Gaceta Oficial N° 41.411
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AÑO CXLV - MES VIII Número 41.411 Caracas, lunes 4 de junio de 2018
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.445, mediante el cual se difiere al 4 de agosto de 2018 la oportunidad en que deberá reexpresarse la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos establecidos en el Decreto N° 3.332, por el que se dicta el Decreto N° 24 en el marco del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, mediante el cual se decreta la Reconversión Monetaria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.366, del 22 de marzo de 2018.-(Véase N° 6.379 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 1° de junio de 2018).
Decreto N° 3.446, mediante el cual se exonera del pago
del Impuesto al Valor Agregado, y se aplicará la alícuota del 2% ó 0% ad valorem, según corresponda, en virtud de lo establecido en los Artículos 10, 11 y 12 del Arancel de Aduanas, a las importaciones definitivas de bienes muebles de capital, bienes de informática y telecomunicaciones, sus partes, piezas y accesorios, no producidos o con producción insuficiente en el país, de primer uso, identificados como BK o BIT.-(Véase N° 6.379 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 1° de junio de 2018).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se dictan las Normas para el Ingreso en Funciones de Protección Civil y Administración de Desastres, en la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA Y FINANZAS Resoluciones mediante las cuales se designan a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PLANIFICACIÓN Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a las ciudadanas que en ella se mencionan.
CORPOANDES Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Danmarys Lucía Hernández González, como Presidenta del Instituto de Proyectos Especiales.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resolución mediante la cual se designan a los Miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Turismo “UNATUR”, integrado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.
CNU Acuerdos mediante los cuales se autoriza a la Universidad y a los Institutos Universitarios que en ellos se indican, para la creación y funcionamiento de los programas que en ellos se especifican, para otorgar los grados académicos que en ellos se mencionan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE
BAER, S.A. Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Ángel David Williams Sáez, como Gerente General, en calidad de Encargado, del Aeropuerto Nacional “Santa Elena de Uairén” del estado Bolívar, ente adscrito a este Ministerio.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Político-Administrativa “Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual asume -en el caso concreto- la competencia para conocer de la demanda de nulidad ejercida por la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, contra actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares -estos últimos dictados en ejecución de los primeros- (ambos de naturaleza tributaria), así como las impugnaciones derivadas de la implementación del Sistema de Retención al Crédito Bancario (SIRCREB) u otro mecanismo similar de recaudación en los Municipios, que involucre a las entidades bancarias públicas o privadas del país”.
Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría del estado Bolivariano de Miranda, y se designa al ciudadano Juan Carlos Piñero Ysea, como Contralor Interventor Ad Honorem, en calidad de Encargado, de este Órgano Contralor.
Resolución mediante la cual se interviene la Dirección
General de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación; y se designa a la ciudadana Claudia Isabel Gómez Pico, como Auditora Interna Interventora de esa Oficina, en Comisión de Servicio.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 208°, 159° y 19° 102 0 1 JUN 2018 N°$ FECHA:
RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, NÉsToR LUIS REVERoL ToRRES, designado mediante el Decreto N° 2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957 de la misma fecha, ratificado mediante el Decreto Nº 2.652, de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067 de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 2, 19 y 27, del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.114 Extraordinario de la misma fecha; en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del Decreto N° 2.378 Sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de julio de 2016, en los artículos 30 y 33 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; y lo dispuesto en Protección Civil y Administración de Desastres, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.557 de fecha 13 de noviembre de 2001,
POR CUANTO Es deber constitucional del Estado venezolano garantizar la seguridad de las personas ante situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela,
POR CUANTO La seguridad ciudadana es competencia del Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y específicamente las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de emergencias y desastres de carácter civil, POR CUANTO Es necesario dictar normas que aborden detalladamente el proceso de reclutamiento y selección del personal operativo que ingresará a la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, para ejecutar las actividades de preparación comunitaria, capacitación, evaluaciones de riesgo, análisis de daños y actuaciones en eventos producto de fenómenos naturales y desastres, a fin de fortalecer las disposiciones establecidas en la normativa legal que rige en materia del estatuto de la función pública, RESUELVE Dictar las siguientes:
NORMAS PARA EL INGRESO EN FUNCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES, EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES.
Objeto Artículo 1. Esta Resolución tiene como objeto establecer las normas que regularán el proceso de ingreso en funciones de protección civil y administración de desastres, que deberá llevar a cabo la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.
Ámbito de aplicación Artículo 2. Esta Resolución es aplicable al Proceso de Ingreso en funciones de protección civil y administración de desastres, de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, para los candidatos y candidatas egresados por Cursos Especiales o del Programa Nacional de Formación en materia de Protección Civil dictado por la Institución Académica Nacional especializada en Materia de Seguridad Ciudadana; o técnicos superiores y profesionales, formados en esta materia, egresados de otras universidades reconocidas del país.
Finalidades Artículo 3. Esta Resolución transitoria tiene las siguientes finalidades:
1. Fortalecer las disposiciones establecidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en cuanto al proceso de selección e ingreso de personal operativo en la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.
2. Contribuir al desarrollo de la función de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, integrando a funcionarios y funcionarias que cuenten con solvencia moral, aptitudes y competencias requeridas para la prestación de servicios de preparación comunitaria, capacitación, evaluaciones de riesgo y de análisis de daños, y actuaciones en eventos producto de fenómenos naturales y desastres.
3. Garantizar que el proceso de ingreso sea imparcial, transparente y fundamentado en una metodología uniforme que permita determinar de manera objetiva las habilidades, destrezas, competencias, condiciones físicas, mentales y solvencia moral para el desempeño de las funciones de protección civil y administración de desastres.
4. Garantizar los derechos de los y las aspirantes en el proceso de ingreso a las funciones de protección civil y administración de desastres, en condiciones de igualdad y equidad, sin discriminación por razones de género.
Principios del proceso de ingreso Artículo 4. El proceso de ingreso al desempeño de funciones en la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, se encuentra regulado y orientado bajo los principios de transparencia, imparcialidad, igualdad y no discriminación respecto a los Derechos Humanos, y el carácter civil y profesional en materia de protección civil y administración de desastres.
Funciones del Ministerio con competencia en materia de Seguridad Ciudadana Artículo 5. A los fines previstos en esta Resolución, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, tendrá las siguientes funciones:
1. Orientar y brindar acompañamiento técnico a la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, en la ejecución del proceso de ingreso en funciones de protección civil y administración de desastres.
2. Dictar las normativas y guías técnicas que sean necesarias para desarrollar adecuadamente el procedimiento de ingreso en funciones de protección civil y administración de desastres.
3. Resolver las dudas en la interpretación y aplicación de las disposiciones establecidas en esta Resolución.
Suspensión y nulidad del procedimiento Artículo 6. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, podrá suspender el procedimiento de ingreso cuando se verifique cualquier de los siguientes supuestos:
1. Que no se ajuste a la estructura organizativa y de cargos de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.
2. Cuando la cantidad de ingresos supere lo establecido en el plan de personal previamente aprobado para la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.
3. Que no estén aprobados los recursos presupuestarios para los ingresos de los nuevos funcionarios y funcionarias.
4. Que contravenga las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Atribuciones del Director o Director Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres Artículo 7. El Director o Directora Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, tendrá las siguientes atribuciones:
1. Dirigir y orientar el proceso de ingreso a la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.
2. Supervisar, evaluar y controlar el proceso de ingreso en funciones de protección civil y administración de desastres, de la Dirección Nacional.
3. Realizar las inspecciones ordinarias y extraordinarias al proceso de ingreso en funciones de protección civil y administración de desastres, de la Dirección Nacional.
4. Las demás que se establezcan en las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable.
Equipo técnico acreditado para el proceso de selección Artículo 8. La Oficina de Gestión Humana de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, conformará el Equipo Técnico que organizará y realizará el procedimiento de selección y contará, para la aplicación de las pruebas, con los profesionales debidamente acreditados, de conformidad con lo establecido en la ley y en esta Resolución.
Fases del procedimiento de ingreso ordinario Artículo 9. El procedimiento de ingreso en funciones de Protección Civil y Administración de Desastres, de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, tiene las siguientes fases:
1. Inicio del procedimiento.
2. Convocatoria de Aspirantes.
3. Inscripción de Aspirantes.
4. Evaluaciones para ingreso.
5. Publicación de seleccionados.
6. Decisión y nombramiento provisional.
7. Período de prueba.
8. Juramentación.
9. Tramitación de credencial.
Inicio del procedimiento Artículo 10. El Director o Directora Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, deberá informar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, el inicio y convocatoria del procedimiento para el ingreso a los cargos de la Dirección Nacional de Protección civil y Administración de Desastres.
Las fechas correspondientes al proceso de selección y el tipo de ingreso a efectuarse, se harán en concordancia con la fecha de graduación informada por la Institución Académica Nacional especializada en materia de Seguridad Ciudadana, o el Centro de Formación.
Convocatoria de Aspirantes Artículo 11. El Director o Directora Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres realizará la convocatoria pública de los y las aspirantes que desean participar en el procedimiento de ingreso en funciones de Protección Civil y Administración de Desastres, en concordancia con la fecha de graduación de la Institución Académica Nacional especializada en Formación en materia de Protección Civil y Administración de Desastres.
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El Director o Directora Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, deberá dar la más amplia difusión a dicha convocatoria, notificar y consignar este acto en físico y digital, e informar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana y a la Institución Académica Nacional especializada en materia de seguridad ciudadana, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que fuese dictado el mismo.
Inscripción de aspirantes Artículo 12. Los y las aspirantes formalizarán su inscripción en las Oficinas de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres desplegadas en todo el territorio nacional.
Corresponderá a la Oficina de Gestión Humana verificar los recaudos consignados por los y las aspirantes, y en caso de encontrar errores u omisiones en los mismos, ordenará su subsanación. Los y las aspirantes deberán presentar las subsanaciones dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la inscripción.
cumplan con los requisitos establecidos en esta Resolución para optar a la selección, y la entregará al Director o Directora Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres para su aprobación y posterior envío al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
Requisitos Artículo 13. Son requisitos para optar al ingreso en funciones de Protección Civil y Administración de Desastres:
1. Ser de nacionalidad venezolana.
2. Mayor de dieciocho (18) años de edad.
3. Ser bachiller y haber aprobado el curso especial de formación en materia de protección civil y administración de desastres, o poseer un título universitario en esta materia, otorgado por una universidad reconocida.
4. No poseer antecedentes penales.
5. No estar sujeto a interdicción civil o penal.
6. No haber sido destituido de algún órgano o ente de la administración pública.
7. No haber sido dado de baja, por causas disciplinarias, de la Fuerza Armada Nacional u otras academias militares, de algún cuerpo de policía o de sus academias, o de algún organismo de seguridad del estado.
8. Aprobar las evaluaciones establecidas en esta Resolución.
Obligatoriedad de las pruebas Artículo 14. La titulación en la Institución Académica Nacional Especializada en materia de seguridad ciudadana, no asegura la incorporación del o de la aspirante a la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. Todo aspirante deberá aprobar las evaluaciones indicadas en esta Resolución, así como las guías y protocolos de ingreso.
Evaluaciones de ingreso Artículo 15. Los y las aspirantes seleccionados, en el marco del procedimiento de ingreso en funciones de protección civil y administración de desastres, deberán cumplir las siguientes evaluaciones:
1. Evaluación Médica.
2. Evaluación Física.
3. Evaluación Psicológica.
4. Evaluación de Conocimientos Generales.
5. Entrevista Personal.
Las evaluaciones previstas en los numerales 1, 2 y 3 de esta disposición, son de aprobación necesaria y concurrente, y se rigen por la normativa prevista para el ingreso a la Dirección Nacional Protección Civil y Administración de Desastres, siendo necesario emitir un listado de preseleccionados en cada evaluación.
La Evaluación de conocimientos tendrá una ponderación de sesenta y cinco por ciento (65%) y la Entrevista tendrá un valor de treinta y cinco por ciento (35%) de la puntuación definitiva del proceso, siendo la ponderación mínima aprobatoria de setenta por ciento (70%).
establecerá el contenido, metodología y lineamientos de todas estas evaluaciones.
Publicación de seleccionados Artículo 16. Una vez recibida la lista de seleccionados establecida por el equipo técnico evaluador, el Director o Directora Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, deberá publicarlo en formato físico y digital en un lugar visible y de fácil acceso para la revisión por parte de los y las aspirantes.
Entrevista personal del aspirante Artículo 17. La entrevista personal del o de la aspirante se realizará para obtener la apreciación directa e inmediata de sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y vocación para el desempeño en materia de Protección Civil y Administración de Desastres, evitando cualquier sesgo o discriminación por razones de posición socio-económica, sexo, género u orientación sexual, religión, opinión política o de cualquier otra condición o índole que no corresponda a los requisitos legales para ingresar a la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.
Informe individual e Informe final del proceso de selección Artículo 18. El Equipo Técnico para el proceso de ingreso, elaborará, suscribirá y remitirá al Director Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, los siguientes informes:
1. Un Informe Individual, que contendrá los resultados de las evaluaciones y nota final de cada aspirante; y, 2. Un Informe Final del proceso de selección que indicará el orden de mérito de los y las aspirantes en base a sus notas definitivas.
Los Informes antes indicados ajustarán su contenido y metodología a los lineamientos materia de seguridad ciudadana.
El Director o Directora Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, deberá remitir el Informe Final del proceso de selección al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su suscripción, así como publicarlo en su portal de Internet o en medios electrónicos si dispusiere de los mismos.
Nombramiento provisional Artículo 19. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el Informe Final, el Director o Directora Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, procederá a nombrar provisionalmente al aspirante en funciones de Protección Civil y Administración de Desastres, y tramitará la expedición de la credencial respectiva ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana. En caso que él o la aspirante no supere el período de prueba de tres (3) meses, le será revocada la credencial.
Período de prueba Artículo 20. El período de prueba tiene por objeto verificar, reforzar, evaluar y hacer seguimiento a las competencias cognoscitivas, habilidades, destrezas, actitudes y valores del o de la aspirante para el ejercicio idóneo de las actividades de protección civil y administración de desastres. El período de prueba tendrá una duración de tres (3) meses a partir de la notificación del nombramiento provisional.
El supervisor inmediato evaluará el período de prueba del o de la aspirante mediante instrumentos normativos de seguimiento y evaluación final diseñados por la Oficina de Gestión Humana.
La evaluación de seguimiento deberá ser mensual, especificando el desarrollo laboral del o de la aspirante, y de la misma se generará una evaluación final que deberá ser presentada para su conformación ante el Director o Directora Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.
Juramentación y trámite de credencial única Artículo 21. El Director o Directora Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la ley y en esta Resolución, procederá a la juramentación formal y pública de los seleccionados y seleccionadas, notificará del acto al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente, y deberá tramitar ante el Ministerio la credencial respectiva. La antigüedad en el rango será efectiva desde la fecha del nombramiento provisional.
Ejecución del proceso Artículo 22. El Director o Directora Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, queda encargado de cumplir y hacer cumplir el procedimiento referente al proceso de ingreso en funciones de protección civil y administración de desastres, establecido en la ley y en esta Resolución.
Vigencia Artículo 23. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES Ministro del Poder-ßpular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz INIS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO
0 4 JUN. 29:3 Caracas, 208°, 1590 y 19°
RESOLUCIÓN N° 0 6 5
El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, designado mediante Decreto N° 3.126 de fecha 26 de octubre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.265 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5°, artículo 19 y numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002, designa al ciudadano PACO ANTONIO CABRERA MARICHAL, titular de la cédula de identidad N° 6.977.072, como Director General de
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Gestión de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público (DIGESAFSP), adscrito al Despacho del Vicemjnistro de Hacienda y Presupuesto Público de este Órgano, a partir de su/publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Yerezuela
Comuníquese y publíquese, M M:5.0 SIMÓN ALEJANDRO ZERPADELGADO Ministro del Poder Popular de Ecohomía y Finanzas Decreto N° 3.126 de fecha 26 de octubre de 2017 G.O.R.B.V. N° 41.265 de fecha 26 delbctubre de 2017
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO 0 4 JUN. 29:3 Caracas, 208°, 1590 y 19°
RESOLUCIÓN N° 0 6 6
El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, designado mediante Decreto N° 3.126 de fecha 26 de octubre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.265 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5°, artículo 19 y numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002, designa a la ciudadana MERLYN DEL VALLE GARAYCOA VAsQuEz, titular de la cédula de identidad N° 16.338.353, como Directora General de Gestión Comunicacional, de este Ministerio, en calidad de encargada, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELOADO Ministro del Poder Popular de Ecgnomía Finanzas Decreto N° 3.126 de fecha 26 de octubre de 2017 G.O.R.B.V. N° 41 265 de fecha|²6 de octubre de 2017
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/ N.º 013 CARACAS,30 DE MAYO DE 2018 207º, 159º y 19Ω En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 65 y numerales 2, 19 y 27 del articulo 78 del Decreto N.º 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley articulo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 numeral 2, de la Ley del Estatuto de la Función Pública; y de conformidad a lo previsto en el articulo 10 del instructivo que establece las Normas que regulan la tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Publica, de los Estados y los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Publica Nacional,en virtud_ de lo expresado en la Resolución N.º 021- 2017, de fecha 14 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 41.229 de fecha 5 septiembre de 2017, mediante el cual el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, delega en el Director General de la Vicepresidencia, la firma de las solicitudes de las Jubilaciones especiales a Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Publica, de los Estados y los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Publica Nacional, y con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el instructivo que establece los requisitos_ y tramites para la Jubilación especiales a Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Publica, de los Estados y los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Publica Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.150 de fecha 02 de octubre de 2014
RESUELVE Articulo 1. Otorgar el Beneficio de Jubilación especial aprobado por el Vicepresidente Ejecutivo y Firmadas por _el Director General de la Vicepresidencia, mediante formato de fecha FP 026 de fechas 16 y 27 de noviembre de 2017, a los ciudadanos que se mencionan a continuación:
Nombre y Apellido Cedula de Identidad Porcentaje Otorgado Monto de la Jubilación Rutbelia 52,50 % Lixida V- 4.976.201 Bs 11.232.58 Escandela Sanchez Bs 9.173,99 Sosa V- 3.647.181 40% Alba María Pernia REGIÓN zULIANA (CORPOzULIA), ente adscrito a este Ministerio.
ArtíCulo 2 La CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CoRPozuLiA), queda encargada de la ejecución y notificación de la presente Resolución.
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Copnuníquese y publíquese, RICARDO JOSÉ MENENDEZ PRIETO Decreto Presidencial Nº 1.055 de fecha 17 de junio de 2014 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.435 de la misma fecha.
Ratificado por Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN CORPORACIÓN DE LOS ANDES (CORPOANDES) PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº040-18 ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA 20 DE ABRIL DE 2018.
AÑOS 208º, 159º y 19º Quien SuSCribe JoSÉ JOAQUÍN CoNTRERAs GARCíA, titular de la cédula de identidad Nºv-9.645.794, en su condición de Presidente Encargado de la Corporación de Los Andes (coRPoAnDEs), designado mediante Decreto Nº2.824 de fecha veintiséis (26) de Abril de 2017, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº41.138 de la misma fecha; en uso de las facultades previstas en el artículo 10 literal "F" de la Ley de la Corporación de Los Andes, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº27.619 de fecha quince (15) de Diciembre de 1964, posteriormente reformada en forma parcial por el Congreso de la República en fecha dos (02) de Agosto de 1971, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº29.623, de fecha veintinueve (29) de Septiembre de 1971, en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en Gaceta Oficial Nº2.818, de fecha primero (01) de Julio de 1981, los artículos 4, 5 ordinal 5, artículos 16 y 17 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial Nº37.522 de fecha seis (06) de Septiembre del 2002, y de conformidad con lo establecido en el Decreto de Transferencia Nº391-8, de fecha primero (01) de Septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Mérida; este Despacho, dicta la siguiente:
RESUELVE
Artículo 1: Designar a la ciudadana: DANMArYs LUCIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad NºV- PRESIDENTA 16.442.428, DEL DE como:
INSTITUTO PROYECTOS ESPECIALES.
Artículo 2: La prenombrada funcionaria, en consecuencia, suscribirá los actos y documentos inherentes al ejercicio de las atribuciones conferidas.
Artículo 3: Los actos y documentos que se suscriban en ejercicio de la presente designación, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma de la funcionaria la fecha y número de ésta Resolución, así como el número y fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido publicada, de conformidad con el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
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Lunes 4 de junio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 441.681
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Programa de Maestría en Economía Política Latinoamericana y Caribeña, sede: Edificio Adjunto a la Universidad Católica Santa Rosa, Avenida Boyacá con Avenida Baralt, Calle Seminario, Sabana del Blanco, La Pastora, Zona Postal 1010, Distrito Capital, Caracas. Modalidad: Presencial.
Número total de créditos: treinta y dos (32) unidades de crédito. Grado académico a otorgar: Magíster Scientiarium en Economía Política Latinoamericana y Caribeña.
Artícuio 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día veinticuatro (24) del mes de abril del año 2018.
HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI hel Presidente del Consejo Nacional de Universidades
ASALIA R. VENEGAS S.
MPPEUST Secretaria Pérmanente
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 24 de abril de 2018 ACUERDO N° 017 Añcs 268°,159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2.652 de fecha 04 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067 de fecha 04 de enero de 2017, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Ordinaria N° 534 de fecha 24 de abril de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artícuio i-. Autorizar al Instituto de altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora (IAEL), la Creación y el Funcionamiento del Programa de Maestría en Comunicación Social. Mención: Redes Sociales y Comunicación Dialógica, sede: Edificio Adjunto a la Universidad Católica Santa Rosa, Avenida Boyacá con Avenida Baralt, Calle Seminario, Sabana del Blanco, La Pastora, Zona Postal 1010, Distrito Capital, Caracas. Modalidad: Presencial. Número total de créditos:
Cincuenta y uno (51) unidades de crédito. Grado académico a otorgar:
Magíster Scientiarium en Comunicación Social. Mención: Redes Sociales y Comunicación Dialógica.
Artícuio 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día veinticuatro (24) del mes de abril del año 2018.
COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE, HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Presidente del Consejo Nacional de Universidades
MPPEUS ASALIA R. VENEGAS S.
Secretaria Permanente
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 24 de abril de 2018 ACUERDO N° 018 2ñ0s 880°,109° y 19º De conformidad con io establecido en el Decreto N° 2.652 de fecha 04 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067 de fecha 04 de enero de 2017, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en' su Sesión Ordinaria N° 534 de fecha 24 de abril de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Articuio 2-. Autorizar al Instituto de actos Estudios en Educación Laboral y Liberadora (IAEL), la Creación y el Funcionamiento del Programa de Especialización en Gerencia de Empresas, sede: Edificio Adjunto a la Universidad Católica Santa Rosa, Avenida Boyacá con Avenida Baralt, Calle Seminario, Sabana del Blanco, La Pastora, Zona Postal 1010, Distrito Capital, Caracas. Modalidad: Presencial. Número total de créditos:
Veintinueve (29) unidades de crédito. Grado académico a otorgar:
Especialista en Gerencia de Empresas.
Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día veinticuatro (24) del mes de abril del año 2018.
COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE, HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI /Presidente del Consejo Nacional de Universidades
ASALIA R. VENEGAS S.
Secretaria Permanente
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 24 de abril de 2018 ACUERDO N° 019 Años 208°,159° y 19° De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2.652 de fecha 04 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067 de fecha 04 de enero de 2017, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Universidades y el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Universidades en su Sesión Ordinaria N° 534 de fecha 24 de abril de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, ACUERDA Artícuio 1-. Autorizar ai Instituto de altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora (IAEL), la Creación y el Funcionamiento del Programa de Doctorado en Ciencias de La Educación, sede: Edificio Adjunto a la Universidad Católica Santa Rosa, Avenida Boyacá con Avenida Baralt, Calle Seminario, Sabana del Blanco, La Pastora, Zona Postal 1010, Distrito Capital, Caracas. Modalidad: Semi-Presencial. Número total de créditos: Cuarenta y cinco (45) unidades de crédito. Grado académico a otorgar: Doctor en Ciencias de La Educación.
Artículo 2-. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día veinticuatro (24) del mes de abril del año 2018.
COMUNÍQUESE y PUBLIQUESE, diel HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Presidente del Consejo Nacional de Universidades
ASALIA R. VENEGAS S.
Secretaria Permanente REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIÓNAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 24 de abril de 2018 ACUERDO N° 020 Se coniornidad con lo estabiecido en el Decreto N° 2.es2 de fecha 64 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067 de fecha 04 de enero de 2017, en relación con lo
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Lunes 4 de junio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 441.683
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
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2018, inserto bajo el Nro. 29, Tomo 28 de los Libros de Autenticaciones respectivos, cursante a los folios 26 al 31 de las actas procesales; interpusieron "(...) Recurso Contencioso Tributario de Nulidad [con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos] contra los siguientes actos administrativos de efectos generales y de contenido normativo (...)" (agregado de esta Sala):
1.- Decreto Nro. 001-04-03-15 del 4 de marzo de 2015, emitido por el ALCALDE DEL MUNICIPIO CABIMAS DEL ESTADO ZULIA (no consta su publicación en la correspondiente Gaceta Municipal), por el cual se designan (...) como agente (sic) de retención a las instituciones financieras (...) Banco de Venezuela (...); del impuesto previsto en la Ordenanza sobre Impuestos (sic) a las (sic) Actividades Económicas, Comerciales (sic), Industriales (sic), de (sic) Servicio (sic) y (sic) de Índole Similar, relativo a los puntos de ventas otorgados por dichas instituciones bancarias, en el Municipio Cabimas del Estado Zulia (...)".
2.- Decreto Nro. DDA-005-017 del 4 de abril de 2017, emanado del ALCALDE DEL MUNICIPIO LEONARDO INFANTE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO, publicado en la Gaceta Municipal Nro. 0405 de fecha 25 del mismo mes y año, mediante el cual se crea el Sistema de Retención al Crédito Bancario (SIRCREB) "(...) derivado de las ventas brutas efectuadas por los contribuyentes cuyos cobros se realicen por punto (sic) de venta bancarios, en la jurisdicción del Municipio Infante del Estado Guárico (...)".
3.- Decreto Nro. 001-2018 AMSR de fecha 19 de enero de 2018, susCrito pOr el ALCALDE DEL MUNICIPIO SIMÓN RODRÍGUEZ DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, publicado en la Gaceta Municipal Nro. 6746 del 23 de ese mismo mes y año, que reformó el Decreto Nro. 010-2016 AMSR "(..) publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria (sic) N° XXVI N° 6402 (sic) de fecha 15 de Diciembre de 2016 (...)", de creación del Sistema de Retención al Crédito Bancario (SIRCREB) "(...) del impuesto sobre actividades económicas de Industria, Comercio, Servicios y (sic) de Índole Similar para los sujetos pasivos de dicho impuesto que perciban sus ingresos a través del sistema de pago electrónico denominado punto de venta en la jurisdicción del Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui (...)".
4.- Decreto Nro. AMA-DA-001-2018 del 15 de febrero de 2018, dictado por el ALCALDE DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANACO DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, publicado en la Gaceta Municipal Nro. XLII Extraordinario de igual fecha, contentivo de la Reforma Parcial del Decreto Nro. AMA/SM-001-2017 "(...) publicado en [la] Gaceta Municipal (...) N° LVI [Extraordinario] de fecha 10 de mayo de 2017 (...)", que crea el Sistema de Retención al Crédito Bancario (SIRCREB) "(...) del impuesto sobre actividades económicas de Industria, Comercio, Servicios y (sic) de Índole Similar para los sujetos pasivos de dicho impuesto que perciban sus ingresos a través del sistema de pago electrónico denominado punto de venta en la jurisdicción del Municipio Anaco del Estado Anzoátegui (...)".
(Corchetes de esta Máxima Instancia).
Igualmente, solicitaron "(...) la nulidad de los actos administrativos de efectos particulares dictados en cumplimiento de los Decretos antes denunciados (...)", que se identifican a continuación:
i) Resolución Nro. 002-2017 AMSR del 21 de marzo de 2017, emitida por el Alcalde del Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, publicada en la Gaceta Municipal Nro. 6498 de fecha 22 de igual mes y año, mediante la cual se "(...) nombran como agentes de retención dentro del Sistema de Retención al Crédito Bancario (SIRCREB) en la jurisdicción del Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, a las siguientes personas jurídicas: (...) BANCO DE VENEZUELA (...) a partir del 1 de abril del 2017 (...)". (Mayúsculas de la fuente).
ii) Resolución Nro. 27-03-2017 de fecha 27 de marzo de 2017, suscrita por el Superintendente Municipal Tributario de la Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, publicada en la Gaceta Municipal Nro. 6502 del 28 de ese mes y año, por cuyo medio se estableció que para "(..) la enteración (sic) de la alícuota de la retención establecida en el artículo 3 del Decreto (...) que crea el Sistema de Retención al Crédito Bancario (SIRCREB), esta (sic) se realizará diariamente al fisco municipal a través del canal electrónico diseñado para tal fin (...)".
iii) Resolución Nro. AMA/SI-SATMA-0906-2017-002 de fecha 6 de junio de 2017, dictada por el Superintendente de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Anaco del Estado Anzoátegui (no se evidencia su publicación en la Gaceta Municipal), en la que se "(...) designan como agentes de retención al (sic) sistema de retención al crédito bancario (SIRCREB) del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios y (sic) de índole similar en el Municipio Bolivariano Anaco, a las siguientes personas jurídicas: (...) BANCO DE VENEZUELA (...) a partir del 15 de junio del 2017 (...)". (Mayúsculas y destacado de la cita).
En fecha 8 de mayo de 2018 se dio cuenta en Sala y se ordenó pasar las actuaciones al Juzgado de Sustanciación, a los efectos de su admisión.
Por auto dictado en esa oportunidad, a tenor de lo dispuesto en el articulo 310 del Código de Procedimiento Civil, se revocó el envío de las actuaciones al Juzgado de Sustanciación. Igualmente, se designó Ponente al Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y se remitió el expediente a la Sala “(...) a los fines de dictar la decisión correspondiente (...)".
El 10 de mayo de 2018 compareció el abogado Carlos J. Lugo Ramírez (INPREABOGADO Nro. 75.989), actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad de comercio BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE), "(...) inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 9 de julio de 1958, bajo el número 74, Tomo 16-A, refundidos sus Estatutos Sociales según consta en asiento inscrito en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, en fecha 9 de agosto de 2016, bajo el número 37, Tomo 229-A-Sdo.
(...)", tal como se evidencia en el instrumento poder inserto en autos a los folios 99 al 102, "(...) con el objeto de ejercer de conformidad con los artículos 370.3 (sic), 378, 379 y 381 del Código de Procedimiento Civil (...), [su] voluntad de adherir[se] bajo la connotación procesal de la intervención adhesiva litisconsorcial al recurso contencioso tributario interpuesto [por] la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, (sic) BANCO UNIVERSAL, S.A. (...), en el sentido de sostener en su totalidad los mismos argumentos expuestos por la demandante proveniente (...), aunque arguyendo [sus] propios alegatos y fundamentos de nulidad (...), manteniendo una amplitud distinta en cuanto al objeto comprendido por los actos impugnados (...) al impugnar el acto de efectos generales de contenido normativo dictado por el municipio turístico El Morro lic. Diego Bautista Urbaneta (sic), así como la Circular 003-SAMAT-2018 dictada por el superintendente tributario (sic) del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui (...)". (Interpolados de este Órgano Jurisdiccional; mayúsculas del original).
En fecha 15 de mayo de 2018 el apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco del Caribe, C.A. Banco Universal (BANCARIBE), antes identificado, consignó ante la Secretaría de esta Sala “(..) copia de todos los actos administrativos de contenido normativo de efectos generales que afectan a ambas entidades financieras, así como aquellos de efectos particulares que invisten y afectan directa y personalmente a (..)" su representada.
Realizado el estudio del expediente pasa este Alto Tribunal a pronunciarse, previas las consideraciones siguientes:
I FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Los representantes en juicio de la empresa Banco de Venezuela, S.A.
Banco Universal, en primer lugar aducen, que (...) por la esencia de los actos dictados (...) y por el rango de la autoridad que los dicta, (...) el conocimiento judicial sobre [esos] decretos corresponde interponerlo ante esta Máxima Instancia Judicial (...)". En tal sentido, señalan que "(...) visto el contenido de los actos administrativos de efectos generales y de ámbito normativo, por referirse a la materia tributaria, (...) y por ser [su mandante] el primer Banco del país, con representación y oficinas a nivel nacional en los ciento treinta y dos (132) municipios, resultaría extremadamente riguroso extender una multiplicidad de causas judiciales entre todos los tribunales que potencialmente podrían ser competentes para aboccr una pretensión de esta naturaleza donde se hace presente (sic) muchos caracteres que podrían variar desde un procedimiento estrictamente del contencioso administrativo a uno específicamente determinado por la vía judicial tributaria (...)". (Agregados de esta Sala).
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Seguidamente, puntualizan que "(...) los actos impugnados se encuentran comprendidos por cuatro (4) decretos cle contenido normativo y tres (3) actos de ejecución (...), [y] las regulaciones y designaciones dictadas provienen de cuatro (4) Alcaldes distintos con clara definición de su ámbito territorial (...)"; no obstante, destacan que "(...) al dictarse sobre esas normas otros actos de ejecución directa, idénticos en su contenido por versar en la designación de agentes de retención, pueden ser conocidos por existir una relación de continencia en términos del articulo 51 del Código de Procedimiento Civil (...)".
Continúan resaltando, que "(...) el supuesto expuesto también cumple con el artículo 52 del CPC (sic) al existir identidad de sujetos (mismo recurrente) y título (la inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos impugnados con base en los mismos motivos), por lo que existe conexión procesal para que las pretensiones esgrimidas sean dirimidas en una misma causa (..)". Además, en su opinión -la cual sustentan en la previsión contenida en el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil-, (...) el demandante puede acumular cuantas pretensiones tenga contra el demandado, ya que sería contrario al principio de economía procesal e incluso un desgaste de la actividad jurisdiccional si se obligará al justiciable a determinar una sola pretensión por proceso; por cuanto daría cabida a más procesos judiciales innecesarios, en virtud de que pudo haber sido resuelto (sic) (las distintas pretensiones) en un solo proceso judicial (...)".
En razón de lo reseñado precedentemente, solicitan a este Supremo Tribunal "(...) que acuerde la acumulación de pretensiones, ya que mediante este proceso en el cual se reúnen dos o más pretensiones, se tiene como finalidad de que sean resueltas por el Juez en el mismo proceso judicial y que no se encuentre incurso en las causales de excepción previstas en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil (...)".
Acerca de la materia de fondo controvertida, denuncian que los actos impugnados:
α) Desnaturalizan la figura del agente de retención, ya que tienen como fin “(...) la implementación de un marco impositivo a nivel local donde se establezca el carácter de responsable para factores económicos, ajenos a la relación comercial, que sólo facilitan las herramientas electrónicas sobre las cuales se cumple un mandato en el que se transfiere un capital que no es de su propiedad en ejercicio del servicio público de la Banca, manifestado en este caso por la realización de los servicios conexos a la actividad de intermediación financiera (...)".
b) Distorsionan la naturaleza jurídica del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, toda vez que el "(...) hecho imponible (...) versa meramente sobre la actividad comercial, de industria, servicio o de índole similar, efectuada como un impuesto directo basado en la medición de la renta bruta como un factor de indicación para valorar en mayor o menor medida un pago porcentual, (...)[.] por lo que no pueden aplicarse sobre él políticas fiscales erróneas que desnaturalicen el hecho y la base imponible (...) para reducirlo hacia un impuesto indirecto destinado a las ventas y el consumo (...)"; al tiempo que -a su juicio- “(...) la adecuación en [su] plataforma tecnológica que plantean los decretos (...) impugnados para la recaudación de los impuestos señalados en ellos, generaría un perjuicio económico a [su representada] (...), por cuanto tendría que invertir en la contratación de proveedores y capital humano para llevar a cabo dicho proceso de ajustes y en segundo lugar no menos importante, se perjudicarían las politicas del Estado establecidas (sic) por el Ejecutivo Nacional referida a la reconversión monetaria, temo de absoluta importancia para las instituciones bancarias en este momento (...). (Añadidos de esta Máxima Instancia).
c) Incurren en extralimitación de los parámetros de armonización tributaria previstos en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, existiendo igualmente "(...) una clara contravención a los principios rectores que constitucionalmente rigen el sistema tributario y concretizan su cometido mediante la armonización tributaria; por lo que la normativa impugnada, al igual que los actos de ejecución, debe ser considerada dentro de los parámetros de nulidad y efectos inconvalidables, con las consideraciones temporales ex tunc que ello implica (...)".
d) Transgreden el artículo 173 de la mencionada Ley Orgánica, al obligar a la banca a "(...) asumir el carácter de responsable en la retención del impuesto. Esto trae consigo que se le asigne a un particular el ejercicio completo de la función recaudadora en aplicación de las distintas normas que plantean la creación del SIRCREB (sic), al igual que los instructivos que ordenan la implementación de esta plataforma (...)".
e) Se extralimitan de las atribuciones competenciales previstas en las respectivas Ordenanzas, puesto que éstas -a su decir- "(...) no preceptúan facultad alguna para los Ejecutivos locales en designar a terceros ajenos a quienes están dentro del supuesto del hecho imponible, para intervenir en las operaciones financieras que tengan origen en el pago de una contraprestación por bienes y servicios a través de un administrador del Sistema de Medios de Pago del país (..)".
f Quebrantan los límites de la base imponible del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, pues “(...) la estructura fiscal que se pretende adoptar con el SIRCREB (sic) generaría un daño a los contribuyentes al atacar su patrimonio debido a que no existe una correcta discriminación de los proventos que son susceptibles del objeto del IMAE (sic) y cuáles no, sumado a que la retención temprana es extemporáneamente anticipada y no delimita con precisión la conformación total del ingreso bruto (..)".
g) Infringen competencias del Poder Público Nacional en materia financiera, fiscal y de políticas macroeconómicas, "(...) en virtud de la indebida política intromisoria incurrida por los municipios en la implementación y ejecución del SIRCREB (sic) al tratar de introducir en los sistemas electrónicos de pagos -de competencia del BCV (sic) tal como expresamente establece el Decreto Ley que rige el Ente emisordesconociendo que toda política de armonización en materia tributaria y monetaria sólo puede ser ejercida conjuntamente a nivel del Poder Nacional entre el Ministerio de Economía y Finanzas con el BCV (sic), sin que puedan inmiscuirse para dictar normas que alteren la funcionalidad de los sistemas de pagos (...)".
h) Vulneran la competencia del Poder Público Nacional en materia bancaria, ya que al “(...) pretender que la Banca realice funciones de supervisión del manejo de las cuentas de sus clientes, no solo la estaría obligando a acatar un mandato proveniente de entidades incompetentes; sino que también la estaría conllevando a incurrir en una intromisión en aquellas funciones de vigilancia que le corresponde a su propio Ente regulador, colocándola en un (sic) posición al pretender realizar una serie de actividades que no han sido autorizadas expresamente por SUDEBAN (sic) (...)..
Con relación a la medida cautelar de suspensión de efectos peticionada de conformidad con lo contemplado en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esgrimen que la presunción de buen derecho o fumus boni iuris se materializa al ser su mandante "(...) la operadora primordial de Banca Pública para los servicios financieros, ante la cual, se pretende imponer de manera indebida, la implementación de un sistema tecnológico de recaudación (...) que violenta toda la estructura tributaria y que inclusive la coloca como parte operadora del servicio de la Banca -más como la mayor entidad financiera pública y primer Banco del país- en una situación de riesgo al pretendérsele que cumpla una serie de actos devenidos de entes que son manifiestamente incompetentes para que lleve a cabo intromisiones que no le corresponden dentro del sistema tributario, obligándole a que asuma funciones de recaudación que le están completamente prohibidas de conformidad con ei artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (...)".
Sobre el peligro de daño o periculum in damni, consideran que su existencia es clara e inminente (...) en caso de tener que asumir la adaptación y prestación del servicio de la plataforma SICREB (sic), pues en el momento mismo en que se empiecen a realizarse (sic) las retención (sic) sobre patrimonios ajenos (...), se iniciarán las detracciones indebidas en desmedro del sistema impositivo (...)".
En cuanto a la ponderación de intereses, recalcan "(...) que la actividad Bancaria es un servicio público por designación expresa de la Ley (...)";
siendo además que "(...) no cualquier ente u órgano puede (...) alterar los sistemas y manejos de la Banca, pues (...) el sector financiero está sometido al control directo y regulación del máximo nivel territorial (...), por lo que las entidades territoriales estadales y municipales no tienen potestades para alterar la red de sistemas sobre los cuales opera la Banca, menos para revelar informaciones financieras de sus clientes, so pena de sanciones administrativas y penales por parte del Ente regulador en la materia y de los tribunales penales de la República (...)".
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De esa forma, concluyen en la necesidad de la protección cautelar invocada, en virtud de la pronta implementación de la reconversión monetaria y la subsecuente entrada en circulación de un nuevo cono monetario, lo cual dificulta la introducción de "(...) modificaciones al sistema electrónicos (sic) de pagos (...) para buscar una efectividad impositiva (...) a cambio de un grave perjuicio a nivel nacional (...)".
II
COMPETENCIA DE LA SALA Con carácter previo a la admisión del recurso contencioso tributario de nulidad" incoado por la representación judicial de la sociedad de comercio Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer dicha acción judicial, atendiendo al planteamiento formulado en el escrito libelar atinente a que en virtud del "(...) contenido de los actos administrativos de efectos generales y de ámbito normativo, por referirse a la materia tributaria, (...) y por ser [su mandante] el primer Banco del país, con representación y oficinas a nivel nacional (...), resultaría extremadamente riguroso extender una multiplicidad de causas judiciales entre todos los tribunales que potencialmente podrian ser competentes para abocar una pretensión de esta naturaleza (...)". (Agregado Al respecto, se observa que la acción judicial ejercida por la mencionada entidad bancaria del Estado, persigue la nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos administrativos de efectos generales identificados de seguidas:
1.- Decreto Nro. 001-04-03-15 del 4 de marzo de 2015, emitido por el Alcalde del Municipio Cabimas del Estado Zulia (no consta su publicación en la Gaceta Municipal correspondiente).
2.- Decreto Nro. DDA-005-017 del 4 de abril de 2017, emanado del Alcalde del Municipio Leonardo Infante del Estado Bolivariano de Guárico, publicado en la Gaceta Municipal Nro. 0405 de fecha 25 del mismo mes y año.
3.- Decreto Nro. 001-2018 AMSR de fecha 19 de enero de 2018, suscrito por el Alcalde del Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, publicado en la Gaceta Municipal Nro. 6746 del 23 de ese mismo mes y año, que reformó el Decreto Nro. 010-2016 AMSR "(...) publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria (sic) N° XXVI N° 6402 (sic) de fecha 15 de Diciembre de 2016 (...)".
4.- Decreto Nro. AMA-DA-001-2018 del 15 de febrero de 2018, dictado por el Alcalde del Municipio Bolivariano Anaco del Estado Anzoátegui, publicado en la Gaceta Municipal Nro. XLII Extraordinario de igual fecha, contentivo de la Reforma Parcial del Decreto Nro. AMA/SM-001-2017 "(...) publicado en Gaceta Municipal (...) N° LVI [Extraordinario] de fecha 10 de mayo de 2017 (...)". (Corchetes de este Máximo Tribunal).
También fueron impugnados "(...) los actos administrativos de efectos particulares dictados en cumplimiento de los Decretos antes denunciados (...)", que se identifican a continuación:
i) Resolución Nro. 002-2017 AMSR del 21 de marzo de 2017, emitida por el Alcalde del Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, publicada en la Gaceta Municipal Nro. 6498 de fecha 22 de igual mes y año.
ii) Resolución Nro. 27-03-2017 de fecha 27 de marzo de 2017, suscrita por el Superintendente Municipal Tributario de la Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, publicada en la Gaceta Municipal Nro. 6502 del 28 de ese mes y año.
iii) Resolución Nro. AMA/SI-SATMA-0906-2017-002 de fecha 6 de junio de 2017, dictada por el Superintendente de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Anaco del Estado Anzoátegui (no se evidencia su publicación en la Gaceta Municipal).
Cabe mencionar que a través de los aludidos Decretos (excepto el emanado del Alcalde del Municipio Cabimas del Estado Zulia), fue creado en los respectivos entes locales, el Sistema de Retención al Crédito Bancario (SIRCREB) del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, destinado a los contribuyentes de dicho tributo que reciban ingresos a través del medio electrónico denominado "Punto de Venta", y en el cual se atribuye la condición de responsables (agentes de retención) a las instituciones bancarias en el ejercicio de su labor de intermediación financiera.
Asimismo, se observa que en el Decreto Nro. 001-04-03-15 del 4 de marzo de 2015, dictado por el Alcalde del Municipio Cabimas del Estado Zulia, al igual que en las descritas Resoluciones, se designan como "agentes de retención" del comentado Sistema de Retención al Crédito Bancario (SIRCREB) a distintas entidades bancarias, incluida la recurrente, indicándose además la periodicidad con que deben ser enteradas tales retenciones (esto concretamente en la Resolución Nro. 27-03-2017 del 27 de marzo de 2017, emitida por el Superintendente Municipal Tributario de la Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui).
Lo anterior pone de manifiesto el eminente contenido tributario de los actos cuya nulidad es pretendida, materia que comprende todo lo relacionado con la creación, modificación, supresión o recaudación de los tributos conforme lo dispone el artículo 1 del Código Orgánico Tributario de 2014.
Ahora bien, esta Sala en atención a la calificación dada por la recurrente a la acción judicial instaurada, considera necesario transcribir para su análisis los artículos 252 y 266 eiusdem, los cuales disponen:
“Articulo 252. Los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo, mediante la interposición del recurso jerárquico regulado en este Capítulo (...)". (Resaltado de este Alto Tribunal).
“Articulo 266. El recurso contencioso tributario procederá:
1. Contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación mediante el recurso jerárquico, sin necesidad del previo ejercicio de dicho recurso.
2. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando habiendo mediado recurso jerárquico éste hubiere sido delegado tácitamente conforme al articulo 255 de este Código.
3. Contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente el recurso jerárquico, en los casos de actos de efectos particulares.
Parágrafo Primero: El recurso contencioso tributario podrá también ejercerse subsidiariamente al recurso jerárquico en el mismo escrito en caso de que hubiese expresa denegación total o parcial, o denegación tácita de éste.
Parágrafo Segundo: No procederá el recurso previsto en este artículo:
1. Contra los actos dictados por la autoridad competente en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación.
2. Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos, y sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República, de conformidad con lo dispuesto en los respectivos tratados internacionales.
3. En los demás casos señalados expresamente en este Código o en las leyes". (Destacados de esta Sala).
Como puede observarse, el artículo 252 del Código Orgánico Tributario vigente establece los actos que pueden ser objeto de impugnación mediante el recurso jerárquico, siendo los mismos contra los cuales procede el recurso contencioso tributario, por indicarlo así el artículo 266, numeral 1 eiusdem.
Esos actos son: los emitidos por la Administración Tributaria de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados. Los referidos actos pueden ser impugnados por todas las personas que tengan un interés legítimo, personal y directo, conforme a lo previsto en la primera de las normas enunciadas.
En conexión con lo que precede, ha reiterado esta Máxima Instancia que del artículo 259 del Código Orgánico Tributario de 2001 (hoy artículo 266 del señalado Código de 2014), se desprende el ámbito material de aplicación del recurso contencioso en materia tributaria, conforme al cual puede el contribuyente de que se trate impugnar mediante la citada acción judicial, los actos administrativos de efectos particulares de naturaleza o contenido tributario que consideren lesivos a sus derechos subjetivos. (Vid., fallos Nros. 00259 de fecha 28 de febrero de 2008, caso: Banco del Caribe, C.A.; y 00533 del 16 de mayo de 2012, caso: Promociones 181818, C.A.).
Así pues, se aprecia que el Código Orgánico Tributario limita el conocimiento del recurso jerárquico y del recurso contencioso tributario sólo a los actos de efectos particulares, por cuya razón estaría vedado -en principio- a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario el conocimiento de las impugnaciones contra los actos de efectos generales como es el caso de los Decretos comentados anteriormente que, vale decir, contienen normas de obligatorio cumplimiento que aún cuando sus destinatarios pueden ser determinados por la Administración Tributaria, las mismas se extienden mucho más allá de éstos y su eficacia causal se erige de forma general para todas aquellas entidades bancarias que en el futuro puedan
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establecer una agencia u oficina en las respectivas jurisdicciones de los entes políticos territoriales accionados. En definitiva, se entiende que configuran unos actos contentivos de reglas de derecho impersonales y abstractas, que amplían sus efectos más allá de su simple aplicación.
Por su parte, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.451 del 22 de junio de 2010, establece en su artículo 25, numeral 3, lo siguiente:
"Articulo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
(...Omissis..) 3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo". (Destacados de este A.lto Tribunal).
Se observa que la norma parcialmente transcrita contempla expresamente la competencia de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para conocer de las acciones de nulidad contra los actos de efectos generales o particulares emanados de autoridades estadales o municipales, por lo que en el caso concreto, atendiendo al carácter municipal de las autoridades que dictaron los actos impugnados y siendo que la presente acción fue interpuesta contra los Decretos emitidos por los Alcaldes de los Municipios Cabimas del Estado Zulia, Leonardo Infante del Estado Bolivariano de Guárico, Anaco y Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, así como con ocasión de "(...) los actos administrativos de efectos particulares dictados en cumplimiento de los Decretos antes denunciados (...)", ello supondría que la competencia de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra legalmente determinada para el conocimiento de la demanda de nulidad de autos, de acuerdo a la jurisdicción territorial que corresponda.
(Vid., sentencia de esta Sala Político-Administrativa Nro. 00618 del 22 de junio de 2016, caso: Abasto El Jardín del Valle, S.R.L.).
No obstante, es conveniente resaltar que además de los criterios expresados supra para la determinación de la competencia tributaria, la especial naturaleza de los actos cuestionados resulta trascendental, teniendo en cuenta que conforme al Código Orgánico Tributario un acto administrativo es de contenido tributario siempre que se encuentre relacionado con tributos, multas, intereses y demás accesorios vinculados directamente con la obligación tributaria que se exige.
De allí que la evaluación previa del contenido tributario de los actos resulte importante a los fines de determinar la jurisdicción aplicable, pues el acto impugnado debe estar íntimamente vinculado con un tributo (impuesto tasa o contribución).
Acerca del particular, la doctrina patria ha sostenido que la verificación de la recurribilidad de un acto administrativo a través de la Jurisdicción Contencioso Tributaria, deriva de su contenido, es decir, si se origina directamente de la determinación de algún tributo o de alguna relación derivada del mismo. Ello así, es pertinente recordar que de acuerdo al artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, la competencia por la materia se determinará por la naturaleza de la cuestión que se discute. Por lo tanto, si la naturaleza de lo debatido es tributaria, conforme a las normas procesales ordinarias, los competentes para conocer y resolver cualquier controversia vinculada con dicha materia deberían ser los Órganos Jurisdiccionales especializados para tal fin; es decir, aquellos que posean conocimientos específicos sobre la tributación.
Con base en esas premisas, se advierte que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia -publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.522 de fecha 1° de octubre de 2010-, así como el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no le atribuyen a esta Sala Político- Administrativa la competencia para el conocimiento de las demandas de nulidad de actos de efectos generales o particulares de contenido tributario como los impugnados por la representación judicial de la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, toda vez que los mismos han sido emitidos por autoridades municipales; de lo que se desprende que el criterio atributivo de competencia que se estableció en el precitado numeral 3 del artículo 25 del último de los mencionados instrumentos legales (en cabeza de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), atendió concretamente al órgano o ente autor del acto (criterio orgánico), no así a su contenido sustancial.
Bajo esa línea argumentativa, en aras de preservar los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al Juez Natural, surge oportuno para este Máximo Tribunal enfatizar en esta ocasión, que la controversia a la que se circunscribe la causa de autos es sin lugar a dudas de naturaleza tributaria, lo cual entraña que su conocimiento amerite un fuero exclusivo y excluyente en los términos del artículo 337 del Código Orgánico Tributario de 2014, correspondiendo su conocimiento a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario.
Sin embargo, dada la importancia estratégica para la economía nacional no sólo de la empresa accionante sino de todos los sujetos de derecho tanto públicos como privados que participan en la actividad bancaria, y al tener ésta un connotado interés social que impacta ineludiblemente en la estabilidad del sistema financiero así como en la paz social, no puede dejar de atenderse, además, a lo aducido en el escrito libelar respecto a que el ente accionante es (...) el primer Banco del país, con representación y oficinas a nivel nacional en los ciento treinta y dos (132) municipios, [por lo que] resultaría extremadamente riguroso extender una multiplicidad de causas judiciales entre todos los tribunales que potencialmente podrian ser competentes para abocar una pretensión de esta naturaleza (..)". (Agregado de este fallo).
En tal sentido, a los fines de evitar decisiones contradictorias y en virtud de la entidad de los vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad delatados, esta Sala Político-Administrativa, "(..) por corresponderle el conocimiento en alzada de las decisiones emitidas por los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario [con competencia en la materia especial debatida]., conforme a lo establecido en el artículo 336 del Código Orgánico Tributario (...) de 2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (...)" (vid., sentencias Nros. 00108 y 00569 del 23 de febrero y 17 de mayo de 2017, casos: Falman Representaciones Aduaneras, C.A. y Pasteurizadora Táchira, C.A., respectivamente), y actuando como cúspide de la Jurisdicción Contencioso Tributaria y de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, asume la competencia para conocer de la demanda de nulidad ejercida por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A.
Banco Universal, contra los "(...) actos administrativos de efectos generales (...) de contenido normativo (...)" y de "(...) los actos administrativos de efectos particulares dictados en cumplimiento de (..)" tales Decretos, emanados de los Alcaldes de los Municipios Cabimas del Estado Zulia, Leonardo Infante del Estado Bolivariano de Guárico, Anaco y Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui -por los que se creó en los respectivos entes locales, el Sistema de Retención al Crédito Bancario (SIRCREB) del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar-, así como de las impugnaciones derivadas de la implementación del aludido Sistema u otro mecanismo similar de recaudación en los Municipios, que involucre a las entidades bancarias públicas o privadas del país; para lo cual se seguirá el procedimiento contemplado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Capítulo III, Sección Tercera, titulada "Procedimiento común a las demandas de nulidad, interpretación y controversias administrativas", específicamente en los artículos 76 y siguientes. (Interpolado de este Alto Juzgado). Así se declara.
En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a los fines del pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción ejercida y, de ser el caso, abra el cuaderno separado respectivo con el propósito de proveer acerca de la medida cautelar de suspensión de efectos peticionada. Así se dispone.
Finalmente, se ordena la publicación de esta decisión judicial en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con el siguiente sumario: "Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual asume -en el caso concreto- la competencia para conocer de la demanda de nulidad ejercida por la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, contra actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares -estos últimos dictados en ejecución de los primeros- (ambos de naturaleza tributaria), así como de las impugnaciones derivadas de la implementación del Sistema de Retención al Crédito Bancario (SIRCREB) u otro mecanismo similar de recaudación en los Municipios, que involucre a las entidades bancarias públicas o privadas del país". Así se determina.
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IⅢII DECISIÓN Sobre la base de los razonamientos efectuados, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- Que ASUME LA COMPETENCIA para conocer y decidir la demanda de nulidad interpuesta con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la representación judicial de la sociedad de comercio BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL.
2.- ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines legales consiguientes.
3.- ORDENA la publicación de este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con el siguiente sumario: "Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual asume -en el caso concreto- la competencia para conocer de la demanda de nulidad ejercida por la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A.
Banco Universal, contra actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares -estos últimos dictados en ejecución de los primeros- (ambos de naturaleza tributaria), asi como de las impugnaciones derivadas de la implementación del Sistema de Retención al Crédito Bancario (SIRCREB) u otro mecanismo similar de recaudación en los Municipios, que involucre a las entidades bancarias públicas o privadas del país".
Publíquese, registrese y comuníquese. Notifiquese al Procurador General de la República, así como a los Alcaldes y Síndicos Procuradores de los Municipios Cabimas del Estado Zulia, Leonardo Infante del Estado Bolivariano de Guárico, Anaco y Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui.
Asimismo, publíquese la presente decisión en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, a tenor de lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supreme de Justicia, en Caracas, a los Veintinve (29) días del mes de Mayp de dos mil dieciocho (2018).
Años 208° de la Independencia y 159º de la Federación.
La Presidenta, QanuiluL MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL El Vicepresidente, MARCO ANTONIO MEDINA SALAS La Magistrada BÁRBARA GABRIELA CÉSARIERO El Maei INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA Ronente La Magistrada, biyhiaer EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO La...
...Secretaria,
GLORIA MARIA BOUQUET FAYAD
Exp. Nro. 2018-0406
EN FECHA TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIENDO LAS DIEZ Y CINCUENTA MINUTOS DE LA MAÑANA, SE PUBLICÓ Y REGISTRÓ LA ANTERIOR SENTENCIA BAJO EL N° 00579.
LA SECRETARIA.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° £019.6 Caracas, 01 de junio de 2018 208° y 159o y 190 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por. el ciudadano JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° 12.094.145, domiciliado. en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designadO según Resolución N° 2017-0003 de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de marzo de 2017 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.130 de fecha seis (06) de abril de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.
RESUELVE ÚNICO: Designar a la Ciudadana MARÍA DEL CARMEN ALMEIDA ESPIDEL titular de la Cédula de Identidad N° 16.146.922, quien ejerce el cargo de Técnico II, como Jefa de la División de Servicios Administrativos y Financieros y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Miranda de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de suplente, a partir de la presenta fecha.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas al primer (01) día del mes de junio/de 2018
Comuníquese y Publíquese Cuuda JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO es:Director Ejecutivo de la Magistratura
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0201
Caracas, 01 de junio de 2018 208° y 159o y 190 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° 12.094.145, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIREcToR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado según Resolución N° 2017-0003 de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de marzo de 2017 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.130 de fecha seis (06) de abril de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.
RESUELVE
ÚNICO: Designar a la ciudadana JOSIMAR DESIREÉ ACOSTA FLORES, titular de la Cédula de Identidad N° 17.423.161, quien ejerce el cargo de Analista Profesional III, como Jefa de la División de Asuntos Legales Contractuales de la Dirección de Asuntos Administrativos de la Dirección General,de Asesoría Jurídica de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de encargada, a partir de la presente fecha.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de ta Magistratura, en Caracas al primer (01) día del mes de junio de 2018.
Comuníquese y Publíquese, JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO Director Ejecutivo de la Magistratura
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2080, 1590 y 19°
Caracas, 01 de junio de 2018 RESOLUCIÓN
N.° 01-00-000357
MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 289 numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 14, numeral 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
CONSIDERANDO Que de acuerdo a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.118 Extraordinario, de fecha 04 de diciembre de 2013, en su Objetivo General 2.4.1.2 señala que es fundamental desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción, fortaleciendo las instituciones del Estado, fomentando la participación protagónica del Poder Popular, promoviendo la transparencia y la automatización de la gestión pública, así como los mecanismos legales de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria contra las lesiones o el manejo inadecuado de los fondos públicos.
CONSIDERANDO Que conforme lo previsto en el artículo 290 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
CONSIDERANDO Que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece en su artículo 4 que el Sistema Nacional de Control Fiscal se encontrará bajo la rectoría de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, corresponde a la Contraloría General de la República velar por el cumplimiento de la citada Ley Orgánica y demás leyes relacionadas con la materia.
CONSIDERANDO Que es una obligación de los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal cumplir con los principios consagrados en los artículos 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
CONSIDERANDO Que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 57 de su Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 39.240 del 12 de agosto de 2009, le otorgan competencia al Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal para evaluar periódicamente a los Órganos de Control Fiscal.
CONSIDERANDO Que en actuación fiscal realizada por la Dirección de Control de Estados adscrita a la Dirección General de Control de Estados y Municipios su pudieron observar graves irregularidades en el ejercicio de las funciones de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda, como el hecho de no haber iniciado, sin causa justificada, procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidad durante el ejercicio fiscal 2016.
CONSIDERANDO Que lo anteriormente reflejado encuadra en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
CONSIDERANDO Que el Contralor General de la República tiene la obligación y atribución de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como defender y propugnar los principios establecidos dentro de la misma.
RESUELVE PRIMERo: Intervenir la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda.
SEGUNDO: Designar al ciudadano JUAN CARLOS PIÑERO YSEA, titular de la cédula de identidad N.° V-6.976.855 como Contralor Interventor Encargado del Estado Bolivariano de Miranda ad honorem, a partir de la fecha de su notificación, en sustitución de la ciudadana JOHANNAS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N.° 13.875.356, quien cesa en las funciones asignadas mediante Resolución N.° 01-00-000188 de fecha 10 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.881 del 07 de abril de 2016.
TERcERo: El Contralor designado tendrá las atribuciones y deberes siguientes:
a) Ejercer las funciones de control dispuestas en los artículos 163 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y las que la Ley de la Contraloría del estado Bolivariano de Miranda le atribuyen.
b) Al décimo (10°) día hábil siguiente al vencimiento de cada mes, deberá presentar a la Contraloría General de la República, un informe pormenorizado de su gestión.
Dada en Caracas, el 01 día del mes de junio de 2018. Año 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.
Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y/o en el portal web de la Contraloría General de la República www.cgr.gob.ve
MANUELSALINDO B.
falerceeneal de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2080, 159° y 190
Caracas, 01 de junio de 2018.
RESOLUCIÓN
N.° 01-00-000359
MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 289, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 14, numerales 1 y 10, 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 58 numeral 7; 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
CONSIDERANDO
Que es atribución del Contralor General de la República, velar por el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, evaluará periódicamente a los órganos de control fiscal, a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del referido sistema.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, los titulares de los órganos de auditoría interna serán seleccionados mediante concurso, organizado y celebrado de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con participación de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, cuya convocatoria será efectuada por la máxima autoridad jerárquica del órgano o ente, teniendo como lapso máximo seis (6) meses contados a partir de la falta absoluta del titular o de la designación del encargado o interino.
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N.° DM/N° 026 de fecha 17 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 39.161 de fecha 20 de abril de 2009, el Ministro del Poder Popular para la Educación designó al ciudadanO FEDERICO JOSÉ LIENDO TREJO, titular de la cédula de identidad N.° V-7.942.729, como Auditor Interno (Titular) del Ministerio del Poder Popular para la Educación por un período de cinco (5) años, sin que, a la presente fecha, se haya convocado el respectivo concurso público para la designación del titular del órgano de control interno, en franca contravención a lo establecido en el ut supra señalado artículo 142.
RESUELVE:
PRIMERo: Intervenir la Dirección General de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
SEGUNDO: Designar a la ciudadana CLAUDIA ISABEL GóMEz PICo titular de la cédula de identidad N.° V- 6.258.189, como Auditora Interna Interventora de la Dirección General de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en comisión de servicio.
TERcERo: Suspender del ejercicio del cargo como Director General, al Ciudadano FEDERICO JOSÉ LIENDO TREJO, titular de la cédula de identidad N.° V-7.942.729, de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
cuArTo: La Auditora Interventora se mantendrá en el cargo hasta que se designe al nuevo Auditor o Auditora a través de concurso público.
QuINTo: La Auditora Interventora designada, tendrá las atribuciones y deberes siguientes:
1. Ejercer las funciones de control que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y demás normativas que rigen a los órganos de control fiscal interno.
2. Presentar al ciudadano Contralor General de la República:
a) Informe mensual de su gestión.
b) Informe sobre los resultados de su gestión.
Dada en Caracas, al primer (01) día del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018). Año 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese y Publíquese, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y/o en el portal web de la Contraloría General de la República www.cgr.gob.ve.
MANUELE. GALINDO B.
ntralor General de la República
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Servicio Autónomo Imprenta Nacional Gaceta Oficial y G-20001788-6 Estimados usuarios El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial facilita a todas las personas naturales, jurídicas y nacionalizadas la realización de los trámites legales para la solicitud de la Gaceta Oficial sin intermediarios.
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLV - MES VIII Número 41.411 Caracas, lunes 4 de junio de 2018 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 16 páginas, costo equivalente a 6,85 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
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