Gaceta Oficial N° 40.846
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SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL Acuerdo con motivo de la Conmemoración del Ducentésimo Vigésimo Primer Aniversario del Natalicio del Prócer Independentista General en Jefe Antonio José de Sucre «Gran Mariscal de Ayacucho».
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto Nº 2.232, mediante el cual se establece una alícuota del cero por ciento (0%) del impuesto a las grandes transacciones financieras, que se generen por los efectos que en él se especifican, en los términos que en él se indican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA BANCA Y FINANZAS Resolución mediante la cual se establece que la Oficina Nacional de Presupuesto se abstendrá de tramitar Traspasos de Créditos Presupuestarios que afecten a las genéricas y específicas de la Partida de Gastos de Personal (4.01), de cualquiera de sus categorías Presupuestarias de los órganos de la República.
SUDEBAN Resolución mediante la cual se acuerda la disolución anticipada del Banco Industrial de Venezuela, C.A. y el cese de las operaciones y actividades de intermediación financiera y, en consecuencia, se inicie el proceso de liquidación administrativa.
SENIAT Providencia mediante la cual se establece la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios correspondiente al mes de noviembre de 2015.
Providencia mediante la cual se corrige por error material la Providencia Administrativa SNAT/2016/001, de fecha 06 de enero de 2016, donde se prorroga la entrada en vigencia de la Providencia que en ella se menciona, en la que establecen las formalidades para el marcaje de Precios de Venta al Público en las etiquetas o impresiones de los envases.
Providencia mediante la cual se reajusta la Unidad
Tributaria de ciento cincuenta bolívares (Bs. 150) a ciento setenta y siete bolívares (Bs. 177).
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la Relación de Trabajo, para operaciones con Tarjetas de Créditos y Operaciones Crediticias destinadas al sector turismo.
Aviso Oficial mediante la cual se procede a la publicación del Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, Diciembre2015.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se señalan, como Responsables del Manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a las Unidades Administradoras Desconcentradas, sin delegación de firmas, que en ellas se indican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Grima Gallardo, como Presidente, (E), de la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía «Francisco J. Duarte» (CIDA), ente adscrito a este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de este Ministerio, integrada como Miembros Principales y Suplentes por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se especifican.
Resolución mediante la cual se modifica la Resolución
DM/Nº 0109, de fecha 17 de diciembre de 2015, donde se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, para el año 2016.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO Resolución mediante la cual se aprueba la Homologación y Ajuste por concepto de Pensión por Jubilación de la ciudadana María Isabel Paredes Garate.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana
Zurisaday Cordero González, como Directora General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, en calidad de Encargada, de este Ministerio.
Resoluciones mediante las cuales se designa a
las ciudadanas que en ellas se mencionan, como Directoras Estadales, de este Ministerio.
DEFENSA PÚBLICA Resoluciones mediante las cuales se dejan sin efecto las Resoluciones que en ellas se señalan, de las fechas que en ellas se indican, donde se designa a las ciudadanas que en ellas se especifican, para ocupar los cargos que en ellas se establecen.
Resoluciones mediante las cuales se designa a las
ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se señalan, de este Organismo.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional «Sentencia que interpreta los Artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los Artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.261, del 15 de agosto de 2001) y declara que el Decreto Nº 2.184, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.214 Extraordinario, del 14 de enero de 2016 que declaró el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su Legitimidad, Validés, Vigencia y Eficacia Jurídica-Constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el texto fundamental».
@MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io
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426.344
ASAMBLEA NACIONAL República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Caracas - Venezuela LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ACUERDO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DUCENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMER ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL PRÓCER INDEPENDENTISTA GENERAL EN JEFE ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, "GRAN MARISCAL DE AYACUCHO' CONSIDERANDO Que el día 3 de febrero del año 2016, se conmemora el Ducentésimo Vigésimo Primer Aniversario del natalicio de prócer independentista General en Jefe Antonio José de Sucre, "Gran Mariscal de Ayacucho";
CONSIDERANDO Que la vida, acción y obra imperecedera del Libertador del Continente nuestroamericano en Ayacucho, Antonio José de Sucre, significa y horira al pueblo que le vio nacer;
CONSIDERANDO Que el "Gran Mariscal de Ayacucho", Antonio José de Sucre, es una excelsa figura de la humanidad, cuya huella indeleble ha quedado como una impronta para la posteridad, por su patriotismo, magnanimidad, lealtad incondicional para con el Libertador Simón Bolívar, humildad y extraordinaria disciplina, valentía y capacidad militar;
CONSIDERANDO Que una vez más, hombres y mujeres nacidos en la República Bolivariana de Venezuela, como Antonio José de Sucre, son un modelo de valor, de abnegación, de patriotismo, espíritu diligente, audaz, sereno, inteligencia organizador a que removida los obstáculos para llegar al logro de esas glorias y victorias;
CONSIDERANDO Que ese hombre de pueblo, con voluntad de acero, el cumanés, adorador de la libertad, con una inteligencia creadora para lo militar, para lo diplomático, para lo político, para lo grande, entró a servir en el ejército republicano, activamente en la revolución, conservando la fama de valeroso hasta el último día de su vida; alma llena de benignidad y clemencia, que logró la Cumbre de la Gloria Americana, que hoy a nuestros días es talante para el porvenir de la Patria Bolivariana;
CONSIDERANDO Que ese visionario demócrata recibió, la muerte de los malhechores el 4" de junio de 1830, siendo muerto de una manera traidora, cobarde, en la montaña de Berruecos, vía al Ecuador donde recibirá la presidencia.
Signando la figura del vencedor de Ayacucho, donde aparece de colosales proporciones, como el más brioso e insigne campeón del derecho humano;
CONSIDERANDO
Que es deber de los entes gubernamentales y del pueblo rendir homenaje a quien representa un vivo ejemplo para esta y las futuras generaciones, de entrega plena a la construcción de una Patria Libre y Soberana;
CONSIDERANDO Que la Asamblea Nacional, vocera del Poder Popular, honrando el legado histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar, con fervor y júbilo celebra tan importante fecha, al conmemorarse Doscientos Veintiún años del natalicio del "Gran Mariscal de Ayacucho", Antonio José de Sucre.
ACUERDA Primero. Unirse al Júbilo que embarga al pueblo venezolano por el Ducentésimo Vigésimo Primer Aniversario del natalicio de prócer independentista General en Jefe, Antonio José de Sucre, "Gran Mariscal de Ayacucho".
Segundo. Reiterar el compromiso de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de rescatar nuestro acervo histórico y promover el sentido patriótico de las luchas que protagonizaron nuestros Libertadores durante la gesta independentista.
Jueves 11 de febrero de 2016 Tercero. Enaltecer la obra y hazaña del General en Jefe Antonio José de Sucre, "Gran Mariscal de Ayacuchd", en todos los centros de enseñanza de la educación básica, media, diversificada y universitaria a nivel nacional.
Cuarto. Acompañar a la celebración del Ducentésimo Vigésimo Primer Aniversario del natalicio de prócer independentista General en Jefe Antonio José de Sucre, "Gran Mariscal de Ayacucho", en toda la jurisdicción del estado Sucre, con actos que enaltezcan la vida y obra del Gran Mariscal de Ayacucho, mediante programa conjunto elaborado por el Ejecutivo Regional, el Consejo Legislativo del estado Sucre, las Alcaldías y Concejos municipales, el Poder Popular, la Zona Operativa de Defensa Integral Sucre, la Dirección de Educación y Zona Educativa del estado Sucre.
Quinto. Declarar el día miércoles 3 de febrero de 2016, como el más significativo homenaje al Gran Mariscal de Ayacucho, fecha de celebración popular, patriótica, bolivariana y de júbilo no laborable en todo el territorio del estado Sucre, con el objeto de permitir la asistencia a los actos conmemorativos al Pueblo sucrense, servidores públicos, trabajadores de la empresa privada y estudiantes en general.
Sexto. Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los dos días del mes de febrero de dos mil dieciséis. Año 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
HENRY RAMOSALEUE Presidente de la Asa
ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ Primer Vicepresidente Segundoicepresidente JOSÉ LUIS CARTAYA ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS Secretario Subsecretario PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 2.232 11 de febrero de 2016 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO
Que es deber del Estado desarrollar el poderío económico de la Nación en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo bolivariano y aunado a los objetivos dispuestos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013- 2019,
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Jueves 11 de febrero de 2016 CONSIDERANDO
Que es política del Estado propiciar condiciones económicas favorables para la vida de los ciudadanos, fortaleciendo el bienestar social a través del otorgamiento de beneficios socioeconómicos,
DECRETO
Artículo 1°. Se establece una alícuota del cero por ciento (0%) del impuesto a las grandes transacciones financieras, que se generen por:
Débitos en las cuentas únicas de instituciones bancarias y a.
demás entidades financieras mantenidas en el Banco Central de Venezuela, con ocasión de la aplicación de medidas de ejecución de políticas dictadas por el Instituto Emisor, o derivadas de la ejecución de operaciones con éste.
Débitos que generen la compra, venta y transferencia de b.
la custodia de títulos valores emitidos por entes descentralizados de la República, así como la liquidación del capital o intereses de los mismos.
Débitos que se generen por la liquidación de operaciones c.
propias de la ejecución de la política cambiaria.
Artículo 2°. El Ministro del Poder Popular con competencia en materia de Banca y Finanzas, queda encargado de la ejecución de este Decreto.
Artículo 3°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los once días del mes de febrero de dos mil dieciséis. Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República y Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros (L.S.) ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) JESUS RAFAEL SALAZAR VELASQUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Vicepresidenta Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ 426.345 Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas (L.S.) RODOLFO MEDINA DEL RÍO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) VLADIMIR PADRINO LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio (L.S.) MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ABAD Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.) MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (L.S.) WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.) ÁNGEL ALFONZO BELISARIO MARTINEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.) LORENA FREITEZ MENDOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) RODULFO HUMBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) LUISANA MELO SOLÓRZANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (L.S.) OSWALDO EMILIO VERA ROJAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.) MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas (L.S.) ERNESTO JOSÉ PAIVA SALAS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) EULOGIO ANTONIO DEL PINO DIAZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
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Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información (L.S.) LUIS JOSÉ MARCANO SALAZAR Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales y Vicepresidenta Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.) MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) CLARA JOSEFINA VIDAL VENTRESCA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) GLADYS DEL VALLE REQUENA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas (L.S.) LUIS ALFREDO SAUCE NAVARRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (L.S.) LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (L.S.) JESÚS GERMÁN FARÍA TORTOSA Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.) GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Economía Productiva y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.) LUIS ALBERTO SALAS RODRÍGUEZ Jueves 11 de febrero de 2016
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO N°0.23 Caracas,1FEB2015 205°, 156º y 17
RESOLUCIÓN
En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, en concordancia con el articulo 10 ejusdem,
CONSIDERANDO Que corresponde al Ministerio con competencia en materia de Finanzas, establecer regulaciones que garanticen la adecuada ejecución presupuestaria, así como el flujo de recursos del Tesoro Nacional que permita satisfacer las necesidades financieras del Sector Publico,
CONSIDERANDO Que determinadas modificaciones presupuestarias que afecten el ejercicio económico financiero, deben ser coordinadas por el Ministerio del Poder Popular para Banca y Finanzas a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, en aras de velar por la eficiente ejecución financiera del presupuesto de los órganos de la Republica y sus entes adscritos,
RESUELVE
Artículo 1. A partir de la fecha de publicación de la presente resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la Oficina Nacional de Presupuesto se abstendrá de tramitar traspasos de créditos Gastos de Personal (4.01), de cualquiera de sus categorias presupuestarias, de los órganos de la República.
Sin perjuicio de la limitación referida a la partida Gastos de Personal (4.01), señalada en este articulo, la Oficina Nacional de Presupuesto se abstendrá de tramitar traspasos de créditos presupuestarios cuando los cedentes sean las genéricas y especificas siguientes: 4.01.04.08.00 "Bono compensatorio de alimentación a empleados", 4.01.04.18.00 "Bono compensatorio de alimentación a obreros", 4.01.04.26.00 "Bono compensatorio de alimentación a personal contratado", 4.01.04.35.00 "Bono compensatorio de alimentación a personal militar", 4.01.04.46.00 "Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular", 4.01.04.51.00 "Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección".
Artículo 2. Se exceptúan de la aplicación de esta Resolución, los traspasos cuyas receptoras sean las genéricas y especificas de la partida de Gastos de Personal, las relacionadas con el pago de Pensiones, Jubilaciones y beneficios asociados; así como 4.03.18.01.00 "Impuesto al valor agregado", 4.03.19.01.00 "Comisiones por servicio para cumplir con los beneficios sociales". 4.03.08.02.00 "Comisiones y gastos bancarios" y 4.03.08.03.00 "Comisiones y gastos de adquisición de seguros", siempre y cuando estas últimas subpartidas estén asociadas a los conceptos de gastos antes señalados.
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Jueves 11 de febrero de 2016
GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA La Oficina Nacional de Presupuesto se abstendrá de tramitar traspasos de créditos presupuestarios, cuando las receptoras de la partida Gastos de Personal (4.01) sean las genéricas y especificas señaladas en el primer aparte del artículo anterior.
Artículo 3. La Oficina Nacional de Presupuesto y las máximas autoridades de los entes descentralizados funcionalmente y de sus órganos de adscripción, se abstendrán de tramitar traspasos de créditos presupuestarios, que modifiquen las partidas genéricas y especificas señaladas en los artículos 1 y 2 de ésta Resolución, en los presupuestos de los entes.
funcionalmente deberán informar a la Oficina Nacional de Presupuesto, la ejecución presupuestaria de las genéricas y especificas señaladas en esta Resolución, sin perjuicio de lo establecido en los instructivos emitidos esta Oficina sobre la materia, indicando los montos de los compromisos, los presupuestaria.
Artículo 5. A las solicitudes de modificación presupuestaria para fines distintos a los señalados en esta Resolución y aquellas que se encuentren en curso, se aplicaran los trámites y procedimientos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 6. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniquese y publíquese, ROPOLFO MEDINA DEL RIO Pooglar MINISTRO DEL POPER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS Desgache de) lannre Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de 06 de enero de 2016.
Reimpreso en la G.O.R.B.V. N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016
República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
RESOLUCIÓN
FECHA: 26 de enero de 2016 NÚMERO: 026.16 204°, 156° y 16° Visto que el Banco Industrial de Venezueía C.A., es una institución bancaria bajo la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, de conformidad con lo previsto en la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en concordancia con su ley de creación, cuyo objeto principal es el financiamiento de la producción, comercialización, transporte, almacenamiento y demás operaciones propias o derivadas de actividades que se realicen en Venezuela, ya sean industriales, artesanales, turísticas, de hidrocarburos y minería, agroindustriales, y las agrícolas necesarias para la producción de materias primas, destinadas a establecimientos industriales o agroindustriales específicos.
Visto que el Banco Industrial de Venezuela, C.A., es una institución bancaria creada por Ley en el año 1937, inscrita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 15 de enero de 1938, bajo el N° 30, reformada su ley de creación mediante Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Industrial de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.396 Extraordinario, de fecha 25 de octubre de 1999, siendo la última modificación de sus Estatutos la inscrita ante el Registro Mercantil IV del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 27 de mayo de 2011, bajo el N° 3, Tomo 55-A.
Visto que en fecha 18 de marzo de 2015, el Banco Industrial de Venezuela, C.A., celebró la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la cual se trató el siguiente Punto Único: "Deliberar y resolver sobre el curso de las operaciones de la Institución y las acciones que deben seguirse por parte de su Junta Directiva, conforme a las decisiones que sean tomadas por los accionistas, en el marco de los planes diseñados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, que buscan dar una nueva estructura, composición y dimensión de la Banca Pública y conforme al proyecto de integración de esta última".
Visto que la Institución Bancaria solicitó la autorización para iniciar el proceso de disolución de la Institución para su liquidación; el consecuente cese de las operaciones y actividades de intermediación financiera del Banco, tanto en sus agencias y sucursales ubicadas en el Territorio de la República Bolivariana de 4 26.347 Venezuela, como en las Agencias ubicadas en Miami, Nueva York y Curazao; y, realizar la liquidación de la Institución Bancaria, a través de la Junta Directiva, todo ello a los fines de fortalecer, reorganizar, optimizar el funcionamiento de la Banca Pública y hacer más eficiente su actuación.
Visto que en fecha 18 de marzo de 2015, este Organismo mediante solicitó al Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN) opinión sobre la disolución anticipada del Banco Industrial de Venezuela, C.A. y en consecuencia, se inicie el proceso de liquidación administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 y el último aparte del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, reimpreso por fallas en los originales, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.557 de fecha 8 de diciembre de 2014, en concordancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
Visto que el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas notificó mediante oficio identificado F/CJ/DLF/E/2015 N° 011-A de fecha 18 de enero de 2016, que el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), mediante Punto de Información de esa misma de fecha, opinó favorablemente sobre la disolución anticipada del Banco Industrial de Venezuela, C.A. y en consecuencia, se inicie el proceso de liquidación administrativa.
Esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, en atención a los elementos de hecho y de derecho analizados, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el citado numeral 6 y último aparte del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
RESUELVE
1.- Acordar la disolución anticipada del Banco Industrial de Venezuela, C.A. y el cese de las operaciones y actividades de intermediación financiera; y, en consecuencia, se inicie el proceso de liquidación administrativa.
2.- Autorizar a que la Junta Directiva del Banco Industrial de Venezuela, C.A., se encargue de efectuar la liquidación administrativa, conforme lo previsto en el artículo 348 del Código de Comercio.
3.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Institución Bancaria, de conformidad con lo establecido en el articulo 234 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Contra la presente decisión, de conformidad con los artículos 230 y 236 ibidem, podrá ejercer el Recurso de Reconsideración, dentro de los diez (10) días hábiles bancarios, o el Recurso de Anulación ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital, dentro de los cuarenta y cinco (45) días continuos siguientes a la notificación de esta decisión, o de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideración, si éste fuera interpuesto, de acuerdo con los artículos 231 y 237 ejusdem.
Comuníquese y-Publiqugße, tese Mary Rosa ESpinoza de RoblesEGAN Superintendenta de loas Instauciones del Sestar Bancario Decreto Presidencial 772, de fecha 5 de febres 0per publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.S de Mna-12 de marzo de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA
SNAT/2015/0073
Caracas, 21 de diciembre de 2015 Años 205°, 156° y 16° El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en uso de las facultades previstas en los numerales 1 y 7 del artículo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 de fecha 08 de noviembre 2001, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.
Dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LA TASA APLICABLE PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES MORATORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 Articulo Único. La tasa de interés activa promedio ponderado de los (6) principales bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos, excluidas las carteras de intereses preferenciales, fijada por el Banco Central de Venezueia para el mes de NOVIEMBRE de 2015, es de 23,44%.
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA
426.348 En consecuencia, para el cálculo de los intereses moratorios causados durante el mes de Noviembre de 2015, se aplicará dicha tasa incrementada en uno punto dos (1.2) veces.
Comuniquese y Publiqugse.
SOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Superntendente del-Servicio Nacional Integrado de administración Aduanera y Tributaria Decreto N° 5.851 del 01-02-2008 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 del 01-02-2008
PURUICA ROLIVARIANA DE VONIZUELA
SNAT/2016/0006
Caracas, 26 de enero de 2016.
205°, 156° y 16° AVISO OFICIAL Por cuanto en la Providencia Administrativa SNAT/2016/0001 de fecha 06 ce enero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.835 de fecha 25 de enero de 2016, se incurrió en el siguiente error material:
Donde dice:
Artículo 1. Se prorroga a partir del 07 de enero de 2016 hasta el 07 de abril de 2016, la entrada en vigencia de, la Providencia Administrativa SNAT/2015/0056 de fecha 06 de agosto de 2015, publicada en Gaceta Oficial N° 40.746 de este martes 15 de septiembre de 2015, mediante la cual se prorroga el plazo establecido para el marcaje de Precios de Venta al Público en las etiquetas o impresiones de los envases de bebidas alcohólicas desde 05/08/2015 hasta 08/01/2016.
Debe decir:
Artículo 1. Se prorroga a partir del 07 de enero de 2016 hasta el 07 de abril de 2016, el plazo establecido en el artículo 10 de la Providencia Administrativa SNAT/2015/0017 de fecha 24 de febrero de 2015 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.656 de fecha 08 de mayo de 2015, mediante la cual se establecen las formalidades para el marcaje del Precio de Venta al Público en las Etiquetas o Impresiones de los Envases.
Se incorporan dos artículos y se renumera:
Artículo 2. Sin perjuicio de lo establecido en otras normas, los fabricantes, productores nacionales y artesanales e importadores de bebidas alcohólicas deben entregar las listas de precios a los expendios de bebidas alcohólicas, previa notificación a la Administración Tributaria Nacional, dentro del plazo establecido en el artículo ! de esta Providencia Administrativa.
Artículo 3. Las listas de precios de bebidas alcohólicas a la que se hace referencia en el artículo anterior, debe contener la siguiente información:
Tipo de bebida alcohólica.
2.
Precio de venta al Público (PVP) y monto de los impuestos nacionales.
3.
Precio Final de la bebida alcohólica a pagar el consumidor final.
Los expendedores de bebidas alcohólicas deben publicar, en un lugar visible del establecimiento, las listas de precios.
Se procede en consecuencia, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, subsanando el referido error y cualquier otro error de forma a que hubiera lugar; manteniendo el mismo número, fecha y de la referida Providencia Administrativa.
Comuníquese y publíquese, JOSÉ DAVID CABELLO-RONDÓN SURERINTENDENTE DEL SERVICIO-NACIONAL-INIEGRADO DE ADMINISTRACTÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA Decreto N° 5.851 del 01-02-2008 Gaceta Oficia de República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 del 01-02-2008 Jueves 11 de febrero de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) SNAT/2016/0001 Caracas, 07 de enero de 2016 Años 205°, 156° y 16° El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 1 y 8 del artículo 4 y el artículo 7, del Decreto con Rango Vaior y Fuerza de ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2015 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece la Ley de Impuesto sobre Aicchol y Especies Alcohólicas, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.151 Extraordinaria, de fecha 18 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.665 Extraordinario de fecha 05 de diciembre de 1985 y el artículo 2 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.202 Extraordinario de fecha 08 de noviembre 2015, Dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se prorroga a partir del 07 de enero de 2016 hasta el 07 de abril de 2016, el plazo establecido en el artículo 10 de la Providencia Administrativa SNAT/2015/0017 de fecha 24 de febrero de 2015 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.656 de fecha 08 de mayo de 2015, mediante la cual se establecen las formalidades para el marcaje del Precio de Venta al Público en las Etiquetas o Impresiones de los Envases.
Artículo 2. Sin perjuicio de lo establecido en otras normas, los fabricantes, productores nacionales y artesanales e importadores de bebidas alcohólicas deben entregar las listas de precios a los expendios de bebidas alcohólicas, previa notificación a la Administración Tributaria Nacional, dentro del plazo establecido en el artículo 1 de esta Providencia Administrativa.
Artículo 3. Las listas de precios de bebidas alcohólicas a la que se hace referencia en el artículo anterior, debe contener la siguiente información:
1. Tipo de bebida alcohólica.
2. Precio de venta al Público (PvP) y monto de los impuestos nacionales.
3. Precio Final de la bebida alcohólica a pagar el consumidor final.
Los expendedores de bebidas alcohólicas deben publicar, en un lugar visible del establecimiento, las listas de precios.
Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del 07 de enero de 2016.
Comuniquese y Publíquese, JOSE DAVID CABELLO RONDÓN SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE AÔMINISTRACIÓN ADUANERA Y-TRIBUTARIA Decreto N° 5.851 del 01-02-2008 Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 del 01-02-2008
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA
SNAT/2016/011 Caracas, 11 de febrero de 2016.
206º, 156° y 1.7º El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 131 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18/11/2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario de fecha 30/12/2015,
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Jueves 11 de febrero de 2016
Dicta lo siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se reajusta la Unidad Tributaria de CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 150) a CIENTO SETENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 177,00).
Artículo 2. En los casos de tributos que se liquiden por períodos anuales, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente por lo menos ciento ochenta y tres (183) días continuos del período respectivo, y para los tributos que se liquiden por períodos distintos al anual, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente para el inicio del período, todo de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Tercero del artículo 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.
Artículo 3. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
7 DOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERO Y TRIBUTARIO Decreto 5.851 del 01-02-2008 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 del 01-02-2008
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL
El Banco Central de Venezuela, informa al público en general:
1. Tasa activa estipulada durante el mes de enero de 2016 aplicable a los supuestos a que se refieren los artículos 128, 130, 142 A. TASAS DE 20,61% literal f), y 143 Cuarto Aparte, del Decreto INTERÉS con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las APLICABLES A LAS Trabajadoras.
OBLIGACIONES 2. Tasa promedio entre la activa y la pasiva DERIVADAS DE estipulada durante el mes de enero de LA RELACIÓN 2016, aplicable al supuesto a que se refiere DE TRABAJO 17,86% el Tercer Aparte del artículo 143 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica Trabajadoras.
1. Tasa de interés activa máxima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 29% de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el més de febrero de 2016.
2. Tasa de interés activa mínima anual a ser B. TASAS DE aplicada por las instituciones regidas por el INTERÉS PARA Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley OPERACIONES de Instituciones del Sector Bancario y CON TARJETAS demás leyes especiales, por las operaciones DE CRÉDITO activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de febrero de 2016; sin 17% perjuicio de las tasas de interés mínimas activas especiales dictadas por el Banco Central de Venezuela mediante Avisos Oficiales emitidos al efecto, y aquellas autorizadas por este Instituto a ser aplicadas de conformidad con lo previsto en el Segundo Aparte del artículo 96 del antedicho Decreto-Ley.
3. Tasa de interés máxima que podrán 3% anual, adicional cobrar las instituciones regidas por el a la tasa de interés Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley pactada la en de Instituciones del Sector Bancario y respectiva operación demás leyes especiales, por las obligaciones conforme a lo los morosas de sus tarjetahabientes para el previsto en mes de febrero de 2016.
numerales 1) y 2) del presente literal.
1. Tasa de interés activa máxima preferencial ser por las aplicada a instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás 10,35% leyes especiales, para las operaciones de crédito turístico conforme con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley C. TASAS DE de Inversiones Turísticas y del Crédito para INTERÉS PARA el Sector Turismo, que regirá para el mes de OPERACIONES febrero de 2016.
CREDITICIAS 2. Tasa interés activa máxima La tasa de interes de DESTINADAS preferencial a ser aplicada por activa las AL SECTOR instituciones regidas por el Decreto con preferencial prevista TURISMO Rango, Valor y Fuerza de Ley de en el numeral 1 426.349 Instituciones del Sector Bancario y demás reducida 31 en leyes especiales, a las operaciones puntos porcentuales.
crediticias destinadas al sector turismo, en los supuestos a que se refiere el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo, que regirá para el mes de febrero de 2016.
Caracas, 11 de febrero de 2016
En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial.
Comuníquese y publíquese., 19.45MA GAREKCiA José Salamat Khan Fernández Primer Vicepresidente Gerente (E)
AVISO OFICIAL El Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 numeral 26 de la Ley que lo rige, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, procede a publicar el siguiente:
."ESTUDIO COMPARATIVO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO" Diciembre 2015
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO 1.
La Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.021 de fecha 22 de septiembre de 2008, tiene por objeto garantizar el respeto y protección de los derechos de los usuarios y las usuarias de dichos instrumentos de pago, obligando al emisor de los mismos a otorgar información adecuada y no engañosa a los y las tarjetahabientes.
El presente "Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito" ha sido elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la mencionada Ley, donde se establece que el Banco Central de Venezuela debe publicar "un estudio comparativo de las tasas de financiamiento en tarjetas de crédito que incluya como mínimo lo siguiente: tasas de interés financieras, moratorias y beneficios adicionales que no impliquen costo adicional para el o la tarjetahabiente, cobertura, plazos de pago y el grado de aceptación". Para ello se ha tomado como base la información suministrada, con carácter de declaración jurada, por parte de las instituciones bancarias emisoras de tarjetas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la misma Ley.
En todo caso, el Banco Central de Venezuela reitera que se encuentra facultado para sancionar administrativamente, de cônformidad con lo previsto en el articulo 135 de la Ley que rige su funcionamiento, a aquellas instituciones que incumplan la normativa dictada por el Instituto en materia de tasas de interés financiera y moratoria que aplican a operaciones activas con tarjetas de crédito a que alude el artículo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico;
así como a aquellas instituciones que incumplan la obligación prevista en el artículo 46 de la Ley en referencia, relacionado con la obligación de suministrar, en la oportunidad y forma allí prevista, la información requerida para realizar el presente estudio comparativo.
Igualmente, se observa que el incumplimiento de la normativa emitida por el Banco Central de Venezuela en materia de comisiones, tarifas o recargos, será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela. Asimismo, el Banco Central de Venezuela cumple con advertir que el objetivo de este informe no es promover ni patrocinar en forma alguna el uso de tarjetas emitidas por las instituciones bancarias, ni de franquicias o marcas asociadas a las mismas.
En el caso de las tarjetas de crédito, el estudio comprende para cada tipo de tarjeta emitida por institución, los siguientes aspectos: tipo de tarjeta de crédito, tasa de interés de financiamiento y de mora, cobertura, plazo de pago y de financiamiento, número de puntos de venta y negocios afiliados, así como beneficios sin costo para el cliente.
Igualmente, en el caso de las tarjetas de débito, se considera: cobertura, número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos, desagregados en cajeros remotos y en agencias.
II. DEFINICIONES . Beneficios adicionales: Beneficios o servicios que brinda la franquicia (o marca) y el emisor a los tarjetahabientes sin ningún costo adicional para éstos, que han sido calificados como tales por los emisores de tarjetas, no siendo por tanto responsable el Banco Central de Venezuela de dicha calificación ni sobre su otorgamiento o no a los y las tarjetahabientes.
Cobertura: Ámbito geográfico o sector de mercado en el cual puede ser utilizada la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito.
Emisor: Empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, asi como las instituciones bancarias autorizadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que emitan u otorguen tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, internacional, o en ambas modalidades en el territorio nacional.
Franquicias: Entidades que otorgan las licencias de emisión de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American Express y Diners Club) y tarjetas de débito (Maestro y Visa).
Negocios afiliados: Número de establecimientos comerciales que reciben pagos a través de la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación.
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426.350 .Plazo de pago: Periodo que transcurre desde la fecha de corte hasta el dia máximo establecido por la institución bancaria para que el tarjetahabiente realice, al menos, el pago mínimo indicado en su estado de cuenta so pena de incurrir en mora.
Puntos de venta: Número de terminales de punto de venta que pueden procesar pagos originados por la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación.
Tarjeta de crédito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnología de identificación del o de la tarjetahabiente que acredita una relación contractual entre el emisor y el o la tarjetahabiente, en virtud del otorgamiento de un crédito a corto plazo o línea de crédito a favor del segundo, el cual podrá ser utilizado para la compra de bienes, servicios, cargos automáticos en cuenta u obtención de avance de dinero en efectivo, entre otros consumos.
Tarjeta de débito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnologia efectivo con cargo automático a los haberes de su cuenta bancaria y que es emitida previa solicitud de parte del o de la titular de la cuenta bancaria.
Tarjetahabiente: Persona natural o jurídica a la cual el Emisor, otorgue tarjetas de crédito, débito, prepagadas, y/o demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, para el uso de un crédito, línea de crédito o cargo en cuenta.
Tasa de interés de financiamiento: Tasa promedio anual que cobra la institución bancaria emisora al tarjetahabiente por concepto del crédito.
Tasa de interés de mora: Tasa promedio anual que cobra la institución bancaria emisora al tarjetahabiente por concepto de retrasos en los pagos. Tales intereses deben ser calculados sobre el saldo vencido y no sobre todo el capital originario.
III. TARJETAS DE CRÉDITO En esta sección se detallan las tasas de interés de. financiamiento y de mora que las instituciones bancarias cobran a sus clientes por el uso de las tarjetas de crédito, la cobertura, los plazos de pago y de financiamiento, el número de puntos de venta y de tarjetahabiente (Anexos Nros. 2 y 3).
Las tarjetas de crédito se encuentran clasificadas por niveles, de conformidad con Circular emitida por el Banco Central de Venezuela el 04/03/2008, la cual estabiece: Nivel 1 (clásicas y similares), Nivel 2 (doradas y similares), Nivel 3 (platinum y similares) y Nivel 4 (black y similares). Estas tarjetas operan bajo las franquicias Visa, Mastercard, American Express y Diners Club, y tienen cobertura nacional e internacional, en el caso de las tarjetas ofrecidas por la banca pública. Algunas instituciones bancarias ofrecen tarjetas privadas, las cuales son aceptadas exclusivamente en los comercios afiliados a nivel nacional.
En materia de tasas de interés, el Banco Central de Venezuela fijó las tasas de interés de financiamiento anual para las tarjetas de crédito en 17% la mínima, 29% la máxima y 3% adicional a la tasa de interés pactada por concepto de obligaciones morosas, según Aviso Oficial del 10/12/2015 (G.O. N° 40.808 del 11/12/2015); sin perjuicio de las tasas de interés mínimas activas especiales dictadas y autorizadas por este Instituto a ser aplicadas. En este sentido, la mayoría de las instituciones bancarias se ubicaron en la tasa máxima de financiamiento. Sin embargo, el Banco Nacional de Crédito, en su tarjeta privada, estableció una tasa del 26%. La tasa de mora se ubicó en 3% anual para todas las instituciones.
Por otra parte, las tarjetas de crédito denominadas "Cédula del Buen Vivir Bicentenario" unificadas en la actual "Cédula del Vivir Bien". Mediante Aviso Oficial del 19/09/2013 (G.O.
N° 40.266 del 07/10/2013), este Instituto fijó en 15% la tasa de interés activa mínima se estipuló para la tarjeta de crédito identificada "Somos", perteneciente al Banco de Venezuela, una tasa mínima de financiamiento del 14%.
Con relación al plazo de pago, el mismo oscila entre 20 y 30 dias y el de financiamiento entre 24 y 60 meses, siendo que el máximo de financiamiento lo ofrecieron la banca pública, así como el Banco Fondo Común (BFC), el Banco Occidental de Descuento (BOD) y Caroní; no obstante, la mayoría de las instituciones bancarias financian a 36 meses.
Las tarjetas de crédito son aceptadas en 424.683 puntos de venta, instalados en 347.977 negocios afiliados en el país. Es importante señalar, que existen 41.472 negocios adicionales que sólo aceptan la tarjeta American Express del BOD, (Anexos Nros. 5 y 6).
IV. TARJETAS DE DÉBITO En este apartado se presenta información sobre el número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos que aceptan tarjetas de débito emitidas por las instituciones bancarias, previo otorgamiento de licencias Maestro y Visa (Anexo N° 4).
Estas tarjetas pueden ser utilizadas sólo a nivel nacional y son recibidas en 424.566 10.429 cajeros automáticos (Anexos Nros. 5, 6 y 7).
Algunos negocios afiliados disponen de dos tipos de terminales, los que aceptan las tarjetas de crédito y débito, y aquellos que sólo admiten transacciones de débito, lo cual origina que el número de puntos de venta de las tarjetas de débito difiera respecto al de las tarjetas de crédito.
ANEXO N° 1 Información acerca de Tarjetas de Crédito Negocios Tese Papo Financiamiento Puntos de Niv Cobertura -Franquicia Banco Venta Afiliados (meses) Mora Financiera Visa 2. 3.4 3,00%4 3015 2.831 Nacional 20 38 100% GANCO 29.00% 1,2.3.4 Mastercard
1.2.3.,4 Viss
6.373
5.715 Nacional 20 36
29.00% 3,00% ACTIVO
1.2.3.4 Mastercard Nacional
1.278
1.2.3.4
29.00%
3.00% 20 36 546
AGRICOLA Mastercard Visa
1.2. 3.4 20
11.606 36 12 404
29.00% 3,00% Nacional BANCARIBE 1. 2.3. 4 Mastercard 1. 2.3. 4 Visa 1.2. 3.4 Mastercard Nacional 93.529 3.00% 25 36 106.049
29.00% BANESCO
1.2.4 Express 2 Nacionai 11) Privada 12 4 Vas
2.3.4
7.483
7.424
3.00% Nacional 20 29,00% BANPLUS 36
1.2,3.4 Mastecard 1, 2.3,4 Visa
7.584 .222
3.00% arc
29.00% Nacional 20 60 Maslercars
1.2. 3.4 Viasa
1.2. 3, 4
28.92% Nacional e 20 60
38.014
35.148
3.00% BICENTENARIO Inemacional Mostescard
15.00% on
Jueves 11 de febrero de 2016 TASA 00 Financiamiento.
Nivel Cobertura Banco Frenquicia Venta (me**s) Financlera Mora 1.2.3.4 Visa 42.724 20 1.2.3.4 Mastecari Nacional 60
46.553
3.00% 800
29.00% Anerican
41.472
1.2.14 21 sarch3 20
42.724 Privada Nacional1) 2
1.2.3.4 Visa 4015 4 258
3.00% Nacional 20 60 CARONI
29.00%
1.2.3.4 Mastercard Visa 0
29.00%
3.00% Nacional 20 26 CTIBANK Mostercard
1.2,3,4
1.2.3. 4 Visa
1.846
2.043 20 36 20,00%
3.00% Nacional DEL SUR Mastercard
1.2.3.4 Visa Nacional e
20.00%
1.2.3.4
3.994 4200
3.00% DEL TESORO Inlernacional 21 Masiercard 15.,00% 2) Visa 1. 2. 3,4 14.704 10.181
29.00%
3.00% Nacional 20 46 EXTERIOR
1.2.3.4 Mastercard Visa
1.2.34
29.00% Nacional a 60 Intemacional Murtercard
3.00% 27 15,00% INDUSTRIAL 9 1 2200% 36 Nacional 1:
Froata
28.00% Visa
1.2.3.4 20
34.387
53.022
1.2.3.4 Nacional Masiercard
3.00% 30
2.0% MERCANTIL 22 Dievers Club 2 18 20 Privaca Nacional 1) 1 Visa
1.2. x.4
12.059
14.293
29.00% Nacional NACIONAL DE
3.00% 30 36
1.2.3.4 Mostercard 3 3
26.00% Nacional (r) Privada
3.0% 36 282 205
20.00% Nacional 20
1.2. 3. 4 Mastercard NOVO BANCO N Visa 1,2.3.4
4.042
3.450
29.00%
3.00% Nacional 20 48 HLAZA
1.2.3.4 Masiercard Visa
1.2.3.4
35.798 $1.109 36
29.0%
3.00% Nacional 25 PROVINCIAL
1.2. 3.4 Maslercand
1.417
1.291
28.92%
3.00% Npcional 20 60 SOBERANO .2.3.4 Masiercant
1.2.3 Vis4 Nucionel SCOITASA
1.2.3.4 Mastercard
29.00%
3.00% 20 36
3.585
3.083 Nacinnal (1 Provada 2
1.2.4 20 VENEZOLANO 36 791 725 N06
3.00% Nacional
1.2.39 22 Mastercard Visa
13.2.3
29.00% 1. 2. 3.4 Nacional e
14.0% 0 Internacional 60 Masiercad
3.00%
31.163 30
26.879 VENEZUELA 1
15.00% 22) Nacienal [1 Pricada
29.00% 1 24 () Ur camurde en los esiatinciiantos afados al banco, según lo egtablacido en al oomuenio fimado entro ambas partos.
(2) Corresonde a la tarjeta de crédio Cédula del Vivir Bien, frecide por la Banca Publica (3) Coreende a a aceta de envío "Somos". dirigida a jóvenes inoros en el Mislro del Poder Popudar para a Juven (4) Camud denominación a Banco Biceilenano del Puebio. de la Clase Obrena. Muer y Cemunas. Banco Univernsal (G O N° 40.502 del 3ar0 1/2015) (5) Arnterormenie denominado Banco Esprio Santo. Banco Universal (G.O N° 40 595 del D4o2/2015).
(5) F'runciamiento destinado exciusivamenie a cientes corporalivos.
ANEXO N° 2 Beneficios ofrecidos por las franquicias al consumidor Netivel MasterCard Vi..
American Expre** Seguro de accidentes de vaues Cerno Seguro de accidentes en vajes Giobal Servico, Master Servicios de asistencia en viajes de Asustencia Global seguro de viajes 1 Acceso al programa intemacional Selects.
A r o g Seguro de acoiderte en viajes Master Segueo de accdanies de vapes, seguro Sevicios de asislencia en viajes en aeropuertos de Europa, Asia de autandvies aiquiados. asistencia en o y y Sur America Seincis ages Acrptada por operadores de excusones 2 y proveedores de servicos lurisicos en d n e Asisfencia Giobal.
Master Seguro de accidente en viajes.
Gkeoal Service.
Saguro de accidentes de viajes seguro Servicios de asistencia en viagjos.
senvicios aulomovies aiqulados.
asistencia Acceso al programa intemacional de Selecis Muster senvicies especiales para eecuivos de ofertas échusias de fines negocio Cenero de Asistenoa Clobal Seguro de accidente en viajes Giobal Masler Seguro de atcidentet de viajes.
Senice.
Servicios de asistencia en viajes.
aulomóvles aiqulasos.
senvicios viajes.
Acceso al programa intamnacional eouepose asistencia Inftrite Gareway. Concerge Selects Fesona, programa de ramos Via ainuie Aewards. ofertas excusvas de prolección en ATM. Masler vies. acceso al aio web de Visa Ivinte.
Ered saperadse soover Assist Black. inconvenioncia ejecutivos de negocio de viajes.
prolecoón de equipaje Garandia extendida eqapaje Centro de compras ANEXO N° 3 Otros beneficios adicionales sin costos Nivel Banco Franquicia Franquicia Bancos Visa 2.3.4 Alención telelónica a traves del centro de atención al 100% BANCO 1. 2.3,4 Mastercard 1.2.3, 4 Viss Pago de sus tarjicias a través de ia drección mene.bancoasiho.com Recepción de los estados de ACTIVO n n Mastercard 1.2.3.4 SMS al momenão de realizar las compras Alención telefónica por el 0501-000.99.99 / 0212- AGRICOLA Mastercand 1.2.3,4 953.78.42.
Viss
1.2.3.4 BANCARIBE Nixeits.3.x.4: Plan de Milas Bancaribe.
Mastercard
1.2.3.4 Eicetl.d: Asistante personal.
Visa 1. 2. 3.4 Masiercard 1. 2.3.4 Danesco On Line exclusivo. banca lelolónica Giotal Assist, servicio de asistencia servicio de mensainria SMs Alención personalizada medica y legal al vijero, Programa de en agencias. Proprana de bonificación de intereses lealtad Membership Flewards. Servicio de American DANESCO 1.2.4 Express de los números 0500-AMEX-500 y 0501en cuenta, saldos, referencias bancarias y pagos, a través de S) 2-12-9 A -X3 dispensadoras de auicservicios.
intemnacionaies) 2 Privada Visa
2.3.4 transacciones. Resumen de abonos y cargos de la BANPLUS ss e) - n Mastercard 1.2.3.4 e-banking por molacud.coro Visa 1.2. 3, 4 Acceso gaturto a BFC en Eneu para consultas.
DFC pagos y n ua 1,2.3,4 MasterCerd delalados Visa
1.2.3.4 Envio de estados de cuenta via correo electrónico.
ap s sod A o es p eo Nivel.: Priorty Pess acceso a salas VP BICENTENARIO l página web. www bicantenariobu com Alención en aeropuertos.
Mastercard
1.2.3.4
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Jueves 11 de febrero de 2016
Bancos Nivel Franquicla pu Banco Franquicia 1,2. 3. 4 Visa Servicio de alención teielonca las 24 horas. Senico n Masiercard 1.2.3.4 a 'n d d sopealn n nd ann sund an reúne Programa Membership por bienes y sarvicios en el mismo circuião de 15 de leallad Rewards Seguro de accidentes de viaje n nd n de vi d BOC generan de acuerdo a los consumos realizados por American 1.2.3.4 moras. a través de los números 0500ios uSuarios. Senvicio BOD Móvil para notificaciones AMEX-500 y 0501-AMEX-500 y 58-212de consumos realizados y transacciones de consulta 2060333 (Llamadas intemacionales) Banking página traves de b wob www.americanespress.com.ve Prvada 2 Visa 1.2.3.4 Servicio de alención telefónica las 24 horas. Envio de CARONI an ia n s o versa Mastercard 1.2.3.4 Viss n n n n n en CITIBANK servicio lelelónico las 24 horas, los 365 dias del año.
1.2.3.4 A Mastercard Pago de sus tarjetas y acceso a sus estados de Visa 1.2.3.4 cuenta daitales a travès de la dirección los 365 dias del año. a vavés del 0500-DELSUR.0 DEL SUR 1. 2. 3,4 Mastercard d via SMS Atención personalizada en agencias y a traves del 1.2.3.4 Visa 0500-2837876 y por l 0000ANCA00 (000- 2262200) Consulta de saldos, movimientos y DEL TESORO estados de cuenta de la Tarjeta a través de intenel 1.2.3.4 Mastercand . n al n d Atención lelefónica las 24 horas, los 305 dias del año 1.2.3.4 a traves de EXTERIOR Nuxo Teléfônico por el 0212- Visa EXTERIOR en linea an ymnw.banconslerior.com Servico de notificaciones via SMS a través de EXTERIOR Nexo 1.2.3, 4 Mastercard Mensajo.
Descuento por propio pago, de 3 puntos menos 1, 2,3.4 Visa sobre la tasa de interés aplicada. Servicio de Home ato q ued a g e Suyueg 1.2.3.4 Mastercard e p p o s er pery INDUSTRIAL por el 0500-248 7325 y 08008ANCA00 (0800- 226220o). Emisión del plástico sin costo, para la Prvada m lr 1,2. 3. 4 Visa Bolos Mercantil, en el cual, por cada consumo que sopeye tageales son erunse os deuda con la tarjeta. Diners Ckub Awards, programa Mastercard 1. 2. 3,4 MERCANTIL pago oportuno 2 Diners Cub Reivifegro del 1% de los consumos faclurados con la Tarjeta Inteligente Caracas Country Club). Prograna Privada on Bolos Mercanil Servicio BNONET para consultas de saldos.
Visa
1.2.3.4 movimientos y pago de tarjetas, a fravés de NACIONAL DE ww.ins.conde Asesoria personalizada. a traves 1, 2. 3. 4 Mastercard dei servicio de alencón telefónica 0500-2025000 o CREDITO A -2L 0 Privada as Asención personalizada al cliente las 24 horas. los - NOVO BANCO 1.2.3.4 Maslercard SMS de confemación por transacciones os n Visa 1, 2. 3. 4 internel, en la dirección de información via programa punto pieza:
v2Vld woww.bancoslasa.com:
programa de leallad para cientes con producions de
1.2.3.4 Mastercand los niveles 3 y 4.
Programa de Provimias Servicio de asislencia 1, 2.3.4 Visa e r p (Ss a eale PROVINCIAL T0C Web:
1,2.3. 4 PAgina inusitados Mestercard en www.provincial.com ose osd n 'ses ns 00-B5-L A -000 J g e 1.2.3.4 SOHERANO Masiercard DUR p S SC S 'Sx 2 sen 60 Acceso via internel ai servicio de consular de 1,2.3 Visa as anb soandys ap euedoug Gyeig u acumulan por pagos y consumos. Alención belalónica 1.2.3.4 las 24 horas. los 385 dias al afo, a vavés del 0500.
SOFITASA Mastercand SOFITEL Mensajeria infomaliva por MSM Goza de beneficios de disfrute dei Parque de Agua.
2 Privada ubicado en la ciudad de Maracaibo Consullas de saldos, movimientos y pagos de la Visa 1.2.4 larjeia, a traves de los canales dgtales. Noblicacón de transacciones por SMS y aéreo electrónico.
VENEZOLANO Centro de servicios lelefónacos: 0501-MIBANCO DE CREDITO 1.2.3 Maslercard para Movinel /Movistar Programa Juntos Sumamos Punlos, clave talelónica Viea 1.2.3 SI por woo.bancueceonzunia.cum. servicio de 1.2.3.4 Mastercard asistencia lelefónica para emergencia las 24 heas.
VENEZUELA en aeropuertos.
o p oe ( s so A Ses. r o sesln ses c 'oo us Privada n A p eo.
(1) Deneficio opcional ofrecido al cente. cuyo costo es asumido en su Intalidad por la institución bancaria.
(2) Tarietas propias dei banco, solo pasan por sus puntos de venda.
ANEXO N° 4 Información acerca de Tarjetas de Débito
Cajeros Autamáticos N° Puntos de N° Negocios Agencia 21 Bancos Cobertura N° Franqucia Afillados Venta 52 3.015 57 2.831 Maestro Nacional 100% BANCO 8.373 59 45 Mae stru 5.715 14 Nacienal ACTIVO Maestro 73 70 1.278 346 AGRICOLA Nacional 12.404 240 Naestro 11.606 273 Nacienal 33 BANCARIBE BANESCO 1.529 Nacional 129 1.396 106 649 93.529 Maestre 7.434 Manstro 7.483 39 40 HANPLUS Nacional Naestro 7.984 7.222 207 204 Nacional 3 BrC 936 174 762 Maesiho Nacional 35.148
38.014 BICENTENARIO 209 505
42.724 774 BOD Maestro Nacional
46.553
4.015 137 11 126 CARONI Moestro Nacional
4.258 15 CITIBANK Nacional 15 Marsfro 0 0 0 48 DEL SUR Nacional 1.846 47 Maesiro
2.049 187 DEL TESORO
4.200
3.994 230 Maesiro Naconal 43 Maestro 133 146 13 EXTERIOR 14.704 10.181 Nacional 121 18 105 INDLISTRIAL Maesiro Nacional 9 34 367 1.303 345 958 MERCANTIL Maesiro Nacional 53.022 NACIONAL DE 126 325 Maestro 451 Nacional 14.293 12.059 CRÉDITO Nacionai 282 205 Maesiro 0 NOVO BANCO 3.450 Nacional PLAZA Maestro
4.042 54 46 B
38.798
2.083 Maettro 375
1.708 Nacional
81.109 PROVINCIAL
1.417
1.291 59 25 34 Maestro Nacional SOBERANO
3.585
3.083 147 25 Moestro SCFITASA Nacional Meestro VENEZOLANO DE 143 45 674 606 Nacional 98 Visa CREDITO S-pereleciva 1.545 1.231 20.879 314 VENEZUELA Maestro Nacignal 31.163 1/ Ubcados fuera de las agencias señale se ap opap operan t
426.351 ANEXO N° 5 NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA TARJETA DE CRÉDITO
430.000 424:683
420.000
410.000
400.000
390.000
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000 sep-13 oct-13 abr-14 may-14 oct-15 mar-13 jun-13 ago-13 nov-13 ene-14 jun-14 ago-14 sep-14 oCt-14 may-15 jub-15 ago-15 sep-15 ene-13 feb-13 abr-13 may-13 jub-13 dic-13 feb-14 mar-14 jul-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 jun-15 nov-15 dic-15 nov-14 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
TARJETA DE DÉBITO
430.000
424.566
420.000
410.000
400.000
390.000-
380.000
370.000
360.000 -
350.000
340.000 0C1-14 feb-15 mar-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 nov-15 dic-15 ago-13 sep-13 0ct-13 nov-13 ene-14 mar-14 jun-14 ago-14 sep-14 nov-14 ene-15 abr-15 0C1-15 abr-13 jun-13 jub-13 dic-13 abr-14 dic-14 mar-13 may-13 feb-14 may-14 jub-14 feb-13 ene-13 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
ANEXO N° 6 NÚMERO DE NEGOCIOS AFILIADOS
TARJETA DE CRÉDITO
355.000
347.977
345.000
335.000
325.000
315.000
305.000
295.000
285.000
275.000 oct-13 abr-13 ago-13 sep-13 ene-14 abr-14 nov-14 feb-13 mar-13 may-13 jun-13 jul-13 nov-13 dic-13 feb-14 mar-14 may-14 jun-14 ago-14 oct-14 ene-15 feb-15 abr-15 may-15 jul-15 ago-15 ene-13 jul-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
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426.352 TARJETA DE DÉBITO
355.000
347.858
345.000
335.000
325.000
315.000
305.000
295.000-
285.000
275.000 sep-13 ago-13 dic-13 ene-15 mar-15 may-15 ago-15 sep-15 0ct-15 ene-13 feb-13 mar-13 may-13 jul-13 oct-13 nov-13 ene-14 feb-14 may-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 jub-15 nov-15 abr-13 jun-13 mar-14 abr-14 jun-14 dic-15 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
ANEXO N° 7 CAJEROS AUTOMÁTICOS
10.600
10.500
10.429
10.400
10.300
10.200
10.100
10.000
9.900
9.800
sep-15 ago-13 sep-13 ago-15 may-13 may-14 ago-14 ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 oct-15 nov-15 dic-15 jul-13 nov-13 mar-14 jun-14 sep-14 0C1-14 nov-14 dic-14 feb-15 may-15 ene-13 mar-13 abr-13 jun-13 oCt-13 dic-13 ene-14 abr-14 feb-13 feb-14 jub-14 jub-15 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
10.429
3.453
1.613
1.2361.167976 895 511 286 292
Guayana Los Lianos Insular TOTAL Centro- Los Andes Zuliana Nor- Capital Central Oriental Occidental Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
Caracas, 11 de febrero de 2016
En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial.
Comuniquese x publíquese, CERNNQIA José Salamat Khan Fernández Primer Vicepresidente Gerente (E)_ Jueves 11 de febrero de 2016
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 03FEB2016 205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° _013013 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficia) de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 05 de enero de 2016, al Contralmirante MANUEL ENRIQUE RENDÓN MILLÁN, C.I. Nº 8.399.410, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, EscUELA DE OPERACIONES ESPECIALES EN SELVA DE LA FANB "ENERAL DE BRIGADA EMILIO ARÉVALO", CódigO N° 16004.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, VLADAMIR PADRINO LOPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 03FEB2016 205º, 156º y 16° RESOLUCIÓN N° 013014 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 1.401 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.154 de fecha 19 de noviembre de 2014 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014,
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Jueves 11 de febrero de 2016
RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 05 de enero de 2016, al General de Brigada CARLoS ENRIQUE CLEMENTE MIRANDA, C.I. N° 7.586.399, comO responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, 63 REGIMIENTo
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, VLADIMIR PADRINO LOPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular pava la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 03FEB2016 205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 013015 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 numeral 20 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 04 de enero de 2016, a la Coronel YAQUELIN ISABEL S0MAZA, C.I. N° 9.465.448, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, "DIREccIóN DE SANIDAD DE LA GUARDIA NACIONAL", CÓdigO N° 59767.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, VADIMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe ministro del Poder Popular para la Defensa
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 05/02/2016 N°016 205º, 156º y 17º
RESOLUCIÓN De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial Nº ;2.181, de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826 de fecha 12 de enero de 2016; actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 65, 78 numerales 2, 13,19 y 27; 120, 426.353 numeral 3 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con los artículos 5, numeral 2; 19 en su último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002, este Despacho, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano PEDRO GRIMA GALLARDO, titular de Cédula de Identidad N°v- 8.036.850, como Presidente Encargado, de la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía, "Francisco J. Duarte" (CIDA), ente adscrito a este Ministerio.
Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.
JORGE A. ARREAZA MONTSERRAT Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciercia Saeñologia Decreto N° 2.181, de fecha 06 de enero de 2016 Gaceta Oficial N° 40.826 de fecha 12 de enero de 206 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN RepúblicaBolivriende Venezuela Ministerio del RodePopalarpaladción Despacho del Ministra DM/N° Caracas, l de Fabreco de 2016.
205°, 156° y 160
Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario mediante la revisión, rectificación, reimpulso y reunificación, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo soberano enalteciendo su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 78 numerales 12 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 del Decreto N° 1.399 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y 15 de su Reglamento,
CONSIDERANDO Que todos los-órganos y entes de la Administración Pública se encuentran sujetos a la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, con el objeto de regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los mismos, coadyuvando así al crecimiento sostenido y diversificado de la economía; el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la presente, RESOLUCIÓN Artículo 1: Se constituye con carácter permanente la Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación, la cual se encarga de realizar los procedimientos de selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, correspondientes a este organismo, la cual estará integrada en calidad de miembros principales y suplentes, por las ciudadanas y los ciudadanos que se mencionan a continuación:
1.- Área Legal Miembro Principal Miembro Suplente Lina Sánchez Ponce Dinora Tejada Tabares C.I. V-11.204.637 C.I. V-9.641.966 2.- Área Económico-Financiera Miembro Principal Miembro Suplente Gloria Karina Rodríguez Melián América Sánchez Guedez C.I. V-10.757.756 C.I. V-18.836.104 3.- Área Técnica:
Miembro Principal Miembro Suplente Carlos Alexander Sulvarán Mejías Franklin Piñero Alvarado C.I. V-13.385.174 C.I. V-15.076.331
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426.354 Artículo 2: Se designa a la ciudadana Patricia Ortega Coneo, titular de la cédula de identidad N° V-16.863.865, como Secretaria Principal de la Comisión de Contrataciones, quien tendrá derecho a voz, más no a voto; y como Suplente al N° V-13.580.819.
Artículo 3: La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría.
Artíiculo 4: La Comisión de Contrataciones para la adquisición de bienes y prestación de servicios y ejecución de obras, podrá solicitar la asesoría de técnicos especialistas en el área que lo considere necesario, para analizar las ofertas recibidas en los procedimientos de selección de contratistas, quienes deben presentar un informe con los resultados y recomendaciones a objeto de la adjudicación.
Artículo 5: Los miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas, así como aquellas personas que por cualquier motivo intervengan en las actuaciones de la Comisión, deberán guardar debida reserva de la documentación presentada, así como procedimiento.
Artículo 6: La Comisión de Contrataciones podrá convocar a la unidad usuaria de los bienes, servicios u obra a contratar, para que participe en el procedimiento respectivo derecho a voz y no a voto.
Artículo 7: Las designaciones aquí efectuadas serán notificadas al Servicio Nacional de Contrataciones dentro de los cinco días siguientes, una vez dictado el presente acto.
Artículo 8: La Comisión de Contrataciones deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, su Reglamento y demás normativas que regulen la materia.
Artículo. 9: Se deroga la Resolución DM/N° 038 de fecha 07 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.392 de fecha 11 de abril de 2014.
Artículo 10: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
comuníquese y Rubliquese;
~ RODULFO HUMBERTO PEREZ HERNANDEZ Ministro del Poder Popular para la Educación
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Despacho del Ministro aracas, de Fabreso de 2016.
DM/N° LI 205°, 156° y 16° Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política: y calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia artículos 16 y 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Ministro del Poder Popular para la Educación, RESUELVE Artículo 1. Modificar la Resolución DM/N° 0109 de fecha 17 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.812 de la misma fecha, que establece la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, año 2016.
Artículo 2. Incluir en el fundamento legal los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y el artículo 1 del Reglamento Sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional; y suprimir el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario.
Artículo 3. Modificar el artículo 1, quedando redactado de la siguiente manera:
"Se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Educación año 2016, conformada por la Unidad Administrativa Central y las Unidades Administradoras Desconcentradas, que se señalan a continuación:
Jueves 11 de febrero de 2016
CODIGO UNIDAD EJECUTORA UNIDAD ADMINISTRADORA CENTRAL LOCAL
01309 Oficina de Gestión Administrativa
CODIGO UNIDAD EJECUTORA UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA LOCAL Zona Educativa Amazonas Coordinación Zonal 10001 Zona Educativa Anzoátegui Coordinación Zonal 10002 Zona Educativa Apure Coordinación Zonal 10003 _Zona Educativa Aragua Coordinación Zonal 10004 Zona Educativa Barinas Coordinación Zonal 10005 Zona Educativa Bollvar Coordinación Zonal 10006 Zona Educativa Carabobo Coordinación Zonal 10007 Zona Educativa Cojedes Coordinación Zonal 10008 Zona Educativa Delta Amacuro Coordinación Zonal 10009 Zona Educativa Distrito Capital-Coordinación Zonal 10010 Zona Educativa Falcón Coordinación Zonal 10011 Zona Educativa Guárico Coordinación Zonal 10012 Zona Educativa Lara Coordinaciór Zonal 10013 Zona Educativa Mérida Coordinación Zonal 10014 Zona Educativa Miranda Coordinación Zonal 10015 Zona Educativa Monagas Coordinación Zonal 10016 Zona Educativa Nueva Esparta Coordinación Zonal 10017 Zona Educativa Portuguesa Coordinación Zonal 10018 Zona Educativa Sucre Coordinación Zonal 10019 Zona Educativa Táchira Coordinación Zonal 10020 Zona Educativa Trujillo Coordinación Zonal 10021 Zona Educativa Vargas Coordinación Zonal 10022 Zona Educativa Yaracuy Coordinación Zonal 10023 Zona Educativa Zulia Coordinación Zonal 10024
Artículo 4. Incluir tres nuevos artículos, los cuales pasan a ser artículos 2, 3 y 4, quedando redactados de la siguiente forma:
"Artículo 2. Delegar en los cuentadantes de las Unidades Administradoras Desconcentradas, las atribuciones y firma de los contratos de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las dependencias administrativas, depósitos y planteles educativos, en su ámbito geográfico, mediante acto motivado, cuando las circunstancias así lo justifiquen; de conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.
Igualmente, los contratos de servicios básicos con las empresas de electricidad, gas, agua, teléfono, telecomunicaciones, correo, aseo urbano, que sean necesarios para el mejor desempeño de la Zona Educativa correspondiente, de acuerdo al monto de la asignación presupuestaria y a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario."
"Artículo 3. Los cuentadantes de las Unidades Administradoras Desconcentradas, son responsables civil, penal, disciplinaria y administrativamente de las faltas en que incurran y pueden ser sancionados según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y otras Leyes vigentes aplicables".
"Artículo 4. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado la fecha y el número de la presente Resolución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde haya sido publicada".
Artículo 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprimase a continuación el texto íntegro de la Resolución DM/N° 0109 de fecha 17 de diciembre de 2015, publicada en la
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Jueves 11 de febrero de 2016 Gaceta Oficial de la República Bólivariana de Venezuela N° 40.812 de la misma fecha, con la inclusión de las modificaciones señaladas, manteniendo el número y fecha de la Resolución.
Comuníquese y pubquese
w RODULFO HUMBERTO PEREZ HERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular parala Edeeación DM/N° 0109 Diciembre 2015.
17 de de Caracas, 205°, 156° y 16° De conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 23 y 51 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 47 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario, lo dispuesto en los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y artículo 1 del Reglamento Sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el Ministro del Poder Popular para la Educación; dicta (a presente, RESOLUCIÓN
Artículo 1. Se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del 2016, conformada por la Unidad Administrativa Central y las Unidades Administradoras Desconcentradas, que se señalan a continuación:
CODIGO UNIDAD EJECUTORA UNIDAD ADMINISTRADORA CENTRAL LOCAL
Oficina de Gestión Administrativa 01309
CODIGO UNIDAD EJECUTORA UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA LOCAL Zona Educativa Amazonas Coordinación Zonal 10001 Zona Educativa Anzoátegui Coordinación Zonal 10002 Zona Educativa Apure Coordinación Zonal Zona Educativa Aragua Coordinación Zonal 10004 Zona Educativa Barinas Coordinación Zonal 10005 Zona Educativa Bollvar Coordinación Zonal 10006 Zona Educativa Carabobo Coordinación Zonal 10007 Zona Educativa Cojedes Coordinación Zonal 10008 Zona Educativa Delta Amacuro Coordinación Zonal 10009 Zona Educativa Distrito Capital Coordinación Zonal 10010 Zona Educativa Falcón Coordinación Zonal 10011 Zona Educativa Guárico Coordinación Zonal 10012 Zona Educativa Lara Coordinación Zonal 10013 Zona Educativa Mérida Coordinación Zonal 10014 Zona Educativa Miranda Coordinación Zonal 10015 Zona Educativa Monagas Coordinación Zonal 10016 Zona Educativa Nueva Esparta Cogrdinación Zonal 10017 Zona Educativa Portuguesa Coordinación Zonal 10018 Zona Educativa Sucre Coordinación Zonal 10019 Zona Educativa Tachira Coordinación Zonal 10020 Zona Educativa Trujillo Coordinación Zonal 10021 Zona Educativa Vargas Coordinación Zonal 10022 Zona Educativa Yaracuy Coordinación Zonal 10023 Zona Educativa Zulia Coordinación Zonal 10024
Artículo 2. Delegar en los cuentadantes de las Unidades Administradoras Desconcentradas, las atribuciones y firma de los contratos de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las dependencias administrativas, depósitos 426.355 y planteles educativos, en su ámbito geográfico, mediante acto motivado, cuando las circunstancias así lo justifiquen; de conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos. Igualmente, los contratos de servicios básicos con las empresas de electricidad, gas, agua, teléfono, telecomunicaciones, correo, aseo urbano, que sean necesarios para el mejor desempeño de la Zona Educativa correspondiente, de acuerdo al monto de la asignación presupuestaria y a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario.
3. Los cuentadantes de las Unidades Administradoras Artículo responsables civil, penal, disciplinaria y Desconcentradas, son administrativamente de las faltas en que incurran y pueden ser sancionados según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y otras Leyes vigentes aplicables.
Artículo 4. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado la fecha y el número de la presente Resólución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial de ta República Bolivariana de Venezuela, donde haya sido publicada.
COUCAD
m RODULFO HUMBERTO PÉREZCHERNANDEZ Ministro del Poder Popular pará la Educación
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 28 de enero de 2016 205°, 156° y 16°
RESOLUCIÓN N° 001/2016
Quien suscribe, GLADYS DEL VALLE REQUENA, venezolana, titular de la cédula de identidad N.º v - 4.1i4.842, procediendo en su condición de Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, designada mediante Decreto N° 1.734, de fecha 28 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649, de la misma fecha;
en uso de las atribuciones y en el ejercicio de sus competencias, conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en artículo 9, 11 último aparte y 14 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de (a Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios, dispone:
CONSIDERANDO Que en concordancia con lo establecido en nuestra Constitución, el Estado debe garantizar a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías, así como los beneficios que se desprenden de la seguridad social para elevar y asegurar su calidad de vida.
CONSIDERANDO Que de acuerdo a lo establecido en Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilación y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, el monto otorgado por concepto de jubilación no podrá ser inferior al salario mínimo nacional vigente.
CONSIDERANDO Que según el Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios, la pensión por jubilación podrá ser revisada periódicamente en caso de haber modificaciones en el régimen de remuneraciones correspondiente.
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426.356 CONSIDERANDO Que por mandato del Ejecutivo, durante el año 2015, hubo incrementos en el salario mínimo y la escala de sueldos y salarios de la administración pública; lo cual origina el nacimiento del derecho de las y los jubilados a solicitar la revisión del monto de la pensión por jubilación y una obligación, por parte de la Administración Pública, a realizar la referida revisión y el correspondiente ajuste si fuere el caso.
RESUELVE Artículo 1°. Aprobar la homologación y ajuste, por concepto de pensión por jubilación, de la ciudadana MARÍA ISABEL PAREDES GÁRATE, titular de la cédula de identidad N°V-4.234.311, en razón del incremento del salario mínimo y la escala de sueldos y salarios durante el año 2015.
Artículo 2°. Dicho Ajuste por homologación queda establecido pOr el mOnto de ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (Bs. 11.433,19), tomando en consideración para su cá(culo lo establecido en el artículo 9° de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
Artículo 3°. Adicionalmente se pagará la cantidad de DIECIsÉIs MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON DOCE CÉNTiMos (BS. 16.540,12), por concepto de retroactivo desde el 01 de febrero de 2015.
Artículo 4°. Se encarga a la Oficina de Gestión Humana de dar estricto cumplimiento a la presente decisión.
Artículo 5°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, GLADYS DEL'VALLE REQUENA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO Decreto N° 1.734, de fecha 28 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPACHO DE LA MINISTRA
Caracas, 05 de febrero de 2016 205°, 156° y 17° Resolución N° 004/2016 Quien susCribe, GLADYS DEL VALLE REQUENA, Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, designada mediante Decreto N° 1.734, de fecha 28 de abril de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649, de la misma fecha; actuando de conformidad con las atribuciones conferidas en los numerales 2 y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5, 19 y numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en observancia con lo establecido en los artículos 16 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
RESUELVE
Artículo 1°. Designar a la CiudadanaZURIsADAY CORDERo GONzÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V.- 8.786.188, como Directora General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en calidad de Encargada del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.
Artículo 2°. La ciudadana designada queda facultada para como la realización de los actos y la suscripción de comunicaciones concernientes a las atribuciones y actividades propias de la oficina a su cargo.
Artículo 3°. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente Jueves 11 de febrero de 2016 bajo la firma de la ciudadana delegada, la fecha y número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada.
Artículo 4°. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, la ciudadana delegada será plenamente responsable por todos los actos y documentos que firme en ejercicio de esta delegación.
Artículo 5°. Quedan a salvo las estipulaciones contenidas en el Artículo 3° del Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional y lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto a los documentos cuya firma no puede ser delegada.
Artículo 6°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y deroga la Resolución N° 011/2014, de fecha 28 de abril de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.405 de fecha 6 de mayo de 2014.
Comuníquese y Publíquese, GLADYS DEL VALLE REQUENA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO Decreto N° 1.734 de fecha 28 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPACHO DE LA MINISTRA
Cafacas, 28 de enero de 2016 205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 02/2016 Quien SuSCribe, GLADYS DEL VALLE REQUENA, Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, designada mediante Decreto N° 1.734, de fecha 28 de abril de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649, de la misma fecha; actuando de conformidad con las atribuciones conferidas en los numerales 2 y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5, 19 y numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en observancia con lo establecido en los artículos 16 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
RESUELVE Artículo 1: Designar a la ciudadana RORAIMA ASTRID SÁNCHEz, titular de la cédula de identidad N° v.-10.968.016, como DIRECTORA ESTADAL del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en el estado Carabobo.
Artículo_ 2: La ciudadana designada queda facultada para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes al ejercicio de las siguientes funciones:
1.- Velar por la ejecución de las políticas públicas emanadas por el Ministèrio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, en el Estado Carabobo.
2.- Reforzar la política de territorialización de la gestión del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, para fortalecer la unidad del gobierno e impactar de manera positiva en la implementación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas emanadas de este Ministerio.
3.- Articular entre las diferentes instancias institucionales, poder popular, órganos y entes adscritos que forman parte del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, para trascender la acción central al ámbito regional y local, con el propósito de cumplir de manera más eficiente con los objetivos históricos, nacionales, generales y específicos del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la
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Jueves 11 de febrero de 2016 Nación 2013-2019, el cual propone consolidar la independencia nacional, afianzar el Socialismo del_ Siglo XXI y convertir a Venezuela en una potencia social, económica y política.
4.- Profundizar acciones para alcanzar la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, a través de) Plan para la Igualdad y Equidad de Género "Mamá Rosa" 2013-2019.
5.- Elaborar y presentar un informe men$ual a la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de todas las actividades ejecutadas en el estado, de conformidad con los planes, estrategias y políticas emanadas de este Órgano Ministerial.
6.- Las demás que sean señaladas por la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la igualdad de Género.
Artículo 3: Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma de la ciudadana designada, la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada.
Artículo 4: La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 02 de febrero de 2016 y deroga la Resolución N° 017/2014 de fecha 23 de julio de 20í4, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.463 de fecha 29 de julio de 2014.
Comuníquese y Publíquese, GLADYS DEL VALLE REQUENA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA/GUALDAD DE GÉNERO Decreto N° 1.734 de fecha 28 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPACHO DE LA MINISTRA
Caracas, 28 de enero de 2016 205°, 156°y 16° RES0LUCIÓN N° 03/2016
Quien susCribe, GLADYS DEL VALLE REQUENA, Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, designada mediante Decreto N° 1.734, de fecha 28 de abril de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649, de la misma fecha; actuando de conformidad con las atribuciones conferidas en los numerales 2 y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5, 19 y numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en observancia con lo establecido en los artículos 16 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
RESUELVE
Artículo 1: Designar a la Ciudadana GREYSI JOHANNA D' AMICO MOsQUEDA, titular de la cédula de identidad N° V.-13.134.651, Como DIRECTORA ESTADAL ENCARGADA del MinisteriO del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en el Estado Guárico.
Artículo 2: La ciudadana designada queda facultada para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes al ejercicio de las siguientes funciones:
1.- Velar por la ejecución de las políticas públicas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, en el Estado Guárico.
2.- Reforzar la política de territorialización de la gestión del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, para fortalecer la unidad del gobierno e impactar de manera positiva en la implementación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas emanadas de este Ministerio.
426.357 3. Articular entre las diferentes instancias institucionales, poder popular, órganos y entes adscritos que forman parte del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, para trascender la acción central al ámbito regional y local, con el propósito de cumplir de manera más eficiente con los objetivos históricos, nacionales, generales y específicos del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, el cual propone consolidar la independencia nacional, afianzar el Socialismo del Siglo xxI y convertir a Venezuela en una potencia social, económica y política.
4. Profundizar acciones para alcanzar la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, a través del Plan para la Igualdad y Equidad de Género "Mamá Rosa" 2013-2019.
5.- Elaborar y presentar un informe mensual a la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de todas las actividades ejecutadas en el estado, de conformidad con los planes, estrategias y políticas emanadas de este Órgano Ministerial.
6.- Las demás que sean señaladas por la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la igualdad de Género.
Artículo 3: Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma de la ciudadana designada, la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada.
Artículo 4: La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 02 de febrero de 2016 y deroga la Resolución N° 04/2015 de fecha 14 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649 de fecha 28 de abril de 2015.
Comuníquese y Publíquege, GLADYS DEL VALLE REQUENA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA GUALDAD DE GÉNERO Decreto N° 1.734 de fecha 28 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649.
DEFENSA PÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 14 de enero de 2016 N° DDPG-2016-037-1 156º, 205° y 16° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que corresponde a la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de la Defensa Pública.
RESUELVE
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° DDPG-2016-005 de fecha 07 de enero de 2016, mediante la cual se designó a la ciudadana LIANA CRISTINA ACUÑA VALDIVIESO, titular de la cédula de identidad N° V-13.693.962, Analista Profesional III, adscrita a la División de Prestaciones Sociales de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, como Jefa de la División de Jubilaciones y Pensiones (E) de Dirección de Servicios al Personal de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo; Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
l"Déspacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Dada, firmada y sellada Caracas.
Comuníquese, DRA SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Pesignada mode Acuerdo de la Asambiea Naclonal, de fecha osiegort015, pubicado en la Gaceta Oficial de la Repúbica n n
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2016-037-2 Caracas, 14 de enero de 2016 156°, 205° y 16° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, la Resolución N° DDPG-2016-006 de fecha 07 de enero de 2016, mediante la Cual se designó a la ciudadana KEYLY ELIANA CASTAÑEDA ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V-16.902.470, Analista Profesional III, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas como Jefa de la División de Prestaciones Sociales, en condición de encargada, de la Dirección Nacional de Recursos Humanos.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada_en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.AAN ComuníquesePüblíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL 10 derarereinbre de 2015, pubicado en la Gaceta Oficial de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 20 de enero de 2016 N° DDPG-2016-068 156°, 205° y 16° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública Genéral, como máxima autoridad de este Órgano Constitucionai, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad ce la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, la Resolución N° DDPG-2016-009, de fecha 07 de enero de Jueves 11 de febrero de 2016 2016, mediante la cual se designó a la ciudadana DRISLEY PASTORA TRIANA| PIÑERo, titular de la cédula de identidad N° V-10.124.089, Analista Profesional III, adscrita a la Dirección Nacional de Recursos Humanos, como! Directora de Administración de Personal de la Dirección Nacional de Recursos Humanos en condición de encargada.
SEGUNDO: DESIGNAR a la CiUdadana DRISLEY PASTORA TRIANA PIÑERO, titular de la cédula de Identidad N° V-10.124.089, quien funge como Analista Profesional III, adscrita a la Dirección Nacional de Recursos Humanos, como Jefa de la División de Bienestar Social, en condición de encargada, perteneciente a la Dirección de Servicios al Personal de la referida Dirección Nacional de Recursos Humanos, a partir de la fecha de su notificación.
TERCERO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial .
de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública Generai, en la ciudad de Caracas.
Notifiquese y Puañiguiese,
DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL
S u g n
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de enero de 2016 Nº DDPG-2016-049 156°, 205° y 16° La DefenSora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRiGUEZ, titula:
de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusden, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer ia dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE PRIMERQ: DESIGNAR al CIUdaCanO ANIBAL ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-13.845.298, como Jefe de la División de Númina, perteneciente a la Dirección de Servicios Administrativos, de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, a partir de la fecha de su notificación.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° DDPG-2016-001 de fecha 07 de enero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 40.824 de fecha 08 de enero de 2016.
rERcEro: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Despacho de la Defensora Pública General, en la Dada,firmada y sel ciudad de Caracas.
Notifiquese y pub
DRA. SUSAYA BARREIROS RODRIGUEZ DEFESORA PÚBLICA GENERAL n de raseiftire de 201S, pubicado en ta Gaceta drical de la Nepibica Bivartaro de Veneuela N° 40.807, de feca 10 de dcembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2016-068-1 Caracas, 20 de enero de 2016 156°, 205° y 16° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem,
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Jueves 11 de febrero de 2016 CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, cómo máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al ciudadano ORLANDO JOSÉ RIVAS ACEVEDO, titular de la cédula de identidad N° V-15.586.182, quien funge como Analista Profesional III, adscrito a la Dirección Nacional de Recursos Humanos, como Jefe de la División de Jubilaciones y Pensiones, en condición de encargado, perteneciente a la Dirección de Servicios al Personal de la referida Dirección Nacional de Recursos Humanos, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública Generai, en la ciudad de Caracas.
Notifíquese y Publíques
DRA SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designadadante Acuerdo de la Asambliea Nacional, de fecha dicia de 201 5, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivalarid de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2016-069-1 Caracas, 21 de enero de 2016 156º, 205° y 16° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIRoS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana ROSELYN CAROLINA INAGAS FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.158.461, quien funge como Analista Profesional III, adscrita a la División de Reclutamiento y Selección de Personal de la Dirección de Administración de Personal, perteneciente a la Dirección Nacional de Recursos Humanos, como Jefa de la referida División, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y selladanselDespacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publique
DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEBENSORA PÚBLICA GENERAL ogr Designadenediante Acuerdo de la Asambiea Nacional, de fecha esmbre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 28 de enero de 2016 N° DDPG-2016-107 156º, 205º y 16° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana YORAIMA GRACIELA RODRIGUEZ BENITEZ, titular de la cédula de identidad N° V-11.042.905, Abogada III, adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano, como Directora de esa Oficina en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo; Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada orel'Bespacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
RA SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFEÑSORA RÚBLICA GENERAL Designada gente Acuerdo de la Asambiea Nacional, de fecha te diciererude 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bodisi de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 01 de febrero de 2016 Nº DDPG-2016-111 156º, 205° y 16° La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana DAYANA DOLORES CASTRO CARRAsCo, titular de la cédula de Identidad N° V-16.894.772, Abogada III, adscrita a la Coordinación General, como Especialista de Área de esa misma Coordinación, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
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426.360 SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese, DRASUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSÓRA PÚBLICA GENERAL SDesignada media Acuerdo de la Asambiea Nacional, de fecha 1d de diciembre de ots, pubicado en la Gaceta Ofical de la República P
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2016-113 Caracas, 01 de febrero de 2016 156º, 205° y 16º La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
CONSIDERANDO Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 6°, en su parágrafo segundo, conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana GUADALUPE DEL CARMEN GASCON GARCIA, titular de la cédula de identidad N° V-10.090.731, como Auditora Interna de la Defensa Pública, en calidad de INTERINA, partir de la fecha de su notificación, y ejercerá el cargo hasta tanto se designe al titular, y hasta tanto se celebre el concurso público previsto en la resolución N° 01-00-000004 de fecha 14 de enero de 2010, emanado de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.350 de fecha 20 de enero de 2010.
SEGUnDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Pubfue
RASUSANBARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mad ne Acuerdo de la Asambiea Nacional, de fecha de diciembre2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Jueves 11 de febrero de 2016 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA J007 LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE, EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Expediente n.° 16-0117
PONENCIA CONJUNTA
Consta en autos que, el 3 de febrero de 2016, los ciudadanos HERNÁN TORO, titular de la cédula de identidad n.° V-15.343.932 miembro del Consejo Comunal "San Antonio de Galipán"; NORCY ÁLVAREZ, titular dc la cédula dc identidad n.° V-5.981.614, miembro de la Organización Social "CONSEJO COMUNAL PÉREZ BONALDE"; ROSA CORRO, titular de la cédula de identidad n.° V-14.071.077, habitante del urbanismo "Ciudad Tiuna"; ALEJANDRA VARGAS, titular de la cédula de identidad n.° V- 11.991.289, miembro de la Comuna "Bicentenaria Socialista", Parroquia Santa Teresa; JOSEFINA MARÍN, titular de la cédula de identidad n.° V- 7.998.530, miembro del Consejo Comunal "Árbol de las Tres Raíces" (Estado Vargas); RUDY PUERTA, titular de la cédula de identidad n.° V- 20.005.750, miembro de la Comuna “Guaicamacuto" (Estado Vargas);
JESÓs sULBARÁN, titular de la cédula de identidad n.° V-5.578.359, miembro de la Comuna Socialista "Guaicamacuto" (Estado Vargas):
GERARDO BUITRAGO, titular de la cédula de identidad n.° V-5.091.537, miembro de la Comuna "Moncasig" (Estado Vargas); FLOR GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad n.° V-12.163.314, miembro del Consejo Comunal "La Perla" (Estado Vargas); YOVANI MIER Y, titular de la cédula de identidad n.° V-13.826.717. miembro del Consejo Comunal "Piedra Azul" (Estado Vargas), todas las referidas organizaciones debidamente inscritas ante el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales; asistidos por el abogado Carlos Navarro, inscrito en cl Inpreabogado n.° 54.621, acudieron ante la Secretaria de esta Sala DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL, en conformidad a lo previsto en los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; que le atribuye al Tribunal Supremo de Justicia la cualidad de máximo y último interprete de la Constitución, como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y de su uniforme, interpretación y aplicación en concordancia con el artículo 25 numeral 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con el objeto de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie en sentencia interpretativa sobre el alcance, particulares y consecuencias del artículo 339 en concatenación con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de los articulos 27 y 34 [rectius: 33] de la Ley Orgánica sobre los (sic) Estados de Excepción".
El 5 de febrero de 2016, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales.
El 11 de febrero de 2016, se acordó asumir el asunto como ponencia conjunta de todas las magistradas y todos los magistrados que componen esta Sala Constitucional, quienes con tal carácter, suscriben la presente decisión.
Efectuado el examen y análisis correspondiente, pasa esta Sala Constitucional a decidir, previas las consideraciones siguientes:
1
DE LA DEMANDA Los recurrentes en su escrito, alegaron:
Que "[lja Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Titulo VII referido a la Protección de esta Constitución, Capltulo II de los
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Jueves 11 de febrero de 2016 Estados de Excepción, artículos 337, 338 y 339 establece que el régimen del ius exorbitante constitucional (estado de excepción o estado de emergencia), cuando el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros ante circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que pudieran afectar o afecte gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, Decreta en Consejo de Ministros Estado de Excepción, cuando resultan insuficientes las facultades de las cuales se dispone para hacer frente a tales hechos. Ast, puede decretar el estado de alarma ante catástrofes, o calamidades públicas; el estado de emergencia_económica, _cuando_ circunstancias_económicas_ extraordinarias afectan gravemente la sequridad de la nación (subrayado nuestro); el estado de conmoción interior o exterior, en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, como hemos dicho ut supra, de sus ciudadanos y ciudadanas, de sus instituciones, o del pueblo de Venezuela en general".
Que ".. el Decreto que declara el estado de excepción que regula el derecho cuya garantía se restringe debe ser presentado ante la Asamblea Nacional o la Comisión Delgada y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, además de cumplir con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos humanos, de acuerdo a lo expresamente señalado en el Texto Constitucional".
Que ".. señala la Norma Suprema que el Presidente o Presidenta de la República puede solicitar la prórroga de plazo de origen, el cual puede ser revocado por la Asamblea Nacional, o por su Comisión Delegada antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron (subrayado nuestro)".
Que ".. siguiendo la tradición constituciona!, el Constituyente de 1.999 en este tema expresó que la declaratoria del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público".
Que "[Iilas normas, objeto de solicitud interpretativa, en jurisdicción constitucional están contenidas en los artículos 339, 136 constitucionales (sic) son del tenor siguiente:
Artículo 339 El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantia se restringe, haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constituctonal del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Prestdente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comistón Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.
La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Públtco. (Subrayado nuestro).
Artículo 136 El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones proplas, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre si en la realización de los fines del Estado. (Subrayado nuestro)".
Que "[I]a solicitud que legtimamente interponemos, debe necesariamente concatenarse con los artículos 27 y 34 (sic) de la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción Artículo 27 El decreto que declare el estado de excepción, la solicitud de prórroga o aumento del número de garantias restringidas, será aprobado por la mayoria absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial que se realizará sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto. (Subrayado nuestro).
Artículo 34 [rectius: 33] La Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justicia emitirá todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia. (Subrayado nuestro)".
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sistema de controles internacionales, pero también de orden interno. En efecto, al referirse a las exigencias internacionales habría que afirmar que los principios que conforman tanto el sistema internacional, como el sistema interamericano, en materia de estados de excepción, no puede desvincularse del ejercicio de la democracia a que alude el artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, ni al conjunto de derechos esenciales de la persona humana, contenida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Intemacional de los Derechos Civiles y Pollticos".
excepción, en el lapso de ocho días siguientes de haberse dictado, debe ser presentado a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración o aceptación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad".
Que "... el Presidente de la República en el Decreto Número 2.184, publicado en la Gaceta Oficial Número 6.214 Extraordinario, de fecha 14 de enero de 2016, declara el estado de emergencia económica en Consejo de Ministros y en el cumplimiento de la Constitución lo envía a la Asamblea Nacional, ....
Que "[e]l 14 de enero de 2016 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 6.214 Extraordinario se publicó el Decreto Presidencial Número 2.184, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, de conformidad a la Constitución, las leyes y por un lapso de 60 dias. De conformidad al Texto Constitucional, dicho Decreto debe ser sometido a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitcional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Cumplidos estos requisitos constitucionales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció declarando constitucional, conforme a la Constitución, el Decreto in comento, en sentencia N° 04 Expediente 16-0038 de fecha 20 de enero de 2016, publicando su constitucionalidad en la Gaceta N° 40.838 de fecha 28 de enero de 2016. El hecho que ocupa nuestra atención y evaluación es que dicho Decreto sometido a la Asamblea Nacional no fue aprobado, en el lapso de cuarenta y ocho horas tal como lo pauta el articulo 27 de la Ley (sic) sobre Estados de Excepción; sino que fue desaprobado según el Acuerdo de sesión Plenaria en fecha 22 de enero del año que discurre, publicado en la página web de la Asamblea Nacional; es decir ya desde el 14 de enero data de su publicación en la Gaceta Oficial era pública y notoria la declaratoria del 'Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento juridico, por un lapso de sesenta (60) días'. Ello ha creado una situación de zozobra en algunos sectores de la vida nacional, puesto que [se] pregunta[n] qué ocurriría si se producen catástrofes, calamidades públicas, conmoción interior o exterior por conflicto interno o externo que ponga en peligro la seguridad de la nación y la del pueblo de Venezuela. La no aprobación en el ejercicio de la función de control político de la Asamblea Nacional sobre los Estados de excepción, la negativa de la Asamblea Nacional como Poder Público que inexcusablemente debe colaborar con los demás Poderes Públicos ¿Podria ello impedir o interrumpir el ejercicio de una función fundamental del Jefe del Estado y hasta alterar el funcionamiento de los órganos del Poder Público?; es eminente la problemática económica en la cual se encuentra el Estado, es inminente que se requiere y necesita la colaboración y concierto de todos los Poderes Públicos. ¿Puede uno de ellos interferir para la consecución de los objetivos del Estado? ¿De impedir que se soluciones las necesidades primarias del pueblo?...".
Que "[m]ás aún, el Derecho Constitucional democrático señala que este tipo de control parlamentario ejercido en este caso por la Asamblea Nacional venezolana, constituye un juicio de valor que se emite ante el acto de Gobierno del Poder Ejecutivo Nacional, es un control a posteriori porque solo puede ejecutarse una vez producido el acto del Ejecutivo. Lo contrario, es decir, un control parlamentario a priori sobre los actos del Poder Ejecutivo trasladaría la iniciativa de la decisión política a la Asamblea Nacional, y la consecuencia sería la sustitución de la Constitución por medios no previstos en ella, porque este hecho cambiaría la naturaleza del régimen constitucional y ya no sería un sistema mixto, sino un régimen parlamentario".
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426.362 Que "[dada la gravedad del comportamiento de la mayoría en la Asamblea Nacional la situación ocasionada se hace menester, en consecuencia, evaluar, dilucidar, aclarar con base a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la actual situación, puesto que la no aprobación de la Asamblea Nacional del estado de emergencia económica, no afecta de nulidad, ni sustenta o impide el ejercicio del Decreto Presidencial que declara dicho Estado en todo el territorio nacional, dadas las acciones de ofensiva económica y de graves amenazas, la caída inusitada de los precios petroleros, y a su vez, la obligación inajenable que tiene el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de proteger al pueblo y preservar sus derechos a la vida, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, e incluso la soberanía de Venezuela".
Que "[e]s menester observar que la declaratoria de los estados de excepción es competencia exclusiva del Presidente de la República en Consejo de Ministros, de conformidad al articulo 236, numeral 7, que establece como atribución presidencial declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías con los casos previstos en esta Constitución; ast mismo, el articulo 337 constitucional señala que es el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, quien puede decretar los estados de excepción, estando sujeto al llamado controi posterior político, de parte de la Asamblea Nacional y el control constitucional, de parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia".
Que "[e]l Decreto que declara el estado de excepción, aunque es considerado por la doctrina como un Acto de Gobierno, tiene rango y fuerza de ley y tiene preeminencia temporal en el ordenamiento juridico, siempre subordinado a la Constitución. Este Decreto, que declara el estado de excepción entra en vigencia una vez dictado, y su efecto de la declaratoria es la ampliación de la potestad normativa del Ejecutivo Nacional al restringir garantías constitucionales de conformidad al artículo 6 de la Ley Orgánica de (sic) los Estados de Excepción. Facilita también la ejecución de medidas dictadas por el Ejecutivo Nacional, en una reglamentación que incide democráticamente, constitucionalmente en los derechos ciudadanos, no extendiéndose a funciones judiciales, ni a las funciones de los otros Poderes, tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de los (sic) Estados de Excepción. Las facultades del Presidente incluyen las medidas necesarias, de acuerdo al principio de proporcionalidad con la necesidad, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley Orgánica de los (sic) Estados de Excepción in comento, todo ello con base a la doctrina, jurisprudencia y la Constitución. El Decreto de estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los Poderes Públicos, aunque acumula, en el Presidente de la República, por razones extraordinarias, constitucionales, las potestades ejecutivas y legislativas. El control parlamentario, control político, corresponde a la Asamblea Nacional. El acuerdo que emana de la Asamblea Nacional sólo puede negar la continuación de la declaratoria, examinando los motivos de méritos, de oportunidad y proporcionalidad, una vez que el Presidente de la República solicita la única prorroga".
Que "Is]i el Tribunal Supremo de Justicia declara la constitucionalidad del Decreto y la Asamblea Nacional lo desaprueba, se produce la caducidad del procedimiento parlamentario y solo puede aplicar la potestad revocatoria cuando el Presidente de la República solicita la prórroga por un plazo igual, y la evaluación de mérito que hace el parlamento demuestra que cesaron las causas que motivaron el decreto. Frente al control político en el Estado Constitucional de Derecho tiene preeminencia el dictamen judicial. Una vez presentado el decreto la Asamblea Nacional, tiene indefectiblemente un lapso de cuarenta y ocho horas para pronunciarse (artículo 27 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción)".
Que "[e]s de hacer notar, igualmente que el constituyente de 1.999 fue muy estricto en la temporalidad del estado de excepción, a diferencia de lo ocurrido bajo la vigencia de la Constitución de 1.961, que la suspensión de las garantías económicas fue por 30 años, y por tanto, contraria a derecho, a la doctrina democrática y a los principios y valores que emanan tanto del Derecho Internacional, como del Derecho Constitucional Comparado, tal como puede observarse en el Decreto de la Presidencia de la República Número 1.794, mediante el cual se restituyen las garantías económicas suspendidas, tal y como aparecen en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela del 10 de julio de 1.991 Número 34.792".
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temporalidad son precisamente los que caracterizan al Decreto de emergencia económica presidencial".
Quc "[e]n el caso que nos ocupa, sometido, mediante Recurso de Interpretación Constitucional a esa honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha desarrollado una guerra económica, iniciada contra el pueblo de Venezuela, en coordinación con factores internos y externos, perjudicando gravemente al puebio y dificultando el ejercicio de su derecho a disponer de bienes y servicios esenciales en detrimento de derechos esenciales como la salud y la alimentación. Está amenazada la sostenibilidad de la economia nacional, también por el efecto de los precios en bajada del petróleo, y el gobierno está en la obligación de proteger a Venezuela en función de las amenazas existentes, cuyo impacto social y económico afectan gravemente el desenvolvimiento normal y la estabilidad de la República, se afectan los ingresos fiscales y de divisas el país y, como hemos dicho, los derechos del pueblo. De acuerdo al artículo 2 de la Ley de los Consejos Comunales; los Consejos Comunales 'son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social'; igualmente con fundamento en el artículo 62 constitucional, el cual pauta: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas".
Que "[1]a participación del pueblo en la formación, ejecución y que garantice su pleno desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica".
Que "[plor lo expuesto, es que [se] constitu[yen] en legitimados activos, o si se quiere, en tubores de la constitucionalidad dirigiendo[sc] a es[ta] Honorable Sala Constitucional a efectos de su sentencia interpretativa, de los mencionados artículos 339, 136 constitucionales y 27 y 34 (sic) de la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción".
Que "[e]n el Titulo VII de la Protección de esta Constitución, de la garantia de esta Constitución, Capítulo II de los Estados de Excepción, se desarrollan en tres normas, articulos 337, 338 y 339 todo lo relativo a las declaratoria del llamado por la doctrina ius exorbitante' en el marco del Estado de Derecho y de los valores y principios de la democracia".
Que "[e]n ese sentido, el Decreto del estado de emergencia económica tiene como supuesto 'cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación' para lo cual el Presidente podrá decretar el Estado de Excepción en Consejo de Ministros, atendiendo a los límites constitucionales, en particular, lo relativo a los de derechos humanos, el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información entre otros. Procedimentalmente el otro requisito constitucional, es el Decreto que declara el Estado de Excepción del que se trata, debe presentarse a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad y a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración o aprobación".
Que "[e]l Decreto Presidencial Número 2.184, mediante el cual se declara que el Estado de Emergencia Económica cumple con todos los requisitos constitucionales a que se contrae los artículos 337, 338 y 339 constitucionales, y así expresamente lo ha declarado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica en su pronunciamiento de constitucionalidad del Decreto in comento".
Quc "[sle trata pues de un control judicial automático, atribuido a la Sala Constitucional y como dice la Exposición de Motivos del Texto Constitucional al referirse al Decreto 'se prescribe su remisión a instancia deliberante de los tres poderes clásicos que intervienen en los Estados de excepción”.
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Jueves 11 de febrero de 2016 Que “[I]a duda sobreviene, no sobre la validez del control político parlamentario, sino sobre sus efectos, ya que el Texto Constitucional en las normas contenidas en los artículos 337, 338 y 339 no hace referencia a ello".
Que "[cuando el constituyente de 1.999 le da la atribución a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para pronunciarse sobre su constitucionalidad, está separando el control político (Parlamento) del control jurisdiccional. Además, la misma Constitución le confiere al Tribunal Supremo de Justicia ser el máximo intérprete de la Constitución; por ello resulta incongruente como un artículo de una ley como el artículo 34 (sic) de la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción (sic) cercena el control sobre el orden jurídico al Tribunal Supremo de Justicia".
Que "[d]e acuerdo a la redacción del artículo 339 constitucional, la Asamblea Nacional, o la Comisión Delegada, sólo participan de la potestad revocatoria cuando el Presidente de la República solicita la prórroga del Estado de excepción (emergencia económica) y la Asamblea Nacional, o Comisión Delegada, consideran que las causas que lo motivaron (el Decreto), ya habían cesado, tal como está inequívocamente redactado por el constituyente en la parte in fine del primer párrafo del articulo 339 constitucional".
Que "[l]a otra consecuencia al observar que la Constitución no hace ninguna referencia a las consecuencias del rechazo legislativo, a [su] ver, ni la Asamblea Nacional ni la Comisión Delegada tienen facultades de modificación o de afectar la eficacia del Decreto Presidencial in comento, se trata de una atribución no condicionada del Presidente de la República prevista en el articulo 336 numeral 7 de la Constitución, por tanto el Decreto es eficaz desde su publicación en la Gaceta Oficial".
Que "... la potestad revocatoria la establece el constituyente a la Asambiea Nacional, o la Comisión Delegada, cuando el Presidente solicita la prórroga y la instancia deliberante considera que cesaron las causas que motivaron el Decreto. Lo cual es distinto a anular el Decreto y establece una separación clara con el acto de no aprobación. La anulación del Decreto no es Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. La no aprobación no tiene efecto anulatorio o suspensivo, por cuanto emerge de una facultad preeminente, expresamente acordada en la Constitución al Presidente, que de acuerdo a su potestad discrecional y evaluativa de la situación, es el único Juez mérito para ejercer esa facultad".
Que "[e]l acto revocatorio, cuando se solicita la prórroga a que hemos hecho referencia ut supra, no es un pronunciamiento de legitimidad, sino que es un pronunciamiento sobre la continuidad de los efectos del Decreto, la Asamblea Nacional, en este caso, lo único que hace es cesar las consecuencias del Decreto o acto de gobiemo, por estimar que no debe continuar ya que concluyeron las causa que lo motivaron".
Que "[sli existe siempre, a nuestro ver, un control de constitucionalidad, pues los actos de gobierno tienen el mismo nivel en la jerarquía en las fuentes del Derecho que una ley formal, y por tanto es controlable por el órgano jurisdiccional en lo que atañe a su constitucionalidad.
Es de advertir que aunque el contenido del recurso de inconstitucionalidad sea limitado, el puede versar sobre la incompetencia; si fue asumido por la fuerza;
si fue dictado con desviación de poder; si hubo falta de procedimiento previsto; o si hubo abuso de poder; o si se incumplió con los tratados intemacionales de Derechos Humanos".
Que "... es indubitable la eficacia y vigencia del Decreto Presidencial referido al Estado de emergencia, económica en todo el territorio nacional".
Que “... el artículo 187 constitucional referido a las atribuciones de la Asamblea Nacional, no establece 'autorización' para el Presidente de la República en lo que respecta al Decreto de los Estados de excepción. A su vez, la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción (sic) en el Titulo IV del control al decreto Capitulo I el Control por la Asamblea Nacional, artículos 26, 27, 28, 29 y 30, no refiere los efectos de la no aprobación parlamentaria del decreto in comento, por el contrario en el articulo 30 habla (sic) 'acuerdo' dictado por la Asamblea Nacional y en el artículo 26 repite la formula constitucional sobre el control político parlamentario al Decreto, y a pesar que trata el tema de la prórroga del Estado de excepción, no refiere la potestad revocatoria constitucional, ni ningún otro efecto".
4 26.363 En tal sentido, los recurrentes se plantearon las siguientes dudas:
"1) Si, el Decreto que declara el estado de excepción debe enviarse a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación, y excepción tanto constitucionales, como legales, no precisan los certeza, en cuanto a las consecuencias para el Decreto que declara el estado de excepción? 2) ¿Si el Decreto es declarado conforme a la Constitución, y en consecuencia no puede ser anulado, suspendido o revocado prima facie, entonces en qué consiste la no aprobación de la Asamblea Nacional? 3) Como señala la doctrina, el control parlamentario político es un juicio de valor sobre el acto de gobierno del Presidente de la República, y es un control a posteriori, si no es ast, ¿Quiere decir, que estamos sustituyendo al sistema presidencial mixto por un sistema parlamentario? 4) Más aún, ante una situación supongamos de invasión, de conflicto internacional inminente, de conmoción interior, ¿Podria el Presidente subordinar su acción de defensa de la República, del pueblo de Venezuela a ia potestad evaluativa ya discrecional de la Asamblea Nacional, aún cuando se ha declarado su constitucionalidad? 5) Por otra parte, ¿La no existencia en la Constitución, de las consecuencias jurídicas de la no aprobación del órgano legislativo ante la emergencia económica, supone un tipo de responsabilidad parlamentaria? 6) Al no estar afectada la eficacia del Decreto Presidencial y no tener facultades revocatorias la Asamblea Nacional, sino a posteriori, es decir, cuando el Presidente solicita prórroga por un plazo igual, no es ese el control revocatorio? 7) ¿Si en la prórroga se aprecia que cesaron las causas que lo Asamblea Nacional la facultad de revocar el Decreto, no quiere decir esto que claramente la intención del constituyente es que el control parlamentario político no podia tener ningún efecto modificatorio o suspensivo, sino más bien prima facie mantener intangible el Decreto, pese a su apreciación política? 8) ¿La anulación es siempre un examen de legitimidad, es que acaso el Poder Legislativo lo puede subrogar? 9) ¿No es acaso el Presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, el único Juez de Mérito de su acto de gobierno o Decreto? 10) ¿La potestad revocatoria de la Asamblea Nacional a posteriori no es acaso una decisión ulterior, relativa a la oportunidad, conveniencia o causas que motivaron el Decreto? 11) ¿La Asamblea Nacional, en su potestad revocatoria a posteriori, acaso no se refiere a la continuación de los efectos y no al pronunciamiento de legitimidad de las medidas? 12) ¿No es acaso diferente el control judicial que ejerce la Sala Constitucional distinto al acto político o de Gobierno controlado por el parlamento, mediante la apreciación de la instancia deliberativa y no mediante un control jurisdiccional constitucional?".
Asimismo, los recurrentes, en cuanto al objeto de la interpretación señalaron:
Que "... en el presente caso [se encuentran] con la inminente necesidad de obtener seguridad juridica mediante una declaración de certeza que permite esclarecer el alcance de consecuencias de la norma de este objeto, o recurso, en lo que respecta al sistema de control interno y de manera particular, al control de la Asamblea Nacional de los estados de excepción a que se contrae el artículo 339 Constitucional in comento. Pretende[n], con el respeto y la venia de esta Sala Constitucional, esclarecer el alcance que surge de la interpretación de las normas que [han] señalado, puesto que, ellas no refieren los efectos de la no aprobación por parte de la Asamblea Nacional del Decreto que declara el estado de excepción. Claro está, la norma del 339 articulo in comento en su parte final expresa el Presidente o Presldenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional, antes del término señalado al cesar las causas que lo motivaron', pareciera indicar el Constituyente que la aprobación o no aprobación parlamentaria es una forma de control político que no puede anular, ni revocar, ni suspender el Decreto que declara el estado de excepción, no obstante, el Constituyente le da potestad revocatoria del Decreto a la Asamblea Nacional o su Comisión Delegada 'al cesar las causas que lo motivaron' (Subrayado nuestro)".
Que "[tjal como ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, el recurso de interpretación de naturaleza constitucional tiene como prioridad de
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426.364 resolver cuestiones hermenéuticas y, su relación con un caso particular, sólo está dirigida a demostrar que ante una determinada situación se ha suscitado la duda por las distintas interpretaciones dadas a un mismo precepto y que además existe interés general en la solución del asunto. Por otra parte, cuando el juez en su función hermenéutica está impedido de pronunciar una anulación, respecto del caso planteado, la jurisprudencia ha señalado la necesidad que la declaratoria de interpretación verse sobre un caso concreto, a los fines de permitir al intérprete apreciar objetivamente la existencia de la duda que alegue como fundamento, y ast evitar que el mismo se convierta en un ejercicio académico sin la finalidad práctica de la mejor aplicación".
Que "[debe adicionarse igualmente que en la disposición contenida en el art (Sic) 187 en sus numerales 1 al 24, no aparece la facultad de autorizar al Presidente de la República' en lo que respecta al Decreto que declara el estado de excepción. Utiliza, si, el constituyente, el término celebrar contratos de interés público, municipal, estadal o el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el pais, o para enajenar inmuebles de dominio privado de la nación, o a los funcionarios públicos para aceptar cargos del gobierno extranjero, o el nombramiento del Procurador General de la República o de los jefes de misiones diplomáticas permanentes, o la salida del Presidente del territorio nacional cuando su e o en n e e e e ninguna manera aparece como competencia de la Asamblea Nacional, autorización alguna en lo que respecta al Decreto de los estados de excepción, constitucional, numeral 7, que es una obligación y atribución del Presidente declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución".
Que ".. el Presidente o Presidenta de la República 'está obligado u obligada a procurar las garantías de los derechos y libertades de los venezolanos asi como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República', de acuerdo al artículo 232 particular en la declaración de los estados de excepción, siempre bajo la responsabilidad que la propia norma referida señala".
Finalmente, los recurrentes solicitaron:
Interpretación de naturaleza constitucional sobre los artículos 339, 136 constitucionales; 27 y 34 (sic) de la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción. De manera particular sobre los efectos de la consideración y aprobación de la Asamblea Nacional en los términos declarados en el presente escrito.
2) Que el presente escrito de naturaleza constitucional sea recibido, informado al respectivo expediente y admitido.
3) Que el presente Recurso de Interpretación declare con certeza otorgando la debida seguridad juridica- los efectos de la consideración y aprobación o no aprobación de la Asamblea Nacional sobre el Decreto que declara el estado de excepción.
estricta doctrina juridica, no requiere la apertura de un contradictorio, y declare el asunto como de mero derecho, y le dé el tratamiento correspondiente, jurando la urgencia en el pronunciamiento de lo planteado.
5) Que la Sala se pronuncie sobre la vigencia del decreto 2.184 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.214 Extraordinario de fecha 14 de enero de 2016". (Resaltados y subrayados del original).
II DE LA COMPETENCIA Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer el presente recurso de interpretación y, al respecto, observa:
En sentencia n.º 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso:
"Servio Tulio León", esta Sala Constitucional determinó su competencia para Jueves 11 de febrero de 2016 interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el articulo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.
Al respecto, esta Sala Constitucional como máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha precisado que la facultad interpretativa está dirigida a que la norma a interpretar esté contenida en la Constitución (sentencia n.º 1415 del 22 de noviembre dc 2000, caso: "Freddy Rangel Rojas", entre otras) o integre el sistema constitucional (sentencia n.° 1860 del 5 de octubre 2001, caso:
"Consejo Legislativo del Estado Barinas"), del cual formarán parte los tratados o convenios internacionales que autorizan la producción de normas septiembre de 2000, caso: "Servio Tulio León") o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia n.° 1563 del 13 de diciembre de 2000, caso: "Alfredo Peña").
Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia acogió la doctrina comentada, estableciendo expresamente en su articulo 25.17, la competencia de esta Sala para: "Conocer la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional".
Así las cosas, se observa que la petición de los recurrentes de autos estriba en interpretar los artículos 339, en concatenación con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de los articulos 27 y 34 [rectius: 33, pues es el que se corresponde con el contenido señalado por los solicitantes, conforme a la ley vigente, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001] de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción; los dos primeros (artículos constitucionales), relacionados con la declaratoria del estado de excepción, la distribución del Poder Público y el principio de colaboración entre poderes, y los segundos (articulos de la Ley referida), sobre la aprobación o no del decreto que declare el estado de excepción por la Asamblea Nacional, dentro de los lapsos señalados en dicha norma, junto a sus efectos, y a la declaratoria de omisión de la instancia, si la Asamblea Nacional desaprobare el decreto de excepción o denegare su prórroga); por lo que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales señalados, con lo previsto en el articulo 335 Constitucional y en atención a lo dispuesto en la aludida disposición de la ley que regula las funciones de este Máximo Juzgado, esta Sala resulta competente para decidir el asunto sometido a su conocimiento. Asi se declara.
IⅢI DE LA ADMISIBILIDAD Con relación a la admisibilidad de la solicitud de autos, la Sala estima conveniente reafirmar su doctrina sobre las condiciones de admisibilidad a las que se halla sujeta esta especial demanda (Vid., entre otras, sentencias números 1.077/2000, 1.347/2000, 2.704/2001 278/2002), y observa que la misma no se encuentra incursa en ninguna de esas causales de inadmisibilidad, asi como tampoco en las previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Asi se declara.
IV DE LA URGENCIA DEL ASUNTO Con fundamento en los precedentes jurisprudenciales de esta Sala contenidos en sentencias números 226/2001, 1.684/2008 y 1.547/2011, considerando, por una parte, que el presente asunto es de mero derecho, en tanto no requiere la evacuación de prueba alguna, al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento interpretativo de varios articulos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, por la otra, en solicitud de interpretación formulada, los cuales se vinculan a la actual situación económica existente en la República Bolivariana de Venezuela, con incidencia directa en todo el Pueblo venezolano, esta Sala declara que la presente causa es de mero derecho, asi como la urgencia en su resolución.
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Jueves 11 de febrero de 2016 En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria del articulo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 145 eiusdem, la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más trámites el presente asunto. Asi se decide.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Los demandantes, identificados como miembros de distintos Consejos Comunales, Comunas y otros movimientos sociales de organización popular, solicitan a esta Sala Constitucional, la interpretación de los articulos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (publicada en la Gaceta Oficial n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001); la cual surge en el marco de la actual situación económica que existe en el país y, según señalan, los afecta como integrantes del pueblo venezolano.
Al respecto, en sintesis, los demandantes de autos plantean las siguientes pretensiones hermenéuticas, relacionadas con las precitadas normas:
Que "...La no aprobación en el ejercicio de la función de control político de la Asamblea Nacional sobre los Estados de excepción, la negativa de la Asamblea Nacional como Poder Público que inexcusablemente debe colaborar con los demás Poderes Públicos ¿Podría ello impedir o interrumpir el ejercicio de una función fundamental del Jefe del Estado y hasta alterar el funcionamiento de los órganos del Poder Público?; es eminente la problemática económica en la cual se encuentra el Estado, es inminente que se requiere y necesita la colaboración y concierto de todos los Poderes Públicos. ¿Puede uno de ellos interferir para la consecución de los objetivos del Estado? ¿De impedir que se soluciones las necesidades primarias del pueblo?...".
Asimismo, los recurrentes se plantearon lo siguiente:
"1) Si, el Decreto que declara el estado de excepción debe enviarse a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación, y ninguna de las normas referidas al régimen de los estados de excepción tanto constitucionales, como legales, no precisan los efectos de la no aprobación, ¿Cual seria entonces el ámbito de certeza, en cuanto a las consecuencias para el Decreto que declara el estado de excepción? 2) ¿Si el Decreto es declarado conforme a la Constitución, y en consecuencia no puede ser anulado, suspendido o revocado prima facie, entonces en qué consiste la no aprobación de la Asamblea Nacional? 3) Como señala la doctrina, el control parlamentario político es un juicio de valor sobre el acto de gobierno del Presidente de la República, y es un control a posteriori, si no es así, ¿Quiere decir, que estamos sustituyendo al sistema presidencial mixto por un sistema parlamentario? 4) Más aún, ante una situación supongamos de invasión, de conflicto internacional inminente, de conmoción interior, ¿Podria el Presidente subordinar su acción de defensa de la República, del pueblo de Venezuela a la potestad evaluativa ya discrecional de la Asamblea Nacional, aún cuando se ha declarado su constitucionalidad? 5) Por otra parte, ¿La no existencia en la Constitución, de las consecuencias jurídicas de la no aprobación del órgano legislativo ante la emergencia económica, supone un tipo de responsabilidad parlamentaria? 6) Al no estar afectada la eficacia del Decreto Presidencial y no tener facultades revocatorias la Asamblea Nacional, sino a posteriori, es decir, cuando el Presidente solicita prórroga por un plazo igual, no es ese el control revocatorio? 7) ¿Si en la prórroga se aprecia que cesaron las causas que lo motivaron, y es la única vez que el constituyente le otorga a la Asamblea Nacional la facultad de revocar el Decreto, no quiere decir esto que claramente la intención del constituyente es que el control parlamentario politico no podia tener ningún efecto modificatorio o suspensivo, sino más bien prima facie mantener intangible el Decreto, pese a su apreciación política? 8) ¿La anulación es siempre un examen de legitimidad, es que acaso el Poder Legislativo lo puede subrogar? 9) ¿No es acaso el Presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, el único Juez de Mérito de su acto de gobierno o Decreto?
426.365 10) ¿La potestad revocatoria de la Asamblea Nacional a posteriori no es acaso una decisión ulterior, relativa a la oportunidad, conveniencia o causas que motivaron el Decreto? 11) ¿La Asamblea Nacional, en su potestad revocatoria a posteriori, acaso no se refiere a la continuación de los efectos y no al pronunciamiento de legitimidad de las medidas? 12) ¿No es acaso diferente el control judicial que ejerce la Sala Constitucional distinto al acto político o de Gobierno controlado por el parlamento, mediante la apreciación de la instancia deliberativa y no mediante un control jurisdiccional constitucional?".
Como puede apreciarse, la pretensión gira en torno al contenido y alcance de varias normas constitucionales y legales vinculadas a los estados de excepción (que inclusive trascienden a las señaladas por los demandantes), a su control a lo interno del Poder Público y a los efectos del mismo, razón por la que, con motivo de la necesaria interpretación integral y conforme al principio de supremacia constitucional, resulta necesario atender al contenido de esas normas, así como del resto de las fuentes del derecho vinculadas a las mismas, de acuerdo a las incertidumbres hermenéuticas planteadas por los justiciables de autos.
Al respecto, directamente sobre los estados de excepción, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé las siguientes disposiciones:
"Sección segunda: de las atribuciones del Presidente o Presidenta de la República Articulo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:
(...) 7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución.
(...) El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.
TITULO VIII. DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN.
Capitulo II De los estados de excepción Articulo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, politico, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantias consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
Articulo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta dtas, siendo prorrogable hasta por treinta dtas más. Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, conmoción interior o exterior en caso de conflicto intero o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más. La aprobación de la prórroga de los estados de excepción los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.
Artículo 339. El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho dias siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público".
Asi pues, según el referido articulo 236.7 Constitucional, es atribución y obligación del Presidente o Presidenta de la República, en
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426.366 Consejo de Ministros, declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución.
Autoridad que se ratifica en el artículo 337 eiusdem, según el cual "se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos". Asimismo, indica la norma en cuestión que "En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles".
Al respecto, la tendencia predominante del constitucionalismo patrio y del sistema fundamentalmente presidencialista que ha imperado en el mismo, ha optado, históricamente desde el siglo XIX, en asignar esta especial potestad que incide en los derechos fundamentales, al Presidente o Presidenta de la República, quien es Jefe de Estado y Jefe del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno (articulo 226 Constitucional), y sólo en algunas Constituciones se ha dado intervención, generalmente limitada y referida al control politico, al Poder Legislativo Nacional en esta materia, tal como ocurre en las Constituciones de 1961 y de 1999, entre otras tantas.
En tal sentido, la Constitución de 1961 disponia lo siguiente:
"Capitulo II. Titulo VI Artículo 190, De las Atribuciones del Presidente de la República.
(...) 6. Declarar el Estado de Emergencia. Decretar la Restricción o Suspensión de Garanttas.
7. Medidas en caso de Emergencia Intemacional.
8. Dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera cuando asf lo requiera el interés público y haya sido autorizado para ellos por ley especial;
(...) Titulo IX, Capítulo II De la Emergencia. Articulos 240 al 244.
Artículo 240. En caso de conflicto interior o exterior o amenaza de ello, el Presidente de la República podrá declarar el Estado de Emergencia.
Articulo 241. En caso de emergencia, conmoción que pueda perturbar la paz de la República o de graves circunstancias que afecten la vida económica o social, el Presidente de la República podrá Restringir o Suspender las Garantías Constitucionales, con excepción del derecho a la vida y a la libertad en el sentido de los numerales 3° y 7° del articulo 60 de la Constitución. El Decreto deberá ser motivado e indicar si rige para todo o parte del territorio nacional.
Artículo 242. El Decreto de Suspensión o Restricción de Garantías será dictado en Consejo de Ministros y sometido a consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada.
Artículo. 243. El Decreto de restricción o supresión de garantías será revocado por el Ejecutivo Nacional, o por las Cámaras en sesión conjunta, al cesar las causas que lo motivaron. La cesación del estado de emergencia será declarada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros y con la autorización de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada.
Artículo 244. Facultad de dictar Medidas Indispensables, que se limitarán a la detención o confinamiento de los indiciados y las adoptará el Presidente de la República en Consejo de Ministros, en caso de amenaza de trastornos del orden público que no justifiquen la Suspensión o Restricción de las Garantias".
Asi pues, en la Constitución de 1961 (sin control juridicoconstitucional), la declaración de restricción o supresión de garantias también correspondia al Presidente de la República, pcro el constituyente sólo indicó que el decreto que la contenía debia ser sometido a consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada. La actual, como ya lo rcferimos, se refiere a su consideración y aprobación.
Como ha podido apreciarse, entre otros aspectos, la Constitución de 1961 otorgaba al Presidente de la República, la potestad de dictar estas medidas de excepción, señalando simplemente que "El Decreto de Suspensión o Restricción de Garantías será (...) sometido a consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada", sin que se estableciera posibilidad de aprobar políticamente o no tal decreto, sino únicamente que "El Decreto de restricción o supresión de garantías será revocado por el Jueves 11 de febrero de 2016 Ejecutivo Nacional, o por las Cámaras en sesión conjunta, al cesar las causas que lo motivaron", y que "La cesación del estado de emergencia será declarada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros y con la autorización de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada".
Asi pues, ni la Conjstitución de 1961 ni la de 1999 se refieren de forma expresa a su eventual desaprobación (probablemente partiendo de la naturaleza propia de los estados de excepción y de los principios de presunción de legitimidad de los actos del Poder Público, de unidad de fines del Estado y colaboración a lo interno del Poder Público). Por el contrario, no se encuentra dentro de las atribuciones contempladas en el articulo 187 Constitucional vigente, la de desaprobar o improbar el estado de excepción decretado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, por lógica juridica, la referencia expresa a la aprobación, en la Constitución de 1999, apareja la posibilidad contraria, es decir, la de la desaprobación, tal como lo ha reconocido esta Sala.
Sin embargo, la aprobación o desaprobación del decreto de estado de excepción, por parte de la Asambica Nacional, lo afecta desde la perspectiva del control politico y, por ende, lo condiciona políticamente, pero no desde la perspectiva juridico-constitucional, pues, de lo contrario, no tendría sentido que el constituyente, en correspondencia con los principios de supremacia constitucional y del Estado Constitucional (no del otrora Estado Legislativo de Derecho), hubiere exigido, además de aquel control, el examen constitucional del mismo, por parte de esta Sala, como máxima protectora de la Constitucionalidad (vid. articulos 335 y 339 del Texto Fundamental); de alli que aquel control, sobre la base de los principios y normas mencionados, además de la autonomia del Poder Público, no invalida la tutela definitoria de la constitucionalidad.
En efecto, la anulación, en el ámbito de los articulos 339 Constitucional y 38 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, es un examen de la legitimidad, validez y vigencia juridico-constitucional, lo que no le corresponde efectuar al Poder Legislativo Nacional, el cual, por disposición del referido articulo 339, podrá revocar políticamente, antes del término señalado y al cesar las causas que lo motivaron, la prórroga del estado de excepción (potestad que ante todo se le asigna al Ejecutivo Nacional).
Tal regulación histórica no solo se compagina con la forma de gobierno cardinalmente adoptada en la tradición constitucional patria (Presidencialista), sino con la necesidad de colocar al frente de tales situaciones excepcionales (catástrofes, calamidades públicas u otros Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas; circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación o conflictos internos o externos, que pongan seriamente en peligro la seguridad contexto, al máximo representante del Poder Ejecutivo Nacional y titular de la Jefatura del Estado, reduciendo los riesgos derivados de la demora de cuerpos colegiados deliberantes y especialmente nutridos como la máxima representación del Poder Legislativo Nacional: Asamblea Nacional; razón que explica el control posterior en este ámbito, tanto el político, cuya omisión hoy dia no implica responsabilidad disciplinaria en lo que corresponde a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, como el Constitucional, que si es imperativo e insoslayable por mandato legal, al aparejar, además, responsabilidad para los magistrados y magistradas de esta Sala, si ella no se pronunciarse dentro del lapso de ley, todo ello en razón de la preeminencia de los principios de supremacía constitucional, jurisdicción constitucional y carácter vinculante e ineludibilidad del control juridico-constitucional (ver arts. 7, 334 y 335 Constitucional, y 32 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción).
En efecto, si se examina el Derecho Comparado, los estados de excepción generalmente corresponden al Poder Ejecutivo, el cual puede implementar los con el auxilio o soporte de la autoridad militar. Esto es lógico, porque como refiere la autora Hildegard Rondón De Sansó, "el Poder Ejecutivo es más ágil en la toma y ejecución de sus decisiones que los restantes poderes, y sus titulares son los que mejor conocen de las circunstancias fácticas que pueden afectar la vida constitucional" (Análisis de la Constitución venezolana de 1999. Parte Orgánica y Sistemas. Caracas.
Editorial Ex Libris. 2002, p. 362). Incluso, la citada autora considera que "las medidas de excepción, por su misma naturaleza, no deberán estar sometidas a controles a priori, por cuanto ello podr la afectar su eficacia e incluso su
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Jueves 11 de febrero de 2016 existencia...", además de "atentar contra el carácter inmediato y urgente de las mismas" (idem).
Incluso en los regímenes parlamentarios, el estado de excepción generalmente es competencia del Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, aunque siempre se prevea como regla general el control politico parlamentario (ver, por ejemplo, el articulo 116 de la Constitución española). En cualquier caso o modalidad, el estado de excepción "emana de la necesidad de autoconservación y se legitima porque existe para la protección y la salvaguarda del orden existente en la sociedad" (Calvo Baca, Emilio. Terminología Juridica Venezolana. Ediciones Libra C.A, Caracas, 2011. P. 326).
Así pues, y sin que esas menciones impliquen el reconocimiento de la constitucionalidad o no de estas normas, salvo que se indique expresamente, el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción dispone "El decreto que declare el estado de excepción, su prórroga o aumento
República dentro de los ocho dtas continuos siguientes a aquél en que haya sido dictado, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que ésta se pronuncie sobre su constitucionalidad. En el mismo término, el Presidente de la Asamblea Nacional enviará a la Sala Constitucional el Acuerdo mediante el cual se apruebe el estado de excepción".
A su vez, el único aparte de esa disposición legal prevé que "Si el Presidente de la República o el Presidente de la Asamblea Nacional, según el caso, no dieren cumplimiento al mandato establecido en el presente artículo en el lapso previsto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará de oficio"; sin que se establezca responsabilidad disciplinaria, como sí ocurre respecto de los magistrados y magistradas que integran esta Sala, según lo ordenado en el articulo siguiente:
"Articulo 32. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el lapso de diez días continuos contados a partir del recibo de la comunicación del Presidente de la República o del Presidente de la Asamblea Nacional, o del vencimiento del lapso de ocho dias continuos previsto en el articulo anterior, siguiendo el procedimiento que se establece en los artículos subsiguientes.
Si la Sala Constitucional no se pronunciarse en el lapso establecido en el presente articulo, los magistrados que la componen incurrirán en responsabilidad disciplinaria, pudiendo ser removidos de sus cargos de conformidad con lo establecido en el articulo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".
Como puede apreciarse, cl propio legislador reconoció las limitaciones propias del control politico que ejerce el Poder Legislativo Nacional, no sólo cuando omitió aludir a la responsabilidad disciplinaria de los diputados en el contexto de la referida ley, sino que previó la convalidación politica automática del decreto que declare el estado de excepción: "Si por caso fortuito o fuerza mayor la Asamblea Nacional no se pronunciarse dentro de los ocho días continuos siguientes a la recepción del decreto", el cual, en este caso, "se entenderá aprobado"; no ocurriendo lo propio con el control constitucional que sí resulta insoslayable por su contenido, naturaleza y alcance, que condiciona la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica del decreto en cuestión y de su prórroga (siendo posible, ulteriormente, dictar otro u otros decretos de estados de excepción, en razón del posible mantenimiento de las circunstancias o del surgimiento de otras que lo fundamenten), sino que además incide sobre los efectos juridicos en tiempo del referido decreto, estableciendo, inclusive, que:
"La decisión de nulidad que recaiga sobre el decreto tendrá efectos retroactivos, debiendo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia restablecer inmediatamente la situación juridica general infringida, mediante la anulación de todos los actos dictados en ejecución del decreto que declare el estado de excepción, su prórroga o aumento del número de garantias constitucionales restringidas, sin perjuicio del derecho de los particulares de solicitar el restablecimiento de su situación jurídica individual y de ejercer todas las acciones a que haya lugar. Esta decisión deberá ser publicada integramente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela" (articulo 38 eiusdem).
En lo que a ello se refiere, esa norma se corresponde con las previstas en los articulos 7, 334, 335, 336, 337 al 339 Constitucionales, y 426.367 con todas las normas de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que reconocen la vigencia inmediata de los decretos de estados de excepción, entre ellas, las previstas en los siguientes articulos:
"Artículo 17. Decretado el estado de excepción, toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, está obligada a cooperar con las autoridades competentes para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza, con la correspondiente indemnización de ser el caso.
Articulo 18. El incumplimiento o la resistencia a la obligación de cooperar establecido en el articulo anterior, será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las respectivas leyes.
En todo caso, si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las autoridades podrán suspenderles de inmediato en el ejercicio de sus cargos y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente disciplinario. Cuando se trate de autoridades electas por voluntad popular, se procederá de acuerdo con lo contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes.
(..) Artículo 21. El decreto que declare el estado de excepción suspende temporalmente, en las leyes vigentes, los articulos incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto.
Articulo 22. El decreto que declare los estados de excepción tendrá rango y fuerza de Ley, entrará en vigencia una vez dictado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, y deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República de la República Bolivariana de Venezuela y difundido en el más breve plazo por todos los medios de comunicación social, si fuere posible."(Subrayado de la Sala) Con relación a los estados de excepción y a la regulación de este tipo de actos juridicos, esta Sala, en sentencia n.° 1173 del 28 de agosto de 2015, señaló lo siguiente:
"Así pues, en general la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la posibilidad de que el Presidente de la República en Consejo de Ministros decrete estado de excepción, en sus distintas formas: estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de conmoción exterior, conforme a lo previsto en sus artículos 337 y 338.
Igualmente, el artículo 337 Constitucional establece los escenarios que deben considerarse para decretar los estados de excepción, es decir, el i) estado de alarma, ii el estado de emergencia económica y iü) el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, asi como el tiempo por el que puede ser instaurado cada uno de ellos. Este mismo artículo enumera taxativamente los supuestos de hechos en los cuales procedería la declaratoria de los referidos estados de excepción y alude a la posibilidad de restricción temporal de las garantías consagradas en la Constitución "salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos intangibles".
Por su parte, el articulo 338 Constitucional desarrolla los extremos de estos estados de excepción y determina los controles a los cuales debe sujetarse el Decreto mediante el cual se declara el estado de excepción, precisando que la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional.
En este sentido, el artículo 339 eiusdem dispone que el Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del o los derechos cuya garantia se restringe, será presentado, dentro de los ocho (8) dias siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
De otra parte, el desarrollo legislativo de esta figura jurídica extraordinaria de orden constitucional está regulado en la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, la cual es'rblece, entre otros tópicos, los supuestos para que se configuren los estados de excepción.
Este instrumento legal estatuye en su artículo 2 que los Estados de Excepción son circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones, al tiempo que dispone los principios rectores de los mismos.
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426.368 En la doctrina patria, los estados de excepción han sido definidos como circunstancias extraordinarias dotadas de la caracteristica de la irresistibilidad de los fenómenos y la lesividad de sus efectos, que se plantean en un régimen constitucional, afectando o amenazando con hacerlo a sus instituciones fundamentales, impidiendo el normal desarrollo de la vida ciudadana y alterando la organización y funcionamiento de los poderes públicos (Rondón de Sansó, Hildegard. El Régimen de los estados de excopción en la Constitución de 1999, en Cuatro Temas Algidos de la Constitución Venezolana de 1999. Caracas. 2004).
Particularmente, la doctrina citada identifica los siguientes elementos conceptuales sobre la noción que ocupa a la Sala en esta ocasión, a saber:
-Los estados de excepción son circunstancias de variada indole: derivados del hombre, de la naturaleza o de los fenómenos socio-económicos.
-Las circunstancias que conforman los estados de excepción pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los ciudadanos.
-Los hechos que determinan el estado de excepcional no pueden combatirse con las facultades de las cuales normalmente dispone el Poder Público para actuar en las situaciones habituales en las que se desarrolla la vida colectiva e institucional.
De allí que los conceptos que entran en juego son:
1.- La heterogeneidad de las circunstancias determinantes de los estados de excepción. En efecto, la noción no se limita simplemente a los hechos politico-militares o bélicos, -como se consideró durante mucho tiempo-, ya que se entendía como sinónimo de estados de excepción las alteraciones que, en el orden político, podían afectar al gobierno y a las instituciones del Estado, mencionándose como tales, las sublevaciones civiles o militares, las asonadas, los intentos de golpe de estado, el descubrimiento de focos conspirativos contra el régimen, la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional, la actuación de grupos subversivos contra el orden gubemativo institucional o político, e incluso, las crisis virulentas en el seno de los poderes públicos. A estas figuras bélicas tradicionales hay que agregar hoy en dia, nuevas modalidades que no implican la presencia de un enemigo identificable, sino que los actos dañinos que se producen derivan de sujetos u organizaciones que se mueven en la sombra y que utilizan como recurso básico el elemento-sorpresa. Tal es el caso de los movimientos guerrilleros, tanto urbanos como rurales. En este mismo orden se encuentra la figura del 'terrorismo', que actúa como un medio de manifestar la presencia fisica e ideológica de grupos, cuyo descontento con los regímenes dentro de las cuales operan, se manifiesta mediante la agresión a instalaciones y habitantes, a los lugares y medios de uso colectivo, tanto públicos como privados.
2.- La irresistibilidad de los fenómenos, esto es, la incapacidad de atender las necesidades que surgen de los hechos excepcionales con los medios disponibles durante los períodos de normalidad (...).
3.- La lesividad de los hechos, esto es, la producción o inminencia de producción de daños a las personas, a las cosas y a las instituciones, derivados directa o indirectamente de las circunstancias que conforman el estado de excepción. El daño grave o amenaza de daño, se refiere tanto al de naturaleza material como al que está en el orden de lo inmaterial. Ast, el daño psicológico que se produce por el temor de enfermedades o peligros y, por la inducción al odio irracional contra personas o instituciones, también configura al supuesto de la norma. Uno de los daños más graves que los movimientos desestabilizadores producen es el que afecta la psiquis, creando una situación de miedo o maría persecutoria en las personas, todo lo cual llega a conformar sentimientos colectivos de inseguridad y temor permanentes'.
En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de variada índole, que pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serian totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en Consejo de Ministros, está investido de potestades plenas para declarar tal estado y disponer las medidas de restricción de garantias constitucionales en los términos que contemple en el Decreto respectivo, con los limites y bajo el cumplimiento de las formalidades estatuidas en el Texto Fundamental, pero siempre en la búsqueda de garantizar la independencia y soberanía de la República en todos sus atributos y aspectos.
Jueves 11 de febrero de 2016 Respecto a las circunstancias que ameritarían la activación de tal mecanismo excepcional y extraordinario, ciertamente tal como lo propugna la doctrina antes mencionada, destacan los conceptos de heterogeneidad, irresistibilidad o rebase de las facultades ordinarias del Poder Público y de lesividad, por la producción potencial o acaecida de daños a personas, cosas o instituciones.
De éstos estima pertinente la Sala aludir a la heterogeneidad, puesto que, en efecto, las condiciones que pueden presentarse en el plano material, sean de origen natural, social o económico, son de enorme diversidad e indole, y en esa medida, los estados de excepción reconocidos por Decreto del Presidente de la República, pueden versar sobre hechos que tradicionalmente se asocian a este tipo de medidas, empero, por igual pueden referirse a situaciones anómalas que afecten o pretendan afectar la paz, la seguridad integral, la soberania, el funcionamiento de las instituciones, la economía y la sociedad en general, a nivel nacional, regional o local.
Igualmente, los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos. De alli que uno de los extremos que ha de ponderarse se refiere a la proporcionalidad de las medidas decretadas respecto de la ratio o las situaciones de hecho acontecidas, vinculadas a la criminalidad organizada, con especial énfasis en la criminalidad económica y en los atentados contra la seguridad ciudadana y a la seguridad nacional, las cuales inciden de forma negativa y directa en el orden público constitucional. De tal modo que las medidas tomadas en el marco de un estado de excepción, deben ser proporcionales a la situación que se quiere afrontar en lo que respecta a gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Ley Orgánica.
(...) Se trata entonces de un límite legitimo a algunos derechos y garantías constitucionales reconocido por el Constituyente de 1999, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad o la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, de sus instituciones o el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la sociedad en general.
Asimismo, busca alcanzar los fines esenciales del Estado previstos en el arficulo 3 Constitucional, y persigue la intención de permitir la continuidad y desarrollo de los objetivos generales y estratégicos previstos en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013- 2019, entre los que destacan la defensa integral de la nación y su soberanía, el control y neutralización de acciones delictivas y anormales en las fronteras, ast como la acción de grupos generadores de violencia que atenten contra la paz y la seguridad.
Ahora bien, para que el acto de gobierno sometido al examen sea controlable constitucionalmente, requiere al menos de un fundamento objetivo, lo cual, en el caso de los estados de excepción o de necesidad, se traduce en la invocación directa de las normas constitucionales y legales -contenidas en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción-, que habilitan al Presidente de la República para ejercer esa potestad, y el establecimiento de medidas razonables y proporcionales a la situación que se pretende controlar, que justifiquen la injerencia del Estado en el ámbito de los derechos y garantias constitucionales de sus ciudadanos.
Ast, por lo que respecta a la base juridica invocada por el ciudadano Presidente de la República, para dictar el Decreto sub examine, resaltan el articulo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reconoce que "El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción de Gobierno"; el numeral 7 del articulo 236 del mismo Texto Constitucional, que alude a la competencia específica del Presidente de la República para declarar los estados de excepción y decretar las restricciones de garantías en los casos previstos en esta Constitución, los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, ast como los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, y 23 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, que dan cuenta de una diversa gama de medidas oportunas que permitan atender eficazmente las situaciones coyunturales, sistemáticas, inéditas y sobrevenidas.
Tal basamento juridico, además de constar de forma clara en el Decreto, ha sido ampliamente difundido por el Presidente de la República en diversas alocuciones.
(...) Esta Sala observa que las situaciones fácticas consideradas y que el Ejecutivo Nacional puede afrontar a través del Decreto de
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estado de excepción, por la gravedad, responden al deber de cumplir con postulados constitucionales que garantizan a favor de la población el orden público constitucional. Entre ellas se puede mencionar el articulo 55 eiusdem que prevé lo siguiente:
'Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad fisica de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes (...)'.
Por su parte, el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé lo que sigue:
'Artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley'.
De igual modo, el articulo 117 eiusdem dispone lo siguiente:
'Articulo 117. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, ast como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y caracteristicas de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos'.
Por su parte, el artículo 299 del Texto Fundamental prevé lo siguiente:
'Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del pais, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economia, para lograr una justa distribución de la riqueza medianteunaplanificación estratégicademocrática participativa y de consulta abierta'.
En idéntico tenor, el artículo 322 eiusdem estatuye lo que a continuación se reproduce:
'Artícuto 322. La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional'.
Así pues, observa esta Sala Constitucional, que el Decreto mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios Boltvar, Pedro Marta Ureña, Junin, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad ciudadana, económicos y de seguridad y defensa integral de la Nación, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección por parte del Estado, entre otros vinculados al mismo, en esta oportunidad, especialmente, los derechos al acceso a bienes y servicios de calidad, a la salud, ast como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, entre otros tantos necesarios para garantizar los valores fundamentales de integridad territorial, soberanía, autodeterminación nacional, igualdad, justicia y paz social, necesarios para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y para la promoción de la prosperidad y blenestar del pueblo, conforme a lo previsto en el articulo 3 Constitucional.
(...
De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, con vista en las circunstancias presentadas en la región fronteriza del estado Táchira, emplee las herramientas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto, en cumplimiento -tal como lo manifiesta el Decreto- del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de defender y asegurar la vida digna de su ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a las amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, asi como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad.
426.369 Ello así, se observa que el Decreto sub examine dispone las medidas oportunas, destinadas a resolver satisfactoriamente la anormalidad o crisis e impedir la extensión de sus efectos, con lo cual cumple con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. En tal sentido, se observa que con la finalidad de resolver las circunstancias que amenazan el pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de los referidos municipios, y en general, de todos los habitantes del territorio nacional, vinculados al paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, el Decreto objeto de examen de constitucionalidad dispuso de manera ponderada las medidas que consideró necesarias el Ejecutivo Nacional, proporcionales a los elementos fácticos detectados, dentro del tiempo que establece la ley y de manera suficientemente razonada, en completo acatamiento de lo establecido en el articulo 337 del Texto Fundamental, sin haber restringido de ninguna forma o intensidad, expresa ni tácita, las garantías constitucionales a que hacen referencia tal dispositivo Constitucional, y los artículos 2 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
De la misma manera, se observa que el Decreto objeto de examen de constitucionalidad, preserva y ratifica la plena vigencia de los Derechos Humanos y el resto de los derechos y garantías constitucionales y demás previstos en el ordenamiento jurídico, desprendiéndose de ello la configuración de otro elemento en el examen de constitucionalidad, a favor de la plena adecuación a los preceptos y limites que se coligen del Texto Fundamental, a ser observados cuando el Jefe del Estado ejercita las facultades de declaratoria de Estados de Excepción. El Decreto, por tanto, preserva y no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser restringidas por expreso mandato constitucional.
Esta Sala considera atinado referir que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asi como la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, disponen normas precisas en cuanto a la materia de deberes generales de la ciudadania, y particularmente bajo la vigencia de un estado de excepción decretado conforme al Texto Fundamental, destacando que toda persona natural o juridica, de carácter público o privado, está obligada a cooperar con las autoridades competentes para la protección de personas, bienes y lugares, y que el incumplimiento o la resistencia a esa obligación de cooperar prevista en el articulo 17 de la aludida Ley, será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las respectivas leyes.
En fin, estima esta Sala que el Decreto en cuestión cumple con los principios y normas contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados intemacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
En fuerza de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional debe pronunciarse afirmativamente respecto a la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción en los Municipios Bollvar, Pedro Marla Ureña, Junin, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario el 21 de agosto de 2015, en la medida en que cumple los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad, adecuación, estricta necesidad para solventar la situación presentada y de completa sujeción a los requisitos constitucionales, dirigiéndose a impedir la extensión o prolongación del contrabando de extracción, ast como la violencia delictiva y delitos conexos que afectan gravemente la vida económica de los transcritos municipios e incluso tiene incidencia en la vida nacional, por lo cual se circunscribe a una de las diversas clasificaciones contempladas en el articulo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ello ast, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, declara a constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Bollvar, Pedro Marla Ureña, Junin, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario el 21 de agosto de 2015, el cual deberá ser acatado y ejecutado por todo el Poder Público y la colectividad, conforme a sus previsiones y al resto del orden constitucional y juridico en general, para alcanzar cabalmente sus cometidos. Así se decide".
Adicionalmente, esta Sala se ha pronunciado con relación a los decretos de declaratoria de estado de excepción números 1.969 y 1.989, de 21 de agosto de 2015, 29 de agosto de 2015 y 7 de septiembre de 2015, respectivamente, asi como los números 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016, del 15 de septiembre de 2015, también sometidos a control de este órgano, cuyo
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426.370 propósito fue atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, asi como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza y del resto de la Nación;
respecto de los cuales esta Sala Constitucional declaró su constitucionalidad, mediante sentencias números 1.174 del 8 de septiembre de 2015; 1.176 del 15 de septiembre de 2015; y 1.183, 1.181, 1.182 y 1.184 del 22 de septiembre de 2015, y, finalmente, 1.353 del 4 de noviembre de 2015, respectivamente, así como también la constitucionalidad de los decretos que prorrogan el lapso de duración de los referidos estados de excepción, mediante sentencias n.ros 1.351 del 30 de octubre de 2015; 1.369 del 12 de noviembre de 2015 y 1.465 del 20 de noviembre de 2015; 1.547, 1.545, 1.546 y 1.548 del 27 de noviembre de 2015; y 2 del 8 de enero de 2016.
Además de estos decretos, y para seguir haciendo frente a la situación económica que atraviesa actualmente la República, consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario, del 14 de enero de 2016, que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales, dictó el Decreto n.° 2.184, mediante el cual declaró el estado de emergencia económica, en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, el cual establece lo siguiente:
"DECRETO N.° 2.184, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL EMERGENCIA ECONÓMICA EN TODO EL ESTADO DE NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LA TERRITORIO CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y SU ORDENAMIENTO JURÍDICO, POR UN LAPSO DE SESENTA (60) DÍAS, EN LOS TÉRMINOS QUE EN ÉL SE INDICAN.
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolivar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que con ocasión de la muerte del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frias, sectores nacionales e intemacionales iniciaron una serie de acciones tendientes a desestabilizar la economía del pais, debilitar sus instituciones legltimamente establecidas y provocar una ruptura del hilo constitucional, sobre la base de un malestar social inducido por dichos sectores,
CONSIDERANDO Que en el marco de la guerra económica iniciada contra el pueblo venezolano se establecieron mecanismos de coordinación entre factores internos y externos en detrimento de las actividades económicas, lo cual ha incidido negativamente en los ciudadanos y ciudadanas, dificultando el ejercicio de su derecho a disponer y acceder libremente a bienes y servicios esenciales, en detrimento de sus derechos constitucionales a la salud y a la alimentación,
CONSIDERANDO Que ante la ofensiva económica y la disminución del ingreso petrolero, se requiere la verdadera unión patriótica del pueblo venezolano libre y consciente, con su Gobierno Revolucionario, que garanticen al Pueblo venezolano la extraordinario de la economía, hasta restablecer sostenibilidad satisfactoriamente tal anormalidad e impedir la extensión de sus efectos, Jueves 11 de febrero de 2016 CONSIDERANDO Que las medidas a ser tomadas para proteger al Pueblo en función de las amenazas existentes, deben ser de una gran magnitud e impacto en la economía nacional y de carácter estructural, sin afectar los derechos a la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, y todos aquellos reivindicados a los venezolanos y las venezolanas por la Revolución Bolivariana mediante la lucha de clases que impuso la voluntad del pueblo por sobre los intereses particulares de la burguesta, CONSIDERANDO Que las estrategias de desestabilización económica han provocado una caida abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, como lo es el petróleo, lo cual atenta contra los derechos del pueblo venezolano, afectando gravemente los ingresos fiscales y de divisas del país, generando un obstáculo a la ejecución y cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.
DECRETO Artículo 1°. El estado de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, a fin de que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional; extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana, y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales e igualmente, mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como también contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros, que ha logrado terminar al calor de la volátil situación geopolítica internacional actual, generando una grave crisis económica.
Artículo 2°. Como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia económica a que se refiere este Decreto, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes, particularmente relacionadas con los siguientes aspectos:
1. Disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias dei ejercicio económico financiero 2015, con la finalidad de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para el pueblo venezolano, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos y otros productos esenciales para la vida.
2. Asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la Ley de Presupuesto a los órganos y entes de la Administración Pública, para optimizar la atención de los venezolanos y venezolanas en sectores como salud, educación, alimentos y vivienda, los cuales también podrán ser ejecutados a través de las Misiones y Grandes Misiones.
3. Diseñar e implementar medidas especiales, de aplicación inmediata, para la reducción de la evasión y la elusión fiscal.
4. Dispensar de las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes en determinados sectores, a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia, dentro del plazo de vigencia de este Decreto.
5. Dispensar de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancias, cumpliendo con los requerimientos fitosanitarios pertinentes.
6. Implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos de todo el pais, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales que se requiera para hacer posible dicha agilización, salvo en lo concerniente a salud y seguridad y defensa de la Nación.
7. Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX y por el Banco Central de Venezuela, a órganos y entes del sector público o privado, a los fines de agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional, la reactivación productiva del pals o el aumento de la capacidad tecnológica productiva, sin que esto se constituya en modo alguno como un mecanismo en detrimento de la recuperación del aparato productivo nacional.
8. Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción ast como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos.
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 9. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno de la población a los alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, ast como a todos los servicios necesarios para el disfrute pleno de sus derechos. En tal sentido, el Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales y juridicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancias que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos, asi como de otros bienes de primera necesidad.
10. Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional, ast como las exportaciones de rubros no tradicionales, como mecanismo para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos.
11. Desarrollar, fortalecer y proteger el Sistema de Misiones y Grandes Misiones Socialistas, en aras de propender a la incorporación de los pequeños y medianos productores, ya sean comunales, privados, estatales o mixtos.
Artículo 3°. El Presidente de la República, podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este Decreto e impedir la extensión de sus efectos.
A todo evento, las medidas que adopte el Ejecutivo Nacional en atención a la emergencia económica que regula este Decreto, estarán orientadas a proteger y garantizar los derechos y el buen vivir de las familias, de los niños, niñas y adolescentes y de los adultos mayores.
Artículo 4°. Los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de economia y finanzas podrán efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, asi como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el pals, para la protección de la moneda nacional.
Artículo 5°. Los Poderes Públicos, los órganos de seguridad ciudadana, la policia administrativa, asi como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están obligados a colaborar con el cabal cumplimiento de las medidas a que se refiere este Decreto.
Artícuto 6°. Se convoca a la participación activa de los Consejos Presidenciales del Gobierno del Poder Popular, al Parlamento Comunal, Comunas, Consejos Comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular, a la clase obrera, la clase media, deportistas, artistas y cultores nacionales, jóvenes, estudiantes, y en general al pueblo venezolano a la consecución de los más altos objetivos de consolidación de la patria productiva y económicamente independiente, como fiel manifestación de la cohesión existente entre los venezolanos y las venezolanas en el desarrollo económico nacional y contra las acciones ejercidas por factores internos y externos que pretenden la desestabilización económica del país.
Artículo 7°. Este. Decreto se remitirá a la Asamblea Nacional, a los fines de su consideración y aprobación, dentro de los ocho (8) dias siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el articulo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Artículo 8°. Este Decreto se remitirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, dentro de los ocho (8) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el articulo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Articulo 9°. Este Decreto tendrá una duración de sesenta (60) días, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prorrogables por sesenta (60) días más de conformidad con el procedimiento constitucionalmente establecido.
Artículo 10. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
426.371 Dado en Caracas, a los catorce días del mes de enero de dos mil dieciséis. Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación y 16° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese (L.S.)
NICOLÁS MADURO MOROS
Refrendado
ARISTÓBULO ISTÚRIZ ALMEIDA El Vicepresidente Ejecutivo de la República y Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros Refrendado [Todos los Ministros del Poder Popular]".
De igual forma, esta Sala Constitucional, en cumplimiento al articulo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articulo 31 de la Ley Orgánica Sobre Estados de declaró el carácter constitucional del referido Decreto Presidencial, y, por ende, garantizando la legitimidad, validez, vigencia y eficacia juridica del mismo, dentro del marco constitucional, en los siguientes términos:
"...esta Sala Constitucional debe pronunciarse afirmativamente respecto de la cconstitucionalidad del Decreto n.° 2.184, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento juridico, por un lapso de sesenta (60) días, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, en la medida en que cumple los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad, adecuación, estricta necesidad para solventar la situación presentada y de completa sujeción a los requisitos constitucionales, dirigiéndose a adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional; extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana, e igualmente mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, asi como también contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros, que ha logrado terminar al calor de la volátil situación geopolítica internacional actual,' que 'ha impactado de manera sustantiva el ingreso nacional', por lo cual se circunscribe a una de las diversas clasificaciones contempladas en el articulo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ello así, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, declara la constitucionalidad del Decreto n.° 2.184, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento juridico, por un lapso de sesenta (60) días, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, el cual deberá ser acatado y ejecutado por todo el Poder Público y la colectividad, conforme a sus previsiones y al resto del orden constitucional y jurídico en general, para alcanzar cabalmente sus cometidos. Asf se decide.
En virtud de los razonamientos jurídicos que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, dictamina la constitucionalidad del Decreto sub examine, el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé la Constituctón de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás normativas aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus instituciones y el pueblo, lo cual motiva el respaldo orgánico de este cuerpo sentenciador de máximo nivel de la Jurisdicción Constitucional hacia las medidas contenidas en el Decreto objeto de examen de constitucionalidad dictado por el ciudadano Presidente de la República, en
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Consejo de Ministros, en reconocimiento de su pertinencia, proporcionalidad y adecuación, el cual viene a apuntalar con sólido basamento juridico y con elevada significación popular, la salvaguarda del pueblo y su desarrollo armónico ante factores inéditos y extraordinarios adversos en nuestro pais, de conformidad con la Constituctón de la República Bolivariana de Venezuela; sin perjuicio del control posterior que pueda efectuar esta Sala de conformidad con sus atribuciones constitucionales".
Resaltado añadido.
Por otra parte, el 22 de enero de 2016, en sesión de la Asamblea Nacional, fue presentado acuerdo en el cual, desaprueba políticamente dicho Decreto, en los siguientes términos:
"REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Acuerdo mediante el cual se desaprueba el Decreto N° 2184, del 14 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, en el que se declaró el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional.
En uso de la atribución que le confiere la Constitución de la República Bolivdriana de Venezuela, en su articulo 339, y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en su artículo 26, y con base en el Informe presentado por la Comisión Especial designada para examinar el Decreto N° 2184, del 14 de enero de 2016, informe que fue discutido y aprobado en sesión plenaria de la Asamblea Nacional del 22 de enero de 2016;
ACUERDA:
Primero. Desaprobar el Decreto N° 2184, del 14 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional;
Segundo. Comuniquese y publiquese.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los veintidós días del mes de enero de dos mil dieciséis. Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
HENRY RAMOS ALLUP Presidente de la Asamblea Nacional
ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ Primer Vicepresidente
JOSÉ SIMÓN CALZADILLA Segundo Vicepresidente
ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS Secretario
JOSÉ LUIS CARTAYA Subsecretario".
Frente a ello, como ha podido apreciarse del articulo 339 Constitucional, se desprende que el Decreto será controlado políticamente por la Asamblea Nacional a quien se remitirá para su consideración y aprobación (no para su modificación, al menos según la vigente Ley Orgánica sobre Estados de Excepción publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de·Venezuela n.° 37.261 de fecha 15 de agosto de 2001), referencia comprensible desde la perspectiva de la urgencia de los decretos Jueves 11 de febrero de 2016 de estados de excepción en los supuestos en los que procede, asi como también desde la óptica de los principios de unidad en cuanto a los fines del Estado, autonomia de los Poderes Públicos y de colaboración a lo interno del Poder Público (articulos 3 y 136 del Texto Fundamental).
Por su parte, sobre el control politico, debe señalarse que John Locke en su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de 1689, y luego Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes de 1748, propusieron que era necesario que las funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes concebidos para esa época (legislativo, ejecutivo y judicial), mediante un sistema en el cual el poder limite al poder, es decir, se autocontrole. Para Montesquieu, el objetivo de ese sistema es establecer pesos y contrapesos entre los poderes para lograr libertad ciudadana y gobiernos civiles de leyes.
Recomienda que el Poder Legislativo no pueda impedir la acción de gobierno del Poder Ejecutivo, pero si considera necesario que aquél examine cómo es que se cumplen las leyes que él emite, es decir, que efectúe lo que luego se denominará un control politico (que, en el contexto del actual Estado Constitucional, deberá estar sometido a su vez, al postulado de Supremacia Constitucional y, por ende, al control de la constitucionalidad -vid. arts. 7, 137, 138, 334, 335 y 336 del Texto Fundamental).
Adicionalmente, sobre el control politico y el control juridico, en el marco de la ciencia jurídica comparada, el autor Hernán Salgado Pesantes, en su obra "Teoria y Práctica del Control Polltico. El Juicio Político en la Constitución Ecuatoriana", publicado en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano de 2004, por la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló:
"Caracteristicas y diferencias del control político frente al control jurídico.- Al analizar las características del control político la mayoría de los subjetivo, de donde se derivan aspectos muy especificos que configuran a esta institución. Tiene un carácter subjetivo en el sentido de que el control político se basa en criterios de confianza y oportunidad; la valoración descansa en la libre apreciación de quien juzga.
El control juridico, en cambio, tiene carácter objetivo en el sentido de que se fundamenta con mayor rigor en normas del derecho que tienen una valoración predeterminada y se basa en reglas que limitan la discrecionalidad del juzgador, como luego se insistirá.
La objetividad del control jurídico también tiene que ver con los principios de independencia y de imparcialidad que caracterizan a los jueces en materia jurisdiccional; en cambio, en el control politico no se da necesariamente la independencia nt la imparcialidad del órgano que juzga;
puede haber, como de hecho existe, la disciplina partidista, los compromisos o alianzas políticas, a lo que se suma el sentido de oportunidad.
determinados en virtud de su condición política y no de su preparación y conocimiento juridico, como ocurre en los órganos jurisdiccionales.
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Jueves 11 de febrero de 2016 El objeto inmediato del control político puede ser un acto o conducta política concreta o una actuación política general. A través del control político de ese acto o conducta se está controlando al organo del cual emana o al que le es imputable.
Esto es diferente de lo que ocurre en el control juridico, que no puede ser entendido como un control sobre el órgano (por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional controla una ley no está controlando al Congreso, sino al ordenamiento jurídico).
Al examinar los criterios de valoración utilizados en el juicio político se puede establecer una clara diferencia con el control juridico. En el primero, la valoración se efectúa con absoluta libertad de criterio (dado su carácter subjetivo); en el segundo, la valoración se sujeta a las normas de derecho objetivadas. En el control político hay esa libertad de valoración, incluso cuando el ordenamiento determina el caso o las condiciones en que se ha de dar dicho control. Es interesante lo que señala el profesor Aragón al respecto:
‘Cuando un órgano político acude a la Constituctón, o a otra norma, para juzgar una determinada conducta o un acto, está interpretando la regla, por supuesto, pero interpretándola políticamente y no juridicamente. A diferencia de la judicial, su interpretación es enteramente libre, sustentada no en motivos de derecho sino de oportunidad, esto es, se trata de una valoración efectuada con razones políticas y no con métodos juridicos'.
Incluso en caso de presunta inconstitucionalidad, aunque los legisladores den razones muy jurídicas, como señala Aragón, "Tal decisión no se toma por la fuerza del derecho sino por los es una decisión enteramente Itbre [... y no como el órgano judicial que ha de interpretar la de la única manera que se considera válida". ...)
Al respecto, y como se suele señalar acertadamente, hay aquí una diferencia sustancial con el control juridico;
mientras este conlleva necesariamente una sanción, el control politico no posee, de modo general y constante, efectos sancionadores per se; los tiene en determinados casos, en aquellos en que el ordenamiento juridico lo ha previsto.".
http://www.juridicas.unam.mx/publica/libre/rev/dconstla/cont /2004.1/pr/pr19.pdf En efecto, mientras el control jurídico, en este caso, juridicoconstitucional, conlleva una sanción en caso de verificarse la contradicción con el Texto Fundamental, lo que implicaría la declaratoria dc inconstitucionalidad y, por ende, la nulidad del acto contrario al texto fundamental (vid. p. ej. articulo 38 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción), el control político sólo pudiera conllevar de forma excepcional alguna sanción (ello por la subjetividad, relatividad y discrecionalidad de ese control que, por ende, no está exento de examen juridico), circunstancia que implica que, por ejemplo, el Texto Constitucional vigente sólo se refiriese al sometimiento del decreto que declara estado de excepción a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación, y sólo alude, en el contexto de la prórroga de ese estado, a la posibilidad de revocatoria "por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron", actuación (revocatoria) que, de ser el caso, pudiera ser sometida a conocimiento de la jurisdicción constitucional, por ejemplo, sobre la base de lo previsto en el 426.373 cardinal 4, 0, de ser el caso, en el 9, del articuio 336, dependiendo del supuesto de hecho que se plantee.
Asi pues, ese control politico, además de ser un control relativo, está sometido al control constitucional, que además de ser un control juridico y rigido, es absoluto y vinculante, al incidir en la vigencia, validez, mediante los cuales se establecen estados de excepción; razón por la cual la Sala Constitucional siempre debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de tales decretos, circunstancia que, se reitera, explica que dicha omisión aparece sanciones disciplinarias en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (que remite al único supuesto de remoción de magistrados o magistrados y, en fin, de alteración de la constitución de este Máximo Tribunal de la República que prevé la Constitución -articulo 265- y no se disponga en la misma, la convalidación de la constitucionalidad de tales decretos por la referida inactividad; lo que resulta especialmente claro si se advierte, tal como lo hiciere el jurista Manuel García Pelayo, que en un Estado Constitucional "Todo deriva de la Constitución y todo ha de legitimarse por su concordancia directa o índicecta con la Constitución".
Por tal razón, el articulo 33 de la referida ley, según el cual, "la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia omitirà todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado de excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia"; no sólo advierte insalvables antinomias frente a otras normas de ese mismo texto legal (vid. artículos 31 y ss), sino una evidente contradicción con los articulos 339, 335, 334, 253, 137, 138, 136 y 7 Constitucional; en fin, con la norma cardinal según la cual, sin excepción, "El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad", asi como también con los axiomas de supremacia constitucional, del Estado Constitucional, de jurisdicción constitucional y de autonomía del Poder Judicial.
Al respecto, los articulos 7, 136, 137, 138, 253, 334 y 335 del Texto Fundamental, disponen lo siguiente:
"Articulo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución".
"Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones colaborarán entre si en la realización de los fines del Estado".
"Artículo 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen".
"Articulo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos".
"Artículo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley.
Corresponde a fos órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus que determinen sentencias...".
"Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta.· Constitución.
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426.374 En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u las disposiciones norma juridica, se aplicarán otra constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella."
"Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizarà la efectividad de las normas y principios supremacia y será el máximo y último intérprete de la constitucionales;
Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación.
Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.
Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución.
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.
5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados intemacionales suscritos por la Republica antes de su ratificación.
6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.
7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer.
9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público.
10.
Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
11.
demás que establezcan esta Constitución y la Las ley".
Así pues, de las referidas normas se desprende que el control constitucional, inherente a esta máxima y última intérprete de la Constitución, constituye el control supremo de los actos del Poder Público, tal como lo evidencia la referida potestad de declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público, incluyendo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.
En similar sentido, el autor Allan Brewer-Carias, en su trabajo "Las Potestades Normativas del Presidente de la República: Los Actos Ejecutivos de Orden Normativo", en cuanto al control de este Tribunal Supremo de Justicia, señaló:
Jueves 11 de febrero de 2016 "De acuerdo con el artículo 336.6 de la Constitución, compete a la Sala Constitucional 'revisar en todo caso, aún de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente de la República'. Se trata de un control de la constitucionalidad automático y obligatorio que la Sala, incluso, puede ejercer de oficio.
La Ley Orgánica desarrolla el ejercicio de este control, estableciendo diferentes regulaciones que deben destacarse.
a. La remisión del decreto a la Sala Constitucional Conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica, el decreto que declare el estado de excepción, su prórroga o el aumento del número de garantías restringidas, deben ser remitidos por el Presidente de la República dentro de los 8 días continuos siguientes a aquél en que haya sido dictado, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo e e ee e ee constitucionalidad. En el mismo término, el Presidente de la Asamblea Nacional debe enviar a la Sala Constitucional, el Acuerdo mediante el cual se apruebe el estado de excepción.
Si el Presidente de la República o el Presidente de la Asamblea Nacional, según el caso, no dieren cumplimiento al mandato establecido en el presente articulo en el lapso previsto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará de oficio (art. 31). Por supuesto, estimamos que este no es el único supuesto en el cual la Sala Constitucional puede revisar de oficio el decreto, lo cual puede hacer desde que se dicte y se publique en la Gaceta Oficial, y no sólo al final del lapso indicado ni sólo si no se le remite oficialmente al decreto.
Debe destacarse que con la previsión de este sistema de control de constitucionalidad automático y obligatorio, una vez que el mismo se efectúa por la Sala Constitucional y ésta, por ejemplo, declara la constitucionalidad del decreto, no podria entonces ejercerse una acción popular de inconstitucionalidad contra el decreto, pues contrariaria la cosa juzgada constitucional.
Por otra parte, debe destacarse que el artículo 33 de la Ley Orgánica dispone que Articulo 33. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitirá todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comistón Delegada desaprobare el decreto de estado de excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia.
Esta norma, sin duda, también puede considerarse como inconstitucional pues establece una limitación al ejercicio de sus poderes de revisión por la Sala, no autorizada en la Constitución. La revisión, aún de oficio, del decreto de Constitucional, independientemente de que la Asamblea Nactonal haya negado su aprobación, máxime si el decreto, conforme a la Ley Orgánica al entrar en vigencia 'en forma inmediata' incluso antes de su publicación, ha surtido efectos" (Brewer-Carias, Allan. "Las Potestades Normativas del Presidente de la República: Los Actos Ejecutivos de Orden Normativo" en Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. t.
I, UCAB, 2007, pp. 527-528)
Tal como concluye el referido autor, y con lo cual concuerda esta máxima instancia constitucional, revisar la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente de la República, se trata de un control de la constitucionalidad automático y obligatorio que la Sala Constitucional debe ejercer incluso de oficio, lo cual puede hacer desde que se dicte y se publique en la Gaceta Oficial, y no sólo al final del lapso indicado ni sólo si no se le remite oficialmente al decreto.
Por lo que afirma que el articulo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, el cual señala que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitirá todo pronunciamiento si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado de excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia, es, en efecto, inconstitucional, pues estabiece una limitación al ejercicio de sus poderes de revisión por la Sala, no autorizada en la Constitución y que quebranta la propia supremacía y protección última del Texto Fundamental.
Al respecto, debe señalarse que la Constitución dicta la organización fundamental de un Estado y de la República, razón por la que sin ella, ninguna de esas instituciones pudieran conformarse como tales, pues el respeto de los derechos y el cumplimiento de las normas que se encuentran dentro de la Constitución es lo que hace posible que una Nación pueda vivir con justicia, bienestar y paz; por ello la importancia de que estas gobernador. En fin, sin una Constitución y sin el cabal respeto a la misma, de alli la importancia de la consideración permanente y garantia de los valores de la democracia constitucional, en su dimensión formal y, sobre todo, en su expresión sustancial, pues, como se sabe, la democracia ya no es
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Jueves 11 de febrero de 2016 únicamente el conjunto de reglas que determinan quién y cómo se decide, sino que es, asimismo, las reglas que definen qué es lo que se puede decidir y qué decisiones no pueden tomarse.
En cuanto a la emergencia y al control judicial, el autor Román Duque Corredor, en su obra "Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público. Legis, 2008, p. 151-152", señala:
"La revisión fudicial de las medidas de un estado de emergencia preserva la distribución de poderes y fundamentalmente la protección de los derechos y garantias individuales, es decir, la propia legitimidad de un gobierno democrático durante una situación de emergencia. No se trata de establecer 'un gobierno de los jueces', como lo argumentaba Edouard Lambert al crítica el control de la constitucionalidad porque es un freno al progreso de la legislación.
Hoy en día el control de la constitucionalidad se extiende no sólo a las leyes formales sino también a los actos del Poder Ejecutivo que en ejecución directa de la Constitución la contradigan o afecten los derechos y garantias constitucionales. La intervención del Poder Judicial, pues, en estos casos extraordinarios, tiene por finalidad controlar el uso de los poderes de emergencia para que se mantengan dentro de los limites establecidos en la Constitución. En efecto, en un estado de emergencia el Poder Judicial cumple las siguientes funciones: 1) Tutelar que los derechos y las garantias constitucionales no se vean afectados más allá de la estricta necesidad del caso; y 2) velar porque los poderes de emergencia se ejerzan conforme con los requisitos formales y de distribución de competencias fijados en la Constitución, de manera que se garantice 'El principio de la no interrupción del funcionamiento de los poderes públicos'. Ello para evitar el exceso de los límites constitucionales del estado de emergencia".
Igualmente, el referido autor, en esa misma publicación, en cuanto al legislador como intérprete de la Constitución y el papel de los tribunales constitucionales, resalta:
"El legislador como sujeto que aplica y obedece la Constitución tiene la necesidad de interpretar la. Pero en la práctica se da mayor importancia a la interpretación judicial que a la interpretación legislativa. En todo caso, en el esquema kelseniano se acepta que los actos mediante los cuales crean normas constituyen aplicación de normas preexistentes y que los actos que constituyen aplicación de normas precedentes son también creadores normas juridicas. Por lo que no es tan tajante la distinción entre la interpretación judicial y la interpretación legislativa, en lo que se refiere a la creación de normas juridicas.
Y, por otro lado, si bien la última palabra en materia de interpretación constitucional la tiene el órgano que ejerce la jurisdicción constitucional concentrada, sin embargo, su función fundamental es determinar si el significado atribuido por el legislador a la norma está conforme con la Constitución. Es decir, revisar la interpretación legislativa de la Constituctón. (...) En efecto, lo cierto, por otro lado, es que si se trata de opciones politicas para las cuales la Constitución prevé una opción predeterminada, los tribunales constitucionales pueden controlar si se interpretó conforme a la Constitución tal opción. Al igual que en los casos en que si se admiten varias opciones politicas, si la escogida legalmente es una de las admisibles. En estos casos son interpretaciones juridicas del poder legislativo de opciones politicas guiadas por normas jurídicas constitucionales. De manera que la opción politica propiamente hablando sería aquella que no está constitucionalmente predeterminada.
En este caso no seria una interpretación juridica del poder legislativo sino una decisión politica" (Duque Corredor, Román. "Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público.
Legis, Bogotá, 2008, p. 151-152").
Asimismo, el autor en cuestión, en relación a la Supremacia Constitucional, establece:
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Constitución es la fuente primaria del ordenamiento jurídico. Es decir, el origen de todo el ordenamiento jurídico del cual, según Keisen se extrae la doctrina del sistema de la jerarquía piramical de las normas o del Derecho por grados. Cómo fuente primigenia del ordenamiento juridico, la Constitución es la forma jerárquicamente superior. Este significado material tiene las siguientes consecuencias:
1) Todas las otras normas le están subordinadas y en su desarrollo han de conformarse con sus valores, principios y reglas.
2) La Constitución es la condición de la legitimidad de la actividad juridica de los órganos del poder público. En efecto, quien ejerce el poder lo hace legítimamente si ha sido elegido o designado según la Constituctón, pero también, st ejerce una competencia que está prevista directa o indirectamente en las reglas de la Constitución y si se practica conforme a sus valores y principios.
3) La normocracia es una consecuencia de ese carácter primigenio. En otras palabras, la justificación del poder depende de lo misma Constituclón, de modo que quien Gobierna es la Constitución; es decir, el gobierno se remplaza por el gobierno de la ley, encabezada por la Constituctón.
4) La supremacía de la Constitución es el principio juridico fundamental de la democracia constitucional, por el cual gobernantes y gobernador están sujetos a la Constitución para proteger la libertad y el ejercicio democrático del poder, en una socledad guiada por unos valores superiores derivados de la dignidad de las personas.
(Omissis) ... En la Constitución venezolana de 1999 se consagra expresamente la supremacia constitucional (Art. 7°), y como consecuencia, se prevé el derecho - garantía Fiel de la obligación de cumplir con los principios constitucionales (artículos 3° y 131) y el principio de la aplicación directa de las normas Constitucionales ibídem), asf como del control jurisdiccional difuso y concentrado de la constitucionalidad para garantizar su supremacía e integridad (articulos 334 y 336, ibidem)" (Duque Corredor, Román. "Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público. Legis, Bogotá, 2008, p. 92. 93 y 95")..
Ello asi, lo ajustado al orden constitucional es desaplicar por control difuso de la Constitución, conforme a lo ordenado en el artículo 334 del Texto Fundamental, la disposición contenida en el articulo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, tal como lo hizo esta Sala, por ejemplo, en sentencia n° 1881 del 8 de diciembre de 2011, en la cual, desaplicó, parcialmente y por control difuso de la Constitucionalidad, algunos articulos del Código Penal. Asi se declara.
Finalmente, sintetizando las respuestas a las inquietudes interpretativas presentadas, esta Sala debe señalar que, como ha sido acreditado en diversas fuentes materiales y formales del derecho aquí citadas, comenzando por el Texto Constitucional, el control politico de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos; y el Texto Fundamental prevé do forma expresa que la Asamblea Nacional puede revocar la prórroga del decreto de estado de excepción, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron, actuación que pudiera ser objeto de control de la constitucionalidad por parte de esta Sala, sea, por ejemplo, como acción en ejecución directa e inmediata de la Constitución o como controversia constitucional entre poderes públicos.
Conforme a lo antes señalado, el Decreto n.° 2.184, publicado en Gaccta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el n.° 6.214 Extraordinario el 14 de enero de 2016, mediante el cual el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 dias, entró en vigencia desde que fue dictado y su
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA legitimidad, validez, vigencia y eficacia juridico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental.
Se desaplica, en ejercicio del control difuso de la Constitucionalidad, conforme a lo ordenado en el articulo 334 del Texto Fundamental, la disposición contenida en el articulo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Por último, con relación al referido Decreto n.° 2.184, debe advertir esta Sala el lapso para su consideración y aprobación por la Asamblca Nacional (control politico) y para que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre su constitucionalidad (control juridico), es de ocho (8) días continuos a partir de la fecha en que fue dictado (que es la misma fecha de su publicación en Gaceta Oficial), es decir, el 14 de enero de 2016 (articulos 339 constitucional y 26 y 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción).
Al respecto, debe indicarse que en lo que concierne al control diputadas presentes en sesión especial que se realizará sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto" (artículo 27, párrafo primero Ley Orgánica sobre Estados de Excepción); norma que, por notoriedad comunicacional, advierte esta Sala, no fue cumplida por la Asamblea Nacional, circunstancia que vulneró la legalidad procesal, la seguridad juridica y el debido proceso consagrado en el artículo 49 Constitucional, pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derecho (vid. arts. 2, 7, 137, 334, 335 y 336 del Texto Fundamental), viciando de nulidad por inconstitucionalidad el proceso que culminó con el constitucionalmente írrito acuerdo dictado por la máxima representación del Poder Legislativo Nacional, el 22 de enero de 2016.
Ciertamente, el lapso máximo para su decisión es de ocho (8) dias, pero para que la Asamblea pueda pronunciarse con posterioridad a las 48 horas indicadas en el párrafo inicial del articulo 27, debe cumplirse con la realización de la sesión especial, que además solo puede tratar ese único objeto - artículo 59 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional- y, de ser necesario, acordar una prórroga debidamente justificada para considerar el decreto con posterioridad al aludido lapso, pero dentro de los ocho (8) dias, salvo caso fortuito o fuerza mayor (articulo 27 in fine). Tal interpretación es lógica y congruente, pues de lo contrario estariamos en presencia de una antinomia al interior del citado artículo 27.
En consecuencia, al no haber cumplido con la consideración del decreto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haberse hecho público el decreto (14 de enero de 2016), la Asamblea Nacional omitió una forma juridica esencial contemplada en la ley y reconocida por la jurisprudencia de esta Sala Constitucional en sentencia n.° 3567 del 6 de diciembre de 2005, cuya consecuencia lógica es la del silencio positivo (vid. artículo 27 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción). En efecto, el legislador auto claramente la realización de una sesión especial sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas para su aprobación. Por otra parte, la Jueves 11 de febrero de 2016 misma disposición da valor positivo a la omisión de la Asamblea Nacional, lo cual es concordante con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En vista de lo expuesto, la Sala observa que la Asamblea Nacional no cumplió oportunamente y. en fin, dentro de los limites constitucionales y legales, con el control político del referido decreto; y al haber realizado la Sala Constitucional el control jurisdiccional dentro del lapso contemplado en el Titulo II, capitulo IV de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, es decir, dentro de los ocho (8) dias continuos Estados de Excepción), previo agotamiento del lapso de cinco (5) dias para que los interesados consignaran ante la Sala alegatos y elementos de convicción para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto, en cuyo caso estaba obligada a tramitar los (articulos 33 y 36 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción); no existe objetivamente, además, controversia constitucional entre órganos del Poder Público que resolver con relación a esa situación fáctica, a pesar de la irrita decisión negativa de la Asamblea Nacional pronunciada el dia 22 de enero de 2016, que debe entenderse como inexistente y sin ningún efecto juridico-constitucional.
En efecto, el Poder Ejecutivo ejerció su competencia de dictar el decreto de emergencia económica, el Poder Legislativo no cumplió con su obligación de considerarlo en sesión especial dentro de las 48 horas después de haberse hecho público el decreto y la Sala Constitucional ejerció su atribución de declarar la constitucionalidad del mismo de manera oportuna, mediante sentencia n.° 4 del 20 de enero de 2016, en el expediente n.° 16- 0038.
De lo expuesto se concluye que la Asamblea Nacional no acató lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, configurando su silencio y ulterior actuación intempestiva y juridicamente defectuosa, una aquiescencia con el decreto de emergencia económica. Por lo tanto, habiéndose dado esta Sala su conformidad constitucional al mismo, se ratifica su vigencia por el lapso constitucionalmente establecido.
Ahora bien, en atención al contenido de la presente decisión esta Sala, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ordena la apertura del procedimiento de Orgánica sobre Estados de Excepción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001.
A tal efecto, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 336, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el articulo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional, ordena a la Secretaria que le de trámite al referido procedimiento, de conformidad con lo previsto en los articulos 135 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, encabezado las actuaciones con la copia certificada del presente fallo. En consecuencia se acuerda citar mediante oficio al ciudadano
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Jueves 11 de febrero de 2016 Presidente de la Asamblea Nacional y notificar a la Fiscal General de la República, al Procurador General de la República y al Defensora del Pueblo.
La notificación del ciudadano Procuradora General de la República, se practicará con arreglo a lo ordenado en el articulo 95 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
De igual manera, se ordena el emplazamiento de los interesados mediante cartel, el cual será publicado por esta Sala Constitucional, en uno de los diarios de circulación nacional, para que concurran dentro del lapso de diez dias de despacho siguientes a que conste en autos su publicación de conformidad con lo establecido en el articulo 137 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Queda, en los términos expuestos, resuelto el presente asunto sometido a conocimiento de este Máximo Tribunal de la República. Asi, finalmente, se decide.
VI DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley:
1.- Se declara CoMPETENTE para conocer la presente demanda de interpretación constitucional.
2.- ADMITE la demanda incoada, la resuelve de mero derecho y declara la urgencia del presente asunto.
3.- REsUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada y, en consecuencia, establece lo siguiente:
3.1.- El control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia juridica de los mismos; y el Texto Fundamental prevé de forma expresa que la Asamblea Nacional puede revocar la prórroga del decreto de estado de excepción, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron, actuación que pudiera ser objeto de control de la constitucionalidad por parte de esta Sala, sea, por ejemplo, como acción en ejecución directa e inmediata de la Constitución o como controversia constitucional entre poderes públicos.
3.2.- El Decreto n.° 2.184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el n.° 6.214 Extraordinario el 14 de 426.377 enero de 2016, mediante el cual el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 dias, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia juridico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental.
3.3.- En lo que concierne al control político, deberá ser sesión especial que se realizará sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto" (artículo 27, párrafo primero Ley Orgánica sobre Estados de Excepción); norma que, por notoriedad comunicacional, advierte esta Sala, no fue cumplida por la Asamblea Nacional, circunstancia que vulneró la legalidad procesal, la seguridad juridica y el debido proceso consagrado en el articulo 49 Constitucional, pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derccho (vid. arts. 2, 7, 137, 334, 335 y 336 del Texto Fundamental), viciando de nulidad por inconstitucionalidad el proceso que culminó con el constitucionalmente írrito acuerdo dictado por la máxima representación del Poder Legislativo Nacional, el 22 de enero de 2016.
3.4.- El lapso máximo para su decisión es de ocho (8) días, pero para que la Asamblea pueda pronunciarse con posterioridad a las 48 horas indicadas en el párrafo inicial del articulo 27, debe cumplirse con la realización de la sesión especial, que además solo puede tratar ese único objeto - articulo 59 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional- y, de ser necesario, acordar una prórroga debidamente justificada para considerar el decreto con posterioridad al aludido lapso, pero dentro de los ocho (8) días, salvo caso fortuito o fuerza mayor (articulo 27 in fine).
3.5.- La Asamblea Nacional no cumplió oportunamente y, en fin, dentro de los límites constitucionales y legales, con el control politico del referido decreto; y al haber realizado la Sala Constitucional el control jurisdiccional dentro del lapso contemplado en el Titulo II, capitulo IV de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, es decir, dentro de los ocho (8) dias continuos siguientes a aquel en que se haya dictado (articulo 31 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción), previo agotamiento del lapso de cinco (5) dias para que los interesados consignaran ante la Sala alegatos y elementos de convicción para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto, en cuyo caso estaba obligada a tramitar los (articulos 33 y 36 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción)
4.- Se DESAPLICA, en ejercicio del control difuso de la Constitucionalidad, conforme a lo ordenado en el articulo 334 del Texto Fundamental, la disposición contenida en el artículo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001.
5.- Se oRDENA a la Secretaria de la Sala Constitucional la apertura del expediente, a los fines de que esta instancia jurisdiccional, en ejercicio de la competencia contenida en el articulo 336, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgáhica del Tribunal Supremo de Justicia, y de
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426.378 conformidad con lo previsto en el articulo 34 eiusdem conozca de oficio la nulidad del 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, publicada en la Gaceta Oficial n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001.
6.- Se ORDENA citar mediante oficio al ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, y notificar a la Fiscal General de la República, al Procurador General de la República y al Defensor del Pueblo, respectivamente.
7.- Se ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante cartel, publicado en uno de los diarios de circulación nacional, para que concurran dentro del lapso de diez dias de despacho siguientes a que conste en autos su publicación.
8.- Se ORDENA la publicación integra del presente fallo en la Gaccta Judicial, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezucla y en la página Web de este Máximo Tribunal, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:
"Sentencia que interpreta los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (publicada en la Gaceta Oficial n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001) y declara que el Decreto n.° 2.184, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario, del 14 de enero de 2016 que declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 dios, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia juridica-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental".
Publiquese, regístrese y notifiquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los _lL_dias del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 156º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÈRREZ ALVARADO.
Jueves 11 de febrero de 2016 El Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
CARMEN ZULETA DE MERCHAN
Los Magistrados, Caleylegik CALIXAO ORTECA RIOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
FEDERICO SEBASTIÁN FUENMAYOR GALLO
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Expediente n.° 16-0117
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