Gaceta Oficial N° 41.053
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AÑO CXLIV - MES III Caracas, jueves 15 de diciembre de 2016 Número 41.053
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 2.603, mediante el cual se deroga el Artículo 4° del
Decreto N° 2.589, de fecha 11 de diciembre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.275, Extraordinario de fecha 11 de diciembre de 2016.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, la cual estará constituida por la Unidad Administradora Central, las Unidades Ejecutoras Locales y las Unidades Administradoras Desconcentradas que en ella se mencionan.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana y ciudadanos que en ella se indican, como Cuentadantes Responsables de la Unidad Administradora Central y de las Unidades Administradoras Desconcentradas-Ordenadoras de Pago para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.
MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
Y PARA LA DEFENSA Resolución Conjunta mediante la cual se prorroga por el lapso de setenta y dos (72) horas la vigencia de la Resolución Conjunta Nº 186/017112, de fecha 12 de diciembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.050 de la misma fecha, mediante la cual se ordena al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), que gire instrucciones pertinentes a los Comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, para restringir el desplazamiento fronterizo de personas, tanto por vía terrestre, aérea y marítima, así como el paso de vehículos, con el objeto de resguardar la inviolabilidad de las fronteras y prevenir actividades de personas que pudiesen representar amenazas a la seguridad de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los parámetros de actuación de los órganos de seguridad del Estado.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se Encarga a la ciudadana Gabriela Coromoto Vásquez Bass, como Secretaria General, Encargada, de la Comisión Nacional de Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, UNESCO, adscrita a la Oficina de Asuntos Multilaterales y de Integración de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Samuel Reinaldo Moncada Acosta, como Embajador Representante Alterno, en la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York, Estado Unidos de América, para ejercer funciones de representante y enlace de la República Bolivariana de Venezuela para la coordinación de todas las actividades relacionadas con la Presidencia Venezolana del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) y su Buró de Coordinación.
Resoluciones mediante las cuales se aprueban las designaciones de los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se señalan, como Agregados Militares, Navales y Aéreos, en las Embajadas de la República Bolivariana de Venezuela en los países que en ellas se mencionan.
Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan, y se delega la firma de los actos y documentos que en ellas se especifican, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA BANCA Y FINANZAS Resoluciones mediante las cuales se les otorga el beneficio de Jubilación Especial, a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se señalan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA INDUSTRIA Y COMERCIO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Rafael Fernández Hernández, como Director General de Operaciones Comerciales, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio para el Ejercicio Económico 2017.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA Resolución mediante la cual se nombra a los ciudadanos que en ella se indican, como Cuentadantes Responsables de las Unidades Administradoras Central y Desconcentradas que en ella se mencionan de este Ministerio, para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del año 2017.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nulo el acto legislativo de la Asamblea Nacional del 10 de noviembre de 2016, que sancionó la Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, por cuanto fue dictada en desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República”.
Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Resuelta la Consulta Obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SID-2014-022, dictada en fecha 27 de marzo de 2014, por el Tribunal Disciplinario Judicial en la causa N° AP61-D-2013-000329, y se confirma la referida Sentencia en lo que respecta al sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana Tivisay Sánchez Abreu, en su condición de Jueza Titular del Tribunal Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
MINISTERIO PÚBLICO Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ludys del Carmen Muñoz Durand, como Abogado Adjunto IV, en la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental, adscrita a la Dirección General de Actuación Procesal.
Resoluciones mediante las cuales se traslada a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se especifican, a las Fiscalías que en ellas se mencionan, en las Circunscripciones Judiciales que en ellas se indican, de este Organismo.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Organismo, para el Ejercicio Económico Financiero 2017, y se designa al ciudadano Norman Antonio Silva Moreno, como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora Central, en su carácter de Director General de Administración de la Defensoría del Pueblo.
Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.
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432.668 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 15 de diciembre de 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA_Y PAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 2060, 157° y 17° 15 DIC 2016 187 N° Fecha RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.957, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78 numerales 15 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma fecha; en concordancia con lo establecido en el artículo 49 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, de fecha 30 de diciembre de 2015, publicado. en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.210 Extraordinario de la misma fecha; y lo previsto en los artículos 43, 47, 48 y 51 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre es Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781, Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005, RESUELVE Artículo 1. Aprobar la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, la cual estará constituida por la Unidad Administradora Central, las Unidades Ejecutoras Locales y las Unidades Administradoras Desconcentradas, cuyas denominaciones se señalan a continuación:
CÓDIGO U.A.C UNIDAD ADMINISTRADORA CENTRAL 00010 Oficina de Gestión Administrativa CÓDIGO U.E.L UNIDADES EJECUTORAS LOCALES 00002 Despacho del Ministro 00003 Consultoría Jurídica 00004 Oficina de Auditoría Interna 00005 Oficina de Gestión Comunicacional Oficina de Tecnologías de la Información y la 00006 Comunicación 00007 Oficina de Planificación y Presupuesto 00008 Oficina de Gestión Humana 00010 Oficina de Gestión Administrativa Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de 00015 Desastres Despach del Viceministro o Viceministra de Política 00019 Interior : Seguridad Jurídica 00022 Direcciós- General de Ceremonial y Acervo Histórico Despach del Viceministro o Viceministra de Prevención y 00025 Seguridad Ciudadana Dirección General del Servicio de Policía y Oficinas 00026 Técnicas Dirección General de Prevención del Delito 00028 00035 Dirección General de Derechos Humanos Dirección: General de Justicia, Instituciones Religiosas y 00036 Cultos Dirección General de Coordinación Nacional de Bomberos 00314 y Bomleras y Administración de Emergencias de Caráct:er Civil Oficina Nacional Antidrogas 00330 Direcció General de los Servicios de Vigilancia y 00337 Seguridad Privada Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y 00339 Financia ciento al Terrorismo Dirección: General de Asuntos Políticos y Sociales 00340 00341 Cuerpo cie Policía Nacional Bolivariana 00342 Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de 00343 Política: Públicas Despach: del Viceministro o Viceministra del Sistema 00344 Integrado de Policía 00350 Comisión Presidencial de Refugios Dignos 00354 Observaiorio Venezolano de Seguridad Ciudadana Despach: del Viceministro o Viceministra del Sistema 00355 Integrado de Investigación Penal 00356 Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses
Despach del Viceministro o Viceministra para la Gestión 00357 de Ries 3 2y Protección Civil 00358 Oficinae Protección y Seguridad Integral 00359 Direccics: General de Seguridad Ciudadana Dirección: General de Centros de Comandos, Control y 00360 Telecom-nicaciones (VEN 911) Dirección: General de Diseño Estratégico en Investigación 00361 Penal Direccic General de Control Operacional de los Órganos 00362 de Inves igación Penal Dirección General del Sistema de Información de 00363 Investigación Penal Dirección General de Gestión de Riesgos 00364 00365 Dirección General del Despacho Dirección General de Supervisión Disciplinaria de los 00366 Cuerpos de Policía Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos 00367 Generadores de Violencia 00368 Oficina de Atención Ciudadana Oficina Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del 00369 Consejo General de Policía 00370 Región Central del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Región Occidental del de Policía Nacional Cuerpo 00371 Bolivariana Región Los Andes Cuerpo del de Policía Nacional 00372 Bolivariana Dirección General del Sistema Nacional de Patrullaje 00373 Inteligente CÓDIGO U.A.D UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS-ORDENADORAS DE PAGO Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de 00015 Desastres Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 00041 Criminalísticas 00330 Oficina Nacional Antidrogas Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y 00339 Financiamiento al Terrorismo 00341 Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana 00350 Comisión Presidencial de Refugios Dignos 00354 Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana 00356 Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses Dirección General de Centros de Comandos, Control y 00360 Telecomunicaciones (VEN 911) Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicaciénaa Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comániquese ubliquese.
Por al jecutivo nadonal, MINTSTRO MÉSTOR LUIS REVEROL TORRES Miistro del Pader Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ.
DESPACHO DEL MINISTRO 2060, 157° y 17° 1 5 DIC 2016 188 Fecha N° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N° 2.40$, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en el artículo 49 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, de fecha 30 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.210 Extraordinario de la misma fecha; y artículos 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en ja Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.781, Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005, RESUELVE Artículo 1. Se designan como Cuentadantes responsables de la Unidad Administradora Central y de las Unidades Administradoras Desconcentradas, para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, correspondiente al Ejercido Fiscal 2017, a ios ciudadanos que se indican a continuación:
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432.672 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 15 de diciembre de 2016
MINISTERIOS DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y PARA LA DEFENSA
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De conformidad con el artículo 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de la República y consignarlo ante la Oficina de Recursos Humanos.
Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y Publíquese, Delcy Eloína Rodríguez Góm Ministra del Poder Popular para Relacion Exterio
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM NO16 1 206° / 157° / 170 Caracas,0 5 DIC 2016 RESOLUCIÓN La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, designada mediante el Decreto N° 1.569, del 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.569, del 26 de diciembre de 2014; y, según Decreto N° 2.181, del 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 40.826, del 12 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto Nº 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario, del 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo establecido en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en Gaceta Oficial N° 40.217, de fecha 30 de julio de 2013, que mantiene vigentes los artículos 7, 49, 52, 53, 54, 55 y 56, de la Ley de Servicio Exterior.
RESUELVE Aprobar la designación del General de División Valentino Valente Hernández, titular de la cédula de identidad N°v-8.228.144, como Agregado Militar, Naval y Aéreo, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Federal de Alemania, conforme lo señala la Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa N° 015923, de fecha 13 de septiembre de 2016. Estas funciones tendrán una duración de dos (02) años contados a partir de la notificación a la parte interesada de la presente Resolución.
Comuníquese y Publíquese, Delcy Eloína Rodríguez Gómez Ministra del Poder Popular para Relaciones
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM N° 163 206° / 157° / 170 Caracas, 0 5 DIC 2010 RESOLUCIÓN Gómez, designada mediante el Decreto N°1.569, del 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.569, del 26 de diciembre de 2014; y, según Decreto N°2.181, del 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.826, del 12 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto Nº1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial N°6.147 Extraordinario, del 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo estabiecido en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en Gaceta Oficial N°40.217, de fecha 30 de julio de 2013, que mantiene vigentes los artículos 7, 49, 52, 53, 54, 55 y 56, de la Ley de Servicio Exterior.
RESUELVE Aprobar la designación del General de División Ángel Ramón Andrade Barráez, titular de la cédula de identidad N°V-7.547.310, como Agregado Militar, Naval y Aéreo, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Corea, conforme lo señala la Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa N°013152, de fecha 17 de febrero de 2016. Estas funciones tendrán una duración de dos (02) años contados a partir de la notificación a la parte interesada de la presente Resolución.
Comuníquese y Publíquese, Delcy Eloína Rodríguez Góme Ministra del Poder Popular para Relacionesgle
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM No189 Caracas, 1 ? DIC. 2016 2060 157° y 17° RESOLUCIÓN La CIudadana DELCY ELOINA RODRIGUEZ GÓMEZ, titular de la Cédula de identidad- N° V-10.353.667, en su carácter de Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designada mediante Decreto Presidencial N° 1.569 de fecha 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 y de acuerdo con el Decreto N° 2.181 del 06 de enero de 2016, publicado en Gaceta 'Oficial N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, en concordancia con los articulos 34, 65 y 78 numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficiat No 6.147 extraordinario del 17 de noviembre de 2014, y con la Disposición Derogatoria Pnmera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial No 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, que:
mantiene vigente los articulos 7 y 68 de la Ley de Servicio Exterior, los articulos 19 y 20 numeral 6 de la ! ey del Estatuto de la Función Pública y el articulo 35 numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, asi como lo previsto en los articulos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional.
CONSIDERANDO
Que el cargo de Director de Derecho, adscrito a la Consultoria Juridica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, es catalogado como cargo de "Alto Nivel" y por consiguiente de libre nombramiento y remoción
RESUELVE
PRIMERO: NombraI a la nudaddNa MARJORIE ROCIO MACEIRA ORTEGA, titular de la cédula de identidad N° V- 14.486.801, como Directora Derecho, adscrita a la Consultoria Juridica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
SEGUNDO: Delegar a la Ciudadana MARJORIE ROCIO MACEIRA ORTEGA, la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Direcciór. los cuales se detallan a continuación:
1. Oficios, Notas, Memoranda, Circulares e Instrucciones de servicio, radiogramas y telegramas para los Miembros de las Misiones Diplomáticas, Delegaciones y Oficinas Consulares de la República en el Exterior y Direcciones dependientes del Despacho.
2. Comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y otros Organismos Publicos y Privados.
3.- Las demás que señale el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
Queda a salvo, lo establecido en el articulo 35 de la Ley Orgánica de la Adiministración Pública y lo dispuesto en el articulo 3 del Reglamento de Delegacion de Hirma de los Ministros del Fjecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.
TERCERO: Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, ceberán bajo la firma de la funcionaria delegada, indicar la fecha, el número de la Resolución y los datos de la Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada, conforme a lo establecido en el articulo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
CuArTo: La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en i: Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela.
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Se instruye a la oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte interesada, cumpliendo lo estabiecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuniquese y Publiquese, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores Datreto t° 1 at9 de frna 26 de dicembre de 2014 Gaceta Qagtal No -10 sos de techa 2o de duembre de 2014 Vtgcto N° 181 del 06 ue enero de 2016 ta Oisul N° -10 8/o de teta 12 de enero de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM N° 1 9 0 Caracas, 1 2 DTC 2016 2060 1570 y 17° RESOLUCIÓN La ciudadana DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ, titular de la Cédula de identidad: N° v-10.353.667, en su carácter de Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designada mediante Decreto Presidencial N° 1.569 de fecha 26 dé diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana-de Venezuela N° 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 y de acuerdo con el Decreto N° 2 181 del 06 de enero de 2016, publicado en Gaceta Oficial N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, en concordancia con los articulos 34, 65 y 78 numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fdèrza de Ley 'Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial No 6.147 extraordinario del 17 de noviembre de 2014, y con la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, que mantiene vigente los articulos 7 y 68 de la Ley de Servicio Exterior, los articulos 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el articulo 36 numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, asi como lo previsto en los articulos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de los. Ministros del Ejecutivo Nacional.
CONSIDERANDO Que el cargo de Director de hiatados Multilaterales adscrito a la Sonsuitond Jundica del Ministeno der Poder Popular para Relaciones Extenores, es catalogado como cargo de "Aito Nivel" y por consiguiente de libre nombramiento y remoción RESUELVE
PRIMERO: NombIAr al IUdadanO ALEJANDRO ELEAZAR CARRASCO CARRAsCO, titular de la cedula de identidad N° V- 10.817.357, como Director de Tratados Multilaterales, adscrito a la Consultoria urídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
SEGUNDO: Delegar al (iudadanO ALEJANDRO ELEAZAR CARRASCO cARRAsco, la firma de los actos y documentos concernientes a las gibucioges,y "actividades de esa Dirección, los cuales se detallan a continuación:
1.- Oficios, Notas, Memoranda, Circulares e Instrucciones de servicio, radiogramas y telegramas para los Miembros de las Misiones Diplomáticas, Delegaciones y Oficinas Consulares de la Republica en el Exterior y Direcciones dependientes del Despacho 2. Comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y otros Organismos Públicos y Privados.
3. Las demás que señale el Reglamento Orgánico del Miristerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
Queda a Saivo, lo establecido en el articulo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el articulo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.
TERCERo: Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en Ia presente Resolución, deberán bajo la firma del funcionario delegado, indicar la fecha, el número de la Resolucion y los datos de la Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada, conforme a lo establecido en el articulo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
CuArTO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Se instruye a la oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte interesada, cumpliendo lo establecido en el artículo 73 de la Ley. Orgánica de Procedimientos Administrativos.
DELCY ELQÍNA RODRIGUEZ GÓMEZ Ministrardel Podef Popular para Relaciones Exteriores Derretag Ne g569 de fecha 26 de dircembre de 2014 Daceta gn No 40 569 de fecha 2t de cicemtre de 2014 D.: hecioto N°/ 181 e 0o de enero de 2016 Cogreta ir 0 derec 12 de enero de 2016 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALABANCAYFINANZAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS<C DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 07 DE OCTUBRE DE 2016 206°, 157° y 17° RESOLUCIÓN N° 128-16 El ciudadano Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas, RODoLFO MEDINA DEL RI0, titular de la cédula de Identidad N° V- 17.387.151, designado medante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de a República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de fecha 06 de enero de 2016, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016; en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78, -rumerales 2, 19 y 27.del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 1a Adminifstradión- Pública, y en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con los artículos 4, numeral 1 y 21 del Decreto con Rango, Valor y/Püerza*ae" Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicada en la Gaceta Oficial dè la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014 y el 14 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y en cumplimiento con los artículos 10 y 12 en su único aparte del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional Decreto 1.289 de 02 de Octubre del 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.510.
Y por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida mediante Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.N° 40.126, de la misma fecha, mediante aprobación de la planilla FP-026-O de fecha 08 de diciembre de 2015.
RESUELVE Artículo 1. Se otorga el beneficio de Jubilación IEspecial de acuerdo a lo establecido-en los artículos 4, numeral 2 y 3, y el artículo 5, numeral 3 del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacionial, de los Estados y de los Municiplos y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en lo referente a: .."El obrero y la obrera con-edad igual o mayor a cincuenta y cinco (55) años para la mujer, y con edad igual.o mayor a sesenta (60) años para el hombre...", al ciudadano MANUEL RAUL DE LA PUENTE BONALDES, titular de la cédula de identidad N° V-3.344.343, de sesenta y nueve (69) años de edad y dieciocho (18) años y nueve (09) meses de servicio en la Administración Pública Nacional, siendo su último cargo desempeñado ei de Vigilante, en la Oficina de Seguridad y Protección Integral, dependencia adscrita al Ministerio del. Poder Popular para la Banca y Finanzas.
Artículo 2. El monto aprobado para el pago de la jubilación es la cantidad de oCHo MIL.
DOSCIENEOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 8.246,88), equivalente al cuarenta y siete coma cincuenta por ciento (47,50%) de su sueldo promedio devengado en los ú(timos doce (12) meses.
De conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bollvariana de Venezuela se ajusta la mencionada jubilación al Salarlo Mínimo Nacional Vigente a la fecha de publicación del presente resuelto.
Agtículo 3. Queda encargada la Oficina de Gestión Humana de la ejecución de la presente Resolución; las,notificaciones correspondientes de acuerdo a lo señalado en el artículo 73 deelav@rgánlea,de.Procedimientos Administrativos.
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Axtículo 4. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaesta@ficialdela-República Bolivariana de Venezuela.
no:4.
Comuníguese y:Publíquese, Por.el Ejecutivo Nacional, RODOLFO MEDINA DEL RIO Ministro del Poder Popular para la Banca inanzas Decreto.Ne-2:181 de fecha 06/01/2016 publicado en la G.O.R.B.V. N° 40.822 de fecha06,dexenero de 2016, reimpreso en G.O.R.B.V. N° 40.826 de fecha 12 de enerp de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 07 DE 0CTUBRE DE 2016 206°, 157° y 17° RESOLUCIÓN N° 129-16 El ciudadano Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas, RoDoLFo MEDINA DEL RIO, titular de la cédula de Identidad N° V- 17.387.151, designado medianteè Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de fecha 06 de enero de 2016, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016; en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78; numeralès 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Admilnistraciön Pública, y en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con los artículos 4, numeral 1 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza'de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicada en la Gaceta Oficial'de'à República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014 y el 14 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y en cumplimiento con los artículos 10 y 12 en su único aparte del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional Decreto 1.289 de 02 de Octubre del 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.510.
Y por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida mediante Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela N° 40.126, de la misma fecha, mediante aprobación de la planilla FP-026-O de fecha 08 de diciembre de 2015.
RESUELVE Articulo 1. Se otorga el beneficio de Jubilación Especial de acuerdo a lo establecido- en los artículos 4, numeral 2 y 3, y el artículo 5, numeral 3 del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, en lo referente a: .."La obrera con edad igual o mayor a cincuenta y cinco (55) años para la mujer..", a la ciudadana MARÍA MAGDALENA PLAZA SILVERA, titular de la cédula de identidad N° V-4.814.971, de sesenta y tres (63) años de edad y veintitrés (23) años y ocho (08) meses de servicio en la Administración Pública Nacional, siendo su último cargo desempeñado el de Auxdliar de Servicio de Oficina, en la Oficina de Gestión Administrativa, dependencia adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas.
Artículo 2. El monto aprobado para jel pago de la jubilación es la cantidad de NUEVE MIL BOVECIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON CERO CINCO CÉNTIMOS (Bs.
9.970,05), equivalente al sesenta por ciento (60%) de su sueldo promedio devengado en los últimos doce (12) meses.
De conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se ajusta la mencionada jubilación al Salario Mínimo Nacional Vigente a la fecha de publicación del presente resuelto.
Artículo.3. Queda encargada la Oficina de Gestión Humana de la ejecución de la presente Resolución, Jas notificaciones correspondientes de acuerdo a lo señalado en el artículo 73 deal a,ieyOrgánica de Procedimientos Administrativos.
Artiguleaf:ska,presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la ficial de la República Bolivariana de Venezuela.
g 6i10.
Semuníguese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional,
RODOLFOMEDINA DELRÍO.
Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas Decreto. N° 2.181 de fecha 06/0/2016 publicado en la GBv. N° 40.822 de 1eufecha-06,de:enero de 2016, reimpreso en G.O.R.B.V. N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIA Y COMERCIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 9 DE DICIEMBRE DE 2016 RESOLUCIÓN N° 165-16 AÑOS 206°. 157° y 170 El Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio, CARLOS RAFAEL FARIA TOR TOSA, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.047.587, , designado mediante Decreto N° 2.404 de fecha 02 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957 de la misma fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.975 del 26 de agosto de 2016, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículo 65 y el artículo 78, numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
RESUELVE
PRIMERO. Designar al ciudadano JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.554.731, Director General de Operaciones Comerciales del Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio.
SEGUNDO. El prenombrado ciudadano ejercerá las atribuciones establecidas en el artículo 24 del Decreto N° 1.890, de fecha 16 de julio de 2015, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular el Comercio, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.190 Extraordinario, de la misma fecha, y las que se indican a continuación:
1.
Ejecutar las políticas formuladas por el Ministro en materia de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial.
2.
Verificar el cumplimiento de deberes y el ejercicio de derechos por parte de los sujetos que son parte en las relaciones contractuales derivadas del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.
3.
Recibir y procesar denuncias sobre incumplimiento de las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de! Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.
Sustanciar de oficio o a instancia de parte, procedimientos administrativos, 4.
con ocasión a las relaciones contractuales regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.
Coordinar con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los 5.
Derechos Socio Económicos (SUNDEE) inspecciones y fiscalizaciones a inmuebles arrendados con fines comerciales.
Sustanciar procedimientos de arreglo amigable de controversias entre 6.
arrendadores y arrendatarios, derivadas de las contrataciones reguladas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.
Imponer las sanciones e indemnizaciones establecidas en el Decreto con 7.
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, previo cumplimiento del debido proceso y respeto del derecho a la defensa.
Divulgar el contenido del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 8.
Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.
Desarrollar actividades de formación sobre los deberes y derechos 9.
contenidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.
Certificar los documentos que reposan en los archivos de la Dirección, de 10.
conformidad con lo previsto en la ley.
TERCERO. Mediante la presente Resolución juramento al referido ciudadano.
CUARTO. Se deroga la Resolución N° 100-14, de fecha 5 de diciembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.576, de fecha 8 de enero de 2015.
QUINTO. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, CARLOS RAFAEL FARIA TORTO MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAIND A YCOMERCIO Decreto Nº 2.404 de fecha 02 de agosto de 2016, mublics en la caceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 4o 9sM'dsmisna fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Butivariana de Venezuela N° 40.975 del 26 de agosto de 26
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPACHO DE LA MINISTRA
Caracas, 07 de diciembre de 2016 206°, 157° y 17°
RESOLUCIÓN N° 063/2016
Quien suscribe, BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ, titular de la cédula de identidad número V.- 8.659.997, Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, designada mediante Decreto N° 2.467, de fecha 01 de octubre de 2016, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.258 Extraordinaria, de la misma fecha; actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y las atribuciones conferidas en el artículo 78, numerales 2, 12, 19 y 27 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, el artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y los articulos 42 y 47 del Reglamento N.º 1 de la Ley Orgánica de Acministración Financiera sobre el Sistema Presupuestario.
RESUELVE
Artículo 1°. Aprobar la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género para el Ejercicio Económico 2017, como se indica a continuación:
RELACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRADORAS Y EJECUTORAS LOCALES DENOMINACIÓN ESTADO CÓDIGO N.°.
U.E.L U.A.D.
U. PAGADORA UAC OFICINA GESTIÓN DE 00102 ADMINISTRA"VA OFICINA D= GESTIÓN 001C2 UEL 00102 ADMINISTRA" VA DIRECCION UEL 0C101 GENERAL DEL 00102 DESPACHO 0C105 DESPACHO DE LA VICEMINISTRA UEL 00102 PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CE LA MUJER UEL 0C1G7 CESPACHO DE LA VICEMINISTRA 00102 DE IGUALDAD DE GENERO Y NO DISCR MINACICN
Artículo 2°. La presenta Estructura Financiera entrará en vigencia a partir del inicio de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Económico 2017.
Comuníquese y Publíquese, BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO publicado en Gaceta Oncia de la Repubica Bolivariana de venezuela N° 6.258 Extraordinanio. de fecha 01 de octubre de 2016
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Despacho del Ministro N° 438 15DIC 2015 Caracas, 2068, 157º y 17°
Resolución El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, nombrado mediante Decreto N° 1.941, de fecha 18-08-2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.727, de fecha 19-08-2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 34, 78 numerales 1, 2 y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, de fecha 17-11-2014; el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.013, de fecha 23-12-2010; los artículos 14 y 19 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.240 de fecha 12-08-2009; y las previsiones de los artículos 47 y 51 del. Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º N° 5.781, de fecha 12-08-2005, Resuelve Cuentadante Responsable de la Unidad Artículo 1. Nombrar, como Administradora Central de este Ministerio para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del año 2017, al ciudadano identificado a continuación:
Nombre Cédula Identidad Unidad Codigo Armando Alexis Oficina de Gestión V-6.360.092 00010 Administrativa Vega Ramírez Artículo 2. Nombrar, como Cuentadantes Responsables de la Unidades Administradoras Desconcentradas de este Ministerio para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos para el año 2017, a los ciudadanos identificados a continuación:
Nombre Cádula ident.cdad Unidad Código Jonathan Alexander V-12.220.939 Oficina de Auditoria Interna 00006 Romero Mesa Rafael David Castillo V-9.868.367 Centro Nacional de Despacho 00012 Artículo 3. Dejar sin efecto la Resolución N.° 419 de fecha 05-12-2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 41.046 de fecha 06-12-2016.
01-01-2017.
Publíquese y cúmplase.
Por el Ejecutivo Nacional, Lule Alfrega Monta Domínguez Decreto Presdencial Nº 1.941. de fecha 18-08-2015 Gaceta Ofic la40.2an, de fecha 19-08-2015 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CIOI=N LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Exp. N° 16-1113 Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER Exp. 16-1113 El 18 de noviembre de 2016, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional, el control previo de la constitucionalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA REMUNERACIÓN Y DEFENSA DEL SALARIO DEL DOCENTE AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES EDUCATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL, sancionada por la Asamblea Nacional el 10 de noviembre de 2016.
En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala Constitucional, y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
DE LA SOLICITUD
El Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expuso en su comunicación dirigida a la Presidencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que remite "un ejemplar de la supuesta Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente al servicio de las Instituciones Educativas Oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, de fecha 10 de
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Noviembre de 2016, enviada por la Asamblea Nacional el dia 17 de Noviembre del presente año, con la finalidad de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de la se pronuncie acerca constitucionalidad del citado documento, debido a que ese Órgano Legislativo se encuentra en Desacato frente a las Decisiones del Poder Judicial (...)".
LEY OBJETO DE LA SOLICITUD
La Ley objeto de la solicitud de pronunciamiento sobre su constitucionalidad planteada por el Presidente de la República, está referida a la denominada Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, sancionada por la Asamblea Nacional, el 10 de noviembre de 2016, la cual es del tenor siguiente:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta Exposición de Motivos
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA REMUNERACIÓN Y DEFENSA DEL SALARIO DEL DOCENTE AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL Es una obligación del Estado, consagrada en el artículo 102 de la Constitución, asumir la educación como una función indeclinable y de máximo interés para la sociedad.
Esta Asamblea Nacional consciente que para la consecución de ese objetivo establecido en la Constitución, de formar seres humanos integrales, con conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad, requiere de un personal docente calificado y comprometido con el pleno desarrollo de cada ser humano.
Teniendo en cuenta que es una exigencia fundamental que la Educación esté a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad, para lo cual es imprescindible que, como lo dispone el artículo 104 de la Constitución, la ley garantice no solamente el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, sino además el reconocimiento, a través de una justa remuneración, de la loable función del educador.
Estando expresamente establecido en ese articulo 104 de la Constitución, que es en la Ley donde se debe establecer el régimen del personal del sistema educativo y visto que la regulación contenida en la Ley Orgánica de Educación, aun cuando contiene disposiciones sobre la carrera docente, no desarrolla el derecho a un salario justo de los maestros, a pesar de ser ese, igualmente, un derecho fundamental consagrado en el artículo 91 de la Constitución.
Se dicta la presente Ley con el objeto de garantizar a los maestros el derecho a un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir para si y su familia las necesidades básicas matenales, sociales e intelectuales, acorde con el mérito que se le debe reconocer a los docentes.
Se trata de una ley de emergencia educativa, que pretende atenuar la situación económica del docente, desencadenada por la gran crisis económica, política, social y económica (sic) que dia a dia devalúa el salario del docente, al extremo de llevar al profesional de la docencia a vivir en situación de precariedad, no acorde a su elevada misión.
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA REMUNERACIÓN Y DEFENSA DEL SALARIO DEL DOCENTE AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL
TÍTULO ! DEL OBJETO, FINALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Objeto Artículo 1. Es objeto de la presente Ley:
1. Garantizar a todos los profesionales de la educación y a quienes ejerzan la función docente, un salario suficiente que le permita vivir con dignidad, y cubrir para si y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales y un nivel de vida acorde a su elevada misión.
2. Regular una base salarial que sirva de punto de partida para fijar el salario docente, que permita al educador enfrentar la crisis económica y social del país.
3. Garantizar la vigencia de las contrataciones colectivas como el instrumento fundamental, social y económicamente reivindicativo, del profesional de la educación.
4. Regular los mecanismos para la protección de la remuneración y defensa del salario docente.
Remuneración Artículo 2. Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno.
alimentación y vivienda.
trabajador o trabajadora, con el propósito de que éste o ésta obtengan bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia tienen carácter salarial.
A los fines de esta Ley se entiende por salario normal, la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestaciones sociales y las que esta Ley considere que no tienen carácter salarial. Para la estimación del salario normal ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efectos sobre sí mismo.
Beneficios de carácter no remunerativo Artículo 3. Se entienden como beneficios sociales de carácter no remunerativo:
1. Los servicios de los centros de educación inicial.
2. El cumplimiento del beneficio de alimentación para los trabajadores y las trabajadoras a través de servicios de comedores, cupones, dinero, tarjetas electrónicas de alimentación y demás modalidades previstas por la ley que regula la materia.
3. Los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos.
4. Las provisiones de ropa de trabajo.
5. Las provisiones de útiles escolares y de juguetes.
6. El otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación, formación o de especialización.
7. El pago de gastos funerarios.
Los beneficios sociales no serán considerados como salario, salvo que en las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo, se hubiere estipulado lo contrario.
Asignación Artículo 4. Es la asignación mensual o quincenal que percibe el profesional de la educación cuando egreso de la carrera docente en condición de jubilado o pensionado, la cual debe ser equivalente al salario del profesional de la educación activo, que comprenda todos conceptos establecidos en el aparte anterior del presente articulo.
Personal docente Artículo 5. Se entiende por personal docente las personas que ejercen las funciones de enseñanza o de dirección en planteles educativos, bien sea en condición de personal ordinario, interino, provisional, contratado o bajo cualquier otra modalidad. Así mismo, se consideran sinónimos a los efectos de la presente ley los términos maestros, docentes y educadores.
Finalidad Articulo 6. La presente ley tiene por finalidad establecer parámetros para proteger y defender la remuneración y el salario normal del profesional de la educación y de quienes ejerzan funciones docentes como el actor más importante para el desarrollo del país, a tal efecto se establecen las siguientes garantías:
1.- Integralidad e Indivisibilidad: Se garantiza la integralidad e indivisibilidad del salario. Toda acción del patrono que sin justificación alguna vaya en detrimento del salario integral del profesional de a docencia será nula, salvo que existen razones justificadas y previamente demostradas para hacerlo. No se permiten pagos parciales en especie ni aplicarse deducciones distintas a las expresamente establecidas en a Ley y las autorizadas por el docente.
2.- Pago oportuno: Se garantiza al trabajador de la educación el pago del salario en la oportunidad y forma acordada en la normativa legal correspondiente.
3.- Disponibilidad de recursos: Se garantiza al profesional de la educación la liquidez y los recursos suficientes para cumplir con todos los compromisos laborales que garanticen el derecho a la remuneración y el salario integral de los profesionales de la educación.
4.- Homologación: Se garantiza al profesional de la educación la percepción de todos los conceptos que conforman el salario, definidos en el articulo 2 de la presente ley, en la misma condición, jerarquía, categoría y con todos sus componentes salariales, para el momento en que egrese de la carrera docente en condición de jubilado y pensionado.
5.- Reconocimiento social: Se reconoce a los sujetos definidos en la presente ley, como los principales actores del desarrollo del país, en consecuencia, el salario de los profesionales de la educación, y de quienes ejercen funciones docentes, en ningún caso puede estar por debajo del salario de ningún otro profesional o trabajador del Estado.
6.- Progresividad del derecho al salario: En ningún caso la remuneración y base salarial establecidas en la presente ley, alterará el principio de progresividad de los derechos laborales. pues estos colectivas correspondientes.
7. Asegurar la calidad de vida de los maestros y el desarrollo pleno de sus capacidades.
8. Reconocer la responsabilidad e importancia de la función docente para la sociedad.
9. Incentivar la formación de los educadores y el desarrollo de la carrera docente.
Ámbito de aplicación Artículo 7. El derecho a la remuneración establecida en la presente ley corresponde a todos los profesionales de la educación, y a quienes ejerzan la función docente en el subsistema de educación básica, al servicio de las instituciones educativas oficiales dependientes del Ejecutivo nacional, estadal y municipal. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables al personal activo, (en condición de interinos, contratados y suplentes) jubilados y pensionados.
TÍTULO II DEL DERECHO A LA JUSTA REMUNERACIÓN Remuneración en atención a la crisis económica Artículo 8. Los profesionales de la educación, y quienes ejerzan funciones docentes, percibirán a partir de la promulgación de la presente ley, una remuneración mensual equivalente al valor de cuatro (4) salarios mínimos, entendiendo por salario mínimo el fijado por el Ejecutivo Nacional mediante decreto, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Esta remuneración será un pago adicional al salario normal que recibe actualmente el profesional de la educación, y quienes ejercen funciones docentes, jubilados y pensionados.
Forma de pago Artículo 9. La remuneración establecida en el artículo anterior deberá ser cancelada mensualmente en moneda de curso legal, sin que puedan hacerse pagos parciales, en especie ni aplicarse deducciones distintas a las expresamente establecidas en la Ley, con fines de seguridad social.
contribuciones directas o indirectas al ahorro o similares o aquellos autorizados por el docente.
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Base salarial Articulo 10. La remuneración establecida en el articulo 8 de la presente norma, con los ajustes que corresponda en atención al mérito, la complejidad de las actividades propias de cada nivel educativo y el tiempo de dedicación de los sujetos definidos en la presente ley, se establece como base salarial al iniciar las discusiones de las convenciones colectivas nacionales, regionales y municipales.
TÍTULO III DISPOSICIONES TRANSITORIAS Orden público Articulo 11. Las disposiciones de la presente ley son de estricto orden jerarquia, ni por acuerdos, convenios o contratos de cualquier naturaleza, salvo que establezcan mejores condiciones o beneficios para los profesionales de la educación.
Homologación de beneficios Artículo 12. Los salarios, remuneraciones demás beneficios salariales establecidos en las convenciones colectivas vigentes, deberán homologarse a las disposiciones contenidas en la presente ley. En las discusiones de las convenciones colectivas actualmente en curso o que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se aplicarán las disposiciones aqul previstas, a fin de garantizar a profesionales de la educación y a quienes ejerzan funciones docentes el derecho a percibir una remuneración y /o salario conforme a lo dispuesto en el articulo 8.
Solicitud y gestión de recursos Artículo 13. Las alcaldias y gobernaciones deberán solicitar los recursos correspondientes para el pago del compromiso salarial al que se refiere esta Ley, ante el Ejecutivo Nacional, en un lapso no mayor a 30 días continuos para la aprobación de los correspondientes créditos ordenamiento juridico vigente.
TÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES Régimen presupuestario Artículo 14. En las leyes y ordenanzas de los presupuestos públicos anuales en los distintos niveles del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal deberá contemplarse una subpartida específica, en la cual se establezca el monto de los recursos destinados al pago de las remuneraciones y salarios del personal docente sujetos a esta ley.
El Poder Legislativo Nacional, los consejos legislativos estadales y los concejos municipales, deberán aprobar los mecanismos presupuestarios necesarios para colocar a disposición de las autoridades administrativas en materia de educación los recursos necesarios para el pago de la Vigencia publicación en la Gaceta Oficial de la, República Bolivariana de Venezuela. Los incrementos de sueldo que deban acordarse a los docentes en aplicación de la esta (sic) Ley, deberán comenzarse a pagar en la primera quincena inmediatamente posterior a la fecha de publicación en Gaceta Oficial. La presente Ley perderá vigencia luego de la aprobación y publicación de la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los diez dias del mes de noviembre de dos mil dieciséis.
Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
III DE LA COMPETENCIA Respecto de la competencia de esta Sala para el conocimiento de la solicitud de declaratoria de control previo de la constitucionalidad de la Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, que efectuó el ciudadano Presidente de la República, el artículo 214 Constitucional dispone lo siguiente en su último párrafo:
(..) Cuando el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley o alguno de sus articulos es inconstitucional solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la Sala).
Asimismo, el artículo 25, numeral 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, atribuye competencia a la Sala Constitucional para:
"Conocer la solicitud que formule el Presidente o Presidenta de la República, en el lapso de diez dias que tiene para promulgar la misma, acerca de la inconstitucionalidad de una ley que sea sancionada por la Asamblea Nacional o de algunos de sus artículos, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República".
En tal sentido, por cuanto las normas antes transcritas establecen expresamente la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer de la solicitud de control preventivo de constitucionalidad, asume dicha competencia para la decisión del caso de autos; y así se declara.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Una vez determinada su competencia, concierne previamente a esta Sala analizar la tempestividad del requerimiento realizado y, en este sentido, el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la República considere que la ley sancionada por la Asamblea Nacional o alguno de sus artículos es inconstitucional, deberá solicitar pronunciamiento a esta Sala en el lapso de diez días siguientes a aquél en que lo haya recibido para su promulgación.
En el presente caso, la denominada Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 10 de noviembre de 2016, fue recibida por el Presidente de la República el 17 de noviembre de 2016, quien la remitió a esta Sala para el control previo de la constitucionalidad el 18 de noviembre de 2016, por lo que tal requerimiento fue realizado dentro del lapso de diez días previstos por el artículo 214 del Texto Constitucional. Así se decide.
Asimismo, esta Sala como máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe garantizar la supremacia y efectividad de las nomas y principios constitucionales, así como fijar las interpretaciones sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335). por lo que una legislación que se concrete en el desconocimiento del vértice normativo del ordenamiento jurídico de la República -dentro de la cual se encuentra el pronunciamiento de esta Sala en relación a las normas constitucionales-, conlleva como consecuencia jurídica la nulidad de todo el ordenamiento que la contraríe, más aún cuando esta Sala ha reiterado paclficamente que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder Público que puedan desarrollarse al margen del derecho, aislado de vinculaciones jurídicas.
Ahora bien, en el presente caso le es sometida a esta Sala Constitucional para que sea considerada su constitucionalidad, la mencionada Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 10 de noviembre de 2016, la cual se encuentra conformada por quince (15) artículos.
Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 señalan: su objeto, remuneración, beneficios de carácter no remunerativo, asignación, personal docente, finalidad y ámbito de aplicación.
Los artículos 8, 9 y 10, establecen: la remuneración en atención a la crisis económica, forma de pago y base salarial.
Los artículos 11, 12 y 13, referidos en el título II, de las Disposiciones Transitorias, estipulan: el orden público, homologación de beneficios y solicitud y gestión de recursos.
Los artículos 14 y 15, señalados en el título IV. de las Disposiciones Finales, determinan el régimen presupuestario y establece la entrada en vigencia de la Ley, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dicho lo anterior, pasa la Sala a pronunciarse sobre las dudas planteadas por el Presidente de la República y. en tal sentido, observa lo siguiente:
En cuanto al desacato por parte de la Asamblea Nacional, denunciado por el Presidente de la República, se tiene que el mismo tiene su origen en la negación de dar cumplimiento a la orden emanada de la sentencia n°. 260 del 30 de diciembre de 2015, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, decisión que posteriormente fue ratificada en el fallo n°.
1 proferido el 11 de enero de 2016, por la mencionada Sala Electoral, posteriormente, la referida Sala Electoral en sentencia n°. 108 del 1° de agosto de 2016, en consecuencia, del flagrante desacato a sus decisiones, sostuvo la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica por violación flagrante del orden público constitucional de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional.
De alli que esta Sala Constitucional en sentencia n° 808 del 2 de septiembre de 2016, haya precisado al referirse a la ejecutoriedad de las sentencias dictadas por los Tribunales de la República como una manifestación cardinal del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en
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el artículo 26 constitucional, que todo acto que pretenda impedir o menoscabar la materialización de ese derecho a la ejecutoriedad y ejecución de una decisión judicial, se convierte abiertamente en una franca violación del prenombrado derecho, que los actos emitidos en el pleno de dicho autoridad, con ocasión del desacato por parte de la Asamblea Nacional de las decisiones dictadas por la Sala Electoral, señaladas ut supra. Lo anterior, ha sido reiterado en sentencia n° 814/2016.
Quedando ampliamente expuesto el incumplimiento de lo dictaminado por la Sala Electoral por parte de la Asamblea Nacional, ésta se encuentra en un manifiesto desacato lo cual acarrea como consecuencia jurídica inmediata la inconstitucionalidad de sus actos, en específico, de la Ley objeto de la presente solicitud, la cual aparece sancionada en sesión ordinaria del 10 de noviembre de 2016, tras su aprobación en primera y segunda discusión el 12 de mayo y el 08 de noviembre del año en curso, respectivamente; ya que de forma continua y permanente la Asamblea Nacional se ha puesto al margen del Estado de Derecho, de la Constitución y de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, en específico de esta Sala Constitucional como máxima autoridad de la jurisdicción constitucional, encargada de velar por el mantenimiento y cumplimiento de los principios, derechos y garantías constitucionales.
Sobre este aspecto, resulta imperativo para esta Sala señalar que conforme a lo dispuesto en la sentencia n° 269 dictada el 21 de abril de 2016, se evidencia que el más grave desacato y por ende la nulidad del acto suscrito objeto de pronunciamiento, resulta del incumplimiento del procedimiento establecido en la referida sentencia, respecto del "(..) informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se puede discutir un proyecto de ley, y que los mismos, en previsión de los articulos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional -a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por vla del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente falo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras de! país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional".
En efecto, en dicha sentencia n° 269, esta Sala Constitucional dispuso:
De alli que lo establecido en este fallo, tenga carácter obligatorio, por cuanto todos los actos que emanen del de la normativa vigente, en especial. la referida a la participación del pueblo en los asuntos públicos de la Nación, asi como la intervención del órgano público competente en materia de planificación y presupuesto sobre el impacto económico de la ley a proponerse, lo cual como ya se apuntó reviste cabal importancia para el Estado, toda vez que cuando se propone una ley, independientemente de su contenido, la misma debe ser factible de ser ejecutada en la realidad, pues de lo contrario no tendría sentido dictar una ley cuya ejecución es de imposible cumplimiento.
Ello por cuanto, la aplicación del instrumento normativo legal genera un impacto en el gasto público del Estado, de allí que Público competente para el diseño, manejo, y ejecución del Plan y del Presupuesto del Estado, el estudio especial sobre el impacto e incidencia económica y presupuestario que la ley propuesta tendrá, pues los gastos que realiza el Estado deben estar balanceados con los ingresos fiscales.
La Asamblea Nacional al sancionar la ley bajo estudio, infringió postulados fundamentales que rigen el proceso de formación de la ley sub examine, como la autonomía de los poderes públicos, transparencia, presupuestaria, determinados por la insuficiente previsión del impacto económico, junto a la correspondiente previsión y acuerdo presupuestario lo cual se desprende —entre otros- de lo dispuesto en los artículos 6 numeral 3 y 13, de la Ley sancionada, que prevén lo siguiente:
Finalidad Articulo 6. La presente ley tiene por finalidad establecer parámetros para proteger y defender la remuneración y el salario normal del profesional de la educación y de quienes ejerzan funciones docentes como el actor más importante para el desarrollo del país, a tal efecto se establecen las siguientes garantías:
3. Disponibilidad de recursos: Se garantiza al profesional de la educación la liquidez y los recursos suficientes para cumplir con todos remuneración y el salario integral de los profesionales de la educación.
Solicitud y gestión de recursos Artículo 13. Las alcaldias y gobernaciones deberán solicitar los recursos correspondientes para el pago del compromiso salarial al que se refiere esta Ley, ante el Ejecutivo Nacional, en un lapso no correspondientes créditos adicionales. Los órganos del Poder Público Nacional estarán en la obligación de aprobar dichos recursos por los canales establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.
Ello determina la evidente responsabilidad de la Asamblea Nacional en la necesaria viabilización de una ley cuya aplicación genera un impacto en el presupuesto de la Nación, máxime cuando se observa tanto en la exposición de motivos de dicha ley, como en el artículo 8 de la misma, titulado "Remuneración en atención a la crisis económica", y en el artículo 11, atención por parte del Poder Ejecutivo Nacional dentro del marco jurídico del Decreto de Excepción y de Emergencia Económica publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario n°. 6.227 del 13 de mayo de 2016, el cual era una extensión del Decreto 2.270 que fue publicado en la Gaceta Oficial n° 6.219 Extraordinaria, de fecha viernes 11 de marzo de 2016, en los cuales se circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales que motivaron la declaratoria de Emergencia Económica, lo cual ha sido reconocido por los diversos sectores que hacen vida en el Territorio Nacional, entre ellos la Asamblea Nacional, se requiere adoptar medidas que profundicen el impacto positivo en la economía nacional, reforzando los derechos a la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y todas las reivindicaciones obtenidas por los venezolanos".
La Constitución, lo ha sostenido esta Sala como máxima instancia jurisdiccional de la República Bolivariana de Venezuela, propende a una concordancia en el ejercicio de los diversas competencias atribuidas a los órganos de los Poderes Ejecutivo. Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano, que evite un declive o degeneración terminal del sistema de derechos y garantías que se consagran en la Constitución.
De manera, que la ley sancionada devela una tendencia política (Estado Mínimo) que se aparta de los postulados constitucionales referidos a la concepción de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que propugna nuestra Carta Magna, pretendiendo establecer disposiciones en un supuesto resguardo de la situación económica del docente, en contraposición al interés público objeto de protección en el Decreto de emergencia económica, circunstancias que esta Sala como garante de la supremacía constitucional está llamada a impedir en aras de preservar el orden social y el bien común, por lo que se le reitera al órgano parlamentario nacional que la actuación legislativa debe estar orientada hacia la defensa de los valores y principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (vid. sentencia N° 85/2002).
Por ello, al obviar la Asamblea Nacional los pasos en el proceso de formación de leyes previstos en el Reglamento Interior y de Debates y lo establecido por esta Sala en la sentencia n° 269/2016, sus actos están viciados de nulidad, y dado que en el presente asunto está involucrado el orden público constitucional, la Sala en ejecución de sus propias decisiones y en el marco de sus competencias, conforme al artículo 335 de la Constitución, y con fundamento en los fallos de esta Sala nros.
808/2016/814/2016 y 269/2016, declara la nulidad del acto legislativo mediante el cual se sancionó la ley objeto de la presente solicitud. Así se decide.
Por último, exhorta a la Asamblea Nacional a cumplir con los mandatos constitucionales dictados por esta Sala como máxima garante del Texto Fundamental, y a desincorporar a los diputados que juramento en contravención a la sentencia n° 260 del 30 de diciembre de 2015, emanada de la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
V DECISIÓN Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- Su COMPETENCIA para conocer de la presente solicitud de control previo de constitucionalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA
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REMUNERACIÓN Y DEFENSA DEL SALARIO DEL DOCENTE AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL, sancionada por la Asamblea Nacional el 10 de noviembre de 2016, formulada por el Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros.
2.- La NULIDAD del acto legislativo de la Asamblea Nacional del 10 de noviembre de 2016, que sancionó la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA REMUNERACIÓN Y DEFENSA DEL SALARIO DEL DOCENTE AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL, por cuanto fue dictada en franco desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República.
En consecuencia, se ORDENA la publicación Íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en cuyos sumario deberá indicarse lo siguiente:
"Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nulo el acto legislativo de la Asamblea Nacional del 10 de noviembre de 2016, que sancionó la Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, por cuanto fue dictada en desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República".
3.- Se EXHORTA a la Asamblea Nacional a cumplir con los mandatos constitucionales dictados por esta Sala como máxima garante del Texto Fundamental, y a desincorporar a los diputados que juramento en contravención a la sentencia n° 260 del 30 de diciembre de 2015, emanada de la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia.
Publiquese, regístrese y archívese el expediente. Remitase copia certificada del fallo al Presidente de la República y al Presidente de la Asamblea Nacional. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los —J5días del mes de irmbde dos mil dieciséis (2016).
Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Presidenta de la Sala, Gladys MaríaGutiérrez Alvarado El Vicepresidente, Arcadio Delgado Rosales Los Magistrados, Carmen Zuleta de Merchán Juan José Mendoza leer Ponente Luis Fernando Damiani Bustillos Lourdes Benicia Suárez Anderson La Secretaria (T), Dixies . Velánque
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-S-2016-000001 JUEZA PONENTE: MERLY MORALES Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial. pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, en la decisión N° TDJ-SD-2014-022, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante TDJ) en fecha 27 de marzo de 2014, en la causa signada con el N° AP61-D-2013-000329, nomenclatura interna de dicho juzgado, mediante el cual, entre otros, decretó el sobreseimiento de la causa en relación con la investigación efectuada a la denuncia por el ciudadano René Buroz.
quien acusó a la jueza TIVISAY DEL VALLE SÁNCHEZ ABREU titular de la cédula de identidad N° V-11.005.436, Jueza Titular del Tribunal Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. por haber dudado de la condición de víctima de quien representa el denunciante, de conformidad con el articulo 60 numeral 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética), vigente para el momento de los hechos, en virtud que el hecho no se realizó.
ANTECEDENTES Se dio inicio al presente procedimiento disciplinario, en virtud de la denuncia presentada ante la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo IGT) por el ciudadano René Buroz, titular de la cédula N° V-6.912.133. en su condición de víctima en la causa penal N° 12732-08, nomenclatura del Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien delató presuntas irregularidades cometidas por la jueza Tivisay del Valle Sánchez Abreu, durante la tramitación de la referida causa penal.
En fecha 17 de septiembre de 2013, fue recibida ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de esta Jurisdicción Disciplinaria, acto durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Décimo Cuarto (14*) de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área y por otro, planteó el sobreseimiento conforme al articulo 60.1 (hoy 71.1) del Código de Ética, respecto a una de las denuncias formuladas en su contra, concretamente la representaba el ciudadano René Buroz, denunciante en el presente proceso; cuyg asunto se le asignó el N° AP61-D-2013-000329.
En fecha 14 de octubre de 2013, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial acordó dar entrada al presento asunto y en estã misma fecha, por auto separado, acordó remitir el expediente disciplinario al J para el análisis y valoración de los elementos indiciarios recabados por la IGT, a los.
fines de proveyera lo conducente.
En fecha 16 de octubre de 2013, el TDJ recibió el expediente disciplinario cuya ponencia, previa distribución aleatoria, le correspondió al juez Carlos Medina.
En fecha 27 de marzo de 2014, el TDJ dictó auto en el cual admitió el acto conclusivo emitido por la IGT en fecha 12 de agosto de 2013; ordenó citar a la jueza denunciada a los fines de consignar escrito de descargos: ordenó la notificación sobreseimiento de la causa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60.1 del Código de Ética, vigente para el momento de los hechos, en relación con la denuncia procedimiento habia dudado en el curso del proceso penal, que dio origen a la causa que el hecho denunciado no se realizó En fecha 16 de diciembre de 2015, el TDJ acordó la remisión de las copias certificadas de las actuaciones del presente expediente disciplinario a esta Corte en decisión TDJ-SID-2014-022 de fecha 27 de marzo de 2014, a efectos de la presente consulta obligatoria.
Por auto de fecha 27 de enero de 2016, la secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial, dejó constancia que en fecha 26 de enero de 2016 fue recibido el presente asunto proveniente del TDJ cuya nomenclatura correspondió con el N° AP61-S- 2016-oooo01, asi como de la asignación de la ponencia según el Sistema de Gestión Judicial a la Dra. Merly Morales Hernández.
En fecha 10 de febrero de 2016, esta Alzada solicitó al TDJ mediante oficio N° CDJ-AC-00011-2016, copia certificada del acta de inspección judicial de fecha 13 de junio de 2008, efectuada por la jueza sometida a procedimiento disciplinario. { En fecha 15 de febrero de 2016, la jueza ponente, Dra. Merly Morales.
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permitió continuar con sus labores habituales; siendo hasta el 30 de junio de 2016, cuando -una vez incorporado el respectivo suplente- esta Corte Disciplinaria-Judicial, dictó auto en el cual el Dr. Romer Abner Pacheco Morales (suplente de la jueza Morales). se abocó al conocimiento de la presente causa; procediéndose consecuencialmente a diferir el pronunciamiento del presente asunto para el tercer ejerzan el control previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas.
constancia de haber recibido oficio N° TDJ-033-2016 fechado el 16 de febrero de 2016, mediante el cual el TDJ remitió copia certifica del acta de inspección judicial de fecha 13 de junio de 2008, relacionada con la solicitud de sobreseimiento de la Una vez reincorporada la Dra, Merly Morales, juez ponente en el presente asunto disciplinario, el Presidente de esta Corte Disciplinaria Judicial, en fecha 25 de octubre de 2016, dictó auto en el cual deja constancia de la constitución de esta instancia superior, acordando fijar un cartel en un diario de circulación nacional, a los fines que el ciudadano René Buroz, sea notificado, librándose igualmente boleta de notificación al órgano investigador.
Secretaría de esta instancia superior disciplinaria en fecha 30 de noviembre de 2016, realizó el correspondiente computo de los días transcurridos.
DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA
Mediante auto de fecha 27 de marzo de 2014, el órgano de primera instancia disciplinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.1 del Código de Ética, vigente para el momento de los hechos, decretó el sobreseimiento de la causa, con Tivisay Sánchez Abreu de haber dudado de la condición de victima del ciudadano René Buroz. En el referido fallo se indicó lo siguiente:
En primer término, admitió el acto conclusivo emitido por el órgano de petición de sanción, que la IGT, para sustentar la petición de sobreseimiento procedimiento, en cuanto a su cualidad de victima; señaló dicho órgano investigador que tal aseveración resultó incierta por cuanto del auto celebrado por la jueza investigada, vale decir, audiencia de presentación se verificó que le había dado el derecho de palabra al denunciante en su condición de victima, y más aún hacia modo, la sentencia objeto de consulta, explanó que pudo constatar la veracidad de expuesto Por último, el TDJ examinó la solicitud de sobreseimiento planteada por la IGT asi como lo esgrimido por parte del denunciante, René Buroz, en el que señaló que la jueza Tivisay Sánchez en la tramitación de la causa penal N° 12732-8, dudó sobre su carácter de victima; señalando haber apreciado en el acta de audiencia de presentación del imputado celebrada el 24 de mayo de 2008, en cuyo contenido se evidenciaba que la jueza denunciada habia atribuido el carácter de victima a la parte mencionado ciudadano se encontraba desprovisto de acervo probatis, quedando procedimiento, y en consecuencia decretó el sobreseimiento de la causa, en cuanto al hecho bajo examen,de conformidad con lo establecido en el articulo 60.1 del Código de Ética (hoy articulo 71 del nuevo Código de Ética).
DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial a tal efecto observa lo siguiente:
El actual Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en su artículo 71 establece lo siguiente:
sobreseimiento cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribulrsele al sujeto investigado.
carácter disciplinario.
3. La acción disciplinaria haya prescrito.
4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinana judicial.
6. La muerte del juez o la jueza.
.El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinarla Judicial, dentro de los cinco días sigulentes." (Resaltado de esta Alzada)
mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la investigación seguida a la jueza TIVISAY DEL VALLE SÁNCHEZ ABREU. plenamente identificada en autos, esta Corte Disciplinaria Judicial declara su competencia para conocer de la cansultaobligatoria de ley sometida a consideración.Y así se decide.- 11 CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:
Conforme a lo precedentemente expuesto, el objeto de la presente consulta obligatoria lo constituye el auto dictado el 27 de marzo de 2014, proferido por el TDJ, en el cual declaró el sobreseimiento de la investigación efectuada con motivo a la denuncia presentada por el ciudadano René Buroz, especificamente en la que señala que la jueza sometida a procedimiento había dudado del carácter de víctima del mencionado ciudadano en la causa penal N° 12732-08, nomenclatura del juzgado establecido en el numeral 1 del artículo 60 del Código de Ética (vigente para el momento de los hechos), en virtud que el hecho del proceso no se configuró.
Ahora bien, antes de resolver la consulta planteada, esta Alzada ha de señalar que el TDJ en la dispositiva del fallo consultado, emitió dos pronunciamientos, uno referido a la admisión del acto conclusivo en el cual la IGT determina la responsabilidad disciplinaria de la jueza Tivisay Sánchez. los cuales devienen de hechos delatados ante ese organismo por el ciudadano René Buroz: al considerar.
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 341 Procedimiento de Procedimiento Civil, que el mismo no es contrario al orden público, a las buenas costumbres o acuerdo con lo dispuesto en el articulo 51 del Código de Ética (vigente para el momento de los hechos), y el otro, referido al decreto de sobreseimiento de la "Articulo 60. El Tribunal Disciplinario Judicial decretará el sobreseimiento de la investigación cuando:
1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribulrsele al juez denunciado o la jueza denunciada.
2. La acción disciplinaria ha prescrito o resulta acreditada la cosa juzgada.
3. La muerte del juez o la jueza.
presupuestos de procedencia y que tiene que considerar el Juez de primera instancia disciplinaria, para decretar el sobreseimiento de una investigación, siendo objeto a una consulta de carácter obligatorio ante la Corte Disciplinaria Judicial.
En ese contexto, esta Alzada ha sostenido de manera pacifica y reiterada que el sobreseimiento constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales en forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de uno de los disciplinario de primera instancia judicial deberá ser por mandato de ley, consultada confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada.
siendo una de ellas, cuando el hecho objeto del proceso no se realizó, el cual se decretará de pleno derecho, una vez que dicho supuesto sea acreditado en autos.
de sobreseimiento, se desprende que, el órgano de inspección y vigilancia señala haber verificado que lo afirmado por el denunciante en el caso bajo estudio no era cierto, por lo que planteó lo siguiente:
"(...) conforme al articulo 60, numeral 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, se decrete el sobreseimiento respecto del carácter de victima del ciudadano René Buroz, aqul denunciante, puesto que en la audiencia de presentación del imputado de fecha veinticuatro de mayo de dos mil ocho, se le permitió el derecho de palabra, y fue notificado en su condición de victima y, en el acto de la Inspección Judicial celebrada en fecha trece de junio de dos mil ocho, se le permitió participar a su abogado Carlos pieza 1 del presente expediente) El tribunal a-quo, vista la solicitud, indicó haber apreciado -tal y como lo había señalado la IGT- acta de audiencia de fecha 24 de mayo de 2008, en el que se desprendía de forma clara que la jueza denunciada habla atribuido el carácter de victima a la parte que corresponde; procediendo a decretar el sobreseimiento de la causa seguida contra la ciudadana TIVISAY DEL VALLE SÁNCHEZ ABREU, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con base a lo dispuesto en el articulo 60.1 del Código de Ética, vigente para el momento de los hechos, en relación a que la denuncia donde la mencionada jueza, presuntamente, había dudado del carácter de victima atribuido al denunciante, ciudadano René Buroz, en la causa penal N° 12732-08, nomenclatura que regentaba la jueza investigada, en virtud que el hecho objeto del proceso no se realizó, indicando que en la audiencia de presentación de imputados celebrada en fecha 24 de mayo de 2008 se le atribuyó tal carácter.
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Al respecto, esta Alzada considera que en efecto el órgano de primera instancia disciplinaria acero al momento de decretar el sobreseimiento de la planteado en el acto conclusivo dictado por la IGT (folios 24 al 124 de la pieza N° 1 del presente expediente), así como la copia certificada del acta de audiencia para oir al imputado en la causa judicial N° 12732-08, de fecha 24 de mayo de 2008 (folios 2 al 22, pieza N° 1 del presente expediente); pudo constatar que efectivamente la jueza sujeta a procedimiento disciplinario le atribuyó el carácter de victima al ciudadano René Buroz, cuando en la audiencia oral de presentación, al momento de imponer al imputado de marras, el Ministerio Público sugirió que para un mayor ejercicio del derecho a la defensa se escuchar a primero a la víctima. Acto seguido, la jueza denunciada procedió de manera inmediata a conceder el derecho de palabra al ciudadano René Buroz en su condición de víctima, quien seguidamente hizo uso de alla. Así se decide.- Ahora bien, esta superior instancia pudo observar que el órgano de inspección y vigilancia planteó el sobreseimiento de la investigación del hecho bajo análisis, en de junio de ese mismo año. De las menciones actuaciones, el TDJ solo consideró la primera de ellas, es decir, el acta de audiencia de presentación del imputado; motivo por el cual esta Alzada a los fines de garantizar el ejercicio eficaz de todos aquellos intervinientes en todo proceso, solicitó al tribunal a quo, copia certificada de la En este orden, una vez recibida las mencionadas copias certificadas, y revisado su contenido, quienes aquí deciden pudieron constatar, tal y como lo verificó la 1GTj que efectivamente en el acta de inspección judicial se desprende que, el juzgado a cargo de la jueza Tivisay del Valle Sánchez dejó expresa constancia el fecha 13 de junio de 2008, no como apoderado judicial de la victima pero sí como abogado asistente de la misma (Folios 148 al 157, pieza N° 1 de la presente causa disciplinaria); hecho que denota con claridad el reconocimiento del carácter atribuida* al ciudadano René Buroz en la causa judicial N° 12732-08, nomenclatura jel Juzgado que regentaba la jueza denunciada; elemento que a todas luces confirma lo solicitado por la IGT. Y así se decide.- Verificado como fue la solicitud de sobreseimiento, el acto de la audiencia de los mismos constituyen elementos suficientes para que la primera instancia disciplinaria decretara el sobreseimiento de la causa seguida a la ciudadana TIVISAY DEL VALLE SÁNCHEZ ABREU, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Décimo Cuarto en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con el articulo 60 numeral 1 del derogado Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (hoy 71.1 del vigente Código de Ética). en relación con la denuncia efectuada por el ciudadano René Buroz, quien acusó a la mencionada jueza de haber dudado de su condición de
se declara.- Corolario a lo anterior, esta Corte Disciplinaria Judicial declara RESUELTA la consulta obligatoria sobre el sobreseimiento dictado en el presente caso por el por el 2014-022 de fecha 27 de marzo de 2014, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial conformidad con lo previsto en el articulo 60, numeral 1, del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, (vigente para el momento de los hechos), en relación al hecho analizado en el presente fallo. Y asi se decide.- -|- DECISIÓN administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ-SID-2014-022, dictada en fecha 27 de marzo de 2014 por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la causa N° AP61-D-2013-000329, nomenclatura de dicho Tribunal, mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la causa de conformidad con el artículo 60 numeral 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, vigente para el momento de los hechos, en relación con la investigación efectuada a la denuncia del ciudadano René Buroz, quien acusó a la ciudadana Tivisay Sánchez Abreu, titular de la cédula de identidad Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitaga de.
Caracas, de haber dudado de la condición de victima de quien representasel denunciante, ciudadano René Buroz, en virtud que el hecho del proceso no ase realizó. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SID-2014-022 de fecha 2 de
DECRETÓ el sobreseimiento del procedimiento disciplinario, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, numeral 1, del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (vigente para e! momento de los hechos). en relación al hecho analizado en el presente fallo.
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.
Remitase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectorla General de Tribunales.
Cúmplase lo ordenado.-
República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Dada, sellada y firmada en la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas a los siete (7) días del mes diciembre de dos mil dieciséis (2016).
Año 206* de la Independencia y 157°de la Federación.
TULIO IMÉNEZ
JUEZA PONENTE MERLY MORALES HERNANDEZ ANA CECILIA ZULUETRODRIGUEZ
8ECRETARIA (E), CARMEN CARREÑO MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 29 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 2127 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar ABOGADO ADJUNTO IV a la Ciudadana LUDYS DEL CARMEN MUÑOz DURAND, titular de la cédula de identidad N° 6.249.996, en la DIRECCIÓN DE DEFENSA INTEGRAL DEL AMBIENTE Y DELITO AMBIENTAL, adscrita a la Dirección General de Actuación Procesal. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto III en la citada Dirección.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 06 de diciembre de 2016.
Comee y Publíquese.
EUISA ORTEGA DÍAZ FisGeneralde ta República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 29 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 2131 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar a la Ciudadana MARÍA LUISA ISEA PELEY, titular de la cédula de identidad N° 16.621.210, quien se venía desempeñando como ABOGADO ADJUNTO I en la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; a la FISCALÍA VIGÉSIMA SEXTA del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con sede en Maracaibo, cargo creado, a partir del 06 de diciembre de 2016.
Comuníquese y Publíquese.
LIVARIAN.A
3 UISA ORTEGA DÍAZ seal @eneral de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N°2143 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado REIMERTH ANTONIO ESCALoNA VEGA, titular de la cédula de identidad N° 18.010.012, quien se venía desempeñando como ABoGADO ADJUNTo I en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas; a la FIscALÍA SEGuNDA del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con sede en Catia La Mar, a partir del 06 de diciembre de 2016.
AIO ComppiieseYbliquese
LUSA ORTEGA DÍA Fisca General de la Repúbiica
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 2153 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado HARRINSON RAFAEL GONZÁLEZ GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° 10.498.273, quien se venía desempeñando como FIsCAL PRovIsorIo en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui; a la FISCALÍA QUINTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal y competencia plena, cargo vacante, a partir del 06 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Comuaiqueseubliquese.
LUISAORTEGA DÍAZ Fscal GeneraLde ta República
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CARACAS, 14 DE DICIEMBRE DE 2016 206° y 157° RESOLUCIÓN N° DdP-201.6- 93 TAREK WILLIANS SAAB, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional de la República Boiivariana de Venezuela, en fecha 22 de diciembre de 2014, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.567 de la misma fecha, actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme con el artículo 3 y numerales 3, 11 y 19 del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta 2004, en concordancia con el artículo 10 de la Resolución N° DdP-2016-048 de fecha 04 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bclivariana ce Venezuela N° 40.959 de fecha 04 de agosto de 2016, así como los artículos 42 y 47 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario y el artículo 35 de Reg!amento N° 4 de :a Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Contabilidad Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 cel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
RESUELVE
PRIMERO: Aprobar la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de la Defensoría del Puebio, para el ejercicio económico financiero 2017, la cual estará conformada de la siguiente manera:
CÓDIGO UNIDAD ADMINISTRADORA UNIDAD ADMINISTRADORA CENTRAL 00001 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SEGunDo: Designar como cuentadante responsable de la Unidad Administradcra Central de la Defensoría del Pueblo código 00001 Dirección General de cédula de identidad N° V-10.784.110, en Su carácter de DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIóN, según Resoiución N° DdP-2016-054 de fecha 09 de agosto ce 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 40.965 de fecha 12 de agosto de 2016.
Comuníquese y Publíquese, TAREK WILLIANS SAAB Defensor del Pueblo
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
CARACAS, 07 DE OCTUBRE DE 2016 206° y 157° RESOLUCIÓN N° DdP-2016-080 de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 22 de diciembre de 2014, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana deVenezuela N° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con los artículos 11 y 66 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en !a Resolución N° DdP-2014-005, de fecha 20 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Boliváriana de Venezuela N° 40.339 del día 22 de enero de 2014.
RESUELVE:
Designar a la ciudadana GABRIELA VILLEGAS ORTEGA, titular de la cédula de identidad N° V-16.113.777, quien ocupa el cargo de Coordinadora de Servicios Administrativos, adscrita a la División de Servicios y Mantenimiento de la Dirección General de Administración, como Jefa de la División de Bienestar Social, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, en calidad de encargada, desde el día 1° de octubre de 2016, hasta nueva disposición.
Comuníquese y Publíquese,
TAREK WILLIANS SAAB DEFENSOR DEL PUEBLO
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
CARACAS, 05 DE DICIEMBRE DE 2016 206° y 157° RESOLUCIÓN N° DdP-2016-091 de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 22 de diciembre de 2014, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con los artículos 11 y 66 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución N° DdP-2016-048, de fecha 03 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.959 del día 04 de agosto de 2016.
RESUELVE:
Designar a la ciudadana BEYSCÉ PILAR LORETO DUBÉN, titular de la cédula de identidad N° V-14.130.666, como Directora de Vigilancia de los Servicios Públicos, adscrita a la Dirección General de Atención al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en calidad de encargada; a partir del 05 de diciembre de 2016.
Comuníquese y Pblíquese, tarer
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORIA DEL PUEBLO DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
CARACAS, 15 DE DICIEMBRE DE2016 206° Y 157° RESOLUCIÒN N° DdP-2016 - 94 TAREK WILLIANS SAAB, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezueia, en fecha 22 de diciembre de 2014, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el artículo 10 del Estatuto de personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución N° DdP-2016-048, de fecha 04 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 40.959 del día 04 de agosto de 2016.
RESUELVE:
Designar a la ciudadana MILAGRoS SALCEDO AZUAJE, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-11.994.869, como Directora de Secretaria a partir del día 15 de diciembre de 2016.
Comuníquese yPublíquese,
TAREK WILLIANS SAAB DEFENSOR DEL PUEBLO
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppO 187207DF1 AÑO CXLIV - MES III Número 41.053 Caracas, jueves 15 de diciembre de 2016 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 págs, costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
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