminación y entrega de la obra. En tal sentido, cualquier acto de enajenación de activos de la empresa deberá estar directamente vinculado a la carencia de recursos para la culminación de la obra y, adicionalmente, deberá hacerse a un precio justo, que no afecte negativamente el patrimonio de la empresa intervenida, siempre en el entendido que esta es una medida de carácter temporal que, una vez que haya satisfecho el derecho a la vivienda de los afectados, será levantada.

QUINTQ: Se ordena notificar al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) de la medida de intervención aquí dictada, indicándoles expresamente que los bienes de la empresa intervenida sólo podrán ser enajenados por la Junta Administradora aquí designada. Asimismo, se ordena notificar a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a fin de poneria en conocimiento de que, con base a la medida declarada, sólo la Juy ejecución de la obra en cuestión.

SEXTO: El Viceministerio de Gestión, Supervisión y Seguimiento de Obras del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, velará por el cumplimiento de esta Resolución y con las Leyes inherentes en materia de vivienda y hábitat.

SÉPTIMO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación/en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

VARIANA Comuniquese y Publíquese,

ALDEMARO M VEILARROE

MINISTRO

página original (tal como se publicó)Página 20 de la Gaceta

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURIDICA RESOLUCIÓN N° 171 CARACAS, 21 DE DICIEMBRE DE 2018 207°, 159°, 19° El Ministro del Poder Popuiar para Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto N° 3.177 de fecha 26 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial Extraordinariode la República Boiivariana de Venezuela N° 6.343 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en el artícuio 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de ias atribuciones conferidas en los artículos 63 y 78, numeraies 13 y 19 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y artículos 5 y 6 de: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat

CONSIDERANDO Que la Sociedad Mercantil VIVIENDAS DE SALAMANCA C.A. fue objeto de una medida de Intervención,mediante Resolución 045 de fecha 5 de abril de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Boivariana de Venezuela N° 39.651 de fecha 7 de abril de 2011

RESUELVE PRIMEro: Designar la Junta Administradora de la Sociedad MerCantil VIVIENDAS DE SALAMANCA C.A., para Ia ejecución y culminación de la obra Viviendas de Salamanca Tuy, estado Bolivariano de Miranda; dicha junta estará conformada por: tres (3) miembros, cuyas decisiones serán tomadas por la mayoría simple de sus miembros. En consecuencia, se designan como miembros de la Junta Administradora de Viviendas de Saiamanca a los ciudadanos que se identifican a continuación:

1. Representantes del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda:

- DANISER ROA, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.975.952.

- HENGEL BLANCO, titular de la Céduia de Identidad N° V-13.086.851 -FLOR MAYDEE DUARTE SÁNCHEZ, tituiar de Ia Cédula de identidad N° V-9.249.100

SEGunDo: Como consecuencia de la medida de Intervención Preventiva y Ocupación declaradas, esta Junta Administradora sustituirá en sus funciones a la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas de la empresa intervenida y, por ello, podrá ejecutar y suscribir todos los actos a los que estaban éstos facultados por la Ley y los estatutos sociales de dicha sociedad mercantil. En tal sentido, aunado a los actos correspondientes a la gestióndiaria de ia empresa, la Junta Administradora antes designadaexpresamente podrá:

.- Movilizar y disponer de cuentas bancarias e instrumentos financieros existentes en instituciones financieras. A tal efecto, todos los funcionarios de la Junta Administradora tendrán firma autorizada, sin embargo ias cuentas movilizarán con dos (2) firmas de dichos miembros.

.- Celebrar los contratos y actos que correspondan para la culminación de la obra.

.- Administrar y disponer de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la empresa intervenida, a cuyo efecto podrá suscribir los actos de disposición y administración necesarios para la culminación y entrega de la obra. Especialmente, podrá suscribir los actos que correspondan a la transferencia de propiedad a los compradores de los apartamentos que constituyen el Desarrollo Habitacional, cumpliendo con el debido registro de propiedad del inmueble.

.- En general, ejecutar y suscribir, en nombre de la empresa intervenida, todos los actos necesarios para garantizar el derecho a una vivienda de los compradores, que hayan cumplido con sus respectivas obligaciones.

TERCERO:Es de exclusiva competencia del Viceministerio de Gestión, Supervisión y Seguimiento de Obras del Ministerio dei Poder Popular para Hábitat y Vivienaa, o quien haga sus veces, realizar las asignaciones de Viviendas del Urbanismo;

ningún miembro de la Junta Administradora ni conjunta ni separadamente tendrá la atribución para adjudicar, ceder y asignar viviendas, objeto de los procedimientos que se llevan a cabo.

CuArTo: Se establece, expresamente que cualquier acto de disposición de los bienes de la empresa intervenida deberá estar dirigido, únicamente a la culminación y entrega de la obra. En tal sentido, cualquier acto de enajenación de activos de la empresa deberá estar directamente vinculado a la carencia de recursos para la culminación de la obra y, adicionalmente, deberá hacerse a un precio justo, que n afecte negativamente el patrimonio de la empre intervenida, siempre en el entendido que esta es una mecãcãa de carácter temporal que, una vez que haya satisfecho el derecho a la vivienda de los afectados, será levantada.

QUInTo: Se ordena notificar al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) de la medida de intervención aquí dictada, indicándoles expresamente que los bienes de la empresa intervenida sólo podrán ser enajenados por la Junta Administradora aquí designada. Asimismo, se ordena notificar a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a fin de ponerla en conocimiento de que, con base a la medida declarada, sólo la Junta Administradora designada podrá movilizar las cuentas a nombre de la empresa intervenida con el objeto de la ejecución de la obra en cuestión.

SEXTO:El Viceministerio de Gestión, Supervisión y Seguimiento de Obras del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, velará por el cumplimiento de esta Resolución y con las Leyes inherentes en materia de vivienda y hábitat.

SÉPTIMO: La presente-Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezdeta.

Comuníquese y Publíquege

ILDEMARO MILDARROE PACHO

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445.098 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 16 de enero de 2019

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA ALIMENTACIÓN

página original (tal como se publicó)Página 22 de la Gaceta

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RESUELVE Artículo 1. Otorgar el Beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobado por el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y firmadas por el Director General de la Vicepresidencia Ejecutiva, mediante formato FP.

026 de fecha 01 de abril de 2017, a la ciudadana que se menciona a continuación:

CEDULA DE MONTO DE LA PORCENTAJE NONBRES Y APELLIDOS IDENTIDAD JUBILACION OTORGADO PASTORA JOSEFINA BsS. 4.500,00 7.386.290 38% ESCALONA Artículo 2. Visto que los montos correspondientes a la jubilación no podrán ser menores al salario mínimo urbano de conformidad con la normativa vigente y el monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior, dicho concepto será homologado al salario mínimo nacional vigente de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 3. La presente Resolución entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

LUIS AÊBERTO MEDINA RAMIREZ MINISTRO

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE 0827 EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales Expediente 18-0196 Mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2018 ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, el abogado GERMÁN MACEA LOZADA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 23.878, titular de la cédula de identidad número V-3.625.741, actuando en nombre propio, interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 9 de noviembre de 2017 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, que declaró inadmisible el recurso de apelación que el mencionado ciudadano ejerció contra la decisión dictada el 29 de septiembre de 2017 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual acordó la designación de un defensor público que lo asistiera en el proceso y difirió el acto para dar inicio al juicio oral y público, en el proceso penal seguido en contra del hoy accionante por la presunta comisión de los delitos de estafa, fraude y usura.

En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

ÚNICO

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa que la misma se interpuso contra la sentencia dictada el 9 de noviembre de 2017 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, por lo que, de conformidad con lo preceptuado en el cardinal 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se declara competente para su conocimiento. Así se declara.

Ahora bien, una vez determinada la competencia, esta Sala observa que el amparo constitucional de autos fue interpuesto el 15 de marzo de 2018 contra la sentencia dictada el 9 de noviembre de 2017 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, que declaró inadmisible el recurso de apelación que el hoy accionante ejerció contra la decisión dictada el 29 de septiembre de 2017 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual acordó la designación de un defensor público que lo asistiera en el proceso y difirió el acto para dar inicio al juicio oral y público, en el proceso juicio penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa, fraude y usura.

El accionante denunció la presunta violación de sus derechos constitucionales relativos a la defensa y al debido proceso, toda vez que -según alegó- la referida Corte de Apelaciones actuó fuera de su competencia "(...) al no admitir el recurso de apelación de autos que ejerció al considerar que lo que se interpuso fue un recurso de revocación de un fundamental del debido proceso al no permitir[le] ejercer [su] autodefensa en el proceso penal que se [le] sigue y la designación de un defensor de [su] confianza (...)".

Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman el expediente, esta Sala constata que en el caso de autos, desde el 15 de marzo de 2018 -oportunidad en la que presentó la acción de amparo- hasta la presente fecha, la parte accionante no ha realizado actuación procesal válida alguna con el fin de impulsar el proceso y obtener la tutela constitucional demandada, habiendo transcurrido un período superior a seis (6) meses; por tanto, se ha configurado el abandono del trámite en la presente causa, conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala.

En tal sentido, resulta menester para esta Sala reiterar su criterio conforme al cual el interés manifestado por la parte actora al solicitar ante el órgano jurisdiccional la tutela de los derechos constitucionales, debe ser mantenido a lo largo del proceso, por lo que la ausencia de impulso procesal durante un tiempo que supere los seis (6) meses, indica que no existe una necesidad imperiosa ni interés en obtener la tutela constitucional demandada, lo cual debe entenderse como un abandono del trámite que obliga a la Sala a declarar terminado el procedimiento (véase sentencias número 982 dei 6 de junio de 2001, caso:

José Vicente Arenas Cáceres, y 734 del 12 de julio de 2010, caso: Rodolfo Igdel Lorenzo Quintero).

Por otra parte, la Sala observa que la denuncia fundamental del accionante en la acción de amparo está referida a la presunta violación de sus derechos constitucionales relativos a la defensa y al debido proceso por la sentencia accionada; sin embargo, lo que pretende, en definitiva, es que la Corte de Apelaciones conozca del recurso de apelación que ejerció y revoque el pronunciamiento dictado en la audiencia oral realizada el 29 de septiembre de 2017 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, mediante el cual acordó designarle un defensor público con el fin de garantizar su derecho a la defensa, lo que, en este caso, no trasciende su esfera de derechos individuales, así como no se encuentran afectados las buenas costumbres ni el orden público, por cuanto según se desprende de las copias certificadas -que cursan en el expediente- del acta levantada por el tribunal de juicio el 29 de septiembre de 2017, la cual se encuentra suscrita por el accionante, que el mismo expuso: "solicito me sea designado un defensor público, es todo", lo que en definitiva no menoscaba su derecho a la defensa sino que, por el contrario, coadyuva con él, además de que así lo solicitó en la audiencia oral.

Asimismo, la Sala advierte que la sentencia accionada en amparo, al declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación ejercido por el hoy accionante, señaló que la decisión impugnada se produjo en audiencia, por lo que contra ella no procedía el recurso de apelación de autos sino el recurso de revocación, conforme a lo establecido en el Título II Libro IV del Código Orgánico Procesal Penal, el cual no ejerció; lo que resulta acertado pues lo que el tribunal de juicio acordó era un mero trámite para ordenar el proceso.

De manera que, al no estar involucrado el orden público en el presente caso y al haber una pérdida de interés de la parte accionante en obtener la tutela de los derechos que a su decir fueron quebrantados, que sólo tienen incidencia en su esfera particular, esta Sala debe declarar terminado el procedimiento por abandono del trámite. Así se decide.

Se IMPONE a la parte accionante, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, una multa por la cantidad de cinco bolívares (Bs. 5,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en cualquier institución financiera receptora de fondos nacionales, cuyo pago deberá acreditar mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o, en todo caso, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, la cual deberá informar a esta Sala el cumplimiento de dicha obligación.

OBITER DICTUM

En relación con la sanción pecuniaria contemplada en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala considera, que a pesar de que las reexpresiones monetarias que ha experimentado el bolívar podrían sembrar duda sobre la cuantía de dicha sanción; es imposible que la misma pueda modificarse o actualizarse por parte del Poder Judicial si no existe una previsión normativa expresa que lo autorice.

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En efecto, es la ley la que otorga a las autoridades administrativas o judiciales la facultad de imponer sanciones. De tal manera que tanto la conducta sancionable, como la sanción misma deben estar de manera inequívoca, clara y expresamente definidas por el legislador, pues no se trata de una potestad discrecional sino reglada. En desarrollo del principio del debido proceso y del principio de legalidad, las normas que tienen una connotación sancionatoria deben estar previamente definidas por el legislador.

El particular tiene derecho a conocer previamente cuáles son las consecuencias jurídicas que le acarrea la comisión de una conducta antijurídica, es decir, las normas sustanciales y procesales deben ser preexistentes al acto que se le imputa.

Así, el principio de legalidad presupone la existencia previa de una ley que señale conductas merecedoras de reproche y la consecuente sanción, pues no podría entenderse que la Administración o el Poder Judicial so pretexto de ejercer la titularidad de la potestad sancionatoria, tuviese igualmente la facultad para establecer exenciones, prohibiciones o modificaciones del monto de las sanciones, ya que ello es un tema de reserva de legal.

Evidentemente, en el caso de algunas leyes antiguas no hubo previsión del problema de la inflación, de las devaluaciones o de las reexpresiones monetarias. A la luz de las nuevas realidades económicas ello denota una falta de previsión del legislador (o una falta de técnica legislativa), que en las normas legales más recientes ha podido solventarse con el cálculo de las sanciones en unidades tributarias o salarios mínimos. Pero si esto no está previsto en una norma legal de manera expresa, no es posible corregirse a través de decisiones de naturaleza administrativa, es más, ni los jueces acudiendo a poderes discrecionales que le son propios pueden ordenar la conversión.

No tiene cabida invocar principios como el de proporcionalidad o racionabilidad de la sanción con el propósito de corregir la desvalorización (o revalorización) de la moneda, porque objetivamente implica modificar el límite sancionador establecido por el legislador.

Por las razones expuestas, tomando en consideración que la sanción establecida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales fue expresada en bolívares y el bolívar continúa siendo la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela, el juez no puede modificar lo expresamente establecido por el legislador sin violar el principio de legalidad. En consecuencia, esta Sala Constitucional establece, con carácter vinculante, que en caso de desistimiento malicioso o de abandono de trámite la sanción aplicable por el juez de la causa será la establecida en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales vigente, es decir, multa de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00) a cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00). Este cambio de criterio, se aplicará con efecto ex nunc, a partir de la publicación del presente fallo. Así se decide.

Se ordena la publicación de este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, así como en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado GERMÁN MACEA LOZADA, actuando en nombre propio, contra la sentencia dictada el 9 de noviembre de 2017 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy. Se IMPONE multa a la parte accionante por la cantidad de cinco bolívares (Bs.

5,00), la cual deberá ser pagada en cualquier oficina receptora de fondos nacionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

SEGUNDO: Se ORDENA publicar este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, con la siguiente mención:

"Sentencia de la Sala Constitucional que establece, con carácter vinculante, que en caso de desistimiento malicioso o de abandono de trámite la sanción aplicable por el juez de la causa será la establecida en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales vigente, es decir, multa de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00) a cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00). Este cambio de criterio, se aplicará con efecto ex nunc, a partir de la publicación del presente fallo".

Asimismo, se ORDENA que en la página principal del sitio web de este Tribunal se haga mención de la existencia del fallo y se remita a su texto íntegro.

Publíquese, regístrese y notifíquese en la forma establecida en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy.

Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los días del mes de Diciosrde dos mil dieciocho (2018). Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

El Presidente, Juan José Mendez a Jover

El Vicepresidente, Arcadio Delgado Rosales Ponente Los Magistrados y las Magistradas, Carmen Zuleta de Merchán Gladys María Gutiérrez Alvarado Calixto Ortega Bios Luis Fernando Damiani Bustillos Lourdes Bemcia Suárez Anderson La Secretaria, Mónica Andrea Rodríguez Flores En el dia de hoy03-12.- 18_, se publica la presente sentencia aprobada en la Sesión de Sala Nro××_de fecha 2-11-18 Qoni hocles LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 0828 EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Exp. N° 16-0120 MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHAN Mediante oficio N° 047-16 del 2 de febrero de 2016, recibido en esta Sala Constitucional el 3 de febrero de 2016, suscrito por el Juez Presidente de la Corte de Apelaciones con competencia en delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fueron remitidas las actuaciones originales del expediente identificado con el alfanumérico CA-1847-14 VCM, contentivo del amparo constitucional interpuesto el 29 de agosto de 2014, por los abogados Oscar Borges Prim, María de los Ángeles Machado y Diurkin Bolivar Lugo, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 91.625, 197.893 y 97.465, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales —según se evidencia en autos- de la ciudadana ELISA ORIETA ORDOÑEZ DE MARCANO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V-4.250.565, contra:

"la omisión y dilación indebida proferida por el Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas

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del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (..), por cuanto desde fecha (sic) 24 de Abril de 2014, hasta la presente (sic) 28 de Agosto del presente año, menoscaba la tutela judicial efectiva y el debido proceso en el sentido de inobservar el lapso que ha transcurrido desde el momento en que fue consignada una Solicitud de Extensión Jurisdiccional, en relación al asunto civil que cursa en el Juzgado Décimo(10°) (sic) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito (sic) y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, incuriendo asi en una inconstitucional omisión de promnciamiento", todo ello con ocasión del proceso penal seguido en contra del ciudadano Humberto José Marcano López, por la presunta comisión de los delitos de violencia fisica y violencia psicológica, en agravio de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, parte querellante en el proceso penal primigenio.

Tal remisión obedece al recurso de apelación ejercido, el 5 de mayo de 2015, por el representante de la accionante, contra la decisión dictada el 30 de abril de 2015, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvio en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró, inadmisible sobrevenidamente el amparo constitucional interpuesto.

El 5 de febrero de 2016, se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 29 de julio de 2016, esta Sala dictó decisión N° 631, mediante la cual acordó notificar a la accionante, ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano y a sus apoderados judiciales, que "podrían consignar, durante el lapso de treinta (30) dias siguientes a su notificación, cualquier escrito de fundamentación de alegatos relacionado con el recurso de apelación interpuesto". El 4 de agosto de 2016, la Secretaría de la Sala Constitucional practicó vía telefónica, la notificación dirigida al abogado Oscar Borges Prim, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante.

El 9 de agosto de 2016, los apoderados judiciales de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, consignaron en esta Sala Constitucional, escrito de fundamentación de la apelación ejercida.

Los días 5 de octubre, 27 de octubre, 28 de noviembre, 12 de diciembre y 15 de diciembre, todos del año 2016, así como el día 12 de enero de 2017, los apoderados judiciales de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, solicitaron mediante diligencia, pronunciamiento y celeridad en el presente proceso.

El 24 de febrero de 2017, se reconstituyó esta Sala Constitucional en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente;

Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Giadys Maria Gutiérrez Alvarado, Calixto Antonio Ortega Rios, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson; ratificándose en su condición de ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Los días 1 y 6 de marzo; 17 de abril; 9, 15, 18, 23 y 25 de mayo; 5, 13, 15, 19, 22 de junio, todos de 2017, los apoderados judiciales de la accionante, solicitaron mediante diligencia, pronunciamiento y celeridad en el presente proceso.

El 28 de junio de 2017, esta Sala Constitucional dictó decisión N° 507, mediante la cual, ordenó al Juzgado Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la remisión en el lapso de tres días, lo siguiente:

"(..) un informe sobre el estado procesal del expediente penal identificado con el alfanumérico AP01-P-2008-018131, seguido en contra del ciudadano Humberto José Marcano López, en el cual se indique si se ejerció recurso de apelación contra la decisión dictada, el 9 de de septiembre de 2014, por ese juzgado y que señale además, si tal decisión se encuentra definitivamente firme, lo cual deberá soportar con copia certificada de las actuaciones procesales vinculadas con la información requerida".

El 7 de julio de 2017, se dejó constancia, tanto de la notificación vía telefónica a la Jueza Primera de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sobre la señalada decisión N° 507, del 28 de junio de 2017, como de la remisión de ese fallo, al correo electrónico suministrado por la mencionada juez de instancia.

El 12 de julio de 2017, se recibió ante la Secretaría de esta Sala, comunicación N° 584-17, librada el 11 de julio de 2017, suscrito por la Jueza Primera de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual suministra la información requerida, en los términos que se transcriben a continuación:

"En fecha 9 de septiembre de 2017, se dicto (sic) resolución en el caso de marras, y en su parte dispositiva se lce lo siguiente: (Folios 67 al 76).

... (Omissis)..

Se emitieron boletas de notificación al Ministerio Público, imputado, víctima y apoderados judiciales (No consta resultas de las mismas.

En fecha 24 de noviembre de 2014, se recibe de la Corte de Apelaciones con competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial con Competencia [en] Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, oficio N° 453-14, suscrito por la Jueza Presidenta Abg. Otilia Caufman en la que se remite anexo constate de dos (2) folios útiles, copia certificada del auto de (sic) mejor proveer, dictado por esa instancia superior, en la acción de amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Oscar Borges Prim y las ciudadanas María de los Ángeles Machado y Diurkim (sic) Bolivar Lugo.

.. (Omissis)..

En fecha 25 de noviembre de 2014, se emite auto (...) en el que [se] deja constancia de la recepción del oficio emitido por la Corte de Apelaciones y acuerda dar respuesta inmediata del mismo, por lo que en esta misma fecha mediante oficio número 2654-14, dirigido a la Presidenta de la Corte de apelaciones de los Tribunales de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas en la que se da respuesta a la solicitud efectuada por esa instancia y se informa de que en fecha de (sic) 09-09- 2014 el Tribunal dictó decisión en la cual declaró sin lugar la pretensión de los apoderados judiciales de la víctima.

Así mismo, se deja constancia que registra en el Sistema Juris, que en fecha 15- 09-2014, se dictó el sobreseimiento de la causa, de la cual se remite copia certificada".

Los dias 27 de julio, 3 de agosto, 28 de septiembre, 20 de octubre, 3 y 10 de noviembre, así como 12 de diciembre, todos de 2017; y, adicionalmente el 8 y 26 de enero, 6 de febrero, 2 de marzo, 10 de abril, 28 de mayo, 7, 18 y 25 de junio, 3 y 27 de julio, así como el 1 de octubre, estos últimos de 2018, los apoderados judiciales de la parte accionante, solicitaron mediante diligencia, pronunciamiento y celeridad en el presente proceso.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el expediente, y del escrito que contiene la acción de amparo, se desprende lo siguiente:

El 12 de febrero de 2014, la abogada María de los Ángeles Machado, apoderada de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, solicitó mediante escrito, al Tribunal Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la extensión jurisdiccional del expediente civil identificado con el alfanumérico AH1A-F-2008-000114, seguido ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que versa sobre la demanda de divorcio intentada por el ciudadano Humberto José Marcano López, contra la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, parte recurrente. Los dias 24 de abril y 26 de junio, ambos de 2014, consignaron diligencia solicitando pronunciamiento sobre la mencionada solicitud.

El 29 de agosto de 2014, los apoderados judiciales de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, intentaron amparo constitucional contra la conducta omisiva del Tribunal Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al no resolver la antedicha petición.

El 4 de noviembre de 2014, la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dio por recibido el amparo constitucional intentado, le asignó el alfanumérico CA-1847-14 VCM. El 18 de noviembre de 2014, ese órgano judicial dictó auto para mejor proveer, mediante el cual solicitó al juzgado señalado de ocasionar el agravio, informe sobre la existencia de pronunciamiento, en relación a la solicitud formulada por la parte accionante, y a tal fin, el 20 de noviembre de 2014, libró oficio N° 453-14, dirigido al Tribunal Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de ese mismo Circuito Judicial Penal.

El 26 de noviembre de 2014, fue recibido en la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el oficio N° 2654-14, librado el 25 de noviembre de 2014, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de ese mismo Circuito Judicial Penal, mediante el cual remitió copia certificada de la decisión dictada por ese mismo Tribunal, el 9 de septiembre de 2014, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de extensión jurisdiccional formulada.

El 24 de febrero de 2015, los apoderados judiciales de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, intentaron amparo constitucional contra la conducta omisiva de la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvio en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en relación a la tramitación y decisión del amparo constitucional ejercido ante esa Corte.

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El 2 de marzo de 2015, se dio cuenta en esta Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, en el expediente N° 15-0187.

El 28 de abril de 2015, mediante sentencia N° 513, esta Sala Constitucional ordenó requerir a la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, información sobre el estado del amparo constitucional interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano.

El 30 de abril de 2015, la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Cireunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible de manera sobrevenida el amparo constitucional interpuesto contra el Juzgado Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. El 5 de mayo de 2015, la Corte de Apelaciones acordó notificar a las partes sobre tal decisión. En esa misma fecha se verificó, tanto la práctica efectiva de la notificación dirigida a la abogada Diurkin Bolivar Lugo, apoderada de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, asi como el ejercicio por parte de la mencionada profesional del derecho, del recurso de apelación contra la referida decisión.

El 11 de mayo de 2015, la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvio en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó auto en el que acordó el archivo de las actuaciones, en virtud de haber transcurrido el lapso de tres (3) días para la apelación contenido en el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 18 de mayo de 2015, los apoderados de la ciudadana Elisa Orieta Ordóñez de Marcano, desistieron ante esta Sala Constitucional, de la acción de amparo intentada el 24 de febrero de 2015; al mismo tiempo, solicitaron que se dictara pronunciamiento, de orden público, para el cumplimiento de la Constitución y conforme a la doctrina de esta Sala contenida en las sentencias números 2/2000 y 7/2000, por cuanto a pesar de que, el 30 de abril de 2015, la Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Reenvío en lo Penal emitió pronunciamiento, ello ocurrió ocho (8) meses después de haber presentado la demanda de amparo.

El 28 de mayo de 2015, se dio cuenta en Sala del oficio N° 219-15 de esa misma fecha, emanado de Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual informó que el 30 de abril de 2015 se emitió resolución judicial número 075-15, en la que se declaró inadmisible de manera sobrevenida, por haber cesado los hechos constitutivos de las violaciones denunciadas, la acción de amparo interpuesta por los apoderados judiciales de la ciudadana Elisa Orieta Ordóñez, contra la omisión y dilación indebida en la cual incurrió el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de ese mismo Circuito Judicial, decisión de la cual fueron notificados los apoderados judiciales de la parte actora, el 5 de mayo de 2015.

El 13 de noviembre de 2015, esta Sala Constitucional, en el expediente N° 15-0187 mediante la sentencia N° 1.378, dictó los siguientes pronunciamientos:

"PRIMERO: NO HOMOLOGA el desistimiento de la acción de amparo constitucional planteado por los abogados Oscar Borges Prim, María de los Ángeles Machado y Diurkin Bolivar Lugo, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ELISA ORIETA ORDÓÑEZ DE MARCANO.

SEGUNDO: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Oscar Borges Prim, Maria de Ios Ángeles Machado y Diurkin Bolivar Lugo, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ELISA ORIETA ORDÓÑEZ DE MARCANO, contra la omisión de la Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Reenvio en lo Penal.

TERCERO: Se ORDENA a la Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Árca Metropolitana de Caracas con Competencia en Reenvio en lo Penal, que tramite el recurso de apelación ejercido por la abogada Diurkin Bolivar Lugo, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Elisa Orieta Ordóñez de Marcano, contra la sentencia dictada por esa Corte el 30 de abril de 2015, conforme lo establecido en el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Reenvio en lo Penal y del Juzgado Primero de Primera Instancia de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal de la misma Circunscripción Judicial, el deber en el que se encuentran de dar celeridad a las acciones de amparo".

El 19 de noviembre de 2015, esta Sala libró oficio N° 15-1393, mediante el cual remitió a la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvio en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Árca Metropolitana de Caracas, copia certificada de la decisión N° 1.378, del 13 de noviembre de 2015.

El 2 de febrero de 2016, la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó auto mediante el cual acordó reabrir el cuadro contentivo de las actuaciones del amparo constitucional para tramitar el recurso de apelación ejercido, así como su remisión a esta Sala.

II FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL Los abogados Oscar Borges Prim, María de los Ángeles Machado y Diurkin Bolívar conducta omisiva del Tribunal Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, respecto a la solicitud de extensión jurisdiccional formulada el 12 de febrero de 2014, argumentando lo siguiente:

Que, ". ocurridos ante su respetada autoridad, de conformidad con lo consagrado en los artículos 26, 27, 49 y 51 todos Constitucionales, en armonía con lo preceptuado en el los (sic) articulos 2, 4 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantías Constitucionales, a los fines de interponer ACCIÓN DE AMPARO CONsTITUCIONAL, en contra de la omisión y dilación indebida proferida por el Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en funciones (sic) de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana hasta la presente (sic) 28 de Agosto del presente año, menoscaba la tutela judicial efectiva y el debido proceso en el sentido de inobservar el lapso que ha transcurrido desde el momento en que fue consignada una solicitud de Extensión Jurisdiccional, en relación al asunto civil que cursa en el Juzgado Décimo(10°) (sic) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito (sic) y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, incurriendo así en una inconstitucional Omisión de Pronunciamiento en la causa distinguida con el numero N. (sic) AH1A-F-2008-000114, nomenclatura de ese Despacho, en atención a la previsión contenida en el articulo 49 en sus ordinales 1° y 3° Constitucional.…..

Que, ". en fecha 24 de Abril de 2014, la instancia penal accionada o AGRAVIANTE', recibió en su despacho un escrito consignado por esta representación en el que se solicitó formalmente Extensión Jurisdiccional, a fin de examinar, absorber (sic).

acumular, conocer y pronunciarse en relación al asunto civil que cursa en el Juzgado Décimo(10°) (sic) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito (sic) y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la causa signada con el número N. AHIA-F-2008-000114. Nomenclatura de ese Despacho ello por violar flagrantemente el Debido proceso y el derecho a la defensa de muestra representada".

Que, ".. en fecha de (sic) 27 de Septiembre de 2007, nuestra representada interpuso denuncia ante la Fiscalia Cuadragésima Séptima (47°), en contra de su esposo el ciudadano Humberto Marcano, en lo consiguiente se denominará 'presunto agresor', por el delito de Violencia Psicológica, en ese momento la referida representación fiscal dicto (sic) Medidas de Protección y seguridad a favor de nuestra representada, ordenando la prohibición de acercarse a la misma y otras medidas de protección . (sic) sin embargo el agresor', hizo caso omiso de las mismas agrediéndola nuevamente dentro de la casa, profiriéndole fuertes golpes encuadrando esta conducta en uno de los tipos penales tipificados en la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia (sic) como (sic) VIOLENCIA FÍSICA, por ello nuestra representada tuvo que denunciar nuevamente al mismo, el 01 de Diciembre de 2007 en la Sub-delegación del Paraíso del Cuerpo De (sic) Investigaciones Científicas, Penales Y (sic) Criminalisticas (CICPC).

quedando signada dicha denuncia bajo el acta procesal N° (sic) H-869.745. por (sic) agresiones fisicas".

Que, "[posteriormente el expediente estuvo en manos de diferentes fiscales, los cuales ninguno llevo (sic) a cabo una Investigación seria y responsable del mismo, luego de tres (3) años, la Fiscalía Centésima trigésima (sic) Segunda (132°) con Competencia en Violencia de Genero (sic) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, quien conoció de la presente causa en fecha 11 de junio de 2010 bajo el expediente N° (sic) 01- F132-732-2010, dicto (sic) acto conclusivo siendo el presente caso el ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES conforme al artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal".

Que, "[juego de ello y con decisión de reciente data, esta representación solicito (sic) la REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN, todo lo cual fue acordado por el Tribunal de Control respectivo, al aparecer nuevos elementos que comprometen la responsabilidad del AGRESOR".

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Que, "[p]aralelamente el 'agresor', interpuso una DEMANDA DE DIVORCIO conforme al articulo 185 causales 2° y 3° del Código Civil de Venezuela, incurriendo en el fraude procesal ya que por las causas por las que él habia salido de la casa acusó (sic) a su esposa en el área civil. Por ello solicitamos al 'AGRAVIANTE', procediera a revisar y/o analizar la situación que venido (sic) sufriendo nuestra defendida (sic) a fin de darle respuesta a nuestra solicitud y decretar la Extensión Jurisdiccional, que conforme al artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal el juez penal tiene la facultad de conocer las cuestiones civiles y administrativas en función de los hechos investigados".

Que, "[n]o obstante el tiempo transcurrido y a las múltiples diligencias realizadas encontramos que hasta la fecha el 'AGRAVIANTE' de manera indebida e Injustificada ha retardado el pronunciamiento correspondiente en cuanto a dicha solicitud, ello pese al impulso que le ha dado esta representación".

Que, "[e]entiende perfectamente esta representación, que como Juez conocedor de la causa se debe tener amplio conocimiento del expediente que reposa en su tribunal, pero NO es comprensible que se demore ya más de tres (3) meses sin promunciarse en una causa como esta que ha venido enfrentando divergencias en el transcurrir del tiempo y sin embargo el 'Agraviante' decide inobservar los lapsos establecidos para su pronunciamiento en virtud de lo requerido, alargando más las penurias de este proceso".

Refirieron el criterio establecido por esta Sala en la sentencia N° 29/2000 del 15 de febrero (caso: Enrique Méndez Labrador), de la sentencia N° 761/2002 del 9 de abril (caso:

Victor Jesus Perera Álvarez), asi como de la sentencia N° 595/2011 del 26 de abril (caso:

Edgar Crisóstomo Brito Guedes).

Que, ".. de la actitud omisiva y poco aceptable de el (sic) 'AGRAVLANTE' se extrae que nos encontramos en presencia de la violación de los Derechos consagrados en los ordinales 1° y 3° del artículo 49 Constitucional y con ello de la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 26 también Constitucional. al NO decidir acerca de pronunciamiento que debe por así precisarlo la Constitución en el artículo 51 de la carta Magna Vigente, Derecho de petición el cual también se encuentra violado".

Que, ".. evidentemente la referida omisión ha menoscabado derechos, Principios y Garantías Constitucionales, y siendo la acción de amparo un mecanismo extraordinario para el restablecimiento de tales derechos cuando los mismos hayan sido violados, estos accionantes estiman que de ser declarada con lugar la presente acción la orden restablecedora de los nuestros (sic) derechos de nuestra mandante al 'Debido Proceso' y Tutela Judicial Efectiva' y PETICIÓN' COMO SER OIDA (sic) solo se hará notoria (sic) ORDENANDO A EL 'AGRAVIANTE' DECIDIR Y ACORDAR LA EXTENSIÓN JURISDICCIONAL, ASÍ SE REQUIERE FORMAL Y RESPETUOSAMENTE".

Y finalizaron solicitando:

"(...) se sirva:

1) Admitir la presente acción de amparo, ordenando se notifique inmediatamente al ente 'AGRAVIANTE'.

2) Se sirva admitir como medios de prueba las copias ofrecidas por esta representación marcadas "B° y ·C', en el presente escrito, por ser pertinentes y necesarias para la resolución del presente amparo.

3) Se sirva solicitar a el 'AGRAVLANTE' computo (sic), a fin de probar la omisión referida, por cuanto el mismo es pertinente y necesario, toda vez que este evidenciara la fecha en la que se interpuso dicha solicitud de extensión jurisdiccional y el tiempo que ha transcurrido sin su resolución.

3) (sic) De ser declarada con lugar la presente acción de amparo, le sea ordenado a el 'AGRAVIANTE', dictar formal pronunciamiento y ordenar la Extensión Jurisdiccional como medio de dictaminar la verdad de los hechos y las responsabilidades, penales y civiles del 'agresor", a fin de salvaguardar los derechos e intereses de nuestra representada".

III DE LA SENTENCIA APELADA El 30 de abril de 2015, la Corte de Apelaciones con competencia en delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible de manera sobrevenida el amparo constitucional intentado, sobre la base de los siguientes argumentos:

"En atención al escrito consignado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, en fecha 29 de agosto de 2014 a las 09:25 am, recibido en esta Instancia Revisora el 4 de noviembre de 2014, mediante el cual el ciudadano Oscar Borges Prim y las ciudadanas María de Los Ángeles Machado y Durkin Bolivar Lugo (...), en su condición de apoderado y apoderas judiciales de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez, titular de la cédula de identidad N° V.- 4.250.565, interpusieron acción de amparo constitucional, contra la omisión y dilación indebida proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito Judicial, se formulan las consideraciones siguientes:

Argumentan él y las accionantes que no obstante el tiempo transcurrido y las múltiples diligencias, hasta la fecha de interposición de la ación de amparo, el agraviante de manera indebida e injustificada ha retardado el pronunciamiento correspondiente en cuanto a la solicitud, ello pese al impulso que se le ha dado, inobservando los lapsos establecidos para su pronunciamiento, y en este orden, incurre en violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva, previsto en los articulos 26 y 49 constitucional, citando al efecto las Sentencias Nos 429 y 595 de fechas 05 y 26 de abril de 2011 emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quebrantando además el derecho de petición consagrado en el articulo 51 constitucional.

Al respecto, consagra el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...); derecho este contenido en el articulo 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantias Constitucionales, y desarrollado en diferentes decisiones jurisprudenciales ratificando que para la procedencia del amparo es necesario que exista una infracción por acción u omisión de una norma constitucional, sea esta realizada mediante desconocimiento, mala praxis, o errada interpretación de normas legales o sub legales siempre que ellas (sic) enerve el goce y ejercicio pleno de un derecho constitucional.

Es oportuno hacer referencia a la sentencia N° 993 de fecha 16 de julio de 2013 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, relacionada con el cambio de criterio jurisprudencial sobre la necesidad de convocar a la audiencia constitucional para debatir los argumentos de las partes, cuando se trate de puntos de mero derecho (...).

En este orden, de la revisión del cuaderno contentivo de la acción de amparo, se verifica que en fecha 09 de septiembre de 2014, la Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito Judicial, una vez constatar (sic) que los apoderados judiciales accionantes, no consignaron ante dicho juzgado anexo al escrito, la copia certificada íntegra de las actuaciones practicadas a la fecha en el procedimiento extra penal; así como tampoco justificaron la imposibilidad de su obtención, declaró sin lugar la solicitud realizada en fecha 29 de agosto de 2014 por el ciudadano Oscar Borges Prim y las ciudadanas María de Los Ángeles Machado y Durkin (sic) Bolivar Lugo, apoderado y apoderadas especiales de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano (...).

La ciudadana Maria de los Ángeles Machado, en su escrito de fecha 5 de diciembre de 2014, anexo al folio 58, hace del conocimiento al juzgado que *...si bien el tribunal accionado dio contestación a la pretensión de la extensión jurisdiccional, la fecha en que lo hizo corrobora la dilación ocurrida, la omisión se cometió durante un tiempo y esta respuesta no cambia el escenario pues la misma se hizo bajo un falso supuesto, que no se habían consignado las copias, las cuales cursan perfectamente en el expediente que instruye el tribunal...', advirtiendo en este sentido la Corte que la Resolución de fecha 09 de septiembre de 2014, mediante la cual la agraviante dio respuesta a lo solicitado por el y las apoderadas judiciales de la referida ciudadana, restituye la situación juridica infringida a criterio de quienes accionar, circunstancias que conllevan la cesación de la violación o amenaza en los términos del artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantias Constitucionales; es decir, ha sobrevenido una causal de inadmisibilidad de la solicitud de amparo. Y asi se declara".

I DE LA APELACIÓN INTERPUESTA El 9 de agosto de 2016, los abogados Oscar Borges Prim, María de los Ángeles Machado y Diurkin Bolivar Lugo, apoderados judiciales de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, parte accionante, presentaron alegatos de fundamentación del recurso de apelación contra la decisión dictada el 30 de abril de 2015, por la Corte de Apelaciones con competencia en delitos de violencia contra la mujer y en materia de Reenvio en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible sobrevenidamente la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes argumentos:

Que, "...en fecha 29 de Agosto de 2.014, quienes aquí suscribimos interpusimos en nombre de muestra defendida (sic), ante la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos Contra la Mujer y en materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Acción de Amparo Constitucional, por la omisión y dilación indebida, proferida por el Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer, en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial penal del Área Metropolitana de Caracas..".

Que, "[c]n fecha 17 de Noviembre de 2.014, se consigno (sic) diligencia, ante la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, solicitando formal y respetuosamente celeridad y pronunciamiento, en la presente causa...".

Que, "[e]n fecha 26 de Noviembre de 2.014, se consigno (sic) diligencia, ante la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, solicitando formal y respetuosamente celeridad y pronunciamiento, en la presente causa...".

Que, "[e]n fecha 28 de Noviembre (sic) de 2.014, se consigno (sic) diligencia, ante la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, solicitando copias simples y certificadas del oficio remitido al Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer, en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y su debida resolución....

Que, "[e]n fecha 11 de Diciembre (sic) de 2.014, se consigno (sic) diligencia, ante la ante la (sic) Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la que se solicito (sic) copia simple y certificada, de la solicitud de información que realizara dicha Sala, acerca del expediente N° 18.131-08, cursante en el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer, en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas...".

Que, "[e)n fecha 15 de Diciembre de 2.014, se consigno (sic) diligencia, ante la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos Contra Ia Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, solicitando que la acción de amparo interpuesto, fuera declarado parcialmente con lugar y se anulará la decisión, proferida por el agraviante, por cuanto el mismo se pronunció meses después, en relación a nuestra solicitud, bajo un falso supuesto...".

página original (tal como se publicó)Página 27 de la Gaceta

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Que, "todo lo anterior viene dado por la omisión, del Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer, en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. viene dada desde fecha 12 de febrero de 2014, cuando se le solicito (sic) Extensión Jurisdiccional, en relación al asunto civil que cursa en el Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito (sic) y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, incurriendo así en una inconstitucional omisión de pronunciamiento en la causa distinguida con el N° AH1A-F-2008-000114...

Que, "[posteriormente, vista la omisión o dilación en la que incurrió igualmente la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sin emitir pronunciamiento en cuanto a la Acción de Amparo Constitucional, recurrimos ante su máxima autoridad en fecha 24 de Febrero de 2015, a los fines de interponer acción de Amparo Constitucional por Omisión en contra de la referida Corte".

Que, ".. una vez que la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos Contra Ia Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, tiene conocimiento de la interposición de la Acción de Amparo Constitucional por omisión, en su contra, dicta pronunciamiento en fecha 30 de Abril de 2015,en (sic) la que declara Inadmisible la acción de amparo (..) la Corte de apelaciones emitió pronunciamiento, en la cual se demoró (sic) más de Ocio (08) MESES, en resolver una Acción de amparo Constitucional, donde se omitió y violó el procedimiento de amparo, los lapsos establecidos para la resolución del mismo, obviando notificar a las partes, y más aún sin celebrar la audiencia oral para tales fines, solo se enfocó (sic) en negar dicha solicitud, sin ni siquiera haberla admitido previamente, violando así el contenido del articulo 27 Constituciona....

Que, ". tal como se mencionó arriba que la Corte de Apelaciones que incurrió en omisión, se pronunció después de la interposición de la acción de amparo, de forma negativa como retaliación en contra de los accionantes, lo que hace presumir que imparte una justicia selectiva, parcializada y no objetiva, lo cual va en contra a lo que establecen nuestros principios Constitucionales, ya que los jueces deben ser objetivos e imparciales, parte de la Corte de Apelaciones solo hace suponer que desconoce el procedimiento de Amparo y con ello la norma Constitucional, arriba descrita".

Que, "[tal actuación, vulnero (sic) nuestros derechos y garantias constitucionales.

Especificamente los referente al artículo 26 de la tutela judicial efectiva, como el artículo 49 ordinal 3° (sic) derecho a ser oido, ambos constitucionales...".

Refirieron el criterio establecido por esta Sala en la sentencia N° 429/2011 del 5 de abril (caso: Pedro Miguel Castillo), así como la sentencia N° 595/2011, del 26 de abril (caso: Edgar Crisóstomo Brito Guedes).

"Finalmente, concluyeron su escrito en los siguientes términos:

De lo anterior, y vista la omisión en la que incurrió la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, nos encontramos en presencia de la violación del derecho consagrado en el articulo 49 ordinal 3° Constitucional y con ello, la tutela judicial efectiva, que consagra el articulo 26 Constitucional, en el caso que nos ocupa, visto el tiempo transcurrido, desde que recibió en su despacho la Acción de Amparo Constitucional, y luego de OCHO (08) MESES, se pronuncia negativamente, sin finalmente resolver la omisión ocurrida (sic) por el Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito (sic) y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quedando el caso de nuestra representada en un bimbo judicial, violándose sus derechos y garantia, sin que a la presente fecha exista ningún pronunciamiento favorable, por ninguno de los Juzgados conocedores de la causa.

En visto (sic) de lo anterior, requerimos respetuosamente de esta respetable Sala Constitucional, sirva tomar los correctivos necesarios a fin de que la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos Contra la Mujer y en Materia de Reenvio en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, realice todo lo conducente, evitando las recurrentes omisiones en el presente caso. En tanto se anule la decisión conforme a la cual declaró inadmisible el amparo. ASI (sic)SE REQUIERE FORMAL Y RESPETUOSAMENTE".

V DE LA COMPETENCIA Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación y, a tal efecto, observa que, mediante sentencia N° 1/2000, del 20 de enero (caso: Emery Mata Millán), se estableció, a la luz de Ios postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el régimen competencial para conocer de las acciones de amparo constitucional y, en tal sentido, señaló que le correspondía a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (a excepción de los competentes en materia contenciosa administrativa), de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y de las Cortes de Apelaciones en lo Penal cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

Asimismo, se observa que, conforme al contenido del articulo 25, numeral 19 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional es competente para conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los Juzgados Superiores de la República, salvo que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, en el caso sub índice, la sentencia apelada fue dictada el 30 de abril de 2015, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia sobre este aspecto, asi como lo señalado en la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala resulta competente para conocer de la presente apelación, y así se declara.

VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Precisado lo anterior, esta Sala Constitucional en atención al criterio establecido en su decisión número 3.027/2005 del 14 octubre (caso: César Armando Caldera Oropeza), debe pronunciarse preliminarmente sobre la tempestividad de la apelación interpuesta; y al respecto, observa que el fallo apelado fue publicado el 30 de abril de 2015, la parte accionante fue notificada el 5 de mayo de 2015, y en esa misma fecha fue ejercido el recurso de apelación, en razón de lo cual, al haber sido interpuesto el recurso de apelación dentro de los tres (3) días calendarios consecutivos, previstos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en atención al criterio de esta Sala Constitucional en la decisión número 0501/2000 del 31 de mayo (caso: Seguros Los Andes C.A.), se entiende el recurso de apelación interpuesto tempestivamente. Asi se declara.

Asimismo, esta Sala precisa que, tal como quedó asentado en sentencia número 0442/2001 del 4 de abril (caso: Estación de Servicio Los Pinos, S.R.L.), habiéndose establecido en la ley un plazo de treinta (30) días para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como preclusivo para que las partes consignen cualquier escrito relacionado con el medio de impugnación incoado.

En la presente causa, el 5 de febrero de 2016 se dio entrada en la Secretaría de esta Sala Constitucional, al expediente contentivo del recurso de apelación ejercido.

Posteriormente, mediante decisión número 0631/2016 del 29 de julio, esta Sala ordenó notificar a la accionante sobre la reanudación de la fase de apelación en el presente proceso de amparo, a los fines de garantizarle el ejercicio del derecho a la defensa y de acceso a la justicia, la cual fue efectivamente practicada por Secretaría, el 4 de agosto de 2016.

Así, el escrito de fundamentación de la apelación fue presentado ante la Secretaría de esta Sala, el 9 de agosto de 2016, considerándose este tempestivo, razón por la cual se estimará los alegatos contenidos en el mismo. Así se declara.

Ahora bien, la Sala precisa que la parte accionante interpuso su amparo constitucional contra "la omisión y dilación indebida proferida por el Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (..), por cuanto desde fecha 24 de Abril de 2014, hasta la presente (sic) 28 de Agosto del presente año, menoscaba la tutela judicial efectiva y el debido proceso en el sentido de inobservar el lapso que ha transcurrido desde el momento en que fue consignada una Solicitud de Extensión Jurisdiccional, en relación al asunto civil que cursa en el Juzgado Décimo(10°) (sic) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito (sic) y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, incurriendo asi en una inconstitucional Omisión (sic) de pronunciamiento", todo ello con ocasión del proceso penal seguido en contra del ciudadano Humberto José Marcano López, por la presunta comisión del delito de violencia fisica y violencia psicológica, en agravio de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, parte accionante en el presente proceso de amparo.

Por su parte, la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declaró inadmisible de manera sobrevenida el amparo constitucional, al considerar que las violaciones constitucionales denunciadas habían perdido vigencia, en virtud de que el 9 de septiembre de 2014, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dio respuesta a la solicitud de extensión jurisdiccional formulada por los apoderados de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano.

página original (tal como se publicó)Página 28 de la Gaceta

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En torno a lo decidido por el Juzgado a quo constitucional, la parte actora señaló, como fundamento de su apelación, que la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas omitió decidir oportunamente el amparo en cuestión, puesto que demoró ocho meses en resolver la pretensión de amparo, asimismo indicó que actuó en forma parcializada y en desmedro del recurrente, como un acto de "retaliación ", por haber ejercido también una acción de amparo en su contra, ante esta Sala Constitucional.

Ahora bien, la Sala observa que, riela inserto a los folios cuarenta (40) al cincuenta y uno (51) del expediente, oficio número 2.654-14, fechado al 25 de noviembre de 2014, librado por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual se remitió a la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, copia certificada de la decisión dictada por ese Juzgado el 9 de septiembre de 2014, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de extensión jurisdiccional formulada, por no haber acompañado el pedimento de las copias certificadas de las actuaciones integral del proceso extrapenal.

Ese pronunciamiento realizado dentro del proceso penal primigenio implica, a juicio de la Sala, que han cesado las causas que motivaron la interposición del amparo sub lite, siendo subsumible esa circunstancia en lo señalado en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:

"No se admitirá la acción de amparo:

Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o 1) garantia constitucionales, que hubiesen podido causar la".

De acuerdo con la disposición transcrita, para que resulte admisible la acción de amparo constitucional es necesario que la lesión denunciada sea actual y esté vigente. Tal actualidad es necesaria a fin de restablecer la situación juridica que se alega como infringida, lo cual constituye el objeto fundamental de este tipo de tutela constitucional.

Por ello, ha sido criterio reiterado de esta Sala, que el cese de violación constitucional es una causal de inadmisibilidad y así quedó sentado en la sentencia número 2.302/2003 del 21 de agosto (caso: Alberto José de Macedo Pene las), en la que se señaló:

"(...) [A] juicio de esta Sala, resulta acertado en Derecho, pues no puede admitirse un amparo constitucional cuando el objeto por el cual se ha incoado el proceso constitucional ya ha dejado de ser, tal y como lo prevé la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 6, numeral 1, el cual prevé la no admisión de la acción de amparo cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiese podido causar la, por lo que siendo ese el supuesto verificado en autos, resultaba ciertamente inadmisible la solicitud en cuestión, y así se declara".

De modo que, al haber dictado el Tribunal Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una decisión en la que declaró sin lugar la solicitud de extensión jurisdiccional formulada el 12 de febrero de 2014, cesó la situación de hecho denunciada como lesiva de los derechos constitucionales, por lo que la demanda de amparo propuesta es inadmisible conforme a lo previsto en el numeral 1 del articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, como acertadamente lo consideró el Juzgado a quo constitucional.

En consecuencia, esta Sala declara sin lugar la apelación interpuesta y confirma la decisión dictada, el 30 de abril de 2015, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible sobrevenidamente la acción de amparo constitucional interpuesta por los apoderados judiciales de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, contra la omisión de pronunciamiento en la que habría incurrido el Tribunal Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se establece.

VII OBITER DICTUM A propósito de la solicitud de extensión jurisdiccional en el marco del procedimiento especial previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que, aunque las disposiciones adjetivas contenidas en la mencionada ley especial, así como otras leyes adjetivas, no prevén en forma expresa esta figura, como si lo hace el Código Orgánico Procesal Penal, el cual lo preceptúa en su artículo 35, que resulta aplicable en forma supletoria, esta Sala, considera necesario realizar algunas precisiones que lo contextualicen en los asuntos judiciales cuyo objeto derive del ámbito de violencia contra la mujer, y en general, de las relaciones familiares.

Debe indicarse que la figura de la extensión jurisdiccional se encuentra regulada en el Capítulo I, denominado de los "Obstáculos al Ejercicio de la Acción Penal", inserto en el Titulo I, relativo al "Ejercicio de la Acción Penal", en el Libro Primero, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial número 6.078 Extraordinario del 15 de junio de 2012, especificamente en el articulo 35 de este Código adjetivo penal, cuyo texto es del tenor siguiente:

“Articulo 35. Los tribunales penales están facultados para examinar las cuestiones civiles y administrativas que se presenten con motivo del conocimiento de los hechos investigados.

En este supuesto, la parte interesada deberá explicar, en escrito motivado, las razones de hecho y de derecho en que se funda su pretensión, conjuntamente con la copia certificada íntegra de las actuaciones que hayan sido practicadas a la fecha del procedimiento extrapenal.

Si el Juez o Jueza penal considera que la cuestión invocada es seria, fundada y verosímil, y que, además, aparece tan intimamente ligada al hecho punible que se haga racionalmente imposible su separación, entrará a conocer y decidir sobre la misma, con el sólo efecto de determinar si el imputado o imputada ha incurrido en delito o falta.

A todo evento, el Juez o Jueza penal considerará infundada la solicitud, y la declarará sin lugar, cuando, a la fecha de su interposición, no conste haberse debidamente justificadas a juicio del Juez o Jueza; o cuando el solicitante no consigne la copia certificada íntegra de las actuaciones pertinentes, a menos que demuestre la imposibilidad de su obtención. En este caso, el Juez o Jueza dispondrá lo necesario para obtener la misma.

La decisión que se dicte podrá ser apelada dentro de los cinco días siguientes a su publicación.

El trámite de la incidencia se seguirá conforme al previsto para las excepciones".

Como puede observarse de la disposición legal transcrita supra, se evidencian como requisitos de procedencia para la extensión jurisdiccional. en primer lugar, la existencia de una cuestión prejudicial, la cual, puede ser: a) de indole propiamente judicial y corresponder a otra competencia material, distinta de la penal, razón por la cual se habla de una cuestión extrapenal; o b) tratarse de un procedimiento administrativo, que, como es bien sabido, se encuentra fuera de los límites de la jurisdicción; en segundo lugar, ese procedimiento extrapenal debe tener carácter actual, es decir, que se esté tramitando en ese momento. En tales supuestos, la parte solicitante deberá exponer motivadamente el fundamento de su pretensión y adjuntar la copia certificada íntegra de las actuaciones que hayan sido practicadas a la fecha del procedimiento extrapenal, salvo que sea imposible la obtención de las copias certificadas, en cuyo caso acompañará la solicitud con las copias simples.

Es de hacer notar, que la competencia del juez penal, aunque en un principio está orientada a "examinar" el asunto extrapenal, tal como indica el encabezado del articulo transcrito, comprende la potestad de "conocer y decidir ", como lo establece el segundo aparte de la mencionada disposición, es decir, el órgano judicial en ejercicio de la extensión jurisdiccional podrá resolver el fondo de la controversia con la finalidad específica de, "determinar si el imputado o imputada ha incurrido en delito o falta". De tal manera que, según la letra de la ley, le estaría permitido al juzgado ampliar su competencia penal, cuando esa actuación sea necesaria para cumplir con la finalidad del proceso estrictamente penal.

Se destaca, que dada la preponderancia del sistema acusatorio en el proceso penal venezolano, con inclusión de algunos elementos de naturaleza inquisitiva, se le atribuye excepcionalmente al juez penal la potestad de conocer asuntos que exceden su competencia. En este particular, es oportuno citar al maestro Arminio Borjas, que si bien lo contextualizó con relación al Código de Enjuiciamiento Criminal y al sistema procesal que este preveía, es aplicable también respecto a la norma vigente, señalando lo siguiente:

Tribunales respectivos la obligación de averiguar y esclarecer los hechos punibles por todos los medios legales a su alcance y de descubrir y castigar a sus autores, exige que la competencia que corresponde a tales funcionarios judiciales traspase en ocasiones los límites de la materia penal, y se extienda al conocimiento de aquellas cuestiones civiles o administrativas que, por su estrecha relación con el hecho delictuoso que se averigua, necesitan ser resueltas previamente para el mejor esclarecimiento y calificación del hecho expresado hecho. Se entrabaría el curso del proceso penal y la expedita y rápida administración de la justicia, si a cada paso debiera el Juez penal suspender el procedimiento, en espera de que fuesen resueltas, por otros Tribunales, las diversas cuestiones, extrañas a la materia criminal, que se suscitasen dentro del juicio exigiendo una resolución. La incompetencia de los Jueces de lo criminal para conocer de ellas si le fueran sometidas como cuestión principal, no deben existir cuando se trate de apreciar las incidentalmente para el sólo efecto de 'determinar si el reo ha incurrido o no en delito o falta"" (Op Cit:

Tomo I, pág. 40).

De esta manera, se aprecia que la doctrina tiene establecida la importancia de la potestad punitiva del Estado (ius puniendi), para justificar al jucz penal la extensión del alcance de su competencia e incluso de la jurisdicción, a otros procesos, para evitar los retrasos y obstáculos que ello generaría. Pero ello no puede ser utilizado en forma libre y discrecional, sino únicamente, cuando el conocimiento o resolución de ese otro asunto, sea imprescindible para determinar si el imputado incurrió o no en delito o falta.

Esta Sala Constitucional, al analizar la extensión jurisdiccional, manifestó en sentencia número 112/2002, del 29 de enero (caso: Maria Auxiliadora Araujo Araujo), lo siguiente:

"(..) el articulo 28 del Código Orgánico Procesal Penal publicado en la Gaceta Oficial N° 5.208 Extraordinario de 23 de enero de 1998 y reformado el 25 de agosto de 2000, aplicable ratione temporis (...) (Omissis).

Según el dispositivo normativo citado, los Tribunales en materia penal, para la determinación de la responsabilidad de una persona en la comisión de un hecho punible, tienen como norte la búsqueda de la verdad de los hechos que conocen, y en tal sentido, solo excepcionalmente pueden analizar cuestiones civiles y administrativas, y ello es cuando están relacionadas con los delitos que investigan".

página original (tal como se publicó)Página 29 de la Gaceta

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Posteriormente, esta Sala, en otro caso que requirió el análisis de la figura de la extensión jurisdiccional, específicamente en la sentencia número 784/2009, del 12 de junio (caso: Edgar Yépez Gil), indicó los aspectos que el órgano judicial debe verificar para declarar su procedencia, en los siguientes términos:

"(..) el articulo 34 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé la Extensión Jurisdiccional que convierte al juez penal en juez natural para resolver asuntos civiles o administrativos. Pero para que esta conversión pueda darse es necesario: 1) Que una parte alegue la existencia de la cuestión prejudicial y 2) Que ésta esté en curso (de alli que la norma exige copia certificada de las actuaciones del procedimiento extrapenal)".

Por otro lado, la Sala de Casación Penal de este Supremo Tribunal, en sentencia número 709/2008, del 16 de diciembre (caso: Seguros Mercantil y Otros), señaló que:

"(...) efectivamente el Juez Penal puede examinar las cuestiones civiles y administrativas que se presenten con motivo de los hechos investigados, pero requiere que el Juez Penal considere el planteamiento fundamentado en razones de hecho y de Derecho con copias certificadas integral de las actuaciones que hayan sido practicadas a la fecha en el procedimiento extrapenal y en el caso de autos se consignó una decisión dictada por la Superintendencia de Seguros, que no puede utilizarse en este proceso, en atención a que de acuerdo con la norma se requiere que el Juez de Control y el Ministerio Público hayan acreditado la comisión de un hecho punible y que ocurrida esta situación sea imposible su separación y decida sobre este punto ajeno a la Jurisdicción Penal, pero sólo a los efectos de determinar si el imputado ha incurrido en delito o falta, previo por supuesto a la acreditación de la comisión de un hecho punible".

En atención a lo anterior, esta Sala ha considerado que la extensión jurisdiccional tiene como finalidad, incorporar en autos lo necesario para determinar si el procesado incurrió o no en hecho ilicito, pero no de manera aislada, sino en conjunto con los demás elementos de convicción o medios de prueba aportados, según se trate de la fase procesal en que se encuentre, lo cual, es un aspecto característico del proceso judicial en el ámbito material de competencia penal, que por alguna razón se encuentran vinculados de manera tan estrecha por ser de naturaleza con sustancial, que deben recibir una única solución suficientemente amplia que abarque distintos procesos.

Asimismo, la mencionada Sala de Casación Penal, en sentencia número 489/2016, del 25 de noviembre (caso: Commodities and Minerals Enterprise, LTD.), se refirió al procedimiento que debe seguirse para tramitar la solicitud de extensión jurisdiccional, en los términos siguientes:

"(..) la extensión jurisdiccional es un mecanismo procesal que le atribuye al Juzgado Penal la facultad de conocer cuestiones civiles o administrativas que estén relacionados con los hechos que se investigan, tratándose de una incidencia que podrá ser tramitada de acuerdo con el procedimiento que se sigue para las excepciones en general".

Criterio compartido por esta Sala Constitucional, pues la forma en que debe ser tramitada la solicitud de extensión jurisdiccional, es mediante la incidencia dispuesta por el Código Orgánico Procesal Penal para las excepciones, las cuales se encuentran previstas actualmente en los articulos, 30 para la fase preparatoria, 31 durante la fase intermedia, y 32 durante la fase de juicio, que, en este último caso, remite a su vez a la incidencia establecida en el articulo 329 efusdem; dejando a salvo lo referente al estado civil de las personas, de conformidad a lo establecido en el articulo 36 ibidem.

Por otro lado, es necesario mencionar que los efectos de la extensión jurisdiccional, en ocasiones han sido puestos en evidencias por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo, al conocer de un divorcio admitido por una causal fundamentada en un hecho juzgado en la jurisdicción de violencia contra la mujer. Así, en la sentencia número RC.000337, del 9 de junio de 2015 (caso: Jesús Armando Hernández Padrón contra Patricia Lorena Portillo Barrera), al resolver un conflicto civil en el cual un hombre demandó el divorcio a su cónyuge por injuria grave, conforme al artículo 185 numeral 3 del Código Civil, apoyado en el argumento de que su esposa lo denunció por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, resolvió lo siguiente:

"Ahora bien, en esta oportunidad considera importante la Sala no pasar inadvertido que el criterio al cual hace referencia y aplicó la juez superior para fundamentar su decisión, esto es, la sentencia N° 351 dictada el 23 de mayo de 2012, en el juicio del divorcio interpuesto por el ciudadano Victor Segundo Hernández Graterol contra la ciudadana Norelis Saa Hemández, dictada por esta Sala, hace referencia a que la injuria puede desarrollarse a través de la iniciación de diferentes juicios que configuren una serie de actos, hechos y circunstancias continuadas y progresivas y que acompañados con otras pruebas promovidas y evacuadas en el juicio, conllevan a una situación de conflicto permanente y dramático en la vida conyugal. (Negrillas de la Sala).

En efecto, indica el fallo en cuestión que "la existencia de la referida denuncia penal no constituye el único fundamento de la declaratoria con lugar de la demanda de divorcio, debido precisamente a que el sentenciador de alzada estableció que las injurias graves que hacen imposible la vida en común, devienen no sólo de esa actuación ante el Ministerio Público, sino por el promovidos en autos, y que fueron valorados supra...", además que, "...estas acciones judiciales realizadas por la demandada en contra de su cónyuge, están cargadas de expresiones que si bien desde el punto penal (sic) no constituyen actos injuriosos, conforme lo afirma la parte demandada en su contestación, si demuestran el menosprecio de la ciudadana Norelis Saa de Hernández, hacia su cónyuge Víctor Segundo Hernández Graterol...", constituyendo el cúmulo de actuaciones y acciones judiciales el fundamento utilizado por el ad quem para establecer la procedencia de la causal 3°) del articulo 185 del Código Civil, determinando la declaratoria con lugar de la demanda". (Negrillas de la Sala).

Lo que se infiere en este caso de la sentencia N° 351 del 23 de mayo de 2012, la Sala además de acoger para la determinación de la causal de injuria grave, la existencia de la denuncia penal, apreció las copias certificadas de los expedientes promovidos en autos, las expresiones utilizadas por la cónyuge denunciante que si bien desde el punto penal no constituían actos injuriosos, si demostraban el menosprecio de la cónyuge hacia su pareja, constituyendo este cúmulo de actuaciones y acciones judiciales el fundamento utilizado por el ad quem, y ratificado por la Sala, para establecer la procedencia de la causal 3° del articulo 185 del Código Civil.

Así, la Sala reitera que la existencia de una denuncia penal y mucho menos cuando se trata de denuncias de mujeres víctimas de violencia, no puede constituir el único fundamento de la causal de divorcio, debido precisamente a que el sentenciador de alzada debe analizar y definir si los señalamientos realizados hacen imposible la vida en común, y si además, los hechos debatidos devienen de otros hechos alegados en la demanda y probados durante el proceso.

En consecuencia, la interpretación de la recurrida al indicar que "la sofa interposición de una denuncia penal por parte de la ciudadana Patricia Portillo en contra de su cónyuge, constituye en sí una injuria grave que hace imposible la vida en común", y se le considere causal válida que justifique el divorcio por excesos, sevicia e injurias con base en el numeral 3° del articulo 185 dei Código Civil, descontextualiza el criterio de la Sala, pudiendo generar temor y desconfianza a las mujeres victimas de violencia a la hora de plantear este tipo de denuncias ante las autoridades competentes u operadores de denuncias, ya que de ser asi se desvirtuaria el espiritu y propósito de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo texto constituye el instrumento legal de resguardo y protección juridica de las mujeres victimas de violencia que afecta a la familia venezolana. (Negrillas de la Sala).

Dicho con otras palabras, la Sala no debe permitir que se intente "criminalizar", por así decirlo, el uso de las acciones y recursos que la lev pone al alcance de los justiciables, como la denuncia por violencia psicológica y fisica, previstas como delitos sancionados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual, como bien señala la formalizante, sería un despropósito jurídico, y más si se toma en cuenta que en el caso particular, si bien las denuncias fueron sobreseídas, como fue indicado, dicho sobreseimiento obedeció a razones de índole procesal y no de fondo sobre los hechos imputados.

Por esta razón, la interpretación dada por la recurrida al indicar que la sola interposición de las denuncias penal y de violencia de género constituyen injuria grave y se le considere prueba suficiente que justifique el divorcio por excesos, sevicia e injurias que hagan imposible la vida en común, con base en el ordinal 3° del artículo 185 del Código Civil, descontextualiza el criterio de la Sala en sentencia N° 351 del 23 de mavo de 2012, pues da lugar a la "criminalización" de las acciones judiciales de protección de justicia de género establecidas en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para proteger a la mujer víctima de violencia, y generaría en las mujeres víctimas temor a denunciar este tipo de hechos ante las autoridades competentes, muv por el contrario al sentido y alcance de aplicación de la lev, la cual fue concebida con el objeto de garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres" (Destacado de la presente decisión).

Como puede observarse, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia estableció en la sentencia citada supra que, una denuncia penal considerada individualmente, no podría constituir fundamento único de causal de divorcio si se le adminicula con otros hechos sub tudice y agregó ". y mucho menos cuando se trata de denuncias de mujeres víctimas de violencia...". argumento de la Máxima Instancia Civil que debe ser orientados para los jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela con competencia en materia civil al analizar los motivos de las demandas de divorcio, a los fines de no permitir que las denuncias interpuestas en materia de delitos de violencia contra la mujer puedan verse disminuidas o interferir acciones cursantes en otras jurisdicciones y viceversa.

Así, para generar una visión integral del asunto sometido al conocimiento de los jurisdiscentes, es necesaria la apreciación integral de los elementos de convicción contenidos en los procesos vinculados, de tal manera que las decisiones concebidas en esas circunstancias sean acertadas y eviten dictámenes contradictorios. Asi, ninguna de las jurisdicciones, entendidas como competencias materiales, interferiria con la otra y disminuiria el posible ejercicio de acciones orientadas a impedir u obstaculizar la recta administración de justicia. De esta manera, los jueces adquieren una visión integral del asunto que conocen, pudiendo tomar como clementos de convicción, para arribar a decisiones acertadas, las actuaciones procesales traídas de otros expedientes mediante el ejercicio de la extensión jurisdiccional, pudiendo incluso paralizar posibles acciones que impidan u obstaculicen la recta decisión en justicia; lo importante es que el juez o jueza, mediante el ejercicio de la extensión jurisdiccional, a petición de parte y aún de oficio, puede formarse una idea integral o de conjunto del litigio que está conociendo, para procurar pronta y decisiva solución del conflicto y evitar la excesiva litigiosidad de las partes y deslealtad procesal entre ellas, cuando valiéndose de la rigida competencia, se permiten ventilar en diferentes jurisdicciones múltiples basadas en los mimos hechos, que imposibiliten el ejercicio a la defensa en condiciones de lealtad procesal. Asi, una acción de divorcio litigioso puede verse comprometida con una decisión penal en jurisdicción ordinaria o en violencia contra la mujer, y aun interferir o condicionar una decisión de protección de niños, niñas y adolescentes, entonces los jueces o juezas concernidos, de oficio o por petición de parte, se informarán debidamente de las actas cursantes en juicios paralelos para hacer uso de ello como elementos de convicción.

Ello asi, en virtud de que un proceso de divorcio contencioso podría estar vinculado a una investigación penal, ya sea ordinaria o de violencia de género, y asimismo incidir en una decisión judicial dictada por los juzgados de protección de niños, niñas y adolescentes.

En resumen, los jueces o juezas a quienes corresponda, a petición de parte o aún de oficio, deberán requerir la información necesaria, como elementos de convicción, para resolver el caso sub túdice.

La complejidad de la realidad en los tribunales, puede ilustrarse observando el siguiente estado de cosas: como consecuencia de la denuncia de una mujer contra su cónyuge por un delito establecido en la ley especial contra la violencia de género, el órgano receptor de la misma, dicta una medida de protección a la victima, consistente en la salida del presunto agresor de la vivienda en común y la prohibición de acercarse al lugar de

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estudio, trabajo y residencia de la victima; sin embargo, por otro lado y en virtud de las denuncias formuladas por el cónyuge masculino a la cónyuge femenina del presunto trato cruel en agravio de los niños que constituyan su descendencia común, el tribunal que sustancie tal causa penal, dicta una medida cautelar de convivencia de esos niños con el padre; además, en virtud de la demanda de divorcio intentada por la misma mujer contra su cónyuge, el tribunal competente en materia de protección de niños, niñas y adolescentes correspondiente, podría dictar régimen de convivencia familiar en el que los hijos permanezcan con la madre en su domicilio y compartan en forma limitada y periódica con el padre; asimismo, que cada uno de los cónyuges detenten un vehiculo del patrimonio común (pues este se partirá luego de disuelto el vínculo matrimonial), y uno de ellos denuncie ante los cuerpos policiales el hurto del vehículo que se encuentre en poder del otro cónyuge, que en el titulo de propiedad aparezca a su nombre, con el objeto de incluir ese bien en el sistema llevado al efecto por los órganos investigación penal como "solicitado ", generando de esta manera una limitación en su circulación.

Así entonces, en casos como el señalado en el párrafo anterior, es necesario que el juzgador cuente con un panorama suficientemente amplio de la situación, que integre los elementos incorporados en todos los procesos, ya judiciales o administrativos, permitiéndole de esa manera la mejor comprensión de lo que acontece, para poder así dictar una resolución que constituya una real expresión de la justicia material por contener el examen efectivo de todos los elementos de convicción vinculados.

En este contexto, esta Sala Constitucional, en uso de su potestad de jurisdicción normativa, decide extender la institución de la extensión jurisdiccional establecida en el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal y declara con carácter vinculante que todos los jueces o juezas de las distintas jurisdicciones deben extremar su función indagatoria, verificando de oficio o a solicitud de parte, las relaciones existentes entre las causas sometidas a su conocimiento con los asuntos ventilados paralelamente en otras jurisdicciones, judiciales y/o administrativas, para de una manera integral utilizar elementos de convicción contenidos en los expedientes correlacionados distintos a su competencia natural, destacando y analizando, motivadamente, la posible conexidad entre ellos y el asunto objeto de su conocimiento.

En este sentido la Sala establece que el conocimiento y resolución de la extensión excepciones de conformidad con la parte in fine del artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal. En los demás procedimientos judiciales se seguirá para el ejercicio de la extensión jurisdiccional el trámite de las incidencias previsto en las leyes especiales aplicables en la jurisdicción respectiva.

Asimismo, la Sala establece que, contra la decisión que resuelva la extensión jurisdiccional, las partes podrán ejercer el recurso de apelación según los trámites previstos en la ley especial para las incidencias.

Asi también, esta Sala establece que, una vez iniciada la incidencia para sustanciar la extensión jurisdiccional, el Juzgado que previno por haberse realizado alli el primer acto procesal, ordenará motivadamente la paralización de los asuntos comprendidos en la extensión jurisdiccional, en un plazo no mayor de ocho (8) dias hábiles; actuación que notificará a los juzgados concernientes y a las partes. Serán nulos todos los actos subsiguientes realizados en esos tribunales concernientes mientras el Juez o Jueza dicte la decisión definitiva objeto de la extensión jurisdiccional. Vencido este lapso, sin que haya decisión definitiva, cesará de pleno derecho la paralización de todas las causas, sin necesidad de pronunciamiento expreso. En ningún caso las causas de naturaleza penal, ordinaria o especial, se paralizarán cuando en dichos procesos haya personas detenidas, sin perjuicio de la decisión definitiva de la extensión jurisdiccional.

Finalmente, visto que lo dispuesto en la presente decisión está relacionado con un aspecto de naturaleza estrictamente procesal, la Sala establece que el presente criterio vinculante tendrá efectos ex nunc, y por tanto, deberá ser aplicado en forma inmediata por los tribunales de la República a los procesos que actualmente se encuentren en trámite.

Declarado lo anterior, esta Sala, ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República y en la Gaceta Judicial del este Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente mención en su sumario:

"Sentencia de la Sala Constitucional con carácter vinculante y con efectos ex munc que, extiende a todos los Tribunales de la República, el uso de la figura "extensión jurisdiccional" prevista en el articulo 35 del Código Orgánico Procesal Penal, de oficio o a petición de parte, para examinar incidental y motivadamente, los elementos de convicción contenidos en asuntos ajenos a su competencia material originaria, siempre y cuando esos asuntos estén estrechamente vinculados con los hechos sometidos a su conocimiento, con el objeto de incorporar los elementos de convicción que estos contengan, articular los distintos asuntos y evitar decisiones contradictorias".

VIII DECISIÓN Por lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por los apoderados judiciales de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano contra la decisión dictada el 30 de abril de 2015, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvio en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible sobrevenidamente el amparo constitucional interpuesto por los apoderados de la ciudadana Elisa Orieta Ordoñez de Marcano, la cual se CONFIRMA.

SEGUNDO: Se ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República y en la Gaccta Judicial del este Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente mención en su sumario:

"Sentencia de la Sala Constitucional con carácter vinculante y con efectos ex nunc que, extiende a todos los Tribunales de la República, el uso de la figura "extensión jurisdiccional" prevista en el articulo 35 del Código Orgánico Procesal Penal, de oficio o a petición de parte, para examinar incidental y motivadamente, los elementos de convicción contenidos en asuntos ajenos a su competencia material originaria, siempre y cuando esos asuntos estén estrechamente vinculados con los hechos sometidos a su conocimiento, con el objeto de incorporar los elementos de convicción que estos contengan, articular los distintos asuntos y evitar decisiones contradictorias".

Publíquese, regístrese y remitase el expediente a la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Compúlsese por Secretaría copia certificada de la presente decisión y remitase a las Rectorías de las Circunscripciones Judiciales a nivel nacional, para su divulgación en los distintos tribunales de la República Bolivariana de Venezuela.

Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los — 03 días del mes de DicbrQ_de dos mil dieciocho (2018). Años: 208° de la Independencia y 159º de la Federación.

El Presidente,

JUAN JOSÉ MENDOZA JQVER

Vicepresidente, ARCADIO DELGADO ROSALES Los Magistrados, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN (Ponente) (MG) GLABYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

CALIXTO ORTEGARIOS

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

LOURDES BENICIA SUAREZ ANDERSON

La Secretaria, Srihoct MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES En el dia de hoy3-12-1., se publica la presente senteci aprobada en la Sesin de Sala Nrode fecha10 Joni hoceu

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AÑO CXLVI - MES IV Número 41.565

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Caracas, miércoles 16 de enero de 2019

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