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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 41.103

24 de febrero de 2017 · 24 páginas
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AÑO CXLIV - MES V Número 41.103 Caracas, viernes 24 de febrero de 2017 INAMUJER Providencias mediante las cuales se designa a la ciudadana Lusmila Linares y al ciudadano César Rojas, como Directores de las Oficinas que en ellas se mencionan, de este Instituto.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sala Constitucional “Sentencia que interpreta el Artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y declara la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional; por lo que en esta oportunidad el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami, y los Ministros y Ministras del Gabinete Ejecutivo presentarán sus memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de sus Despachos en el año inmediatamente anterior, ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

Sala Plena Acta mediante la cual se designa a las Magistradas y Magistrados integrantes de la Junta Directiva de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y de las restantes Salas del Máximo Tribunal.

MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se traslada a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se mencionan, a las Fiscalías que en ellas se especifican, de las Circunscripciones Judiciales de los estados que en ellas se indican, de este Organismo.

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA Resolución mediante la cual se nombra a la ciudadana y a los ciudadanos Profesionales Militares que en ella se mencionan, para ocupar los cargos en las Direcciones y Oficinas que en ella se indican, de este Organismo.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 2.733, mediante el cual se confiere la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, en su Primera Clase “Espada” Post-Mortem, al abogado Antonio Espinoza, quien en vida entregó su conocimiento a la lucha revolucionaria en pro de la dignificación de los trabajadores y trabajadoras de la Patria de Bolívar.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT Providencia mediante la cual se reajusta la Unidad Tributaria de ciento setenta y siete bolívares (Bs. 177,00) a trescientos bolívares (Bs. 300,00).- (Véase N° 6.287 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de Brigada Alberto Antonio Castillo Hernández, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada que en ella se menciona.

Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos Profesionales Militares que en ella se indican, como integrantes de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos de Seguridad y Defensa, adscrita a la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

FUNDEEH Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Luis Salerfi López Chejade, como Director General de esta Fundación.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de este Ministerio, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Resolución N° 00004, de fecha 23 de febrero de 2017, mediante la cual se resuelve designar a la ciudadana Germania Milagros Fernández Ferrante, titular de la cédula de identidad N° V-15.020.293, como Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA HÁBITAT Y VIVIENDA Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Robert Antonio Pérez Toro, en su carácter de Director General de la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, las atribuciones y las competencias para firmar los actos y documentos que en ella se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Yimmys Adolfo Rodríguez Montiel, como Director General del Desarrollo Comunal para el Vivir Bien de los Pueblos Indígenas, adscrito al Despacho del Viceministerio para el Vivir Bien de los Pueblos Indígenas.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Eduardo Rafael Valbuena Heredia, como Director General de Atención Integral al Indígena, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mairim Aslet Gil García, como Directora General de Transformación de Relaciones Sociales de Género, Dirección adscrita al Viceministerio para la Protección de los Derechos de la Mujer, de este Ministerio.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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434.206 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 24 de febrero de 2017

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA SALUD

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Viernes 24 de febrero de 2017 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 434.207

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

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Artículo 2°. La ciudadana designada queda facultada para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes de su cargo, en cumplimiento del artículo 23 del Decreto sobre la Organización General de la Administración Pública Nacional, de fecha 12 de julio de 2016.

Artículo 3°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, conforme lo dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSEBRAT MINISTRO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Decreto Presidenclal N° 2.723 de fecha 1.9 de febrero de 2017 Gaceta Oficial-Extraordinaria de la República Bolvariana de Venezuela N° 6.286 de fecha 19 de febrero de 2017.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARAHÁBITAT YVIVIENDA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA CJ N° 020

DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° 020 CARACAS, 14 DE FEBRERO DE 2017 206°, 157°, 18° El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.824 de fecha 08 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78, numerales 3 y 19 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.

RESUELVE Artículo 1. Delegar en el ciudadano, ROBERT ANTONIO PÉREZ TORo, titular de la Cédula de Identidad V- 14.921.489, en su CaráCter de DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIóN HUMANA del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado según Resolución N° 329 de fecha 03 de agosto de 2016, publicada en Gaceta Oficial N° 40.966 del 15 de agosto de 2017, las atribuciones y las competencia para firmar los actos y documentos que a continuación se indican:

1. Los compromisos y órdenes de gastos y pagos relacionados con el Fondo Administrado de Asistencia Médica Integral (FAAMI), creado según Resolución N° 131 de fecha 18 de junio de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.960 de fecha 09 de julio de 2012 2. Los acuerdos, contratos y convenios que tengan por objeto:

a) La prestación de servicios de hospitalización, cirugía y maternidad para los trabajadores, funcionarios, jubilados, contratados, y sus familiares, del Ministerio del Poder Popular para- Hábitat y Vivienda.

b) La contratación de Seguro de Vida, por muerte del trabajador y por accidentes personales.

c) La prestación de servicios funerarios para los trabajadores, funcionarios, jubilados, contratados, y sus familiares, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

Artículo 2. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, nombre y apellido de quien los suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha y el número de la presente Resolución, según lo establece el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respectos de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 4. El prenombrado funcionario deberá rendir cuenta al ciudadano Ministro de todos los actos y documentos que haya firmado en ejercicio de la delegación prevista en la presente Resolución.

Artículo 5. Las delegaciones contenidas en la presente Resolución serán ejercidas por el prenombrado ciudadano a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Comuníquese y Publíquese, Ld MANUEL QUEVEDO FERNÁÑDEZ

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DESPACHO DE LA MINISTRA 206, 157° y 17° Resolución Nº 006 Caracas, 17 de febrero de 2017 La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en calidad de Encargada, Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez, según Decreto Presidencial N° 2.467 de fecha 01 de octubre de 2016, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.258 de fecha 01 de octubre de 2016, conforme a las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el artículo 65 y 78 en sus numerales 3º, 19º, 26º y 27º del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, en concordancia con lo previsto en el numeral 2, del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002.

RESUELVE:

ARTICULO 1º: Designar al ciudadano, YIMMYS ADOLFO RODRÍGUEZ MONTIEL, titular de la cédula de identidad N° V.-17.586.816, como DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO COMUNAL PARA EL VIVIR BIEN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, adSCrito al DESPACHO DEL VICEMINISTERIO PARA EL VIVIR BIEN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, en consecuencia queda autorizado para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo.

ARTicuLo 2°: El ciudadano designado ejercerá las funciones establecidas en los artículos 17 y 20 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.176 Extraordinaria, de fecha 20 de febrero de 2015, mediante Decreto Presidencial 1.626 de la misma fecha.

ArTicuLocº: Se le autoriza para la firma de actos y documentos que a continuación se indican:

Las circulares, memorandos, oficios y comunicaciones inherentes a su dirección, dirigida a las oficinas dependientes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

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. La correspondencia inherente a su dirección, dirigida a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales, de investigación científica y policiales a nivel nacional.

. La correspondencia de cualquier naturaleza inherente a su dirección, en respuesta a solicitudes dirigidas a su despacho por los particulares.

La certificación de la documentación correspondientes a la dirección a su cargo.

ARTicuLo : La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

Alohaoselyn Nunes Gullerrez Ministra del Poder Popular para los Pueblasmndígenas

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DESPACHO DE LA MINISTRA 207, 157° y 18°

Resolución Nº 07 Caracas, 17 de febrero de 2017 La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en calidad de Encargada, Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez, según Decreto Presidencial N° 2.467 de fecha 01 de octubre de 2016, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.258 de fecha 01 de octubre de 2016, conforme a las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el artículo 65 y 78 en sus numerales 3º, 19º, 26º y 27º del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, en concordancia con lo previsto en el numeral 2, del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Designar al ciudadano, EDUARDO RAFAEL VALBUENA HERED1A, titular de la cédula de identidad N° V.-19.606.016, como DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL INDÍGENA, del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

ARTicuLo 2°: El ciudadano designado ejercerá las funciones establecidas en el artículo 19 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.176 Extraordinaria, de fecha 20 de febrero de 2015, mediante Decreto Presidencial 1.626 de la misma fecha.

ARTicuLo 3º: Se le autoriza para la firma de actos y documentos que a continuación se indican:

•las circulares, memorandos, oficios y comunicaciones inherentes a su dirección, dirigida a las oficinas dependientes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

. La correspondencia inherentes a su dirección, dirigida a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales, de investigación científica y policiales, a nivel nacional.

La correspondencia de cualquier naturaleza inherente a su dirección, en respuesta a solicitudes dirigidas a su despacho por los particulares.

La certificación de la documentación correspondientes a la dirección a su cargo.

ARTicuLo 4°: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el EjecutivNacional

Aloha Joseyn Nun Gutierre Ministra del Poder Popular para los Puebiogdígenas

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPACHO DE LA MINISTRA

Caracas, 08 de febrero de 2017 206°, 156° y 18°

RES0LUCIÓN N° 006/2017

Quien SUSCribe, BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, titular de la cédula de identidad número V.- 8.659.997, Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, designada mediante Decreto N° 2.467, de fecha 01 de octubre de 2016, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.258 Extraordinaria, de la misma fecha; actuando de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 78, numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo dispuesto en el artículo 5° numeral 2, artículo 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en observancia con lo establecido en los artículos 16 y 72 de 1a Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

RESUELVE

Artículo 1°. Designar a la Ciudadana MAIRIM ASLET GIL GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº V.-14.780.538, como DIRECTORA GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DE RELACIONES SOCIALES DE GÉNERO, DireCCión adsCrita al Viceministerio para la Protección de los Derechos de la Mujer del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

Artículo 2°. La ciudadana designada queda facultada para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes al ejercicio de las siguientes funciones:

1.Proponer lineamientos y estrategias para incorporar el enfoque de género en las políticas de salud integral, proceso social del trabajo, cultura, educación y vivienda en coordinación con los órganos competentes en la materia.

2.Mantener actualizado los indicadores que permitan medir el logro de los derechos sociales de las mujeres, con la oficina del ministerio responsable de sistematizar los resultados obtenidos de los procesos de atención social y jurídica de las mujeres y su relación con los derechos consagrados en los distintos ámbitos jurídicos.

mecanismos de articulación coplas

3.Establecer organizaciones del poder popular a los fines de su participación en los procesos de planificación, ejecución y evaluación de las políticas sociales con enfoque de género.

4.Impulsar la participación y corresponsabilidad social, familiar y comunal en el cuidado de la especie humana para la creación de la nueva Patria-Socialista.

5.Incorporar la perspectiva de género en los programas de educación básica y universitaria en coordinación con los órganos y entes competentes en la materia.

.Las demás funciones que le señalen las Leyes, Reglamentos, Decretos y Resoluciones en materia de su competencia, así

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como, aquellas que les asigne el Ministro o la Ministra y el Viceministro o la Viceministra.

Artículo 3°. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma de la ciudadana designada, la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada.

Artículo 4°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 18/01/2017 y deroga la Resolución N° 019/2016, de fecha 30 de marzo de 2016, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.895, de fecha 03 de mayo de 2016.

Comuníquese y Publíquese, MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO Decreto N° 2.467, de fecha 01 de octubre.de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Boivarlana de Venezuela N° 6.258 Extraordinario, de fecha 01 de octubre de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Caracas, 13 de febrero de 2017 206º, 1572 y.18°

Providencia Administrativa Nº 002/2017

La ciudadana BLANCA EEKHOUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V.-8.659.997, procediendo en su carácter de Presidenta (E) del Instituto Nacional de la Mujer, conforme a la designación efectuada mediante el Decreto Presidencial Nº 2.544 de fecha 9 de noviembre de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.027 de fecha 9 de noviembre de 2016, en concordancia con el numeral 13 del artículo 22 y 25 de la Providencia Administrativa Administrativa Nº 013-2012, de fecha 27 de diciembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.104, de fecha 4 de febrero de 2013, mediante la cual se dictó el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Instituto Nacional de la Mujer, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

ARTíCULO 1.- Se designa a la ciudadana LUSMILA JOSEFINA BARAJAS, titular LINARES de cédula identidad de la DIRECTORA Nº V.-6.251.066, EN como CALIDAD DE ENCARGADA DE LA DE OFICINA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO del Instituto Nacional de la Mujer.

ARTicuLo 2.- Corresponde a la funcionaria designada, en su carácter de Directora (E) de la Oficina de Planificación Organización y Presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

1.-Coordinar con la unidad organizacional competente en materia de Planificación, Organización y Presupuesto del órgano de adscripción del Instituto la formulación, control y evaluación de la ejecución presupuestaria.

2.-Asesorar en la definición de la política institucional y sus líneas estratégicas, garantizando la armonía con los planes del Gobierno Nacional y los lineamientos que imparta el órgano de adscripción del Instituto.

3.-Sistematizar, dirigir y consolidar el proceso de formulación y de los planes estratégicos, seguimiento operativos y el presupuesto de la Institución.

4.-Asesorar al Presidente o Presidenta del Instituto en la elaboración de los proyectos de planes estratégicos y operativos y del presupuesto institucional, de acuerdo con los lineamientos que imparta el órgano de adscripción del Instituto.

5.-Efectuar el seguimiento a la ejecución del plan operativo de tas unidades organizacionales e Informar sobre sus desviaciones oportunamente a los responsables de tales unidades, los fines de proponer e implementar los correctivos necesarios.

6.-Coordinar y consolidar la programación trimestral de la ejecución física y financiera del presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto conjuntamente la Oficina de Administración y Servicios.

7.-Evaluar las necesidades de recursos presupuestarios no previstos, a fin de cubrir las insuficiencias generadas durante la ejecución del presupuesto, así como analizar, asesorar y tramitar, el las según caso, modificaciones presupuestarias correspondientes.

8.-Diseñar los modelos de organización, procesos y procedimientos del Instituto.

9.-Proponer cambios organizativos y de procesos, simplificación de trámites con base a las nuevas normativas legales, a la dinámica 10.-Asesorar, coordinar y supervisar la elaboración, actualización, documentación e implantación de las políticas y manuales de organización, usuarios, normas y procedimientos requeridos por la Institución para el cumplimiento de sus objetivos.

11.-Actuar como enlace entre el Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de en asuntos relativos a la planificación y el Planificación, presupuesto.

12.-Elaborar presentaciones y realizar conversatorios en materia de Planificación, presupuesto y Procesos para las unidades organizacionales del Instituto.

13.-Consolidar el Informe Anual de Resultados, el Informe Anual de Gestión, la Memoria y Cuenta de la Institución y el Informe del Mensaje Presidencial.

14.-Realizar el control previo y permanente de los programas, proyectos u operaciones, para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas, y la eficiencia, eficacia, economía y calidad su desempeño.

15.-Participar en los Comités o Equipos de Trabajo, permanentes.o eventuales, que de acuerdo a los criterios establecidos por el Directorio Ejecutivo y Presidencia, deban contar con la presencia del área específica.

16.-Establecer las necesidades específicas de capacitación del personal bajo su dirección.

17.-Las demás que le sean asignadas por las máximas autoridades jerárquicas del Instituto y por el ordenamiento jurídico.

ARTicuLo 3.- La funcionaria designada antes identificada presentará a la Presidenta (E) del Instituto, en la forma y oportunidad que ésta le indique, una relación detallada de los

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actos y documentos emitidos o firmados, en virtud de esta delegación.

ARTicuLo 4.- La Presidenta (E) del Instituto se reserva en todo caso, el derecho de ejercer directamente todas las facultades conferidas a través de esta Providencia Administrativa.

ARTícuLo 5.- Los actos y documentos que suscriba Ja funcionaria designada, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, fecha y número de la Providencia y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, de acuerdo, a lo establecido en el numeral 7 del artícuîto 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo.

ARTícuLo 6.-La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia y surtirá efectos a partir de la presente fecha y deroga la Providencia Administrativa N° 009/2016, de fecha 05 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.985, de fecha 09 de septiembre de 2016.

Comuníquese y Publíquese, BLANCA EEKHOUT GOMEZ Presidenta (E) del Instituto Nacional de la Mujer Designada mediante Decreto Presidencial N° 2.544 de fecha 09 de noviembre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.027 de fecha 09 de noviembre de 2016.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Caracas, 21 de febrero de 2017 206º, 157º y 18°

Providencia Administrativa Nº 003/2017

La ciudadana BLANCA EEKHoUT GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V.-8.659.997, procediendo en su carácter de Presidenta (E) de! Instituto Nacional de la Mujer, conforme a la designación efectuada mediante el Decreto Presidencial Nº 2.544 de fecha 9 de noviembre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.027 de fecha 9 de noviembre de 2016, en concordancia con lo establecido en el numeral 13 del artículo 22 y 25 de la Providencia Administrativa Nº 013-2012, de fecha 27 de diciembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.104, de fecha 4 de febrero de 2013, mediante la cual se dictó el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Instituto Nacional de la Mujer, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 1.- Se designa al Ciudadano CESAR AUGUSTO ROJAS, titular de la cédula de identidad Nº V.-4.950.063, como DIRECTOR RECURSOS HUMANOS del LA OFICINA DE DE Instituto Nacional de la MUJER.

ARTícuLo 2.- Corresponde al funcionario designado, en su carácter de Director de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Mujer, el ejercicio de las siguientes, atribuciones:

1. Elaborar el Plan de Personal de conformidad con la legislación que regula la materia y las normas y directrices que emanen del órgano de adscripción, del Ministerio del Poder Popular .con competencia en materia de planificación y los lineamientos de las máximas autoridades jerárquicas del Instituto, así como dirigir, coordinar, evaluar y controlar su ejecución.

2. Presentar ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación, en la oportunidad que se establezca, los informes relacionados con la ejecución del Plan de Personal y cualquier otra información que al respecto sea solicitada.

3. Dirigir la aplicación de las normas y de los procedimientos que en materia de administración de personal señalen los instrumentos legales, reglamentarios y normativos vigentes.

4. Dirigir y coordinar los programas de desarrollo profesional y capacitación técnica del personal del Instituto.

5. Dirigir y coordinar los procesos para la evaluación del personal del Instituto.

6. Organizar y realizar los concursos que se requieran para el ingreso o ascenso de los funcionarios o funcionarias de carrera, según las Bases y Baremos aprobados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación.

7. Instruir y sustanciar los expedientes en caso de hechos que pudieren dar lugar a la aplicación de las medidas previstas er la Ley del Estatuto de la Función Pública.

8. Expedir copias certificadas de los documentos originales que reposan en los expedientes administrativos del personal que labora o laboró para el Instituto, a solicitud de parte interesada legitima o de las autoridades competentes.

9. Actuar como enlace entre el Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación, en asuntos relativos a la administración de personal.

10. Diseñar y mantener actualizada la Estructura de Cargos del Instituto, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas que regulen la materia.

11. Dirigir y coordinar el proceso de la elaboración del Manual de Competencia de Serie de Cargos de Apoyos Administrativos del Instituto.

12. Asesorar al Directorio Ejecutivo, Presidencia, Vicepresidencia, Dirección General y demás unidades del Instituto, en la fijación y ejecución de políticas y objetivos en materia de administración de personal.

13. Promover el mejoramiento, bienestar y seguridad social del personal del Instituto y garantizar la aplicación de las normas y procedimientos que sobre la materia señale el ordenamiento legal vigente.

14. Realizar el control previo y permanente de los programas, proyectos u operaciones, para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas, y la eficiencia, eficacia, economía y calidad su desempeño.

15. Representar al Instituto en la elaboración, discusión y decisión en materia de negociación colectiva.

16. Representar al Instituto en las actividades relativas a la materia de recursos humanos, promovidas por el Instituto u otros

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organismos nacionales e internacionales, previa aprobación de la instancia competente.

17. Participar en los comités de equipos de trabajo, permanentes o eventuales, que de acuerdo a los criterios establecidos por el Directorio Ejecutivo y la Presidencia, deben contar con la presencia del área específica.

18. Establecer las necesidades de capacitación del personal bajo su dirección.

19. Las demás que le sean asignadas por las máximas autoridades jerárquicas del Instituto y por el ordenamiento jurídico.

ARTicuLo 3.-El funcionario designado antes identificado presentará a la Presidenta (E) del Instituto, en la forma y oportunidad que ésta le indique, una relación detallada de los actos y documentos emitidos o firmados, en virtud de esta delegación.

ARTícuLo 4.- La Presidenta (E) de! Instituto se reserva en todo caso, el derecho de ejercer directamente todas las facultades conferidas a través de esta Providencia Administrativa.

ARTícuLo 5.- Los actos y documentos que suscriba el funcionario designado, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, fecha y número de la Providencia y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, de acuerdo, a lo establecido en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo.

ARTícuLo 6.- La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y deroga la Providencia Administrativa Nº 006/2016, de fecha 17 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.916, de fecha 1° de junio de 2016.

Comuníquese y Publíquese, how BLANCA EEKHOUT GONEZ Presidenta (E) del Instituto Naelnal de la Mujer Designada mediante Decreto Presidencial N° 2.544, de fecha 09 de noviembre de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.027 de fecha 09 de noviembre de 2016.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Ob=N

:A RFPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMDRE.

EI. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Expediente n.° 17-0239 Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO Consta en autos que, el 22 de febrero de 2017, el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariara de Venezuela, ciudadano TAREcK EL AissaMi, asistido por el Dr. Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Difector General de Consultoria Juridica del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, inscrito en el Instituto de Previsión social del Abogado bajo el n.° 127.743, presentó ante esta Sala Constitucional, con fundamento en lo previsto en los articulos 26, 51, 266.1, 334, 335 y 336.11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, "DEMANDA DE INTERPRETACIÓN del articulo 244 del Texto Fundamental, en relación al desacato que mantiene la Asamblea Nacional frente a! Poder Judicial y al orden constituciona!".

En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

Ahora bien, efectuado el examen correspondiente, pasa esta Sala Constitucional a decidir, previas las consideraciones siguientes:

DE LA DEMANDA

El Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano TARECK EL AISSAMI, expresó, como fundamento de su pretensión, lo siguiente:

Que "En diversas sentencias, esa máxima intérprete de la Carta Magna ha declarado que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia juridica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia", asl como también en desacato a decisiones emanadas de esa Sala (vid. sentencias nros. 808 y 810, de fechas :2 de septiembre de 2016 y 21 de septiembre de 2016, y recientemente en las nros.

952 del 21 de noviembre de 2016, nros. 1012, 1013 y 1014 del 25 de noviembre de 2016 y nro. 1086 del 13 de diciembre de 2016, nros. 2 y:3 del 11 de enero, 4 y 5 del 19 de enero, 6 del 20 de enero y 7 del 26 de enero de 2017, en las que ha ratificado el desacato por parte de la Asamblea Nacional a las decisiones nros. 260 del 30 de diciembre de 2015, 1 del 11 de enero de 2016 y 108 del 1 de agosto de 2016, emanadas de la Sala Electoral do! Tribunal Supremo de Justicia)".

Que "en la referida sentencia nro. 808/2016, la Sala Constitucional afirmó lo siguiente:

"..este Máximo Tribunal de la República debe advertir que la participación o intervención directa o indirecta en las actuaciones desplegadas por la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional, en contravención al ordenamiento constitucional y en contumacia a las decisiones emanadas por los órganos jurisdiccionales del pais, generará las correspondientes responsabilidades y sanciones constitucionales, penales, civiles, administrativas, disciplinarias, éticas, polticas y sociales en general necesarias para salvaguardar la eficacia del Texto Fundamental que se ha dado democráticamente el pueblo venezolano, a través del proceso constituyente, para procurar su convivencia pacífica y promover su bienestar".

Que "constituye un hecho público, notorio y comunicacional que la Asamblea Nacional aún se encuentra en desacato, pues no ha realizado el acto formal de desincorporación de los ciudadanos cuya proclamación fue suspendida en la sentencia nro. 260/2015 emanada de !a Sala Electora!".

Que "el día 5 de enero de 2017 se instaló la Asamblea Nacional y se designó su nueva junta directiva, sin que previamente se haya realizado tal acto de acatamiento al Poder Judicial, circunstancia que no sólo reitera el manifiesto desacato siro que, ante las mismas circunstancias fácticas, determina que esos actos del parlamento estén viciados de nulidad por inconstitucionalidad, con la consiguiente omisión permanente en la que se encuentra de forma voluntaria ese órgano; al auto-incapacitarse para ejercer las actuaciones constitucionales que' le corresponden e impedir que los órganos respectivos puedan acudir a ella, como en situaciones de normalidad constitucional lo prescribe el Texto Fundamental." Que "el artículo 244 Constitucional prevé lo siguiente: Articulo 244.

Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco años, con las excepciones establecidas eri esta

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Constitución. Los Ministros o Ministras son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y la ley, y presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el arño inmediatamente anterior, de conformidad con la ley".

Que más allá del tenor de la referida disposición fundamental vigente, históricamente el Vicepresidente Ejecutivo de la República y los Ministros y Ministras han presentado la referida memoria razonada, dirigida fundamentalmente al Pueblo Venezolano (en respeto a la democracia social y participativa que propugna el Texto Fundamental), en la sede fisica de la Asamblea Nacional, con la presencia de diputados y diputadas y demás asistentes al acto".

Que "ante la situación de desacato en la que actualmente se encuentra la Asamblea Nacional, surge la legítima duda hermenéutica respecto a si; ante tales circunstancias y a pesar de tal situación, de desacato, se debe presentar la memoria a que alude el artículo 244 Constitucional, en la sede de la Asamblea Nacional, o si, por el contrario, dada la omisión inconstitucional por parte del Organo Legislativo Nacional frente al Poder Judicial y a la Constitución, debemos abstenernos de hacerlo ante la misma, sino, en esencia, presentar nuestra memoria razonada anual ante el Tribunal Supremo de Justicia, como máxima y última intérprete de Nuestra Carta Magna, debidamente transmitido por los medios de comunicacional social, para llegar a la mayor cantidad de nuestro Pueblo".

Que "acudiendo ante el Máximo Tribunal de la República dentro de !os primeros sesenta días de cada año que establece la Constitución, solicito respetuosamente, en el marco de la división y colaboración de poderes, ast como del principio democrático que rige el sistema constitucional patrio, una esté viciada de nulidad la sesión de instalación de la Asamblea Nacional celebrada el 5 de enero de 2017, estimamos necesario presentar la memoria razonada y suficiente sobre la gestión anual, para reivindicar el respeto que merece el Pueblo Venezolano y la Institucionalidad de la República".

Que "de.conformidad con lo previsto en el articulo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la presente demanda cumple con los requisitos y/o presupuestos procesales de admisibilidad, toda vez que no se encuentra incurso en ningún supuesto de inadmisión".

Que "Enrazón de la urgencia del presente asunto, de que lo serjalado constituye un hecho público, notorio y comunicacional y, en fin, de que las circunstancias referidas son absolutamente verificables sin necesidad de continuar la instrucción de la causa, se solicita respetuosamente que la Sala ejerce la potestad discrecional de pronunciarse in limine litis sobre la presente demanda, con el objeto de garantizar la tutela judicial efectiva (vid. sentencias nros. 988 del 1° de agosto de 2014 y 1865/2014)".

Que En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y de Derecho, se solicita respetuosamente que la presente demanda sea admitida y resuelta in limine litis, con la urgencia del caso, incluso recalificada, sobre la base del principio iura novit curia, junto a los demás pronunciamientos que esa Sala estime oportuno hacer como máxima y última intérprete y garante de La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en aras de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva prevista en el articulo 26 de nuestra Carta Magna.

II DE LA COMPETENCIA

Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competcrcia para conocer de la presente demanda de interpretación y, al respecto, observa:

El articulo 266.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que: "Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Titulo VI de esta Constitución".

En sentencia n.° 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso: "Servio Tulio León", esta Sala Constitucional determinó su competencia para interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el articulo 335 de la Coistitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia on el articulo 336 eiusdem.

Al respecto, esta Sala Constitucional como máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha precisado que la facultad interpretativa está dirigida a que la norma a interpretar esté contenida en la Constitución (sentencia n.° 1415 del 22 de noviembre de 2000, caso: "Freddy Rangel Rojas", entre otras) o integre el sistema constitucional (sentencia n.° 1860 del 5 de octubre 2001, caso: "Consejo Legislativo del Estado Barinas"), del cual formarán parte los tratados o convenios internacionales que autorizan la producción de normas por parte de organismos multiestatales (sentencia n.º 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso: "Servio Tulio León" o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia n.° 1563 del 13 de diciembre de 2000, caso: "Alfredo Peña").

Más recientemente mediante la sentencia n° 3 del 11 de enero de 2017, la Sala se pronunció en un caso similar de interpretación constitucional, solicitada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, especificamente, sobre la presentación del mensaje anual al que refiere el artículo 237 Constitucional, en el que daría cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia acogió la doctrina comentada, estableciendo expresamente en su articulo 25.17, la competencia de esta Sala para: "Conocer la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema constituciona?".

Así las cosas, se observa que la petición del Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami, estriba en interpretar el articulo 244 del Texto Fundamental, sobre la base de las alegaciones formuladas; por lo que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales señalados, con lo previsto en el articulo 335 Constitucional y en atención a lo dispuesto en la aludida disposición de la ley que regula las funciones de este Máximo Juzgado, esta Sala resulta competente para decidir el asunto sometido a su conocimiento. Asi se declara.

DE LA ADMISIBILIDAD

Con relación a la admisibilidad de la solicitud de autos, la Sala estima preciso reafirmar su doctrina sobre las condiciones de admisibilidad a las que se halla sujeta esta especial demanda (Vid., entre otras, sentencias números 1.077/2000, 1.347/2000, 2.704/2001 y 278/2002), y observa que el solicitante de autos actúa en su condición de Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, demostrando en su escrito su cualidad e interés por la interpretación del contenido del articulo 244 Constitucional, que establece lo conducente a la responsabilidad de los Ministros y Ministras de presentar ante la Asamblea Nacional una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior dentro de los primeros sesenta dias de cada año, y que, en fin, la presente solicitud no se encuentra incursa en ninguna de esas causales de inadmisibilidad, así como tampoco en las previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Asi se declara.

IV DEL MERO DERECHO Y LA URGENCIA DEL ASUNTO Con fundamento en los precedentes jurisprudenciales de esta Sala contenidos en sentencias números 226/2001, 1.684/2008 y 1.547/2011,

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considerando, por una parte, que el presente asunto es de mero derecho, en tanto no requiere la evacuación de prueba alguna, al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento interpretativo del articulo 244 Constitucional, con relación a una circunstancia pública, notoria y comunicacional, y por otra parte, en atención a la gravedad y urgencia de los señalamientos que subyacen en la solicitud de interpretación formulada por el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami, los cuales se vinculan a la necesidad de un pronunciamiento urgente de esta Sala, toda vez que dicha norma establece un plazo para la presentación de una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho de los Ministros y Ministras en el año inmediatamente anterior dentro de los primeros sesenta dias de cada año y que de igual manera por analogía, también sea presentada la memoria y cuenta del Vicepresidente Ejecutivo de la República, esta Sala declara la presente causa de mero derecho, así como la urgencia en su resolución.

En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en e! articulo 7 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria del articulo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el articulo 145 eiusdem, la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más trámites el presente asunto. Asi se decide.

V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Con ocasión de la presente demanda de interpretación del articulo 244 del Texto Fundamental, el ciudadano Tareck el Aissami, en su condición de Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, plantea que "ante la situación de desacato en la que actualmente se encuentra la Asamblea Nacional, surge la legítima duda hermenéutica respecto a si, ante tales circunstancias y a pesar de tal situación de desacato, se debe presentar la memoria a que alude el articulo 244 Constitucional, en la sede de la Asamblea Nacional, o si, por el contrario, dada la omisión inconstitucional por parte del Organo Legislativo Nacional frente al Poder Judicial y a !a Constitución, debemos abstenernos de hacerlo ante la misma, sinp, en esencia, presentar nuestra memoria razonada anual ante el Tribunal Supremo de Justicia, como máxima y última intérprete de Nuestra Carta Magna, debidamente transmitido por los medios de comunicacional social, para llegar a la mayor cantidad de nuestro Pueblo".

Ahora bien, el articulo 244 Constitucional dispone lo siguiente:

"Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco años, con las excepciones establecidas en esta Constitución.

Los Ministros o Ministras son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y con la ley, y presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley".

Al respecto, el articulo 244 Constitucional prevé que los Ministros y/o Ministras deben presentar, ante la Asamblea Nacional, dentro de los scsent dias de cada año, la memoria contentiva de la gestión realizada en sus respectivos despachos en el año inmediatamente anterior; asi pucs, la referida norma constitucional no refiere tal obligación al Vicepresidente Ejecutivo de la República.

En este sentido, es pertinente citar las disposiciones contenidas en los articulos 238 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezucla, que prevé lo siguiente:

"Articulo 238. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva es Repmiblica en su condición de Jefe o Jefa del Ejecutivo Nacional.

El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva reunirán las mismas condiciones exigidas para ser Presidente o Presidenta de la República, y no podrà tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad con éste."

"Artículo 239. Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva:

1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en la dirección de la acción del Gobierno.

2. Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las instrucciones del Presidente o Presidenta de la República.

3. Proponer al Presidente o Presidenta de la República el nombramiento y la remoción de los Ministros.

4. Presidir, previa autorización del Presidente o Presidenta de la República, el Consejo de Ministros o Ministras.

5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional.

6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno.

7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o funcionarias nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad.

8. Supiir las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República.

9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o Presidenta de !a República.

10. Las demás que le señalen esta Constitución y la ley." Como puede apreciarse, el Vicepresidente Ejecutivo es órgano directo y colaborador inmediato del Presidente de la República en su condición de Jefe del Ejecutivo Nacional, al cual le han sido conferidas, constitucionalmente las referidas atribuciones, las cuales lo vinculan de manera directa con la dirección de la gestión del gobierno en el ámbito nacional, que, a su vez, es delegada en parte a los ministros o ministras del gabinete ejecutivo, razón por que el Vicepresidente Ejecutivo debe encabezar, en efecto, la presentación de la memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley, a la que se refiere el artículo 244 Constitucional; norma que, a su vez, guarda armonía con una disposición precedente, prevista en el artículo 237 eiusdem, que establece un deber similar y preeminente, en lo que respecta, ante todo, al Presidente de la República (ver sentencia de esta Sala n.° 3 del 11 defenero de 2017). Asi se declara.

Por otra parte, tal como lo advierte el demandante de autos, la Asamblea Nacional ha venido incurriendo en una constante situación. de desacato al orden constitucional; lo que, en definitiva, ha generado diversas anormalidad constitucional que han venido siendo establecidas por este Máximo Tribunal de la República, en ejercicio de sus atribuciones previstas en los articulos 266 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el resto del ordenamiento jurídico.

Los referidos articulos constitucionales prevén lo siguiente:

"Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Titulo VII de esta Constitución.

Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presiderte o 2.

Presidenta de la República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.

Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente 3.

Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobemadores o Gobernadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los afinnativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva.

Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la 4.

República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal.

Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos 5.

administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente.

Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance 6, de los textos legales, en los términos contemplados en la ley.

Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios 7.

o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a elos er:

el orden jerárquico.

Conocer del recurso de casación.

8.

Las demás que establezca la ley.

9.

La atribución señalada en el numeral I será ejercida por la Sala Constitucional;

ias señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5 en Sala Político Administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto en esta Constituición y la iey."

"Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución.

Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes 2.

estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.

Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley 3.

dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución.

Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e 4.

inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.

Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de 5.

la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de !os

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ratificación.

Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los 6.

decretos que declaren estados de excepciôn dictados por e! Presidente o Presidenta de la República.

7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.

Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones 8.

legales y declarar cuál debe prevalecer.

Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre 9.

cualesquiera de los órganos del Poder Público.

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas juridicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos: por la ley orgánica respectiva.

11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley".

Algunas de las situaciones de desacato, de omisiones parlamentarias inconstitucionales y de anormalidad constituciona! se evidencian en los párrafos que se explanan a continuación.

Mediante sentencia n.° 260 del 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia expresó, lo siguiente:

"...Administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara:

1.ComPETEnTE para conocer y decidir el recursocontencioso electoral conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y, subsidiariamente solicitud cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por la ciudadana, Nada MARINA MALDONADO MALDONADO, asistida por las abogadas Ligia Gorriño y Mitzi Tuárez, identificadas, en su alegada condición de (..) candidaza a Diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas (.)', contra! (...) e! acto de votación de las Elecciones Parlamentarias celebradas el pasado 6 de diciembre de 2015, en el circuito electoral del Estado Amazonas, para el periodo constitucional 2016-2021, efectuadas por el Consejo Naciona:

Electoral (...)'.

2.ADamrTE el recurso contencioso electoral interpuesto.

3. PRocEDENTE la solicitud de amparo cautelar, en consecuencia, ORDENA de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órtianos subordinados del Conselo Nagional Blectorad respecto de los candidatos electos por voto uninominal, vota lista y representación indigena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional.

4. Inoricioso el pronunciamiento respecto dela solicitud cautelar de suspensión de efectos.

Publíquese, registrese y notifiquese. Cúmplase lo ordenado....

(Resaltado y subrayado del original).

Por su parte, en sentencia n.° 1 del 11 de enero de 2016, la mencionada Sala Electoral de este Máximo Tribunal de la República, afirmó que:

"(...) En fecha 5 de enero de 2016 tuvo lugar el acto de instalación de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 y la designación de su Junta Directiva, previa calificación de sus miembros, acto en el cual se verificó el acatamiento de la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015 dictada por esta Sala Electoral;

ii) En ese mismo acto, la Asamblea Nacional se instaló con la juramentación de 163 Diputados como se corrobora de la nota de prensa del portal web del Diario Últimas Noticias cuando reseña que (...) Fueron llamados 167 diputados que conforman esta Asamblea Nacional, pero se revisaron 163 credenciales, faltando cuatro: tres por el estado Amazonas y uno indígena. Ya que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró con hugar un recurso, de allf se consideró procedente la solicitud de amparo cautelar' (http://www.el-nacional.com/politica/Pedro-Carreno-diputados-revisadosfaltando_0_769723073.htmi).

ii) En fecha 6 de enero de 2016, la Junta Directiva, de la Asamblea Nacional integrada por los Diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla, procedieron a juramentar como Diputados a los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, a los fines de integrar el referido cuerpo legislativo, no obstante la orden judicial de amparo cautelar de suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación con ocasión del proceso electoral del 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas, acordado por esta Sala Electoral en la referida sentencia.

ivj El 7 de enero de 2016, el Diputado Henry Ramos Allup, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional declaró: 'No se puede considerar en desacato a quienes califican a sus propios miembros. Para ejercer nuestros derechos constitucionales no pasamos por el tamiz de ningún otro poder. Los dos únicos órganos elegidos por sufragio son el presidente y la Asamblea Nacional", según nota de prensa publicada en el portal web del diario El Nacional (http://wrvw.el-nacional.com/politica/Ramos-Allup- Asamblea-Nacional-tamiz_0_770923076.html).

v) El 8 de enero de 2016, el Diputado Enrique Márquez, en su condición de Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional declaró: 'No la podemos acatar, estariamos entrando en desacato de la voluntad popular y la Constitución, algo que no vamos a hacer', Una vez proclamados nadie puede detener su juramentación' (http://globovision.com/article/marquez-decision del-tsj-sobre-diputados-de-amazonas-es-inacatable).

En ese sentido, es del conocimiento de esta Sala que por diversos medios de comunicación social se dio a conocer el día 6 de enero de 2016, el hecho noticioso del cual se evidencia el incumplimiento del mandato constitucional cautelar ordenado en la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015, referido a la juramentación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana en los cargos de diputados a la Asambiea Nacional por el estado Amazonas los dos primeros, y por ia Región Sur el último de los nombrados.

De lo anterior cabe agregar, que la Asambiea Nacional debe seguir no solo las pautas que la propia Constitución prevé, sino también'acatar las disposiciones y decisiones que el resto de los poderes del Estado dicten o sancionen en función de sus propias atribuciones constitucionales y legales, en caso contrario, surgirfa el riesgo de la 'anomia' constitucional y la inestabilidad para el Estado y su gobierno. Un ejemplo de esto podria ser que la Asamblea, so pretexto de su autonomía, violentara el principio de la colaboración de poderes -articulo I37 Constitucional-; asimismo no podría en su constitución, funcionamiento y desempeño, incurrió en usurpación de autoridad o funciones o desviación de poder -articulos 138 y 139 Constitucional-; no puede desacatar los fallos judiciales -articulo 253 eiusdem-; asi como tampoco podria violar o menoscabar los derechos garantizados por el sistema constitucional -artículos 22, 23 y 25-, en fin, la actuación del órgano legislativo nacional debe tener como norte el artículo 7 ibidem, pues, de lo contrario no habría otra alternativa que acudir a las disposiciones contenidas en el Titulo VII de la Carta Fundamental, corresponde al Poder Judicial asegurar la integridad de la Constitución -articulo 334- y, en especial, el Tribunal Supremo de Justica debe velar por la supremacía y efectiva aplicación de ella -artículo 335-.

Con todos estos razonamientos considera esta Sala Electoral que existen suficientes elementos de convicción para decidir la solicitud de desacato como si se tratara de un asunto de mero derecho. Asi se decide, Con fundamento en lo anterior, esta Sala constata que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional integrada por los Diputados Henry Ramos juramentación como Diputados de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, incurrió en desacato de la sentencia número 260, del 30 de diciembre de 2015 dictada por esta Sala Electoral, que acordó la suspensión de efectos de los actas de totalización, adjudicación y proclamación con ocasión del proceso electoral del 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas. As! se decide.

Asimismo, se evidencia que los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio juramentación, igualmente incurrieron en desacato de la mencionada sentencia. Asf se decide.

En ese sentido, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia RATIFICA el contenido de la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015, a los fines de su inmediato cumplimiento.

En consecuencia, con la referida juramentación como diputados del órgano legislativo nacional, los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana incurren en el supuesto establecido en el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al usurpar el ejercicio del referido cargo legislativo en desacato de la sentencia número 260 citada, norma constitucional que preceptúa que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, se encuentran viciados de nulidad absoluta y por tanto resultan inexistentes aquellas decisiones dictadas por la Asamblea Nacional a partir de la incorporación de los mencionados ciudadanos. Ast se decide.

.Finalmente, en razón de las circunstancias fácticas y jurídicas hasta aqui evidenciadas, y en aras de garantizar el articulo 253 de la Constitución de la República, Bolivariana de Venezuela, ademas del orden jurídico y la justicia, se reitera que los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana efectivamente incurrieron en desacato de la medida cautelar de amparo decretada por esta Sala, y subvirtieron la autoridad y el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, representado en esta oportunidad, por el Máxima Tribunal de la República, como pilar fundamental del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y, en fin de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, norma supremo (art. 7 eiusdem) por lo que esta Sala ordena a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, LA DESINCORPORACIÓN INMEDIATA de Ios ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romiel Guzamana. Ast se decide.

AI DECISIÓN Por las anteriores razones de hecho y de derecho, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara:

1. ADMrtE la intervención de los ciudadanos identificados en la motiva del presente fallo como terceros en la causa contentiva del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar.

2. RATIFICA el contenido de la decisión maimero 260 del 30 de diciembre de 2015, a ios fines de su inmediato cumplimiento.

3. PROCEDEN o EL DESACATO de la sentencia número 260 dictada por la Sala Electoral 80 de dicfeinbre de 2015. por los miembros de la Junta Directiva de la Agamblea Nacional Diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Cailzadilla y por los ciudadanos Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, titulares de los números de cédula de identidad V-12.173.417. V-7.569.032 y V-13.325.572, respectivamente, 4. ORDENA a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la referida juramentación y en consecuencia proceda con LA DESINCORPORACIÓNinmediata de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, la cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en Sesión Ordinaria de dicho óraano legislativo nacional.

5. NULOS ABSOLUTAMENTE los actos de la Asamblea Nacionai que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo.

Publiquese, regístrese y notifiquese la presente decisión a la parte recurrente, a los terceros, al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea Nacional y al Ministerio Publico". (Resaltado y subrayado del original).

Por su parte, en sentencia n.° 108 del 1° de agosto de 20.16, la Sala Electoral expresó lo siguiente:

"...aprecia la Sala que los solicitantes alegan que ei día 2s de julio de 2016 los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, venezolanos, titulares del número de cédula de identidad V-12.173.427, V- 1.569.032 y V-13.325.572 respectivamente, fueron convocados y juramentados por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a los fines de su incorporación en el cuerpo legislativo en el cargo de Diputados.

En ese sentido, observa esta Sala que por diversos medios de comunicación se difundir el día 28 de julio de 2016, en forma pública y uniforme, el hecho noticioso sobre el incumplimiento del mandato constitucional cautelar ordenado en la sentencia número 260 del 30.de diciembre de 2015,

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referido a la juramentación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana en el cargo de Diputados a la Asamblea Nacional por el circuito electoral 1 del estado Amazonas los dos primeros, y: por la representación indigena Región Sar el último de los nombrados, con el objeto de su incorporación a las actividades parlamentarias de dicho órgano, lo cual esta Sala aprecia como un hecho notorio y comunicacional (vid. sentencia de la Sala Constitucional N° 98 del 15 de marzo de 2000, ratificada en sentencia de la Sala Electoral número 58 del 9 de julio de.2013) (...) En razón de lo expuesto, esta Sala Electoral determina el desacato en el cumplimiento de las decisiones dictadas por la Sala Electoral número 260 del 30 de diciembre de 2015 y, 1 del 11 de enero de 2016.

En consecuencia, y en virtud de la violación flagrante del orden público constitucional, es imperativo para esta Sala reiterar la nulidad absoluta Junta Directiva de la Asamblea Nacional procedió a la juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de Diputados del órgano legislativo naciónal, por lo que dicho acto carece de validez, existencia y no produce efecto jurídico alguno, así como aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentaciónide los prenombrados ciudadanos (vid. sentencia de ta Sala Electoral número 1 del 11 de enero de 2016 y sentencia de la Sala Constitucional número 614 del 19 de julio de 2016). Ast se declara.

Ar DECISIÓN Por las anteriores razones de hecho y de derecho, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana:de Venezuela por autoridad de la ley, declara:

1. EL DESACATO a las sentencias de la Sala Electoral número 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 yi número 1 del 11 de enero de 2016, y en caso de mantenerse el desacato de las referidas decisiones, se reservan todas aquellas acciones p procedimientos fudicidles a que haua lugar.

2. LA INVALIDEZ.

INEFICACIA INES ISTENCIA JorfpiCA.por violación flagrante del orden público constitucional:en el pretendido scto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de Diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la Junta Directiva del órgano legislativo naciorial, asi como de aquello a actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los ciudadanos, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, ya identificados, a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y a la ciudadana Fiscal General de la República.

Remitase copia certificada de la presente decisión a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Consejo Naciona! Electoral, Contraloría General de la República, Procuraduria General de la República y Defensoría del Pueblo.

to Cúmplase notifiquese.

registrese Publiquese, y ordenado.:.". (Resaltado y subrayado del original).

Del texto de la decisión recién citada, puede apreciarse que de manera enfática, categórica y expresa, la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, actuando en el marco de sus facultades y competencias constitucional y legalmente cstabiecidas, procedió a la ratificación de ios dispositivos por ella adoptados, con relación al caso de la juramentación de ios ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de Diputados a ia Asamblea Nacional, lo cual, como quedó expuesto en el texto de la cita, resulta una ratificación de decisiones adoptadas en cse mismo sentido previamente, mediante sentencias n.° 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 y n.° 1 del 11 de enero de 2016, en las que se indicó que "cor ia referida juramentación como diputados del órgano legislativo nacional, los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana incurren en el supuesto establecido en el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al usurpar el ejercicio del referido cargo legislativo en desacato de la sentencia número 260 citada, norma constitucional que preceptúa que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, se encuentran viciados de nulidad absoluta y por tanto resultan inexistentes aquellas decisiones dictadas por la Asamblea Nacional a partir de la incorporación de los mencionados ciudadanos".

En igual sentido, la propia sentencia de la Sala Electorai recién citada, estabiece de manera expresa la verificación de un evidente desacato por parte de la Directiva de la Asamblea Nacional al proceder a la juramentación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, como diputados de la Asambiea Nacional y, a su vez, al permitirse la incorporación de los mismos a ias deliberaciones y votaciones de la plenaria del mencionado órgano legislativo nacional.

De esta manera, la categórica expresión utilizada por las decisiones antes mencionadas y, en particular, en una sentencia más reciente relacionada con el caso (de fecha 1 de agosto de 2016), no dejan las más mínima duda en torno a que todos los actos de cualquier indole, qué sean dictados por la Asamblea Nacional, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, Diputados de dicho órgano legislativo, resultan fungiendo como absolutamente nulos por la usurpación de autoridad de dichos ciudadanos que ha sido declarada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

mediante el procedimiento legalmente establecido a tales efectos, y por ello así estar dispuesto de forma expresa en la motivación y en los dispositivos de los fallos recién mencionados.

Además de lo antes expuesto, cabe recordar, entre otras tantas, las sentencias de esta Sala nros. 808 y 810, de fechas 2 y 21 de septiembre de 2016, respectivamente; 952 del 21 de noviembre de 2016, asi como también las decisiones 1012, 1013, 1014 del 25 de noviembre de 2016, 1 del 6 de enero, 2 y 3 del 11 de enero, 4 y 5 del 19 de enero, 6 del 20 de enero y 7 del 26 de enero de 2017 en las que se ha ratificado el desacato por parte de la Asamblea Nacional a las decisiones n.ros 260 del 30 de diciembre de 2015, 1 del 11 de enero de 2016 y 108 del 01 de agosto de 2016, emanadas de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, estableciendo entre otros pronunciamientos "que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia".

Ahora bien, tal conducta desplegada por la mayoría de diputados y diputadas que actualmente integran la Asamblea Nacional, en contravención al ordenamiento constitucional y en contumacia a «varias y diversas decisiones emanadas de diversos órganos del Estado, ha sido una constante y característica manera de proceder de la mayoría parlamentaria desde que se instaló el 5 de enero de 2016; lo cual también determina la nulidad de gran parte de las actuaciones de la Asamblea Nacional y ha sido puesto de manifiesto en diversas decisiones, entre las que se encuentran la sentencia n.° 614 del 19 de julio de 2016, emanada de esta Sala, en la que se dispuso:

"Asi pues, es evidente que la segunda agenda del orden del día ·sufrió una modificación en la cual se incorporó de forma extemporánea como punto n.°1 la Presentación del Informe de la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia, sustituyendo el punto n.° 3 de la primera convocatoria, en el que se propuso debatir sobre la Segunda discusión del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control FiscaL Ello demuestra de forma incontrovertibie la flagrante violación por parte de ia Junta Directiva y de la Secretaría de la Asamblea Nacional, asi como también por parte de los diputados que respaldaron a través de sus votos semejante afrenta al orden constitucional y a la sentencia de esta Sala N° 269 que, como se advirtió, estableció "que la orden del día una vez incluida en el sistema automatizado no admitirá modificación, en aras de preservar la seguridad jurídica como principio que debe imperar en el ejercicio de la función legislativa. En consecuencia, se suspende de oficio, hasta tanto se decida el fondo del presente recurso, el numeral 6 del articulo antes indicado, al colidir con lo antes establecido".

En razón de ello, es deber de esta Sala anular la convocatoria y ia sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del 14 de julio de 2016, junto a los actos producidos en ella, y ordenar a la Junta Directiva, al resto de diputados incursos en las irregularidades señaladas en esta sentencia y, en fin, a esa institución en general, que respete cabalmente el orden dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya vigencia y eficacia, ante estos actos que constituyen en definitiva evidentes desviaciones de poder y fraudes constitucionales, será protegida de manera irrestricta por este Máximo Tribunal de la República, en tutela del Pueblo venezolano y de los intereses de la Nación. Asi se decide.

Finalmente, en razón de la posible comisión de delitos contra los Poderes Nacionales y contra la Administración de Justicia, entre otros bienes juridicos tutelados y otras formas de responsabilidad juridica, se ordena remitir copia certificada de esta sentencia al Ministerio Público, a los fines jurídicos consiguientes. Así se decide." Iguaimente, cabe señalar la sentencia n.° 478 del 14 de junio de 2016, en la que esta Sala deciaró lo siguiente:

...se ordena a la Asamblea Nacional, a su Presidente, a su Junta Directiva y a sus miembros en general, abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la República y, en general, desplegar actuaciones al ordenamiento juridico vigente, y que, por el contrario, constituyen competencias exclusivas y excluyentes de otras ramas del Poder Público; so pena de incurrir en las responsabilidades constitucionales a que haya lugar, todo ello con especial sujeción a las disposiciones previstas en los artículos 137 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según los cuales "La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que realicen", y "Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos". Así se decide."

Asimismo, resulta oportuno señalar la sentencia n.° 460 del 9 deijunio de 2016, en la que esta Sala expresó lo siguiente:

"...No obstante el anterior pronunciamiento, esta Sala Constituciona! no puede dejar de advertir que, para sancionar la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Satud, la Asamblea Nacional, una vez más, obvió el cumplimiento de los parámetros exigidos en el procedimiento de formación de leyes, especialmente, los previstos en su Reglamento Interior y de Debates, a la huz de lo señalado en la sentencia n° 269, dictada por esta Sala elf21 de abril de 2016, en la cual acordó: "(.,) que el informe sobre el impacto e

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incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe,de la Dirección de Asesoria Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del articulo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no seipuede discutir un proyecto de ley, y que los mismos, en previsión de los artículos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional -a traves de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por via del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del pais, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional(.)". Esta exigencia fue ratificada por la Sala en su fallo número 327 de fecha 28 de abril de 2016, para motivar la nulidad parcial de la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados.

Asf las cosas, la ley objeto del presente control preventivo de la constitucionalidad también incurre en vicios procedimentales que acarrean su declaratoria de inconstitucionalidad. Asi se declara.

(..)] Con respecto a lo anterior, esta Sala advierte que el articulo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el numeral 4 del artículo 236 eiusdem, dispone que el Presidente de la República es el Jefe del Estado y, en esa condición, le corresponde dirigir las relaciones exteriores de la República, conforme a los principios que establece el Texto Fundamental, en los términos siguientes:

'Articulo 226. El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe 0 Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno'.

'Articulo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: (...) 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales'.

Ast las cosas, el Texto Constitucional es claro al señalar que al Presidente de la República, como Jefe del Estado, le corresponde dirigir las relaciones exteriores de la República. En ese mismo sentido, esta Sala, en sentencia N° 967/2012, caso Pedro Pereira Riera e Inés Parra Wallis, al determinar el contenido y alcance del artículo 153 de la Constitución, estableció lo siguiente:

'Ahora bien, un enfoque literal y sistemático del ordenamiento constitucional en la materia, como el expuesto supra, es consolidado por una perspectiva interpretativa de naturaleza pragmática y teleológica, vinculada a la naturaleza de las relaciones intemacionales, conforme al cual, las mismas si bien deben responder a los elementos sustantivos antes señalados y ai cumplimiento de las formalidades correspondientes (vgr. Artículo 187.18 de ia Constitución), no pueden limitarse de forma tal que nieguen -o vacien de contenido- el carácter particularmente discrecional que le atribuye el propio Texto Fundamental, a la atribución del Presidente de la República para dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, en los precisos términos del artículo 236.4 eiusdem (Omissis) Por ello, en su labor jurisdiccional la Sala, no puede asumir una interpretación que comporte un desconocimiento de las consecuencias de adoptar un criterio restrictivo de las instituciones constitucionales, que limiten injustificadamente el desarrollo normativo y la actividad que se produce en ejecución de aquélla, especialmente en materia de relaciones internacionales, en la cual la realidad que se pretende regular es esencialmente de naturaleza mutable, lo que en consecuencia exige una mayor amplitud en la concepción de los principios que ordenan ei ordenamiento jurídico ...) En atención a ello, se advierte que el Presidente de la República asume en esta materia, asuntos de particular trascendencia política, vale decir la decisión estatal que comporta una determinación general o manifestación directa o indirecta de la soberanía del Estado en relación a otros Estados u organismos intemacionales. La discrecionalidad propia de las competencias que asume, se enmarcan en lo que la doctrina ha denominado funciones como de Jefe de Estado, y esa característica es una manifestación necesana de la naturaleza eminentemente política de su función, que implica un acto de soberanía frente a los demás Estados y organismos internacionales con los cuales la República Bolivariana de Venezuela mantiene relaciones -Vid.

Sentencias de esta Sala Nros. 1.815/2004, 1.117/2006 y 1.115/10;

MARIENHOFF M. Tratado de derecho Administrativo. 1965. Editorial Abeledo Perrot. Tomo I. p. 685-754-.

anular- una función eminentemente política, signada por circunstancias de oportunidad y conveniencia, en orden a garantizar el contenido de los articulos 3 y 152 eiusdem, que termine por afirmar por ejemplo, la derogatoria intemacionales, ya que en ese supuesto la incidencia de la denuncia de un tratado intemacional, no se concretaria en el ordenamiento juridico interno o al menos sería ineficaz, lo que podria generar o perpetuar el perjuicio que de forma soberana se pretende evitar al terminar con un tratado o convenio internacional.

En efecto, la dirección de las relaciones intemacionales forma parte de las materias reservadas a la competencia exclusiva del Presidente de la República. Ellas comprenden, entre otras: procurar la soberanía y la integridad del territorio nacional, la defensa de la República, la cooperación internacionales y designar a los jefes de misiones diplomáticas. Ello así, para procurar hacer al Estado una unidad efectiva de decisión y de influencia Comparado". Madrid. Alianza. "2000. Pág. 19).

Considera esta Sala importante indicar, que la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refiriéndose en particular a la Sección Quinta, intitulada *De las Relaciones Internacionales";

'En la Constitución las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en el ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. En esta sección se establecen los principios de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención, solución humanos, solidaridad entre los pueblos. Además de la defensa de estos principios, la Constitución impone a la República la práctica democrática en la participación y toma de decisiones en el seno de organismos e instituciones intemacionales.

Se promueve la integración latinoamericana y caribeña, la cual adquiere carácter constitucional en la búsqueda de la creación de una Comunidad de Naciones. A tales fines; se permite la suscripción y ratificación de tratados internacionales, bilaterales o multilaterales, en el marco de procesos de integración que tengan carácter supranacional. Como consecuencia de ello, procesos de integración, son de aplicación directa e inmediata en Venezuela'.

Congruente con lo señalado en su exposición de motivos, los artículos I52, 153, 154 y 155 del Texto Fundamental disponen:

(..) Ast pues, de los preceptos constitucionales transcritos se aprecia claramente que uno de los pilares que sirven de fundamento a la refundación del Estado venezolano, lo constituyen unas relaciones intemacionales más vigorosas, soberanas y de mayor protagonismo, en función de un mundo multipolar, donde las interacciones entre los Estados se establezcan de manera respetuosa e igualitaria.

(...]) Como ya se señaló, en principio, la discrecionalidad propia de las de la naturaleza eminentemente política de su función, que implica un acto de soberanía frente a los demás Estados y organismos internacionales con los cuales la República Bolivariana de Venezuela mantiene relaciones y, por tanto, el establecer regímenes jerárquicos o preferenciales por parte de la Asamblea Nacional, es una evidente usurpación de dichas competencias atribuidas al Presidente de la República conforme al numeral 4 del articulo 235 constitucional y, por otra parte, dicha discrecionalidad solo puede quedar vinculada en su amplia configuración al Texto Constitucional que, en este caso, determina que se deberán privilegiar las relaciones intemacionales con los países iberoamericanos como politica común para todos los países de Latinoamérica, conforme lo determina el artículo 153 eiusdem.

Como se desarrolló líneas arriba, las relaciones intemacionales son cambiantes y dependen de factores internos de cada pais y exógenos à ellos, por lo que la cooperación internacional debe establecerse de acuerdo a las razones de oportunidad y conveniencia para los altos intereses de la nación y no es papel del legislador petrificar en un ley las modalidades que ésta asume, de acuerdo a variables que mutan conforme a cómo se comportan los sujetos de derecho intemacional; para ello debe asumirse un criterio diferenciado en el marco de una política que, en el caso de nuestro país, se encuentra, en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 2013-2019 (Plan de la Patria), que establece como gran objetivo histórico "Contribuir al Desarrollo de Una Nueva Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo un mundo Multicéntrico y Pluripolar que permita lograr el Equilibrio del Universo y Garantizar la Paz Planetaria".

(.…) Adicionalmente, esta Sala, no puede dejar de apreciar que resulta un hecho notorio, público y comunicacional, los evidentes esfuerzos que, el Ejecutivo Naciona!, ha venido realizando a fin de resolver la situación de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. En este sentido, resalta la cooperación intemacional recibida del Gobierno de la República Popular China consistente en "96 toneladas de medicamentos" según reseña el portal oficial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, los cuales fueron adquiridos por el Gobierno Nacional mediante el convenio de cooperación integral con la República Popular China...".

Del mismo modo, más recientemente, mediante decisión n.° 797 del 19 de agosto de 2016, esta Sala se vio en la necesidad de expresar lo siguiente:

"No obstante ello, es público, notorio y comunicacional, según se evidencia de la página web de la Asamblea Nacional, que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ha tildado las medidas cautelares decretadas por esta Saia en la sentencia n° 269 del 21 de abril de 2016, como absolutamente guías", en comunicado del 5 de julio de 2016, que aparece en el siguiente web enlace (http://wuw.asambleanadlonal.gob.ge/uploads/documentos/doc Icce92be 2c893e010f266ac32105e89d7ad28579 pdf, donde se lee, lo siguiente:

La sentencia señalada de la Sala Constitucional infringe gravemente el orden constitucional y democrático y cercena el derecho a la defensa en juicio de la Asamblea Nacional, y lo hace en una decisión en la cual también amenaza con sancionar al Presidente de la Asamblea Nacional ante el supuesto incumplimiento de unas medidas cautelares absolutamente rutas, entre otras razones por haber sido ratificadas sin permitir a la Asamblea Naciónal el ejercicio del derecho a la defensa frente a ellas por medio de una representación judicial propia (...).

Desde su publicación la sentencia n° 269, ha sido objeto de pronunciamientos por los Diputados que conforman en este momento la mayoría parlamentaria, y en especial de su Presidente, ciudadano Henry Ramos Allup, donde se evidencia, su posición contraria al cumplimiento de las órdenes conteridas en la misma, que conforme a la potestad de tutela judicial efectiva, buscan lograr el equilibrio y el mantenimiento del orden democrático en el órgano legislativo nacional. Asi, se observan las declaraciones en las siguientes páginas:

(http://wwr.el-nacional.com/politica/Alfonso Manquina- Parlamento-TSJ.

sentencia 0 836316655,html);

(http:7/wwnw.lapatilla.com/site/2016/05/03/ramos-allup-no-acataremosninquna-sentencia-del-tsi-que-viole-la-constitucion/j.

En efecto, se lee en la reseña aparecida el día 28 de abril de 2016, en la página web http://www.unbombazo.com/2016/04/28/clínicos-del-tsiramos-allup-no-acataremos-recurso-5-anos/, lo siguiente:

"(...) El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró este jueves 28 de abril que no acatarán la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el Reglamento de Interior y de Debate del Parlamento luego de una petición hecha en 201:1 por representantes de la oposición cuando el oficialismo era mayoria, er, el Parlamento.

Parte de lo establecido en la sentencia indica que las sesiones y el orden del día deberán ser dadas a conocer 48 horas antes como mínimo. La decisión. ha sido cuestionada por el actual parlamento por considerarla a destiempo y de carácter política.

'El Reglamento de interior y de debate fue modificado por la decisión inconstitucional de la Sala Constitucional por inconstitucional reavivando un recurso que tenía cinco años en la nevera constitucional y nunca modificaron

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ese reglamento para no afectar el ejercicio de la Asamblea Nacional que ustedes controlaban, pero en síntesis y en definitiva esta Asamblea Nacional va a aplicar estrictamente la Constitución, no vamos a acatar ninguna decisión de la Sala Constitucional que sea contraria a la Constituciór o que viole la norma elemental' (..)". (Resaltado de este fallo).

Se observa entonces, que se denunció que los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en primer lugar, convocaron las referidas sesiones sin atender el lapso previo de cuarenta y ocho 48) horas antes, establecido por esta Sala Constitucional en la sentencia citada supra, al interpretar el artículo 57 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

Asimismo, se denunció que los días 28 de abril, 03 y 05 de mayo de 2016 hicieron cambios sobrevenidos al contenido del orden del dia, incumiendo nuevamente en flagrante incumplimiento de la sentencia n° 269 del 21 de abril de 2016, y por ende, en quebrantamiento del orden constitucional que debe privar en las instituciones democráticas de la República Bolivariána de Venezuela. Circunstancias estas que hacen necesaria la utilización de la potestad cautelar de esta Sala, sin que esto constituya adelanto sobre el fondo del .asunto sometido en el recurso principal, esta Sala en aras de preservar los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y los principios de seguridad jurídica y postulados de orden constitucional atinentes al equilibrio en las instituciones que conforman el Poder Público Nacional para la preservación del orden democrático, atendiendo a la presunta violación de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala Constitucional N° 269, antes mencionada, por parte de la Juntc Directiva y de la Secretaría de la Asamblea Nacional, ast como también po parte de los diputados que conforman la mayorla parlamentaria, quien:

respaldaron a través de sus votos las decisiones tomadas en las sesión celebradas los días 26 y 28 de abril, y 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo de 201e acuerda amparo cautelar solicitado por los actores, y, en consecuencia, s suspenden los efectos de las sesiones celebradas los dias 26 y 28 de abril, 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, junto a los actos producidos en ella asi como también, ordena de manera cautelar a la Asamblea Nacional, través de su Presidente, en atención a lo dispuesto en el articulo 26, 49, 257 constitucional, que remita la documentación donde evidencie ! cumplimiento de las medidas cautelares decretadas en el fallo n° 269 del :

de abril de 2016, en lo relativo a la convocatoria de la sesiones ans señaladas y el orden del dia fijado para cada una de ellas, con 2 advertencia de que dicho mandamiento debe ser acatado de conformidad on lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo e Justicia. Asi se decide." (Destacado de este fallo).

Finaimente, debe concluirse que tales actos que además contraríario dispuesto en los artículos 226 y 336 Constitucionales, entre otrs, constituyen muestras indubitadas de usurpación de funciones y ie desviación de poder, como lo advirtió esta Sala en sentencia n.° 259 del 31ie marzo de 2016, en la que señaló lo siguiente:

"..evidencia la Sala que los actos legislativos que pueden interferir con las acciones del Ejecutivo Nacional durante la vigencia deun Estado de Emergencia Económica válidamente declarado, pueden hcer Ejecuivo funciones intencionalmente las del nugatorias Nacional, evidenciándose una desviación de poder, en los términos que se justifican en el presente fallo".

Los efectos y consecuencias de los actos provenientes de autoridades usurpadas han sido puestos de manifiesto por la jurisprudencia de esta Sa!a Constitucional (como bicn lo destaca la Sala Electoral en decisión de fecha 1 de agosto de 2016), mediante decisión n.° 9 del 1° de marzo de 2016, cn la que se dispuso:

"(...) el articulo 136 eiusdem inicia las disposiciones fundamentales sóbre el Poder Público, en los siguientes términos:

Artícuio 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre si en la realización de los fines del Estado:

Al respecto, la Exposición de Motivos de la Constitución señala lo siguiente:

(…) Se consagra, igualmente, una división de las funciones que corresponden a cada rama del Poder Páblico, tanto en sentido vertical como horizontal. Pero si bien se acepta la especialidad de la tarea asignada a cada una de ellas, se establece un régimen de colaboración entre los órganos que van a desarrollar las para la mejor consecución de los fines generales del Estado.

Se establece el principio restrictivo de la competencia, según el atribuciones que les son expresamente consagradas por la Constitución y la ley.

La usurpación de autoridad, consistente en la invasión del Poder Público por parte de personas que no gocen de la investidura púbica, se considera ineficaz y los actos dictados se consideran nulos.

En cuanto a la responsabilidad individual consecuencia del ejercicio del Poder Público, se abarca tanto el abuso de poder, la desviación de poder, así como la violación de la Constitución y la Ley.

(.…] El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado por la Constitución, al implicar fundamentalmente, división de los poderes del Estado, imperio de la.Constitución y las leyes como expresión de la soberania popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento juridico, y garantia procesal efectiva, de los derechos humanos y de las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan la potestad constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmenqe las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la Constitución y las leyes, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituye. el Poder Judicial y el Sistema de Justicia que se consagra en el Capítulo iII del Titulo V de la Constitución, configurándolo como uno de los poderes del Estado.

En el referido Capltulo, la Constitución, con fundamento en el principio de soberanía, declara que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la lcy.

(..) En tal sentido, y en atención al control jurisdiccional necesario de los actos, omisiones, vias de hecho emanados del Poder Electoral, a propósito de los procesos comiciales referidos, a su funcionamiento, el nuevo texto constitucional creó la Jurisdicción Contencioso Electoral, ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

(...

Al respecto, asi como el Poder Judicial está sujeto a normas y límites constitucionales, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacionai y los demás Poderes Públicos también lo están, al igual que todos ios ciudadanos y ciudadanas, por imperativo de los principios de supremacia constitucional y de racionalidad; de all que cualquier intento de ultraje a taies a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas; valores que sólo podrán ser defendidos a través del conocimiento directo de la Constitución, única herramienta válida para apreciar la verdad, evitar manipulaciones y contrarrestar acciones ilícitas".

En tal sentido, la consecuencia lógica de los diversos y multifactoria.es desacato desplegados por un sector que dirige la Asamblea Nacional, desde la teoría jurídica de las nulidades, es generar la nulidad absoluta y carencia de cualquier tipo de validez y eficacia juridica de las actuaciones que na venido realizando.

Tal aserto debe ser necesariamente asi, como consecuencia de una aplicación lógica del derecho y del debido respeto y acatamiento a las decisiones proferidas por los órganos jurisdiccionales de la República, ya que lo contrario implicaría una violación a la Tutela Judicial Efectiva, al debido proceso, a la seguridad jurídica y al propio Estado Constitucional de Derecho, comportando un desprecio a la majestad de la justicia y de la ley, pudiendo generar diversos tipos de responsabilidad jurídica, politica, ética y social en general.

Asi, la tutela judicial efectiva reconocida de manera expresa en el articulo 26 constitucional, implica uno de los pilares fundamentales sobre el cual se sustenta la noción de Estado de Derecho, ya que el mismo tiene por finalidad última hacer prevalecer el orden jurídico y, en definitiva, el respeto al imperio del derecho y de la ley, lo cual se logra asegurando la preservación del conjunto de derechos legitimos que el ordenamiento juridico establece y que conforman la esfera plurisubjetiva de todo ciudadano y de las sociedades como conglomerado social; otorgando a los mismos la certeza de que tales derechos serán debidamente asegurados y resguardados, a los efectos de del Estado, visto desde la perspectiva de su función jurisdiccional, en el que se proveerá a sus derechos la seguridad de ser efectivamente materializados y de mantener su intangibilidad y absoluto resguardo, en los términos constitucional y legalmente establecidos. Es por esta razón que el precepto constitucional, previsto en el artículo 26, indica que los mismos serán efectivamente tutelados por los órganos jurisdiccionales cuando pretendan ser vuinerados y se acuda ante ellos, exigiendo la debida tutela que detentan, para de esta manera hacer prelar la noción de justicia, que constituye el fin último de todo proceso judicial y la esencia misma de nuestro Estado.

En tal sentido, es necesario tener en consideración que el contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva ha sido profusamente interpretado y desarrollado por la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, pudiendo destacarse el criterio establecido mediante sentencia de esta Sala n.° 708 del 10 de mayo de 2001, donde se señala:

"Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento juridico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantia de :la paz social Es asf como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados.

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oido por los órganos de administración de justicia

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establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de all que la vigente Constitución serial que no se sacrificard la justicia por la omisión de formalidades :ro esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones iruútiles (articulo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantia para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artícuios como el 2, 26 o 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles." (Destacado de este fallo).

Por ende, el verdadero significado del derecho a la tutela judicial efectiva, quc consagra nuestro texto constitucional, apareja la necesidad de que ios mismos sean eficaces en la realidad, que sus efectos sean en verdad materializados en el plano fáctico, para poder alcanzar la verdadera justicia que ia Constitución consagra; razón por la que la verdadera finalidad (delos) de la función jurisdiccional se consuma precisamente en el momento en el que el fallo es llevado a la realidad, haciendo efectivos ios derechos que mediante la decisión judicial son tutelados, para de esta forma preservar el Estado de Derecho y de Justicia que vincula la existencia de la República.

La misma concepción en torno a la ejecución de la sentencia como una de las manifestaciones incontrovertibles del derecho a la tutela judicial efectiva, fueron, de igual manera, puestas de manifiesto en la decisión de esta Sala n.° 576 del 27 de abril de 2001, en la que se señaló:

"La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su articulo 26 consagra la Garantta Jurisdiccional, también llamada el derécho a la tutela judicial efectiva, que ha sido definido como aquél, atribuido a toda persona, de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca unas mínimas garantias, todo lo cual sólo es posible cuando se cumplen en él los principios establecidos en la Constitución. Es, pues, la Garantía Jurisdiccional, el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por un órgano, también preestablecido para ello por el Estado, para conseguir una decisión dictada conforme el derecho mediante la utilización de las vías procesales prescritas para el fin específico perseguido, en el entendido que dicho derecho en manera alguna comprende que la decisión sea la solicitada por el actor o favorezca su pretensión, ni que en el curso del mismo se observen todos los trámites e incidencias que el actor considere favorables a él. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende, asimismo, el derecho a la ejecutoriedad de la sentencia obtenida en derecho".

Tal criterio ha sido reiterado por esta Sala en sentencia n.° 290 de fecha 23 de abril de 2010, en la que se precisó:

"Ciertamente, la ley bajo examen implementa un sistema orgánico-procesal expresamente establecido en la Constitución, que viabiliza el ejercicio de los derechos adjetivos de acceso a la justicia (legitimación, caducidad de las acciones, requisitos de la demanda, entre otros), el derecho al juez natural (determinación de las competencias de los juzgados contencioso administrativos), la tutela cautelar (condiciones de procedencia de las medidas pretensiones anulatorias, demandas patrimoniales e interpretación de leyes, entre otros) y el derecho a la ejecución del fallo (procedimiento para la ejecutoria de lo decidido), los cuales, integran el derecho a la tutela judicial efectiva, dentro del ámbito del control jurisdiccional de las actuaciones administrativas de los Poderes Públicos".

Se desprende del criterio jurisprudencial transcrito el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, como derecho complejo que es, no tan solo comprende el derecho de acceso de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales para ventilar sus pretensiones y que las mismas sean decididas conforme a un debido proceso en el que le sean respetadas sus garantías y derechos, sino que, además, es extensivo a la ejecutoriedad de la sentencia que de ese proceso resulte.

Resulta claro de lo expuesto, que siendo la ejecutoriedad de la sentencia una manifestación cardinal del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo acto que pretenda impedir o menoscabar la materialización de ese derecho a la ejecutoriedad y ejecución de una decisión judicial, se convierte abiertamente en una violación del prenombrado derecho a la tutela judicial efectiva.

Lo anteriormente expuesto, aplicado al caso de autos, pone de manifiesto que la actuación desplegada por la Asamblea Nacional, no tan solo al proceder a una nueva juramentación e incorporacićn de ciudadanos como diputados de dicho órgano parlamentario, en contravención a la disposición expresa contenida en un fallo judicial, sino también por continuar desconociendo lo dispuesto en una sentencia emanada de este Máximo Tribunal en Sala Electoral, en la que se determina la nulidad de cualquier acto emanado de dicho órgano parlamentario, en contumacia y rebeldía a lo dispuesto por dicha decisión, es decir, sin haber desincorporado formalmente a los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana como Diputados de dicha Asamblea Nacional, se traduce en la nulidad absoluta de dichos actos.asi emanados, junto a los derivados de los mismos (ver sentencia n* 2/20i7) por la contravención expresa a un mandato judicial, que desde huegórvulnera y desconoce la noción de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrada en el articulo 2 constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva (articulo 26), lo dispuesto por el articulo 253 constitucional y el propio orden integra! constitucional; resultando, por ende, dichos actos absolutamente nulos y sin ningún tipo de validez y eficacia jurídica.

Conforme a lo antes expuesto, tal situación de desacato "incapacita al Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones constitucionales de contro! político de gestión", tal como lo declaró esta Sala en sentencia n.° 3 de 14 de enero 2016, en la que señaló lo siguiente:

"Esta Sala Constitucional procede a analizar la solicitud de omisión inconstitucional formulada (...) contra la Asamblea Nacional, para recibir el mensaje de rendición de cuentas del Presidente de la República Bolivariara de Venezuela (Poder Ejecutivo) sobre los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año 2015, conforme a lo previsto en el s n artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ello con ocasión de la sentencia N° 1 dictada el 11 de enero de 2016 por la Sala Electoral de este Alto Tribunal en la cual decretó el desacato del :Poder legislativo (Junta Directiva) en el cumplimiento de la medida cautelar acordada por. ese mismo órgano jurisdiccional en sentencia N° 260, dictada el 30 de diciembre de 2015, lo que incapacita al Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones-constitucionales de control político de gestión." Respecto de ese control politico, en sentencia n,° 9 del 1 de marzo de 2016, esta Sala asentó lo siguiente:

"..Como puede apreciarse, y aquf lo reconoce este máximo tribunal de la República, el Poder Legislativo Nacional tiene funciones de control político, a través del cual puede encausar sus pretensiones, eso si, siempre dentro del sh estabilidad de la Nación y democracia, sino de respeto a los derechos fandainentales.

Concretamente, los. artículos 187.3, 222, 223 y 224 del Texto Fândamental, estrechamente vinculados entre st, pues el primero prevé una competência de la Asamblea Nacional (187.3) que luego desarrollan Ics otros dos (222 y 223), disponen lo siguiente:

(.…) Así pues, al interpretar de forma gramatical, lógica, histórica e integral tales disposiciones, se observa que la Constitución le atribuye la competencia de control político a la Asamblea Nacional, "sobre el Gobierno: y la Administración Pública Nacional"; control sobre funcionarios públicos o funcionarias púbicas del Gobierno y Administración Pública Nacional (sujetos de acción política y, por ende, de control político, dentro del marco jurídico!, en los términos previstos en la Constitución y el resto del orden jurídico.

En efecto, como puede apreciarse, al delimitar de forma expresa las atribuciones de la Asamblea Nacional, la Constitución dispone que corresponde a ese órgano "Ejercer funciones de control sobre el Gobiero y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley" -Art. 187.3 Constitucional- (Resaltado añadido).

Asi pues, siguiendo la tradición constitucional, el constituyente reconoció que el Poder Legislativo Nacional, además de desplegar su labor principal: la cual es legislar, tambien podrá ejercer funciones de control sobre el Gobiemo y la Administración Pública Nacional, es decir, sobre el Poder Ejecutivo Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley, es decir, en el marco de los principios cardinales de autonomia y Estado (ver, p. ej, arts. 3 y 136 Constitucional); apreciación que resulta de una lógica ponderación entre las referidas normas constitucionales.

Ello asi, la disposición competencial en cuestión limita el control de la Asamblea Nacional al Poder sobre el cual históricamente ha tenido competencia de control político, es decir, al Ejecutivo Nacional; al cual, a su vez, la Constitución le asigna funciones de control sobre aquella, incluso la medida excepcional prevista en el artículo 236.21, es decir, disolver la Asamblea Nacional, para evitar graves perturbaciones al ejercicio de las competencias constitucionales que a su vez corresponden al Gobiero y a la Administración Pública, en perjuicio del bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas, y, en fin, para proteger el funcionamiento constitucional del Estado y la colectividad en general.

Sobre tai aspecto, la Exposición de Motivos de la Constitución expresa lo siguiente:

"Una acción de gobierno que no cuente con cierto aval del Legisiativo conllevarla, en algún momento, a la posibilidad de que la Asamblea Nacional aprobara un voto de censura sobre el Vicepresidente con el cual quedaría automáticamente removido de su cargo. Pero, como

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equilibrio de este poder de control político de la Asamblea Nacional y para que la remoción constante de Vicepresidentes no se convierta en una práctica obstruocionista, la Constitución sabiamente consagra la facultad del Presidente de convocar a elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional cuando ésta renueva por tercera vez un Vicepresidente dentro de un periodo presidencial de seis años. Esta facultad es de ejercicio discrecional por el Presidente.

Este doble control entre ei Legislativo y el Ejecutivo constituye un sistema de equilibrio del poder que permite, además, las salidas institucionales a las crisis políticas o crisis de gobierno, incrementando el nivel de goberabilidad de la democracia. As! se posibilita un rango de estabilidad político-institucional para la democracia y se evitan las salidas extrainstitucionales".

Como. lo señala el autor Brewer-Carías, en el prólogo de la publicación del autor Juan Miguel Matheus, "La Asamblea Nacional: cuatro perfiles para su reconstrucción constitucional":

La Asamblea Nacional, como órgano parlamentario unicameral, es uno de los órganos del Estado que resulta de un sistema de separación de poderes que, como sabemos, en Venezuela es de cinco poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral (art. 136). Este sistema de separación de poderes, en principio, deberia originar un esquema de pesos y contrapesos, de manera que cada Poder efectivamente fuera independiente y autónomo en relación con los, otros, como formalmente se expresa en la Constitución, particularmente en un sistema presidencial de gobierno, como el que existe en el pais (.….* http://www.allanbrewercarias.com/Content/44972d9flcb-474b-8ab2- 41efb849fea9/ Content/I.5.59%20PRÓLOGO%20LIBRO%20JUAN%20M.

MATHEUS.pdf (.…..] Por su parte, sobre el control político y su distinción del control jurldicc, en sentencia n° 7 del 11 de febrero de 2016, esta Sala señalo lo siguiente:

-...sobre el control político, debe señalarse que John: Locke en su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de 1689, y luego Montesquieu en su obra El Esplritu de las Leyes de 1748, propúsieron que era necesario que las funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes concebidos para esa época (legislativo, ejecutivo y judicial), mediante un sistema en el cual el poder limite al poder, es decir, se autocontrole. Para Montesquieu, el objetivo de ese sistema es ciudadana y gobiernos civiles de leyes. Recomienda que el Poder Legislativo no pueda impedir la acción de gobierno del Poder Ejecutivo, pero sí considera necesario que aquél examine cómo es que se cumplen las leyes que él emite, es decir, que efectúe lo que luego se denominará un control político (que, en el contexto del actual Estado Constitucional, deberá estar sometido a su vez, al postulado de Supremacia Constitucional y, por ende, al control de la constitucionalidad -vid. arts.

7, 137, 138, 334, 335 y 336 del Texto Fundamenta!).

Adicionalmente, sobre el control político y el control juridico, en el marco de la ciencia juridica comparada, el autor Hernán Salgado Pesantes, en su obra "Tepria y Práctica del Control Poltico. El Juicio Político en la Constitución Ecuatoriana", publicado en el Anuário de Derecho Constitucional Latinoamericano de 2004, por la Universidad Nacional Autônoma de México, señaló:

"Características y diferencias del control político frente al control jurídico.- Al analizar las características del control político la mayoria de los autores, cuyo criterio comparto, destacan su condición o carácter subjetivo, de donde se derivan aspectos muuy especificos que configuran a esta institución. Tiene un carácter subjetivo en el sentido de que el control político se basa en criterios de confianza y oportunidad; la valoración descansa en la libre apreciación de quien juzga.

El control jurídico, en cambio, tiene carácter objetivo en el sentido de que se fundamenta con mayor rigor en normas del derecho que tienen úna valoración predeterminada y se basa en reglas que limitan la discrecionalidad del juzgador, como luego se irisistird.

La objetividad del control juridico también tiene que ver con los principios de independencia y de imparcialidad que caracterizan a los jueces en materia jurisdiccional; en cambio, er el control político no se da necesariamente la independencia, ni la imparcialidad dei órgano que juzga; puede haber, como de hecho existe, la disciplina partidista, los compromisos o alianzas polticas, a lo que se suma el sentido de oportunidad.

Los agentes o personas que realizan el control político son determinados en virtud de su condición politica y no de su preparación y conocimiento juridico, como ocurre en los orar.os jurisdiccionales.

El objeto inmediato del control político puede ser un acto o conducta política concreta o una actuación política general. A través del control politico de ese acto o conducta se está controlando al órgano del cual emana o al que le es imputable. Esto es diferente de lo que ocurre en el control juridico, que no puede ser entendido como un control sobre el órgano (por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional controla una ley no está controlando al Congreso, sino al ordenamiento jurídico).

Al examinar los criterios de valoración utilizados en el juicio político. se puede establecer una clara diferencia con el control juridico. En el primero, la valoración se efectúa con absoluta libertad de criterio (dado su carácter subjetivo); en el segundo, la valoración se sujeta a las normas de derecho objetivadas. En el control político hay esa libertad de valoración, incluso cuando el ordenamiento determina el caso o las condiciones en que se ha de dar dicho control. Es interesante lo que señala el profesor Aragón al respecto:

'Cuando un órgano politico acude a la Constitución, o a otra norma, para juzgar una determinada conducta o un acto, está interpretando la regla, por supuesto, pero interpretándola polticamente y no jurídicamente. A diferencia de la judicial, su interpretación es enteramente libre, sustentada no en motivos de derecho sino de oportunidad, esto es, se trata de una valoración efectuada con razones políticas y no con métodos jurídicos'.

Inchuso en caso de presunta inconstitucionalidad, aunque los legisladores den razones muy juridicas, como señala Aragón, "Tal decisión no se toma por la fuerza del derecho sino por los votos; no es la decisión de un órgano jurídico sino político; es una decisión enteramente libre [.. y no como el órgano judicial que ha de interpretar la de la única manera que se considera válida". (..) Al respecto, y como se suele señalar acertadamente, hucy agul una diferencia sustancial con el contrel jurldioos mientras este conlleva nesesgriamente una sanción, el control político no posee, de modo general u-constante, efectos sancionadores per se:

los tlene en determinados casos, en aquellos an gue el ordenamiento jurídico lo ha previsto." http://www.juridicas.unam.mx/publica/libre/reu/dc onstla/cont/2004.1/pr/-pr19.pdf (.…) A su vez, parte fundamental del sistema de controles y equilibrios a lo interno del Poder Público Nacional, puede apreciarse en los artículos 186 y siguientes del Texto Fundamental, respecto de todos los órganos del Poder Púbtico; quedando evidenciado, en sintesis, que las fuentes del derecho han reconocido y esta Sala declara, que el control político-parlamentario previsto en los artículos 187.3, 222, 223 y 224 constitucionales se circunscribe en esencia al Ejecutivo Nacional, dentro del marco Constitucional; base sobre la cual deberán interpretarse las normas infra-constitucionales.

Ast, una principal expresión a la cual se circunscribe ese control pólíticoparlamentario en lo que atañe al Jefe del Ejecutivo Nacional (articulo 226 Constitucional), se evidencia en el artículo 237 eiusdem, según el cual el Presidente o Presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea Nacional un mensaje en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior; ámbito al cual se ajusta ese control en lo que respecta al Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional.

Por su parte, en lo que respecta al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, órgano directo y colaborador inmediato del Presidente o Presidenta de la República en su condición de Jefe o Jefa del Ejecutivo Nacional (artículo 238 Constitucional); ese control se expresa en la mociôn de censura al mismo, dentro del marco Constitucional (artículo 240 eiusdem).

A su vez, respecto de los Ministros y Ministras, el control parlamentario encuentra expresión esencial en el articulo 244 Fundamental, cuando dispone que los mismos "presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta dias de cada aro, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley".

Así pues, dicho control, en primer término, está referido a la presentación de la memoria y cuenta en las condiciones que ordena el articulo 244 eiusdem. Por su parte, el articulo 245 Constitucional, como sistema de contrapeso, le da a los Ministros o Ministras derecho de palabra en la Asamblea Nacional y en sus comisiones; e, inclusive, dispone que podrán tomar parte en los debates de la Asamblea Nacional, sin derecho al voto, también dentro del marco constitucional y, por ende, dentro del marco de los postulados de utilidad, necesidad, racionalidad, proporcionalidad y colaboración a lo interno del Poder Público.

Seguidamente, el articulo 246 prevé ia consecuencia del ejercicio del control parlamentario sobre Ministros y Ministras, cuando dispone que "la aprobación de una moción de censura a un Ministro o Ministra por una votación no menor de las tres quintas partes de los o las integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de Ministro o Ministra, de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva por el resto del perlodo presidencia".

Evidentemente, tal actuación, al igual que las demás, debe ser compatible con el resto de reglas, valores y principios constitucionales.

Puera de esos casos, respecto de los demás funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, distintos al Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, y Ministros y Ministras, el control político en este contexto, se concreta a traves de los mecanismos previstos en los articulos 222 y 223 del Texto Fundamental, conforme: a las axioma de colaboración entre poderes, asf como los de utilidad, necesidad y proporcionalidad, para que logre su cometido constituciona! y, por ende, para Nacional, y, en consecuencia, evitar que el mismo termine vulnerando los derechos fundamentales; para lo cual debe observarse la debida coordinación de la Asamblea Nacional con el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, tal como lo impone el artículo 239.5 Constitucional, para encausar la pretensión de ejercicio del referido control (canalización de comunicaciones, elaboración de cronograma de comparecencias, etc.), respecto de cualquier funcionario del Gobierno y la Administración Pública Nacional, a los efectos de que, conforme a la referida previsión constitucional, la Vicepresidencia Ejecutiva de la República centralice y coordine todo lo relacionado con las comunicaciones que emita la Asamblea Nacional con el objeto de desplegar la atribución contenida en el artículo 187.3 Constitucional, desarrolladas en los artículos 222 al 224 eiusdem; además de la consideración de las circunstancias políticas, económicas y sociales en general que imperasen en la República para el momento en el que se coordina y ejerce el referido control, tal como ocurre en la actualidad, en la que principalmente el Ejecutivo Nacional, como en todo sistema presidencialista o semipresidencialista de gobierno (cuya caracteristica elemental es que gran parte de las funciones cardinales del Estado recaen sobre el jefe del referido poder), está atendiendo de forma especial la situación de emergencia económica que existe en el pais (ver sentencia de esta Sala n° 7 del 11 de febrero de 2016), circunstancia que amerita toda la colaboración posible entre los diversos órganos del Poder

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Público (ver artículo 136 Constitucional), para superar esa situación excepcional sopesar que especialmente en estas circunstancias, la insistencia de peticiones dirigidas hacia el Poder Ejecutivo Nacional e, inclusive, hacia el resto de Estado, en detrimento de la garantía cabal de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, así como también de los derechos irrenunciables de la Nación (ver artículo1 Constitucional).

Así pues, las convocatorias que efectúe el Poder Legislativo Nacional, en ejercicio de las labores de control parlamentario previstas en los articulos 222 y 223, con el objeto de ceñirse a la juridicidad y evitar entorpecer el normal funcionamiento de los Poderes Públicos, deben estar sustentadas en todo caso en el orden constitucional y jurídico en general; por lo que las mismas deben estar dirigidas justamente a los funcionarios y demás personas sometidas a ese control, indicar 'a calificación y base jurídica que la sustenta, el motivo y alcance preciso y racional de la misma (para garantizar a su vez un proceso con todas las garantias constitucionales), y en fin, orientarse por los principios de utilidad, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y colaboración entre poderes públicos (sin pretender subrogarse en el diseño e implementación de las políticas públicas inherentes al ámbito competencial del Poder Ejecutivo Nacional), permitiendo a los funcionarios que comparecen, solicitar y contestar, de ser posible, por escrito, las inquietudes que formule la Asamblea Nacipnal o sus comisiones, e inclusive, también si ast lo solicitaren, ser oidos en la plenaria de la Asamblea Nacional, en la oportunidad que ella disponga (parte de lo cual se reconoce, por ejemplo, en el referido artículo 245 Constitucional), para que el control en cuestión sea expresión de las mayorías y minorías a lo interno de ese órgano del Poder Público, las cuales han de representar aitodas y todos los ciudadanos, y no únicamente a un solo sector; todo ello para dar legitimidad y validez a tales actuaciones; y, además, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 224 de la Constitución, según el cual el ejercicio de ia facultad de investigación de la Asamblea Nacional no afecta ly, por ende, no ha de afectar las atribuciones de los demás poderes públicos, pues obviamente la Constitución no avaia el abuso ni la desviación de poder, sino que, por el con la autonomía de cada órgano del mismo, con la debida comprensión, de la cardinal reserva de informaciones que pudieran afectar la estabilidad y la seguridad de la República, y, en fin, compatible con los fines del Estado (..)".

Ahora bien, tal corno esta Sala lo asentó en sentencia n.° 3 del 11 de enero de 2017, constituye un hecho público, notorio y comunicacional que el 5 de enero de 2017, la Asamblea Nacional inició su Segundo periodo de sesiones en un acto iniciado e impulsado por la Junta Directiva saliente, que la dirigió durante el año 2016, y se realizó en el seno de ese órgano legislativo en desacato frente al Poder Judicial (vid supra), la elección y juramentación de su Junta Directiva para el periodo en curso, circunstancia que, por ende, implica un vicio de nulidad absoluta que afecta la validez constitucional de ese y de ios actos subsiguientes, asi como también la legitimidad y eficacia jurídica de ia juramentación y demás actos de la referida junta directiva incluyendo la presidencia de la Asamblea Nacional- (sin mencionar las probables vuineraciones al Reglamento Interior y de Debates de la propia Asamblea Nacional) (ver sentencia n.° 2 del 11 de enero de 2017). Con posterioridad a ese momento, las actuaciones de la Asamblea Nacional continúan estando viciadas de nulidad.

En tal sentido, se observa que la Asamblea Nacional reconoció nuevamente su situación de desacato y de grave violación al orden constitucional, derivada, en esta oportunidad, de la reiterada e ilegitima incorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana como Diputados de dicha Asamblea Nacional, al realizar y violando la Constitución -art. 187.20-, el propio Regiamento Intcrior y de Debates de la Asamblea Nacional y la sentencia 269/2016), además de hacerlo en una sesión deliberadamente inválida por estar dirigida por una junta directiva electa y juramentada en desacato -a diferencia de la junta directiva que dirigió el acto de desincorporación realizado el 13 de enero de 2016, que no fue electa bajo tai circunstancia -ver sentencia de esta Sala n.° 2/2017-, con io que nuevamente reconocen de forma voluntaria la nulidad de todas sus actuaciones desplegadas en desacato, es decir, como ha podido apreciarse, de casi todas las desplegadas desde su instalación el 5 de enero de 2016, salvo (en lo que respecta a este desacato), de las realizadas entre el 13 de enero de 2016 y el 28 de julio de 2016 (ver sentencia n.° 3/2016), gran parte de ias cuales, a su vez, fueron írritas e, incluso, declaradas de forma expresa guías por esta Sala, por violación deliberada del propio Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, por desacato a otras sentencias emanadas de este Máximo Tribunal y, en fin, por violación al orden constitucional (ver sentencias de esta Sala nros. 269 y 952/2016);

situación inédito en el constitucionalismo patrio que, además, genera grave desconcierto en el proceder natural de ese órgano del Estado, cuyos dirigentes están llamados a desplegar su actividad politica dentro de los cauces constitucionales y no fuera de ellos, en atención a procurar el mantenimiento del orden y la estabilidad de la República.

En razón de ello, esta Sala Constitucional ha venido realizando pronunciamientos en las sentencias nos. 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de 2017, en las cuales se ha ratificado el carácter de nulos e inexistentes todos los actos emanados de la Asamblea Nacional, mientras permanezca en situación de desacato a las sentencias de este máximo tribunal.

Ahora bien, más allá de la valoración integral del referido acto, es evidente la duda legitima planteada por el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Aissami, respecto a que "si, ante tales circunstancias y a pesar de tal situación de desacato, se debe presentar la memoria a que alude el artículo 244 Constitucional, en la sede de la Asamblea Nacional, o si, por el contrario, dada la omisión inconstitucional por parte del Organo Legislativo Nacional frente al Poder Judicial y a la Constitución, debemos abstenemos de hacerlo ante la misma, sind, en esencia, presentar nuestra memoria razonada anual ante el Tribunal Supremo de Justicia".

Al respecto, ante varias de las referidas situaciones de desacato que aún persisten en esencia, esta Sala ha sostenido que:

"...la participación o intervención directa o indirecta en las actuaciones desplegadas por la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional, en contravención al ordenamiento constitucional y en contumacia a las decisiones emanadas por los órganos jurisdiccionales del pais, generará las correspondientes responsabilidades y sanciones constitucionales, penales, civiles, administrativas, disciplinarias, éticas, políticas y sociales en géneral necesarias para salvaguardar la eficacia del Texto Fundamental que se ha dado democráticamente el pueblo venezolano, a través del proceso constituyente, para procurar su convivencia pacífica y promover su bienestar" (Sentencia n.° 808 del 2 de septiembre de 2016).

Ello asi, si bien en situaciones de normalidad constitucional, conforme al articulo 244 Constitucional, los Ministros o Ministras deberian presentar ante la Asambiea Nacional, y por analogía el Vicepresidente Ejecutivo de la República, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley; no es menos cierto que ante la situación de ilicitud e ilegitimidad en la que se encuentra de facto la máxima expresión del Poder Legislativo Nacional, tal actuación de presentación de memoria razonada no debe tener lugar ante la misma.

Ahora bien, ni el articulo 244 Constitucional, ni ningún otro del Texto Fundamental, prevén qué debe hacerse ante la situación de anormalidad constitucional generada por ia mayoria de diputados y diputadas que integran ia Asambiea Nacional y que han determinado su desacato al Poder Uudicial, ia violación al orden constitucional y una nueva omisión parlamentaria derivada del incumplimiento de atribuciones y deberes constitucionales que le son inherentes y que tienen que cumplir para permitir ei funcionamiento eficaz de ese órgano y el engranaje constitucional del Poder Público, necesario para la consecución efectiva de los fines del Estado y la garantia de los derechos de todas y todos los venezolanos.

Ante taies circunstancias, es pertinente señalar que la Constitución de ia República Bolivariana de Venezuela sienta las bases no sólo de un Estado Constitucional, sino de una democracia participativa y protagónica, entre otros postulados fundamentales, que diferencian la República naciente de las precedentes, signadas por el contrario, por estados legislativos de derecho, sustentados en la idea de la democracia representativa.

Al respecto, desde el propio Preámbulo del Texto Fundamental se alude al "fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica".

En tal sentido, en sentencia n.° 1 del 5 de enero de 2016, esta Sala asentó lo siguiente:

-...Ello forma parte de lo que se concibe en Venezuela como el verdadero Magistrada Ninoska Queipo Briceño:

(..] de acuerdo con nuestra Constitución, el ser humano es el centro de atención del Estado y la democracia no es sólo entendida como un principio político que favorece al menos constituye una forma de delegación de competencias que coloca en manos del ciudadano una participación activa y una corresponsabilidad con el Estado en la toma de decisiones en los asuntos de interés nacional.

Se profundiza de esta manera la democracia en Venezuela, dejando atrás el tradicional esquema de democracia representativa por la democracia participativa y protagónica,

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estableciéndose con novedosos y efectivos mecanismos de ciudadanas se convierten en auténticos protagonistas de las actividades estatales y en la toma de decisiones para la gestión del interés público y el bien común. Se concibe la gestión públticd permanente entre gobemantes y ciudadanos y ciudadanas, entre los representantes y sus representados; lo cual implica und modificación radical de las relaciones-hasta entonces existentes, entre el Estado y la sociedad, en la que se devuelve a esta última su legítimo e innegable protagonismo (I Congreso Internacional de Derecho Penal "La democracia participativa en el nuevo modelo de justicia municipal en Venezuela". Fundación Gaceta Forense;

Ediciones y Publicaciones, Caracas, Venezuela, 2012, p.p. 8 y.

9)." A su vez, el articulo 5 Constitucional sostiene que "La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público".

Por su parte, el articulo 6 de la Norma Suprema señala que "E! gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades polticas que la componen es y serà siempre democrático, participativo, efectivo, descentralizado, altemativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables".

A su vez, el articulo 66 constitucional dispone que "los eiectores y transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado".

Asi pues, el Texto Fundamental crea una República en la que se proyecta que el Pueblo, titular de la soberanía, sustento y razón del ser del Estado y del Poder Público, participe de forma directa en los asuntos públicos y, por ende, reciba las cuentas públicas de sus representantes, ante todo, del máximo representante del Estado: El Presidente de la República (órgano principal de un sistema esencialmente presidencialista como el que caracteriza el sistema constitucional patrio); así como también del Vicepresidente Ejecutivo de la República y de los Ministros y Ministras (órganos que también son fundamentales para el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, como io advierte el articulo 225 Constitucional: "El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta Constitución y la ley".) En ello también reside, en gran medida, la finalidad (tios) de la noria prevista en el articulo 244 constitucional, además del control politico: único control que ejerce la Asamblea Nacional sobre el gobierno y la Administración Pública, en los términos desarrollados en las fuentes del derecho patrio; y que, sobre la base de los principios de supremacia consutucionai y legalidad, sólo acarrea las consecuencias previstas en la Carta Magna (ver sentencia n." 9/2016 de esta Sala).

Sin embargo, respecto de tal control político, la Asamblea Nacional ha venido generando, en los últimos meses, situaciones de desacato y vuineraciones al orden constitucional que han determinado su propia incapacidad para poderlo ejercer y, en fin, su deliberada abstención de desplegar válidamente el resto de atribuciones constitucionales, al punto de determinar omisiones como las que se evidencian en el presente caso, entre las que se encuentra la omisión de presenciar el mensaje presidencial anual previsto en el articulo 237, asi como también la de presenciar la presentación al Pueblo venezolano de la memoria razonada del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y de los Ministros y Ministras, reconocido en el articulo 244 eiusdem; a pesar del juramento dado por los diputados y diputadas de cumplir y hacer cumplir la Constitución (lo que implica canalizar sus pretensiones politicas dentro dcl orden más elemental que previamente se ha dado el Pueblo: La Constitución)

Como se sabe, el articulo 336.7 Constitucional dispone que: "Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (...) 7.

Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección."

En tal sentido, esta Sala se encuentra en el deber de garantizar el postulado de la democracia social, participativa y protagónica que inspira y sustenta el orden constitucional, así como el derecho que tienen los electores y electoras a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado, en este caso, de acuerdo a lo previsto en la Norma Suprema.

Por tal razón, ante lo previsto en el 244 del Texto Fundamental, ante la omisión parlamentaria inconstitucional y ante la necesidad de establecer la nueva situación de anormalidad constitucional generada por la mayoria de diputados que integran la Asambiea Nacional en la actualidad, esta Sala dispone:

1.- Que en esta oportunidad el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami, y los Ministros y Ministras, deben presentar, ante este Tribunal Supremo de Justicia, sus memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de sus despachos, en el año inmediatamente anterior, a las que se refiere el articulo 244 Constitucional, el día viernes tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017), en garantia de la democracia participativa, entre otros valores, principios y normas constitucionales.

2.- Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo anterior no significa que se esté anulando, haciendo nugatorio o impidiendo el ejercicio de las competencias y atribuciones inherentes a ia Asambica Nacional, sino precisamente garantizando que las mismas sean desplegadas dentro del marco del ordenamiento constitucional, cuya garantía corresponde a este Máximo Tribunal, conforme a lo previsto en los articulos 266, 335 y 336 Constitucionales.

En razón de todo lo anteriormente expuesto, esta Sala estima necesario reiterar en el presente fallo, que mientras la Asamblea Nacional continúe en desacato a las decisiones emanadas de este Alto Tribunal, todos sus actos resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, incluyendo las leyes que sean sancionadas (ver sentencia de esta Sala n° 2/2017); sin menoscabo de la responsabilidad individual de los miembros respectivos de la Asambiea Nacional, que se encuentra en tal situación. Así se ratifica.

Finalmente, se estima pertinente reiterar que esta Sala no sólo es ia máxima y última intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que, en definitiva, debe garantizar la supremacia y efectividad de las normas y principios constitucionales, correspondiéndole fijar las interpretaciones sobre su contenido y alcance, por lo que una legislación que se concrete en el desconocimiento del vértice normativo del ordenamiento juridico de la República -dentro de la cual se encuentra el pronunciamiento de esta Sala en relación con las disposiciones constitucionales-, conlleva como consecuencia la nulidad de todas las actuaciones que la contrarien; más aún cuando esta Sala ha reiterado pacificamente que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder Público que puedan desarrollarse al margen de la Constitución (ver artículos 1, 2, 3, 5, 7, 137, 253, 266, 334, 335 y 336 Constitucionales).

Al respecto, esta Sala, en sentencia n.° 1415 del 22 de noviembre de 2000, declaró que:

"...la Constitución es suprema en tanto es producto de la autodeterminación de un pueblo, que se la ha dado a sl mismo sin intervención de elementos externos y sin imposiciones internas. Así, la Constitución viene a ser, necesariamente, la norma fundamental a la cual se encuentran vinculadas las múltiples formas que adquieren las relaciones humanas en una sociedad y tiempo determinados.

De alli que la Constituclón ostente, funto con el ordenamiento juridico en su totalidad, un carácter normativo inmanente; esto es, un deber ser axiológico asumido por la comunidad como de obligatorio cumplimiento, contra cuyas infracciones se activen los mecanismos correctivos que el propio ordenamiento ha creado. Siendo, pues, que "el Derecho se identifica precisamente por constituir un mecanismo especifico de ordenación de la existencia social humana" (Cf. F. J. Ansuátegui y otros, "El Concepto de Constitución, también, sin que pueda ser de otro modo, impone modelos de conducta encaminados a cumplir pautas de comportamiento en una sociedad determinada." (Resaltado añadido).

En similar línea de criterio, en decisión n.° 33 del 25 de enero de 2001, esta Sala asentó lo siguiente:

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"...lo que conocemos hoy por Derecho Constitucional, ha sido el producto de un proceso de encuadramiento jurídico de dos vertientes que confluyen; una, el poder y la autoridad, otra, la libertad individual! y la búsqueda de lo que es bueno para la sociedad. La Constitución es, sin duda, el principal y máximo arbitrio político-jurídico de ese proceso, del cual emerge como el eje del ordenamiento jurídico todo. El principio de supremacia de la Constitución en un reflejo de ese carácter.

La Constitución es suprema, entre otras cosas, porque en ella se encuentran reconocidos y positivizados los valores básicos de la existencia individual y de la convivencia social, al tiempo que instrumenta los mecanismos democráticos y pluralistas de legitimación del Poder, tales como los relativos a la designación de las autoridades y a los mandatos respecto al cómo y al para qué se ejerce autoridad. Persigue con ello el respeto a la determinación libre y responsable de los individuos, la tolerancia ante lo diverso o lo distinto y la promoción del desarrollo armonioso de los pueblos. El principio de supremacía de la Constitución, responde a estos valores de cuya realización depende ia calidad de vida y el bien común." (Resaltado añadido).

Sobre ios origenes de la jurisdicción constitucional, como garantía dicfinitoria de las normas, principios y valores supremos adoptados soberanamente por el Pueblo y vertidos en la Constitución, esta Sala, en la referida sentencia n.° 1415 del 22 de noviembre de 2000, recordó lo siguiente:

"...La jurisdicción constitucional, en têrminos generales, y en particular en aquellas democracia cuyos sistemas de garantia constitucional hayan acusado ia influencia del modelo norteamericano actual, es tributaria, en primer término, de una tradición jurisprudencial que comienza con el fallo dictado por el Justicia Mayor Edward Coke en el caso del Dr. Bonham, año de 1610 (Inglaterra), del que se extrae el siguiente párrafo:

'Aparece en nuestros libros que en muchos casos, el common law (entiéndase por éste la norma fundamental) controla las leyes del parlamento y a veces decide que son enteramente contraria a común derecho y ramón, o repugnante, o de imposible ejecución, el common law debe dominar sobre ella y pronunclar la nulidad de tal ley."(Reports, parte VII, I18 a., citado por: G. Sabine: Historia de la Teoría Polltica, Fondo de Cultura Económica, pág. 351).

A pesar de que la postura del Juez Coke, en razón de la propia dinámica que tomó el enfrentamiento entre el Rey y el Parlamento ingieses, no fue en definitiva la que marcó el devenir histórico-político británico, no puede afirmarse lo mismo respecto a las colonias británicas asentadas en América, en las cuales si caló de manera profunda la idea de Constitución como norma suprema, así como la ideología lockeana de los derechos individuales, según la cual los derechos y deberes morales son intrínsecos y tienen prioridad sobre el derecho, de tal modo que la autoridad pública está obligada a hacer vigente por la ley aquello que es justo natural y moralmente. "En efecto, Locke interpretaba el derecho natural como una pretensión a unos derechos innatos e inviglables inherentes a cada individuo" (Cf. G. Sabine: ob. Cit. Pág. 404).

Bajo estas premisas fue que se produjo la sentencia recaida en el caso Marbury v Madison, 5 U. S. (1 Granch), 137 (1803), de la, Corte Marshall, sobre la cual fue sentada la doctrina de la vinculación normativa aquel pais. De dicha sentencia extremos las líneas siguientes:

'Es una proposición demasiado simple para que pueda discutirse que o bien la Constitución controla cualquier acto legislativo que la contradiga, o bien el legislativo podrá alterar la Constitución por una Ley ordinaria. Entre esa alternativa no hay término medio. O la Constitución es un derecho superior o supremo, inmodtficable por los medios ordinarios, o está al mismo nivel que los actos legislativos y, como cualquier otra Ley, es modtficable cuando al Legislativo le plaza hacerlo. Si el primer término de la alternativa es verdadero, entonces un acto legislativo contrario a la Constituclón no es Derecho; st fuese verdad el segundo término, entonces las Constituclones escritas serian intentos absurdos, por parte del pueblo, de limitar un poder que por su propia naturaleza seria tlimitable. Ciertamente, todos los que han establecido Constituctones escritas contemplan a éstas como formando el Derecho supremo y fundamental de la nación, y, consecuentemente, la teoria de los respectivos gobiernos debe ser que una Ley del legislativo ordinario que contradiga a la Constitución es nula' (citada por E. Garcia de Enterrla, La Constitución como Norma y e! Tribunal Constitucional, Civitas, pág, 177).

Otro hito a destacar en esta evolución, fue la creación de los Tribunales Constitucionales estrictamente tales, iniciada con la Constitución de Weimar de 1919, asi como con la Constitución austriaca de 1920, perfeccionada en 1929, cuya concepción se debe al célebre jurista; Hans Kelsen. Característico de este modelo es la vinculación del legislador a la Constitución, más cuún que la de los tribunales o poderes públicos, por lo que se llegó a afirmar que la labor del Tribunal Constitucional se allegaba más a la de un legislador negativo que a la de un juzgador en su sentido tradicional. Las leyes, entonces, eran examinadas por ese legislador negativo, quien decidía en abstracto sobre la correspondencia de aquéllas con el texto constitucional y de haber contradicción o incompatibilidad, emitía una decisión constitutiva de inconstitucionalidad con efectos sólo hada el futuro (Cf. H. Kelsen, Ecritos sobre la democracia y el socialismo, Debate, 1988, Pág. 109 y ss.).

Acaecida la Segunda Guerra Mundial, se hace patente la conveniencia de dar garantias a la eficacia de un documento que no es sólo una hoja de papel según la famosa frase de Lassalle. Al contrario, luego de la la última y más resistente defensa contra las corrientes antidemocráticas.

Correspondió asi, a los Tribunales Constitucionales, la trascendental tarea política de salvaguardar los principios y valores constitucionales, defender la Supremacia Constitucional e interpretar y aplicar la Constitución como su referencia normativa única y natural. De alli la importancia, por ejemplo, del Consejo Constitucional Francés y de los Tribunales Constitucionales Italiano, Austriaco, Español y Federal Alemán contemporáneos."

Tal como lo indicó esta Sala en la aludida sentencia n.° 1415 del 22 de noviembre de 2000:

"De allí que las funciones que desempeñe esta Sala, en particular la referida a la interpretación de la Constitución en respuesta a una acción específica, deba contrastarse con el contenido del ordenamiento jurídico constitucional a la luz de tres principios básicos; a saber:

primero, el de competencia, que actúa como un instrumento ordenador del ejercicio del poder una vez que éste es legitimado; segundo, el de separación de poderes, dejando a salvo la necesaria coordinación'entre los mismos, ast como el ejercicio de ciertas funciones que no siêndoles esenciales les cumple realizar naturalmente, con base al cual funciona un mecanismo de balance en la división del poder y de mutuos controles o contrapesos entre los órganos que lo ejercen; y tercero: el principio de ejercicio del poder bajo la ley, elemento esencial del Estado de Derecho y del sistema democrático, conforme al cual son execradas la autocracia y la arbitrariedad. Dichos principios, en tanto fundamentales al Estado de Derecho, exigen la distrlbuctón de funciones entre diversos órganos y la actuación de éstos con referencia a normas prefijadas, ya sea como un modo de interdicción de la arbitrariedad o como mecanismos de eficiencia en el cumplimiento de los cometidos del Estado" (Resaltado añadido).

Tal interpretación y aplicación es una de las funciones principales de la jurisdicción constitucional, respecto de la cual esta Sala, en sentencia n.° 33 del 25 de enero de 2001, señaló lo siguiente:

"La moderación y racionalización del poder que, como se vio, tiene su expresión jurídica última en la Constitución, ha necesitado del funcionamiento de ciertos organismos que, o bien sirven de freno a la autoridad misma al actuar como sus los derechos fundamentales. El surgimiento de la institución parlamentaria tiene que ver con el primer orden de ideas referido. El segundo orden, vale decir, los órganos a través de los cuales es garantizada la separación de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y las aspiraciones individuales o colectivas expresadas en la Constitución, es el asunto que nos compete.

Se alude de este modo a la técnica derivada del principio de supremacia de la Constitución, en función de la cual se atribuye a ciertos órganos especializados la tarea de velar por el respeto a la ética pública que, como un conjunto de objetivos o de fines axiológicos, debe reconocer y preservar el poder político a través del Derecho. Dichos órganos tienen, desde una óptica jurídica, la última palabra sobre el contenido y alcance de los principios y normas contenidos en la Constitución.

En consecuencia, ya sea que. dichas instancias judiciales tengan una existencia orgánica dentro del Poder Judicial o fuera de éste; o que se les denomina Tribunales, Cortes, Consejos o Salas Constitucionales, io cierto es que son fuente de derecho judicial desde que complementan jurisprudencialmente el ordenamiento con normas de carácter general.

Ostentan, además, un poder de arbitraje, distinto según algunos autores, Troper por ejemplo, a los clásicos poderes legislativo, ejecutivo y judicial, rasgo de notoria presencia, según el mismo autor, en el Consejo Constitucional francés. Pero, en todo caso, lo que los caracteriza:es el ejercicio del denominado Poder de Garantia Constitucional, a través del cual controlan en fin último de la justicia expresado en la ley, en tanto en cuanto realiza el contenido axiológico de la Constitución, y garantizan el respeto a los derechos fundamentales (Peces-Barba, G. y otros, "Derecho y Fuerza" en Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, Madrid, pág.

117).

La jurisdicción constitucional, a través de sus decisiones, fundadas en argumentos y razonamientos, no obstante dictadas como expresión de la voluntad de la Constitución, persigue concretar, por un lado, los objetivos éticos y políticos de dicha norma, modulándolos con criterios de oportunidad o utilidad en sintonía con la realidad y las nuevas situaciones; y por otro, interpretar en abstracto la Constituctón para aclarar preceptos cuya intelección o aplicación susciten duda o presenten complejidad.

Por otra parte, a dicha jurisdicción le cumple encaminar las manifestaciones de voluntad o de juicio de los máximos operadores jurídicos dentro de los parámetros que dicha norma establece. De su influencia no escapa, tal como se desprende de lo dicho, ninguno de los poderes públicos, incluido el propio poder judicial.

Tal vinculación es universal...) 1.- Lo expresado justifica ampliamente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, haya creado un órgano inédito dentro del también reciente Tribunal Supremo de Justicia, el cual hd sido concebido como una instancia jurisdiccional con una moncada especialización de tutela, tendente a asegurar la integridad, supremacia y efectividad de la Constitución; éste órgano es la Sala Constitucional.

Esta especialización se concreta en el ejercicio de la tutela constitucional en su máxima intensidad. No precisamente al modo en que la ejercía la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia, la cual estaba restringida en sus funciones de garantía constitucional como si de un legislador negativo se tratase, es decir, la Sala Plena actuaba como un complemento del Poder Legislativo (único ente propiamente sujeto a la Constitución) en tanto se encargaba de revocar los actos de rango y fuerza de ley que éste dictaba contraviniendo la Constitución.

Siendo que ésta no era concebida como un cuerpo jurídico normativo directamente aplicable a los distintos operadores juridicos, se entendía que las interpretaciones de la Constitución que hiciera la Sala Plena no tenían carácter vinculante, y su influencia estaba asociada al efecto abrogatorio de los fallos de nulidad de actos con rango o fuerza de ley.

Muy por el contrario, a esta Sala Constitucional le corresponde no sólo anular actos de esa naturaleza, sino que tiene asignada tanto la interpretación del texto constitucional, con el fin de salvar sus dificultades o contradicciones, como hacer valer el principio jurídicopoltico según el cual los derechos fundamentales preceden y limitan axiológicamente las manifestaciones del poder. Para ello se le ha puesto

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al frente del aparato jurisdiccional respecto a su aplicación, al punto de vincular sus decisiones a las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, no sólo en gracia a su potestad anulatoria, sino como derivación de la función antes apuntada.(...) Por ello, la actividad que ejerza la Sala Constitucional, merced a los diversos medios procesales de que disponen los interesados, no sólo debe atender a la naturaleza de los actos impugnados, a los entes involucrados o a la sustancia del asunto discutido, sino también, de manera preferente, a la determinación de si lo planteado afecta, en palabras de Garcla de Enterria, la '..esencia misma de la Constitución, a la cuidadosa distribución de poder (o a las) correlativas competencias por ella operada...', esto es: su implicación constitucional (ver aplicación de esta doctrina en la sentencia n° 7 de 1°-02-00)".

Queda, en los términos resuelto el presente asunto sometido a conocimiento de este Máximo Tribunal de la República. Asi, finalmente, se decide.

VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad-de la Ley:

1.- Se declara CoMPETenTE para conocer la presente demanda de interpretación constitucional.

2.- ADmire la demanda incoada, la resuelve de mero derecho y declara la urgencia del presente asunto.

3.- ResUELvE, de conformidad con las consideraciones vertidas:en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada.

4.- DECLARA LA OMISIÓN INCONSTITUCIONAL DEL PODER LEGISLATIVO NACIONAL y, en consecuencia, esta Sala:

4.l.- Decide que en esta oportunidad el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami, y los Ministros y Ministras, deben presentar, ante este Tribunal Supremo de Justicia, sus memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de sus despachos, en el año inmediatamente anterior, a las que se refiere el articulo 244 Constitucional, cl dia viernes tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017), en garantia de la democracia participativa, entre otros valores, principios y normas constitucionales.

4.2.- Ordena notificar de la presente decisión al Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami y a los Ministros y Ministras.

4.3.- Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

"Sentencia que interpreta el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y declara la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional; por lo que en esta oportunidad el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami, y los Ministros y Ministras del gabinete ejecutivo presentarán sus memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de sus despachos, en el año inmediatamente anterior, ante el Tribunal Supremo de Justicia".

Publiquese, registrese y notifiquese. Remitase copia certificada de la presente sentencia al Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana dc Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami y a los Ministros y Ministras.

Cúmpiase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Saia Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los mficado(94 ) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017).

Años2b_de la Independencia y8 de la Federación.

La Presidenta, GLADYS MARIA GUTIERREZ ALVARADO Ponente

El Vicepresidente,

ARCADIO DELGADO ROSALES

Los Magistrados,

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Ondyalse JUAN JOSMENDOZAJOVER

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

LOURDES BENICIA SUAREZ ANDERSON La Secretaria (T),

VELAZQUEZ R.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA JULIO CÉSAR ARIAS RODRÍGUEZ, Secretario del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, titular de la Cédula de Identidad N° 14.095.184, quien suscribe, CERTIFICA: que la copia que a continuación se expide es traslado fiel y exacto del original del Acta de la sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del día 24 de febrero de 2017 y es del tenor siguiente: "Se dio inicio a a reunión de hoy, 24 de febrero de 2017, presidida por la Magistrada doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, con la asistencia de las Magistradas doctoras y los Magistrados doctores Maikel José Moreno Pérez, Indira Maira Alfonzo Izaguirre, María Carolina Ameliach Villatroel, Guillermo Blanco Vázquez, Marjorie Calderón Guerrero, Arcadio Delgado Rosales, Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, Malaquias Gil Rodríguez, Francisco Velázquez Estévez. Francia Coello González, Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Jhannett María Madriz Sotillo, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Bárbara Gabriela César Siero, Elsa Janeth Gómez Moreno, Marisela Valentina Godoy Estaba, Edgar Gavidia Rodríguez, Danilo Antonio Mojica Monsalvo, Luis

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Fernando Damiani Bustillos, Calixto Antonio Ortega Rios, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Marco Antonio Medina Salas, Fanny Márquez Cordero.

Christian Tyrone Zerpa, Vilma María Fernández González, Yván Dario Bastardo Flores, Juan Luis Ibarra Verenzuela, Yanina Beatriz Karabín de Diaz y Jesús Manuel Jiménez Alfonzo. De inmediato y verificado como fue el quórum, procedió la Sala a la consideración de los siguientes aspectos:(...Omissis...) -----.

Punto Extraordinario: Designación de las Magistradas y Magistrados integrantes de la Junta Directiva de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y de las restantes Salas del Máximo Tribunal. (...Omissis...) Ordenó Ia Sala Plena publicar en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela las designaciones de las Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia electas en esta sesión, que a continuación se señalan:

JUNTA DIRECTIVA:

Presidente: Magistrado doctor Maikel José Moreno Pérez. cédula de idcrtidad N° .652.632.

Primera Vicepresidenta: Magistrada doctora Indira Maira Alfonzo Izaguirre.

cédula de identidad N° 6.978.710.

Segundo Vicepresidente: Magistrado doctor Juan José Mendoza Jover, cédula de identidad N° 9.499.372.

Directora: Magistrada doctora María Carolina Ameliach Villarroel, cédula de identidad N° 5.421.672.

Director: Magistrado doctor Yván Darío Bastardo Flores, cédula de identidad N° 9.893.129.

Directora: Magistrada doctora Marjorie Calderón Guerrero, cédula de identidad N° 6.323.404.

VICEPRESIDENTES PRESIDENTAS PRESIDENTES VICEPRESIDENTAS DE SALAS:

Sala Constitucional:

Presidente: Magistrado doctor Juan José Mendoza Jover.

Vicepresidente: Magistrado doctor Arcadio de Jesús Delgado Rosales, cédula de identidad N° 4.159.158.

Sala Político Administrativa:

Presidenta: Magistrada doctora María Carolina Ameliach Villarroel.

Vicepresidente: Magistrado doctor Marco Antonio Medina Salas. cédula de identidad N° 9.349.642.

Sala Electoral:

residenta: Magistrada doctora Indira Maira Alfonzo Izaguirre.

cepresidente: Magistrado doctor Malaquías Gil Rodríguez, cédula de identidad 5.352.190.

Sala de Casación Civil:

Presidente: Magistrado doctor Yván Darío Bastardo Flores.

Vicepresidente: Magistrado doctor Francisco Ramón Velázquez Estévez, cédula de identidad N° 11.757.290.

Sala de Casación Penal:

Presidente: Magistrado doctor Maikel José Moreno Pérez.

Vicepresidenta: Magistrada doctora Elsa Janeth Gómez Moreno, cédula de identidad N° 6.130.911.

Sala de Casación Social:

Presidenta: Magistrada doctora Marjorie Calderón Guerrero.

Vicepresidente: Magistrado doctor Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, cédula de identidad N° 10.285.798.

(...Omissis..) Terminó la sesión.- La Presidenta: Saliente (Fdo.) Gladys María Gutiérrez Alvarado. El Presidente Entrante (Fdo.)Maikel José Moreno Pérez. El Secretario (Fdo.) Julio César Arias Rodríguez." (Hay sello húmedo del Tribunal Supremo de Justicia en el que se lee: "República Bolivariana de Venezuela-Tribunal Supremo de Justicia-Sala Plena"). Caracas, ai los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2017.--

JULTO-CÉSAR ABIAS RODRIGUEZ

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 14 de febrero de 2017 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 248 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada MARIANELA ANTONIETA TOVAR BERMÚDEZ, titular de la cédula de identidad N° 14.394.532, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua; a la FIsCALÍA NoVENA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros y competencia en materia de Ejecución de la Sentencia, cargo vacante, a partir del 22 de febrero de 2017 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

ComuniquesePiblíquese.

CELA

UISA ORTEGA DIAZ DE Eiscal General-de Ta República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 14 de febrero de 2017 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN Nº 252 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICQ: Trasladar al ciudadano Abogado JOSÉ LUIS ORTA, titular de la cédula de identidad Nº 12.376.685, quien se venía desempeñando como FISCAL PRovisorio en la Fiscalla Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la FISCALÍA 30 NACIONAL PLENA, Cargo vacante, a partir del 22 de febrero de 2017 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

CotuniquePubiquese.

UISA ORTEGA DÍAZ Fistal General de ta República DE

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Página 22

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 16 de febrero de 2017 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 262 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado SERGIO GUILLERMO PIÑERO CoRoNELL, titular de la cédula de identidad N° 14.127.012, Fisca! Provisorio en la Fiscalía Municipal Segunda del Ministerio Público de !a Circunscripción Judicial del estado Miranda; como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con sede en Ocumare del Tuy y competencia plena, cargo vacante.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del ?.2 de febrero de 2017 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

LIVARIAN.

Coruteniquese Rubliquese

LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la-República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 15 de febrero de 2017 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 257 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar a la ciudadana JANETHMARISOL CONTRERAS MORILLO, titular de la cédula de identidad N° 10.910.612, ABOGADO ADJUNTO II en la FISCALÍA DÉCIMA TERCERA de! Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Acarigua. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la Fiscalía Octava del Ministerio Público del Segundo Circuito de la citada Circunscripción Judicial.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de1 22 de febrero de 2017.

UISORTEGA DÍA al neral de ta República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 15 de febrero de 2017 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 259 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar ABOGADO ADJUNTO II al ciudadano KENNY 3ONATHAN CHIQUITO LUGO, titular de la cédula de identidad N° 14.167.044, en la FISCALÍA VIGÉSIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Coro y competencia en materia para la Defensa de la Mujer. La referida ciudadana se venía desempeñando como Asistente Administrativo II en la citada Fiscalía.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 22 de febrero de 2017.

Comuníguesa- Publíquese.

UISA ORTEGA DÍA Fiscal,Genaral de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 15 de febrero de 2017 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 260 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar al Ciudadano VILMAR JOSÉ RAMÍREZ VARGAS, titular de la cédula de identidad N° 19.518.760, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDo III en la Coordinación de Vigilancia y Protección de la Dirección de Seguridad Integral, adscrita a la Vicefiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 22 de febrero de 2017.

ComuníagPublíquese.

LEISA ORTEGA DÍAZ General de la República

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 17 de febrero de 2017 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 265 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICQ: Designar a la ciUdadana YASMIRNAHIR PÉREZ REYES, titular de la cédula de identidad N° 18.608.899, AB0GAD0 ADJUNTO II en la FISCALÍA VIGÉSIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida, cargo vacante.

La presente designación, tendrá efectos administrativos a partir del 22 de febrero de 2017.

Comuníquese y Publíquese.

LAISA ORTEGA DÍAS ca General de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 17 de febrero de 2017 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 266 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar a la ciudadana Licenciada FRANCHESKA XAVIER A PEÑUELA RAMOS, titular de la cédula de identidad N° 18.364.255, ANALISTA DE ENToRNO en la Coordinación de Análisis y Evaluación de Medios, adscrita a la Dirección de Relaciones Institucionales de este Despacho, cargo vacante y de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 22 de febrero de 2017.

Publíquese.

Comyg

LISA ORTEGA DÍAZ General de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 17 de febrero de 2017 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 268 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar al ciudadano Licenciado SAÚL DEL JESÚs BRICEÑo BANQUÉz, titular de la cédula de identidad N° 20.914.114, COMunICADOR SoCIAL II en la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, adscrita a la Vicefiscalía, cargo vacante y de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 22 de febrero de 2017.

TERIO GomnuniquesePublíquese.

LUISA ORTEGA DÍAZ Físcal Generalde ta República

CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

Caracas, 19 de Enero de 2017.

Nº CGFANB: 001 / 2017

ORDEN GENERAL DEL CONTRALOR GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA Por disposición del Cddno. Mayor General Luis Epifanio Medina Fernández, Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, designado por decreto Nº 2.400, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.247, Extraordinaria de fecha 01 de Agosto de 2016 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Nº 291 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo Nº 33 del Decreto N° 1439, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6156 de fecha 19 de Noviembre de 2014, el artículo N° 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo Nº 26 numeral 29 del Reglamento de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 27 de enero de 2010; se efectúa los siguientes nombramientos a partir del 20 de Enero de 2016:

DIRECCIÓN DEL DESPACHO:

CorOnel JOSÉ JESÚS CASTILLO CARRERA, C.I. V- 9.279.372, Director en reemplazo del Coronel MIGUEL ENRIQUE CROQUER SELGA, C.I. V- 7.217.004.

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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLIV - MES V Número 41.103 Caracas, viernes 24 de febrero de 2017 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve EstaGaceta contiene 24 Págs. costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria

DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. CONSULTORÍA JURÍDICA:

MayOr CAROLINA EDITH FEBRES FIGUERA, C.I. V-

12.730.715, Consultora Jurídica en reemplazo del Coronel JULIO ATACHO VELAZCO, C.I. V- 9.527.050.

OFICINA DE GESTIÓN HUMANA:

COrOnel DOUGLAS ENRIQUE HERNÁNDEZ BARRIOS, C.I. V-

9.892.318, Director en reemplazo del Coronel REINALDO ANTONIO HENRY GONZÁLEZ, C.I. V- 7.059.750.

CONTINUACIÓN DEILA ORDEN GENERAL DEL CONTRALOR GENERALADE LA- FUERZAAARMADA NACIONAL BOLIVARIANA N° 001/2017 DE FECHA- 19ENE2017.

OFICINA DE GESTIÓN COMUNICACIONAL:

TenienteCOrOnel VIRGILIO MORALES ZAMBRANO, C.I. V-

8.107.146, Director en reemplazo del Coronel JOSÉ JESÚS CASTILLO CARRERA, C.I. V- 9.279.372.

DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA:

- Coronel JULIO ATACHO VELAzCO, C.I. V- 9.527.050, Director en reemplazO del Coronel JUAN CARLOS PIÑERO YSEA. C.I. V- 6.976.855.

CUMPLASE

SEPIFANIO MEDINA ERNÁNDEZ MAYOR GENERAL ONTRALOR/GENERALDE LA F.A.N.B.

Decreto N.400 publlcado en G.0. N° 6.247 Extraordinaria de fecha 01 de Agosto de 2014.

"CHÁVEZIVIVE, LA PATRIA SIGUE... " "Una Gestión de-Justicia y Equidad...

Hacia la'Transparencia"

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