Gaceta Oficial N° 41.285
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AÑO CXLV - MES II Número 41.285 Caracas, jueves 23 de noviembre de 2017 GACETA OFICIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.174 23 de noviembre de 2017
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4°, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECRETO Artículo 1º. Nombro al ciudadano SERGIO LUIS REQUENA ASTUDILLO, titular de la cédula de identidad N° V-12.465.148, como PRESIDENTE del Equipo de Dirección de la Sociedad Mercantil “Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A.” (CORPIVENSA), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2º. Delego en el Ministro del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, la juramentación del referido ciudadano.
Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE Ley Constitucional de Precios Acordados.- (Véase N° 6.342 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 22 de noviembre de 2017).
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.174, mediante el cual se nombra al ciudadano Sergio Luis Requena Astudillo, como Presidente del Equipo de Dirección de la Sociedad Mercantil “Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A.” (CORPIVENSA), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas.
Decreto N° 3.175, mediante el cual se nombra al ciudadano Carlos Enrique León Mora, como Viceministro para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad del Conocimiento, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Silvestre José Villalobos Villalobos, como Presidente de la Empresa Socialista Metro de Maracaibo, C.A., ente adscrito a este Ministerio.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 25/05/2017, por la ciudadana Yuvitmar Ayala Hung, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la Sentencia N° TDJ-SD-2016-039, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 11/08/2016; declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto; anula la referida Sentencia N° TDJ-SD-2016-039; declara la Responsabilidad Disciplinaria a la ciudadana Veneci Josefina Blanco García, y se impone la sanción de destitución del cargo de Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.
DEFENSA PÚBLICA Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se señalan, de este Organismo.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resoluciones mediante las cuales se les otorga Jubilación a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se mencionan, de este Organismo.
Resoluciones mediante las cuales se les otorga la Pensión de Sobrevivientes, a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se indican, de este Organismo.
AVISOS
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438.846 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 23 de noviembre de 2017
Dado en Caracas, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18º de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (LS.)
NICOLÁS MADURO MOROS
Artículo 1°. Nombro al ciudadano CARLOS ENRIQUE LEÓN MORA, titular de la cédula de identidad N° V- 12.776.261, como VICEMINISTRO PARA EL VIVIR BIEN ESTUDIANTIL Y LA COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, quien desempeñará las competencias Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.)
HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI
Decreto N° 3.175 23 de noviembre de 2017
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con los artículos 46 y 69 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4º, 18, 19 y el numeral 5 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
TARECK EL AISSAMI Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 2.695 de fecha 25 de enero de 2017, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.082 de fecha 25 de enero de 2017, reimpreso en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 41.083 de fecha
26 de enero de 2017.
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República y Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros (LS.)
TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas (L.S.)
JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO
DECRETA
inherentes al cargo, de conformidad con el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y el ordenamiento jurídico.
Artículo 2°. Delego en el Ministro del Poder Popular la para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología la juramentación del referido ciudadano.
Artículo 3°. Se deja sin efecto el Decreto N° 2.844 de fecha 8 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.145 de fecha 8 de mayo de 2017.
Artículo 4°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
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Jueves 23 de noviembre de 2017 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 438.847
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
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Casrera Judicial, actualmente subsumible en el numeral 23 del articulo 33 del Código t E DISCIPL de luez Venezolano y la Jueza Venezolana.
El 13sp6/2013 la URDD dio por recibido el expediente disciplinario y el19/06/2013 la Oficina de Sustanciación acordó darle entrada al expediente. El 20/09/2013 presentó Infornpe en el que indicó que el expediente se encontraba instruido por la IGT y lo remitió mediante oficio CDJ/OS N° 01145-2013 de idéntica data.
al TD El 16.p6/2015 se dio inicio a la audiencia oral y pública que culminó el día 21/07/2015 y el 11/08 2016 el TDJ publicó el extenso de la decisión.
Il DEL FALLO APELADO.
En fegha 11 de agosto de 2016 el Tribunal Disciplinario Judicial dictó la Sentencia N° TDJ- SD-2016-039, en la que:
1. Absolvió de responsabilidad disciplinaria a la Jueza investigada en su condición de Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Jucicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, por el hecho de "...haber dictado decisión inmotivada en la causa judicial 4363-05...", illcito previsto en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente ratione temporis.
2. declaró la responsabilidad disciplinaria de la Jueza investigada en su condición de Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Jucicial Penal del Área Metropolitana de Caracas e impuso la sanción de Amonestación Escrita "...con ocasión a (sic) la tramitación de las causas judiciales 3376-08, 3397-08, 334-08, 3626-10, 3634-10, 3700-10, 3601-10 y 3676-10, donde se (sic) señaló retardo (s) injustificados en la admisión de los recursos de apelación en su condición de Juza Superior de la Corte de Apelaciones (...) ilicito disciplinario previsto en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética vigente para el momento en que se dictó el dispositivo del presente fallo (sic), actualmente subsumible (sic) en el numeral 6 dea (sic) articulo 27 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana vigente (sic)....
3. absolvió de responsabilidad disciplinaria a la Jueza investigada en su condición de Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Jueicial Penal del Area Metropolitana de Caracas por haber incurrido en "...retardo (sic) insstificados en el pronunciamiento de los recursos de apelación interpuestos, actuando en su momento como Jueza Superior de la Corte de Apelaciones (...) de las causas judiciales signadas 3400-08, 3394-08, 3397-08, 3419-08, 3390-08, 3438-08, 3364- 08 3647-10, 3626-10, 3644-10, 3608-10, 3630-10, 3664-10, 3700-10, 3614-10, 3687-10, 36g3-10, 3696-10, 3601-10, 3676-10, 3405-08, 3334-08, 3423-08, 3378-08, 3338-08, 3648- 10 3531-09 (...) ilícito previsto en el numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética actualmente subsumible (sic) en el numeral 24 del articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (sic)...".
4. Absolvió de responsabilidad a la Jueza investigada en su condición de Jueza Titular de Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal insuficiencia de la motivación en la decisión de la causa judicial 3405-08 actuando en sulmomento como Jueza Superior de la Corto de Apelaciones (...), ilicito previsto en el numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética vigente para el momento en que se dictó el dispositivo del presente fallo (sic), actualmente subsumible (sic )en el numeral 24 del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (sic)....
5. Declaró la responsabilidad disciplinaria de la Jueza investigada en su condición de Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuto Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas e impuso la sanción de Suspensión porun lapso de seis (6) meses ".. por la tramitación (sic) de la causa judicial (sic) de la apelación del recurso de amparo contentivo (sic) en la causa 3340-08 ..en su previsto en el numeral 1 del articulo 32 del Código de Ética vigente para el momento en que se dictó el dispositivo del presente fallo (sic), subsumible (sic) en el numera1 del articulo 28 del Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezola fa, sanción que fue previamente cumplida...".
6. Levantó la medida cautelar de Suspensión sin goce de sueldo que impuso Va Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia a la Jueza investigada "...mediante oficios N° CJ-11-1092 y CJ-11-1095 respectivamente (sic), ambas de fecha 13 de mayo de 2011 a la jueza (sic) en su condición de Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y de Jueza Provisoria de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (...) en consecuencia, ...[ordenó su] reincorporación al cargo de Jueza Titular del Juzgado Tercero ge SRCPUBLIC Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Á Metropolitana de Caracas, o a uno de similar jerarquía...".
Para fundamentar su decisión, el TDJ indicó:
1. Con relación al ilícito "...haber dictado decisión inmotivada en la causa jupficial. 4363-05..." el a quo, a partir del texto inserto en el artículo 4 del Código de Ética de uez Venezolano y la Jueza Venezolana, adminiculado al criterio reiterado en sentencias de esta Jurisdicción y de las Salas Político Administrativa y de Casación Civil de] Alto Tribunal en materia de motivación, estableció que los Jueces sólo serían responsables disciplinariamente cuando hubiesen obviado totalmente y de forma evidente los motivos que justificaban su decisión, o cuando estos últimos no guardaran relación con la materia debatida.
A partir de esta premisa absolvió de responsabilidad a la Jueza investigada y afirmo que ésta "...[había aportado] en su sentencia una motivación basada en los elementos probatorios traídos a los autos que, no obstante, a criterio de la alzada (sic), [resultaron insuficientes] para la condena del imputado pero (sic) ello no develatba] ausencia absoluta y manifiesta de fundamentos como para acatrear responsabilidad disciplinaria (...) respetando esta (sic) el principio de independencia judicial previsto en el artículo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (..). Sobre la base de los razonamientos antes señalados (sic) y, fundamentalmente atendiendo al principio de comunidad responsabilidad disciplinaria de la jueza (sic) investigada...".
referencia al ilícito "..retardo (sic) injustificados (sic) en la admisión recursos de apelación..."correspondiente a las causas judiciales N° 3376-08, 3397-08, 3394-b8, 3626-10, 3634-10, 3700-10, 3601-10 y 3676-10, el a quo estableció una distinción del illcito imputado con base en el objeto de cada causa y el plazo que tenía la Jueza para proveer conforme a la normativa del Código Orgánico Procesal Penal (en lo sucesivo, COPP) que resultaba aplicable en cada caso, lo que determinó la consideración del retardo (sic) en dos sentidos, es decir, (i) para pronunciarse sobre la admisión de los recursos de apelación y (ii) para pronunciarse sobre la resolución de los recursos de apelación sometidos a su conocimiento.
(i) Rpspecto al retardo (sic) para pronunciarse sobre la admisibilidad de los recursos de apel ción el iudex a quo concluyó que, a la luz de los recaudos que cursaban en autos, la conquicta delatada resultaba disciplinable.
Sin embargo, realizó un cambio de calificación jurídica del ilícito al estimar que "...en todas las causas señaladas... hubo un pronunciamiento... toda vez que (sic) tal situación no [había causado] un daño irreparable de los derechos fundamentales de los solicitantes, ya que se [había cumplido] con el fin.último de la acción y se [había concretado] a través de una decisión...", juicio de valor que dio lugar por una parte, a la desestimación de la imputación realizada con fundamento en el numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del uez Venezolano y la Jueza Venezolana y, por la otra, a su apreciación conforme al numeral 6 del artículo 31 eiusdem.
último, declaró la responsabilidad disciplinaria de la Jueza por retardo (sic) Por injustificado en la admisión de los recursos de apelación correspondientes a las causas N° 3376-08, 3397-08, 3394-08, 3626-10, 3634-10, 3700-10, 3601-10 y 3676-10, ilicito disciplinario previsto en el numeral 6 del artículo 31 eiusdem, subsumible en el numeral 6 del artículo 27 del vigente Código de Ética, e impuso la sanción de Amonestación Escrita.
(i) & cuanto a los"..descuidos injustificados en la tramitación de los procesos en ° 467-10, 3626-10, 3644-10, 3634-10, 3608-10, 3630-10, 3664-10, 3700-10, 3614-10, t-10, 3693-10, 3696-10, 3601-10 y 3676-10, ilícito imputado por haber omitido el 368 pronunciamiento correspondiente en materia de apelación de autos conforme al plazo previsto en el artículo 450 del COPP vigente ratione temporis, hoy previsto en el artículo dep 442 de la ley penal, el Juez de primera instancia transcribió parcialmente el contenido Acto Conclusivo de la IGT y concluyó “.. considerando todas (sic) y cada uno dloas particulares involucrados en el estudio del presente caso, y analizados los parámetros expresados (sic)...", que se había producido una decisión, circunst tancia que mermaba la posibilidad de haber causado daño o gravamen irreparable derechos fundamentales de los solicitantes.
En cuanto a las causas N° 3405-08, 3334-08, 3423-08, 3378-08 y 3338-08, en las qμe la IGT acusó el incumplimiento del plazo para decidir, el iudex a quo expresó qu en éstas se había producido una decisión, que los argumentos aportados por las partes adminiculados "..con los parámetros delimitados (sic) ..." proporcionaban elementos que justificaban el retraso, destacó que la Jueza había asumido funciones que compo faro una carga administrativa y jurisdiccional importante, con responsabilidades de alto nivel, por lo que su rendimiento podía haberse visto afectado.
la3 habían suscrito las Actas"... donde se certifica[ba] que los pronunciamientos ponencias de la jueza (sic) se publicarán fuera del lapso...". Por último, asumiendo bmo referente la Sentencia N° 17 de fecha 18/07/12 dictada por esta Corte, absolvió de responsabilidad a la Jueza.
3. En torno al ilícito retardo (sic) injustificado en la tramitación de la apelación dela acción de amparo contenida en la causa 3340-08, declaró la responsabilidad discipli iHaria de la Jueza investigada.
Sobre el particular, manifestó que la IGT había acusado a la Jueza de incurrir en la causal de destitución prevista en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicia] yen el numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la eza Venezolana, normativa vigente ratione temporis, subsumible en el numeral 14 del arculo 29 del vigente Código de Ética En ese orden observó, que "..la demora de once (11) meses.. no transcurrió todo el procedimiento bajo la dirección procesal y responsabilidad jurisdiccional de la eza denunciada, sino que parte de ese tiempo transcurrió con el trámite de la inhibición del atribuida por el órgano investigador a la calificación del supuesto contenido en el nufferal 1 del artículo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, norma vigente para el momento en que se dictó el dispositivo del fallo, subsumible en el numeral 1 del artículo 28 del vigente Código de Ética.
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Comelresultado de lo anterior, declaró la responsabilidad disciplinaria de la Juez e iouso la sanción de suspensión por un lapso de seis (6) meses al considerar verificadela supuesto consagrado en el numeral 1 del artículo 28 del Código de Ética y, considerando l Jueza investigada ya se encontraba suspendida, ordenó levantar la medida de que suspensión sin goce de sueldo, toda vez que "...para [esa] fecha la Jueza [tenía] más de los sqs (6) meses de suspensión...".
III FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 25/05/2017, la representación de la IGT fundamentó el recurso de apelación en los siguientes términos:
i) Segaló, en lo que se refiere a la causa 4363-05, que la sentencia apelada había incurso en el vicio de falso supuesto de hecho al absolver a la Jueza de la imputación por inmotivación, con fundamento en un hecho que había ocurrido de forma distinta a la apreclada. Al respecto, indicó que "..La IGT [había imputado] a la Jueza por no haber señalado, en la decisión de sobreseimiento, los elementos de convicción que la llevaron a determinar que no era necesaria la realización de la audiencia, más aún, tratándose de una querella...".
Argumentó, que "... la Jueza no [había explicado] por qué el hecho en particular no constufa ilícito merecedor de sanción penal y por lo cual no era necesaria la realización de la audiencia, solamente se [había limitado] a indicar que los hechos aportados por los quere flantes, eran consecuencia de un contrato de compra venta de un inmueble, sin analizar las situaciones de hecho y de derecho por los cuales estimada que no era necesario que se efectuara el debate a los fines de decretar el sobreseimiento...".
Por último, afirmó que el a quo justificó la actuación de la Jueza señalando que la motivación de la sentencia se había fundamentado en los elementos probatorios traídos a los autos, por lo que no se había producido una omisión absoluta de motivación.
ii) Pq otra parte, la recurrente manifestó que, a los efectos de resolver las imputaciones ilícitos acusados en las causas 3376-08, 3400-08, 3394-08, 3397-08, 3419-08, de lo .L:LA 339008, 3438-08, 3364-08 y 3351-08 por infracción del artículo 450 del COPP, el TDJ cambiado la calificación jurídica de los hechos y había incurrido en errónea había interpretación del numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano ./ y la jueza Venezolana, actualmente subsumible en el numeral 24 del artículo 29 del vigente Código de Ética, al señalar que "...no [había causado] un daño irreparable los derechos fundamentales de los solicitantes...".
Al respecto, afirmó que "..el Legislador en la mencionada norma, no [había establacido] que debía determinarse el daño únicamente con relación a los solicitantes o partes.
.", e el incumplimiento reiterado de la Jueza, "...menoscaba[ba] la tutela judicial efectiva, ues [había delatado] de manera indebida los procesos, haciendo incurrir a la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones, en retardo (sic) ilegal...".
ili) Finalmente, en lo que se refiere a la imputación descuidos injustificados y violación de la tutela judicial efectiva en el trámite de las causas judiciales 3647-10, 362s-10, 3644-10, 3634-10, 3608-10, 3630-10, 3664-10, 3700-10, 3614-10, 3687-10, 369b-10, 3696-10, 3601-10, y 3676-10 por infringir el artículo 450 del COPP, la recuffente manifestó que la sentencia bajo examen había incurrido en falso supuesto de heco al absolver a la Jueza con base en un evento que había ocurrido de manera distinta la h inicialmente estaban a cargo del Juez Jesús Ollarves Yrazabal, a quien suplir la eza del investigada, además de [haber ejercido] la función de Jueza Rectora y President Circuito...así como [haberle sido asignada] competencias especiales para conocer materia de casos de terrorismo...
En este sentido afirmó la recurrente, que de la revisión del Libro de Actas correspondiente 8361se evidenció que sólo las causas 3334-08, 3340-08, 3338-08, 3351-08, 3364-08 y 08 guardaban relación con el Juez Ollarves, y que aquellas en las que se imputó el cito $ido descuidos injustificados con menoscabo de la tutela judicial efectiva le habían d asignadas a la Jueza con posterioridad a la oportunidad en que asumió el carga en sustitución del Juez Jesús Ollarves.
Por último, destacó que la competencia especial en materia de Terrorismo había sido atribuida al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del n $mo Circuito Judicial y no a la Corte de Apelaciones, órgano al que correspondían las ca sas cuyo trámite fue cuestionado.
IV DE LA COMPETENCIA
para conocer el asunto sometido a consideración y, al respecto, observa:
la 28/12 2015, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer JUDICIAL pelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben:
"Astículo 37. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de as apelaciones interpuestas contra decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial, ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Codigo y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del juez venezolano y jueza venezolana".
La norma transcrita atribuye competencia a esta Corte, para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones interlocutorias o definitivas dictadas por el TDJ.
Al respecto es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 42 del Código de Ética el Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sestencia N° 516 de fecha 7/05/2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo LUELA norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de competencia.
La naima transcrita fue reeditada en idénticos términos tanto en la reforma que tuvo lugar promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana con publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extragrdinario de fecha 28/12/2015 como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 del 4/02/2016.
bien, del análisis de los autos que integran el expediente, se advierte que la Ahora pretensión de la recurrente está dirigida a la revisión de la legalidad del fallo dictado por el a qud lo que permite a esta Alzada verificar que, efectivamente, se trata de la apelación contra una sentencia definitiva dictada por el TDJ, observación que permite colegir la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Apelación en consideración.
Con relación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, es oportuno destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de rombje de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7/05/2013 y 4/02/2016, respectiva ente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares.
Así, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Apelación de la Sentencia Definitiva N° TDJ-SD-2016-039 dictada por el a quo en fecha 11/08/2016 que resolvió las imputaciones contenidas en el Acto Cond sivo presentado por la IGT como consecuencia de la investigación administrativa disciplinaria seguida a la ciudadana VENECI JOSEFINA BLANCO GARCÍA, quien ostenta ta la condición de Jueza Titular de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, resultan verificadas las condiciones objetiva y subjetiva que determinan la competencia para el conocimiento de esta Alzada, por ende esta Horte declara su competencia. Así se decide.
V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
\las y pública celebrada en fecha 19/06/2017, pasa esta Alzada a decidir, previas 3 siguientes consideraciones:
i) La recurrente denunció, que el a quo había inficionado de falso supuesto de hecho el fallo recurrido al resolver la imputación en la causa signada 4363-05 por inmotivación, a partir de una apreciación errónea del hecho reprochado, argumentación que fue reiterada en la oportunidad de celebración de la audiencia de apelación.
En este sentido expresó, que la imputación se había circunscrito a la falta de celebración de la audiencia de Sobreseimiento, evento que había determinado la inmotivación ge la correspondiente Sentencia.
Enfatizó, que la Jueza investigada había sido imputada por no haber señalado los elementos de convicción que la determinaron a estimar innecesaria la celebración pe la audiencia para debatir los fundamentos del Sobreseimiento dictado. Agregó, que no había explicado por qué el hecho que se juzgada no constituía un ilícito penal que eximirá celebración de la correspondiente audiencia.
Para resolver la denuncia, resulta necesario en primer término, establecer el contenido y alcance del falso supuesto de hecho denunciado.
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el particular, tanto la doctrina como la jurisprudencia patria han sido paaíficas señalar que este vicio se configura cuando el Juez, al dictar un determinadoofallo, SCIPLINARII fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o que no guardan la debida..
xnculación con los asuntos objeto de la decisión (vid. Sentencias de la Sala Político Admi@istrativa N° 618 y 619 del 30/06/2010 y 30/04/2014, respectivamente), criterio compartido por esta Alzada (vid. Sentencias N° 1, 12, 34 y 44 del 28/01/2014, 03/04/2014, 17/0(2014 y 20/11/2014, respectivamente).
Aprecia esta Corte que la denuncia de la recurrente se circunscribió a señalar que el a abia incurrido en el vicio de falso supuesto de hecho al omitir la valoración y quo acorãar el Sobreseimiento, en particular en lo que se refiere a la omisión de la señalada audiencia, circunstancia que había dado lugar a una decisión inmotivada.
Ahor bien, revisado el Acto Conclusivo presentado por la IGT, constata esta Corte que la imputación realizada giró en torno a la omisión de la audiencia de Sobreseimiento y sus efectos, en el entendido de tratarse, a su juicio, de una infracción del artículo 323 del COPP que ordena la convocatoria para el debate de la fundamentación de la petición y cuyo cumplimiento resulta imperativo a la luz de la Jurisprudencia del Alto Tribunal.
18731 Advestido lo anterior, esta Alzada estima que si bien la recurrente acusó el vicio de falso supuesto de hecho, los términos en que planteó su denuncia estuvieron dirigidos a evidenciar la incongruencia de la sentencia recurrida al haber omitido pronunciamiento en cuanto a la falta de celebración de la audiencia de Sobreseimiento y de los efectos de tal omispn, razón por la cual, atendiendo al principio iura novit curia, esta Corte procederá al análisis del vicio delatado en el contexto del vicio de incongruencia omisiva. Así se declara.
En torno al vicio en referencia, esta Corte reitera el criterio según el cual la incongruencia negativa u omisiva comporta una lesión a la tutela judicial efectiva y al debido proceso que se ofjigina como consecuencia de una incongruencia entre la actuación requerida al órgano jurisdiccional y la producida por éste, que deviene en una actuación lesiva por parte del sentenciador que está obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado y procede declarar algo distinto, sin pronunciarse sobre lo peticionado (vid. Sentencia N° 5 de 15/05/2012).
fech
constató que el a quo, en su análisis y pronunciamiento, eludió la pretensión fundamental dedutida en el Acto Conclusivo y que la exoneración de responsabilidad tuvo como fundamento la referencia a la función de esta Jurisdicción y al contenido del artículo del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, ello adminiculado al quterio que en materia de motivación han reiterado esta Jurisdicción y las Salas P ético Administrativa y de Casación Civil del Alto Tribunal.
Con base en la consideración expuesta, estableció que los Jueces sólo rían responsables disciplinariamente cuando hubiesen obviado totalmente los motivos que que la Jueza, en su Sentencia, había aportado una motivación fundada en elementos probatorios cursantes en autos los cuales, aun cuando a criterio de su Alzada habían res Itado insuficientes para condenar al imputado, no revelaban ausencia absoluta y manifiesca de fundamentos de una entidad tal que llegasen a comprometer su responsabilidad.
La circunstancia narrada, a juicio de esta Alzada, se traduce en una omisión respecto a la solución del planteamiento fundamental de la pretensión que comporta una infracción a la tutela judicial efectiva, cuyo cumplimiento debe garantizar el juzgador, lo que forzosamente determina la configuración del vicio de incongruencia omisiva delatado y acarrea la nulidad absoluta de la decisión apelada, a tenor de lo dispues en C.UBLCA el artículo 244 de Código de Procedimiento Civil (en lo sucesivo, CPC). Así se decid Determinada la procedencia del vicio denunciado y declarada la nulidad del fallo bajo examen, esta Alzada estima inoficioso pronunciarse sobre el resto de las denu Hcias formuladas por la recurrente. Así se declara.
En virtud de la anterior declaratoria, corresponde a esta Corte en primer lugar, precisar el contenido y alcance de los ilícitos que le fueron imputados a la Jueza denunciada bmo resultado de su actuación y, en segundo lugar, determinar el Iter de la conducta desplegada por la juzgadora en cada caso y su correspondiente juicio de reprochabilidad.
Ahora bien, revisadas exhaustivamente las actas que integran el expediente, se ad lente de la Jueza investigada durante el período de vigencia de la Ley Orgánica del Consejo ela Judicatura (en lo sucesivo, LOCJ), normativa derogada en la Disposición Derog atoria Única del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana publicado Enla Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha 23/08/ circunstancia que determina la consideración previa de la eventual prescripción y la identificar las que deberán ser consideradas en el pronunciamiento de esta Alzada. Así se declara.
.2UELA Confame a lo expuesto, resulta pertinente hacer referencia al criterio reiterado por est instancia en materia de Prescripción, según el cual se trata de una forma de extinto de responsabilidad disciplinaria por efecto del transcurso del tiempo sin que se inicie correspondiente averiguación, lapso considerado a partir del día siguiente a la oportunidad en que se produjo el hecho que da lugar a la imposición de la sanción e impide al órgano disciplinario sancionar la conducta que contraviene los deberes y obligaciones que el ordenamiento impone al operador de justicia.
Consejo de la Judicatura, normativa vigente durante el período comprendido entre el 23/011999 y el 23/08/2010, cuyo texto rezaba:
"AHtículo 53° Prescripción. La acción disciplinaria prescribirá a los tres años contados a partir del día en interumpe la prescripción" La ireligencia de la norma parcialmente transcrita permite concluir que la acción disciplinaria prescribe a los tres (3) años, lapso que comienza a contarse a partir del día siguiente al que tuvo lugar la conducta presuntamente infractora, y que se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo disciplinario.
Conførme al postulado que precede, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 782 del 28/07/2010, ha recalcado el criterio pacífico según el -es menester destacar que la prescripción es una forma de extinción de la responsabilidad disciplinaria, de conformidad con la cual el transcurso de un tiempo contado a partir de la comisión de la falta sin que se iniciara la correspondiente averiguación, imposibilita al Estado para sancionar, en ese caso, la conducta prevista como infracción al ordenamiento.
La doctrina y la jurisprudencia han justificado de diversas maneras la utilización de esta figura, invpcando en algunos casos razones de seguridad jurídica, en virtud de la necesidad de que no se prolonguen indefinidamente en el tiempo situaciones de posible sanción, asl como también razones de oportunidad, por cuanto el transcurso del tiempo podría vaciar de contenido el ejercicio de la potestad disciplinaria, entendida como medio para optimizar la actividad de la Administración (vid. Sentencia 00681, del 07/05/2003)".
En idéntico sentido, resulta oportuno parafrasear el criterio sentado por la Sala Consstucional de la máxima instancia judicial en Sentencia de reciente data, en la que estableció que en materia disciplinaria judicial, por tratarse de derecho sancionatorio, resulaba aplicable el principio de irretroactividad de la ley, por lo que debía produeron los hechos reprochados y no la establecida en una norma promulgada à posteriori, en respeto al principio de legalidad de los delitos e infracciones así como del principio de irretroactividad de la ley, previstos tanto en el artículo 24 constitucional en el numeral 6 del artículo 49 eiusdem (vid. Sentencia N° 255, 05/05/2017).
La Sentencia parcialmente transcrita y el criterio reiterado pacíficamente por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, resultan coincidentes con la exégesis normativa que les precede, interpretación compartida en todos sus términos por esta Alzada.
Como derivación de lo expresado, esta Corte aplicará para el examen en referencia el dispositivo previsto en el artículo 53 de la LOCJ en aplicación del principio de ultractividad, por resultar más favorable a la Jueza sometida a procedimiento, establecido como ha sido que la investigación administrativa disciplinaria se inició en fecha 12/07/2011 p. 1, folio 2).
En atención a lo indicado, la revisión de las actas procesales evidencia a quienes aquí deciden, los particulares que a continuación se detallan:
i) Causa N°4363-05. Se dictó Sentencia en la que declaró el Sobreseimiento sin celebrar la audiencia previa. Infracción del art. 323 COPP. La conducta acusada por la Inspetoría General de Tribunales se produjo en fecha 13/08/07 (p.11, f. 284 al 288); el procedimjent administrativo disciplinario se inició habiendo transcurrido con creces tres (3) años a parti de la fecha de ocurrencia del supuesto ilícito disciplinario.
ii Causa N°3376-08. Auto de admisión del Recurso de Apelación contra autos. Infracción del art. 450 COPP. La conducta acusada por la Inspectoría General de Tribunals se produjo en fecha 02/06/08 (p. 10, f. 84 y 85); el procedimiento administrativo disciplinario se inició habiendo transcurrido más de tres (3) años a partir de la fecha de ocurrencia del supuesto ilícito disciplinario.
iii) Causa N°3364-08. Resolución del Recurso de Apelación contra autos. Infracción del art. 450 COPP. La conducta acusada por la Inspectoría General de Tribunales se produjo inicio en fecha 19/06/08 (p.12, f. 91); el procedimiento administrativo disciplinario se habiendo transcurrido más de tres (3) años a partir de la fecha de ocurrencia del supuesto ilícito disciplinario.
iv) Causa N°3351-08. Resolución del Recurso de Apelación contra autos. Infracción del art. 450 COPP. La conducta acusada por la Inspectoría General de Tribunales se produjo nigf6 en fecha 14/05/08 (p. 12, f. 92); el procedimiento administrativo disciplinario se habiendo transcurrido con creces tres (3) años a partir de la fecha de ocurrenc (cid:) supuesto ilícito disciplinario.
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Causa N° 3340-08. Resolución del Recurso de Apelación en Amparo. Infraccdel art.
cond cta acusada por la Inspectoría General de Tribunales se produjo en fecha 21/06/08 /(p. 1. f. 136 y 137); el procedimiento administrativo disciplinario se inició habiendo TVI3IC transcurrido más de tres (3) años a partir de la fecha de ocurrencia del supuesto ilícito disciplinario.
Las qrcunstancias destacadas acreditan que, en el caso de las causas signadas 4363-05, 3376-08, 3364-08, 3351-08 y 3340-08, en las que la 1GT imputó a la Jueza la presunta comisión de ilícitos disciplinarios y solicitó la imposición de las correspondientes sanclpnes, la acción disciplinaria se encontraba prescrita para la fecha en que se dio inicio a la nvestigación administrativa disciplinaria, circunstancia que fue soslayada por el órgaco de investigación disciplinaria, en consecuencia, esta Corte procede a declarar el Sobríseimiento de la investigación con relación a las citadas causas de conformidad con el numeral 2 del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en concordancia con el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Qudidatura aplicable por ultractividad normativa. Así se decide.
ComhH consecuencia de la declaratoria que precede, pasa esta Alzada a emitir el prønthciamiento correspondiente al petitorio realizado por la IGT en el acto conclusivo presentado en fecha 29/04/2013, sólo con relación a las causas no prescritas.
Al ef cto, observa esta Alzada que la IGT imputó en todas las causas investigadas, el ilícito disciplinario retraso o descuido injustificado con menoscabo de derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva, de conformidad con numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, subsumible en el numeral 23 dl artículo 33 del Código Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. En consecuencia, a los fines del establecimiento del juicio de reproche de la conducta dela da, debe reiterarse el contenido y alcance de los ilícitos imputados, así como el Iter alegatos y probanzas aportadas por las partes.
En torno al ilícito retraso o descuido injustificado en menoscabo de derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva, previsto en el numefal 23 del artículo 33 del Código Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, reeditado en idénticos términos en el numeral 24 del artículo 29 del Código de Ética actualmente en vigor, se aprecia que su texto es del tenor siguiente:
"ticulo 29.Son causales de destitución:
omissis...) 24. Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva....
Esta instancia ha sostenido que el contenido normativo prevé la existencia de cuatro modalidades de conducta, a saber: 1) incurrir en retrasos injustificados en la tramitación de los procesos; 2) incurrir en retrasos injustificados en cualquier diligencia; 3) incusir en descuidos injustificados en la tramitación de los procesos; y 4) incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de cualquier diligencia.
En torno al contenido y alcance del ilícito retraso injustificado", la expresión alude a la tardanza, demora o dilación en el cumplimiento de una obligación propia del proceso cuya competencia está atribuida al Juzgador, sin que medie circunstancia que justifique la tardanza, y se concreta en una actuación positiva que supone el despliegue de act vidad intelectiva y volitiva.
dilación indebida, el retraso injustificado en la adopción de las decisiones judiciales genera la responsabilidad disciplinaria del operador jurídico, por cuanto si bien no existe un derecho constitucional al cumplimiento de los términos y lapsos procesales.
to persona tiene derecho a que su causa se resuelva en un plazo razonable, entendido éste jurisprudenciales que se postula en consideración de diferentes factores relacionados con cada caso.
Si bien el retraso injustificado está ligado al plazo razonable, su determinación será producto del análisis que en cada caso realice el juzgador, y que pudiera dar omo resultado una extralimitación temporal justificada producto de la dificultad de lo debatido;
de lo contrario, la complejidad pudiera convertirse en un mecanismo que favorecesía la impunidad del operador.
En consonancia con el razonamiento expuesto, la Sala Politico Administrativa del Alto Tribunal ha reiterado pacíficamente el criterio según el cual, si bien el Juez está obligado a dictar oportunamente su pronunciamiento, el órgano disciplinario tiene una potestad discrecional que le permite apreciar determinadas circunstancias que, sin ser impufableg al operador, pudieran provocar un retraso en el cumplimiento de su deber y que tier particularidad de eliminar la antijuricidad de la conducta cuestionada tornándola (vid Sent. N° 01225, 08/10/202).
No se trata entonces del plazo determinado legalmente, ni guarda relación con impapt una justicia expedita reduciendo los lapsos para interponer los medios de defensa se trata el órgano jurisdiccional en el contexto de goce de sus derechos y garantías constfucionales.
Con relación al contenido y alcance del ilícito descuido injustificado", esta Alzada ha sostenido que la locución descuido ha sido interpretada jurisprudencial y pacíficamente, como un abandono total de la obligación establecida en la norma, lo que supone falta de actividad volitiva e intelectiva del operador, o bien su cumplimiento defectuoso (vid. Sent.
N°2, justicia en el cumplimiento de una obligación que le es propia en el trámite del proceso y supone ausencia de actividad intelectiva y volitiva del juzgador, sin que medie justa causa que excuse la omisión.
A manera de colofón, estipula esta Alzada que una vez verificado el retraso o descuido, para costular su justificación deberá examinarse la circunstancia que lo provocó, bien sea la complejidad del asunto objeto de la decisión, el promedio de duración de procesos de la mism naturaleza de aquél que se cuestiona, el volumen de trabajo del despacho, los estándares de funcionamiento o cualquier otra circunstancia que hubiese podido dar lugar a la infracción acusada, todo ello adminiculado al análisis y valoración de los elementos incorporados en autos como causa justificante.
Delimitado el contenido de los ilícitos que fundaron el Acto Conclusivo de la IGT, pasa esta Porte a la verificación de la ocurrencia de cada uno de ellos en todas las causas trámite fue objetado, en el contexto de las probanzas y alegatos proferidos por el cuyo orar investigador y la Jueza investigada, a los fines de establecer el juicio de reproche a que haya lugar.
La IG en su Acto Conclusivo imputó a la Jueza investigada haber incurrido en retrasos injustificados en la tramitación de 27 causas al omitir pronunciamiento dentro de los lapso previstos en los artículos 450 y 456 del COPP vigente ratione temporis.
que acusa, consistente en fraccionar el trámite de la causa y considerar cada fase del LU proce o de manera independiente, esta Alzada no puede soslayar que tal metodología vulnera la unicidad del proceso, es decir, la imputación referida al pronunciamiento
resolución, bien sea que se trate de Auto o Sentencia Definitiva, por efecto 1 de es decir, se trata de una sola causa en la que el Juzgador que admite la apelación bebe resolver el mérito de la causa; en consecuencia, esta Corte procederá a identificar el presunto ilícito en cada causa considerada integralmente, a fin de establecer el alcance del ilícito acusado en cada una. Así se establece.
Ahora bien, resulta imperativo citar el contenido normativo de los artículos 450 y 4$6 del COPP:
"Artículo 450.
Procedimiento. Recibidas las actuaciones, la Corte de Apelaciones, dentro de los trs días siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones, decidirá sobre su admisibilidad Admitido el recurso resolverá sobre la procedencia de la cuestión planteada, dentro de os diez días siguientes.
(...) Cuando la decisión recurrida sea la prevista en el numeral 4 del articulo 447, bs plazos so reducirán a la mitad." "Artículo 456.
quienes debatirán oralmente sobre el fundamento del recurso.
En la audiencia, los jueces podrán interrogar al recurrente sobre las cuestiones planteadas en el recurso.
ps testigos que se hallen presentes.
Decidirá al concluir la audiencia o, en caso de imposibilidad por la complejidad del asun dentro de los diez dias siguientes." (Resaltado de esta Corte).
En las normas parcialmente transcritas se establece el deber de pronunciamiento ysu oportunidad, tanto en el caso de admisibilidad del recurso de apelación de autos ysu resolución, como en el caso de apelación de Sentencias Definitivas y su resolución.
En d consecuencia, la infracción de la citada normativa determina los límites de juzgamiento de esta instancia y el presupuesto de la eventual imposición de sanción disciplinaria.
Ahora bien, en este orden de ideas, la condición para que próspero la imposición de la sanción supone que el juzgador establezca, en primer lugar, si la conducta acusada constituyó un retraso o un descuido y, una vez determinado, ponderar si se trató d una conducta injustificada, es decir, si la conducta se produjo sin que mediara justa causa que la determinara. Verificados los presupuestos expuestos, el operador deberá examinar i enel tal conducta provocó un menoscabo a los derechos o garantías fundamentales marco de la tutela judicial efectiva del encausado.
De seguidas y en el orden advertido, pasa esta Corte a revisar cada causa en cuyq trámite fue imputado el ilícito.
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Causa N° 3626-10. 17/05/10 se reciben actuaciones; asignación: 24x05/1 28/05/10 no se había emitido pronunciamiento respecto a la admisibilidad.
09/06/10 se recibe expediente original procedente del Juzgado 19° de Conrol;
CIPLINARY 21/06/10 se reciben recaudos procedentes del Juzgado 19° de Control; Auto de Admisión: 21/06/10. Retraso: 6 días de despacho (p. 8, f. 203 al 205). El 16/07/10 no se había emitido pronunciamiento; 14/12/10 se declara sin lugar el recurso;
Retraso en decidir: 71 días de despacho. 14/12/20 se remite expediente original al Juzgado 19° de Control; 19/01/11 se remite el cuaderno de incidencias al Juzgado 19° de Control (folio 250, p. 4).Retraso total en la tramitación de la causa: 77 días de despacho.
2.
Causa N° 3634-10. 27/05/2010 se reciben actuaciones; 28/05/10 asignación;
Control subsane lo acordado en auto; 16/07/10 se dio reingreso al expediente procedente del Juzgado 19° de Control; 19/07/10 se admite el recurso (p. 8, f. 221 al 223); 02/08/10 se declara sin lugar el recurso de apelación; 18/08/10 Se remite expediente original al Juzgado 19° de Control; 02/09/10 Se remite cuaderno de incidencias al Juzgado 19° de Control (folio 251, p. 4). Sin retraso.
3.
Causa N° 3700-10. 24/11/2010 se reciben actuaciones procedentes del Juzgado 38° de Control; Asignación: 25/11/10; el 02/12/10 no se había emitido pronunciamiento respecto a la admisibilidad. Auto de Admisión: 06/12/10 (p. 9, f.
231 al 233); retraso: 1 día de despacho; el 31/01/11 no se había emitido pronunciamiento; 16/12/2011 se declara sin lugar el recurso (p. 9, folio 234 al 247);
Retraso en decidir: 12 días de despacho. Retraso total en la tramitación de la causa: 13 días de despacho.
Causa N° 3601-10. Asignación: 23/04/10; el 28/04/10 no se había emitido 4.
pronunciamiento respecto a la admisibilidad. Auto de Admisión: 27/08/10. Retraso:
54 días de despacho. Decisión: 16/09/10. Sin retraso (p. 11, f. 405 al 416). Retraso total en la tramitación de la causa: 54 días de despacho.
5.
Causa N° 3676-10. 26/10/2010 se reciben actuaciones del Juzgado 50° de Control; Asignación: 28/10/10; el 10/11/10 no se había emitido pronunciamiento respecto a la admisibilidad; 12/11/2010 auto que suspende admisión y solicita causa original al Juzgado 22° de Juicio; 17/11/2010 se recibió expediente original y cuaderno de apelación; 23/11/2010 se publicó admisión; Retraso: 6 días de despacho (p. 9, f. 98 al 100); el 17/12/10 no se había emitido pronunciamiento;
09/02/2011 se declaró sin lugar el recurso de apelación; Retraso: 13 días de despacho (p. 9, f. 101 al 120). 11/02/2011 se remitió causa original al Juzgado 22° , de Juicio y cuaderno de incidencias al Juzgado 50° de Control. Retraso total en tramitación de la causa: 19 días de despacho.
6. Causa N° 3400-08. Auto de Admisión: 04/07/08; el 26/09/08 no se había emitido pronunciamiento. Decisión: 01/10/08. Retraso: 4 días de despacho. (p. 7, f.
129).
7. Causa N° 3394-08. Auto de Admisión: 04/07/08; el 26/09/08 no se había emitido pronunciamiento. Decisión: 01/10/08. Retraso: 4 días de despacho (p. 7, f.
1178 al 188).
8. Causa N° 3397-08. Auto de Admisión: 08/08/08; el 10/10/08 no se había emitido pronunciamiento. Decisión: 15/10/08. Retraso: 3 días de despacho (p. 7, f. 192 al 213).
9. Causa N° 3419-08. Auto de Admisión: 22/09/08; el 13/10/08 no se había emitido pronunciamiento. Decisión: 06/11/08. Retraso: 5 días de despacho (p. 7, f. q45 al 348).
pronunciamiento. Decisión: 19/01/09. Retraso: 31 días de despacho (p. 11, f al 340).
11. Causa N° 3438-08. 12/11/08 se recibió el expediente; 25/11/08 se acordó sq cita la causa original al Juzgado 10° de Control; 27/11/08 se recibió causa original 01/12/08 Admisión; 29/01/09 se declaró sin lugar el recurso (p. 11, f. 314 al 840% Sin retraso.
12. Causa N° 3647-10. Auto de Admisión: 22/06/10; el 19/07/10 no se había emitido pronunciamiento. Decisión: 25/11/10. Retraso: 64 días de despacho (p. 8, f. 307 al 321).
13. Causa N° 3644-10. Auto de Admisión: 07/07/10; el 26/07/10 no se había emitido pronunciamiento. Decisión: 02/08/10. Retraso: 6 días de despacho (p. 8, foli 285 al 303).
14. Causa N° 3608-10. Auto de Admisión: 16/06/10; el 14/07/10 no se había emitido pronunciamiento. Decisión: 06/08/10. Retraso: 15 días de despacho (p. 8, f. 96 al (66 15. Causa N° 3630-10. Auto de Admisión: 03/06/10; el 09/07/10 no se había emitido pronunciamiento. Decisión: 26/08/10. Retraso: 29 días de despacho (p. 11, 391 al 403).
pronunciamiento. Decisión: 28/10/10. Retraso: 20 días de despacho (p. 9, fo al 60).
131).
7 Causa N° 3687-10. Auto de Admisión: 18/11/10 (no hubo despacho, p.10, f. 260);
18 el 13/12/10 no se había emitido pronunciamiento. Decisión: 09/02/11. Retraso: 16 días de despacho (p. 9, folio 155 al 166).
Causa N° 3693-10. Auto de Admisión: 22/11/10; el 15/12/10 no se había emitido 19 pronunciamiento. Decisión: 09/02/11. Retraso: 14 días de despacho (p. 9, folio 179 al 189).
20 Causa N° 3696-10. Auto de Admisión: 24/11/10; el 17/12/10 no se había emitido pronunciamiento. Decisión: 21/12/10. Retraso: 2 días de despacho (p. 9, f. 193 al 206).
21 Causa N° 3405-08. El 03/07/08 se recibió el expediente; 22/09/08 se admiten los recursos de apelación y se fija audiencia oral para el 07/10/08; 08/10/08 se difiere la audiencia oral para el 20/10/08; 04/11/08 se pospone la audiencia oral para el 11/11/08; 25/1/08 se plaza la audiencia oral para el 04/12/08; 05/12/08 se difiere 6UELA la audiencia oral para el 16/12/08; 16/12/08 se celebró la audiencia oral; el 23/01/09 no se había emitido pronunciamiento; 30/03/09 se declaró sin lugar el recurso. Retraso: 16 días de despacho (p. 7, f. 267 al 322).
22 Jesús Ollarves; 27/02/08 auto de admisión y se fijó audiencia oral para el 11/03/08;
27/03/08 se celebró audiencia oral; 20/05/08 auto de abocamiento de la Jueza Veneci Blanco García; 21/07/08 se fijó audiencia oral para el 11/08/08; 22/09/08 se pospuso la audiencia oral para el 30/09/08; 30/09/08 se difiere la audiencia oral para el 13/10/08; 13/10/08 se pospone la audiencia oral para el 27/10/08; 04/11/08 se difiere la audiencia oral para el 13/11/08; 25/11/08 se difiere la audiencia oral para el 01/12/08; 08/12/08 se reprogramó la audiencia oral para el 15/12/08;
15/12/08 se celebró la audiencia oral; el 16/01/09 no se había emitido pronunciamiento. 16/04/09 se declaró sin lugar el recurso (libro diario tomo 18, asientos 8 y 9 de fecha 16/04/09). Retraso: 29 días de despacho (p. 6, f. 283 al 310).
2$ Causa N° 3423-08. 16/08/08 se recibió el expediente; 08/10/08 auto de admisión, se fijó la audiencia oral para el 21/10/08; 25/11/08 se pospuso la audiencia oral LUELA para el 08/12/08; 08/12/08 se reprogramó la audiencia oral para el 18/12/08;
06/03/09 no se había emitido pronunciamiento; 30/04/09 se declaró sin lugar.
Retraso: 49 días de despacho (p. 5, f. 5 al 40).
24. Causa N° 3378-08. 26/05/08 se recibió el expediente; 19/06/08 auto de adm sión, se fijó audiencia oral para el 08/07/08; 11/07/08 se difirió la audiencia oral ppra el 15/07/08; 15/07/08 se difirió la audiencia oral para el 23/07/08; 07/08/08 se difirió la audiencia oral para el 12/08/08; 22/09/08 se difirió la audiencia oral para el 01/10/08; 01/10/08 se difirió la audiencia oral para el 15/10/08; 15/10/08 audiencia oral; el 10/12/08 no se había emitido pronunciamiento; 30/04/09 se declar con lugar el recurso. Retraso: 45 días de despacho (p. 7, f. 107 al 122).
25. Causa N° 3338-08. 20/02/08 se recibió el expediente y se designó ponente a Juez Jesús Ollarves; 06/03/08 auto de admisión, se fijó audiencia oral para el 25/$β/08;
26/03/08 se difirió la audiencia oral para el 02/04/08; 02/04/08 se difió la audiencia oral para el 16/04/08; 20/05/08 auto de abocamiento de la Jueza Veneci Blanco García; 22/09/08 se fijó audiencia oral para el 09/10/08; 09/10/08 aud@encia oral; el 03/12/08 no se había emitido pronunciamiento; 25/05/09 se declar sin lugar el recurso. Retraso: 58 días de despacho (p. 6, f. 323 al 342).
26. Causa N° 3648-10. 11/06/10 se recibió el expediente; 13/07/10 auto de admisión, se fijó audiencia oral para el 17/08/10; 17/08/10 audiencia oral; el 07/09/10 Hose había emitido pronunciamiento; 21/12/10 se declaró sin lugar el recurso; retf faso:
47 días de despacho (p. 8, f. 325 al 338).
19/11/09; 19/11/09 se difirió la audiencia oral para el 26/11/09; 26/11/09 se Hifirió la audiencia oral para el 01/12/09; 07/12/09 se difirió la audiencia oral para el 15/12/09; 15/12/09 se difirió la audiencia oral para el 17/12/09; 17/12/09 audiencia oral; el 26/01/10 no se había emitido pronunciamiento; 28/01/10 se declar sin lugar el recurso (p. 8, f. 65 al 89); 09/06/10 se remitió el expediente a la Sa(a de Casación Penal del TSJ. Retraso: 2 dias de despacho.
La revisión de la tramitación cumplida en cada causa evidencia que la Jueza denunciada incurrió en retrasos tanto en la admisión como en la decisión de las causas sometidas a su conocimiento, en torno a lo cual en su escrito de descargo invocó, en primer lugar "...que, la Inspectoría [había omitido] el hecho de estar paralelamente desempeñando actividades administrativas adicionales a la labor de un Juez de competencia ordinaria, es decir, Jueza Integrante y Presidenta de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones de [ese] Circuito Judicial Penal, Jueza Especial (sic) para Conocer (sic) Competencia Espedal de Casos (sic) relacionados con el Terrorismo y delitos conexos, y asi mismo Presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas..." (p. 13, folio 5).
Y, en segundo lugar, opuso como defensa de todas las imputaciones:
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que exis[ta] copia certificada de la referida acta en cuestión, mediante la cua se a[ba] constancia que dicha apelación de sentencia se[ria] publicada fuera de lapso virtud de la complejidad del mismo, motivo por los (sic) cuales (sic) jamás [podia] estar el ursa en algún tipo de sanción disciplinaria por cuanto las partes fueron advertidas en su in Aprtunidad de dicha situación y tenían la oportunidad de ejercer los canales ulares competentes." (p. 13, folio 7).
a)D ejerce el cargo de Presidenta de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judiqal Penal; ii) haberle sido atribuida la competencia para conocer de casos relacpnados con la materia de Terrorismo y delitos conexos, y ii) haber ejercido el cargo esidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
de P torno al ejercicio del cargo de Presidenta de la Sala 7 de dicha Corte como i) Er de justificación del retraso imputado, se evidencia en autos que en las causas caus 340d08, 3394-08, 3397-08, 3419-08, 3390-08, 3438-08, 3647-10, 3626-10, 3644-10, 363410, 3608-10, 3630-10, 3664-10, 3700-10, 3614-10, 3687-10, 3693-10, 3696-10, 360110, 3405-08, 3334-08, 3423-08, 3378-08, 3338-08 y 3648-10, así como en las decisiones de las causas 3614-10, 3687-10, 3693-10, 3676-10 y 3531-09, la Jueza sometida a procedimiento suscribió las actas levantadas con ocasión de la publicación extemporánea de las decisiones con el carácter de Jueza integrante de la Corte de Apelaciones y no como Jueza Presidenta de ese órgano colegiado.
Afor bien, en este orden de ideas esta Alzada constató en autos por una parte, que la Jez investigada sólo se desempeñó como Presidenta de la Corte de Apelaciones en cuatro (4) oportunidades, ello con ocasión de la constitución de la Corte de Apelación Accidental para el conocimiento de las causas identificadas 3404-08 (p. 5, f. 78), 3361-08 (p. 5 f. 79), 3392-08 (p. 5, f. 83) y 3720-11 (p. 5, f. 85), actividad que no comporta el juriscccional y, por la otra, que las causas ya referidas no fueron objeto de imputación por parte del órgano investigador, razón por la que tal defensa resulta desestimada por esta Alzada. Así se declara.
ii) En cuanto a la atribución de Competencia para conocer en materia de Terrorismo y Delitos Conexos, evidenció esta Alzada que corre inserta a los folios 44 y 45 de la pieza 1 del expediente instruido, Acta N° 02 de fecha 21/06/07 del libro de Actas del Juzgado Tercero de Control de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Alea Metropolitana de Caracas, en la que se dejó constancia que la atribución de esa competencia al Juzgado a cargo de la Jueza se produjo en fecha 13/06/07, y le fue comnicada mediante Oficio N° 1322 por la Presidencia de ese Circuito en fecha 20/007.
Conforme a lo expuesto, esta Alzada constató que la Jueza investigada fue desiprada como Jueza de la Corte de Apelaciones el 17/04/08 (p. 13, folio 79) y las causas opjto:
imputación corresponden al período de la gestión cumplido en la Corte de Apelacions, no.
así al período en que se desempeñó en el Juzgado Tercero de Control ya identificado, razón por la que se desestima tal alegato. Así se declara.
ii) Respecto al tercero de los argumentos esgrimidos como causa iustificationis, relativo al ejercicio de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolita ade Corte Caracas, se constató que la Jueza investigada fue designada Jueza de la Apelaciones el 17/04/08 (p. 13, folio 79) y en fecha 10/07/08 fue designada Presiderta de dicho circuito.
En torno a este alegato considera este sentenciador, que si bien la atribucion de competencias propias de tal cargo pudiera llegar a determinar la existencia de una sobrecarga de labores que impidiera el cumplimiento de los lapsos en las causas bajo su dirección, fueron obviados los mecanismos legales para la reasignación de causas entean los integrantes del colegiado y no fue probado en el curso de este proceso la concur eia de un exceso de actividades que impidiera la observancia de dichos lapsos con o sión del ejercicio de las competencias atribuidas, por lo que resulta procedente desestimar alegato. Así se declara.
b) En idéntico orden de ideas corresponde a esta Corte analizar el segundo 1Qs de la argumentos defensivos, referido a la suscripción de actas en las que -a decir Jueza investigada- se dejó constancia que las decisiones correspondientes serían publicadas fuera de lapso, en virtud de la complejidad de cada caso.
e Ahora bien, consta en el expediente inserto a los folios 271 al 322 de la pieza 4 y del2 al 88 de la pieza 5, actas suscritas por los miembros de la Sala 7 de la Corte de Apelacones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en las que se deja expresa constancia de lo siguiente:
"...En fecha...le fue asignada la ponencia de la causa... a la Dra. Veneci Blanco Garda, Juez Integrante (sic) de esta Sala y como quiera que la misma ha manifestado su imposibilidad de presentar oportunamente la ponencia sobre la decisión del recurso He 10y 11).
En las actas insertas a los referidos folios, todas del mismo tenor, la fecha de suscr coincide con la fecha de publicación de las decisiones correspondientes a las c as signadas 3400-08, 3394-08, 3397-08, 3419-08, 3390-08, 3438-08, 3647-10, 3626-10 3696-0, 3601-10, 3405-08, 3334-08, 3423-08, 3378-08, 3338-08 y 3648-10,y s acreg fan la publicación extemporánea.
El contenido de las referidas actas, aunado a que la fecha de su asiento se corresponde -con la fecha de la publicación, a juicio de esta Corte no constituye elemento suficiente que conoc miento, ya que sólo revisten un medio de prueba suficiente para evidenciar que los demás integrantes de esa Corte de Apelaciones estaban en conocimiento de su tardanza extemporaneidad con la que sería dictada la decisión en cada caso, sin que se y de adviea en su texto la causa que dio origen al retraso. Así se declara.
En consecuencia, no siendo evidenciada en autos la existencia de causa de justificación algun que determine soslayar la antijuricidad de los retrasos imputados, resulta forzoso para sta Alzada atribuirles el carácter de retrasos injustificados. Así se decide.
Constatado por esta Corte el retraso injustificado imputado por el órgano de investigación 3390-08, 3647-10, 3644-10, 3608-10, 3630-10, 3664-10, 3614-10, 3687-10, 3693-10, 3696-0, 3405-08, 3334-08, 3423-08, 3378-08, 3338-08, 3648-10, 3531-09, corresponde determinar si la delatada transgresión llegó a provocar en alguno de los en causados un meno cabo a sus derechos y garantías constitucionales en el marco de la Tutela Judicial Efectia.
En este sentido, postula esta Alzada que la Tutela Judicial Efectiva, en tanto que Tutela Jurisd cional, comporta un complejo dentro del proceso judicial integrado por el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho a la defensa y al debido proceso, el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho, el derecho al ejercicio de los medios impugnativos ordinarios y extraordinarios, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y el derecho a la tutela cautelar.
Así, el derecho a la defensa como manifestación del debido proceso tiene una vinculación inmediata y directa con el derecho a la Tutela Judicial Efectiva y supone el derecho a procedimiento correspondiente, omisión que, de producirse, evidenciaría indefensión y desigualdad procesal entre las partes (TSJ- Sala Constitucional, Sent. N° 423, 28/04/09).
Consecuencia de ello surge la consideración del debido proceso como Principio Constitucional que comprende una serie de presupuestos que avalan el derecho de toda REp persona a ser oída durante todo el proceso, otorgándole además el tiempo y los npedios adecuados para ejercer la defensa de sus intereses.
ciudadanos de obtener dentro del proceso una decisión judicial motivada, congrlente, ajustada a derecho y que se pronuncie de manera favorable o no sobre el fondo ce las pretensiones de las partes, a los fines de no causar indefensión ni desigualdad procesal entre las partes.
Se colige entonces que, en el caso del proceso penal, esta garantía implica, entreotras manifestaciones, la notificación adecuada de los hechos imputados, la disponibilidad de medios que permitan el ejercicio de la defensa dentro de lapsos apropiados y razonables, acceso a las pruebas, derecho a ser presumido inocente mientras no se demue$tre lo contrario, derecho a ser oído, a ser juzgado por el Juez natural, a no ser condenado por un hecho no previsto en la Ley como delito o falta, derecho a no ser juzgado dos Neces por los mismos hechos, a no ser obligado a declararse culpable ni a declarar com fra sí mismo.
en proceso penal, que se trata de la implementación de la herramienta que el Estado brinda al justiciable para que se respeten sus derechos y garantías, que no es un fin en sí rismo ni un conjunto de actos con función y finalidad propia sino que, por el contrario, constituye un instrumento para alcanzar uno de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico constitucional.
Colofón de lo anterior, la infracción por parte del operador jurídico de alguno los derechos que conforman el complejo que se transmita en Tutela Jurisdiccional o tutela encausado y que, en el caso bajo examen, tal transgresión compromete la responsabilidad disciplinaria de la Juzgadora.
Corresponde ahora verificar, si en las causas en las que se evidenciaron las infracciones disciplinarias, se produjo alguna vulneración a la Tutela Jurisdiccional de los en causados.
En tal sentido cabe destacar, que si bien en cada causa existió retardo para la emision de la decisión, a la postre se produjo el pronunciamiento correspondiente, lo que pern tía las partes ejercer el recurso extraordinario de casación, el cual constituye uno mecanismos defensivos.
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Eongecuencia, conforme al razonamiento que precede, en las causas N 36z 3601-10, 3676-10, 3400-08, 3394-08, 3397-08, 3419-08, 3390-08, 347-10, 3608-10, 3630-10, 3664-10, 3614-10, 3687-10, 3693-10, 3696-10, 340 73644-10 3334-s, 3423-08, 3378-08, 3338-08, 3648-10, 3531-09, solo se verificó el incumplimiento decisiøn de mérito de los mismos dentro del plazo legalmente establecido, configurándose el ilíc o disciplinario retraso injustificado, conducta subsumible en el supuesto de hecho contenido en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actualmente subsumible en el numeral 6 del artículo 27 del Código de Ética.Así se decide.
Ahora bien, como consecuencia del análisis que precede, evidenció esta Corte que respecto a las causas 3634-10 y 3438-08, no se constató retraso alguno, razón por la cual se absuelve de responsabilidad a la Jueza denunciada respecto al retraso imputado en la tramitación de las mismas. Así se decide.
En idéntico orden de ideas, respecto al presunto descuido injustificado en la tramitación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria en la causa 3405en la cual presuntamente obvió emitir pronunciamiento respecto a uno de los pedinmentos realizados por el recurrente en torno a la imputación de la que fue objeto y dio lugaga la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Itinerante Segundo de Primera Inštamcia en Funciones de Juicio, consta en el expediente el fallo proferido por la Jueza investigada que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto e igualmente cursa la degisión de la Sala de Casación Penal que declaró con lugar el recurso de casación y anuló la referida decisión.
Así, se observa que la petición dirigida a la Jueza por el recurrente se fundamentó en la existencia de una violación de los derechos fundamentales de sus representados, por cuanto los delitos que les fueron imputados nunca fueron investigados ni les fueron comupicados, lo que comportó una vulneración del debido proceso y la consecuente nulidad d del proceso penal al cual fueron sometidos.
Estas circunstancias fueron advertidas por la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal àl co ocer el recurso de casación interpuesto contra la decisión dictada por la Jueza investigada, instancia que en su decisión señaló que en la recurrida no se había realizado niñgu tipo de pronunciamiento al respecto, es decir, que no se le había dado oportuna y debida respuesta a uno de los puntos sometidos a consideración, silenciando de esa ese elemento defensivo y produciéndose la vulneración flagrante del debido form proceso, del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva (vid. Sent. N° 618, 4/12/2009).
c Al respecto evidenció esta Alzada, que aun cuando la Jueza tuvo conocimientoø del contenido del escrito recursivo, omitió pronunciamiento respecto a uno de los pedimentos, obviando con ello el contenido del artículo 51 de la Constitución de la Repíblica Bolivariana de Venezuela que impone la obligación de dar respuesta oportuna y adecuada a las peticiones formuladas.
Ciertamente, el mencionado artículo constitucional establece que "..toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a opfener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionacos o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del Kargo respectivo".
El artículo parcialmente transcrito comporta dos aspectos, el primero se traduce derecho de toda persona a dirigir peticiones a las autoridades, siempre que el objeto petición sea competencia de la autoridad a quien se requiere. El segundo aspecto, refiere la obligación de las autoridades de dar oportuna y adecuada respuesta, es decir, dentro e del lapso legalmente previsto y en el marco del asunto planteado, independiente que su contenido sea favorable o no a la petición.
cumplimiento de su obligación de dar respuesta oportuna a las peticiones de la parte en el proceso, lo que constituyó un descuido injustificado que menoscabó la tutela judicial efectiva, toda vez que la sentencia impugnada condenó a los procesados por delito que no les fueron precalificados.
En consecuencia, queda verificado el incumplimiento del deber de dar respuesta opqtuna y adecuada a las peticiones formuladas en el desarrollo de la causa 3405-08 y el menoscabo a los derechos y garantías fundamentales de los procesados Fomo Efectiva, conducta subsumible en el supuesto de hecho contenido en el numeral q del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actual ente prevista en el numeral 24 del artículo 29 del Código de Ética. Así se decide.
Por último, no puede esta Corte soslayar que, tanto en el escrito de descargo presentado tras o que, confrontados con el contenido de las documentales cursantes g autos CIPLINARIA uern desestimados por haber resultado falsos, a saber, el hecho de haber sido Presidenta de la Corte de Apelaciones, haber tenido que asumir las causas en trámite que materia de Terrorismo y Delitos Conexos y haber manifestado que las actas suscritas por notificación a los interesados y la oportunidad que éstos tuvieron para ejercer los recursos correspondientes.
Jueza, que deja en evidencia su pretensión de beneficiarse con las documentales incorporadas a los autos falseando su contenido, circunstancia que configura una falta de probidad, ilícito disciplinario previsto en el numeral 12 del artículo 33 del Código de Ética del uez Venezolano y la Jueza Venezolana, actualmente subsumible en el numeral 12 del astículo 29 del Código de Ética y que tiene lugar cuando la conducta desplegada por el operador de justicia contraría su deber de cuidar y defender el orden constitucional de los transparencia y justicia que debe servir de modelo a la sociedad en la que convive, pypoader que lo hace inidóneo para el desempeño de la función jurisdiccional (vid.
VI DECISIÓN fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial Con histrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por adm auto dad de la Ley:
1. Declara su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 25/0/2017 por la ciudadana Yuvitmar Ayala Hung, portadora de la cédula de identidad N° 10.8 6.906, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la .
Sentancia N° TDJ-SD-2016-039 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 11/0f/2016, mediante la cual se absolvió de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana VENCI JOSEFINA BLANCO GARCÍA, en su carácter de Jueza Titular del Juzgado.
Teicro de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metrpolitana de Caracas, por las presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño del cargo, de conformidad con el artículo 37 del Código de Ética del bue Venezolano y Jueza Venezolana.
2. Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto.
2 3. ANULA la referida Sentencia N° TDJ-SD-2016-039 dictada por el TDJ en.
fcha 11/08/2016.
las causas signadas 4363-05, 3376-08, 3364-08, 3351-08 y 3340-08, por encontrarse prescritas para la fecha en que se dio inicio a la investigación administrativa disciplinaria, de conformidad con el numeral 2 del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezplano y la Jueza Venezolana, actualmente previsto en el numeral 3 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en concordancia con el artículo 53 e la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicable por ultractividad normativa.
5. Se declara la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciudadana VENECI e de AMONESTACIÓN ESCRITA por haber incurrido en retrasos injustificados ei tramitación de las causas identificadas 3626-10, 3700-10, 3601-10, 3676-10, 340p-08, 3394-08, 3397-08, 3419-08, 3390-08, 3647-10, 3644-10, 3608-10, 3630-10, 366-10, 3614-10, 3687-10, 3693-10, 3696-10, 3405-08, 3334-08, 3423-08, 3378-08, 333-08, 3648-10 y 3531-09, de conformidad con el numeral 6 del artículo 31 del Código de tica del del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actualmente prevista en el numeral artículo 27 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
6. Se ABSUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana VEÑECI aber sido acreditado el retraso injustificado imputado.
7. Se declara la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciudadana VENECI JOSEFINA BLANCO GARCÍA y, en consecuencia, se impone la sanción de DESTITucIóN del cargo de Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instanca en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas per haber incurrido en descuido injustificado en la tramitación de la causa signada 340s0g, Judicial Efectiva, de conformidad con el numeral 23 del artículo 33 del Código de Étia de Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actualmente prevista en el numeral 2 artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
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ECIPL JO$EFINA BLANCO GARCÍA y, en consecuencia, se impone la sanción DEstirucióN del cargo Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en naberincurrido en el ilícito disciplinario falta de probidad, de conformidad con el numeral artículo 33 del Código de Ética: del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, 12 de actualmente prevista en el numeral 12 del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Publiquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la pirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales.
Cúmplase lo ordenado.
.. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad.con lo previsto en el artículo 84 del Código de ciudagde Caracas, a loshe (8) días del mes de noviembre de 2017. Años 207°e la Independencia y 158° de la Federación.
EL JUEZ PRESIDENTE, .E2 UELA TULIOJIMÉNEZ RODRIGUE A JUEZA-PONENTE, ue ANA CECIDIA ZULUETA RODRÍGUEZ LA JUEZA VICEPRESIDENTA,
MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ LA SECRETARIA (E),
CARMEN CARREÑO
VOTO SALVADO EUELA Quien SUSCribe, MERLY JAQUELINE MORALES HERNANDEZ, Jueza d a la ecibipn dictada en la presente causa, mediante la cual declaró con luga recurso de apelación interpuesto en fecha 25/05/2017, por la ciudadana Yuvitma ala Hung, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales (en lo adelante IGT) contra de la sentencia N° TDJ-SD-2016-039, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo TDJ) en fecha 11 de agosto de 2016, en la cual entre otros pronunciamientos, declaró la responsabilidad disciplinaria e impuso la sanción de destitución a la Jueza Veneci Blanco Garcia, por considerarla incursa en el ilícito de descuidos injustificados con menoscabo de la tutela judicial efectiva, tipificado en el numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo adelante Código de Ética) en relación a la tramitación de la causa N° 3405-08; igualmente, le declaró la responsabilidad disciplinaria e impuso la sanción de destitución por considerarla incursa en la infracción de falta de probidad, contenida en el artículo 33.12 del menoonado Código de Ética.
El fallo aprobado por la mayoría sentenciadora, en su séptimo 61.A pronunciamiento, dictaminó que la Jueza investigada en la tramitación de la causa 3405-08, no dio respuesta a uno de los pedimentos realizados por uno de los recurrentes, con ocasión al recurso de apelación de sentencia definitiva interpuesto por la defensa de dos de los imputados, considerando que incurrió en violación a la tutela judicial efectiva, por incumplimiento del deber de dar respuesta previsto en el articulo 51 de nuestra Carta Magna, con lo cual consideró satisfchos los supuestos de procedencia del ilícito de descuidos injustificados con mend$cabo de la tutela judicial efectiva y merecedora la mencionada funcionaria de la $acción de destitución.
Quien suscribe, luego de un examen minucioso de las actas del presente expeciente y los argumentos y/o defensas expuestos por las partes, observa que el thema decidendum se circunscribe a ponderar el acto judicial, vale decir, la decisión proferida por la Sala 07 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de marzo de 2009, que dcidip. el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Vicente Díaz, en 5 nombre de los acusados Avilio Zabala y Jackson Guzmán, a quienes el Tribunal Itinerante Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio había dictado sentencia condenatoria por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado a títul de cooperador inmediato y al acusado Avilio Zabala, además del delito antes señalado fue condenado por porte ilícito de arma de fuego, recurso este que fue declarado sin lugar por la mencionada Sala de Apelaciones; dictaminaldo la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que la mencionada sentencia había incurrido en omisión de pronunciamiento respecto a uno ee alegatos expuesto por la defensa de dos de los condenados, anulado el mencionado fallo y ordenando remitir el expediente a otra Sala de la Coite de Apelaciones a fin de dictar una nueva sentencia, prescindiendo del vici originó la nulidad.
Conforme a lo anterior y coincidiendo con que el fallo proferido por la ala 7 incurrió en el vicio de incongruencia omisiva, al no pronunciarse sobre uno e los alegatos expuestos por el recurrente en el escrito de impugnación que fue sometido a su consideración, tal infracción resulta censurable desde el ambito netamente procesal, a través de la interposición de los recursos ordinajjos o extraordinarios previstos en la legislación que en definitiva remediarán los defectos en que incurran los fallos inficionados por tales falencias; tan es así, que este supuesto (falta de motivación o incongruencia omisiva) se encuentra estab ecido en la ley adjetiva penal como presupuesto para la nulidad de las resolud bResn judiciales; así lo establecía el capítulo concerniente a la apelación de especia def definitiva en el Código Orgánico Procesal Penal, vigente para el momento ocurrencia de los hechos, articulado que se mantiene en el vigente Código Articulo 452 "Motivos.
PUINAS El recurso solo podrá fundarse en:
- (..) 2. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral".
Y disponía igualmente el mencionado texto normativo, la consecuencia jurídica ante la verificación de la existencia del vicio de falta de motiva 6n o incongruencia omisiva, sancionándola con la nulidad de la resolución judicial.
Artículo 457.
"Si la decisión de la Corte de Apelaciones declara con lugar el recurso, per alguna de las causales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 45 anulará la sentencia impugnada y ordenara la celebración del juicio oral ante juez o jueza en el mismo circuito judicial, distinto del que la pronunció..."
Conforme a lo ut supra citado, se colige que la deficiencia en la motivefó u omisión de pronunciamiento por parte de los Jurisdicentes en prinai constituye errores judiciales subsanables a través de las vías ordinarias resulta de tal entidad y generador de consecuencias gravísimas tanto para justiciable como para el sistema de administración de justicia, que transcienda ánb jurídico a la esfera disciplinaria, al poner de manifiesto la falta de idoneidad zgador para ejercer el cargo.
En este sentido, se ha pronunciado nuestro Máximo Tribunal al examinar el principio de autonomía que requiere la función jurisdiccional y que solo por vía de exce sentenciador, siempre que con ello quede en entredicho su idoneidad para por el desempeño del cargo, así lo señala la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 401 de fecha 18 de marzo de 2003, en la cual señalfp que:
..en ocasiones, el examen de la disciplina de los jueces incluye la revisión de aspectos jurisdiccionales, aun cuando vinculando este examen a la idoneidad del funcionario para continuar en el ejercicio del cargo, dada la esponsabilidad que supone la función de juzgar. De manera que por existir una nea divisoria muy fina entre la revisión de aspectos relacionados con la aptitud siempre al caso concreto, a fin de limitar el alcance del poder disciplinario de a Administración, de manera que no se invada en forma indebida el campo de actuación jurisdiccional.
En el presente caso, se observa que los hechos objetados por parte de la nspectoría General de Tribunales, apuntan notablemente a aspectos de ndole jurisdiccional, pues se discute que no se consideraron los alegatos formulados por el defensor del procesado, quien aludió a que el cuerpo del delito no estaba comprobado, que le había sido aplicada una ley etroactivamente a su defendido y que se le había revocado el beneficio de sometimiento a juicio sin fundamento en la ley. También se cuestionó la organo colegiado, cuando al examinar el recurso de apelación y confirmar el auto de detención acordado por el Juzgado de Primera Instancia Penal, no se proveyó sobre el destino de la caución que había sido solicitada por el primer tribunal que conociera de la causa.
Como puede apreciarse, los hechos descritos constituyen materia, a supuesta demostración del cuerpo del delito, a la revocación de un beneficio procesal penal, a la presunta aplicación retroactiva de una ley y al pronunciamiento en relación con una caución fijada por otro tribunal, sin estar necesariamente vinculados a la idoneidad del funcionario judicial para continuar en el ejercicio del cargo.
De otra parte y aun cuando no estaría obligada esta Sala a verificar los aspectos antes nombrados, dada la convicción que se tiene ya de que la materia debatida en autos encuadra en el área jurisdiccional y no es objeto de sanción disciplinaria; este órgano juzgador pudo advertir del examen de las Resaltado de la disidente).
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En idéntico sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la necesidad de remediar los errores judiciales a través de los recursos ordinarios especialmente aquellos referidos a las incongruencias omisivas, en tal sentido conviene referir lo esgrimido en la sentencia N° 457 de fecha 25 de marzo de 2004, en la cual se asentó:
"... La principal denuncia que se realiza en el escrito de revisión es que sentencia nº 784, dictada el 16 de diciembre de 2003 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia incurrió en incongruencia omisiva, vieo al cual ha hecho referencia esta Sala en alguna de sus decisiones.
(..) Respecto del vicio invocado, cabe señalar que la Sala Constitucional fa sido muy cautelosa al momento de estimar una solicitud de revisión cn fundamento en el argumento esgrimido en esta oportunidad (cfr. sentencia ho 2655 del 2 de octubre de 2003), pues no bastaría con denunciar el vicio En cuestión, o que éste se hubiese cometido, sino, además que lo decidido contraríe la doctrina de la Sala respecto a cómo debe interpretarse la Constitución, o infrinja gravemente el contenido objetivo y esencial de s s normas.
En este sentido, debe señalarse que la referida cautela se debe a q constitucional, si ellas han sido tramitadas y decididas por jueces competentes conforme a la ley, aunque su trámite y decisión hayan sido erróneos, pues ls vicisitudes del proceso, aun siendo nocivas para las partes afectadas por el error, son pasibles de impugnación en las respectivas instancias, ya solución proferida sobre ellos es garantía de que sus derechos han sico considerados. La tesis de la res iudicata, en cuanto verdad procesal, plantea, por razones de seguridad jurídica, la exigencia de que la justicia ordinaria ponga punto final a la controversia, incluso al precio de que la solución no sea conforr e con la verdad fáctica. La seguridad jurídica, valor tan fundamental como no es sólo válida sino también normativamente verdadera (cfr. sentencias 828/2000 del 27 de julio, nº° 93/2001 del 6 de febrero y nº 1826/2002 del 8 agosto)..." (Destacado de la disidente).
En idéntico sentido, esta Corte Disciplinaria Judicial ha ratificado criterio según el cual los fallos judiciales que adolezcan de vicios en motivación resultan censurables a través de las vías procesales que establece VS nuestro ordenamiento jurídico y no en sede disciplinaria, tal y como desprende de lo esbozado en sentencia N° 31, de fecha 16 de diciembre 2015, la cual es del tenor siguiente:
"...En consonancia con lo anterior, esta Corte considera que en decisiones judiciales donde exista falta de motivación, son sancionabl mediante actos jurisdiccionales y no disciplinarios, verbigracia a través los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamien judicial en una tercera instancia.
En el presente caso, la Corte de Apelaciones aplicó dicha sanción procesal, al destino procedimental llevado a cabo por el juez investigado.
cuando declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por a dictada por el referido juzgador que decretó la medida cautelar sustitutiva a a privativa de libertad, al considerar que dicho fallo violó las exigencias establecidas en los artículos 173 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual el mismo se encontraba inficionado del vicio de inmotivación. (Resaltado de la disidente).
De lo anterior se colige que la mayoría sentenciadora se aparta del criterio previamente establecido por esta Superior Instancia, que con suficiente claridad disciplinaria, siendo las vías recursivas los medios idóneos para remedia 1319 posibles falencias de las sentencias por inmotivación (como en el presente aso categoria en la que se ubican las incongruencias omisivas en las cuales s jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, sólo excepcionalméntvar podon ser revisadas dichos actos jurisdiccionales en sede disciplinaria para arfinar su idoneidad.
Este examen de idoneidad, a criterio de quien aquí suscribe, debe ponderar la rejteración de las faltas atribuidas al juez y que lo hace inidóneo, bien sea por error judicial, por el incumplimiento reiterado de sus deberes o por su posible incuisión en inhabilidades, entre otros aspectos a ser evaluados por el juzgador disciplinario a los fines de la imposición de sanciones; al respecto al examinar, si dicho examen de idoneidad, fue realizado por mis colegas sentenciadores en el fallo del cual disienta, se puede observar que el mismo no fue efectuado, limitando la motivación del fallo del cual me aparto a referir que en virtud de haberse verificado en el fallo como consecuencia de la omisión de pronunciamiento de la decisión suscrita por la jueza Veneccio Blanco, una vulneración del debido proceso, de la tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa, se encontraba incussa en el ilícito establecido en el numeral 24 del artículo 29 del Código de Ética y como consecuencia merecedora de la sanción de Destitución.
Estima quien disiente, que la resolución tomada por la mayoría sentenciadora, adicionalmente, dejó de aplicar el Principio de Proporcionalidad a lo cual estamos obligados los jueces disciplinarios al momento de imponer las sanciones por aplicación del texto normativo en materia disciplinaria, toda vez que la sanción impuesta debe guardar estrecha relación con la gravedad del acto, las circunstancias que rodean el hecho disciplinable y el daño causado, en tal sentido la sentencia N° 1756 con carácter vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 21 de diciembre de 2015, expediente 15-0149, al reso ver la acción de amparo constitucional interpuesta contra el fallo N° 36, de fech 1 de octubre de 2014, proferido por esta Corte Disciplinaria Judicial, en la estableció que:
cual "...Al respecto, esta Sala Constitucional se pronunció en la sentencia N° 812/2005 del 11 de mayo, a propósito de la desaplicación por control difuso del articulo 20 del Código Penal, efectuada por el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en los siguientes términos:
bbw.
La pena es la sanción penal que se aplica a una persona cuando procesalmente se ha demostrado que realizó una conducta típica, antijurídica y culpable. Consiste en la privación o restricción de ciertos derechos del transgresor, libertad o bienes, por ejemplo; debe estar establecida en la ley —principio de legalidad de la pena- y ser impuesta dentro de los límites fijados por la misma.
La regla general es la que la pena debe ser proporcional al grad de culpabilidad, al daño causado, a la gravedad del acto y a la circunstancias del hecho y del autor.
Su esencia Íntima es la retribución, aflicción o coacción, y su fin el restablecimiento del orden jurídico quebrantado, a través de retribución; la prevención general que se obtendrá mediante lograría a través de la advertencia, resocialización o innocuización de delincuente.
(..) P2LINAR Una de las fases en el cumplimiento de la pena es de carácter retributivo. Retribución, en sentido penal, significa "finalidad de pena, que trata de corresponder con el mal señalado en la ley causado por el delincuente" (Manuel Osorio: Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta, 1999, p. 881). Si se admite qu la pena está acompañada del carácter que se describe en este aparte se debe concluir, entonces, que la retribución debe guardar proporción entre el daño o mal que deriva de la conducta delictiva y el que aflig legalmente al autor de tal conducta. Dicha proporcionalidad es la que dio origen a la limitación excepcional de la posibilidad de acceso a los beneficios postprocesales (Subrayado de este fallo).
Como puede observarse de los precedentes judiciales parcialmente transcritos supra, esta Sala Constitucional estableció, de cara al principio de proporcionalidad de las penas, que la consecuencia jurídica aplicada (pena o sanción) debe ir en consonancia con el hecho cometido y juzgado; siend exigible además que sea adecuada para tutelar el bien jurídico que se intenta proteger..."
En ese orden de ideas, observa quien aquí suscribe que en el cas sanción, que se trataba de un único caso verificado en el contexto investigación disciplinaria que se llevó a cabo, a los argumentos de defensa esgrimidos por la Juez y que efectivamente incidían en su rendimiento, a saber, el ocupar el cargo de Presidenta del Circuito más importante y con mayor numero de (administrativa) adicional a su función jurisdiccional, que el posible daño causado fue enmendado a través de las vías ordinarias, verbigracia el recurso de casación declarado con lugar y la consiguiente declaratoria de nulidad del fallo inficionado con el vicio de incongruencia omisiva, circunstancias que en criterio de esta disidente, debieron ser apreciadas por la mayoría sentenciadora, lo cual hubiere dado lugar a imponer una sanción acorde con el mencionado principio ép proporcionalidad.
En relación, con la sanción de destitución impuesta a la jueza investigada razón de haber presuntamente incurrido en el ilícito de falta de probidad por de considerar "falsas sus afirmaciones" en cuanto a haber ejercido el carg Presidenta de la Sala N° 7, tener la competencia en materia de terrorismo y asumido causas en trámite que estuvieron bajo la responsabilidad de otro uez, considera quien suscribe, que de la verificación de las actas se evidencia que no señalada por la Jueza Veneci Blanco; en idéntico sentido cursa a los folios g73 275, de la pieza 4, acta N° 012-08, de fecha 14 de mayo de 2008, mediana CPLINAR cual pe deja constancia de la recepción de causas pertenecientes al Juez Jesús" Ollares, que le fueron asignadas a la referida Jueza, por lo cual se pudo evidenciar que dichas alegaciones no fueron falaces como erróneamente dejó establecido el fallo del cual disienta, y no obstante, no haberse verificado que ocupa el cargo de Presidenta de la Sala N° 7, resulta desproporcionada la sanción impuesta, con fundamento en dicho alegato de la Juez denunciada, razón por la cual considera quien aquí suscribe que no se configuró el ilícito de falta de probidad declarado en el fallo del cual me aparto.
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Queda así expresado el criterio de la Jueza que rinde el presente voto salvado.
EPOSUICA BC TULIOJIMÉNEZ RODRIGUEZ JUEZA VICEPRESIDENTE,
MERLY MORALES HERNANDEZ Disidente
JUENA PRINCIPAE
ANA CECILIA ZULUÊTA RODRIGUEZ SECRETARIA (E), Dorenbod :EUELA CARMEN CARREÑO n-3 drman Caner Pocvilaia (E) ci$
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0393
Caracas, 20 de noviembre de 2017 2070 y 158° y 18°
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° 12.094.145, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designadO Según Resolución N° 2017-0003 de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de marzo de 2017 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 41.130 de fecha seis (06) de abril de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en
RESUELVE
PRIMERO: Designar al ciudadanO VÍCTOR HUGO GUERRERO LEDEZMA, titular de la Cédula de Identidad N° 19.379.605, quien ejerce el cargo de Analista Profesional III, como Director de Atención al Beneficiario de la Dirección General del Fondo Autoadministrado de Salud (FASDEM) de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de encargadø, a partir de la presente fecha.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los veinte (20) días del mes de ngviembre de 2017.
Comuníquese y Publíquese, au JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO Director Ejecutivo de la Magistratura
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0408
Caracas, 21 de noviembre de 2017 2070 y 158° y 180
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° 12.094.145, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designadO Según ReSolución N° 2017-0003 de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de marzo de 2017 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.130 de fecha seis (06) de abril de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.
RESUELVE
PRIMERO: Designar al ciudadano PAUL JACKSON GRILLET MARTÍNEZ, titular de la Cédula de Identidad N° 15.167.888, quien ejerce el cargo de Analista Profesional III, como Jefe de la División de Evaluación y Capacitación de la Dirección de Estudios Técnicos de la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de encargado, a partir de la presente fecha.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los veintiún (21) días del mes de n6viembre/de/2017.
Comuníquese y Publíquese, JESSE SAVIÖR ARIAS QUINTERO Director Ejecutivo de la Magistratura
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DEFENSA PÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZU ELA DEFENSA PÚBLICA .
Nº DDPG-2017-588 Caracas, 13 de octubre de 2017 158º, 207° y 18° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIRoS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
CONSIDERANDO Que el ciudadano RÓMULO MEDINA VILLAMIZAR, titular de la cédula de identidad N° V-5.650.976, quien se desempeña como Delegado de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchira, extensión San Antonio del Táchira, en condición de Encargado, comenzará a disfrutar su período vacacional a partir del 15 de agosto de 2017 hasta el 20 de septiembre de 2017.
RESUELVE
PRIMERO:* DESIGNAR a la CiUdadana ISLEY COROMOTO MORALES BECERRA, titular de la cédula de identidad N° V-10.167.401, Defensora Pública Provisoria Sexta (6°) con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchira, extensión San Antonio del Táchira, como Delegada Suplente, en dicha Unidad Regional, a partir del 15 de agosto de 2017, hasta el reintegro RÓMULO MEDINA VILLAMIZAR, aquí efectivo del ciudadano suficientemente identificado.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese,
•
DRA SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ Designadã mediana Acuerdo de la Asambiea Nacional, de fecha 10 de diciembre de:29.5, publicado-én la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Veneavela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2017-607 Caracas, 01 de noviembre del 2017 158°, 207° y 18° La DefenSora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROSRODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y trasiado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE .
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana PATRICIA ARAIRA PALACIOS RUDAS, titular de la cédula de identidad N° V-19.044.314, Abogado I, como Especialista de Área, en la Dirección Nacional de Consultoría Jurídica de la Defensa Pública, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIRO$ RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamelea Nacional, de fecha 10 de diciembre-de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivañana-de.Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2017-608 Caracas, 01 de noviembre del 2017 158°, 207° y 18° • La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana GREICY ANAIS ESPINOZA VILLARRoEL, titular de la cédula de identidad N° V-18.154.772, Abogado I, como Especialista de Área, en la Dirección Nacional de Consultoría Jurídica de la Defensa Pública, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2815, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana'ae Vvenezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 01 de noviembre del 2017 N° DDPG-2017-609 158°, 207° y 18°
La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la céduia de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana GERALDINE MONTEIRO DE ESCAR, titular de la cédula de identidad N° V-13.379.701, Analista Profesional III, como Especialista de Área, en la Dirección Nacional de Consultoría Jurídica de la Defensa Pública, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GÉNERAL Designada mediante Acuerdo de la' Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de,2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA •
N° DDPG-2017-640 Caracas, 15 de noviembre de 2017 158°, 207° y 18° La DefenSora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el administrativo.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO JESÚS FERNANDO RUÍZ RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° V-17.401.027, como Defensor Público Provisorio Décimo Primero (11°) con competencia en materia Penal Municipal, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de aracas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquése, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de ja Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, pupficado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Np 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 15 de noviembre de 2017 N° DDPG-2017-641 158°, 207° y 18° La DefenSOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana GABRIELA JOHANNA ZAMBRANO DE coRREA, titular de la cédula de identidad N° V-13.437.378, como Defensora Pública Provisoria Sexagésima Novena (69°) con competencia en materia Peñal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública el Área Metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designadar mediante aéuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre'ae-20is, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2017-642 Caracas, 15 de noviembre de 2017 158º, 207° y 18° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensa Pública, garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana BETTYS MARÍA BARRIENTOS SEIJAS, titular de la cédula de identidad N° V-10.532.679, como Defensora Pública Auxiliar Segunda (2°) con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, extensión Sede Central, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Pubyk
DRA SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL esignada mediants Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10diciembre de 2015, publicadoen-8 Gaceta Oficial de la República Bolivanana-ge:Verieauela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2070, 1580 y 18°
Caracas, 14 de noviembre de 2017
RESOLUCIÓN
N° 01-00-000655
MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República
En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 287 y 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 10 y 14 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; artículo 1° numeral 13 de la Resolución Organizativa N.° 1, en concordancia con lo previsto en los artículos 64 del Estatuto de Personal y 3° del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO Que el artículo 80 de nuestra Carta Magna dispone que "El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano..."
CONSIDERANDO Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social ".. que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo; vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social..."
CONSIDERANDO Que de acuerdo a los Objetivos Generales N.°s 2.2.1.1. y 2.2.1.2.
contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.118 Extraordinario, de fecha 04 de diciembre de 2013, resulta necesario "Universalizar la seguridad social para todos y todas" y "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo." CONSIDERANDO Que la ciudadana THAYS JANETH GARABAN SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-11.820.441, quien desempeña el cargo de auditor junior, adscrita a la dirección de control de Estados de la dirección general de control de Estados y Municipios de este Órgano de Control, cumple con los requisitos exigidos, según consta en su expediente, para que le sea acordado el beneficio de jubilación, conforme a lo establecido en los artículos 3° literal d y 6° del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República, contenido en la Resolución N.° 01-00-000490 de fecha 29 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.810 de fecha 15 de diciembre de 2015.
CONSIDERANDO Que la Comisión Calificadora para el Otorgamiento de Jubilaciones y/o Pensiones a los Funcionarios y/o Trabajadores de la Contraloría General de la República constituida conforme el artículo 30 del citado Reglamento, luego del estudio de, la documentación respectiva en los términos establecidos por el artículo 31 eiusdem, según Acta N.° 015 de fecha 13 de noviembre de 2017, emitió su opinión favorable para el otorgamiento de la jubilación a la mencionada funcionaria, por haber cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio correspondiente.
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RESUELVE PRIMERo.- De conformidad con lo establecido en los artículos 3° literal d y 6° del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República, el cual establece que la jubilación constituye un derecho vitalicio de los funcionarios de la Contraloría General de la República y se adquiere cuando el funcionario con menos de treinta (30) años de servicio, pero más de veinte (20) no alcance la edad mínima requerida para ser jubilado, se sumará a su edad el número de años de servicio que exceda de veinte (20) hasta que acumule entre edad y antigüedad una suma total equivalente a setenta (70) años para el hombre y sesenta y cinco (65) para la mujer; otorgar la jubilación a la Ciudadana THAYS JANETH GARABAN SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N.°. V-11.820.441, de 43 años de edad y 23 años de servicio en la Contraloría General de la República, razón por la cual, se realiza la compensación de dos (02) años de servicio a la edad, obteniendo como resultado un total de 21 años de servicio en este Órgano de Control.
SEGunDo.- La beneficiaria gozará de una asignación de jubilación mensUal de QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 590.638,00), que constituye el setenta y dos por ciento (72%) del último sueldo mensual devengado por la funcionaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del citado Reglamento.
TERCERo.- La jubilación acordada a favor de la funcionaria ya identificada, comenzará a regir a partir 16 de noviembre de 2017, y se hará efectiva mediante pagos que se emitirán por quincenas vencidas.
cuArTo.- Encargar a la dirección general de Talento Humano de! este Organismo Contralor, de notificar a la ciudadana THAYs JANETH GARABAN SÁNCHEZ, del contenido de la presente Resolución, indicándole los recursos que contra ella podrá ejercer, los Órganos del Poder Público ante los cuales deberá interponerlos y los lapsos dentro de los cuales puede recurrir conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Dada en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese y Publíquese, MANUELE. GALINDOLB Contralor General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2070, 158º y 18°
Caracas, 14 de noviembre de 2017
RESOLUCIÓN
N° 01-00-000656
MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 287 y 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 10 y 14 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; artículo 1° numeral 13 de la Resolución Organizativa N.° 1, en concordancia con lo previsto en los artículos 64 del Estatuto de Personal y 3° del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO Que el artículo 80 de nuestra Carta Magna dispone que "El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano..."
CONSIDERANDO Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social "...que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social .."
CONSIDERANDO Que de acuerdo a los Objetivos Generales N.0s. 2.2.1.1. y 2.2.1.2.
contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.118 Extraordinario, de fecha 04 de diciembre de 2013, resulta necesario "Universalizar la seguridad social para todos y todas" y "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo."
CONSIDERANDO Que el CiUdadanO RÓMULO IVÁN BETANCOURT BENÍTEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-5.968.595, quien desempeña el cargo de auditor general, adscrito a la dirección de control de Municipios de la dirección general de control de Estados y Municipios de este Órgano de Control, cumple con los requisitos exigidos, según consta en su expediente, para que le sea acordado el beneficio de jubilación de oficio, conforme a lo establecido en los artículos 3.º literal a, 6.º y 35 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República, contenido en la Resolución N.° 01-00- 000490 de fecha 29 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.810 de fecha 15 de diciembre de 2015.
CONSIDERANDO Que la Comisión Calificadora para el Otorgamiento de Jubilaciones y/o Pensiones a los Funcionarios y/o Trabajadores de la Contraloría General de la República constituida conforme el artículo 30 del citado Reglamento, luego del estudio de la documentación respectiva en los términos establecidos por el artículo 31 eiusdem, según Acta N.° 014 de fecha 13 de noviembre de 2017, emitió su opinión favorable para el otorgamiento de la jubilación de oficio al mencionado funcionario, por haber cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio correspondiente.
página original (tal como se publicó)

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RESUELVE PRIMERo.- De conformidad con lo establecido en los artículos 3° literal a y 6° del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República, y el artículo 35 eiusdem, el cual establece que toda fracción de seis (06) meses se computará como un (01) año de servicio; otorgar la jubilación de oficio al ciudadano RóMuLo IVÁN BETANCoURT BENÍTEZ, titular de la cédula de identidad N.° V-5.968.595, de 55 años de edad y 19 años y 9 meses de servicio en la Contraloría General de la República, lo cual equivale a un total de veinte (20) años de servicio en este Órgano de Control.
SEGunDo.- El beneficiario gozará de una asignación de jubilación menSUal de NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 901.500,00), que constituye el setenta por ciento (70%) del último sueldo mensual devengado por el funcionario, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del citado Reglamento.
TERcERo.- La jubilación acordada a favor del funcionario ya identificado, comenzará a regir a partir 16 de noviembre de 2017, y se hará efectiva mediante pagos que se emitirán por quincenas vencidas.
cuARTo.- Encargar a la dirección general de Talento Humano de este Organismo Contralor, de notificar al ciudadano RómULo IVÁN BETANCoURT BENÍTEZ, del contenido de la presente Resolución, indicándole los recursos que contra ella podrá ejercer, los Órganos del Poder Público ante los cuales deberá interponerlos y los lapsos dentro de los cuales puede recurrir conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Dada en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese y Publíquese,
MANUELGALINDOD.
Contralor General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2070, 158° y 18°
Caracas, 14 de noviembre de 2017
RESOLUCIÓN
N° 01-00-000657
MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 287 y 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 10 y 14 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; artículo 1° numeral 13 de la Resolución Organizativa N.° 1, en concordancia con lo previsto en los artículos 64 del Estatuto de Personal y 3° del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO Que el artículo 80 de nuestra Carta Magna dispone que "El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano..."
CONSIDERANDO Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social "...que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social .."
CONSIDERANDO Que de acuerdo a los Objetivos Generales N.°s 2.2.1.1. y 2.2.1.2.
contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.118 Extraordinario, de fecha 04 de diciembre de 2013, resulta necesario "Universalizar la seguridad social para todos y todas" y "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo." CONSIDERANDO Que el CiudadanO FERNANDO RAFAEL BAZÁN OROZCO, titular de la cédula de identidad N.° V-8.515.772, quien desempeña el cargo de abogado senior, adscrito a la dirección de control de Municipios de la dirección general de control de Estados y Municipios de este Órgano de Control, cumple con los requisitos exigidos, según consta en su expediente, para que le sea acordado el beneficio de jubilación, conforme a lo establecido en los artículos 3° literal a, 6° y 35 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República, contenido en la Resolución N.° 01-00- 000490 de fecha 29 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.810 de fecha 15 de diciembre de 2015.
CONSIDERANDO Que la Comisión Calificadora para el Otorgamiento de Jubilaciones y/o Pensiones a los Funcionarios y/o Trabajadores de la Contraloría General de la República constituida conforme el artículo 30 del citado Reglamento, luego del estudio de la documentación respectiva en los términos establecidos por el artículo 31 eiusdem, según Acta N.° 019 de fecha 13 de noviembre de 2017, emitió su opinión favorable para el otorgamiento de la jubilación al mencionado funcionario, por haber cumplido con los requisitos de edad v tiempo de servicio correspondiente.
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RESUELVE PRIMERo.- De conformidad con lo establecido en los artículos 3° literal a y 6° del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República, y el artículo 35 eiusdem, el cual señala que toda fracción de seis (06) meses se computará como un (01) año de servicio;
otorgar la jubilación al ciudadano FERNANDO RAFAEL BAZÁN oRozco, titular de la cédula de identidad N.° V-8.515.772, de 50 años de edad y 24 años, 6 meses y 2 días de servicio en la Contraloría General de la República, lo cual equivale a un total de veinticinco (25) años de servicio en este Órgano de Control.
SEGunDo.- El beneficiario gozará de una asignación de jubilación menSual de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISÉIS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 691.126,00), que constituye el ochenta por ciento (80%) del último sueldo mensual devengado por el funcionario, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del citado Reglamento.
TERCERo.- La jubilación acordada a favor del funcionario ya identificado, comenzará a regir a partir 16 de noviembre de 2017, y se hará efectiva mediante pagos que se emitirán por quincenas vencidas.
cuArTo.- Encargar a la dirección general de Talento Humano de este Organismo Contralor, de notificar al ciudadano FERNANDo RAFAEL BAZÁN oRozCO, del contenido de la presente Resolución, indicándole los recursos que contra ella podrá ejercer, los Órganos del Poder Público ante los cuales deberá interponerlos y los lapsos dentro de los cuales puede recurrir conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Dada en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese y Publíquese,
MANUELE. GALINDO B.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2070, 1580 y 18° Caracas, 14 de noviembre de 2017
RESOLUCIÓN
N.° 01-00-000659
MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 287 y 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 10 y 14 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; artículo 1° numeral 13 de la Resolución Organizativa N.° 1 y el artículo 34 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO Que el artículo 80 de nuestra Carta Magna dispone que "El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano..." CONSIDERANDO Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social "... que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social..." CONSIDERANDO Que de acuerdo a los Objetivos Generales N°s. 2.2.1.1. y 2.2.1.2.
contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.118 Extraordinario, de fecha 04 de diciembre de 2013, resulta necesario "Universalizar la seguridad social para todos y todas" y "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo." CONSIDERANDO Que el Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República en su artículo 16 establece que tendrán derecho a la pensión de sobreviviente: los hijos, el o la cónyuge, concubino o concubina, así como los padres del causante que cumplan las condiciones establecidas en el mismo.
CONSIDERANDO
Que la ciudadana AMELIA CUEVAS DE JAIMES, titular de la cédula de identidad N.° V-1.514.602, solicitó la Pensión de Sobreviviente en su condición de cónyuge del jubilado osCAR HUMBERTO JAIMES CONTRERAS, cédula de identidad N.° V-163.593, quien falleció el 15 de junio de 2016, según el contenido del Acta de Defunción N.° 57, Folio 57, de fecha 15 de junio de 2016, emitida por la Unidad de Registro Civil de la Parroquia Montalbán del Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida.
CONSIDERANDO Que ha sido comprobado el cumplimiento de las condiciones para que le sea acordado el beneficio de Pensión de Sobreviviente a favor de la ciudadana antes identificada, conforme a lo establecido en el literal b del artículo 16 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República, contenido en la Resolución N.° 01-00-000490 de fecha 29 de septiembre de 2015; publicada
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en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.810 de fecha 15 de diciembre de 2015; bajo cuya vigencia se cumplieron los requisitos allí exigidos y oída la opinión de la Comisión Calificadora a que se refiere el artículo 31 del citado Reglamento, la cual quedó debidamente asentada mediante el Acta N.° 018 de fecha 13 de noviembre de 2017, en uso de sus atribuciones legales.
RESUELVE
PRIMEro: Otorgar la Pensión de Sobreviviente a la ciudadana AMELIA CUEVAS DE JAIMES, titular de la cédula de identidad N.° V-1.514.602, de acuerdo a lo previsto en el citado Reglamento, es decir, el setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación mensual que le correspondía al Causante, cuyo monto asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 191.796,00), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 39 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República.
SEGunDo: La Pensión de Sobreviviente acordada a favor de la ciudadana AMELIA CUEVAS DE JAIMES, antes identificada, deberá ser pagada a partir del 16 de junio de 2016, día siguiente del fallecimiento del Causante OSCAR HUMBERTO JAIMES CONTRERAS, ya identificado.
TERCERO: Encargar a la Dirección General de Talento Humano de este Organismo, la realización del cálculo de la asignación por concepto de pensión de sobreviviente, así como los ajustes a que hubiera lugar. De igual forma, queda encargada dicha Dirección General de notificar a la ciudadana AMELIA CUEVAS DE JAIMES, del contenido de la presente Resolución, indicándole los recursos que contra ella podrá ejercer, los Órganos del Poder Público ante los cuales deberá interponerlos y los lapsos dentro de los cuales puede recurrir conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Dada en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese y publíquese,
MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2070, 158º y 18° Caracas, 14 de noviembre de 2017
RESOLUCIÓN
N.° 01-00-000660
MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 287 y 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 10 y 14 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; artículo 1° numeral 13 de la Resolución Organizativa N.° 1 y el artículo 34 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO Que el artículo 80 de nuestra Carta Magna dispone que "El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano..."
CONSIDERANDO Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social "... que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social..."
CONSIDERANDO Que de acuerdo a los Objetivos Generales N°s. 2.2.1.1. y 2.2.1.2.
contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.118 Extraordinario, de fecha 04 de diciembre de 2013, resulta necesario "Universalizar la seguridad social para todos y todas" y "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo." CONSIDERANDO Que el Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República en su artículo 16 establece que tendrán derecho a la pensión de sobreviviente: los hijos, el o la cónyuge, concubino o concubina, así como los padres del causante que cumplan las condiciones establecidas en el mismo.
CONSIDERANDO Que el ciudadanO EDUARDO RAFAEL LOVERA GARCÍA, titular de la cédula de identidad N.° V-2.129.604, solicitó la Pensión de Sobreviviente en su condición de cónyuge de la jubilada CARMEN LUCRECIA LEÓN DE LOVERA, cédula de identidad N.° V-3.565.493, quien falleció el 20 de diciembre de 2016, según el contenido del Acta de Defunción N.° 891, Folio N.° 141, de fecha 21 de diciembre de 2016, expedida por el Registro Civil de la Parroquia Guarenas del Municipio Ambrosio Plaza del estado Bolivariano de Miranda.
CONSIDERANDO Que ha sido comprobado el cumplimiento de las condiciones para que le sea acordado el beneficio de Pensión de Sobreviviente a favor del ciudadano antes identificado, conforme a lo establecido
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en el literal b del artículo 16 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría República,contenido enla Resolución Generaldela N.° 01-00-000490 de fecha 29 de septiembre de 2015; publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.810 de fecha 15 de diciembre de 2015; bajo cuya vigencia se cumplieron los requisitos allí exigidos y oída la opinión de la Comisión Calificadora a que se refiere el artículo 31 del citado Reglamento, la cual quedó debidamente asentada mediante el Acta N.° 017 de fecha 13 de noviembre de 2017, en uso de sus atribuciones legales.
RESUELVE
PRIMERo: Otorgar la Pensión de Sobreviviente al ciudadano EDUARDO RAFAEL LOVERA GARCIA, titular de la cédula de identidad N.° V-2.129.604, de acuerdo a lo previsto en el citado Reglamento, es decir, el setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación mensual que le correspondía a la Causante, cuyo monto asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 188.616,00), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 39 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República.
SEGunDo: La Pensión de Sobreviviente acordada a favor del EDUARDO RAFAEL LOVERA GARCIA, anteS ciudadano identificado, deberá ser pagada a partir del 21 de diciembre de 2016, día siguiente del fallecimiento de la Causante AMELIA CUEVAS DE JAIMES, ya identificada.
TERCERo: Encargar a la Dirección General de Talento Humano de este Organismo, la realización del cálculo de la asignación por concepto de pensión de sobreviviente, así como los ajustes a que hubiera lugar. De igual forma, queda encargada dicha Dirección General de notificar al ciudadano EDUARDO RAFAEL LOVERA GARcIA, del contenido de la presente Resolución, indicándole los recursos que contra ella podrá ejercer, los Órganos del Poder Público ante los cuales deberá interponerlos y los lapsos dentro de los cuales puede recurrir conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Dada en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese y publíquese,
MANUELE GALINDO B.
ontralor General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2070, 158º y 18°
Caracas, 14 de noviembre de 2017
RESOLUCIÓN
N.° 01-00-000661
MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 287 y 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 10 y 14 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; artículo 1° numeral 13 de la Resolución Organizativa N.° 1 y el artículo 34 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO Que el artículo 80 de nuestra Carta Magna dispone que "El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano..."
CONSIDERANDO Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social "... que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social..."
CONSIDERANDO Que de acuerdo a los Objetivos Generales N°s. 2.2.1.1. y 2.2.1.2.
contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.118 Extraordinario, de fecha 04 de diciembre de 2013, resulta necesario "Universalizar la seguridad social para todos y todas" y "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo."
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CONSIDERANDO
Que el Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República en su artículo 16 establece que tendrán derecho a la pensión de sobreviviente: los hijos, el o la cónyuge, concubino o concubina, así como los padres del causante que cumplan las condiciones establecidas en el mismo.
CONSIDERANDO
Que el CiUdadanO VICENTE ELEAZAR NARANJO HERRERA, titular de la cédula de identidad N.° V-2.440.721, solicitó la Pensión de Sobreviviente en su condición de cónyuge de la: jubilada LEIDA SATURNINA ROMERO DE NARANJO, cédula de identidad N.° V-2.740.814, quien falleció el 3 de noviembre de 2016, según el contenido del Acta de Defunción N.° 160, de fecha 04 de noviembre de 2016, que corre inserta en el Libro N.° 2 llevado por la Unidad de Registro Civil de la Parroquia El Cafetal del Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda.
CONSIDERANDO
Que ha sido comprobado el cumplimiento de las condiciones para que le sea acordado el beneficio de Pensión de Sobreviviente a favor del ciudadano antes identificado, conforme a lo establecido en el literal b del artículo 16 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría enla Resolución República, contenido General de la N.° 01-00-000490 de fecha 29 de septiembre de 2015; publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.0 40.810 de fecha 15 de diciembre de 2015; bajo cuya vigencia se cumplieron los requisitos allí exigidos y oída la opinión de la Comisión Calificadora a que se refiere el artículo 31 del citado Reglamento, la cual quedó debidamente asentada mediante el Acta N.° 016 de fecha 13 de noviembre de 2017, en uso de sus atribuciones legales.
RESUELVE PRIMERo: Otorgar la Pensión de Sobreviviente al ciudadano VICENTE ELEAZAR NARANJO HERRERA, titular de la Cédula de identidad N.° V-2.440.721, de acuerdo a lo previsto en el citado Reglamento, es decir, el setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación mensual que le correspondía a la Causante, cuyo monto asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 458.740,00), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 39 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República.
SEGunDo: La Pensión de Sobreviviente acordada a favor del CiudadanO VICENTE ELEAZAR NARANJO HERRERA, antes identificado, deberá ser pagada a partir del 04 de noviembre de 2016, día siguiente del fallecimiento de la Causante LEIDA SATURNINA ROMERO DE NARANJO, ya identifiCada.
TERCERo: Encargar a la Dirección General de Talento Humano de este Organismo, la realización del cálculo de la asignación por concepto de pensión de sobreviviente, así como los ajustes a que hubiera lugar. De igual forma, queda encargada dicha Dirección General de notificar al ciudadano VICENTE ELEAZAR NARANJO HERRERA, del contenido de la presente Resolución, indicándole los recursos que contra ella podrá ejercer, los Órganos del Poder Público ante los cuales deberá interponerlos y los lapsos dentro de los cuales puede recurrir conforme a lo establecido en el artículo 73 Dada en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. (2017). Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese y publíquese,
MANUEL. GALINDO B.
Contralor General de la República
AVISOS
CARTEL DE CITACION REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRANSITO Y MARITIMO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR PUERTO ORDAZ, (14) DE NOVIEMBRE DE 2017 AÑOS: 207° Y 158° COMPETENCIA CIVIL A los ciudadanos: HAYDE PALMA, MARIA CAROLINA ARISTIGUETA PAEZ Y ABEL JOSE MOLLETONES PALMA, venezolanos, mayores de edad titulares de las cedulas de identidad N° V- 11.928.622, V- 24.183.770 Y V- 19.869.299 , que debe comparecer por ante este Tribunal en el Termino de tres (03) días de despacho, contados a partir del día siguiente al que el secretario haya dejado constancia en autos de la fecha en que se produjo la fijación en la cartelera, así como la designación del diario regional donde hubiere publicado el cartel, a darse por citado en el presente juicio de INTERDICTO DE AMPARO A LA POSESION AGRARIO, incoado en su contra, por el ciudadano SAUL JOSE CASTRO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-9.907.607.
Se le advierte que si no comparece en el lapso antes señalado, se les designará Defensor Judicial con quien se entenderá la citación y demás diligencias del presente proceso hasta su terminación, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en concordancia con el Articulo 223 del Código de Procedimiento Civil.
El presente Cartel se ordenó fijar uno en la morada del demandado y el otro en las puertas del Tribunal, así anísmo, se publicará el referido cartel en la Gaceta Oficial Agraria y en un Diario de Mayor-Crculaeion Naciónal, en el DIARIO PRIMICIA EL JUEZ PROVISORIO ABG. JUAN CARLOS TACO A
ABG. ANDREINA ROSALES.
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AÑO CXLV - MES I I Número 41.285
Caracas, jueves 23 de noviembre de 2017
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