Gaceta Oficial N° 40.825
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Caracas, lunes 11 de enero de 2016 AÑO CXLIII – MES IV
SUMARIO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, para el Ejercicio Económico Financiero 2016.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Egleé Irlanda Pérez Hernández, como Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional, en calidad de Encargada, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO Actas.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan, como Directores de las Oficinas que en ellas se especifican, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, para el Ejercicio Fiscal 2016.
FARMAPATRIA, C.A.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Alfonso Perdomo Domador, como Gerente General de Administración y Finanzas; de este Organismo.
INPSASEL Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Ramón Arturo Pimentel D Santiago, como Coordinador Regional de Inspecciones, (E), adscrito a la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores (GERESAT) Aragua, de este Instituto.
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Limbania Elena Ramírez Cauro, como Coordinadora de Soporte, (E), adscrita a la Oficina de Tecnología de Información, de este Instituto.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 28 de mayo de 2015, por la ciudadana Yuvitmar Ayala Hung, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la Sentencia N° TDJ-SD-2015-40.
Decisión mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el Recurso de Apelación ejercido por la ciudadana Katherine Casellas Jiménez, contra la Sentencia N° TDJ-SD-2015-043, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 17 de junio de 2015.
DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yalitza Karina Soteldo Tórrez, como Directora Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, (E). de este Organismo.
MINISTERIO PÚBLICO Resolución mediante la cual se designa, con carácter de Suplente, a la ciudadana Juana Evangelista Valero Pérez, en la Fiscalia Superior de este Organismo, de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con sede en San Fernando de Apure.
Número 40.825
Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se indican, de este Organismo.
CONTRALORÍAMUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se señalan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO
002 RESOLUCIÓN N°
de 2016 Caracas,1 1 de ENE
205°, 156°Y 16° De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficlal N° 5.781 Extraordinario de fecha 12 de Agosto de 2005.
RESUELVE
PRIMERo: Aprobar la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto del Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas para el ejercicio económico financiero 2016 y designación de los funcionarios responsables de las Unidades Administradoras de dicha estructura, como se indica a continuación:
Unidad Administradora Central OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 70006 Unidades Administradoras Desconcentradas Ordenadoras de Pagos OFICINA NACIONAL DEL TESORO (ONT) 70008 OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) 70010 OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO (ADMINISTRACIÓN DE LA 70012 DEUDA) Unidades Administradoras Desconcentradas AUDITORÍA INTERNA 70007 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA (ONCOP) 70009 OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO (ONCP) 70011 ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN HACIENDA PÚBLICA 70014 (ENAHP-IUT) SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO (SUDECA) 70015 SERVICIO AUTONOMO FONDO DE PRESTACIÓNES SOCIALES 70016 Unidad Administradora Central CÓDIGO DE NOMBRES Y UNIDAD C. I. N° UNIDAD APELLIDOS ADMINISTRADORA OFICINA DE RAMON RAFAEL 70006
10.300.395 GESTIÓN CAMPOS CABELLO ADMINISTRATIVA
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
425.832 Unidades Administradoras Desconcentradas Ordenadoras de Pagos CÓDIGO DE NOMBRES Y UNIDAD C. I. N° UNIDAD APELLIDOS ADMINISTRADORA OFICINA NACIONAL CARLOS ERICK DEL TESORO 70008
11.810.943 MALPICA FLORES (ONT) OFICINA NACIONAL RODOLFO MEDINA 70010
17.387.151 DE PRESUPUESTO DEL RIO (ONAPRE) OFICINA NACIONAL PÚBLICO 70012 JOSE MENDOZA
13.717.011 (ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA)
Unidades Administradoras Desconcentradas CÓDIGO DE NOMBRES Y C. I. N° UNIDAD UNIDAD APELLIDOS ADMINISTRADORA AUDITORÍA JOSE ALFREDO 70007
6.559.381 ACUÑA NUÑEZ INTERNA OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD CLAUDIO ANTONIO 70009
9.377.986 PÚBLICA HERNÁNDEZ (ONCOP) OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO JOSE MENDOZA 70011
13.717.011 PÚBLICO (ONCP) ESCUELA NACIONAL DE FELIX MANUEL ADMINISTRACIÓN Y 70014
2.521.575 NARANJO FLORES HACIENDA PÚBLICA (ENAHP - I. U. T.) SUPERINTENDENCIA 70015 DE CAJAS DE IRAIMA OLAIZOLA
3.480.538 AHORRO (SUDECA) SERVICIO AUTÓNOMO FONDO VANESSA MARIA
16.740.701 70016 DE PRESTACIONES ARAUJO BRICEÑO SOCIALES sEGunpo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Conforme lo dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
ERODOLFO MEDINA DEL RIO roder Ppular para la Banca y Finanzas
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 1:1 ENE. 2016 205°, 156° y 16
RESOLUCIÓN N°0 0 5.
El Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas, designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5, artículo 19, numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, designa a la ciudadana EGLEE IRLANDA PEREZ HERNÁNDEz, titular de la cédula de identidad N° 12.785.175, como Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional, en calidad de encargada de este Ministerio, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
ComuníquesouN Bubiiese,
Mnaistario del PoderPopular OLFO MEDINA DEL RIO Mintro del oder Popular para la Banca y Finanzas Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016 G.O.R.B.V. N° 40.822 de fecha 06 de enero de 2016 Lunes 11 de enero de 2016
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA *
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y RM No. 224 205° y 156° NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL QUINTO DEL DISTRITO CAPITAL
Mugicipió Libertador, 7 de Enero del Año 2016 P gesentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mafcantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento en el Registro de Comercio bajo el Número: 18, TOMO -3-A REGISTRO MERCANTIL V (CÓD. 224). Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. . Banco No. Por BS: 0,00.
La identificación se efectuó asÍ: ALVARO CASTELLANOS SOTO. C.: V-24.041.073.
Abogado ReviSor: HECTOR JOSE MANZANILLA FERNANDEZ leuoser Registrador Mercantil V (Auxiliar) FDO. Abogado HECTOR JOSE MANZANItA-EERNANDEZ ESTA PÁGINA PERTENECE A:
VENEZOLANA DE TELEFERICO VENTEL, C.A Número de expediente: 549950 DIV AQTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A., celebrada el Veintinueve (29) de septiembre de 2015.
Enel dia de hoy, Veintinueve (29) de septiembre de 2015, siendo las 2:00 m., reunidos en la sede de Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A., ubicada en la Avenida César Augusto Sandino con Avenida Boyacá, Edificio Sede Principal Torre 2, Planta Baja, Urbanización Maripérez, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas; estando presentes, LA REPÚBLICA por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, identificado en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° G-20004495-0, representado en este acto por la ciudadana MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio titular de la cédula de identidad N° V-6.437.804, identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° V-06437804-6, en su carácter de Ministra, designada mediante Decreto Presidencial N° 1.705, de fecha 7 de abril de 2015. publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vénezuela N° 40.634, de fecha 7 de abril del 2015 y la sociedad mercantil Venezolana de Turismo VENETUR, S.A., identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° G-20005487-5, representada por el ciudadano MIGUEL ALCIDES VIVAS LANDINO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.617.778, identificado en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° V-07617778-0, en su carácter de Presidente designado mediante Decreto Presidencial N° 1.917, de fecha 05 de agosto de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.717, de esa misma fecha. Igualmente, se encuentra presente el ciudadano JOSÉ GREGORIO ROJAS SARUBBI, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-7.278.149, identificado en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° V-7278149-6, en su carácter de Presidente de la sociedad .
mercantil Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A., carácter el suyo que se evidencia de Decreto Presidencial N° 1.832. de fecha 16 de junio de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.683 de esa misma fecha; empresa del Estado inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 14 de agosto de 2008, bajo el N° 33, Tomo 1873-A, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.008 de fecha 3 de septiembre de 2008: posteriormente modificada en
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA
Lunes 11 de enero de 2016 Acta de Asamblea de fecha 19 de mayo de 2009, quedando asentada en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 21 de mayo de 2009, bajo el N° 18, Tomo 88-A, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.184 de fecha 22 de mayo de 2009, identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° G-20008550-9.
Encontrándose presentes ambos accionistas titulares del Cien por Ciento (100%) del Capital Social, suscrito y distribuido en la siguiente proporción:
LA REPúBLiCA por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, titular de MIL DOSCIENTAS (1.200) ACCIONES, de un valor nominal de MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.000,00) cada una, para un total suscrito y pagado de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.200.000,00) que representa el Sesenta por Ciento (60%) del Capital Social, y Venezolana de Turismo VENETUR, S.A., titular de OCHOCIENTAS (800) ACCIONES de un valor nominal de MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.000,00) cada una, para un total de Capital Social suscrito y no pagado de OCHOCIENTOs MIL BOLÍVARES EXACTos (Bs. 800.000,00) que representa el cuarenta por ciento (40%) del Capital Social. Una vez verificado el quórum se prescinde del requisito de la convocatoria por prensa conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima Sexta del Documento de los Estatutos Sociales, por encontrarse presente la totalidad del capital social, y en consecuencia se considera válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
El Presidente de Venezolana de TeleféricosVENTEL C.A., toma la palabra y pasa a considerar el único punto del orden del dia: PUNTO ÚÑicoSolicitud de Autorización para contratar los servicios profesionales de sociedad mercantil PENTECHINGENIEROS 05, C.A.. para la prestación del "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO COMO ASISTENCIA EN APOYO A LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DEL PROYECTO SISTEMA TELEFERICO DEL LITORAL". Expuesto el punto único del orden del día la Asamblea aprueba y empieza a deliberar sobre el PUNTo ÚNicO: Solicitud de Autorización para contratar los servicios profesionales de la sociedad mercantil PENTECH INGENIEROS 05, C.A., para la prestación del "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO COMO ASISTENCIA EN APOYO A LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DEL PROYECTO SISTEMA TELEFERICO DEL LITORAL". Toma la palabra el Presidente de Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A., y expone que en razón de que PENTECH INGENIEROS 05, C.A.. posee una importante experiencia en Feleféricos, adquirida con la asistencia técnica en el Proyecto del Sistema Teleférico de Mérida, se hace necesario la prestación de sus servicios profesionales dentro del PROYECTO SISTEMA TELEFERICO DEL LITORAL, cabe destacar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, se encuentra excluido de las modalidades de selección. Sobre este punto es preciso señalar que los servicios profesionales serán contratados inicialmente por un período de tres (3) meses, contados desde 01 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, por un costo de Veintinueve Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Bolívares Con Ochenta y Nueve Céntimos (Bs. 29.417.348,89), con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluirō, correspondiente a los siguientes conceptos: a) La suma de Veintiún Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 21.156.250,08), por concepto de Servicios Profesionales; b) La cantidad de Cinco Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Cuarenta Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 5.109.240,00) por concepto de gastos operacionales y c) Tres Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Bolívares con Ochenta y Un Céntimos (Bs. 3.151.858,81), por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dichos servicios consisten en la prestación del "SERviCio DE SOPORTE TÉCNICO COMO ASISTENCIA EN APOYO A LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DEL PROYECTO SISTEMA TELEFERICO DEL LITORAL", en las actividades asociadas a la Ingeniería, Procura Construcción de las obras civiles y electromecánicas de las estaciones E COJO, SAN JOSÉ, LA HACIENDA, WARAIRAREPAÑO, MACUTO, que
425.833 conforman el nuevo Teleférico Warairarepano-Macuto, asi como también la construcción del Teleférico de Carga EL AGUILUCHO. Vista la anterior exposición la Asamblea lo aprueba por unanimidad y delega en el Presidente de Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A., para que suscriba todos los Contratos que surjan con relación a la autorización otorgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en j la Gaceta Oficial de la República Bolivariana N° 6.154 Extraordinario, en fecha 19 de noviembre de 2014. No habiendo nada más que tratar, se levanta la Asamblea y se autoriza al ciudadano ALVARO CASTELLANOS soTo, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-24.041.073, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 155.118, RIF N° V-24041073-3, para que gestione la certificación, registro y publicación de la presente Acta, así como para solicitar seis (06) copias certificadas del presente documento, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera: una (01) copia para el Despacho del Ministro del Poder Popular para el Turismo; una (01) copia para la Presidencia de Venezolana de Turismo. (VENETUR S.A); una (01) copia para la Consultoría Juridica del Ministro del Poder Popular para el Turismo;
(01) copia para Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A, una (01) pia para la Contraloria General de la República y una (01) copia para ser agregada al respectivo cuaderno de Comprobantes. Asi lo decimos firmamos conformes en aceptación de ello.
Tauteny ontinao MARLENY JOSEFINA CONTRERAS Ministra del Poder Popular para el Tursono Decreto Presidencial NP 1705 de fec0zida abril de 2015 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.634 de fecha 07 de abril de 2015.
0 -302 MIGUEL ALOIDES VIVAS LANDINO
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.717 de fecha 05 de agosto de 2015 residente de Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A.
RIF:G-20°Déctelo N° 1832, de fecha 16 de junio de 2015 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.683 de fecha 16 de junio de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA *
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y RM No. 224 NOTARÍAS.
205° y 156° REGISTRO MERCANTIL QUINTO DEL DISTRITO CAPITAL Municipio Libertador, 7 de Enero del Año 2016 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado ALVARO CASTELLANOS SOTO IPSA N.: 155118, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 19, TOMO -3-A REGISTRO MERCANTIL V (CÓD. 24). Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. , Banco No. Por BS: 0,00.
La identificación se efectuó asi: ALVARO CASTELLANOS SOTO, C.I: V-24.041.073.
Abogado ReviSor: HECTOR JOSE MANZANILLA FERNANDEZ
Registrador Mercantil (Auxiliar) FDO. Abogado HECTOR JOSE MANZANILLA FERÑANDEZ ESTA PÁGINA PERTENECE A:
VENEZOLANA DE TELEFERICO VENTEL, C.A Número de expediente: 549950 DIV
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425.834
GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A., celebrada el Veintinueve (29) de septiembre de 2015.
el dia de hoy. Veintinueve (29) de septiembre de 2015, siendo las 4:00 p.m., reunidos en la sede de Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A., ubicada en la Avenida César Augusto Sandino con Avenida Boyacá, Edificio Sede Principa) Torre 2, Planta Baja, Urbanización Maripérez, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas: estando presentes, LA REPÚBLICA por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, identificado en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° G-20004495-0, representado en este acto por la ciudadana MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio titular de la cédula de identidad N° V-6.437.804, identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° V-06437804-6, en su carácter de Ministra, designada mediante Decreto Presidencial N° 1.705, de fecha 7 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 4g.634, de fecha 7 de abril del 2015 y la sociedad mercantil Venezolana de Tufismo VENETUR, S.A., identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° G-20005487-5, representada por el ciudadano MIGUEL ALCIDES VIVAS LANDINO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.617.778, identificado en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° V-07617778-0, en su carácter de Presidente designado mediante Decreto Presidencial N° 1.917, de fecha 05 de agosto de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.717, de esa misma fecha.
Igualmente, se encuentra presente el ciudadano JOSÉ GREGORIO ROJAS SARUBBI, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-7.278.149, identificado en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° V-7278149-6, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A. carácter el suyo que se evidencia de Decreto Presidencial N° 1.832, de fecha 16 de junio de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.683 de esa misma fecha; empresa del Estado inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 14 de agosto de 2008; bajo el N° 33, Tomo 1873-A. publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.008 de fecha 3 de septiembre de 2008;
posteriormente modificada en Acta de Asamblea de fecha_ 19 de mayo de 2009, quedando asentada en el Registro Mercantil Quinto de a Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 21 de mayo de 2009, bajo el N° 18, Tomo 88-A, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vénezuela N° 39.184 de fecha 22 de mayo de 2009, identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° G-20055o-9. Encontrándose presentes ambos accionistas titulares del Cien por Ciento (100%) del Capital Social, suscrito y distribuido en la siguiente proporción: LA REPÚBLICA por órgano de Mínisteriq..
del Poder Popular para el Turismo, titular de MIL DOsCIENTAs (1200) ACCIONES, de un valor nominal de MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.000,00) càda una, para un total suscrito y pagado de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.200.000,00) que representa el Sesenta por Ciento (60%) dei Capital Social, y Venezolana de Turismo VENETUR, S.A., titular de EXACTOs (Bs. 1.000,00) cada una, para un total de Capital Social suscrito y no pagado de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 800.000,00) que quórum se prescinde del requisito de la convocatoria por prensa conformeva-lo dispuesto en la Cláusula Décima Sexta del Documento de los Estatutos Sociales, por encontrarse presente la totalidad del capital social, y en consecuencia se considera válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria Accionistas. El Presidente de Venezolana de Teleféricos VENTEL C.A., toma la palabra y pasa a considerar el único punto del día: PUNTo ÚNIcO: Solicitud de permita regularizar la contratación de la sociedad mercantil PENTECH INGENIEROS 05, C.A., en virtud de la continuidad de los servicios que como ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA TELEFÉRICO DÊ MÉRIDA, vienen prestando desde el 01 de julio de 2015. Expuesto el orden del dia la Asamblea aprueba y empieza a deliberar sobre el PUNTo ÚNICO: Solicitud de grización para elaborar y suscribir el contrato por servicios profesionales que INGENIEROS 05, C.A., en virtud de la continuidad de los servicios que como ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL, Lunes 11 de enero de 2016 DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA TELEFÉRICO DE MÉRIDA, vienen prestando desde el 01 de julio de 2015. Toma la palabra el ciudadano Presidente de la sociedad mercantil Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A., y expone la necesidad de formalizar la contratación de PENTECH INGENIEROS 05, C.A. que de acuerdo a lo establecido en el articulo 5, numeral 1
Acto seguido, manifiesta que la sociedad mercantil PENTECH INGENIEROS 05, C.Ai desde el mes de febrero del año 2014 presta a Venozolana de Teleféricos VENTEL, C.A., servicios profesionales para la ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA TELEFÉRICO DE MÉRIDA, en este mismo sentido expone a la Asamblea de Accionistas que en virtud de la necesidad de e e n n en e e ee n p en razón de que nos encontramos próximos a la fecha contractual de entrega de la Obra, tomando en cuenta que la última contratación de la empresa PENTECH INGENIEROS 05, C.A., fue desde el 01 de abril de 2015 hasta el 30 de junio de 2015, la referida empresa ha asumido a su propio costo la continuidad del servicio desde el 01 de julio de 2015 hasta la firma del Contrato. En ese sentido, se hace necesario someter a la consideración de la Asamblea General de Accionista de la sociedad mercantil PENTECH INGENIEROS 05, C.A., para la prestación del "SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ( TELEFERICO DE MÉRIDA", durante un periodo de seis (6) meses, contados a dentro del modificado del "Presupuesto de Gastos e Ingresos 2015". de Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A.. aprobado en Consejo de Ministros N° 127. Dicha contratación tiene un costo de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y/SEIS.
BOLIVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 78.243.236,50) con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, correspondientes a los siguientes conceptos a) La SUma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIO SEISCIENTOS TREINTA Y DOS BOLIVARES CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTiMOs (Bs. 56.921.632,59), por los servicios profesionales; b) La cantidad de DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 12.938.400,00) por concepto de gastos operativos y c) La cantidad de OCHO MILLONEs TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTiMOs (Bs. 8.383.203,91), por concepto de Impuesto al Vaior Agregado y delega en el Presidente de Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A.., autorización otorgada, de conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Púplicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°6354 Extraordinario, en fecha 19 de noviembre de 2014. No habiendo más que tratar, se levanta la Asamblea y se autoriza al ciudadano ALVARO CASTELLANOs sOTO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-24.041.073, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 155.118, RIF N° V-24041073-3, para que gestione la certificación, registro y publicación de la presente Acta, así como para solicitar seis (6) copias certificadas del presente documento, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera: una (01) copia para el Despacho del Ministro del Poder Popular para el Turismo; una (01) copia para la Presidencia de Venezolana de Turismo, (VENETUR S.A); una (01) copia para la Consultoría Juridica del Ministro del Poder Popular para el Turismo; una (01) copia para Venezolana de Teleféricos VENTEL, C.A, una (01) copia para la Contraloría General de la República y una (01) copia para ser agregada al respectivo cuaderno de Comprobantes. Asi lo decimos y firmamos conformes en aceptación de ello.
ENTEL ogmofo 5 MARLENY JOSEFINA CONTRERAS Ministradel Poder Populapara el Turis DecretoPresidencial N° 1705 de fesrozdabr de 2015 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de veñezuela N°40.634 de fecha 07 de abril de 2015.
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Lunes 11 de enero de 2016
DO eR MIGUEL ALCIDES VIVAS LANDINO PRESIDENCIA Preeidente de VENzTUR S.A.
Decreto Presidencial Nro. 1.917, de fecha 05 de agosto de 2015, Gaceta-Ofielal de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.717 de fecha 05 de agosto de 2015 PRP MUOSE GREGORIO ROJAS SARUBBI Presidentedè Venezalana de Teleféricos VENTEL, C.A.
Decreto N° 1832, de fecha 16 de junio de 2015 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.683 de fecha 16 de junio de 2015.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
República Rolivariana de Venezuela Despacho del Ministro DM/N° 002 Caracas, 11de Eneros de 2016.
205°, 156° y 16º Con el supremo compromiso y voluntad de profundizar la participación del Poder Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario mediante la revisión, rectificación, reimpulso y reunificación, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo soberano enalteciendo su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la presente RESOLUCIÓN Artículo Único. Se designa a la ciudadana AMÉRICA GEORERMI SÁNCHEZ GUEDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-18.836.104, Directora de Administración, Código de Nómina 340, Dependencia 001100160, adscrito a la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa, a partir del 07 de enero de 2016, quién ejercerá las funciones previstas en el artículo 74 del Reglamento Interno de este Ministerio, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental es la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República Bolivariana de Venezuera, contemplados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Esgnómico de la Naqión 2013-2019.
Comuníquese/y publíquese;
n Rodulfo Humberto Pérez Hernandez Ministro del Poder Popular para la Educación
República Bolivarianà de Veneznela Despacho del Ministro Caracas, de Enero DM/N° 003 de 2016.
205°, 156° y 16° Con el supremo compromiso y voluntad de profundizar la participación del Poder Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario mediante la revisión, rectificación, reimpulso y reunificación, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo soberano enalteciendo su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la presente 425.835 RESOLUCIÓN Artículo Único. Se designa al ciudadano CARLOs ERNESTO MÚJICA BORGES, titular de la cédula de identidad N° V-13.482.007, Director de Finanzas, Código de Nómina 434, Dependencia 001100120, adscrito a la Dirección General de la Oficina de Gestión Administrativa, a partir del 07 de enero de 2016, quién ejercerá las funciones previstas en el artículo 64 del Reglamento Interno de este Ministeria, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyd objetivo fundamental es la justicia social, la equidad y la solidandad entre los seres hugnanos y las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, contemplados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico de a Nación 2013-2019.
Comuníquese y publiqueşe;
VARIAN
Rodulfo Humberto Pérez Reenández Ministro del Poder Popular para a Euticación
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO 205º, 156º y 16°
Caracas, 7 de enero de 2016 N° 9579
RESOLUCIÓN
En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78 numerales 1, 2, 12 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, y los artículos 42 y 47 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario.
RESUELVE úNico: Aprobar la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, para el Ejercicio Fiscal 2016, la cual estará conformada de la siguiente manera:
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
CODIGO DESCRIPCIÓN CARPETA
Umdao 10011 Oficina de Gestion Administrativa Admunostrativa Cenna 60034 Dirección Estadal Distrito Capital 60035 Dirección Estadal Amazonas 60036 Dirección Estadal Anvoátegui 60037 Dirección Estadal Apure 600.38 Dirección Estadal Aragua 60039 Durección Estadal Barinas 60040 Dirección Estadal Bolivar 60041 Dirección Estadal Carabobo 60047 Dirección Estadal Cojedes 60043 Dirección Estadal Delta Amacuro 60044 Dirección Estadal Falcón Unidades Administrativas 60045 Dirección Estadal Guârico Desconcentradas Dirección Estadal Lara 60046
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425.836
60047 Dirección Estadal Ménda 60048 Dirección Estadal Miranda 60049 Dirección Estadal Monagas Dirección Estadal Nueva Esparta 60050 60051 Dirección Estadal Portuquesa 60057 Dirección Estatal Sucre 6005:3 Dirección Estadat táchira 60054 Dirección Estadal Irujillo Dirección Estadal Vargas 60055 60056 Dirección Estadal Yoracuy 60057 Dirección Estadal Zulia
Comuníquese y Publíquese, OSWALDO EMILIO VERA ROJAS MINISTRO DEI PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Segun Decreto N° 2.181 de fecha 06/01/2016 Gacs-ta Oficial de la República Bolivariana de Venerucla N° 40.827 de fecha 06/01/7016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO FARMAPATRIA COMPAÑÍA ANONIMA (FARMAPATRIA C.A.) NÚMERO 023 17 de Diciembre de 2015 205º, 156° y 16°
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 023/2015
RAMON ÉRNESTO PERDOMO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.357.025, Presidente COMPAÑÍA de FARMAPATRIA ANONIMA (FARMAPATRIA, C.A.) empresa del estado venezolano creada mediante Decreto Presidencial Nº 8.981, de fecha 15 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.922 de fecha 15 de mayo de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital el 17 de mayo de 2012, bajo el N° 17, Tomo 137-A-SDO., carácter que se evidencia en Providencia Administrativa No 001, de fecha 07 de agosto de 2014, emanada del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.475, del 14 de agosto de 2014 y ampliamente facultado para este acto de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Séptima, numeral_9 de sus Estatutos Sociales de creación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 72 dicta lo siguiente:
DECIDE
Artículo 1. Designar al ciudadano, ALFONSo PERDOMO DoMADor, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.039.686 como GERENTE Lunes 11 de enero de 2016 FINANZAS GENERAL DE ADMINISTRACION Y en sustitución de la ciudadana OLGA MARGARITA APARCEDO DAZA, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.232.586, quedando sin efecto en este acto la Providencia N° 002 de fecha 07 de octubre del 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.622, en fecha 17 de marzo de 2015.
Artículo 2, La presente designación entrara en vigencia a partir del día 22 de diciembre del año 2015.
Artículo 3. El ciudadano ALFONSO PERDOMO DOMADOR, antes identificado, se le atribuyen las competencias, firmas del los actos y documentos que conciernen a la Gerencia General de Administración y Finanzas, así como también:
1. El pago de los conceptos derivados de las partidas presupuestarias N° 401, 402, 403, 404, 407, y 411, de manera conjunta con el Presidente de la Empresa.
2. Coordinar ante las Instituciones Bancarias Públicas y Privadas, incluyendo el Banco Central de Venezuela, el Registro de firmas Autorizadas de la Empresa.
Artículo 4, Notifíquese de la presente al referido ciudadano e| instrúyase a la Gerencia General de Recursos Humanos para que realice todos los procedimientos consiguientes.
Dada, firmada y sellada en la sede de la FARMAPATRIA COMPAÑÍA ANÓNIMA (FARMAPATRIA, C.A.), en CaraCas a los (22)-días del mes de Diciembre de 2015.
Comuníqueße y Publíquese,
RANON ERNESTO PERDOMO PRESIDENTE DE FARMAPATRIA, C.A.
Providenga Administrativa emanada del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo N° 001, Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.475, del 14 de agosto de 2014.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALIUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° ORH-2015-84 CARACAS, 21 de julio de 2015 AÑOS 205°, 156° Y 16° Quien suscribe, NESTOR VALENYÍN OVALLES, venezolano, mayor de edad, de este.
domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto en mi carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, designado mediante Resolución DGC1 N° 120 de fecha 10 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 39.325 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el articulo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la siguiente:
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Lunes 11 de enero de 2016
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Articulo 1.°: Se designa al ciudadano RAMON ARTURO PIMENTEL D SANTIAGO, titular de la Cédula cie Identidad N° V.-9.154.875, en el cargo de COORDINADOR REGIONAL DE INSPECCIONES (E), adSCritO a la GERENCIA ESTADAL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (GERESAT) ARAGUA del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPsAsEL), en calidad de Comisión de Servicios, por el lapso de un (01) año a partir del 21 de julio de 2015.
Artículo 2°: El ciudadano designado, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo.
Artículo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano de la Dirección de la Oficina de Recursos Hiumanos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y Publíquese,
NESTOR VALENTIN OVALLES PRESIDENTE (E) QEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° ORH-2015-85 CARACAS, 06 de Noviembre de 2015 AÑOS 205°, 156° Y 16° Quien suscribe, NESTOR VALENTÍN OVALLES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto en mi carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, designado mediante Resolución DGC3 N° 120 de fecha 10 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.325 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1°: Se designa a la Ciudadana LIMBANIA ELENA RAMÍREZ CAURO, titular de la Cédula de Identidad N° V.-12.281.122, en el cargo de COORDINADORA DE SOPORTE (E), ac ISCrita a la OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMAcIóN, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), a partir del 06 de Noviembre de 2015.
Articulo 2°: La ciudadana designada, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo.
Artículo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano de la Dirección de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
egiqdese yuiquese, Con
NESTOR VAEENTIN OVALLES PRESIDENTE (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ EXPEDIENTE N° AP61-R-2015-000017 Mediante oficio N° TDJ-660-2015 del 9 de julio de 2015, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente realizado contra el ciudadano Juan Carlos Celi Anderson, titular de la cédula de identidad N° V- 9.120.228, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado Superior Noveno del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
Tal remisión se efectuó en virtud del auto dictado por el TDJ en fecha 7 de julio de 425.837 la ciudadana Yuvitmar Ayala Hung, titular de la cédula de identidad N° V-10.866.096, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 52.911, actuando por delegación de la Inspectoria General de Tribunales, (en lo sucesivo, IGT) según consta en la Resolución número 09-2015, de fecha 12 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.664, de fecha 20 de 2015, dictada por el a quo, mediante la cual se pronunció de la manera siguiente:
"...PRIMERO: se declara IMPROCEDENTE la declaratoria de inadmisibilidad solicitada por la parte denunciada en su escrito de descargos. SEGUNDO: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento formulada por la parte denunciada en su escrito de descargos, en lo referente a que el presente proceso fue iniciado en virtud de la suspensión sin goce de sueldo impuesta a su persona y que una vez levantada dicha medida por ese Tribunal éste debió extinguirse. TERCERO: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento requerida en el escrito de descargos por la presunta falta de cualidad de la Inspectoria General de Tribunales para iniciar el_ presente procedimiento disciplinario. cUARTo: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento por la presunta inconstitucional demora en la tramitación del presente proceso e incumplimiento del lapso previsto en el articulo 58 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
QUINTO: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento requerida por la apoderada judicial del juez denunciado en su escrito de descargos por presuntamente no haberse determinado el hecho objeto de la denuncia. SEXTO: se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de conformidad a lo previsto en el numeral 2 del articulo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de la denuncia interpuesta en contra del juez por el presunto descuido injustificado durante la tramitación de la causa N° AH24-L-2002-00468, illcito disciplinario previsto en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial normativa vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos hoy subsumible en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, de conformidad con la primera parte del numeral 2 del artículo 60 ejusdem. SEPTiMO: se declara INOFiCiosO pronunciarse acerca de la inadmisibilidad de la denuncia por el presunto descuido injustificado durante la tramitación de la causa N° AH24-L-2002-00468 conforme al numeral 2 del articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en virtud de haber sido decretado el sobreseimiento del referido hecho en el pronunciamiento que le antecede. OCTAVO: se ordena REMiTIR el presente expediente a la Corte Disciplinaria Judicial para su consulta obligatoria, de conformidad a lo establecido en el último aparte del artículo 60 del Código de Ética aludido una vez publicado el texto Integro de la presente decisión. NOVENO: se ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, al CiudadanO JUAN CARLOS CELI Anderson, en su condición de Juéz del Juzgado Noveno Superior del Cirfuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por presuntamente omitir pronunciarse en la decisión de fecha 8 de diciembre de 2oo9 acerca del objeto de la apelación interpuesta en la causa judicial Nro. AP21-R-2009-e un auto de mera sustanciación o mero trámite, ilícito previsto en el numeral 23 del _articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana..." . El 14 de julio de 2015, la Secretaría de esta Corte recibió el presente expediente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) el cual con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 28 de julio de 2015 esta Alzada dictó auto acordando fijar la audiencia oral y pública a las dos de la tarde (2:00 p.m.) del décimo (10°) dia de despacho siguiente, a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes.
El día 30 de julio de 2015, la ciudadana Yuvitmar Ayala Hung, actuando en su carácter de Inspectora de Tribunales delegada consignó escrito de fundamentación de la apelación de conformidad al articulo 84 eiusdem.
El 12 de agosto de 2015, la abogada Yrohanick Aranguren, en su condición de apoderada judicial del ciudadano Juan Carlos Celi Anderson, consignó escrito de contestación a la fundamentación de la apelación, de acuerdo a lo previsto en el articulo 84 ibidem.
En fecha 3 de noviembre de 2015, esta Instancia Superior dictó auto mediante el cual acordó diferir la audiencia oral y pública fijada en fecha 28 de julio de 2015, para dos de la tarde (2:00 p.m) del décimo (10°) dia de despacho siguiente, para las diez de la mañana (10:00 a.m) del dia inmediato siguiente de la audiencia ya fijada.
El dia 12 de noviembre de 2015, se dictó auto por medio del cual esta Corte Disciplinaria Judicial acordó en virtud de la mudanza a nueva sede ubicada en la Torre Falcón, ubicada en la Avenida Casanova, entre calles 1 y 2, Urbanización Bello Monte, Parroquia El Recreo, Municipio Libertador, Distrito Capital y del tiempo transcurrido, que una vez conste en autos la última de las notificaciones a las partes se celebrará la audiencia para el 4° día de despacho y para la cual correrá el lapso fijado en el auto de fecha 28 de julio de 2015.
El día 8 de diciembre de 2015, a las dos de la tarde (2:00 p.m.), se realizó la audiencia oral y pública de conformidad con lo previsto en el articulo 87 del Código de Ética.
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial emitir pronunciamiento sobre el recurso ANTECEDENTES Se inició el presente procedimiento con la investigación de oficio ordenada en fecha 6 de febrero de 2012 por la IGT, en virtud de oficio N° CJ-10-1590 de fecha 3 de agosto de 2010, suscrito por la ciudadana Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, para ese momento, mediante el acordó la suspensión sin goce de sueldo del ciudadano Juan Carlos Cell Anderson, titular de la cédula de identidad N° V- 9.120.228, como Juez Titular del Juzgado Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, hasta tanto la IGT presentara el respectivo acto conclusivo.
En fecha 7 de noviembre de 2012, el órgano de investigación presentó ante la Unidad conclusivo de la investigación en el cual solicitó se impusiera al ciudadano Juan Carlos Celi Anderson, por su desempeño como Juez Titular del Juzgado Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la sanción de amonestación en virtud de haber incurrido en descuido injustificado en la tramitación del asunto judicial número AH24-L-2002-000468, al/no haber acatado criterios sostenidos por la Sala de Casación Social desde el año 2005.
la cual se encuentra tipificada en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, (en lo sucesivo Código de Ética) asl como la sanción de destitución, prevista en el articulo 33, numeral 23 ejusdem, en virtua der:
haber incurrido en la falta disciplinaria de descuido injustificado en el conocimiento de
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425.838 la ¿ausa judicial N° AP21-R-2009-001332, cuando se limitó como Juez Superior à nulidad del acta objeto de apelación, menoscabando la garantia constitucional de que el justiciable obtuviera la tutela judicial efectiva de su derecho.
«ÉI dia 19 de noviembre de 2012, la Oficina de Sustanciación recibió la causa N° AP61- A-2012-000093, contentivo de la investigación seguida al juez denunciado, procedente de la IGT, a través de la URDD y acordó darle entrada.
El 29 de noviembre de 2012, la Oficina de Sustanciación emitió informe definitivo y acordó remitir el expediente distinguido con la nomenclatura AP61-A-2012-000093 al TDJ, por considerar que los elementos indiciarios fueron suficientemente recabados por la IGT.
El día 4 de diciembre de 2012, el TDJ recibió el expediente procedente de la Oficina En fecha 20 de marzo de 2014, el TDJ en virtud de acta N° 43 de fecha 19 de N 5 de fecha 12 de febrero de 2014, emanada de esta Corte Disciplinaria Judicial.
E 10 de abril de 2014, la Oficina de Sustanciación dictó auto en el que acordó dar entrada a la causa dando cumplimiento a lo ordenado por el TDJ en el auto de fecha 20 de marzo de 2014.
El dia 3 de junio de 2014, la Oficina de Sustanciación dictó auto en el cual acordó orden público y a las buenas costumbres.
En fecha 18 de noviembre de 2014, la Oficina de Sustanciación dictó decisión N° presentadas por las partes.
El 29 de enero de 2015, la Oficina de Sustanciación remitió el expediente al TDJ en virtud de la notificación de las partes e intervinientes de la decisión N° JDJ/OS/2014-32 de fecha 18 de noviembre de 2014, así como recluido el lapso para recurrir y la evacuación de aquellos medios que así lo requieran.
El dia 10 de febrero de 2015, el TDJ dictó auto mediante el cual dio por recibido el expediente procedente de la Oficina de Sustanciación.
En fecha 15 de abril de 2015, se llevó a cabo la audiencia oral y pública y concluido el de abril de 2015 a la 1:00 p.m. a los fines de dictar el dispositivo, la cual efectivamente se llevó a cabo y, el 28 de mayo de ese año se publicó el extenso de la decisión.
actuando en su carácter de Inspectora de Tribunales delegada apeló de la sentencia , dictada por la primera instancia disciplinaria judicial y por auto del 7 de julio de 2015, el TDJ oyó la apelación en ambos efectos y ordenó remitir el expediente a esta Corte Disciplinaria Judicial.
Il DEL FALLO APELADO En fecha 28 de mayo de 2015 el a quo publicó el texto integro de la sentencia N° TDJ-SD-2015-040 en la que con carácter previo al pronunciamiento de mérito de la causa realizó un breve análisis sobre la solicitud realizada por la apoderadoà judicial del Juez sometido a procedimiento en su escrito de descargos de fecha 2 de julio de 2044, sobreseimiento en virtud a las consideraciones siguientes:
3 ilegal como lo es la suspensión sin goce de sueldo acordada por parte de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, que dicha investigación fue iniciada por la IGT de acuerdo al oficio N° CJ-10-1590 de fecha 3 de agosto de 2010 emanado de la accesorio (éste procedimiento) sigue la suerte de lo principal (suspensión sin goce de sueldo).
Al respecto el a quo evidenció que mediante oficio N° CJ-10-1590 la referida Comisión de agosto de 2010, remitió a la IGT dicha información con el objeto de que iniciara el procedimiento correspondiente, el cual fue iniciado en fecha 6 de febrero de 2012 y a tal efecto se levantó acta en la sede del Tribunal a cargo del referido Juez a los fines de recabar elementos indiciarios.
Iguaimente, que en el proceso disciplinario llevado en contra del Juez sometido a sentencia N° TDJ-SD-2013-022 de fecha 19 de febrero de 2013 en la cual se acordó el levantamiento de la medida de suspensión sin goce de sueldo impuesta al señalado del juez según acta de fecha 4 de octubre de 2013, asimismo que dicha incorporación -al cargo no extinguió el presente procedimiento disciplinario ya que dicha situación no impidió a ese Tribunal pronunciarse sobre ilicitos disciplinarios denunciados por la IGT, y que de acuerdo a la inspección realizada en el Tribunal a cargo del recurrente otros ya decididos por ese Juzgado en la causa N° AP61-D-2011-000065, razón por la cúal consideró improcedente dicha solicitud.
Asimismo, con respecto a lo señalado por la apoderada judicial del Juez que la IGT para la fecha en que solicitó la sanción no tenía cualidad ni facultad para acusar o iniciar el procedimiento disciplinario, alegando para ello lo previsto en el artículo 53 del Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El TDJ constató que los articulos 30 del Régimen Transitorio del Poder Público y 32 del Reglamento Orgánico y Funcional de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, le jueces y juezas, luego, una vez que entró en vigencia el Código de Ética se estableció que el procedimiento de investigación seria llevado por la Oficina de Sustanciación y representantes legales, o por cualquier órgano del Poder Público, de acuerdo al artículo 53 del Código de Ética, lo cual fue suspendido cautelarmente por la Sala Constitucional. De Igual forma, verificó que la IGT mediante oficio N° 02935-12 del 7 de noviembre de 2012, remitió a esta instancia disciplinaria el acto conclusivo de esa misma fecha cuyo contenido fue ratificado por la Oficina de Sustanciación mediante Lunes 11 de enero de 2016 informe conclusivo del 29 de noviembre de 2012, por lo que consideró que la IGT si bien para la fecha no era el órgano titular de la acción disciplinaria si tenla facultades para la interposición de la denuncia ante esta Jurisdicción Disciplinaria, declarando improcedente dicha solicitud.
Igualmente, alegó que hubo una inconstitucional demora en la tramitación del procedimiento ya que de acuerdo al articulo 58 del Código de Ética, la investigación no puede durar más de 10 dias hábiles. La primera Instancia Judicial constató que el expediente contentivo de la petición de sanción en contra del juez Juan Carlos Celi noviembre de 2012 procedente de la IGT y, la Oficina de Sustanciación en fecha 29 de noviembre de 2012 presentó el informe conclusivo de la investigación ratificando el de treinta (30) días hábiles establecido en el Titulo Ill referido a las "Norma Generales" numeral 7 del Manual de Procedimiento de la Oficina de Sustanciación, por lo que declaró improcedente la referida solicitud de sobreseimiento.
De la misma forma, señaló que no existió un hecho generador de investigación como lo, és la denuncia de parte, por lo que no existió un presupuesto real que sustentar a la „investigación, alegando para elo la sentencia N° 5 del 15 de mayo de 2012 dictada por la Corte Disciplinaria, asl como el numeral 1 del articulo 55 del Código de Ética, que establece que si el hecho objeto de la denuncia no puede determinarse deberá ser declarada inadmisible. Al respecto, la recurrida constató que en la referida sentencia articulo 55 del Código de Ética al primer supuesto establecido en el numeral 1 del articulo 60 ejusdem, circunscribiéndolos a que el hecho no sucedió. y que dicha proceso disciplinario por denuncia de parte agraviada, situación que en nada afectó el inicio de un proceso disciplinario pues, éste no está supeditado a una denuncia de parte, en virtud de que la investigación del procedimiento puede ser realizada de oficio por impulso de un órgano del Poder Público, de acuerdo a lo establecido en el articulo 53 ibidem, razón por la cual declaró improcedente la misma.
2002-cg0468 en el que se denunció al Juez por estar presuntamente incurso en el ilicito de descuido injustificado al decretar la perención de la instancia en sentencia de fecha 8 de diciembre de 2009, (sic) sin previamente haber solicitado información a la sede del archivo acerca de si constaba en los libros de préstamo solicitud de las partes _dè haber visto el referido expediente. Al respecto, el TDJ verificó en este caso que el hecho que ocasionó el presente proceso disciplinario ocurrió en fecha 26 de enero de de 2012, vale decir, cinco (5) años y once (11) dias de haberse cometido el hecho declaró prescrita la referida acción disciplinaria y, en consecuencia, el sobreseimiento de la precitada causa por el presunto descuido injustificado durante la tramitación del - la Ley de Carrera Judicial, normativa vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, hoy, subsumible en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética, de conformidad al primer supuesto establecido en el numeral 2 del artículo 60 ejusdem.
En este mismo sentido, consideró inoficioso pronunciarse acerca de la solicitud de inadmisibilidad de la denuncia por el presunto descuido injustificado durante la tramitación de la causa N° AH24-L-2002-00468 en virtud del numeral 2 del articulo 55 del Código de Ética, dado el pronunciamiento de sobreseimiento decretado.
:Finalmente, en relación al hecho imputado al Juez sometido a procedimiento al presuntamente omitir pronunciarse en la decisión de fecha 8 de diciembre de 2009 001332, la cual fue declarada inadmisible por considerar que el acta levantada el 23 de septiembre de 2009 en la que se ordenó el pase a juicio en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar no era objeto de impugnación por ser un auto de mera sustanciación o mero trámite, sin analizar que el recurso versaba sobre la celebración anticipada de la audiencia preliminar por parte del Juzgado Sexto (6to) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución .del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, debido a que el referido Tribunal no dejó transcurrir el lapso de noventa (90) dias que establece el articulo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, lo debido proceso y là tutela judicial efectiva de la parte demandada.
»El a quo constató que el Juez consideró en su función de administrar justicia que elt un ente del Estado y que de acuerdo a criterios jurisprudenciales -sentencia N° 1300 tantum la cual debe ser decidida por el Juez de juicio y esta a su vez podría ser objeto actuación estaba Intimamente relacionada con la facultad y soberania que detentan jurisdiccional, establecida en el Código de Ética. - De igual manera, en relación a la presunta vulneración del derecho a la defensa, el del Juez estuvo dirigida a cumplir la función jurisdiccional para lo cual está facultado de acuerdo al artículo 135 y 131 de la Ley Procesal del Trabajo y la Sala de Casación Social, por lo que no constató inobservancia del deber funcional que implique la consecuencia absolvió de responsabilidad disciplinaria al ciudadano Juan Carlos Celi del árticulo 33 ejusdem.
III FUNDAMENTACIÓN A LA APELACIÓN En fecha 30 de julio de 2015, la ciudadana Yuvitmar Ayala Hung, en su carácter de Inspectora de Tribunales presentó escrito de fundamentación de la apelación, basada en los siguientes argumentos:
Solicitó a esta Instancia Disciplinaria ".. se pronuncie nuevamente sobre los hechos imputados al Juez JUAN CARLOS CELI ANDERSON, y la calificación jurídica de los mismos, dado que la sentencia recurrida incurre en un error de juzgamiento por
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Lunes 11 de enero de 2016 errónea interpretación del articulo 4 del CEJVJV, cuando dejó de aplicar el mismo en todo su alcance y contenido, norma jurídica que aunque fue invocada en la sentencia apelada, dejó de aplicarse en su parte in fine, que prevé la potestad del órgano pongan en duda la idoneidad y excelencia del juez, sin que ello se entienda como una intervención indebida en la actividad jurisdiccional." Al respecto, arguyó la recurrente que el TDJ determinó que las decisiones proferidas exclusivo de la Jurisdicción Disciplinaria el examen de la idoneidad y excelencia del actuar de jueces y juezas, y que en el presente caso la conducta desplegada por el correspondia a la esfera jurisdiccional y no revistió carácter disciplinario por lo que consideró la IGT que el a quo si podía analizar la actuación del Juez, con el objeto de verificar su idoneidad y excelencia en el desempeño de sus funciones, sin que tal actuación constituyera una intervención indebida en su actividad jurisdiccional.
En este mismo orden de ideas, señaló que "...en el presente caso la parte demandada en el proceso (SUDEBAN), interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada el Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, en la que se dejó constancia de la incomparecencia di la parte demandada y de la presencia de la parte actora en la audiencia preliminar, se hábiles previstos en el articulo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, actuación que dejó en indefensión a la parte demandada, pues en vista de la orden de 'causa debla suspenderse por 90 dlas, por lo que la referida audiencia preliminar se celebró de manera anticipada pues no había transcurrido Integramente el lapso antes señalado. " Continuó exponiendo que el Juez sometido a procedimiento actuando como Alzada al decidir consideró inadmisible la apelación por tratarse de un auto de mero trámite, aplicando criterios sostenidos por la Sala de Casación Social relativos a la inapelabilidad del auto que ordena la remisión del expediente al Tribunal de Juicio por la incomparecencia injustificada de la parte demandada, omitiendo pronunciarse sobre el objeto de la apelación.
de realizar como Juez de Alzada pronunciamiento respecto al punto objeto de apelación y a la actuación irregular desplegada por el Juez de Primera Instancia al celebrar la audiencia, siendo que se había establecido y ordenado la notificación de la PGR y la suspensión del proceso, llevando a cabo el acto de verificar que el lapso de garantía del debido proceso y del derecho a la defensa de la parte demandada norma, a los fines de dar veracidad a la oportunidad en que se efectuar la la audiencia preliminar,ocasionó que la representación de SUDEBAN no asistiera a tan transcendental acto, lo cual es violatorio del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 15 del Código de Procedimiento Civil y 96 de la República." Asimismo, indicó que era deber del precitado Juez pronunciarse sobre el objeto del solo requería de la verificación del transcurso del lapso de suspensión de la causa, y de haberlo realizado hubiera producido, a decir de la Inspectora de Tribunales, la declaratoria de nulidad del acto que a su entender se celebró anticipadamente. Ahora bien, que la conducta del Juez generó una lesión a la tutela judicial efectiva de la hubiese evitado la movilización del aparato judicial y que las partes se mantuvieran en una permanente litigiosidad, lo cual es contrario a los principios constitucionales actitud del Juez reveló la inidoneidad para ocupar el cargo de Juez Superior, al no Tribunal, por lo que solicitó en aplicación del criterio sostenido por esta Alzada en sentencia de fecha 3 de abril de 2014 dictada en el expediente N° AP61-R-2014-0005 donde se revocó la decisión apelada.
Por lo antes expuesto, la recurrente solicitó la declaratoria con lugar del recurso de impusiera la sanción de destitución conforme a lo previsto en el artículo 33 numeral 23 del Código de Ética, por incurrir en descuido injustificado en la tramitación del expediente judicial N° AP21-R-2009-001332, cuando omitió pronunciarse sobre el objeto de la apelación que interpuso la parte demandada (SUDEBAN). contra la decisión dictada el 23 de septiembre de 2009. Asimismo, solicitó el pronunciamiento respecto al sobreseimiento declarado en la causa N° AH24-L-2002-000468, conforme a lo previsto en la última parte del articulo 60 ejusdem.
IV · CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN En fecha 12 de agosto de 2015 la ciudadana Yrohanick Amaloa Aranguren, titular deta.
cédula de identidad N° 13.069.176, inscrita en el 1.P.S.A. bajo el N° 112.116, abogado Anderson, presentó escrito de contestación de la formalización de la apelación, tal como seguidamente se transcribe:
Negó, rechazó y contradijo los alegatos expuestos por la IGT en el escrito de fundamentación a la apelación presentado el 30 de julio de 2015.
Señaló, en primer lugar irregularidades en la tramitación de la causa, indicando que la acuerdo al articulo 53 del Código de Ética, artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la sentencia N° 516 de fecha 7 de mayo de 2013 dictada por la Sala Constitucional, que suspendió cautelarmente algunos articulos del referido Código y en la que estableció que la IGT será la competente para iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones contra los jueces, por lo que antes del 7 de mayo de 2013 no tenía facultad y que para el 7 de noviembre de 2012 fecha en que fue presentada la petición de sanción no tenía competencia, ni facultad para iniciar de oficio o por denuncia la investigación contra los jueces.
Igualmente, señaló que le causó la violación del derecho a la defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva, celeridad procesal, derecho al trabajo, al salario y a la Judicial del Tribunal Supremo de Justicia el 3 de agosto de 2010 por oficio N° CJ-10- 425.839 1590 informò a la IGT que acordó suspender sin goce de sueldo al sometido a -procedimiento hasta que dictara el acto conclusivo, dicha comunicación fue recibida el 12 de agosto de 2010 ordenándose de oficio en fecha 13 de agosto de 2010 abrir el expediente administrativo N° 100358, igualmente, indicó que fue el 6 de febrero de 2012 que se dio apertura a la averiguación y que la misma fue notificada el dia 28 de febrero de 2012, lo que representó una demora injustificada dado los 17 meses transcurridos.
De la misma forma, expresó como segundo punto que no hubo denuncia ni un hecho generador de la investigación, y que se desconocía si la investigación es a instancia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, de oficio o para determinar la disciplinario N° 100358 como se indicó en el oficio de notificación de la inspección integral, o en todo caso, para determinar cualesquiera irregularidades que pudieren existir con relación a las actuaciones como Juez del referido Tribunal, tal como fue señalado en el acta del 28 de febrero de 2012, en la cual no se hizo observación de carácter disciplinario, asimismo se refirió a la sentencia N° 5 de fecha 15 de mayo de 2012 dictada por esta Corte Disciplinaria, en la cual "...estableció que: 1) en materia sancionatoria el 'inicio de la investigación de oficio', corresponde a una facultad atribuida al Juzgador como órgano instructor del procedimiento disciplinario (articulo 51 del CEJVJV). 2) cuando no existe alguna denuncia que pudiese haber oficio ordenada por el Juzgador y se ordena „.abrir la correspondiente averiguación para determinar cualesquiera irregularidades en relación con la actuación.. se revela la inexistencia de la ocurrencia de algún hecho preciso y determinado que pudiese haber dado origen a la investigación cumplida...
como fue solicitado en el caso de marras.
disciplinarias en atención a los articulos 31 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y 4 del Código de Ética que consagran el principio de autonomía judicial, en el sentido que el Juez no puede ser sancionado por sus decisiones o los fundamentos de las mismas, ya que dichas decisiones solo serán materia de los recursos procesales, salvo que se decrete error inexcusable. Por lo que arguyó que las sentencias dictadas por el Juez que dieron origen a la imputación fueron dictadas en ejercicio de la jurisdicción como poder-deber de administrar justicia.
Alegó, en relación al asunto N° AH24-L-2002-000468 señaló que el sobreseim/ento:
.declarado por el TDJ se encuentra firme dado que la IGT no apeló de dicho;
pronunciamiento, considerando el a quo mediante auto de fecha 7 de julio de 2015 que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura la acción disciplinaria prescribió a los tres (3) años.
Asimismo, con respecto al señalamiento realizado por la recurrente en la causa N°.
AP21-R-2009-001332 referido a la omisión de pronunciamiento por parte del Juez sobre el objeto de la apelación interpuesta por la demandada el 23 de septiembre de 2009, contra la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Sustanciación de Mediación y Ejecución, expresó en ese sentido, que es un asunto jurisdiccional, no disciplinario conforme al articulo 4 del Código de Ética.
Señaló la diferencia entre el vicio de error de interpretación y la falta de aplicación, que la misma al indicar la existencia del error de interpretación del articulo 4 del Código de Ética, alegó falta de aplicación; o error de interpretación o falta de aplicación, habida cuenta a su decir de la imposibilidad de la ocurrencia de ambas situaciones.
Arguyó, que el TDJ aplicó el artículo 4 del Código de Ética, al considerar que el Juez hizo uso de la facultad jurisdiccional e independencia judicial, por cuanto los hechos no revistieron carácter disciplinario, ya que aplicó criterios de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia para resolver el asunto, por lo que no hubo error de interpretación y menos aún falta de aplicación, ni la existencia de elementos que pusieran en duda la idoneidad y excelencia del Juez.
la ponderación de la entidad de la sanción a imponer e incluso la absolución del sometido a procedimiento de acuerdo a su conducta durante el ejercicio del cargo ya que podria ser un error único en su vida profesional y en consecuencia perdonable.
Por/último, solicitó se declare sin lugar el recurso de apelación y confirme la decisión dictada por el TDJ.
v DE LA COMPETENCIA
asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:
El artículo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República definitivas, en los términos que a continuación se transcriben:
Articulo 42. "Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de Alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y Jueza venezolana".
ciudádana Yuvitmar Ayala Hung, titular de la cédula de identidad N° V-10.866.096, julio de 2015, el correspondiente escrito de fundamentación de la apelación en contra descargos. SEGUNDO: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento formulada por la parte denunciada en su escrito de descargos, en lo referente a que el presente proceso fue iniciado en virtud de la suspensión sin goce de sueldo impuesta a sú persona y que una vez levantada dicha medida por ese Tribunal êste debió extinguirse. TERCERO: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento sè declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento por la presunta inconstitucional demora en la tramitación del presente proceso e incumplimiento del lapso previsto en el articulo 58 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. QUINTO: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento.
requerida por la apoderada judicial del juez denunciado en su escrito de descargos por presuntamente no haberse determinado el hecho objeto de la denuncia. SExTO: se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de conformidad a lo previsto en el numeral 2 del articulo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de la
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denuncia interpuesta en contra del juez por el presunto descuido injustificado durante la tramitación de la causa N° AH24-L-2002-00468, ilícito disciplinario previsto en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial normativa vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos hoy subsumible en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, de conformidad con la primera parte del numeral 2 del articulo 60 ejusdem. SEPTiMO: se declara INOFiCiosO pronunciarse acerca de la inadmisibilidad de la denuncia por el presunto descuido injustificado durante la tramitación de la causa N° AH24-L-2002-00468 conforme al numeral 2 del articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en virtud de haber sido decretado el sobreseimiento del referido hecho en el pronunciamiento que le antecede. OCTAVO: se ordena REMITIR el presente expediente a la Corte Disciplinaria Judicial para su consulta obligatoria, de :conformidad a lo establecido en el último aparte del articulo 60 del Código de Ética aludido una vez publicado el texto Integro de la presente decisión. NOvEnO: se ABSÙELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, al CiUdadano JUAN CARLOS CELL ANDERSON, en su condición de Juez del Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por pre$untamente omitir pronunciarse en la decisión de fecha 8 de diciembre de 2009 acerca| del objeto de la apelación interpuesta en la causa judicial Nro. AP21-R-2009- 001332 declarando la inadmisibilidad de la apelación por considerar que se trataba de un auto de mera sustanciación o mero trámite, illcito previsto en el numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana... En tal sentido, esta Alzada verifica que, efectivamente, se trata de una apelación contra sentencia definitiva, razón por la cual declara su competencia para conocer el presente asunto. Así se declara.
vi CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada como ha sido la competencia procede esta Corte a emitir el correspondiente pronunciamiento previo las siguientes consideraciones:
1. Del recurso de apelación.
La recurrente señaló que el TDJ "... incurre en un error de juzgamiento por errónea interpretación del articulo 4 del CEJVJV, cuando (...) dejó de aplicarse en su parte in fine, que prevé la potestad del órgano disciplinario judicial, para examinar las decisiones judiciales y a los aspectos que pongan en duda la idoneidad y excelencia del juez, sin que ello se entienda como una intervención indebida en la actividad jurisdiccional..." Al respecto, el TDJ arguyó que "..las decisiones emanadas de los funcionarios judiciales, sólo pueden ser revisadas por los órganos jurisdiccionales con competencia para conocer de los recursos correspondientes, siendo exclusivo de la Jurisdicción .Disciplinaria Judicial el examen de la idoneidad y excelencia del actuar de Jueces y Juezas..". Estableciendo que la conducta desplegada por el sometido a procedimiento al sostener que el acta levantada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de septiembre de 2009, donde ordenó el pase a juicio en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar no era objeto de impugnación por ser un auto de mero trámite, constituía parte del ejercicio de la potestad jurisdiccional. /fazón por la que quedaba vedada la posibilidad de ser revisados por dicha instancia.
Ahora bien, al revisar las actuaciones practicadas por el sometido a procedimiento se constata lo siguiente:
En fecha 8 de diciembre de 2009, el referido Juez dictó sentencia mediante-ta cual declaró: (folios 109 al 116, pieza 3) ...PRIMERO: INADMISIBLE la 8relación interpuesta en fecha 28 de septiembre de 2009, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropdlitana de Caracas, olda en ambos efectos el 01 de octubre de 2009, en el juicio seguido por la cludadana MARIA LOURDES CASTILLO RODRIGUEZ en cOntra de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS por calificación de despido ..." (Negrillas y subrayado del Juzgado Superior Noveno del Trabajo) . En fecha 17 de febrero de 2010, el referido Juez dictó auto mediante el cual ordenó la remisión del expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud del recurso de control de legalidad interpuesto por la ciudadana Milagro Urdaneta en su carácter de apoderada judicial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en contra de la decisión de fecha 8 de diciembre de 2009 proferida por el mencionado Juzgado Noveno Superior (folio 117 al 119, pieza 3) En fecha 27 de octubre de 2011, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, consideró "(...) Todo lo cual conlleva a la declaratoria de que el acto de la audiencia preliminar celebrado en la presente causa es nulo de nulidad absoluta,...declaratoria ésta que ha debido ser hecha por el ad quem...razón por celebración de la audiencia preliminar. Así se deja establecido.
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. declara: 1") CON LUGAR el recurso de demandada, contra la decisión proferida por el Juzgado Noveno Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha causa al estado en que el Juzgado que resulte competente fije la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar..." (Negrillas y subrayado de la Sala de Casación Social) (folios 132 al 142, pieza 3).
De lo precedentemente constatado, esta Instancia Disciplinaria observa que en el presente caso la Sala de Casación Social del Máximo Tribunal de la República, decreto la reposición de la causa al estado de la fijación de una nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar.
Cabe resaltar que, aun y cuando el ciudadano Juez no se pronunció sobre la nulidad del acta de audiencia preliminar como efectivamente quedó constatado, considera esta Superioridad que la misma pudo solicitarse ante el Juzgado de Juicio, instancia que le correspondia pronunciarse sobre la existencia o no de la confesión ficta, y en caso de ser declarada, la parte demandada podía ejercer el recurso de apelación respectivo de manera de exponer en el momento procesal oportuno sus alegatos sobre la notificación de la Procuraduria General de la República, la verificación del lapso de audiencia preliminar.
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En todo caso, la resolución judicial del ciudadano Juez fue objeto de revisión mediante el ejercicio del recurso de control de la legalidad el cual fue admitido por la referida Sala de Casación Social, instancia que decidió anular el fallo recurrido y repuso la causa al estado de fijar oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar. De manera que, conforme a lo explanado en la presente decisión el Juzgador cumplió con actos procedimentales conforme a los criterios que para el momento eran aplicables, y como (o quiere hacer ver la IGT, aduciendo inidoneidad del Juez, siendo que los supuesta omisión de pronunciamiento, que no fue lo sucedido en el caso de marras;
gues e Juez sometido a procedimiento disciplinario si efectuó su pronunciamiento como efectivamente se ha evidenciado.
Asi pues, al analizar el supuesto error de juzgamiento por errónea interpretación planteado por la IGT, en el cual incurrió el TDJ al calificar la actuación del sometido a procedimiento disciplinario como una actividad interpretativa propia de la función jurisdiccional que en tal cargo se debe desempeñar con fundamento en el principio de independencia judicial previsto en el articulo 4 del Código de Ética, nos conduce a recordar que el invocado vicio de error de juzgamiento refiere que aun efectuado el reconocimiento por parte del juzgador de la existencia y validez de una norma aplicable al caso, en su interpretación no se atribuye el verdadero sentido y alcance, sino que hace derivar circunstancias que difieren de su contenido y, a su vez, a analizar el contenido del articulo 4 del Código de Ética cuyo texto establece:
"Artículo 4. El juez y la jueza en ejercicio de sus funciones son independientes y autónomos. por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico. Sus decisiones, en la interpretación y jurisdiccionales que tengan competencia, por via de los recursos procesales, dentro de los límites del asunto sometido a su conocimiento y decisión. Los órganos con competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas podrán examinar su idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en la La porma transcrita prevé el principio de autonomía e independencia de los jueces, que descansa en la capacidad del operador de justicia en adoptar sus resoluciones sin intervenciones ajenas, las cuales deben estar sometidas a la Constitución y solo pueden ser examinadas a través de los recursos previstos en la ley.
Conforme a lo anteriormente señalado y los hechos constatados demuestran que la decisión, objeto de la presente causa disciplinaria, fue producto del ejercicio fecha 15 de octubre de 2004, dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal que la orden de pase a juicio en virtud de la incomparecencia del demandado a la de impugnación por ser un auto de mero trámite.
Como corolario, resulta forzoso para esta Corte declarar sin lugar la apelación ejercida publicada por el TDJ el dia 28 de mayo de 2015, mediante el cual ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al ciudadano Juan Carlos Celi Anderson, durante su desempeño del cargo de Juez del Juzgado Noveno Superior del Circuito por presuntamente omitir pronunciarse en la decisión de fecha 8 de diciembre de 2009 acerca del objeto de la apelación interpuesta en la causa N° AP21-R-2009-001332 de mera sustanciación o mero trámite, ilícito disciplinario previsto en el numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana que acarreará la sanción de destitución. Asi se decide.
2. De la consulta obligatoria.
en relación al pronunciamiento de sobreseimiento declarado por el TDJ "...como quiera que en la decisión apelada declaró el sobreseimiento respecto a los hechos imputados y relativos a la causa judicial N° AH24-L-2002-000468, se solicitó el ;
pronunciamiento respectivo de esta Alzada, conforme a lo previsto en la última parte del articulo 60 del CEJVJV" Observa, esta Instancia Superior que el TDJ decretó el sobreseimiento de conformidad a lo previsto en la primera parte del numeral 2 del articulo 60 del Código de Ética, en tramitación de la causa N° AH24-L-2002-000468 al haber decretado en fecha 26 de enero. de 2007 la perención de la instancia, ilicito disciplinario previsto en el numera) 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial normativa vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, hoy subsumible en el numeral 6 del articulo 31 del referido Código de Ética.
Esta alzada debe dejar claramente establecido que la figura del sobreseimiento es un instituto procesal que tiene su fundamento en la necesidad de poner fin al proceso en un estado anterior al del pronunciamiento definitivo del fallo, debido a la existencia de circunstancias originales o sobrevenidas que dejan sin razón de ser la continuación de Ética y que imponen al TDJ su decreto cuando:
"1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuirsele al juez denunciado o jueza denunciada.
2. La acción disciplinaria ha prescrito o resulta acreditada la cosa juzgada.
3. La muerte del juez o jueza" Asimismo, la prescripción es una forma de extinción de la responsabilidad disciplinaria, se produjo el hecho que da lugar a la imposición de la sanción, sin que se inicie la correspondiente averiguación, impide al órgano disciplinario sancionar la conducta que contraviene los deberes y obligaciones que el ordenamiento juridico impone a los operadores de justicia.
Cabe resaltar, que el hecho que ocasiónò el presente proceso disciplinario ocurrió en vigencia de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, es necesario destacar:
"Articulo 53. Prescripción. La acción disciplinaria prescribirá a los tres años a partir del dia en que se cometió el acto constitutivo de la falta. La iniciación del procedimiento disciplinario interrumpe la prescripción...".
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momento en que tuvo lugar la conducta que supuestamente infringió los deberes del juez o jueza. Se interrumpe el curso del referido lapso con el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente.
En el presente caso, de la revisión de las actas procesales que la conforman se evidencia, que en fecha 26 de enero de 2007 (folio 3, pieza 5 del expediente) el Juez precitada Circunscripción Judicial), declaró la perención de la instancia en la causa N° AH24 L-2002-000468. Contra la referida decisión, la ciudadana Aracelis Garfido en su . carácter de apoderada judicial de la parte demandada anunció recurso de casación, y en fecha 8 abril de 2008, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, .sentencia recurrida y repuso la causa al estado de que el Tribunal que resultara competente dictara nueva decisión resolviendo el mérito de la causa.
Posteriormente, se observa que el 6 de febrero de 2012, fue iniciada por parte de la IGT la investigación (folio 3, pieza 1 del expediente), transcurriendo cinco (5) años y diez (10) dias después de haberse cometido el hecho presuntamente disciplinable y, dado que el lapso de prescripción de la acción disciplinaria para el momento dé ja ocurrencia de los hechos era de tres (3) años según lo previsto en el artículo 53 e la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.534 del 8 de septiembre de 1998, aplicable rationae temporis al caso concreto, es por lo que se deciaró prescrita la referida ación disciplinaria y. en consecuencia, el sobreseimiento de la precitada causa por el ilicito disciplinario previsto en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial normativa vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos hoy subsumible en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética, de conformidad al primer supuesto establecido en el numeral 2 del articulo 60 ejusdem.
RESUELTA la referida solicitud sobre el sobreseimiento dictado en el presente caso referido al sobreseimiento en cuestión. Y asi se decide cuanto a los pronunciamientos dictados por el TDJ en su decisión publicada en fecha 28 de mayo de 2015 señalados en los puntos relativos a PRIMERO: se declara IMPROCEDENTE la declaratoria de inadmisibilidad solicitada por la parte denunciada en su escrito de descargos. SEGUNDO: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de referente a que el presente proceso fue iniciado en virtud de la suspensión sin goce de sueldo impuesta a su persona y que una vez levantada dicha medida por ese Tribunal éste debió extinguirse. TERCERO: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de por a presunta inconstitucional demora en la tramitación del presente proceso e incumplimiento del lapso previsto en el articulo 58 del Código de Ética del Juez de sobreseimiento requerida por la apoderada judicial del juez denunciado en su escrito de descargos por presuntamente no haberse determinado el hecho objeto de la del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en virtud de haber sido decretado el sobreseimiento del referido hecho en el pronunciamiento que le antecede, y dado que no se evidenciaron violaciones a normas de orden público y constitucional, ni se observan vulneraciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional que hagan necesario hacer uso de la potestad establecida en la parte in fine del articulo 87 del Código de Ética. Y asi se declara.
VII DECISIÓN Por las razones antes expuestas esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara.
1.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de mayo de 2015, por la ciudadana Yuvitmar Ayala Hung, titular de la cédula de identidad N° V-10.866.096, inscrita én el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 52.911, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la sentencia N° TDJ-SD- 2015-40, publicada por el Tribunal Disciplinario Judicial el 28 de mayo de 2015.
2.- CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2015-40 publicada por el Tribunal Disciplinario Judicial el día 28 de mayo de 2015, en la cual ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al ciudadano JUAN CARLOS CELI ANDERSON, por presuntamente omitir pronunciarse en la decisión de fecha 8 de diciembre de 2009 acerca del objeto inadmisibilidad de la apelación por considerar que se trataba de un auto de mera sustanciación o mero trámite, ilicito disciplinario previsto en el numeral 23 del artícuio 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana que acarreará la sanción de destitución.
3.- CONFIRMA LOS PRONUNCIAMIENTOS de la deciSIÓn N° TDJ-SD-2015 40 los puntos: PRIMERO: se declara IMPROCEDENTE la declaratoria de inadmisibilidad solicitada por la parte denunciada en su escrito de descargos. SEGUNDO: se declara IMPRcCEDENTE la solicitud de sobreseimiento formulada por la parte denunciada,en su escrito de descargos, en lo referente a que el presente proceso fue iniciado en virtud de la suspensión sin goce de sueldo impuesta a su persona y que una vez declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento requerida en el escrito de descargos por la presunta falta de cualidad de la Inspectoría General de Tribunales para iniciar el_ presente procedimiento disciplinario. CUARTO: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento por la presunta inconstitucional demora en la tramitación del presente proceso e incumplimiento del lapso previsto en el artículo 58 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
QUINTO: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento requerida por la apoderada judicial del juez denunciado en su escrito de descargos por presuntamente no haberse determinado el hecho objeto de la denuncia. SEPTiMO: se declara 425.841 conforme al numeral 2 del articulo 55 del Código de Etica del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en virtud de haber sido decretado el sobreseimiento del referido hecho en el pronunciamiento que le antecede.
4.- RESUELTA LA CONSULTA OBLIGATORIA con motivo del sobreseimiento decretado en la aludida sentencia N° TDJ-SD-2015-40, publicada por el Tribunal Disciplinario Judicial el 28 de mayo de 2015 relativa a la denuncia en la causa judicial N° N° AH24-L-2002-00468.
Publiguese, regístrese, remitase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Rectoria Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Devuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los Dieciseis año 2015. Años 205° de la Independencia y 136* de la Federación.
EL JUEZ PRESIDENTE-PONENTE,
TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ VICEPRESIDENTA,
ANACEGILIAZULUETA RODRÍGUEZ
MERLY MORALES HERNÁNDEZ SECRETARIA.
MARIANELA GIL MARTINEZ 75
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
EXPEDIENTE N° AP61-R-2015-000019 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ.
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, conocer del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana KATHERINE CASELLAS JIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° v- 10.336.859, actuando por delegación de la Inspectoria General de Tribunales (en lo sucesivo IGT) contra la sentencia Nro. TDJ- SD-2015-043, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo TDJ) en fecha 17 de junio de 2015, en el procedimiento seguido en contra del ciudadano FRANCISCo ELÍAS CODECIDO MORA, titular de la cedula de identidad N° V- 9.238.001 por sus actuaciones como Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética) por los hechos
TP01-P-2009-000041, TP01-P-2009-001830, TP01-P-2009-000353, TP01-P-2009-
P-2011-003366, TP01-P-2010-003338 y TP01-2010-002327; DECLARÓ la Responsabilidad Disciplinaria imponiéndole la sanción de Suspensión prevista en el articulo 32.10 del Código de Ética y Amonestación Escrita de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31. 5 del Código de Ética; e igualmente acordó LEVANTAR la Medida de Suspensión sin Goce de Sueldo dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia el 11 de agosto de 2011 y modificada por el TDJ en fecha 13 de abril de 2013.
• -1- ANTECEDENTES En fecha 18 de octubre de 2011, la Inspectoría General de Tribunales acordó iniciar de oficio investigación en contra del juez FRANCISCO ELIAS CODECIDO MORA a fin de establecer cualquier irregularidad que pudiese existir en sus actuaciones como Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, como consecuencia de la suspensión del cargo sin goce de
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425.842 sueldo acordada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha -11 de agosto de 2011.
En el marco de dicha investigación, el órgano de inspección y vigilancia, realizó inspección integral en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2010 a agósto de 2011.
en contra del Juez investigado por la presunta comisión de ilicitos disciplinarios en las causas N° TP01-P-2010-002955, TP01-P-2009-000041, TP01-P-2009-001830, TP01-P-2009-000353. TP01-P-2009-002883, TP01-P-2008-004328, TP01-P-2009- 002887. TP01-P-2010-002378, por cuanto a su decir, el juez investigado habla violentado el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva de extensos de las decisiones proferidas en audiencia, considerando que dicha omisión/ configuraba el ilícito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 33.14 del Código de Ética.
Adicionamente consideró, que el juez sometido a procedimiento disciplinario, incurrió en el referido ilicito de abuso de autoridad, por su actuación en las causas TP01-P-2011-003366, TP01-2010-002327 y TP01-P-2010-003338 al haber otorgado medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad en un procedimiento referido e n e ee e e e n r e e n humanidad, por lo que el otorgamiento de dichas medidas cautelares resultaban improcedentes; e igualmente otorgó la medida menos gravosa en un caso donde se imputada la comisión del delito de homicidio intencional calificado, sin analizar la nulidad de un allanamiento por él ordenado, por meros formalismos; actuaciones para las cuales solicitó la sanción de destitución.
horario de trabajo (artículo 32.10 Código de Ética), para lo cual solicitó la sanción de /no haber advertido a funcionarios subalternos sobre la existencia de irregularidades en el manejo de los libros dei tribunal, por ello solicitó la sanción de amonestación escrita En fecha 6 de mayo de 2014 la Oficina de Sustanciación del Tribunal IGT. en la fecha anteriormente mencionada.
determinada por el artículo 73 del Código de Ética, en la cual una vez escuchados misma para el dia 4 de junio de 2015, a la una de la tarde (1:00 p.m) a los fines de dictar el respectivo pronunciamiento.
En fecha 4 de junio de 2015, el TDJ reconstituyó la audiencia oral y pública mediante la cual una vez analizadas las actas cursantes en el expediente disciplinario y escuchado los alegatos esgrimidos dictó sentencia.
En fecha 17 de junio de 2015, se publicó el extenso de la decisión proferida en la audiencia oral y pública.
—Casella Jiménez Mediante diligencia fechada de 25 de junio de 2015, ejerció recurso de apelación.
En fecha 7 de julio de 2015, el TDJ admitió y oyó en ambos efectos el recurso e n es e dse se e superior instancia.
En fecha 21 de julio de 2015, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dio entrada al expediente y le asignó el N° AP61-R-2015-000019, correspondiéndole la ponencia a la Jueza Merly Jaqueline Morales Hernández, quien con tal carácter suscribe el presente fallo decisorio.
.En fecha 04 de agosto de 2015. la Corte Disciplinaria Judicial actuando conforme al procedimiento fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública, a las dos de la tarde (2:00 p.m), del décimo (10°) día de despacho siguiente, mas seis (6) dias continuos del término de la distancia concedidos a la recurrente.
fundamentación del recurso de apelación ejercido.
Con motivo de la mudanza de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, y una vez practicada nuevamente las notificaciones de las partes, se reprogramó la celebración Lunes 11 de enero de 2016 de la audiencia oral y pública para el cuarto (4°) día de despacho una vez que conste en autos ía última de las notificaciones.
En fecha 3 de diciembre de 2015, a las dos de la tarde (2:00 pm), se realizó audiencia oral y publica de conformidad con lo previsto en el artículo 83 del Código de Ética.
DEL RECURSO DE APELACIÓN
recurso de apelación, argumentado que la decisión recurrida adolece de los vicios de incongruencia omisiva, falso supuesto de hecho y errónea interpretación de una norma juridica, bajo las siguientes consideraciones:
Adujo la recurrente, que la sentencia dictada por la primera instancia disciplinaria, absolvió al juez Francisco Ellas Codecido Mora, del ilícito de abuso de 002955, TP01-P-2009-002883, TP01-P-2009-000353, TP01-P-2009-000041, TP01- P-2009-001830, TP01-P-2008-004328, TP01-P-2009-002887 y TP01-P-2010- esgrimidos en la acusación y en la audiencia de juicio, limitándose sólo a establecer que no se daban los supuestos del abuso de autoridad ni extralimitación de referidos ni una conducta abusiva en su actuar.
De igual manera refirió, que el TDJ justificó la actuación irregular desplegada definitivas y audiencias celebradas, asi como que no contó con la asistencia de un abogado relator en la redacción de las sentencias, a pesar que en la estructura de control.
e e e ee n n e n
pronunciamiento, sino que por el contrario indicó que conforme al articulo 177 de la transcurrió de forma excesiva sin que el juez investigado publicara los textos Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.
Respecto a la causa judicial TP01-P-2011-003366, arguyó la recurrente que el TDJ no analizó el abuso de autoridad en el que incurrió el juzgador denunciado, al otorgar una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad, al imputado por el delito de Distribución de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas fundamentándose en una norma adjetiva penal derogada, e inobservando el criterio pacifico y reiterado establecido por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal del por delitos considerados de lesa humanidad, con lo cual a su decir, incurrió en incongruencia omisiva.
De igual modo expresó, que el fallo accionado incurrió en falso supuesto de hecho, pues la recurrida consideró que el juez sometido a procedimiento se ajustó a 149 de la Ley Orgánica de Drogas es de 9 a 12 años de prisión, la cual excede el presumir el peligro de fuga.
Continuó la quejosa refiriendo. que el fallo del TDJ en cuanto al expediente TP01-2010-003338, incurrió en incongruencia omisiva por cuanto no analizó los el allanamiento practicado por los funcionarios policiales, así como los fundamentos esgrimidos en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, que revocó la decisión que decretó la nulidad de oficio del allanamiento, y que impidió la utilización del hallazgo de la droga, como apoyo para una eventual imputación al ciudadano i Nelson Enrique Raga, quien por dicho acto quedó en libertad.
Asimismo, refirió el vicio de error de juzgamiento por errónea interpretación del artículo 195 (hoy 179) del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el TDJ solo se limitó a establecer que el juez tenía la competencia para anular dicha diligencia irreparable a los intervinientes, menoscaben derechos y garantías fundamentales;
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Lunes 11 de enero de 2016 facilitando con tal interpretación la posibilidad de dejar en libertad a una persona Estupefacientes y Psicotrópicas.
tanto que en nada se pronunció respecto a la falta de motivación de la decisión del juez que decretó una medida cautelar sustitutiva de libertad al imputado por la excedía del límite máximo de 10 años suficientes para presumir el peligro de fuga, con lo cual infringió las normas previstas en los artículos 173 y 243 de la norma adjetiva penal, y desaplicó los artículos 250, 251 y 253 eiusdem.
DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN En fecha 5 de noviembre de 2015, el ciudadano Héctor José Pérez Mora, titular de la cédula de identidad N° V- 5.536.553, abogado en ejercicio inscrito en el procedimiento disciplinario, presentó escrito en el cual dio contestación al recurso de> apelación interpuesto en la presente causa, en los siguientes términos:
Señaló que en su acto conclusivo acusatorio, la IGT imputó a su representado la falta disciplinaria de abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones, prevista en el artículo 33 numeral del Código de Ética del Juez 902955, TP01-P-2009-002883, TP01-P-2009-00353, TP01-P-2009-000041, TP01-P- 2009-01830, TP01-P-2008-004328, TP01-2009-00287 y TP01-P-20-002378.
al considerar que la omisión en expedir oportunamente el extenso de la decisión.
causas penales, se adecuada en dicha falta.
Que el TDJ luego de analizar los argumentos expuestos por la IGT y por su oralmente en la audiencia, desestimó la imputación con base en la doctrina jurisprudencia emanada de la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia que confiere contenido interpretativo a tal ilicito disciplinario -particularmente la vertida en sentencias N° 1088 publicada el 3 de mayo de 2006 y N° 148 dictada el 4 de febrero de 2012- que la omisión en la publicación de los extensos disciplinario, ya que no se advertir en ninguna de las mencionadas causas que tampococ conducta abusiva, así como tampoco fue demostrado que las omisiones en cuestión reflejarán inidoneidad en el desempeño judicial.
quedado debidamente acreditado en el proceso judicial disciplinario, la existencia de materialmente al juez procesado en la elaboración de decisiones durante el periodo como juez -trescientos treinta y una (331)-. Dichas circunstancias, al articularse representaron adecuado fundamento para que el a quo considerase que la referida omisión de oportuna publicación del extenso de las respectivas decisiones en tales causas estuvo provista de justificación objetiva y razonable. Que el TDJ juego que dichas, omisiones no se subsumían en el ilícito disciplinario de abuso de autoridad o la IGT, de descuido injustificado en el trámite de las causas, ni tampoco en algún otro tipo disciplinario, absolviendo a su representado de responsabilidad disciplinaria.
Que le sorprende que la IGT insista en afirmar en la alzada que la omisión de configura per se el ilicito disciplinario de abuso de autoridad y extralimitación de de elementos objetivos que le permita fundamentar tal aserto, ya que en ninguna de procesada o a través de su defensa, que permita inferir que, debido a tal omisión, haya sido conculcado el derecho fundamental la tutela judicial efectiva o al debido proceso del respectivo justiciable, ni consta denuncia alguna ante el órgano acusador relativa a tal omisión.
Asimismo, adujo que la IGT hizo hincapié en la causa TP01-P-2009-00353, 425.843 libertad, la omisión en publicar el extenso de la decisión era aún más grave y que sin que la IGT omite que en dicha causa no se dictó medida de privación judiciales e d e ee e n e e e e de otra causa penal y no de la llevada por su Despacho.
Que la ingente cantidad de causas en fases preparatoria e intermedia y de solicitudes en curso -OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES (853)- sometidas al órgano acusador, hacía inevitable ponderar los derechos fundamentales afectados a las personas encargadas en todas las causas, dándole prioridad a las causas con detenidos.
extralimitación de funciones en relación a las causas TP01-P-2011-003366, TP01-P- Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo las decisiones interlocutorias dictadas en ella.
Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes, el TDJ juego acertadamente que._ la medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad otorgada, se enmarcó adecuadamente en la esfera de sus competencias jurisdiccionales, ello basado en el análisis que realizó el a quo de la sentencia N°1728 dictada el 10 de diciembre de 2009 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
decisión que declaró de oficio la nulidad de un allanamiento de inmueble, el TDJ nn n eee ne n e jurisdiccional. al facultarlo el articulo 195 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para la fecha de la decisión, y que la IGT aduce que el TDJ habría incurrido e nee n n cn cne n en primera instancia, ni el fallo de alzada revocado, pretendiendo así examinar la idoneidad del juez y que la jurisdicción disciplinaria se perijá en una tercera instancia.
Asimismo, señaló que en la causa TP01-P-2011-002327, en la que entre otros pronunciamientos declaró improcedente la solicitud fiscal de medida de privación judicial preventiva de libertad de una persona procesada por homicidio intencional autonomia jurisdiccional, al facultarlo los articulos 64 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal, que si bien existia una presunción legal de peligro de fuga por la pena del delito -más de diez años en su limite máximo- ,sin embargo ello no juez quien debe ponderar las circunstancias del caso concreto para desvirtuar tal presunción legal responsabilidad disciplinaria, que con tal postura se está desconociendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Polltico-Administrativo (sentencia N° 1451 publicada el 7 de junio de 2006 en expediente 2004-0952, como de esta Corte (sentencia N°18 publicada el 14 de agosto de 2012 en el expediente AP61-R-2012-00010). por lo que solicita se desestime la apelación incoado por la relación a las causas TP01-P-2011-003366, TP01-P-2011-003338 y TP01-P-2011- 002327.
DE LA SENTENCIA RECURRIDA
N° JDJ-SD-2015-043, en la cual resultó absuelto de responsabilidad disciplinaria el juez Francisco Elias Codecido Mora, por la comisión del ilícito de abuso de autoridad y extralimitación de funciones en la _ tramitación de las causas judiciales TP01-P-2010-002955, TP01-P-2009-002883, TP01-P-2009-000353, TP01-P-2009- 000041, TP01-P-2009-001830, TP01-P-2008-004328, TP01-P-2009-002887, TP01- P-2010-002378. TP01-P-2011-003366. TP01-2010-003338 y TP01-2010-002327 (nomenclatura del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Trujio), en los siguientes términos:
Respecto al ilícito de abuso de autoridad delatado por la IGT, en las causas judiciales TP01-P-2010-002955, TP01-P-2009-002883, TP01-P-2009-000353, TP01y TP01-P-2010-002378, el aquo tomando en cuenta el criterio asentando por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias N° 148 de fecha 4 de febrero de 2012, N° 451 de fecha 11 de mayo de 2004 y N°1088 de fecha
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asi como una conducta abusiva en el actuar del juez, ni algún elemento probatorio que determinara la inidoneidad del juez para ejercer el cargo.
durante el periodo en que fue investigado emitió seiscientas noventa (690) decisiones interlocutorias, treinta y cuatro (34) decisiones definitivas y asistió a trescientas treinta y un (331) audiencias orales, asi como, que no contó con la asistencia de un abogado relator ni de otro funcionario que lo ayudar a en la redacción de las decisiones dictadas por el tribunal por él dirigido, por lo que en ;
disciplinaria de abuso de autoridad y extralimitación de funciones en la tramitación disciplinaria.
At imputado por el órgano de inspección disciplinaria, en lo que respecta a ia tramitación de las causas judiciales N° TP01-P-2011-003366, TP01-2010-003338 y TP01-2010-002327 (nomenclatura del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito-Judicial Penal del estado Trujilo), el TDJ consideró que en la causa N° TP01-P-2011-003366- el juez al otorgar la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad al imputado por la presunta comisión del delito de Distribución ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, actuó en apego a la normativa vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, es decir, el establecidos en la sentencia N° 1728 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fechada de 10 de diciembre de 2009, de la cual interpretó que eiusdem, a saber, comprobar la existencia de elementos de convicción que evidencian la presunta comisión del hecho punible, asl como la presunta participación de la persona imputada en su comisión, por cuanto la sola imputación imposición de medidas de coerción personal, privativas o restrictivas de libertad, libertad plena y sin restricciones al imputado.
Del mismo modo refirió, que el aserto arriba descrito resulta consecuente con ciudadano inmerso en una averiguación penal, por lo que a su criterio es necesario autonomia del juez y no prejuzgan sobre la culpabilidad del imputado, ya que es deber de los jueces ponderar los supuestos de procedencia para su otorgamiento, lesa humanidad.
En lo atinente a la causa N° TP01-2010-003338, en la que según denuncia la IGT el juez anuló por un formalismo inútil el allanamiento que daba origen al proceso instaurado en contra del ciudadano Nelson Enrique Raga, excediéndose en la de los hechos; El aquo consideró que el juzgador sometido a procedimiento actuó en el ámbito de las atribuciones conferidas por el articulo 195 de la norma adjetiva potestad para decretar de oficio la nulidad del allanamiento.
el juez otorgó una medida sustitutiva de la privativa de libertad, al procesado Roberto debido proceso: El TDJ estableció que el juez investigado desplegó su proceder dentro de su esfera jurisdiccional, fundamentándose en el último aparte del artículo 64 y el articulo 250 del Código Adjetivo Penal.
La primera instancia disciplinaria consideró que en las tres causas supra señaladas el juez sometido a procedimiento disciplinario, actuó sustentado en él la autonomia e independencia que le otorga el articulo 4 de la norma rectora, , disciplinaria, siendo que, en caso de disconformidad con las decisiones dictadas en las causas judiciales ya analizadas, tanto el Ministerio Público como las partes interesadas haciendo valer su derecho a la defensa podian ejercer los actos recursivos correspondientes, como en efecto lo realizó el Ministerio Público; Razón Lunes 11 de enero de 2016 -por la cual dictaminó la absolución de la responsabilidad disciplinaria del juez sometido a procedimiento por la comisión del ilícito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el articulo 33.14 del Código de Ética.
DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA
Previo a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial debe y a tal efecto observa:
El articulo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece decisiones definitivas dictadas por el Tribunal Disciplinario Judicial, que imponga o absuelva de la sanción de amonestación, y en tal sentido establece que:
Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del juez venezolano y jueza venezolana.
En aplicación de la norma parcialmente transcrita y por tratarse el presente caso de la apelación ejercida por la ciudadana KATHERINE CASELLAS JIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 10.336.859, SD-2015-043, publicada en fecha 17 de junio de 2015, en el procedimiento seguido en contra del ciudadano FRANCISCO ELÍAs CODECIDO MORA, titular de la cedula de identidad N° V- 9.238.001, por sus actuaciones como Juez (Titular del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circuscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante la cual ABsOLVIó al referido juez de la responsabilidad disciplinaria por la comisión del ilicito denunciados en relación con las causas TP01-P-2010-002955, TP01-P-2009- 000041. TP01-P-2009-001830, TP01-P-2009-000353, TP01-P-2009-002883, TP01-P-2008-004328, TP01-P-2009-002887. TP01-P-2010-002378, TP01-P- 2011-003366. TP01-P-2010-003338 y TP01-2010-002327. Esta Corte Disciplinaria declara su competencia para conocer el presente asunto. Y asi se declara.- -II- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR analizadas las actas que conforman el presente expediente disciplinario, así como lo alegado por las partes en la audiencia oral, esta Corte Disciplinaria Judicial pasa a decidir, previa las siguientes consideraciones:
representación de la IGT se desprende, que el mismo está dirigido a delatar que la decisión dictada por el TDJ adolece de Ios vicios de incongruencia omisiva, falso ne n ee en n n e n e es separado, y en tal sentido observa:
1) Del vicio de falso supuesto de hecho:
En el presente caso, la representación de la IGT en su escrito de fundamentación afirma que el vicio de falso supuesto de hecho se encuentra configurado en la decisión recurrida, cuando la misma al decidir sobre el expediente N° TP01-P-2011-003366 dictaminó que el juez había cumplido con los parámetros legales y jurisprudenciales, obviando que en sede jurisdiccional, la alzada estableció / de drogas, e igualmente señaló que el aquo soslayó que el juez en su decisión, no cuanto la pena del delito imputado excedía de diez (10) años.
Al respecto resulta oportuno para esta alzada, señalar el criterio sostenido tanto por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia como por esta Corte Disciplinaria, al referir que el mencionado vicio se materializa cuando la decisión se fundamenta en hechos que no ocurrieron, u ocurrieron de forma distinta
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justicia no se configuran adecuadamente, lo cual puede perturbar la legalidad de las decisiones, haciéndolas anulables. (Vid. sentencias CDJ N° 27 del 4 de agosto del 2015 y Sentencia N° 00615 de fecha 05 de junio de 2012. Sala Politico Administrativa del TSJ)
presente vicio se verifica en tres aspectos; 1) ausencia total y absoluta de hechos, lo que supone una decisión fundamentada en hechos que nunca ocurrieron; 2) error en su apreciación y calificación; supone que los hechos invocados no se coffesponden con los previstos en la norma; existen, cursan en autos, pero el juzgador incurre en una errada apreciación y calificación de los mismos (falso supuesto "stricto sensu") y apreciación y calificación de los hechos, que podría traducirse en un uso desviado de la potestad del operador con la finalidad-de forzar la aplicación normativa. (Vid.
Sentencia N° 46, del 3 de diciembre de 2014).
habia incurrido o no en la falta disciplinaria de abuso de autoridad, analizó el criterio la actividad abusiva desplegada en la conducta de éste, considerando que el juez penal asi como de la sentencia N° 1728 de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, en el que se evidencia que la sola imputación de los delitos previstos en la ley especial en materia de droga, no exime al juez penal de su función jurisdiccional de examinar si se encuentran los presupuestos para la imposición de medidas de ante la ausencia de los elementos de convicción a que hace referencia la norma adjetiva penal en el articulo 250. puedan decretar libertad plena, o medidas cautelares atendiendo las circunstancias del caso concreto.
Ahora bien, de las actas que conforman el presente expediente se desprende que el juez denunciado al momento de otorgar la medida cautelar sustitutiva de libertad, establecida en el artículo 256.9 en relación a los articulos 258 y 260 de la asidero legal, pues su decisión se basó en la cantidad por la cual fue aprendido el imputado de autos (2,8 grs. de cocaina), pues a su juicio no era razonable estimar que era de significativa magnitud su potencial de infligir grave daño al bien jurídico penalmente tutelado y que la imposición de la medida de privación de libertad resultaba desproporcionada en relación a la gravedad del hecho aunado, a que suscribe, tal y como lo asentó el TDJ, el juez denunciado no actuó con ausencia de base legal, ni se extralimitó en sus funciones jurisdiccionales, por lo que no abuso de autoridad, debe declararse sin lugar el vicio de falso supuesto de hecho delatado por la IGT. Y asi se decide.- 2) Del vicio de incongruencia omisiva:
Primero: De la revisión de las actas que conforman el presente expediente, observa esta alzada, que la IGT en su fundamento recursivo respecto al fallo emitido por la primera instancia disciplinaria en cuanto a las causas judiciales TP01-P-2010- 002955, TP01-P-2009-002883, TP01-P-2009-000353, TP01-P-2009-000041, TP01- P-2009-001830, TP01-P-2008-004328. TP01-P-2009-002887 y TP01-P-2010- 002378, no refiere en si la existencia de algún vicio, sin embargo de los argumentos señalados en su escrito como que "la sentencia recumida absolvió al Juez de haber argumentos esgrimidos por el órgano que represento, tanto en la acusación como en la audiencia de juicio .. los cuales rebatian los alegatos y elementos probatorios presentados por el juez durante el procedimiento", se puede inferir que la pretensión de la IGT es revelar que el pronunciamiento del aquo al respecto adolece del vicio de incongruencia omisiva.
Segundo: Adujo la apelante que en la causa N° TP01-P-2011-003366, la recurrida inobservó el reiterado criterio vinculante sostenido por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal del pals en sentencias "N° 1.485/2002 del 28 de junio de 2002; 1.654/2005 del 13 de julio de 2005; 2.507/2005 del 5 de agosto de' 2005; 3.421/2005 del 9 de noviembre de 2005; 147/2006 del 1 de febrero de 2006;
1.114/2006 del 25 de mayo de 2006, 1.874 del 28 de noviembre de 2008", en lo que respecta a la imposibilidad de otorgar "beneficios procesales" entre ellos, las 425.845 = medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad a los imputados por delitos considerados de lesa humanidad, estableciendo erróneamente el aquo que el juez actuó conforme al ordenamiento juridico y al criterio asentado por la prenombrada Sala del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 1728 de fecha 10 de diciembre de 2009.
el aquo nada dijo respecto a la falta de motivación en que incurrió el juez sometido a, procedimiento, cuando decretó una medida cautelar sustitutiva a fa privativa de libertad al imputado por el delito de Homicidio Intencional Calificado con Alevosia, cuya pena excedía al límite máximo de 10 años con el que se configura el peligro de fuga, no analizado por el juzgador al momento de decretar la medida cautelar.
Cuarto: Que en relación al expediente N° TP01-2010-003338, señala que la allanamiento practicado por los funcionarios policiales, asl como, la decisión estableció que éste había decretado por una formalidad no esencial (no anotar los detalles del inmueble allanado), y que en todo caso era posible para el juez sanear antes de proceder a la nulidad, con lo cual el juez impidió la utilización del hallazgo de la droga como apoyo para una eventual imputación al ciudadano Nelson Enrique Raga, quien quedó en libertad a pesar de estar presuntamente implicado en la comisión del delito de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
En este sentido y a los fines de resolver el presente asunto, es menester para esta alzada referir el criterio doctrina relativo al vicio en cuestión, expresado por el Dr. BELLO TABARES HUMBERTO E.T (2010), en su obra "La Casación Civil" de la siguiente manera:
n ee n ssen e un se r o rnsn n (…).
la sentencia y que consiste en la identidad o correspondencia formal que por lo que cuando exista diferencia entre lo decidido y lo controvertido, se medida que sea trascendente o determinante en las resultas del proceso.
"...) El vicio de incongruencia de la sentencia, también llamado disonancia, inconsonancia o falta de asonancia, puede adoptar dos modalidades a pronuncia sobre hechos no debatidos en el proceso, como puede ser en los casos de prescripción, pago, compensación, falta de cualidad e interés no debatidos en el proceso, como puede ser en los casos de prescripción, argumentos de las partes" "(..) Debe precisarse que para cumplir con el requisito de exhaustividad de es decir, que contenga pronunciamiento sobre los elementos de hechos planteados en la contienda judicial, no asi en cuanto a los elementos de derecho, pues en función del brocardo lura Novit Curia, el juzgador puede apartarse de los fundamentos de derecho hechos por las partes, sin que ello constituya vicio de incongruencia o de ultrapetita".
Civil del Tribunal Supremo de Justicia en reciente decisión ha establecido que "La conformidad que debe existir entre ésta y la pretensión o pretensiones que delimitan este objeto. De alli, que el vicio de incongruencia se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los limites del problema judicial que le fue debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial (incongruencia negativa). traduciéndose esta última, en la omisión de pronunciamiento por parte del juez sobre una defensa oportunamente formulada, ya pronunciamiento cuando la sentencia no otorga la debida tutela jurídica sobre alguno.
de los alegatos de las partes. (Vid. Sentencia N° 523 de fecha 12 de agosto de 2015) En este sentido, toda sentencia además de motivada debe cumplir con ciertos dispuesto en el ordinal 5° del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil que consagra el principio de congruencia de las decisiones judiciales, al expresar la obligación de que toda sentencia debe contener una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, de modo que debe existir una cabal adecuación entre la pretensión y la sentencia, que se ve enmarcada entre los limites del tema decidendum, por lo que el
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425.846 juez solo podrá pronunciarse dentro de los limites en que ha quedado fijada, la controversia, siempre que no se menoscaben los derechos de las partes.
exhaustividad, referido al deber que tienen los jueces de resolver todas y cada una de las alegaciones sustanciales formuladas por las partes, siempre y cado estén ligadas al problema judicial discutido o a la materia propia de la controversiaà, de alli que la sentencia no sólo deberá contener decisión expresa, positiva y precisa, sino que éstos elementos deben estar vinculados directamente a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, esto se debe, a que la decisión no puede ser implicita o tácita, ni contener expresiones vagas u oscuras. o requerir de
Sentencia N° 2, de fecha 5 de febrero de 2014).
De esta manera tenemos, que cuando exista diferencia entre lo decidido y lo controvertido, se produce el vicio de incongruencia que trae como consecuencia la nulidad del fallo en la medida que sea trascendente o determinante en las resultas del proceso, es por ello que tal como lo señala el doctrinario Humberto Bello Tabares "el juez debe resolver sólo lo pedido y todo lo pedido" Es asi como el operador de justicia debe enmarcar su decisión, sobre los hechos que han sido debatidos o controvertidos por las partes en el proceso, y sobre los cuales ha recaido la actividad probatoria de éstos, pues si se pronuncia sobre configura el vicio de incongruencia positiva: en tanto que si deja de pronunciarse sobre algún hecho controvertido en la litis, se produce el vicio de incongruencia negativa u omisiva,_ lo cual traerá como consecuencia la nulidad del fallo.
Anora bien, en atención a los criterios precedentemente esbozados, y a los fines de resolver las denuncias formuladas por el órgano de investigación disciplinaria referentes al vicio supra descrito, observa esta Corte Disciplinaria que frente a la primera denuncia formulada por la apelante, en lo que respecta a las causas judiciales TP01-P-2010-002955, TP01-P-2009-002883, TP01-P-2009- ÖQ0353, TP01-P-2009-000041, TP01-P-2009-001830, TP01-P-2008-004328, TP01- P-2009-002887 y TP01-P-2010-002378, según la cual el TDJ en su decisión no analizó los alegatos esgrimidos tanto en el acto conclusivo como en la audiencia de juicio, que refutaban los argumentos y elementos probatorios presentados por el juez en su defensa; de la revisión de las actas que cursan en el expediente se evidenció.
conducta del juez investigado, consideró el cuadro informativo aportado por la IGT en su acto conclusivo (folios 292 y 293, pieza 2) del que se desprenden los días de •De igual modo el aquo consideró, el oficio N° C3-861-2015 (folios 185 al 187, pieza 3) emanado de la presidencia del circuito judicial penal del estado Trujilio, el cuai responde a las defensas esgrimidas por el juez sometido a procedimiento en su escrito de descargos y oportunamente promovido como prueba de informes en su oportunidad procesal, donde se refleja con claridad su actividad jurisdiccional llevada a cabo durante el periodo en que fue investigado por la IGT: y en base a ello decidió vigilancia, dictó seiscientas noventa (690) decisiones interlocutorias, treinta y cuatro (34) decisiones definitivas y a su vez asistió a trescientas treinta y un (331) audiencias orales, además de no contar con la asistencia material de un abogado proferidos por ambas partes, que el alto volumen de trabajo que tienen los Jueces en funciones de Control del Área Penal, los cuales además de conducir tag audiencias que en cada fase del proceso les resulta competente, proveer las un razonable y razonado análisis a fin de determinar, cuando el juzgador a procedido de manera justificada o incurrido en algún ilícito que acarree sanción disciplinaria.
De esta manera, evidencia esta Corte Disciplinaria que no le asiste la razón a la IGT toda vez que, lo decidido por la primera instancia disciplinaria se ajustó a los limites de la controversia suscitada en el proceso y efectivamente el TDJ para emitir declara sin lugar el vicio de incongruencia omisiva y en consecuencia se confirma el fallo del aquo al respecto. Y así se decide.- Lunes 11 de enero de 2016 En relación a la causa TP01-P-2011-003366, en la que sostiene la IGT que la decisión del aquo incurrió en incongruencia omisiva, por cuanto a su decir, la.
recurrida inobservó el criterio reiterado sostenido por la Sala Constitucional del ese, refieren a la Tribunal Supremo de Justicia en distintas sentencias, que considerados de lesa humanidad, estableciendo de manera errónea que el juez actuó conforme al ordenamiento juridico; esta alzada constató que la primera en fecha 10 de diciembre de 2009. de la cual se desprende que en los procesos relacionados con delitos de drogas, el juez en ejercicio de su potestad juzgadora al momento de decretar medidas de coerción personal, debe analizar y comprobar las 236), es decir, la existencia de elementos de convicción que evidencien la presunta comisión de un hecho punible, así como la participación de imputado en su comisión, y la existencia del peligro de fuga o de obstaculización de la justicia, por lo que a sola imputación de los delitos previstos en la ley especial en materia de drogas, no rejeva al juez penal de ejercer su función jurisdiccional para examinar si se encuentran dados los presupuestos para considerar la imposición de medidas de de los elementos de convicción a que hace referencia la norma adjetiva penal, se puedan decretar libertades plenas o medidas cautelares previo el análisis de todas las circunstancias en concreto.
En efecto, comparte esta alzada la motivación realizada por los jueces de mérito, toda vez que la mencionada decisión de nuestro Máximo Tribunal, habilitaba a los jueces penales a desvirtuar el peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, circunstancias que obligatoriamente debe examinar el operador penal, trátese de delitos previstos en la ley de drogas o en cualquier otro instrumento.
De igual forma observa esta Corte Disciplinaria, que el juez investigado al decretar la medida de coerción personal menos gravosa, más allá del análisis de las guiado por el principio de proporcionalidad, pues actuando en ejercicio de su autonomia jurisdiccional ponderó que la circunstancia de la exigua cantidad de droga incautada (2,8 gramos de cocaina), a su juicio no era razonable estimar que el relación a la gravedad del hecho, aunado a la ponderación que en el ejercicio de su medida menos gravosa.
Es de hacer notar, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido respecto al principio de proporcionalidad, que el mismo se la sanción probable. Es decir, ante la posible comisión de un hecho punible por parte de un individuo determinado, el juzgador debe valorar los anteriores elementos y, con criterio razonable, imponer la medida que asegure su presencia en el proceso, pues como es sabido, las medidas de aseguramiento no prejuzgan sobre la asegurar que el imputado no se sustraiga del proceso incoado en su contra.
En virtud de las anteriores consideraciones, y visto que el TDJ razonó sus de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal del país, en concordancia con lo resulta improcedente el vicio delatado. Y asi se decide.- En lo que respecta a la causa TP01-2011-002327, en la que la IGT denunció la acusación y en la audiencia oral de juicio, e igualmente inobservó el hecho de que expresar las razones de hecho y de derecho que lo motivaron a ello, concluyendo que tales circunstancias configuran el vicio de incongruencia omisiva; el TDJ por su parte estableció, que el juzgador sometido a procedimiento disciplinario al decretar la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad, actuó dentro de la esfera de lo jurisdiccional fundamentándose en la parte in fine del articulo 64 y el artículo 250 de la norma procesal penal, vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos.
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Lunes 11 de enero de 2016 Observa quienes suscriben, que no le asiste la razón a la recurrenteè| toda vez que la decisión impugnada, al analizar los fundamentos de la imputación realizada.
porla IGT al juez sometido a investigación, cual fue abuso de autoridad, si consideró tenia competencia, siendo que la decisión recurrida estableció que tal proceder del juzgador (emitir una decisión judicial) se inscribir dentro del ámbito de su esfera mediante actos jurisdiccionales.
En armonia con lo anteriormente expuesto, resulta oportuno para esta alzada traer a colación lo dispuesto en el articulo 4 de la norma rectora disciplinaria, que siguiente:
sus funciones son independientes y autónomos, por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Constitución de la República y al ordenamiento juridico. Sus decisiones, en la interpretación y aplicación de la ley y el derecho, sólo podrán ser revisadas por los órganos jurisdiccionales que tengan competencia, por vía de los recursos procesales, dentro de los límites del asunto sometido a su conocimiento y decisión. Los órganos con competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas podrán examinar su idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional." (Resaltado de esta Alzada) En tal sentido, esta Corte Disciplinaria Judicial ha interpretado de la norma arriba transcrita, que en el ejercicio de sus funciones, los administradores de justicia son independientes y autónomos, quedando sometidas tanto sus decisiones en la interpretación y aplicación de la ley y el derecho, como la actuación desplegada en actuaciones con el fin de determinar en los casos disciplinables, su idoneidad y excelencia. (Vid. Sentencia 46, de fecha 3 de abril de 2014).
En consonancia con lo anterior, esta Corte considera que en las decisiones judiciales donde exista falta de motivación, son sancionables mediante actos jurisdiccionales y no disciplinarios, verbigracia a través de los recursos ordinarios y pretender constituir la jurisdicción disciplinaria judicial en una tercera instancia.
En el presente caso, la Corte de Apelaciones aplicó dicha sanción procesal, al lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación del Ministerio Público) y en consecuencia revocaò la decisión dictada por el referido juzgador que decretó la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad, al considerar que dicho fallo violó las exigencias establecidas en los artículos 173 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual el mismo se encontraba inficionado del vicio de inmotivación.
Ahora bien, en atención a los argumentos precedentes, considera esta superior instancia que la ajustado a derecho es declarar sin lugar el vicio delatado. Y asi se decide.- Respecto a la causa TP01-2010-003338, el órgano de inspección y vigilancia juridica (articulo 195 del COPP): es de resaltar que en dicha causa, el juez investigado luego de emitir una orden de allanamiento para un inmueble cuyas imputación del ciudadano Neison Enrique Raga, por la presunta comisión de delito de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, soslayando, que tal pronunciamiento judicial fue revocado por la Corte de Apelaciones en fecha 22 de noviembre de 2010.
En la sentencia impugnada la primera instancia disciplinaria estableciò, que el juez sometido a procedimiento disciplinario conforme a las disposiciones del articulo 195 (oy 179) del Código Orgánico Procesal Penal, tenía la potestad para decretar de oficio la nulidad del acto de allanamiento practicado por los funcionarios policiales, por lo que su actuar se encontraba enmarcado dentro de sus atribuciones 425.847 y en la autonomía jurisdiccional que le confirió el ordenamiento jurídico vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos.
Al respecto, observan quienes aqui deciden, que la sentencia de mérito dejó de considerar los aspectos señalados por la impugnante en cuanto al análisis de los fundamentos que esgrimió el juez investigado para decretar la nulidad de oficio del referido allanamiento, así como el criterio sostenido por la Corte de Apelaciones para sostenida por la Sala de Casación Penal dei Tribunal Supremo de Justicia, pues solo se limitó a señalar en forma escuela y sin mayor razonamiento que el juez tenía la competencia para decretar de oficio la nulidad del acto de allanamiento, y que tal actuación se encontraba sustentada por el principio de autonomia e independencia de (os jueces, razón por la cual y en atención a las consideraciones referidas en el presente fallo en torno a cómo se configura el mencionado vicio de incongruencia omisiva, cuando el juzgador en su decisión, omite un pronunciamiento compatible con lo peticionado, es decir, no resuelve sobre lo alegado por las partes, , prescindiendo dar respuesta a alguna de las pretensiones invocadas, resulta forzoso para esta alzada declarar con lugar el vicio delatado y en consecuencia la nulidad de ( este particular del fallo recurrido. Y así se decide.- denunciado por la IGT en la presente causa, al señalar que la recurrida interpretó limitó a establecer que el Juez tenía la competencia para anular de oficio el acto del allanamiento, obviando analizar que la misma norma también establece que no procederá la nulidad de actuaciones por defectos insustanciales de forma, y que tal nulidad solo procederá cuando no sea posible sanear el acto.
juez investigado, soslayó que en materia de nulidades el legislador procesal penal ..
estableció una restricción para las declaratorias de las mismas, privilegiando el saneamiento del acto, siempre que el mismo no constituya una nulidad absoluta, proferido por la primera instancia disciplinaria, incurrió en una errónea interpretación nulidad del fallo impugnado respecto a este particular. Y asi se decide.- Una vez declarados los vicios señalados y anulado dicho particular del fallo de primera instancia, de conformidad con el articulo 209 del Código de Procedimiento Civil, procede esta alzada a verificar la existencia o no de la imputación de abuso de e een n e en e dd n n n ee Juez Francisco Elias Codecido Mora, por la IGT, por sus actuaciones en el expediente N° TP01-2010-003338 y a tal efecto observa, de las pocas actuaciones relativas a dicho expediente (donde solamente riela en las actas el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la decisión dictada por el juez investigado, mediante la cual anuló de oficio el acto de allanamiento en la causa antes referida y la decisión proferida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, mediante la cual declaró Con Lugar el referido recurso de apelación), que dicha orden de allanamiento fue solicitada en el marco de una juez sometido a procedimiento, quien se encontraba al frente del Juzgado de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, dicha orden fue especialmente pormenorizada en cuanto a las características exteriores de dicho inmueble, a los fines de su identificación toda vez que la referida vivienda no tenía número.
Asi las cosas, se desprende de lo cursante en las actas, que dicha diligencia procesal, vale decir, el registro de morada, se realizó en el inmueble señalado en la allanamiento: no obstante, se determinó que se trataba de la misma vivienda y no otra, dando como resultado la detención de un ciudadano que quedó identificado como Nelson Enrique Raga, quien se encontraba identificado previamente en la igualmente fue incautada presuntas sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Conforme a lo anterior, advierte esta instancia disciplinaria, que la actuación del juéz al anular el acto de allanamiento asi como la evidencia incautada, traspaso el ámbito de lo jurisdiccional y entró a la esfera disciplinaria, toda vez que mediante la resolución que declaró la nulidad del allanamiento, puso en riesgo la evidencia incautada a través del registro de morada, vale decir, la presunta sustancia ilícita, pues si bien es cierto, tal actuación tuvo una sanción procesal en el ámbito jurisdiccional, como lo fue la revocatoria de dicha decisión por la Corte de Apelaciones del Estado Trujillo, por considerar que interpretó erróneamente el
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425.848 articulo 195 (hoy 179) del Código Orgánico Procesal Penal vigente para la época de la ocurrencia de los hechos, referido a las nulidades absolutas, tal conducta, resulta incautaciones de presuntas sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Tal proceder, negligente por parte del juez sometido a procedimiento, no conforme a la misma disposición establecida en el artículo 195 (hoy 179) del Código Orgánico Procesal Penal vigente para la época, "sanear" cualquier defecto del acto;
por ello, se considera que el ilícito disciplinario que corresponde aplicar en el presente caso a la conducta asumida por el juez Francisco Ellas Codecido Mora, resulta subsumible en el ilicito previsto en el articulo 32.9 del Código de Ética y no en el articulo 33.14 eiusdem, relativo al abuso de autoridad, toda vez, que el mismo al proferir dicha resolución judicial actuó, aunque erradamente, con base legal, esto es, en aplicación del artículo 195 (hoy 179) del Código Orgánico Procesal Penal del ilícito disciplinario de abuso de autoridad, en el que de acuerdo a la doctrina pacifica de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, así como actuación del juez evidencia una total carencia de base legal e igualmente cuando realiza funciones que no le están conferidas por la Ley, incurriendo en una desmedida utilización de las atribuciones que se le han otorgado, traspasando los limites det buen ejercicio y el uso correcto de su facultades. Y asi de decide.- Precisado lo anterior, el artículo 32.9 del Código de Ética contempla como preservación de los medios de prueba o de cualquier otro instrumento fundamental para el ejercicio de las funciones judiciales y del debido proceso.
determinada causa, actúa con total falta de previsión en la preservación del material disciplinaria, que con la declaratoria de nulidad proferida por el Juez investigado, que se iniciará, entendiendo éste como el conjunto de elementos objetivos que constituyen la materialidad del delito, asi consagrada en la ley penal, cuya existencia hecho punible, vale decir, la presunta droga incautada pues, la declaratoria de nulidad del acto de allanamiento, trae como consecuencia la "inexistencia" del acto y lo que de él derive. Por ello, al declarar "inexistente" del mundo juridico la prueba de la presunta droga incautada a través de una resolución judicial que anula una incautación de una evidencia cardinal para el ejercicio del ius puniendi del estado, poniendo en riesgo el posible enjuiciamiento para el o los detentadores de la misma, el operador judicial actuó con total negligencia, incurriendo en el ilicito disciplinario previsto en el artículo 32.9 del Código de Ética, antes comentado, el cual comporta la sanción de suspensión del cargo, no obstante ha ponderado esta alzada, que el razón por la cual se considera cumplida dicha sanción Y así se establece.- Corolario a lo anterior, esta Corte Disciplinaria Judicial considera que lo..
procedente y ajustado a derecho en el presente caso es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la delegada de la Inspectoría General de Tribunales ciudadana KATHERINE CASELLAS JIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 10.336.859; anular parcialmente la decisión Nro. TDJ-SD-2015-043 dictada por el TDJ en fecha 17 de junio de 2015, en relación a la denuncia en el sanción de suspensión la cual se tendrá por cumplida en virtud de la prolongada suspensión sufrida por el juez FRANCISCO ELIAS CODECIDO MORA; asÍ mismo se confirman los pronunciamientos PRIMERO, y el SEGUNDO en cuanto a la causa judicial N° TP01-P-2011-003366 y el relacionado a la N° TP01-2010-002327 en los términos expuestos en esta decisión. Y asi de decide.- III- DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la ciudadana KATHERINE CASELLAS JIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° V- Lunes 11 de enero de 2016 10.336.859, contra Ia sentencia Nro. TDJ-SD-2015-043, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 17 de junio de 2015. SEGUNDO: La NULIDAD PARCIAL de la sentencia_ Nro. TDJ-SD-2015-043, publicada en fecha 17 de junio de 2015. por el Tribunal Disciplinario Judicial, en lo que se refiere a la denuncia RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, de conformidad con el articulo 32.9 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana por actuar con negligencia comprobada en la debida preservación de los medios de prueba o de FRANCISCO ELIAS CODECIDO MORA titular de la cedula de identidad N° v- 9.238.001, la cual se tiene por cumplida en virtud de la prolongada suspensión que transcurrió en el procedimiento incoado en su contra (desde el 11 de agosto de 2011 hasta el 17 de junio de 2015). TERCERO: Se CONFIRMA el pronunciamiento
SEGUNDO en cuanto a la denuncia en la causa judicial TP01-P-2011-003366; y a su vez el referido a lo denunciado en el expediente TP01-2010-002327 en los términos expuestos por esta alzada en la presente decisión.
Publiquese, registrese y notifiquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase copia certificada a la Inspectoria General de Tribunales, a la Dirección Ejecutiva de la Magistrtúra, al Ministerio Público y al Tribunal Disciplinario Judicial. Devuélvas “expediente al Tribunal de origen.
Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 dei Código de Ética.
Dada, sellada y firmada en la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas a los dieciséis (16) _dias del mes de diciembre de dos mil 2015. Año 205" de la Independencia y 156° de la Fedegación.
JUEZ PRESIDEN
Timeur R2 ANA CROILIA ZULUETA RODRIGUEZ
MERLY MORALES HERNANDEZ SECRETARIA féuulany MARIANELA GIL MARTINEZ DEFENSA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2016-012 Caracas, 07 de enero de 2016 156°, 205° y 16° La Defensora Pública General, Dra. SUSANA BARREIRoS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, delegar firmas y atribuciones en funcionarias o funcionarios que ocupen cargos en la institución, según su criterio.
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Lunes 11 de enero de 2016
CONSIDERANDO Que en fecha 22 de diciembre de 2015, le fue acordada a la ciudadana YALITZA KARINA SOTELDO TORREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-11.275.905, la Comisión de Servicio, mediante Oficio N° DERRHH- 01961-2015, por la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, adscrita a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la ciUdadana YALITZA KARINA SOTELDO ToRREz, titular de la cédula de identidad Nº V-11.275.905, como Directora Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional (E), a partir de la fecha de su notificación.
SEGUNDO: DELEGAR en la CiUdadana YALITZA KARINA SOTELDO ToRREz, anteriormente identificada, quien ejerce el cargo de encargada de la Dirección Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, las siguientes funciones:
1.-Solicitudes de cuotas de compromisos y desembolsos.
2.-Aprobación de modificaciones presupuestarias internas, en atención a lo previsto en el artículo 86 de reglamento número 1 de la ley orgánica de la administración financiera del sector público.
3.- Ejecución físico financiera mensuales y trimestrales.
4.-Exposiciones de motivos sobre asignaciones de créditos presupuestarios.
5.- Estructura presupuestaria por proyectos y acciones centralizadas.
6.- Información técnica relacionada con data estadística.
7.-Información técnica relacionada con la materia de planificación pública, simplificación de trámites administrativos y desarrollo organizacional.
TERCERO: Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar la titularidad con que actúa, así como la fecha y el número de la Resolución de su nombramiento y publicación en Gaceta Oficial. Seguidamente deben señalar la fecha y el número de la presente Resolución y su respectiva publicación en Gaceta Oficial, todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 18, numeral 7, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y 35, últimos tres párrafos, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
CuARTQ: La Directora Nacional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Defensa Pública, deberá informar trimestralmente a la Defensora Pública General, sobre los actos firmados con motivo de la presente delegación.
QuINTo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de ja Asambiea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en ia Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 29 de diciembre de 2015 Años 205° y 156°
RESOLUCIÓN N° 2160
LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República
En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 ejusdem.
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RESUELVE:
ÚNICQ: Designar con carácter de sUPLENTE a la ciudadana Abogada JUANA EVANGELISTA VALERO PÉREZ, titular de la cédula de identidad Nº 10.617.530, en la FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, a los fines de cubrir la falta temporal producida por la Fiscal Superior ciudadana Abogada Carmen Elena Padrón Alvarado, y hasta su reincorporación. La ciudadana Juana Evangelista Valero Pérez, se desempeña como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía Superior.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 11 de enero de 2016 comuniquese Pupliquese.
LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscar General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 06 de enero de 2016 Años 205° y 156° RESOLUCIÓN Nº 004 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
UNICQ: Designar a la ciudadana Abogada GRIoLINDA ELIZABETH MORALES TÚNEZ, titular de la cédula de identidad N° 17.837.177, ASISTENTE A LA FISCAL GENERAL III. adsCrita al Despacho de la Fiscal General de la República, cargo vacante y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía 65 Nacional Plena.
La presente designación tiene efectos administrativos a partir del 06 de enero de 2016.
uese Publiquese 3X LUISA ORTEGA DIAZ Fisca General de la-República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 07 de enero de 2016 Años 205° y 156° RESOLUCIÓN Nº 008 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem, y en atención al artículo 51
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario del 12-08-2005. por la presente Resolución.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al ciudadano Licenciado MARLON ADRIÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº 17.273.147, DIVISIÓNDELA JEFE DE UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO CARABoBo, cargo vacante y. de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El mencionado ciudadano se viene desempeñando como Jefe (Encargado) en la citada División.
El referido ciudadano, actuará como Cuentadante de dicha Unidad Administradora Desconcentrada, Código 23010, con sede en Valencia, e igualmente, conforme a lo establecido en el numeral 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, delego en el aludido ciudadano, la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación.
El presente nombramiento tiene efectos administrativos a partir del 07 de enero de 2016.
Comuniguese Pupiíquese.
6 LUISA ORTEGA DÍAZ VERALEiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 08 de enero de 2016 Años 205° y 156° RESOLUCIÓN Nº 009 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICQ: Designar al ciudadano Ingeniero ERIC WLADIMIR LEÓN RIVAS, titular de la cédula de identidad Nº 11.895.457, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN (ENCARGADO), adsCrito a la Vicefiscalía, a partir del 08 de enero de 2016 y hasta la reincorporación de su titular, ciudadana Arquitecta Liliam Yasmidy Valero Bautista. El referido ciudadano se desempeña como Subdirector en la mencionada Dirección.
Igualmente, conforme a lo establecido en el numeral 20 del artículo 25 de la citada Ley Orgánica del Ministerio Público, delego en el nombrado ciudadano la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación, mientras esté encargado de la aludida Dirección.
Comuniquese yRublíquese.-
9 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 29 de diciembre de 2015 Años 205° y 156° RESOLUCIÓN N° 2161 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem, y en atención al artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Lunes 11 de enero de 2016 Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario del 12/08/2005, por la presente Resolución.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al ciudadano Licenciado JOSÉ RAFAEL POLANCO MORANTE, titular de la cédula de identidad N° 4.980.734, JEFE DE DIVISIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA DEL A T 11 de enero de 2016 y hasta la reincorporación de la ciudadana Licenciada Gliser Coromoto Martínez.
El mencionado ciudadano, quien se desempeña como Contabilista Jefe en la citada Unidad, actuará como Cuentadante de dicha Unidad Administradora Desconcentrada, Código 23009, con sede en Ciudad Bolívar, e igualmente, conforme a lo establecido en el numeral 20 del artículo 25 de la citada Ley Orgánica del Ministerio Público, delego en el aludido ciudadano la firma de los asuntos rutinarios o de _mera tramitación, mientras esté encargado de dicha VARIANA comuníquese y Bebliquese.
LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de Ja-República
CONTRALORÍAMUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VÉNEZUELA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL Caracas, 10 de Diciembre de 2015 205º, 156º y 16° RESOLUCIÓN N° 458-2015 Abg. ARGENIS VIRGUEZ LÓPEZ CONTRALOR INTERVENTOR De conformidad con la designación conferida mediante Resolución N° 01-00-000166 de fecha 25/09/2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.259 de fecha 26/09/2013 y en ejercicio de las atribuciones contenidas en los artículos 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría ceneral de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; 54. 100, 101, 102 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal: 1, 14. 16 y 18 de la Ordenanza Sobre Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, publicada en la Gaceta Municipal Extra Nº 1654 de fecha 08/04/1997; la Resolución Nº 125-2015, publicada en Gaceta Municipal N° 3916-N de fecha 24/03/2015 contentiva del Reglamento Interno de esta Contraloría Municipal;
Resolución N° 196-2012, publicada en Gaceta Municipal N° 3611-P- 2 de fecha 21/12/2012. contentiva del Manual General de Organización de esta Contraloría Municipal; artículos i y 2 numeral 5, articulos 11 y 21 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional Estadal y Municipal: Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios.
Funcionarias. Empleados y Empleadas de la Administiación Pública Nacional. de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al servicio de la Administración Pública Nacional vigente; y demás normas aplicables.
CONSIDERANDO Que consta en Planilla de Trámite de Jubilación Especial FP-026 de fecha 25/03/2014, N° EXP-011 que el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, actuando de, conformidad al nombramiento efectuado por e) ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Decreto N° 9.401 de fecha 08/03/2013 y en el ejercicio de la delegación establecida en el artículo 1°, numeral 10 de Decreto N° 9.402 de fecha 11/03/2013, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 defecha 11/03/2013, aprobó en fecha 14/11/2014, la Jubilación Especial de la Ciudadana DORIS ELIZABETH RAMÍREZ MONSALVE, titular de la cédula de identidad Nº V-5.431.150, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios.
CONSIDERANDO Que de conformidad con las disposiciones del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional. actualmente Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras de la Administración Pública Nacional, el acto aprobatorio de Jubilación Especial, a favor de la ciudadana DORIS ELIZABETH RAMÍREZ MONSALVE, Corresponde dictarlo a esta Contraloría Municipal y publicarlo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
RESUELVE
PRIMERO: Otorgar la JUBILACIÓN ESPECIAL aprobada mediante la Planilla FP-026 en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce (14/11/2014). por el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela a la ciudadana DORIS ELIZABETH RAMÍREZ MONSALVE, titular de la cédula de identidad Nº V-5.431.150, de cincuenta y cinco (55) años de edad, con dieciséis (16) años, dos (02) meses y veintinueve (29) días de servicio prestado en la Administración Pública, siendo su último cargo desempeñado el de Analista de Recursos Humanos III.
SEGunDo: El monto de la pensión de Jubilación Especial es por la cantidad de Cuatro Mil Doscientos Treinta y Tres Bolívares con Setenta y Siete Céntimos (Bs.4.233,77) mensual equivalente al cuarenta por ciento (40%) de su remuneración promedio mensual de los últimos veinticuatro (24) meses de servicio activo.
TERCERO: Notifíquese del contenido de la presente Resolución a la identificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, (indicándosele quede considerar que este acto administrativo lesiona sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos, podrá ejercer el recurso contencioso administrativo funcionarial por ante los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dentro del lapso de tres (3) meses contados a partir de su notificación del contenido de la presente Resolución de conformidad con lo previsto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
cuArTo: Delegar en la Directora de Recursos Humanos de esta Contraloría Municipal la facultad de realizar la notificación del presente aCto a la Ciudadana DORIS ELIZABETH RAMÍREZ MONSALVE, antes identificada.
QuinTo: La Dirección de Recursos Humanos de esta Contraloría queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia tramítese lo conducente a los efectos del cálculo y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho la ciudadana DORIS ELIZABETH RAMÍREZ MONSALVE. antes Identificada.
sExTo: Que los Asistentes Administrativos adscritos al Despacho del Contralor deben remitir a las Direcciones de: Recursos Humanos. Planificación. Presupuesto y Gestión, y Consultoría Jurídica de esta Contraloría Municipal, un (1) ejemplar original de la Gaceta Oficial contentiva de la publicación de la presente Resolución.
Dado, firmado y sellado en el Despacho del Ciudadano Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, en Caracas, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince (10/12/2015).
Publíquese y notifíquese.
RGENIS VIRGUEZ LOPEZ TBALOR INTERVENTOR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL Caracas, 10 de Diciembre de 2015 205º, 156º y 16° RESOLUCIÓN N° 459-2015 Abg. ARGENIS VIRGUEZ LÓPEZ CONTRALOR INTERVENTOR De conformidad con la designación conferida mediante Resolución N° 01-00-000166 de fecha 25/09/2013. publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.259 de fecha 26/09/2013 y en ejercicio de las atribuciones contenidas en los artícuios 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezucla; 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal: 54. 100, 101.
102 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal: 1, 14. 16 y 18 de la Ordenanza Sobre Contraloría Municipal cel Municipio Libertador del Distrito Capital, publicada en la Gaceta Municipal Extra Nº 1654 de fecha 08/04/1997: la Resolución N° 125-2015.
publicada en Gaceta Municipal N° 3916-N de fecha 24/03/2015 contentiva del Reglamento Interno de esta Contraloría Municipal;
Resolución N° 196-2012. publicada en Gaceta Municipal N° 3611-P- 2 de fecha 21/12/2012, contentiva del Manual General de Organización de esta Contraloría Municipal; artículos 1 y 2 numeral 5, artículos 11 y 21 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacionai_ Estadal y Municipal: Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al servicio de la Administración Pública Nacioral vigente; y demás normas aplicables.
CONSIDERANDO Que consta en Planilla de Trámite de Jubilación Especial FP-026 de fecha 12/06/2014. N° EXP-022 que el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. actuando de conformidad al nombramiento efectuado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Decreto N° 9.401 de fecha 08/03/2013 y en el ejercicio de la delegación establecida en el artículo 1°, numeral 10 de Decreto N° 9.402 de fecha 11/03/2013. publicados en la Gaceta Oficial de la de fecha República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 11/03/2013, aprobó en fecha 23/10/2014, la Jubilación Especial de la CiUdadana JOISA DEL CARMEN GÓMEZ TOVAR, titular de la cédula de identidad Nº v-9.427.459, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios.
CONSIDERANDO Que de conformidad con las disposiciones del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional, actualmente Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras de la Administración Pública Nacional, el acto aprobatorio de Jubilación Especial, a favor de la ciudadana JOISA DEL CARMEN GÓMEZ TOVAR, Corresponde dictarlo a esta Contraloria Municipal y publicarlo en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
RESUELVE
PRIMERO: Otorgar la JUBILACIÓN ESPECIAL aprobada mediante la Planilla FP-026 en fecha veintitres de octubre de dos mil catorce (23/10/2014). por el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela a la CiUdadana JOISA DEL CARMEN GÓMEZ TOVAR, titular de la cédula de identidad Nº v-9.427.459, de cuarenta y cinco (45) años de edad, con diecisiete (17) años, ocho (08) meses y seis (06) días de servicio prestado en la Administración Pública, siendo su último cargo desempeñado el de Directora.
SEGunDo: El monto de la pensión de Jubilación Especial es por la cantidad de Seis Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Bolívares con Noventa y Siete Céntimos (Bs.6.584,97) mensual, equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) de su remuneración promedio mensual de los últimos veinticuatro (24) meses de servicio activo.
TERcERO: Notifíquese del contenido de la presente Resolución a la CIiUdadana JOISA DEL CARMEN GÓMEZ TOVAR. antes identificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Indicándosele quede considerar que este acto administrativo lesiona $us derechos podrá ejercer subjetivos o intereses legítimos, personales y directos, por ante los el recurso contencioso administrativo funcionarial Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región partir de su Capital, dentro del lapso de tres (3) meses contados a notificación del contenido de la presente Resolución de conformidad con lo previsto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
CuArTo: Delegar en la Directora de Recursos Humanos de esta Contraloría Municipal la facultad de realizar la notificación del presente acto a la Ciudadana JOISA DEL CARMEN GÓMEZ TOVAR, antes identificada.
QuinTo: La Dirección de Recursos Humanas de esta Contraloría queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia tramitese lo conducente a los efectos del cálculo y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho la ciudadana JOISA DEL CARMEN GÓMEZ TOVAR, antes identificada.
sExTo: Que los Asistentes Administrativos adscritos al Despacho del Contralor deben remitir a las Direcciones de: Recursos Humanos. Planificación, Presupuesto y Gestión, y Consultoría Jurídica de esta Contraloría Municipal, un (1) ejemplar original de la Gaceta Oficial contentiva de la publicación de la presente Resolución.
Dado, firmado y sellado en el Despacho del Ciudadano Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del Municipie Bolivariano Libertador del Distrito Capital, en Caracas, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince (10/12/2015).
Publíquese y notifíquese.
ARGENIS VIRGUEZ LOPEZ TRALOR INTERVENTOR
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZÚELA
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL Caracas, 10 de Diciembre de 2015 205º, 156º y 16° RESOLUCIÓN N° 460-2015 Abg. ARGENIS VIRGUEZ LÓPEZ CONTRALOR INTERVENTOR De conformidad con la designación conferida mediante Resolución N° 01-00-000166 de fecha 25/09/2013. publicada en Gaceca Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.259 de fecha 26/09/2013 y en ejercicio de las atribuciones contenidas en los artículos 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República del Sistema Nacional de Control Fiscal; 54, 100, 101, 102 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal: 1, 14, 16 y 18 de la Ordenanza Sobre Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital. publicada en la Gaceta Municipal Extra N° 1654 de fecha 08/04/1997: la Resolución Nº 125-2015. publicada en Gaceta Municipal N° 3916-N de fecha 24/03/2015 contentiva del Reglamento Interno de esta Contraloría Municipal; Resolución N° 196-2012, publicada en Gaceta Municipal N° 3611-P-2 de fecha 21/12/2012.
contentiva del Manual General de Organización de esta Contraloría Municipal; artículos 1 y 2 numeral 5, artículos 11 y 2ª Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional Estadal y Municipal; Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias. Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al servicio de la Administración Pública Nacional vigente: y demás normas aplicables.
CONSIDERANDO Que consta en Planilla de Trámite de Jubilación Especial FP-026 de fecha 25/03/2014. N° EXP-012 que el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, actuando de conformidad al nombramiento efectuado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Decreto N° 9.401 de fecha 08/03/2013 y en el ejercicio de la delegación establecida en el artículo 1°, numeral 10 del Decreto N° 9.402 de fecha 11/03/2013, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11/03/2013.
aprobó en fecha 23/10/2014, la Jubilación Especial de la CIudadana MARÍA ANTONIA SANTANA DE CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº V-4.438.382. de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios.
CONSIDERANDO Que de conformidad con las disposiciones del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional, actualmente Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras de la Administración Pública Nacional, el acto aprobatorio de Jubilación Especial. a favor de la ciudadana MARiA ANTONIA SANTANA DE CASTILLO, corresponde dictarlo a esta Contraloría Municipal y publicarlo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
RESUELVE
PRIMERO: Otorgar la JUBILACIÓN ESPECIAL aprobada mediante la Planilla FP-026 en fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce (23/10/2014). por el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela a la ciudadana MARÍA ANTONIA SANTANA DE CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº V-4.438.382, de cincuenta y ocho (58) años de edad, con quince (15) años, dos (02) meses y dos (02) días de servicio prestado en la Administración Pública, siendo su último cargo desempeñado el de Directora.
SEGunDo: El monto de la pensión de Jubilación Especial es por la cantidad de Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Bolívares con Cuarenta y Tres Céntimos (Bs.5.433,43) mensual.
equivalente al treinta y siete coma cincuenta por ciento (37,50%) de -su remuneración promedio mensual de los últimos veinticuatro (24) meses de servicio activo.
TERCERO: Notifíquese del contenido de la presente Resolución a la CIUdadana MARÍA ANTONIA SANTANA DE CASTILLO, antes identificada, de conformidad con lo establecido en el astículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
indicándosele quede considerar que este acto administrativo lesiona sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos podrá ejercer el recurso contencioso administrativo funcionarial por ante los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dentro del lapso de tres (3) meses contados a partir de su notificación del contenido de la presente Resolución de conformidad con lo previsto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
CuArTo: Delegar en la Directora de Recursos Humanos de esta Contraloría Municipal la facultad de realizar la notificación del presente acto a la ciudadana MARÍA ANTONIA $ANTANA DE CASTILLO, antes identificada.
QuinTo: La Dirección de Recursos Humanos de esta Contraloría queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia tramitese lo conducente a los efectos del cálculo y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho la ciudadana MARÍA ANTONIA SANTANA DE CASTILLO, antes ideNtIfiCada.
sExTo: Que los Asistentes Administrativos adscritos af Despacho del Contralor deben remitir a las Direcciones de: Recursos Humanos.
Planificación, Presupuesto y Gestión, y Consultoría Jurídica de esta Contraloría Municipal, un (1) ejemplar original de la Gaceta Oficial contentiva de la publicación de la presente Resolución Dado, firmado y sellado en el Despacho del Ciudadano Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, en Caracas, a los diez d(as del mes de diciembre del año dos mil quince (10/12/2015).
Publíquese y notifíquese.
TRALOR INTERVENTOR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL Caracas, 15 de Diciembre de 2015 205º, 156º y 16° RESOLUCIÓN N° 465-2015 Abg. ARGENIS VIRGUEZ LÓPEZ CONTRALOR INTERVENTOR De conformidad con la designación conferida mediante Resolución N° 01-00-000166 de fecha 25/09/2013. publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.259 de fecha 26/09/2013 y en ejercicio de las atribuciones contenidas en los artículos 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; 54. 100, 101. 102 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; 1, 14, 16 y 18 de la Ordenanza Sobre Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, publicada en la Gaceta Municipal Extra N° 1654 de fecha 08/04/1997; la Resolución N° 125-2015, publicada en Gaceta Municipal N° 3916-N de fecha 24/03/2015 contentiva del Reglamento Interno de esta Contraloría Municipal; Resolución N° 196-2012, publicada en Gaceta Municipal N° 3611-P-2 de fecha 21/12/2012, contentiva del Manual General de Organización de esta Contraloría Municipal; artículos 1 y 2 numeral 5, artículos 11 y 21 Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional Estadal y Municipal: Instructivo que Estabiece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al servicio de la Administración Pública Nacional vigente; y demás normas aplicables.
CONSIDERANDO Que consta en Planilla de Trámite de Jubilación Especial FP-026 de fecha 30/05/2014, N° ExP-047 que el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, actuando de conformidad al nombramiento efectuado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. según Decreto N° 9.401 de fecha 08/03/2013 y en el ejercicio de la delegación establecida en el artículo 1°, numeral 10 del Decreto N° 9.402 de fecha 11/03/2013, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11/03/2013.
aprobo en fecha 14/11/2014, la Jubilación Especial del ciudadano JOSÉ ARNALDo BRAVO GUEVARA, titular de la cédula de identidad Nº V-4.578.211. de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios.
CONSIDERANDO Que de conformidad con las disposiciones del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional.
actualmente Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Lunes 11 de enero de 2016
Obreras de la Administración Pública Nacional, el acto aprobatorio de Jubilación Especial, a favor del ciudadano José ARNALDO BRAVO GUEVARA, corresponde dictarlo a Contraloría esta República Municipal y publicarlo en la Gaceta Oficial de Bolivariana de Venezuela.
RESUELVE
PRIMERO: Otorgar la JUBILACIÓN ESPECIAL aprobada mediante la Planilia FP-026 en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce (14/11/2014). por el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela al CiUdadano JOSÉ ARNALDO BRAVO GUEVARA, titular de a cédula de identidad Nº V-4.578.211. de Cincuenta y Ocho (58) años de edad, con veinte (20) años, dos (02) meses y once (11) días de servicio prestado en la Administración Rública, siendo su último cargo desempeñado el de Ingeniero Inspector Fiscal III.
SEGunDo: El monto de la pensión de Jubilación Especial es por la cantidad de Cinco Mil Doscientos Noventa y Nueve Bolívares con Treinta y Cuatro Céntimos (Bs.5.299,34) mensual.
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su remuneración promedio mensual de los últimos veinticuatro (24) meses de servicio activo.
TERcERO: Notifiquese del contenido de la presente Resolución al Ciudadano JOSÉ ARNALDO BRAVO GUEVARA antes IGentificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, indicándosele quede considerar que este acto administrativo lesiona sus derechos subjetivos o intereses legítimos. personales y directos, podrá ejercer el recurso contencioso administrativo funcionarial por ante los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dentro del lapso de tres (3) meses contados a partir de su notificación del contenido de la presente Resolución de conformidad con lo previsto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
cuArTo: Delegar en la Directora de Recursos Humanos de esta Contraloría Municipal la facultad de realizar la notificación del presente acto al Ciudadano JOSÉ ARNALDo BRAVo GUEVARA, antes identificado Quinto: La Dirección de Recursos Humanos de esta Contraloría queda encargada de ejecutar la presente Resolución. en consecuencia tramítese lo conducente a los efectos del cálculo y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho el ciudadano JOSE ARNALDO BRAVO GUEVARA, antes identifiCado SExTo: Que los Asistentes Administrativos adscritos al Despacho del Contralor deben remitir a las Direcciones de: Recursos Humanos, Planificación, Presupuesto y Gestión, y Consultoría Jutídica de esta Contraloría Municipal, un (1) ejemplar original de la Gaceta Oficial contentiva de la publicación de la presente Resolución.
Dado, firmado y sellado en el Despacho del Ciudadano Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital en Caracas, a los quince días del mes Abg.ABGENISVIRGUEZ LOPEZ CONTRALOR INTERVENTOR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL Caracas, 15 de Diciembre de 2015 205º, 156º y 16° RESOLUCIÓN N° 466-2015 Abg. ARGENIS VIRGUEZ LÓPEZ CONTRALOR INTERVENTOR De conformidad con la designación conferida mediante Resolución N° 01-00-000166 de fecha 25/09/2013. publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.259 de fecha 26/09/2013 y en ejercicio de las atribuciones contenidas en los artículos 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; 54, 100, 101, 102 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; 1, 14, 16 y 18 de la Ordenanza Sobre Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, publicada en la Gaceta Municipal Extra Nº 654 de fecha 08/04/1997: la Resolución N° 125-2015, publicada en Gaceta Municipal N° 3916-N de fecha 24/03/2015 contentiva del Reglamento Interno de esta Contraloría Municipal; Resolución N° 196-2012.
publicada en Gaceta Municipal N° 3611-P-2 de fecha 21/12/2012.
contentiva del Manual General de Organización de esta Contraloría Municipal; artículos 1 y 2 numeral 5, artículos 11 y 21 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional Estadal y Municipal; Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al servicio de la Administración Pública Nacional vigente: y demás normas aplicables.
425.853 CONSIDERANDO Que consta en Planilla de Trámite de Jubilación Especial FP-026 de fecha 27/05/2014. N° ExP-059 que el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. actuando de conformidad al nombramiento efectuado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Decreto N° 9.401 de fecha 08/03/2013 y en el ejercicio de la delegación establecida en el artículo 1°. numeral 10 del Decreto N° 9.402 de fecha 11/03/2013. publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11/03/2013, aprobó en fecha 14/11/2014, la Jubilación Especial del ciudadano JUVENCIO TOMAS REBOLLEDO MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-6.847.474, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios.
CONSIDERANDO Que de conformidad con las disposiciones del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional.
actualmente Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras de la Administración Pública Nacional, el acto aprobatorio de Jubilación Especial, a favor del ciudadano JUVENCIo TOMAS REBOLLEDO MARTiNEz, corresponde dictarlo a esta Contraloría Municipal y publicarlo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
RESUELVE
PRIMERO: Otorgar la JUBILACIÓN ESPECIAL aprobada mediante la Planilla FP-026 en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce (14/11/2014). por el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano JUVENCIO TOMAS REBOLLEDO MARTiNEz, titular de la cédula de identidad Nº V-6.847.474, de cincuenta (50) años de edad, con quince (15) años, ocho (08) meses y catorce (14) días de servicio prestado en la Administración Pública, siendo su último cargo desempeñado el de Analista Programador III.
sEGunDo: El monto de la pensión de Jubilación Especial es por la cantidad de Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Bolívares con Cuarenta y Seis Céntimos (Bs.4.364,46) mensual, equivalente al cuarenta por ciento (40%) de su remuneración promedio mensual de los últimos veinticuatro (24) meses de servicio activo.
TERCERO: Notifíquese del contenido de la presente Resolución al CIUdadanO JUVENCIO TOMAS REBOLLEDO MARTÍNEZ, anteS identificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. indicándosele quede considerar que este acto administrativo lesiona sus derechos subjetivos o intereses legítimos. personales y directos, podrá ejercer el recurso contencioso administrativo funcionarial por ante los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dentro del lapso de tres (3) meses contados a partir de su con lo previsto en los artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
cuArTo: Delegar en la Directora de Recursos Humjanos de esta Contraloría Municipal la facultad de realizar la notificación del presenteacto alciudadanoJUVENCIoTOMAs REBOLLEDO MARTiNEz, antes identificado.
QuinTo: La Dirección de Recursos Humanos de esta Contraloría queda encargada de ejecutar la presente Resolución. en consecuencia tramítese lo conducente a los efectos del cálculo y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho el ciudadano JUVENCIO TOMAS REBOLLEDO MARTÍNEZ, antes identifiCado.
sExTo: Que los Asistentes Administrativos adscritos al¡Despacho del Contralor deben remitir a las Direcciones de: Recursos Humanos, Planificación, Presupuesto y Gestión, y Consultoría Jurídica de esta Contraloría Municipal, un (1) ejemplar original de la Gaceta Oficial contentiva de la publicación de la presente Resolución.
Dado, firmado y sellado en el Despacho del Ciudadano Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, en Caracas, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil quince (15/12/2015).
Publíquese y notifique
AbG ARGENISVIRGUEZ LOPEZ CONERALORINTERVENTOR
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLIII – MES IV Número 40.825 Caracas, lunes 11 de enero de 2016 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 Págs. costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria
LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (22 DE JULIO DE 1941) Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICÁ BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
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