Gaceta Oficial N° 41.207
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AÑO CXLIV - MES X Número 41.207 Caracas, viernes 4 de agosto de 2017
SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE Acuerdo mediante el cual se elige a las ciudadanas y ciudadanos que en el se mencionan, como integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente.-(Véase N° 6.320 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
Oficina de Auditoría Interna Auto Decisorio mediante el cual se declara la Responsabilidad Administrativa al ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se encarga al ciudadano Carlos José Guzmán Gómez, como Director General del Despacho, de este Ministerio; y tendrá las atribuciones que en ella se indican.
Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Jorge Luís Arcia Medina, como Director General de la Oficina de Servicios Administrativos, de este Ministerio; y se le delega la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección, que en ella se mencionan.
Resolución mediante la cual se nombra a la ciudadana
Germania Milagros Fernández Ferrante, como Directora General de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, de este Ministerio; y se le delega la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección, que en ella se especifican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE AGRICULTURA URBANA Resolución mediante la cual se regulan las competencias del Vicepresidente de la Corporación Venezolana para la Agricultura Urbana y Periurbana, S.A. (CVAUP), en los términos que en ella se indican.
Resoluciones mediante las cuales se designan a los
ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.
CIARA Providencias mediante las cuales se designan a la ciudadana y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.
MINISTERIO DE PODER POPULAR
DE PESCA Y ACUICULTURA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Amaranto Vargas Clemente, como Director General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, de este Ministerio, en calidad de Encargado.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resoluciones mediante las cuales se dictan los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de las Universidades Politécnicas Territoriales que en ellas se indican.-(Véase N° 6.321 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha).
CNU Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Francar Martínez Rangel, en su condición de Adjunto al Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), la firma de los actos y documentos que en ella se especifican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN Academia Nacional de la Historia Aviso mediante el cual se declara vacante el sillón Letra “D” por el sensible fallecimiento del Académico Germán Cardozo Galué.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Leyda Alejandra Guerrero Vielma, como Directora General del Despacho (E), de este Ministerio.
INEA Providencia mediante la cual se nombra al ciudadano Wilman Enrique Barrios Rodríguez, como Capitán de Puerto, en la Capitanía de Puerto de La Guaira, de este Instituto.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Resolución No. 00001, de fecha 04 de agosto de 2017, mediante la cual se resuelve designar, al ciudadano Daniel Alexander Moreno Cazorla, titular de la cédula de identidad N° V- 10.823.354, como Director General del Despacho, en calidad de Encargado, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
IND Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Pedro José Infante Aparicio, en calidad de Presidente (E) del Instituto Nacional de Deportes, las atribuciones contenidas en los numerales 4, 7 y 9 del Artículo 31 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, relativas a la autorización expresa de todo acto de administración, así como la adquisición, enajenación o gravamen de bienes muebles e inmuebles, hasta por la cantidad que en ella se indica, y la firma de convenios interinstitucionales.
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437.006 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 4 de agosto de 2017
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES,
JUSTICIA Y PAZ
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Vencido el plazo de los quince (15) días hábiles que disponía el interesado legítimo para indicar las pruebas que produciría en el Acto Oral y Público, con la finalidad de desvirtuar los elementos de convicción o prueba indicados en el Auto de Apertura, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 91 de su Reglamento, se constató que el referido ciudadano no indicó pruebas ni consignó escrito alguno en relación con los hechos imputados, ni por sí ni mediante abogado.
II MOTIVA A los fines de la mejor comprensión de las circunstancias que motivaron este procedimiento, quien suscribe estima pertinente referir nuevamente que el día 04 de abril de 2009, el ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, titular de la cédula de identidad N° V-15.573.064, quien para la fecha de la ocurrencia del hecho estaba adscrito a la Dirección de Investigaciones (Servicios de Motorizados) de la Extinta Policía Metropolitana (PM), se encontraba franco de servicio, siendo aproximadamente las 11:30 p.m., se dirigió en compañía de la ciudadana Yoleida Palacios, al Hotel Josca, ubicado en la Avenida Oropeza Castillo, Sector San Antonio, Urbanización Sabana Grande, Parroquia El Recreo, Caracas, Distrito Capital, Municipio Libertador, cuando ingresaron a dichas instalaciones, fueron abordados presuntamente por seis (6) sujetos desconocidos, quienes se encontraban cometiendo un robo a todos los empleados y clientes presentes en el lugar, dichos sujetos portaban armas de fuego, y bajo amenaza de muerte conminaron a todas las personas que se hallaban en la recepción, incluyendo al ciudadano antes mencionado, a entregar sus pertenencias, oportunidad en la cual uno de ellos lo requisó y lo despojó de su arma de reglamento, tipo Pistola, Marca Glock, Modelo 17, Calibre 9mm, Serial LRD385, que le había sido asignada para el cumplimiento de sus funciones policiales.
Ahora bien, este tipo de conducta pudiera constituir los supuestos generadores de responsabilidad administrativa previstos en los numerales 2 y 29 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF, en lo atinente a la presunta negligencia en la preservación y salvaguarda de bienes del patrimonio público, así como a la realización de un_acto que sería contrario a una norma de rango sublegal;
aunado a lo anterior, en atención al presunto daño que pudiera haberse causado al patrimonio público, sería susceptible de comprometer su responsabilidad civil mediante la formulación de un reparo a tenor de lo previsto en el artículo 85 del mencionado instrumento legal, en concordancia con el artículo 1.185 del Código Civil.
En el marco del presente procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, se advierte que el precitado ciudadano no presentó escrito a través del cual presentara argumentos o indicara pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con el artículo 91 de su Reglamento.
Llegada la oportunidad procedimental a que alude el artículo 101 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con los artículos 92 al 97 de su Reglamento, expresaran en forma oral y pública los argumentos que consideraran les asisten para la mejor defensa de sus derechos e intereses y, de estimarlo procedente evacuaran las pruebas que apoyarán su defensa, a saber el día 17 de abril de 2017, a las 9:00 a.m., se dio formal inicio a dicho acto y constatada la ausencia del ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty o de su representante legal ante este Órgano de Control Fiscal Interno, se acordó en beneficio a su derecho a la defensa, conceder un plazo de diez (10) minutos, el cual una vez agotado sin haberse verificado asistencia alguna, quien suscribe procedió a dictar la decisión con fundamento en los elementos de convicción y prueba cursantes en autos.
De todo lo actuado se dejó constancia en el Acta levantada al efecto (folios 25 y 26 y sus vueltos de la pieza 2 del expediente administrativo), identificado con las siglas y número MPPRIJP-AI-PADR-001-2017.
Efectuadas las anteriores consideraciones y sobre la base del acervo probatorio cursante en autos, se advierte que los hechos que motivaron el inicio del procedimiento administrativo que hoy nos ocupa, se desprende como ya fue señalado del contenido del Informe que el interesado legítimo presentó a la Inspectoría General de la extinta Policía Metropolitana, cursante al folio 20 de la pieza 1 del expediente, del cuyo contenido se pone de manifiesto que el ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, estaba franco de servicio y a pesar de ello, portaba el arma de reglamento, en el horario y ubicación geográfica ya mencionada, efectuando actividades de índole personal a que se ha hecho referencia en la presente decisión, contribuyendo con su conducta a la pérdida del citado bien, puesto que el día de la ocurrencia del hecho no se evidencia su inclusión-en la Orden de los Servicios de Motorizados N°094, emanada de la Dirección de Investigaciones, correspondiente a los días 04 y 05 de abril del 2009, (folios 15 al 17 de la pieza 1 del expediente administrativo), hecho que fue ratificado en el Informe supra mencionado.
Se debe acotar que el hecho descrito, fue puesto del conocimiento ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), Dirección de Investigaciones de Delitos Contra el Patrimonio Económico (División Contra Robos), por el aludido ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, según se evidencia de la Denuncia signada con el N° H-640.927 (folio 18 de la pieza 1 del expediente administrativo).
Este reconocimiento expreso realizado por el imputado lejos de desvirtuar el hecho investigado, lo confirma, toda vez que la conducta demostrada dista del deber de custodia, preservación y salvaguarda del arma de reglamento que le había sido debidamente asignada por la extinta Policía Metropolitana (PM).
El hecho descrito, como ya ha sido indicado pudiera configurar el supuesto generador de responsabilidad administrativo previsto en el numeral 2 del del artículo 91 de la LOCGRYSNCF, en lo que atañe a la actuación negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes que integran el patrimonio público. El mencionado dispositivo establece:
"Artículo 91.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:
(omissis) 2.- La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley." (Negrillas nuestras).
En este orden de ideas, el legislador enumera las formas de actuar (omisión, retardo, negligencia o imprudencia) que son vedadas al funcionario, que por su particular situación dentro del ente administrativo respectivo derivado del cargo que ostenta, incumpla sus deberes y funciones, sin que sea requerido que se materialice o concrete el daño.
En el caso que nos ocupa, el supuesto relativo a la negligencia en la preservación y salvaguarda de bienes del patrimonio público, está referido, como su texto claramente lo indica, a la falta de diligencia o falta de cuidado, en el desempeño de las funciones de conservación, resguardo, defensa o protección de bienes del patrimonio público, que de conformidad con el conjunto de normas que regulan la actividad administrativa inherente al Estado, corresponde a todo funcionario en el ejercicio de sus competencias públicas y a todos aquellos particulares que administren, manejen o custodien bienes o recursos afectados al cumplimiento de finalidades públicas, provenientes de los entes y organismos, sujetos a las disposiciones de la citada Ley al control, vigilancia y fiscalización del órgano de control fiscal externo o interno, según corresponda.
El comportamiento negligente aludido, se materializa cuando el funcionario actúa con desidia, dejadez, o falta de cuido por no adoptar una conducta que permita tomar las precauciones o prever posibles consecuencias perjudiciales a la Administración Pública, es la falta de uso de los poderes activos en virtud de los cuales un individuo, pudiendo desarrollar una actividad; no lo hace por pereza psíquica, lo cual es diametralmente opuesto a la conducta que se exige a la de un buen padre de familia, que se caracteriza por un comportamiento serio y razonable, prudente y diligente ante una situación determinada.
De tal manera, que el funcionario público que se presenta bajo el aspecto de la norma in comento, puede ser susceptible de ser declarado responsable en lo administrativo, en el supuesto de verificarse el incumplimiento de deberes y funciones y conductas contrarias a la de preservación y salvaguarda de los bienes que le son confiados, es decir que, el funcionario de la administración pública debe ser previsivo, precavido y diligente, circunstancias asimilables a la conducta de un buen padre de familia en lo referente a la preservación, cuidado, prudencia y salvaguarda de los bienes bajo su custodia y no lo contrario cuando despliega una conducta irregular, negligente, retardada u omisiva que como consecuencia directa del incumplimiento del deber del funcionario, puede causar un perjuicio, detrimento, deterioro o pérdida de bienes patrimoniales pertenecientes al ente u organismo que se los asignó.
La negligencia a su vez, consiste en omitir la realización de ciertas actuaciones, es decir, no cumplir aquello a lo que se está obligado hacer, o hacerlo con retardo. De modo tal, que una actitud de dejadez, desidia o abandono, frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida por el buen padre de familia, ocurre en perjuicio de los intereses que corresponde tutelar, ello constituye la negligencia.
En relación a la negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, debe hacerse especial énfasis en la conducta, bien sea activa u omisiva, asumida por un funcionario que, directa o indirectamente, tenga incidencia en el patrimonio público del ente u organismo para el cual presta sus servicios. En este sentido, estaríamos en presencia de un funcionario público negligente, cuando éste asume una conducta del descuido o falta de cuido, que redunde en detrimento del patrimonio del ente u organismo afectado.
Al respecto, la doctrina patria ha fijado posición en cuanto a los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, y en lo atinente a una conducta negligente, ha sido conteste con el desarrollo que antecede al señalar de manera coincidente que ésta implica una falta, un dejar de emanar o ejecutar un acto que se habría debido emanar o ejecutar, por disposición de la ley, según las prácticas administrativas o reglas de buena administración, por lo que éstas conductas, cobran mayor importancia si se tiene en cuenta que los funcionarios públicos, y los particulares, si fuere el caso, desempeñan cargos o ejercen funciones, estrechamente relacionados con la custodia de bienes o fondos públicos.
En este sentido, la Sentencia emanada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 14 de noviembre de 2011 y recaída en el expediente identificado con las siglas y números AP42-N-2008-000146, señaló respecto a la negligencia lo que a continuación se transcribe:
"La negligencia a su vez, consiste en omitir la realización de un acto, es decir la omisión en no cumplir aquello a que se estaba obligado, en hacerlo con retardo, es la falta de uso de los poderes activos en virtud de los cuales un individuo, pudiendo desarrollar una actividad, no lo hace por pereza psíquica." Por otra parte, es preciso señalar que la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en Sentencia N° 00872 de fecha 17 de julio de 2013, recaída en el Expediente N° 2011-0791, en relación con el cuido que debe tener un agente policial respecto a los bienes que integran la dotación de la que es responsable, al indicar que: "... entre las facultades de los funcionarios se encuentra el uso de armas de fuego (..) por ello, todo funcionario policial (...) tiene la obligación de preservarla, más aun cuando pudiera constituir la única posibilidad de sobrevivencia tanto del funcionario que la porta, como de terceras personas", siendo indudable que el funcionario
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policial debe resguardar y preservar, tanto el arma de fuego que porta, como los demás bienes policiales asignados (chalecos, esposas, radios portátiles, bastón pegable, entre otros) por lo tanto, debe agotar todos los recursos tácticos disponibles para conservar y resguardar su arma de fuego, por cuanto la falta o inobservancia de los controles puede favorecer que personas no autorizadas hagan de ellas uso indebido, lo cual atenta contra la estabilidad y seguridad de toda la comunidad.
En el presente caso, ha quedado evidenciado que el ciudadano wILLY UBALDo CASTRo RosETTY, ya identificado, comportó una conducta que dista del deber de cuido del bien público asignado para el cumplimiento de una función policial, lo cual permite a quien suscribe subsumir la conducta en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 2 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF, toda vez que estando franco de servicio portaba el arma de reglamento al momento que ocurre el hecho descrito previamente y del cual resultó la pérdida del bien que nos ocupa.
La situación descrita con anterioridad, a su vez, pone de manifiesto, la desatención al marco regulatorio de la actuación policial aplicable al caso en concreto; desacato que, adicionalmente, permitió a este órgano de control fiscal interno subsumir la conducta en el numeral 29 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF, que establece:
"Artículo 91.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:
(omissis) 29.- Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno". (Negrillas nuestras).
En relación al supuesto normativo, supra transcrito, se debe señalar que el legislador lo circunscribe a aquellas actuaciones del funcionario que resulten contrarias a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas normativas internas, los manuales de sistemas y procedimientos dictados dentro del ámbito del control interno, con el propósito de salvaguardar el patrimonio público y procurar la eficiencia y legalidad de los procesos y operaciones institucionales.
Respecto al aludido supuesto generador de responsabilidad administrativa, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Sentencia Nº 488 de fecha 30 de marzo de 2004, ha destacado lo siguiente:
"(...) la Sala considera que por razones de técnica legislativa, ante la multiplicidad de normativas dictadas en esta materia y el dinamismo que pudieran revestir los mecanismos utilizados por los organismos, o entidades para regular su sistema de control interno, el artículo 91 de la Ley no puede enumerar todas y cada una de dichas normas, bajo el riesgo de excluir alguna de ellas o de que pierda su vigencia en el tiempo cuando se modifique, o elimine algunas de ellas. Por lo cual el numeral 29 del referido artículo 91, no resulta ambiguo, ya que de la redacción del legislador se desprende que no está referido a un número ilimitado de actos hechos u omisiones, sino que se circunscribe o limita a aquellas actuaciones que resulten contrarias a una norma legal o sublegal al plan de organización, las políticas normativas internas, los manuales de sistemas y procedimientos dictados dentro del ámbito del control interno con el propósito de salvaguardar el patrimonio público y procurar la eficacia y legalidad de los procesos y operaciones institucionales (.)" (Negrillas nuestras).
La Sala estima que el numeral 29 del artículo 91 de la normativa impugnada, se ajusta a las tendencias más recientes que ha asumido la doctrina respecto al principio de la legalidad de las penas y las infracciones, por cuanto el ilícito administrativo que da lugar a la responsabilidad ha sido especificado por el legislador de manera clara y cierta, con lo que se logra que el administrado conozca anticipadamente el hecho prohibido y las consecuencias de sus actos, a los fines de evitar aquellas conductas que pudieran ser objeto de sanción, y por la otra que no quede a la discrecionalidad de la autoridad contralora de que se trate la determinación arbitraria de la correspondiente figura delictual y la potestad irrestricta para imponer sanciones. En realidad lo que se sanciona es la violación de normas, así como de formas de proceder establecidos, como son las que recogen los manuales de sistemas y procedimientos.
Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico establece así un régimen o mecanismo de responsabilidad que dirige a tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa así como el patrimonio público, todo ello en favor de los ciudadanos y las instituciones en general; así pues, a través de la institución de la responsabilidad, se pretende que los servidores del Estado se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.
En este contexto, resulta oportuno traer a colación, el Oficio Nº DG-DAL.795- 109 de fecha 12 de marzo de 2009, suscrito por el Comisario Jefe (PM) Carlos Alberto Meza, para entonces Director General de la Policía Metropolitana, dirigido al Dr. José Eliseo Arias, Coordinador Integral Legal Contencioso Funcionarial de la Procuraduría General de la República, mediante el cual estableció un criterio claro e inequívoco sobre el deber de entregar el arma de reglamento y las prendas policiales cuando no se estaba prestando la función policial (franco de servicio), (folios 52 y 53 del expediente administrativo -pieza 1-).
Adicionalmente, conviene considerar los Lineamientos suscritos por el Comisario Jefe (PM) Julio Pastor Montilva, para entonces Inspector General de la Policía Metropolitana y por el Comisario General (PM) Lázaro Forero López, quien se desempeñaba como Director General de la Policía Metropolitana, los cuales se referían al Dictamen emanado de Consultoría Jurídica de la Contraloría Metropolitana de fecha 15 de julio de 2003, relacionado con el procedimiento Administrativo aplicable en aquellos casos de daños, deterioro o extravío de Bienes de la Policía Metropolitana, así como el uso de armas policiales de parte de los funcionarios que se encontraban franco de servicio, y a tal efecto, las disposiciones de carácter general de esos lineamientos, específicamente las identificadas en los numerales uno (1) y tres (3), (folios 57 al 59 de la pieza 1 del expediente administrativo), a tal efecto expresa lo siguiente:
"1) El funcionario a quien se le hayan asignado recursos materiales_ será_ responsable_de_ controlarlos,_vigilar los, cuidarlos,_y reasignarlos, exclusivamente en beneficio de la Institución Policial,_descartando el beneficio personal, _en todo momento.
3) El uso de los recursos materiales y humanos, para actividades distintas a las debidamente asignadas,_deben estar autorizadas por el Supervisor Inmediato, previa elaboración de un Acta donde conste los detalles y fundamente la motivación que le dio origen..." (Subrayado y Negrilla Nuestra).
En este contexto, conviene destacar que las instrucciones parcialmente transcritas, quedaron contenidas a su vez en la Orden del Día N.° 101 de fecha 09 de abril de 2004, suscrita por el Comisario José Mambel Pérez, para entonces Director de Logística, (folio 56 de la pieza 1 del expediente administrativo), es por ello que con base en el principio de legalidad que informa la actuación de la Administración Pública, cuyo sustrato constitucional está previsto en los artículos 137 y 141, eran del conocimiento de todos los integrantes de la Policía Metropolitana, toda vez que tales "Disposiciones de Carácter General" contenidas en la mencionada Orden del Día, se fundamentan, a su vez, en el artículo 33 numeral 7 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 4 de la ley Contra la Corrupción, que a la letra establecen:
"Artículo 33. Además de los deberes que imponga las leyes y los reglamentos, los funcionarios o funcionarias públicos estarán obligados a:
(omissis) 7. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la Administración Pública confiados a su guarda, uso o administración." "Artículo 4. Se considera patrimonio público aquel que corresponde por cualquier título a:
1) Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.
(omissis) 3) Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público de los distritos y distritos metropolitanos.
(omissis)" De las normas parcialmente transcritas y que fundamentan la actuación policial de acuerdo a la Orden del Día en comentario surge el deber de vigilar, conservar y salvaguardar los bienes del patrimonio público, entre otros, el arma de reglamento cuya pérdida motiva la presente acción fiscal, bien que integra el patrimonio público a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Contra la Corrupción, de allí que es imperante para todo funcionario público, circunscribir su actuación al marco constitucional, legal y sublegal, antes mencionado, so pena de comprometer su responsabilidad a tenor de lo previsto en el artículo 25 constitucional.
En este contexto, es conveniente puntualizar que con ocasión de la supresión y liquidación de la Policía Metropolitana de Caracas, ordenada a través de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Disposición Transitoria Décima), cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 Extraordinario de fecha 07 de diciembre de 2009, sus funciones fueron asumidas por el entonces Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (en la actualidad Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz), situación que pone de manifiesto que en sus originen dicha estructura pública estaba comprendida en el supuesto previsto en el numeral 3 del artículo 4 de la parcialmente citada Ley Contra la Corrupción y posteriormente, al integrarse a las funciones del órgano del Ejecutivo Nacional en comentario, queda comprendida en el numeral 1 del dispositivo legal que nos ocupa, de allí que es inconcuso sostener que los bienes asignados para su funcionamiento, al formar parte del patrimonio público, estarán sometidos al marco regulatorio analizado en la presente decisión, de allí que los funcionarios cuya actuación se aparte a los deberes formales y cuido de tales bienes, podrán ver comprometida su responsabilidad penal, civil y administrativa, en atención a lo dispuesto en los artículos 25 y 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De tal forma, que la conducta asumida por el ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, es contraria al marco regulatorio emanado del órgano policial del cual formaba parte y de la que se hizo expresa referencia en las líneas que anteceden, por cuanto portaba el arma de reglamento en la realización de actividades de índole personal, es decir, al margen del cumplimiento de la función policial e indefectiblemente en la inobservancia de todas las acciones que garantizaran la efectiva guarda, custodia y preservación
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del bien que le fue asignado para el cumplimiento de la función policial; así se tiene que la actuación contraviene expresamente lo preceptuado en los documentos que se mencionan seguidamente:
Oficio N° DG-DAL.795-109 de fecha 12 de marzo de 2009, suscrito por el Comisario Jefe (PM) Carlos Alberto Meza, para entonces Director General de la Policía Metropolitana, dirigido al Dr. José Eliseo Arias, Coordinador Integral Legal Contencioso Funcionarial de la Procuraduría General de la República, que estableció un criterio claro e inequívoco sobre el deber de entregar el arma de reglamento y las prendas policiales cuando no se estaba prestando la función policial, es decir al estar franco de servicio.
(Folios 52 y 53 de la pieza 1 del expediente administrativo).
Lineamientos suscritos por el Comisario Jefe (PM) Julio Pastor Montilva, para entonces Inspector General de la Policía Metropolitana y por el Comisario General (PM) Lázaro Forero López, quien se desempeñaba como Director General de la Policía Metropolitana, particularmente en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 antes transcritos. (Folios 57 al 59 de la pieza 1 del expediente administrativo).
●Orden del Día N° 101 de fecha 09 de abril de 2004. (Folio 56 de la pieza 1 del expediente administrativo) Adicionalmente, los hechos descritos además de haber evidenciado por una parte, la actuación negligente del agente policial y, por la otra, la desatención al marco regulatorio básico en cuanto a la custodia de bienes exclusivamente destinados al cumplimiento de la función policial, como ya ha sido señalado, trajo como consecuencia un daño cierto al patrimonio de la República.
Es por ello que, expuestas la circunstancias fácticas que rodean la pérdida del arma orgánica y la base normativa que regula la administración, uso y custodia de la misma, quien suscribe reitera que el interesado legítimo desempeñó una conducta negligente, no cónsona con la que debería desplegar el buen padre de familia, al no cumplir en primer lugar aquello que estaba obligado hacer, es decir resguardar el arma reglamentaria al estar franco de servicio y, en segundo término, al contrariar el marco regulatorio establecido en: i) Oficio N° DG-DAL.795-109 de fecha 12 de marzo de 2009, ii) los lineamientos aprobados por el Comisario Jefe (PM) Julio Pastor Montilla, para la fecha Inspector General de la Policía Metropolitana y por el Comisario General (PM) Lázaro Forero López, quien se desempeñaba como Director General de la Policía Metropolitana y, ii) Orden del Día N°101 de fecha 09 de abril de 2004.
Lo anterior, permite a quien suscribe subsumir la conducta en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa invocados en el auto de apertura (Artículo 91 numerales 2 y 29 de la LOCGRYSNCF), en lo atinente a la negligencia, y a la realización de un acto contrario a una norma de rango sublegal, situación causante de daño patrimonial en los términos expuestos.
Aunado a lo anterior, la situación descrita en los párrafos precedentes, como ya fue indicado genera responsabilidad civil por los daños causados al patrimonio público, en atención a lo previsto en el artículo 85 de la LOCGRYSNCF, norma que debe ser concordada con el artículo 1.185 del Código Civil, dicho reparo estaría cuantificado en la cantidad de Un Mil Trescientos Cincuenta y Seis Bolívares con Sesenta y Cinco Céntimos (Bs.1.356,65), cifra que resulta después de realizar la conversión monetaria, teniendo en consideración que el valor original del bien, según se evidencia en la Orden de Compra de fecha 07 de junio de 2005 emitida por la División de Compras y Suministros de la Secretaría de Finanzas de la Alcaldía Metropolitana de Caracas (folio 30), ascendía a Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Bolívares con Cero Céntimos (Bs.1.356.650,00).
Las normas aludidas precedentemente y que motivan la responsabilidad civil en vía administrativa, disponen:
Artículo 85: "Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas o investigaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como consecuencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno, así como por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos..." Artículo 1.185: "El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.
Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho".
Esta responsabilidad civil especial, encuentra su fundamento en la noción de responsabilidad propia del derecho natural, la cual postula como elemento esencial que nadie debe causar a otro un daño injusto y, en caso de producirse el mismo, debe ejercerse la respectiva acción resarcitoria a los fines de que dicho daño sea reparado.
De igual forma, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, deberá imponerse de conformidad con lo establecido en el artículo 105 en concordancia con el artículo 94, ambos de la LOCGRYSNCF, sanción pecuniaria de MULTA.
En atención al análisis efectuado a los hechos y el derecho invocado en la presente causa, los cuales producen en quien suscribe la certeza que el ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, titular de la cédula de identidad N° V-15.573.064, cometió el hecho irregular imputado mediante Auto de Inicio de fecha 10 de enero de 2017, al decidir llevarse el arma de reglamento que tenía asignada para ejercer la función policial, al realizar una diligencia de índole personal, incumpliendo su responsabilidad de guardarla en un lugar seguro, en contravención con la disposición establecida en la Orden del día N° 101 de fecha 09 de abril de 2004, suscrita por el Comisario Jefe (PM) José Mambel Pérez, para entonces Director de Logística, en la cual se informó a todos los integrantes de la Policía Metropolitana del Dictamen emanado de la Consultoría Jurídica de la Contraloría Metropolitana de fecha 15 de julio de 2003, relacionado con el Procedimiento Administrativo aplicables en aquellos casos de daños, deterioro, o extravío de Bienes de la Policía Metropolitana, así como el uso de armas policiales de parte de los funcionarios que se encontraban franco de servicio, igualmente con los lineamientos suscritos por el Comisario Jefe (PM) Julio Pastor Montilva, para la fecha Inspector General de la Policía Metropolitana y por el Comisario General (PM) Lázaro Forero López, quien se desempeñaba como Director General de la Policía Metropolitana, los cuales se refieren al mencionado Dictamen, y las disposiciones de carácter general de ese lineamiento específicamente identificada en los numerales "1 y 3", (folios 58, 59 de la pieza 1 del presente expediente administrativo); asimismo, con el criterio fijado por el Comisario Carlos Alberto Meza, para entonces Director General de la Policía Metropolitana, mediante Oficio N° DG-DAL.795-109 de fecha 12 de marzo de 2009, dirigido al Dr. José Eliseo Arias, Coordinador Integral Legal Del Contencioso Funcionarial de la Procuraduría General de la República, donde estableció un criterio sobre el deber de entregar el arma de reglamento y las prendas policiales cuando no se estaba prestando la función policial. (Folio 52 de la pieza 1 del presente expediente administrativo).
Por todas las consideraciones que anteceden, y en atención al acervo probatorio cursante en autos, los cuales en ningún momento han sido objetados, impugnados, ni desconocidos en la presente causa por el imputado, quien suscribe, ratifica, en todas y cada una de sus partes la imputación realizada en el Auto de Inicio de fecha 10 de enero de 2017, (folio 1 al folio 6 y sus respectivos vueltos de la pieza 2 del expediente administrativo). Y así se decide.
III DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quien suscribe, Delimar Yanet Rojas Hernández, titular de la cédula de identidad N° V-12.667.856, Directora General Encargada de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designada mediante Resolución Ministerial N° 069 de fecha 16 de Abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.641 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la LOCGRYSNCF, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, plenamente facultada para dictar decisiones, en concordancia con lo establecido en el artículo 97 de su Reglamento, y en ejercicio de la atribución que me es conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores y Justicia, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, REITERo la decisión pronunciada en el acto oral y público realizado el día 17 de abril de 2017, a través de la cual se determinó lo siguiente:
PRIMERO: Se declaró la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA al ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-15.573.064, y con domicilio en la Avenida Principal del Cementerio, Calle Los Alpes, tercera escalera, casa sin número, Parroquia Santa Rosalía, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, por el hecho irregular descrito e imputado en el auto de inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades de fecha 10 de enero de 2017.
sEGunDo: De conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 1.185 del Código Civil, sE DECLARÓ LA RESPONSABILIDAD CIVIL (FORMULACIÓN DE REPARo), por el daño causado al patrimonio de la República, dada la pérdida de la indicada prenda policial, propiedad de la República, por la cantidad de Un Mil Trescientos Cincuenta y Seis Bolívares con Sesenta y Cinco Céntimos (Bs.1.356,65), cifra que resulta después de realizar la conversión monetaria, teniendo en consideración que el valor original del bien, según se evidencia en la Orden de Compra de fecha 07 de junio de 2005 emitida por la División de Compras y Suministros de la Secretaría de Finanzas de la Alcaldía Metropolitana de Caracas (folio 30), ascendía a Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Bolívares con Cero Céntimos (Bs.1.356.650,00), del bien identificado como arma de reglamento Tipo: Pistola, Marca: Glock, Modelo: 17, Calibre: 9mm, Serial:
LRD385, (folio 30 y 31 de la pieza 1 del presente expediente administrativo).
TERcERo: De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual señala entre otros aspectos, que la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de la misma Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94 eiusdem, el cual contempla su imposición o aplicación entre cien (100) a un mil (1.000) unidades tributarias; en consecuencia, se impone al ciudadano Willy Ubaldo Castro Rosetty, titular de la cédula de identidad N° V-15.573.064, MULTA de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CInCuENTA (887,50) Unidades Tributarias (U. T.), que representan la Cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 48.812,50), en cuyO cómputo fueron consideradas las circunstancias agravantes contenidas en los numerales "2", "4" y "5", del artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, relativas a la condición de funcionario público del declarado responsable, la gravedad del acto que compromete la responsabilidad del funcionario, la magnitud del perjuicio patrimonial y la circunstancia atenuante prevista en el articulo 108, numeral 1 del mismo texto Reglamentario, relacionada con el hecho de no haber sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica que rige nuestra actividad; para el cómputo de la sanción de multa ha sido
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE AGRICULTURA URBANA
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RESUELVE ARTícuLo 1: Con sometimiento pleno a la ley y al derecho, como política de control interno, todo acto del Vicepresidente de la Corporación Venezolana para la Agricultura Urbana y Periurbana S.A.
(CVAUP), relacionado con lo establecido en la Cláusula Vigésima Octava de los Estatutos de dicha Corporación, tales como: ejecutar los actos de comercio de la Corporación; suscribir la contratación de préstamos, créditos bancarios; firmar contratos, pedidos y órdenes de compra; coordinar y aprobar contratos laborales; ejecutar las políticas de salario; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias; la administración y disposición de los bienes de la Corporación y la celebración de actos jurídicos que comprometan a la Corporación, deberán ser presentados, a través de Punto de cuenta, al Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana, para su respectiva consideración y aprobación. Cualquier acto que contravenga el presente acto administrativo se encuentra viciado de nulidad y acarrea responsabilidades civiles, penales y administrativas, conforme al ordenamiento jurídico venezolano.
ARTícuLo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, CIARA BemrX PRESIDENCIA FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana Decreto N° 2.903 de fecha 07 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.167 de fecha 07 de junio de 2017
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN MINPPAU N° 028-2017 CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 207°, 158° y 18° El Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana, FREDDY ALIRIO BERNAL RoSALES, venezolano, mayOr de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.665.018, designado mediante Decreto N° 2.903 de fecha 07 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.167 de fecha 07 de junio de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 12 y numerales 3, 19 y 22 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Designar al ciudadanO RODOLFO SUAREZ MOLINA, titular de la Cédula de Identidad N° V-21.418.299, COMO DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA, del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana.
ARTícuLo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, Berd FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES Ministro del Poder Popular de Agcesitura Urbana Decreto N° 2.903 de fecha 07 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.167 de fecha 07 de junio de 2017
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN MINPPAU N° 029-2017 CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 207°, 158° y 18° El Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana, FREDDY ALIRIO BERNAL RoSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.665.018, designado mediante Decreto N° 2.903 de fecha 07 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.167 de fecha 07 de junio de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 78, numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con los artículos 5 numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Designar al ciudadanO ALEXANDER JOSÉ TORREALBA PEREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 7.449.272, como DIRECTOR ESTADAL del Estado Lara, del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana.
ARTicuLo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, Bernal FREDDY ALIRIO BERNAL ROSMES Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana Decreto N° 2.903 de fecha 07 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.167 de fecha 07 de junio de 2017
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA) Providencia administrativa 023-2017 CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 207°, 158° y 18° El Presidente Encargado de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.665.018, designado mediante Decreto N° 2965 de fecha 30 de junio del 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de junio de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y 78, numerales 3, 19 y 22 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECIDE
ARTÍCULO 1. Designar a la ciudadana, AGUSTINA AGONAIDA DUBLIN, titular de la Cédula de Identidad N° v-5.466.779, como Directora de la Oficina de Gestión Administrativa, en calidad de encargada, de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA).
ARTícuLo 2. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, Bercil( CIARA PRESIDENC'A FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES PRESIDENTE Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA) Decreto N° 2.965 de fecha 30 de junio de 2017, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de junio de 2017.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA) Providencia administrativa 024-2017 CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 207°, 158° y 18° El Presidente Encargado de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.665.018, designado mediante Decreto N° 2965 de fecha 30 de junio del 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de junio de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y 78, numerales 3, 19 y 22 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECIDE
ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano RODOLFO SUAREZ MOLINA, titular de la Cédula de Identidad N° V-21.418.299, como DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA, EN CALIDAD DE ENCARGADO, de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA).
ARTicuLo 2. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, Bemdll FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES PRESIDENTE Fundación de Capacitación e Innovación par Apoyar la Revolución Agraria (CIARA) Decreto N° 2.965 de fecha 30 de junio de 2017, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de junio de 2017.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA) Providencia administrativa 025-2017 CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 207°, 158° y 18° El Presidente Encargado de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.665.018, designado mediante Decreto N° 2965 de fecha 30 de junio del 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de junio de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y 78, numerales 3, 19 y 22 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECIDE
ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano, TAMANACO DE LA TORRE CARRERA, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.463.478, como Director de la Oficina de Gestión Comunicacional, en calidad de encargado, de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA).
ARTicuLo 2. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, Beml CIARA FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALESNCIA PRESIDENTE Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA) Decreto N° 2.965 de fecha 30 de junio de 2017, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.184 de fecha 30 de junio de 2017.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POUPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 02 DE AGOSTO DE 2017 RESOLUCIÓN DM/N°042-17 2060, 158º Y 180 El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Alm. oRLAnDo MIGUEL MANEIRO GASPAR, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° v- 6.364.227, designado mediante Decreto N° 2918 de fecha 20 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.176 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 19 y 22 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014 en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 y artículos 17 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 2 del Reglamento Orgánico de este Ministerio y el artículo 50 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura.
RESUELVE
Artículo1.- Designar al ciudadano, JOSE AMARANTO VARGAS titular de la Cédula de Identidad V-10.348.275, como CLEMENTE GENERAL dela OFICINA ESTRATÉGICA DE DIRECTOR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, en calidad de ENCARGADO.
Artículo 2. El ciudadano designado ejercerá las atribuciones de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto N° 2.378, sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, de fecha 12 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, en fecha 13 de julio de 2016, así como con lo dispuesto en los artículos 7 y 18 del Decreto N° 2.385 de fecha 22 de julio de 2016, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.243 Extraordinario, de la misma fecha.
Artículo 3. El prenombrado funcionario, en consecuencia, suscribirá los actos y documentos inherentes al ejercicio de las atribuciones conferidas.
Artículo 4. Los actos y documentos que se suscriben en ejercicio de la presente designación deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario ut supra indicado la fecha y número de esta Resolución, así como el número y fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido publicada, de conformidad con el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5. Se deja sin efecto la Resolución DM/N° 0009-16, de fecha 10 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.868, de fecha 14 de marzo de 2016.
Artículo 6. La Presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, ORLANDO MIGUEEMANEIRO GASPAR ALMIRANTE MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA Designado mediante Decreto M° 2.918 de fecha 20 de junio de 2017 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.176 de la misma fecha.
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437.016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 4 de agosto de 2017
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Viernes 4 de agosto de 2017 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 437.017
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 042 CARACAS, 10 DE JULIO DE 2017
207°, 158° Y 18°
En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 78, numeral 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 5 y artículo 18 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECIDE Artículo 1. Nombrar al Ciudadano WILMAN ENRIQUE BARRIOS RODRIGUEz, titular de la cédula de identidad N° V-9.974.894, a partir del 07 de julio de 2017, como Capitán de Puerto en la Capitanía de Puerto de La Guaira del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. CóDIGo N° RAC-104.
Artículo 2. El referido ciudadano antes de asumir el cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuenta en los términos y condiciones que determine la ley.
Artículo 3. Los actos y documentos firmados a partir de la publicación de esta Providencia Administrativa, deberán indicar de forma inmediata bajo la firma del funcionario nombrado, la fecha y número de la misma y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela ep la cual haya sido publicada.
Comuníquese y publiquese..
CÉSARVLAPIMIRROMERO SALAZAR Presidente-del Instituto Naclonal de los Espacios Acuáticos Decreto Nro. 2.874 de fecha 18 de mayo de 2017 según Gaceta Oficial de fecha 18 de mayo de 2017 Reimpreso por error material, según Gaceta Oficial No. 41.166 de fecha 6 de junio de 2017
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO DESPACHO DEL MINISTRO 2070, 158º y 180
N° 00001 FECHA: 04.08.2017
RESOLUCIÓN Quien Suscribe, VICTOR HUGO CANO PACHECO, MinistrO del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado mediante Decreto N° 3.015, de fecha 2 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 de la misma fecha, actuando de conformidad con las atribuciones conferidas en los numerales 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 y el numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo establecido en el artículo 18 del Decreto Sobre Organización General de la Administración Pública Nacional;
RESUELVE Artículo 1°. Designar, al ciudadano DANIEL ALEXANDER MORENO CAzoRLA, titular de la cédula de identidad N° V- 10.823.354, como Director General de Despacho, en calidad de encargado, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
Artículo 2°. El ciudadano designado queda facultado para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes de su cargo, en cumplimiento del artículo 18 del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional y demás normativa legal y reglamentaria que regule el ejercicio de sus funciones.
Artículo 3°. Se delega en el ciudadano designado mediante esta Resolución, en su carácter de Director General de Despacho de este Ministerio, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que a continuación se especifican:
1. La correspondencia externa, postal, telegráfica, telefacsímil, física, mediante medios electrónicos, informáticos, en contestación a solicitudes dirigidas al Despacho por particulares y por comunidades organizadas.
2. La correspondencia dirigida a los Tribunales de la República, Procuraduría General de la República, a los Órganos del Poder Ciudadano, organismos y entes de la República relativa a la gestión ordinaria de los asuntos del Ministerio.
3. Las comunicaciones a personas o entidades públicas o privadas relativas a la gestión ordinaria de los asuntos del Ministerio.
4. Las instrucciones, circulares, correspondencia y demás comunicaciones dirigida a las Direcciones y demás dependencias internas.
5. Autorizar y firmar la contratación de trabajadores y trabajadoras del este Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, y los actos que deriven en la terminación de la relación de trabajo.
6. El ejercicio de la gestión de la función pública. En consecuencia queda facultado para autorizar y suscribir los movimientos de personal; ingresos, traslados, transferencias, reingresos, nombramientos, ascensos, licencias, permisos remunerados o no remunerados, suspensiones, remociones, retiros, destituciones, solicitudes y autorizaciones de comisiones de servicio, y aceptación de renuncias de los funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción.
7. La autorización y firma de los contratos por honorarios profesionales y de servicios personales que fuesen necesarios;
así como, la rescisión y resolución de los mismos.
8. Autorizar la contratación de servicios de capacitación y adiestramiento requeridos por este Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
9. Autorizar el otorgamiento de ayudas especiales a los trabajadores de este Ministerio.
10. Aprobar, ordenar, tramitar los gastos y pagos que afecten los créditos que le sean asignados al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, mediante órdenes de pago, y fondos de avance y anticipo, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, en virtud de ello deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro, conjunta o separadamente con el titular de la Dirección de Administración y Finanzas o el Tesorero del Ministerio.
11. Aprobar y suscribir contratos de arrendamiento de inmuebles, contratos de comodato, contratos de servicios profesionales y contratos de seguros y en general lo relacionado con la gestión ordinaria del Ministerio.
12. La suscripción de contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios, así como lo relativo a la ejecución de obras, conforme a la Ley de Contrataciones Públicas.
13. Aprobar viáticos y pasajes nacionales e internacionales, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.
14. Suscribir oficios de autorización para la tramitación ante el Banco Central de Venezuela de la adquisición de divisas correspondientes a los gastos originados por los viáticos de funcionarios de este Ministerio que viajen en misiones oficiales al exterior, previa autorización del Ciudadano Ministro con el mediante Punto de Cuenta y de conformidad procedimiento previsto en la normativa aplicable.
5. Firmar conjuntamente con la Directora General o el Director General de la Oficina de Gestión Administrativa, la movilización de cuentas corrientes, órdenes de pago, certificaciones de las mismas, endosos y firmas de cheque.
16. Autorizar y tramitar las modificaciones presupuestarias según las Normas establecidas en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico sobre el sistema Presupuestario.
17. Autorizar las modificaciones presupuestarias, que requieran los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales adscritos a este Ministerio, que impliquen traspasos, incrementos o disminuciones de hasta el veinte por ciento (20%) y mayores al diez por ciento (10%) en los supuestos indicados en el artículo 104 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario.
18. Autorizar la tramitación de las modificaciones presupuestarias de las sociedades mercantiles y los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales adscritos a este Ministerio de acuerdo a las instrucciones emanadas de la Oficina Nacional de Presupuesto, en los supuestos establecidos en el artículo 113 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario.
19. Autorizar las solicitudes de trámites por vía de excepción, de
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los traspasos presupuestarios externos para la aprobación del órgano competente.
20. Requerir y recibir la rendición de cuenta de los entes adscritos a este Ministerio, así como de los órganos o servicios desconcentrados dependientes de este.
21. Aprobar, ordenar, tramitar los gastos y pagos, que afecten los créditos que le sean asignados al Ministerio, mediante órdenes de pago y fondos de avance y anticipo, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, en virtud de ello deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro, conjunta o separadamente con el titular de la Dirección de Administración y Finanzas.
:22. Suscribir comunicaciones dirigidas a entidades bancarias, públicas o privadas, relacionadas con solicitudes de información referente al movimiento de las cuentas, su conciliación, control, relativas a los fondos correspondientes a la ejecución de presupuesto de este Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
23. Suscribir comunicaciones dirigidas a la Oficina Nacional de Presupuesto, Oficina Nacional del Tesoro y la Oficina Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio del Popular con competencia en materia de Economía Finanzas y Banca Pública.
24. Realizar gestiones relativas al Registro de firmas en el Banco Central de Venezuela: cuentas, firmas, divisas, correspondencias, cauciones y estados de cuenta.
25. La Certificación de las copias de los documentos cuyos originales reposan en los archivos del Ministerio.
Parágrafo Único: Las atribuciones y firma de los actos y documentos indicados en los numerales precedentes que fueren objeto de competencias o delegaciones concurrentes con otros funcionarios de este Ministerio, podrán ser ejercidas y firmadas indistintamente de manera conjunta o separada, salvo que indique lo contrario.
Artículo 4°. Los Actos y documentos que el prenombrado funcionario firme, de conformidad con la presente Resolución, deberán indicar bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de Resolución y datos de la Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada, conforme a lo establecido en los artículos 34 y 40 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Artículo 5°. El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico podrá discrecionalmente, firmar los actos y documentos indicados en la presente Resolución.
Artículo 6°. El prenombrado ciudadano, deberá rendir cuenta al ciudadano Ministro de todos los actos y documentos que haya mado en ejercicio de las atribuciones que le han sido delegadas.
Artículo 7°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, conforme lo dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, MINISTRO VICTOR HUGO CANO PACHECO MINISTRO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Decreto N° 3.015 del02.08.2017, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 de la misma fecha MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUC Y EL DEPORTE INSTITUTO NACIONAL CE CEPORTES CIRECTORIO PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°019/2017 CARACAS, CISTRITO CAPITAL, DOS (02) DE AGOSTO DE 2017 AÑOS 207°, 158° y 18°.
El CIRECTORIO del INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, ente autónomo con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, personalidad jurídica propia y patrimonio independiente del Fisco Nacional, creado según Decreto N° 164 de fecha veintidós (22) de junio de 1949, publicado en la
Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 22.952 del veintitrés (23) de junio de 1949, identificado con el número de Registro de Información Fiscal N° G-20000046-5, designado mediante designado según las Resoluciones del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Nro 013/15, de fecha nueve (09) de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.682, de fecha quince (15) de junio de 2015, y la Nro 060/17, de fecha treinta (30) de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.186, de fecha cuatro (04) de julio de 2017; con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.741, de fecha veintitrés (23) de agosto del año 2011, los Artículos 4, 7 numeral 1, 10, 12, 19, 24, 34, 35, 37, 40, 159, 161, 171 y 172 del Decreto N° 1.424, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año 2014, Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 6.147, Extraordinario, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año 2014, CONSICERANDO Que en nuestra Carta Magna se constituye a la República Bolivariana de Venezuela en un Estado de Derecho, y en adelante preceptúa la forma en que debe ser la actuación de los órganos y entes que conforman la Administración Pública, siendo preponderante en ellos el ajuste de sus actuaciones al denominado Principio de Legalidad, contenido en su Artículo 137.
CONSIDERANDO
Que por dispositivo contenido en el Artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la actuación de los órganos y entes de la Administración Pública debe ser al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, impregnada en los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, entre otros.
CONSICERANDO
Que mediante dispositivos contenidos en el Artículo 30 numeral 1 y el Artículo 32 en los numerales 1, 3 y 6, ambos de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, el legislador atribuyó a la Presidencia del Instituto Nacional de Deportes, Presidir el Directorio del Instituto conjuntamente con el voto dirimente en la toma de decisiones, la autorización de todo acto de administración que no exceda las cinco mil Unidades Tributarias (5.000 U.T.), y en forma residual las demás que le atribuyan las leyes.
CONSICERANDO
Que en procura de la celeridad, eficacia y eficiencia que debe imperar en la actuación de los órganos y entes de la Administración Pública, el legislador además de reiterar aquellos en los Artículos 10 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, prevé la figura de la delegación intersubjetiva, para delegar competencias en sus respectivos entes descentralizados funcionalmente, así como de carácter interorgánica, a fin que los órganos y entes de la administración puedan delegar en entes bajo su dependencia, las atribuciones que le estén otorgadas por ley, ello a tenor del contenido de los Artículos 33 y 34 del mismo Decreto.
CONSIDERANDO
Que en efecto, la delegación es una técnica organizativa mediante la cual un órgano con un ámbito competencial determinado, desvía algunas de sus atribuciones, ya sea a un órgano de inferior jerarquía o bien al funcionario que ostente la titularidad de dicho órgano, en este segundo supuesto, como es de suponer, la cesación en el cargo aparejaría el fin de la autorización; y que la delegación, es una técnica que responde principalmente a criterios de eficiencia y especialización en la gestión de las potestades públicas, lo que la ha hecho de frecuente utilización por la Administración Pública.
CONSICERANDO
Que mediante el acto delegatorio se transfiere únicamente el ejercicio de la competencia, y no la titularidad, razón por la cual es esencialmente temporal, y por ende, revocable discrecionalmente por el órgano delegante. Además que el órgano delegado, debido a que es inferior del delegante está obligado a aceptar las competencias delegadas, y a comenzar a ejercerlas después que se cumplan los requisitos formales exigidos en la ley.
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLIV - MES X Número 41.207 Caracas, viernes 4 de agosto de 2017 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 16 páginas, costo equivalente a 6,85 % valor Unidad Tributaria
CONSIDERANDO
Que los actos efectuados por delegación, son imputables al órgano o ente delegante, por cuanto en ningún caso suponen la transferencia de la titularidad de la atribución.
CONSIDERANDO
Que es deber del Instituto Nacional de Deportes, como ente que forma parte de la Administración Pública Nacional Descentralizada, velar por la celeridad y eficacia en la Administración, como principios que rigen su funcionamiento.
CONSICERANDO
Que la delegación en el Presidente del Instituto Nacional de Deportes, representa una figura jurídica que permitirá agilizar el trámite administrativo de dicho ente.
CECI DE:
En amparo de las previsiones de los Artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 34, 35, 37 y 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, quien suscribe, decide:
PRIMERO: Se delega en el ciudadano PECRO JOSÉ INFANTE APARICIO, titular de la cédula de identidad N° V.-15.541.220, en calidad de Presidente (E) del Instituto Nacional de Deportes, según designación anunciada en el Decreto N° 1.748 de fecha 7 de mayo de 2015, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.655, de la misma fecha, las atribuciones contenidas en los numerales 4, 7 y 9 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, relativas a la autorización expresa de todo acto de administración, así como la adquisición, enajenación o gravamen de bienes muebles e inmuebles, cuya cuantía no exceda de COSCIENTAS CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (250.000 U.T.), y la firma de convenios interinstitucionales.
SEGuNcO: El presente acto de delegación no conlleva la facultad de subdelegar las atribuciones que le están siendo delegadas.
TERCERO: El funcionario objeto de la presente delegación deberá presentar a este Directorio, de la forma que se le indique, relación detallada de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación.
CUARTO: Los actos y documentos suscritos por el Presidente del Instituto Nacional de Ceportes que sean llevados a cabo en ejercicio de la presente delegación, deberán indicar el número y la fecha de esta Providencia, así como el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y la fecha de su publicación.
QUINTO: La cesación en el cargo que el funcionario delegado se menciona, aparejará el fin de la delegación objeto del presente acto.
SEXTO: Se faculta y en efecto queda encargada la OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA del Instituto Nacional de Deportes, la realización de las gestiones a que hubiere lugar, y velar por la ejecución del presente Acto, en cuanto fuere competente.
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
QUINTO: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia, a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, 35 y 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Dada, firmada y sellada en la sede del Instituto Nacional de Deportes, Biblioteca Rafael Vidal, en Caracas, dos (02) de agosto del 2017, Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana. Publíquese y comuníquese.
Comuníquese y Publíquese, DIRECTORIO Yrade PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO C.I. N° V.-15.541.220 Presidente (E) del Instituto Nacional de Deportes ARNALDO JAVIER SÁNCHEZ PÉREZ C.I. N° V.-17.894.504 Director General del Instituto Nacional de Deportes FRANKLIN AMILCAR CARDILLO ROMERO N° V.- 14.916.951 Director General (E) de Deporte de Rendimiento ALAN CANIEL MATA RAMÍREZ C.I. N° V.- 14.071.208 Director General (E) de Instalaciones Deportivas
ALEJANDRO ERNESTO HERRERA GONZALEZ:
C.I. N° V.-14.789.436 Director General (E) de Educación Fisca:
ÁNGEL GIMONDI JURADO ANGULO C.I. N° V.-13.952.853 Director General de la Oficina de Planificación Presupuesto HILDEGAR JOSÉ MORILLO OSECHAS C.I. N° V.- 12.736.566 Representante de la Comisión Nacional de Atletas ECUARDO ESTEBAN ÁLVAREZ CAMACHO C.I. N° V.- 2.764.435 Representante del Comité Olímpico Venezolano AHIQUEL YOLANDA HERNÁNDEZ OCHOA C.I. N° V.-6.082.957 Representante del Comité Paralímpico Venezolano CARLOS MIGUEL BURGUILLOS ae m C.I. V.-10.092.427 Representante de las Glorias Deportivas MARCOS ANTONIO OVIECO HERRERA C.I. N° V.- 6.003.453 Representante de las Federaciones Deportivas Nacionales
CESAR A. RAMOS CH.
C.I. N° V.- 17.723.105 SearLawos Secretario del Directorio (Suplente)
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