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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 41.489

25 de septiembre de 2018 · 24 páginas
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AÑO CXLV - MES XII Caracas, martes 25 de septiembre de 2018 Número 41.489

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto Nº 3.623, mediante el cual se nombra al ciudadano Luis Fernando Soteldo, como Presidente del Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en calidad de Encargado, asimismo se nombran como Directores Principales y Directores Suplentes del Directorio de ese Instituto, a las ciudadanas y ciudadanos que en él indican.

Decreto Nº 3.624, mediante el cual se otorga la Carta de Naturaleza a las ciudadanas y ciudadanos que en él se mencionan.- (Véase N° 6.408 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

CESPPA Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Luis Enrique Silva, como Director de la Dirección de Estudios Tecnológicos y de Información de este Organismo, en calidad de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se otorga la Condecoración “Orden Francisco de Miranda”, al personal de Oficiales Generales y Almirantes plazas del Sistema Defensivo Territorial del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que en ella se mencionan, con motivo del XIII Aniversario de la Creación del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en las clases que en ella se especifican.

Resolución mediante la cual se otorga la Condecoración “Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela”, al personal de Oficiales Generales y Almirantes plazas del Sistema Defensivo Territorial del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que en ella se mencionan, con motivo del XIII Aniversario de la Creación del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en las clases que en ella se especifican.

Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se acuerda el cese de funciones del ciudadano Carlos Eduardo Martínez Mendoza, del cargo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela acreditada en la República de Argentina.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE ECONOMÍA Y FINANZAS Resolución mediante la cual se constituye el Comité de Licitaciones, con carácter permanente, para la venta y permuta de bienes públicos de este Ministerio, integrado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

SUDEBAN Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Miguel Alejandro Ramírez Contreras, como Gerente de la Oficina de Atención Ciudadana de esta Superintendencia, en calidad de Encargado, la firma de los actos y documentos que en ella se indican.

Oficina Nacional del Tesoro Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Isabel Valentina Rodríguez Vera, como Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa, en calidad de Titular, de esta Oficina Nacional.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA EL TURISMO Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano José Ángel Perdomo Suárez, en su condición de Director General del Despacho de este Ministerio, las atribuciones, firma de los actos y documentos que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA EDUCACIÓN Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Marlize Soledad Guerrero Camacho, Directora General de la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, la firma de los actos y documentos que en ella se indican.

Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA SALUD Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Neomar Augusto Silva Díaz, como Administrador del Hospital Materno Infantil Comandante Supremo “Hugo Chávez Frías”, en calidad de Encargado, adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital, de este Ministerio; y como responable de la Unidad Administradora Desconcentrada, con firma, que en ella se indica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resolución mediante la cual se confiere a los ciudadanos que en ella se mencionan, la Condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora del Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas.

Resolución mediante la cual se confiere a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, la Condecoración “Orden al Mérito en el Trabajo”, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de Inversiones Inmobiliarias IAR 1997, C.A., Hotel Gran Meliá Caracas, en las clases que en ella se especifican.

Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.

INCRET Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Rosalba Pérez, como Directora de Personal de este Instituto; y se deroga la Providencia N° 0006, de fecha 28 de agosto de 2018.

Providencia mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se especifican, como Miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas, de este Instituto.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA EL TRANSPORTE

INEA Providencia mediante la cual se nombra a la ciudadana Lizett Milagros Carrero Guillén, como Consultora Jurídica, de este Instituto.

INAC Providencias mediante las cuales se dejan sin efecto las Providencias N° PRE-CJU-GDA-1762-16 y PRE-CJU-GDA-1763-16 de fecha 20 de diciembre de 2016, en las cuales se les otorgó a las sociedades mercantiles Aserca Airlines, C.A., y Santa Bárbara Airlines, C.A., el permiso de explotación del servicio público de transporte aéreo por un lapso de cinco (05) años.

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443.366 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 25 de septiembre de 2018

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA ALIMENTACIÓN Resolución mediante la cual se aprueba la publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos de Capital de este Ministerio, por la cantidad que en ella se señala, Recursos Ordinarios que fueron aprobados por este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

IND Providencia mediante al cual se constituye la Comisión de Contrataciones de este Instituto, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

FUNDELEC Providencia mediante la cual se nombra al ciudadano Asunción José Marín Marcano, como Auditor Interno de esta Fundación, en calidad de Interino.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sala Constitucional Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del Decreto N° 3.610, del 10 de septiembre de 2018, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Resolución N° 180830-212, mediante la cual se resuelve crear la Unidad de Registro Civil en Establecimiento de Salud Hospital Universitario “Alfredo Van Grieken”, ubicado en la ciudad de Coro, Municipio Miranda, del estado Falcón.

Resolución N° 180830-213, mediante la cual se resuelve crear la Unidad de Registro Civil en Establecimiento de Salud Hospital General “William Lara”, ubicado en el Municipio Pedro Zaraza, del estado Guárico.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Dudglar José Marquina Pérez, como Contralor Interventor del Estado Bolivariano de Miranda, de este Órgano Contralor.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto Nº 3.623 25 de septiembre de 2018

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del País y del colectivo, por mandato del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con lo establecido en los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con los artículos 4°, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, según lo previsto en los artículos 121 y 125 de la Ley de Reforma Parcial De la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.㻌 DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018.

DECRETA Artículo 1°. Nombro al ciudadano LUIS FERNANDO SOTELDO, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.732.641, como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), en calidad de Encargado, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, actual Presidente Encargado del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), según consta de designación efectuada mediante el Decreto Nº 3.128 de fecha 26 de octubre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.265 de la misma fecha. 㻌 Asimismo, nombro como Directores Principales y Directores Suplentes del DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), a las ciudadanas y ciudadanos que a continuación se indican, los cuales tendrán la facultad de velar por la gestión de las operaciones que integran el objeto del Instituto Nacional de Tierras (INTI), y así garantizar los valores constitucionales del desarrollo social a través del sector agrario, quedando conformado el referido Directorio de la siguiente manera:

DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

(INTI)

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

LUIS FERNANDO SOTELDO C.I. V-18.732.641

DIRECTORES PRINCIPALES

CÉDULA DE IDENTIDAD

DIRECTORES

SUPLENTES

CÉDULA DE IDENTIDAD

FAIEZ KASSEN

CASTILLO V-11.193.068

CLAUDIO GREGORIO

RIVERA BRICEÑO

V-9.173.045

HUGO CESAR DÍAZ GUEDEZ V-14.092.528

RAMÓN LUIS

MUNDARAY

LOVERA

V-6.487.461

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ MORA

V-14.179.955

WILMER JOSÉ

ALCAZAR

GUERRA

V-14.579.236

VIRGINIA COROMOTO

DELGADO OROPEZA

V-9.566.575

OSWALDO

RAFAEL BARBERA GUTIÉRREZ

V-9.825.514

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, (L.S.)

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

Artículo 2°. Delego en el Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras la juramentación de las referidas ciudadanas y ciudadanos, y a su vez quedará encargado de la ejecución del presente Decreto. Artículo 3°. Se deroga el Decreto N° 2.673 de fecha 17 de enero de 2017 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.076 de fecha 17 de enero de 2017, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.077 de fecha 18 de enero de 2017. Artículo 4°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.)

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES INTERIORES,

JUSTICIA Y PAZ

TERCERO:

174 21 SEP 2018

175 21 SEP 2018

página original (tal como se publicó)Página 3 de la Gaceta

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"ORDEN LIBERTADORES Y LIBERTADORAS DE VENEZUELA" TERCERA CLASE "FLECHA" V-5.678.953 CELSA SIRLEY BAUTISTA ONTIVEROS OMAR ALEXIS MONTES MEZA V-6.115.823 RAUL YVAÑ ROSALES ALMAO V-6.896.186 RUBEN EDUARDO DIAZ MARCANO V-9.901.467 "Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios" Simón Bolívar Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, MINISTRO NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 2080, 159º y 190 176 No FECHA: 24 SEP 2018 RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957 de la misma fecha; ratificado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2, artículo 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; lo previsto en el artículo 9 del Decreto N° 1.624, contentivo del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.175 Extraordinario, de fecha 20 de febrero de 2015, reimpreso por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015, RESUELVE Artículo 1. Se designa a la ciudadana ALBA CAROLINA MAGO HEREDIA, titular de la cédula de identidad N° V- 18.112.427, como Directora Encargada del Despacho del Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, de este Ministerio.

Artículo 2. Esta Resolución entrará en vigencia a parir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, NESTOR LUIS REVEROL TORRES Ministro del PøastRopuar para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 2080, 1590 y 190 177 24 SEP 2018 N° FECHA:

RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.957 de la misma fecha; ratificado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419. de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2, artículo 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; lo previsto en el artículo 30 del Decreto N° 1.624, contentivo del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.175 Extraordinario, de fecha 20 de febrero de 2015, reimpreso por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015, RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadano JOSÉ LEONARDO DÍAZ PUCHE, titular de la cédula de identidad N° V-17.085.052, como Director Encargado del Despacho del Viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, de este Ministerio.

Artículo 2. Esta Resokición entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de ja República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

VARIA

NESTOR LUIS REVEROL TORRES Ministro de PoerPopular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 2080, 1590 y 190 178 24 SEP 2018 N° FECHA:

RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.957 de la misma fecha; ratificado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; de conformidad con lo establecido en el artículo 5 numeral 2 y artículo 20, numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 27 del Decreto N° 1.624, contentivo del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.175 Extraordinario, de fecha 20 de febrero de 2015, reimpreso por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015, RESUELVE Artículo 1. Se designa a la ciudadana HAYDEE ELENA MÁRQUEZ MATHEUS, titular de la cédula de identidad N° V-10.788.943, como Directora General de Gestión de Riesgo, dependiente del Despacho del Viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil se este Ministerio.

Artículo 2. Esta Resofución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de a República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacianal, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES Migistro lipader Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

MINISTRO

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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Artículo 4. La Secretaría deberá presentar mensualmente al Comité de Licitaciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, un informe general de todos los actos que se firman con fundamento a esta Resolución.

Artículo 5. Los Miembros del Comité de Licitaciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos del Ministerio del Poßer Popular de Economía y Finanzas, ejercerán sus funciones a tiempo parcial y deberán velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N° 004-2012 de fecha 23 de octubre de 2012, dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.053 de fecha 19 de noviembre de 2012, reimpresa por discrepancias en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.054 de fecha 20 de noviembre de 2012, contentiva de las Normas Generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de Bienes Públicos.

Artículo 6. Notifíquese a la Superintendencia de Bienes Públicos esta Resolución.

Artículo 7. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

SIMÓN ALEJANDRO ZERRA DELGADO Ministro del Poder Popular de EconomiayoFinanzas Decreto N° 3.126 de fecha/26 de octubre de 2017 G.O.R.B.V. N° 41.265 de fecha 26 de octubre de 2817

República Bolivariana de Venezuela B Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario

RESOLUCIÓN

NÚMERO: 068.18 FECHA: 12 de septiembre de 2018 207°, 159° y 19° El Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.557 de fecha 8 de diciembre de 2014, en concordancià con lo previsto en los artículo 34 y 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, del 17 de noviembre de 2014,

RESUELVE

Artículo 1. Delegar al funcionario MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS, titular de la cédula de Identidad N° v- 15.923.209, para desempeñar funciones como GERENTE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, en condición de ENCARGAD0, a partir del 13 de septiembre de 2018.

Artículo 2. Delegar al precitado funcionario la firma de los actos y documentos siguiente:

a. Requerimiento de información y documentación.

b. Prorrogar los lapsos concedidos en los requerimientos de información a las personas naturales o jurídicas.

c. Notificación de observaciones a la documentación recibida.

d. Acuses de recibo a comunicaciones de particulares y Entes Oficiales.

e. Remisión de información y documentación.

f. Notificación a particulares de las resultas de sus solicitudes o denuncias, ya sean éstas procedentes o improcedentes.

g. Constancia de posición crediticia en el Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI) a personas naturales y jurídicas.

h. Certificados de Inscripción, Renovación y Revocatoria, correspondientes a: (i) Peritos Evaluadores; (ii) Contadores Públicos en el Ejercicio Independiente de la Profesión; (ii) Personas Jurídicas encargadas de realizar Auditorías Externas de las Instituciones del Sector Bancario;(iv) Organización de Participación Popular; y, i. Certificación de documentos.

Artículo 3. Los actos y documentos firmados de conformidad con lo establecido en la presente Resolución, deberá indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha de la Resolución y de la Gaceta Oficial de la República Bolivamiana de Venezuela en la cual haya sido publicada.

Artículo 4. La delegación de firma prevista en el artículo 2 de la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese y Publíquese, Auy Antghio Merales Rodriguez Superintendeste (E) de las Instituciones del Sector Bancario Decreto No 2.905 de fecha 8/6/2017 EBAN publicado en la Gaceta Oficia de la Repúrlica Bolivariana de Venezuela N° 41.168 de fe

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DEL TESORO 208°, 159° y 19° 2 1 C7. 2019 Caracas, El Jefe de la Oficina Nacional del Tesoro, designado mediante Resolución N° 029, de fecha 12 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.359, de fecha 13 de marzo de 2018, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.361, de fecha 15 de marzo de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 10, numeral 1 del Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Tesorería, y suficientemente facultado para este acto según la Resolución antes indicada, dicta la siguiente :

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 2018-004 Artículo único.- Se designa a la ciudadana Isabel Valentina Rodríguez Vera, titular de la Cédula de Identidad N° 23.640.290, como Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa, en calidad de titular, a partir del primero de agosto de 2018.

Comuníquese y publíquese,

4

REINIER ALEJANDRO MERENTES TESORERO NACIONAL (E) Resolución N° 029, de fecha 12 de marzo de 2018, publicada en la G.O.R.B.V. N° 41.359, de fecha 13 de marzo de 2018, reimpresa en la G.O.R.B.V.N° 41.361, de fecha 15 de marzo de 2018

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

DESPACHO DE LA MINISTRA

RESOLUCIÓN N° 039 CARACAS, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

208°, 159° Y 19°

La Ministra del Poder Popular para el Turismo, designada mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los artículos 34 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, resuelve:

Artículo 1°. Delegar al ciudadano JOSÉ ÁNGEL PERDOMO SUÁREZ identificado con la cédula de identidad N° v-17.331.800, en su condición de DIRECTOR GENERAL DEL DESPACHO de este Ministerio, designado a través de Resolución Nº 038, de fecha 18 de septiembre de 2018, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.485, de fecha 19 de septiembre de 2018, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que a' continuación se indican:

1. Certificar copias de los contratos, acreencia no prescrita y cualquier otra documentación que autorice la Ministra.

2. Suscribir actos que decidan acerca de la procedencia o no del pago de deudas de años precedentes a su gestión, reconocidas en vía

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administrativa o por decisión definitivamente firme emanada de órganos jurisdiccionales, según las instrucciones que dicte la Ministra.

3. Suscribir las órdenes de movimientos de personal, de reingreso, licencia, permisos, pensiones de jubilación o incapacidad, conformación de horas extras de trabajo, el otorgamiento de becas para los funcionarios, empleados y obreros y la concesión de ayuda económica con fines sociales, debiendo obtener previamente autorización de la Ministra, a través de Punto de Cuenta, para los nombramientos, designaciones, ingresos, remociones, destituciones, retiro, firma y rescisión de contratos administrativos laborales y comisiones de servicios.

4. Suscribir y aprobar la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y de servicios internos, conforme a los requerimientos de la Ministra.

5. Coordinar la tramitación de las modificaciones necesarias para solventar las insuficiencias presupuestarias presentadas en el ministerio, sus órganos desconcentrados y entes adscritos.

6. Tramitar con los organismos correspondientes los traslados internos y externos de las partidas presupuestarias, mediante los procedimientos legales establecidos para tal fin.

7. Suscribir las asignaciones de fondos de gastos, caja chica y órdenes de pago, hasta por un monto de cincuenta mil unidades tributarias (50.000 U.T).

Artículo 2º. El presente acto de delegación no conlleva ni entraña la facultad de subdelegar las atribuciones delegadas.

Artículo 3°. El funcionario objeto de la presente delegación presentará mensualmente a la Ministra una lista detallada de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación.

Artículo 4º. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de Resolución, y de Gaceta Oficial donde haya sido publicada.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

MINISTRA DE PODER POPULAR PARA ELTURISMO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Despacho del Ministro Caracas, 25 de Syptembre DM/N° 0038 de 2018.

208°, 159° y 190

Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario mediante la revisión, rectificación, reimpulso y reunificación, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo soberano enalteciendo su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 1 del Reglamento sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la presente, RESOLUCIÓN Artículo 1. Se delega en la ciudadana MARLIZE sOLEDAD GUERRERO CAMACH0, titular de la cédula de identidad N° V-6.430.339, Directora General de la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, la firma de los actos y documentos, que se indican a continuación:

Firmar los oficios, memoranda, circulares e instrucciones destinadas a las demás 1.

direcciones del Ministerio y sus entes adscritos cuya tramitación le corresponda.

Certificación de copias de los documentos y expedientes cuyos originales reposan 2.

en los archivos de la Dirección a su cargo.

Las comunicaciones, postal y electrónica, internas o externas, así como las 3.

dirigidas a otros organismos públicos y privados relacionadas con las funciones inherentes a su cargo.

Artículo 2. Los actos y documentos suscritos por la Directora General de la Oficina de Ge$tión Humana que sean ejecutados en ejercicio de la presente delegación, deberán indicar bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha y el número de esta Resolución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial donde hubiere sido publicada.

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, ARISTÓBULOIZTÚRIZ ALMEIDA Minist del Poder Popular para la Educación eto4 de fecha 04 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479 de fecha 11 de septiembre de 2018

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Despacho del Ministro Caracas, 25 de Septhembre 2018 DM/N° 0037 208°, 159° y 190 Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario mediante la revisión, rectificación, reimpulso y reunificación, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo soberano enalteciendo su y 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo dispuesto en los artículos 5, numeral 2, 19 último aparte y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la

Ministerio, el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la presente, RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa al ciudadano SIEBERTH JOHAN ÁLVAREZ VARONA, titular de la cédula de identidad N° V-14.531.422, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa, adscrito al Despacho del Ministro del Poder Popular para la Educación, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quién ejercerá las funciones previstas en el artículo 26 del Decreto Sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental es la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, contemplados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013- 2019.

Artículo 2. Se autoriza expresamente al mencionado ciudadano, con el carácter que se le otorga mediante la presente Resolución; para que actúe como Cuentadante de la Unidad Administradora Central Oficina de Gestión Administrativa, bajo el N° 01309, de conformidad con la Resolución DM/N° 0042, de fecha 19 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.303, de la misma fecha, mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Educación para el la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario.

Artículo 3. Delegar en el ciudadano SIEBERTH JOHAN ÁLVAREz VARONA, anteriormente identificado, la firma de los actos o documentos relativos a las siguientes atribuciones:

a) Firmar los oficios, memorando, circulares e instrucciones designadas a las demás Direcciones del Ministerio y sus entes adscritos sobre actuaciones de carácter técnico administrativo cuya tramitación le corresponda.

b) Suscribir órdenes de compra, servicios y: pagos que guarden relación directa con el Ministerio; así como la facultad para suscribir los actos en aplicación de la Ley de Presupuesto Anual del ejercicio fiscal correspondiente o cualquiera de las modificaciones que sufriere, hasta por el monto de Once Mil Unidades Tributarias (11.000 U.T.).

c) Dar Apertura, movilizar, cerrar cuentas. bancarias y registrar las firmas de los funcionarios y funcionarias autorizados para movilizarlas.

d) Suscribir los contratos a celebrarse entre el Ministerio y las empresas de servicios básicos como: electricidad, agua, gas, telefonía local y móvil, aseo urbano y domiciliario.

e) El endoso de cheques y otros títulos de crédito que guarden relación con el Ministerio.

f) Constituir y tramitar la transferencia de fondos en anticipo, fondos en ananices y cajas chicas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario.

g) Aprobar los puntos de cuenta para la adjudicación, declaratoria de desierto, terminación y suspensión de los procedimientos de selección de contratistas previstos en la Ley de Contrataciones Públicas y Reglamento.

h) Suscribir contratos de obras, de adquisición de bienes y prestación de servicios derivados de los procedimientos de selección de contratistas ajustándose a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento hasta por el monto de Once Mil Unidades Tributarias (11.000 U.T.) i) Aprobar los actos motivados para la contratación directa prevista en la Ley de Contrataciones Públicas, destinada a la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios.

j) Suscribir contratos de arrendamiento, comodatos y otros de cualquier naturaleza.

k) Aprobar y autorizar el otorgamiento de viáticos y pasajes al personal del Ministerio, en el territorio nacional y en el exterior, de acuerdo a las previsiones legales y sub legales.

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I) Suscribir actos administrativos que decidan acerca de la procedencia del pago de deudas de años precedentes a su gestión, reconocidas en vía administrativa o por decisión definitivamente firme emanada de órganos jurisdiccionales.

m) Formular las solicitudes de adquisición. de divisas ante el Banco Central de Venezuela para los casos descritos en ei artículo 2 del Convenio Cambiario No.

11.

n) Ejecutar todas y cada una de las atribuciones conferidas a la máxima autoridad en los trámites que regula el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos y las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Bienes Públicos: como Responsable Patrimonial del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

o) Aprobar y autorizar la adquisición de bienes muebles por parte de las Unidades Administradoras Desconcentradas del Ministerio.

p) Certificar documentos, copias y cualquier documento relacionado con los contratos y acreencias no prescritas y en general, la certificación de documentos, copias y otros documentos que reposen en el archivo de su oficina Artículo 4. El presente acto de delegación no conlleva, ni entraña la facultad de subdelegar las atribuciones.

Artículo 5. El funcionario delegado, deberá presentar al menos una vez al mes al ciudadano Ministro un informe detallado de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación.

Artículo 6. Según corresponda, el funcionario delegado procederá a registrar su firma ante la Oficina Nacional del Tesoro, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), el Banco Central de Venezuela y la Contraloría General de la República, si fuere el caso.

Artículo 7. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional de fecha 17 de septiembre. de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969.

Artículo 8. Los actos y documentos suscritos por el Director General de la Oficina Administrativa que sean ejecutadas en ejercicio de la presente delegación, deberán indicar bajo la firma del funcionario, delegado, la fecha y número de la presente Resolución, así como la fecha y número de la Gaceta Oficial donde hubiere sido publicada.

Artículo 9. El Ministro del Poder Popular para la Educación se reserva discrecionalmente la firma de los actos y documentos objeto de la presente delegación.

Artículo 10. Se deroga la Resolución N° DM/No 0006 de fecha 1 de marzo 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.104 de fecha 1 de marzo 2017.

Artículo 11. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Porel Ejecutivo Naciona

Huiw ABISTÓBOLO IZTÓRIZ ALMEIDA Ministro pel Poder Popular para la Educación Decreto N° 3604 de fecha 11/de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficiat de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.479

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Despacho del Ministro Caracas,25 de Syphembre.de 2018.

DM/N° 004.2 208°, 159° y 190 Con el supremo compromiso y voluntad de profundizar la participación del Poder Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario mediante la revisión, rectificación, reimpulso y reunificación, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo soberano enalteciendo su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo' dispuesto en los artículos 5, numeral 2, 19 último aparte y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función. Pública, el artículo 1 del Reglamento Sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, y el artículo 5 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, el Ministro del Poder Popular para la Éducación, dicta la presente, RESOLUCIÓN Artículo 1. Sedesigna a la ciudadana CARMEN BELINDA FERNÁNDEZ TREJO, titular de la cédula de identidad N° V-15.099.414, como Directora General (E) de la Oficina de .Planificación y Presupuesto, adscrita al Despacho del Ministro, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela, quién ejercerá las funciones previstas en el artículo 24 del Decreto Sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental es la justicia social, la equidad y la solidaridad entre os seres humanos y las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, contemplados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico de la Nación 2013-2019.

Artículo 2. Delegar en la ciudadana CARMEN BELINDA FERNÁNDEZ TREJO, anteriormente identificada, la firma de los actos y documentos relativos a las siguientes atribuciones:

1. Autorizar las modificaciones presupuestos por fuentes de financiamiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación, a que se refiere el artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005; previa aprobación del ciudadano Ministro por Punto de Cuenta.

2. Firma y Certificación de copias de los documentos cuyos originales reposan en los archivos de la Oficina a su cargo y en el archivo central del Miniserip inherentes a la misma.

Artículo 3. El presente acto de delegación no conlleva, ni entraña la facultad de subdelegar las atribuciones aquí delegadas.

Artículo 4. La funcionaria delegada deberá presentar, al menos una vez al mes, al ciudadano Ministro, un informe detallado de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación.

Artículo 5. Los actos y documentos suscritos por la Directora General de la Oficina de Planificación y Presupuesto que sean ejecutados en ejercicio de la presente delegación, deberán indicar bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha y el número de esta Resolución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial donde hubiere sido publicada.

Artículo 6. Según corresponda, la funcionaria delegada procederá a registrar su firma ante la Oficina Nacional del Tesoro (ONT), la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y la Contraloría General de la República (CGR), si fuere el caso.

Artículo 7. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese;

im ARISIOBULIZTÚRIZ ALMEIDA MinisdelRor Popular para la Educación 11

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Despacho del Ministro de Syphiembre. de 2018.

DM/N° 0043 25 Caracas, 208°, 159°:y 19° Con el supremo compromiso, y voluntad de profundizar la participación del Poder Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario mediante la revisión, rectificación, reimpulso y reunificación, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo soberano enalteciendo su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 1 del Reglamento sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la presente,

RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la ciudadana MIRLA YRIS CASTELLANO VILLARREAL, titular de la cédula de identidad N° V-11.189.424, Directora (E) de la Zona Educativa del estado Barinas, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quién ejercerá las funciones previstas en el artículo 39 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental es la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República Bolivariana de. Venezuela, contemplados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.

Artículo 2. Se autoriza expresamente a la mencionada ciudadana, con el carácter que se le otorga mediante la presente Resolución; para que actúe como Cuentadante de la Unidad Administradora Desconcentrada con Firma Zona Educativa del estado Barinas, bajo el N° 10005, de conformidad con la Resolución DM/N° 0042 de fecha 19 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta" Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.303, de fecha 19 de diciembre de 2017, mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del

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Poder Popular para la Educación para el año 2018, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario.

Artículo 3. Se delega en la referida ciudadana las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se indican:

1. Las certificaciones de las calificaciones donde conste los resultados de evaluación educativa de los distintos niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica.

2.

Las equivalencias de los planes de estudios vigentes cursados en el exterior en el nivel de educación media.

3.

Expedir copias certificadas de los documentos que reposan en los archivos de la Zona Educativa, a solicitud de pacte interesada legítima o de las autoridades competentes.

La correspondencia postal, telegráfica e informática en relación con las solicitudes 4.

elevadas a este Ministerio, por particulares y demás instituciones públicas y privadas.

5.

Las circulares, comunicaciones y correspondencia que emanen de la Zona Educativa.

6.

Los contratos de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las dependencias administrativas, depósitos y planteles educativos, en su ámbito geográfico, mediante acto motivado, cuando las circunstancias así lo justifiquen;

de conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos. Igualmente, los contratos de servicios básicos con las empresas de electricidad, gas, agua, teléfono, telecomunicaciones, correo, aseo urbano, que sean necesarios para el mejor desempeño de la Zona Educativa correspondiente, de acuerdo al monto de la asignación presupuestaria y a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario.

Artículo 4. La referida funcionaria deberá rendir cuenta al Ministro, de los actos y documentos firmados en virtud de la delegación conferida en el artículo anterior, y es responsable civil, penal, disciplinaria y administrativamente de las faltas en que incurra y puede ser sancionado según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y otras Leyes vigentes aplicables.

Artículo 5. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha y número de la presente Resolución, así como la fecha y número de la Gaceta Oficial donde haya sido publicada.

Comuníquese y publíquese,

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Despacho del Ministro Caracas, 25 DM/N° 00Y0 de Septiembr, de 2018.

208°, 159° y 19° Con el supremo compromiso y voluntad de profundizar la participación del Poder Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario mediante la revisión, rectificación, reimpulso y reunificación, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo soberano enalteciendo su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 numeral 6 de la;Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 1 del Reglamento sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la presente,

RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la ciudadana KARENLY DEL VALLE SÁNCHEZ NEGRIN, titular de la cédula de identidad N° V-11.828.475, Directora (E) de la Zona Educativa del estado Sucre, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quién ejercerá las funciones previstas en el artículo 39 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental es la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, contemplados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.

Artículo 2. Se autoriza expresamente a la mencionada ciudadana, con el carácter que se le otorga mediante la presente Resolución; para que actúe como Cuentadante de la Unidad Administradora Desconcentrada con Firma Zona Educativa del estado Sucre, bajo el N° 10019, de conformidad con la Resolución DM/N° 0042 de fecha 19 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.303, de fecha 19 de diciembre de 2017, mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Educación para el año 2018, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el $istema Presupuestario.

Artículo 3. Se delega en la referida ciudadana las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se indican:

Las certificaciones de las calificaciones donde conste los resultados de evaluación 1.

educativa de los distintos niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica.

2.

Las equivalencias de los planes de estudios vigentes cursados en el exterior en el nivel de educación media.

3.

Expedir copias certificadas de los documentos que reposan en los archivos de la Zona Educativa, a solicitud de parte interesada legítima o de las autoridades competentes.

La correspondencia postal, telegráfica e informática en relación con las solicitudes 4.

elevadas a este Ministerio, por particulares y demás instituciones públicas y privadas.

Las circulares, comunicaciones y correspondencia que emanen de la zona 5.

Educativa.

6.

Los contratos de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las dependencias administrativas, depósitos y planteles educativos, en su ámbito geográfico, mediante acto motivado, cuando las circunstancias así lo justifiquen;

de conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos. Igualmente, los contratos de servicios básicos con las empresas de electricidad, gas, agua, teléfono, telecomunicaciones, correo, aseo urbano, que sean necesarios para el mejor desempeño de la Zona Educativa correspondiente, de acuerdo al monto de la asignación presupuestaria y a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y Reglamento N° 1 de. la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario.

Artículo 4. La referida funcionaria deberá rendir cuenta al Ministro, de los actos y documentos firmados en virtud de la delegación conferida en el artículo anterior, y es responsable civil, penal, disciplinaria y administrativamente de las faltas en que incurra y puede ser sancionado según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y otras Leyes vigentes aplicables.

Artículo 5. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha y número de la presente Resolución, así como la fecha y número de la Gaceta Oficial donde haya sido publicada.

EDuomuníquese y publíquese, ay ARISEOBULOUAZTURIZ ALMEIDA Ministro del Poder Popular para la Educación

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 2080, 1590 y 190 RESOLUCIÓN N° 276 De conformidad con lo establecido en los artículos 65 y 78 numerales 1, 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 numeral 2 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública;

artículo 44 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y artículo 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, este Despacho Ministerial,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano NEOMAR AUGUSTO SILVA DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° V-13.615.944, como ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL INFANTIL MATERNO COMANDANTE SUPREMO "HUGO CHAVEZ FRÍAS", en Calidad de ENCARGADo, adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

ARTícuLo 2. Designar como Responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada con delegación de firma, al funcionario antes identificado, de acuerdo con los siguientes datos:

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C.I.

Nombres y Apellidos Unidad Administradora Código de Unidad Administradora Desconcentrada NEOMAR AUGUSTO SILVA V-13.615.944 11053 HOSPITAL MATERNO DÍAZ, INFANTIL COMANDANTE SUPREMO "HUGO CHAVEZ FRÍAS",

ARTícuLo 3. El mencionado ciudadano, antes identificado, deberá prestar caución suficiente para el ejercicio de sus funciones ante la Auditoria Interna de la respectiva Unidad Administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 52 de su Reglamento N° 1 Sobre el Sistema Presupuestario.

ARTÍCULO 4. El ciudadanO NEOMAR AUGUSTO SILVA DÍAZ, deberá presentar Declaración Jurada de Patrimonio, anexar copia simple del comprobante emitido por la Contraloría General de la República, y posteriormente consignarlo por ante la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

ARTícuLo 5. La presente Resolución surte efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, CARLOS-ALVARADO GONZALEZ Ministerio del Poder Popular para la Salud Decreto N° 3.489 de fecha 25 de junio de 2018 Gaceta Oficial de la República.Bolivariana de Venezuela N° 41.426 de la misma fecha.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 03 de agosto de 2018 208º, 159° Y 190 N° 483 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, comO reconocimiento a Su CompromisO, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora del, REGISTRO NACIONAL ÚNICO DE OPERADORES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS, a los siguientes Ciudadanos:

PRIMERA CLASE - EUMELIA HERNÁNDEZ RONDON HERNÁNDEZ, ROSA MARÍA TERCERA CLASE - PEDRO PASCUAL ABARCA BARRIOS ASPRILLA, YONNY ALFONSO MALAVE OCA, LUIS EDUARDO

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Germán Eduardo Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial N°.41.419 de fecha 14/06/2018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas 13 de Septiembre de 2018 2080, 1590 y 190 N° 541 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, comO reconocimiento a Su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de, INVERSIONES INMOBILIARIAS IAR 1997, C.A. HOTEL GRAN MELIÁ CARACAS., a los siguientes ciudadanos:

SEGUNDA CLASE — CARMEN CLEMENTE TRAVIESO CARABALLO CALDERÓ, GLORIA YISEL GARCÍA BEASCOCHEA, MARÍA ISABEL GONZÁLEZ BARROS A, ANABELL MARTÍNEZ ALVARADO, ZAIRA MARGARITA SEGUNDA_ CLASE — ANTONIO DÍAZ "POPE" ALARCÓN ROJAS, REINALDO CASTILLO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL FIGUEROA, LUIS FRANCISCO GALVIZ ARENAS, JOSÉ ANTONIO MEDINA LOYO, OMAR JOSÉ MORALES SERRANO CARLOS ALBERTO OLIVARES CHIRINOS, JOSÉ ALBERTO OSUNA MORALES, JESÚS VLADIMIR PÉREZ LÓPEZ, JESÚS ANTONIO PLANCHART PLANCHART, JUAN CARLOS GALVIZ, LUIS ANTONIO SERRANO MONCADA, SAMUEL ZAPATA RANGEL, JOSÉ UVALDO

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Germán Eduardo, Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social-de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial Nro.41.419 de fecha 14/06/2018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO·DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 538 Caracas, 12 de septiembre de 2018 Años 2080, 159o y 190 El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, designado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419, de igual fecha; con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficiencia política y calidad revolucionaria en la colaboración y coordinación entre las unidades desconcentradas territorialmente del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y sus entes adscritos, para la correcta aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en función de garantizar y proteger la estabilidad y desarrollo del proceso social de trabajo, como estrategia para consolidar la libertad, la independencia y la soberanía nacional, producir los bienes y prestar los servicios amante de la paz, la sociedad socialista. En ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 3, 12, 19 y 26 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.174 Extraordinario, de fecha 20 de febrero de 2015;

con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; el numeral 1 del artículo 500 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y la Resolución N° 9062 de fecha 04 de febrero de 2015.

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RESUELVE

PRIMERO: Designar al ciudadano JOSE DAVID CARDENAS RAMIREZ, cédula de identidad N° 5.650.644, en el cargo de DIRECTOR ESTADAL (Grado 99), código de nómina 2858, adscrito a la Dirección Estadal Táchira.

sEGunpo: El funcionario aquí designado ejercerá las funciones establecidas en el artículo 27 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, además, se le autoriza y delega la firma de los actos y documentos que a continuación se indican:

1. Las circulares, memoranda, oficios y comunicaciones inherentes a su Dirección, dirigidas a las oficinas y Direcciones dependientes del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

2. La correspondencia inherente a su Dirección dirigida a los funcionarios subalternos, administrativos, judiciales, municipales, de los Estados y del Distrito Capital.

3. La correspondencia de cualquier naturaleza, inherente a su Dirección, en respuesta a solicitudes dirigidas a su Despacho por los particulares.

4. La certificación y documentación correspondiente a la Dirección a su Cargo.

Así mismo, en virtud de lo establecido en los artículos 9 y 51 del Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, lo designo como funcionario responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada, para la ejecución financiera del presupuesto de gastos del ejercicio económico financiero de 2018.

TERcERo: En virtud de la atribución delegada, los actos señalados en la presente Resolución, deberán indicar de forma inmediata y debajo de la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de la presente Resolución y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya sido publicada.

cUARTA: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRIGUEZ MINISTRO DEL PODER POPÙLAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Según Decreto No 3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.41.419 de fecha 14/06/2018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 546 Caracas, 18 de septiembre de 2018 Años 208°, 159° y 19° mediante Decreto N° 3.464 de fecha 14/06/2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.41.419, de igual fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78, numerales 2, 3, 12, 19 y 26, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Administración Pública Nacional; en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; así como los artículos 2°, 3° y 6° del Decreto 1.617 mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo de fecha 20 de febrero de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.174 Extraordinario de fecha 20 de febrero de 2015.

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO WILMER ANTONIO FLORES LAZA, cédula de identidad N° 10.867.398, para ocupar el cargo de DIRECTOR GENERAL (Grado 99), código de nómina N° 3471, adscrita a la DIRECCION GENERAL DE AUTOFORMACIÓN DESDE EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJo, dependiente del Despacho de la Viceministra para la Educación y el Trabajo para la Liberación, del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

sEGunDo: Al funcionario designado se le autoriza y delega la firma de los actos y documentos que a continuación se indican:

1. Las circulares, memoranda, oficios y comunicaciones inherentes a su Dirección, dirigidas a las oficinas y Direcciones dependientes del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

2. La correspondencia inherente a su Dirección dirigida a los funcionarios subalternos, administrativos, judiciales, municipales, de los Estados y del Distrito Capital.

3. La correspondencia de cualquier naturaleza, inherente a su Dirección, en respuesta a solicitudes dirigidas a su Despacho por los particulares.

4. La certificación y documentación correspondiente a la Dirección a su Cargo.

TERCERo: En virtud de la atribución delegada, los actos señalados en la presente Resolución, deberán indicar de forma inmediata y debajo de la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de la presente Resolución y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de, Venezuela donde haya sido publicada.

cuArto: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRIGUEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Según Decreto No 3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 41.419 de fecha 14/06/2018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO.

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

Fecha 10/09/2018 Años: 208°/159°/190 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0014 En ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 1, 2 y 6 del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.236 de fecha 26 de Julio de 2005, al ciudadano OSWALDO EMILIO VERA ROJAS, en su carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), según Decreto N° 3.588 de fecha 23 de agosto de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.466 de fecha,23 de agosto de 2018, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa a la ciudadana ROSALBA PEREZ, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.303.403 como DIRECTORA DE PERSONAL del INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET).

Artículo 2. Se deroga la Providencia Administrativa Nº 0006, de fecha 28/02/2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.359, de fecha 13/03/2018.

Artículo 3. La Dirección de Personal del INCRET, ejercen las siguientes funciones:

1.-Proponer al presidente o presidenta, política de gestión de personal, en concordancia con las disposiciones legales o sub legales aplicables.

página original (tal como se publicó)Página 11 de la Gaceta

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2.-Aplicar las normas y procedimientos que en materia de administración de Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los trabajadores y Trabajadoras y demás disposiciones legales aplicables vigentes.

3.- Planificar, organizar y dirigir la realización de los concursos que se requieran para el ingreso o ascenso de los funcionarios y funcionarias de carrera, según las bases y baremos aprobados por el órgano rector en la materia.

4.- Instruir, cuando sea procedente, los expedientes a los funcionarios y funcionarias, que hayan incurridos en faltas que dieran lugar a la aplicación de las sanciones previstas en las leyes vigentes en la materia.

5.- Hacer seguimientos al cumplimiento de los beneficios contractuales en materia sociolaboral del personal del instituto.

6.- Procesar y remitir a los organismos competentes, la documentación relacionada con las prestaciones laborales establecidas en las leyes y reglamentos que regulan la materia.

7.- Desarrollar perfiles ocupacionales aprobados por el presidente o presidenta del Instituto y establecer las políticas generales en cuanto a la normalización de técnicas y procedimientos de capacitación, adiestramientos y desarrollo para el personal.

8.- Determinar las necesidades de formación y desarrollo de los trabajadores y trabajadoras en las distintas dependencias administrativas del instituto, y formular los planes respectivos.

9.- Desarrollar los planes de formación del personal de nuevo ingreso en las unidades administrativas del instituto.

10.-Dirigir el sistema de evaluación continua del desempeño de conformidad a las directrices del ministerio con competencia y la normativa legal vigente, así como las estrategias y estímulos a la emulación de las conductas positivas, tanto individuales como colectivas.

11.- Asistir a la Dirección de Administración, en la ejecución de los pagos del personal, de conformidad con lo establecido en la ley del Estatuto de la Función de Pública y el Decreto, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los trabajadores y trabajadoras y demás disposiciones legales aplicables.

12.- Elaborar el plan de personal, realizar la programación, seguimiento y control del uso y aplicación de los recursos asignados para la gestión de personal, a fin de garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia, mediante el suministro e intercambio periódico de datos e información con la Dirección de Planificación y Presupuesto.

13.- Mantener actualizado y organizado el registro de los expedientes administrativos del personal del Instituto, así como el desarrollo de una plataforma digital de los mismos, en coherencia con los requerimientos de los ministerios con competencia en la política de la gestión humana y presupuestaria.

14.- Dirigir los procesos de jubilaciones y pensiones del personal adscrito al Instituto.

15.- Ejecutar y supervisar las actividades tendentes al cumplimiento de la normativa en materia de prevención, salud y seguridad laborales conjuntamente con la dirección de administración y demás dependencias del Instituto.

16.- Planificar y dirigir los programas de bienestar social destinado al personal del Instituto.

17.- Certificar los actos y documentos que reposan en los archivos de la Dirección de Personal, de conformidad con lo previsto en la ley.

18.- Las demás funciones que le confiere las leyes, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos en materia de su competencia.

Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del día 11/09/2018.

Comuníquêse y Publíquese.

OSWALDO EMILIO VERA.

Presidente (E) del INCRET.

Según Decreto N° 3.588 de fecha 23 de agosto de 2018, publicado en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.466 de fecha 23 de agosto de 2018.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

Fecha: 13/09/2018 208°/1590/190 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0015 En ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 1, 2 y 6 del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.236 de fecha 26 de Julio de 2005, el ciudadano OSWALDO EMILIO VERA ROJAS, en su carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), según Decreto N° 3.588 de fecha 23 de agosto de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.466 de fecha 23 de agosto de 2018 dicta la siguiente:

ACUERDA Artículo 1. Designar a los miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), la cual conocerá de los Procedimientos de Contrataciones Públicas, relacionados con la Selección de Contratistas para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios y Ejecución de Obras, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.154, de fecha 19 de noviembre de 2014.

Artículo 2. Los miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas, estará integrada de la siguiente manera:

ÁREA MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE Abog. Julieta Mercedes Pignoloni Jurídica Abog. Lidsay Maryori Medina Palacios Porras C.I. N°. V- 7.682.249 C.I. N°. V-10.194.778 Joselig Dayana López Brando Economía Elicet Militza Arboleda Ojeda C.I. N°. V- 16.421.813 Financiera C.I. N°. V-19.955.509 Franklin Ramon Martinez Albornoz Técnica José Ricardo Salinas Trejo C.I. N°. V- 6.368.860 C.I. N°. V- 4.246.806 Licett Maribel Mejias Marquez.

Gustavo Adolfo Roa Guerra Secretario C.I. N°. V- 3.427.576 C.I. N°. V- 10.379.284 Quienes tendrán las atribuciones que se establecen en los Artículos 15 y 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas anteriormente enunciado.

Artículo 3. La Comisión de Contrataciones, podrá solicitar la participación de asesores técnicos especializados, como también designar subcomisiones de trabajo,;

en atención a la complejidad de las obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios de que se trata.

Artículo 4. La Comisión de Contrataciones tendrá los deberes y atribuciones que le confiere el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Contrataciones Públicas, su Reglamento y demás normativas que regulan la materia.

Artículo 5. Queda sin efecto la Providencia Administrativa N° 0003, de fecha 04/07/2017, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 41.206, de fecha 3 de agosto de 2017.

Artículo 6. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del trece (13) de septiembre de 2018.

Comuníquess y Publíquese.

OSWALDO EMILIO VERA ROJAS.

Presidente (E) del INCRET.

Según Decreto N° 3.588 de fecha 23 de agosto de 2018, publicado en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.466 de fecha 23 de agosto de 2018.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 238 CARACAS, 27 DE AGOSTO DE 2018 2080, 1590 Y 19° En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 78, numeral 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 5 y artículo 18 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

DECIDE Artículo 1. Nombrar a la Ciudadana LIZETT MILAGROS CARRERO GUILLEN, titular de la Cédula de Identidad N° v- 7.660.730, como Consultora Jurídica, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, a partir del 27 de agosto de 2018.

CÓDIGO RAC-N° 018.

página original (tal como se publicó)Página 12 de la Gaceta

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juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuenta en los términos y condiciones que determine la ley.

Artículo 3. Los actos y documentos firmados a partir de la publicación de esta Providencia Administrativa, deberán indicar de forma inmediata bajo la firma de la funcionaria nombrada, la fecha y número de la misma y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la cual haya sido publicada.

CESAR VLADIMIR ROMERO SALAZAR Presidente del Institto Nacional de los Espacios Acuáticos Decreto Nro. 2.874 de fechge01 segin Gaceta Oficial No. 41.153 de fecha 18 de mayo de 2017 Reimpreso por eeaieranegún Goceta Oficial No. 41.166 de fecha 6 de junio de 2017

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GPA-488-18 CARACAS, 28 DE AGOSTO DE 2018 208°, 159° y 19° En ejercicio de las competencias que me confieren los artículos 9 y 67 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009; de conformidad con el numeral 4 y 11 del Artículo 7 y numerales 1, 3 y 15 del Artículo 13 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005.

POR CUANTO, En comunicación identificada con el número OCACCS/2018/2205, de fecha 22 de mayo del 2018, emanada de la sociedad mercantil ASERCA AIRLINES, c.A., inscrita por ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha seis (6) de marzo de 1968, bajo el N° 746, sufriendo sus Estatutos ulteriores modificaciones, siendo la última de ellas inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha (18) dieciocho de diciembre de 2013, bajo el N° 17, Tomo 175-A-314, donde manifiesta su intención de renunciar a su permiso de explotación del servicio público de transporte aéreo, que fue otorgado mediante Providencia Administrativa identificada con la nomenclatura N° PRE-CJU-GDA-1762-16 de fecha 20 de Diciembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.062 de fecha 28 de diciembre de 2016.

POR CUANTO, El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) es el ente de la Administración Pública competente para otorgar los permisos para la explotación del Servicio Público de Transporte Aéreo, de igual forma tiene la potestad de suspender, revocar o aceptar la renuncia o devolución de los Certificados de Explotador del Servicio Público de Transporte Aéreo y los Permisos Operacionales cuando las circunstancias así lo ameriten de conformidad con la Ley de Aeronáutica Civil y las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas.

POR CUANTO,

La sociedad mercantil ASERCA AIRLINES, C.A. realizó la entrega formal al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) del Certificado de Explotador Servicio Público de Transporte Aéreo, en virtud de la necesaria restructuración integral de sus operaciones a los fines de garantizar operaciones aéreas seguras, ordenadas y eficientes.

DECIDE:

PUNTo único. Dejar sin efecto en todas y cada una de sus partes la Providencia Administrativa N° PRE-CJU-GDA-1762-16 de fecha 20 de Diciembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.062 de fecha 28 de diciembre de 2016, mediante la cual se le otorgó a la sociedad mercantil ASERCA AIRLINES, C.A., el permiso de explotación del servicio público de transporte aéreo por un lapso de cinco (05) años.

uníquese y Publíquese,

PRESIDENCIA ORGE LUIS MO ITENEGRO CARRILLO Decreto Noe fecha 03/06/2015.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GPA-489-18 CARACAS, 28 DE AGOSTO DE 2018 208°, 159° y 19° En ejercicio de las competencias que me confieren los artículos 9 y 67 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009; de conformidad con el numeral 4 y 11 del Artículo 7 y numerales 1, 3 y 15 del Artículo 13 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005.

POR CUANTO, El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) es el ente de la Administración Pública competente para otorgar los permisos para la explotación del Servicio Público de Transporte Aéreo, de igual forma tiene la potestad de suspender o revocar los Certificados de Explotador del Servicio Público de Transporte Aéreo y los Permisos Operacionales cuando las circunstancias así lo ameriten de conformidad con la Ley de Aeronáutica Civil y las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas.

POR CUANTO, El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, en virtud de sus competencias establecidas en el artículo 68 de la Ley de Aeronáutica Civil y Regulación Aeronáutica Venezolana 119 (RAV 119) mediante Providencia Administrativa Número PRE/CJU/GPA/213-18 de fecha 25 de abril de 2018, notificada en fecha 30 de abril de 2018, procedió a revocar el Certificado de Explotador del Servicio Público de Transporte Aéreo a la Sociedad Mercantil SANTA BARBARA AIRLINES C.A., así como el Permiso de Explotador del Servicio Público de Transporte Aéreo Regular y No Regular contenido en la Providencia Administrativa N° PRE-CJU-GDA-1763-16 de fecha 20 de diciembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.062 de fecha 28 de diciembre de 2016.

POR CUANTO, Se cumplió en su totalidad el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la Ley de Aeronáutica Civil, contemplado en los artículos 117 y siguientes ejusdem, sustanciado en el expediente administrativo signado con el N° 033-18.

DECIDE:

PUNTo único. Dejar sin efecto en todas y cada una de sus partes la Providencia Administrativa N° PRE-CJU-GDA-1763-16 de fecha 20 de diciembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.062 de fecha 28 de diciembre de 2016 mediante la cual se le otorgó a la SOciedad mercantil SANTA BARBARA AIRLINES C.A., el de cinco (05) años.

Cómuníquese y Publíquese,

PRESIDENCI

Presidente dal Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) AL PEeneto No 1.800 de fecha 03/06/2015.

Publicado en Gaceta Oficial N° 40.674de fecha 03/06/2015.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N°. 053-18 Caracas, 17 de Septiembre de 2018 2080, 1590 y 19° RESOLUCIÓN EL Ministro del Poder Popular para la Alimentación, LUIS ALBERTO MEDINA RAMIREZ, designado mediante Decreto N° 3.026 de fecha 21 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.218 de fecha 21 de agosto de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 y en los numerales 15 y 19 del artículo 78 del Decreto N° 1424 de fecha 17 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los numerales 2 del artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, el Decreto N° 3.200 de fecha 15 de diciembre de 2017, donde se dicta el Decreto 29 contentivo del Instrumento Normativo

página original (tal como se publicó)Página 13 de la Gaceta

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Financiero 2018, y el Decreto N° 3.452, de fecha 05 de junio de 2018, mediante el cual se define el monto de endeudamiento en bolívares que la República podrá contraer mediante Normativo con Tratamiento de Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2018 », este Despacho.

RESUELVE Artículo Único. Se aprueba la publicación del traspaso presupuestario de gastos de capital del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN, pOr la Cantidad de (Bs. s 23.200,00),Recursos Ordinarios, que fue aprobado por este Ministerio mediante Punto de Cuenta N° 107-18 en fecha 07 de septiembre de 2018, de acuerdo con la siguiente imputación:

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Bs. 23.200,00 410002000 "Gestión Administrativa" Acción Centralizada DE:

410002001 "Apoyo institucional a las acciones especificas de los Acción Especiífica Proyectos del organismo" separer-qns Genéricas y Específicas Oficina de Tecnologia de la Información y 10059 Comunicación Repuestos, reparaciones, mejoras y adiciones 23.200,00 404 01 00 00 mayores 23.200.00 01 99 Repuestos mayores para otras maquinarias y equipos PARA:

410002001 "Apoyo institucional a las acciones especificas de los Acción Especiífica Proyectos del organismo" Partida:

Sub-partidas Genéricas y Específicas Oficina de Tecnología de la Información y 10059 Comunicación 23.200,00 404 00 Otros activos reales 99 00 23.200.00 00 01 Otros activos reales DE VENEZUE Comuníquese y Publígue LICA BOL LUIS ALBERTO MEDINA RAMIREZ

MINISTRO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DIRECTORIO PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°_06/2018 Veinte DE Masgt DE 2018 CARACAS, DISTRITO CAPITAL, _ AÑOS 207°, 159° y 19°.

VISTO

El DIRECTORIO del INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, ente autónOmO Con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, personalidad jurídica propia y patrimonio independiente del Fisco Nacional, creado según Decreto N° 164 de fecha veintidós (22) de junio del año mil novecientos cuarenta y nueve (1949), publicado en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 22.952 del veintitrés (23) de junio del año mil novecientos cuarenta y nueve (1949), identificado con el número de Registro de Información Fiscal N° G-20000046-5, designado mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, designado según las Resoluciones del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Nro 013/15, de fecha nueve (09) de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.682, de fecha quince (15) de junio de 2015, la Nro 060/17, de fecha treinta (30) de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.186, de fecha cuatro (04) de julio de 2017, y Nro 032/18, de fecha nueve (09) de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.359, de fecha trece (13) de marzo de 2018, actuando conforme lo dispuesto en el Artículo 30 y el Artículo 31 en los numerales 7 y 11, ambos de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.741, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil once (2011), los Artículos 6 numeral 4, 14 y 16 del Decreto N° 1.399, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil catorce (2014), publicado en la Gaceta Oficial N° 6.154, Extraordinario, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil catorce (2014), Decreto con Rango, Va!or y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, !os Artículos 3, 4, 10, 12 y 19 del Decreto N° 1.424, de fecha diecisiete (17) oviembre del año dos mil catorce (2014), publicado en la Gaceta Oficial de la Repúpica Bolivariana de Venezuela, N° 6.147, Extraordinario, de fecha diecisiete (17) O de ngyiembre del año dos mil catorce (2014), Decreto con Rango Valor y Fuerza de rgánica de la Administración Pública,

DECIDE:

PRIMERo: Constituir la Comisión de Contrataciones del Instituto Nacional de Deportes, para la realización de los procesos de selección de contratistas, con motivo de la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que requiera el Instituto en el ejercicio de sus competencias, ello conforme dispone la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

SEGunDo: Designar como miembros de la Comisión de Contrataciones del Instituto Nacional de Deportes, según las áreas y cualidades que con ellos se mencionan, a los ciudadanos y ciudadanas:

. MILEIDY ANREINA BASTIDAS MONTILLA, titular de la cédula de identidad N° V.-17.048.813, como Miembro Principal, LUIS ALBERTO SALAS GUZMAN y ALEJANDRO ERNESTO HERRERA GONZALEZ, titulares de la cédula de identidad Nros V.-15.458.215 y V.-14.789.436, en calidad de Suplentes, respectivamente, representantes por el Área Técnica;

. EDIS EDILIO URBINA CAMEJO e YRMA LOPEZ, titulares de la cédula de identidad N° V.-14.650.144 y V.-6.828.379, como Miembro Principal y Suplente, respectivamente, representantes por el Área Económico Financiera;

. CÉSAR RAMOS y MARÍA G. VALDEZ, titulares de la cédula de identidad Nros V.-17.723.105 y V.-18.131.531, como Miembro Principal y Suplente, respectivamente por el Área Jurídica; y · MARITZA MERCEDES MALDONADO RODRÍGUEZ y ENNILY EDIMAR FREITES SUAREz, titulares de la cédula de identidad Nros V.- 14.350.912 y V.-13.463.432, como Secretaria Principal de la Comisión y suplente, respectivamente.

TERCERo: La Secretaría de la Comisión de Contrataciones del Instituto Nacional de Deportes, además de las atribuciones descritas en el artículo 16 de Ley de Contrataciones Públicas, tendrá las siguientes:

Velar por la adecuada elaboración de las actas correspondientes a los procesos de selección de contratistas que desarrolle la Comisión de Contrataciones.

presentar las ofertas, en los procesos de selección de contratistas desarrollados por la Comisión de Contrataciones.

3. Llevar el control de los expedientes de los procesos de selección de contratistas desarrollados por la Comisión de Contrataciones.

4. Certificar con su firma las copias fieles y exactas de las actas y documentos que conformen los expedientes administrativos de los procesos de selección de contratistas desarrollados por la Comisión de Contrataciones.

5. Elaborar de acuerdo a las instrucciones de la Comisión de Contrataciones, el Informe de Recomendación de los procesos de selección de contratistas desarrollados por la Comisión, y presentarlo a sus miembros para su consideración y aprobación, así como al Directorio del Instituto.

6. Recibir y suscribir la correspondencia relacionada con los procesos de selección de contratistas desarrollados por la Comisión de Contrataciones.

7. Solicitar la asesoría técnica que requiera, según la naturaleza del objeto de contratación perseguido por los procesos de selección de contratistas desarrollados por la Comisión de Contrataciones.

8. Cualquier otra que le asigne el Directorio, la Comisión de Contrataciones y la normativa que rige la materia.

CUARTo: Se faculta y en efecto queda encargada la Oficina de Consultoría Jurídica del Instituto Nacional de Deportes, de la realización de las gestiones a que hubiere lugar, y velar por la ejecución del presente Acto, en cuanto fuere competente.

QuInTo: Lo dispuesto en el presente acto, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en la sede del Instituto Nacional de Deportes, Salón de Reuniones del Despacho del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, en Cracas, Vt(2D) del mes de MazD del año dos mil dieciocho (2018 Años 207° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Publíquese y comuníquese.

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Martes 25 de septiembre de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 443.379

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

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Ese mismo día, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I CONTENIDO DEL DECRETO

Decreto N° 3.610 10 de septiembre de 2018

NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República

En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario del Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, concatenados con los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es deber irrenunciable del Estado venezolano defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanas y ciudadanos, y protegerles frente a amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a los bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad,

CONSIDERANDO

Que persiste el asedio instaurado contra la economía venezolana, no solo mediante la extracción, alteración y uso fraudulento del signo monetario nacional, sino a través del sistema bancario, para lo cual se hace necesario tomar medidas excepcionales, a fin de sanear de manera transparente y eficiente el sistema de pagos en beneficio del pueblo venezolano,

CONSIDERANDO Que ante la ofensiva económica y la disminución del ingreso petrolero se imponen adoptar y asumir las medidas urgentes y de carácter extraordinario que garanticen al pueblo venezolano la sostenibilidad de la economía, hasta restablecer satisfactoriamente los niveles de equilibrio económico e impedir la extensión de los nefastos efectos de las pretensiones intervencionistas,

CONSIDERANDO Que la Agenda Económica Bolivariana impone el combate de modo terminal a la guerra económica para la construcción de un modelo económico sustentable, el cual debe estar articulado en los motores productivos, el comercio interior, la implementación de políticas públicas, planes y proyectos productivos,

CONSIDERANDO Que el Gobierno Bolivariano adoptó medidas como la reconversión monetaria, el anclaje de la moneda nacional al Petro y el Plan de Ahorro en Oro, en el marco del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, para el beneficio de las venezolanas y los venezolanos, así como de la economía nacional, en procura del desarrollo perdurable y sostenible, hasta restablecer satisfactoriamente la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios estratégicos para la satisfacción de las necesidades esenciales para la vida,

CONSIDERANDO

Que el Presidente de los Estados Unidos de América ha prohibido todas las transacciones, provisión de financiamiento y negociaciones respecto a la criptomoneda venezolana, en una clara acción injerencista, que pretende agudizar la crisis con el objeto de incrementar el riesgo país, en detrimento de la economía nacional y del Pueblo,

CONSIDERANDO

Que el Estado Excepción y Emergencia Económica es el mecanismo Constitucional y legal que permite al Ejecutivo Nacional, de manera excepcional y efectiva, proteger al pueblo venezolano de las acciones y amenazas internas y externas desestabilizadoras de la economía y el orden social del País.

DECRETO Artículo 1°. El Estado de Excepción y Emergencia Económica, en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

Artículo 2°. A fin evitar los perniciosos efectos de la guerra económica dirigida contra el pueblo venezolano, y con fundamento en la declaratoria de estado de excepción efectuada en el artículo precedente, podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las indicadas en el artículo 337 constitucional, in fine, y las señaladas en el artículo 7° de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, cuando se trate de la aplicación de alguna de las medidas excepcionales que a continuación se indican:

l. El establecimiento de regulaciones excepcionales y transitorias necesarias para garantizar el impulso de los motores Agroalimentario, de producción y distribución de los rubros considerados como estratégicos para la satisfacción de necesidades de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

2. Facultar a la Administración Tributaria para reajustar la Unidad Tributaria (U.T.), con base a los análisis técnicos que correspondan, cuando el órgano competente que autorice se encuentre inhabilitado legal o judicialmente para hacerlo.

3. Disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias declaradas por los órganos y entes de la República Bolivariana de Venezuela al cierre del Ejercicio Económico Financiero, si las hubiere, con la finalidad de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para el pueblo venezolano, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial, el abastecimiento oportuno de alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

4. Autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el Presupuesto Anual, para optimizar la atención de la situación excepcional. En cuyo caso, los órganos y entes receptores de los recursos se ajustarán a los correspondientes presupuestos de ingresos.

5. Autorizar a la Oficina Nacional del Tesoro para que, como parte del Servicio de Tesorería que le compete prestar, capte recursos fiscales y parafiscales asignados a organismos que administren o detenten el control de los mismos, garantizando su afectación a los fines previstos en las respectivas normas especiales.

6. Dictar medidas extraordinarias que permitan a la autoridad monetaria nacional agilizar y garantizar la importación, distribución y disponibilidad oportuna de las monedas y billetes de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela.

7. Implementar mecanismos financieros para fortalecer la capacidad de pago, ahorro y fortaleza financiera de la autoridad monetaria nacional, sobre la base del uso racional de los activos productivos del País.

8. Establecer sistemas de exoneración de impuestos y tasas a la importación de bienes de capital y materia prima necesarios para la producción, la industria nacional y los servicios esenciales.

9. La implementación de medidas especiales de incentivo a los sectores productivo, industrial, comercial y de servicios que promuevan la inversión privada de empresarios nacionales, con divisas propias, en el reimpulso de la economía del País.

10. La creación e implementación de subsidios y otros beneficios de carácter directo a los sectores sociales más vulnerables, que conformen un sistema de protección económica transitorio, con el cual se impida que los sectores con mayor capacidad contributiva trasladen a aquellos los efectos de medidas económicas implementadas para alcanzar una justa y equilibrada distribución de riqueza en el País.

11. La implementación de mecanismos de registro, identificación y verificación, de última tecnología, que permitan un óptimo control de la aplicación de subsidios y demás beneficios de carácter público, impidiendo conductas distorsivas que pudieran atender a intereses particulares o lucro personal.

12. Dictar medidas que permitan la incorporación al sistema económico nacional de criptoactivos a partir de instrumentos que generen seguridad sobre la base del aprovechamiento nacional de las materias primas, recursos minerales e hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela y su aplicación productiva en el corto plazo al mejoramiento de las condiciones económicas del país y el desarrollo nacional.

13. Dictar medidas extraordinarias que permitan a la autoridad nacional con competencia en materia de criptoactivos, garantizar la estabilidad y sostenibilidad del registro de operaciones digitales, distribuida y soportada en principios criptográficos así como sus formas de incorporación en los mecanismos de intercambio en el sistema criptoeconómico Nacional.

14. La implementación de acciones que contrarresten los efectos adversos con los que pudiera pretenderse desvirtuar la usabilidad de criptoactivos en el Territorio Nacional como mecanismo de intercambio.

15. La autorización excepcional y temporal de operaciones de comercialización y distribución de bienes y servicios en las zonas fronterizas, bajo regímenes especiales monetarios, cambiarios, fiscales y de seguridad integral.

16. Aprobar y suscribir contratos de interés público y sus enmiendas, para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del País, sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos.

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17. Conformar estructuras organizativas que garanticen al sector productivo público y privado, y al pueblo en general, el oportuno y equilibrado acceso al sistema cambiarlo; y dictar las regulaciones efectivas, transitorias y excepcionales que impidan las campañas de desestabilización y distorsión a la economía que han impulsado factores nacionales y foráneos con intereses particulares a través del sistema de tecnología de la informática y el ciberespacio.

18. Conformar estructuras organizativas y dictar regulaciones transitorias y excepcionales, para la realización de procedimientos que garanticen la oportuna, eficiente y equitativa producción y distribución de alimentos, materia prima, productos e insumos del sector agroproductivo, industrial, agroalimentario, farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar.

19. Dictar las normas que, excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro Poder Público, autoricen las operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos, que regirán para el Ejercicio Económico Financiero 2018 y 2019 y autorizar los complementos al endeudamiento que apliquen en el ejercicio 2018.

20. Dictar las normas que, excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro Poder Público, autoricen los límites máximos de recursos y egresos de la República Bolivariana de Venezuela, de los entes descentralizados funcionalmente y de los entes político territoriales con regímenes presupuestarios especiales, que regirán para el Ejercicio Económico Financiero 2018 y 2019.

21. Diseñar y ejecutar planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la Nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados.

22. La aprobación de la formulación presupuestaria del Banco Central de Venezuela, cuando el órgano a quien correspondiere dicha aprobación se encuentre inhabilitado legal o judicialmente para hacerlo.

23. La organización de procesos de centralización, control y seguimiento que optimicen el acceso a los programas sociales que en el marco de la acción de gobierno se otorgan a las ciudadanas y los ciudadanos, para lo cual podrá valerse de los medios electrónicos más idóneos y asignar los recursos financieros que fueren necesarios.

24. La formulación e implementación de mecanismos especiales de supervisión, control y seguimiento, de procura, obtención y suministro de la materia prima, producción de los rubros esenciales, fijación de precios, comercialización y distribución de los productos estratégicos necesarios para la agroproducción, alimentación, salud, aseo e higiene personal.

25. La activación, potenciación y optimización del funcionamiento de un Sistema de Determinación de Costos, Rendimiento, Precios Justos, y Precios Acordados que ordenen y garanticen el equilibrio de las relaciones comerciales y el acceso a los bienes y servicios fundamentales que determine el Ejecutivo Nacional.

26. El establecimiento de un marco regulatorio transitorio y excepcional que permita, a través del sector bancario y de valores, el financiamiento de proyectos del sector agroindustrial para el desarrollo de un nuevo esquema productivo, bajo las líneas de acción emanadas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

27. La implementación de políticas integrales que garanticen la evaluación, seguimiento, control, protección y resguardo de los productos, bienes y servicios del sistema agroindustrial nacional; así como, el de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene personal, aseo del hogar y del sistema eléctrico nacional.

28. La formulación e implementación de mecanismos que viabilicen la cooperación de los entes públicos, privados y del Poder Popular, en función de ampliar los canales de distribución oportuna de alimentos y fármacos, priorizando la atención de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, e incorporando las instancias de los gobiernos locales y regionales.

29. El establecimiento de normas regulatorias que permitan la implementación inmediata de medidas productivas de agricultura urbana en los espacios públicos o privados, ubicados en los centros urbanos, que se encuentren libres, ociosos, subutilizados o abandonados, para que sean aprovechados para el cultivo y producción de alimentos.

30. La determinación de rubros prioritarios para las compras del Estado, o categorías de éstos, y la asignación directa de divisas para su adquisición, en aras de satisfacer las necesidades más urgentes de la población y la reactivación del aparato productivo nacional.

31. Instruir el redireccionamiento de recursos disponibles en Fondos Especiales, producto de la gestión de los institutos públicos, servicios desconcentrados y demás organismos que administren o detenten el control, para el financiamiento de actividades de urgente realización en el marco de la recuperación económica y la garantía de derechos fundamentales de la población.

32. Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economia nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano, o vulnerar la seguridad de la Nación.

33. El establecimiento de los lineamientos que correspondan en materia de procura nacional o internacional de bienes o suministros esenciales para garantizar la salud, la alimentación y el sostenimiento de servicios públicos esenciales, tales como servicios domiciliarios, de salud, educación y seguridad ciudadana, en todo el territorio nacional, en el marco de acuerdos comerciales o de cooperación que favorezcan a la República Bolivariana de Venezuela, mediante la aplicación excepcional de mecanismos expeditos de selección de contratistas y su ulterior contratación, que garanticen además la racionalidad y transparencia de tales contrataciones.

34. La planificación, coordinación y ejecución de la procura nacional e internacional urgente de bienes o suministros esenciales para garantizar el normal desenvolvimiento del sistema eléctrico nacional, acueductos e infraestructura afecta a servicios públicos.

35. Medidas excepcionales dirigidas a proteger los derechos humanos del pueblo Venezolano a la vida, la salud y la alimentación, así como las garantías de soberanía, independencia, seguridad e integridad de la República Bolivariana de Venezuela, frente a medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias, ilegales y contrarias al derecho internacional promovidas y ejecutadas por Poderes Públicos de otros Estados, o por autoridades de organismos multilaterales actuando con fines particulares.

36. Medidas especiales en el orden de la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, en respuesta a medidas injerencistas de otros Estados en contra de funcionarios venezolanos.

Artículo 3°. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este Decreto e impedir la extensión de sus efectos.

Artículo 4°. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas podrá efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país.

Artículo 5°. Se suspende de manera temporal el porte de armas en el territorio nacional, como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de las ciudadanas y ciudadanos, preservando la paz y el orden público. Tal medida no será aplicable al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de sus funciones a los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Artículo 6°. A fin de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público, las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar las medidas que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos.

Artículo 7°. Corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público realizar las actividades propias de su competencia a fin de garantizar la aplicación estricta de la Constitución y la ley para reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución de este Decreto.

Artículo 8°. Este Decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Artículo 9°. Este Decreto tendrá una duración de sesenta (60) días, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prorrogables por sesenta (60) días más de acuerdo al procedimiento constitucional.

Artículo 10. La Vicepresidenta Ejecutiva, así como los Ministras y Ministros del Poder Popular, quedan encargados de la ejecución de este Decreto.

Artículo 11. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

II DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del Decreto n° 3.610 del 10 de septiembre de 2018, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

En tal sentido, se observa que el artículo 336 constitucional dispone que:

Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

(..) 6.- Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República" (Subrayado añadido).

Por su parte, el artículo 339 eiusdem, establece lo siguiente:

Artículo 339. El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su

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constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.

Por su parte, el artículo 25, numeral 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 39.552 del 1 de octubre de 2010), ley posterior a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, establece lo siguiente:

Artículo 25. Competencias de la Sala Constitucional. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

(...) 6. Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción que sean dictados por el Presidente o Presidenta de la República (Subrayado añadido).

Como puede apreciarse, conforme a las referidas normas constitucionales y legales, corresponde a esta Sala Constitucional revisar, en todo caso y aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaran estados de excepción, sus prórrogas o aumento del número de garantías restringidas, dictados por el Presidente de la República.

En consecuencia, esta Sala resulta competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto n° 3.610 del 10 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.478, de la misma fecha, reimpresión publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.485 del 19 del mismo mes y año. Así se decide.

III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Verificada la competencia de esta Sala Constitucional para conocer del presente asunto, cumplidos los trámites correspondientes y estando dentro de la oportunidad que establece el artículo 339 constitucional para dictar el fallo, incumbe en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n° 3.610 del 10 de septiembre de 2018 en el que se decretó el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, para lo cual se observa lo siguiente:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolla varios extremos fundamentales de estos estados de excepción y determina los controles a los cuales deben sujetarse los decretos mediante los cuales se declaran tales circunstancias extraordinarias (artículos 236, numeral 7, 337, 338 y 339).

De otra parte, el desarrollo legislativo de esta figura jurídica extraordinaria de orden constitucional, está regulado como antes se apuntó en la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, los cuales han sido definidos como circunstancias extraordinarias dotadas de la característica de la irresistibilidad de los fenómenos y la lesividad de sus efectos, que se plantean en un régimen constitucional, afectando o amenazando con hacerlo a sus instituciones fundamentales, impidiendo el normal desarrollo de la vida ciudadana y alterando la organización y funcionamiento de los poderes públicos (Rondón de Sansó, Hildegard. El Régimen de los estados de excepción en la Constitución de 1999, en Cuatro Temas Álgidos de la Constitución Venezolana de 1999. Caracas. 2004).

En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de variada índole, que pueden afectar la seguridad de la Nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en Consejo de Ministros, está investido de potestades plenas para declarar tal estado, decretarlo o aumentar el número de garantías constitucionales restringidas con miras a proteger el bien común, y disponer de tales medidas en los términos que contemple en el Decreto respectivo, en el marco constitucional, para garantizar la seguridad y defensa de la República, y de su soberanía en todos sus atributos y aspectos; en fin, para proteger el propio orden constitucional.

En este orden de ideas, debe indicarse que tanto los estados de excepción como sus prórrogas solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios de que dispone el Estado para afrontarlos. De allí que uno de los extremos que han de ponderarse se refiere a la proporcionalidad de las medidas decretadas respecto de la ratio o las situaciones de hecho acontecidas.

Dicho lo anterior, esta Sala estima de relevancia hacer referencia a la situación económica, social y política actual, para lo cual en atención a la notoriedad comunicacional, entre otras tantas, se citan las siguientes notas informativas:

1. Mogherini menciona a Venezuela como una "urgencia" de la diplomacia europea.

http://www.eluniversal.com/politica/19500/mogherini-menciona-venezuela-comuna-urgencia-de-la-diplomacia-europea La UE mantiene sanciones contra altos cargos venezolanos por la "represión" en el país, además de un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la "represión interna" Bruselas.- La representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, dijo este lunes que la crisis política y humanitaria en Venezuela se encuentra entre las "urgencias" que deberá abordar la diplomacia comunitaria en este curso político.

En un discurso ante los trabajadores del Servicio Europeo de Acción Exterior, Mogherini aludió como "ejemplos" de las "urgencias" que debe abordar la UE en los próximos meses a la situación en Venezuela y también en Oriente Medio, Libia, Ucrania, Afganistán o Corea del Norte, reseñó Efe..

La CE anunció en junio un nuevo paquete de ayuda humanitaria de emergencia y desarrollo de 35,1 millones de euros para el pueblo venezolano y los países vecinos afectados por la crisis socioeconómica de Venezuela, que ha llevado a cientos de miles de venezolanos a dejar su país.

La UE mantiene sanciones contra altos cargos venezolanos por la "represión" en el país, además de un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la "represión interna".

Mogherini hizo balance de los logros en las relaciones entre la UE y los países de América Latina, y recordó que están concluyendo las negociaciones para actualizar los acuerdos comerciales con México y Chile y cerrarlo con el Mercosur.

También destacó que la UE ha "normalizado" sus relaciones con Cuba y ha desempeñado un "papel de liderazgo" apoyando la paz y la reconciliación en Colombia.

"La naturaleza de nuestra asociación con Latinoamérica, porque nuestros continentes también están cambiando, ya no está centrada solo en la ayuda al desarrollo", dijo. "Este otoño -añadió- presentaremos una nueva estrategia para América Latina y el Caribe, precisamente para marcar esta nueva fase en nuestra asociación".

En su discurso, la política italiana pidió al cuerpo diplomático comunitario más "esfuerzos" y trabajar "unidos" durante el que será el último año de su mandato, ya que el 1 de noviembre de 2019 tomará el relevo una nueva Comisión Europea (CE) con otra persona en su cargo.

2. Venezuela explica en la ONU el impacto de las sanciones al mostrar pérdidas con Credit Suisse.

https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Venezuela-explica-en-la-ONU-el impacto-de-las-sanciones-al-mostrar-perdidas-con-Credit-Suisse-20180911- 0096.html El canciller venezolano, Jorge Arreaza, intentó ilustrar el impacto de las sanciones estadounidenses sobre la economía de su país dando una estimación de las pérdidas solo con el banco suizo Credit Suisse, durante un discurso el martes en Ginebra.

"Solo por mostrar un ejemplo, aquí mismo, la institución Credit Suisse, cuya sede está en Suiza, nuestros títulos sufrieron una pérdida real de su valor de 265 millones debido a las sanciones estadounidenses, entre el año 2017 y el año 2018. Hablamos de dólares", afirmó Jorge Arreaza en un discurso pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra.

Para satisfacer las necesidades de su población, Venezuela necesita 120 millones de dólares para las vacunas, los antirretrovirales, los bancos de sangre, los antipalúdicos, los medicamentos contra la tuberculosis, los anticancerosos, numero el canciller.

"120 millones de dólares, frente a 265 millones de pérdidas para Venezuela en una sola institución aquí en Suiza", insistió, mostrando en paralelo las dos cantidades para ilustrar sus declaraciones.

Las sanciones contra Venezuela pretenden hogar la economía del país como fue el caso con Chile en la década de 1970, impidiendo a Venezuela importar productos fundamentales para su industria, las necesidades alimentarias o de

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salud de su población, argumentó Arreaza, que se desplazó a defender a su país ante esta instancia de Naciones Unidas, situada en Suiza.

Venezuela, sumergido en una crisis política y económica desde principios de 2016, vive un aumento de la tensión tras la decisión de la Corte Suprema de atribuirse a finales de marzo de 2017 los poderes del parlamento, controlado por la oposición.

El presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, fue reelegido hasta 2025, al cabo de unas elecciones muy criticadas en el extranjero.

Los venezolanos, asfixiados por la hiperinflación que castiga al país, sufren una grave escasez de productos de primera necesidad, y la crisis empujó a muchos de ellos a huir hacia los países vecinos.

Contactado por la AFP, Credit Suisse no quiso hacer declaraciones 3. Venezuela denuncia en la OEA intentos de injerencia militar https://www.telesurtv.net/news/-venezuela-oea-denuncia-intentos-injerencia-militar- 20180906-0021.html El diplomático venezolano reiteró la determinación del Gobierno de Venezuela de defender la soberanía de esa nación contra los ataques xenofóbicos e injerencistas.

El embajador de Venezuela para la Organización de Estados Americanos (OEA), Samuel Moncada, sentenció que las verdaderas intenciones de anunciar una crisis humanitaria ligada a la migración en Venezuela, radica en los deseos de una intervención militar en esa nación.

Moncada denunció, además, que se intenta declarar a Venezuela un Estado fallido con estas acusaciones.

Ya no se trata de un problema de migrantes sino de un problema de seguridad y la paz. Ellos dicen que van a salvar a Venezuela usando la fuerza desde el exterior contra nuestro país. Es la salvación por medio de la destrucción. Es la fabricación de una guerra", advirtió Samuel Moncada.

El diplomático venezolano responsabilizó a Estados Unidos (EE.UU.) de reincidir en amenazas de intervención militar contra la soberanía de Venezuela.

Dirigió estas acusaciones a la secretaria de prensa estadounidense, Sarah Huckabee Sanders y al senador Marco Rubio, quienes consideró que perpetran planes de ataque contra el país suramericano.

"Hace una semana, la secretaria de prensa de EE.UU, Sarah Huckabee Sanders, volvió a amenazar a Venezuela con el uso de la fuerza, y el Senador Marco Rubio, el jefe político de la relación hacia América Latina, quien insulta como un virrey a los países que se oponen a sus dictados, afirmó que: ya llegó la hora del uso de la fuerza militar contra Venezuela, que el asesor de Seguridad Nacional John Bolton estaba de acuerdo, y que el Presidente Trump iba a actuar sin avisar", destacó.

De la misma manera, Moncada vislumbró la participación de Carlos Trujillo, embajador de EE.UU. ante la OEA, a partir de las declaraciones que ofreciera en contra del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

“Esa amenaza es la violación a convenios internacionales, pero peor aún, en un país que protege en su territorio a los partícipes en la planeación del atentado terrorista del 04 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro y los altos funcionarios de la República", dijo.

4. Venezuela promueve productos orgánicos en feria rusa de alimentos https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=211294&SEO=venezuelapromueve-productos-organicos-en-feria-rusa-de-alimentos Venezuela se presenta hoy en la XXVII Feria Internacional de Alimentos de Moscú (WorldFood Moscow) con productos totalmente naturales y orgánicos, sin aditivos ni procesos químicos.

Consuelo Russo, de la empresa venezolana Agropecuaria Ecoturística Sobrenatural, expuso a Prensa Latina las potencialidades de exportación a Rusia, con unas 300 toneladas mensuales por cada fruta en una etapa de exploración inicial.

Entre las ventajas de nuestros productos está el hecho de ser totalmente orgánicos, frutas exóticas, que no se dan en esta parte del mundo, como mango, aguacate, lechosa, papaya o piña, señaló la empresaria suramericana.

Además, poseen diferente presentación, pues lo deshidratamos, es decir, las frutas pasan por una máquina que extrae toda su agua para que en su estado natural pueda conservarse hasta dos años, explicó en un intercambio en el estante de Venezuela.

El procedimiento se diferencia del de las frutas secan, que pasan por un proceso de calentamiento, aclaró.

La tecnología empleada por nuestra empresa no es muy común en Suramérica y en Rusia es aún menos utilizada y la ventaja de nuestra oferta es que al existir distancias significativas se puede introducir aquí un producto de larga duración, comentó.

Nuestra empresa está bien posicionada en el mercado venezolano e incursionamos en el Caribe y de ahí exploramos las posibilidades aquí en Rusia, subrayó.

Por el momento, las exportaciones las concentrados en Moscú y ahora participamos en esta feria, que es una gran ventaja para introducirnos en el mercado ruso y el de otros países.

La promoción en esta feria también incluye al cacao venezolano, el segundo a nivel mundial, que lo ofrecemos de forma natural, sin ser procesado como chocolate, destacó.

Así los suministrados como almendra, en su estado original, el cual se puede triturar y hacer cacao mix para mezclar en postres, frutas o yogurt. Además, se puede pulverizar para elaborar chocolates y otros productos, sin procesos químicos.

Nosotros somos comerciantes y primero que nada nos concentrados en la producción de ambos países, sea consumidor o cliente, aclaró a propósito del régimen de sanciones que pesa sobre Rusia y Venezuela por parte de Estados Unidos.

En cuanto a la cooperación tecnológica, Rusia es un país que nos brinda apoyo a nivel comercial, pues es una ventaja, con independencia de diferencias políticas que puedan existir, apuntó.

La participación en esta feria, con una empresa totalmente privada, nos permite de suministro de alimentos a esta nación, estimó.

El evento iniciado ayer, con participación de más de mil 500 empresas de 62 países, se extenderá hasta el venidero jueves.

De lo anterior, se observa que existe y así ha sido reconocido por el órgano legislativo nacional que se mantiene en desacato a las decisiones de este Alto Tribunal, una situación nacional extraordinaria, vinculada a la materia económica, financiera, a la seguridad de la Nación y de los ciudadanos y ciudadanas, a la paz social, que afecta el orden constitucional, lo cual exige la toma de medidas excepcionales y oportunas con la finalidad de lograr el restablecimiento de la situación de normalidad social y, por ende, de normalidad conforme a los valores, principios y fines que proyecta la Constitución.

En este sentido, revisado como ha sido el contenido del instrumento jurídico sometido a control constitucional, se observa que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, es decretar el "..Estado de Excepción y de emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida... ".

La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos constitucionales y legales en que se basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7 Constitucionales, que se refieren a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción, sus prórrogas o aumentos del número de garantías restringidas, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

Visto el referido Decreto, esta Sala Constitucional advierte que en sentencias números 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016, 184 del 17 de marzo de 2016, 411 del 19 de mayo de 2016, 615 del 19 de julio de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 4 del 19 de enero de 2017, 113 del 20 de marzo de 2017 y, 364 del 24 de mayo de 2017, ratificaron el criterio del primer fallo sobre algunas nociones de carácter doctrinario respecto de la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como mecanismos constitucionales válidos para que el Presidente de la República pueda tomar medidas extraordinarias y excepcionales cuando existan situaciones fácticas de alarma, emergencia o calamidad.

Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto decretar el Estado de Excepción, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

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Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la República, de sus habitantes, la armonía social, la vida económica de la República, de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la comunidad en general.

Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 3.610 del 10 de septiembre de 2018, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional. Aunado a lo anterior, se incorpora un aparte referido a la implementación y regulación de criptoactivos que viene desarrollando el Ejecutivo Nacional, con la finalidad de superar el bloqueo comercial y financiero que ha recaído en la República por potencias extranjeras, de modo que el Estado pueda seguir proporcionando una política pública enfocada en la protección del pueblo venezolano.

De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

En fin, estima esta Sala que el Decreto sometido a control de constitucionalidad cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

Finalmente, esta Sala reitera una vez más que el órgano legislativo nacional se encuentra en flagrante desacato al Poder Judicial, específicamente, a las decisiones dictadas por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; razón por la cual, cualquier acto mediante el cual se pretenda desaprobar o inobservar el decreto antes indicado es nulo, inexistente, ineficaz y carente de validez. Así se declara.

Por último, se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.

IV DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 3.610 del 10 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.478, de la misma fecha, reimpresión publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.485 del 19 del mismo mes y año, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República.

SEGUNDO: La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 3.610 del 10 de septiembre de 2018.

TERCERO: NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica n.° 3.610 del 10 de septiembre de 2018.

CUARTO: Se REITERA que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.

QUINTO: Se REITERA que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional.

SEXTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a la Procuraduría General de la República en la figura del Procurador General Encargado. Archívese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los - zodías del mes de ñede dos mil dieciocho (2018). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

El Presidente de la Sala, JUSTICIA JUAN JOSÉ NENDOZA/JOVER Ponente El Vicepresidente,

ARCADIO DELGADO ROSALES

Los Magistrados, GociPhoezGRrsa CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

AML

GLADY8 MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

CALIXTO GRAEGARIOS ll Odtt tt LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS e te focueks LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON La Secretaria,

MÓNICA ANDREA REDRIGUEZ FLO

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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RESOLUCIÓN N° 180830-212 CARACAS, 30 DE AGOSTO DE 2018 208º Y 1590 El Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 293 numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 33 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y los artículos 30 y 32 de la Ley Orgánica de Registro Civil, dicta la siguiente:

CONSIDERANDO

Que el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el Derecho a la Identidad, y el artículo 17 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establecen el derecho a la identidad, especialmente el derecho que tienen todos los niños y niñas a ser identificados inmediatamente después de su nacimiento, y que a tal efecto el Estado debe garantizar que los recién nacidos sean inscritos en el Registro Civil de manera obligatoria y oportuna;

CONSIDERANDO Que conforme a los artículos 5 y 7 de la Ley Orgánica de Registro Civil, el Registro Civil es un servicio público esencial, cuya prestación es de carácter regular, continuo, ininterrumpido y orientado al servicio de las personas, por lo que la actividad registral no debe cesar, ni ser suspendida, cuyos procedimientos y trámites administrativos deben guardar, entre otros principios, el de simplicidad, celeridad y eficiencia;

CONSIDERANDO Que conforme a los artículos 32 y 86 de la Ley Orgánica de Registro Civil, el Consejo Nacional Electoral a fin de garantizar el correcto funcionamiento del Registro Civil dispondrá de unidades de Registro Civil en establecimientos de salud públicos o privados, para la inscripción inmediata de los nacimientos ocurridos en los centros de salud, lo cual permite la expedición de manera oportuna y eficaz de la respectiva Acta de Nacimiento;

CONSIDERANDO

Que es necesaria la prestación del servicio público de registro civil en el Hospital Universitario "Alfredo Van Grieken", ubicado en la ciudad de Coro, municipio Miranda del estado Falcón, para la inscripción inmediata y obligatoria de los actos y hechos registrales de los niños y niñas que nacen en el referido establecimiento público de salud;

CONSIDERANDO Que el artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece los límites expresos a la extensión y duración de la jornada de trabajo diaria, con la finalidad de fortalecer e incrementar la calidad de vida, la proactividad, integración familiar y el bienestar social del trabajador;

CONSIDERANDO

Que los artículos 168 y 169 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras regula de manera expresa el derecho de las trabajadoras y los trabajadores al disfrute de un tiempo de trabajo y de alimentación imputable a la jornada laboral por parte de los funcionarios que se designen para prestar servicio en la Unidad de Registro Civil que funcione dentro de las instalaciones del Establecimiento de Salud Hospital Universitario "Alfredo Van Grieken", ubicado en la ciudad de Coro, municipio Miranda del estado Falcón;

RESUELVE:

PRIMERo: Crear la Unidad de Registro Civil en Establecimiento de Salud Hospital Universitario "Alfredo Van Grieken", ubicado en la ciudad de Coro, municipio Miranda del estado Falcón, la cual funcionará dentro de las instalaciones del Hospital, bajo la coordinación directa del Consejo Nacional Electoral a través de la Oficina Nacional de Registro Civil, a partir de la publicación de la presente Resolución en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGunDo: Ordenar a la Oficina Nacional de Registro Civil la dotación de los libros de Registro Civil y del sello respectivo para procesar las inscripciones de nacimientos que ocurran en el referido establecimiento público de salud.

TERcERo: Designar al Registrador o Registradora Civil para el funcionamiento de la Unidad de Registro Civil en el Establecimiento de Salud Hospital Universitario "Alfredo Van Grieken", quien ejercerá sus funciones de Lunes a Viernes, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., de conformidad con las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Registro Civil.

Resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral, en sesión celebrada en fecha 30 de agosto de 2018.

Comuníquese y Publíquese.

TIBISAY LUCENA RAMIREZ PRESIDENTA AVIER ANTONIO MORENO REYES SECRETARIO GENERAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RESOLUCIÓN N° 180830-213 CARACAS, 30 DE AGOSTO DE 2018 208° Y 1590

El Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 293 numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 33 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y los artículos 30 y 32 de la Ley Orgánica de Registro Civil, dicta la siguiente:

CONSIDERANDO Que el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el Derecho a la Identidad, y el artículo 17 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establecen el derecho a la identidad, especialmente el derecho que tienen todos los niños y niñas a ser identificados inmediatamente después de su nacimiento, y que a tal efecto el Estado debe garantizar que los recién nacidos sean inscritos en el Registro Civil de manera obligatoria y oportuna;

CONSIDERANDO Que conforme a los artículos 5 y 7 de la Ley Orgánica de Registro Civil, el Registro Civil es un servicio público esencial, cuya prestación es de carácter regular, continuo, ininterrumpido y orientado al servicio de las personas, por lo que la actividad registral no debe cesar, ni ser suspendida, cuyos procedimientos y trámites administrativos deben guardar, entre otros principios, el de simplicidad, celeridad y eficiencia;

CONSIDERANDO Que conforme a los artículos 32 y 86 de la Ley Orgánica de Registro Civil, el Consejo Nacional Electoral a fin de garantizar el correcto funcionamiento del Registro Civil dispondrá de unidades de Registro Civil en establecimientos de salud públicos o privados, para la inscripción inmediata de los nacimientos ocurridos en los centros de salud, lo cual permite la expedición de manera oportuna y eficaz de la respectiva Acta de Nacimiento;

CONSIDERANDO Que es necesaria la prestación del servicio público de registro civil en ei Hospital General "William Lara", ubicado en el municipio Pedro Zaraza del estado Guárico; para la inscripción inmediata y obligatoria de los actos y hechos registrales de los niños y niñas que nacen en el referido establecimiento público de salud;

CONSIDERANDO Que el artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece los límites expresos a la extensión y duración de la jornada de trabajo diaria, con la finalidad de fortalecer e incrementar la calidad de vida, la proactividad, integración familiar y el bienestar social del trabajador;

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CONSIDERANDO Que los artículos 168 y 169 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras regula de manera expresa el derecho de las trabajadoras y los trabajadores al disfrute de un tiempo de trabajo y de alimentación imputable a la jornada laboral por parte de los funcionarios que se designen para prestar servicio en la Unidad de Registro Civil que funcione dentro de las instalaciones del Establecimiento de Salud Hospital General "William Lara", ubicado en el municipio Pedro Zaraza del estado Guárico;

RESUELVE:

PRIMERo: Crear la Unidad de Registro Civil en Establecimiento de Salud Hospital General "William Lara", ubicado en el municipio Pedro Zaraza del estado Guárico, la cual funcionará dentro de las instalaciones del Hospital, bajo la coordinación directa del Consejo Nacional Electoral a través de la Oficina Nacional de Registro Civil, a partir de la publicación de la presente Resolución en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGunDo: Ordenar a la Oficina Nacional de Registro Civil la dotación de los libros de Registro Civil y del sello respectivo para procesar las inscripciones de nacimientos que ocurran en el referido establecimiento público de salud.

TERcERo: Designar al Registrador o Registradora Civil para el funcionamiento de la Unidad de Registro Civil en el Establecimiento de Salud Hospital General "William Lara", quien ejercerá sus funciones de Lunes a Viernes, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., de conformidad con las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Registro Civil.

Resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral, en sesión celebrada en fecha 30 de agosto de 2018.

Comuníquese y Publíquese.

TIBISAY LUCENA RAMIREZ PRESIDENTA XAVIER ANTONIO MORENO REYES SECRETARIO GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2080, 1590 y 19° Caracas, 17 de septiembre de 2018 RESOLUCIÓN

N.° 01-00-000583

MANUEL E. GALINDO B.

Contralor General de la República

En ejercicio de las atribuciones que me confiere los artículos 289 numeral 6 y 290 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 14, numeral 10; y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4° y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

CONSIDERANDO Que conforme lo previsto en el artículo 290 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO Que de acuerdo a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado sęñala que es fundamental desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de cořrupción, fortaleciendo las instituciones del Estado, fomentando la participación protagónica del Poder Popular, promoviendo la transparencia y la automatización de la gestión pública, así como los mecanismos legales de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria contra las lesiones o el manejo inadecuado de los fondos públicos.

CONSIDERANDO Que el Contralor General de la Republica, mediante Resolución N.° 01-00-000357 de fecha 01 de junio de 2018, ordenó la intervención de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los artículos 57 y siguientes de su Reglamento.

RESUELVE

PRIMERO: Designar al Ciudadano DUDGLAR JOSÉ MARQUINA PÉREz, titular de la cédula de identidad N.° V-8.049.075, como Contralor Interventor del Estado Bolivariano de Miranda, a partir de la fecha de su notificación, en sustitución del ciudadano JuAN CARLoS PIÑERO YSEA, titular de la cédula de identidad N.° v- 6.976.855, quien por razones de servicio, cesa en las funciones asignadas mediante Resolución N.° 01-00-000357 de fecha 01 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.411 del 04 de junio de 2018.

sEGunDo: El contralor interventor tendrá las atribuciones y deberes siguientes:

1. Continuar con el proceso de intervención ordenado mediante la referida Resólución N.° 01-00-000357 de fecha 01 de junio de 2018.

2. Recibir del Contralor Interventor saliente el acta de entrega del órgano de control fiscal objeto de intervención, de conformidad con la normativa que regula la materia.

3. Ejercer las funciones de control que la Constitución de la República Bolivariaña de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República' y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y demás normativa legal y/o sublegal le asignen a los Órganos de Control Fiscal Externo.

4. Presentar al contralor general de la República:

a) Los informes mensuales de su gestión.

b) Un informe sobre los resultados de su gestión, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la culminación de la intervención.

Dada en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Año 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.

Comuníquese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y/o en el portal web de la Contraloría General de la República www.cgr.gob.ve.

GALINDOB ContralorGaneral de la República

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Servicio Autónomo Imprenta Nacional Gaceta Oficial G-20001788-6 Estimados usuarios El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial facilita a todas las personas naturales, jurídicas y nacionalizadas la realización de los trámites legales para la solicitud de la Gaceta Oficial sin intermediarios.

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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLV - MES XII Número 41.489 Caracas, martes 25 de septiembre de 2018 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria

DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

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