Gaceta Oficial N° 41.269
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AÑO CXLV - MES I Número 41.269 Caracas, miércoles 1° de noviembre de 2017
Decreto N° 3.140, mediante el cual se regula y establece el Tabulador General Salarial para las Obreras y los Obreros que participan en el proceso social de trabajo en la Administración Pública Nacional.
Decreto N° 3.141, mediante el cual se regula y se establece la Escala General de Sueldos para Funcionarias y Funcionarios Públicos de Carrera, de la Administración Pública Nacional.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.
VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE SOBERANÍA POLÍTICA, SEGURIDAD Y PAZ Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Karol Yogleni Santoyo Cumare, en su carácter de Directora (E) de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera de este Despacho, la firma de los actos y documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora que en ella se menciona.
COMANDO PARA EL ABASTECIMIENTO SOBERANO Resolución mediante la cual se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, para ocupar los cargos que en ella se especifican, del Comando para el Abastecimiento Soberano.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resoluciones mediante las cuales se suspenden del ejercicio de las funciones de policía a los Institutos Autónomos de Policías Municipales que en ellas se especifican.
Resolución mediante la cual se actualizan los integrantes de la Junta de Intervención del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Chacao del estado Bolivariano de Miranda, la cual estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican.
Resolución mediante la cual se otorga la Orden Francisco de Miranda, en su Tercera Clase, al ciudadano Alex David Arana García.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Rocío del Valle Maneiro González, como Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y demás Organizaciones, con sede en la ciudad de Londres.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE Resolución mediante la cual se corrige por error material la
Resolución N° 088, de fecha 24 de octubre de 2017, donde se designa a los ciudadanos que en ella se especifican, como Directores Estadales de este Ministerio en los estados que en ella se indican.
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.133, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y tres millones veintisiete mil doscientos cincuenta y un bolívares con ocho céntimos (Bs. 4.993.027.251,08).
Decreto N° 3.134, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por Determinación del Régimen Aduanero, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a la importación definitiva de los bienes muebles corporales que en él se indican, realizada por los Órganos o Entes de la Administración Pública Nacional destinados a la modernización y mantenimiento de apoyo general del Sistema Blindado AMX-30V.
Decreto N° 3.135, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por Determinación del Régimen Aduanero, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a la importación definitiva de los bienes muebles corporales que en él se indican, realizada por los Órganos o Entes de la Administración Pública Nacional destinados exclusivamente a la ejecución del Proyecto Aplicación del Sistema de Protección Popular para la Paz “SP3”.
Decreto N° 3.136, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado y la Tasa por Determinación del Régimen Aduanero, a las importaciones de bienes muebles corporales que en él se indican, que realicen los Órganos o Entes de la Administración Pública Nacional destinados exclusivamente para la continuidad, confiabilidad y eficiencia de la prestación de los servicios, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Decreto N° 3.138, mediante el cual se incrementa en un treinta por ciento (30%) el salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para las trabajadoras y los trabajadores que presten servicios en los sectores públicos y privados, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2° de este Decreto, a partir del 01 de noviembre de 2017, estableciéndose la cantidad de ciento setenta y siete mil quinientos siete bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 177.507,44) mensuales.
Decreto N° 3.139, mediante el cual se ajusta la base de cálculo para el pago del Cestaticket Socialista para las trabajadoras y los trabajadores que presten servicios en los sectores públicos y privados, a treinta y un unidades tributarias (31 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes, pudiendo percibir hasta un máximo del equivalente a Novecientas Treinta Unidades Tributarias (930 U.T.) al mes, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 7° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras.
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438.390 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 1° de noviembre de 2017 IFE Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Yamelín Coromoto Hernández Leal, como Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, adscrita a la Presidencia de este Instituto.
Providencia mediante la cual se nombra a la ciudadana Iris Alexandra Piñero García, como Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto, adscrita a la Presidencia de este Instituto.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CULTURA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Irarkil Alí Rangel Rosario, como Director Ejecutivo, en calidad de Encargado, de la Fundación Museos Nacionales, ente adscrito a este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
IND Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Luis Alberto Salas Guzmán, como Director General de la Dirección General de Deporte de Rendimiento, de este Instituto.
Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud Providencias mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Instituto.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria con motivo de la Sentencia N° TDJ-SD-2017-43, dictada en fecha 26 de junio de 2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial en causa N° AP61-D-2015-000161, mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la causa seguida contra la Jueza Milagros del Valle Rojas, y se confirma la referida sentencia.
Decisión mediante la cual se declara competente para conocer en consulta la Sentencia N° TDJ-SD-2017-16, dictada en fecha 09 de marzo de 2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la cual se decretó el sobreseimiento de la investigación seguida contra la ciudadana Tivisay del Valle Sánchez Abreu, C.I. 11.005.436, y se confirma la referida sentencia.
Decisión mediante la cual se confirma la decisión N° TDJ- SD-2016-045, dictada en fecha 29/09/2016 por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la cual se declaró el sobreseimiento de la investigación seguida contra la ciudadana Zomalia Gutiérrez de Bejarano, C.I. 7.224.229.
Sentencia mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria con motivo de la Sentencia N° TDJ-SD-2016-013, dictada en fecha 21 de abril de 2016 por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la investigación seguida contra la ciudadana Betti Ovalles Lobo, C.I. 8.038.579, y se confirma la referida sentencia.
Sentencia mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria con motivo de la Sentencia N° TDJ-SI-2017-23, dictada en fecha 26 de abril de 2017 por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual se decretó el sobreseimiento de la investigación seguida contra la ciudadana Gloria Urdaneta de Montanari, C.I. 5.165.634, y se decreta el sobreseimiento por prescripción de la investigación seguida contra la referida ciudadana.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.
AVISOS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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GRADO MINIMO MAXIMO 1 177.507,44 266.260,96 2 180.150,12 270.225,27 3 183.010,60 274.515,91 4 185.697,92 278.546,88 5 188.472,34 282.708,54 6 191.159,71 286.739,63 7 193.847,34 290.771,03 8 196.621,72 294.932,65 9 199.309,44 298.964,18 10 201.996,28 302.994,49
NO CALIFICADOS
CALIFICADOS
SUPERVISOR
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I II II IV V VI VII
BI 177.507,44 195.257,99 221.884,05 266.260,87 310.637,66 337.263,76 355.014,49
BII 184.196,94 202.616,63 230.246,19 276.295,44 322.226,70 349.974,21 368.393,89
BIII 189.678,96 208.646,82 237.098,67 284.518,42 331.938,17 360.390,01 379.357,87
TI 196.262,54 215.888,79 245.328,15 294.393,77 343.459,42 372.898,78 392.524,90
TII 202.565,69 222.822,25 253.207,11 303.848,52 354.489,93 384.874,79 405.131,34
PI 208.792,32 229.671,58 260.990,40 313.188,53 365.386,61 396.705,43 417.584,69
PII 216.541,11 238.195,25 270.676,40 324.811,69 378.946,98 411.428,12 433.082,26
PIII 218.409,30 240.250,22 273.011,62 327.613,93 382.216,25 414.977,65 436.818,56
GRUPOS O CLASES
DE CARGOS
NIVELES O RANGOS DE SUELDOS MENSUALES
PERSONAL ADMINISTRATIVO O BACHILLERES
PERSONAL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
PERSONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO
I
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN
DE GOBIERNO
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de Venezuela, y el Ministro o la Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
TERcERo: Se autoriza a la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana, para realizar la respectiva notificación y juramentación del ciudadano designado precedentemente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981 y 18 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002.
cuArTo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y publíquese.
ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Ministra del Roder Popular del Despacho de la Presidencia ySeguimiento de la Gestión de Gobierno SegúmDecreto3.087 del 21 de septiembre de 2017, GacetaOficao6.332 extraordinario de la misma fecha Minista
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno Despacho de la Ministra
Caracas, 01 de octubre de 2017
AÑOS 207°, 158° y 18º RESOLUCIÓN N° 037/17
La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, ciudadana ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA, titular de la cédula de identidad N° V- 9.493.443, designada mediante Decreto N° 3.087 del 21 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.332 Extraordinaria, de la misma fecha; en el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 65 y 78 numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenados con el artículo 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, y de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
RESUELVE:
PRIMERO: Se designa al ciudadano DALFREDO MELO ALVAREZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.816.887, como Director (E) de la Dirección de Presupuesto adscrita a la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con las atribuciones inherentes al cargo de conformidad con la normativa vigente, con vigencia a partir del 01 de octubre de 2017.
SEGUNDO: Se designa a la ciudadana MARÍAALEJANDRA MONSALVE ANCHIETTA, titular de la cédula de identidad N° V- 12.568.409, como Directora (E) de la Dirección de Planificación adscrita a la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con las atribuciones inherentes al cargo de conformidad con la normativa vigente, con vigencia a partir del 01 de octubre de 2017.
TERCERO:Se designa a la ciudadana MARÍA FERNANDA REVENGA SoSA, titular de la cédula de identidad N° V- 14.452.798, como Directora de la Dirección de Desarrollo Organizacional adscrita a la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con las atribuciones inherentes al cargo de conformidad con la normativa vigente, con vigencia a partir del 01 de octubre de 2017.
CUARTO: Se designa a la Ciudadana BRIGITTE YANIRE RIVAS LICETT, titular de la cédula de identidad N° V-13.490.017, como Directora (E) de la Dirección de Archivo Central adscrita a la Dirección General del Despacho del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con las atribuciones inherentes al cargo de conformidad con la normativa vigente, con vigencia a partir del 01 de octubre de 2017.
QUINTO: Se designa a la Ciudadana EILEEN MARLENE PADRÓN LAMBERTI, titular de la cédula de identidad N° V- 5.150.093, como Directora de la Dirección de Atención Ciudadana de la Dirección General de Atención Ciudadana y Asistencia Social adscrita al Despacho de la Viceministra de la Suprema Felicidad Social del Pueblo del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con las atribuciones inherentes al cargo de conformidad con la normativa vigente, con vigencia a partir del 01 de octubre de 2017.
SEXTO: Se designa al CiudadanO JECKSSIE JOSÉ FIGUEROA LIRA, titular de la cédula de identidad N° V-13.161.428, como Director (E) de la Dirección de Organización Social de la Dirección General de Atención Ciudadana y Asistencia Social adscrita al Despacho de la Viceministra de la Suprema Felicidad Social del Pueblo del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con las atribuciones inherentes al cargo de conformidad con la normativa vigente, con vigencia a partir del 01 de octubre de 2017.
SEPTIMo: Se autoriza a la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana, para realizar la respectiva notificación y juramentación de los ciudadanos designados precedentemente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y 18 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
ocTAvo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y publíquese.
M ERIÑA DEL VALLE FARIAS PEÑA Ministra del Roder Popular del Despacho de la Presidencia seguimiento de la Gestión de Gobierno Según βecreto N9 3.087 del 21 de septiembre de 2017, acetaoficial No 6.332 extraordinario de la misma fecha Ministra
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VICEPRESIDENCIA SECTORIAL
DE SOBERANÍA POLÍTICA,
SEGURIDAD Y PAZ
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES,
JUSTICIA Y PAZ
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cuerpos policiales que, de forma reiterada, incumplan los parámetros, estándares y programas de asistencia técnica fijados por el Órgano Rector, que son de obligatorio cumplimiento en los distintos ámbitos político-territoriales, RESUELVE Artículo 1. Se suspende del ejercicio de las funciones de policía al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Mauroa del estado Falcón, en virtud del incumplimiento reiterado de los estándares desarrollados por el Órgano Rector del Servicio de Policía.
Artículo 2. Queda entendido que lo ordenado en el artículo anterior acarrea la suspensión y prohibición al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Mauroa del estado Falcón, de prestar funciones policiales hasta tanto cumpla nuevamente con el procedimiento de habilitación de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
Artículo 3. El Órgano Rector del servicio de policía determinará las medidas que considere conducentes para garantizar el Servicio de Policía en el ámbito políticoterritorial correspondiente al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Mauroa del estado Falcón.
Artículo 4. El Despacho del Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, queda encargado de la ejecución de esta Resolución.
Artículo 5. Esta Resolución entrará en_vigencia a ta-fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, LUS REVEROL TORRES ar pra Relaciones Interiores, Justicia y Paz Ministro del Pod MINIS 80
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 207°, 158° y 18° 3 1 CCT 2017 N° 295 FECHA:_ RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉsToR LUIS REVERoL ToRRES, designado mediante Decreto N° 2.405 de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957, de la misma fecha, ratificado mediante Decreto Nº 2.652, de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014;
en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del Decreto N° 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de julio de 2016; artículo 2 del Decreto N° 1.624, de fecha 20 de febrero de 2015, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numerales 3, 5, 6, 8 y 17, y artículo 76 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 Extraordinario, de fecha 7 de diciembre de 2009, en concordancia con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de fecha 21 de marzo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.290 Extraordinario, de la misma fecha, POR CUANTO Es deber del Estado venezolano garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, en los distintos ámbitos político-territoriales, mediante la supervisión y control de la correcta actuación policial,
POR CUANTO Los Cuerpos de Policía en sus distintos ámbitos político-territoriales deben ejercer el servicio de policía con estricta sujeción a los principios y lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y a los lineamientos y directrices dictados por el Órgano Rector,
POR CUANTO La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y su Reglamento General, establecen que es atribución del Órgano Rector del Servicio de Policía disponer la suspensión del ejercicio de las funciones de policía en aquellos cuerpos policiales que, de forma reiterada, incumplan los parámetros, estándares y programas de asistencia técnica fijados por el Órgano Rector, que son de obligatorio cumplimiento en los distintos ámbitos político-territoriales, RESUELVE Artículo 1. Se suspende del ejercicio de las funciones de policía al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Zamora del estado Monagas, en virtud del incumplimiento reiterado de los estándares desarrollados por el Órgano Rector del Servicio de Policía.
Artículo 2. Queda entendido que lo ordenado en el artículo anterior acarrea la suspensión y prohibición al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Zamora del estado Monagas, de prestar funciones policiales hasta tanto cumpla nuevamente con el procedimiento de habilitación de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
Artículo 3. El Órgano Rector del servicio de policía determinará las medidas que considere conducentes para garantizar el Servicio de Policía en el ámbito políticoterritorial correspondiente al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Zamora del estado Monagas.
Artículo 4. El Despacho del Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, queda encargado de la ejecución de esta Resolución.
Artículo 5. Esta Resolución entrará_en vigencia a Ta fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Naciona(, SOR LUIS REVEROL TORRES Ministro deldpula para Relaciones Interiores, Justicia y Paz MINISIRO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 207°, 158° y 18° 296 3 1 OCT 2017 No FECHA:
RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉsToR LUIs REVERoL ToRRES, designado mediante Decreto N° 2.405 de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957, de la misma fecha, ratificado mediante Decreto N° 2.652, de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014;
en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del Decreto N° 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de julio de 2016; artículo 2 del Decreto N° 1.624, de fecha 20 de febrero de 2015, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numerales 3, 5, 6, 8 y 17, y artículo 76 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 Extraordinario, de fecha 7 de diciembre de 2009, en concordancia con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de fecha 21 de marzo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.290, Extraordinario, de la misma fecha, POR CUANTO Es deber del Estado venezolano garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, en los distintos ámbitos político-territoriales, mediante la supervisión y control de la correcta actuación policial,
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POR CUANTO Los Cuerpos de Policía en sus distintos ámbitos político-territoriales deben ejercer el servicio de policía con estricta sujeción a los principios y lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y a los lineamientos y directrices dictados por el Órgano Rector,
POR CUANTO La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y su Reglamento General, establecen que es atribución del Órgano Rector del Servicio de Policía disponer la suspensión del ejercicio de las funciones de policía en aquellos cuerpos policiales que, de forma reiterada, incumplan los parámetros, estándares y cumplimiento de los cuerpos de policía en los distintos ámbitos político-territoriales, RESUELVE Artículo 1. Se suspende del ejercicio de las funciones de policía al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Federación del estado Falcón, en virtud del incumplimiento reiterado de los estándares desarrollados por el Órgano Rector del Servicio de Policía.
Artículo 2. Queda entendido que lo ordenado en el artículo anterior acarrea la suspensión y prohibición al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Federación del estado Falcón, de prestar funciones policiales hasta tanto cumpla nuevamente con el procedimiento de habilitación de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
Artículo 3. El Órgano Rector del servicio de policía determinará las medidas que considere conducentes para garantizar el Servicio de Policía en el ámbito políticoterritorial correspondiente al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Federación del estado Falcón.
Artículo 4. El Despacho del Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, queda encargado de la ejecución de esta Resolución.
Artículo 5. Esta Resolución entrará en vigencia a Ta fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Nacional, STOR LUTS REVEROL TORRES Ministro de Poderpuar pära Relaciones Interiores, Justicia y Paz
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 207°, 158° y 18° 297 FECHA:_0 1 NOV 201? No RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉsToR LUIS REvERoL ToRRES, designado mediante Decreto N° 2.405 de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957, de la misma fecha, ratificado mediante Decreto N° 2.652, de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014;
en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del Decreto N° 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de Julio de 2016; artículo 2 del Decreto N° 1.624, de fecha 20 de febrero de 2015, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numerales 3, 5, 6, 8 y 17, y artículo 76 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 Extraordinario, de fecha 7 de diciembre de 2009, en concordancia con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de fecha 21 de marzo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.290, Extraordinario, de la misma fecha, POR CUANTO Es deber del Estado venezolano garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, en los distintos ámbitos político-territoriales, mediante la supervisión y control de la correcta actuación policial,
POR CUANTO Los Cuerpos de Policía en sus distintos ámbitos político-territoriales deben ejercer el servicio de policía con estricta sujeción a los principios y lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y a los lineamientos y directrices dictados por el Órgano Rector, POR CUANTO La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y su Reglamento General, establecen que es atribución del Órgano Rector del Servicio de Policía disponer la suspensión del ejercicio de las funciones de policía en aquellos cuerpos policiales que, de forma reiterada, incumplan los parámetros, estándares y programas de asistencia técnica fijados por el Órgano Rector, que son de obligatorio cumplimiento de los cuerpos de policía en los distintos ámbitos político-territoriales,
POR CUANTO Mediante Resolución N°114 de fecha 12 de junio del 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de la República N° 41.170 de la misma fecha, se ordenó iniciar el proceso de suspensión de las funciones de policía al Instituto Autónomo de Policía Municipal Valdez del estado Sucre, por el incumplimiento reiterado de los estándares y programas de asistencia técnica, y se designó la Junta de Suspensión para llevarlo a cabo, POR CUANTO La Junta de Suspensión designada para el proceso, ejerció las funciones conferidas en el artículo 112 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y en la Resolución N° 114 que ordenó el inicio del referido procedimiento, RESUELVE Artículo 1. Se suspende del ejercicio de las funciones de policía al Instituto Autónomo de Policía Municipal Valdez del estado Sucre, en virtud del incumplimiento reiterado de los estándares y programas de asistencia técnica que fueron adoptados y desarrollados por el Órgano Rector del Servicio de Policía.
Artículo 2. Queda entendido que la suspensión ordenada en el artículo anterior acarrea la suspensión y prohibición al Instituto Autónomo de Policía Municipal Valdez del estado Sucre, de prestar funciones policiales hasta tanto cumpla nuevamente con el procedimiento de habilitación previsto en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y en su Reglamento General.
Artículo 3. El Órgano Rector determinará las medidas que considere conducentes para garantizar el Servicio de Policía en el ámbito político-territorial correspondiente al Instituto Autónomo de Policía Municipal Valdez del estado Sucre.
Artículo 4. El Despacho del Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, queda encargado de la ejecución de esta Resolución.
Artículo 5. Esta Resolucién entrará en vigencia a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, VEOR UIS REVEROL TORRES lámpara Relaciones Interiores, Justicia y Paz Ministro MINISTRO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 207°, 158° y 18° -298 1 NOV 2017 FECHA:_ N° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉsToR LUIS REVERoL. ToRRES, designado mediante Decreto N° 2.405 de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.957, de la misma fecha, ratificado mediante Decreto N° 2.652, de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 78 numerales 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014;
en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del Decreto N° 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de Julio de 2016; artículo 2 del Decreto N° 1.624, de fecha 20 de febrero de 2015, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; de conformidad
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES
438.420 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 1° de noviembre de 2017
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE
Miércoles 1° de noviembre de 2017 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 438.421
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9. Gestionar y ejecutar contratos de adquisición de bienes, obras y servicios, conforme a la delegación del Ministro en estricta sujeción a la normativa legal vigente.
10. Ejercer la responsabilidad del manejo de los fondos en avance o anticipo, que se giren en la mencionada unidad administradora desconcentrada, de conformidad con lo previsto en la Ley, con el objeto de llevar los registros de ejecución presupuestaria y su liquidación.
11. Las demás funciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos en materia de su competencia.
Artículo 4. Los actos y documentos que los prenombrados funcionarios firmen de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma, nombre de quien lo suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha, el número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que hayan sido publicada, según lo establecen los artículos 34 y 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Artículo 5. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.
Artículo 6. Los prenombrados ciudadanos, deberán rendir cuenta al ciudadano Ministro de todos los actos y documentos que haya firmado en ejercicio de las atribuciones que le hayan sido delegadas.
Artículo 7. Los funcionarios designados en este acto antes de tomar posesión del cargo, deberán prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determine la Ley.
Artículo 8. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
omupianese y Publíquese, JUAN DE SESÚS/GARCIA TOUSSAINTT Ministredel PodesPopular para el Transporte Designaredieeto N° 2.918 de fecha 20 de junio de 2017 aceta Oficial Nº41.176 de la misma fecha.
Pubyeatre
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULÁR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 12-2017 CHARALLAVE, 02 DE OCTUBRE DE 2017 AÑOS 207°, 158° y 18 En ejercicio de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 8 del artículc 13 del Decreto 6.069 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Transporte Ferroviario Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, Cuyo DeCreto rige al INSTITUTo DE FERROCARRILES DEL ESTADo (IFE), ente de gestión de la política nacional ferroviaria, adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Infraestructura y Transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 9o del mencionado Decreto Ley, hoy denominado Ministerio del Poder Popular para el Transporte, conforme al Decreto N° 2.650, de fecha 04 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.067, de fecha 04 de enero de 2017, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del artículo 5 y 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, quien suscribe, DECIDE Artículo 1: Nombrar a la ciudadana YAMELIN COROMOTO HERNANDEz LEAL, titular de la cédula de identidad N° V.- 17.575.132, COMO JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, adscrita a la Presidencia del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE).
Artículo 2: La Ciudadana YAMELIN COROMOTO HERNANDEZ LEAL, titular de la cédula de identidad N° V.- 17.575.132, en su carácter de JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), ejercerá las funciones que a continuación se indican:
1. Asesorar al Directorio, Presidencia y a las diferentes dependencias del IFE, a nivel nacional, en el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos en materia de administración y desarrollo de personal, así como el manejo de las relaciones laborales, asegurando la aplicación de la legislación existente.
2. Diseñar políticas de personal que modernicen el manejo de los recursos humanos en el IFE.
3. Diseñar y desarrollar programas de administración de personal, relacionados con el reclutamiento y selección, inducción, clasificación capacitación, remuneración, ascenso, transferencia, suspensiones, evaluación de actuación en el cargo, reconocimiento de méritos y prestaciones sociales, así como, dirigir y aplicar dichos programas.
4. Coordinar y controlar la aplicación del régimen de concursos para el ingreso de personal que deberá ocupar las vacantes y diferentes posiciones dentro del Instituto a nivel nacional, de conformidad con las leyes, reglamentos, resoluciones y convenios vigentes.
5. Coordinar los programas de adiestramiento y capacitación del personal al servicio del Instituto, con la Escuela Nacional de Formación Ferroviaria, de acuerdo con sus requerimientos de formación y desarrollo y las exigencias del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional.
6. Asegurar que se cumplan los trámites administrativos para el ingreso y desarrollo del personal, pago de nóminas, otorgamiento de beneficios y ayudas económicas, egresos, liquidación de prestaciones sociales y fideicomisos.
7. Administrar la póliza de salud y prevención familiar de los trabajadores y su grupo familiar, así como la de los jubilados y pensionados, a fin de garantizar su cobertura.
8. Definir los criterios para la elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual del Personal del IFE de acuerdo a las directrices emanadas por la Dirección Superior y a las normativas dictadas para tal fin por la Oficina Nacional de Presupuesto-ONAPRE.
9. Supervisar la conformación, registro, archivo físico y actualización de los expedientes de los funcionarios y trabajadores adscritos al IFE.
10. Actuar como regulador entre el IFE y las organizaciones sindicales y gremiales, así como administrar y velar por el cumplimiento de los contratos colectivos suscritos por el Instituto.
11. Coordinar con la Oficina de Consultoría Jurídica, las reclamaciones laborales e instruir cuando sea procedente los expedientes a los funcionarios del IFE, que hayan incurrido en faltas que dieran lugar a la aplicación de las sanciones previstas en las leyes y reglamentos.
12. Propiciar la consolidación de la cultura organizacional del IFE, la motivación del personal y en general promover un clima favorable y armónico en la Institución.
13. Todas aquellas funciones atribuidas al cargo, establecidas en el Manual de Organización del Instituto de Ferrocarriles del Estado, así como las demás actividades administrativas y técnicas necesarias para el funcionamiento de sù dependencia y las que le señale la máxima autoridad del Instituto, las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes.
Artículo 3. Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria, suscriba en ejercicio de las funciones inherentes al cargo, deberán indicar inmediatamente debajo de la firma, los datos de la designación, nombres y apellidos, la cualidad con que actúa, el número de la Providencia Administrativa y Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la que haya sido publicada.
Artículo 4. La funcionaria designada en el presente acto antes de tomar posesión del cargo deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determine la Ley.
Artículo 5. La presente Providencia Administrativa, entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comumapese y Rublíquese, HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ Presidente Designado mediante Resolución N° 062, de fecha 16/08/2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.224, de fecha 29/08/2017.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 13-2017 CHARALLAVE, 02 DE 0CTUBRE DE 2017 AÑOS 207°, 158° y 18 En ejercicio de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 8 del artículo 13 del Decreto 6.069 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Transporte Ferroviario Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, Cuyo Decreto rige al INSTITUTo DE FERROCARRILES DEL ESTADo (IFE), ente de gestión de la política nacional ferroviaria, adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Infraestructura y Transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 9o del mencionado Decreto Ley, hoy denominado Ministerio del Poder Popular para el Transporte, conforme al Decreto N° 2.650, de fecha 04 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.067, de fecha 04 de enero de 2017, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del artículo 5 y 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, quien suscribe,
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CULTURA
Miércoles 1° de noviembre de 2017 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 438.423
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
438.424 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 1° de noviembre de 2017
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Miércoles 1° de noviembre de 2017 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 438.425
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Reiteró la definición que sobre el ilícito imputado por la IG a la Jueza denunciada ha sostenido la jurisdicción disciplinaria judicial, y en tal sentido refirió lo explanado en la decisión N° TDJ-SD-2012-274 de fecha 27 de noviembre de 2012 donde se asentó que ".se excluye del referido tipo disciplinario la realización defectuosa de cualquier acto procese, sea de trámite o decisorio, toda vez que aunque el juez erre en alguno de los elemeríos del acto procesal, su proceder, aunque errado, se encuentra dentro del ejercicio de la fundbn jurisdiccional. Además de que sea impropia, el tipo sancionatorio disciplinario bajo estudioexige, a los efectos de su adecuación típica, que la conducta del juez sea: (1) grave: en el entendido de que las consecuencias que genere la conducta sean de importante entidad, bien porque viole algún derecho de los intervinientes en el proceso o porque sea capaz de lesiona la imagen que del poder judicial tengan los ciudadanos; o (2) reiterada: que sea una conducta efectuada de manera repetida por el juez investigado." $seguidamente en el fallo examinado, se realizó un recuento del iter procesal cumplido en la causa principal y luego del análisis de cada acto cumplido, los jueces de mérito concluyeron que la Jueza sometida a investigación no erró en la aplicación del procedimiento en materia de guarda como fue señalado por el Juzgado Superior Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que cónico del recurso de apelación interpuesto por la denunciante e igualmente por la IGf en su escrito de petición de sanción, al afirmar que la Juzgadora había aplicado el.
procedimiento previsto en el artículo 361 de la Ley Orgánica de Protección d Niños Niñas y Adalescentes, por el contrario, verificaron a través de la boleta de citación librada a la denunciante, del acta fechada 15 de agosto-de 2008 y el auto de admisión del escrito de pruebas del demandante, que el procedimiento que efectivamente empleó la juzgadora investigada, fue el previsto en el Capítulo Vi titulado Procedimiento Especial de Alimentos y guarda de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 'Adolescente, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.266 del 2 de octubre de 1998, en sus artículos 511 al 527 vigente para la época de la ocurrencia de los hechos, el cual no contemplaba la obligación de oir la opinión del Ministerio en ese procedimiento.
De igual forma consideró el TDJ, que la Jueza no incurrió en conducta impropia...
o inadecuada en el ejercicio de sus funciones, ya que el hecho denunciado se refiere a la aplicación de una norma procesal contenida en la Ley Orgánica para la Pretección.
ética o contraria a las buenas costumbres, puesto que la aplicación errónea ppr parte del juez o jueza de una norma no constituye una conducta impropia o inmoral, aunado al hecho de que se pudo constatar que la Jueza acusada aplicó correctanentê-el procedimiento establecido para la revisión y modificación de la guarda, razó por la cual tal conducta no resulta disciplinable.
Finalmente como consecuencia de las consideraciones esbozadas, respecto a que el hecho denunciado no resultaba disciplinable, se dictaminó en el fallo cuya consulta es sometida a esta instancia superior, que lo ajustado a derecho era DECRETAR el SOBRESEIMIENTO de la causa seguida a la ciudadana MILAGROS DEL VALLE ROJAS ARAQUE, titular de la cédula de identidad V-9.293.295 pOr sus actuaciones durante su desempeño como Jueza Titular de la Extinta Sala Unipersonal N°5 del Juzgado de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción fudicial del Estado Táchira con sede en San Cristóbal, con motivo de la acusación presentada.
por la Inspectoría General de Tribunales, por presuntamente haber subvestido el procedimiento en la causa 46.970, de conformidad con lo establecido en el numera).-2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Pevio a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial efeetoobserva:
E artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extragdinario del 28 de diciembre de 2015, atribuye competencia a esta Alzada Discipnaria para el conocimiento de las consultas obligatorias de las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, de la forma siguiente:
Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado.
2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.
B.La acción disciplinaria haya prescrito.
4. Resulte acreditada la cosa juzgada s. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la nvestigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
s. La muerte del juez o la jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Resaltado de esta Alzada)
La norma ut supra transcrita, además de definir y señalar los efectos y consecuencias legales de dicho instituto procesal, establece en forma taxativa los su pues tos que dan lugar a su declaratoria; estatuye igualmente la consulta obligatoria de la solución judicial que decrete el mismo ante esta Alzada colegiada, ello no solo en atelfición al cumplimiento del principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su @ecreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario.
En este orden de ideas, cuando el órgano disciplinario de primera instancia decrete el sobreseimiento, corresponderá a esta Corte Disciplinaria Judicial conocer de la respectiva consulta obligatoria; en ese sentido, visto que en la sentencia proferida por el TDJ en fecha 26 de junio de 2017, se decretó el sobreseimiento de la causa seguica a la Jueza MILAGROS DEL VALLE ROJAS ARAQUE, de conformidad con el Jueza numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano Venezolana, esta Alzada declara su competencia para conocer de la consulta obligatoria de ley sometida a su consideración. Y así se decide.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR emitir el Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a respectivo pronunciamiento, previa las siguientes consideraciones:
Observa esta instancia superior que la IGT al finalizar la fase de investigación de los hechos denunciados por la ciudadana María Berly Muñoz Peña, emitió en su escrito conclusivo dos solicitudes, por un lado, solicitó se declarara el sobreseimiento de la investigación respecto de tres señalamientos puntuales esgrimidos por la denunciante en contra de la jueza MILAGROS DEL VALLE ROJAS ARAQUE, a saber: a) que nunca _fue notificada sobre la solicitud de revisión de guarda tramitada por la juzgadora b) que nunca fue notificada de la ejecución de la sentencia para poder ejercer los recursos de ley contra la misma y c) que no se ordenó la comparecencia del niño para oír su opinión; por otro lado, formuló acusación y solicitó la sanción de destitución contra la mencionada Jueza por considerar que vulneró el derecho a la defensa de la madre al subvertir el procedimiento en materia de revisión de guarda, aplicando el procedimiento sumarísimo y lo equipado al procedimiento de privación de guarda, estimando que tal proceder la hacía estar incursa en el ilícito de Conducta impropia en el ejergicio da sus funciones, tipificado y sancionado en el numeral 13 del artículo 33 del Codigo de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, aplicable ratione temporis.
Con relación al sobreseimiento solicitado por el Órgano Investigador y acordado por el a quo, resulta oportuno reiterar lo señalado en otros fallos de esta superior instancia en relación a tal instituto procesal, el cual constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales en forma anticipada, siendo de la exclusiva competencia de la autoridad judicial su decreto, siempre que resulte acreditado de el legislador en la norma regulatoria, vale decir, que el hecho del proceso no se ealizó;
que no puede atribuírsele al juez denunciado; que el hecho no sea típico; que la acción disciplinaria haya prescrito; que resulte acreditada la cosa juzgada; que no exista Ja...
posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, o por la muerte del uez; tal declaratoria por parte del órgano jurisdiccional, comporta previamente un examen.
exhaustivo de todos los supuestos establecidos en la norma que regula dicha figura disciplinaria y por ende la finalización del proceso.
n las presentes actuaciones, la Inspectoría General de Tribunales solicitó sobres imiento de la investigación seguida a la jueza MILAGROS DEL VALEE ROJAS ARAQ E, con fundamento al numeral 1, del artículo 60 del derogado Código de Ética,- Feferig a que el hecho denunciado no se realizó, decretando el órgano jurisdiccional el mencionado sobreseimiento conforme al numeral 1, del artículo 71 del vigente Código de Ética, que contempla el mismo supuesto al establecer que el hecho denunciado no se reazó.
En tal sentido, a fin de determinar la conformidad del sobreseimiento acordado quo con los supuestos establecidos en la norma para su decreto a la luz de los por el que la denunciante le imputó a la juzgadora sometida a investigación, esta hecho$ alzadaverificó en las actas del expediente al folio 49 de la pieza 1, boleta de citación a la denunciante la cual fue recibida por ella el 31 de julio de 2008, a fin de que compareciera al acto conciliatorio con ocasión de la demanda interpuesta en su contra;
igualmente cursa a los folios 68, 71 al 74 actuaciones por parte de la denunciante en las e'se evidencia que se dio por notificada de la sentencia e impugnó la misma; en igual sentido consta a los folios 52 y 53, auto mediante el cual el Tribunal acuerda fuera escuchado en el procedimiento que se ventilaba en el juzgado regentado por la jueza denunciada, por lo que la decisión que acordó el sobreseimiento respecto a las denuncias según la cual la ciudadana MARIA BERLY MUÑOZ PEÑA, no fue citada en el procedimiento incoado en su contra, ni fue oído el menor, así como que no fue notificada de la sentencia en su contra, se encuentra ajusta a derecho por cuanto consta fehacientemente en el expediente pruebas que tales hechos denunciados no se realizaron. Y ASI SE DECIDE.-
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Ahora bien, la IGT consideró que la jueza investigada se encontraba incursa en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11, del artículo 40, de la Ley de Carrera . vigente para el momento en que ocurrieron los hechos denunciados cuya Judicia disposición consagrada lo siguiente:
"Artículo 40. Sin perjuicio de las responsabilidades penal y civil a que hubiere lugar, los jueces serán destituidos de sus cargos, previo el debido proceso, por las causales siguientes:
(...
11. Cuando infrinjan las prohibiciones o deberes que les establezcan las leyes".
Con ocasión a la entrada en vigencia del Código de Ética del Juez Venezolano y la Juefa Venezolana, el Órgano Investigador equipado la actuación de la Jueza sometida a investigación al supuesto de hecho previsto en el numeral 13 del arículo 33 el cual.
del referido Código, cuya sanción igualmente acarrea la destitución del cargo establece lo siguiente:
"Artículo 33: Son causales de destitución:
(...) funciones." En virtud de ello esta alzada estima pertinente realizar algunas consideraciones sobre el ilícito disciplinario "Conducta impropia o inadecuada grave o reiterada ene! éjercicio de sus funciones.
En efecto, las mencionadas normas han sido objeto de no pocas críticas, en virtud del alto componente de vaguedad e imprecisión que contienen tales comiceptos, no obstante, al hablarse de conducta impropia nos referimos a una diversidad de actuaciones anti éticas contrarias a los valores de dignidad, honor, probidad, a las buenas costumbres. En el caso del ejercicio de la profesión de la magistratura la ética legal alude al modo de proceder de los jueces respecto a sus deberes merales y profesionales, a su correcta conducción consigo mismo, hacia el justiciable y hacia la institución a la cual pertenece. Estas normas de conducta que deben ser pilr de la creíble y sobre todo libre de toda sospecha. Por el contrario, cuando su cnducta personal se encuentre en conflicto con el conjunto de normas y principios morales_que cumpla regulan las relaciones humanas y en el plano profesional, cuando no cabalmente con sus funciones o cuando su accionar ponga en tela de icio1a usticia, confianza pública en la integridad e imparcialidad de la administración de CISC estaríamos en presencia de una conducta impropia.
11 del En ese mismo orden de ideas, respecto al supuesto previsto en el numera] artículo 40 de la derogada Ley de Carrera Judicial, la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, estableció en reiterados fallos su contenido y alcance entre otras, en la sentencia N° 1973 de fecha 17 de diciembre de 2003 y 00713 del 16 de mayo de 2007; criterio acogido por esta alzada en la sentencia N° 2, de fech 05 de febrero de 2014, en la cual se estableció lo siguiente:
"(...) En este sentido, esta Alzada observa de las actas que conforman el presente expediente, que el A-quo, estableció en tomo al numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial que "(.) los hechos constatados no se subsumen en el supuesto previsto en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera incumplimiento de los deberes morales que Orgánica del Poder Judicial, y no el incumplimiento de deberes procesales establecidos en normas jurídicas de carácter adjetivo", teniendo como fundamento la sentencia Nro. 1973 del 17- 12-2003, de la Sala Poltico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual reza lo siguiente:" (Negrilla de esta Alzada).
"(..) Antes de discernir sobre los hechos que configuraron objeto de oportunidades se ha establecido la necesidad de diferenciar las obligaciones y.
ámbito moral. Sobre elo, se ha mantenido el criterio de afirmar que las obligaciones mencionadas por el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de cuanto se encuentra sancionado su incumplimiento, exceden los deberes desempeñar la delicada misión de juzgar. Así, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Legislador delineó los aspectos fundamentales que determinan las condiciones e incompatibilidades para el ejercicio del prohibiciones, una vez asumida esta función" (resaltado del presente fallo) En armonía con este criterio sostenido en forma pacífica por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, estiman quienes aquí deciden, que la conducta impropia a que hace referencia el legislador disciplinario en el artículo 33 numeral 13 del Código de Ética, disposición que sustituye la norma reseñada de la derogada Ley de Carrera Judicial, es la atinente al incumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones del juez, de acuerdo con lo pautado en la Ley Orgánica del Poder judicial y en ningún caso aplican a los aspectos de orden procesal de carácter jurisdiccional. En efecto, si bien dicho instrumento no define de forma expresa los tipos de deberes, sí establece que estos, exceden los deberes morales y profesionales réquesdos a toda persona que aspire a desempeñar la delicada misión de juzgar; por ello. e legislador a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, delineó los aspectos fundamentales que determinan las condiciones e incompatibilidades para el ejercicio del cago de juez, como también los deberes, obligaciones y prohibiciones, que deben observarse una vez asumida esta función, cuyo incumplimiento sería objeto de sanción, criterios que por su alcance y contenido ético mantienen plena vigencia.
Ahora bien, el a quo consideró que la Jueza investigada al aplicar el procedimiento establecido en el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño del Adolescente, no subvirtió el procedimiento sumario para modificar la guarda como o alegó la IGT, ya que a su juicio no aplicó el procedimiento establecido por el artícul 361 de la referida ley; así mismo, determinó que la jueza no incurrió en conducta impropia o inadecuada en el ejercicio de sus funciones, ya que el hecho denunciado estaba relacionado con la aplicación de una norma procesal contenida en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, actuación jurisdiccional por la ue concluyó que: "..no constituye una conducta impropia o inmoral, aunado al hecho de que se pudo constatar que la Jueza acusada aplicó correctamente el procedimiento para la revisión y modificación de la guarda, razón por la cual la conducta no es disciplinable...", decretando en consecuencia el sobreseimiento de la Código de Ética, por considerar que el hecho no es típico por tratarse de una/$ituación que no reviste carácter disciplinario.
Con relación al Principio de Tipicidad, debe referir esta Instancia Colegia da, que garantía del debido proceso, al estatuirse que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos o faltas o infracciones en leyes preexistentes (Artículo 49.6 de la Constitución de.la República Bolivariana de Venezuela).
conducta (s) que no esté certera y claramente identificada como infracción a través de un instrumento legal preexistente que así lo establezca. Al respecto la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en forma reitera de que el principio de Tipicidad es inmanente al principio de legalidad, así lo estableció entre otros fallos en la sentencia N° 00120 del 27/01/2011:
alegada por la parte recurrente, debe indicarse que este se encuadra dentro suficiente para su identificación, del ilícito y de su consecuencia sancionatoria.
de seguridad jurídica, fundamental en todo Estado de Derecho, requiriéndose que la definición normativa de los ilícitos administrativos debe reunir unas certeza.." En sintanía con el criterio reseñado y a la luz de las actas que integran el presente expediente resulta por demás evidente para este Órgano Superior que la actuación que se le atribuye a la juzgadora denunciada, no resulta sancionble, tal como acertadamente lo dictaminó la decisión objeto de la presente consulta.
En efecto, en el caso de marras se observa que el hecho denunciado e imputado por la representación de la Inspectoría General de Tribunales fuelas presuntas actuaciones erróneas de la jueza en cuestión, en la aplicación de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente con ocasión a una demanda ventilada por el Juzgado que regentaba, es decir, una actuación netamente jurisdiccional, que para nada trascendió al ámbito ético;
pues tampoco se evidenció de su actuación, negligencia o conducta omisiva reprochable en el cumplimiento de sus deberes profesionales en el ejercicio de su cargo; por el contrario, en el caso bajo examen, se observa una actuación/profesiona! ponderada y respetuosa del derecho a la defensa de las partes en el procesoques.
ventaãoen el Tribunal a su cargo, así se desprende de las siguientes actuaciones:
n fecha 26 de febrero de 2008, el ciudadano Pedro Jesús Merchán (padre del niño) solicitó ante la Sala Unipersonal N° 5 del Juzgado de Protección de Niños y Adolessentes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, la Revisión y Modificación de la guarda, de conformidad con lo establecido en el artículo 361 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente a fin de que se le otorgara la guarpla del niño (Folios 45 y 46).
Posteriormente, en fecha 05 de marzo de 2008, el tribunal a cargo de la jueza .
investigada, siguiendo con el procedimiento establecido en el artículo 516 de la OPNA, admite la demanda haciendo referencia que el accionante solicitó la revisión de la Responsabilidad de Crianza (guarda) y a su vez emplazó a la ciudadana MARÍA BERLY MUÑOZ (madre del niño) a una audiencia conciliatoria cuyo auto de admisión consta al folio 49.
n fecha 15 de abril de 2009, la Sala Unipersonal N° 5 del Juzgado de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado táchira, a cargo de la jueza investigada dictó la decisión de la causa N°46970, mediante la cual declaró con lugar la demanda interpuesta por el ciudadano EDRO MERCHAN, en contra de la ciudadana MARÍA MUÑOZ, y en onsecuencia le concedió la custodia del niño al padre. (Folios 195 al 199).
Del mismo modo se constató, que posterior a su notificación la ciudadana MARÍA BERLY MUÑOZ, interpuso recurso de apelación contra la mencionada decidido dictada en fecha 15 de abril de 2008, por la Extinta Sala Unipersonal N° 5 del Juzgado de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, y en fecha 10 de junio de 2009, el Juzgado Superior Segundo en lo
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Civil, Nercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño, Niña y Adolescente la Circun cripción Judicial del estado Táchira con sede en San Cristóbal, conociendo en segunda instancia declaró con lugar la apelación contra la sentencia decretada por la jueza denunciada, sin lugar la demanda de privación de custodia incoada por el señor Pedro Jesús Merchán Eugenio contra María Berly Muñoz Peña y otorgó la custodia del niño (Se omite el nombre por disposición expresa de la Ley) a su progeritora María Berly Muñoz Peña, con todos los atributos establecidos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, revocado así la decisión de fecha 15 de abril de 2009, dictada por la Juez Unipersonal N° 05 Sala de Juicio del Tribunal_de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
De la actuación anterior, concluye este alzada, que en el caso de haberexistido' remedio procesal idóneo como fue el recurso de apelación que fue ejercido por la denunciante y el cual fue resuelto favorablemente a sus demandas.
De lo antes narrado, resulta claro para esta Alzada que la jueza,denunciada-actue.
dentro de la esfera de su competencia y en ejercicio de la función jurisdiccional, entendida ésta como la actividad desplegada por el tribunal a través del juez en la conducción y tramitación de todos los asuntos sometidos a su conocimiento, np sujeta a sanción disciplinaria sino procesal.
En tal sentido, examinada la decisión de Primera Instancia y visto lo constatado en autos, quienes aquí deciden consideran que efectivamente el hecho constitutivo de la denuncia respecto a la presunta subversión del orden procesal en el expediente N...
46.970 interpuesta por la ciudadana MARÍA BERLY MUÑOZ, en contra de la Jueza, MILAGROS DEL VALLE ROJAS resulta atípico y no censurable disciplinariamente, debiendo en consecuencia, confirmar el sobreseimiento decretado por el Tribunarde hecho denunciado no reviste carácter disciplinario. Y así se decide.- Establecidas como han sido las consideraciones anteriores, esta Corte Disciplinaria Judicial debe declarar RESUELTA la consulta obligatoria sabre el sobreseimiento y en consecuencia confirmar la sentencia N° TDJ-SD-2017-43. dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 26 de junio de 2017,de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 del Código de Ética. Y así se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, adminißtrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ-SD-2017-43, dictada en fecha 26 de junio de 2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la causa N° AP61-D-2015-000161,mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la causa de conformidad con el artículo 71.2 del Código de $tica, en relación con la investigación efectuada a la denuncia de la ciudadana, MARÍA BERLY MUÑOZ, contra la jueza MILAGROS DEL VALLE ROJAS, titular de la Cégula de \ Identidad N° V-6.816.182, Jueza Titular de la extinta Sala Unipersonal N° 5 del Juzgaco de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción ládicial del estado Táchira, en virtud de que el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario SEGuNbO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2017-43, dictada en fecha 26 de junio de 2017 por el Tribunal Disciplinario Judicial en la causa N° AP61-D-2015- 000161.
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.
Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezplana. Cúmplase lo ordenado.
República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Cddigo de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Dada, sellada y firmada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria è de do$ mil diecisiete (2017). Año 207°de la Independencia y 158°de la Federación.
JUEZ PRESIDENTE, TULIO JUMÉNEZ RODRIGUEZ VICEPRESIDENTA-PONENTE
MERLY MORALE$ HERNÁNDEZ JUEZAPRINCIRAL a ANA GECILIA ZULUETA RODRIGUEZ
SECRETARIO (E),
JOSÉ GREGORIO VERGARA los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil-diecisiete2017), siendo Hoy JOSE GREGORIO VERGARA El Secretario (E),
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-S-2016-000053 Medante Oficio N° TDJ-776-2017 de fecha 18/07/2017, el Tribunal Disciplinario Judiqal (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° AP61-S-2016- disciplinario seguido a la ciudadana TIVISAY DEL VALLE SÁNCHEZ ABREU, cédu a de identidad N° 11.005.436, en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Décino Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Pena del Área Metropolitana de Caracas, por las presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño del cargo.
Tal remisión se realizó en virtud de la consulta obligatoria de la sentencia N°TDJ- SD-ap17-16 dictada por el a quo en fecha 09/03/2017.
El C/08/2017 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de esta Jurisdicción, le dio entrada al expediente y lo remitió a la OBL GATORIA de la sentencia N° TDJ-SD-2017-16 de fecha 09 de marzo de 2011., conforme a lo previsto en el numeral 5 del artículo 71 del Código de Ética del uez Venezolano y Jueza Venezolana", correspondiéndole la ponencia a la Juez Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo | ANTECEDENTES El 0 /05/2016 la IGT dio por terminada la fase de instrucción del expediente disciplinario y solicitó la declaratoria de sobreseimiento en la presente causa, de confermidad con el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
En idéntica data, mediante oficio N° 01792-16, remitió al TDJ las actuaciones contenidas en el expediente administrativo disciplinario signado con el numero 090233 (nomenclatura de la IGT), a los fines previstos en el Código de Ética.
En fecha 09/03/2017 el TDJ dictó Sentencia N° TDJ-SD-2017-16 mediante la cual declaró procedente el sobreseimiento solicitado por la IGT, y ordenó la remisión de la presente causa a esta Corte a los fines del pronunciamiento correspondiente.
Il DEL FALLO CONSULTADO En fecha 09/03/2017 el TDJ dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2017-16, en la que decidió:
"...omissis...
PRIMERO: Se deCreta el SOBRESEIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN seguida al ciudadano (sic) Tivisay del Valle Sánchez Abreu, titular de la cédula de identidad N° V-11.005.436, por actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones como Jueza Titular del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito [Judicial] Penal del Área Metropolitana de Caracas, relacionado a que la Jueza es responsable de la fuga de un imputado, siendo que, este hecho denunciado, no puede ser atribuido al sujeto investigado, conforme establece el numeral N° 1, articulo N°71, del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015 (sic).
INVESTIGACIÓN seguida al ciudadano (sic) Tivisay del Valle Sánchez Abreu, titular de la cédula de identidad N° V-11.005.436, por actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones como Jueza Titular del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito [Judicial] Penal (sic) del Área Metropolitana de Caracas, relacionado a que la Jueza investigada indicó a los funcionarios que no dejarán constancia en el libro de novedades de lo acontecido, ya que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a imposición de la sanción disciplinaria judicial, conforme establece el numeral N° 5, articulo N°71, del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015.(sic)" A los fines de fundamentar su decisión, el a quo individualizó los hechos contenidos en la investigación, separándolos en dos hechos presuntarjente atribuidos a la Jueza investigada, sobre los cuales procedió a pronunciarse.
Respecto al primer hecho referido a la responsabilidad de la Jueza por la pregunta fuga del imputado, realizó un análisis de las entrevistas realizadas por la IGT las
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actualtiones practicadas por la Jueza Investigada, determinando que se trató de un eror involuntario de la ciudadana María Eugenia Nuñez Cartaya, Secretaria del infornfación errada al Alguacil, lo que conllevó a que el imputado quedara en libertad.
En tanto al segundo hecho relativo a que la Jueza Investigada indicó a los agua miles que no dejarán constancia en el libro de novedades de lo ocurrido, el a colegio del contenido de la investigación que no se constató irregularidad quo existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación.
III DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:
El ar culo 71 del Código de Ética, establece:
"Amículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria de tra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren co sig dictadas.
P7 ndo:
cu (i.
auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el 3 sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Ju dicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada).
La narma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, curs los supuestos que dan lugar a su declaratoria, así como el órgano competente solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la para competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisión que lo declara en primera instancia.
Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del, Códi o de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida caut@ar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 7/05/2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión del juicio de Nlidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incc ume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia.
Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tarfo en la reforma que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del uez Venezolano y Jueza Venezolana, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28/12/2015, cor o en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 del 4/02/2016 Las observaciones que preceden permiten concluir la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración.
destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7/05/2013 y 4/02/2016, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares.
Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2017-16 de ficha 09/03/2017 dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana TIVISAY DEL VALLE SÁNCHEZ ABREU, titular de la cédula de identidad N° 11.005.436, en su carácter de Jueza Titulr, y( la por ende, verificadas las condiciones objetiva y subjetiva que determina competencia para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Así se decide.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida como ha sido la competencia de esta Corte, esta Alzada pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada observa que el sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana constituye una modalidad de concluir los procesos disciginarios judiciales, de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de uno realizó, no puede atribuírsele al juez denunciado, el hecho no es típico, que la acció disciplinaria ha prescrito, resulta acreditada la cosa juzgada, que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial o la muerte del juez), y cuya decisión por parte del órgano disciplinario de primera instancia disciplinario, conllevando, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de csa juzgada.
bien, ya esta Corte Disciplinaria Judicial, en Sentencia N° 23 de fecha Ahor 10/12012, dejó establecido que el sobreseimiento en materia disciplinaria era stitución dispuesta en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza una Venezolana de la misma forma y con la misma naturaleza que en el ámbito penal ordinario.
ste orden de ideas, indicó, que tal figura jurídica comportaba un En pronunciamiento jurisdiccional que impedía la continuación de la persecución del denunciado al dar por terminado un proceso en curso, siempre y cuando el Tribunal competente constatara que alguna de las causales previstas en la ley adjetiva aplicable se había materializado.
La finalidad de esta institución es poner término al procedimiento de manera anticipada y atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada.
Ahom bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que SOBRESEIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN seguida al ciudadano (sic) Tivisay del Malle Sánchez Abreu, titular de la cédula de identidad N° V-11.005.436, por actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones como Jueza Titular del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Cíntrol del Circuito [Judicial] Penal del Área Metropolitana de Caracas, relacionado que mecho la Jueza es responsable de la fuga de un imputado, siendo que, este i Bomo fundamento el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética.
En virtud de lo anterior, esta Alzada considera necesario realizar algunas consideraciones sobre la causal de sobreseimiento contenida en el numeral del lugar al procedimiento disciplinario no puede atribuirse al sujeto investigado.
De acuerdo a la norma citada, el sobreseimiento procede, entre otras circunstancias, cuando el hecho que motivó el inicio de la investig ción disciplinaria resulte inexistente o no aparezca suficientemente probado, así Homo también cuando no conste en actas la participación del Juez denunciado.
En relación a este punto, la norma bajo examen recoge en su numeral supuesto de que el hecho imputado sea inexistente o que no pueda ser atribuido al sujeto investigado. Cuando el legislador expresa que "el hecho no se realizó"
acreditada la falsedad del hecho imputado, como que no se haya podido probar la existencia de tal hecho. Lo mismo ocurre en lo que respecta a que el hech "no puede atribuírsele al sujeto investigado", supuesto que comprende tanto el paso de que el sujeto investigado haya probado su no participación en los hechos reprochados, como el caso de que no se haya podido probar su participación.
En este sentido, si uno de los objetos de la investigación, es la comprobación del hecho disciplinable presuntamente cometido, en caso de que el hecho que mistivó el proceso disciplinario no hubiere existido o que el Juez denunciado no sea responsable del mismo, procederá la conclusión del proceso a través de la figura del sobreseimiento.
En el caso que nos ocupa, se evidencia de la investigación realizada por la GT que la Jueza investigada en el Acta de Audiencia de la Causa N° 1345p-09 celebrada en fecha 28/02/2009, estableció: "...TERCERO: Visto que el ciudadano IGOR ADRIAN LUENGO MANONI, TITULAR DE LA cédula de identidad número V-6.848.161, se encuentra solicitado por el Juzgado 1° de Juicio de este Circuito Judic al Penal, este Tribunal acuerda ponerlo a disposición de dicho Juzgado, en consecuencia líbrese oficio...".(folio 77) y que el referido imputado quedó en Maria Eugenia Nuñez, Secretaria del Tribunal, que así lo notificó al Alguacil, lo cual ue admitido por la prenombrada funcionaria en la entrevista rendida ante la enca gado de la custodia de los detenidos, ese día de guardia, que el ciudadano Igor Adrián Luengo Manoni quedaba en libertad, tal como consta en la hoja de contpl de detenidos que lleva el Alguacilazgo..." (folios 107 al 112).
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Tal constatación, aunado al hecho de que la Jueza investigada, una vez puesta en conocimiento de la presunta fuga efectuó las diligencias correspondientes para la captu ra del imputado, mediante solicitud contenida en el oficio N° 528-09 de fecha 04/0 2009 dirigido al Departamento de Aprehensiones del C.I.C.P.C., de manera que, al como lo advirtió tanto el órgano investigador como el a quo el hecho no es atribible a la Jueza investigada, en consecuencia, confirma el dispositivo primero de la Sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial. Así se decide.
En INVESTIGACIÓN seguida al ciudadano (sic) Tivisay del Valle Sánchez Abreu, titula de la cédula de identidad N° V-11.005.436, por actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones como Jueza Titular del Juzgado Décimo Cualfo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito [Judicial] Penal (sic) del Área Metropolitana de Caracas, relacionado a que la Jueza investigada indic a los funcionarios que no dejarán constancia en el libro de novedades de lo aconecido ya,que no existe razonablemente datos-a la investigación y no hay base pará solicitar fundadamente la imposición de sanciórdisciplinaria-judicial..." teniendo como fundamento el numeral 5. de1 articalo 71.del 'Código de Ética (folio 225)..
En tug,de lo, anterior, se impone realizar. algunas consideraciones sobre la causal de sobreseimiento-contenida en el numeral 5 del articulo 71. del Código de Étic segn-el-cual existè una imposibilidad por parte dek örgano investigador de solicitar fundadamente la imposición de una sanción disciplinaria por una insuficiencia probatoria.
El texto de la previsión normativa bajo examen es del tenor siguiente:
"Artículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
... (Omissis)..." La norma parcialmente transcrita prevé los supuestos que dan lugar la declaratoria de sobreseimiento. Al respecto, se observa que la norma establece entre tales supuestos que exista la imposibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de una sanción disciplinaria judicial, circunstancia que, una vez verificada, daría lugar a la declaratoria de Sobreseimiento de la investigación en razón la existencia de un impedimento jurídico para establecer la responsab idad disciplinaria del juez e imponer la correspondiente sanción.
La existencia de tal posibilidad fue instituida como una instrumentación del Principio de Presunción de Inocencia contenido en el numeral 2 del articulo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como parte del con nto de garantías al Debido Proceso. En este orden de ideas, si conforme la disposición mencionada, "toda persona se presume inocente mientras se pruebe lo contrario", cuando en una causa disciplinaria no se evidencie probabilidad alguna que con las pruebas ofertadas se demuestre la culpabilidad del denunciado, será procedente la declaratoria de sobreseimiento.
Asi, la instrumentación del Principio, rector en materia sancionatoria, impone al órgano investigador una vez advertida la insuficiencia de los medios probatorios aportados al proceso, el deber de solicitar al TDJ la declaratoria de sobreseimiento.
investigación seguida por la IGT, constan entrevistas realizadas a los De ciud danos: María Eugenia Nuñez Cartaya, Roxelis Bercisan Rivero Bermúdez, Migdalia Margarita Pérez Herrera, Leo Alexander Aguado Ayala y Jorge Jesús Aterio Rodríguez (folio 100 al 119), a quienes se interrogó sobre la instrucción presuntamente impartida por la Jueza investigada a los Alguaciles Nelson Frarvesco y Yorwuis Carrero, consistente en no asentar lo ocurrido en el libro de noveiades, a lo que fueron contestes en manifestar no haber escuchado a la impartir tal instrucción, con lo que resulta evidente que no es posible incorporar elementos que demuestren el acaecimiento de tal conducta.
Comp consecuencia de lo anterior y considerando que no quedó demostrado durante el proceso disciplinario la comisión del hecho narrado en la denuncia, conf ma esta Corte el dispositivo segundo del fallo en consulta. Así se decide.
Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Corte violaciones a nornjas de orden público y constitucional, ni se observan vulneraciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional, CONFIRMA la sentencia del Tribunal Disciplinario Judicial N° TDJ-SD-2017-16 dictada en fecha 09/03/2017. Así se decide.
V DECISIÓN Con undamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autodad de la Ley:
1. D clara su COMPETENCIA para conocer en Consulta la Sentencia N° TDJ-SD- 201716 de fecha 09/03/2017 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la que e decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana TIVI AY. DEL VALLE SÁNCHEZ ABREU, titular de la cédula de identidad N° 11.05.436, en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Décimo Cuarto de Primra Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metrppolitana de Caracas, por las presuntas irregularidades cometidas durante el dese mpeño del cargo.
2. CONFIRMA la decisión N° TDJ-SD-2017-16 dictada en fecha 09/03/2017 ppr el Tribunal Disciplinario Judicial.
Publiquese, regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Tritpunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justica, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspeqoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial dela República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 84 del Código de Ética. Devuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Jud cial.
Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Jueicial en la ciudad de caracas, a los VeinTitres (23 días del mes de octubre de 2017. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
El Presidente, TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ nte La Jueza-Pon ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ La Vicepresidenta MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria(E), GARMEN CARREÑO Exp. N° AP61-S-2016-000053 Hoy. lunes (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) siend pub anterior decisión bajo el N° 29.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-S-2015-000057 Mediante Oficio N° TDJ-851-2017 de fecha 07/08/2017, recibido el 19/09/2017, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° AP61-Sciudadana ZOMALIA GUTIÉRREZ DE BEJARANO, titular de la cédula de identidad N° 7.224.229, en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, con sede en Maracay, por las presuntas irregularidades cometidas durante su desempeño en el cargo.
Tal remisión se realizó con ocasión a la Consulta obligatoria a que se encuentra sometida la Sentencia N° TDJ-SD-2016-045 de fecha 29/09/2016 dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación con fundamento "... el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por el hecho denunciado de la presunta irregularidad en la tramitación de la causa N°4C14004-08 (sic), mediarte la cual se imputó a la ciudadana Mirna María Gómez Lucero por la presunta comision de (sic) delito de estafa continuada e invasión (sic), al colaborar la jueza con las personas invasoras (sic) del inmueble objeto del proceso (sic).".
El 19/9/2017 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de esta Jurisdicción le dio entrada al expediente, le asignó el N° AP61-S-2015- 000057 (f. 379, p.3) y lo remitió a la Secretaría de esta Corte, órgano que en idéntica data dejó constancia de asignación de la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodriguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
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| ANTECEDENTES El 06/0ß/2015 la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) dio por terminada practicada a la Jueza ya identificada, en virtud de haber dictado Acto Conclusivo (f. 327 al 345, p.3.) en el que solicitó "...se decrete el sobreseimiento de la investigación que le fuera seguida a ZOMALIA GUTIÉRREZ DE BEJARANO, titular de la cédula de identidad número Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, con sede en Maracay, por cuanto los hechos que la originó (sic) no se le puede (sic) atribuir.."..
En idéntica data, mediante oficio N° 01943-15(f. 347, p.3), el órgano investigador renjitió al TDJ las actuaciones contenidas en el expediente administrativo disciplinario, a los fines previstos en el Código de Ética.
En fecha 29/09/2016 el TDJ dictó Sentencia N° TDJ-SD-2016-045 mediante la cual declaró procedente el sobreseimiento solicitado por la IGT, y ordenó la remisión de la causa a esta Corte a los fines del pronunciamiento correspondiente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Ética.
Il DEL FALLO CONSULTADO En fecha 29/09/2016 el TDJ dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2016-045, en la que declar8:
"Único: Se decreta el SOBREsEIMiENTO de la investigación seguida a la ciugadana 7.224.229, en su condición de Jueza Titular del Tribunal Cuarto en Función de control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, de conformidad con el numeral 2 del artículo denunciado de la presunta irregularidad en la tramitación de la causa N°4C14p04-08 (sic), mediante la cual se imputó a la ciudadana Mima Maria Gómez Lucerd por la jueza con las personas invasoras (sic) del inmueble objeto del proceso (sic).".
A los fines de fundamentar su decisión, el a quo señaló que no se evidenciaba de la investigación hecho disciplinable alguno en la tramitación de la causa N°4C-14004-08 por la presunta colaboración de la Jueza con las personas invasoras del inmueble, al no desprenderse del expediente elemento alguno que pudiera demostrar la irregularidad denunciada, por lo que concluyó que se trataba de una situación atípica que no revestía carácter disciplinario.
En tal sentido aseveró, que en las documentales recabadas por el órgano investigador resultaba palmario que la Jueza investigada, en la tramitación de la citada causa.
había dictado decisión en fecha 07 de noviembre de 2008 en la que había acordado la medida cautelar innominada de inmovilización de las cuentas bancarias de la imputada y había señalado las razones por las que negó el desalojo de los inmuebles del Desarrollo Habitacional La Guaireña, decisión que fue objeto del recurso de apelación incoado por la representación del Ministerio Público y que fue declarado con lugar en su oportunidad por la Corte de Apelaciones.
Con vista a la consideración que antecede y el desarrollo de los principios de autonomía e independencia judicial consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 4 del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana en lo sucesivo Código de Ética) como elementos inmanentes al ejercicio de la función jurisdiccional, el a quo estimó que la controversia planteada en la causa N°4C-14004-08había sido resuelta mediante una decisión ajustada a derecho, en la que la Jueza investigada había justificado su negativa al otorgamiento de la medida cautelar solicitada.
III DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:
El articulo 71 del Código de Ética, establece:
"Articulo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
(..) El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco La norma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en su parte fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisión que lo declara en primera instancia.
Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 7/05/2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión del juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia.
reforma que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28/12/2015, como en el texto de la medida cautelar que,
Sentencia N° 6 del 4/02/2016.Las observaciones que preceden permiten colegir la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración.
Con relación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, es oportuno destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del, Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7/05/2013 y 4/02/2016, respectivamente restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares.
, Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2016-045 de fecha 29/09/2016 dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciugadana zOMALIA GUTIÉRREZ DE BEJARANO, titular de la cédula de identidad N° 7.224.229, en su carácter de Jueza Titular, y por ende, verificadas las condiciones objetiva y subjetya que determinan la competencia para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Asi se decide.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida como ha sido la competencia, esta Corte pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones.
A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada recalca que el Sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética constituye una modalidad objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al juez denunciado, el hecho no es típico, la acción disciplinaria ha prescrito, resulta acreditada la cosa juzgada, no existe la fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial o la muerte del juez).
N0 ésta deberá ser consultada ante el órgano superior disciplinario y conlleva, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho en favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón del carácter de cosa juzgada que adquiere su pronunciamiento.
En este sentido, la Corte Disciplinaria Judicial en Sentencia N° 23 de fecha 10/10/2012, dejó establecido que el Sobreseimiento en materia disciplinaria era una institución dispuesta en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en la misma forma y con la misma naturaleza que en el ámbito penal ordinario, habiéndose reeditado en los mismos términos en la formulación legislativa vigente.
Al respecto, igualmente indicó, que tal figura jurídica comportaba un pronunciamiento c:) terminado un proceso en curso, siempre y cuando el Tribunal competente constatara que alguna de las causales previstas en la ley adjetiva aplicable se había materializado.
Éafinalidad de esta institución es poner término al procedimiento de manera anticipada y atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada.
Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el a quo décreto "...el SOBRESEIMIENTO de la investigación (..., de conformidad con el numeral 2 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana...".
En mérito de lo anterior, se impone realizar algunas consideraciones sobre la causal de Sobre$imiento contenida en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética, según la cual el hecho delatado no resulta típico por no tratarse de un ilícito disciplinario.
El texto de la previsión normativa bajo examen es del tenor siguiente:
"Articulo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
(..) 2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario;
(..)..
bien, esta Alzada estima necesario realizar algunas consideraciones sobre la Ahora causencia de tipicidad de la conducta imputada a la Jueza denunciada.
El numeral 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de tipicidad en los siguientes términos:
administrativas; en consecuencia:
(...omissis...) 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
(...omiss..." C
indeterminación al que pudieran quedar sometidos los destinatarios de la norma con
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colofón se impone entonces la exigencia de certeza o clara determinación de la Como conducta infractora, su taxatividad en la predeterminación legal y, por ende, la posibilidad de ser sancionada, todo ello inherente al principio de legalidad.
Al respecto, la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido:
de definición, suficiente para su identificación, del ilicito y de su consecuengi sancionatoria.
seguridad jurídica, fundamental en todo Estado de Derecho, requiriéndose que la definición normativa de los ilícitos administrativos debe reunir unas caracteristicas de fecha 27 de enero de 2011).
En este orden de ideas, debe entenderse que la garantía material de la tipificación ha sido, en nuestro país, una consecuencia necesaria de los principios de libertad y seguridad jurídica previstos en la Carta Magna, en tanto crea la obligación del Estado de definir previamente en una ley, los comportamientos que se reputan prohibidos a los ciudadanos, enumerando las sanciones aplicables a las personas que llegaren a incurrir en los supuestos previamente definidos (vid., entre otras, Sentencias N° 1486 del 17/10/2009, N° 130 del 11/02/2010,de la Sala Politico Administrativa).
Corolario del razonamiento que precede resulta la incorporación del principio de tipicidad en el derecho disciplinario judicial, al establecerse la falta de tipicidad como causal de sobreseimiento de la investigación disciplinaria.
En el caso bajo examen, se observa que el hecho denunciado consistió en la presunta irregularidad en la tramitación de la causa N°4C-14004-08, siendo señalada la investigada de colaborar con las personas que ocupaban el inmueble, por el hecho de no haber acordado la medida de desalojo solicitada.
Sentencia interlocutoria dictada por la Jueza investigada en la causa N° 4C-14004-08, de fecha 07 de noviembre de 2008 (f. 36 al 40, p.3), cuya parte motiva expresó las razones en las que fundamentó la decisión que negó la medida de desalojo y acordó la inmovilzación de cuentas bancarias, medidas de naturaleza cautelar innominada solicitadas por el Ministerio Público (f. 16 al 35, p.3); asimismo se evidencia documental correspondiente al VV escrito contentivo del recurso de apelación presentado en fecha 18 de noviembre de 2po8 (f.
230 al 251, p.3) y su decisión, emanada de la Sala Accidental N° 34 de la Cote de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, que declaró con lugar el récurso, anuló la recurrida y ordenó la remisión de la causa a otro Juez penal en funciones de Gontrol a los fines de la tramitación correspondiente, circunstancias que evidencian que les fue tutelado a las partes el ejercicio de su derecho a recurrir del contenido de la decisión que les resultó gravosa, por lo que mal podrían interpretar que la negativa del desalojo peticionado personas que ocupaban el inmueble.
La circunstancia narrada, aunada a que los hechos objeto de la investigación admnistrativa disciplinaria corresponden con la esfera de autonomía del ejercicio de la fuagon uisdiccional por tratarse de la interpretación y la aplicación de la ley y el derecho evidanoa impfdes la realización del juicio de reprochabilidad que pudiere corresponderle.
atipicidad de la conducta denunciada, tal como lo advirtió la Primera Instancia Disciplinaria, en consecuencia, confirma el dispositivo Único de la Sentencia N° TDJ-SD-2016-045 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 29/09/2016.Así se decide.
Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Alzada violación a normas de orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constifucional del Tribunal Supremo de Justicia, CoNFIRMA la sentencia del Tribunal Discipllnario Judicial N° TDJ-SD-2016-045 dictada en fecha 29/09/2016. Así se decide.
V DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad 12UILA de la Ley declara:
CONFIRMA la decisión N° TDJ-SD-2016-045 dictada en fecha 29/09/2016 por el Único Tribungl Disciplinario Judicial, mediante la cual declaró el sobreseimiento de la investigación disciplinaria seguida a la ciudadana ZOMALIA GUTIÉRREZ DE BEJARANO, titular de la cédula de identidad N° 7.224.229, en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, con sede en Maracay, por la presunta irregularidad en la tramitación de la causa N°4C-14004-08, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza enezolana.
Publíquese, regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Direcciôn Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República :EUIA Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética. Devuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial.
|
Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en ciudad de caracas, a los() días del mes de octubre de 201 Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
El Presidente, 3
TULIO SIMÉNEZ RODRIGUEZ Jueza-Ponente, ANÀ CEGILIAZULUETA RODRÍGUEZ Vicepresiderta
MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ
CARMEN CARREÑO Exp. N° AP61-S-2015-000057
Hoy, jueves 26 de octubre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 01:20 P.m., se publicó la anterior decisión bajo el N° 30.
La Secretaria, (E)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
EXPEDIENTE N° AP61-S-2016-000020 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial conocer de la consulta obligatoria de ley relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2016-013 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante, TDJ) en fecha 21 de abril de 2016, en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana BETTI OVALLES LOBO, titular de la cedula de identidad N° V-8.038.579, Jueza Titular del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, por el hecho denunciado sobre la omisión de pronunciamiento en el expediente FE11-O-2007-000006, nomenclatura del mencionado juzgado superior, de conformidad con el numeral 1 del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actualmente numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezplano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética), "..por cuanto los hechos objeto de la denuncia no se realizaron...".
| ANTECEDENTES En fecha 10 de agosto de 2010 la ciudadana ISABEL VALDERRAMA ROJA$, titular de la cedula de identidad N°4.459.799, empleada y funcionaria pública de carrera asistencial, formuló denuncia ante la Inspectoría General del Tribunales (en lo adelante IGT) en contra de la Jueza BETTI OVALLES LOBO, titular del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, por la presunta omisión de pronunciamiento en el curso de la ejecución de un amparo constitucional decretado a su favor por dicho juzgado, con ocasión de violaciones a su derecho al trabajo, mediante una ilegal desincorporación de su cargo que venía desempeñando durante 27 años en el sector salud; adicionalmente alegó violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso, por actuaciones omisivas que se suscitaron en la ejecución del mandamiento de amparo, y que a decir de la denunciante constituían un desacato judicial que la jueza cuestionada se negó a pronunciar.
En fecha 18 de enero de 2012, la IGT, ordenó la apertura del expediente disciplinario a la ciudadana BETTI OVALLES LOBO, con motivo de la denuncia interpuesta en fecha 10 de agosto de 2010, acordándose comisionar a la Inspectora de Tribunales Nancy Macías, para realizar la investigación dirigida a determinar la existencia o no de cualquier irregularidad disciplinaria por parte de la juez denunciada; y en fecha 28 de
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diciembre de 2015, el órgano investigador disciplinario, dictó acto conclusivo en el cual solicitó el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con el artículo 60.1 del Código de Ética por considerar que los hechos denunciados no podían atribuírsele a la jueza investigada; igualmente solicitó de conformidad con el artículo 49 Constitucional la notificación de las partes.
En fecha 30 de marzo de 2016, fue recibida ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial (en lo adelante U.R.D.D), las actuaciones relativas a la investigación seguida a la jueza denunciada, asignándosele la nomenclatura AP61-S-2016-000020, y en la misma fecha remitió al TDJ las mencionadas actuaciones, correspondiéndole la ponencia, según el Sistema de Gestión Judicial, a la jueza Jacqueline Sosa Mariño.
En fecha 21 de abril de 2016, el TDJ dictó decisión N° TDJ-SD-2016- 013, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la Jueza sometida a procedimiento disciplinario e igualmente declaró improcedente la solicitud de la IGT relativa a la realización de una audiencia oral para escuchar a la denunciante.
En fecha 26 de abril de 2017, el TDJ ordenó remitir la presente causa a esta Alzada, a los efectos de su consulta obligatoria de ley; tal remisión lo efectuó a través del oficio N° TDJ-451-2017.
En fecha 11 de mayo de 2017, la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial, dejó constancia que en fecha 10 de mayo de 2017 fue recibido el presente asunto proveniente del TDJ, cuya ponencia correspondió, a la Jueza MERLY JACQUELINE MORALES HERNANDEZ.
En fecha 25 de mayo de 2017, la Corte Disciplinaria Judicial publicó decisión mediante la cual anuló el auto de fecha 26 de abril de 2017, que \ remitió la presente causa a la Corte Disciplinaria Judicial, sin emitir pronunciamiento alguno en torno a la apelación interpuesta por la denunciante ciudadana Isabel Valderrama, y repuso la causa al estado que el TD. se pronunciara sobre la apelación interpuesta por la denunciante.
En fecha 12 de julio de 2017, el TDJ dictó auto mediante el cual negó el recurso de apelación ejercido por la parte denunciante y ordenó remitir a esta (orte el presente asunto; tal remisión lo efectuó a través del oficio N° TDJ-7$3-2017, de la misma fecha.
n fecha 08 de agosto de 2017, la secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial, dejó constancia que en fecha 03 de agosto de 2017 fue recibido el presente asunto proveniente del TDJ, cuya ponencia correspondió, a la Jueza MERLY JACQUELINE MORALES HERNANDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 21 de abril de 2016, la primera instancia de esta jurisdicción disciplinaria publicó la decisión N° TDJ-SD-2016-013, decretando el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana BETTI OVALLES LOBO antes identificada, sustentada en las siguientes consideraciones:
como punto previo, la primera instancia consideró improcedente la realización de una audiencia para oír a la denunciante, solicitada por el órgano investigador disciplinario, en razón de no estar prevista dicha audiencia en el diseño procesal contenido ni en el derogado Código de Ética como tampoco en el vigente; igualmente la sentencia N° 6 de fecha 4 de febrero de 2016 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que modificó cautelarmente la competencia de los órganos de la Jurisdicción Disciplinaria, tampoco previó la realización de tal audiencia para debatir la solicitud de sobreseimiento.
n cuanto a la solicitud de sobreseimiento efectuada por la representación de la IGT, refirió que el mismo fue sustentado en la imposibilidad de atribuir los hechos denunciados referidos a la presunta falta de prônunciamiento por parte de la jueza, a la diligencia efectuada por la representación, de fecha 30 de noviembre de 2009, así como a los a los escritos presentado los días 12 y 19 de julio de 2010.
n relación a la falta de pronunciamiento respecto a la diligencia de fecha β0 de noviembre de 2009, el a quo consideró evidente que la jueza investigada sí había dado respuesta, toda vez que dictó un auto en el que aplicó el procedimiento previsto para resolver las incidencias en fase de ejecución de acuerdo con los artículos 533 y 607 del Código de Procedimiento Civil, cuyas normas adjetivas regulan la tramitación de incidencias en dicha fase, y ordenó librar notificación dirigida al Presidente del Instituto de Salud Pública del Estado Bolivar a los fines de darse el contradictorio en relación a la incidencia planteada, acotando que de ser necesaria se abriría la articulación probatoria prevista en el artículo 607 ejusdem; concluyendo por ello, que el hecho denunciado no se había realizado decretando en consecuencia el sobreseimiento peticionado conforme al numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética.
Respecto al hecho imputado, en el que se señaló que la jueza denunciada no había emitido pronunciamiento sobre la diligencia presentada en fecha 12 de julio de 2010, por la accionante en amparo, en la que autoridad competente para que resolviera sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el funcionario responsable de la violación del derecho o garantía constitucional, e igualmente, se remitirán los recaudos al Ministerio Público; así mismo, en relación a la alegada falta de pronunciamiento sobre la diligencia fechada el 19 de julio de 2010, donde la accionante solicitó que se oficiara al Instituto de Salud Pública y se remitiera copia certificada y recaudos pertinentes de la sentencia, para el acatamiento del mandamiento por la autoridad competente, el a quo dictaminó:
Que efectivamente la Juzgadora denunciada sí emitió pronunciamiento sobre lo peticionado por la denunciante, pues verificó de las actas procesales que en fecha 22 de julio de 2010, la jurisdicente, dictó auto mediante el cual desestimó la solicitud planteada en la diligencia de fecha 19-07-2010, estableciendo que en cuanto al traslado ya había sido resuelto por el Tribunal en sentencia del 7 de julio de 2010, en la que declaró de fecha 12 de julio de 2010, ya había sido resuelta con la decisión interlocutoria antes señalada, por lo que consideró que con el pronunciamiento judicial reseñado, fueron oídos y resueltos los argumentos esbozado en las diligencias señaladas, considerando el TDJ que la omisión de pronunciamiento judicial denunciada no se realizó, por lo que decretó el sobreseimiento de la investigación, con fundamento en el artículo 73.1 del Código de Ética.
III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligacoria y a tal efecto observa lo siguiente:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezplana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:
Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado.
2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.
3. La acción disciplinaria haya prescrito.
4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
6. La muerte del juez o la jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada)
la norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicia), estatuye igualmente la consulta obligatoria a este Órgano Colegiado de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso discipinario. De allí que el legislador de tan especial materia, haya establecido la revisión por un Tribunal de Alzada, del fallo que declara la finalización del proceso como consecuencia del sobreseimiento y solo al verificarse los supuestos indicados en la norma aplicable, procederá su declaratoria.
Se puede evidenciar de la sentencia N° TDJ-SD-2016-013 dictada por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria en fecha 21 de abril de 2016, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la jueza BETTI OVALLES LOBO, al considerar que los hechos denunciados no se habían realizado, tal como lo afirmó la denunciante, y dado que este supuesto se
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encuentra dentro de los señalados por el legislador disciplinario resulta competente para su conocimiento este Órgano Superior; asimismo, el a quo mediante oficio N° TDJ-753-2017, de fecha 12 de julio de 2017, ordenó la remisión del expediente a los efectos de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del artículo arriba citado; por todo lo antes expuesto esta alzada declara su competencia para conocer de la consulta obligatoria de ley sometida a su consideración. Y así se declara.
IV PUNTO PREVIO Previo al análisis del sobreseimiento de la investigación, esta Alzada considera necesario pronunciarse respecto al auto dictado por el TDJ en fecha 12 de julio de 2017, mediante el cual negó el recurso de apelación ejercido por la ciudadana ISABEL VALDERRAMA ROJAS, en su carácter de denunciante ante la IGT.
Al respecto, se puede observar que el tribunal a quo negó el recurso de apelación interpuesto por la denunciante, por cuanto a su juicio "...debía estar asistida o representada por un profesional del derecho, tal como lo exige el artículo 4 de la Ley del Abogado (sic)..", considerando que ello c representa un requisito esencial para realizar cualquier acto procesal.
Observan quienes aquí deciden, que el TDJ debió evaluar con detenimiento la situación presentada con ocasión a la falta de asistencia técnica de la denunciante para anunciar el recurso de apelación.
En tal sentido, nuestra legislación prevé fórmulas para evitar que la falta de asistencia pueda menoscabar derechos constitucionales a los justiciables, dentro de los mecanismos previstos por Ley se encuentra el beneficio de justicia gratuita establecido en los artículos 175 al 182 del Códiga de Procedimiento Civil a los efectos de la designación de un defen$or privado.
Respecto al beneficio de justicia gratuita la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1943 del 15 de julio de 2003, ha establecido que:
"... se encuentra referido no sólo al deber que posee el Estado de cubrir los gastos del sistema de justicia, sino que lleva inmerso la exención a quien se le conceda tal beneficio, de disfrutar de otros conceptos como son, que se le nombre un defensor que sostenga sus derechos gratuitamente, exención del pago de tasas u honorarios a los auxiliares de justicia, tales como intérpretes, peritos, depositarios, asociados, prácticos y otros, los cuales estarán obligados a prestar gratuitamente sus servicios en el asunto cuando actúen a solicitud del beneficio de la justicia gratuita...". (Negrillas de esta Corte)
de la sentencia antes citada se colige que el beneficio de justicia gratuita contempla entre otras, la designación de un defensor a los fines de que la parte beneficiada pueda sostener sus derechos con la debida asistencia técnica y de forma gratuita, ello en obsequio del derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad.
Por otro lado, establece el artículo 4 de la Ley de Abogados que en caso que la parte se negare a designar abogado que la asista, el Juez deberá realizar esta designación, so pena de reposición de la causa, por lo que lo$ jueces de mérito al advertir que la ciudadana Isabel Valderrama Rojas, ejercía la apelación con prescindencia de la asistencia técnica de un abogado, debieron requerirle la designación de un profesional del derecho y en caso de negarse, instruir lo conducente en resguardo del derecho a la defensa de la ciudadana Isabel Valderrama.
Visto lo antes relatado, aprecia esta Superioridad que la inobservancia de este proceder pudiera traer como consecuencia la nulidad del auto de fecha 12 de julio de 2017, mediante el cual el TDJ negó el recurso de apelación ejercido por la ciudadana ISABEL VALDERRAMA ROJAS, lo que daría Disciplinario Judicial exhortare a la denunciante a designar un abogado.
Ahora bien, esta Alzada considera necesario analizar las consecuencias de tal reposición, a la luz de la doctrina imperante en materia de utilidad de las reposiciones, que en forma pacífica ha mantenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Sobre las reposiciones ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros fallos, en sentencia N° 985 del 17 de junio de 2008, que "...todo acto del proceso -en atención del articulo 257 de la Carta Magna- debe tener un sentido útil, no puede afirmarse que su incumplimiento sea siempre trascendente. Por el contrario, podría ser que el perjuicio lo cause la propia orden de reponer y no la infracción procesal. Son ellos los casos de reposiciones inútiles...".
En virtud de tal criterio, conviene destacar, que la sentencia N° TDJ- SD-2016-013, dictada por a quo en fecha 21 de abril de 2016, fue remitida para su consulta ante esta Alzada, dado el sobreseimiento de la investigación seguida a la jueza Betti Ovalles Lobo; decisión cuestionada por la denunciante Isabel Valderrama; en tal sentido conviene resaltar, que la consulta tiene como objeto examinar la decisión tomada en el contexto de la declaratoria de sobreseimiento de la investigación y el recurso de apelación tiene el mismo objeto, es decir, la revisión por la instancia superior de todo o parte de una determinada decisión, estribando su diferencia en que la consulta no está concebida como un derecho de libre acción a las partes, sino que se trata de un imperativo que ha establecido el legislador de obligatorio cumplimiento que opera de pleno derecho, ya que no requiere de una petición de la parte. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación.
(Vid. Sentencia N° 1307, de fecha 22 de junio de 2005, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
De tal forma que apelación y consulta persiguen la revisión de la sentencia, que en el presente caso se trata del sobreseimiento de la traería como consecuencia un retraso en la resolución de las posibles deficiencias que pudiera tener la decisión objeto de consulta, cuestionada por la denunciante antes identificada, y en atención a los postulados constitucionales que definen al proceso como instrumento para la realización inútiles, es por lo que esta Corte, a pesar de no haberse oído el recurso de apelación por la razones antes referidas, no declara la reposición de la causa, pues la misma carecería de utilidad, toda vez que por imperio de la consulta legal a que está sometido el presente fallo, su fundamentos serán examinados de forma íntegra. Y así se establece.
V DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Resuelto el anterior punto previo, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:
observa esta Corte Disciplinaria Judicial que el a quo analizó en primer término la solicitud de la IGT, en cuanto a la fijación de una audiencia oral y pública para oír a la denunciante y declaró improcedente dicha solicitud, asimismo, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana BETTI OVALLES LOBO, Jueza Titular del Juzgado Superior de lo Cotencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de conformidad con el artículo 71.1 del Código de Ética por considerar que los hechos denunciados no se realizaron.
Respecto al pronunciamiento proferido por el a quo en relación a la improcedencia de la fijación de una audiencia oral para oír a la denunciante, solicitada por la IGT, esta Corte estima necesario reiterar el criterio sostenido en forma pacífica en cuanto a la improcedencia de dicho acto, tal como apropiadamente lo señaló la decisión objeto de la presente consulta, según el cual los actos procesales deben efectuarse de forma irrestricta conforme a las previsiones normativas que establezcan las leyes, ello en acatamiento del principio de legalidad de las formas procesales, no siendo disponible por las partes o por el juez, subvertir o modificar el trámite, ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en que deben realizarse los actos del proceso, ello aunado a la disposición normativa prevista en el artículo 11 del texto normativo disciplinario que establece que la justicia deberá impartirse de manera oportuna y expedita, sin dilaciones indebidas, conforme a los procecimientos establecidos en la Ley.
En ese sentido, esta superior instancia estima ajustada a derecho la motivación esgrimida por el TDJ para negar dicho pedimento, por lo tanto resulta ineludible confirmar el pronunciamiento del a quo en relación a la negativa de celebración de una audiencia oral y pública para debatir el sobreseimiento. Y así se declara.- Ahora bien, respecto al sobreseimiento acordado, estima oportuno esta Alzada, reiterar lo señalado en otros fallos en relación al sobreseimiento previaco en la norma adjetiva disciplinaria, el cual constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales en forma anticipada, siendo de la exclusiva competencia de la autoridad judicial su decreto, siempre que resulte acreditado de forma concluyente cualquiera de las causales previa y taxativamente establecidas por el legislador en la norma regulatoria, vale decir, que el hecho del proceso no se realizó; que no puede atribuírsele al juez denunciado; que el hecho no sea típico; que la acción disciplinaria haya prescrito; que resulte acreditada la cosa juzgada; que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, o por la muerte del juez; tal declaratoria por parte del órgano jurisdiccional, comporta previamente un examen exhaustivo de todos los supuestos establecidos en la norma que regula dicha figura procesal, para poder arribar al convencimiento de la proceso.
En relación a la causal de sobreseimiento invocada en la sentencia sometida a consulta, contemplada en el numeral 1 de artículo 71 del Código de Ética, este Órgano Colegiado ha destacado, que la misma comporta dos
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situaciones disimiles y excluyentes, por un lado, cuando de la investigación resulte que el hecho objeto de la misma no se realizó, y por otro, que existiendo la convicción acerca de la realización del hecho presuntamente sancionable, no sea posible atribuir la responsabilidad o parte de la misma al sujeto investigado; destacando que la primera situación, se configura cuando el elemento objetivo del hecho denunciado no se haya demostrado en la realidad; consiste básicamente en que el juez disciplinario ha arribado a un alto grado de certeza de que la conducta presumiblemente reprochable por la que se originó la investigación no existió, se trata pues, de la inexistencia fáctica del hecho objeto del proceso disciplinario.
En relación a la segunda situación, es decir, que el hecho denunciado no pueda ser atribuido al sujeto investigado, refiere la existencia del hecho disciplinable el cual una vez verificado por la instancia investigadora, resulta imposible establecer la responsabilidad del juez o jueza en la realización del mismo, por acción u omisión (Vid. Sentencia N° 13, de fecha 27 de abril de 2017 Corte Disciplinaria Judicial).
En el caso en estudio, se evidencia que la IGT solicitó el sobreseimiento de la investigación seguida a la jueza BETTI OVALLES LOBO, con fundamento al numeral 1, del artículo 60 del derogado Código de Ética, por cuanto a su juicio los hechos denunciados no pueden atribuírsele a la jueza investigada, decretando el órgano jurisdiccional el mencionado sobreseimiento conforme al numeral 1, del artículo 71 del vigente Código de Ética, al establecer que los hechos objeto de la denuncia no se realizaron.
Respecto a lo explanado y solicitado por la IGT, la primera instancia disciplinaria indicó que procedería a determinar si en el presente asunto los hechos denunciados se realizaron y si pueden ser atribuidos a la jueza investigada a tenor del artículo 60, numeral 1 del derogado Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actualmente artículo 71 numeral 1 del Código de Ética.
En el caso sub examine observa esta Corte que el primer hecho constitutivo de la denuncia fue la omisión de pronunciamiento de la diligencia de fecha 30 de noviembre de 2009 presentada por la denunciante ISABEL VALDERRAMA ROJAS, en la que señaló que el Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar, no había acatado lo ordenado por el Juzgado a cargo de la jueza investigada en la sentencia de amparo constitucional de fecha 2 de julio de 2009, por cuanto había sido trasladada del Ambulatorio Tipo I La Sabanita, al Ambulatorio Urbano Tipo I de Brisas del Orinoco de Ciudag Bolívar, considerando la denunciante que le fueron vulnerado sus derechos constitucionales.
Quienes aquí deciden, pudieron constatar que riela a los folios 11 y 12 de la pieza 4, auto de fecha 3 de diciembre de 2009 dictado por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar a cargo de la jueza investigada, en el cual se refiere y da respuesta al escrito presentado el 30-11-2009 por la accionante en amparo y denunciante ante la IGT, indicando que una vez necesidad de abrir la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del CPC, efectivamente mediante auto de fecha 28 de enero de 2010 (folio 22 de la pieza 4) se ordenó la apertura de la referida articulación probatoria, a fin de que las partes involucradas realizaran sus respectivas afirmaciones y en fecha 7 de julio de 2010 emitió la respectiva decisión (folio 22 de la pieza 4) En tal sentido y visto lo constatado en autos, esta Corte Disciplinaria Judicial considera acertado y ajustado a los supuestos de procedencia para el decreto del sobreseimiento de la investigación previsto en el numeral 1 del artículo 71 numeral 1 del Código de Ética, es decir la omisión de pronunciamiento judicial delatada por la denunciante, no se realizó, pues cursa en las actas procesales el pronunciamiento judicial señalado como inexistente, razón por la cual se confirma el sobreseimiento decretado al respecto por el TDJ. Y así se decide.- En cuanto al segundo hecho denunciado, vale decir, que la jueza Betti Ovalles Lobo no se pronunció acerca de las diligencias de fechas 12 y 19 de julio de 2010 presentadas por la denunciante Isabel Valderrama Rojas, relacionadas con la solicitud de remisión de copias certificadas de la decisión del expediente a la autoridad competente a fin de que resuelva la procedencia o no de la medida disciplinaria contra el funcionario público culpable de la violación de sus derechos e incurrir en desobediencia a la autoridad por incumplimiento del mandamiento de amparo constitucional.
En relación a esta denuncia, esta Alzada luego de una exhaustiva revisión de las actas procesales, pudo evidenciar que a los folios 87 al 89 de la pieza N° 4 del expediente cursa decisión de fecha 7 de julio de 2010, en la cual la juez denunciada se pronuncia luego de vencida la articulación probatoria de conformidad con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, declarando improcedente la solicitud formulada por la accionante en amparo respecto a mantenerla en el mismo lugar donde prestaba sus servicios antes de su desincorporación, pues el traslado de un centro asistencial a otro del que fue objeto la accionante, constituían una situación jurídica nueva, que excedía de la resolución judicial que ordenó su reincorporación al trabajo a través del mandamiento de amparo constitucional; del mismo modo, a los folios 94 y 95 de la pieza 4, corre inserta decisión emitida por la jueza denunciada de fecha 22 de julio de 2010, mediante la cual ratificó el contenido de la decisión de fecha 7 de julio de 2010, reiterando la improcedencia de lo solicitado por la denunciante.
En efecto, de la lectura de la decisión interlocutoria proferida por la juzgadora denunciada de fecha 22 de julio de 2010, se evidencia que en la misma se dio respuesta a las solicitudes formuladas por la ciudadana Isabel Valderrama en fechas 12 y 19 de julio de 2010, pues ambas estaban referidas al presunto desacato por parte del Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar del mandamiento de amparo constitucional emitido en fecha 2 de julio de 2009, para lo cual solicitó en la primera diligencia medida disciplinaria para el funcionario responsable, así como la remisión de recaudos al Ministerio Público y en la segunda diligencia requirió la denunciante que se oficiara al Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar para que acatar a la mencionada decisión de amparo, en virtud de lo antes señalado esta Corte coincide con el TDJ en cuanto a que el hecho objeto de esta segunda denuncia no se realizó, por lo que considera procedente el sobreseimiento decretado por la primera instancia, conforme al artículo 71.1 del Cídigo de Ética. Y así se decide.- Finalmente, establecidas así las consideraciones anteriores, esta Corte Disciplinaria Judicial debe declarar RESUELTA la consulta obligatoria sobre el sobreseimiento y en consecuencia confirmar la sentencia N° TDJ- SD-2016-013, dictada en fecha 21 de abril de 2016, por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la causa N° AP61-S-2016-000020, nomenclatura que conserva. Y así se decide.
VI DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ-SD-2016-013, dictada en fecha 21 de abril de 2016 por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana BETTI OVALLES LOBO, titular de la cedula de identidad N° V- 8.0381579, Jueza Titular del Juzgado Superior de lo Contencioso Admiistrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de conformidad con el artículo 71 numeral 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por la denuncia interpuesta en su contra por la ciudadana ISABEL VALDERRAMA ROJAS, en virtud que los hechos denunciados no se realizaron. SEGUNDO: CoNFIRMA la sentencia N° TI$J-SD-2016-013 de fecha 21 de abril de 2016, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial mediante el cual DECRETÓ el sobreseimiento del procecimiento disciplinario, de conformidad con lo previsto en el artículo 71, numeral 1, del Código de Ética, en relación a los hechos analizados en el presente fallo.
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.
Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Dada, sellada y firmada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas a los (2) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017). Año 207° de la Independencia y 158°de la Federación.
JUEZ PRESIDENTE,
TULIO SIMÉNEZ RODRIGUEZ VICEPRESIENTA-PONENTE,
MERLY MORALES HERNANDEZ JUEZA PRINCIPAL, ANA CECILIA ZULUETA ROBRÍGUEZ
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SECRETARIA (E)h)
CARMEN CARREÑO
Hoy, jueves 26 de octubre del año dos mil diecisiete (2017), siendo la 01:40 p.m., se publicó la anterior decisión bajo el N° 31.
La Secretaria, (E)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
EXPEDIENTE N° AP61-S-2017-000101 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ.
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SI-2017-23, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante TDJ) en fecha 26 de abril de 2017 en el cuaderno separado N° A161-I-2015-000017, (Causa principal N° AP61-D-2015- 000101), nomenclatura del TDJ, mediante la cual decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana GLORIA URDANETA DE MONTANARI, titular de la cédula de identidad N° V- 5.165.634, de conformidad con el artículo 71 numerales 2 y 5 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética), por las actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones como Jueza del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental con Sede en Maracaibo, estado Zulia.
| ANTECEDENTES La presente investigación disciplinaria se inició en virtud de la denuncia presentada ante la Inspectoría General de Tribunales (en lo adelante IGT), por el ciudadano DOUGLAS ANTONIO VALBUENA SANTOYO, titular de la cédula de identidad N° 3.454.763, abogado en ejercicio inscrito en el Inpreabogado bajo el número 14.219, quien denunció que la Juzgadora violentó el Principio de Igualdad Procesal al negar la solicitud de medidas cautelares innominadas que formuló, consistentes en la juramentación de tres expertos para practicar el avalúo de los locales, mercancía, etc, por las presuntas afectaciones de los ciudadanos ocupantes del Centro Comercial Las Playitas de Maracaibo, realizadas por la constructora Metro de Maracaibo; ya que en otros juicios similares, habían sido acordadas; asimismo, denunció violación al derecho a la defensa al privar o limitar el libre ejercicio de los medios o recursos para hacer valer sus derechos, por cuanto a su decir, le fue negado el acceso al expediente 11889.
Una vez efectuada la respectiva investigación disciplinaria, el órgano investigador disciplinario dictó acto conclusivo de fecha 07 de mayo de 2015, a través del cual entre otros pronunciamientos, solicitó el sobreseimiento de los hechos antes descritos por considerar que los mismos no se realizaron e interpuso acusación en relación a otras situaciones denunciadas como infracciones a las normas disciplinarias.
En fecha 4 de agosto de 2015, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial mediante oficio N° JDJ/OS/N° 00506-2015, acordó (emitir al TDJ, copias certificadas del acto conclusivo de la IGT, a los fines de su pronunciamiento respecto al sobreseimiento solicitado.
En fecha 5 de agosto de 2015, el TDJ dictó auto mediante el cual acordó abrir cuaderno separado para la tramitación del sobreseimiento solicitado y se designó como ponente al juez Hernán Pacheco Alviarez.
En fecha 26 de abril de 2017, el TDJ dictó decisión en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria seguida a la Jueza denunciada, en cuanto al primer hecho delatado conforme a lo previsto en el numeral 2 de artículo 71, y en relación al segundo hecho, dictó sobreseimiento con fundamento en el artículo 71.5, del Código de Ética vigente.
Por auto de fecha 08 de agosto de 2017, el TDJ ordenó la remisión de la presente causa a esta Corte Disciplinaria Judicial, contentiva de la decisión N° TDJ- SI-2017-023 de fecha 26 de abril de 2017, a los efectos de su correspondiente consulta obligatoria de ley; tal remisión se efectuó a través del oficio N° TDJ-866- 2017 de fecha 8 de agosto del corriente año.
En fecha 19 de septiembre de 2017, la Secretaría de esta Corte Disciplinaria ponencia correspondió, según el orden cronológico y alternativo a la Jueza MERLY JACQUELINE MORALES HERNANDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 26 de abril de 2017, la primera instancia de esta Jurisdicción Disciplinaria, dictó decisión con fundamento en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, el TDJ delimitó los hechos denunciados y constitutivos de la solicitud de sobreseimiento, a saber: 1) que la Jueza investigada violentó el Principio de Igualdad Procesal establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Amparo cautelares, que anteriormente había decretado en otros juicios similares; 2) presuntamente quebrantó el Principio de Derecho a la Defensa, al privar o limitar el libre ejercicio de los medios o recursos para hacer valer sus derechos, al mantener el expeciente en relatoría para la firma por parte de la Jueza o fuera del archivo, y negarse la Secretaría a facilitar el libro diario para verificar la actuación N° 59 del 24 de diciembre de 2008.
En cuanto al primer hecho denunciado referido a que la Jueza investigada quebrantó el Principio de Igualdad Procesal consagrado en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al negar las solicitudes de pretensiones cautelares y decretar en otros juicios similares la medida solicitada; al respecto el a quo con fundamento a lo esbozado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al Principio de Igualdad y en atención a los elementos de convicción que cursaban en autos, constató que la pretensión de la causa N° 10.266, nomenclatura del tribunal a cargo de la Jueza ( denunciada, donde fue decretada la medida cautelar, se refería a un recurso de (cd:) carencia o abstención conjuntamente con un amparo cautelar, intentado por el gremio de egucadores jubilados en contra de la Gobernación del Estado Zulia, donde se pretendía el pago de remuneraciones laborales y que si bien es cierto en el expediente N°11.889, nomenclatura del mismo tribunal, de igual forma se refería a un recurso de carencia o abstención en conjunto con un amparo cautelar, ambos casos eran consideró que la Jueza denunciada actuó de conformidad a lo establecido en el artículo 4 del Código de Ética y como consecuencia de ello decretó el sobreseimiento de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética, por no revestir carácter disciplinario.
Con respecto al segundo hecho denunciado donde la jueza presuntamente quebjantó en principio el Derecho a la Defensa al privar o limitar al denunciante, el libre ejercicio de los medios y recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos, por cuanto aseveró que no tuvo acceso al expediente, por encontrarse el mi$mo en relatoría para la firma por parte de la jueza y negarse la secretaría a facilitar el libro diario; luego de la revisión del expediente, el tribunal de mérito, no imposición de una sanción disciplinaria y en tal sentido subsumió la denuncia de este, hecho en el supuesto previsto en el numeral 5 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, referido a la imposibilidad de incorporar 2 nuevos elementos a la investigación, cambiando el numeral propuesto inicialmente por la IGT en la solicitud de sobreseimiento.
III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria y a tal efecto observa lo siguiente:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:
Articulo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el uez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuanco:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado.
disciplinario.
3. La acción disciplinaria haya prescrito.
4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
6. La muerte del juez o la jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de sta Alzada) La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta ura de las
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igualmente la consulta obligatoria a este Órgano Colegiado de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la Doble Instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario. De allí que el legislador de tan especialmateria, haya establecido la revisión por un Tribunal de Alzada, del fallo que declara la finalización del proceso como consecuencia del sobreseimiento y solo al verificarse los supuestos indicados en la norma aplicable, procederá su declaratoria.
Se puede evidenciar de la sentencia N° TDJ-SI-2017-23 dictada por el Tribunal de primera Instancia Disciplinaria en fecha 26 de abril de 2017, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la jueza Gloria Urdaneta de Montanari, al considerar que el primer hecho denunciado no se había realizado y en cuanto a la investigación, y dado que tales supuesto se encuentran dentro de los señalados por el legislador disciplinario resulta competente para su conocimiento este Órgano Superior; asimismo, el a quo mediante oficio N° TDJ-866-2017, de fecha 8 de agosto de 2017, ordenó la remisión del expediente a los efectos de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del artículo arriba citado; por todo lo antes expuesto esta sometida a su consideración. Y así se declara.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir el respectivo pronunciamiento, previa las siguientes consideraciones:
Esta Alzada, en reiterados fallos ha referido que el sobreseimiento previsto en nuestra norma adjetiva disciplinaria, constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales, en forma anticipada, al comprobarse la procedencia de uno de los supuestos contenidos en dicha norma (el hecho objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al Juez denunciado, que el hecho no sea típico, que la acción disciplinaria ha prescrito, que resulte acreditada la cosa juzgada, que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o la muerte del juez), y cuya comprobación por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial conllevando, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada.
(Vid. Sentencia N° 13, de fecha 20 de octubre de 2016 Corte Disciplinaria Judicial).
En ese sentido, observa esta Alzada que la IGT solicitó el sobreseimiento de la investigación de conformidad con lo establecido en el artículo 60 numeral 1 del Código de Ética vigente para la época (artículo 71.1 del vigente Código), por considerar que los hechos denunciados, vale decir, que la jueza violentó el Principio de Igualdad Procesal al negar la solicitud de medidas cautelares que había decretado en otros juicios similares; y quebrantó el Derecho a la Defensa del denunciante al privar o limitar el libre ejercicio de los medios o recursos para hacer valer sus derechos, no se habían realizado, razón por la cual, solicitaba el sobreseimiento de la investigación seguida a la jueza Gloria Urdaneta de Montanari.
Esta Alzada, al examinar los argumentos de fondo esgrimidos en la sentencia sometida a consulta los cuales comparte, considera conforme a la doctrina pacífica y T5 reiterada de nuestro Máximo Tribunal en materia de prescripción, como forma de materia de orden público y de prevalencia sobre cualquier otro fundamento, examinar si en las presentes actuaciones tal circunstancia se verificó.
En efecto en sentencia N° 255 de la Sala Constitucional del Tribunal $upremo de Justica, de fecha 5 de mayo de 2017, al resolver la acción de amparo constitucional incoado en contra de esta Corte Disciplinaria dictaminó:
"...la Corte Disciplinaria Judicial debió verificar la existencia de la hechos por los cuales se sustanció el procedimiento disciplinario judicial, como punto previo a la resolución de lo planteado en el recurso de cómputo correspondiente, desde la oportunidad en que acontecieron, hasta el comprobar si transcurrió el lapso prescripción de tres (3) años establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura ya deroga de..." (Resaltado de esta Corte) En sintonía con la anterior decisión, quienes aquí deciden, consideran oportuno referir el contenido del artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura aplicable ratio temporis, el cual estipulada que la acción disciplinaria prescribía a los tres (3) años, contados a partir del día en que se cometió el acto constitutivo de la falta y que el inicio del procedimiento disciplinario interrumpir la prescripción.
Ahora bien, en relación a la primera denuncia observa esta Alzada de las actas del presente expediente que el acto constitutivo del presunto ilícito disciplinario U0 corresponde a la resolución dictada por la Jueza denunciada, en fecha 14 de diciembre de 2007 (Folios 47 al 51 de la pieza 1), mediante la cual declaró improcedente la medida cautelar de amparo solicitada por el denunciante Douglas Valbuena Santoyo, actuando como apoderado judicial de los ciudadanos (Prospera Marielina Rojas, en contra de Metro de Maracaibo, C.A. la cual fue objeto de apelación y decidida por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 13 de mayo de 2009.
Por otro lado, se puede constatar del acto conclusivo presentado por la IGT (folios 4 al 19, pieza 1) que la fecha del inicio de la investigación fue el 20 de diciembre de 2012, de tal forma que habiéndose verificado el acto constitutivo de la presunta falta el 14 de diciembre de 2007, se colige que el tiempo transcurrido supera en demasía los tres (3) años, lapso establecido para que opere de pleno derecho la prescripción establecida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicable ratione temporis. Y así se decide.- Respecto al segundo hecho denunciado, vale decir la presunta vulneración del Derecho a la Defensa, al mantener el expediente en relatoría para la firma por parte de la Jueza y no facilitar la secretaría el libro diario a objeto de cotejar la actuación N° 59, se puede constatar que el hecho delatado se produjo con motivo de.
la verificación del asiento del libro diario llevado por el tribunal a cargo de la Jueza investigada, de fecha 24 de septiembre de 2008 y que según escrito de denuncia del 8-10-2008 (Folios 20 al 30, pieza 1), en esa fecha la jueza Gloria Urdaneta de Montanari, ordenó reponer el procedimiento al estado de "...comenzar de nuevo el juicio, señalando el denunciante que en fecha 26 de septiembre de 2008, tal actuación no se encontraba publicada.
De lo antes expuesto, quienes aquí deciden evidencian que los actos
septiembre del año 2008, por lo que hasta el 20 de diciembre de 2012, fecha en la cual el órgano de inspección y vigilancia inició la investigación disciplinaria, transcurrieron cuatro (4) años y tres (3) meses, desprendiéndose claramente que el tiempo transcurrido desde el hecho que dio origen a la denuncia hasta el inicio de la investigación sobrepasó el lapso para que operara de pleno derecho la prescripción establecida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicable en razón del tiempo en que sucedieron los hechos. Y así se establece.- Las circunstancias advertidas anteriormente, y con fundamento en la sentencia N° 255 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica antes citada, llevan a esta Instancia Superior a considerar el supuesto de prescripción con preeminencia a los demás supuestos establecidos para decretar el sobreseimiento, por ello, verificados los supuestos para decretar la prescripción de la acción disciplinaria de los hechos denunciados y suficientemente explanados, esta Alzada considera que lo procedente y ajustado a derecho es decretar el sobreseimiento de la investigación seguida a la jueza Gloria Urdaneta de Montanari, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.3 del Código de Ética. Y así se decide.- Corolario a lo anterior, esta Corte Disciplinaria Judicial declara RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ-SI-2017-23, dictada (n fecha 26 de abril de 2017 por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana GLORIA URpANETA DE MONTANARI, con fundamento en los numerales 2 y 5 del artículo 71 del Código de Ética, en los términos expuestos y se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN seguida a la ciudadana GLORIA URDANETA DE MONTANARI, con fundamento en el artículo 71.3 del vigente Código de Ética, a tenor de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Copsejo de la Judicatura, aplicable ratione temporis. Y así se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ-SI-2017-23, dictada en fecha 26 de abril de 2017 por el Tribunal Disciplinario Judicial, en el cuaderno separado N° A161-I-2015-000017, (Causa principal N° AP61-D-2015-000101), nomenclatura interna de dicho juzgado, mediante la cual decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación segunda a la ciudadana GLORIA URDANETA DE MONTANARI, titular de la cédula de icentidad N° V- 5.165.634, Jueza del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental con Sede en Maracaibo, estado Zulia, con fundamento en los numerales 2 y 5 del artículo 71 del Código de Ética, en los términos expuestos.
SEGUNDO: SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN seguida a la ciudadana GLORIA URDANETA DE MONTANARI, de conformidad con el artículo 71.3 del vigente Código de Ética, a tenor de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicable ratione temporis.
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.
Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado.
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Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Dada, sellada y firmada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judigial en la ciudad de Caracas a los treinta (30 ) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017). Año 207°de la Independencia y 158°de la Federación.
JUE PRESIDENTE,
TULIO JIMÉNEZRODRÍGUEZ
JUEZA PRINCIRAL fufuce ANACECILIA ZULUETA RODRIGUEZ
VICEPRESIDENTA-PONENTE
MERLY MORALES HERNÁNDEZ
SECRETARIA (E), g mmb CARMEN CARREÑO
Hoy lunes treinta (30) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 03:15 p.m. se publicó la anterior decisión bajo el N° 3.
La Secretaria (E),
CARMENCARREÑO
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CARACAS, OIde Dere 2017. 207° y 158° RESOLUCIÓN N° DdP-2017- 0 48 ALFREDO JOSÉ RUIZ ANGULO, venezolano, mayOr de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.444.336, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio del cargo desde el 05 de agosto de 2017, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.212 de fecha 11 de agosto de 2017, conforme a lo dispuesto en el numeral 40 del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 37.995 de fecha 05 de agosto de 2004, ratificado en el cargo por la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 17 de agosto de 2017, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.216, de fecha 17 de agosto de 2017, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; y Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud de lo establecido en los artículos 11 y 13 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos
República Bolivariana de Venezuela N° 40.212 de fecha 22 de julio de 2013 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Ótros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, contenido en la Resolución N° 001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.286 de fecha 4 de noviembre de 2013.
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CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interno antes identificado, la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuenta con una Secretaría Técnica, a cargo de una Secretaria o Secretario Técnico que será de libre nombramiento y remoción del Defensor del Pueblo.
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, numeral 7° del mencionado Reglamento Interno, corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes designar al Secretario o Secretaria Técnica de la Comisión.
RESUELVE:
Designar a la ciudadana MARÍA DEL SOCoRRO REYES ORTÍZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.094.047, como Secretaria Técnica Encargada de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a partir del día 1º de noviembre de 2017.
Comuníquese y Publíquese,
ALFREDO JOSÉ RUIZ ANGULO DEFENSOR DEL PUEBLO
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CARACAS, O de 201t 207° y 158° RESOLUCIÓN N° DdP-2017-049.
ALFREDO JOSÉ RUIZ ANGULO, venezolano, mayOr de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.444.336, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio del cargo desde el 05 de agosto de 2017, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.212 de fecha 11 de agosto de 2017, conforme a lo dispuesto en el numeral 40 del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.995 de fecha 05 de agosto de 2004, ratificado en el cargo por la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 17 de agosto de 2017, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.216, de fecha 17 de agosto de 2017 actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así 190 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con los artículos 10 y 66 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución N° DdP-2016-048, de fecha 03 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.959 del día 04 de agosto de 2016.
RESUELVE:
Designar a la CiudadanaDESIREE DEL CARMENBRACHO PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-17.461.899, quien ocupa el cargo de Profesional V, como Directora de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo de la Defensoría del Pueblo, en calidad de encargada, desde el día 16 de octubre de 2017, hasta nueva disposición.
Comuníquese y Publíquese,
ALFREDO JOSÉ RUIZ AÑGULO DEFENSOR DEL PUEBLO
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AVISOS
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE
JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA San Cristóbal, 14 de Agosto de 2017 207° y 158° CARTEL DE CITACIÓN SE HACE SABER:
A los ciudadanos José Ramón Ramírez, Isidoro Flores Anaya y Justiniano Belandria Acevedo, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V.- 6.744.716, V.- 22.641.171 y V.- 11.108.350, respectivamente, domiciliados en el Fundo Torondoy "Aldea Jordan", Municipio Fernández Feo, parroquia Alberto Adriani, Sector "Quebrada Grande", la "Y" del estado Táchira, en su carácter de codemandados en el expediente N° 8955-2013, incoado en su contra y en contra de los ciudadanos Ligia Leal Bastos, Marleni Labrador y Francy Nereida Valero Garcia, por la ciudadana Edita María Panza de Casanova, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.554.046, por Desalojo de Fundos, que deben comparecer por ante esta Instancia Agraria, a darse por citados en el término de tres (3) días de despacho, contados a partir de que la Secretaria deje constancia en autos de la fijación del Cartel y la consignación de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Se les advierte que si no comparecieren en el término indicado a darse por citados, se entenderá su citación con el funcionario al que corresponda su defensa. El presente cartel por aplicación del artículo 202 y la disposición Transitoria XV de la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, deberá ser publicado en el Diario La Nación y Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, íntegramente con nitidez y en dimensiones que permitansu fácil lectura.
Juez Proviaório, Abg. Lais Ronald Araque García, La Secretaria, Abg Carmen Rosa Sierra M.
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AÑO CXLV - MES I Número 41.269
Caracas, miércoles 1° de noviembre de 2017
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