Gaceta Oficial N° 41.492
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AÑO CXLV - MES XII Número 41.492 Caracas, viernes 28 de septiembre de 2018
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.586 21 de agosto de 2018
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficiencia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del País y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto N° 3.413 de fecha 10 mayo de 2018, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, prorrogado mediante Decreto N° 3.503 de fecha 09 de julio de 2018, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y a los ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO Que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de diseñar y establecer una política integral para preservar la integridad territorial, la soberanía, seguridad, la defensa e identidad nacional, que respete la diversidad, el ambiente y la pluriculturalidad, con el propósito de satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población, de acuerdo con el desarrollo económico, social, cultural y la integración,
CONSIDERANDO
Que es necesario preservar las conquistas y logros que junto al pueblo se han ido alcanzando en medio del asedio permanente de quienes adversan el proyecto bolivariano, y avanzar a una nueva etapa que nos permita la construcción de un nuevo modelo económico, tal como plantean la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria y la Agenda Económica Bolivariana,
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.586, mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición; así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria producto del reciclaje de papel y cartón. Tales materiales se declaran de carácter estratégico y vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional.- (Se reimprime por fallas en los originales).
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUNDDE Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de esta Superintendencia, con carácter permanente, integrada por la ciudadana y los ciudadanos que en ella se mencionan.
Providencias mediante las cuales se nombran a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de esta Superintendencia.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL COMERCIO EXTERIOR
E INVERSIÓN INTERNACIONAL Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Lorena Yosmar Aranguren Ávalo, como Auditora Interna (E), de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se ordena iniciar el Proceso de Intervención del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Mérida Coronel (B) Vicente Campo Elías, y se designa la Junta de Intervención de ese Organismo, integrada por los ciudadanos que en ella se indican.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria con motivo de la Sentencia N° TDJ-SD-2017-68, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, que decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano Víctor José González Jaimes, Juez Titular del Juzgado Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y confirmó la referida Sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial.
Decisión mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria con motivo de la Sentencia N° TDJ-SD-2017-83, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, que decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano Manuel José Gutiérrez Gómez, Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, y confirmó la referida Sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial.
Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resolución mediante la cual se extiende la designación de la ciudadana Lisbeth Ysabel Méndez, quien ejerce el cargo de Directora de Estudios Técnicos (E), como Directora General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en calidad de Suplente.
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443.430 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 28 de septiembre de 2018
CONSIDERANDO Que aún persiste la problemática del contrabando de extracción de chatarra ferrosa y no ferrosa y sus derivados, en las zonas fronterizas, producto de la demanda de los residuos sólidos y material metálico como el aluminio, cobre, bronce y hierro en el mercado internacional, viéndose afectada la eficiencia y desarrollo de la prestación de los servicios públicos básicos en el Estado Venezolano,
CONSIDERANDO
Que el aumento del valor de los residuos sólidos y material metálico como el aluminio, cobre, broce y hierro, ha resultado en un mercado ilícito de estos materiales, al cual se ha incorporado una gran cantidad de bienes públicos (cables, fibra óptica, baterías, válvulas, tuberías, entre otros), que son hurtados para su venta, fundición y posterior comercialización, por lo que se hace necesario establecer mecanismos contundentes para el combate del contrabando y las nuevas formas de combate del contrabando y de las nuevas formas de delincuencia organizada, en defensa y desarrollo integral de la Nación.
DICTO El siguiente, DECRETO N° 68 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE EL CUAL SE RESERVA AL EJECUTIVO NACIONAL LA COMPRA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALUMINIO, COBRE
Artículo 2°. Se prohíbe la exportación de los residuos sólidos, chatarra ferrosa y demás materiales estratégicos mencionados en el artículo precedente. Solo excepcionalmente, y previa autorización de la Ministra o Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, las empresas del Estado podrán exportar tales residuos sólidos, chatarra ferrosa y demás materiales estratégicos.
Artículo 3°. Los Ministros del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, defensa, hábitat y vivienda, economía y finanzas, ecosocialismo, atención de las aguas, petróleo, desarrollo minero ecológico, energía eléctrica, industrias y producción nacional, educación universitaria, ciencia y tecnología, y transporte, establecerán mediante Resolución Conjunta las regulaciones a que se refiere el aparte único del articulo 1° de este Decreto. Artículo 4°. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana dictará las medidas que estime pertinentes destinadas a detectar, prevenir, controlar y combatir las prácticas ilegales de comercialización, sustracción, extracción, aprovechamiento, almacenamiento, transporte de recursos o materiales estratégicos, aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal y sus derivados; residuos sólidos no metálicos, fibra secundaria producto del reciclaje del papel y cartón, fibra óptica; chatarra ferrosa y no ferrosa en cualquiera de sus modalidades. En consecuencia, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, podrá dictar y ejecutar, o hacer ejecutar, la ocupación temporal de establecimientos públicos y privados, terrenos o áreas que se requieran, a fin de garantizar la continuidad de los procesos de encadenamiento productivo relacionados con la generación, recolección, distribución, acopio, transformación o comercialización de los materiales estratégicos a que se refiere el artículo 1° de este Decreto. Artículo 5°. El Ejecutivo Nacional, a través de la Ministra o Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, establecerá los mecanismos para la adjudicación y celebración de alianzas estratégicas o convenios administrativos con las Gobernaciones y Alcaldías, o sus entes adscritos, a los fines de que dichos entes políticos territoriales, previa comprobación de su capacidad técnica, organizacional y financiera, asuman las actividades de generación, recolección, distribución, acopio, trasformación o comercialización de los materiales estratégicos a que se refiere el artículo 1° de este Decreto. Artículo 6° Se deroga el Decreto N° 2.795, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.125, de fecha 30 de marzo de 2017; así como cualquier otra normativa de igual o inferior rango que contravenga lo ordenado en este Decreto. Artículo 7°. Las Ministras o Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Defensa, Hábitat y Vivienda, Ecosocialismo, Atención de las Aguas, Petróleo, Desarrollo Minero Ecológico, Energía Eléctrica, Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Transporte, de Economía y Finanzas e Industrias y Producción Nacional, quedan encargados de la ejecución de este Decreto. Artículo 8°. Este Decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO
Que es deber del Estado Venezolano, desarrollar las políticas de control necesarias para asegurar a la población la prestación adecuada de los servicios públicos, cuyo equipamiento se está viendo seriamente afectado por prácticas ilegales de sustracición, aprovechamiento y comercialización de los componentes indispensables para la correspondiente prestación, cuya reposición resulta igualmente impactada por los efectos de la Guerra Económica No Convencional, BRONCE, ACERO, NÍQUEL U OTRO TIPO DE METAL O CHATARRA FERROSA EN CUALQUIER CONDICIÓN; ASÍ COMO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO METÁLICOS, FIBRA ÓPTICA, Y FIBRA SECUNDARIA PRODUCTOS DEL RECICLAJE DEL PAPEL Y CARTÓN. TALES MATERIALES SE DECLARAN DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y VITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA INDUSTRIA NACIONAL. Artículo 1°. Se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición; así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria producto del reciclaje de papel y cartón. Tales materiales se declaran de carácter estratégico y vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional. Los procesos de encadenamiento productivo relacionados con la generación, recolección, distribución, acopio, transformación o comercialización de los materiales estratégicos a que refiere el encabezado de este artículo, solo podrán ser llevados a cabo por personas naturales o por personas jurídicas de derecho privado bajo las condiciones y requisitos establecidos a tal efecto por el Ejecutivo Nacional mediante regulaciones sectoriales.
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Viernes 28 de septiembre de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 443.431 Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros (L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.)
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.)
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.)
JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.)
SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.)
TARECK EL AISSAMI
Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (L.S.)
YOMANA KOTEICH KHATIB Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, (L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)
LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.)
STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.)
MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.)
VÍCTOR HUGO CANO PACHECO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.)
CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ
Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)
CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas (L.S.)
EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.)
PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.)
MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.)
GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.)
ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.)
ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.)
HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.)
MAYELIN RAQUEL ARIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.)
DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA
Dado en Caracas, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil dieciocho, Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivarlana. Ejecútese, (L.S.)
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443.432 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 28 de septiembre de 2018 Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (L.S.)
HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.)
ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales y Vicepresidente Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial (L.S.)
ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Transporte (L.S.)
HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ
Refrendado La Ministra del Poder Popular de Obras Públicas (L.S.)
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.)
LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.)
GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Artículo 6. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y Publíquese, WILLIA ANTONIOONTRERAS Superintendente Masiortal para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos Decreto N° 2.186,.publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.830, de fecha 18 de enero de 2016.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS
Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2018 Años: 207°, 158° y 19° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°051/2018
El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos SOCiOeCOnómiCOS, WILLIAN ANTONIO CONTRERAS, titular de la cédula de identidad número V-9.953.939, designado mediante Decreto N° 2.186 de fecha 18 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.830 de fecha 18 de enero de 2016, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17 numeral 15, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos N° 2.092, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 6.202, de fecha 8 de noviembre de 2015, reimpresa por error material en fecha 12 de noviembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.787 de fecha 12 de Noviembre de 2015, en concordancia con lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Dicta, LA SIGUIENTE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
Artículo 1.- Nombro al ciudadano MARTIN ANTONIO VILLARROEL REYES, titular de la cédula de identidad N° V.-5.443.701, INTENDENTE NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL SALARIO DEL OBRERO Y LA OBRERA, de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), con las competencias inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2.- El ciudadano designado mediante esta Providengia Administrativa queda facultado para desempeñar las funciones, atribuciones y competencias establecidas por el Superintendente de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).
Artículo 3.- Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de conformidad con esta Providencia Administrativa, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Providencia Administrativa y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4.- El funcionario designado por esta Providencia Administrativa deberá rendir cuenta al Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en ejecución del Reglamento Orgánico de la Superintendencia Nacional para la Defensa de os Derechos Socioeconómicos.
Artículo 5.- La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, WILLIAN ANTONAO CONTRERAS Superintendente Nacional'para a Defensa de los Derechos Socioeconómicos Decreto N° 2.186, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.830, de fecha 18 de enero de 2016.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS
Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2018 Años: 207°, 158° y 19°
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°293/2018
El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos SociOeconómiCos, WILLIAN ANTONIO CONTRERAS, titular de la cédula de identidad número V-9.953.939, designado mediante Decreto N° 2.186 de fecha 18 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.830 de fecha 18 de enero de 2016, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17 numeral 15, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos N° 2.092, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 6.202, de fecha 8 de noviembre de 2015, reimpresa por error material en fecha 12 de noviembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.787 de fecha 12 de Noviembre de 2015, en concordancia con lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
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Dicta, LA SIGUIENTE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
Artículo 1.- Nombro a la ciudadana ONEIDA JAQUELINE TRocoNIS, titular de la cédula de identidad N° V.-6.023.610, CONSULTORA JURÍDICA, de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), con las competencias inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2.- La ciudadana designada mediante esta Providencia Administrativa queda facultada para desempeñar las funciones, atribuciones y competencias establecidas en el artículo 6 del Reglamento Orgánico de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.415, de fecha 20 de mayo de 2014.
Artículo 3.- Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firme de conformidad con esta Providencia Administrativa, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Providencia Administrativa y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4.- La funcionaria designada por esta Providencia Administrativa deberá rendir cuenta al Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en ejecución del Reglamento Orgánico de la Superintendencia Nacional para la Defensa de os Derechos Socioeconómicos.
Artículo 5.- La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su notificación.
Comuníquese yPublíquese DESPACHO DENCIA WILLIAN ANTONIO CONTRERAS Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos Decreto N° 2.182, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.830, de fecha 18 de enero de 2016.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS
Caracas, al primer día (01) del mes de Septiembre de 2018 Años: 207°, 158° y 19° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°297/2018
El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos SociOeconómiCOS, WILLIAN ANTONIO CONTRERAS, titular de la cédula de identidad número V-9.953.939, designado mediante
Decreto N° 2.186 de fecha 18 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.830 de fecha 18 de enero de 2016, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17 numeral 15, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos N° 2.092, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 6.202, de fecha 8 de noviembre de 2015, reimpresa por error material en fecha 12 de noviembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.787 de fecha 12 de Noviembre de 2015, en concordancia con lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 5· de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Dicta, LA SIGUIENTE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
Artículo 1.- Designo al ciudadano DANILO RICARDO ZEA INCIARTE, titular de la cédula de identidad N° V.-7.627.677, Director de la OfiCina de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), con las competencias inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2.- El ciudadano designado mediante esta Providencia Administrativa queda facultado para desempeñar las funciones, atribuciones y competencias establecidas en el artículo 11 del Reglamento Orgánico de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.415, de fecha 20 de mayo de 2014.
Artículo 3.- Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de conformidad con esta Providencia Administrativa, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Providencia Administrativa y Gaceta Oficial donde haya sido publicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4.- el funcionario designado por esta Providencia Administrativa deberá rendir cuenta al Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en ejecución del Reglamento Orgánico de la Superintendencia Nacional para la Defensa de os Derechos Socioeconómicos.
Artículo 5.- La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a pártir de su notificación.
Comuníquese y Publíquese, WILLIAN ANTOMIO CONTRERAS Superintendente Naciona para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos Decreto N° 2.182, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.830, de fecha 18 de enero de 2016.
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Viernes 28 de septiembre de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 443.435
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL COMERCIO EXTERIOR
E INVERSIÓN INTERNACIONAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES,
JUSTICIA Y PAZ
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POR CUANTO Es atribución del Órgano Rector en materia de seguridad ciudadana y del Servicio de Bombero, otorgar la habilitación para la creación, organización, reubicación, transferencia o suspensión de Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil; así como acordar la intervención de Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, cuando no cumplan los estándares u otras disposiciones previstas en la ley, que afecte el normal funcionamiento de la institución bomberil y del Servicio de Bombero, RESUELVE Artículo 1. Se ordena iniciar el proceso de Intervención del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Mérida Coronel (B) Vicente Campo Elías, por presuntamente haber incumplido los estándares y disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, lo cual pudiera afectar el normal funcionamiento de la referida institución bomberil y del Servicio de Bombero.
Artículo 2. Se designa la Junta de Intervención del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Mérida Coronel (B) Vicente Campo Elías, la cual estará integrada por los ciudadanos que a continuación se indican:
CÉDULA DE IDENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS LUIS ALFONZO DIAZ MUÑOZ V.- 7.588.609 ANGEL ALBERTO MARTINEZ MORENO V.- 6.940.666 V.- 9.993.171 ROBERTO JOSE RODRIGUEZ Artículo 3. La Junta de Intervención del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Mérida Coronel (B) Vicente Campo Elías, queda facultada para realizar auditoría a todo el personal de bomberos, administrativos, obreros y contratados adscritos a la institución bomberil objeto de intervención. Asimismo, deberán realizar el levantamiento de la información de los bomberos y bomberas voluntarios.
Artículo 4. Queda prohibido al Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Mérida Coronel (B) Vicente Campo Elías, la adquisición de equipamiento básico, durante el proceso de intervención. En caso que la Junta de Intervención considere necesario dotar a dicha institución bomberil de equipamiento básico, deberá elaborar un informe dirigido al Órgano Rector, exponiendo los motivos de la dotación y seguir los procedimientos de ley para tales fines.
Artículo 5. Queda bajo supervisión de la Junta de Intervención, la adquisición de equipamiento básico al Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Mérida Coronel (B) Vicente Campo Elías, durante el proceso de intervención.
Artículo 6. La Junta de Intervención del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Mérida Coronel (B) Vicente Campo Elías, tendrá las siguientes atribuciones:
1. Evaluar, remover y designar los cargos en las unidades operativas o administrativas de la institución bomberil intervenida, de conformidad con la normativa legal aplicable.
2. Evaluar la estructura orgánica, operacional y administrativa y realizar los ajustes o cambios necesarios, para optimizar el funcionamiento de la Institución Bomberil intervenida.
3. Declarar la reestructuración administrativa de la institución bomberil intervenida.
4. Revisar y auditar las nóminas de la institución bomberil.
5. Verificar los registros de ingreso y egresos de talento humano.
6. Verificar los registros y estatus del talento humano integral asignados a cada unidad administrativa y Estaciones de Bomberos respectiva.
7. Verificar los registros de personal uniformado, administrativo, obrero y contratado de reposos, vacaciones, comisiones de servicio y permisos.
8. Iniciar los procedimientos de reducción de personal, de conformidad con la normativa legal aplicable.
9. Iniciar a través de la Inspectoría General de la institución intervenida, los procedimientos administrativos de carácter disciplinario de acuerdo a la Ley y Reglamento Disciplinario del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Mérida Coronel (B) Vicente Campo Elías.
10. Iniciar y revisar procedimientos administrativos de carácter disciplinario, de funcionarios y funcionarias de la administración pública pertenecientes a la institución bomberil intervenida, de conformidad con la normativa legal aplicable. Así como del personal administrativo, obrero y contratado.
11. Realizar auditoria de los procedimientos administrativos de carácter disciplinarios en curso.
12. Oficiar a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal, civil y administrativa, en los casos donde existan suficientes elementos probatorios de convicción que evidencien la comisión de hechos irregulares o delictivos.
13. Iniciar los procedimientos de ingreso de personal, de conformidad con la normativa legal aplicable.
14. Asesorar a la Comandancia General de la institución bomberil intervenida en materia de administración del presupuesto, de acuerdo con el marco jurídico vigente.
15. Requerir información de cualquier naturaleza referente a la institución bomberil intervenida.
16. Realizar inspecciones y auditorías que correspondan, a la institución bomberil intervenida.
17. Solicitar los informes y soportes referentes a extravíos o robos de equipamiento perteneciente a la institución bomberil intervenida.
18. Auditar el registro y el bien material del parque automotor de la institución bomberil intervenida.
19. Elaborar o supervisar la elaboración de un Plan de Reentrenamiento Bomberil dirigido a los bomberos y bomberas de la institución bomberil intervenida, en caso de resultar pertinente.
20. Supervisar el proceso de los aportes recaudados por concepto de Tasas por los Servicios prestados o multas impuestas por el incumplimiento de las normas de seguridad en materia de prevención y protección contra incendios, de conformidad con la normativa legal aplicable.
21. Elaborar los respectivos informes de los resultados obtenidos, en cada una de las áreas intervenidas.
22. Cualesquiera otras que sean necesarias y oportunas para cumplir con el procedimiento de intervención, con base en la normativa jurídica vigente.
Artículo 7. Las decisiones que tome la Junta de Intervención, vinculadas con los numerales 1, 2, 3, 12 y 13 previstos en el artículo anterior, deberán consultarse previamente por escrito, ante el Despacho del Viceministro o Viceministra para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Artículo 8. Las atribuciones de la Junta de Intervención no deben interferir con las atribuciones del Primer Comandante Encargado de la institución bomberil intervenida, establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y Administración de Emergencias de Carácter Civil.
Artículo 9. La Junta de Intervención coordinará con los organismos competentes una evaluación médica, psicotécnica y física de los bomberos y bomberas del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del Distrito Capital, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Reentrenamiento a los bomberos y bomberas de la institución bomberil intervenida, de resultar pertinente, el cual se desarrollará y ejecutará en base a la obligación de garantizar la formación básica integral, la profesionalización, el entrenamiento y la capacitación teórica, continua y práctica de los bomberos y bomberas durante su línea de carrera en el servicio activo, prevista en los artículos 75 y 79 de la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil.
Artículo 10. Los oficiales superiores y subalternos del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Mérida Coronel (B) Vicente Campo Elías, deben participar presencial y activamente en el Plan de Reentrenamiento bomberil dirigido a los bomberos y bomberas de la institución bomberil intervenida.
Artículo 11. Se designa al ciudadano GENERAL (B) ANGEL ALFREDO MUNOz, titular de la cédula de identidad N° v- 10.093.492, como Primer Comandante en calidad de Encargado del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Mérida Coronel (B) Vicente Campo Elías, mientras dure el proceso de intervención.
Artículo 12. La Junta de Intervención tendrá un plazo de ciento ochenta (180) días continuos para llevar a cabo el proceso de intervención del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Mérida Coronel (B) Vicente Campo Elías, el cual podrá ser prorrogado por noventa (90) días continuos.
Artículo 13. La Junta de Intervención deberá presentar al Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana y Gestión de Riesgo, un informe donde se evidencien y soporten las acciones tomadas durante y después de la intervención acordada.
Artículo 14. El Despacho del Viceministro o Viceministra para la Gestión de Riesgo y Protección Civil queda encargado de la ejecución de esta Resolución.
Artículo 15. Esta Resolución entrará en vigencia en la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, NESTOR LUIS REVEROL TORRES Popilar para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Ministro del MINISTRO
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
EXPEDIENTE N° AP61-S-2017-000025
JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2017-68 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante, TDJ) en fecha 04 de octubre de 2017, en la causa signada con el N° AP61-S-2017-000025 (Cuaderno Separado de la causa principal N° AP61-D-2016-000050), nomenclatura que conserva, mediante la cual, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano VICTOR JOsÉ GONZALEZ JAIMES, titular de la cédula de identidad N° V-6.462.037, Juez Titular del Juzgado Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien fue denunciado por presuntamente haber actuado con parcialidad en la causa Judicial N° 10331 tramitada por su despacho al no haberse inhibido de conocer de la demanda incoada, por presuntamente estar incurso en los supuestos legales para su separación de la misma, y luego de la investigación disciplinaria la decisión sometida a consulta determinó que los hechos denunciados no se realizaron, decretando el sobreseimiento de la investigación conforme al numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética).
1 ANTECEDENTES Una vez efectuada la respectiva investigación disciplinaria, la Inspectoría General de Tribunales (en lo adelante IGT) dictó acto conclusivo en fecha 19 de agosto VICTOR JOSÉ GONZALEZ JAIMES, por considerar que el hecho denunciado por el ciudadano abogado JOSE MIGUEL AZOCAR ROJAS, titular de la cédula de identidad N° V- 10.869.280, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MELBA ELIZABETH, MARIA ALEXANDRA, JOSE GREGORIO y MELCHOR RAMON TINEO NOTTARO, referido a la conducta presuntamente inapropiada del Juez denunciado al conocer de una causa donde su esposa era apoderada judicial de una de las partes, no se realizó.
En fecha 17 de noviembre de 2016, la Oficina de Sustanciación de esta En fecha 15 de febrero de 2017, fue recibida ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial (en adelante -U.R.D.D), las actuaciones relativas a la investigación seguida al Juez denunciado, y en fecha 16 de febrero del mismo año el TDJ una vez recibido el expediente, mediante auto dejó constancia que según el Sistema de Gestión Judicial, le correspondió la ponencia, a la ciudadana Jueza JACQUELINE SOSA MARIÑO.- En fecha 04 de Octubre de 2017, el TDJ dictó decisión decretando, el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al Juez denunciado, de conformidad con el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética.
En fecha 18 de julio de 2018, el TDJ ordenó remitir la presente causa a esta Alzada, a los efectos de su respectiva consulta obligatoria de ley; tal remisión la efectuó a través del oficio N° TDJ-502-2018.
En fecha 26 de Julio de 2018, la secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial, dejó constancia de la recepción del asunto proveniente del Tribunal Disciplinario Judicial signado con el N° AP61-S-2017-000025, así como de la asignación de la ponencia según el orden cronológico alternativo a la Jueza MERLY MORALES HERNÁNDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 04 de Octubre de 2017, el TDJ publicó la decisión N° TDJ-SD-2017-68, decretando el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano VICTOR JOSÉ GONZALEZ JAIMES, antes identificado, sustentada en las siguientes consideraciones:
Refirió la Primera Instancia Disciplinaria que a pesar de haber sido denunciado dos hechos presuntamente disciplinables en la tramitación de la causa N° 10331, a saber, la falta de inhibición del Juzgador a pesar de ser público y notorio la relación conyugal con la ciudadana ADRIANA COROMOTO PADILLA ALFONZO, quien presuntamente era apoderada de la parte demandante, así como por ser ambos propietarios de un bien inmueble adquirido a la Sociedad Mercantil Inversiones Martinique C.A., quien tiene una sociedad comercial con la parte demandada en la citada causa; no obstante a ello el a quo concluyó que se trataba de un solo hecho presuntamente reprochable, esto es haber actuado el Juez denunciado con parcialidad en el trámite de dicho asunto.
En tal sentido, el TDJ procedió a examinar las actuaciones cursante en la causa N° 10331 a los fines de verificar si efectivamente la cónyuge del Juez denunciado ostentaba la cualidad de apoderada judicial de alguna de las partes intervinientes en dicho proceso y por otro lado, verificó la documentación de los inmuebles aludidos por el abogado denunciante, propiedad del juez Victor José González Jaimes :y la ciudadana Adriana Coromoto Padilla Alfonzo y si de las mismas se desprendía alguna relación o vínculo que hiciese presumir un nexo con alguna de las partes en litigio;
luego de lo cual, arribó a la conclusión que los hechos denunciados no se realizaron, decretando el sobreseimiento de la investigación conforme a lo establecido en -el artículo 71.1 del Código de Ética.
III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial efecto observa lo siguiente:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:
Articulo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria hubieren sido dictadas.
cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuirsele al sujeto investigado.
2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.
La acción disciplinaria haya prescrito.
3.
4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
6. La muerte del juez o la jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro. de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada)
La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicial, estatuye igualmente la consulta obligatoria a esta Alzada Colegiada de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario. De allí que el legislador de tan especial materia, haya establecido la revisión por un Tribunal de sobreseimiento y solo al verificarse los supuestos indicados en la norma aplicable, .procederá su declaratoria.
Ahora bien, la circunstancia de que el hecho no se realizó, corresponde a una causal prevista en los supuestos normativos señalados por el legislador disciplinario y que habílitan al Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria para decretar el sobreseimiento de la investigación, previa verificación exhaustiva de la actuación del Juzgador. En tal sentido, se puede evidenciar de la sentencia N° TDJ-SD-2017-68 dictada en fecha 04 de octubre de 2017, que el TDJ decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al Juez VICTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES al considerar que el hecho denunciado no se realizó, de conformidad con el numeral 1, del articulo 71 del vigente Código de Ética; asimismo, ordenó la remisión del expediente a los fines de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del artículo antes mencionado que señala que el auto razonado mediante el cual se decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco (05) días el presente asunto sometido a su consideración. Y así se declara.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:
Esta Alzada, considera oportuno reiterar lo señalado en otros fallos en relación al sobreseimiento previsto en la norma adjetiva disciplinaria, el cual constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales en forma anticipada, siendo de la exclusiva competencia de la autoridad judicial su decreto, siempre que resulte, acreditado de forma concluyente cualquiera de las causales previa y taxativamente establecidas por el legislador en la norma regulatoria, vale decir, que el hecho del proceso no se realizó; que no pueda atribuírsele al Juez denunciado; que el hecho no sea típico; que la acción disciplinaria haya prescrito; que resulte acreditada la cosa juzgada; que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, o por la muerte del juez; tal declaratoria por parte del órgano jurisdiccional, comporta previamente un examen exhaustivo de todos los supuestos establecidos en la norma que regula dicha figura procesal, para poder arribar al convencimiento de la imposibilidad de la sanción disciplinaria y por ende la finalización del proceso.
En su acto conclusivo, la Inspectoría General de Tribunales solicitó el sobreseimiento de la investigación seguida al Juez VICTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES con fundamento al numeral 1, del artículo 71 del Código de Ética, el cual establece que los órganos de la jurisdicción disciplinaria decretarán el sobreseimiento
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siéndo decretado por el órgano jurisdiccional el mencionado sobreseimiento conforme a la normativa antes citada, al establecer que los hechos denunciados no se realizaron.- . Ahora bien, esta Instancia Superior considera necesario destacar que sobre el contenido y alcance del primer supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, atinente a que el hecho investigado no se realizó, se trata tanto del supuesto de acreditación de falsedad del hecho imputado, como del que no se haya podido probar la existencia de tal hecho, configurándose cuando el elemento objetivo del hecho denunciado no se ha podido demostrar en la realidad, siendo necesario para que se verifique el supuesto de esta causal, que el juez disciplinario haya llegado a la convicción de que no ha existido aquella conducta que provocó el inicio del proceso disciplinario, se trata pues, de la inexistencia fáctica del hecho objeto de la su no realización (Vid. Sentencia N° 13 del 27 de abril de 2017 de esta Corte Disciplinaria Judicial).- Así las cosas, observa quienes aquí deciden, que el Órgano de Investigación fundamentó su solicitud de sobreseimiento, en el supuesto de la inexistencia de los hechos denunciados; en tal sentido, respecto a la denuncia según la cual el Juez denunciado actuó con parcialidad, pues su cónyuge fungía como apoderada judicial de la parte demandada, siendo tal hecho constitutivo de una inhabilitación para conocer del asunto conforme al artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, esta Alzada pudo constatar de la revisión de la pieza 1, de la causa N° AP61-S-2017-000025, del dio entrada al expediente en fecha 18 de abril 2012, signándole el número 10.331 (nomenclatura interna del Tribunal a cargo del Juez denunciado), de igual forma fijó informes ese mismo día, dándole oportunidad a las partes para la consignación de los mismos, el día 3 de diciembre 2012 dictó decisión declarando parcialmente con lugar la apelación ejercida por el hoy denunciante, anulando la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, en fecha 30 de Marzo de 2011, sobre la demanda de acción reivindicatoria intentada contra la sociedad de comercio Promotora Inmobiliaria Campo Sol C. A., por el denunciante en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos José Gregorio Tineo Melchor, Ramón Melchor Tineo Nottaro, Melba Elizabeth Tineo Nottaro y María Alexandra Tineo de Lovera.
Así mismo, pudo apreciar esta Alzada que de la mencionada demanda sometida al conocimiento del Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cuya sentencia corre inserta a los folios 194 al 209 de la primera pieza del presente expediente que los apoderados judiciales de la parte demandada Promotora Inmobiliaria Campo Sol C. A., eran Ios abogados Neil Alberto Cubillan Finol, María Alejandra Rodríguez Avendaño y Arturo Bravo Roa, de igual manera se evidencia que son los mismos profesionales del derecho quienes ejercían la representación judicial de dicha parte en la Instancia Superior (folios 78 al 123, pieza 1); de igual manera, de las actuaciones cursantes se pudo verificar que la ciudadana ADRIANA COROMOTO PADILLA ALFONZO, cónyuge del juez, no realizó actuación alguna en el juicio que originó la presente investigación, siendo notorio que la imputación formulada por el abogado José Azocar Rojas en contra del Juez denunciado resulta falaz y por tanto al no existir causal alguna que impidiera el conocimiento de la causa judicial N° 10331, el Juez investigado no estaba obligado a inhibirse, concluyendo esta Alzada, que el hecho denunciado no se realizó, tal como acertadamente lo determinó la Primera Instancia Disciplinaria, por lo que resulta procedente y ajustado a derecho confirmar el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con el artículo 71.1 del Código de Ética. Y así se decide.- En relación al hecho denunciado relacionado con los documentos de propiedad del bien Inmueble que a juicio del denunciante acreditaban un nexo entre dicho contraparte, y que ambos tienen un interés legitimo en el pleito, al tener viviendas en el lote de terreno objeto del litigio, esta Instancia Superior pudo verificar en el expediente signado con el AP61-S-2017-000025, del cuaderno separado pieza 1, en los folios 67 al 78, la venta realizada de parte de la ciudadana: ANA IRIS MONTILLA UIZCATEGUI, titular de la cédula de identidad N° V-8.045.162, en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil "INVERSIONES MARTINIQUE C.A", donde en nombre de su representada realizó la venta de un bien inmueble, destinado a vivienda principal constituido en un Apartamento tipo tres (03), identificado con las letras y números 2A- PH-1, integrante de. la torre 8, entrada 2A, Nivel PH, de la Etapa 5, La Mucuy, del Conjunto Residencial "COLINAS DE LA TAHONA", de la Urbanización Colinas de la Tahona, Ubicada entre las Urbanizaciones Los Naranjos y La Bonita, a los ciudadanos:
VICTOR JOSÉ GONZALEZ JAIMES y ADRIANA COROMOTO PADILLA ALFONSO, venezolanos, casados, titulares de las cédulas de identidad V-6.462.037 y V- 10.549.567, respectivamente, venta realizada en fecha 13 de octubre de 2011, por ante el Registro Público Primer Circuito del Municipio Baruta, Estado Miranda, evidenciándose que la mencionada compra-venta fue realizada con anterioridad al ingreso de la causa N° 10331, cuyo conocimiento le correspondió al Juez denunciado.
En efecto, ha sido pacifica la doctrina en señalar que cuando se alega la existencia de una causal de inhabilidad que comprometa la imparcialidad del Juez, especialmente cuando se trate de un supuesto genérico, vale decir, la existencia de interés directo en el pleito, tal circunstancia debe ser probada con medios idóneos y verosímiles, no con meras conjeturas cargadas de subjetividad, que como en el presente caso pretenden atribuir un nexo en una transacción comercial rutinaria como lo es el contrato de compra-venta de un inmueble que per se no refleja un vínculo más allá de lo meramente comercial, afirmar lo contrario haría inhábiles a todos los jueces del país, pues, como sujetos sociales son susceptibles de efectuar transacciones comerciales.
Aunado a lo anterior, es de destacar que el bien inmueble propiedad det Juez denunciado y su cónyuge no se encuentra dentro del lote de terreno objeto de litigio por denunciante, razón por la cual resulta inexistente el vínculo entre el Juzgador sometido a investigación disciplinaria y la parte demandada, delatado por el denunciante, resultando forzoso concluir que el hecho no se realizó y en consecuencia sobreseer la investigación, tal como lo dictaminó el fallo sometido a consulta, por lo que se confirma el sobreseimiento de la investigación conforme al artículo 71.1 del Código de Ética. Y así se decide.- En razón de los fundamentos antes expuestos esta Corte Disciplinaria Judicial, declara RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2017-68, dictada en fecha 04 de octubre de 2017, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano VICTOR JOSÉ GONZALEZ JAIMES, titular de la cédula de identidad N° V-6.462.037, Juez Titular del Juzgado Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Se CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2017-68, dictada en fecha 04 de Octubre de 2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 71, numeral 1, del Código de Ética, en virtud de que los hechos denunciados no se realizaron. Y así se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD- 2017-68, dictada en fecha 04 de Octubre de 2017, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano VICTOR JOSÉ GONZALEZ JAIMES, titular de la cédula de identidad N° V-6.462.037, Juez Titular del Juzgado Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2017-68, dictada en fecha 04 de Octubre de 2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 71, numeral 1, del Código de Ética, en virtud de que los hechos denunciados no se realizaron.
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.
Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los Vmcua*ro (24) dias del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Años 208° dé la Independencia y 159° de la Federación.
EI JUEZ PRESIDENTE,
L3
LA VICEPRESIDENTA-PONENTE
MERLY MORALESHERNÁNDEZ Zan 73
ROMERABNER RACHECO MORALES LA SECRETARIA (E),
CARMEN CARREÑO
EXP. N° AP61-S-2017-000025
Hoy lunes, veinticuatro (24) de septiembre del afo dos mi dieciocho (2018), siendo las1:25 a.m, se publicó la anterior decisión bajo el N.º 44 CARMEN CARREÑO La Secretaria (E)
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-S-2016-000069 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2017-83 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante, TDJ) en fecha 13 de Diciembre de 2017, en la causa signada con el N° AP61-S-2016-000069, nomenclatura que conserva, mediante la cual, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIERREZ GÓMEZ, titular de la cedula de identidad N° V- 6.427.996, Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, por dictar en sustitución de la JOSE GREGORIO SOSA VILLARREAL, en la causa Judicial N° TP01-P-2010-001169, (nomenclatura del antes citado Tribunal), sobreseimiento que fue dictado de conformidad con el numeral 2 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética), el cual alude a la ausencia de 1 ANTECEDENTES Se dio inicio a la presente averiguación disciplinaria, en virtud del auto dictado por la Inspectoría General del Tribunales (en lo adelante IGT) en fecha 19 de noviembre de 2014, mediante el cual ordenó abrir investigación disciplinaria al Juez ciudadana YONMARY TIBISAY MONTAÑA NIEVES, titular de la cédula de identidad N.º 10.399.396, en la cual señaló que el mencionado Juez actuó con parcialidad al otorgarle al imputado una medida cautelar menos gravosa consistente en presentaciones periódicas mensuales por ante la prefectura de su lugar de residencia.
En fecha 17 de mayo de 2016, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción sobreseimiento remitir al TDJ copias certificadas, a los fines de su pronunciamiento.
En fecha 07 de junio de 2016, fue recibida ante la Unidad de Recepción y U.R.D.D), las actuaciones relativas a la investigación seguida al Juez denunciado, y en fecha 14 de junio del mismo año el TDJ dejó constancia mediante auto que le correspondió la ponencia, al Juez Hernán Pacheco Alviárez.
En fecha 13 de diciembre de 2017, el TDJ dictó decisión declarando el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al Juez denunciado, de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética.
En fecha 12 de julio de 2018, el TDJ ordenó remitir la presente causa a esta Alzada, a objeto de la consulta obligatoria de ley; tal remisión la_efectuó a través del oficio N° TDJ-479-2018.
En fecha 19 de julio de 2018, la secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial, dejó constancia de la recepción del asunto proveniente del Tribunal Disciplinario Judicial signado con el N° AP61-S-2018-000069, así como de la asignación de la ponencia según el orden cronológico alternativo a la Jueza MERLY MORALES HERNÁNDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 23 de julio de 2018, se dictó auto mediante el cual se solicitó al TDJ la remisión de copias de la denuncia formulada por la ciudadana Yonmary Montaña Nieves entre otras.
En fecha 02 de agosto de 2018, la secretaría de esta instancia agregó a los autos el ofició N° TDJ-527-2018 de fecha 30 de julio de 2018, suscrito por el Presidente del TDJ, en el cual remite las actuaciones solicitadas.
Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 13 de Diciembre de 2017, el TDJ publicó la decisión N° TDJ-SD-2017- 83, en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al Juez MANUEL JOSÉ GUTIERREZ GÓMEZ, con fundamento en las siguientes consideraciones:
La Primera Instancia Disciplinaria examinó el hecho denunciado como una presunta parcialidad del juzgador al haber sustituido la medida de coerción personal de privación preventiva de libertad que pesaba sobre el imputado JOSÉ GREGORIO SOSA VILLARROEL, investigado por la presunta comisión del delito de Homicidio Intencional Calificado, en perjuicio de HOSMER GERARDO MONTAÑA NIEVES, cautelar sustitutiva, objetando que para realizar el cambio de tal medida el Juez debió El a-quo luego de reseñar el contenido de los actos procesales que se suscitaron en la causa penal cuya decisión fue motivo de la denuncia de presuntas actuaciones generadoras de responsabilidad disciplinaria, examinó el falo emitido: por el Juez denunciado en fecha 09 de julio de 2013, en la causa N° TP01-P-2010-001.169, consideró que el hecho denunciado no revestía carácter disciplinario por cuanto el mencionado Jurisdicente actuó en el ejercicio de sus funciones, asimismo, refirió-el TDJ que la inhibición es un acto que se encuentra regulado por el ordenamiento jurídico y su ocurrencia no constituye un ilícito disciplinario, y en consecuencia decretó del Código de Ética del Juez, al considerar que el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario.
II1 DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial efecto observa lo siguiente:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:
cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria hubieren sido dictadas.
cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribulrsele al sujeto investigado.
carácter disciplinario.
La acción disciplinaria haya prescrito.
3.
4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
6. La muerte del juez o la jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco dias siquientes." (Resaltado de esta Alzada) La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicial, estatuye igualmente la consulta obligatoria a esta Alzada Colegiada de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario. De alli que el legislador de tan especial materia, haya establecido la revisión por un Tribunal de Alzada, del fallo que declara la finalización del proceso como consecuencia del sobreseimiento y solo al verificarse los supuestos indicados en la norma aplicable, procederá su declaratoria.
Ahora bien, cuando el hecho no es típico por tratarse de una situación que no normativos señalados por el legislador disciplinario que habilitan al Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria para decretar el sobreseimiento de la investigación, previa verificación exhaustiva de la actuación del Juzgador, tal es el caso de la sentencia N° TDJ-SD-2017-83 dictada en fecha. 13 de diciembre de 2017, mediante la cual el TDJ decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al Juez MANUEL JOSÉ GUTIERREZ GÓMEZ, conforme con el numeral 2, del artículo 71 del vigente Código de Ética; asimismo, ordenó la remisión del expediente a los efectos de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del artículo antes mencionado que señala que el auto razonado mediante el cual se decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de os cincos días siguientes; por consulta obligatoria, esta Alzada se declara competente para conocer el presente asunto. Y así se declara.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:
En principio, considera oportuno reiterar esta alzada lo señalado en otros fallos en relación al sobreseimiento previsto en la norma adjetiva disciplinaria, el cual anticipada, siendo de la exclusiva competencia de la autoridad judicial su decreto, siempre que resulte acreditado de forma concluyente cualquiera de las causales previa y taxativamente establecidas por el legislador en la norma regulatoria, vale decir, que el hecho del proceso no se realizó; que no puede atribuirsele al Juez denunciado; que el hecho no sea típico; que la acción disciplinaria haya prescrito; que resulte acreditada la cosa juzgada; que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, o por la muerte del juez; tal declaratoria por parte del órgano jurisdiccional, comporta previamente un examen exhaustivo de todos los supuestos establecidos en la norma que regula dicha figura procesal, para poder arribar al convencimiento de la imposibilidad de la sanción disciplinaria y por ende la finalización del proceso.
En su acto conclusivo, la Inspectoría General de Tribunales solicitó el sobreseimiento de la investigación seguida al Juez MANUEL JOSÉ GUTIERREZ GÓMEZ, con fundamento al numeral 1, del artículo 71 del Código de Ética, por cuanto a su juicio el hecho no puede atribuírsele al mencionado Juez; no obstante, el órgano disciplinario de primera instancia luego de analizar las actas del expediente, se aparta de la calificación realizada por la IGT y decreta el sobreseimiento de la investigación conforme al numeral 2, del artículo 71 del texto legal disciplinario por estimar que el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario.
En tal sentido, resulta conveniente destacar que la mencionada causal de presuntamente cometido por el investigado en algún tipo disciplinario, es decir, luego de realizar un ejercicio intelectual por parte del operador de justicia disciplinario para
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tratar de enmarcar la conducta presuntamente reprochable realizada por el juzgador, disciplinariamente y por tanto no sujeta a sanción, dicha causal tiene estrecha relación con los Principios de Legalidad y Tipicidad, sobre los cuales ha resaltado la Sala -Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2388 del 21 de noviembre de 2001 "... que le corresponde a la ley definir todas aquellas conductas que pudieran calificarse como delitos y que por tanto, acarrearían penas y sanciones, tal exigencia se encuentra consagrada en la norma prevista en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución vigente cuando dispone que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia, "(..) 6. [n]ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes....
Asimismo, el autor Gabriel Darío Jarque en su obra El Sobreseimiento en el Proceso Penal', en relación a la causal de atipicidad señala que la misma consiste en que estando perfectamente determinado el hecho que motivara el inicio de la encuentra previsto en el ordenamiento jurídico como conducta sujeta a sanción.
Ahora bien, el hecho denunciado lo constituye el otorgamiento de una medida VILLARROEL, imputado por la representación del Ministerio Público por el delito de Homicidio Intencional Calificado, en perjuicio de HOSMER GERARDO MONTAÑA NIEVES, por considerar la parte denunciante que con dicha actuación el Juez había incurrido en parcialidad, favoreciendo indebidamente al imputado.
Sobre las medidas cautelares, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1592 de fecha 10 de agosto del 2006, describió sus características de la siguiente manera:
"Como principios o características generales de las medidas cautelares, se pueden destacar los siguientes:
1.- Excepcionalidad: en vista del derecho a la libertad personal y del principio de presunción de inocencia, la regla es la libertad y la excepción la generalizada.
2.- Proporcionalidad: las medidas deben estar en adecuada relación con el hecho que se imputa y con lo que se busca garantizar.
3.- Instrumentalidad: ya que la medida cautelar no tiene una finalidad en si misma, es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del proceso. Las medidas que la integran no tienen naturaleza sancionatoria -no son penas-; sólo se conciben en cuanto sean necesarias para equilibrar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva.
4.- Temporalidad: la medida cautelar sólo puede adoptarse estando pendiente el proceso principal y tiene una duración limitada en el tiempo, ya que toda persona sometida a un proceso tiene derecho a que tal proceso termine dentro de un lapso razonable.
5.- Revisabilidad: su imposición responde a una determinada situación de hecho existente al momento de adoptar la medida, que varía si las circunstancias su modificación o revocación.
6.- Jurisdiccionalidad: pues su aplicación y control se encuentran reservados exclusivamente a los jueces, ya que si son los jueces quienes tienen a su cargo la vigencia de los principios del juicio previo y de la presunción de inocencia, es obvio -más aun dentro de la lógica de las garantias- que sean los jueces quienes autoricen estas medidas excepcionales.
las excepciones...". (resaltado de esta Corte) En ese mismo sentido, en sentencia N° 831, del 03 de julio de 2013, la misma Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal dispuso que:
... [el] Código Orgánico. Procesal Penal, aplicable ratione temporis, (...) no sean solicitadas en audiencias orales. De modo que, no le era permitido al Juzgado Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área revisión de la medida de coerción personal que pesaba sobre el quejoso, para la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar, máxime cuando en la práctica esa audiencia, en algunas oportunidades, no se realiza inmediatamente (Destacado nuestro).
Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal, en el articulo 242, establece en su encabezado lo siguiente:
_..Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado o imputada, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputada, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, algunas de las medidas siquientes:
(...) 3. La presentación periódica ante el tribunal o la. autoridad que aquel designe...".
(Resaltado de esta Alzada).
De las sentencias así como la norma parcialmente citada, se desprende claramente la obligación del Juez penal de pronunciarse ante la solicitud de una revisión de medida cautelar e inclusive su facultad de revisar la de oficio y sustituirla si del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual el legislador procesal penal estableció como requisito para su decreto la necesidad de motivar suficientemente dicha resolución, ya que las medidas cautelares sean éstas privativas o restrictivas de libertad solo tienen un carácter instrumental y solo obedecen al aseguramiento de las resultas del proceso y bajo ningún concepto constituyen una pena anticipada.
Ahora bien, resulta necesario para quienes aquí deciden, analizar el contenido del fallo cuya consulta se solicita a la luz de las actuaciones administrativas que dan cuenta de la investigación realizada al Juez MANUEL JOSÉ GUTIERREZ GÓMEZ a fin de verificar si alguna de esas actuaciones o decisión constituyó algún ilicito disciplinario y en tal sentido se constató de la revisión de la decisión dictada por el Juez investigado en fecha 09 de julio de 2010, que corre inserta a los folios 4 y 5 de la pieza 1, que la misma se produjo como consecuencia de una solicitud de revisión de medida cautelar realizada en fecha 1° de julio de 2013, por el abogado Vicente Contreras en su condición de defensor del imputado José Gregorio Sosa Villareal (Folios 2 y 3, pieza 1), el Juez MANUEL JOsÉ GUTIERREZ GÓMEZ evaluó las condiciones en que el imputado se encontraba sujeto al procedimiento penal, valorando que el imputado había dado cumplimiento al régimen de cautela impuesto con anterioridad y que se encontraba en libertad plena en razón de la decisión de fecha 17 de mayo de 2012 emitida por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio N° 4 del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, confirmada por la Corte de Apelaciones del mismo circuito judicial, una vez interpuesto el recurso de casación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien en fecha 21 de mayo de 2013, declaró con lugar el mencionado recurso y anuló la decisión de fecha 7 de junio de 2012, emanada del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo.
El Juez investigado en la mencionada decisión del 09 de julio de 2013 consideró que el imputado a favor de quien se había solicitado la revisión de la medida cautelar, no se había sustraído del proceso, deduciendo que su voluntad era concurrir al mismo, razones estas que ponderó el juez denunciado, dando cumplimiento a los extremos de la norma que lo conmina a razonar motivadamente el porqué no existe peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad y cuyo análisis permite concluir al juzgador que resulta procedente el juzgamiento en libertad del encausado.
De todo lo anterior, deduce este Órgano Colegiado que la conducta desplegada por el Juez .investigado al dictar una medida menos gravosa a la de privación de libertad, resulta una actuación regulada por el Código Orgánico Procesal Penal, por lo que dicha actuación se enmarca dentro del ámbito de sus competencias jurisdiccionales, sin que la misma constituya un actividad reñida con los preceptos disciplinarios previstos en el Código de Ética.
En tal sentido y visto lo constatado en autos, quienes aquí deciden consideran acertado lo expuesto por el TDJ, en relación a que efectivamente el hecho constitutivo de la denuncia realizada por la ciudadana YONMARY TIBISAY MONTAÑA NIEVES, resultan atípicos y no censurables disciplinariamente, debiendo en consecuencia esta Alzada, confirmar el sobreseimiento decretado por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria, por cuanto el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario. Y asi se decide.- En razón de los fundamentos antes expuestos esta Corte Disciplinaria Judicial, declara RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2017-83, dictada en fecha 13 de diciembre de 2017, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIERREZ GÓMEZ, titular de la cedula de identidad N° V-6.427.996, Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo. Se CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2017-83, dictada en fecha 13 de diciembre de 2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 del Código de Ética. Y asi se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA Ia consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD- 2017-83, dictada en fecha 13 de diciembre de 2017, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIERREZ GÓMEZ, titular de la cedula de identidad N° V-6.427.996, Juez Titular del Juzgado Primero de Primera
SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2017-83, dictada en fecha 13 de diciembre de 2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 del Código de Ética, en virtud de que el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario.
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.
Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los Veinicuao (24) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
JUEZ PRESIDENTE,
TULIO JMÉNEZ RODRÍGUEZ VICEPRESIDENTA-PONENTE
MERLY MORALS HERNÁNDEZ
ROMER PACHECO SECRETARIA (E),
CARMEN CARREÑO
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EXP. N°AP61-S-2016-000069
Hoy lunes, veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 2:25 p.m., se publicó la anterior decisión bajo el N° 45 CARMEN CARREÑO La Secretaria (E)
Quien suscribe, CARMEN CARREÑo, Secretaria Encargada de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 45, publicada en fecha 24 de septiembre de 2018, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial; cursantes a los folios sesenta y siete (67) al setenta y uno (71), con sus respectivos vueltos, del Expediente N.° AP61-S-2016-000069 (Cuaderno Separado) de la pieza número uno (01), nomenclatura de esta Instancia Judicial. Certificación que se expide a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2018.
La Secretaria (E),
CARMEN CARREÑO
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA
Resolución Nº 0326
Caracas, 28 de septiembre de 2018 2080 y 1590 y 190 LaDikección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° 12.094.145, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DELA MAGISTRATURA, designadO Según Resolución NO 2017-0003 de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de marzo de 2017 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.130 de fecha seis (06) de abril de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.
RESUELVE
ÚNICO: Extender la designación de la ciudadana LISBETH YSABEL MÉNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° 9.455.067, quien ejerce el cargo de Directora de Estudios Técnicos (E), como Directora General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de suplente, a partir del veintinueve (29) de septiembre de 2018.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva dê la Magigtratura, en Caracas a los veintiocho (28) días deL mes de septiembrelde 2p18 EMO JU Cemuníquese y ESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO Sirector Ejecutivo de la Magistratura
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AÑO CXLV - MES XII Número 41.492
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Caracas, viernes 28 de septiembre de 2018
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