Gaceta Oficial N° 40.927
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Fundación “Misión Cultura” Providencia mediante la cual se Se corrige por error material la
Providencia Administrativa N° 002, de fecha 01 de marzo de 2016, donde se designa a la ciudadana Erika Dayana Bellorín Moscoso, como Jefa de la Unidad Encargada de la Oficina de Atención Ciudadana, adscrita a la Presidencia de esta Fundación.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Plena Resolución mediante la cual se crea, organiza y pone en funcionamiento los Juzgados de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, que en ella se mencionan.
Resolución mediante la cual se le atribuye, de forma transitoria, la competencia en el territorio del municipio Cedeño del estado Bolívar y la Parroquia Cabruta del Municipio Las Mercedes del estado Guárico al Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, hasta tanto se instale formalmente e inicie las actividades el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Caicara del Orinoco.
Sala Constitucional Decisión mediante la cual se declara Competente para conocer la acción ejercida por los Abogados que en ella se mencionan, en contra de las presuntas actuaciones, vías de hecho y amenazas de daño Inminente, presuntamente emanadas del Presidente, de la Junta Directiva y de la Mayoría de diputados que conforman la Asamblea Nacional, y se Reconduce la acción a una demanda de controversia constitucional.
MINISTERIO PÚBLICO Resolución mediante la cual se crea la “Unidad de Mensajería”, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se autoriza a la Junta Directiva de la Fundación para la Promoción de la Península de Paraguaná (PROPARAGUANÁ), la no creación de la Unidad de Auditoría Interna propia, y que las funciones de control fiscal interno de dicha Fundación sean ejercidas por la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Falcón.
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Resolución N° 160516-0063, mediante la cual se resuelve designar para ocupar el cargo de Registrador Civil de la Parroquia Coche, de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, al ciudadano Dario Alejandro Lujano Hernández, titular de la cédula de identidad N° 19.693.870.
Resolución N° 160507-0064, mediante la cual se resuelve designar para ocupar el cargo de Registradora Civil de la Oficina Municipal de Registro Civil del Municipio Bolivariano Eulalia Buroz, a la ciudadana Crisálida Josefina Jiménez Rivas, titular de la cédula de identidad N° 6.336.770.
Resolución N° 160411-0065, mediante la cual se resuelve designar para ocupar el cargo de Registradora Civil de la Unidad de Registro Civil, ubicada en el establecimiento de Salud Hospital Eugenio P.D. Bellard, a la ciudadana Úrsula Maleska Lianza Salazar, titular de la cédula de identidad N° 11.034.195.
Resolución N° 160503-0066, mediante la cual se resuelve designar para ocupar el cargo de Registradora Civil del Municipio Cristóbal Rojas del estado Bolivariano de Miranda, a la ciudadana Grace Saith Paredes Cisnero, titular de la cédula de identidad N° 15.099.709.
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 2.353, mediante el cual se nombra al ciudadano Menry Rafael Fernández Pereira, Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO), en calidad de Encargado.- (Véase N° 6.231 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 15 de junio de 2016).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
SAREN Providencias mediante las cuales se designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se especifican, como Registradores Públicos Especiales, en los estados que en ellas se mencionan, de este Organismo.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se nombra a la ciudadana Andrea Gabriela Corao Faría, como Directora General del Despacho del Viceministro para Europa, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA BANCA Y FINANZAS
SENIAT Providencia mediante la cual se establece la obligación del uso de Bandas de Garantías Codificadas de Seguridad en cajetillas y envases de cigarrillos, tabaco, picaduras y otros derivados del tabaco, de Producción Nacional o Importados.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS Acta.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Acta.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
Fundación Gran Misión “Barrio Nuevo - Barrio Tricolor” Providencia mediante la cual se designa a los nuevos integrantes de la Comisión de Contrataciones de esta Fundación, constituida por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Resolución mediante la cual se otorga Pensión de Discapacidad, a la ciudadana Emma Jacqueline Bessón.
Resolución mediante la cual se otorga Jubilación Ordinaria, al ciudadano Luis Alberto Sánchez Torres.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA ALIMENTACIÓN Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Manuel Goncalves Luque, como Director General de Mercadeo Alimentario, de este Ministerio, en calidad de Encargado.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CULTURA Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y el ciudadano que en ellas se señalan, como Coordinadores de las Oficinas que en ellas se indican, de la Fundación Cinemateca Nacional, de este Ministerio.
@MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS 206º, 157º y 17º PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0 683 Caracas, 01 JUN. 2016 Quien suscribe, NELsON JOSÉ GARCÍA, Director General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), nombrado a través del Decreto Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.195, Extraordinario de la misma fecha, en ejercicio de la delegación de las atribuciones y firmas de los actos y documentos contenida en el Artículo 1, numeral 1°, de la Resolución N° 162, de fecha 09 de Septiembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.743, de fecha 10 de Septiembre de 2015, en atención a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 5 de la Resolución Nº 31 de fecha 24 de Febrero de 2011, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de Mayo de 2011 contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, conforme a lo previsto en los artículos 12 y 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156, Extraordinario de fecha 19 de Noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 7 de la Resolución Conjunta de las Normas para la Protocolización de Documentos en el Marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.838 de fecha 28 de enero de 2016, mediante Punto de Cuenta 080_ de fecha23 MAY0 2016, procedo a DESIGNAR a la ciudadana N° INGRID TIBISAY oROzCo coTES, titular de la cédula de identidad N° V-17.234.319, para oCUpar el cargo de REGISTRADORA PÚBLICA ESPECIAL, en el ESTADO TÁCHIRA. El presente movimiento tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación.
"Comuníquese y publíquese”
ONDOSE GARCIA Director General (E) del Servicio Aytónomo de Registros y Notarias (SAREN) Decreto Presidencial N° 1.9R9 del 04 de Sebtiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivarianade Venezuea N° 6.195 Extraordinario de la misma fecha.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS 206º, 157° y 170 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0 6 8 2 Caracas, 0 1 JUN. 2016 Quien suscribe, NELsON JOsÉ GARCÍA, Director General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), nombrado a través del Decreto Presidencial N° 1.979 de fecha 04 de Septiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.195, Extraordinario de la misma fecha, en ejercicio de la delegación de las atribuciones y firmas de los actos y documentos contenida en el Artículo 1, numeral 1°, de la Resolución N° 162, de fecha 09 de Septiembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.743, de fecha 10 de Septiembre de 2015, en atención a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 5 de la Resolución N° 31 de fecha 24 de Febrero de 2011, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de Mayo de 2011 contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, conforme a lo previsto en los artículos 12 y 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.156, Extraordinario de fecha 19 de Noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 7 de la Resolución Conjunta de las Normas para la Protocolización de Documentos en el Marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.838 de fecha 28 de enero de 2016, mediante Punto de Cuenta 080 defecha2 3 MAYO 2016 N°_ procedo a DESIGNAR al ciudadano EMILIO ALEJANDRO RAMIREZ ROJAS, titular de la cédula de identidad N° V-11.145.478, para OCUpar el Cargo de REGISTRADOR PÚBLICO ESPECIAL, en el ESTADO NUEVA ESPARTA. El presente movimiento tendrá vigencia a partir “Comuníquese y publíquese" .
NESONJOSEGARCIA Director General (E) del Servicio utónomo de Registros y Notarías (SAREN) Decreto Presidencial N° 1.09 del 04 de septiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de veñezsela N° 6.195 Extraordinario de la misma fecha.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS 206º, 157° y 17º PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0 6 8 1 Caracas, 0 1 JUN. 2016 Quien suscribe, NELsON JOsÉ GARCÍA, Director General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), nombrado a través del Decreto Presidencial Nº 1.979 de fecha 04 de Septiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.195, Extraordinario de la misma fecha, en ejercicio de la delegación de las atribuciones y firmas de los actos y documentos contenida en el Artículo 1, numeral 1°, de la Resolución N° 162, de fecha 09 de Septiembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.743, de fecha 10 de Septiembre de 2015, en atención a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 5 de la Resolución N° 31 de fecha 24 de Febrero de 2011, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de Mayo de 2011 contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, conforme a lo previsto en los artículos 12 y 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.156, Extraordinario de fecha 19 de Noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 7 de la Resolución Conjunta de las Normas para la Protocolización de Documentos en el Marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.838 de fecha 28 de enero de 2016, mediante Punto de Cuenta 08.Q de fecha 2 3 MAY0 2015_, procedo a DESIGNAR a la ciudadana JOSELIN MILAGROS RODRIGUEZ HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-17.406.924, para oCupar el cargo de REGISTRADORA PÚBLICA ESPECIAL, en el ESTADO ANZOÁTEGUI. El presente movimiento tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificació “Comuníquese y publíquese” (.
NELSON SOSÉ GARCIA Director General (E) de Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN) Decreto Presidencial No 1.979 l,94 de Septiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de venezdela N° 6.195 Extraordinario de la misma fecha.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM N° 0 6 0 Caracas,13 JUN20m6 206º 157º y 17° RESOLUCIÓN La ciudadana DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ, titular de la cédula de Identidad N° V-10.353.667, en su carácter de Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designada mediante Decreto Presidencial N° 1:569 de fecha 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 y de acuerdó con el Decreto N° 2.181 del 06 de enero de 2016, publicado en Gaceta Oficial N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, en concordancia con los artículo 34, 65 y 78 numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.147 del 17 de noviembre de 2014, y con la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, Publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.?17 de fecha 30 de julio de 2013, que mantiene vigente los artículos 7 y 68 de la Ley de Servicio Exterior, los artículos 19, 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 36 numeral 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popúlar para Relaciones Exteriores, así como lo previsto en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional.
RESUELVE
PRIMERO: Nombrar a la ciUdadana ANDREA GABRIELA CORAO FARÍA, titular de la cédula de identidad N° V-18.143.905 .como DIRECTORA GENERAL DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO PARA EUROPA del MinisteriO del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
SEGUNDO: La Ciudadana ANDREA GABRIELA CORAO FARÍA, en Su carácter de Directora General del Despacho del Viceministro para Europa, tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Suscribir oficios, notas, memoranda, circulares e instrucciones, de servicio, radiogramas y telegramas para los Miembros de las Misiones. Diplomáticas, Delegaciones y Oficinas Consulares de la República en el exterior y Direcciones dependientes del Despacho.
2.- Suscribir comunicaciones dirigidas a los Jefes de Misiones Diplomáticas Permanentes Extranjeras acreditadas ante el Gobierno Nacional, los Representantes de Organismos Internacionales y otros Funcionarios Internacionales que tenga categoría similar a los antes mencionados.
3.- Firmar los documentos relacionados con asuntos inherentes a su cargo.
4.- Suscribir comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y otros Organismos Públicos y los Particulares TERcEro: La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores y la máxima autoridad de la dependencia de adscripción, podrán discrecionalmente firmar los actos y doct.. ¡entos referidos a la presente Resolución.
cuArTo: El funcionario deberá presentar un informe detallado de los actos y documentos que suscriba en el marco de esta Resolución a la ciudadana Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional.
QuInto: Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, deberán contener bajo la firma del funcionario delegado la fecha, el número la Resolución y los datos de la Gaceta Oficial en la cual haya sido 428.453 publicada conforme a los establecido en el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Sexta: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela REPUSUCA BOL Comuníquese y Publíquese, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIQRES Decreto No 1.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 pubicado en Gaceta Oficial N° 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016 publicado en Gaceta Oficial N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALABANCAY FINANZAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) SNAT/2016/0021 Caracas, 06 de abril de 2016 Años 205º, 157° y 17° El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en ejercicio de sus facultades previstas en el articulo 3 y los numerales 8, 10, 28, y 34 del artículo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integradp de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2015, de conformidad con el numeral 18 de artículo 1 y numeral 5 del artículo 9 de la Resolución 32, sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT de fecha 24 de marzo de 1995, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.881 Extraordinario de fecha 29 de marzo de 1995, en concordancia con lo establecido en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.151 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014, dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL USO DE BANDAS DE GARANTÍAS CODIFICADAS DE PICADURAS Y OTROS DERIVADOS DEL TABACO, DE PRODUCCIÓN NACIONAL O IMPORTADOS.
Artículo 1.- Esta Providencia Administrativa tiene por objeto establecer la obligación del uso de bandas de garantía codificadas de seguridad, en cajetillas y envases de cigarrillos, tabacos, picaduras y otros derivados del tabaco, de producción nacional o importada, así como las normas y procedimientos.
Artículo 2.- Los productores, fabricantes e importadores que comercialicen cigarrillos, tabacos, picaduras y otros derivados del tabaco en la República Bolivariana de Venezuela, están obligados a adherir en las cajetillas y envases la banda de garantía codificada de seguridad.
Artículo 3.- A los fines de esta Providencia Administrativa se entiende por:
Banda de garantía codificada de seguridad: Instrumento impreso con especificaciones técnicas de seguridad, que permite ejercer el control fiscal de la producción e importación de cigarrillos, tabacos, picaduras y otros derivados del tabaco.
Bandas de garantia codificada de seguridad autoadhesiva:
Instrumento impreso con especificaciones técnicas de seguridad, previstas de adhesivo en su reverso para ser adheridas en forma manual.
Bandas de garantia codificada de seguridad mecanizables: Instrumento impreso con especificaciones técnicas de seguridad previstas con pegamento para ser adheridas en forma mecánica.
Proceso de activación: Es el proceso para la activación de la banda de garantía codificada de seguridad, que se realiza en la línea de producción por medio de los equipos exigidos por la Administración Tributaria Nacional instalados en los establecimientos del fabricante de productos de cigarrillos y tabacos.
Proceso de rastreo de productos: Es el proceso que se realiza a través de escáneres que permite certificar la autenticidad del producto mediante la banda de garantía codificada de seguridad colocada en las cajetillas, en las unidades o
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428.454 envases de cigarrillos, tabacos, picaduras u otros derivados del tabaco, permitiendo el control fiscal y la transferencia de información a una base de datos central.
Articulo 4.- A los efectos del control fiscal, las cajetillas, las junidaces o envases de cigarrillos, tabacos, picaduras u otros derivados del tabaco comercializados en el Territorio Nacional, serán franjados atendiendo los siguientes criterios:
a) Las bandas de garantía codificadas de seguridad de color "NARANJA" serán incorporadas a los productos nacionales.
b) Las bandas de garantía codificadas de seguridad de color "ROJO" serán incorporadas a los productos importados.
Artículo 5.- Los sujetos a que se refiere esta Providepcia Administrativa, deberán solicitar ante la Gerencia Regional de Tributos Interros, Sector o Unidad de adscripción, la inscripción o actualización de sus datos en el registro de productores, fabricantes e importadores de cigarrillos, tabacos, picaduras u otros derivados del tabaco, mediante los formatos que a tal efecto autorice la Administración Tributaria a través del Portal Fiscal.
Artículo 6.- El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria establecerá a través del Portal Fiscal, las especificaciones técnicas que deben cumplir los productores, fabricantes e importadores para el registro, solicitud de adquisición, pago y retiro de bandas de garantía codificadas de, seguridad Artículo 7.- Los importadores deben adquirir las bandas de garantía codificadas de seguridad, conforme a lo establecido en esta Providencia Administrativa. En este caso, deberán adherirlas exclusivamente en el país donde se fabriquen los cigarrillos, tabacos, picaduras u otros derivados del tabaco.
Artículo 8.- Cumplido con el pago, los sujetos pasivos de la obligación a que se refiere esta Providencia Administrativa, deben retirar las bandas de garantía codificadas de seguridad de acuerdo a las siguientes modalidades:
a. Las Bandas de garantía codificadas de seguridad npecanizables, serán retiradas directamente en el Complejo Fabril de Casa de la Moneda ubicada en la ciudad de Maracay Estado Aragua, previa autorización y notificación del Servicio Nac onal Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
b. Las Bandas de garantía codificadas de seguridad autoadhesivas, serán retiradas por los solicitantes en la Gerencia Regional de Tributos Internos, Sector o Unidad de adscripción.
Artículo 9.- Las bandas de garantía codificadas de seguridad son intransferibles y deben ser utilizadas únicamente en las cajetillas y envases de los productos para los cuales fueron solicitadas.
Artículo 10.- Las bandas de garantía codificadas de seguridad deben ser colocadas en las cajetillas, unidades o envases, de manera que permitan su verificación de acuerdo a los siguientes parámetros:
1. Cajetillas de cigarrillos "tipo blanca": debajo del material o protector de las mismas, en la parte superior central, por donde se realiza la apertura de la cajetilla.
2. Cajetillas de cigarrillos "tipo dura": debajo del material o protector de las mismas, horizortalmente en la parte superior, donde se encuentra la tapa de apertura, de manera que cubra el dorso de la tapa y el costado o lateral izquierdo.
3. En (os demás casos el franjamiento debe ubicarse de manera tal que al abrirse la cajetilla, unidades o envases menores, que corresponden se destruya ia banda de garantía codificada de seguridad.
Artículo 11.- Los productores o fabricantes nacionales de cigarrillos, tabacos, picaduras y demás derivados de tabaco, que utilicen sistemas mecanizado, deben adecuar los equipos en las líneas de producción, incorporando o adaptando aplicadores para adherir las bandas de garantía codificadas de seguridad, Artículo 12.- El sistema de activación será instalado por la Gasa de la Moneda o por quien ésta autorice, en las líneas de producción operativa$ de los productores industriales de fabricación de cigarrillos, tabacos, picaduras y demás derivados del tabaco, para lo cual los fabricantes deben permitir el acceso a los locales del personal autorizado cue instalará el sistema. Asimismo, deben suministrar el apoyo y la información técnica necesaria para la instalación de los equipos.
La Administración Aduanera Tributaria (Seniat) establecerá |las especificaciones técnicas para el funcionamiento y operatividad del sistema de activación, a través del Portal Fiscal.
Artículo 13.- El Banco Central de Venezuela, a través de la Casa de la Moneda o quien ésta autorice, son los únicos habilitados para el mantenimiento y reparación de los equipos instalados del sistema de activaciórj.
Los daños al sistema originado por una indebida manipulación, así como la reparación y el mantenimiento será costeado por el productor industrial. El funcionarioautorizado del Servicio Nacional Integrado de Administración Jueves 16 de junio de 2016 Aduanera y Tributaria (Seniat), levantará acta donde deje constancia de la situación.
Articulo 14.- Los productores o fabricantes nacionales que utilicen bandas de garantía codificadas de seguridad autoadhesivas, a los fines de proceder al franjamiento manual deben solicitar a la Gerencia Regional de Tributos Internos, Sector o Unidad de adscripción, la designación de un funcionario competente para que presencie la adhesión de las mismas, debiendo levantar la correspondiente acta de franjamiento.
Artículo 15.- Los sujetos a que se refiere la presente Providencia Administrativa deben proporcionar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en los lapsos previstos la siguiente información:
1.- Con quince (15) días hábiles de anticipación, el cese de la actividad económic. El sujeto obligado debe devolver inmediatamente a la Gerencia Regional de Tributos Internos, Sector o Unidad de adscripción, las bandas de garantia codificadas de seguridad debidamente inventariadas, sin que esto implique la devolución del costo de las mismas por la Administración Aduanera y Tributaria(Seniat).
2.- Con treinta (30) días hábiles de anticipación, la activación, desactivación, reactivación, reubicación, instalación o incorporación de nuevas líneas de producción.
Artículo 16 Los sujetos a que se refiere esta Providencia Administrativa, deben informar a la Administración Aduanera y Tributaria Nacioral, inmediatamente ocurrido la pérdida, daño, hurto o robo de las bandas de garantía codificadas de seguridad, En caso de pérdida, hurto o robo, deberá consignar copia de la denuncia realizada ante la autoridad judicial competente, en la Gerencia Regional de Tributos Internos, Sector o Unidad de adscripción.
Las bandas de garantías codificadas de seguridad, rotas o feterioradas, deben ser entregadas para su posterior destrucción conforme a lo estabiecido por la Administración Tributaria Nacional.
Los sujetos a que se refiere esta Providencia Administrativa asumirán los costos de las bandas de garantía codificadas de seguridad perdidas, dañadas, hurtadas o probadas.
Artículo 17.- La circulación y el costo de las bandas de garantía codificadas de seguridad serán publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 18.- Los gastos que ocasionen las adaptaciones y costos operacionales por la aplicación de las normas contenidas en esta Providencia Administrativa, serán por cuenta exclusiva de los sujetos obligados.
Artículo 19 - La Administración Tributaria Nacional, establecerá un régimen simplificado para los productores artesanales.
primero de enero del año 2017.
Comuníquese y publíquese, P SEN JOSF RAVID CABELLO RONDÓN SUPERINTENDENTE-NACIONAL ADUANERO Y TRIBUTARIO Degreto io 5,851 de fecha 01/02/2008 Gaceta Oficial'deda República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de fecha 01/02/2008
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAAGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***
RM No. 220 SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y 206° y 157°
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL DISTRITO CAPITAL
Municipio Libertador, 16 de Junio del Año 2016 Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscribase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fijese y publíquese
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Jueves 16 de junio de 2016
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expidase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado DARITZA SILENE MARIN !PARRA IPSA N.: 126175, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 32, TOMO -92-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. , Bnco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asi: JOSE FERNANDO VALENCIA GUTIERREZ, C.I: V-6.290.142.
Abogado ReviSor: EVELISSE MARIA ALVAREZ BERBESI Presentó Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela No. 40.895 de fecha 03 de Mayo de 2016, segun- el Decreto No. 2307 de fecha 29 de abril del 2016, que ordena la creación de la empresa emasn 5 Registrador Mercantil Primero Auxiliar FDO. Abogado HENRY JESUS CASTAÑEDA GONZALEZ ESTA PÁGINA PERTENECE A:
CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA, C.A Número de expediente: 220-43729 CONST
ÁCTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A.
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Yo, WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-4.200.843, actuando en este acto en mi carácter de Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, según consta en Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de fecha 06 de enero de2016, mediante el cual el Presidente de la República en Consejo de Minictrs autoriza la creación de una empresa del Estado bajo la forma de Sociedad Anónima denominada CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, s.A., por este documento declaro que se procede a/constituir la referida empresa la cual se regirá por este documento que ha sido redactado con suficiente amplitud para que simultáneamente sirva de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, de acuerdo con las siguientes cláusulas:
CAPÍTULO I DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN CLÁUSULA PRIMERA. La empresa del Estado /se denomina CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A. la Cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.
CLÁUSULA_ SEGUNDA. La CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRIcoLA, S.A., tendrá por objeto coordinar, supervisar, controlar y como revisar los planes de negocios y de inversión, de las empresas y unidades de producción agrícolas y pecuarias, realizar auditorías, seguimiento y control de dichos procesos; garantizar todos los insumos y hacer llegar los lineamientos estratégicos a los sistemas de producción, articular las capacidades de todo el aparato industrial-productivo que se encuentra en manos del Estado, para lo cual agrupará a las empresas y corporaciones del Estado relacionadas con la materia agrícola y pecuaria, asimismo, definir, formular y evaluar la política de sustentabilidad económica de dichas empresas y unidades de producción, consolidar las redes de producción y distribución de productos de consumo directo y del sistema de 428.455 procesamiento agroindustrial, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, garantizando el precio justo y los insumos necesarios para la producción y procesamiento de alimentos, reactivando el potencial para el desarrollo económico del país, desde la perspectiva del modelo socialista, articulados con los Catorce (14) Motores Productivos e integrados con el sector público, poder popular, clase obrera y comunidad empresarial, a fin de fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la sustentabilidad y la permanencia de su aporte al desarrollo Económico y Social de la Nación. En cumplimiento de su objeto, podrá adquirir total o parcialmente, participación accionaria en todas aquellas sociedades mercantiles y sociedades productivas, conforme a la iniciativa comunitaria o privada, y crear nuevas formas asociativas con la participación accionaria del Estado y de servicios relacionados directa o indirectamente con su objeto ellas, y en resumen la celebración de todo tipo de actividades de lícito comercio, previo cumplimiento de los trámites legales pertinentes. La CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A. gUmplIrá Su Objeto social en estricta subordinación y correspondencia con los lineamientos, políticas y planes del Ejecutivo Nacional.
CLÁUSULA_ TERCERA. La CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRIcoLA, S.A,, tendrá su domicilio principal en el Centro Comercial Parque Central, Torre Oeste Piso 2,/Oficina 2-1, Avenida Francico de Miranda, Municipio Chacao, Caracas, Distrito Capital, y podrá establecer oficinas, sucursales o agencias dentro o fuera de la República Bolivariana de Venezuela, previa autorización del órgano de adscripción y aprobación del Accionista.
CLÁUSULA CUARTA. La CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICQLA, S.A., tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de inscripción de su Documento Constitutivo Estatutario en el Registro Mercantil respectivo, prorrogable por períodos iguales. El Ministerio de adscripción podrá solicitar al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, autorización para la disminución del período señalado en esta Cláusula o la supresión y liquidación de la sociedad conforme a la normativa aplicable en cada caso.
CAPÍTULO II EMPRESA MATRIZ, RELACIÓN CON EMPRESAS FILIALES CLÁUSULA_ QUINTA. Empresa MatriZ. LA CORPORACIÓN DE. DESARROLLO AGRICOLA, S.A. será la empresa matriz tenedora de las acciones de Empresas del Estado del sector agrícola, sector agroindustrial, manufacturero, maquinarias, implementos agrícolas y de transporte, cuando sea para el funcionamiento de estas se requiera la vinculación entre ellas o sean creadas con la finalidad del desarrollo de actividades especificas relacionadas con el objeto de dicha empresa, dirigidas a satisfacer las necesidades del pueblo, y contribuirá a alcanzar la seguridad y soberanía agroalimentaria calificando esta actividad como de interés nacional fundamental para el desarrollo económico y social de la nación.
CLÁusULA SEXTA, Empresas Filiales. Las empresas constituidas por la CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A., aquellaS que les sean adscritas, y aquellas en las cuales dicha Corporación ejerza el control accionario o estatutario, tendrán el carácter de EMPRESAS FILIALES de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A.
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428.456 CLÁUSULA_SÉPTIMA. Prevalencia del carácter social de la propiedad en las empresas filiales de la Corporación. Las empresas en las CUales la CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A., tenga el control accionario y estatutario, o le sean adscritas, deberán ajustar sus estatutos sociales para que existan bajo el régimen de propiedad social, de conformidad con lo dispuesto en la presente cláusula.
La propiedad social de dichas empresas puede ser ejercida de manera directa, indirecta o mixta:
a) Una asociación con empresas de propiedad social directa: son empresas socialistas comunales, cuyos activos, pertenecientes originariamente a la República Bolivariana de Venezuela o a la Corporación, son cedidos a una o varias comunidades, comunas u otras organizaciones del Poder Popular, con fines productivos, pasando a constituir el patrimonio de la empresa de propiedad social directa.
b) Las empresas filiales de propiedad social indirecta: son empresas pertenecen a la República, el cual garantiza la propiedad social;
c) Las empresas filiales de propiedad social mixta: son aquellas en las cuales coexisten los regímenes de propiedad indicados en los literales precedentes, mediante un Convenio en el cual se establece una asociación, con propiedad mayoritaria de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A., con:
1. Una o varias comunidades organizadas;
2. Un ente privado nacional;
3. Una representación de otro Estado;
4. Una empresa de capital extranjero;
5. Una organización social extranjera;
6. Una combinación de las anteriores.
CAPÍTULO III DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES CLÁUSULA OCTAVA. El Capital sOCial de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A., es la Cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 10.000.000,00), dividido y representado en CIEN (100) acciones, cúyo valor nominal es de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00Y cada una. El capital será íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento (100%),/por la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, mediante bienes muebles, conforme se determina en Balance de Apertura certificado por Contador Público Colegiado, el cual se anexa y forma parte integrante de este documento.
CLÁusULA NOVENA. El capital social podrá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo adoptado por el Accionista, previa autorización del Presidente de la República, a solicitud del Órgano de adscripción y de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio.
CLÁUSULA DÉCIMA. Todas las aCciones de la CORPORACIÓN DE DESARROLLo AGRICOLA, S.A., son nominativas y de igual valor. indivisibles, no convertibles al portador.
Jueves 16 de junio de 2016 CAPÍTULO VI DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. El Accionista es el órgano supremo de la Empresa y como tal está investido de las más amplias facultades para dirigir la misma, y sus decisiones dentro de los límites de la Ley y este documento a la Junta Directiva su administración.
CLÁUSULA DÉCIMA_SEGUNDA. De las decisiones adoptadas por el Accionista se levantará un Acta, la cual será firmada por los presentes.
CLÁusULA DÉCIMA TERCERA. El Presidente,O Presidenta de la Sociedad, podrá convocar al Accionista a reunión mediante aviso de prensa, oficio, fax, telegrama o cualquier otro medio legalmente establecido, con no menos de cinco (5) días de anticipación á la fecha prevista para su celebración. Igualmente podrán reunirse con prescindencia de la formalidad de la tenga carácter de urgencia.
La convocatoria contendrá la hora, el día y el lugar en que se celebrará la reunión y deberá expresar claramente todos los asuntos que serán considerados en ella, sin que ello sea óbice para que se adopte cualquier decisión que verse sobre un asunto no previsto en la convocatoria, de estimarlo conveniente el Accionista.
CLÁUSULA_ DÉCIMA_CUARTA. Son atribuciones del Accionista, las siguientes:
1. Conocer, aprobar o improbar el informe anual de la Junta Directiva, el balance y el estado de ganancias y pérdidas del año anterior, con vista al informe del Comisario, así como de los planes, programas y presupuesto para el siguiente ejercicio económico, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada ejercicio de la Empresa;
2. Examinar, aprobar o improbar los presupuestos consolidados de inversiones y de operaciones de la sociedad;
3. Disponer la distribución de utilidades, los apartados para establecer una o más reservas para cualquier fin, así como el pago de bonificaciones especiales a los miembros de la Junta Directiva, cuando lo considere conveniente;
4. Nombrar y remover al Comisario y su suplente y fijar su remuneración; 5. Nombrar y remover los auditores externos de la Empresa, para cada ejercicio anual, a los fines de realizar el análisis de los estados financieros, así como fijarles sus honorarios profesionales;
Modificar total o parcialmente los Estatutos Sociales de la 6.
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A., Siempre y cuando no altere lo establecido en el Decreto que autoriza la creación de la sociedad, caso en el cual se deberá someter a la aprobación del Presidente de la República en Consejo de Ministros;
7. Autorizar el reintegro, aumento o reducción del capital social de la sociedad, previa autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros y con las formalidades del Código de Comercio;
8. Aprobar las políticas y financiamientos generales para la elaboración y formulación de los proyectos destinados a la expansión y desarrollo de la Empresa el mejoramiento permanente de los bienes y servicios;
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presentados por la Junta Directiva;
10. Aprobar la fusión, disolución y liquidación de la Empresa, así como su participación en otras personas jurídicas de derecho público, debidamente autorizadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministros, a través de su órgano de adscripción, bien sea mediante la suscripción de acciones en otras empresas o la enajenación de las propias y en general, toda actuación de similar naturaleza, de acuerdo con la Ley;
11. Autorizar la apertura y clausura de sucursales, agencia u oficina dentro y fuera del país, así como nombrar los representantes de la empresa o de sucursales en el país o en el exterior, previa solicitud de la Junta Directiva.
12. Aprobar las estructuras de costo de los bienes y servicios de la empresa, siempre de acuerdo a valores reales pero buscando utilizar en lo posible las estimaciones de producción, costos y financiamiento de la política productiva del ejecutivo nacional.
13. Autorizar la creación de los mecanismos financieros que sean necesarios para la más adecuada administración y control de la actividad económica de la empresa, así como utilizar la figura del fideicomiso, fondos y cualquier otro que estime pertinente para garantizar el adecuado funcionamiento de la compañía.
13. Acordar la prórroga del término de duración de la Empresa, previa autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros;
14. Supervisar la gestión de la Junta Directiva, para lo cual se podrán examinar los libros y documentos, así como los bienes que le estén asignados;
15. Resolver cualquier asunto sometido a su consideración, previsto en esta Acta Constitutiva Estatutaria o en cualquier otra normativa aplicable;
16. Cualquier otra que sea sometida a su consideración o encomendada por su órgano de adscripción, de conformidad con la presente Acta Constitutiva Estatutaria y las previstas en el artículo 275 del Código de Comercio.
CLÁUSULA_ DÉCIMA_ QUINTA. El Accionista en ejerciCio de sus atribuciones deberá cumplir con los lineamientos estratégicos, políticos y planes acordados por el Ejecutivo Nacional y, en todo caso, deberá cumplir con los mismos, en concordancia con los lineamientos de la Comisión Central de Planificación, en relación con la organización, presupuestos, operaciones e inversiones de la Empresa, formulados por ésta, conforme con el ordenamiento jurídico aplicable a la materia. En el caso de nuevas inversiones o endeudamiento en el exterior se requerirá la autorización del Ejecutivo Nacional, así como también para reestructuración o compra de deudas adquiridas se requerirá la autorización de las autoridades correspondientes, de conformidad con la normativa que regula la administración financiera del sector público.
CAPÍTULO V DE LA JUNTA DIRECTIVA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. La Administración de la Empresa estará a cargo de la Junta Directiva, Ja cual tendrá las facultades y deberes que le confieren esta Acta Constitutiva-Estatutaria, el Accionista y las Leyes.
428.457 CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. La Junta Directiva estará conformada por Presidenta de la Sociedad y cuatro (4) Directoras o Directores Principales, estos últimos con sus respectivos suplenteş. Los miembros de la Junta Directiva, serán designados por Resolución del órgano de adscripción de la Sociedad, que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
CLÁUSULA PÉCIMA QCTAVA. Los miembros de la Junta Directiva durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones pero continuarán en el mismo, hasta tanto tomen posesión de los respectivos cargos los miembros designados para el nuevo período.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. Las faltas temporales de uno o más cada uno de ellos. En caso de faltas absolutas, la máxima autoridad del órgano de adscripción de la Empresa nombrará a los sustitutos. A tales efectos, se considera falta absoluta, los siguientes casos:
1.- La ausencia injustificada a más de tres (03) sesiones en el lapso de un (1) mes;
2.-La ausencia injustificada a más de seis (6) sesiones durante un año;
3.- La renuncia del cargo;
4.- La muerte o incapacidad permanente.
CLÁuSULA VIGÉSIMA. La Junta Directiva se reunirá cada vez que interese a la Empresa, y la convocatoria será realizada por el Presidente o Presidenta.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. La convocatoria a las reuniones de la Junta Directiva, se realizará por el Presidente o Presidenta mediante comunicación escrita, o por cualquier medio electrónico, a cada miembro con por lo menos dos (2) días de anticipación, salvo para asuntos urgentes, en cuyo caso podrá abreviarse el plazo de la convocatoria a un (1) día. _La Junta Directiva podrá adoptar cualquier decisión sobre asuntos de su competencia así no estén comprendidos en el orden del día. Las reuniones serán presididas por el Presidente o Presidenta, podrán celebrarse en cualquier lugar del país o del exterior y realizarse mediante comunicación entre las Directoras o Directores por medio de video, conferencia telefónica o medio electrónico, conformado posteriormente por escrito en el lugar, fecha y hora que indique la convocatoria. Será potestativo del Presidente o Presidenta cursar invitación a la reunión de la Junta Directiva a las Directoras o Directores Suplentes, al Comisario o Comisaria o a cualquier otro empleado de la Empresa, quienes tendrán derecho a voz en las reuniones a las que asistan.
CLÁUSULA VIGÉSIMA_ SEGUNDA. Las atribuciones y responsabilidades de la Junta Directiva son las siguientes:
1.- Proponer al Accionista los aumentos, reintegros o reducción de Capital;
naturaleza, estructura y fines de la Empresa, de conformidad con la Ley;
3.- Conocer y autorizar, a proposición del Presidente o Presidenta, los planes, programas y el presupuesto de la Empresa, y someterlos a la consideración del Accionista para su aprobación y correspondiente remisión al órgano de adscripción, evaluando periódicamente el resultado de las
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428.458 decisiones adoptadas. Si durante el ejercicio económico correspondiente, la Junta Directiva considerase que han surgido circunstancias que hacen conveniente la modificación de los planes, los programas o del presupuesto, que excedan los parámetros de flexibilidad previstos en la Ley, procederá a formular dicha modificación, cumpliendo las formalidades establecidas en este numeral y en la legislación nacional que regula la materia;
4.- Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Accionista;
5.- Presentar al Accionista con quince (15) días de anticipación a la fecha de celebración de la reunión, el Informe Anual de la gestión administrativa y los Estados Financieros Auditados de la Empresa;
6.- Recomendar al Accionista la declaración y distribución de dividendos;
7.- Autorizar al Presidente o Presidente para el otorgamiento de poderes los que tenga interés la Empresa. Sin embargo, para que el mandatario pueda convenir, desistir, transigir, disponer de los derechos en litigio o cualquier otra forma de auto composición procesal, comprometer en árbitros y hacer posturas en remate, se requerirá la autorización expresa y escrita del Presidente;
8.- Autorizar al Presidente o Presidenta, la celebración, modificación o privado, cuyos montos excedan de cien mil unidades tributarias (100.000. U.T.), en caso de construcción de obras; de cincuenta mil unidades tributarias (50.c00 U.T.), en el supuesto de suministros o prestación de servicios y de veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.), cuando se trate de servicios profesionales, sin menoscabo de lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas;
9.- Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias y fideicomisos autorizar la emisión de letras de cambio, pagarés y otro efectos de comercio, en los que la Empresa aparezca como libradora, librada, endosante o algún otro permitido por la Ley;
10.- Aprobar a proposición del Presidente o Presidenta, el Manual de Delegación de Firmas en materia de autorización y la suscripción de contratos y compromisos;
11.- Aprobar, previo el visto bueno del órgano de adscripción o previa verificación del monto autorizado en estos Estatutos, la enajenación o constitución de hipotecas, prendas y cualquier otra clase de gravámenes sobre todo o parte de bienes muebles, inmuebles o derechos de la Empresa, con las limitaciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Bienes Públicos, Decreto N° 19 noviembre de 2014;
12.- Autorizar la apertura, reestructuración y cierre de oficinas, sucursales y agencias dentro o fuera de la República Bolivariana de Venezuela;
13.- Remitir a la máxima autoridad jerárquica del órgano de adscripción y a los demás representantes de la República, si los hubiere, los proyectos de presupuestos consolidados, el informe anual de la Junta Directiva, el balance, el estado de ganancias y perdidas, y el informe del Comisario con por lo menos quince (15) días de anticipación a la fecha de la respectiva reunión;
14.- Fijar los emolumentos del Comisario Principal y su Suplente, los cuales no revisten carácter salarial;
Jueves 16 dejunio de 2016 15.- Aprobar las políticas generales de operación, administración y comercialización de la empresa;
16.- Planificar la sustentabilidad y rendimiento de la empresa, y cada una de como el diseño de los programas de seguimiento y control de la ejecución de las políticas, planes, programas, proyectos y actividades agroproductivas; 17.- Conocer y autorizar el otorgamiento de financiamiento a productores 18.- Autorizar la tramitación de las operaciones de crédito público, previo Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público;
19.- Aprobar el Reglamento Interno de la Empresa, los Manuales de Organización y de Normas y Procedimientos, la estructura organizativa, el manual descriptivo de clases de cargos y las políticas en materia de remuneración y sistema de beneficios socio económicos del personal de la Empresa;
20.- Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Accionista;
21.- Cualesquiera otras que le sean establecidas por la presente Acta Constitutiva Estatutaria y la Ley.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Para la validez de las reuniones de la Junta Directiva, será necesaria la presencia de al menos tres (3) de sus cinco (5) miembros. Las decisiones se tomarán por la mayoría de los presentes.
Todos los miembros que actúen como principales, incluyendo al Presidente o Presidenta, tendrán derecho a voz y a un (1) voto. En atención a lo dispuesto en el artículo 269 del Código de Comercio, aquel miembro que en una operación determinada tuviera un interés, directo o indirecto, contrario a los intereses de la Empresa deberá manifestarlo a los demás miembros y abstenerse en la votación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Los miembros de la Junta Directiva serán solidariamente responsables de las decisiones adoptadas, salvo aquellos que hagan constar en acta su voto negativo y/o quienes hayan salvado su voto. La Directora o el Director presentará por escrito las razones del mismo y deberá consignarlo por ante el Secretario de la Junta Directiva. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. De las reuniones de la Junta Directiva se levantará la correspondiente Acta, que deberá ser inscrita en el Libra ¿e Actas de la Junta Directiva y firmada por los presentes.
CAPÍTULO VI DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. El Presidente o Presidenta es la máxima autoridad ejecutiva de la Empresa, ejercerá su representación legal y ejecuta las decisiones del Accionista y de la Junta Directiva.
CLÁUSULA VIGÉSIMA_SÉPTIMA. Son atribuciones y deberes del Presidente o Presidenta, las siguientes:
1.- Convocar al Accionista a reunión cada vez que lo requiera el interés de la Empresa, a juicio de la Junta Directiva, del Comisario o del representante del Accionista;
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 2.- Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva;
3.- Elevar, trimestralmente, a la consideración de la Junta Directiva el Informe de Gestión de la Empresa;
4.- Autorizar el ingreso y retiro del personal al servicio de la Empresa;
5.- Someter a la consideración de la Junta Directiva el Reglamento Interno de la Empresa, los Manuales de Organización y de Normas y Procedimientos, la estructura organizativa, el manual descriptivo de clases de cargos y las políticas en materia de remuneración y sistema de beneficios socioeconómicos del personal de la Empresa;
6.- Rendir cuenta a la máxima autoridad del órgano de adscripción;
7.- Ejercer la representación legal de la Empresa en actos, actividades o los derechos y limitaciones establecidos en estos Estatutos;
8.- Proponer a la Junta Directiva la designación de apoderados y factores mercantiles;
9.- Proponer a la Junta Directiva los planes, los programas y el presupuesto de la Sociedad y sus modificaciones, según lo previsto en el numeral 3 de la Cláusula Vigésima Segunda de estos Estatutos;
10.- Celebrar, modificar o rescindir contratos, acuerdos y convenios con cualquier ente público o privado, cuyos montos no excedan de cien mil unidades tributarias (100.000 U.T.), en caso de construcción de obras; de cincuenta mil unidades tributarias (50.000 U.T.), en el supuesto de suministros o prestación de servicios y de veinte mil unidades tributarias (20.00o U.T.), cuando se trate de servicios profesionales, sin menoscabo de lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas;
11.- Abrir, movilizar o cerrar con su sola firma, todo tipo de cuentas bancarias y comerciales de la Empresa, dentro de los límites que fijen estos Estatutos o la Junta Directiva;
12.- Elaborar y someter a la consideración de la Junta Directiva, el Informe Anual de gestión de la Empresa y los Estados Financieros Auditados a presentar al Accionista;
13.- Proponer a la consideración de la Junta Directiva, las políticas generales de operación, administración y comercialización de la empresa;
14.- Proponer a la consideración de la Junta Directiva la sustentabilidad y rendimiento de la empresa, y cada una de las unidades de producción y de empresas filiales bajo su responsabilidad, así como el diseño de los programas de seguimiento y control de la ejecución de las políticas, planes, 15.-Proponer a consideración de la Junta Directiva, el otorgamiento de financiamiento a productores agrícolas, ya sea mediante recursos propios, banca pública, social o privada;
16.- Proponer a la consideración de la Junta Directiva, la tramitación de las operaciones de crédito público, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en la normativa que rige la administración financiera del Sector Público;
17.- Informar a la Junta Directiva de las personas que estarán autorizadas propios de la Empresa;
428.459 18.- Delegar las atribuciones de su competencia, de conformidad con el Reglamento Interno, los Manuales de Organización y de Normas y Procedimientos de la Empresa, en cumplimiento de las formalidades previstas en el Decreto con Rango,Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;
19.- Otorgat, previa autorización de la Junta Directiva, poderes generales y especiales para los asuntos judiciales extrajudiciales en los que la Empresa tenga interés, previo cumplimiento de las formalidades legales y con las limitaciones establecidas en la Cláusula Vigésima Primera, numeral 7 de estos Estatutos;
20.- Elaborar y someter a la consideración de la Junta Directiva, el tabulador de labores mecanizadas para siembra y mantenimiento agrícola y el tabulador del rubro, aplicable a las unidades de producción de la Empresa; 21.- Elaborar y someter a consideración del Ministro o Ministra del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, previa aprobación de la Junta Directiva, las estructuras de costo de producción en materia de producción de tecnologías e insumos agrícolas;
22.- Aprobar y ordenar la publicación de información relacionada con el objeto de la sociedad anónima a nivel local, regional, nacional e internacional;
23.- Proponer a la Junta Directiva las políticas de formación y capacitación permanente a los trabajadores y trabajadoras de la Empresa, en los ámbitos tecnológico, socioproductivo y sociopolítico, propiciando el programa de la escuela en la unidad productiva;
24.- Cualquier otra que le asigne el Accionista, la Junta Directiva, que esté prevista en estos Estatutos o que sea inherente a la naturaleza de su cargo.
CAPÍTULO VII DEL CONTROL FISCAL Y FINANCIERO CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. La CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRIcoLA, S.A., contará con una Unidad de Auditoria Interna, la cual se encargará de efectuar el examen posterior, objetivo sistemático y profesional de la contabilidad y estados financieros de la empresa. Dicho examen se hará con el fin de evaluar y verificar las actividades administrativas y financieras desarrolladas por la Corporación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. La Unidad de Auditoria Interna actuará bajo la responsabilidad y dirección del Auditor Interno, quien será designado mediante concurso público, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Reglamento sobre los Concursos para la Designación de los Titulares de las Unidades de Auditoria Interna de los Órganos del Poder Público Nacional y sus Entes Descentralizados.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Son atribuciones del Auditor Interno:
1.- Ejercer la fiscalización y control sobre las operaciones derivadas de la acción administrativa de la Empresa;
2.- Velar por la sana y adecuada ejecución del presupuesto de gasto de la Corporación;
3.- Velar por la claridad, precisión y exactitud de los procedimientos administrativos, contables y financieros de la Corporación;
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428.460 4.- Comprobar la veracidad de los estados financieros de la Corporación y efectuar las observaciones antes de impartir la aprobación correspondiente; 5.- Realizar y presentar informes al Presidente de la Corporación sobre la auditoria de gestión;
6.- Inspeccionar los libros y documentos de la Empresa;
7.- Representar a la Corporación ante la Contraloría General de la República; 8.- Cualquier otra actividad que contribuya a garantizar un adecuado control de las operaciones de la Corporación;
9.- Las demás que establezcan lás leyes y otros actos normativos.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. La Corporación tendrá un Comisario Principal y un ComisarioSuplente, quienes deben ser de profesión economista, contador público o administrador y cuya designación será propuesta por el Presidente de la Junta, con el visto bueno de la Junta Directiva y aprobada por la el Accionista. El Comisario Suplente suplirá la falta temporal o absoluta del ccomisario y tendrá las facultades y deberes que le atribuyen a dicho cargo los Estatutos Sociales y la ley. Serán designados para ejercer funciones por un periodo de dos (2) aãos, no obstante continuarán en el cargo hasta tanto sean nombrados sus sucesores, y podrán ser ratificados.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. El Comisario tendrá las más amplias atribuciones de revisión, vigilancia y fiscalización de la gestión de la Corporación, de conformidad côn la ley. Asimismo, previa convocatoria del Presidente, deberá asistir con derecho a voz a las reuniones de la Junta Directiva.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. El Presidente de la Junta Directiva propondrá a la misma, una fifma de contadores públicos de reconocido prestigio y experiencia, para que actúe como auditor externo de la Corporación. La Junta Directiva fevisará la propuesta, correspondiéndole a el Accionistas, la aprobación de (a misma. La firma de contadores públicos deberá preparar todos los reportes de auditoria, documentos contables y correspondencia relacionada, debiendo entregar dichos reportes y documentos a la Junta Directiva, que será la encargada de remitir copia del informe final al accionista de la Corporación. Lo anterior no impide que el Presidente o el órgano de adscripción cuando lo estimen conveniente nombre cualquier otra firma de auditoria contable, financiera o legal, a los fines de evaluar la gestión de la Corporación.
CAPÍTULO VIII DEL SECRETARIO CLÁuSULA TRIGÉSIMA CUARTA. El Accionista de la Corporación, tendrá un Secretario, que también lo será de la Junta Directiva. El Secretario tendrá una dieta que será fijada por la Junta Directiva, la cual no revestirá carácter salarial.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA_ QUINTA. El Secretario ejercerá las siguientes funciones:
1.- Asistir a las reuniones de Accionista y de la Junta Directiva, verificando la existencia del quórum al comienzo de cada sesión;
3.- Remitir a los miembros de la Junta Directiva toda la documentación para las sesiones;
4.- Redactar las respectivas Actas, asentarlas en los libros correspondientes, y obtener las firmas de todos los presentes;
5.- Expedir las certificaciones de las Actas, así como cualquier otro documento que emane de las reuniones de dichos órganos;
6.- Recibir, publicar y remitir las convocatorias al Accionista;
7.- Recibir y remitir las convocatorias a las reuniones de la Junta Directiva; 8.- Custodiar los Libros Legales y Corporativos de la Empresa;
9.- Cualesquiera otras funciones que le sean inherentes a su cargo o que le sean asignadas por el Accionista, el Presidente o Presidenta, o la Junta Directiva.
CAPÍTULO XI DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y DE LOS FONDOS DE ACCIÓN SOCIAL Y DE LOS DIVIDENDOS DE LA CORPORACIÓN
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. El ejercicio económico financiero de la Corporación, comenzará el primero (1°) de enero de cada año y culminará el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, a excepción del primer ejercicio económico que se iniciará a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año.
Al final de cada ejercicio económico financiero, se contarán las ćcuentas y se elaborará el Balance General. El Presidente de la Corporación remitirá al Ministerio de adscripción, dentro de los primeros treinta (30) días de cada año, el informe y cuenta de la gestión de la Corporación.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA, Una vez determinados los resultados del ejercicio económico, se hará un apartado anual por la cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) de los beneficios líquidos, para la formación de un fondo de reserva hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del capital social. Adicionalmente conforme a los lineamientos que determine la Comisión Central de Planificación, la Junta Directiva deberá presentar el proyecto de presupuesto anual y la proyección de los estados financieros al cierre de cada ejercicio económico, con la finalidad de determinar la existencia o no de recursos excedentarios que pudieran transferirse al "Fondo Social para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentes de los Entes de la Administración Pública Nacional”, de conformidad con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación del Fondo Social para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. Las utilidades líquidas y recaudadas, determinadas de conformidad con la Ley y de los Principios Generales de Contabilidad generalmente aceptados, podrán ser destinadas salvo la necesidad de inversión, para mantenimiento correctivo o ampliación que se desarrolle en la Corporación o en alguna de sus unidades de producción y empresas filiales bajo la autorización de su órgano de adscripción.
CAPÍTULO X DE LA INTERVENCIÓN, SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. En caso de intervención, supresión y liqUidaCIÓn de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A., se
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Jueves 16 de junio de 2016
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 126 al 131 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y demás normativa aplicable a la materia.
CAPÍTULO XI DISPOSICIONES FINALES CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. Se designa como Presidente de la corporación al ciudadano YVAN EDUARDo GIL PINTO, titular de la cédula de identidad N° V-11.980.366, según Resolución DM/N° 080/2016 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.917 ce fecha 02 de junio de 2016. Los demás miembros de Junta Directiva, serán designados posteriormente mediante Resolución dictada por el Ministro del Poder Popular con competencia en Agricultura Productiva y Tierras, conforme las atribuciones otorgadas en el numeral 3 artículo 120 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma fecha.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA, Se designa como Comisario a la ciudadana AILEEN GRACIELA CALDERA CUMBERBACHE venezolana, titular de la Cédula de Identidad No. V-12.747.679 debidamente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el No. C.P.C. N.º 49520.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. La InSCripCIón de este documento ante la respectiva Oficina de Registro Público está exenta del pago de aranceles y otras tasas previstas en la Ley de Registro Público y del Notariado, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 104 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. Forma parte de este documento el Decreto N° 2.307 de fecha 29 de abril de 2016, que ordena la creación de la empreSa CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.895 de fecha 03 de mayo de 2016.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. Todo lo no previSto en este documento, será resuelto por el Ministerio de adscripción, con arreglo a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, el Código de Comercio y demás normas que le sean aplicables a la materia.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA. Se autoriza al ciudadano JOSE FERNANDO VALENCIA GUTIERREZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.290.142, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, para efectuar la correspondiente participación ante el Registro Mercantil respectivo, su 428.461 inscripción y demás trámites relacionados. Se firma la presente Acta en señal de conformidad.
My TIERRAS WILMAR ALFREQO CASTRO SOT LD
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA toamsees RM No. 221 SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y 205° y 157°
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL
1.2D Municipio Libertador, 14 de Abril del Año 2016 Por presentado el anterior documento por su FiRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado EDUARDO ALEXNER CORDERO ARELLANO IPSA N.: 81547, pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. . Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuÓ asi: EDUARDO ALEXNER CORDERO ARELLANO, C.I: V-11.604.316.
Abogado ReviSor: ELEIXED GONZALEZ MARQUEZ
Registrador Mercantil Segundo (A) FDO. Abogado ELEIXED GONZALEZ M.
E$TA PÁGINA PERTENECE A:
RED DE TRANSMISIONES DE VENEZUELA C.A. REDTV, C.A %e Número de expediente: 664002 DIV RÉPÚBLÍGA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RED DE TRANSMISIONES DE VENEZUELA C.A., (REDTV) CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2.016.
En el día de hoy, diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2.016), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), se constituyó la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil Red de Transmisiones de Venezuela C.A., (REDTV), domiciliada en la ciudad de Caracas, e inscrita en el Registro Mercantil el Nro. 67, Tomo 256-A sgdo.. en fecha 28 de diciembre de 2005, reunido en Caracas en el despacho del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnologia, ubicado en la Av. Universidad, esquina El Chorro, Torre Ministerial, piso 21. el ciudadano JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V- 11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnologia, según consta en Decreto Nro.
2.181, de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial 40.826, de fecha 12 de enero de 2016, en representación de la República Bolivariana de Venezuela, propietaria del 100% del capital social, actuando de conformidad con lo establecido en el articuio 106, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, con lo establecido en el artículo 123 de la misma ley: publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2.014, según el Decreto N°1.424 de la misma fecha antes señalada, lo establecido en la
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
428.462 Disposición Derogatoria Unica del Decreto N° 1.399 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, públicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014 y lo establecido en los Estatutos Sociales de la Empresa que establece en las Cláusulas Décima y Décima Primera, y el numeral 3 de la Cláusula Décima Segunda, en concordancia con los numerales 5 y 7 de la Cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos Sociales de Red de Transmisiones de Venezuela, C.A.
(REDTV), registrados en fecha 28 de diciembre de 2005 por ante el Registro Miranda, bajo el Nro. 67, Tomo 256-A-Sgdo.. y publicados en la Gacêta*Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.357 del 13 de energ de 2006 gue establecen:
"DÉCIMA SEGUNDA: Son atribuciones de la Asamblea de Accionistas, además de las previstas en el artículo 275 del Código de Comercio, las siguientes:
... omissis ...
3.Establecer anualmente, Asamblea Ordinaria en Extraordinaria, el monto de los contratos, individualmente considerados, que podrá celebrar el Presidente de la Compañía Anónima para el normal desarrollo de la gestión de negocios de la misma."
"VIGÉSIMA SEGUNDA: Son atribuciones del Presidente:
... omissis ...
5.Decidir por sí solo y celebrar los negocios, y contratos que estime necesarios para el funcionamiento de la Compañía Anónima, hasta por el monto que anualmente fije la Asamblea de Accionistas.
... omissis ...
7.Coordinar la gestión diaria de los negocios de la Compañia Anónima." ... omissis ...
Quien dirige la Asamblea, constata la presencia de la representación del total del capital social, declara válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, prescindiendo de realizar la convocatoria prevista en la Cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales de la empresa, para deliberar y decidir sobre el orden del día.
Seguidamente, se procedió a dar lectura al orden del dia:
.PUNTo ÚnIcO: Establecer el monto máximo hasta por el cual la Presidenta de Red de Transmisiones de Venezuela C.A., (REDTV), puede por si sola, celebrar negocios y contratos durante el ejercicio fiscal del año 2.016.
Sometida la agenda a la consideración de la Asamblea, la misma fue aprobada por unanimidad.
A continuación se sometió a consideración de la Asamblea, el punto anteriormente aprobado.
PUNTO ÚNICO: En atención a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la *Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, en cuanto a la reducción de s planes y compromisos de la gestión del Estado, como proveedor de servicios ciudadano, así como, el uso racional de los recursos asignados a tales fines, y 6* especialmente, para la ejecución eficiente dentro de los lapsos establecidos como metas para el Proyecto de Televisión Digital Abierta (T.D.A), Fase 3; en concordancia con el numeral 3 de la Cláusula Décima Segunda de los Estatutos Sociales, se propone autorizar a la Presidenta de Red de Transmisiones de Venezuela C.A., (REDTV). para celebrar por si sola, los negocios y contratos individualmente considerados, que estime convenientes para el cumplimiento del giro social de esta empresa, hasta por un monto máximo de DosCIENTAS CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (250.000 U.T.). por OBRA y hasta pOr Un mOnto mÁXImo de CIENTO CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (150:000 U.T.), por BIENES Y SERVICIOS para el ejercicio fiscal 2.016.
La Asamblea de Accionistas, aprobó por unanimidad lo propuesto, para que la Presidenta de Red de Transmisiones de Venezuela C.A. (REDTV), celebre y Jueves 16 de junio de 2016 suscriba con su sola firma, los negocios y contratos fijando los montos máximos de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (250.000 U.T.). por OBRA y hasta por un monto máximo de CIENTO CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (150.00o U.T.), por BIENES Y SERVICIOS, para el ejercicio fiscal 2.016; de conformidad con los numerales 5 y 7 de la Cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos Sociales de la Companla, relativa a las Atribuciones de la Presidenta.
Queda agotada la Agenda del dia, de seguidas, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas decidió autorizar al ciudadano Eduardo Alexner Cordero Arellano, de nacionalidad venezolana y titular de la cédula de identidad N° V-11.604.316, para presentar, certificar y publicar la actuación de esta Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Red de Transmisiones de Venezuela C.A.. (REDTV). y hacer la participación correspondiente ante el Registro Mercantil, a los fines de su registro y publicación de ley. Habiéndose agotado el objeto de la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. rdiaq terminada la misma, levantándose la presenta Acta, que lelda y encentrada confornía JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Ministro del Poder Popular-para Educación Unisitaria Ciencia y Tecnologia.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
FUNDACIÓN GRAN MISIÓN BARRIO NUEVO — BARRIO TRICOLOR CARACAS, 12 DE ABRIL DE 2016 AÑOS 205°, 157° y 17° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001-2016 El Presidente de la Fundación Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, designado mediante Decreto N° 995, de fecha 23 de mayo de 2.014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.418 de la misma fecha, actuando en ejercicio de la delegación conferida mediante Punto'de Cuenta Nº 04, Agenda Nº 02 de fecha 11 de julio de 2014, aprobado por el Consejo Directivo, según consta en Acta Nº 02 de fecha 15 de julio de 2014, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, acuerda:
PRIMERo: Designar a los nuevos integrantes de la Comisión de Contrataciones de la Fundación Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, encargada de dirigir las actuaciones relativas a los procesos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios; cuya actuación se regirá por las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como todos los instrumentos de rango legal y sublegal que regulan la materia.
SEGunDo: La Comisión de Contrataciones estará integrada por tres (3) Miembros Principales con sus respectivos Suplente, responsables del Área Económico Financiera, Área Técnica y Área Jurídica; así como un (1) Secretario o Secretaria y su respectivo suplente, con derecho a voz pero no a voto.
TERCERo: La Comisión de Contrataciones de la Fundación Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, estará integrada de la siguiente manera:
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Jueves 16 de junio de 2016 ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA:
Miembro Principal: WALLY JESÚS BLANCO BAQUERO, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.965.381.
MiembroSuplente:
MARITZAALEXANDRA ESPINAL ANCHUNDIA, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.252.655.
ÁREA TÉCNICA:
Miembro Principal: FELICINDA CORDERO RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.089.735.
Miembro Suplente: ANA CAROLINA CRESPO CISNEROS, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.477.091.
ÁREA JURÍDICA:
Miembro Principal: JEYMAR SUGHEY COLINA MACERo, titular de la Cédula de identidad Nº V-14.276.718.
MiembrO Suplente: NAYESKA SAHILY ANGULO CHIRINOS, titular de la Cédula de Identidad N° v-20.307.614.
SECRETARIA:
Miembro Principal: ROBERT ANTONIO PÉREZ TORO, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.921.489.
MiembrO Suplente: NELLY ESPERANZA DUARTE HERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.713.137.
CUARTo: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
ARIA Coaliniguese y Publiquese,
PRESIDENTE
Presidente
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Despacho del Ministro
Caracas, 01 de junio de 2016
206°, 157° y 17°
RESOLUCIÓN N° 030
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, ciudadano LUIS JOSÉ MARCANO SALAZAR titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.799.910, designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826, de fecha 12 de enero de 2016, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 del Decreto Nº 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinaria, de la misma fecha, y de conformidad 428.463 con el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social.
CONSIDERANDO
Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del beneficio de Pensión de Discapacidad a los fines de garantizar el cumplimiento del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la ciudadana, EMMA JACQUELINE BESSON, titular de la cédula de identidad N° v-5.978.702, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, según Resolución de Discapacidad Residual, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la cual declara que su discapacidad para el trabajo es de un sesenta y siete por ciento (67%).
RESUELVE PRIMERo: Otorgar la Pensión de Discapacidad, a la ciudadana, EMMA JACQUELINE BESSON titular de la Cédula de Identidad N° 5.978.702, aprobada mediante Punto de Cuenta Nº 001 Agenda 312 del Treinta y uno (31) de mayo de 2016, quien se desempeña como Aseadora adscrita a la Dirección de Servicios Generales.
sEGunDo: El monto de la Pensión de Discapacidad que se otorga es por la cantidad de Catorce Mil Novecientos Noventa y Seis Bolívares con Ochenta y Cinco Céntimos (Bs.14.996,85) equivalente al setenta por ciento (70%) de su último salario de conformidad a lo establecido en el artículo 15 del decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal (vigente), el cual será homologado al salario mínimo nacional.
TERCERo: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados a la partida presupuestaria N° 407.01.01.01, concernientes a las pensiones: del personal empleado, obrero y militar.
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
cuARTo: Se autoriza a la Oficina de Gestión Humana, realizar la notificación correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuniques
Luis José Martano Salaza Ministro del PedenBanuar Para la Comunicación e Información Según Decreto N° 2.181, de fecha 06 de enero de 2016, Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826, de fecha 12 de enero de 2016.
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Despacho del Ministro
Caracas, 06 de junio de 2016
206°, 157° y 17º
RESOLUCIÓN N° 031
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, ciudadano LUIS JOSÉ MARCANO SALAZAR titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.799.910, designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826, de fecha 12 de enero de 2016, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 del Decreto Nº 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinaria, de la misma fecha, y de conformidad con el artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social.
CONSIDERANDO
Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del beneficio de Jubilación Ordinaria a los fines de garantizar el cumplimiento del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Jueves 16 de junio de 2016 RESUELVE
PRIMERO: Otorgar la Jubilación Ordinaria, al ciudadano, LUIS ALBERTo SÁNCHEZ TORRES, titular de la Cédula de Identidad Nº 2.766.761, aprobada mediante Punto de Cuenta Nº 014, Agenda 014 de fecha dieciséis (16) de mayo de 2016, quien se desempeña como Chofer, adscrito a la Coordinación de Administración y Finanzas de la Fundación Villa del Cine.
sEGunDo: El monto de la Jubilación, que se otorga es por la cantidad de DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 93/100 cÉNTIMos (Bs.10.187,93), equivalente al Sesenta y Siete coma Cincuenta por ciento (67,50%) de su remuneración promedio mensual de los últimos Doce (12) meses, el cual será homologado al salario mínimo nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 2.307, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.893 Extraordinaria de fecha 29 de abril de 2016.
TERcERo: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados a la partida presupuestaria N° 407.01.01.02, relativa a Jubilaciones.
cuArTo: Se autoriza a la Oficina de Recursos Humanos de la Fundación Villa del Cine. La notificación correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Luis José Mancano Salazar Ministro del PodePop Para la Comunicación e Información Según Decreto N° 2.181, de fecha 06 de enero de 2016, Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826, de fecha 12 de enero de 2016.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 056-16
Caracas, 26 de mayo de 2016
206º, 157º y 17°
RESOLUCIÓN
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, RODoLFO CLEMENTE MARco ToRRES, designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822, de fecha 06 de enero de 2016, reimpresa por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826, de fecha 12 de enero de 2016; en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los numerales 1, 9, 19 y 27 del astículo 78, y en el numeral 3 del artículo 120 del Decreto N° 1.424, con Rango,-Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, públicada enla Gáceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
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Jueves 16 de junio de 2016
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Designar al CiudadanO JOSE MANUEL GONCALVES LUQUE, cédula de identidad N°: V-9.664.309, como DIRECTOR GENERAL DE MERCADEO ALIMENTARIO de este Ministerio, en Calidad de encargado, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
ARTícuLo 2. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del ciudadano designadò, la fecha y número del presente acto y la fecha y número de la Gaceta Oficial en que haya sido publicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica_de Procedimientos Administrativos.
ARTícuLo 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el funcionario designado deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo.
ARTícuLo 4. El presente acto administrativo deroga la Resolución DM/N° 029-15, de fecha 02 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.695, de fecha 03 de julio de 2015.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, CLEMENTE MARCO TORRES pon IAd NPr&oder Popular para la Alimentación
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°028
CARACAS, 19 DE MAYO DE 2016 205°, 157° y 17° El Ministro del Poder Popular para la Cultura, FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEz CONTRERAS. titular de la Cédula de Identidad N° V-13.113.260, designado mediante Decreto Presidencial N° 2.214 de fecha 03 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 12° y 19°, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014. y conforme a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública:
RESUELVE Artículo 1. Designar a la CiUdadana ANGELICA MARIA GARCIA IZQUIERDO. titular. de la cédula de identidad N° v-10.349.009, en el cargo de DE LA FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Artículo 2. Serán atribuciones de la referida ciudadana en ejercicio de su funciones, conforme a lo establecido en el Punto de Cuenta Nro. 0053/2016,/de.. EP1 fecha 09 de mayo de 2016; Pianificar, ordenar, resolver y controlar todos procesos vinculados con el área respectiva.
428.465 Artículo 3. La presente resolución entrará en vigencia, a partir de la fecha del de Mayo de 2016.
Comuníquese y Publíquese,
FREDDY ALFRED MAZARET NANEZ CONTRERAS MINISTRO DEL PODER ARBLAR PARA LA CULTURA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°_029 CARACAS, 19 DE MAYO DE 2016 205°, 157° y 17° El Ministro del Poder Popular para la Cultura, FREDDY ALFRED NAZARET NAÑEZ CONTRERAS. titular de la Cédula de Identidad N° V-13.113.260. designado mediante Decreto Presidencial N° 2.214 de fecha 03 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los articulos 65 y 78 en sus numerales 12° y 19°. del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, y conforme a lo dispuesto en el articulo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública:
RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana FRANCY LAURY VASQUEZ VALERA, titular de la cédula de identidad N° V-16.276.627, en el cargo de CooRDINADORA DE ADMINISTRACIÓN, DE LA FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Artículo 2. Serán atribuciones de la referida ciudadana en ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en el Punto de Cuenta Nro. 0002/2016, de fecha 09 de mayo de 2016: Planificar, ordenar, resolver y contro'ar todos los procesos vinculados con el área administrativa.
Artículo 3. La presente resolución entrará en vigencia, a partir de la fecha del 16 de Mayo de 2016.
Comuníquese y Publíquese.
FREDDY ALFRED NABARBINANEZ CONTRERAS MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA oder Popula
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°_0.30
CARACAS, 19 DE MAYO DE 2016 205°, 157° y 17°
El Ministro del Poder Popular para la Cultura, FREDDY ALFRED NAZARET NAÑEz cONTRERAS. titular de la Cédula de Identidad N° V-13.113.260. designado mediante Decreto Presidencial N° 2.214 de fecha 03 de febrero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 12° y 19°. del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, y conforme a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública:
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
RESUELVE
Artículo 1. Designar a la ciudadana DANIELLA INOJoSA AVILA, titular de la cédula de identidad N° V-10.332.106, en el cargo de CooRDINADORA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA , DE LA FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Artículo 2. Serán atribuciones de la referida ciudadana en ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en el Punto de Cuenta Nro. 0054/2016, de fecha 10 de mayo de 2016; Planificar, ordenar, resolver y controlar todos los procesos vinculados con el área.
Artículo 3. La presente resolución entrará en vigencia, a partir de la fecha dél:16, de Mayo de 2016.
Comuníquese y Publíquese,
FREDDY ALFREB NEBAREIP SAÑEZ CONTRERAS MINISTRO DEL PODER POPUCAR PARA LA CULTURA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°_0
CARACAS, 19 DE MAYO DE 2016 205°, 157° y17° El Ministro del Poder Popular para la Cultura, FREDDY ALFRED NAZARET NAÑEZ CONTRERAS. titular de la Cédula de Identidad N° V-13.113.260. designado mediante Decreto Presidencial N° 2.214 de fecha 03 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 12° y 19°, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, y conforme a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública:
RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano MIGUEL ANGEL BRAvO JIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° V-19.194.001. en el cargo de CooRDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTERNA, DE LA FUNDACIÓN CINEMATECA NACioNAL, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Artículo 2. Serán atribuciones del referido ciudadano en ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en el Punto de Cuenta Nro. 0001/2016; supervisar, planificar, ordenar, resolver y controlar todos los procesos vinculados a las áreas de apoyo: Recursos Humanos, Tecnología de la Informacign. Planificación y Presupuesto, Administración y Finanzas.
Artículo 3. La presente resolución entrará en vigencia, a partir de la fecha del 01 de Mayo de 2016.
Comuníquese y Publíquese,
DESPACHO FREDDY ALFRED NAZARET NAÑEZ CONTRERAS MINISTRO DELPOBER BOPOLAR PARA LA CULTURA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°0.32
CARACAS, 19 DE MAYO DE 2016 205°, 157° y 17°
El Ministro del Poder Popular para la Cultura, FREDDY ALFRED NAZARET NAÑEz CONTRERAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.113.260, Jueves 16 de junio de 2016 designado mediante Decreto Presidencial N° 2.214 de fecha 03 de febrero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 12° y 19°, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, y conforme a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública:
RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana LEYSI CONSUELO RODRIGUEZ HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-18.004.156, en el cargo de COORDINADORA DE SALAS, DE LA FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Artículo 2. Serán atribuciones de la referida ciudadana en ejercicio de suo funciones, conforme a lo establecido en el Punto de Cuenta Nro. 0055/201ß,-de fecha 10 de mayo de 2016; Planificar, ordenar, resolver y controlar todosip procesos vinculados con el área respectiva.
Artículo 3. La presente resolución entrará en vigencia, a partir de la fecha dè/zß.a de Mayo de 2016.
Comuníquese y Publíquese,
FREDDY ALFREDPEARAEHRNEZ CONTRERAS MINISTRO DEL PODEOOPOPULAR PARA LA CULTURA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 003 Caracas, 11 de abril de 2016 205°. 157° y 17° El Presidente encargado de la Fundación Misión Cultura, ciudadano FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS, titular de la Cédula de Identidad, N° V-13.113.260, designado mediante Decreto Presidencial N° 2.214 de fecha 03 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Cláusula Décima Sexta, numeral 6 del Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación Misión Cultura, cuya última modificación es publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.483 de fecha 09 de agosto de 2010, y facultado de conformidad con el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se corrige la Providencia Administrativa N° 002, de fecha 01 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.875, de fecha 30 de marzo de 2016, por haber incurrido en los siguientes errores materiales:
Donde dice:
"Artículo 1. Designar a la Ciudadana ERIKA DAYANA BELLORIN Moscos0, titular de la cédula de identidad N° v-16.682.553, en el CargO de COORDINADORA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN CiUDADANA, adscrita a la Presidencia de la Fundación Misión Cultura, cuyas funciones desempeñadas están catalogadas como un cargo de dirección, de acuerdo a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores." Debe decir:
"Artículo 1. Designar a la Ciudadana ERIKA DAYANA BELLORIN MOscoso, titular de la cédula de identidad N° V-16.682.553, ATENCióN CIUDADANA, adscrita a la Presidencia de la Fundación Misión Cultura. cuyas funciones desempeñadas están catalogadas como un cargo de dirección, de acuerdo a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores."
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Jueves 16 de junio de 2016
Donde dice:
"Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela." Debe decir:
"Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia, a partir del 12 de abril de 2016." Artículo 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales, se reimprime a continuación el texto íntegro de la Providencia Administrativa N° 002, de fecha 01 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.875, de fecha 30 de marzo de 2016. Con las correcciones antes indicadas en el correspondiente texto, y manteniéndose el número, fecha de la Providencia Administrativa, y demás datos a que hubiere lugar.
Comuníquese y Publíquese,
DESPACHO FREDDY ALFRED NAARET ÑAÑEZ CONTRERAS Presidente (E) de la Pndacio Misión Cultura Nombrado mediante Decreto Presidencfar N° 2.214 de fecha 03/02/2016 Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 40.482 de fecha 03/02/2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 002 Caracas, 01 de marzo de 2016 205°, 157° y 17° El Presidente encargado de la Fundación Misión Cultura, ciudadano FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS, titUlar de la Cédula de Identidad, N° V-13.113.260, designado mediante Decreto Presidencial N° 2.214 de fecha 03 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 40.842 de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Cláusula Décima Sexta, numeral 6 del Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación Misión Cultura, cuya última modificación es publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.483 de fecha 09 de agosto de 2010, y facultado de conformidad con el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Designar a la Ciudadana ERIKA DAYANA BELLORIN MOscoso, titular dela cédula de identidad N°v-16.682.553, COMO JEFA DE UNIDAD ENCARGADA DE LA OFICINA DE ATENciÓN CIUDADANA, adscrita a la Presidencia de la Fundación Misión Cultura, cuyas funciones desempeñadas están catalogadas como un cargo de dirección, de acuerdo a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.
Artículo 2. La Oficina de Atención Ciudadana, ejercerá las funciones, señaladas en las Normas de Participación Ciudadana, dictadas por la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.750 de fecha 20 de agosto de 2007, en concordancia con el artículo 22 del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.173 de fecha 18 de febrero de 2015 y la Resolución N° 01-00-000185 de fecha 12 de agosto de 2010, de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.514 de fecha 21 de septiembre de 2010, mediante la cual pone a disposición, el modelo de referencia para la elaboración del manual que regula la organización de la Oficina de Atención al Ciudadano; y demás normativas aplicables en materia de Participación Ciudadana y Contraloría Social, que se detallan a continuación:
428.467 1. Promover la participación ciudadana y a tal fin realizar eventos, charlas, seminarios y cualquier otra actividad que permita alcanzar dicho objetivo.
2. Atender las iniciativas de la ciudadanía, vinculadas con el ejercicio de la participación ciudadana en el control de la gestión pública.
3. Promover programas pedagógicos e informativos y cualquier actividad que permita fortalecer los valores, virtudes y derechos ciudadanos, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
4. Implementar estrategias para promover el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en el control de la gestión pública.
5. Promover espacios de deliberación pública, a fin de dar a conocer a la ciudadanía experiencias exitosas y buenas prácticas sobre la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública.
6. Promover mecanismos de control ciudadano en proyectos de altô impacto económico, financiero y social.
7. Coordinar con los integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, actividades encaminadas a promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.
8. Coordinar con las dependencias de la Contraloría General de la República, actividades tendentes a incorporar a los ciudadanos a las labores de control sobre la gestión pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana.
9. Promover investigaciones orientadas a generar proyectos_y normas relacionados con la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública.
10. Llevar el registro de las comunidades organizadas a que hace mención el artículo 138 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
11. Coordinar con otras dependencias de la Fundación Misión Cultura, las actividades relacionadas con la promoción de la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública.
12. Poner a disposición de la ciudadanía los planes, programas, proyectos y contratos que ejecuta la Fundación Misión Cultura; su estructura organizativa y funciones, así como los procedimientos administrativos y servicios que presta, a través de medios impresos, audiovisuales, informáticos, entre otros.
13. Informar a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos que integran el patrimonio de la Fundación Misión Cultura, a través de un informe de fácil manejo y comprensión, que se publicará trimestralmente y se pondrá a disposición de cualquier persona.
14. Atender, orientar, apoyar y asesorar, a los ciudadanos que acudan a la Fundación Misión Cultura a solicitar información, requerir documentos o interponer denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones.
15. Recibir, tramitar, valorar, decidir o resolver; denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones y remitir las a la dependencia de la Fundación Misión Cultura o al ente u organismo que tenga competencia para conocer las, según el caso.
16. Remitir el expediente de la denuncia, conjuntamente con su valoración jurídica al órgano competente de la Fundación Misión Cultura según corresponda, cuando se trate de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionada con la administración, manejo o custodia de fondos o bienes públicos.
17. Remitir a los organismos y entes competentes, distintos a los órganos de control fiscal, el expediente de la denuncia, queja, reclamo, sugerencia o petición, cuando no se trate de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionada con la administración, manejo o custodia de fondos o bienes públicos y elaborar la comunicación, a fin de informar al ciudadano sobre dicha remisión.
18. Ordenar el archivo de la denuncia, cuando resultare falsa, infundada o versare sobre actos, hechos u omisiones que no ameriten averiguación.
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428.468 19. Comunicar a los ciudadanos la decisión o respuesta de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones formuladas por ellos.
20. Llevar un registro automatizado de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones.
21. Informar sobre los hechos denunciados, a la autoridad a quien corresponda adoptar las medidas inmediatas tendentes a impedir o corregir deficiencias denunciadas o la producción de daños al patrimonio público, de ser el caso, preservando, en todo momento, la identidad del denunciante 22. Remitir a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Misión Cultura, una relación mensual de todas las denuncias recibidas.
23. Mantener actualizado en el sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano, los resultados obtenidos en la tramitación de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones.
24. Generar, periódicamente, reportes estadísticos de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones atendidas.
25. Las demás competencias que le sean asignadas, por el Presidente de la Fundación Misión Cultura.
Artículo 3. La referida ciudadana deberá rendir cuenta periódicamente de su gestión al Presidente de la Fundación.
Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia, a partir del 12 de abril de 2016.
Comuníquese y publíquese, FREDDY ALFRELNDARAO NAÑEZ CONTRERAS Presidente (E) la Fundaón Misión Cultura Nombrado mediante Decreto PeesidenelarN° 2.214 de fecha 03/02/2016 Gaceta Oficial de República Bolivariana aßvenezuela N° 40.482 de fecha 03/02/2016 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA
Caracas, 3 de febrero de 2016 205° y 156°
RESOLUCIÓN N° 2016-0001
El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, determinantes en la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, dicta la presente Resolución.
CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela propugna a nuestra Nación como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, haciéndose indispensable, a través del Poder Judicial, forjar la garantía plena de una justica gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; para todos sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente aquellos que intervienen en el campo del conflicto con la ley penal, las víctimas y victimarios, por lo que en aras del progreso insistente de una estructura organizacional, jurisdiccional y de los procesos en tan sensible materia, va en búsqueda de la plenitud de la tutela judicial eficaz, efectiva y para la protección en la diversidad de sus derechos y la preservación de la seguridad jurídica.
CONSIDERANDO Que el 12 de junio de 2012, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, dictó Decreto con Rango, Valor Jueves 16 de junio de 2016 y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, signado bajo el N° 9.042, cuyo texto íntegro fue publicado el 15 de junio de 2012, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con el N° 6.078 Extraordinario.
CONSIDERANDO Que el mencionado instrumento adjetivo penal, crea los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, respecto de los cuales el creador de ese texto legal señaló en su Exposición de Motivos lo siguiente: “(...) constituye un cambio de fondo del Sistema de Justicia Penal, que se caracteriza por la aplicación de nuevas instancias jurisdiccionales y procedimientos para el conocimiento de los delitos menos graves, cuya pena en su límite superior no exceda de ocho (8) años de privación de libertad, excepto los delitos de mayor impacto social expresamente señalados (...)”.
CONSIDERANDO Que al Tribunal Supremo de Justicia, como máximo órgano y rector del Poder Judicial, le corresponde velar por el fiel cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás disposiciones del ordenamiento jurídico; habiéndosele, en tal sentido, impuesto las competencias otorgadas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en su Libro Final, Título I, de la Organización de los Tribunales, para la Actuación en el Proceso Penal, Capítulo I, De los Órganos Jurisdiccionales Penales, en sus articulos 504 y segundo aparte del 505, previendo este último que: "La organización y funcionamiento de los tribunales de primera instancia municipal se establecerán mediante resolución que dicte el Tribunal Supremo de Justicia."; en concordancia con la Disposición Final Tercera ejusdem, que dispone que: “La creación, organización y funcionamiento de los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, se establecerá mediante resolución que a tales efectos dictará la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los seis meses siguientes a la publicación del presente Código en la Gaceta Oficial de la República."
CONSIDERANDO
Que en fecha 12 de diciembre de 2012, se dictó Resolución N° 2012-034, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 40.072, de fecha 14 de diciembre de 2012, en la cual se crea, organiza y pone en funcionamiento a nivel nacional, de manera progresiva, los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, para conocer y decidir los procesos penales que tengan por objeto los hechos punibles indicados en el Título II del Libro III del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, signado bajo el N° 9.042, cuyo texto íntegro fue publicado el 15 de junio de 2012 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela con el N° 6.078 Extraordinario.
CONSIDERANDO
Que esta Sala Plena, mediante Resolución N° 2014-031, de 13 de agosto de 2014, crea, organiza y pone en funcionamiento el Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa; y mediante Resoluciones Nos. 2014-0042 y 2015-0002, de fechas 10 de diciembre de 2014 y 12 de marzo de 2015, crea a los Juzgados Primero (1°), Segundo (2°) y Tercero (3°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, con sede territorial en el municipio Valencia y en el municipio Diego Ibarra, respectivamente.
RESUELVE Artículo 1: Crear, organizar y poner en funcionamiento los Juzgados de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, que a continuación se mencionan:
• Juzgado Cuarto (4°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Municipio Autónomo Guacara.
● Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, extensión Acarigua (Municipio Páez).
Artículo 2: Los Juzgados señalados en el artículo anterior, ostentan la
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Jueves 16 de junio de 2016
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de delitos cuyas penas en su límite máximo no excedan de ocho (8) años de privación de libertad y de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 3: Los Tribunales de Primera Instancia Estadales en Funciones de Control de los Circuitos Judiciales Penales de los estados Carabobo y Portuguesa, mantienen la competencia para el conocimiento y resolución de los procesos penales en curso con imputación de delitos cuyas penas en su límite máximo no excedan de ocho (8) años de privación de libertad, ello por razones de servicio y continuidad de la administración de justicia y de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal; observando además las disposiciones ordenadas en la Resolución N° 2012-034, de fecha 14 de diciembre de 2012. En tanto que los Juzgados señalados en el artículo 1 de la presente Resolución, conocerán y resolverán solo las causas cuyos hechos punibles se hayan cometido a partir de la fecha de su constitución y funcionamiento como órganos jurisdiccionales.
Artículo 4: Ordenar al Presidente (a) de los Circuitos Judiciales Penales de los estados Carabobo y Portuguesa, colaborar para el mejor desempeño y ejercicio de las funciones del órgano jurisdiccional constituido; observando además las disposiciones ordenadas en la Resolución N° 2012-034, de fecha 14 de diciembre de 2012.
Artículo 5: Todo lo no previsto en la presente Resolución, será resuelto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 6: Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tal publicación condicione su vigencia.
Comuniquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los tres (3) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
La President
Primer Vicepresiente, Segunda Vicepresidenta,
MAIRA ALFONZOZAGURRE MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
Uuluu MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL
MARJORIE CALDERON GUERRERO
EULALIA COROMOTO GUERRERO ARCADIO DELGADO ROSALES
Aramculetud MAs ,oeicourz FRANCISCO VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
MMiticchicl MANCIA COFLLO GONZALEZ MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA tf TMARIAMADRE SOTLLO CARMEN ZULETADEMERCHÁN
JUANJOSÉMENDGZAJOVER
BÁRBARA GABSAR SIERO ESAANETEÓMEZMORENO
DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO MARISELA VALENINA GODOY ESTABA MlOam LUISNANDO DAMIANI BUSTILLOS EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ O CALIXTO ANTONIOORTEGARIOS BNICIA SUÁREZ ANDERSO.
FANNY MÁRQUERCORIDERO MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
VIDMAMARIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ CHRISTIAN TYRONE ZERPA
YVÁN DARIOBASTARDO FLORES NS IBANRA VERENZUELA AauKoafo LENA YNNABEATRIZKARABINDE DIAZ MANUELMENEZALFONZO El Secro
JULIO CESA
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Jueves 16 de junio de 2016
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA Caracas, 3 de febrero de 2016 205° y 156°
RESOLUCIÓN N° 2016-0003
De conformidad con los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compete al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial,
CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un deber del Estado garantizar a toda persona el acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente; garantizando una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles,
CONSIDERANDO Que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991, Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010, establece en la Disposición Final Segunda que el Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, quedará encargado de la creación y dotación de la estructura de los tribunales con competencia en materia agraria que fueren necesarios para el eficiente ejercicio de la jurisdicción especial agraria, CONSIDERANDO Que la competencia especial agraria, a los efectos de cumplir los principios rectores previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, requiere su reorganización,
CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de dar cumplimiento a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario vigente para esa fecha, en reunión de Sala Plena del 27 de septiembre de 2006, mediante Resolución N° 2006-00051 acordó declarar en proceso de reestructuración los tribunales de la competencia especial agraria y, en consecuencia, modificar la organización de las circunscripciones judiciales de esta competencia en todo el territorio nacional, CONSIDERANDO Que esta reorganización implica la supresión, creación, reubicación y modificación de los tribunales que actualmente conocen e integran la competencia especial agraria, CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo de Justicia en reunión de Sala Plena del 6 de agosto de 2008, mediante Resolución N° 2008-0031, acordó modificar la estructura de la competencia especial agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo de Justicia en reunión de Sala Plena del 6 de agosto de 2008, mediante Resolución N° 2008-0031, en los artículos 4°, 5°, 10° y 11°, acordó la creación de los Juzgados: Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Tercero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y Cuarto de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sedes en Ciudad Bolívar, Caicara del Orinoco, Upata y Santa Elena de Uairén, respectivamente, CONSIDERANDO Que hasta la fecha no se han instalado formalmente y por tanto no han iniciado las actividades jurisdiccionales de los Juzgados Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Tercero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y Cuarto de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sedes en Ciudad Bolívar, Caicara del Orinoco, Upata y Santa Elena de Uairén, respectivamente, a los cuales les corresponderá la competencia territorial de todo el territorio del Estado Bolfvar,
CONSIDERANDO
Que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución N° 2008-0031 del 6 de agosto de 2008, en sus artículos 2°, 6° y 8°, acordó suprimir la competencia agraria al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolivar, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Amparo Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz y al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz del Estado Bolívar, CONSIDERANDO Que hasta la presente fecha, todo conflicto suscitado entre particulares con ocasión de la actividad agraria en todo el territorio que conforma el Estado Bolívar y la Parroquia Cabruta del Municipio Las Mercedes del Estado Guárico, es sustanciado y decidido por tribunales de competencias múltiples y no por juzgados especializados en materia agraria,
CONSIDERANDO
Que el Estado Bolívar conforma un alto porcentaje de las tierras con vocación de uso agrario del territorio de la República Bolivariana de Venezuela al desarrollarse el despliegue constante de grandes actividades agrícolas, pecuarias, ambientales e indígenas, constituyendo un alto valor estratégico de la Región Oriental,
CONSIDERANDO Que la presente Resolución tiene como propósito atribuir transitoriamente la competencia territorial a dos juzgados especializados en materia agraria, hasta tanto se materialice la instalación del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la población de Caicara del Orinoco y del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la población de Santa Elena de Uairén,
RESUELVE I DE LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA TRANSITORIA Artículo 1: Se le atribuye, de forma transitoria, la competencia en el territorio del Municipio Cedeño del Estado Bolívar y la Parroquia Cabruta del Municipio Las Mercedes del Estado Guárico al Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, hasta tanto se instale formalmente e inicie las actividades el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Caicara del Orinoco.
Artículo 2: Se le atribuye, de forma transitoria, la competencia en el territorio del Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar al Juzgado Tercero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Upata, hasta tanto se instale formalmente e inicie las actividades el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Santa Elena de Uairén.
II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Inventario y Distribución de Causas Agrarias
Primera: los Jugados Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar y Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolivar, cuyas competencias en materia agraria quedaron suprimidas por el artículo 2° de la Resolución N° 2008-0031 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 6 de agosto de 2008, realizará un inventario de causas agrarias reorganizándolas del siguiente modo:
1. Cada expediente producto del inventario de causas agrarias realizado, conservará su número original al cual se le agregará la letra "A" de agrario.
2. Los expedientes se clasificarán por códigos según las fases procesales en las que se encuentren.
3. Una vez ordenados los expedientes según los criterios anteriormente señalados, se clasificarán según la fecha del inicio de la causa, priorizando por antigüedad y procedimiento.
4. Los expedientes debidamente inventariados, organizados según lo anteriormente especificado y que cumplan con la Disposición Transitoria Tercera de la presente Resolución, se remitirán al Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar una vez inicie actividades 5. Las causas concluidas con sentencia definitivamente firme y ejecutadas, serán inventariadas y remitidas al Archivo Judicial, en legajos debidamente identificados. Segunda: los Jugados Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Amparo Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz y Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz del Estado Bolívar, cuyas competencias en materia agraria quedaron suprimidas por los artículos 6° y 8°, de la Resolución N° 2008-0031 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 6 de agosto de 2008, realizará un inventario de causas agrarias reorganizándolas del siguiente modo:
1. Cada expediente producto del inventario de causas agrarias realizado, conservará su número original al cual se le agregará la letra “A" de agrario.
2. Los expedientes se clasificarán por códigos según las fases procesales en las que se encuentren.
3. Una vez ordenados los expedientes según los criterios anteriormente señalados, se clasificarán según la fecha del inicio de la causa, priorizando por antigüedad y procedimiento.
4. Los expedientes debidamente inventariados, organizados según lo anteriormente especificado y que cumplan con la Disposición Transitoria Tercera de la presente Resolución, se remitirán al Juzgado Tercero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Upata una vez inicie actividades 5. Las causas concluidas con sentencia definitivamente firme y ejecutadas, serán inventariadas y remitidas al Archivo Judicial, en legajos debidamente identificados.
Sustanciación de Causas Agrarias
Tercera: A las causas agrarias que se encuentren en los Juzgados Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Amparo Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede cn la ciudad de Puerto Ordaz y Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz del Estado Bolívar, se le aplicarán las siguientes reglas:
1. Todas aquellas causas agrarias que no hayan sido admitidas serán remitidas a los Juzgados Primero y Tercero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sedes en Ciudad Bolívar y Upata, respectivamente, y las mismas se tramitarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
2. Las causas agrarias en las que no se hubiese dado contestación al fondo de la demanda serán remitidas a los Juzgados Primero y Tercero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sedes en Ciudad Bolívar y Upata, respectivamente, y las mismas se tramitarán de conformidad con las normas de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
428.471 3. Las causas agrarias en las que no se hubiese realizado la Audiencia Preliminar serán remitidas a los Juzgados Primero y Tercero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sedes en Ciudad Bolívar y Upata, respectivamente, y las mismas se tramitarán de conformidad con las normas de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
4. Las causas agrarias en las que se hubiese realizado la Audiencia Preliminar o que se hallaren en fase probatoria, continuarán su sustanciación en los Juzgados Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Amparo Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz y Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz del Estado Bolívar hasta la etapa de fijación de Audiencia de Pruebas, y posteriormente serán remitidas a los Juzgados Primero y Tercero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sedes en Ciudad Bolívar y Upata, respectivamente, siendo estos últimos, vale decir, los Juzgados Primero y Tercero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar, los que deberán celebrar la Audiencia de Pruebas y continuar la sustanciación de las mismas, de conformidad con las normas de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. 5. Las causas que se encuentren en estado de sentencia para el momento de la entrada en vigencia de la presente Resolución, serán decididas por el Juzgado que las sustanció, es decir, por los Juzgados Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Amparo Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz y Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz del Estado Bolívar, por ser quienes ejercieron la inmediación agraria.
Ejecución de Sentencia
Cuarta: A las causas agrarias que se encuentren en los Juzgados Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolivar, Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Amparo Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz y Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz del Estado Bolívar, se le aplicarán las siguientes reglas:
1. Las causas agrarias en las que se hubiesen dictado sentencias y éstas se encuentren definitivamente firmes, serán ejecutadas por el tribunal que las dictó, esto es, por los Juzgados Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Amparo Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz y Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz del Estado Bolivar, por ser quienes ejercieron la inmediación agraria durante la sustanciación de la causa de conformidad con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
2. Tanto a los Juzgados Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolivar, Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Amparo Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz y Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz del Estado Bolívar, como los Juzgados Primero y Tercero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sedes en Ciudad Bolívar y Upata, respectivamente, deberán ejecutar las sentencias
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definitivamente firmes o cualquier otro acto equivalente que tenga fuerza de cosa juzgada conforme al procedimiento establecido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
III
DISPOSICIONES FINALES
Primera: Se informará mediante cartel fijado en las puertas de cada tribunal, la atribución de la competencia transitoria por el territorio realizada por la presente Resolución.
Segunda: La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda encargada de la ejecución de la presente Resolución.
Tercera: La presente Resolución iniciará su vigencia desde su aprobación por la Sala Plena y se ordena su publicación en la Gaceta Judicial, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los tres (3) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
La Presidenta, GDf GLADYMARÍA GUTIERRDO
o Primer Vicepresidentg Cudi Mnauuup PIRAMAIRA ALFONZO IAGUIRRE MAIKELJOSÉ MORENO PÉREZ Los Directores, b7Y.
Uih GUILLERMO BLANOVÁZQUEZ MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROFL
MARJORIE GALDERON GUERRERO
Los Magistrados, Cyyhoin EULALIA COROMOTO GUERRERO ARCADIO DELGADO ROSALES
MALAUTAGI RORICUEZ FRANCISCO VELÁZQUEZESTÉVEZ
M. Muticchuc? MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA FRANCTA COELLO GONZÁLEZ
CARMEN ZULETA DEMERCHÁN
INOCENCIO AMTONO FIGUEROA ARR ALETA JUANJOSÉ MENDOZAJOVER
ERSAJANETMGOMEMORENO BÁRBARA GABRESAR SIERO
DANILO ÁNTONIO MOJICA MONSALVO MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
ulami ISFERNANDO DAMIANI BUSTILLOS EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ Celeylir COURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON CALIXTO ANTONIO ORTESA RÍOS
FANNY MÁROUORDERO MARCO ANTONIOMEDINA SALAS
VILMAMARIA FERNANDEAGONZÁLEZ CHRISTIAN TYRONE ZERPA
YVÁNDARIOBASTARDO FLORES BUANDUIS IBARRA VERRNZUELA LENA Aauk YANINABEATRIZKARABIN DE DIAZ ESÚS MANUEL JIN NEZ ALFONZO El
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA D° 478
LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
EN SALA CONSTITUCIONAL Expediente 16-0524 PONENCIA CONJUNTA El 03 de junio de 2016, los Abogados REINALDo ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA, LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO y RAMONA DEL CARMEN CHACÓN ARIAS, titulares de las cédulas de identidad números V-10.869.426, V-15.573.074 y V-5.344.015, números 96.868, 142.392 y 63.720, respectivamente, actuando con el carácter de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (E), el primero, Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República el segundo y representante de la Procuraduria General de la República la tercera, acudieron por ante la Secretaria de esta Sala para interponer "ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en contra de las EMANADAS DEL PRESIDENTE, DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA MAYORÍA DE DIPUTADOS QUE CIRCUNSTANCIALMENTE CONFORMAN LA ASAMBLEA NACIONAL (...) con Ia finalidad de consular un golpe de Estado con pretendido y negado visos de legitimidad, asumiendo graves daños colaterales a la población, que han venido siendo contrarrestados por el Ejecutivo Nacional.".
En esa misma oportunidad, la Sala acordó asumir el asunto como Ponencia Conjunta de los Magistrados y Magistradas que la componen, quienes, con tal carácter, suscriben la presente decisión.
Realizado el estudio de la solicitud planteada, la Sala pasa a decidir sobre la base de las consideraciones que se exponen a continuación:
1 DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL La representación de la Procuraduría General de la República expuso en el escrito presentado ante esta Sala, los alegatos que transcriben parcialmente lo siguiente:
Que "constituye un hecho público notorio y comunicacional que a partir de su instalación el dta 05 de enero de 2016, la actual mayoría de la Asamblea Nacional, circunstancial y opositora al Gobierno Nacional, encabezada por su presidente y demás miembros de la junta directiva, han venido desplegando una serie de actuaciones legislativas y no legislativas (como acuerdos parlamentarios sin forma de ley), incluso vias de hecho, que han tenido como objetivo destruir la credibilidad del gobierno nacional y entorpecer de forma evidentemente ilegltima e ilícita su gestión, con grave perjuicio y amenaza de daños al pueblo venezolano, especialmente a los sectores más vulnerables del Pueblo Venezolano. Esta actuación, cubierta de cierta "formalidad" ha sido apoyada por un incesante ataque mediático nacional e internacional y el apoyo parcializado de ciertas organizaciones internacionales que vienen criticando abiertamente el modelo político y económico de participación y protección preferente del pueblo venezolano"
428.473 Que "en alianza con potencias extranjeras, con trasnacionales y otros grupos de poder, las máximas autoridades de la Asamblea Nacional y muchos de sus diputados agrupados en la MUD han atacado y descalificado todas las acciones del Ejecutivo Nacional para solucionar la coyuntura económica que atraviesa el país como consecuencia, principalmente, de la caída de los precios intemacionales del petróleo; han manipulado la opinión pública nacional e internacional para promover la pretendida existencia de una crisis humanitaria sin precedentes en el país; han ofendido e insultado a las máximas autoridades de los poderes públicos, amenazándolas incluso con contra los Poderes Públicos y sus funcionarios; y, en fin, han generado de manera deliberada, intencional, directa y manifiesta, un clima de zozobra e ingobernabilidad con la intención abierta y francamente declarada de deponer a las autoridades de todos los poderes públicos y 'renovar las' con personas nn n e d instrucciones" Que "las actuaciones de la Asamblea Nacional y su directiva no han cesado en sus intentos por desarticular las políticas públicas del Gobierno Nacional destinadas a la protección de los ciudadanos y ciudadanas, y, por el contrario, amenazan con apreciar ante la paulatina pérdida de credibilidad y de poder que han venido aquejando en los últimos meses. Al respecto, en sus casi 150 primeros días de gestión han centrado sus esfuerzos en:
1. Dictar leyes que obstaculicen o impidan la aplicación de las políticas públicas del Ejecutivo Nacional en materia económica y de protección social, ast como cualquier medida especial o extraordinaria dictada en el marco de la emergencia económica decretada por el Ejecutivo Nacional conforme a la Constitución.
2. Convocar, de forma recurrente y desordenada, a todos los funcionarios del gabinete ejecutivo o con cargos en empresas e instituciones estratégicas para el funcionamiento de la economía nacional, sin indicar con al menos mediana especificidad las razones y materia de tales convocatorias.
3. Adelantar juicios y sanciones políticas contra altos funcionarios del Gobierno Nacional, usurpando incluso funciones del Poder Ciudadano, que sólo pueden ser ejercidas a través de la Contralorla General de la República, y cuyo fin ha sido la desmoralización del Gabinete Ejecutivo y del pueblo venezolano.
4. Dictar acuerdos, sin forma de ley, que no tienen utilidad o fin alguno en el plano de la gestión pública, sino pre constituir pruebas fraudulentas de una supuesta situación de crisis humanitaria y violación sistemática de derechos humanos por parte de los poderes públicos legltimamente constituidos.
5. Dictar leyes y actos sin forma de tales, a través de los cuales pretende subrogarse en el ejercicio de competencias de otros poderes, o asegurarse tal ejercicio mediante la simulación de mecanismos de controi, que no son más que fórmulas de construcción de tales actos.
6. Insistir en la salida del Presidente de la República por cualquier medio; como única posibilidad de superación de la crisis económica y oportunidad de desarrollo nacional, invocando medios legítimos o no: la renuncia forzada, el revocatorio del mandato, el pronunciamiento de fuerzas militares, la injerencia de estados y organismos internacionales, la revuelta popular, la inhabilitación política y, en general, otras fórmulas de dudosa juridicidad que apuntan a la ruptura del orden constitucional por vías de hecho.
7. Descalificar las actuaciones del resto de los poderes públicos, sus instituciones y máximas autoridades, profiriendo amenazas contra éstas y sometiéndolas al odio público con el apoyo de las redes sociales.
8. Desconocer las actuaciones del resto de los poderes a través decisiones".
Que "No hay en la gestión de la Asamblea Nacional de estos primeros cinco (05) meses del año un solo logro positivo, un llamado a la reflexión o una intención de atender problemas reales del pueblo, que pueda evidenciarse en alguna de sus actuaciones. Por el contrario, las actuaciones del Ejecutivo Nacional destinadas a proteger a sus ciudadanos son inmediatamente atacadas por el Legislativo Nacional con miras en un rédito político que, solapadamente, esperan obtener en unas eventuales elecciones para renovación de dicho Poder".
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428.474
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Que "Ya en oportunidades anteriores ha denunciado este órgano actuante diversos vicios de inconstitucionalidad cometidos por la Asamblea Nacional, al usurpar funciones propias de otros Poderes Públicos, pretender desde la Asamblea dictar leyes con evidente contenido de desarrollo de Políticas Públicas y desacatar las sentencias legltimamente dictadas por el Poder Judicial".
Que "los miembros opositores al gobierno nacional de la Asamblea Nacional, actuando como Cuerpo Colegiado y por separado, en sus condiciones de Diputados, han venido de manera reiterada y sistemática realizando campaña activa con la única finalidad de derrocar el gobierno Legítimamente electo por el Pueblo soberano el pasado mes de abril de 2013”. Que "haciendo uso legítimo de sus competencias constitucional y legalmente otorgadas, el Poder Ejecutivo ha venido denunciando e impugnado ante los distintos órganos jurisdiccionales una parte de estas actuaciones de injerencia en las funciones propias del Poder Ejecutivo y que constituyen un verdadero entorpecimiento de la gestión gubernamental. A manera de ejemplo podemos citar:
1. Solicitud de Declaratoria de constitucionalidad del Decreto de Emergencia Económica dictado por el Ejecutivo Nacional y desaprobado por la Asamblea Nacional.
2. Solicitud de constitucionalidad de la prórroga del Decreto anterior.
3. Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
4. Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Bono para 5.
Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados.
6. Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
7. Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud.
8. Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Otorgamiento de Titulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
9. Solicitud de Declaratoria de constitucionalidad del Decreto de Estados de Excepción y de Emergencia Económica".
Que "En ninguna de esas actuaciones el Ejecutivo Nacional ni el resto del Estado han acudido a actuaciones materiales que menoscaben el ejercicio de las competencias de la Asamblea Nacional. Antes bien, ha recurrido a los mecanismos de resolución de conflictos constitucionalmente embargo, el cuestionamiento de la Asamblea Nacional a la legitimidad y legalidad del resto de los Poderes (no resuelto en ninguna instancia a esta fecha) ha sido una cómoda posición adoptada por dicho órgano colegiado para evitar sus deberes frente al Poder Pûblico”.
Que *Esta inédito mayoria de la Asamblea Nacional, temporal y opositora al gobierno y al orden constitucional, no ha cesado ni cesará en Ejecutivo, solicitando la comparecencia de Ministros y otros altos funcionarios del Gobierno, con la finalidad de que participasen en reuniones de planificación y establecimiento de políticas públicas en diversas materias de la economía nacional; lo cual constituye una evidente usurpación de funciones, viciada con nulidad absoluta de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras tantas actuaciones similares que obstaculizan la garantía de los derechos constitucionales del pueblo venezolano”.
Que "Por otra parte, han desplegado los Diputados opositores al gobierno y a la Constitución, una verdadera campaña de desprestigio con respecto a la gestión de gobierno desarrollada desde el Ejecutivo Nacional con la finalidad de atacar y contrarrestar la profunda crisis económica que vive el País actualmente; con lo cual, se han visto notoriamente disminuidos los efectos de las acciones tomadas desde el Ejecutivo para aminorar las causas de dicha crisis".
Que "Como corolario de lo anterior, la mayorla opositora al gobierno y circunstancial de la Asamblea Nacional, tomándose atribuciones que no le corresponden, se han dirigido a instancias internacionales, con la Jueves 16 de junio de 2016 evidente finalidad de poner en tela de juicio la democracia en Venezuela y el Gobierno legltimamente electo por el Pueblo soberano".
Que "Sobre este último particular, ha sido grave la actuación de representantes de la Asamblea Nacional ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en abierta complicidad con el Secretario General de dicha
República Bolivariana de Venezuela sobre la base de un informe construido con falsas argumentaciones y hechos simulados. Esta situación, indudablemente notoria, ha sido cubierta exhaustivamente por los medios nacionales e internacionales”.
Que "Las actuaciones de la mayoría opositora al gobierno y circunstancial de la Asamblea Nacional en el ámbito de las relaciones exteriores de la República son, sin temor a dudas, Írritas. Pues corresponde de manera exclusiva y excluyente al Presidente de la República, de conformidad con el articulo 236, numeral 4° (sic) de nuestra Carta Magna, la dirección de las relaciones exteriores de la República”.
Que "Adicionalmente a esa flagrante usurpación de funciones del Presidente de la República, por parte de la Asamblea Nacional, subsiste una profunda duda de la legitimidad e imparcialidad de la actuación del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al convocar el Consejo Permanente de dicha organización para el análisis del caso venezolano, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA, pues dicho diplomático ha efectuado recurrentemente declaraciones contra el Gobierno venezolano mediante las redes sociales, sin ningún tipo de contemplaciones. Llegando incluso al extremo de difundir una misiva en la cual se referia de manera peyorativa al Presidente de la República y al Gobierno Nacional. Además de esto, el mencionado funcionario no oculta su aversión contra el Gobiemo venezolano y sus funcionarios, y se muestra adelante con personeros de la oposición venezolana, conductas que no escatima en dejar claras en sus asistencias a numerosos eventos públicos organizados y financiados por entidades que promueven la desestabilización de la República”.
Que "La solicitud de la Asamblea Nacional ante la OEA ha colocado al país en una delicada situación política internacional, creando la sensación de una crisis de institucionalidad y la eminente ruptura del orden constitucional. Fraude que impactará en lo inmediato en todos los asuntos económicos del país, principalmente en aquellos que guardan relación con la situación política estable y sana para asegurar sus inversiones o acreencias.
políticos de la MUD concentrados en la Asamblea Nacional, evidentemente interesados en obtener un rédito político, como hemos dicho, de las situaciones económicas coyunturales, en la medida que afecten gravemente a! pueblo venezolano”.
Que "Es un hecho público, notorio y comunicacional, los actos de solicitud de injerencia extranjera que han solicitado varios diputados de la Asamblea Nacional adversos al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, incluso viajando a diversos países con viáticos de la Asamblea Nacional en franca desviación de las competencias atribuidas en el constitucional; por cuanto es bien sabido que la artículo187 representación de la República es potestad del Presidente legítimo y constitucional, propiciando con sus actos la afectación de la imagen de la Presidencia de la República; situación que desde el inicio del mandato del Presidente Nicolás Maduro se ha estado hilvanando por diversos actores; así se ha reseñado por ejemplo en algunos medios de comunicación lo siguiente (...; La diputada de la Unidad, María Corina Machado, denunció en Chile la situación de crisis en el pais. 'Lo que estamos viviendo en Venezuela es una situación de represión brutal?, aseguró a CNN en el pals suramericano. Machado acusó al presidente Nicolás Maduro de 'robarse las elecciones' presidenciales, realizadas el domingo 14 de
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Jueves 16 de junio de 2016 abril'.http://globovision.com/articulo/maria-corina-machado-la comunidad-internacional-sabe-que-en-venezuela-hay-un-gobierno-ilegítimo) -aun cuando gran parte de los lesionados en las protestas violentas son miembros de cuerpos de seguridad del Estado, aun cuando las principales víctimas de sicariato político han sido miembros de la Revolución y del Estado, y aun cuando la oposición al gobierno, (previo sabotaje de la economía y engaño del electorado), ganó las elecciones parlamentarias después de 17 años de victorias absolutas de la Revolución Bolivariana".
Que "La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el Preámbulo promueve la cooperación pacífica entre las naciones y el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; consolidándose esta aspiración en artículo 1.- La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador'. Por lo que La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder solicitar e incitar la intervención de potencias extranjeras en el territorio de la República. Contraviniendo el postulado constitucional del artículo 130 que dispone lo siguiente: Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberania, la nacionalidad la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación. Pudiendo el despliegue de esta conducta generar traición a la patria delito previsto en el Codigo Penal n actuante ampliar la exposición sobre la lamentable, grave y larga cadena de acciones emprendidas por la Asamblea Nacional, hechos y situaciones n n e n relación con los fines de desestabilización del pals y sus instituciones, la abolición progresiva de los poderes públicos legltimamente instituidos y la alcanzada por vía del fraude a la constitución y la actuación ilegltima por desviación de poder”.
Invocan el contenido de "los artículos 1, 2, 3, 5 y 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (..) y 136 al 139 del Texto Fundamental..."
Que *de los hechos anteriormente narrados, se evidencia la flagrante violación de las mencionadas normas constitucionales por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y del resto de diputados de la misma que coinciden en usurpar atribuciones y generar crisis en la población y en las instituciones de la República, para intentar seguir generando malestar social, enfrentar al Pueblo con el gobierno que ha reivindicado de forma inédito sus derechos desde hace 17 años, y ganar de esa forma e e e e e e responsabilidad también pretenden achacarla al Gobierno Nacional que impulsó la única Constitución que ha aprobado el Pueblo mediante referéndum y que ha defendido de forma más amplia y paradigmática los derechos humanos”.
Que "Dicha declaratoria funciona como una denuncia anticipada ante la ruptura del rigido principio de legalidad que antecede al mencionado artículo constitucional, en la redacción dada a los artículos 136 y 137ª.
Que "El Constituyente de 1999 ha sido muy riguroso al n 428.475 cualquier actividad o función del poder público impide que un sujeto pueda competencia debe estar previamente establecida en el ordenamiento jurídico, de manera anticipada y expresa".
Que "en aplicación del principio de legalidad, la Constitución, la ley o el ordenamiento jurídico de rango sublegal habilitado previamente por e e e último".
Que *Las fórmulas para la determinación de la competencia utilizadas por el Constituyente de 1999 son bastante claras, y pocas veces generan alguna confusión. En la distribución de competencias de las máximas autoridades del Poder Legislativo Nacional y del Poder Ejecutivo Nacional fue un sistema Presidencialista heredado de la Constitución de 1961, con los semi-presidencial flexible", en términos de la exposición de motivos de la propia Constitución. Puede notarse una extensa enumeración, y el afán por la Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo cuando concurrieran en una materia. Ast, por ejemplo, precisó con claridad que corresponde a la Asamblea Nacional 'aprobar por ley los tratados o convenios intemacionales que celebre el Ejecutivo Nacional' (art. 187, num 18 CRBV), como un segmento específico dentro del resto de la competencia material otorgada al Presidente de la República, de manera precisa, relativa a la dirección de las relaciones exteriores de la República, asl como la celebración y ratificación de los tratados, convenios o acuerdos internacionales, contenida en el numeral 4 del articulo 236 constitucional".
Que "ha sido reiterada y pacífica la jurisprudencia patria al categorizar al vicio de usurpación de funciones como la forma más grave de incompetencia prevista, de allí que se sancione con la más alta consecuencia juridica, su nulidad absoluta..." Que "En efecto, una importante parte de las actuaciones desplegadas por el Poder Legislativo, narradas en el capítulo precedente, transgreden abiertamente el límite de las competencias legalmente establecidas a ese Poder e invade flagrantemente el ámbito competencial de las esferas de otros Poderes, principalmente del Poder Ejecutivo, configurándose así, el vicio de inconstitucionalidad por usurpación de funciones establecido en la norma arriba citada".
Que "al acudir ante instancias internacionales pretendiendo la representación de intereses de la República, la Asamblea Nacional usurpó la función atribuida en el artículo constitucional 236, numeral 4° (sic), 'Dirigir las convenios o acuerdos internacionales'; al incluir en los textos legislativos los mecanismos y fuentes de financiamiento sin consultar al Ejecutivo Nacional, usurpa la función de Administrar la Hacienda Pública Nacional contenida en el numeral 11° (sic) ejusdem; al pretender imponer las condiciones de organismos de financiamiento internacional, usurpan la competencia del nacionales, fijada en el numeral 12° (sic) ejusdem; (...) cuando emite pronunciamientos sobre cuál debe ser la política económica del pais, pretendiendo incluso prefijarla en las leyes que elabora, usurpa la competencia del Presidente para Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución (num 18, art. 236 CRBV)*.
Que "Resulta abundante continuar con una larga lista de desaciertos de la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus funciones, que ha n oe e n n oe nn e en n n fiscal, otorgadas a la Contralorla General de la República, pero confundidos por dicha instancia legislativa con la sanción política a la que se encuentra e n
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428.476 énfasis en la intencionalidad y sistematicidad con la cual la Asamblea Nacional viene actuando, en franca desviación de poder, para sustituirse de forma hegemónica en el resto de los poderes públicos y estimular un conflicto de poderes, la ruptura del orden constitucional y la apariencia de estado fallido ante la comunidad internacional".
Que "Adicionalmente a lo anterior, del análisis de todas y cada una de las actuaciones antes descritas, se observa que la intención desarrollada por la Asamblea Nacional no es otra que derrocar al Poder Ejecutivo, legltimamente electo por voluntad popular, configurándose ast el vicio de desviación de poder, es decir, la actividad de la Asamblea no pretende desarrollar su principal función, sino provocar ingobernabilidad para ast finalmente sacar al Presidente de la República del Poder, en franca violación a la soberanía, a la independencia, democracia y a los derechos constitucionales que me atañen como ciudadano y beneficiario de las políticas públicas que ahora pretende suprimir la mayoria circunstancial de la Asamblea Nacional, opositora al Gobierno Nacional, y que también atañen al Pueblo venezolano y a sus habitantes, tales como los derechos a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la seguridad jurídica, entre otros tantos”.
Que "Por las razones expuestas, no cabe duda de que las actuaciones señaladas de la mayoría -circunstancial y opositora al gobierno de la Asamblea Nacional, encabezada por su presidente y demás miembros de la Junta Directiva, constituyen claros supuestos de inconstitucionalidad por usurpación de funciones, desviación de poder, vulneración de derechos fundamentales y violación al orden constitucional que pudieran generar graves daños a la estabilidad de la República, de la Región y del mundo en general a corto, mediano y largo plazo".
Que “en virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, solicito a esa Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, admita y declare procedente la presente acción de amparo constitucional, y, en consecuencia:
Dicte aquellos actos que considere necesarios para restablecer la situación jurídica infringida y exhorta al Poder Legislativo Nacional para que cese en la usurpación de funciones del resto de los Poderes Públicos, cese en su intento de desestabilizar al Gobierno Nacional y en sus acciones contra la paz y la constitucionalidad de la República.
Notifique de la presente acción a las demás instituciones que corresponda para honrar las respectivas atribuciones constitucionales, y hacer cesar la manifiesta impunidad con la que obra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y demás diputados opositores al Gobierno que están violando de manera flagrante el orden constitucional y juridico de la República".
II DE LA COMPETENCIA
La representación de la Procuraduría General de la República presenta ante esta Sala "ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica Amparo sobre Derechos y Garantias AMENAZAS DE DAÑO INMINENTE EMANADAS DEL PRESIDENTE, DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA MAYORIA DE DIPUTADOS QUE CIRCUNSTANCIALMENTE CONFORMAN LA ASAMBLEA NACIONAL (...) con la finalidad de consular un golpe de Estado con pretendido y negado visos de legitimidad, asumiendo graves daños colaterales a la población, que han venido siendo contrarrestados por el Ejecutivo Nacional.".
Ahora bien, aun cuando la demanda de autos es calificada de amparo constitucional, del contenido del escrito de autos se observa que el Jueves 16 de junio de 2016 mismo no se sustenta de forma directa en la violación de derechos constitucionales, sino en la presunta vulneración de competencias y atribuciones constitucionales inherentes al Poder Ejecutivo Nacional ("usurpación de funciones"), por parte del Presidente, de la Junta Directiva y de la mayoría de diputados que integran la Asamblea Nacional, esfera de los derechos subjetivos, identifica la presente acción con una demanda de controversia constitucional, a la cual se reconduce la presente acción, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Sala (vid. infra).
En tal sentido, el articulo 336.9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente:
"Artículo 336.- Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(.) 9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público".
Al respecto, en sentencia N°. 226 del 18 de febrero de 2003, esta Sala estableció:
"La disposición recién transcrita, preve una especialisima acción destinada a salvaguardar la normal prestación de la actividad pública que despliega cada uno de los órganos del Poder Público que, en un determinado momento, pudiera verse afectada cuando dos o más de ellos estiman atribuida a su favor una facultad, competencia o atribución constitucionalmente prescrita, dando lugar al ejercicio paralelo de la función diputada (conflicto positivo); o, por el contrario, cuando ninguno de estos entes reconoce ostentar la titularidad de esa facultad, competencia, o atribución constitucional, provocando la omisión de acometer una función encomendada a alguno de ellos por la Carta Magna (conflicto negativo).
De modo tal que existen dos elementos objetivos que permiten calificar un concreto conflicto como una controversia constitucional: (t) debe distintos entes de consagración constitucional que conforman el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional (que, a su vez, se Ciudadano y Electoral) ex articulo 136 de la Constitución; y (t) debe suscitarse con ocasión del ejercicio de facultades, competencias o normativo que diseña y ordena la estructura orgánica del Estado.
Cumplidos ambos extremos, no deben caber dudas en cuanto a que la competencia para resolver tales conflictos corresponde a esta Sala, como máximo garante del orden constitucional, pues la sola existencia de encomendados a los órganos en puna, afecta la esencia misma de la Constitución, a la cuidadosa distribución de poder y de correlativas competencias por ella operada, a decir del profesor español Garcla de Enterría (*La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Ed.
Civitas, Madrid, 1985, pp. 149 y 150)".
A su vez, el artículo 25.9 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también contempla, en los mismos términos del artículo 336.9, la competencia respecto de la naturaleza del escrito formulado.
Ello así, al pretenderse la reivindicación y protección de atribuciones constitucionales entre órganos del Poder Público, esta Sala asume la competencia para conocer de la demanda de autos. Así se declara.
Ⅲ11 DE LA ADMISIBILIDAD
Resuelto lo anterior, esta Sala debe examinar la admisibilidad de la acción de autos.
Al respecto, sobre la admisibilidad de la acción de resolución de Público, esta Sala, en sentencia n° 3191/2002, del 11 de diciembre, señaló lo siguiente:
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA "esta Sala pasa de seguidas a precisar los requisitos de admisibilidad de la acción de resolución de conflictos entre órganos del Poder Público, en atención al objeto y alcance de la misma. Ast, será inadmisible la acción cuando se alguno de los siguientes supuestos:
1.- Cuando el accionante sea una persona distinta a un ente que ejerza potestades de Poder Público Constitucional.
2.- En caso de que el conocimiento de la acción competa a otro tribunal.
Deja asi esta Sala claramente establecido que la acción de conflicto constitucional no sustituye los recursos procesales existentes, de modo que resultará inadmisible si el recurrente persigue adelantar un jurisdiccional o pretende sustituir algún medio ordinario a través del cual el juez pueda solventar la controversia.
Salvo que, presentes los requisitos apuntados en el capítulo anterior, el asunto revista una gravedad tal que aconseje su solución por esta Sala;
o el nivel en que se plantee la controversia exija un fallo sólo destinado a resolver el asunto constitucional planteado sin que tenga efectos en la demanda de instancia; o la situación, aun teniendo elementos resolubles en las demás jurisdicciones, involucre hechos o situaciones que la Sala Constitucional deba, por las especiales circunstancias, resolver. En fin, cuando el objetivo de mantener la paz social, el orden democrático o el principio de separación de poderes exija la intervención de la Sala. De no ser ast, se dejará sin contenido la atribución a que se contrae el citado artículo 336.9., pues, en abstracto, prácticamente cualquier controversia podr la ser encauzada por una vía ordinaria.
3.- Cuando se acumulen acciones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles;
4.- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción es admisible;
5.- Si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos o es de tal modo 6.- Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuya el actor.
7.- Cuando en sentencias de esta Sala, anteriores a su interposición, se haya resuelto el punto, y no sea necesario modificarlo. Este motivo de inadmisibilidad no opera en razón de la precedencia de una decisión respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistencia en el ánimo de la Sala del criterio sustentado en la decisión previa".
Por su parte, el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:
"Articulo 133. Se declarará la inadmisión de la demanda:
1. Cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
2. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demanda es admisible.
3. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que respectivamente.
4. Cuando haya cosa juzgada o litispendencia.
5. Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos".
Examinadas las causales de inadmisibilidad previstas en la norma transcrita, esta Sala advierte, de su estudio preliminar, que la demanda de autos no se subsume, prima facie, en ninguna de las referidas causales y, en consecuencia, admite el presente recurso de nulidad interpuesto, sin perjuicio de la potestad que asiste a esta Sala de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia en cualquier estado y grado del proceso. Asi se declara.
Como consecuencia de dicha admisión, y en virtud de lo establecido en el artículo 135 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena citar mediante oficio a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, asi como notificar a la Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo y al Procurador General de la República. A tales fines, remitase a los respectivos funcionarios, copia certificada de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad y del presente auto de admisión.
Asimismo, se ordena el emplazamiento de los interesados mediante cartel.
Por último, remitase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que realice las citaciones y notificaciones ordenadas en el presente fallo, y efectúe el emplazamiento de los interesados, conforme a lo dispuesto en la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal, y continúe el procedimiento. Así se decide.
πV DE LA MEDIDA CAUTELAR
En el escrito inserto en autos, el accionante solicitó a esta Sala Constitucional que admita y declare procedente la acción incoada, asi como también dictar los actos que se consideren necesarios para restablecer la situación jurídica que considera infringida por actuaciones del Poder Legislativo Nacional.
Ahora bien, el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:
Artículo 130. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto.
Asi pues, esa norma reconoce, en el marco del Capítulo II, *De los procesos ante la Sala Constitucional", inscrito en el Título XI, denominado "Disposiciones Transitorias", las potestades cautelares generales que ostenta la Sala Constitucional con ocasión a los procesos jurisdiccionales tramitados en su seno.
En efecto, la disposición transcrita recoge la doctrina pacifica y reiterada de esta Sala (Cfr. s. S.C n.° 269 del 25.04.2000, caso: ICAP), en la que se estableció que la tutela cautelar constituye un elemento esencial del del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo; en otras palabras, un instrumento cardinal para salvaguardar la situación jurídica de los justiciables, a fin de impedir que sufran una lesión irreparable o de dificil reparación mientras se tramita la causa (ver sentencia nro.
2.370/2005, del 1 de agosto, caso: Línea Santa Teresa C.Aa; de alli su carácter instrumental, esto es, que las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran pre-ordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda del eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional.
Lo anterior permite traer a colación lo expuesto en la sentencia n° 1.025 del 26 de octubre de 2010 (caso: *Constitución del Estado Táchira"), que estableció, respecto de los proveimientos cautelares dictados con fundamento en dicho articulo que:
Significa entonces, que el citado carácter instrumental determina, idoneidad o suficiencia para salvaguardar la efectividad de la tutela judicial, pues si se conceden providencias que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la medida en que no será útil para la realización de ésta.
Resulta ast oportuno referir a Calamandrei (1984. Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires), en el sentido que como efecto del matiz servicial de las medidas cautelares, éstas deben ser homogéneas al petitorio de fondo, ya que alcanzan su mayor eficacia en cuanto más similares sean a las medidas que habrán de adoptarse para la satisfacción de la pretensión definitiva, pues se reitera, constituyen la garantía de la ejecución del fallo definitivo.
Entonces, el fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual, deben ponderarse las circunstancias concomitantes del caso asi como los intereses públicos en conflicto, ello en virtud de la presunción de legitimidad de los actos del Poder Público".
En atención a ello, se observa que las potestades cautelares de esta Sala no se encuentran sujetas al principio dispositivo y, por tanto, operan
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incluso de oficio. Además, responden a circunstancias de necesidad y urgencia, con lo cual se encuentran excluidas del principio de tempestividad de los actos procesales y, ello, determina que son procedentes en cualquier estado y grado de la causa, siempre que se requieran para la salvaguarda de la situación controvertida.
Al respecto, es importante acotar que las medidas cautelares se caracterizan, en primer lugar, por su instrumentalidad, esto es, que no constituyen un fin por si mismas, sino que están preordenadas a la emanación de una ulterior decisión definitiva. En segundo lugar, son provisionales y, en consecuencia, fenecen cuando se produce la sentencia que pone fin al proceso principal, sin menoscabo de la posibilidad que tiene el juez de modificar las o revocar las por razones sobrevenidas, aun cuando no haya finalizado el proceso principal. En tercer lugar, se encuentra la idoneidad según la cual, deben servir para salvaguardar la efectividad de la tutela judicial invocada, pues si se conceden providencias que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la medida en que no será idónea para la realización de ésta.
De este modo, el proveimiento cautelar, si bien representa una aproximación al thema decidendum del juicio principal, resulta esencialmente distinto en cuanto a la declaración de certeza de la decisión de fondo.
Como puede observarse, se trata de un análisis probable y no de una declaración de certeza y, por tanto, no implica un pronunciamiento anticipado sobre el mérito de la controversia, sino un análisis de verosimilitud, que podrá o no ser confirmado en la sentencia definitiva, cuando se reconozca con fuerza de cosa juzgada y sobre la base de todos los elementos de convicción. En otras palabras, se trata de una apreciación anticipada, pero somera del derecho controvertido, basada en la impresión prima facie de la pretensión.
Conforme a los rasgos enunciados y a la naturaleza garantista de las funciones de este Máximo Tribunal, uno de los caracteres más novedosos y progresistas de estas medidas, a saber, su carácter innominado, el cual consiste, en que el poder de resguardo que tienen los jueces y, concretamente esta Sala, sobre las situaciones llevadas a juicio se extiende a cualquier medida positiva o negativa que sea necesaria para la protección efectiva de los justiciables.
De este modo, este Alto Tribunal y en general, los tribunales, pueden adoptar cualquiera de las medidas cautelares expresamente recogidas en el ordenamiento juridico, como ocurre con la suspensión de efectos, la prohibición de enajenar y gravar, etc., o dictar alguna providencia que sin estar expresamente mencionada en la ley, permita la protección de los intereses y derechos ventilados en juicio.
Ahora bien, del análisis previo que realiza esta Sala sobre lo alegado por la parte recurrente, aunado a que por notoriedad comunicacional se observó que en fecha 10 y 31 de mayo del presente año, la Asamblea Nacional aprobó y publicó 2 acuerdos con el contenido siguiente:
2016 fecha 10 de de Acuerdo de mayo (http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_4a82 38c36cbfecbadcff3b7c3c435c192459d5f3.pdf):
VENEzUELA Como Vocera del Pueblo Soberano SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PARA LA PRESERVACIÓN DE LA PAZ Y ANTE EL CAMBIO DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA CONSIDERANDO Que la democracia exige ética y responsabilidad en el ejercicio del Poder Público; que la separación de poderes constituye un principio fundamental de funcionamiento del Estado y que las reglas del buen gobierno democrático Jueves 16 de junio de 2016 imponen al Poder Ejecutivo y a los demás Poderes Públicos la obligación de respetar las decisiones que la Asamblea Nacional adopte en el ámbito de sus competencias;
CONSIDERANDO Que el desconocimiento por el Ejecutivo Nacional y por el Tribunal Supremo de Justicia, de la autoridad de la Asamblea Nacional, cuerpo representativo del pueblo venezolano, cuya legitimidad deriva de la expresión mayoritaria del electorado y de la soberania popular, promueve un ambiente de conflictividad política que atenta contra la estabilidad institucional y contra las posibilidades de paz del pueblo venezolano;
CONSIDERANDO Que actualmente Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia republicana, debido a la grave situación de carencia de alimentos y medicamentos, los altos indices de violencia e inseguridad; y que ante esa grave crisis social y de pobreza el Poder Ejecutivo Nacional no da muestras de buena voluntad para población;
CONSIDERANDO Que ante las graves condiciones sociales, el Ejecutivo Nacional mantiene un discurso de conflictividad institucional, promueve y desarrolla acciones de 2 persecución política contra los diputados a la Asamblea Nacional y dirigentes de la oposición, amenazando con acciones judiciales al calificar de traición a la patria la legitima denuncia ante la comunidad internacional de las violaciones a los principios fundamentales del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país;
CONSIDERANDO Que el Presidente de la República ha incurrido en una grave violación del orden constitucional y democrático al dictar el Decreto N° 2.309, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.225 de fecha 2 de mayo de 2016, mediante el cual, infringiendo los articulos 246 y 339, último aparte, de la Constitución, pretende diferir los efectos de la moción de censura aprobada por esta Asamblea Nacional a un ministro, hasta tanto cesen los efectos de un Decreto de Emergencia Económica que no está vigente, por no haber aprobado esta Asamblea Nacional su prórroga, como lo dispone el último aparte del articulo 338 de la Constitución; además de estar dicha medida completamente al margen de las facultades que tendrá el Presidente de la República durante válidamente;
CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo de Justicia ha abandonado la función primordial que le asigna la Constitución de ser el último garante de la supremacia y efectividad de las normas y principios constitucionales, y actúa sistemáticamente como una instancia partidista e ideologizada, lo cual representa un grave riesgo para la estabilidad institucional, porque al realizar interpretaciones de normas constitucionales desvirtuando su verdadero contenido, y al adoptar decisiones acomodaticias que sirven a un objetivo partidista, incumple los artículos 7 y 335 del Texto Fundamental y compromete la vigencia del Estado de Derecho, la democracia y la paz social;
CONSIDERANDO Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha suspendido ilícitamente los efectos de la proclamación de diputados electos, impidiendo su incorporación a la Asamblea Nacional, como ocurrió con los diputados electos por el Estado Amazonas y la Región Indigena Sur. Que otros diputados electos y proclamados por el Poder Electoral se mantienen privados de libertad, cercenando su inmunidad. Que se ha autorizado inconstitucionalmente al Presidente de la República para gobernar bajo un pretendido estado de 3 emergencia económica, en contravención a disposición constitucional expresa que consagra como una atribución privativa y exclusiva de la Asamblea Nacional la aprobación de los Estado de Excepción y de su prórroga, que debe Constitución. Que se le ha impedido a la Asamblea Nacional ejercer la atribución conferida en el artículo 187, numeral 5, de la Constitución de potestad de la Asamblea Nacional de sancionar leyes, declarando las sancionadas como inconstitucionales u obstaculizando inconstitucionalmente su promulgación;
CONSIDERANDO Que la inmunidad parlamentaria es una garantía fundamental para la preservación de la autonomia de la Asamblea Nacional y el cumplimiento de las funciones de sus integrantes;
CONSIDERANDO Que todos los Poderes Públicos, en particular el Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional Electoral, están en la obligación constitucional de garantizar, en su ámbito de actuación, los derechos fundamentales de todos los venezolanos, siendo responsables de generar las condiciones más favorables para el ejercicio de la participación política, conforme lo dispone el artículo 62 de la Constitución;
CONSIDERANDO Que el referendo revocatorio promovido por algunas agrupaciones polticas es Constitución, y es manifestación de un derecho fundamental, por lo que no puede ser calificado, como lo ha hecho el discurso oficialista, de golpe de Estado o de subversión del orden institucional;
CONSIDERANDO Que el Consejo Nacional Electoral está en el deber constitucional de garantizar la participación ciudadana y la eficiencia de los procesos electorales y referendarios, conforme lo dispone el aparte único del artículo 293 de la Constitución;
CONSIDERANDO Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, reconocen el derecho a votar en elecciones auténticas y en procesos refrendarios que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores; teniendo en cuenta que la consolidación y la defensa de la democracia trasciende los intereses nacionales, como lo evidencia la adopción de la Carta Democrática
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Interamericana por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, cuyo artículo 4 enumera entre los componentes fundamentales del fundamentales y la subordinación constitucional a la autoridad civil de todas las instituciones del Estado;
CONSIDERANDO Que la Carta Democrática Interamericana, como guía de buen comportamiento de las autoridades del Poder Público de cada Nación, declara en su articulo 23 que los Estados son responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar Venezuela exige de todas las instituciones públicas el respeto de los mecanismos democráticos e impone al Consejo Nacional Electoral objetividad e imparcialidad;
CONSIDERANDO Que la falta de respuesta adecuada del Consejo Nacional Electoral, así como la exigencia de condiciones y formalidades no previstas en la Constitución, vuineran el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos a que se organice el referendo y comprometen la responsabilidad personal de los rectores del Consejo Nacional Electoral, por no ajustar su actuación al mandato constitucional de despartidización, imparcialidad y promoción de la participación ciudadana con transparencia y celeridad; CONSIDERANDO Que el Consejo Nacional Electoral, al no generar las condiciones favorables para la realización del referendo revocatorio solicitado por la Mesa de la Unidad Democrática, pone en riesgo la estabilidad política de Venezuela, atenta contra la paz de un pueblo que busca soluciones a la crisis de gobernabilidad y 5 acentúa el enfrentamiento institucional fomentando desde el Poder Ejecutivo Nacional.
ACUERDA Primero: Denunciar la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, materializado en la violación a las disposiciones constitucionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.
Segundo: Instar al Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, a remover los obstáculos que impiden el dialogo y pretenden reducirlo a una herramienta propagandistica, asumiendo una actitud irresponsable de querer permanecer en el poder a costa de la paz del pais.
Tercero: Exigir al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que dé muestras claras de su responsabilidad en la conducción del gobierno y asegure la paz en el país, y en consecuencia: (i) derogue el Decreto N° 2.309, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.225 de fecha 2 de mayo de 2016 (i) active los mecanismos de liberación de los presos políticos, (üi) acepte la ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicamentos, (iv) abandone el discurso de la ofensa y de odio, (v) construya una agenda común con todos los sectores del pais para la producción nacional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la reivindicación de los derechos humanos. De manera especial, exigidos a Nicolás Maduro Moros que respete irrestrictamente el mandato de cambio democrático y constitucional que expresó el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre de 2015 y, por lo tanto, que no utilice a los demás Poderes Públicos para impedir u obstaculizar las acciones que adelante constitucionalmente esta Asamblea Nacional para resolver la crisis económica Cuarto: Rechazar el activismo político partidista de los magistrados de ia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quienes con el pretexto de la sancionadas por la Asamblea Nacional han pretendido desconocer la autoridad del Poder Legislativo, limitar y condicionar el ejercicio de las funciones de control e investigación que le confiere expresamente la Constitución, ast como someter a requisitos no previstos en la Carta Magna el legislativa en materia de organización y procedimientos judiciales, en abierta contradicción a lo dispuesto en los articulo 187, numeral 1, y artículo 204 de la Constitución.
Quinto: Exigir a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que sean intérpretes estrictos del texto constitucional; que no incurran en abusos en el ejercicio de la función jurisdiccional y a que hagan valer la independencia del Poder Judicial frente a los intereses de Nicolás Maduro Moros y del partido de Gobierno.
Sexto: Rechazar públicamente las amenazas de acciones penales ante el Tribunal Supremo de Justicia contra los diputados de esta Asamblea Nacional, quienes responsablemente han asumido su compromiso con la democracia venezolana, acudiendo ante las organizaciones internacionales a denunciar las violaciones al estado de derecho en nuestro país.
Séptimo: Exigir al Consejo Nacional Electoral, en particular a su Presidenta, Tibisay Lucena, que asuma responsablemente su obligación constitucional de generar condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la constitucionales del referendo, consulta popular y revocatoria de mandato, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62, 70 y 293, último aparte, de la Constitución. En este sentido, se conmina al Poder Electoral para e e n n e e e n e dentro del año 2016, el pueblo de Venezuela pueda expresar libremente su voluntad de cambio democrático a través de un referéndum revocatorio al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Octavo: Instar a la Defensoría del Pueblo para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 281, numerales 1 y 4, de la Constitución, vele por el efectivo respeto y garantía de los derechos políticos reconocidos en los artículos 62, 70 y 72 de la Constitución, 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollticos y 3 al 6 de la Carta Democrática Interamericana, e intente las acciones y recursos que correspondan contra la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, responsable de la actual violación y menoscabo de los mencionados derechos políticos.
Noveno: Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización 428.479 de Estados Americanos (OEA), asf como a los órganos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para que en ejercicio de sus competencias emitan pronunciamiento y adopten las medidas que corresponda, tendientes a exigir a los Poderes Públicos garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en Venezuela, con particular vigilancia sobre la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que esta garantice el ejercicio y goce efectivo de los derechos políticos de los venezolanos, entre ellos el derecho al referêndum revocatorio.
Décimo: Instar al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento del Mercosur para que en ejercicio de sus atribuciones se pronuncien y adopten las medidas conducentes al ejercicio de la democracia representativa en Venezuela y a coadyuvar con la Asamblea Nacional en los esfuerzos para garantizar que se respeten los derechos políticos de los venezolanos.
Undécimo: Notificar del contenido del presente acuerdo a cada uno de los representantes de los Poderes Públicos Nacionales, a la Fuerza Armada Nacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento del Mercosur, al la Unión Interparlamentaria Mundial, al Nuncio Apostólico de su Santidad el Papa Francisco, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a los representantes de los embajadores pertenecientes al cuerpo diplomático debidamente acreditados en el pals, a las academias nacionales, a los rectores de las universidades, a los gobernadores y alcaldes, a las organizaciones sindicales, a la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela.
Duodécimo: Exhortar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a dejar sin efecto las medidas cautelares que impiden la incorporación de los diputados del estado Amazonas, y el diputado indigena del circuito Sur;
respetando la decisión soberana del Pueblo amazonense y los pueblos indigenas del estado Amazonas y Apure.
Décimo Tercero. Duodécimo (SIC): Dar publicidad al presente Acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los diez días del mes de mayo de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
HENRY RAMOS ALLUP Presidente de la Asamblea Nacional ENRIQUE MÁRQUEZ Primer Vicepresidente PÉREZ JOSÉ SIMÓN CALZADILLA Segundo Vicepresidente Secretario JOSÉ LUIS CARTAYA Subsecretario"
de Acuerdo 2016 de fecha 31 de mayo (http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ce299435 2ec045270e59b3859af4d375966a767b.pdf):
VENEZUELA ACUERDO QUE RESPALDA EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ACERCA DE G-7, OEA, UNASUR, MERCOSUR Y VATICÁNO EN LA CRISIS VENEZOLANA La Asamblea Nacional de Venezuela, en uso de sus facultades constitucionales como poder autónomo y electo por la mayoría del pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre de 2015 CONSIDERANDO Que en la pasada Cumbre del Grupo de los 7 (G7), realizada entre el 26 y 27 de Mayo en Japón, hace un llamado al gobierno de Venezuela a respetar los derechos fundamentales, los procesos democráticos, las libertades y las reglas del derecho para mejorar los accesos a los justicia y debidos procesos y al establecimiento de condiciones que permitirán el dialogo entre el gobierno y los ciudadanos con la finalidad de resolver de manera pacífica los crecientes problemas económicos y políticos en Venezuela.
CONSIDERANDO Que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el pasado 19 de mayo recibió un informe sobre la situación política, económica y social de Venezuela, para presentarlo ante el Consejo Permanente y activar la aplicación de la Carta Democrática CONSIDERANDO e a a e una reunión de cancilleres de MERCOSUR para estudiar la situación que está atravesando la República Bolivariana de Venezuela en el marco del Protocolo de Ushuaia Que UNASUR, por medio de los ex presidentes Leonel Fernández, Martin Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero inició un proceso de acercamiento para un posible diálogo entre la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno venezolano para conseguir soluciones a la profunda crisis que vive nuestro pais.
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CONSIDERANDO Que las canciller las de Chile, Uruguay y Argentina, por medio de una declaración conjunta el pasado 20 de mayo, hicieron un llamado urgente a un efectivo dialogo político en Venezuela y que además expresaron su fraternal disposición acompañar mediante un grupo de amigos dicha imperiosa tarea CONSIDERANDO Que la cancillería de Francia, mediante un comunicado emitido el 20 de mayo, en donde insta al Gobierno y al Parlamento a encontrar juntos una salida a la crisis que afecta a la población venezolana, dentro del respeto de sus respectivas prerrogativas constitucionales.
CONSIDERANDO Que la Santa Sede y el papa Francisco han manifestado por diversas vias su preocupación sobre la crisis en Venezuela, siendo la última, la expresada en la Comisión Episcopal Latinoamérica el pasado 19 de mayo CONSIDERANDO Que distintos parlamentos de Latinoamérica como el de Brasil, Chile, Costa Rica, México, Colombia y Uruguay han manifestado su solidaridad con el parlamento venezolano ante las constantes amenazas fisicas a sus integrantes y el desconocimiento de los actos y leyes emanados por este Poder autónomo por parte del gobierno nacional CONSIDERANDO Que el gobierno y el parlamento de España y distintos partidos políticos como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP) y el partido Ciudadanos se han pronunciado a favor de establecer un dialogo que permita solucionar los problemas de los venezolanos por medio de las prerrogativas constitucionales.
CONSIDERANDO
Que la Cancillería colombiana expreso el pasado 20 de mayo, estar de acuerdo con que en Venezuela haya un dialogo respetuoso de las instituciones, de la separación de poderes y de la voluntad expresada en las urnas.
RESUELVE
PRIMERO: Que es deber de la comunidad internacional dar cumplimiento a los tratados y acuerdos internacionales, sobre todo los que establecen el marco juridico internacional para el respeto de los derechos humanos y garantizan el mantenimiento de la democracia en la región
SEGUNDO: Respaldar la decisión del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de solicitar una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para examinar la situación y evitar que se grave la crisis humanitaria ast como el Asi mismo reiteramos la disposición para que Henry Ramos Allup presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela intervenga en dicha reunión de acuerdo al criterio del Secretario General expresado en el informe OSG/243-16 del 30 de mayo de 2016
TERCERO: Respaldar el llamado del Canciller de Paraguay a la reunión de Cancilleres de MERCoSUR con la finalidad de estudiar en el marco del Protocolo de Ushuaia la actual situación que vive nuestro pais
CUARTO: Respaldar los llamados de la Santa Sede sobre la gravisima situación política, social y económica que estamos padeciendo los venezolanos e ee e e e d n humanitaria
QUINTO: Agradecer y hacer un llamado a los parlamentos de Brasil, Chile, Costa Rica, México, Colombia y Uruguay a que mantengan su atención sobre la Asamblea Nacional de Venezuela puesto que cada dia aumentan las amenazas fisicas a los diputados electos y el desconocimiento de sus actos por parte del Ejecutivo Nacional SEXTO: Respalda plenamente el trabajo realizado por la UNASUR y los ex presidentes Rodriguez Zapatero, Fernández, Torrijos en el proceso de acercamiento entre las partes en Venezuela para enriquecer el debate y permitir un diálogo genuino SÉPTiMO: Hacer llegar este acuerdo a todas las Embajadas en Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, a la Unión de Naciones Sudamericanas y a a bien informar.
OCTAVO: Dar publicidad al presente Acuerdo a través de los medios de difusión y publicación de la Asamblea Nacional.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 31 días del mes de Mayo de 2016. Año 206° de la Independencia y 156° de la Federación.
HENRY RAMOS ALLUP Presidente de la Asamblea Nacional ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ Primer Vicepresidente JOSÉ SIMÓN CALZADILLA Segundo Vicepresidente ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS Secretario JOSÉ LUIS CARTAYA Subsecretario"
Ahora bien, sin pretender adelantar opinión sobre la decisión definitiva en el presente recurso de controversia constitucional, observa la Sala que en los actos parlamentarios expuestos en los acuerdos precedentes, a simple vista se denota una acción desde la Asamblea Nacional, dirigida a actuar ante instancias internacionales en ejercicio de atribuciones que no le serían propias en el marco del orden constitucional vigente; ejemplo de ello se puede apreciar particularmente en el acuerdo de fecha 10 de mayo de 2016, en donde se señala en los puntos Noveno y Décimo.
"Noveno: Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ast como a los órganos del Mercado Común del Jueves 16 de junio de 2016 Sur (MERCOSUR) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para que en ejercicio de sus competencias emitan pronunciamiento y adopten las la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en Venezuela, con particular vigilancia sobre la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, para venezolanos, entre ellos el derecho al referéndum revocatorio.
Décimo: Instar al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento del Mercosur para que en ejercicio de sus atribuciones se pronuncien y adopten las medidas conducentes al ejercicio de la democracia representativa en Venezuela y a coadyuvar con la Asamblea Nacional en los esfuerzos para garantizar que se respeten los derechos políticos de los venezolanos".
De igual forma en el Acuerdo de fecha 31 de mayo de 2016, en el punto Segundo, se señala:
"SEGUNDO: Respaldar la decisión del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de solicitar una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para examinar la situación y evitar que se grave la crisis humanitaria asl como el aumento exponencial de la violencia y la conflictividad que vive nuestro país. Así mismo reiteramos la disposición para que Henry Ramos Allup presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela intervenga en dicha reunión de acuerdo al criterio del Secretario General expresado en el informe OSG/243-16 del 30 de mayo de 2016".
Igualmente, debe destacarse que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional dirigió comunicación de fecha 16 de mayo de 2016 al Secretario General de la OEA, en la cual sostiene la pretendida "vulneración a la democracia y al Estado de Derecho en Venezuela (...) [alegando] un deterioro progresivo de la institucionalidad..." y que "la alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático conducir seguramente a un desmantelamiento de la institucionalidad democrática", por lo que, según su criterio, urge la actuación del Secretario General de la OEA "de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática interamericana".
Vale destacar que en el contenido de los citados acuerdos parlamentarios, se denotan actuaciones de la Asamblea Nacional tendientes a solicitar la intervención de organismos e instancias internacionales en asuntos internos de la República, actuaciones éstas que pudieran estar regidas con la norma prevista en el artículo 236.4 Constitucional, referida a la atribución que corresponde al Presidente o Presidenta de la República, de dirigir las relaciones exteriores y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales:
Articulo 236.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:
(...) 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales.
Tal norma se relaciona de manera directa con la prevista en el articulo 226 Constitucional, según el cual:
Articulo 226. El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno.
Al respecto, en sentencia n.° 967 del 4 de julio de 2012, esta Sala señaló lo siguiente:
Bajo esa perspectiva, la política exterior debe ser entendida como una "política pública" de especiales caracteristicas (Cfr. PERE VILANOVA. El Estado _y el Sistema Internacional, en MIQUEL CAMINAL BADIA. Manual de Ciencia Poltica. Tecnos, 1999, Madrid, p. 561), que constituye un instrumento para el logro de los fines esenciales del Estado recogidos en el Texto Fundamental (articulo 3), en los precisos términos del artículo 152 eiusdem, el cual establece que:
"Articulo 152. Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por
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su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones intemacionales".
Por ello, sería contrario al ordenamiento constitucional subyugar los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, a un sistema normativo que desconozca los fines del Estado y, particularmente, el ejercicio de la soberanía o contraríe los intereses del pueblo. Asi, el contenido del artículo parcialmente transcrito, enmarcado en la "Sección Quinta: De las Relaciones Internacionales", del CapítuloI "De las Disposiciones Fundamentales", del Titulo IV "Del Poder Público", establece un parámetro interpretativo sustantivo, que regula el ejercicio de las competencias atribuidas a los distintos órganos del Poder Público que ejercen competencias vinculadas con-las relaciones del Estado en el sistema internacional.
En ese sentido, desde una perspectiva histórico política, la Constitución se vincula igualmente con el principio de soberanía, entendida ésta a partir de una visión de los Estados nacionales; en primer lugar desde el punto de vista externo, respecto a su independencia, integridad territorial y la autodeterminación nacional en relación con otros estados, entes -vgr. Corporaciones trasnacionales-, instituciones -vgr. Órganos judiciales internacionales- (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 23/03,1.942/03, 1.541/08, n segundo término, partiendo de su aspecto interno, materializado en la unidad del pueblo, integridad de su territorio y la autodeterminación nacional -Cfr. Articulos 1, 4, 5 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-.
De ello resulta pues, que cualquier interpretación que conlleve a afirmar una concepción de comunidad internacional o de cualquier grado de integración, que negase o anule en su totalidad la soberanía, autonomía o integridad de la República o se constituya en un elemento que niegue los fines contenidos en el articulo 152 de la Constitución, debe descartarse, por cuanto las relaciones internacionales de la República deben responder a los fines del Estado contenidos en el Texto Fundamental, en función a consolidar del ejercicio de la soberania interna y externa en los términos antes expuestos y de los intereses del pueblo.
(..) No es posible afirmar entonces, que se pueda atribuir de forma exclusivas y excluyentes de ejercicio de las competencias que tienen los órganos que ejercen el Poder Público en los términos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que en tales supuestos simplemente no existiria Estado o Constitución.
(...) Ahora bien, un enfoque literal y sistemático del ordenamiento constitucional en la materia, como el expuesto supra, es consolidado por una perspectiva interpretativa de naturaleza pragmática y teleológica, vinculada a la naturaleza de las relaciones internacionales, conforme al cual, las mismas si bien deben responder a los elementos sustantivos antes señalados y al cumplimiento de las formalidades correspondientes (vgr. Articulo 187.18 de la Constitución), no pueden limitarse de forma tal que nieguen -o vacíen de contenido- el carácter particularmente discrecional que le atribuye el propio Texto Fundamental, a la atribución del Presidente de la República para dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, en los precisos términos del articulo 236.4 eiusdem.
...
Por ello, en su labor jurisdiccional la Sala, no puede asumir una interpretación que comporte un desconocimiento de las consecuencias de adoptar un criterio restrictivo de las instituciones constitucionales, que limiten injustificadamente el desarrollo normativo y la actividad que se produce en ejecución de aquélla, especialmente en materia de relaciones internacionales, en la cual la realidad que se pretende regular es esencialmente de naturaleza mutable, lo que en consecuencia exige una mayor amplitud en la concepción de los principios que ordenan el ordenamiento juridico...
En atención a ello, se advierte que el Presidente de la República asume en esta materia, asuntos de particular trascendencia politica, vale decir la decisión estatal que comporta una determinación general o manifestación directa o indirecta de la soberania del Estado en relación a otros Estados u organismos internacionales. La discrecionalidad propia de las competencias que asume, se enmarcan en lo que la doctrina ha denominado funciones como de Jefe de Estado, y esa caracteristica es una manifestación necesaria de la naturaleza eminentemente política de su función, que implica un acto de soberanía frente a los demás Estados y organismos internacionales con los cuales la República Bolivariana de Venezuela mantiene relaciones -Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 1.815/2004, 1.117/2006 y 1.115/10; MARIENHOFF M. Tratado de derecho Administrativo. 1965.
Editorial Abeledo Perrot. Tomo II. p. 685-754-.
No es posible asumir entonces, una interpretación que pretenda regular -y anular- una función eminentemente politica, signada por circunstancias de oportunidad y conveniencia, en orden a garantizar el contenido de los artículos 3 y 152 eiusdem, que termine 428.481 por afirmar por ejemplo, la derogatoria del ordenamiento juridico supuesto la incidencia de la denuncia de un tratado internacional, no se concretaría en el ordenamiento juridico interno o al menos sería ineficaz, lo que podría generar o perpetuar el perjuicio que de forma soberana se pretende evitar al terminar con un tratado o convenio internacional.
De igual forma, es notoriamente comunicacional que en la misma página web de la Asamblea Nacional (www.asambleanacional.gob.ve), fueron publicadas las siguientes notas de prensa:
R O COMUNIDAD INTERNACIONAL HACIA VENEZUELA 31-05-2016 20:17:15 Periodista: César Aponte.
"Este martes los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron, con los votos salvados de los integrantes del Bloque del Gran Polo Patriótico, el Acuerdo que respaida el Interés de la Comunidad Internacional hacia Venezuela, es decir, un Acuerdo que refleja el interés que han manifestado, dada la grave crisis política, social y económica, entre otros el G-7, OEA, UNASUR, MERCOSUR y Vaticano.
Los legisladores debatieron sobre la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela y las opiniones que se han generado en el mundo producto de la "crisis humanitarias que atenta contra el desarrollo del pueblo venezolano".
El diputado Luis Florido (Unidad-Lara), en su condición de presidente de la Comisión Permanente de Polltica Exterior, presentó el punto ante la Plenaria y explicó que el Acuerdo busca garantizar una salida democrática ante la postura del Gobierno nacional de negarse a "realizar el referéndum revocatorio como salida a la profunda crisis que vive el pais".
Florido indicó que el pueblo venezolano no ha encontrado soluciones al desarrollo de la población. Consideró que el pueblo está pasando necesidades, mientras que una oligarquía roja vive como reyes.
"Tienen cuentas en distintos bancos del mundo y el pueblo no tiene nada que comer, el que vive en un barrio no le alcanza el dinero, ve con mucha preocupación cómo se burlaron de él", agregó el legislador.
Florido manifestó su apoyo al Secretario General de la OEA, Luis Almagro y lo exhortó a activar el articulo 20 de la Carta Democrática para Venezuela.
"Agradecemos el apoyo de todos los países de Suramérica quienes se han manifestado a favor de una salida democrática, a una salida consultiva como el referéndum revocatorio, sin duda desde la Comisión de Política Exterior hemos logrado que el mundo tuviera una visión distinta del pals y supiera lo tres veces al día", añadió.
Consideró que la oposición sigue interesada en el diálogo con sus actores contrarios y ratificó que se han producido unos primeros encuentros, "para un diálogo genuino y no un diálogo de foto ni de show mediático (...) con puntos decisiones de la AN", acotó.
señalamientos del diputado Florido. Denunció que detrás de esta jurada internacional se encuentra el gobierno de Estados Unidos presionando a algunos gobiernos para que se convoque la Carta Democrática en contra de "Almagro no tiene las competencias suficientes para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela porque aquí no se ha alterado el orden democrático", explicó el legislador.
Ortega expuso que la actuación, del Secretario General de la OEA, está fuera de su competencia, se ha extralimitado en sus funciones es un abuso una afrenta sus declaraciones pero mayor verguenza es que se hagan con el concierto y apoyo de unos diputados que dicen ser venezolanos", acotó.
El diputado explicó que la OEA, con las declaraciones de su secretario, impide el buen funcionamiento de la democracia en Venezuela conforme al articulo 116, contraria a los principios y propósitos establecidos en la Carta de esta Organización.
Explicó que la Bancada de la Unidad ha hecho un lobby internacional pidiendo la intervención internacional pals por su incapacidad de convocar y organizar el referéndum.
(...) ya vamos a cumplir 6 meses y no han podido por la vla democrática sacar al presidente (Nicolás) Maduro lo que se convierte para ustedes en un peligro con su propio electores", dijo.
Por su parte el diputado Ángel Medina (Unidad-Anzoátegui) negó que detrás de la solicitud de la oposición exista alguna intención injerencista o militarista para que otro pals u organismo internacional ingrese en el país.
"Se ha solicitado el apoyo para salir de la crisis de una manera política nuestra propuesta se fundamenta en consultar al pueblo con el referéndum revocatorio y salir de esta crisis por la vía democrática", apuntó.
Consideró que los argumentos de la Bancada de la Patria buscan desvirtuar el apoyo internacional recibido para el pals y el bienestar del pueblo. "Estamos en una crisis dificil en la que no tenemos medicamentos, no tenemos comida y el pueblo muere de hambre", demarcó el diputado.
"No promovemos la intervención internacional pero si promovemos que el mundo conozca cómo estamos viviendo y en qué condiciones todos los venezolanos", agregó.
Reiteró que la situación en Venezuela es delicada. "Hay atención internacional sobre el conflicto en Venezuela, y por esta razón los organismo internacionales están haciendo todas las gestiones favorables para que nuestro pueblo se pueda entender", agregó el legislador.
Por su parte, el diputado Earle Herrera (GPP/Anzoategui) consideró que el debate de este martes se consagrada como el día "más triste y oscuro" en la
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venezolana ha aprobado un acuerdo para liquidar a Venezuela", lamentó el también profesor universitario.
El diputado socialista expuso que en el Acuerdo leido en el debate la oposición invoca al G7, grupo responsable de las guerras e invasión no menos de 50 países en el siglo XX y 7 en lo que va de siglo XXI, tratando además de confundir al G7 y OEA con el vaticano y la UNASUR", sostuvo.
Sostuvo que Luis Almagro se ha parcializado, sin escrúpulo alguno, ni ética, con los sectores golpistas, violentos y antidemocráticos que, con apoyo de factores injerencistas internacionales, promueven el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros.
"El secretario solo puede actuar cuando un gobierno soberano se lo solicite.
Hoy no ha sido activada la Carta Democrática, hoy simplemente el secretario general, violando las leyes internacionales y la constitución de la republica, ha convocado a un consejo permanente para discutir la activación de la carta democrática contra un país soberano donde hay un orden constitucional", añadió.
Finalmente el documento, el cual será enviado a todas las Embajadas acreditadas en el país, a la Fuerza Armada Nacional, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, a la Unión de Naciones Suramericanas y a todos los demás organismos que el Parlamento considere necesario, fue aprobado solo con los votos de los diputados de la http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15374 LAS SANCIONES DE LA OEA SON DE CARÁCTER DIPLOMÁTICO 01-06-2016 14:51:21 Perlodista: Morella Mata "La Carta Democrática Interamericana, convertida en noticia en los últimos días por su invocación contra Venezuela por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no contempla en su articulado intervenciones armadas contra ningún Estado miembro de la Organización sino que hace hincapié en los buenos oficios regionales, en la promoción y consolidación de la democracia en las Américas.
Las gestiones de la OEA son de carácter diplomático, de acuerdo con esta carta, que en su artículo 20 establece; En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una conveniente.
La Carta Democrática Interamericana citada por Almagro no ha hecho más que poner el dedo en la plaga, dentro de la grave crisis que vive nuestro país.
Requerirá más que el agrio debate político y los buenos deseos de las naciones del continente, concretar los mecanismos para lograr una salida a la actual situación.
Para concretar esos mecanismos, el Consejo Permanente, según la carta de la OEA aprobada en septiembre de 2001, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones all incluidas.
Las sanciones contempladas en el documento, descritas en el artículo 21, señala que cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA, tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros.
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.
El articulo 22 señala que: Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.
El accionar de Almagro Es el articulo 20 que ha permitido el accionar de Almagro en el caso Venezuela, en virtud del cual convocó al Consejo Permanente de los Estados miembros páginas.
El Secretario General de la OEA alega que se debe, "atender a la alteración del orden constitucional en Venezuela y cómo la misma afecta gravemente el orden Asamblea Nacional.
De concretarse la reunión y aceptarse el derecho de palabra solicitada por el Presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Allup, quien ha insistido en señalar que expresará sus opiniones en el foro internacional sobre la situación del pais a pesar de las amenazas del Presidente de la República, Nicolás Maduro de presentar una demanda en su contra, no sería un proceso inédito porque ya se aplicó la Carta Democrática Interamericana en 2002.
Ese año, la Asamblea General de la OEA publicó una resolución que condenaba la salida del poder del fallecido presidente Hugo Chávez y pedia una solución democrática del conflicto.
El documento también ha sido invocado en otros países, incluyendo a Honduras, cuando se utilizó para condenar la salida del poder de Manuel Zelaya.
Lo cierto es que la Carta Democrática de la OEA es un texto que enfatiza la defensa del sistema democrático y su objetivo lo recuerda expresamente al señalar que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Jueves 16 de junio de 2016 Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece, que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas.
La Carta Democrática Interamericana también reafirma la promoción y protección de los derechos humanos como condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia.
El respaldo de la Asamblea Nacional El pasado martes, 31 de mayo, la plenaria de la Asamblea Nacional acordó respaldar la decisión del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de solicitar una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para examinar la situación y evitar que se grave la crisis humanitaria asi como el aumento exponencial de la violencia y la conflictividad que vive nuestro pais.
Asi mismo reiteró la disposición para que Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento intervenga en dicha reunión de acuerdo al criterio del Secretario General expresado en el informe del 30 de mayo de 2016.
comunidad intemacional dar cumplimiento a los tratados y acuerdos internacionales, sobre todo los que establecen el marco jurídico internacional para el respeto de los derechos humanos y garantizan el mantenimiento de la democracia en la región".
El documento aprobado por la plenaria también señala el respaldo al llamado del Canciller de Paraguay a la reunión de Cancilleres de MERCOSUR con la finalidad de estudiar en el marco del Protocolo de Ushuaia la actual situación que vive nuestro pais.
La AN respalda igualmente los llamados de la Santa Sede sobre la gravísima situación política, social y económica que estamos padeciendo los venezolanos e e n e humanitaria.
También la plenaria agradece y hace un llamado a los parlamentarios de Brasil, Chile, Costa Rica, México, Colombia y Uruguay a que mantengan su atención sobre la Asamblea Nacional de Venezuela puesto que cada día aumentan las amenazas fisicas a los diputados electos y el desconocimiento de sus actos por parte del Ejecutivo Nacional.
Finalmente respalda plenamente el trabajo realizado por la UNASUR y los ex presidentes Rodriguez Zapatero, Fernández, Torrijos en el proceso de acercamiento entre las partes en Venezuela para enriquecer el debate y permitir un diálogo genuino".
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15379 FLORIDO: PRESIDENTE MADURO AÚN NO HA TRIUNFADO EN LA OEA 02-06-2016 08:26:16 Periodista: Rayma Rondón "A juicio del presidente de la Comisión Permanente de Poltica Exterior, Soberania e Integración, diputado Luis Florido (Unidad/Lara) el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, no puede hablar aún de haber triunfado en la Organización de Estados Americanos (OEA) contra la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Durante la entrevista que ofreció este jueves en Globovisión, el parlamentario resaltó que después de una sesión de 10 horas del Consejo permanente del organismo multilateral, Maduro no debe sentirse vencedor porque la resolución aprobada refleja un lenguaje muy diplomático de la crisis venezolana. "La resolución reconoce que hay una crisis en Venezuela".
En su opinión, el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, firmó una declaración con la que no estaba de acuerdo el Gobierno Nacional.
Recalcó que la sesión del Consejo Permanente de este miércoles arrojó apenas una primera resolución, "..porque todavía no se ha considerado la solicitud del secretario general Luis Almagro".
Para el parlamentario es decepcionante la posición que fijó Argentina durante la reunión. "Esto puede ser producto de la búsqueda de votos que hace esa nación para ocupar la Secretaria General en la ONU. Por ello terminaron dejando solo a nuestro pals"-subrayó Florido.
No descarta la posibilidad del diálogo que recomendó la OEA. "Estamos dispuestos a dialogar con los ex presidentes José Luis Rodriguez Zapatero (España), Martin Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), pero tienen que aceptarse las condiciones sobre la aplicación del referendo revocatorio, la liberación de los presos políticos, la entrega de medicinas y el respeto a la Constitución Nacional"-indicó".
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15393 FLORIDO: VENEZUELA ESTÁ SIENDO TRATADA INTERNACIONALMENTE COMO UN PAÍS EN CRISIS 02-06-2016 12:52:22 Periodista: Rayma Rondón "Para el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberania e Integración, diputado Luis Florido (Unidad/Lara), en la sesión de este miércoles del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, sufrió una derrota contundente.
El parlamentario, durante la rueda de prensa que ofreció este jueves en el Palacio Federal Legislativo, dijo que entre las conclusiones del Consejo Permanente destaca también el hecho de que el pueblo venezolano siempre estuvo presente en los países miembros.
"Hay una nueva mayoría en la OEA integrada por 25 países que impulsaron la resolución. Y no cabe la menor duda de que Venezuela está siendo tratada como un pals en crisis".
Explicó detalladamente que en esta sesión del Consejo Permanente se celebró a pedido del gobierno argentino, a objeto de debatir sobre la crisis venezolana.
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA "Argentina presentó una resolución sobre un llamado al diálogo y Venezuela presentó otra para pedir apoyo al gobierno de Maduro. Seguido, un grupo de 25 paises, encabezado por México, propuso una resolución que contemplaba distintos temas. Esa resolución se debatió durante 10 horas, lo que demuestra que en Venezuela hay una crisis profunda, donde los estados americanos se han dado cuenta de que tienen que actuar".
Agregó que Venezuela no tuvo más remedio que aprobar tal resolución para desviar el debate y decir que fue un gran éxito de Venezuela, "cuando fue en realidad un rotundo fracaso del gobierno"-puntualizó Florido.
Precisó que la OEA decidió promover y respaldar la democracia representativa;
la búsqueda de soluciones, el diálogo efectivo, abierto e incluyente; el llamado a preservar la paz y la seguridad en Venezuela; encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, desarrollo social y recuperación económica;
apoyo a la Constitución y respeto a los derechos humanos; procedimientos constitucionales en la búsqueda de la solución de diferencias. "Es un lenguaje diplomático y ast los países hablan".
Aseguró que la decisión de ayer no tiene que ver con la citación que hace el secretario de la OEA, Luis Almagro. El informe debe ser traducido al francés, al inglés y al portugués para votarlo en el próximo consejo permanente que se convocará para debatir sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana".
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15397 De las notas de prensa recabadas desde la página web de la Asamblea Nacional, se puede observar cómo los diferentes voceros del Poder Legislativo Nacional afirman acciones realizadas desde su propio seno relacionadas con los puntos de los Acuerdos parlamentarios del 10 y del 31 de mayo de 2016, solicitando la intervención extranjera en los asuntos internos de la República, lo cual pudiera tener múltiples implicaciones jurídicas, nacionales e internacionales, de diversa naturaleza.
Ahora bien, visto que en la presente acción de controversia constitucional, luego de la ponderación preliminar de las denuncias formuladas en el mismo, asi como de la revisión de los referidos actos emanados del parlamento, se observan indicios de los cuales pudiera desprenderse que el órgano legislativo ha asumido atribuciones que constitucionalmente son propias del Poder Ejecutivo, por lo que esta Sala, en ejercicio pleno de sus amplios poderes cautelares, y con el propósito de asegurar que los actos que hasta ahora han sido emanados desde la Asamblea Nacional y sus actos futuros no impliquen probables usurpaciones de funciones atribuidas al Ejecutivo Nacional, dicta medida cautelar, en ejercicio de su prudente arbitrio, razón por la que se suspenden los efectos de los actos parlamentarios de fechas 10 y 31 de mayo de 2016, respectivamente, en los que se establecieron los siguientes acuerdos:
"ACUERDO EXHORTANDO AL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN, Y SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO NACIONAL DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA".
"ACUERDO QUE RESPALDA EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ACERCA DE G-7, OEA, UNASUR, MERCOSUR Y VATICANO EN LA CRISIS VENEZOLANA".
De igual forma, se ordena a la Asamblea Nacional, a su Presidente, a su Junta Directiva y a sus miembros en general, abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la República y, en general, desplegar actuaciones que no estén abarcadas por las competencias que les corresponden conforme al ordenamiento juridico vigente, y que, por el contrario, constituyen competencias exclusivas y excluyentes de otras ramas 428.483 del Poder Público; so pena de incurrir en las responsabilidades constitucionales a que haya lugar, todo ello con especial sujeción a las disposiciones previstas en los articulos 137 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según los cuales "La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen", y "Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos". Asi se decide.
V DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- Qué es CoMPETENTE para conocer la presente acción ejercida por los Abogados REINALDO ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA, LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO y RAMONA DEL CARMEN CHACÓN ARIAS, ya identificados, actuando con el carácter de Procurador General de la República (E), el primero, Gerente General de Litigio de la Procuraduria General de la República el segundo y representante de la Procuraduría General de la República la tercera, en contra de las presuntas actuaciones, vias de hecho y amenazas de daño Inminente, presuntamente emanadas del Presidente, de la Junta Directiva y de la Mayoria de diputados que conforman la Asamblea Nacional.
2.- Se REcoNDuCE la presente acción a una demanda de controversia constitucional.
3.- Se ADMiTE la referida acción y, en consecuencia, se ordena su sustanciación conforme a lo previsto en el articulo 128 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
4.-.- ACUERDA medida cautelar innominada consistente en:
4.1.- La suspensión de los efectos juridicos, hasta tanto se dicte sentencia de mérito que resuelva la presente controversia constitucional, de los actos parlamentarios de fechas 10 y 31 de mayo de 2016, respectivamente, en los que se establecieron los siguientes acuerdos:
*ACUERDO EXHORTANDO AL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN, Y SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PARA LA PRESERVACIÓN DE LA PAZ Y ANTE EL CAMBIO DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA" "ACUERDO QUE RESPALDA EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ACERCA DE G-7, OEA, UNASUR, MERCOSUR Y VATICANO EN LA CRISIS VENEZOLANA".
4.2.- Ordenar a la Asamblea Nacional, a su Presidente, a su Junta Directiva y a sus miembros en general, abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la República y, en general, desplegar actuaciones que no estén abarcadas por las competencias que les corresponden conforme al ordenamiento juridico vigente y que, por el contrario, constituyen
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA competencias exclusivas y excluyentes de otras ramas del Poder Público; so pena de incurrir en las responsabilidades constitucionales a que haya lugar, todo ello con especial sujeción a las disposiciones previstas en los articulos 137 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según los cuales "La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”, y “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos".
5.- ORDENA que se cite a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
6.- ORDENA notificar a la Fiscal General de la República.
7.- ORDENA notificar al Defensor del Pueblo.
8.- ORDENA notificar al Procurador General de la República.
9.- ORDENA notificar a los interesados mediante cartel.
10.- ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de continuar con la tramitación del recurso.
Publiquese, registrese y notifiquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los (14)días del mes de -Yucio-de dos mil dieciséis (2016). Años: 2O6° de la Independencia y /57.° de la Federación.
La Presidenta
GLADYS MARIA GUTIERREZ ALVARADO
El Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
JUAN JOSE MENDOZA JOVER Cdulel CALIXTO ARARGA RIOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES ENICIA SUAREZ ANDERSON
El Secretario,
JOSE LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. 16-0524
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MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 07 de junio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 835 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
CONSIDERANDO:
Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se deben evaluar las competencias de cada una de las Dependencias, reflejadas en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario conformar un equipo de mensajeros u operadores moto vehículo que, bajo la supervisión directa de un jefe de Unidad, tendrán a su cargo la distribución inmediata de las comunicaciones emanadas de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas en el estado Miranda.
RESUELVE:
PRIMERO: Crear la “Unidad de Mensajería”, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. Dicha Unidad tendrá como objetivo primordial gestionar de manera centralizada y normalizada, el servicio de recepción y distribución de la correspondencia procedente de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas en el estado Miranda, garantizando la seguridad y protección de la misma a través de su registro y archivo sistemático. SEGunDO: La “Unidad de Mensajería”, tendrá las siguientes funciones:
1.- Recibir, registrar y distribuirla correspondencia generada por las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas en el estado Miranda.
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2. Entregar la correspondencia a sus destinatarios dentro de la debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.
3.- Llevar el registro y control de la correspondencia que sea distribuidapor la Unidad, mediante su sistema informático.
4.- Las demás que le atribuya el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda,las leyes, resoluciones.
reglamentos y
TERCERO:La“Unidad de Mensajería”, estará a cargo de un Jefe o Jefa de Unidad, quien prestará servicio a tiempo completo y, será de libre nombramiento y remoción de la Fiscal General de la República. CuARTO: La “Unidad de Mensajería”, contará con el personal profesional y administrativo que se requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.
QuInto: La presente Resolución, será parte integrante del “Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias que conforman el Despacho del Fiscal General de la República”, dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000. SEXTO: Se ordena la inclusión de la “Unidad de Mensajería”, en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.
sÉPTiMo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
INARIAN Comynuiquese y Publíquese.
3 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
206º, 157° y 170 Caracas, 09 de mayo de 2016.
RESOLUCIÓN
Nro. 01-00-000239
MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República En éjercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 289 numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 14 numeral 10 y artículo 26 parágrafo único, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistéma Nacional de Control Fiscal, así como el artículo 48 del Reglamento de la mencionada Ley, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Ía Administración Pública.
CONSIDERANDO Que conforme a lo previsto en el artículo 290 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
CONSIDERANDO
Que, de acuerdo a las _Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desárrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.118 Extraordinario, de fecha04 de diciembre de 2013, en su Objetivo General 2.4.1.2 señala que es fundamental desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción, fortaleciendo las instituciones del Estado, fomentando la participación protagónica del Poder Popular, promoviendo la transparencia y la automatización de la gestión
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pública, así como los mecanismos legales de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria contra las lesiones o el manejo inadecuado de los fondos públicos.
CONSIDERANDO Que el artículo 48 del Reglamento de la Ley Orgánica de la| Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece que en caso de órganos o entidades de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, cuya estructura, número, tipo de operaciones o monto de los recursos administrados, no justifique el funcionamiento de una unidad de auditoría interna propia, las máximas autoridades jerárquicas de los órganos de adscripción conjuntamente con las máximas autoridades jerárquicas del órgano o entidad adscrita, solicitarán a la Contraloría General de la República autorización para que las funciones de control fiscal en dicho órgano o entidad sean ejercidas por la unidad de auditoría interna del órgano de adscripción.
CONSIDERANDO Que mediante oficios Nros. DG-00423-2016 de fecha 07 abril de 2016 y FP-2072/2014 de 10 de octubre de 2014, suscritos por la Gobernadora del estado Falcón y la Máxima Autoridad de la "Fundación para la Promoción de la Península de Paraguaná (PROPARAGUANÁ)", respectivamente, solicitaron autorización para que las funciones de control fiscal interno de la referida Fundación, sean ejercidas por la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Falcón, por ser esta su órgano de adscripción.
CONSIDERANDO Que de la revisión de los aspectos vinculados con la estructura, número, tipo de operaciones, monto de los recursos asignados, marco legal, plan de organización y procesos medulares de la "Fundación para la Promoción de la Península de Paraguaná (PROPARAGUANÁ)”, la Dirección de Control de Estados, adscrita a la Dirección General de Control de Estados y Municipios de éste Máximo Órgano Contralor, mediante la verificación de los documentos probatorios que acompañaron los referidos oficios, constató que no se justifica el funcionamiento de una Unidad de Auditoría_Interna propia en la referida Fundación; asimismo, se determinó la capacidad de la Unidad de Auditoría Interna de la
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Gobernación del estado Falcón para asumir las funciones de control de la precitada Fundación.
RESUELVE:
PRIMEro: Autorizar a la Junta Directiva de la Fundación para la Promoción de la Península de Paraguaná (PROPARAGUANÁ), la no, creación de la Unidad de Auditoría Interna propia, y que las( funciones de control fiscal interno de dicha Fundación sean ejercidas por la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Falcón.
sEGunDo: Autorizar a la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Falcón, para ejercer en la Fundación para la Promoción de la Península de Paraguaná (PROPARAGUANÁ), las funciones de control fiscal interno legalmente atribuidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada en Caracas, a los nueve (9) días del mes de mayo de 2016. Año 206° de la Independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese, notifíquese y publíquese,
MANUEL E. GALINDO B.
pntralor General de la República
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RESOLUCIÓN No. 160516-0063 Caracas, 16 de mayo de 2016 206º y 1570 La ciudadanaTIBISAY LUCENA RAMÍREZ, titular de la Cédula de Identidad No. 5.224.732,Presidenta del ConsejoNacionalElectoral, en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 38 numerales 7 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el artículo 5 del Estatuto de Personal, en siguiente:
CONSIDERANDO
Que de conformidad con la Constitución dela República Bolivariana de Venezuela y con la Ley Orgánica de Registro Civil, el Registro Civil es un entre otros principios, el de simplicidad, celeridad y eficiencia.
CONSIDERANDO Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Registro Civil establece que el Consejo NacionalElectoral dispondrá de una Oficina de Registro Civil Municipal, así como Unidades de Registro Civil en parroquias, cementerios y establecimientos de salud públicos o privados.
CONSIDERANDO
Que según Punto de Cuenta Nº 001, de fecha 16/03/2016, emanada de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, se aprobó la designación del ciudadano Darío Alejandro Lujano Hernández, titular de la cédula de
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identidad Nº 19.693.870, para ocupar el cargo de Registrador Civil de la Parroquia Coche del referido Municipio, con vigencia desde el 16 de mayo de 2016.
RESUELVE:
Único: Designar para ocupar el cargo de Registrador Civil de la Parroquia Coche de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, al ciudadano que se especifica a continuación, quedando de la siguiente manera:
N° Punto Cargo de Cuenta Registrador Civil de la ParroquiaCoche dela 001 Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador
C.I.
Responsable
Darío Alejandro Lujano
19.693.870 Hernández
Resolución dictada a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2016. Comuníquese y publíquese.
TIBISAY LUCENA RAMÍREZ PRESIDÉNTA
XAVIER ANTONIO MORENO REYES SECRETARIO GENERAL
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RESOLUCIÓN No. 160507-0064 Caracas, 07 de mayo de 2016 206º y 1570 La ciudadana TIBISAY LUCENA RAMÍREZ, titular de la Cédula de Identidad No. 5.224.732, Presidenta del ConsejoNacional_Electoral, en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 38 numerales 7 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el artículo 5 del Estatuto de Personal, en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Registro Civil, dicta la siguiente:
CONSIDERANDO Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la Ley Orgánica de Registro Civil, el Registro Civil es un servicio público esencial cuyos procedimientos y trámites deben guardar, entre otros principios, el de simplicidad, celeridad y eficiencia.
CONSIDERANDO Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Registro Civil establece que el Consejo Nacional Electoral dispondrá de una Oficina de Registro Civil Municipal, así como Unidades de Registro Civil en parroquias, cementerios y establecimientos de salud públicos o privados.
CONSIDERANDO Que según Resolución Nº 008/04/2016, de fecha 15/04/2016, emanada de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Eulalia Buroz, se aprobó la designación de la ciudadana Crisálida Josefina Jiménez Rivas, titular de la cédula de
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identidad Nº 6.336.770, para ocupar el cargo de Registradora Civil de la Oficina Municipal de Registro Civil del referido Municipio, con vigencia desde el 07 de mayo de 2016.
RESUELVE:
Único: Designar para ocupar el cargo de Registradora Civil de la Oficina Municipal de Registro Civil del Municipio Bolivariano Eulalia Buroz, a la ciudadana que se especifica a continuación, quedando dela siguiente manera:
oN Cargo Resolución Registradora Civil de la Oficina Municipal de Registro Civil del 008/04/2016 MunicipioBolivariano Eulalia Buroz
C.I.
Responsable
Crisálida Josefina Jiménez
6.336.770 Rivas
Resolución dictada a los siete (07) días del mes de mayo de 2016.
Comuníquese y publíquese.
huceeeudrfog
plaga Xauba Mrou TIBISAY LUCENA RAMÍREZ PRESIDENTA
XAVIER ANTONIO MORENO REYES SECRETARIO GENERAL
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RESOLUCIÓN No.160411-0065 Caracas, 11 de abril de 2016 205º y 157º La ciudadanaTIBISAYLUCENA RAMÍREZ,titular de la Cédula de Identidad No. 5.224.732, Presidenta del ConsejoNacional_ Electoral,en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 38 numerales 7 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el artículo 5 del Estatuto de Personal, en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Registro Civil, dicta la siguiente:
CONSIDERANDO
Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la Ley Orgánica de Registro Civil, el Registro Civil es un servicio público esencial cuyos procedimientos y trámites deben guardar, entre otros principios, el de simplicidad, celeridad y eficiencia.
CONSIDERANDO Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de RegistroCivil establece que el Consejo Nacional Electoral dispondrá de una Oficina de Registro Civil Municipal, así como Unidades de Registro Civil en parroquias, cementerios y establecimientos de salud públicos o privados.
CONSIDERANDO
Que según Resolución Nº 028/2016, de fecha 11/04/2016, emanada de la Alcaldía del Municipio Zamora del estado Bolivariano de Miranda, se aprobó la designación de la ciudadana Úrsula Maleska Lianza Salazar, titular de la
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cédula de identidad Nº 11.034.195, para ocupar el cargo de Registradora Civil de la Unidad de Registro Civil ubicada en el Establecimiento de Salud Hospital Eugenio P. D. Bellard, con vigencia desde el 11 de abril de 2016.
RESUELVE:
Único: Designar para ocupar el cargo de Registradora Civil de la Unidad de Registro Civil ubicada en el Establecimiento de Salud Hospital Eugenio P. D. Bellard, a la ciudadana que se especifica a continuación, quedando de la siguiente manera:
oN Cargo Resolución Registradora Civil de la UnidaddeRegistro Civil ubicada en el 028/2016 Establecimiento Salud Hospital Eugenio P. D. Bellard
C.I.
Responsable
Úrsula Maleska Lianza
11.034.195 Salazar
Resolución dictada a los once (11) días del mes de abril de 2016. Comuníquese y publíquese.
TIBISAY LUCENA RAMÍREZ PRESIDENTA XAVIER ANTONIO MORENO REYES SECRETARIO GENERAL
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RESOLUCIÓN No. 160503-0066 Caracas, 03 de mayo de 2016 206º y 1570 La ciudadana TIBISAY LUCENA RAMÍREZ, titular de la Cédula de Identidad No. 5.224.732, Presidenta del ConsejoNacional Electoral, en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 38 numerales 7 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el artículo 5 del Estatuto de Personal, en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Registro Civil, dicta la siguiente:
CONSIDERANDO Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la Ley Orgánica de Registro Civil, el Registro Civil es un servicio público esencial cuyos procedimientos y trámites deben guardar, entre otros principios, el de simplicidad, celeridad y eficiencia.
CONSIDERANDO Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Registro Civil establece que el Consejo Nacional Electoral dispondrá de una Oficina de Registro Civil Municipal, así como Unidades de Registro Civil en parroquias, cementerios y establecimientos de salud públicos o privados.
CONSIDERANDO Que según Resolución NºHM-184/2016, emanada de la Alcaldía del Municipio Cristóbal Rojas del estado Bolivariano de Miranda, se aprobó la designación de la ciudadana Grace Saraith Paredes Cisneros, titular de la
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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cédula de identidad Nº 15.099.709, para ocupar el cargo de Directora de Registro Civil del Municipio Cristóbal Rojas del estado Bolivariano de Miranda, con vigencia desde el 03 de mayo de 2016.
RESUELVE:
Único: Designar para ocupar el cargo de Registradora Civil del Municipio Cristóbal Rojas del estado Bolivariano de Miranda, a la ciudadana que se especifica a continuación, quedando de la siguiente manera:
oN Cargo Resolución Registradora Civil del HM- Municipio Cristóbal Rojasdelestado 184/2016 Bolivariano de Miranda
C.I.
Responsable
Grace Saraith Paredes
15.099.709 Cisneros
Resolución dictada a los tres (03) días del mes de mayo de 2016. Comuníquese y publíquese.
TIBISAY LUCENA RAMÍREZ PRÉSIDENTA
Xaub 1. Mreu XAVIER ANTONIO MORENO REYES SECRETARIO GENERAL
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLIII - MES IX Número 40.927 Caracas, jueves 16 de junio de 2016 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial Nº 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 48 Págs. costo equivalente a 19,65 % valor Unidad Tributaria
LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (22 DE JULIO DE 1941) Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIALDE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
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