Gaceta Oficial N° 41.415
Página 1
AÑO CXLV - MES VIII Número 41.415 Caracas, viernes 8 de junio de 2018
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN
DE GOBIERNO
SUMARIO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
Fundación Nacional “El Niño Simón” Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Minerva del Carmen Méndez de Colmenares, como Directora Regional del estado Bolívar, de esta Fundación.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TURISMO Resolución mediante la cual se dicta las Condiciones y Requerimientos para las Agencias de Turismo.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas se mencionan, como Directores de las Unidades Territoriales de los estados que en ellas se especifican, en condición de Encargados, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resolución mediante la cual se autoriza al Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora, adscrito a la Universidad Católica Santa Rosa, para otorgar Certificados de Locutora y de Locutor, según los exámenes que practique.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA INDUSTRIAS BÁSICAS, ESTRATÉGICAS Y SOCIALISTAS Resolución mediante la cual se establecen los Lineamientos para el buen funcionamiento y administración de los recursos asignados al Fondo Auto Administrado de Salud del Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, (FASMIBES) a fin de contribuir a garantizar el derecho a la salud de todos sus trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas y familiares amparados, de acuerdo a lo previsto en su Reglamento.
TRIBUNAL SUPREMO JUSTICIA
Corte Disciplinaria Judicial Decisiones mediante las cuales la Corte Disciplinaria Judicial se pronuncia con relación al Sobreseimiento de las investigaciones seguidas a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan.
DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se establece el cese de funciones del ciudadano Jorge Antonio Cataño Cervera, como Jefe de la División de Seguridad Electrónica, de la Dirección de Seguridad, adscrita a la Dirección del Despacho de la Defensora Pública General.
Resoluciones mediante las cuales se retiran a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan, de los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.
MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se trasladan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, a las Fiscalías que en ellas se especifican, de este Organismo.
Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.
página original (tal como se publicó)

Página 2
441.782 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 8 de junio de 2018
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TURISMO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
DESPACHO DE LA MINISTRA
RESOLUCIÓN N° 013 CARACAS, 14 DE MAYO DE 2018
208°, 159° Y 19° La Ministra del Poder Popular para el Turismo, designada mediante Decreto N° 1705 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 8, 9 numeral 11, 34 numeral 14, la disposición Derogatoria Segunda del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, y artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Por cuanto
De acuerdo con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014, es un deber del ministerio con competencia en materia de turismo, definir y establecer las condiciones y requerimientos de los prestadores de servicios turísticos calificados como Agencias de Turismo.
Por cuanto
Es esencial para regular, fomentar, promocionar y fortalecer al sector turismo, señalar las condiciones y requisitos que deben cumplir las Agencias de Turismo, con las líneas generales del Plan Socialista de Desarrollo Económico Social de la Nación 2013-2019.
Por cuanto
Es necesario modernizar y ajustar la normativa de Agencias de Turismo al vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo y a las tendencias internacionales previstas en la actualidad, a fin de garantizar que los servicios de las Agencias de Turismo, tengan calidad mundial, este Despacho, resuelve,
CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LAS AGENCIAS DE
TURISMO
Definición de agencias de turismo Artículo 1°. Se consideran Agencias de Turismo o Agentes, las personas naturales o jurídicas previamente autorizadas para funcionar, por el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, Definición de Términos Artículo 3º. A los efectos de la presente Resolución se entiende por:
1. Agentes de Turismo: Persona natural que comercializa bienes y servicios turísticos, el cual comprende: persona local calificada, agente satelital y agente independiente. 2. Atractivos Turísticos: Son aquellos bienes tangibles o intangibles, que posee un país y que constituyen la principal motivación del turista o visitante. 3. Banner: Formato publicitario dentro de una página web cuyo objetivo es atraer tráfico hacia el sitio web del anunciante que paga por su inclusión. 4. Destino Turístico: Lugar en el cual se concentran instalaciones y servicios turísticos, diseñados para satisfacer las exigencias y necesidades demandadas por los turistas y visitantes. 5. Circuito Turístico: Recorrido que interconecta varios sitios de interés turístico y que se caracteriza por tener un mismo punto de partida y de llegada. 6. Comercialización: Es el conjunto de actividades desarrolladas con el objeto de promover la venta de un producto, bien o servicio, comprende: compraventas al mayor o al detal; publicidad; pruebas de ventas; información de mercado; transporte; almacenaje y financiamiento para la venta; entre otros. 7. Excursión Turística: Viaje individual o colectivo, generalmente organizado por una Agencias de Turismo o Agente de Turismo, comercializado en una sola transacción, con el objeto de disfrutar, aprender o conocer, sobre algún atractivo turístico de tipo científico, cultural, deportivo o educativo, entre otros. 8. Giras: Evento específico vinculado al espectáculo; arte; deporte; cultura o negocios; debidamente organizado que implica hospedaje, transporte, asistencia, entre otros. 9. Paquete Turístico: Producto que se comercializa de forma única, y
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
dedicadas profesionalmente y en forma exclusiva, al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la organización, promoción, representación y comercialización del servicio turístico, bien sea en forma directa o como intermediarios, entre los turistas o visitantes y los prestadores de servicios turísticos tanto nacionales como internacionales. Se entiende por dedicación exclusiva: las personas naturales o jurídicas que realicen únicamente las actividades dirigidas a la organización, promoción representación, venta y comercialización del servicio turístico, y así debe estar señalado expresamente en su objetivo social, en el caso de firmas personales o personas jurídicas. Las Oficinas de Registro Público serán responsables de constatar que se cumpla dicha exclusividad en las actas constitutivas respectivas.
Exclusividad de la denominación
de Agencias de Turismo Artículo 2°. La denominación de Agencias de Turismo o Agentes de Turismo, queda reservada exclusivamente a las personas definidas en el artículo anterior.
que contiene dos o más servicios de carácter turístico, como alojamiento, transporte, recreación, alimentos y bebidas, entre otros servicios, por los cuales se paga un precio global. 10. Producto turístico: Servicio o conjunto de servicios prestados en un lugar determinado a un precio fijado y en unas condiciones de calidad comprometidas. 11.Productos Turísticos integrados: Actividades ofrecidas conjuntamente por dos o más prestadores de servicios turísticos de igual o diferente actividad turística, orientado a satisfacer los requerimientos del turista o visitante. 12. Programa Turístico: Información detallada sobre el contenido del paquete, excursión, circuito o ruta turística, con indicación de restricciones contractuales y aspectos de seguridad del viaje. 13. Portal: Sitio web que ofrece al usuario de forma fácil e integral el acceso a una serie de servicios relacionados con el turismo mediante enlaces web, aplicativos, buscadores y compra entre otros. 14. Ruta Turística: Recorrido que interconecta dos o más sitios de interés turístico y cuyo punto de partida es distinto al de llegada. 15. Servicio turístico: El conjunto de actividades que tienen por objeto responder a las exigencias y satisfacer las necesidades demandadas por los turistas o visitantes.
Actividades de las Agencias de Turismo
y Agentes de Turismo
Artículo 4º. Son actividades propias y exclusivas de las Agencias y Agentes de Turismo, las siguientes: a) El estudio, organización, promoción, operación, venta y comercialización de giras, circuitos, rutas, excursiones y paquetes a realizarse en el territorio nacional o en el extranjero, bien sean organizadas por éstas o por terceros, las cuales hayan sido consignadas ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo para su debida autorización y registro. b) Reservación, venta y comercialización de boletos en todas las modalidades de transporte, nacionales e internacionales, así como de cualquier servicio turístico. c) Estudio, organización, promoción, venta y comercialización de congresos, convenciones y otros eventos de carácter gremial, cultural, religioso, deportivo e institucional, entre otros nacionales como internacionales; d) Recepción, asistencia y conducción de turistas y visitantes nacionales y extranjeros en giras, circuitos, viajes, rutas y excursiones en el territorio nacional o fuera de él, directa o indirectamente. e) Contratación de prestadores de servicios turísticos en el territorio nacional o en el extranjero, en este último caso deberán presentar la documentación necesaria que los acredite como prestador de servicios turísticos, conforme a su legislación interna respectiva.
página original (tal como se publicó)

Página 3
Viernes 8 de junio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 441.783 g p f) Apoyo al turista o visitante para el trámite de documentos, tales como: pólizas de seguro, visas, pasaportes o cualquier otro requerido por éste. g) Prestación de servicios de protección, auxilio, higiene y seguridad al turista o visitante. h) Realizar operaciones en divisas extranjeras cuando así lo indique y autorice el órgano competente en materia cambiaria. i) Representación comercial de otras empresas, tanto nacionales como internacionales, dedicadas a la prestación de los servicios turísticos referidos en el artículo 2 de la presente Resolución, excepto de las líneas aéreas de transporte de pasajeros en general con carácter de representantes exclusivos o de agente general. Parágrafo Único: Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo, sólo podrán ofrecer, contratar y vender servicios turísticos de personas integrantes del Sistema Turístico Nacional o por sí mismas.
Clasificación de Agencias de Turismo Agentes de Turismo y Tours Operadores Artículo 6º. A los efectos de la presente Resolución, se establece la siguiente clasificación de Agencias de Turismo y Agentes de Turismo, clasificadas según la comercialización de sus productos y servicios.
1. Mayoristas de Turismo: Son aquellas personas jurídicas o entidades distintas a la persona natural, que ofrecen sus servicios de comercialización de productos y servicios turísticos integrados, tales como: rutas, excursiones, circuitos, giras y paquetes turísticos diseñados por ellas mismas de manera exclusiva, a las Minoristas, a otras Mayoristas, Tours Operadores, Mixtas o personas locales calificadas, por lo que queda excluida la oferta directamente a turistas y visitantes. Las siglas de identificación serán “MA”.
2. Minoristas de Turismo: Son aquellas personas jurídicas o entidades distintas a la persona natural, que ofrecen única y directamente a los usuarios y turistas, sus servicios de comercialización de productos y servicios turísticos integrados, tales como: rutas, excursiones, circuitos, giras y paquetes turísticos, diseñados únicamente por las mayoristas, mixtas o personas locales calificadas. Las siglas de identificación serán “MI”. 3. Mixtas de Turismo: Son aquellas personas jurídicas o entidades distintas a la persona natural, que pueden realizar las actividades de las Mayoristas y los Minoristas de Turismo, de forma simultánea. Las siglas de identificación serán “MIX”. 4. Persona local calificada: Persona natural que cuenta con formación, capacitación y experiencia demostrada, para atender, asesorar, orientar y ofrecer a los turistas, paquetes o servicios turísticos correspondientes únicos y exclusivamente a una zona territorial determinada. Las siglas de identificación serán “PLC”. 5. Tours Operadores: La persona natural o jurídica cuya actividad va orientada a integrar en un paquete turístico, todos los servicios que lo conforman, lo ejecutan y venden directamente al público, o por medio de los minoristas o mayoristas. Las siglas de identificación serán “TO”. 6. Agente Independiente de Turismo: Es aquella persona natural que comercializa productos y servicios turísticos integrados, tales como: rutas, excursiones, circuitos, giras y paquetes turísticos, a turista y visitante de manera independiente sin vinculación o dependencia alguna de agencias minoristas, mayorista, mixtas o Tours Operadores. Las siglas de identificación serán “AGIT”.
Modalidades para ejercer
su actividad Artículo 8º. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores podrán realizar sus actividades, a través de locales físicos o de manera electrónica, mediante portales o banner. En los casos que se ejerza la actividad en forma electrónica, tendrán que cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la presente Resolución, sin perjuicio de la normativa aplicable y exigida por otros órganos y entes de la Administración Pública Nacional, en el ámbito de su competencia, si fuese el caso.
Obligación de inscribirse en el Registro Turístico Nacional y características
Artículo 9°. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores deben estar inscritos en el Registro Turístico Nacional conforme con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo y demás normativas. El Registro Turístico Nacional tiene carácter único, público, permanente, personal, intransferible y obligatorio, para la consolidación y concentración de los datos del Sistema Turístico Nacional de los sujetos obligados a inscribirse, que presten servicios de agencias de turismo en el territorio nacional.
Deber de solicitar y obtener la Licencia de Turismo o Credencial Artículo 10. Toda Agencia de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores según sea el caso, para operar o realizar cualquier actividad turística, además de estar debidamente inscritos en el Registro Turístico Nacional, deberán solicitar y obtener la Licencia de Turismo o Credencial ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, la cual será personal e intransferible.
7. Agente Satelital de Turismo: Es aquella persona natural que comercializa productos y servicios turísticos integrados, tales como: rutas, excursiones, circuitos, giras y paquetes turísticos, a turistas y visitantes por cuenta y nombre de agencias minoristas, mayorista, mixtas, o Tours Operadores recibiendo únicamente la contraprestación correspondiente por sus servicios turísticos realizados por cuenta de éstas. Las siglas de identificación serán “AGST”.
Los agentes satelitales serán considerados como sucursales a los efectos de la solicitud de la Licencia de Turismo.
Exclusividad en la comercialización de
sus productos según su clasificación Artículo 7º. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores antes indicados, solo podrán realizar las actividades previstas en el artículo 4 de la presente Resolución, y ofrecer y comercializar sus servicios o productos, según la modalidad en la cual operen.
Agencias de Turismo y Agentes de Turismo, requisitos generales para la solicitud de la Licencia de Turismo y Credencial de Turismo Artículo 11. Las personas naturales, jurídicas, y demás sujetos o entidades, u organizaciones socioproductivas, obligadas a la inscripción conforme con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo y demás normativas, que pretendan ejercer las actividades de agencias de turismo, señaladas en la presente Resolución, deben llenar la solicitud a través del sistema automatizado que se establezca en el portal electrónico del Ministerio del Poder Popular para el Turismo www.mintur.gob.ve o el formato que a tal efecto se elabore, y consignar en físico y digitalizado, los siguientes recaudos:
a) Planilla de solicitud de Licencia impresa del sistema automatizado o formato autorizado, según sea el caso. b) Copia de la última modificación del acta constitutiva, estatutos o el documento de creación, según sea el caso. c) Copia legible del comprobante de pago de la Tasa de Tramitación de la Licencia o Licencias en los casos de abrir una o más sucursales o agentes satelitales, o el respectivo comprobante de pago emitido electrónicamente, según sea el caso. d) Constancia de la solicitud de la patente de industria y comercio. e) Copia fotostática legible de la Póliza de Responsabilidad Civil, que garantiza la cobertura de daños a terceros o cosas, (predios y operaciones) emitida por una empresa de seguros inscrita por ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, cuyo beneficiario sea el solicitante, según el tipo de solicitud, adjuntando a la póliza emitida las condiciones generales y particulares de la misma, y conforme con las sumas aseguradas y exigidas conforme con la clasificación señalada en la presente Resolución. f) Copia fotostática legible de las tarifas de los servicios turísticos ofrecidos, expresadas en el idioma castellano y en moneda de curso legal, de acuerdo a los formatos del sistema automatizado que se establezca en el portal electrónico del ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo o el formato que a tal efecto se elabore. No obstante, podrán ser expresadas en cualquier medio de pago virtual o en divisas extranjeras, cuando así lo autorice el órgano competente en materia cambiaria. g) Nómina actualizada de trabajadores y cargos que desempeñan en los casos que sea procedente, y relación del personal directivo y administrativo, identificando la nacionalidad, cargo, y profesión, según los formatos que a tal efecto indique el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo.
página original (tal como se publicó)

Página 4
p h) Deberá constar que el gerente o encargado de la principal y de la (s)
sucursal (es) o agente (s) satelital (es), estén acreditados en el país como Licenciado en Turismo, Técnico Superior en Turismo, o que ostente la Credencial de Agente de Turismo, otorgada por el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo. i) No haber sido objeto de sanción en forma reiterada. j) Deben tener o poseer un lugar físico dotado con mecanismos de comunicación y atención al público, para lo cual deben presentar copia fotostática legible del documento que evidencie el derecho de propiedad o de posesión que tiene el solicitante sobre el inmueble, con vigencia no menor a dos (2) años fijos, contados a partir de la fecha de la solicitud. Este requisito aplica independientemente, si funciona a través de locales físicos o de manera electrónica, mediante portales o banner. k) La aprobación y registro de las Condiciones Generales de Responsabilidad por parte de la Dirección competente del ministerio del poder popular en materia de turismo. l) La constancia de inscripción de comercio electrónico o el documento que la sustituya llevado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en el caso que comercialicen a través de portales o banner. m) Cualquier otro recaudo o información que el ministerio con competencia en materia de turismo estime necesario para el correcto funcionamiento de las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo.
De los Requisitos Especiales para todas las Agencias de Turismo, tipo Tour Operadores, Mayoristas y Mixtas
Artículo 12. Para las Agencias de Turismo, tipo Tour Operadores, Mayoristas y Mixtas, además de los requisitos previstos en el artículo 11 de la presente Resolución, deberá constar un capital social totalmente suscrito y pagado no menor al equivalente a cincuenta mil unidades tributarias (50.000 UT), o balance personal emitido y suscrito por contador público debidamente certificado, según sea el caso, y la Póliza de Responsabilidad Civil, que garantiza la cobertura de daños a terceros o cosas a que hace referencia el literal e), no podrá ser inferior al equivalente a veinticinco mil unidades tributarias (25.000 UT) y presentar el documento que demuestre que tienen la representación de una o varias empresas turísticas nacionales o extranjeras, cuando lo posean.
De los requisitos especiales para todas
las Agencias de Turismo tipo Minorista Artículo 13. Para las Agencias de Turismo Minorista, además de los requisitos previstos en el artículo 11, deberá contar con un capital social totalmente suscrito y pagado no menor al equivalente a veinticinco mil unidades tributarias (25.000 UT), y la Póliza de Responsabilidad Civil, que garantiza la cobertura de daños a terceros o cosas a que hace referencia el literal e), no podrá ser inferior al equivalente a quince mil unidades tributarias (15.000 UT).
De los requisitos especiales para los Agentes de Turismo tipo Persona Local Calificada, Agente Independiente Turismo y Agente Satelital de Turismo
Artículo 14. Para la Persona Local Calificada, Agentes Independientes de Turismo y Agentes Satelitales de Turismo, además de los requisitos previstos en el artículo 11, deben presentar: Copia Fondo Negro del Título Universitario o Técnico, o Técnico Superior en el área de turismo, debidamente registrado o constancia de trabajo emitida por Agencia de de los diez (10) días hábiles siguientes de haberse emitido la planilla electrónica. En los casos de formato deberá presentarlo con los recaudos dentro del lapso señalado para la inscripción o actualización prevista en la Resolución N° 007 publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 40.883 de fecha 12 de abril de 2016 o de la normativa legal que la sustituya. Asimismo, los documentos o recaudos exigidos en copia en la presente Resolución, deberán ser presentados con sus respectivos originales para la confrontación y posterior devolución.
Emisión del Permiso Provisional de Turismo o Credencial
Artículo 16. Recibida la planilla de solicitud emitida por el portal electrónico del Ministerio del Poder Popular para el Turismo www.mintur.gob.ve o el Formato autorizado, con los recaudos respectivos, la dependencia competente emitirá acta de recepción y tendrá un lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud para constatar la información y la consignación de los recaudos exigidos, conforme con la presente Resolución. En caso de omisiones o errores en la información y documentación entregada, se notificará al interesado, a los fines que sean subsanados en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de su notificación, prorrogable por una vez por causa justificada y a solicitud del prestador de servicios turístico, en caso que no consigne los recaudos faltantes o no corrija las omisiones o errores en dicho plazo o en la prórroga otorgada, procederá la declaratoria de perención de dicho proceso por parte de la dependencia competente. Subsanados los errores u omisiones, el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, procederá a emitir el Permiso Provisional si fuese por primera vez o la Licencia en caso de renovación, y si fuese improcedente, emitirá acto motivado, el cual deberá ser notificado al solicitante.
Turismo, inscrita en el Registro Turístico Nacional y con Licencia de Turismo, en la cual conste una experiencia, mínima de cinco (5) años, vinculada al área operativa en el sector turismo; balance personal emitido y suscrito por contador público debidamente certificado; Póliza de Responsabilidad Civil, que garantiza la cobertura de daños a terceros o cosas a que hace referencia el literal e) del artículo 9, la cual no podrá ser inferior al equivalente a diez mil unidades tributarias (10.000 UT). Asimismo, deben tener o poseer un lugar físico desde el cual presten sus servicios, dotados con mecanismos de comunicación para ser contactado por el público en general, tales como: telefonía móvil y fija, redes sociales, entre otras.
Dependencia y lapsos para la consignación de los recaudos
Artículo 15. La planilla digitalizada deberá consignarse con los recaudos respectivos ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo o la dependencia que éste designe mediante Resolución, dentro Cuando la solicitud, corresponda a Persona Local Calificada, Agente Independiente de Turismo o Agente Satelital de Turismo, se le asignará al prestador de servicios turísticos persona natural, la Credencial oficial por parte del ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, indicando su número y correlativo respectivo, según la actividad desarrollada. Dicha Credencial de Turismo debe ser renovada cada dos (2) años contados a partir de su otorgamiento. Emitido el Permiso Provisional de Turismo, este tendrá un plazo de vigencia máximo de seis (6) meses prorrogable por una sola vez a instancia de la administración turística. Dentro de ese lapso el expediente será remitido a la Dirección General de Inspección del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, quienes realizarán la inspección del referido prestador de servicios turísticos, a los fines de constatar la exactitud y veracidad de la información suministrada y el otorgamiento de la Licencia definitiva. Cuando se trate de renovación de Licencias o Credenciales, la administración turística podrá realizar la inspección a que hace referencia el párrafo anterior, sin que ello implique la renuncia a dicha potestad quien la tiene y la puede ejercer en cualquier momento, conforme a lo señalado en el Decreto con Rango, Valor, Fuerza de Ley Orgánica de Turismo. Realizada la inspección y no existiendo objeción alguna, se otorgará la Licencia definitiva dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, la cual tendrá una duración de dos (2) años contados a partir de su emisión. En caso contrario, con base en el informe será negada y debidamente notificada al solicitante.
Otorgamiento y renovación
de Licencia Requisitos
Artículo 17. La Licencia de Turismo definitiva otorgada deberá ser renovada en un plazo de dos (2) años a partir de su emisión, la cual deberá tramitarse con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento. Para la renovación de la Licencia de Turismo o Credencial, el solicitante deberá a través del sistema automatizado establecido en el portal electrónico del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, www.mintur.gob.ve; o el formato que a tal efecto se elabore, realizar la solicitud según sea el tipo de Agencia de Turismo o Agente de Turismo, y presentarlo con los recaudos vigentes requerido en la presente Resolución.
441.784 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 8 de junio de 2018
página original (tal como se publicó)

Página 5
Lapso para inicio de actividades
Artículo 18. Una vez otorgada la Licencia o Credencial, las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo, según sea el caso, deberán iniciar su funcionamiento dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de expedición del los mismos, el cual podrá prorrogarse por igual período a solicitud del interesado. Vencido este lapso o su prórroga, sin haber comenzado sus operaciones se suspenderá administrativamente, hasta materializarse el supuesto señalado en el artículo 20 de la presente Resolución.
Lapso, supuestos y procedimiento para efectuar los cambios o modificaciones
Artículo 19. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores, en caso de cambios o modificaciones de los datos, deberán realizarlo a través del portal o del formato que a tal efecto elabore el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes de haberse producido, los hechos o cambios, y en especial la actualización procederá en los siguientes casos:
1. Cambio de apellidos y nombres, razón social o denominación comercial del sujeto, persona jurídica, o de la entidad. 2. Cambio de directores, administradores o de las personas que ejerzan la representación legal. 3. Cambio de accionistas. 4. Cambio de domicilio civil o electrónico. 5. Venta del fondo de comercio o de todas sus existencias, que modifique la titularidad del mismo. 6. Cese, paralización y reinicio de las actividades turísticas habituales. 7. Venta, traspaso, cesión, fusión o cualquier otro acto que implique cambios en el capital social de la empresa. 8. Disfrute de beneficios fiscales en las contribuciones, impuestos o tasas en materia turística, si fuesen otorgadas por Ley o por el Ejecutivo Nacional. 9. Aprobación u otorgamientos de créditos y préstamos turísticos. 10. Instalación, mudanza o cierre permanente de establecimientos, tales como: casa matriz, sucursales, agencias, locales comerciales o de servicios. 11. Cambio de actividad económica o de objeto social. 12. Atraso, liquidación o quiebra de la sociedad. 13. Modificación de la clasificación de agencia, según esta Resolución por ocurrencia de hechos, tales como: transformación, fusión, reorganización empresarial, entre otros. 14. Cualquier otra modificación que pudiera afectar la situación de las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo. En los supuestos previstos en los numerales 5 y 7, además de la notificación, deberá solicitar la debida autorización por parte del ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo.
Lapso para reanudar la Licencia o Credencial de Turismo
Artículo 20. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo suspendidos administrativamente conforme a lo previsto en el artículo 18 de la presente Resolución, podrán reanudar la Licencia de Turismo, después de transcurrido dos (2) años de haber sido suspendida administrativamente, para lo cual deberán notificar al ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, transcurrido dicho lapso sin la debida notificación, en caso que hayan iniciado la actividad o no iniciada, se procederá a la anulación definitiva de la Licencia o Credencial de Turismo.
Una vez emitida la autorización por cada sucursal, se procederá a la solicitud de la Licencia o Credencial, para la cual deberá cumplir el procedimiento y condiciones previstas en la presente Resolución.
Autorización previa en los casos de actos que impliquen cambios en el capital social de la empresa
Artículo 22. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo, deberán además de cumplir con la notificación dentro del plazo establecido en el artículo 19, solicitar la autorización al ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, en los casos de venta, traspaso, cesión, fusión o cualquier otro acto que implique cambios en el capital social de la empresa, debiendo consignar los documentos siguientes: a) Identificación de los adquirientes o nuevos socios; b) Nómina de personal; c) Constancia que el gerente o encargado de la empresa está acreditado en el país como Licenciado en Turismo, Técnico Superior en Turismo o que posea la Credencial de Agente de Turismo; d) Acta de Asamblea debidamente publicada en la cual conste el acto jurídico; y e) No haber sido objeto de sanción en materia turística.
Aplicación de sanción por no notificar
al ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo
Artículo 23. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores, serán sancionados con multa de acuerdo con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, cuando no realicen la debida notificación al ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo en los siguientes supuestos: a) Por la inactividad comprobada de la Agencia durante tres (3) meses continuos, sin perjuicio de las obligaciones frente a terceros;
Apertura de Sucursales o agentes satelitales requisitos Artículo 21. Para la apertura de sucursales o agentes satelitales se requiere la autorización previa del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, a cuya solicitud deberá, anexarse la documentación que a continuación se especifica: a) Identificación del solicitante; b) Relación del personal que administre la sucursal, contentiva de los datos que identifiquen a las personas, su nacionalidad, profesión y el cargo que van a ocupar; c) Acta de Asamblea debidamente publicada, en la cual conste la aprobación de la sucursal o contrato de servicios en el caso de agentes satelitales o local calificado, con el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos conforme al tipo de Agencia de Turismo que se constituirá d) Deberá constar que el gerente o encargado de la sucursal está acreditado en el país como Licenciado en Turismo, Técnico Superior en Turismo o que posee la credencial de Agente de Turismo y; e) Constancia de solicitud de la Patente de Industria y Comercio.
b) Cambio de dirección: c) Disminución del capital social exigido o de la cobertura de la póliza de responsabilidad Civil conforme a lo previsto en la Presente Resolución; y d) Venta, traspaso, cesión, fusión o cualquier otro acto que implique cambios en el capital social de la empresa.
Potestad de Inspección por parte del
ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo
Artículo 24. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores, serán inspeccionados periódicamente por funcionarios debidamente identificados y autorizados por el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo.
Libro Oficial de Sugerencias y Reclamos Artículo 25. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismos, así como cada una de sus sucursales, deben poseer un Libro Oficial de Sugerencias y Reclamos, el cual será llevado en forma electrónica. A tal efecto, el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, establecerá mediante Resolución los requisitos y condiciones del mismo. Excepcionalmente, y a solicitud de las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo, o Tours Operadores autorizados por el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, podrán llevar dicho Libro en forma física cuando la ubicación territorial de la Agencia de Turismo o Agente de Turismo o Tours Operadores, presenten limitaciones operativas de llevarlo en forma electrónica.
Obligación de exhibir en la entrada principal placa número correspondiente al Registro Turístico Nacional y a la Licencia de Turismo Artículo 26. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo, exhibirán en la entrada principal y a la vista del público una placa la cual será previamente autorizada por el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, que indique el número correspondiente al Registro Turístico Nacional y a la Licencia de Turismo. La elaboración y los costos de fabricación de dicha placa serán por cuenta del interesado.
Viernes 8 de junio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 441.785
página original (tal como se publicó)

Página 6
Diseño y especificaciones de la Placa Artículo 27. La Placa de las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores, se elaborará según el diseño que suministre el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo y contará con el logotipo del Ministerio. Las especificaciones, así como el marco de la placa serán realizadas en acrílico con letras rotuladas en color negro, de cinco milímetros (5mm). Las medidas de la placa identificadas serán de cuarenta centímetros por cuarenta centímetros (40 cm x 40 cm). El ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo mediante Resolución establecerá las condiciones y especificaciones que deberá tener la referida placa.
Condiciones Generales de Responsabilidad de las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo y de las condiciones conforme a las cuales deben prestar el servicio turístico Artículo 28. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo, deberán elaborar y exponer a disposición del público, los contratos de los servicios turísticos que prestan, en los cuales deberá constar de forma clara, real y veraz, la información sobre los destinos, duración y calendario del viaje, precio del paquete, medios de transporte con mención de sus características y clase; relación de establecimiento de alojamiento, con indicación de su clasificación y categoría, así como copia de las Condiciones Generales de Responsabilidad.
Condiciones Generales de Responsabilidad, procedimiento, aprobación y registro Artículo 29. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores, deben presentar al ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, ante la Dirección General de Registro y Licencias, con la consignación de la planilla y recaudos para la solicitud de la Licencia de Turismo, las Condiciones Generales de Responsabilidad, para su aprobación y debido registro. El ministerio tendrá un lapso de quince (15) días hábiles para revisar la información consignada a los fines de aprobar o negar, vencido el mismo sin respuesta, se considerará que ha operado el silencio negativo y podrá ejercer el recurso inmediato siguiente, conforme con lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. En caso de omisiones o errores en la información y documentación entregada, se notificará al interesado, a los fines que sean subsanados en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de su notificación, prorrogable por una sola vez por causa justificada y a solicitud de las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores. En caso que no consigne los recaudos faltantes o no corrija las omisiones o errores en cuestión, en dicho plazo o en la prórroga otorgada, procederá la declaratoria de perención de dicho proceso por parte de la dependencia competente. En caso de operar el silencio negativo o la declaratoria de perención a que hace referencia el párrafo anterior, las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo no podrán publicitar ni comercializar ningún producto o servicio turístico con las Condiciones Generales de Responsabilidad negada o perimida.
Responsabilidad de las Agencias de Turismo
y Agentes de Turismo Artículo 30. Las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores, serán responsables en su totalidad antes sus clientes cuando hayan ofrecido un producto, programa o paquete, elaborado por ellas mismas y registrados como propios ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, sin perjuicio de las exigencias, demandas y acciones que eventualmente pueda ejercer ante el prestador final del servicio por la deficiencia, negligencia o impericia en la realización responsabilidad por eventos, tales como: accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante el viaje, solo se comprometerán a prestar los servicios y a hacer las devoluciones de que trata según sea el caso. 4. Circunstancias en las cuales las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tour Operadores se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje, hoteles de similar o superior categoría, transporte y los demás que sean necesarios para garantizar el éxito del viaje. 5. La obligación a cargo de las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tour Operadores de informar al viajero sobre la documentación requerida para facilitar su desplazamiento en los destinos nacionales e internacionales, siendo obligación del usuario el cumplimiento de los requisitos informados. 6. Cuantía del anticipo y plazo para el pago de esta suma por parte del usuario, con el objeto de asegurar su participación en el viaje. Este valor será abonado al costo total del plan o paquete turístico. Las reservaciones y boletas para la participación en cruceros, eventos deportivos y culturales, congresos, ferias, exposiciones y similares se sujetarán a las condiciones que señalen las empresas organizadoras de tales eventos, las cuales deben ser claramente informadas al usuario. Parágrafo Único: La devolución del dinero a los usuarios, previsto conforme a la presente normativa, deberá efectuarse a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se efectuó el reclamo ante la Agencia de Turismo o Agente de Turismo o Tours Operadores respectivo, o a la fecha de la emisión del acto administrativo o sentencia definitiva que lo declare, según sea el caso.
Autorización y Registro de giras, circuitos, excursión o ruta turística Artículo 34. Todo proyecto de gira, circuito, excursión, paquete o ruta, deberá ser presentado ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo para su autorización y registro, debiéndose señalar en el paquete turístico como mínimo los siguientes datos:
del mismo, si fuese procedente. En aquellos casos cuando el producto, programa o paquete elaborado es registrado ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, por otra Agencia de Turismo o por terceras empresas integrantes del Sistema Turístico Nacional, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio de las exigencias, demandas y acciones que eventualmente pueda ejercer ante el prestador final del servicio deficiente reclamado; si fuesen procedentes.
Anulación antes del inicio del Viaje
Artículo 31. Si se produce la anulación del contrato por causa de fuerza mayor, antes del inicio del viaje, impidiendo el cumplimiento de la operación, el cliente tendrá derecho al reembolso total de lo pagado.
441.786 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 8 de junio de 2018 Aceptación de las Condiciones Generales de Responsabilidad del contrato, en caso de anulación
Artículo 32. De producirse la anulación de los paquetes o programas contratados, el cliente deberá acogerse a los artículos o cláusulas de las Condiciones Generales de Responsabilidad del contrato.
Deber de entregar factura y toda la información y documentación al usuario del producto turístico Artículo 33. En el momento de la perfección del contrato, las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores entregarán al usuario los cupones de transporte, de alojamiento y demás documentos necesarios para la realización completa de los servicios incluidos en el paquete turístico, así como una factura detallada en la que debe figurar, además del precio global del paquete una clara referencia a la oferta de que se trate en relación con el paquete ofrecido. Los servicios, planes o paquetes turísticos deberán consignar una cláusula de responsabilidad que contemple como mínimo, los siguientes aspectos: 1. Responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico ante los usuarios por la prestación y calidad de los servicios descritos de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el programa. 2. Los términos y las condiciones en que se efectuará el reintegro de los servicios turísticos no utilizados y que puedan ser objeto de devolución, cuando el viaje o la participación del usuario en el mismo se cancele con anterioridad a su inicio o cuando una vez iniciado el viaje deba interrumpirse, por causas tales como: caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad del viajero, negación de visados o permisos de ingreso, decisión del país de destino de impedir el ingreso del viajero, retiro del viajero por conductas que atenten contra la realización del viaje o la moral y buenas costumbres, problemas legales y otras causas no atribuibles a las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tours Operadores. Para este efecto, se tendrán en cuenta las deducciones o penalidades previamente establecidas que los proveedores efectúen, cuando los servicios no son utilizados. El derecho al pasaje aéreo de regreso estará sujeto a las regulaciones en materia de aeronáutica. 3. Salvo manifestación expresa en contrario en las condiciones del plan o paquete turístico, el organizador, sus operadores, no asumen
página original (tal como se publicó)

Página 7
DISPOSICIONES FINALES Artículo 39. La promoción o publicidad por cualquier medio de difusión de las actividades propias de las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tour Operadores, sin la correspondiente inscripción en el Registro Turístico Nacional o la Licencia de Turismo o Credencial para su funcionamiento, será sancionada de acuerdo al Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo. Artículo 40. Las condiciones de prestación del servicio turístico se regirán por el Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, sus Reglamentos y demás normas establecidas por el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo. Artículo 41. El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Resolución será sancionado, de conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.
Entrada en vigencia Artículo 42. La presente Resolución entrará en vigencia a los sesenta (60) días hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y se aplicará para las nuevas solicitudes o renovaciones de Licencias y Credenciales realizadas a partir de su vigencia. Asimismo, las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tour Operadores con Licencia o Credencial expedida, para el momento de realizar su renovación, deberán adecuarse a los requisitos y procedimiento contenidos en la presente Resolución.
Lapso de aplicación del Reglamento sobre Agencias de Viajes y Turismo y posterior derogación
Artículo 43. El Reglamento sobre Agencias de Viajes y Turismo publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 5.293 de fecha 26 de enero de 1999, se aplicará hasta sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, numeral 14, en concordancia con la disposición Derogatoria Segunda del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.
Obligación de las Agencias de Turismo
y Agentes de Turismo cuando ejerzan sus actividades en parques y áreas naturales
Artículo 44. Cuando las Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tour Operadores presten servicios que se desarrollen en Parques Nacionales o Áreas Naturales Protegidas, deberán cumplir además de los requisitos señalados en la presente Resolución, los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa específica sobre la materia.
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.
dentro del lapso de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de su presentación por parte del interesado, deberá revisar el mismo y en caso que sea autorizado registrará éste, asignándole un número, el cual deberá aparecer en toda promoción, publicidad y factura de los mismos, acompañado del número de la Licencia y el número de Registro Turístico Nacional correspondiente. En caso que se modifique el paquete deberá ser presentado nuevamente para su revisión, autorización y registro si fuese procedente. Si de la revisión surgieran errores u omisiones o recaudos faltantes conforme a los requerimientos exigidos en el presente artículo, los mismos serán notificados al interesado, a los fines que sean subsanados en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de su notificación. En caso que no consigne los recaudos faltantes o no corrija las omisiones o errores en cuestión, en dicho plazo se procederá a la declaratoria de perención de dicho proceso por parte de la dependencia competente.
Ventas de productos, paquetes o programas elaborados por empresas de turismo en el extranjero
Artículo 35. Cuando se trate de ventas de productos, paquetes o programas elaborados por empresas de turismo en el extranjero, para ser vendidos por Agencias de Turismo Nacionales o Agentes de Turismo o Tour Operadores, éstas últimas deberán presentar el paquete desglosado, o en su defecto, el paquete originario ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo para su autorización y registro.
Publicidad para viajes y excursiones
Artículo 36. Cuando se trate de publicidad para viajes, paquetes, producto, giras y excursiones, entre otros, los proyectos sólo podrán contener las especificaciones descritas en los paquetes previamente autorizados y registrados ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo.
Obligación de colocar número de Registro
y Licencia de Turismo en toda publicidad Artículo 37. En toda propaganda impresa, correspondencia, documentación y publicidad realizada cualquiera sea la modalidad física o virtual, por una Agencia de Turismo o Agentes de Turismo, se indicará el número de inscripción en el Registro Turístico Nacional y de la Licencia o Credencial de Turismo respectivo.
Precios en moneda nacional o extranjera
Artículo 38. Cuando se trate de ventas de productos, paquetes o programas elaborados por empresas de turismo en el extranjero, o por empresas nacionales, los precios deben ser estimados en moneda de curso legal, pudiendo indicarse su equivalencia en cualquier medio de pago virtual o facturar en divisa extranjera cuando lo autorice y de acuerdo a las condiciones emanadas por el órgano competente en materia cambiaria.
DISPOSICION TRANSITORIA
Solicitudes en proceso para
la entrada en vigencia Única.- Aquellas Agencias de Turismo o Agentes de Turismo o Tour Operadores, que para la fecha de la entrada en vigencia de la presente Resolución, hayan iniciado el proceso de solicitud de Licencia o Credencial o la renovación de las mismas, se aplicarán las disposiciones previstas en el Reglamento Sobre Agencias de Viajes y Turismo publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 5.293 de fecha 26 de enero de 1999, hasta el plazo previsto para su derogatoria; vencido este plazo, se aplicarán las disposiciones previstas en la presente Resolución.
A tal efecto, se entenderá por iniciado el proceso una vez que se emita el Acta de Recepción por parte de la dependencia competente de la planilla de solicitud de inscripción emitida por el portal electrónico del ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo o el Formato autorizado, con los recaudos respectivos.
Viernes 8 de junio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 441.787 a) Destino e itinerario; b) Día o fecha de salida y regreso; c) Nombre y categoría de los establecimientos de alojamiento y régimen alimenticio, si lo hubiere; d) Medios de transporte, especificando el tipo y características del mismo; e) Deducibles si los hubiere; f) Precio de venta al público; g) Condiciones generales de responsabilidad; h) Vigencia del producto o servicio turístico; i) La debida autorización por parte del ministerio, para las gira, circuito, excursión, paquete o ruta, cuando sea requerida por las leyes especiales. y i) Demás servicios incluidos. El ministerio del poder popular con competencia en materia de turismo, a través de la Dirección General de Registro y Licencias, una vez presentado y
página original (tal como se publicó)

Página 8
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PARA PODER POPULAR AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, DESPACHO DEL MINISTRO.
RESOLUCIÓN DM/N° 025/2018. CARACAS, 09 DE ABRIL DE 2018.
AÑOS 208°, 159° y 19° El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, WILMAR ALFREDo CASTRo soTELDo, designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo establecido en los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario del 12 de agosto de 2005, así como lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, dictado a través del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.025 del 18 de septiembre de 1969, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano JESUS JOVANNY MARTINEZ IPIA, titular de la cédula de identidad N.° V-14.041.791, como DIRECTOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS DEL ESTADO TÁcHIRA, en condición de Encargado y como cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede San Cristóbal, Código:03028) Artículo 2. Se delega en el ciudadano mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución, la competencia y firma de los actos y documentos que se especifican a continuación:
1) Aprobar, ordenar y tramitar los gastos y pagos que afecten los créditos presupuestarios que le sean asignados con fondos de anticipo girados a la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Táchira mediante cheques, órdenes de compra y/o de servicios, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, en virtud de ello deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro. De igual forma participará a la Controlaría General de la República y a la Oficina de Auditoría Interna de este Ministerio su designación como Cuentadante.
2) Certificación de los documentos que reposan en los archivos de la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Táchira.
3) Aprobación de viáticos y pasajes nacionales, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.
4) Informar al ciudadano Ministro trimestralmente la ejecución presupuestaria y financiera, así como los compromisos pendientes de pago, en función de la presente delegación.
5) Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos.
Artículo 3. Los actos y documentos firmados en virtud de la delegación prevista en el artículo 2 de la presente Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de Resolución y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya sido publicada la misma.
Artículo 4. Queda derogada la Resolución DM/N.° 152/2016 de fecha 19 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.023 de fecha 3 de noviembre de 2016.
Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO Ministro del Poder Popular pafa anicultura Productiva y Tierras- ()
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO AGRICULTURA LA PODER PARA DEL POPULAR PRODUCTIVA Y TIERRAS, DESPACHO DEL MINISTRO.
RESOLUCIÓN DM/N° 026/2018. CARACAS, 09 DE ABRIL DE 2018.
AÑ0S 208°, 159° y 19°
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO, designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, de conformidad con lo establecido el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 3, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma fecha, en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo establecido en los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario del 12 de agosto de 2005, así como lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, dictado a través del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.025 del 18 de septiembre de 1969, dicta la siguiente;
RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano OMAR ENRIQUE OJEDA LARA, titular de la cédula de identidad N.° V-11.118.428, como DIRECTOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS DEL ESTADO MIRANDA, y como cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede Caucagua, Código: 03023).
Artículo 2. Se delega en el ciudadano mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución, la competencia y firma de los actos y documentos que se especifican a continuación:
1) Aprobar, ordenar y tramitar los gastos y pagos que afecten los créditos presupuestarios que le sean asignados con fondos de anticipo girados a la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Miranda, mediante cheques, órdenes de compra y/o de servicios, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, en virtud de ello deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro.
De igual forma participará a la Contraloría General de la República y a la Oficina de Auditoría Interna de este Ministerio su designación como Cuentadante.
2) Certificación de los documentos que reposan en los archivos de la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Miranda.
3) Aprobación de viáticos y pasajes nacionales, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.
4) Informar al ciudadano Ministro trimestralmente la ejecución presupuestaria y financiera, así como los compromisos pendientes de pago, en función de la presente delegación.
Artículo 3. Los actos y documentos firmados en virtud de la delegación prevista en el artículo 2 de la presente Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de Resolución y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya sido publicada la misma.
Artículo 4. Queda derogada la Resolución DM/N° 142/2016 de fecha 19 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.017 de fecha 26 de octubre de 2016.
Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariaga Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, M WILMAR ALFREDO CASTRO SOTEEDO Ministro del Poden Popular para dricultur productiva yTierras
>
página original (tal como se publicó)

Página 9
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Viernes 8 de junio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 441.789
página original (tal como se publicó)

Página 10
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA INDUSTRIAS BÁSICAS, ESTRATÉGICAS Y SOCIALISTAS
441.790 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 8 de junio de 2018
página original (tal como se publicó)

Página 11
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
EXPEDIENTE N° AP61-S-2011-000042 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ.
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2018-31, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante TDJ) en fecha 24 de abril de 2018 en la causa signada con el N° AP61-S-2011-000042, nomenclatura que conserva, mediante la cual decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana MARÍA EUGENIA GRAZIANI LICET, titular de la cédula de identidad V-9.272.425, de conformidad con el artículo 71 numeral 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética), por las actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones como Jueza Titular de la Sala de Juicio 2 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Cumaná.
1 ANTECEDENTES La investigación disciplinaria se inició en virtud de la denuncia presentada por la ciudadana Berta Cabello de Navarro, quien expuso que la Jueza investigada en un mismo caso —Solicitud de declaración de herederos universales— dictó dos sentencias, que asimismo, admitió una carta de concubinato falsa presentada por la ciudadana Marlenis Josefina Salcedo como concubina de su fallecido hijo Jesús Eduardo Cabello Navarro, que nunca le permitió ver el expediente por cuanto siempre se lo negaba, dentro de las actuaciones jurisdiccionales propias de ese órgano jurisdiccional. Asimismo, denunció la omisión de pronunciamiento sobre su solicitud de inclusión como heredera en el trámite de declaración de únicos y universales herederos; identificar en su decisión de únicos y universales herederos a los hijos del ciudadano Jesús Eduardo Navarro Cabello fallecido, con iguales apellidos; y hacer entrega de originales del expediente de herederos universales, a la madre de uno de los niños.
El TDJ el 10 de enero de 2012, declaró IMPROCEDENTE la solicitud de abocamiento del expediente N° 090580 llevado por la Inspectoría General de Tribunales (en lo adelante IGT), contentivo de la denuncia antes señalada, y una vez ejercido el recurso de apelación, esta Corte el 1 de marzo de 2012, anuló la sentencia de fecha 1ò-01-2012, por considerar que se trataba de una denuncia formal y no una mera solicitud de abocamiento.
En fecha 23 de noviembre de 2011, la Oficina de Sustanciación acordó dar entrada al expediente N° AP61-S-2011-000042 y dar inicio a la investigación de los hechos denunciados.
En fecha 14 de agosto de 2013, fue recibida ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de esta Jurisdicción Disciplinaria, acto conclusivo de la investigación seguida a la ciudadana MARÍA EUGENIA GRAZIANI LICET, mediante el cual la IGT, por un lado, planteó el sobreseimiento respecto a seis de las denuncias formuladas en su contra y solicitó la responsabilidad disciplinaria por la presunta omisión de pronunciamiento respecto a declarar heredera a la denunciante; identificar con iguales apellidos a los hijos del ciudadano Jesús Eduardo Navarro Cabello fallecido; y hacer entrega de originales del expediente de herederos universales, a la madre de uno de los niños.
En fecha 9 de diciembre de 2014, la Oficina de Sustanciación dictó auto en el cual admitió el escrito de petición de sanción emitido por la IGT en la causa AP61-D- 2013-000328; ordenó citar a la jueza denunciada a los fines de consignar escrito de descargos; ordenó la notificación correspondiente a las partes y, como último pronunciamiento respecto a la solicitudes de sobreseimiento de la investigación identificadas en los numerales 6, 7, 8, 8, 10 y 11 del escrito de petición de sanción, acordó elevar en copias certificadas las mencionadas solicitudes al TDJ a los fines de su pronunciamiento.
En fecha 16 de marzo de 2017 el TDJ declaró con lugar la solicitud de acumulación del expediente N° AP61-D-2013-000328 a la causa N° AP61-S-2011- 000042, interpuesta por la IGT.
En fecha 24 de abril de 2018, el TDJ profirió decisión mediante la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria a la Jueza investigada respecto de la denuncia de omisión de pronunciamiento; y decretó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, en cuanto a los hechos de haber identificado a los niños declarados como herederos con los mismos apellidos y el haber entregado originales contenidos en el expediente N° TP2-1091-07 a la madre de uno de los niños declarado como heredero de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética vigente.
Por auto de fecha 7 de mayo de 2018, el TDJ ordenó la remisión de la piesene causa a esta Corte Disciplinaria Judicial, contentiva de la decisión N° TDJ-SD-2o 031 de fecha 24 de abril de 2018, a los efectos de la correspondiente consulta obligatoria de Ley; tal remisión se efectuó a través del oficio N° TDJ-263-2018 de feca SCIPLIN 07 de mayo de 2018.
En fecha 14 de mayo de 2018, la secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial, Judicial signado con el N° AP61-S-2011-000042, así como de la asignación de la el presente fallo.
Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 24 de abril de 2018, el TDJ publicó la decisión N° TDJ-SD-2018-031, en la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria judicial a la ciudadana MARÍA EUGENIA GRAZIANI, Jueza Titular de la Sala de Juicio 2 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Cumaná, respecto de la denuncia de omitir pronunciamiento sobre la solicitud de la denunciante Berta Cabello de ser reconocida como heredera junto a sus nietos; y decretó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, en cuanto a los hechos de haber identificado a los niños declarados como herederos con los mismos apellidos y el haber entregado originales contenidos en el expediente N° TP2-1091-07 a la madre de uno de los niños declarado como heredero, bajo las siguientes consideraciones:
La Primera Instancia Disciplinaria examinó el primer hecho denunciado referido a la presunta omisión de pronunciamiento de la Jueza denunciada respecto a la inclusión de la ciudadana Berta Margarita Cabello de Navarro como heredera en la solicitud de declaración de únicos y universales herederos realizada por ella ante el que presumiblemente violentó el derecho de la denunciante a obtener oportuna y adecuada respuesta y a la tutela judicial efectiva.
Al respecto, el TDJ observó que la Jueza acusada en sus alegatos indicó que la pretensión procesal solo perseguía, que se declarara a los niños hijos del de cujus JESÚS EDUARDO NAVARRO CABELLO como sus únicos y universales herederos y que no se indicó que la ciudadana BERTA MARGARITA CABELLO DE NAVARRO, es heredera de su hijo fallecido y que los testigos afirmaron que los únicos y universales :herederos del fallecido eran únicamente sus hijos, asimismo, la Jueza denunciada citó el artículo 825 del Código Civil y que en virtud del mismo la ciudadana BERTA CABELLo DE NAVARRO, como ascendente no podría ser declarada como heredera universal de JESÚS EDUARDO NAVARRO CABELLO y que estando comprobada la filiación de los niños —cuya identidad se omite por mandato de la Ley Orgánica para la Protečción de Niños, Niñas y Adolescentes— lo procedente era declarar a estos como Seguidamente la Primera Instancia Disciplinaria pasó a realizar un análisis del ilícito imputado por el Órgano Investigador, esto es la presunta omisión de pronunciamiento, citando para ello la sentencia N° 1010 de fecha 11 de agosto de 2000 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la doctrina decidir una pretensión solicitada por las partes.
De seguidas el TDJ verificó la documentación que reposa en el expediente, especialmente la solicitud de declaración de únicos y universales herederos formulada por la ciudadana Berta Cabello de Navarro, así como las partidas de nacimiento de los hijos del difunto y la respectiva acta de defunción constatando de esta última que dejó dos hijos menores de edad; de igual forma el a quo constató las actas de declaraciones de los testigos quienes afirmaron que el de cujus dejó 2 hijos y señalaron sus nombres.
Posteriormente la Primera Instancia Disciplinaria examinó la decisión proferida por la Jueza investigada en fecha 12 de diciembre de 2007, mediante la cual declaró como Únicos y Universales herederos a los niños hijos del ciudadano fallecido JESÚS EDUARDO NAVARRO CABELLO.
página original (tal como se publicó)

Página 12
Finalmente el a quo evidenció que en la causa judicial TP2-1091-07 no constaba ninguna actuación que le hiciera presumir que la solicitante hiciera uso de la aclaratoria para que se corrigiese la supuesta omisión de pronunciamiento y que de conformidad con las normas sucesorales y lo declarado por los testigos concluyó que la Jueza se pronunció correctamente no configurándose a su juicio la falta imputada, razón por la que absolvió de responsabilidad disciplinaria a la jueza sometida a procedimiento.
En relación al segundo hecho sobre las presuntas irregularidades, al identificar la Jueza investigada en su decisión de únicos y universales herederos a los hijos del ciudadano Jesús Eduardo Navarro Cabello fallecido, con iguales apellidos maternos, tal como si se tratara de hermanos de doble conjunción.
El TDJ sobre esta denuncia consideró lo manifestado por la Jueza denjínciada en sus alegatos sobre que en su decisión de fecha 12 de diciembre de 2007 incurió en un error material involuntario al identificar a la niña con sus nombres seguidamente al niño con sus dos nombres y los apellidos Navarro S (identidad CIPLINAR omitida), en lugar de Navarro H (identidad omitida), dicho error a juicio del a que resultó intrascendente pues y que los fines perseguidos con el pronunciamiento judicial podían satisfacerse sin inconvenientes.
Seguidamente, el Tribunal de Instancia analizó la falta de descuido injustificado imputado por la IGT, considerando que el operador de justicia incurre en el mismo cuando repercute en la tramitación hasta la decisión definitiva de la causa y no por consideraciones en la aplicación del derecho debidamente argumentado y motivado en la actuación de un juez o jueza promedio.
Posteriormente el TDJ concluyó que la Jueza investigada incurrió en un error material al emitir la mencionada decisión de fecha 12-12-2007, y que tal conducta no era típicamente disciplinable y que en todo caso la rectificación de errores materiales, son revisables de conformidad con el artículo 252 del Código Civil, y en consecuencia decretó el sobreseimiento de la investigación de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez, al considerar que el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario.
En lo referente a la tercera denuncia, según la cual la Jueza María Eugenia Graziani hizo entrega de los originales contenidos en el expediente judicial número TP2-1091-07, a la madre de uno de los niños declarado como heredero, sin haber sido ésta la solicitante, hecho por el cual el Órgano Investigador le imputó a la jueza investigada descuido injustificado, a este respecto la Primera Instancia Disciplinaria verificó que la ciudadana Marlenys Salcedo, en nombre y representación de su hijo cuya identidad se omite, solicitó copias certificadas del expediente TP2-1091-07 y en fecha 6 de mayo de 2008, la Jueza arriba identificada emitió auto acordando expedir los 04 juegos de copias certificadas solicitadas.
La Primera Instancia Disciplinaria luego de examinar las actas del expediente y con fundamento en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, estimó que la actuación de la Jueza denunciada se encontraba ajustada a derecho y que ese hecho resultaba ser atípico y por tal razón decretó el sobreseimiento de la investigación de acuerdo con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética.
III FLILA DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial detrmifiar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria y a tal efectò observa lo siguiente:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:
Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado.
2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.
3. La acción disciplinaria haya prescrito.
4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
6. La muerte del juez o la jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada) La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicial, estatuye igualmente la consulta obligatoria a este Órgano Colegiado de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la Doble Instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario. De allí que el legislador de tan especial materia, haya establecido la\ revisión por un Tribunal de Alzada, del fallo que declara la finalización del proceso la nørma aplicable, procederá su declaratoria.
Se puede evidenciar que la sentencia N° TDJ-SD-2018-31 dictada por el Tribuna Primera Instancia Disciplinaria en fecha 24 de abril de 2018, decreto,el sobreseimiento de la investigación seguida a la Jueza MARÍA EUGENIA GRAZIANt" LICET, titular de la cédula de identidad V-9.272.425, con fundamento al artículo 71 numeral 2 del Código de Ética, por considerar que los hechos denunciados, se terminada la investigación disciplinaria, por tal motivo resulta competente para su conocimiento este Órgano Superior; asimismo, el a quo mediante oficio N° TDJ-263- 2018, de fecha 07 de mayo de 2018, ordenó la remisión del expediente a los efectos de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del artículo arriba citado; por todo lo antes expuesto esta alzada declara su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria de Ley. Y así se declara.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir el respectivo pronunciamiento, previa las siguientes consideraciones:
Esta Alzada, en reiterados fallos ha referido que el sobreseimiento previsto en nuestra norma adjetiva disciplinaria, constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales, de manera anticipada, al comprobarse la procedencia de uno de los supuestos contenidos en dicha norma (el hecho objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al Juez denunciado, que el hecho no sea típico, que la acción disciplinaria ha prescrito, que resulte acreditada la cosa juzgada, que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o la muerte del juez), y cuya comprobación por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial deberá ser, por mandato de ley, consultada por ante el órgano superior disciplinario, conllevando, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada.
(Vid. Sentencia N° 13, de fecha 20 de octubre de 2016, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial).
De la revisión de las presentes actuaciones, se puede advertir que la IGT en su acto conclusivo imputó a la Jueza MARÍA EUGENIA GRAZIANI LICET, por tres (3), hechos constitutivos de presuntas faltas disciplinarias, a saber, omitir pronunciarse sobre la inclusión de la ciudadana Berta Margarita Cabello de Navarro como heredera junto ,a;sus nietos en la solicitud de declaración de únicos y universales herederos ealizada por ella; identificar en su decisión de únicos y universales herederos a los hijos del ciudadano Jesús Eduardo Navarro Cabello fallecido, con apellidos iguales;
hacerntrega de los originales contenidos en el mencionado expediente de herederos uwnívrsales, a la madre de uno de los niños declarado como heredero.
En cuanto al primero de los hechos imputados por el Órgano Investigador, esto es la presunta omisión de pronunciamiento por parte de la Jueza MARÍA EUGENIA GRAZIANI LICET al no proveer la solicitud de la ciudadana Berta Margarita Cabello de Navarro de ser declarada como heredera en el trámite de declaración de únicos y universales herederos solicitado por ella, hecho que a juicio de la IGT violentó el derecho de la denunciante a obtener oportuna y adecuada respuesta, la Primera Instancia Disciplinaria sobre este hecho declaró la absolución de la Jueza investigada.
Del mismo modo, la Primera Instancia Disciplinaria decretó el sobreseimiento del segundo y tercer hecho por los cuales la IGT había imputado a la Jueza denunciada por presuntamente incurrir en descuidos injustificados en la tramitación del expediente TP2-1091-07, nomenclatura a cargo de la Jueza denunciada, por considerar que los hechos no revestían carácter disciplinario, conforme al numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética.
página original (tal como se publicó)

Página 13
En cuanto a la primera denuncia relacionada con la presunta omisión de pronunciamiento en el que habría incurrido la Jueza investigada al presuntamente excluir a la denunciante Berta Margarita Cabello de Navarro como heredera en la solicitud de declaración de únicos y universales herederos realizada por ella a favor de sus nietos, hecho por el que presumiblemente se había violentado el derecho constitucional a obtener oportuna y adecuada respuesta, esta Alzada considera necesario analizar las actas procesales a fin de verificar la existencia o no de la denuncia por la cual el a quo decretó la absolución de responsabilidad disciplinaria de la Jueza investigada, habida cuenta de que es la decisión integra del TDJ la sometida a la consulta de Ley, y en tal sentido quienes aquí deciden pudieron constatar lo siguiente:
Corre inserto a los folios 121 y 122 de la pieza 5, del presente expediente, copia certificada de solicitud de declaración de únicos y universales herederos interpuesta por la ciudadana Berta Margarita Cabello de Navarro en fecha 6 de noviembre de 2007, de la cual se desprende que actuó en su nombre y en representación de sus \ nietos, según partidas de nacimiento de los niños (Folios 124 y 125 de la pieza 5) que , fueron adjuntadas a la mencionada solicitud, hijos del ciudadano Jesús Equardo Navarro Cabello, fallecido AB-instestato, según acta de defunción que riela al folio 23 de la pieza 5, y que también la solicitante pidió se interrogará a los testigos sobre et:
conocimiento que tenían sobre que ella y sus nietos eran los únicos y universales herederos del ciudadano antes citado.
De igual modo se pudo verificar que en el folio 127 de la pieza 5, del presente expediente se encuentra auto de admisión de fecha 22 de noviembre de 2007 suscrito por la Jueza denunciada, en la cual se destaca que se trata de la declaratoria de únicos y universales herederos a los hermanos Navarro H y Navarro S (identidad omitida), en virtud de la muerte de su padre Jesús Eduardo Navarro Cabello.
Asimismo, los testigos evacuados fueron contestes en señalar que el fallecido Jesús Eduardo Navarro Cabello, dejó 2 hijos de nombre D. J. Navarro H y J. E.
Navarro S (identidad omitida), folios 208 y 209 de la pieza 4.
También se pudo constatar que la Jueza denunciada en fecha 12 de diciembre de 2007, dictó decisión mediante la cual declaró a los hijos del fallecido Jesús Eduardo Navarro Cabello como únicos y universales herederos identificándolos a ambos con Jlos apellidos Navarro S (identidad omitida).
Sobre la denunciada omisión de pronunciamiento la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1094 dictada en fecha 15 de Diciembre de2016, asentó:
/ "... Asimismo, debe puntualizarse que una vez determinada la omisión, debe corroborarse objetivamente el grado de afectación de los derechos que pueda tener en los administrados, pues no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en razón a que el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sólo sanciona la omisión injustificada..
Resaltado de esta Corte.
Por otro lado la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que para que exista la omisión lesiva de derechos y garantías constitucionales, deben existir actos concretos emanados del órgano jurisdiccional que limiten o impidan el ejercicio de los medios de defensa procesales que de alguna forma afecte o pueda afectar derechos e intereses.
¿De todo lo antes expuesto y de lo verificado en actas por esta Alzada, se _deduce con claridad que si bien es cierto que la ciudadana Berta Margarita Cabello de _cierto que las reglas de sucesión le impedían ser incorporada como heredera, por cuanto tal como acertadamente lo señaló la decisión consultada los descendientes Código Civil.
Esta Alzada comparte el criterio establecido en la sentencia consultada respecto a declarar absuelta a la jueza investigada al constatar que en efecto aplicó las reglas de sucesión, según la cual el orden de suceder le correspondía de forma excluyente a los descendientes, cuando no hubiere cónyuge, de tal forma que la Jueza denunciada actuó apegada a derecho al declarar como único y universales herederos a los niños D. J. Navarro H y J. E. Navarro S (identidad omitida), razón por la cual quienes aquí deciden estiman ajustado a derecho el pronunciamiento proferido por el a quo, toda vez, que la denunciada omisión de pronunciamiento no se configuró en los términos en los cuales el Órgano Investigador lo señaló, debiendo en consecuencia esta Alzada confirmar lo decidido por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria y absolver de responsabilidad disciplinaria a la Jueza denunciada. Y así se decide.- En lo concerniente a la segunda denuncia, sobre presuntas irregularidades cometidas en la solicitud de herederos universales al identificar en su decisión de fecha 12 de diciembre de 2007 a los hijos del ciudadano Jesús Eduardo Navarro Cabello fallecido, con iguales apellidos maternos como si se tratara de hermanos de doble conjunción.
El Órgano de Inspección y Disciplina le imputó a la Jueza MARÍA EUGENIA GRAZIANI LICET descuido injustificado en la tramitación del expediente TP2-1091-07, contentivo de la solicitud de declaración de únicos y universales herederos, señalando que la mencionada Jueza no verificó los recaudos presentados en su oportunidad y procedió a identificar a los niños con los mismos apellidos, siendo que tienen madres diferentes.
Esta Alzada Disciplinaria ha establecido en múltiples decisiones que el descuido injustificado se refiere a un abandono total de las obligaciones del Juzgador que han sido establecidas en la norma, y supone la falta de actividad volitiva e intelectiva del operador, o su cumplimiento defectuoso, por tanto, se hace necesario verificar en cada caso, si del recorrido procesal se desprende la ocurrencia de la referida falta, y en tal sentido se pudo apreciar del antes narrado iter lo siguiente:
De las partidas de nacimiento de los niños que fueron adjuntadas a la sligitud de declaración de únicos y universales herederos se constata de forma inequívca queel apellido correcto para la niña era Navarro H, en lugar de Navarro S; asimismo, manifestación de los testigos promovidos sin lugar a dudas se refieren a los niños D. Navarro H y J. E. Navarro S (identidad omitida), al igual del auto de admisión de la solicitud de declaración de únicos y universales herederos, suscrito por la Jueza investigada, se puede leer los nombres correctos de los niños llamados a suceder.
Ahora bien, al examinar la decisión del 12 de diciembre de 2007 emitida por la Jueza denunciada, se pudo verificar que se transcribió primero los dos nombres de la niña D. J., luego los dos nombres del niño J. E. seguido de los dos apellidos de este último (Navarro S), infiriéndose del mismo que se trata de hermanos de doble conjunción, lo cual constituye un error, que una vez verificadas el conjunto de actuaciones del expediente TP2-1091-07, coincide esta Alzada con la conclusión del TDJ al establecer que la Jueza denunciada incurrió en un error material involuntario, que no afectaron los derechos de los niños beneficiarios de la solicitud de declaración de herederos únicos y universales y que en todo existían los remedios procesales para oprregir el mencionado error, razones por las que se estima que la actuación de la Jjueza investigada no la hace merecedora de sanción disciplinaria alguna, razones que llevan a esta alzada a coincidir con lo decidido por la Primera Instancia Disciplinaria en cuanto a que el presente hecho denunciado no reviste carácter disciplinario, por lo que resulta ajustado a derecho el pronunciamiento mediante el cual se decretó el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con el artículo 71.2 del Código de decide En cuanto al tercer dictamen, proferido en la decisión consultada, que resolvió la denuncia según la cual la Jueza denunciada hizo entrega de los originales contenidos en el expediente judicial número TP2-1091-07, a la ciudadana Marlenys Salcedo, madre de uno de los niños declarado como heredero, sin haber sido ésta la solicitante, hecho por el cual el Órgano Investigador le imputó a la jueza investigada descuido injustificado, a este respecto la Primera Instancia Disciplinaria verificó que la ciudadana Marlenys Salcedo, en nombre y representación de su hijo cuya identidad se omite, solicitó copias certificadas del expediente TP2-1091-07 y en fecha 6 de mayo de 2008, la Jueza arriba identificada emitió auto acordando expedir los 04 juegos de, copias certificadas solicitadas.
Esta Instancia Superior efectivamente corroboró lo afirmado por el tribunal de ento, al comprobar que rielan copias certificadas de la diligencia presentada por la ciudadana Marlenys Salcedo en fecha 5 de mayo de 2008, actuando en nombre y representación de su menor hijo cuya identidad se omite, en la cual solicitó 4 juegos de arias certificadas de todo el expediente TP2- 1091-07 (folio 131, pieza 5); asimismo, se constató que en fecha 6 de mayo de 2008, la Jueza denunciada, dictó auto en el que acordó expedir las mencionadas copias certificadas (folio 132, pieza 5).
De igual forma esta Alzada, de las actas del presente expediente verificó que corre inserto a los folios 137 y 138 de la pieza 5, escrito realizado en fecha 17 de diciembre de 2008 por la ciudadana Marlenys Salcedo en la cual solicitó autorización judicial para consignación de bienes a nombre de su hijo J. E. (identidad Omitida), y acompañó a tales fines las copias certificadas del expediente TP2-1091-07, en el cual su hijo fue declarado heredero universal de su fallecido padre; y que la Jueza investigada en fecha 18 de diciembre de 2008 autorizó a la ciudadana antes mencionada para que en nombre de su hijo realizara los trámites de todo cuanto pueda corresponderle, en virtud del fallecimiento de su padre Jesús Eduardo Navarro Cabello.
página original (tal como se publicó)

Página 14
Así las cosas, quienes aquí deciden consideran que el hecho de expedir la Jueza denunciada copias certificadas a la ciudadana Marlenys Salcedo, resultó una actuación apegada a derecho de conformidad con el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo afirmó el TDJ, ya que la ciudadana antes identificada, interesada en el expediente TP2-1091-07, contentivo de la solicitud de declaración de únicos y universales herederos, por lo que lejos de incurrir en descuido injustificado, su actuación fue orientada a garantizar los derechos sucesorales del niño de autos, en que la haga merecedora de alguna sanción de las dispuestas en el Código de Ética, razones estas que inclinan a esta Alzada a coincidir con lo decidido por la Primera Instancia Disciplinaria en cuanto a que el presente hecho denunciado resultó atípico, por lo que resulta ajustado a derecho el pronunciamiento mediante el cual el TDJ decretó el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con el artículo 71.2 del Código de Ética, por cuanto el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario. Y así se decide.- En razón de los fundamentos expuestos esta Corte Disciplinaria Judicial, -dictada el 24 de abril de 2018 con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana MARÍA EUGENIA GRAZIANI LICET, titular de la cédula identidad V-9.272.425, Jueza Titular de la Sala de Juicio 2 del Tribunal de Protecchán de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Disciplinario Judicial, mediante el cual ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana MARÍA EUGENIA GRAZIANI LICET, por la presunta falta de descuido injustificado. Se CoNFIRMA el sobreseimiento de la investigación, respecto a las denuncias sobre la presunta irregularidad al identificar a los niños herederos como hermanos de doble conjunción; y el hecho de entregar documentos originales a quien no fungía como solicitante de la declaración de únicos y universales herederos, con fundamento al numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética. Y así se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria de la -sentencia N° TDJ-SD-2018-31, dictada el 24 de abril de 2018 con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana MARíA EUGENIA GRAZIANI LICET, titular de la cédula de identidad V-9.272.425, Jueza Titular de la Sala de Juicio 2 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Cumaná. SEGUnDO: se CONFIRMA el pronunciamiento emitido por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante el cual ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana MARÍA EUGENIA GRAZIANI LICET, por la presunta falta de descuido injustificado.
TERCERO: se CONFIRMA el sobreseimiento de la investigación, respecto a las denuncias sobre la presunta irregularidad al identificar a los niños herederos como hermanos de doble conjunción; y el hecho de entregar documentos originales a quien no fungía como solicitante de la declaración de únicos y universales herederos, con fundamento en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética.
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.
A los fines de salvaguardar los derechos constitucionales de las partes, se ordena la notificación del presente fallo.
Remítase copia certificada de la presente decisión al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria (30 ) días del mes de mayo Judicial en la ciudad de Caracas, a los de dos mil dieciocho (2g18): Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
TULIO JIMENEZ RODRIGUEZ
VICEPRESIDENTA/PONENTE
MERLY MORALES HERNANDEZ JUEZA PRINCIPAL
ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ SECRETARIA (E), Daresi CARMEN CARREÑO
EXP. N°AP61-S-2011-000042
el N° 24.
CARMEN CARREÑO La Secretarla (E)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-S-2018-000006 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2018-16 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante, TDJ) en fecha 21 de febrero de 2018, en la causa signada con el N° AP61-S-2018-000006, nomenclatura que conserva, mediante la cual, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana CARMEN VIOLETA CEDRÉ, titular de la cedula de identidad N° V- 6.870.528, por las actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones como Jueza Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética).
ANTECEDENTES La investigación disciplinaria se inició en virtud de la denuncia presentada por el ciudadano Galo José Falcón Vélez, titular de la cedula de identidad N° E- 81.679.464, quien delató que la Jueza investigada incurrió en irregularidades en-la consignación de las resultas de las notificaciones de la parte demandada en la causa judicial 4380-11, nomenclatura del Tribunal a cargo de la Jueza investigada.
En fecha 18 de enero de 2018, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de esta Jurisdicción, recibió mediante oficio N° 24520-17 de fecha 12 de diciembre de 2017, acto conclusivo presentado por el órgano de inspección y vigilancia, mediante el cual solicitó el sobreseimiento de los hechos denunciados, y en fecha 18 de enero de 2018 el TDJ una vez recibido el expediente, mediante auto dejó constancia que según el Sistema de Gestión Judicial, le correspondió la ponencia, a la jueza Jacqueline Sosa Mariño.
En fecha 21 de febrero de 2018, el TDJ dictó decisión decretando, el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la Jueza denunciada, de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 71 del Código de Ética.
En fecha 15 de mayo de 2018, el TDJ ordenó remitir la presente causa a esta Alzada, sa los efectos de su respectiva consulta obligatoria de ley; tal.remisión la efectuó a través del oficio N° TDJ-316-2018.
'En fecha 17 de mayo de 2018, la secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial, dejó constancia de la recepción del asunto proveniente del Tribunal Disciplinario Judicial signado con el N° AP61-S-2018-000006, así como de la asignación de la ponencia según el orden cronológico alternativo a la jueza MERLY MORALES HERNÁNDEz, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
página original (tal como se publicó)

Página 15
II DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 21 de febrero de 2018, el TDJ publicó la decisión N° TDJ-SD-2018- 16, en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana CARMEN VIOLETA CEDRÉ, antes identificada, sustentada en las siguientes consideraciones:
La Primera Instancia Disciplinaria respecto al hecho según el cual no constan en el expediente 4380-11, las resultas de las notificaciones libradas por la parte demandada (sociedad mercantil AMBIENTE, SERVICIOS Y ASEO, ASEAS, C.A.), realizó una descripción del trámite seguido en la mencionada causa, destacando que la Juez denunciada en fecha 4 de octubre de 2011, dictó auto mediante el cual admitió la demanda interpuesta por el denunciante, en el cual se ordenó librar oficio a la URDD, del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, exhortando a un tribunal para practicar la notificación de la parte demandada.
En ese mismo orden el a quo constató que el Juzgado Decimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas remitió resultas de las boletas de notificación dirigidas a AMBIENTE, SERVICIOS Y ASEO, ASEAS, C.A ., de fecha 8 de noviembre de 2011, y consignadas por el alguacil adscrito a la Oficina de Aguacilazgo del mencionado Circuito del Trabajo, quien habría manifestado que no fue practicada por cuanto la empresa se encontraba cerrada por falta de pago de impuestos.
Asimismo, respecto al hecho presuntamente denunciado el Tribunal de Instancia consideró que había constatado que la Jueza investigada realizó las gestiones necesarias para la materialización de la notificación del demandado, de conformidad con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, exhortando a los Tribunales de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, para que practicaran la mencionada notificación, que finalmente fueron infructuosas, toda vez que en las resultas consignadas por los alguaciles, dejaron constancia, de la imposibilidad de materializar la notificación poncuanto la empresa había sido cerrada, razones que llevaron al TDJ a concluir qué el hécho denunciado referido a que no constaba en el expediente 4380-11 las resultas de la notificación del demandado, no se había realizado, decretando en..
consecuencia el sobreseimiento de la investigación de conformidad del numeral 1 del artículo 71 del Código Ética.
La sentencia sometida a consulta señaló un segundo hecho denunciado referido a la negativa de la Juzgadora investigada a la solicitud de la parte actora de realizar la citación del demandado por medio de carteles de prensa, señalando el a quo que la Jurisdicente mediante resolución judicial de fecha 27 de septiembre de 2012, había dictaminado la improcedencia de tal solicitud exponiendo en su proceso laboral, pues resultaría violatoria del derecho a la defensa del demandado;
por lo que concluyó la Primera Instancia Disciplinaria, que tal decisión constituía un acto de carácter jurisdiccional sustentado en el principio de autonomía del Juez y por lo tanto carente del elemento de tipicidad necesario para la existencia de una sánción disciplinaria, ello conforme al artículo 4 del Código de Ética, lo que hace procedente el sobreseimiento solicitado por el Órgano Investigador de conformidad con/el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética.
III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria y a tal efecto observa lo siguiente:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:
Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado.
2.
disciplinario.
La acción disciplinaria haya prescrito.
3.
4.
Resulte acreditada la cosa juzgada No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la 5.
investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
6.
La muerte del juez o la jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada)
La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicial, estatuye igualmente la consulta obligatoria a esta Alzada Colegiada de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario. De allí que el legislador de tan especial materia, haya establecido la revisión por un Tribunal de Alzada, del fallo que declara la finalización del proceso como consecuencia del sobreseimiento y solo al verificarse los supuestos indicados en la norma aplicable, procederá su declaratoria.
Ahora bien, cuando el hecho no es típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario, tal causal se encuentra dentro de los supuestos normativos señalados por el legislador disciplinario y que habilitan al Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria para decretar el sobreseimiento de la investigación, previa verificación exhaustiva de la actuación del Juzgador. En tal sentido, se puede evidenciar de la sentencia N° TDJ-SD-2018-16 dictada en fecha 21 de febrero de 2018, que el TDJ decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la Jueza CARMEN VIOLETA CEDRÉ, al considerar que los hechos denunciados no se habían realizado y no revestían carácter disciplinario, de conformidad con los numerales 1 y 2, del artículo 71 del vigente Código de Ética; asimismo, ordenó la remisión del expediente a los efectos de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del artículo antes mencionado que señala que el auto razonado mediante el cual se decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cincos días siguientes; por todo lo antes expuesto esta Alzada se declara competente para conocer el presente asunto sometido a su consideración. Y así se declara.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:
En reiteradas decisiones esta Alzada ha señalado que el sobreseimiento previsto en la norma adjetiva disciplinaria constituye una forma de concluir los.
procesos disciplinarios judiciales, en forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de uno de los supuestos contenidos en dicha norma (el hecho objeto.
del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al juez denunciado, que el hecho no sea típico, que la acción disciplinaria ha prescrito, que resulte acreditada la cosa juzgada, que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o primera instancia judicial deberá ser, por mandato de ley, consultada por ante el órgano superior disciplinario, conllevando, como consecuencia su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada. (Vid. Sentencia N° 13, de fecha 20 de octubre de 2016 Corte Disciplinaria Judicial).
Ahora bien, esta Superior Instancia considera necesario destacar que sobre el Código de Ética, atinente a que el hecho investigado no se realizó, se configura cuando el elemento objetivo del hecho denunciado no se ha podido demostrar en la realidad y para que se verifique el supuesto de esta causal, el juez disciplinario debe haber llegado a la convicción de que no ha existido aquella conducta que provocó el inicio del proceso disciplinario, se trata pues de la inexistencia fáctica del hecho objeto de la investigación y exige la convicción del órgano disciplinario judicial de la certeza sobre su realización (Vid. Sentencia N° 13 del 27 de abril de 2017 de esta Corte Disciplinaria Judicial).
Observa esta Alzada, que el Órgano de investigación fundamentó su solicitud de sobreseimiento, en que las resultas infructuosas de las notificaciones si constaban en autos, concluyendo que el hecho presuntamente disciplinable no se realizó, ni reviste carácter disciplinario; asimismo, la primera instancia disciplinaria procedente decretar el sobreseimiento de la investigación, respecto a la queja de consignación de las notificaciones a los autos del expediente 4380-11, de conformidad con el artículo 71.1 del Código de Ética; y en relación a la "negativa a la solicitud de la parte actora de realizar la citación del demandado por medio de carteles de prensa..", conforme al artículo 71.2, del texto legal disciplinario.
página original (tal como se publicó)

Página 16
En cuanto al primer hecho relacionado con el reclamo presentado por el ciudadano Galo José Falcón Vélez, para constatar si en el expediente 4380-11, llevado por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, cursaban las boletas de notificación y sus resultas; esta Alzada considera necesario analizar si el sobreseimiento de la investigación decretado por el a quo : resulta ajustado a derecho, y en tal sentido se pudo constatar lo siguiente:
La presente investigación se inicia con escrito presentado por el ciudadano Galo José Falcón Vélez (Folio 1, de la pieza 1), quien interpuso "reclamo" respecto a la constatación en los autos del expediente judicial 4380-11 de las boletas de notificaciones y sus respectivas resultas a los fines de garantizar sus derechos en el juicio que por prestaciones sociales había interpuesto contra la empresa Ambiente, Servicios y Aseo, ASEAS, C.A., ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, regentado por la Jueza denunciada, de tal modo que aunque no se delata una presunta irregularidad, se trata de una preocupación del ciudadano Galo José Falcón Vélez ante el transcurrir de ocho (8) meses sin que la notificación se practicara en forma positiva.
Asimismo, de las actas del presente expediente se verificó que en fecha 4 de octubre de 2011, la Jueza denunciada al dictar auto admitiendo la demanda interpuesta ordenó emplazar mediante cartel de notificación a la empresa demandada antes citada a los efectos de celebrar audiencia preliminar, y en virtud de su domicilio ordenó librar oficio a la URDD, del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, exhortando a uno de los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución, la práctica de la mencionada notificación (Folio 32, Pieza 1).
De igual forma constató este Órgano Colegiado que corre inserto al folio 36 de la pieza 1, auto dictado por la Jueza investigada en fecha 10 de enero de 2012, donde se deja constancia del recibo de la resultas de la notificación ordenada, provenientes del Juzgado Decimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, y asimismo se ordenó que se agregaran a los autos; de igual manera, se constató que dentro de las resultas remitidas se encuentra diligencia de fecha 8 de noviembre de 2011 (folio 41 de la pieza 1), mediante la cual el alguacil Wilfer Cegarra expuso que el cartel de notificación no pudo ser entregado por cuanto al trasladarse a la dirección de la empresa demandada, la recepcionista le había indicado que se encontraba cerrada por la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, debido a la falta de pago de impuestos, de forma tal que la mencionada notificación no fue realizada.
Corre inserto al folio 102 de la pieza 1 del presente expediente, mediante el cual la jueza temporal Geraldine Gasperi, a cargo del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 31 de mayo de 2012 dictó auto en el cual ordenó librar nuevo cartel de notificación a la parte demandada, exhortando a los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Área Metropolitana de Caracas para su práctica, siendo recibido por la URDD del Circuito 2012, correspondiéndole al Juzgado Cuadragésimo Segundo de Sustanciación y Ejecución de ese circuito judicial dar cumplimiento a la notificación encomendada (folio 115, pieza 1); al igual que en el exhorto anterior el Juzgado antes mencionado remitió resultas infructuosas de la notificación a la empresa demandada (Folio 120, pieza1).
Se pudo verificar igualmente, que la Jueza investigada luego de reincorporarse al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, al dictar decisión de fecha 27 de septiembre de 2012 (Folio 123 al 128, pieza 1), mediante la cual declaró improcedente la solicitud de notificación por cartel de prensa, exhortó a la parte accionante a consignar nueva dirección de la demandada a fin de librar nueva notificación; en términos similares la Jueza investigada en decisión del 16 de noviembre de 2012, exhortó al accionante a consignar nueva dirección y ordenó oficiar al Servicio Nacional Integrado de Administración, Aduanera y Tributaria (SENIAT), solicitando la dirección de la empresa demandada ( Folio 136 al 140, pieza 1).
En el mismo orden, constató este Órgano Colegiado que la Jueza investigada en fecha 23 de enero de 2013 nuevamente dictó auto ordenando librar cartel de notificación a la sociedad de comercio demandada, en virtud de la respuesta remitida por el SENIAT indicando su dirección (Folio 151, Pieza 1); y en fecha 15 de julio de 2013 la Jueza denunciada dio por recibidas las resultas del exhortó provenientes del Juzgado Vigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, con resultado negativo (folio 170, pieza 1).
De todo lo antes expuesto y de lo verificado en las actas del presente expediente disciplinario, esta Alzada, concluye que las resultas de las notificaciones libradas reposan en la causa judicial 4380-11, de lo que se deduce que el reclamo formulado por el ciudadano Galo José Falcón Vélez respecto a si las resultas,de las, notificaciones de la parte demandada no constaban en autos, fue desestimado por e Órgano Investigador quien solicitó su sobreseimiento por verificar que sí constaban díćhas resultas de las notificaciones, por tanto el hecho denunciado no se había realizado, tal como lo confirmó la decisión del a quo consultada; circunstancia igualmente verificada por esta Alzada, considerando ajustado a derecho este pronunciamiento, siendo procedente decretar el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 del Código de Ética. Y así se decide.- En cuanto al segundo pronunciamiento de la decisión consultada respecto a la presunta negativa de la Jueza CARMEN VIOLETA CEDRÉ a la solicitud de la parte actora de realizar la citación del demandado a través de carteles de prensa, esta Alzada observa que del antes citado escrito suscrito por el ciudadano Galo José Falcón Vélez, no se delató este hecho analizado por el a quo en su resolución judicial.
Asimismo, de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, esta Alzada verificó que tampoco en el acto conclusivo de la IGT (Folios 186 al 196, pieza 1), se haga mención a la citada denuncia, constatándose que al aludir a las infracciones presuntamente cometidas por la Jurisdicente, el Órgano presunta falta de resultas sobre las notificaciones libradas a la parte demandada en la tramitación de la causa judicial 4380-11..", y seguidamente describió el recorrido procesal de la referida causa destacando la decisión proferida en fecha 16 de diciembre de 2012, en la cual la Jueza investigada declaró improcedente la solicitud de la parte actora a que se librar a notificación a través de cartel en prensa a la parte demandada, denotándose por tanto, que el Órgano Investigador no se refiere expresamente a ese hecho presuntamente denunciado, referido en la decisión cuya consulta se solicita.
En ese mismo orden de ideas, quienes aquí deciden pudieron constatar que en el acta de investigación inserta a los folios 78 al 81 de la pieza 1, que recoge el descargo realizado por la Jueza CARMEN VIOLETA CEDRÉ, la propia Juzgadora no hizo mención alguna a la denuncia referida a la negativa de esta de practicar la notificación de la parte demandada por medio de carteles en prensa, refiriéndose únicamente a la primera denuncia relacionada con la presunta falta de consignación de las resultas de las notificaciones a los autos del expediente 4380-11.
Visto lo expuesto anteriormente, resulta forzoso declarar la improcedencia del sobreseimiento de la investigación seguida a la Jueza CARMEN VIOLETA CEDRÉ, .respecto al hecho según el cual presuntamente había negado el requerimiento de practicar la notificación por cartel en prensa, realizado por el accionante en la causa judicial 4380-11, por cuanto no fue denunciado por el ciudadano Galo José Falcón.
Vélez, en su escrito de de fecha 18 de junio de 2012, en consecuencia esta Alzada revoca el pronunciamiento segundo de la sentencia sometida a consulta. Y así se decide.- Finalmente, establecidas así las consideraciones anteriores, esta Corte Disciplinaria Judicial debe declarar RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-16, dictada el 21 de febrero de 2018 con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana CARMEN VIOLETA CEDRÉ, titular de la cédula de identidad V-6.870.528, Jueza Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda. Se CONFIRMA el primer pronunciamiento emitido por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante el cual decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana CARMEN VIOLETA CEDRÉ, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, por cuanto el hecho no se realizó. Se REVOCA el sobreseimiento de la investigación, respecto al segundo dispositivo de la sentencia N° TDJ-SD-2018-16, referido a la presunta negativa de la Jueza CARMEN VIOLETA cEDRÉ en practicar la notificación de la parte demandada a través de carteles en prensa. Y así se decide.-
página original (tal como se publicó)

Página 17
V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-16, dictada el 21 de febrero de 2018 con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana CARMEN VIOLETA CEDRÉ, titular de la cédula de identidad V-6.870.528, Jueza titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda. SEGUNDO: se CONFIRMA el primer pronunciamiento emitido por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante el cual decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana CARMEN VIOLETA CEDRÉ, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética. TERCERO: se REVOCA el sobreseimiento de la investigación, respecto al segundo dispositivo de la sentencia N° TDJ-SD-2018-16, referido a la presunta negativa de la Jueza CARMEN VIOLETA cEDRÉ en practicar la notificación de la parte demandada a través de carteles en prensa.
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.
A los fines de salvaguardar los derechos constitucionales de las partes, se ordena la notificación del presente fallo.
Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección' Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los Cua (04) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018). Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
JUEZ PRESIDENTE,
TULIO JIMÉNEZ ROPRIGBEZ VICEPRESIDENTA-PONENTE
MERLY MORALES HERNÁNDEZ JUEZARRINGIRAL, Muuet ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ SECRETARIA (E) Am4 CARMEN CARREÑO
EXP. AP61-S-2018-000
CARMEN CARREÑO La Secretaria (E) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ EXPEDIENTE N° AP61-S-2015-000092 Mediante oficio N° TDJ-322-2018 de fecha 15 de mayo de 2018, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ), remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial (en lo sucesivo, CDJ), expediente signado con el N° AP61-S-2015-000092, contentivo del procedimiento disciplinario seguido en contra de la ciudadana AVILDA MERCEDES SOLÓRZANO MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 5.406.263, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas.
Tal remisión se realizó en virtud de lo ordenado en el auto dictado por el TDJ en esa misma fecha, mediante el cual remitió el precitado expediente, a los efectos de la Consulta Obligatoria de la sentencia N° TDJ-SID-2018-10, de fecha 01 de febrero de 2018, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación con relación a la solicitud efectuada por la Inspectoria General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) en el numeral 3 de su acto conclusivo.
El 17 de mayo de 2018, la Secretaría de esta CDJ recibió el presente expediente proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD), el cual quedó signado bajo el alfanumérico AP61-S-2015-000092. Asimismo, dejó constancia de su distribución correspondiéndole la ponencia al Juez TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Corresponde a esta Alzada resolver sobre la presente Consulta Obligatoria y dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones:
1 ANTECEDENTES
En fecha 23 de noviembre de 2009, la IGT ordenó abrir de oficio el expediente administrativo disciplinario N° 090694, con ocasión al oficio N°J.S.P.A.-297-2009, del 21 de mayo de 2009, suscrito por el ciudadano Harry Gutiérrez Benavides, en su condición de Juez Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, el cual remitió copia certificada de la decisión de fecha 12 de mayo de 2009, dictada por ese Tribunal, en la incidencia contenida en el MERCEDES SOLÓRZANO MARTÍNEZ, durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en la tramitación de la causa judicial N° 7207; mediante la cual decretó con lugar la inhibición planteada por la Jueza antes mencionada.
El 23 de octubre de 2015, la IGT dio por terminada la fase de instrucción del expediente disciplinario y solicitó la declaratoria de sobreseimiento de la investigación conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana ratione temporis, actualmente subsumible en el artículo 71 numeral 1 del Código de Ética (f. 102 al 106, P.2).
Luego, el 12 de noviembre de 2015, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción Disciplinaria (U.R.D.D.), recibió el oficio N° 02510-15, de fecha 23 de octubre de 2015, suscrito por Francia Coello González, en su carácter de Inspectora General de Tribunales, contentivo del expediente N°090694, nomenclatura de ese órgano, en virtud de haberse solicitado el sobreseimiento en la investigación seguida a la Jueza investigada, a los efectos del Llegado el 01 de febrero de 2018, el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SID-2018-10, mediante la cual declaró procedente el sobreseimiento de la investigación solicitado por la IGT, respecto al numeral 3 del acto conclusivo. (f. 102 al 106, P.2).
Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 01 de febrero de 2018, el iudex a quo dictó sentencia N° TDJ-SID-2018-10, en la que declaró lo siguiente:
"(...) PRIMERO: El SOBRESEIMIENTO de la investigación disciplinaria realizada por la Inspectoría General de Tribunales a la ciudadana AVILDA MERCEDES SOLÓRZANO MARTíNEZ, titular de la cédula de identidad V- 5.406.263, en el expediente signado AP61-S-2015-000092, por el hecho denunciado relativo a que presuntamente la Jueza se inhibió en la causa 7.207 por haber emitido opinión sobre el fondo del asunto, en virtud de constituir un hecho atípico que no reviste carácter disciplinario de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. SEGUNDO: Se ordena a la Inspectoría General de Tribunales, dicte un nuevo acto conclusivo por el hecho verificado durante la investigación relativo a que la jueza AVILDA MERCEDES SOLÓRZANO MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad V- 5.406.263, en la causa 7.207 presuntamente se reunió con una sola de las partes, todo de conformidad con lo previsto en el último aparte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado supletoriamente por remisión expresa del artículo 47 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. (...)" III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente Consulta Obligatoria, y a tal efecto observa lo siguiente:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las Consultas Obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:
Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado.
2. El hecho no sea tipico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.
(...) El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Negrillas y Resaltado de esta Alzada) La norma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisión que lo declara en Primera Instancia.
Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del Código de Ética del.
Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 7 de mayo de 2013, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión al juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia.
Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tanto en la reforma que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, fecha 28 de diciembre de 2015, como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 del 4 de febrero de 2016. Las observaciones que preceden permiten colegir la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración.
Con relación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, es oportuno destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7 de mayo de 2013 y 4 de febrero de 2016, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares.
página original (tal como se publicó)

Página 18
Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SID-2018-10 de fecha 01 de febrero de 2018, dictada por el a quo, en la que decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana AVILDA MERCEDES SOLÓRZANO MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 5.406.263, por las Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, y por ende, verificadas las condiciones objetivas y subjetivas que determinan la competencia para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Así se decide.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Alzada a emitir pronunciamiento, previas las siguientes consideraciones:
A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, la Corte observa que el sobreseimiento previsto en el articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana constituye una modalidad de concluir los procesos disciplinarios judiciales, de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de uno o varios de los supuestos contenidos en dicho artículo (l) que el hecho del proceso no se realizó o no pueda atribuírsele al juez denunciado, (Il que el hecho no sea tipico, (II) que la acción disciplinaria haya prescrito, (IV) que resulte acreditada la cosa juzgada, () que no exista la posibilidad de incorpora nuevos datos a la investigación o (VI) la muerte del juez denunciado o jueza denunciada, y cuya decisión por parte del órgano órgano superior disciplinario. De ali que, resuelta dicha consulta, quedaría planteada la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada.
En este sentido, observa esta Alzada que la IGT solicitó el sobreseimiento de la investigación actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en torno al hecho reprochado señalado en la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y de planteada por la Jueza investigada, fundamentada en el artículo 82, ordinal 15° del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 84 ejusdem, relacionada con la causa N° 7.207, por el juicio de Resolución de Contrato Agrario, incoado por el ciudadano Oswaldo Rafael Gamboa Alfonzo contra los ciudadanos Luis David Peña Conde y Pablo Roque Villamizar Nino, sin embargo ese Juzgado Superior consideró que al haber sostenido reunión con el apoderado judicial de la parte demandada el abogado Ángel Centeno, en fecha 16 de febrero de 2009, mantenimiento de su imparcialidad, equilibrio procesal, la tutela judicial efectiva, asi como el acceso de las partes a actuar en el asunto jurídico con equidad y justicia, configurando una conducta reprochable.
Al respecto, el Órgano Instructor determinó que el hecho no reviste carácter disciplinario, al constatar que la Jueza procesada al tramitar la causa sub examine, la cual se encontraba en la fase de promoción de pruebas, manifestó su inhibición, por encontrarse en una de las causales que da lugar a la separación de la causa, es decir, haber emitido pronunciamiento del fondo del asunto sometido a su consideración, con ocasión a la reunión efectuada el día 16 de febrero de 2009 con el apoderado judicial de la parte demandada, antes de dictar la sentencia correspondiente, de conformidad con el artículo 82, numeral 15 del Código de Procedimiento Civil, de igual manera el Órgano investigativo evaluó lo atinente al procedimiento agrario relativo instar a las partes a la conciliación con base al articulo 206 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en este sentido y en relación al caso in comento, consideró que la Jueza al emitir opinión del fondo del asunto y declarar su inhibición, actúo en estricto apego a las normas, finalmente mencionada causa, razón por la cual solicitó sea declarado el sobreseimiento de conformidad con el artículo 60 numeral 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana ratione temporis, actualmente subsumible en el artículo 71 numeral 1 del Código de Ética.
Ahora bien, en relación al caso sometido a Consulta, observa esta Alzada que el a quo a los fines de fundamentar su dictamen judicial verificó en primer lugar los argumentos expuestos en la sentencia de fecha 12 de mayo de 2009, dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que resolvió la inhibición planteada por la Jueza acusada en el expediente 2009-5219, y en la que ordenó la remisión de copias certificadas del fallo para la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia e Inspectoría General de Tribunales, al determinar a pesar de la declaratoria con lugar de la inhibición, que la Jueza "... infringió de forma evidente y directa el sagrado deber que tienen todos los jueces de la República en.
procurar la guarda y mantenimiento de su imparcialidad, y de la procura de asumir el conocimiento de la causa sometida a su examen jurisdiccional, sin la 'contaminación' de elementos cognoscitivos previos, que menoscaben esa independencia de juzgamiento..." Como segunda precisión, el TDJ analizó los motivos del planteamiento de inhibición propuesta en sOLÓRZANO MARTÍNEZ, en su condición de Secretaria y Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, respectivamente, en el expediente N° 7.207 "Siendo que en fecha 16/02/2009 sostuvo reunión con el apoderado judicial de la parte demandada... y emiti opinión al fondo... me encuentro incursa en la causal legal establecida en el ordinal 15 del articulo 82 del Código de Procedimiento Cil..". Del mismo modo, examinó los alegatos de descargo por la Jueza denunciada efectuados el 5 de abril de 2011 ante la IGT, en los cuales explicó entre otros aspectos, las justificaciones de la reunión sostenida con una de las partes involucradas en el proceso agrario, -la facultad para convocar audiencias conciliatorias entre las partes intervinientes en los asuntos judiciales sometidos a su conocimiento- y los motivos de procedencia de su inhibición.
Al respecto, la Primera Instancia Judicial, estimó importante analizar el precepto constitucional estipulado en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las consideraciones del Decreto con Fuerza de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.771 Extraordinario de fecha 18 de mayo de 2005, así como también, lo establecido en la Doctrina emitida por el autor Rengel Romberg en su obra titulada (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo Il de la Teoría General del Proceso, página 308 y 309), donde se desarrolló la promoción del acto conciliatorio entre las partes en materia agraria, antes de la emisión de la sentencia, todo lo anterior conllevó al iudex a quo, a dictaminar el sobreseimiento de la investigación al considerar que el hecho de haber emitido opinión del fondo del asunto no constituye un hecho típico que revista carácter disciplinario, de conformidad con lo establecido en el articulo 71, numeral 2 del Código de Ética.
Finalmente, este Despacho Superior observó que el a quo ordenó a la Inspectoría General de Tribunales, con base a lo establecido en el último aparte del artículo 305 del Código Orgánico Ética del Jueza Venezolano y Jueza Venezolana, la emisión de nuevo acto conclusivo respecto al hecho por el cual la Jueza denunciada, se reunió solamente con el abogado Ángel Centeno en - su condición de apoderado judicial de la parte demandada, según se desprende de los alegatos planteada -acta de inhibición-, bajo el siguiente razonamiento: ". estima este Tribunal Disciplinario que el reunirse con una sola de las partes o reunirse con una o ambas partes fuera de las horas de despacho o fuera sancionatorio previsto en la [Ley] Orgánica del Consejo de la Judicatura, -ey que se encontraba vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos- y actualmente subsumible también el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana..."
hecho de haber emitido opinión sobre el fondo del asunto bajo su conocimiento en la causa N° estimar que se encontraba incursa en la causal referida en el artículo 82, numeral 15 del Código sentencia correspondiente- quienes aquí decidimos, consideramos que lo correcto y ajustado a derecho era separarse del conocimiento del caso al configurarse alguno de los supuestos de hecho contemplados en el articulo antes mencionado, porque de lo contrario se estaría poniendo consecuencia, se confirma el fallo consultado por la Primera Instancia Judicial, conforme a lo establecido en el artículo 71 numeral 2 del Código de Ética, respecto al primer hecho señalado. Y así se decide.
su dispositivo, considera esta Alzada que el hecho de que la Jueza sometida a procedimiento se transparente, pero en realidad da lugar a una actuación cubierta por la clandestinidad, porque la otra parte no se entera de nada de lo sucedido; en ese sentido, resulta absurdo pensar que lo conversado no puede influir en la decisión final del operador de justicia, y si bien la Jueza imparcialidad y equilibrio del proceso judicial, la tutela judicial efectiva, así como el acceso de las partes a actuar en el asunto juridico con equidad y justicia, por lo tanto este Despacho Superior coincide con lo ordenado por el a quo, respecto al hecho de que el Órgano Instructor dicte un nuevo acto conclusivo, por el presunto hecho de haberse reunido la Jueza investigada con una sola de las partes. Y así se decide.
Visto què de la revisión del fallo consultado no se evidencia la violación a normas de orden Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SID-2018-10, dictada en fecha 01 de febrero de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial. Así se decide.
DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
dictada en fecha 01 de febrero de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la investigación, respecto al numeral 3 del acto conclusivo presentado por la Inspectoría General de Tribunales, en fecha 23 de octubre de 2015, a la ciudadana AVILDA MERCEDES SOLÓRZANO MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N.° V- 5.406.263, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, de conformidad artículo 71, numeral 2, del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SID-2018-10, dictada en fecha 01 de febrero de sOBREsEIMiENTO de la investigación disciplinaria realizada por la Inspectoría General de Tribunales a la ciudadana AVILDA MERCEDES SOLÓRZANO MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N.° V- 5.406.263, en el expediente signado AP61-S-2015-000092, por el hecho denunciado relativo a que presuntamente la Jueza se inhibió en la causa 7.207 por haber emitido opinión sobre el fondo del asunto, en virtud de constituir un hecho atípico que no reviste -carácter disciplinario de conformidad con el numeral 2 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. SEGuNDQ: Se ordena a la Inspectoria General de relativo a que la jueza AVILDA MERCEDES SOLÓRZANO MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N.° v- 5.406.263, en la causa 7.207 presuntamente se reunió con una sola de las partes, todo de conformidad con lo previsto en el último aparte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado supletoriamente por remisión expresa del articulo 47 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. (..) Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase con lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad ccn lo previsto en el artículo 84 del Código de. Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Caracas a los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018). Año 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
JUEZ PRESIDENTE PONENTE Gras TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ JUEZA VICEPRESIDENTA
MERLY MORALES HERNÁNDEZ JUERA
ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ SECRETARIA (E)
CARMEN CARREÑO
Exp AP61-S-2015-000092.- Hoy jueves, treinta y uno (31) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 1:35 p.m.. se publicó la anterior decisión bajo el N° 26.
La Secretaria (E),
CARMEN CARREÑO
página original (tal como se publicó)

Página 19
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ
Expediente N° A161-I-2015-000001
Mediante Oficio N° TDJ-321-2018 de fecha 15/05/2018, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° A161-I-2015- 0000001 (f. 249), contentivo del procedimiento disciplinario instruido a la ciudadana MARIA EUGENIA GRAZIANI LICET, titular de la cédula de identidad N° 9.272.425, en su carácter de Jueza Titular de la Sala de Juicio 2 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Sucre con Sede en Cumaná, por las presuntas irregularidades cometidas durante su desempeño en el cargo.
Tal remisión se realizó con ocasión de la Consulta obligatoria a que se encuentra en la que declaró el Sobreseimiento de la causa seguida a la Jueza investigada.
El 17/05/2018 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de esta Jurisdicción le dio entrada al expediente, conservó la numeración A161-I-2015-000001 (f. 250) y lo remitió a la Secretaría de esta Corte, la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez y del pase de actuaciones correspondientes en idéntica data.
| ANTECEDENTES El 05/08/2013 la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) dio por terminada la fase de instrucción del expediente administrativo disciplinario en la investigación practicada a la Jueza identificada, en virtud de haber dictado Acto Conclusivo (f. 149 al 200) en el que solicitó se decretara el "... sobreseimiento a la ciudadana (sic) MARIA EUGENIA GRAZIANI LICET, en su condición de Jueza de la Sala de Juicio número Dos, de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Sucre con sede en Cumaná..." respecto a los hechos denunciados en el expediente judicial N° 1091, de conformidad con el numerál '1 del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, normativa vigente ratione temporis.
En fecha 12/12/2017, el TDJ dictó Sentencia TDJ-SD-2017-82 en la que declaró el Sobreseimiento de la investigación seguida a la Jueza investigada.
II DEL FALLO CONSULTADO
fundamentó y decretó el Sobreseimiento de la investigación en los términos que a continuación se transcriben:
"Primero: Se decreta el SOBREsEIMiENTO de la investigación seguida a la ciudadana MARÍA EUGENIA GRAZIANI LICET...por el hecho denunciado sobre que la Jueza...dio curso a un documento distinto al que había suscrito la accionante..de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de2010, actualmente primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015.
denunciado sobre que la jueza se había negado a entregar el expediente judicial 1.091, de conformidad con el numeral 5 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Tercero: Se decreta el sOBREsEIMiENTO de la investigación...por el hecho señora Marlenys Salcedo', de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del articulo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de 2010, actualmente primer supuesto del numeral 1 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015.
Cuarto: Se decreta el SOBREsEIMiENTO de la investigación...por el hecho denunciado sobre que la jueza utilizó a los dos testigos que la denunciante llevó, para la declaración universales' por cuanto el hecho no reviste de carácter disciplinario, conforme al numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015, apartándose este Tribunal de la solicitud de sobreseimiento formulada por la Inspectoría artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de 2010, actualmente primer supuesto del numeral 1 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015.
Quinto: Se decreta el SOBREsEIMIENTO de la investigación...por el hecho denunciado denunciante asistieron al Tribunal para la declaración de únicos y universales herederos, actas apareció que los testigos comparecieron el dias (sic) 6 de diciembre de 2007, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de 2010, actualmente primer supuesto del numeral 1 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015.
Sexto: Se decreta el SOBREsEiMiENTO de la investigación...por el hecho denunciado sobre que el expediente se le habla entregado a la ciudadana Marleny Salcedo 'en su carácter de concubina', que ella presentó un 'acta de concubinato', por cuanto el hecho no se realizó, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 60 del primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015.
Séptimo: Se decreta el SOBREsEIMIENTO de la investigación...por el hecho denunciado sobre que la Jueza dijo que no había expediente abierto sobre este caso,
por cuanto el hecho no se realizó, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de 2010, actualmente primer supuesto del numeral 1 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015.
Octavo: Se decreta el SOBREsEIMiENTO de la investigación...por el hecho denunciado sobre que se le habla entregado la sentencia y demás documentos, a la ciudadana Marleny Salcedo para ser llevados a varias entidades gubernamentales, incluyendo un auto de fecha 18 de diciembre de 2008, suscrito por la jueza investigada, por cuanto el hecho no reviste de carácter disciplinario, conforme al numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015, apartándose este Tribunal de la solicitud de sobreseimiento formulada por la Inspectoría basada en la no realización del hecho, según el primer supuesto del numeral 1 del articulo 60 del Código supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015.
denunciado sobre que había 'creado otro expediente del mismo caso, con el número TP2-1460-08', por cuanto el hecho no se realizó, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de 2010, actualmente primer supuesto del numeral 1 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015.
Décimo: Se decreta el SOBRESEIMiENTO de la investigación...respecto al hecho sobre que no tuvo acceso al expediente, de conformidad con el numeral 5 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015.
Undécimo: Se decreta el SOBRESEIMiENTO de la investigación...por el hecho denunciado sobre que la denunciante al revisar en fecha 30 de noviembre de 2010, en el ciudadana Marleny Salcedo era heredera universal, y que al revisar nuevamente el denunciado no se realizó, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de 2010, actualmente primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015." (resaltado de la cita).
En su análisis, tal y como se observa en la transcripción que precede, para fundamentar su dispositiva, el a quo fracción la conducta reprochada y consideró individualmente los diferentes hechos denunciados, metodología que le permitió constatar la configuración de tres supuestos que daban lugar a la declaratoria de Sobreseimiento solicitada, a saber: i) que algunos de los hechos no se habían producido; ii) en otros, existía imposibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y ausencia de fundamento para la imposición de la sanción y ii) por último, algunos de los hechos denunciados no revestían carácter disciplinario.
III DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:
El artículo 71 del Código de Ética, establece:
"Artículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
(...) El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco dias siguientes." (Resaltado de esta Alzada).
La norma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisión que lo declara en primera instancia.
Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 7/05/2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión del juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia.
Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tanto en la reforma que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28/12/2015, como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 del 4/02/2016. Las observaciones que preceden permiten colegir la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración.
Con relación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, es oportuno destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7/05/2013 y 4/02/2016, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares.
página original (tal como se publicó)

Página 20
Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2017-82 de fecha 12/12/2017 dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana MARÍA EUGENIA GRAZIANI LICET, titular de la cédula de identidad N° 9.272.425, en su carácter de Jueza Titular, y por ende, verificadas las condiciones objetiva y subjetiva que determinan la competencia para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Así se decide.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Establecida como ha sido la competencia, esta Corte pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones.
A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada recalca que el Sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética constituye una modalidad de conclusión de los procesos disciplinarios judiciales de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de alguno de los supuestos contenidos en la previsión normativa (el hecho objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al juez denunciado, el hecho no es típico, la acción disciplinaria ha prescrito, resulta acreditada la cosa juzgada, no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial o la muerte del juez).
Una vez proferida la decisión por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial, ésta deberá ser consultada ante el órgano superior disciplinario y conlleva, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho en favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón del carácter de cosa juzgada que adquiere su pronunciamiento.
En este sentido, la Corte Disciplinaria Judicial en Sentencia N° 23 de fecha 10/10/2012, dejó establecido que el Sobreseimiento en materia disciplinaria era una institución dispuesta en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en la misma forma y con la misma naturaleza que en el ámbito penal ordinario, habiéndose reeditado en los mismos términos en la formulación legislativa vigente.
Al respecto, igualmente indicó, que tal figura jurídica comportaba un juez denunciado al dar por terminado un proceso en curso, siempre y cuando el Tribunal competente constatara que alguna de las causales previstas en la ley.
adjetiva aplicable se había materializado.
La finalidad de esta institución es poner término al procedimiento de manera anticipada y atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada.
Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el a quo decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, respecto a los hechos consistentes en i) dar curso a un documento distinto al que había suscrito la accionante; ñi) haber "expresado la presencia de un tercer niño de la señora Marlenys Salcedo"; v) errar al indicar en la Sentencia las fechas en que los dos testigos y la denunciante asistieron al Tribunal para la declaración de únicos y universales herederos; vi) entregar "el expediente a la ciudadana Marleny Salcedo" sin que tuviera cualidad para realizar tal solicitud, ya que -a decir de la denunciante- la misma detentaba el carácter de concubina del de cujus; vi) afirmar la inexistencia de un expediente "abierto sobre el caso"; ix) crear "otro expediente del mismo caso, con el número TP2-1460-08" y, xi) en cuanto a que "la denunciante al revisar en fecha 30 de noviembre de 2010, en el expediente administrativo número 090580, apareció en uno de sus folios, que la ciudadana Marleny Salcedo era heredera universal, y que al revisar nuevamente el expediente en fecha 12 de enero de 2011, el mismo no apareció".
En virtud de lo anterior, esta Alzada considera necesario realizar algunas consideraciones sobre la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, según el cual la conducta reprochada que dio lugar al procedimiento disciplinario no se realizó.
De acuerdo a la norma citada, el sobreseimiento procede, entre otras circunstancias, cuando el hecho que motivó el inicio de la investigación disciplinaria resulte inexistente o no aparezca suficientemente probado, así como también cuando no conste en actas la participación del Juez denunciado.
En relación a este punto, la norma bajo examen recoge en su numeral 1 el supuesto de que el hecho imputado sea inexistente o no pueda ser atribuido al sujeto investigado.
Cuando el legislador expresa que "el hecho no se realizó" hay que entender, a todo imputado, como del que no se haya podido probar la existencia de tal hecho.
Lo mismo ocurre en lo que respecta a que el hecho "no puede atribuírsele al sujeto haya probado su no participación en los hechos reprochados, como el caso de que no se haya podido probar su participación.
En este sentido, si uno de los objetos de la investigación, es la comprobación del hecho disciplinable presuntamente cometido, en caso de que el hecho que motivó el proceso disciplinario no hubiere existido o que el Juez denunciado no sea responsable del mismo, procederá la conclusión del proceso a través de la figura del sobreseimiento.
por el TDJ en la fundamentación de su pronunciamiento.
En primer término, respecto al hecho consistente en dar curso a un documento distinto al que había suscrito la accionante, el contenido del expediente permitió constatar que el escrito de solicitud de declaración de únicos y universales herederos suscrito por la denunciante y su abogada asistente, si se correspondía con el inserto en las copias certificadas del expediente TP2-1091-07, al que la Jueza investigada dio curso como único escrito presentado (f. 34 y 35).
Con relación a que la Jueza investigada expresó en su sentencia la presencia de un tercer niño de la señora Marlenys Salcedo, corre inserto al folio 132, decisión de fecha 12/12/2007 en la que sólo se hace mención a dos niños como únicos y universales herederos del de cujus.
Con referencia a la mención errada en la decisión de las fechas en que los dos testigos y la denunciante asistieron al Tribunal a rendir declaración acerca de la solicitud del trámite en curso, y que, según el contenido de la denuncia fue "a mediados de octubre", consta en actas que tal solicitud fue presentada el 06/11/2007, por lo que no puede acreditarse la mención contenida al respecto en la denuncia.
la misma detentaba el carácter de concubina del de cujus, observa esta Corte que la diligencia presentada por la ciudadana Marleny Salcedo lo fue en nombre y representación de su hijo como uno de los reconocidos universales herederos del de Tal circunstancia evidencia que la actuación de la Jueza investigada estuvo apegada _al contenido del artículo 112 del Código de Procedimiento Civil.
En lo atinente a que la Jueza investigada afirmó la inexistencia de un expediente "abierto sobre el caso", no consta en autos alguna solicitud de dicho expediente, por lo que tampoco consta la respuesta de la Jueza sobre el particular.
En cuanto a que la Jueza hubiese creado "otro expediente del mismo caso, con el número correspondiente a una nueva solicitud realizada por la ciudadana Marleny Salcedo en fecha 17/12/2008 (f. 120 y 121), consistente en la Consignación de Bienes en nombre de su hijo, por tratarse de uno de los declarados herederos del de cujus, lo que comporta un requerimiento distinto al presentado por la denunciante y que dio lugar a la Declaratoria de Únicos y Universales Herederos.
En lo relativo a la mención según la cual "la denunciante al revisar en fecha 30 de noviembre de 2010, en el expediente administrativo número 090580, apareció en uno de sus folios, que la ciudadana Marleny Salcedo era heredera universal, y que al revisar nuevamente el expediente en fecha 12 de enero de 2011, el mismo no apareció", puede verificarse en autos que sólo cursa una decisión de fecha 12/12/2007 (f. 132), suscrita por la Jueza investigada, en la que declaró como únicos y universales herederos a dos niños hijos del de cujus.
En consecuència, tal como lo advirtió tanto el órgano investigador como el a quo, los* hechos descritos no se materializaron, circunstancia que determina el pronunciamiento confirmatorio de esta Corte en cuanto a los dispositivos primero, tercero, quinto, sexto, séptimo, noveno y undécimo de la Sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial. Así se decide.
página original (tal como se publicó)

Página 21
En segundo lugar, respecto a que la Jueza investigada negara a la denunciante el acceso a los expedientes TP2-1091-07 y TP2-1460-08, hechos contenidos en los dispositivos segundo y décimo de la consultada, el a quo decretó el sOBRESEIMIENTO de la investigación conforme al numeral 5 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
En mérito de lo anterior, se impone realizar algunas consideraciones sobre- la normativa invocada, según la cual existe imposibilidad de solicitar fundadamente la imposición de sanción disciplinaria ante la insuficiencia probatoria.
El texto de la previsión normativa bajo examen es del tenor siguiente:
"Artículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
... (Omissis)...
5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
... (Omissis)...".
La norma parcialmente transcrita establece la procedencia del Sobreseimiento, entre otros supuestos, cuando exista la imposibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de una sanción disciplinaria, en razón de la existencia de un impedimento jurídico para establecer la responsabilidad del juez.
La existencia de tal posibilidad fue instituida como una instrumentación del Principio de Presunción de Inocencia contenido en el numeral 2 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como parte del conjunto de garantías al Debido Proceso. En este orden de ideas, si conforme a la disposición mencionada, "toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario", cuando en una causa disciplinaria no se evidencie probabilidad alguna que con las pruebas ofertadas se demuestre la culpabilidad del denunciado, será procedente la declaratoria de sobreseimiento.
Así, la instrumentación del Principio, rector en materia sancionatoria, impone al órgano investigador una vez advertida la insuficiencia de los medios probatorios aportados al proceso, el deber de solicitar al TDJ la declaratoria de sobreseimiento.
expediente TP2-1091-07, se constató en la revisión del libro de préstamo de expedientes desde el 27/07/2006 al 10/01/2008 la existencia de dos solicitudes, una realizada el 28/11/2007 por la abogada asistente de la denunciante y otra el 19/12/2007 por el ciudadano Fernando López, sin que conste alguna evidencia de la denunciada negativa que determine el eventual reproche de la conducta delatada y la imposición de la correspondiente sanción disciplinaria.
Respecto a que la Jueza hubiese negado el acceso al expediente TP2-1460-08 a la denunciante, tampoco constan elementos suficientes para imponer sanción disciplinaria, dado que no cursa en autos solicitud alguna al respecto ni evidencia de la aludida negativa, por lo que no es posible valorar elementos que demuestren tal conducta.
Como consecuencia de lo anterior y considerando que no quedó demostrado durante el proceso disciplinario la comisión de los hechos narrados en la denuncia, esta Corte confirma los dispositivos segundo y décimo del fallo en consulta. Así se decide.
Observa igualmente esta Alzada que el a quo decretó el SOBREsEIMIENTO de la investigación de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, respecto a los hechos consistentes en:
iv) utilizar a los dos testigos que la denunciante llevó, para la declaración de herederos universales, quienes afirmaron que los "dos niños eran únicos herederos universales" y; vi) entregar la sentencia y demás documentos, a la ciudadana Marleny Salcedo para ser llevados a varias entidades gubernamentales, incluyendo un auto de fecha 18/12/2008, suscrito por la jueza investigada.
En mérito de lo anterior, se impone realizar algunas consideraciones sobre la causal de Sobreseimiento contenida en el numeral 2 de dicho artículo del Código de Ética, según la cual el hecho delatado no resulta típico por no tratarse de un ilícito disciplinario.
El texto de la previsión normativa bajo examen es del tenor siguiente:
"Artículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
(..)) 2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario;
(....).
ausencia de tipicidad de la conducta imputada a la Jueza denunciada.
El numeral 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de tipicidad en los siguientes términos:
"Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
(...omissis..) 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
(..omissis...)" Del texto de la disposición parcialmente transcrita emerge la previsión constitucional del principio de tipicidad de las sanciones administrativas, según el cual no podrá imponerse sanción sin una ley previa que la establezca, suprimiéndose así el ámbito de indeterminación al que pudieran quedar sometidos los destinatarios de la norma respecto a conductas que en el futuro pudieran ser declaradas como sancionables.
Como colofón se impone entonces la exigencia de certeza o clara determinación de la conducta infractora, su taxatividad en la predeterminación legal y, por ende, la posibilidad de ser sancionada, todo ello inherente al principio de legalidad.
En tal sentido, la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido:
"En lo que concierne al principio de tipicidad cuya violación fue alegada por la parte recurrente, debe indicarse que éste se encuadra en el principio de la legalidad: mientras el principio de tipicidad postula la exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas, el principio de legalidad concreta tal prescripción en el requerimiento de definición, suficiente para su identificación, del illcito y de su consecuencia sancionatoria.
De all, que la exigencia de legalidad o tipicidad tiene su origen en el principio de fecha 27 de enero de 2011).
En este orden de ideas, debe entenderse que la garantía material de la tipificación ha sido, en nuestro país, una consecuencia necesaria de los principios de libertad y seguridad jurídica previstos en la Carta Magna, en tanto crea la obligación del Estado de definir previamente en una ley, los comportamientos que se reputan prohibidos a los ciudadanos, enumerando las sanciones aplicables a las personas que llegaren a incurrir en los supuestos previamente definidos (vid., entre otras, Sentencias N° 1486 del 17/10/2009, N° 130 del 11/02/2010,de la Sala Político Administrativa).
Corolario del razonamiento que precede resulta la incorporación del principio de tipicidad en el derecho disciplinario judicial, al establecerse la falta de tipicidad como causal de sobreseimiento de la investigación disciplinaria.
En el caso bajo examen, se observa que el hecho denunciado consistió en que la Jueza investigada evacuó la declaración de dos testigos que la denunciante llevó al Tribunal, sin que tales declaraciones hicieran mención a la cualidad de la solicitante como heredera, en tal sentido se observó que la testimonial rendida por los dos ciudadanos, estuvo circunscrita a la solicitud realizada por la denunciante, en este caso que los dos niños hijos del de cujus eran los únicos y universales herederos, por tal razón considera esta Alzada, que la actuación de la Jueza, estuvo apegada al contenido artículo 937 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto a la denuncia consistente en que la Jueza entregó algunos documentos a la ciudadana Marlenys Salcedo, esta Alzada reproduce lo antes señalado conforme a que dicha Jueza al acordar la expedición de las copias certificadas solicitadas, estuvo apegada al contenido del artículo 112 del Código de Procedimiento Civil.
La constatación que precede provoca la convicción en los Juzgadores de esta Alzada de la atipicidad de las conductas denunciadas, tal como lo advirtió la Primera Instancia Disciplinaria, en consecuencia, confirma los dispositivos cuarto y octavo del fallo en consulta. Así se decide.
Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Alzada violación a normas de orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, CONFIRMA la sentencia del Tribunal Disciplinario Judicial N° TDJ-SD-2017-82 dictada en fecha 12/12/2017. Así se decide.
V DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
página original (tal como se publicó)

Página 22
1. Declara su COMPETENCIA para conocer en Consulta la Sentencia N° TDJ-SD- 2017-82 de fecha 12/12/2017 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana MARÍA EUGENIA GRAZINI LICET, titular de la cédula de identidad N° 9.272.425, en su carácter de Juez Titular de la Sala de Juicio 2 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Sucre con Sede en Cumaná, por las presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño del cargo.
2. CONFIRMA la decisión N° TDJ-SD-2017-82 dictada en fecha 12/12/2017 por el Tribunal Disciplinario Judicial.
Publíquese, regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada-y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de caracas, a losimy m(31) días del mes de mayo de 2018. Años 208 de la Independencia y 159° de la Federación.
El Presidente, TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ Jueza-Ponente, ANA GECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Vicepresidenta MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria (E), CARMEN CARREÑO Exp. N° A161-I-2015-000001 Hoy jueves, treinta y uno (31) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), siendo la 1:30 p.m., se publicó la anterior decisión bajo el N° 25.
La Secretaria (E),
CARMEN CARREÑO 3
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-S-2018-000052 Mediante Oficio N° TDJ-288-2018 de fecha 10/05/2018, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° AP61-S-2018- 000052 (f. 87), contentivo del procedimiento disciplinario instruido al ciudadano ÁNGEL DAVID PARADA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 11.922.354, en su carácter de Juez Titular del Juzgado de los Municipios Turén y Santa Rosalía de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, por las presuntas irregularidades cometidas durante su desempeño en el cargo.
Tal remisión se realizó con ocasión de la Consulta obligatoria a que se encuentra sometida la Sentencia N° TDJ-SD-2018-33 de fecha 26/04/2018 dictada por el TDJ, en la que declaró el Sobreseimiento de la causa seguida al Juez investigado.
El 16/05/2018 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de esta Jurisdicción le dio entrada al expediente, le asignó el N° AP61-S-2018-000052 (f. 86) y lo remitió a la Secretaría de esta Corte, órgano que en fecha 17/05/2018 dejó constancia de la asignación de la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, oportunidad en la que se verificó el pase de actuaciones a la prenombrada Jueza, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
| ANTECEDENTES
El 15/12/2017 la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) dio por terminada la fase de instrucción del expediente administrativo disciplinario en la investigación practicada al Juez ya identificado, en virtud de haber dictado Acto Conclusivo (f. 60 al 72) en el que solicitó "De acuerdo con el contenido del numeral 1, artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, sè dictará] el sobreseimiento de la investigación de los hechos relacionados a la causa judicial número EP01-P-2010-004650.".
En fecha 26/04/2018, el TDJ dictó Sentencia TDJ-SD-2018-33 en la que declaró el Sobreseimiento de la causa seguida al Juez investigado.
II DEL FALLO CONSULTADO
En fecha 26/04/2018, el TDJ dictó Sentencia TDJ-SD-2018-33, en la que declaró:
ciudadano ÁNGEL DAVID PARADA SÁNCHEZ, titular de la cedula (sic) de identidad V-11.922.354, durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado de los Municipios Turén y Santa Rosa la de la Circunscripción investigación penal en la cual se encontró inmerso en el expediente EP01-P-2010-004650, de conformidad [con el] numeral 2 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015 (sic) en virtud de la falta de tipicidad del hecho." (resaltado de la cita).
A los fines de fundamentar su decisión, el a quo realizó una serie de consideraciones respecto, al contenido del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética) y al hecho que originó la investigación disciplinaria, concluyendo que la conducta desplegada no constituyó una infracción a las disposiciones que "..[debían] regir la conducta de los Jueces y Juezas de la República...".
III DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:
El artículo 71 del Código de Ética, establece:
"Artículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
(...) El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco dias siguientes." (Resaltado de esta Alzada).
La norma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisión que lo declara en primera instancia.
Al respecto, es oportuno advertir que la norma contenida en el artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 7/05/2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión del juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia.
Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tanto en la reforma que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28/12/2015, como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 del 4/02/2016. Las observaciones que preceden permiten colegir la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración.
Con relación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, es oportuno destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de
página original (tal como se publicó)

Página 23
manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7/05/2013 y 4/02/2016, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares.
Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-33 de fecha 26/04/2018 dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano ÁNGEL DAVID PARADA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 11.922.354, en su carácter de Juez Titular, y por ende, para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Así se decide.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Establecida como ha sido la competencia, esta Corte pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones.
A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada recalca que el Sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética constituye una modalidad de conclusión de los procesos disciplinarios judiciales de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de alguno de los supuestos contenidos en la previsión normativa (el hecho objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al juez denunciado, el hecho no es típico, la acción disciplinaria ha prescrito, resulta acreditada la cosa juzgada, no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial o la muerte del juez).
Una vez proferida la decisión por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial, ésta deberá ser consultada ante el órgano superior disciplinario y conlleva, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho en favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón del carácter de cosa juzgada que adquiere su pronunciamiento.
En este sentido, la Corte Disciplinaria Judicial en Sentencia N° 23 de fecha 10/10/2012, dejó establecido que el Sobreseimiento en materia disciplinaria era una institución dispuesta en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en la misma forma y con la misma naturaleza que en el ámbito penal ordinario, habiéndose reeditado en los mismos términos en la formulación legislativa vigente.
Al respecto, igualmente indicó, que tal figura jurídica comportaba un pronunciamiento jurisdiccional que impedía la continuación de la persecución del Juez denunciado al dar por terminado un proceso en curso, siempre y cuando el Tribunal competente constatara que alguna de las causales previstas en la ley adjetiva aplicable se había materializado.
La finalidad de esta institución es poner término al procedimiento de manera anticipada y atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada.
Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el a quo decretó "...EL soBRESEIMIENTO de la investigación.., por el hecho referido a la investigación penal en la cual se encontró inmerso en el expediente EP01-P-2010-004650, de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana...".
En virtud de lo anterior, esta Alzada considera necesario realizar algunas consideraciones sobre la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética, según el cual la conducta reprochada que dio lugar al procedimiento disciplinario carece de tipicidad.
El numeral 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el Principio de Tipicidad en los siguientes términos:
"Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
(...omissis...) 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
(...omissis...)"
Del texto de la disposición parcialmente transcrita emerge la previsión constitucional del Principio de Tipicidad de las sanciones administrativas, según el suprimiéndose así el ámbito de indeterminación al que pudieran quedar sometidos declaradas como sancionables.
Como colofón se impone entonces la exigencia de certeza o clara determinación de la conducta infractora, su taxatividad en la predeterminación legal y, por ende, Ja posibilidad de ser sancionada, todo ello inherente al Principio de Legalidad.
En tal sentido, la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido:
"En lo que concierne al principio de tipicidad cuya violación fue alegada por la parte recurrente, debe indicarse que éste se encuadra en el principio de la legalidad:
mientras el principio de tipicidad postula la exigencia de predeterminación normativa consecuencia sancionatoria.
seguridad jurídica, fundamental en todo Estado de Derecho, requiriéndose que la definición normativa de los ilícitos administrativos debe reunir unas características de precisión que satisfagan esa demanda de seguridad y certeza" (Sentencia N° 00120 de fecha 27 de enero de 2011).
En este orden de ideas, debe entenderse que la garantía material de la tipificación ha sido, en nuestro país, una consecuencia necesaria de los principios de libertad y seguridad jurídica previstos en la Carta Magna, en tanto crea la obligación del Estado de definir previamente en una ley, los comportamientos que se reputan prohibidos a los ciudadanos, enumerando las sanciones aplicables a las personas que llegaren a incurrir en los supuestos previamente definidos (vid., entre otras, Sentencias N° 1486 del 17/10/2009, N° 130 del 11/02/2010,de la Sala Político Administrativa).
Corolario del razonamiento que precede resulta la incorporación del Principio de Tipicidad en el derecho disciplinario judicial, al establecerse la falta de tipicidad como causal de sobreseimiento de la investigación disciplinaria.
En el caso bajo examen, se observa que el hecho que dio origen a la investigación disciplinaria fue la presentación y subsecuente decreto de medida de privación judicial preventiva de libertad del Juez investigado ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, por la presunta comisión de los delitos previstos en el Código Penal, Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y, Ley contra la Delincuencia Organizada, según expediente EP01- P-2010-004650 (nomenclatura de ese Tribunal), circunstancia que pudo haber comportado su condena penal mediante de una Sentencia definitivamente firme.
Ahora bien, revisadas las actas que integran el expediente, se constata cursante en autos Sentencia de fecha 23/01/2012 dictada por el Tribunal Penal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en la cual se absolvió al Juez investigado de los delitos imputados en la causa EP01-P-2010-004650 (f. 1 al 59).
Tal circunstancia, revela la inexistencia de una Sentencia condenatoria definitivamente firme, tal y como es exigido por los supuestos previstos tanto en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura en-su artículo 39, numeral 13, como en el artículo 11 de la Ley de Carrera Judicial ambas disposiciones aplicables ratione temporis, actualmente contemplado en el numeral 10 del artículo 29 del Código de Ética; razón por la cual, respecto a la participación del Juez investigado en la como disciplinariamente reprochable, extremo que impide la realización del juicio de reprochabilidad que pudiere corresponderle.
La constatación que precede provoca la convicción en los Juzgadores de esta Alzada de la atipicidad de la conducta denunciada, tal como lo advirtió la Primera Instancia Disciplinaria y el órgano investigador, en consecuencia, confirma el dispositivo Único de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-33 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 26/04/2018. Así se decide.
Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Alzada violación a normas de orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, CONFIRMA la sentencia del Tribunal Disciplinario Judicial N° TDJ-SD-2018-33 dictada en fecha 26/04/2018. Así se decide.
página original (tal como se publicó)

Página 24
V DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
1. Declara su COMPETENCIA para conocer en Consulta la Sentencia N° TDJ-SD- 2018-33 de fecha 26/04/2018 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la que se decretó el SOBREsEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano ÁNGEL DAVID PARADA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N°11.922.354, en su carácter de Juez Titular del Juzgado de los Municipios Turén y Santa Rosalía de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, por las presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño del cargo.
2. CONFIRMA la decisión N° TDJ-SD-2018-33 dictada en fecha 26/04/2018 por el Tribunal Disciplinario Judicial.
Publíquese, regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de caracas, a los (30) días del mes de mayo de 2018. Años 208 de la Independencia y 159° de la Federación.
El Presidente, TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ Jueza-Ponente, ANA CECNLIAZULUETA RODRÍGUEZ Vicepresidenta MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria (E), CARMEN CARREÑO Exp. N° AP61-S-2018-000052 REPUSUCA anterior decisión bajo el N° 23.
ELaSecretarla (E),
CARMEN CARREÑO
DEFENSA PÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-317 Caracas, 17 de abril del 2018 159°, 207° y 19 La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIRoS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que corresponde a la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este órgano Constitucional.
CONSIDERANDO Que en la Resolución N° DDPG-2014-604 de fecha 27 de noviembre de 2014, el ciudadano JORGE ANTONIO CATAÑO CERVERA, titular de la cédula de identidad N° V-19.200.508, fue designado como Jefe de la División de Seguridad Electrónica, de la Dirección de Seguridad, adscrita a la Dirección del Despacho de la Defensora Pública General, en condición de Encargado, y que tal nombramiento fue dictado y materializado en su momento, por la sola voluntad unilateral de la Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, competente para ello.
RESUELVE
PRIMERO: CESAR, a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, la encargaduría contenida en la Resolución N° DDPG-2014-604 de fecha 27 de noviembre de 2014, mediante la cual se designó al ciudadano JORGE ANTONIO CATAÑo CERVERA, titular de la cédula de identidad N° V-19.200.508, como Jefe de la División de Seguridad Electrónica, de la Dirección de Seguridad, adscrita a la Dirección del Despacho de la Defensora Rública General.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Desegada-mediarte Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha de diciernare-le 2015públicado en la Gaceta Oficial de la República Bvariana de Venezuela 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 07 de mayo de 2018 Nº DDPG-2018-376 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que la ciudadana ANGELICA MARÍA PALACIO MENDOZA, titular de la cédula de identidad Nº v-14.958.981, fue removida del cargo de Defensora Pública Auxiliar, con competencia Plena, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Aragua, mediante Resolución N° DDPG-2017-674, de fecha 28 de noviembre de 2017, siendo notificada de la decisión antes referida en fecha 04 de abril de 2018.
CONSIDERANDO Que la ciudadana antes referida se encontraba en situación de disponibilidad, a los fines de dar cumplimiento a las gestiones reubicatorias, al haberse evidenciado que ocupó dentro de la Administración Pública, un cargo calificado o considerado como de carrera y, que tales trámites resultaron infructuosos.
^ RESUELVE
PRIMERO: RETIRAR a la CiUdadana ANGELICA MARÍA PALACIO MENDozA, titular de la cédula de identidad N° V-14.958.981, de la Defensa Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, a partir del cinco (05) de mayo de 2018.
página original (tal como se publicó)

Página 25
SEGunDo: Notificar por órgano de la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la Defensa Publica, a la ciudadana antes identificada, del contenido de la presente resolución, con la expresa indicación del Recurso Jurisdiccional que procede contra la misma, el Tribunal por ante el cual podrá interponerlo, y el término para su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
TERCERo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, sellada y firmada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de ta Asamblea Nacional, de fecha 10:de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuéla N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 10 de mayo de 2018 N° DDPG-2018-380 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que al ciudadano JEAN CARLoS LEÓN MENDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.748.342, fue removido del cargo Defensor Público Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, mediante Resolución N° DDPG-2017-718, de fecha 21 de diciembre de 2017, siendo notificado de la decisión antes referida en fecha 09 de abril de 2018.
CONSIDERANDO Que el ciudadano antes referido se encontraba en situación de disponibilidad, a los fines de dar cumplimiento a las gestiones reubicatorias, al haberse evidenciado que ocupó dentro de la Administración Pública, un cargo calificado o considerado como de carrera y, que tales trámites resultaron infructuosos.
RESUELVE
PRIMERO: RETIRAR al CiudadanO JEAN CARLOS LEÓN MENDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.748.342, de la Defensa Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, a partir del diez (10) de mayo de 2018.
SEGunDo: Notificar por órgano de la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la Defensa Publica, al ciudadano antes identificado, del contenido de la presente resolución, con la expresa indicación del Recurso Jurisdiccional que procede contra la misma, el Tribunal por ante el cual podrá interponerlo, y el término para su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
TERCERo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, sellada y firmada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre dé 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 10 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1446 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: TraSladar COmO FISCAL AUXILIAR SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN a la Ciudadana Abogada LISBETH COROMOTO MENDOZA CELIS, titular de la cédula de identidad N° 12.881.766, a la FISCALÍA sUPERIoR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese., TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 10 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N°1447 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado GENY JESSE SAAVEDRA VILLALoBoS, titular de la cédula de identidad N° 13.159.518, como FISCAL PROVISORIO a la FISCALÍA SÉPTIMA del Ministerio Público de la competencia plena, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial; a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publiquese.
TAREK WVILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 26
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 10 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1450 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar COmO FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadanO Abogado CLODOWALDO DE LA CRUZ BARAJAS, titular de la cédula de identidad N° 11.022.138, a la FISCALÍA VIGÉSIMA QUINTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Antonio del Táchira y competencia plena, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Žulia.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníguese y Pablíquese ferrer
TARÈK WILLIANS SAAB Fiscal Genéal de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 10 de abril de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1451 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado NELsON JOSÉ MONTERO MERCHÁN, titular de la cédula de identidad N° 11.507.457, COMO FISCAL PROVISORIO a la FISCALÍA 41 NACIONAL PLENA, COn sede en el estado Táchira, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la mencionada entidad.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Roblíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1454 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar COmo FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada YORLENY YESEIRA CARMONA GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° 16.050.753, a la FISCALÍA VIGÉSIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, en sustitución de la ciudadana Milagro del Valle Higuera Ruíz, quien será trasladada a otro destino. La ciudadana Yorleny Yeseira Carmona García se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
Comuníquese y Publiquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1455 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada MILAGRo DEL VALLE HIGUERA RUIZ, titular de la cédula de identidad N° 13.681.390, COMO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la SALA DE FLAGRANCIA adSCrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia, en sustitución de la ciudadana Abogada Yorleny Yeseira Carmona García, quien será trasladada. La Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de esa Circunscripción Judicial.
El presente traslado tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquesé y Publíquese.
re TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 27
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1458 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: TraSladar ComO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada DESIRET MARGARITA DÍAz GIL, titular de la cédula de identidad Nº12.030.191, a la FISCALÍA VIGÉSIMA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia en Penal Ordinario Víctima Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Sala de Flağrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del referido estado, a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1459 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada ZAIDA MERCEDES CEDEÑo GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N°11.356.284, como FISCAL AUXILIAR INTERINO a la UNIDAD DE DEPURACIÓN INMEDIATA DE cAsos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fišeal Auxiliar Interino en la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
ferer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1460 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar COmo FISCAL AUXILIAR INTERINO a la Ciudadana Abogada GRECIA JUDEILIS AGRIZONE ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad N° 20.083.949, a la FISCALÍA DÉCIMA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia en materia para la Defensa de la Mujer; en sustitución de mencionado cargo. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación.
Comuníquese y Publíquese
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1485 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada IRLEN FABIOLA GUERRERO VERENZUELA, titular de la cédula de identidad N° 11.928.931, COMO FISCAL PROVISORIO a la FISCALÍA MUNICIPAL TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia territorial en el Municipio Plaza y sede en la ciudad de Guarenas, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Provisorio en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. El presente traslado tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 28
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 21 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1600 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas er los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar COmO FISCAL. AUXILIAR INTERINO a la Ciudadana Abogada CARLA ALEJANDRA FLORES YBRAHIM, titular de la cédula de identidad N° 13.727.039, a la FISCALÍA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judiciai del estado Miranda, con sede en Los Teques y competencia en materia para la Defensa de la Mujer. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior de la citada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a parti: de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
Tiier
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 23 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1629 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar Como FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada RoSA ELENA MoRENo, titular de la cédula de identidad N° 14.556.424, a la FISCALÍA MUNICIPAL PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción judicial del estado Carabobo, con competencia territorial en el Municipio Diego Ibarra y sede en la ciudad de Mariara, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial:
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Rublíquese.
terer
TAREK WILLIANS SAAB FiscakGeneral de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 31 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1715 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar ComO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la Ciudadana Abogada LILIANA YANETH HERRERA ARDILA, titular de la cédula de identidad N° 12.954.268, a la FISCALÍA 27 NACIONAL PLENA, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Centésima Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Rublíquese.
erer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal. General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 22 de marzo de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº1037 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano Abogado JAVIER SERRANO DUARTE, titular de la cédula de identidad N° 16.230.688, en la FISCALÍA VIGÉSIMA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal y competencia en materia Contra la Corrupción, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 29
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 10 de mayo de 2018 Años 208° y 159º RESOLUCIÓN N° 1445 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facuitad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada ERIKA GISELA PINTo CÁRDENAS, titular de la cédula de identidad N° 14.349.565, en la FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas-instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.f.
Carer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Geperal de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 10 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1449 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la Ciudadana AbOgada IVAMNA YOSELYN DEL MAR CRISTANCHO SUÁREZ, titular de la cédula de identidad N° 22.677.117, en la FISCALÍA VIGÉSIMA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira con sede en San Cristóbal y competencia en materia Contra la Corrupción, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la citada Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
farer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1453 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana MARÍA YOLANDA AQUINO SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 8.997.528, en la UNIDAD DE DEPURACIÓN INMEDIATA DE CASOS, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la citada Unidad.
La presente designación tendrá efectos administrativos apartir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TÁREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1462 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PROVIsoRIO a la ciudadana Abogada LUZ MARIELA SANTAFE ACEVEDO, titular de la cédula de identidad N° 11.495.661, en la FISCALÍA DÉCIMA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia en materia Contra las Drogas, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Pubfiquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 30
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1465 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada SHACHARD CAROLINA RODRÍGUEZ RUBIO, titular de la cédula de identidad N° 21.029.635, en la FISCALÍA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia plena, cargo vacante.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
.:
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1466 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado ARNALDO ALFONSO MOLINO SANTIAGO, titular de la cédula de identidad N° 16.245.963, en la FISCALÍA DÉCIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia plena, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos àpartir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Genéral de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1467 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado REYMON ALEJANDRO GÓMEZ GONZÁLEZ, titular de la Cédula de identidad N° 18.468.601, en la SALA DE FLAGRANCIA, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en sustitución de la ciudadana Abogada Grecia Judeilis Agrizone Álvarez, quien pasará a otro destino.
La presente designación tendrá efectos administrativos a parti de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Gegeral de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1468 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada MARIEND DEL CARMEN PALENCIA LEÓN, titular de la cédula de identidad N° 22.598.083, en la FISCALÍA DÉCIMA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia plena, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando como Abogado Adjunto I en la citada Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevasiñstrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíguese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 31
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1471 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada SOLEIDY COROMOTO TERÁN CASTELLANOS, titular de la cédula de identidad N° 20.766.039, en la FISCALÍA DÉCIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia en materia de Ejecución de la Sentencia, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comúníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1474 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado ORLANDO MICHEL HENRIQUEz ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° 17.399.654, en la FISCALÍA NOVENA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Puerto Cabello y competencia plena, cargo vacante.
La presente designación tiene efectos administrativos a, partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Pubriíquese.
eier
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1475 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano Abogado JOSÉ MIGUEL CADENA PEÑA, titular de la cédula de identidad N° 20.450.638, en la FISCALÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA del Ministerio Público de la competencia plena, cargo vacante.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREKWILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1477 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado EDGAR JOSÉ PERDOMO GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° 17.775.172, en la SALA DE FLAGRANCIA, adscrita a la Fiscalía Superior del Valencia, en sustitución de la ciudadana Abogada Desiret Margarita Díaz Gil, quien será trasladada a otro destino.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones,de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese...
TAREK WILLIANS SAAB iscal Géneral de la República
página original (tal como se publicó)

Página 32
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1478 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado RAFAEL GREGORIO VIÑA VIÑA, titular de la cédula de identidad N° 12.398.328, en la FISCALÍA SÉPTIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia plena, cargo vacante.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1479 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Generai de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAI. AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada GERICA EILYN RAMÍREZ SIERRA, titular de la cédula de identidad Nº 16.087.975, en la FISCALÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 14 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1480 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada ROSA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE VILLASANA, titular de la cédula de identidad Nº 10.803.656, en la FISCALÍA DÉCIMA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia plena, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
Cre
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1483 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar como FISCAL PROVISoRIO a la ciudadana Abogada RUBI ESTELA MUÑoz RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° 14.406.481, en la FISCALÍA VIGÉSIMA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia en materia para la Defensa de la Mujer, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Sala de Flagrancia.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 33
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1484 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada SIÚL ARIANA GARCÍA FALCÓN, titular de la cédula de identidad N° 19.684.953, en la SALA DE FLAGRANCIA, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, extensión Los Valles dei Tuy, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
farek TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1486 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada NORKA JOSEFINA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 10.691.955, en la FISCALÍA MUNICIPAL TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia territorial en el Municipio Plaza y sede en la ciudad de Guarenas, cargo vacante.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
Feie
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1488 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PROVIsORIO al ciudadano Abogado JORGE LUIS YÁNEZ AVILÁN, titular de la cédula de identidad N° 16.382.447, en la FISCALÍA VIGÉSIMA PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Guarenas y competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese., tarer TARER WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 208° y 1.59º RESOLUCIÓN N° 1489 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL. PROVISORIO a! ciudadano Abogado NELSON ANTONIO REQUENA MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 12.096.856, en la FISCALÍA OCTAVA del Ministerio Púbiico de la Circunscripción Judicia! del estado Miranda, con sede en Caucagua y competencia piena, cargo vacante.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Pub!íquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 34
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1490 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar Como FISCAL PROVISORIO al ciudadano Abogado WILMEN DE JESÚS CABELLO ARAGUACHE, titular de la cédula de identidad N° 9.278.792, en la FISCALÍA VIGÉSIMA oCTAVA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Guarenas y competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
Ce
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1497 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano Abogado FEDERICO RAMÓN ÁVILA LINARES, titular de la cédula de identidad Nº 13.872.845, en la FISCALÍA VIGÉSIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales y Ejecución de la Sentencia, cargo vacante. Ei referido ciudadano se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la citada Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1498 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada ZULEY RAQUEL MORA de CHACÓN, titular de la cédula de identidad N° 13.405.922, en la FISCALÍA DÉCIMA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Guarenas y competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1499 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar COmO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada CELENI COROMOTO GUERRERO ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° 6.708.258, en la FISCALÍA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Higuerote y competencia plena, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 35
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1500 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar ComO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada ANA MARÍA DÍAz sOJO, titular de la cédula de identidad N° 6.516.584, en la FISCALÍA VIGÉSIMA NOVENA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Guarenas y competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1501 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada REINA NAZARETH CORDERO LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 13.218.803, en la FISCALÍA NOVENA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia plena.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TARÈK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 21 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1603 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana MARY ANGI MARTINS, titular de la cédula de identidad N° 20.489.645, en la FISCALÍA VIGÉSIMA QUINTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Los Teques y competencia en materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación.
Comuníquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 21 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1605 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada BETTSY RUBI HUACASI SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 22.348.516, en la FISCALÍA VIGÉSIMA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia plena.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 36
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 21 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1606 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PROVIsORIO a la ciudadana Abogada JOANA MARGARITA MORENO ROMERo, titular de la cédula de identidad N° 20.144.740, en la FISCALÍA TRIGÉSIMA QUINTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 23 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1620 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana MARÍA FERNANDA PALENCIA AVENDAÑO, titular de la cédula de identidad N° 17.065.276, en la FISCALÍA VIGÉSIMA QUINTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Puerto Cabello y competencia en materia Contra las Drogas, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Pubtíquese.
e
TAREK WILLEANS SAAB Fiscal Geñeral de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 23 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1621 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada JOSEFINA JAQUELINE LUCES GARCÍA, tituiar de la cédula de identidad N° 10.696.500, en la FISCALÍA VIGÉSIMA PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Guarenas y competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
ELer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 23 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1630 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado RHOLAND ALEJANDRO DELGADO, titular de la cédula de identidad N° 13.277.746, en la FISCALÍA DÉCIMA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia en materia Contra las Drogas, cargo vacante.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Pubíquese.
erek
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 37
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 23 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1632 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano JESÚS DANIEL GUTIÉRREZ HEREDIA, titular de la cédula de identidad N° 20.030.750, en la FISCALÍA 0CTAVA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Puerto Cabello y competencia plena, en sustitución de la ciudadana Arelis Eugenia Pérez Chirino, quien será Trasladada a otro destino.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
feer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1694 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada YURIMAR DEL VALLE ALVARADO BORGES, titular de la cédula de identidad N° 16.380.655, en la FISCALÍA CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral para la materia Penal Ordinario, Victimas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
ComuníquesePublíquese.
erer
TÁREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1697 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la Ciudadana Abogada. ANDREA MARIANA ACOSTA RONDÓN, titular de la cédula de identidad Nº 16.705.867, en la FISCALÍA CENTÉSIMA SÉPTIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Penal Ordinario, Vícitmas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
re
TAREK WILLTANS SAAB Riscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1699 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar comO FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada LUZ MIRALBA BETANCoURT CHOSEC, titular de la cédula de identidad N° 16.558.861, en la FISCALÍA CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
erer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 38
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1701 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada KIRA ANDREINA GUEVARA MONSALVE, titular de la cédula de identidad Nº 17.753.959, en la FISCALÍA CENTÉSIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, cargo vacante.
3 La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
terer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1702 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar comO FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada GIANNI DEL JESÚS VELÁSQUEZ CARDONA, titular de la cédula de identidad N° 18.551.795, en la FISCALÍA CENTÉSIMA PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
tere
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1703 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado EDWARD ANTONIO MIJARES MORILLO, titular de la cédula de identidad N° 12.296.643, en la FISCALÍA CENTÉSIMA NOVENA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante.
La presente designación tiene efectos administrativos à partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquése y Publíquese.
aier TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1704 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada MORAIMA ANToNIETA PÉREz GARCíA, titular de la cédula de identidad Nº 8.490.818, en la FISCALÍA NONAGÉSIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Asistente Administrativo I en la citada Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Géneral de la República
página original (tal como se publicó)

Página 39
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1705 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano vÍCTOR 30SÉ SÁEZ GUAITA, titular de la cédula de identidad N° 15.062.113, en la FISCALÍA CENTÉSIMA oCTAVA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civiles e Institucionales Familiares, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Abogado Adjunto II en el Fiscalía Centésima Segunda de la citada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
farek
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1706 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada MELANIE ALEJANDRA LIENDO CHIRINoS, titular de la cédula de identidad Nº20.793.744, en la FISCALÍA CENTÉSIMA DÉCIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
e
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1707 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la L.ey Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano Abogado JORGE LUIS ROSAS RODRíGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 19.859.322, en la FISCALÍA QUINTA del Ministerio Público de la competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes y Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1708 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar cOmO FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada SULMAIRA ANDREINA MÁRQUEZ DUQUE, titular de la cédula de identidad N° 17.803.224, en la FISCALÍA CENTÉSIMA NOVENA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Centésima Séptima de la citada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese-y Publíquese.
arer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 40
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1709 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada ANDREA LORENA HERNÁNDEZ ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° 14.756.188, en la FISCALÍA NONAGÉSIMA OCTAVA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 41
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 1710 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PRovIsoRIO al ciudadano Abogado CHARLES DÍAZ AULAR, titular de la cédula de identidad Nº 13.493.921, en la FISCALÍA NONAGÉSIMA SEXTA del Ministerio PúbliCo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Asistente de Asuntos Legales I en la citada Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquesey Publíguese.
tErer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 42
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N°1711 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar ComO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada ROSARIO MARGARITA YEPEZ TOVAR, titular de la cédula de identidad N° 12.688.214, en la FISCALÍA NONAGÉSIMA QUINTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, cargo vacante. La referida Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuníquese y Publíquese.
rer
TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Genéral de la República
página original (tal como se publicó)

Página 43
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 30 de mayo de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1712 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano Abogado JUAN GABRIEL URDANETA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 16.884.442, en la FISCALÍA NONAGÉSIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la citada Fiscalía.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese.
terer
TAREK WILLIANS SAAB FiscalGeneral de la República
página original (tal como se publicó)

Página 44
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 01 de junio de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN N° 1720 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem, y en atención al artículo 51 del Reglamento N.º 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 5.781 Extraordinario del 12-08-2005, por la presente Resolución.
RESUELVE:
ÚNico: Designar al ciudadano Técnico Superior Universitario YONY ORLANDO PÉREZ RAMÍREZ, titular de la Cédula de identidad Nº
15.184.094, JEFE DEDIVISIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA DEL PÚBLICO DE LA MINISTERIO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, CargO VaCante y de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El ciudadano Yony Orlando Pérez Ramírez, podrá actuar como Cuentadante de dicha Unidad Administradora Desconcentrada, Código 23017, con sede en Los Teques, e igualmente, conforme a lo establecido en Público, delego en el aludido ciudadano la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación.
Comuníguese y Pubtíquese.
rek
TAREK WILLIANS SAAB FiscaGeneral dela República
página original (tal como se publicó)

Página 45
ServicioAutónomo Imprenta Nacional Gaceta Oficial G-20001768-6 Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización Es un documento probatorio de la nacionalidad venezolana (Art.5 de la Ley de Nacionalidad y Cuidadanía) El trámite es PERSONAL.
En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios o sobrinos).
En su defecto consignar poder debidamente autenticado.
Conoce Nuestros Servicios (+58212) 576-80-86 / 576-43-92.
Gobiemo Bolivariano Ministerio del Poder Popular de Venezuela Síguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta Servicio Autónomo BICENTENARIA para la Comunicación y la Información Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
página original (tal como se publicó)

Página 46
Servicio Autónomo Imprenta Nacional Gaceta Oficial y G-20001788-6 Estimados usuarios El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial facilita a todas las personas naturales, jurídicas y nacionalizadas la realización de los trámites legales para la solicitud de la Gaceta Oficial sin intermediarios.
Recuerda que a través de nuestra página usted puede consultar o descargar de forma rápida y gratuita la Gaceta Oficial visite:
http:
imprentanacional.gob.ve
página original (tal como se publicó)

Página 47
A LOS GESTORES DILE NO
página original (tal como se publicó)

Página 48
DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLV - MES VIII Número 41.415 Caracas, viernes 8 de junio de 2018 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 48 páginas, costo equivalente a 19,65 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
página original (tal como se publicó)
