Gaceta Oficial N° 40.718
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Caracas, jueves 6 de agosto de 2015
AÑO CXLII – MES X
SUMARIO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 1.918, mediante el cual se nombra al ciudadano Alí Ernesto Padrón Paredes, como Viceministro de Turismo Internacional (E) del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LAPRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO Resolución mediante la cual se crea el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos Nacionales pertenecientes a este Ministerio, integrado por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Orlando Cedeño Marcano, como Director General (E) de Coordinación Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, dependiente del Despacho del Viceministro de Gestión de Riesgos y Protección Civil, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARARELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se informa que la fecha correcta para la entrada en vigor del Protocolo sobre Introducción de las modificaciones en el convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia, sobre Cooperación para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos conjuntos del 10 de septiembre de 2009, es el 09 de junio de 2015.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano «Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa», Integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO YAÉREO Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Providencia mediante la cual se nombra a la ciudadana Inés del Carmen Salandy de Pacheco, como Registradora Naval Principal de la Capitania de Puerto de Ciudad Bolivar, de este Instituto.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA Resolución mediante la cual se encarga a la ciudadana Luz Nery Pérez Hidalgo, como Directora de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Oficina de Auditoría Interna de este Ministerio, y se le delega la firma de los actos y documentos que en ella se señalan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARAECOSOCIALISMO YAGUAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ramón Pastor Viscaya Reinoso, como Director Estadal de Ecosocialismo y Aguas Sucre, de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Miguel Castillo Golding, como Director General (E) del Servicio Autónomo denominado «Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (SAMARN)», de este Ministerio.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALACOMUNICACIÓN Y LAINFORMACIÓN VTV Providencia mediante la cual se delega de Forma Parcial en el ciudadano Chevige César González, en su carácter de Vicepresidente Ejecutivo de Producción (E) de la Compañia Venezolana de Televisión (VTV), las atribuciones que en ella se indican.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana María Eugenia Martinez, actuando por delegación de la IGT, contra la Sentencia de fecha 13 de marzo de 2015, donde el TDJ absolvió de Responsabilidad Disciplinaria al ciudadano Manuel José Gutiérrez Gómez.
Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 02 de junio de 2015, por la representación de la IGT contra la Sentencia que en ella se especifica, donde se absuelve de Responsabilidad Disciplinaria al ciudadano Manuel José Gutiérrez Gómez.
Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mayerling Alejandra Muñoz Jaramillo, como Jefa de la División de Servicios al Personal, de la Dirección Administrativa Regional del estado Bolívar, de este Organismo.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 1.918 06 de agosto de 2015 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con los artículos 46 y 69 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 4º, 18, 19 y numeral 5 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECRETO
ArtíCulo 1°. NombrO VICEMINISTRO DE TURISMO INTERNACIONAL (E) DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO, al CiUdadanO ALÍ ERNESTO PADRóN PAREDES, titular de la cédula de identidad Nº V-6.868.931, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2º. Delego en la Ministra del Poder Popular para el Turismo, la juramentación del referido ciudadano.
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422.564 Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los seis días del mes de agosto de dos mil quince. Años 205° de la Independencia, 156º de la Federación y 16º de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
NICQLÍS MADURO MOROS
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República y Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.) MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO Pepabira Bolivariana de Venezuela Mimustero dei Pouier Popitlur del Deapacho de Ia Presidencia y Segumiento de la Gestión de Gobrerno Despacho del Minsfre
Caracas, 29 de julio de 2015
205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 028-15
La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, ciudadana CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, titular de la cédula de identidad N° V-8.146.803, designada mediante Decreto N° 1.644, del 09 de marzo de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.616 de la misma fecha; en ejercicio de sus funciones que le confieren los artículos 65 y 78 numerales 3, 12, 19 y 27 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, concatenado con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, en concordancia con los artículos 4 y 5 de las Normas Generales sobre licitaciones para la venta y permuta de Bienes Públicos, contenidas en la Providencia N° 004-2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.054 de fecha 20 de noviembre de 2012.
CONSIDERANDO Que la normativa aplicable a las direcciones de los Ministerios del Poder Popular prevén el máximo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus objetivos, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y racionalidad en el uso de los bienes públicos, para así dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, CONSIDERANDO Que las normas generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de los Bienes Públicos, otorgan la facultad a las máximas autoridades de los Jueves 6 de agosto de 2015 órganos y entes del Sector Público para la creación y conformación del respectivo Comité de Licitaciones, RESUELVE Artículo 1. Se crea el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos Nacionales pertenecientes al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, respecto los bienes que no fueren necesarios para el cumplimiento de sus finalidades y los que hubiesen sido desincorporados por obsoiescencia o deterioro, conforme a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos y demás normativa vigente, dicho Comité será de carácter permanente y dependerá jerárquicamente de este Órgano Ministeria!.
Artículo 2. El Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos Nacionales estará integrado por tres (03) miembros principales y sus respectivos supientes, donde estarán representadas las Áreas Económica-Financiera, Técnica y Jurídica, e igualmente se designa un secretario o secretaria quien tendrá derecho a voz más no a voto.
El Comité de Licitaciones estará conformado por los siguientes ciudadanos y ciudadanas:
MIEMBROS ÁREA QUE CARÁCTER REPRESENTA ADOLFO JOSÉ PEREIRA A.
ECONÓMICA- Miembro Principal FINANCIERA C.I. V-8.694.464 TATIANA DEL ROCIO ECONÓMICA- Miembro RAMIREZ HERNANDEZ FINANCIERA Suplente C.1. V-14.942.110 TÉCNICA Miembro GARY F. ROMERO C.
Principal C.1. V-14.452.687 TÉCNICA Miembro HILDEMARO A. MONTILLA R.
Suplente C.I. V-13.609.226 JURÍDICA Miembro ALEXANDER J. RAMIREZ R.
C.I. V-12.042.418 Principal JURÍDICA JAVIER J. RODRIGUEZ C.
Miembro Suplente C.I. V-16.904.286
Las ausencias de los miembros principales serán cubiertas por sus respectivos suplentes según el orden establecido en la anterior relación.
Articulo 3. Los Miembros del Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos Nacionales pertenecientes al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, ejercerán sus atribuciones conforme a lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos y a la Providencia Administrativa N° 004-2012 de fecha 23 de octubre de 2012, mediante la cual se establecen las Normas Generales sobre Licitación para la venta y permuta de Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.054 de fecha 20 de noviembre de 2012 y demás normativa vigente.
Artículo 4. Se designa a la ciudadana DILEIDY SOFIA ORTIZ MELENDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.560.637, Secretaria Principal y al ciudadano JOSE ALBERTO ALVAREZ BERNAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.308.331, Secretario Suplente del Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos Nacionales pertenecientes al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, quienes tendrán derecho a voz más no a voto.
Articulo 5. La Secretaría del Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos Nacionales perteneciente al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones:
1. El Registro, control y elaboración de la correspondencia relacionada con las actividades del Comité de Licitaciones, así como las notificaciones relativas a los procesos de enajenación de bienes.
2. Sustanciar, conformar y custodiar los expedientes de los procesos de enajenación de bienes, que lleva a cabo el Comité de Licitaciones.
3. Conformar la documentación presentada por los participantes en los procesos de selección de contratistas llevados a cabo por el Comité de Licitaciones.
4. Efectuar las convocatorias respectivas de las reuniones y de los actos que lleve a cabo el Comité de Licitaciones y redactar las actas correspondientes.
5.- Redactar los documentos de adjudicación de bienes públicos del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento
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Jueves 6 de agosto de 2015 de la Gestión de Gobierno, que hayan de conformarse en el marco de la Ley.
6.- Elaborar los informes a presentar a la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia.
7.- Cualquier otra que le señale la normativa aplicable y las normas internas del órgano o ente enajenante.
Artículo 6. El Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos Nacionales perteneciente al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Recibir, abrir, analizar, directa o indirectamente a través de un grupo evaluador interdisciplinario, los documentos relativos a la calificación de los oferentes; examinar, evaluar y comparar las ofertas recibidas, a cuyo efecto podrá designar grupos de evaluación interdisciplinarios o recomendar ia contratación de asesoría externa especializada, en caso que la complejidad del objeto de la enajenación lo requiera.
2.- Solicitar a la máxima autoridad del órgano o ente enajenante, la designación del sustituto, cuando se produzca la falta absoluta de algún miembro principal o suplente del comité.
3.- Emitir recomendaciones sobre los asuntos sometidos a su consideración e incluidos en las agendas de reuniones.
4.- Velar porque los procedimientos de enajenación se realicen de la normativa interna del órgano o ente enajenante.
5. Considerar y emitir recomendación sobre el régimen legai aplicable, parámetros, ponderaciones y criterios de selección de oferentes y evaluación de ofertas.
6.- Descalificar oferentes o rechazar ofertas, según el caso, que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidas en el pliego de condiciones, o que sean inadecuadas a los fines del órgano o ente enajenante.
7. Determinar, visto el informe del grupo evaluador, las ofertas que en forma integral resulten más favorables a los intereses del órgano o ente enajenante; todo ello de conformidad con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, emitiendo la recomendación consiguiente.
8.- Considerar y opinar acerca del acto motivado que se someta a la máxima autoridad del órgano o ente enajenante, para proceder al otorgamiento de la Buena Pro, en especial, las razones que justifican el oferente seleccionado y las ventajas estratégicas operacionales o administrativas para dicha selección.
9.- Decidir los recursos de reconsideración interpuestos por los oferentes en contra de las decisiones de descalificación para participar dentro de los procesos licitatorios, con la asesoría de la Consultoría Jurídica del órgano o ente enajenante y, de ser necesario, con el apoyo de un grupo interdisciplinario designado al efecto.
10.- Conocer y recomendar las variaciones del precio base establecido para la enajenación de los bienes, en los casos de Ley.
11.- Presentar a la máxima autoridad del respectivo órgano o ente público, el informe de la gestión realizada con cierre al 31 de diciembre de cada año y al culminar las actividades como miembros del comité de Licitaciones, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la designación del nuevo comité. Este informe debe ser presentado igualmente cuando se trate del cese de las funciones de alguno de sus miembros.
12. Cualquier otra que le señale la legislación aplicable y las normas internas del órgano o ente enajenante.
Articulo 7. Las situaciones no previstas en la presente Resolución, asi como las dudas y controversias que pudieran surgir en su implementación y aplicación, serán resueltas conforme a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, lo previsto en las Normas Generales sobre licitaciones para la venta y permuta de Bienes Públicos y demás normas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos y por la Contraloría General de la República.
Articulo 8. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariapa de Venezuela.
ud CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS MENISTR EL PODER POPULAB DEL DESPACHO DE LA PRESIDETGUTIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO DEL 09 DE MARZO DE 2015 GACEN°615 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 422.565
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 205°, 156º y 160 12 8 FECHA:_ 0 6 AG0. 2015 Nº RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado mediante Decreto N° 1.644, de fecha 09 de marzo de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.616 de la misma fecha, en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en el artículo 78, numerales 19 y 27 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Adiministración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo establecido en el articulo 5 numeral 2, artículo 20 numeral 6, de la Ley del Estatuto de la Función Pública; lo previsto en los artículos 30 y 33 del Decreto N° 1.624, contentivo del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.175 Extraordinario, de fecha 20 de febrero de 2015, reimpreso por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; Designa ai ciudadano JESÚS ORLANDO CEDEÑO MARCANO, titular de la cédula de :dentidad N° V-8.741.189, como Director General Encargado de Coordinación Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, dependiente del Despacho del Viceministro de Gestión de Riesgos y Protección Civil, de este Ministerio.
Comuniquese y Publiquese.
| Por el Ejecutivo Nacional
/l MINISTRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DMN° 080 Caracas. 0 5 AGO 2015 N° 205° 156° y 16°
RESOLUCIÓN
De conformidad con lo establecido en el numeral 19 del Articulo 77 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
CONSIDERANDO
Por cuanto, se informa que la Resolución DM N° 072 de fecha 19 de junio de 2015, correspondiente a la Gaceta Oficial N° 40.689. presentó un error material en la fecha de entrada en vigor del "Protocolo sobre Introducción de las Modificaciones en el Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia sobre Cooperación para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos Conjuntos del 10 de septiembre de 2009", suscrito en la ciudad de Moscù, Federación de Rusia, el 02 de julio de 2013. publicado en la Gaceta Oficial N° 40.678, del 09 de junio de 2015.
RESUELVE Por lo tanto, la fecha correcta para ia entrada en vigor del referido Protocolo. es el 09 junio de 2015, de conformidad con el articuio 4 de su texto.
Comuniquese y publiquese, Delcy Eloina Rodriguez Gómez Ministra def Poder Popular para Relaciones Exteriores
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD e NÚMERO 390 30 DE JULIO DE 2015 205º, 156° y 16º RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto Nº 1.656 de fecha 16 de marzo de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.621 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en los numerales 2 y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 14 al 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en lan Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.1s4 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, y los artículos 15 y 17 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, dictado mediante Decreto N° 6.708 de fecha 19 de mayo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de la misma fecha, este Despacho Ministerial, RESUELVE ARTicULo 1. Se constituye la Comisión de Contrataciones de la de la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Lâtinoamericano "Dr.
Gilberto Rodríguez Ochoa", la cual conocerá de_ los procedimientos de contrataciones públicas, relacionados ccn la selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y obras, dando fiel cumplimiento a las atribuciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
ARTicuLo 2. La Comisión de Contrataciones estará conformada por tres (03) miembros principales con sus respectivos suplentes, de las siguientes áreas:
MIEMBRO SUPLENTE MIEMBRO PRINCIPAL Silena Niyai Ibarra Vidal Isabel Alicia Iturria Caamaño ÁREA TÉCNICA C.I. V-7.268.751.
C.I. V-6.975.821.
Ennio Francisco Graterón ÁREA ECONÓMICO- Judith López Guevara.
Alonzo FINANCIERA C.I. V-5.219.395.
C.I. V-3.804.449.
Carlos Humberto Sánchez Amanda Norah Camacho ÁREA JURÍDICA Echevarria Jaua C.I. N° V-23.000.473.
C.I. N° V-7.515.058.
ARTicuLo 3. Se designa a la ciudadana María de la Paz Pestana de Abreu, titular de la cédula de identidad N° v- 5.532.229, como Secretaria Principal de la Comisión de Contrataciones, y María Eugenia Rivodo Zambrano, titular de la cédula de identidad N° V- 5.113.250, como Secretaria Suplente, quienes actuarán con derecho a voz, mas no a voto.
ARTicuLo 4. Los miembros de la Comisión de Contrataciones podrán designar un equipo técnico para analizar las ofertas recibidas, dependiendo de la particularidad y complejidad de cada proceso de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
ARTicuLo 5. La Comisión de Contrataciones tendrá las atribuciones contempladas en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
ARTicULo 6. La Secretaria o el Secretañio de la Comisión de Contrataciones tendrá las atribuciones contempladas en el artículo 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
ARTícuLo 7. Los miembros de la Comisión de Contrataciones serán solidariamente responsables con la máxima autoridad por las recomendaciones que se presenten y sean aprobadas.
ARTícuLo 8. Cada uno de los miembros que conforman la Comisión de Contrataciones deberá guardar la debida reserva y confidencialidad de la documentación presentada ante la Comisión, así como los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión de los procedimientos de contrataciones.
ARTícuLo 9. La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría.
ARTícuLo 10. El miembro que disienta de una decisión, lo manifestará en el mismo acto, debiendo razonar los motivos de su disentimiento en el acta respectiva.
Jueves 6 de agosto de 2015 ARTicuLo 11. La Auditora Interna o el. Auditor Interno podrá asistir en calidad de observadora u observador, sin derecho a voto, en los procedimientos de contratación.
ARTícuLo 12. Se deroga cualquier Resolución que colida con la presente.
ARTícuLo 13. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Notifíquese y publíquese, / X Wi HENRY VENTURA MORENO Ministro del Poder Popular para la Salud Decreto Ne 1.656de fecha 16 de marzo de 2015 Gaceta Oficial No.021 de fecha 16 de marzo de 2015
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARATRANSPORTE ACUÁTICO YAÉREO REPÚBLICA BOLIVARIÂNA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 744 CARACAS, 07 DE JULIO DE 2015 AÑOS 205°, 156° y 16° En ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 11 del artícuio 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y el artículo 97 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 5 y artículo 18 de la Ley dei Estatuto de la Función Pública.
DECIDE
Artícuio 1. Nombrar a la ciudadana INÉs DEL CARMEN SALANDY DE PACHECO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.396.696, a partir del 18 de mayo de 2015, como Registradora Naval Principal de la Capitanía de Puerto de Ciudad Bolívar del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos CÓDIGo RAC-N° 077.
Artículo 2. La referida ciudadana antes de asumir el cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la Repúbica, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuenta en los términos y condiciones que determine la ley.
Artículo 3. La funcionaria designada tendrá las atribuciones previstas en el artículo 99 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas y, aquellas funciones inherentes a su cargo previstas en el ordenamiento jurídico.
Artículo 4. Los actos y documentos firmados a partir de la publicación de esta Providencia Administrativa, deberán indicar de forma inmediata bajo ta firma ge la funcionaria nombrada, la fecha y número de la misma de 1 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en ia cual haya sido publicada.
Comuníquese y publíquese ,h 2 CÉSAR VLADIMIR ROMERO SALAZAR Presidente del Instituto Nacional de Ios Espacios Acuáticos Resolución Nro. 050 de Yecha 09 de saptlembre 2014 Gaceta Oficia! Nro. 40.498 de fecha 16 de septiembre de 2014
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA DESPACHO DEL MINISTRO 205°. 156° y 16° Caracas, 27 de mayo de 2015 N° 068 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga a partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a la ciudadana LUZ NERY PÉREZ HIDALG0, con cédula de identidad N° 4.886.196, como Directora de Determinación de Responsabilidades adscrita a la Oficina de Auditoría Interna de este Ministerio. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del Artículo 78 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en la Ciudadana LUZ NERY PÉREZ HIDALGO, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican:
a)Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
b)Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos.
judiciales o municipales de los Estados y del Distrito Capital relacionados con asuntos de la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
c)La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de Dirección de Determinación de Responsabilidades.
di La certificación de las copias de los documentos, oficios, memoranda y circulares emanados de la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Ouuy ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ Ministro del Roder Popular de Petróleo y Minería
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 29 de julio de 2015 205°, 156°, 16° RESOLUCIÓN N° 337 El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, designado mediante Decreto Nº 1.703 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 07 de abril de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 3, 19 y 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, concatenado con lo previsto en el artículo S numeral 2 y el artículo 19 en su último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en concordancia con lo establecido en el Decreto 1.701 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de la misma fecha y los artículos 27 y 29 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas;
RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano RAMÓN PASTOR VISCAYA de REINOSO, tituiar céduia identidad de la 422.567 V-4.723.902, N° DIRECTOR como ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS SUCRE del MinisteriO del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.
Artículo 2. Son funciones del ciudadano RAMÓN PASTOR VISCAYA REINOSO, en SU CaráCter de DIRECTOR ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS SUCRE del MinisteriO del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, las siguientes:
1. Formular propuestas para la elaboración del Plan Anual de Ambiente y Agua en articulación con el Poder Popular y otras instituciones dentro del ámbito de su jurisdicción, en sintonía con los lineamientos y directrices de los Despachos de Viceministros o de las Viceministras de las áreas respectivas.
2. Tramitar las solicitudes de autorizaciones, licencias y permisos en materia de su competencia y dentro del ámbito de su jurisdicción, que delegue el Ministro o la Ministra y someterlas a decisión de la autoridad correspondiente.
3. Coordinar acciones con los representantes estadales de los diferentes entes adscritos que tengan actividad permanente u ocasional en el estado.
4. Ejecutar y controlar los planes y proyectos del Ministerio en materia de ecosocialismo y aguas dentro del ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a los lineamientos emanados por el Ministro o la Ministra y los Viceministros o las Viceministras, en coordinación con los órganos y entes públicos competentes y el Poder Popular.
5. Consolidar, sistematizar y actualizar información en materia ambiental en el ámbito de su jurisdicción, requerida por el Despacho del Ministro o de la Ministra, los Despachos de los Viceministros o de las Viceministras o la Oficina de Sistemas Integrales de Información Ambiental.
6. Administrar las áreas bajo régimen de administración especial, ubicadas dentro del ámbito geográfico de su competencia.
7. Ejercer las acciones de seguimiento y control de las obras en el ámbito de competencias del Ministerio que se ejecuten en su jurisdicción, en coordinación con el Viceministro o la Viceministra respectiva.
8. Rendir cuenta de la gestión de la Dirección al Ministro o a la Ministra, o a los funcionarios o las funcionarias que le sea atribuida la responsabilidad.
9. Informar a la Consultoría Jurídica de las notificaciones efectuadas por los Tribunales de la República, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y demás instituciones del Estado, a fin de obtener la asesoría correspondiente.
10.
Iniciar, sustanciar, decidir, sancionar y hacer seguimiento a las medidas dictadas en los expedientes administrativos como consecuencia de las transgresiones a la normativa ambiental y remitir al órgano competente en caso de que se presuma la comisión de un delito ambiental, conforme a las autorizaciones dadas por el Ministro o de la Ministra y a lo establecido en el marco jurídico vigente.
Las demás funciones que le confieren las leyes, 11.
reglamentos, resoluciones y otros actos normativos en materia de su competencia.
Artículo 3. En el ejercicio de sus funciones el prenombrado ciudadano, ejercerá la representación del Ministro o Ministra de Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, ante los poderes públicos estadales y municipales, institutos, corporaciones u organizaciones de carácter público o privado, que operen en su jurisdicción territorial.
Artículo 4. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.
Artículo 5. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente
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422.568 bajo la firma del ciudadano designado, nombre de quien lo suscribe, titularidad con la que actúa, la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, según lo establecido el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6. La designación contenida en la presente Resolución, será ejercida por el prenombrado ciudadano a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y deroga la Resolución N° 207 de fecha 19 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.665 de fecha 21 de mayo de 2015, corregida por error material mediante Resolución N° 309 de fecha 23 de junio de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.693 de fecha 1 de julio de 2015.
Comuníquese y Publíquese, Guillermo Rafael Barreto Ésrat Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Agyas Decreto 1.703 de fecha 07 de abril de 2015, publicado la Gaceta Oficial
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 4 de agosto de 2015 205°, 156°, 16° RESOLUCIÓN N° 339
El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, designado mediante Decreto Nº 1.703 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 07 de abril de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78, numerales 3, 19 y 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y el artícuio 19 en su último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenado con el artículo 4 del Decreto 1.701 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de la misma fecha;
RESUELVE Artículo 1. Designar al Ciudadano JESUS MIGUEL CASTILLO GOLDING, titular de la cédula de identidad N° V-7.126.288, COMO DIRECTOR GENERAL EN CALIDAD DE ENCARGADO DEL SERVICIO AUTÓNOMO DENOMINADO "SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)" del MiniSteriO del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.
Artículo 2. Delegar en el Ciudadano JESUS MIGUEL CASTILLO GOLDING, titular de la cédula de identidad N° V-7.126.288, en SU CaráCter de DIRECTOR GENERAL EN CALIDAD DE ENCARGADO DEL SERVICIO AUTÓNOMO DENOMINADO "SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)" del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que a continuación se indican:
1. Velar por el cabal cumplimiento de las funciones dei servicio autónomo.
2. Elaborar el plan y proyecto de presupuesto, en función del programa anual de trabajo y someterlo a la consideración del Consejo Consuitivo y del Ministro o la Ministra del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.
3. Aprobar y suscribir contratos de arrendamiento de inmuebles y los contratos por servicios profesionales a personas jurídicas previa autorización del ciudadano Ministro o Ministra.
4. Aprobar y suscribir consultas de precios hasta por la cantidad de cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) para la adquisición de bienes, hasta diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) para la prestación de servicios y hasta por la cantidad de veinte mil (20.000 U.T.) para la ejecución de obras, previo cumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
5. Expedir copias certificadas, autorizaciones para ordenar la exhibición e inspección de determinados documentos, expedientes, libros, registros o archivos relacionados con la materia de su competencia, de conformidad con ia Ley.
6. Gestionar la exoneración de impuesto de importación, exoneraciones y exención al impuesto al valor agregado (i.V.A.), de los materiales, equipos e insumos adquiridos por los diversos proyectos del Ministerio.
7. Gestionar todos los trámites correspondientes al desaduanamiento, nacionalización o cualquier otra operación aduanera.
8. Supervisar, controlar y evaluar la ejecución del plan y del presupuesto del servicio autónomo.
9. Organizar la estructura del servicio autónomo y procurar el mejoramiento continuo de los procesos para alcanzar los objetivos deseados.
Elaborar el regiamento interno del servicio 10.
autónomo de acuerdo con los lineamientos emanados del Ministro o Ministra dei Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.
Someter al Consejo Consultivo los proyectos de 11.
inversión que propicien la captación de recursos.
Presentar informe de gestión, evaluación y 12.
seguimiento a la Contraloría General de la República, Ministerio del Poder Popular de Planificación, Oficina Nacional de Presupuesto y al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas según la normativa legal.
Todas aquelias que sean asignadas por el Ministro 13.
o Ministra del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y por su reglamento interno.
Articulo 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el funcionario delegado, deberá rendir cuenta al ciudadano Ministro, de todos los actos y documentos que firme en virtud de esta delegación, quedando a salvo lo establecido en el artícuio 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.
Artículo 4. Los actos y documentos que el prenombrado ciudadano firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo la firma del funcionario delegado, nombre de quien los suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha y el número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, según lo establece el artículo 18, numeral 7 de ia Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esta delegación podrá ser revocada o modificada total o parcialmente, por este Despacho Ministerial.
Artículo 5. La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y deroga la Resolución N° 177 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.679 de fecha 5 de junio de 2015, corregida por error material mediante Resolución N° 299 de fecha 11 de junio de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.693 de fecha 1 de julio de 2015.
Comuniquese y Publíquese, Guillermo Rafael Barreto Esnai Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo Aguas Decreto 1.703 de fecha 7 de abril de 2015, publicedes la Gaceta driaal de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fectic pievar de 2015.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, (VTV).
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001-2015 Caracas, 23 de junio de 2015 AÑOS 205°, 156º y 16º La COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, (VTÙ), SOciedad mercanti domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 1, Tomo 58-A Segundo, de fecha 12 de abril de 1976, cuya última modificación a sus estatutos sociales consta en Acta de Asamblea Extraordinaria de Acionistas de fecha 22 de Abril de 2013, registrada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial dei Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 29 de Octubre de 2013, bajo el No.274, Tomo 96-A-SDO, identificada bajo el Número de Identificación fiscal (RIF) Nº G-200082933, representada por la ciudadana DESIRE SANTOs AMARAL, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. 3.886.180, designada mediante Gaceta Oficial Nº 40.658, de fecha 12 de Mayo de 2015, según Decreto emanado de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela N° 1.749, de la misma fecha, actuando en pleno ejercicio de la atribución conferida en la Cláusula Vigésima Quinta numeral "16" del Acta Constitutiva Estatutaria de la COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, (VTV), en concordancia con lo establecido en los Artícuios 34, 35 y 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgénica de la Administración Pública publicada en Gacata Oficial Extraordinaria N° 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2014, así como los artículos 17 y 18 de la Ley Orgániea de Procedimientos Administrativos, pubicada en Gacata Oficial Nº 2.818 Extraordinario de fecha 01 de julio de 1981.
CONSIDERANDO Visto QUe LA COMPAÑÍA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, (VTV), COnforne a su objeto, hoy en día, es pieza fundamental dentro de la estsaecia comunicacional de la Revolución, y a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, agrupa a los diversos medios de comunicación dsl Estado venezolano en una sola bandera comprometida con la verdad.
CONSIDERANDO Visto el cúmulo de trabajo que generan las operaciones, actos y contrataciones de LA COMPAÑÍA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, (VTV), las CUales por su naturaleza deben ser consideradas de carácter rutinario, por cuanto devienen del ejercicio de acciones propias de la dirección inmediata y la gestión diaria de la misma, resulta necesario delegar funciones que son conferidas al Presidente o Presidenta Ejecutiva de la compañía de conformidad con lo establecido en el acta Constitutiva que funge como Estatutos Sociales.
CONSIDERANDO Que el Acta ConStitutiva de LA COMPAÑÍA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, (VTV), funge como Estatutos Sociales y por ende, establece la delegación temporal o parcial de las facultades conferidas al Presidente Ejecutivo de la "9", respectivamente, los cuales indican lo siguiente:
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA:
Son atribuciones del Presidente Ejecutivo:
N° 16 "Delegar total o parcialmente, temporal o permanentemente la facultad de presidir ia Junta Directiva, la de Convocar reuniones de la Junta, agí como cualesquiera de las atras facultades aqui referidas. conforme a estos Estatutos Sociales en cualquier forma de derecho que estima conveniente, de manera escrita, en la persona del Vicepresidente Ejecutivo o de la Vicepresidenta Ejecutiva, según corresponda; bien en uno (a)
422.569 cualquiera de los o las Vicepresidentes (as) o Gerentes de la empresa que estime conducente.
pero reservándose siempre su ejercicio de la siguiente forma: mediante Agenda y Punto de Cuenta, emanado de la Presidencia, presentado a la Junta Directiva, la cual dará su aprobación a través de una Resolución" (Subrayado nuestro.)...
N° 5. Dirigir la relación con los terceras en los negocios cuya aprobación corresponda a la Junta Directiva.
N° 6. Decidir y celebrar ios negocios, suscribir contratos y cualesquiera otros acuerdos o convenios que estime necesarios para el funcionamiento de la Compañía Anónima, hasta por el monto que anualmente fije la Asamblea de Accionistas y de acuerdo con los criterios de apreciación de valor del negocio que se indican para la determinación de la Junta Directiva. El presidente podrá, siempre que lo estime conveniente y sin menoscabo de su exclusividad facultad decisoria, llevar cualquier negocio o contrato a consideración de la Junta Directiva.
N° 7. Ejercer la representación legal de la empresa, judicial y extrajudicialmente.
N° 9. Llevar la gestión diaria de los negocios de la Compañia, especialmente la ejecución de sus programas, la realización de sus operaciones, la custodia de su patrimonio y el cumplimiento de todos ios acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva.
ACUERDA
PRIMERO: Delegar de forma parcial en el ciudadano CHEVIGE CÉSAR GONzÁLEZ, titular de la Cédula de Identidad N° v- 8.290.068, en su carácter de Vicepresidente Ejecutivo de Producción (E) de LA co MPAÑtA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, (VTV), las atribuciones que se mencionan a continuación:
1. Dirigir la relación con ios terceros en los negocios cuya aprobación corresponda a la Junta Directiva.
2. Decidir y celebrar los negocios, suscribir contratos y cualesquiera otros acuerdos o convenios que estime necesarios para el funcionamiento de la Compañía Anónima, hasta por el monto que anualmente fije la Asambiea de Accionistas y de acuerdo con los criterios de apreciación de valor del negocio que se indican para la determinación de la Junta Directiva. El funcionario delegado, podrá siempre que lo estime conveniente y sin menoscabo de la exclusiva facultad decisoria que se le otorga, llevar cualquier negocio o contrato a consideración de la Junta Directiva.
3. Ejercer la representación legal de la empresa, judicial y extrajudiciaimente.
4. Llevar la gestión diaria de los negocios de la Compañía, especialmente la ejecución de sus programas, la realización de sus operaciones, la custodia de su patrimonio y el cumplimiento de todos los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva.
5. Suscripción de Agendas, Puntos de Cuentas y Puntos de Información, de la C.A. VTV.
6. Suscripción de Comunicaciones internas y externas (memorandos y oficios).
7. Suscripción de Traspasos de Créditos Presupuestarios menores o igual al diez por ciento (10%) de los créditos originalmente aprobados en el Presupuesto, en atención a la Providencia Nº 82, de fecha 06 de agosto de 2004, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 38.041, de fecha 11 de octubre de 2004, dictada por la Oficina Nacional de Presupuesto.
8. Suscripción de Contratos de Trabajos a Tiempo Determinado.
9. Suscripción de Contratos bajo la figura de Honorarios Profesionales.
10. Suscripción Procedimientos para la Autorización de Calificaciones de Faltas.
11. Suscripción de Notificaciones de Despido.
Parágrafo Primero: Las competencias delegadas que atañen directamente a la Junta DireCtiva de LA COMPAÑÍA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, (VTV), fueron autorizadas mediante Acta de Reunión de Junta Directiva N° 330 y su Resolución N° 330-03, ambas de fecha 22 de junio de 2015.
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422.570 Parágrafo Segundo: El funcionario CHEVIGE CÉSAR GONZÁLEZ, titular de la Cédula de Identidad N° v- 8.290.068, en su carácter de Vicepresidente Ejecutivo de Producción (E) de LA COMPAÑÍA VENEZOLANA DE TELEVIsIóN, (VTV), en el ejercicio de las potestades delegadas, cumplirá con los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, accesibilidad, modernidad, paralelismo de la forma, suprimiendo formalidades no esenciales y considerando la simplificación de los trámites administrativos, todo lo cual es tarea permanente de los Entes de la Administración Pública.
Providencia Administrativa que este Órgano Superior procederá a emitir, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, los datos del acto de delegación que confiere la competencia atribuida.
TERCERO: El funcionario del órgano delegado, será responsable por la ejecución de los actos delegados.
cUARTo: El funcionario delegado deberá rendir cuenta a la Junta Directiva y al Presidente o Presidenta de LA COMPAÑÍA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, (vTV), de los actos ejecutados en el marco de la presente delegación, anualmente o a la finalización de sus servicios funcionariales.
quInTo: Los Actos Administrativos derivados del ejercicio de las atribuciones delegadas, a los efectos de los recursos correspondientes se tendrán como dictados por la actividad delegada.
sExTo: El presente Acto Administrativo será revocable en cualquier momento por el órgano que lo confirió.
sÉPTIMo: Cualquier acto administrativo interno anterior que colida con la presente Providencia Administrativa queda sin efecto.
ocTAvo: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
"Comuniquese y publiquese"
Desity Santos Amaral Presidenta Ejecutiva (E) de la C.A. Venezolana de 12/05/2015 Publicada en Gaceta Oficial N° 40.658 de la misma fecha TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-R-2015-000011 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ.
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, conocer del recurso de de la cédula N° V-5.970.926. actuando por delegación de la Inspectoria General de Tribunales (en adelante !GT), según resolución N° 01-15, de fecha 10 de marzo de 2015. publicada en Gaceta Oficial N° 40.620, de fecha 13 de marzo de 2015, en contra de la sentencia dictada por el Tibuna: Disciplinario Ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.427.996. Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, de la sanción de SUsPENsIÓN prevista en el numeral 6 del articulo 32 de! Código de Ética del Juez responsabilidad disciplinaria del prenombrado Juez, al incurrir en un descuido injustificado, en la tramitación de la mencionada causa imponiéndole la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, prevista en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética.
! ANTECEDENTES
Recepción y Distribución de Documentos (en adelanto U.R.D.D.) de esta Jueves 6 de agosto de 2015 Jurisdicción Disciplinaria Judicial, el expediente Administrativo N° 110262, contentivo de las resultas de la investigación practicada al ciudadano MANUEL JOSÈ GUTIÉRREZ GÓMEZ, antes identificado.
En fecha 11 de marzo de 2014, la Oficina de Sustanciación, una vez de diciembre de 2013, admitió la petición de sanción efectuada por ésta.
En fecha 6 de mayo de 2014, el ciudadano MANUEL JOSÉ \ GUTIÈRREZ GÓMEZ. presentó escrito de descargos conjuntamente con las pruebas.
En fecha 20 do mayo de 2014, la delegada de la IGT, consignó escrito, de promoción de pruebas.
En fecha 6 de noviembre de 2014, la Oficina da Sustanciación se ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIÈRREZ GÓMEZ.
realización de la audiencia oral y pública de primera instancia, para el dia 19 de marzo de 2015.
En fecha 22 de abril de 2015, la ciudadana MARÍA EUGENIA MARTINEZ, en su carácter de delegada de la IGT. Apeló de la decisión Juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ.
En fecha 6 de mayo de 2015, se recibió de la U.R.D.D.. de esta Jurisdicción Disciplinana Judicial, expediente procedente del TDJ, el cual se le dio entrada y se le asignó el N° AP61-R-2015-000011 correspondiéndole, la MORALES HERNÁNDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 27 de mayo de 2015, la IGT consignó fundamentación de la appiación.
En fecha 9 de junio de 2015, el ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIÈRREZ GOMEZ dio contestación a la formalización de la apelación interpuesta por la IGT.
En fecha 17 de junio de 2015, se realizó la audiencia oral y pública en solicitándole a la Corte de Apeiaciones del estado Trujilo, copia certificada de las actuaciones atinentes a la acción de Amparo Constitucional, asi como copia de los asientos del Libro Diario de la Corte de Apelaciones y del Juzgado Primero en funciones de Control, ambos del Circuito Judicial Penal del Circuito Judicial del estado Trujilio, correspondiente al mes de junio de 2011.
En fecha 28 de julio de 2015, se realizó continuación de la audiencia en segunda instancia en la cual se dicto el dispositivo del fallo.
DEL RECURSO DE APELACIÓN En fecha 27 de mayo de 2015, la ciudadana MARÍA EUGENIA MARTiNEZ delegada de la IGT consignó fundamentación del Recurso de Apelación en los siguientes términos:
Señaló, que la sentencia recurrida incurrió en falso supuesto de imputado por la IGT al juez denunciado, vale decir, que el fallo recurrido señaló. para eximirlo de responsabilidad disciplinaria. que el juez otorgó el designado un defensor público. pues lo realmente delatado era la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud realizada por el imputado de la causa penal en el acto de diferimiento de la audiencia preliminar de fecha 15 de junio de 2011, en el cual dicho cludadano le requirió al juez denunciado le permitiera participar en su defensa técnica conjuntamente con el defensor público.
Igualmente considero que el fallo recurrido se encuentra inficionado de nulidad por existir contradicción en la motivación de la sentencia e incurrir en el vicio de falso supuesto de derecho. por cuanto ia imputación realizada por la IGT al juez investigado era la de haber actuado estando legalmente impedido en virtud de que ei mismo ya se habia inhibido del conocimiento de la causa judicial N° TP01-P-2010-0002381. y postenormente a su inhibición destitución.
Consideró que el TDJ incurrió en contradicción en la motivación de la * legal que le impedia al Juez realizar cualquier otra actuación y en
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Jueves 6 de agosto de 2015 consecuencia, debió desprenderse del conocimiento de la causa, procedió a ilícito de descuido injustificado, con fundamento al análisis que realizó de la finalidad que persigue la declaratoria de inhibición, considerando que la conducta del juez sometido a procedimiento debia evaluarse a la luz de las normas constitucionales referidas a la celeridad y a la economia procesal, asi como al principio de proporcionalidad, dictaminando que el actuar del Juez, no principio de economia procesal al evitar' tramitar la inhibición en dos expedientes distintos, y el de celeridad procesal al enviar conjuntamente ambas causas acumuladas para que fuesen decididas más rápidamente por el Tribunal Superior: imponiéndole la sanción de amonestación escrita de conformidad con el articulo 31.6 del Código de Ética.
éste, sino en una actuación positiva y precisa, de haber realizado actos para del asunto, y en consecuencia actuó estando legalmente impedido, solicitando a la Alzada que declare con lugar ei recurso de apelación y la revisión de oficio constitucional en concordancia con el articulo 87 in fine del Código de Ética.
DE LA CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN En la oportunidad legal correspondiente el juez sometido a procedimiento disciplinario dio contestación ai recurso de apelación señalando en primer término, que la IGT, cambió los términos fácticos de la imputación.
denunciante, violentando con elio, normas atinentes al Debido Proceso y al derecho a ser informado de los cargos por los cuales era investigado.
solicitando expresamente a la alzada, la nulidad de la acusación presentada en su contra por la IGT. por considerar que se lo violentó eu derecho investido.
Adicionalmente señaló, que contrariamente a lo que se le habia que regulan la figura de acumulación de autos, pues lo que hizo, fue utilizar la palabra "acumulación" para poder hacer el agregado de autos mediante el sistema luris200, sistema informático utilizado en el Circuito Judicial Pena! dei Estado Trujilio, ello en atención a unos autos que reclamaba la Corte de Apelaciones del Circuito Judicia: Penal del estado Trujilo, pars decidir una solicitud de amparo constitucional que se le presento.
Asimismo señaló qus nunca pudo acumular autos porque no se daban los supuestos de esta figura para el proceso penal, pues se trató de un solo era, un solo asunto a la Corte de Apeiaciones que lo requeria, por ello solicitó a esta alzada que anule la decisión del TDJ por la cual se le impuso la sanción de amonestación escrita y con fundamento al articulo 87 del Código de Ética, apelación interpuesto por la IGT, ya que a su juicio el fallo apelado no le fue desfavorable a la representación de la IGT por cuanto le fueron satisfechas todas sus pretensiones en el presente proceso.
En relación a la denuncia de omisión de pronunciamiento por lo cuai le fue solicitada la sanción de suspensión del cargo, diego que efectivamente no le dio respuesta a lo solicitado por el imputado en cuanto a su participación en la defensa técnica conjuntamente con el defensor público, por cuanto dicho acto nunca se realizó, pues se difiriò la audiencia preliminar.
Del mismo modo denunció ia presunta faita de igualdad y coherencia en cuanto a la imputación de un mismo hecho por parte de ia IGT, al atibuirle calificaciones juridicas distintas, señalando que por ante ol TDi cursa causa disciplinaria N° AP61-D-2015-000c90. en contra del juez Cuarto de Pnmera Instancia en función de Juicio del Circulto Judicial Panal de! estado Trujillo, ilicito de descuido injustificado cuando estando en conocimiento de que había sido recusado 6l 4 de febrero de 2010, de manera descuidada dictó al dia desprenderse de la misma, tal como lo dispone la norma adjetiva penal.
Finalmente, solicitó la nulidad del fallo recurrido y que se dicte en el presente caso una decisión propia. de conformidad con lo dispuesto en el 422.571 articulo 257 constitucional en concordancia con el artículo 87 del Código de prosperar ambas solicitudes se declare inadmisible la apelación por cuanto consideró que la IGT no tiene cualidad para apelar en la presente causa.
DE LA DECISIÓN RECURRIDA
indicó que:
Con relación a la denuncia formulada en el acto conclusivo de la IGT, según la Cual el juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ habla incurrido en omisión de pronunciamiento en la causa N° TP01-P-2010-002381. al no resolver ia petición que de forma oral fue formulada por el imputado en el acto de diferimiento de la audiencia preliminar, referida a la solicitud de participar conjuntamente con su defensor público en la defensa técnica, ei TDJ dictaminó que el ilicito imputado por la IGT no se configuró, toda vez que el juez denunciado garantizó el derecho de la defensa del imputado, asi como dio oportuna y adecuada respuesta conforme al artculo 51 constitucional al ese despacho jurisdiccional, resaltando que luego de la solicitud formulada por el imputado en torno al ejercicio de su defensa técnica conjuntamente con el defensor público que lo asistía en dicho proceso penal, el tribunal no realizó la juez denunciado.
sometido a procedimiento. en razón de que presuntamente actuó estando acumulación de dos causas con posterioridad a presentar su inhibición, el verificada por el juez denunciado resultado subsumible en el ilicito de "DESCUIDO INJUSTIFICADO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS O DE CUALQUIER DILIGENCIA PROPIA DE ESTOS". al Considerar que no obstante el juez haber actuado con posterioridad a su inhibición, no vuineró garantias constitucionales sino que favoreció los principios de economia procesal, al evitar tramitar la inhibición en dos expedientes distintos, e igualmente actuó en acatamiento al principio de celeridad procesal al enviar rápidamente por el tribunal superior.
Igualmente, la sentencia proferida por el TDJ determinó que la de la infracción cometida, ampliamente abordados por la jurisprudencia de la Corte Disciplinaria Judicial en distintos fallos (Vid. Sentencia N° 17 del 7 de Concluyendo. que la conducta dei juez sometido a procedimiento,
articulo 33.15 del Código de Ética, declarando finalmente la responsabilidad disciplinaria del juez investigado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31.6 ejusdem. y absolviéndolo de responsabilidad disciplinaria del ilicito previsto en el articulo 32.6 ejusdem por el cual la IGT había solicitado la sanción de suspensión del cargo del juez Manuel José Gutiérrez Gómez.
DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial de apelación y a tal efecto observa:
El articulo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la sobre las decisiones definitivas dictadas por el Tribunal Disciplinario Judicial, que imponga o absuelva de la sanción de amonestación, y en tai sentido establece que:
Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones interpretación y aplicación del presento Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño En apicación de la norma transcrita y por tratarse el presente caso de una apelación ejercida por la representación de la IGT contra la sentencia.N TDJ-SD-2015-024 de fecha 15 de abril de 2015 dictada por el TDJ, mediante
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422.572 la cuai declaró responsabilidad disciplinaria judicial, referida a la presunta comisión del ilicito disciplinario tipificado en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética, lo cual condujo a la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, esta Corte Disciplinaria declara su competencia para conocer el presente asunto. Y ASÍ SE DECLARA.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR PUNTO PREVIO De la solicitud de nulidad de la investigación y la desestimación de la apelación por faita de legitimación de la IGT para Recurrir del fallo accionado.
el Tribunal de mérito como por ante esta alzada, que se declarara la nulidad de la investigación incoada en su contra por cuanto a su decir, la IGT, cambió nunca le fueron atribuidos por su denunciante, violentado con ello, normas dol investigado.
En torno a dicho alegato y.en armonia con el criterio sentado por esta Alzada, en sentencia N° 38 do fecha 19 de noviembre de 2013, referida a la competencia de los órganos disciplinarios judiciales en materia de nulidades de los actos ejecutados por la IGT, en el curso de una investigación disciplinaria, advierte esta instancia superior que el alcance de las actuaciones del órgano investigador disciplinario, es de estricto orden público, razón por la cual no se encuentran limitadas a la interposición de denuncias y mucho menos a la sola investigación de los hechos delatados por el denunciante, pues es posible, que producto de su actividad inspectora pueda conseguir eventualmente pudieran constituir ilícitos disciplinarios, resultando imperativo proseguir el proceso conforme lo establece el Código de Ética, ello en razón La garantía constitucional del Debido Proceso, ha sido definidoper là que se le imputan, de ser asistido por un defensor, de ser oido por su juez natural, de acceder a los medios de prueba, de ser concluida dicha investigación en un plazo razonable, de tener una resolución motivada, de contar con una decisión judicial fundada en derecho, de recurrir de dicho fallo, entre otras garantias que conforman el debido proceso establecido en e!
De tal modo que en el marco de un proceso debido, el investigado, en el ejercicio del derecho a la defensa puede con sujeción a los mecanismos realizadas y probar todo cuanto le favorezca, quedando entendido que no puede el investigado en nombre del debido proceso pretender actuar en cualquier momento procesal", sino que deberá hacerlo en la oportunidad que asio haya determinado la ley En atención a lo antes expuesto y a los fines de verificar si en e! presente proceso ai juzgador investigado, se le vulneraron las garantias judiciales por el señaladas, vale decir, que no le fueron informado los cargos por los cuales estaba investigado resultando violatorio del debido proceso, ha verificado esta Alzada. que no le asiste la razón, toda vez que de las actas procesales se desprende que el iter procesal se corresponde a lo previsto en el Código de Ética, en cuanto al juicio de la investigación y la oportunidad que escrito de descargo (folios 99-102 pieza N° 1 del presente expediente): luego.
la IGT presentó el acto conclusivo, y el órgano disciplinario conforme lo establecen los articulos 62, 73 y siguientes eiusdem, dio continuidad al proceso disciplinario judicial. y el juez sometido a procedimiento, fue informado pudiendo como en efecto lo hizo, ejercer ampliamente su defensa a través de presente expediente y luego a través de los distintos actos orales que estipula a ley que rige la materia, de tal manera que se ha podido constatar que al juez investigaba y se le garantizó el derecho a la defensa asi como el debido proceso, tal como lo establece en articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: por lo que resulta improcedente la nulidad solicitada. Y asi se establece.- En cuanto a la legitimación de la IGT para recurrir en el presente proceso, el juez investigado indicó que, a su juicio, la pretensión de la IGT era que se le sancionará disciplinariamente, y siendo que le fue impuesta la Jueves 6 de agosto de 2015 sanción de amonestación escrita, mal podría ese órgano investigador apelar de una decisión en la que le fue concedido su pedimento, por lo que solicitó la inadmisión del recurso de apelación.
En relación a la legitimidad para recurrir, la sentencia N° 1023 de fecha 11 de mayo de 2006, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció lo siguiente:
"..) el ejercicio de los recursos puede ser visto desde dos Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a la defensa, consagrado este último en el articulo 49.1 eiusdem; y en segundo lugar, como una forma a través de la cual el Estado y la sociedad demuestran su interés en que el Derecho se aplicado de forma uniforme o equitativa, es decir, el interés en actualizada y ampliada. Editorial ad-hoc. Buenos Aires, 2002, p.
concepto de la impugnabilidad de la sentencia, el cual, con base en las consideraciones que anteceden, es susceptible de ser recurrir del fallo. En este orden de ideas, le impugnabilidad roferida a las decisiones que son susceptibles de sor atacadas y a los medios utilizables para ello, y la segunda, a los sujetos aspecto se le denomina IMPUGNABILIDAD OBJETIVA, la cual, (...) Debe aclararse que el derecho al recurso encuentra su coto en el concepto de gravamen o agravio, en el sentido de que las partes únicamente podrán recurrir de las decisiones que contenido en el encabezamiento del articulo 436 del Código Orgánico Procesal Penal.
Sobre este particular, BINDER señala que:
... el derecho a recurrir no es un derecho sin condiciones:
tiene el limite en el agravio. Si el sujeto que quiere recurrir no ha sufrido ningún agravio, no se le reconoce el derecho, porque éste no constituye un simple mecanismo disponible, sino un mecanismo destinado a dar satisfacción a un interés real y legitimo. ¿Qué interés puede tener en revisar un fallo quien no ha resultado afectado por éI? (Cfr. BINDER. Ob. Cit. p. 288)" Se desprende de la sentencia parcialmente transcrita que tanto la doctrina como ia jurisprudencia pacifica y reiterada de nuestro máximo tribunal han establecido, que la legitimidad para impugnar una resolución judicial viene determinada por el agravio que ésta le cause a la parte; en el caso de marras sanciones de suspensión y destitución del cargo al juez denunciado, siendo cargo y cambio la calificación otorgada a los hechos por la IGT en cuanto a la su lugar la sanción de Amonestación Escrita, con lo cual evidentemente otorgó contra-recurrente y por ende su solicitud de inadmisión del recurso de apelación. Y asi se establece.- Ahora bien, en relación a lo señalado por la IGT, respecto a que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, al considerar que el folio recurrido se pronunció sobre un hecho distinto al realmente imputado por el órgano investigador, vale decir, que el fallo recurrido señaló, para eximirlo de responsabilidad disciplinaria, que el juez.
otorgó el requerimiento de suministrar la asistencia técnica solicitada y que cumplió con el deber constitucional de dar oportuna y adecuada respuesta, al haber designado un defensor público, pues lo realmente delatado era la falta _de pronunciamiento respecto de la solicitud realizada por el imputado de la casa penal en el acto de diferimiento de la audiencia preliminar de fecha 15 de junio de 2011, en el cual dicho ciudadano le requirió al juez denunciado, le público, debe esta Alzada reiterar el contenido y alcance del vicio delatado por el impugnante y en tal sentido respecto al señalado vicio, la Sala Politico alcance del mismo en innumerables sentencias entre otras, las Nros. 476, 623 y 772, de fechas 21 de marzo 2007, 30 de junio y 28 de julio de 2010 respectivamente, criterio ratificado en la sentencia Nro. 00615, de fecha 05 de junio de 2012, con ponencia de la Magistrada Evelyn Marrero Ortiz, en la cual se estableció que:
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Jueves 6 de agosto de 2015 "..) el vicio de falso supuesto de hecho se materializa cuando la administración fundamenta su actuación en hechos que no ocurrieron, u ocurrieron de forma distinta a hechos acaecidos, en una norma inapropiada o inexistente en el universo normativo, en ambos casos, la manifestación de adecuadamente, lo cual perturba la legalidad del acto Corte Disciplinania) Con fundamento a la doctrina citada, el vicio de falso supuesto de hecho se materializa cuando la decisión se fundamenta en hechos que no ocurrieron, u ocurrieron de forma distinta a la apreciada, con lo cual, la convicción sobre los hechos del administrador de justicia no se configura haciéndolas anulables.
Ahora bien, se desprende de las actas procesales, que al juez sometido abogado público, en el acto en el cual el juzgador diario la audiencia preliminar. y al momento de pronunciarse el aquo respecto a dicho resolvió dicha denuncia fue "errada". pues fundamentó la absolución dei juzgador en torno a dicha denuncia, estableciendo que el mismo no se el requerimiento de suministrar la asistencia técnica solicitada (designación de oportuna y adecuada respuesta al imputado, siendo que partió de un hecho distinto al señalado como lesivo y merecedor de una sanción, cual era, en criterio de la IGT, haber incurrido en omisión de pronunciamiento frente a la saúde se ap un ap pns En efecto, constata esta Alzada la justeza de la delación invocada por pronunciamiento judicial señalado como omitido, y no discurr en argumentos referidos al respeto del Derecho a la Defensa del imputado y mucho menos público: razón por la cua! se hace evidente la materialización del vicio del falso supuesto de hecho, dando lugar a la nulidad del fllo. Y asi se declara.- De igual manera, la apelante denuncio que la recurrida se encuentra inficionada de nulidad al incurre en incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho al subsumir la conducta desplegada por el Juez en una noma TP01-P-2011-001977 a la causa principal al dia siguiente de suscribir su inhibición) no se traduce en un descuido, sino en una actuación positiva y suscrita.
Respecto ai vicio de falso supuesto de derecho, su contenido y alcance fue establecido en el análisis de la primera delación, en consecuencia se da por reproducido de seguidas.
En tal sentido observa esta alzada que la sentencia recumida estableció que: "(... Vista las actuaciones anteriores, es oportuno traer a colación que si
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°5930.
Exiraordinario cte fecha 4 de septiembre de 2009, aplicable ratione temporis.
y
compelido o compelida a seguir actuando en la causa, a menos que la inhibición haya sido declarada sin lugar. En vitud de lo anterior, es evidente impedia realizar cualquier otra actuación, debiendo en consecuencia...
desprenderse del conocimiento de la causa. (Resaltado propio).
Verificado lo anterior este tribunal debe analizar la finalidad que se persigue con la declaratoria de la inhibición. En este sentido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia.. determinó que una vez que se materialice la inhibición o recusación, el juez debe desprenderse inmediatamente de la caus, con el fin principal de evitar que la causa se de tenga y se incurra en retraso. (Resaltado propio).
(...) De este modo, no se puede desconocer que teleológicamente, al ordenar la acumulación antes de su remisión para el conocimiento de la inhibición, el juez favoreció garantías constitucionales".
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sobre el principio de proporcionalidad, señalando que la doctrina de la Corte cometida, para arribar a la conclusión: "(..) estima este tribunal que resulta indefectible la subsunción del hecho cometido dentro del tipo sancionatorio que corresponda, en acatamiento del principio de legalidad, pero sin menoscabar la posibilidad de adminicular lo anterior con el principio de proporcionalidad, más cuando existen garantias constitucionales que operan a favor, de la conducta esgrimida por el juez objeto dei presente procedimiento, ergo, la economía y celeridad procesal".
A tai efecto, considera este tribunal la posibilidad de establecer la sanción de descuido injustificado prevista en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, sancionable con amonestación, para la conducta de actuar estando legalmente impedido en la causa N° TP01-P-2010-002381, al ordenar la acumulación de dos causas, con posterioridad a presentar su inhibición (..." (Resaltado y subrayado propio) asiste a la recurrente toda vez, que el órgano disciplinario de primera instancia denunciado, al inhibirse del conocimiento de la causa, no debía dictar más actuaciones, no obstante a pesar de coincidir con las alegaciones de la IGT, que constituian el fundamento de derecho para la solicitud de sanción en contra del juez sometido a procedimiento, en una incorrecta apreciación de la" norma juridica, procedió a adecuar dicha actuación en una norma jurídica distinta, vale decir. a la prevista en el artículo 31.6 del Código de Ética, referida al descuido injustificado en la tramitación de la causa o cualquier diligencia propia de éstos: razón por la cual consideran quienes aqui procedente el alegado vicio el cual acarrea como consecuencia la nulidad del fallo recurrido. Y asi se decide.
adolece del vicio de contradicción en su motivación, toda vez que el TDJ al evaluar la conducta antijuridica del juez denunciado consideró que, a pesar de estar éste impedido legalmente de seguir actuando en la causa judicial de marras, su conducta no habia vuinerado garantias constitucionales, sino que habia favorecido principio de economia procesal al evitar tramitar la inhibición en dos expedientes distintos, y el principio de celeridad procesal al enviar mayor celeridad por el tribunal de alzada, para luego sancionarlo disciplinariamente.
En atención a la referida delación, estima pertinente esta Corte Disciplinaria Judicial referir la doctrina sentada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto al vicio de contradicción de la de fecha 3 de mayo de 2005 y N° RC-000173 de fecha 14 de abril de 2011, donde ha dejado sentado lo siguiente:
/...) constituye una de las modalidades o hipótesis de inmotivación de la sentencia, que so produciría cuando la contradicción está entre los motivos del fallo, de tal modo que se desvirtúan, se desnaturaliza no se destruyen en igual intensidad y fuerza, lo que hace a la decisión carente irreconciliables, generando asi una situación equiparable a la falta de articulo 243 de! Código de Procedimiento Civir" En armonia con el criterio doctrinario precedentemente señalado, al verificar esta Alzada si se encuentra presente en la fundamentación de la configura cuando en el fallo del TDJ luego de afirmarse que el denunciado.no debió realizar más actuaciones luego de inhibirse, coincidiendo con el alegato de la IGT. pero asignándole una consecuencia juridica distinta, consideró que con su proceder habia favorecido el principio de economia y celeridad procesal, fundamento que desvirtúa la naturaleza del contenido legal establecido en la norma adjetiva penal invocada en el fallo; razón por la cual consideran quienes aqui deciden, que lo ajustado a derecho es declarar procedente el delatado vicio y consecuentemente anular el fallo recurrido. Y asi decide.nulidad del falo. corresponde precisar la existencia o no del juicio de reprochabilidad de la conducta desplegada por el Juez sometido a
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conocimiento le correspondió en el acto realizado en fecha 15 de junio de el articulo 32 del Código de Ética que tipifica la abstención de decidir por parte del juez que conoce cualquier tipo de procedimiento, la cual acarrea de Frente a tal señalamiento, procede esta Corte Disciplinaria a verificar las actuaciones que cursan en autos a los fines de determinar si efectivamente que al folio 73 de la primera pieza del presente expediente, cursa acta de diferimiento de audiencia preliminar de fecha 15 de junio de 2011, en la cual la victima de la causa penal solicitó el diferimiento en razón de haberse incoado una Acción de Amparo constitucional en contra del Juzgado Séptimo pronunciado en torno a una querella interpuesta relacionado con esos mismos asistía: evidenciándose dei mismo auto que el juez acordó la solicitud de diferimiento, no celebrándose preliminar que estaba fijada para ese día.
Con posterioridad al diferimiento antes mencionado, sólo se evidencia..
expediente, y el auto de acumulación de la querella de fecha 22 de junio de 2011, que cursa al folio 78 de la misma pieza, siendo evidente que pese a no imputado, no puede esta alzada considerar que el juez violento en forma alguna el derecho del imputado a participar en su defensa técnica junto a su posterior inhibición dei juriscicente: razón por la cual al no haberse celebrado MANUEL JOSÉ GUTIERREZ GÓMEZ, no Incurrió en conducta reprochable alguna por lo cual debe absolverse de responsabilidad disciplinaria respecto al ilicito establecido en ei numeral 8 dei articulo 32 del Código de Ética, imputado por la IGT. Y asi se decide.
En relación al segundo ilicito imputado por el órgano investigador en el presente procedimiento disciplinario, previsto y sancionado en el numeral 15 del articulo 33 del Código de Ética, según ei cual el juzgador actuó estando legalmente impedido. pues acumuló dos causas con posterioridad a su alegando que dicha "acumulación" no fue en los términos dei derecho procesal pues lo que hizo fue agregar unos autos a otros que reclamaba la corte de "acumulación" que admite el Sistema luris2000, herramienta utilizada en el Circuito Judicial Penal del estado Trujillo.
A los fines de determinar el juicio de reprochabilidad de la conducta desplegada por el hoy investigado, considera pertinente esta Alzada realizar.
algunas consideraciones en toro al aludido Sistema Integral de Gestión, Decisión y Documentación "JURIS 2000" el cual forma parte del Modelo Organizacional que fue diseñado e implementado para el sistema judicia! Resolución N° 1369 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
El mencionado Sistema, como parte integrante de la mayoria de los Tribunales de la República, fue diseñado con el fin de organizar la formación y de documentos, demandas, escritos, solicitudes; la asignación del número de los expedientes y ponencias; la elaboración de caratulas, actuaciones del proceso (admisiones, notificaciones, citaciones, actos de comunicación, etc.).
decisiones, asi como su remisión a otros tribunales por las distintas razones procesales ideadas por el legislador (Inhibición . recusación, ejecución, declinatorias y conflictos de competencia, apelación en ambos efectos, etc.), instituyéndose de la misma forma como una herramienta para el depurados los inventarios de causas.
Uno de los principales beneficios del sistema radica en que los distintos actos o actuaciones de las causas judiciales. al realizarse a través de él, supone que una vez diarizados y vencidas las horas de despacho 8:30 am a 3:30 pm, asi como las horas administrativas extendidas hasta las 6:00 pm, para retirar el "check" de diarizado, no constituyen archivos de posible Jueves 6 de agosto de 2015 modificación. En el mismo sentido una vez culminada las actuaciones de una determinada causa por las distintas razones procesales existentes, al darla por terminada, automáticamente el sistema la excluye del inventario, imposibilitando la carga de actuaciones posteriores.
En el caso de marras, se desprende de las actas que conforman el presente expediente, que at juez sometido a procedimiento, le fue distribuida para su conocimiento la causa N° TP01-P-2010-002381, contentiva de la ACUsACIÓN presentada por el ministerio público en contra del ciudadano Rafael Duran Barillas por la presunta comisión de los delitos de lesiones personales intencionales leves gravadas, amenaza a funcionario Gregorio Pacheco Montilla, de la cual se inhibió el día 21 de junio de 2011.
En fecha 20 de junio de 2011, le fue remitida una Querella procedente * del Tribunal Séptimo en Función de Control de ese Circuito Judicial Penal, juzgado al que había sido distribuida primigeniamente dicha Querella, por los delitos de AMENAZA DE DAÑO, ULTRAJE VIOLENTO A FUNCIONARIO PÚBLICO, Y LESIONES CON AGRAVANTES ESPECÍFICAS Y GENERALES, identificada bajo el número de expediente N° TP01-P-2011- 1977. interpuesta por el ciudadano Jesús Gregorio Pacheco Montilla, er contra del ciudadano Rafael José Duran Barllas.
En fecha 22 de junio de 2011, el juez investigado dictó auto en el cual que le otorga derecho a actuar activamente en el proceso, este Tribunal Penal de Control, acuerda su acumulación. En la querella signada con el N° TP01-P- 2001-1977, interpuesta por el Abg. Luis Miguel Balza Arismendi, apoderado judicial del ciudadano Jesús Gregorio Pacheco Montilia, en la que figura como victima en la causa N° TP01-P-2010-002381, ciérrese informativamente."
De lo anterior se desprende con absoluta claridad para quienes con la querella N° TP01-P-2011-1977, siendo evidentemente necesaria su de la causa principal; de la misma forma se evidencia que previo a la actuación del juez sometido a procedimiento, el sistema habia Incurrido en un error al remitir la querella a un tribunal distinto al que conocia la causa principal, lo que ocasionó un retardo en su tramitación, no imputable al juez investigado, lo cual motivó la interposición por la parte afectada, de un Amparo Constitucional por el retardo en su tramitación.
Ahora bien, habiendo el juez investigado planteado su inhibición en la causa principal, ineludibiemente debía desprenderse de la querella que le habia remitido el Juzgado Séptimo en Funciones de control de ese Circuito Judicial Penal, razón por la cual a los fines de agilizar el trámite y no separada de la querella, cuyo retardo en su tramitación dio lugar a la interposición de una acción de amparo constitucional, y que siendo accesoria debía ser sustanciada y decidida por el mismo órgano que tramitara y decidiera la causa principal, las unió y remitió juntas al Coordinador de la Unidad de Recepción y Distribución de Documento (U.R.D.D) .
fecha 22 de junio de 2011, denominado AUTO DE ACUMULACIÓN", no estaba profiriendo una decisión interlocutoria de acumulación, en los términos \ del derecho procesal, que suponen una motivación en cuanto a los criterios de una simple remisión de dos expedientes que debieron ser tramitados por el mismo Tribunal y que por errores del sistema informático, fueron distribuidos a acumular" de dicho sistema; pero más aún y lo que hace improcedente la adecuación de estas actuaciones al supuesto de hecho previsto en la norma actuado estando legalmente impedido, es que dicha actuación era absolutamente necesaria a los fines de proseguir con un proceso cuyo retardo escueto auto, no se hizo alusión alguna a ningún requerimiento de las partes, ni a la admisión, solicitud de reforma o inadmisión de la Querella, pronunciamientos a que debe referirse una decisión judicial concerniente a una querella penal, que comporta unas consecuencias jurídicas para el querellante y para el querellado.
De tal forma, que al no haberse producido una decisión judicial que alterará o modificará de alguna forma la condición de las partes intervinientes, mal podria asimilarse la acción de remitir ambos expedientes, al "impedimento de actuar" a que hace mención el legislador disciplinario, en la norma en er n e n p es n p n n
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Jueves 6 de agosto de 2015 por las razones ya expuestas, demandada por parte de los operadores judiciales la realización de cualquier diligencia sin más demora.
Por todo lo antes expuesto, esta alzada considera que el juez sometido a procedimiento obró de forma acertada al remitir las dos causas, a pesar de exonerarse de responsabilidad disciplinaria y Asi se decide.
III DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ, titular de la cédula N° V-5.970.926, actuando por.
ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIÈRREZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.427.996, Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, de la sanción de SUSPENSIÓN prevista en el numeral 6 del articulo 32 del Código de Ética, por omisión en el pronunciamiento en la causa N° TP01-P-2010-002381, y declaró la responsabilidad disciplinaria judicial del prenombrado Juez, al incurrir en un descuido injustificado N° TP01-P-2011-1977. aplicándosele la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, prevista en el numerai 6 del articulo 31 del Código de Êtica SEGUNDO: SE ANULA la sentencia N°TDJ-SD-2015-024, de TERCERQ: SE ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria al ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.427.996, en su condición de Juez Titular dei Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujilio.
del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Publiquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Dada, sellada y firmada en la Secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas a los cuatro (04) dias del mes de agosto de dos mil quince (2015). Año 205° de la Independencia 156° de la Federación.
JUEZ PRESIDENTEAR Efm TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ ANA CECIAIA ZOLUETA RODRIGUEZ JUEZA (POENTE MERLY MORALE$ HERNANDEZ ECRETARIA.
GIAMARTINE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA_ CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2015-000013 Mediante Oficio N° TDJ-590-2015 de fecha 09/06/2015. el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo. TDJ) remitió a esta Corte ei expediente N° AR61-A-2013-000030. contentivo del procedimiento disciplinario seguido al ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ, titular de la céduia de identidad N° 6.427.99S. en su carácter de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal dei Estado Trujilio. por las presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño del cargo.
Tal remisión se realizó en virtud del auto dictado por el TDJ el 04/06/2015, mediante el cuai oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la cludadana Katherine Casellas Jiménez, actuando por delegación de la Inspectoria General de a quo en fecha 20/05/2015, en la que absolvió de responsabilidad disciplinaria por abuso de autoridad al Juez denunciado.
422.575 El 10/06/2015 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de esta Jurisdicción, le dio entrada ai expediente y lo remitió a la Secretaría de esta Corte a los fines de su distribución, correspondiéndole la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodriguez. quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 30/06/2015 la Secretaria de esta Corte Disciplinaria Judicial fijó para las dos de la tarde (2:00 p.m.) del decidió (10°) día de despacho siguiente, más seis (08) dias continuos del término de la distancia concedido al contrarecurrente, como oportunidad para que tuviera lugar la celebración de la audiencia de apelación de conformidad con el sucesivo, Código de Ética).
Mediante escrito consignado en fecha 07/07/2015 la representación de la IGT fundamento la apelación interpuesta. y el 21/07/zo15 la Secretaria dictó cómputo mediante el cua! dejó constancia de los dias de despacho transcurridos dei lapso para la fundamentación y para la contestación, asi como de los días continuos transcurridos del término de la distancia, en el orden de su verificación. En esta última fecha, la defensa ajuridiea-del_Juez denunciado consignó su correspondiente escrito de contestación-a la Vandamentación de la apelación.
CPLINANA En fecha 28/07/2015 a las 02:00 p.m. tuvo lugar la audiencia de apelación, de conformidad con lo previsto en el articulo 87 del Código de Ética.
Corresponde a esta Corte Disciplinaria resolver el recurso de apelación interpuesto y dictar sentencia, previas ias siguientes consideraciones.
| ANTECEDENTES
Mediante oficio N° 443-2011 de fecha 18/07/2011. la Presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, remitió a la IGT oficio N° TR-2-1901-2011 de fecha 13/07/2011 mediante el cual el ciudadano Lenin José Terán, en su carácter de Fiscal Segundo del Ministerio Público de la referida Circunscripción, procedió a denunciar al ciudadano- Manuel José Gutiêrrez Gómez, Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, por haber incurrida presuntamente en irregularidades en el trámite de la causa judiciai número TP01-P- 2010-00002301, relacionada con el proceso judicial llevado contra el ciudadano Ramón Elias Cano Aldana, por los delitos de Homicidio Simple en Grado de Frustración y Porte Ilicito de Arma de Fuego.
Por acto del 10/08/2011 la IGT acordó iniciar de oficio expediente administrativo N° 110367. Asimismo, en fecha 27/10/2011 la 1GT ordenó abrir de oficio la correspondiente averiguación disciplinaria.
Mediante Acta de Investigación del 21/11/2011, la IGT dejó constancia de haber practicado una inspección en la sede del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penai del Estado Trujilo, en el cual se encontraba la causa judicial número TP01-P-2010-00002301, con la finalidad de constatar las irregularidades denunciadas.
(
En fecha 30/09/2013, la IGT consignó en el expediente N°110367 el Acto Conclusivo: relacionado con las averiguaciones realizadas en el cual solicitó, de conformidad con ei numeral 14 del articulo 33 del Código de Étics, la imposición de la sanción de destitución por haber incurrido presuntamente en el ilicito disciplinario abuso de El 20/13/2013 la URDD de esta Jurisdicción recibió el expediente instruido por la 1T™ olua/2013 designó ponente de la causa a la abogada Jacqueline del Valle Sosa Mariño.
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422.576 Por decisión del 23/01/2014 la Oficina de Sustanciación acordó dar entrada al asunto. proveniente del TDJ; el 18/02/2014 admitió el escrito de petición de sanción formulado por la IGT y ordenó citar al Juez investigado a los fines de que presentara su escrito de descargo.
En fecha 21/04/2014 se practicaron las notificaciones correspondientes al juez investigado y a la representación del Ministerio Público, y el 22/04/2014 se realizó la En fecha 06/05/2014 el TDJ recibió escrito de descargo consignado por el Juez y el 21 del mismo mes y año la IGT presentó escrito de promoción de pruebas, las cuales fueron admitidas el 13/01/2015 por la Oficina de Sustanciación.
Sustanciado el procedimiento de primera instancia, ei TDJ, mediante actas de fechas 30/04/2015 y 07/05/2015, dejó constancia de la celebración de la audiencia oral y pública y del pronunciamiento del dispositivo, y el 20/05/2015 publicó el extenso de la sentencia bajo el N° TDJ-SD-2015-036.
El 02/06/2015 la delegación de la IGT ejerció recurso de apelación contra la referida decisión del a quo que absolvió al juez denunciado, apelación que fue oida en ambos efectos mediante auto del 04/06/2015, en el que se ordenó la remisión del expediente a esta Corte.
NA Il V DEL FALLO APELADO "a.
En fecha 20/05/2015, el TDJ dictó la sentencia N° TDJ-SD-2015-036, en la que declaró: Primero: IMPRoCEDENTE la cuestión previa alegada por el juez investigado, referida a la nulidad de las actuaciones de investigación de la Inspectoria General de Tribunales. Segundo: ABs[oLvió] DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL al CiUdadanO MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.427.996, en su condición de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Eunciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, toda vez que no sgbyirtió el proceso penal al acordar el sobreseimiento en la causa seguida 002301, por lo cual no se encuentra dicho hecho enmarcado en el supuesto fáctico previsto en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Tercero: ABs[OLvió] DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL [al referido Juez] toda vez que se encontraba facultado por el ordenamiento juridico vigente para anular su propia decisión en la causa seguida al ciudadano Ramón Elias Cano, bajo el expediente penal N° TP01-P-2010-002301, por lo cual no [se] enc[ontraba] dicho hecho enmarcado en el supuesto fáctico previsto en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética...".
A los fines de fundamentar su decisión, el a quo indicó lo siguiente:
investigación realizada por la IGT, en razón de que su derecho a la defensa habia sido conculcado al haber sido acusado por hechos que no habían sido denunciados, el a quo Jueves 6 de agosto de 2015 indicó que la función del TDJ, una vez finalizada la investigación de la IGT, es la de proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 62 y siguientes del Código de Ética, tal y como lo estableció la sentencia N° 516 del 07/05/2013 de la Sala Constitucional.
encuentra previsto que esta instancia disciplinaria revise in limini litis los actos conclusivos dictados por la IGT, razón por la cual declaró improcedente la referida solicitud de nulidad.
Por otra parte, en cuanto a la denuncia planteada por la IGT, según la cual el Juez incurrió en abuso de autoridad al haber subvertido el proceso penal, por cuanto acordo el sobreseimiento del delito porte ilícito de arma de fuego sin haber dado inicio al debate n n ee e n sobreseimiento podia ser dictado en la etapa de juicio, conforme al articulo 322 del- Código Orgánico Procesal Penal vigente ratione temporis y que, al haberse dictado al inicio de la audiencia de apertura a juicio, no podía ser incluido dentro del debate oral y público, pues había sido resuelto de manera conclusiva por el juez. Asimismo, consideró que la decisión del operador de justicia se fundamentó en la autonomia e independencia del Jgez prevista en el articulo 4 del Código de Ética, en consecuencia, concluyó qbe.ao había incurrido en abuso de autoridad al dictar ei referido sobreseimiento, parcuanto estaba facultado legalmente para ello.
"Finalgãente, respecto a la denuncia de la IGT, referida a que el Juez investigado dictó un en fecha 25/03/2011 mediante el cual anuló su propia decisión de fecha 17/03/2011, defensa del encausado debido a un error material en la calificación del tipo penal, la recurrida precisó que, de conformidad con la sentencia N° 2231 del 18/08/2003 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Juez estaba autorizado para revocar sus propias decisiones en caso de que estas atentaran contra principios de rango constitucional, aun cuando tales pronunciamientos tuvieran carácter definitivo o se tratara ~de sentencias interlocutorias sujetas a recursos; en tal sentido, estaba habilitado para cáregir el fallo e incluso, obligado a revocar la actuación lesiva de orden constitucional. razãn por la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez investigado.
III FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
2IA Mediante escrito presentado el 07/07/2015. la representación de la IGT fundamentó el recurso de apelación en los términos que a continuación se explanan:
interpretación, ai haber establecido que el Juez estaba facultado para decretar el sobreseimiento en fase de juicio con fundamento en el articulo 322 del Código Orgánico Procesal Penal vigente ratione temporis, soslayando que la imputación realizada estaba referida a que el imputado había admitido el delito de porte ilícito de arma de fuego y. además, a que la referida norma exigía para tal pronunciamiento una serie de supuestos que no se habían verificado.
de la parte in fine del articulo 4 del Código de Ética, por cuanto estableció que el Juez había decretado de oficio el sobreseimiento an ejecución de su autonomía e analizar los aspectos disciplinables que emanaran de las decisiones dictadas por los
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Jueves 6 de agosto de 2015 jueces que comprometieran su idoneidad y excelencia por el ejercicio abusivo, arbitrario y, desproporcionado de sus facultades.
2. Porotaparte, indicó la IGT que el Juez denunciado había sido absuelto en lo relativo a la decisión que profirió el 25/03/2011, en la que había anulado la constitución Tribunal Unipersonal, ordenado la reposición de la causa a la oportunidad en que se -informó acusado del procedimiento por admisión de los hechos y declarado la nulidad definitiva dictada el 17/03/2011), bajo el argumento de que, el proceder del operador de justicia correspondía a su esfera jurisdiccional, conforme al criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional en Sentencia N° 2231 del 18/08/2003, que lo autorizaba para revocar sus propias decisiones en casos de que éstas atentaran contra principios de rango constitucional.
Al respecto, sostuvo la IGT que tal criterio debía ser revisado. pues, a su decir, el Juez había subvertido el proceso y transgredido el principio de inalterabilidad de las una contradicción provocada por el mismo Juez, al no haber tomado la previsión, de. revisar el contenido del expediente y verificar el tipo penal que se había admitido en fase de control y, visto que había dictado sentencia definitiva, sólo podía la alzada, a través de un recurso de apelación, modificar lo que habla sido decidido irregularmente sin abrir el debate oral y público.
Asimismo, indicó el órgano investigador que el referido criterio de a Sala Constitucional no tenía carácter vinculante para los jueces de la República ni era doctrina reiterada de la Sala de Casación Penal, Salas que postulaban el principio de inalterabilidad de las decisiones judiciales en razón de la seguridad juridica de los justiciables y la protección de la tutela judicial efectiva.
Finalmente, solicitó la revocatoria de la sentencia apelada, la imposición de la sanción de destitución, conforme a lo previsto en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética y la revisión de oficio del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 87 in fine del Código de Ética.
IV CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN
Mediante escrito presentado el 21/07/2015, la defensa juridica del Juez denunciado dio contestación a los fundamentos de la apelación en los siguientes términos:
no habia sido informado a cabalidad de los cargos por los cuales era investigado, asi como de su derecho a defenderse en fase investigativa.
-Por ora parte, estimó el contrarrecurrente que la acusación estaba basada en las diferencias de criterios juridicos que tenia la IGT con las decisiones expuestas por el FLINARI Juéz, ámbito vedado al apelante conforme al articulo 4 del Código de Ética.
admitiera los hechos, indicó que el Código Orgánico Procesal Penal preveía que la admisión de los hechos se realizara luego de la admisión parcial o total de la acusación; si el operador de justicia rechazaba la acusación o la admitió parcialmente, tenía el deber 422.577 de pronunciarse sobre la parte rechazada decretando el sobreseimiento que siempre precedería a la admisión de los hechos, por lo que seria imposible decretar el bajo estudio, el Juez había sobreseído antes de la admisión de los hechos, es decir, cuando había admitido parcialmente la acusación.
Adujo que el fallo recurrido no dejó de examinar los aspectos de la litis planteada y procedió conforme a Derecho al declarar que el juez no habia cometido abuso de autoridad, ya que, a su decir, no se configuraron los requisitos ni se presentaron pruebas que acreditaran la existencia del ilícito disciplinario.
En cuanto a la imputación relativa a violación de la prohibición a los jueces de reformar sus fallos, establecida el Código Orgánico Procesal Penal, señaló que el mismo Código en sus articulos 190, 191 y 192 facultaba a los operadores de justicia para anular sus decisiones cuando en ellas se verificarán violaciones de derechos o garantías constitucionales.
Finalmente, el contrarrecurrente solicitó de conformidad con lo dispuesto en los articulos 257 de la Carta Magna y 87 del Código de Ética, se declarara sin lugar la apelación
V DE LA COMPETENCIA
sometido a su consideración y, al respecto, observa:
Ei artículo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la Repúbli a Bolivaniana de Venezuela N° 39.493 del 23/08/2010, establece la competencia de Corte Disgiplinaria Judicial para conocer las apelaciones interpuestas contra las a continuación se transcriben:
"Articufo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y Jueza venezolana".
recurrente está dirigida a la revisión de la legalidad del fallo dictado por el a quo, lo que permite a esta Alzada verificar que, efectivamente, se trata de una apelación contra la sentencia definitiva dictada por el TDJ, que absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez Manuel José Gutiérrez Gómez, del ilicito disciplinario de abuso de autoridad. previsto en el numeral 14 del artculo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano, yßa Jueza Venezolana, razón por la cual esta Corte declara su competencia para conocer er presente asunto. Asi se decide.
VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Previo al análisis del presente caso, esta Alzada debe advertir que el articulo 84 del
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422.578 consagra ei lapso para la contestación a la fundamentación de la apelación, asi como la consecuencia del incumplimiento de dicha carga en los siguientes términos:
"Artieulo 84. (...) El o la recurrente tendrá un lapso de tres dias contados a partir del auto de fijación, para presentar un escrito fundado, en el cual debe expresar ( concreta y razonadamente cada motivo y lo que pretende, y el mismo no podrá exceder de tres folios útiles y sus vueltos, sin más formalidades. Transcurridos los tres dias antes establecidos, si se ha consignado el escrito de fundamentación, la contraparte podrá, dentro de los tres días siguientes, consignar por escrito, los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del recurrente. (..Si la contestación a la formalización no se presenta en el lapso a que se contrae este articulo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos establecidos, la contrarrecurronte no podrá intervenir en la audiencia de apelación. "(Resaltado de esta Corte).
consignada la fundamentación, el contrarrecurrente dispondrá de un lapso de tres (3) días (en nuestro caso, de despacho), para presentar su escrito de contestación a la fundagientación y. por la otra, que la omisión de la consignación de esté último o su presentación defectuosa acarrea la imposibilidad de intervenir en la ausencia de apelación.
Asi, debe esta Corte examinar la tempestividad o no de la interposición del escrito de contestación realizado por el apoderado del Juez, a los efectos de permitir la intervención o no del contrarrecurrente en la audiencia de apelación.
En este sentido, esta Alzada verificó que el 30/06/2015 la Secretaria fijó como (2:00 p.m.) del décimo (10°) dia de despacho siguiente más ei término de la distancia de seis (6) dias continuos concedidos al contrarrecurrente (folio 322). Así, según el cómputo de la Secretaria (folio 327) el lapso para que la recurrente fundamentara su apelación se inició el 01/07/2015 y precluyó el 07/07/2015, fecha esta última en la que fue consignada .
finalizó ei 13/07/2015 y el lapso de los tres (3) días de despacho para que el cntrarrecurrente contestar a la fundamentación de la apelación, se inició el 14/07/2015 y precluyó el 16/07/2015. En fecha 21/07/2015 la Secretaría dejó constancia en autos de la presentación del escrito de contestación a la fundamentación por parte de la defensa jurídica del Juez denunciado.
Asi, observa esta alzada, que el escrito de contestación fue consignado por el Juez denunciado cinco (5) dias después de preciuido el lapso previsto para ello, lo que determina su extemporaneidad, razón por la cual esta Corte Disciplinaria Judicial considera ajustado a derecho desestimar el contenido del escrito consignado y, además, aplicar la consecuencia descrita en el artículo 84 del Código de Ética, cual es que el ciudadano Manuel José Gutiérrez Gómez no podrá intervenir en la audiencia de apelación, aun cuando podrá observar su celebración. Así se decide.
Establecida como ha sido la competencia de esta Corte y como consecuencia del cursan en el expediente y a los fundamentos de la apelación presentada tempestivamente por la representación de la IGT, en los siguientes términos:
1. Denunció la parte recurrente que el TDJ incurrió en el vicio de error de juzgamiento por errónea interpretación de los artículos 322 del Código Orgánico Procesal Penal vigente ratione temporis y 4 parte in ine del Código de Ética al resolver la imputación del Jueves 6 de agosto de 2015 n n e n ee n que, a su decir el Juez habia decretado el sobreseimiento del delito de porte ilicito
SCIPLINARIA
Al respecto el vicio denunciado, según la jurisprudencia pacifica de la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal, se configura cuando el juez, aun conociendo la existencia y validez de la norma apropiada al caso, yerra en su alcance general y abstracto, derivándose de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido (vid. Sentencias N° 799 y 468 de fechas 16/12/2009 y 18/10/2011, respectivamente), criterio compartido por esta Corte. (vid. Sentencias N° 12 y 24 de fechas 03/04/2014 y 17/06/2015 respectivamente).
En este sentido, observa esta Alzada que el TDJ, al examinar la conducta desplegada por el Juez para decretar el sobreseimiento en fase de juicio y analizar la imputación- puesto que el sobreseimiento podia ser dictado en la etapa de juicio conforme a dispuesto en el articulo 322 del Código adjetivo y, que al haberse dictado al inicio de la audiencia de apertura a juicio, no podia ser incluido dentro del debate oral y público, pues había sido resuelto de manera conclusiva en ejercicio de su autonomía e independencia.
Ahora bien, a los fines de precisar si la recurrida incurrió en el vicio error de juzgamiento por errónea interpretación, es necesario, en primer término, establecer el contenido y . alcance del ilicito abuso de autoridad y, en segundo lugar, examinar la decisión mediante la cual decretó el sobreseimiento para determinar si se ajusta o no a las previsiones contenidas en los artículos 322 del Código Orgánico Procesal Penal y 4 del Código de Ética.
sentenciador realiza funciones que no le han sido conferidas en la ley, lo que deviene en un ejercicio desproporcionado e injustificado de las competencias que le corresponden a? todo juez (vid. sentencias de esta Corte N° 6, 18, 3, 30 y 12 dei 05/06 y 07/08 de 2012. 22/01/2013, 12/08/2014 y 12/02/2015, respectivamente).
En igual sentido, se ha sostenido de manera reiterada, que el abuso de autoridaô comporta la constatación de una conducta desmedida por parte del operador de justicia, Salà Politico Administrativa N° 00451y02342 del 11/05/2004 y |27/04/2006 respectivamente).
Determinado el contenido del ilicito disciplinario, esta Alzada juzga necesario anátizave decisión dictada el 17/03/2011, mediante la cual el Juez declaró sobreseimiento y cuyo contenido se transcribe parcialmente:
...A las 02:00 p.m. del dia de hoy jueves 17/03/2011, se constituyó en la Sala de Audiencias N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujilo presidido por el Juez Abg. Manuel Gutiérrez (...) para la celebración de la Audiencia de Juicio Oral y Público con Tribunal Mixto, en el proceso seguido al Acusado RAMON ELIAS CANO ALDANA por la comisión del delito de Homicidio Calificado en Grado de Frustración previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1 del Código Penal [y] Porte Ilícito de Arma de Fuego previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal en agravio
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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA del Orden Público (..) oida las exposiciones de las partes y una vez revisada la Fiscal IV Ministerio Público solo en lo que respecta al delito de [homicidio a delito de Porte licito de Arma de Fuego previsto y sancionado en el articulo 277 del Orgánico Procesal Ponal (...)". (folios 22 y 23). (Resaltado de esta Corte)
El acta levantada con ocasión de la celebración de la audiencia de juicio oral y público en fecha 17/03/2011, permite verificar el orden en que se produjeron las actuaciones del Juez investigado y desvirtúan los hechos imputados por el órgano de investigación, ya que revelan que la admisión de los hechos se produjo con posterioridad a la admisión parcial de la acusación presentada por la Fiscal IV del Ministerio Público.
4";
Agregó el órgano de investigación, que igualmente estaba demostrado en las actas que la recurrida había interpretado erróneamente el artícuio 322 del Código Orgánico Procesal Penal, al absolver al Juez denunciado, a pesar de haber dictado el sobreseimiento sin que hubiese mediado solicitud expresa de las partes, conforme al artículo 323 eiusdem.
. En este sentido, a fin de estabiecer si el a quo interpretó correctamente el artículo 322 del Boßivariana de Venezuela N° 5.930 Extraordinario del 04/09/2009, debe atenderse al contenido de la norma, cuyo texto es del tenor siguiente:
OICAL la acción penal o resulta acreditada la cosa juzgada, y no es necesaria la celebración del debate para comprobar la, el tribunal de juicio podrá dictar el sobreseimiento.
Contra esta resolución podrán apelar las partes". (Resaltado de la Corte).
balectuta de la norma que precede advierte el efecto que produce la constatación o acaecimiento de una causa extintiva de la acción penal durante la etapa de juicio, por Euanta -resultaría absurdo que, constatada tal circunstancia, el operador de justicia que le permite la terminación anticipada de un proceso en curso.
En idéntico sentido se ha pronunciado el Máximo Tribunal que ha sentado doctrina y, al respecto, también ha señalado, que los sobreseimientos contemplados en el Código igualmente, ante el juez de control o ante el tribunal de juicio (artículo 322 eiusdem). (vid. Sentencia N° 823 del 21/04/2003). por cuanto pudieran estar determinados por hechos que, al ser sobrevenidos, pudieran dar-lugar a la extinción de la acción en curso, por lo que esta Alzada concluye en la desestimación de la delación planteada.
A propósito del análisis precedente, no puede soslayar esta Alzada la denunciã cuanto a la errónea interpretación que, a juicio de la recurrente, se produjo del artícu 323 eiusdem y que, a su decir, establece que para la declaratoria del Sobreseimjen oeTE DIse debe mediar solicitud expresa.
En este orden de ideas, debe esta Alzada observar los términos normativos del articulo 323, cuyo texto establece:
422.579
"Articulo 323. Trámite. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez deberá convocar a las partes y a la victima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición. Cuando estime que para comprobar el motivo no sea necesario el debate, deberá dejar constancia en auto motivado (...)". (Resaltado de la Corte).
La norma que precede, si bien está igualmente referida a la institución juridica del sobreseimiento, se observa que establece el procedimiento que deberá cumplirse para su trámite en los casos en los que la iniciativa para su declaratoria surja de las partes. En denunciado, está referido a la iniciativa que, de oficio podrá actuar el juez, dejando,a salvo el derecho de apelación de la parte afectada gravosamente por la decisión.
al haber dictado el sobreseimiento en fase de juicio, se encuentra acertadamentè fundamentada en el articulo 322 del Código Orgánico Procesal Penal vigente ratione temporis, cuya interpretación jurisprudencial pacífica ha ratificado que puede configurarse y ser declarado durante la etapa de juicio, por lo que no se observa el abuso. desproparcionado e injustificado de sus atribuciones, de tal forma que evidencien el iffcito imputado por el órgano investigador, razón por la que resulta desestimada la denuneja de error de juzgamiento por errónea interpretación de los articulos 322 y 323 del Codigo En atención a lo expuesto, considera esta Alzada que el TDJ vaioró correctamente las circunstancias de hecho y derecho cursantes en autos, en consecuencia, deciara improcedente la denuncia imputada por la IGT de error de juzgamiento por errónea disciplinaria en cuanto al ilicito de abuso de autoridad contenido en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética. Asi se decide.
éstablecido la recurrida que el Juez, al decretar de oficio el sobreseimiento, lo hacía en ejecución de su autonomia e independencia, delató la IGT que el a quo había obviado la parte in fine de la referida norma, que otorga potestad al TDJ para analizar los aspectos disciplinable que emanen de las decisiones dictadas por los jueces, que comprometan $a idoneidad y excelencia por el ejercicio abusivo, arbitrario y desproporcionado de sus facultades.
En tal sentido, observa esta Corte que el artículo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23/08/2010, dispone lo siguiente:
"Articulo 4. El juez y la jueza en ejercicio de sus funciones son independientes y autónomos, por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Constitución de la República y al ordenamiento juridico. Sus decisiones, en la interpretación y e jurisdiccionales que tengan competencia, por vía de los recursos procesales, dentro ( de los limites del asunto sometido a su conocimiento y decisión. Los órganos con excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional."
autonomía e independencia de los Jueces para adoptar sus resoluciones sin
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422.580 intervenciones ajenas, ajustadas a la Constitución y sólo susceptibles de ser revisadas a través de los recursos previstos en la ley. De igual manera, prevé sobre la necesidad que los Órganos disciplinarios examine la idoneidad y excelencia en las actuaciones de los jueces, a los fines de precisar si su conducta encuadra dentro de un ilícito disciplinario, labor que ho implica una intromisión en su función jurisdiccional ni un atentado a u autononja, toda vez que la función del Juez debe ser analizada de forma integral, dado el tol que desempeña dentro de la sociedad, cuya responsabilidad constituye un límite afbitrariedades que pudieran surgir cuando un juez independiente utiliza las el ordenamiento juridico (vid. Sentencias N° 12 y 24 del 03/04/2014 y 17/06/2015, respectivamente).
El razonamiento que antecede, evidencia que el a quo no incurrió en un error de interpretación del articulo 4 del Código de Ética, al haber sostenido que el Juez al decretar el sobreseimiento lo realizó en ejecución de su autonomia e independencia, y fundamentado en la facultad que le atribuye el legislador en el articulo 322 del Código Orgánico Procesal Penal para dictar sobreseimiento durante la etapa de juicio, actuación que no podria calificarse como una conducta desmedida, capaz de evidenciar BUCA OU inidoneidad para ocupar el cargo. Así se decide.
2. Por otra parte, la recurrente denunció que el Juez subvirtió el proceso y transgredió el principio de inalterabilidad de las decisiones judiciales que prohibe al juzgador declarado la nulidad de la constitución del Tribunal Unipersonal, ordenado la reposición de la causa y la nulidad de todos los actos celebrados con posterioridad al 25/02/2011, entre ellos, la sentencia definitiva que había dictado el 17/03/2011, lo cual comportaba una sanción disciplinaria por haber incurrido en el ilícito abuso de autoridad.
:
reiterado de la Sala Constitucional que dicho principio tiene carácter de orden público y se erige como una auténtica garantía jurisdiccional que favorece la inmutabilidad de las constitucional, como lo son la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva de los justiciables.
En este sentido, aprecia esta Alzada que el a quo, en el análisis que hiciera a la actuación desplegada por el Juez en la decisión proferida el 25/03/2011 estableció que, de conformidad con el criterio establecido por la Sala Constitucional en Sentencia 3u de que estas resultaren lesivas al orden constitucional, aun cuando tales pronunciamientos tuvieran carácter definitivo.
Añora bién, aun haciendo suyo el criterio que precede, no puede esta Aizaa dejagde observar que en materia penal el tema de las nulidades adquiere particular reièvância, ya que el sistema de nulidades previsto en los artículos 190 y siguientes de la taga* adjetiva, nabilita al juez para imponer, mediante la declaratoria de nulidad, el respeto a rantías constitucionales en el momento en que se produzca la transgresión, bien en la fase intermedia o antes de abrir la causa a juicio.
Supremo de Justicia, bajo la premisa según la cual no debe proceder una acción que se funde en la indefensión del imputado, es decir, para accionar y poner en marcha la Jurisdicción penal, es necesario que ella se ejerza habiendo respetado los derechos constitucionales de los accionados.
Por su parte, en este orden de ideas el articulo 195 eiusdem reza:
"Articulo 195: Declaración de nulidad Cuando no sea posible sanear un acto; ni se trate de casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad por auto razonado señalará expresamente la nulidad en la resolución respeoliva, de oficio o a petición de parte. El auio que acuerde la nulidad deberá individualizar plenamente el aclo viciado u omitido, determinará concreta y especificamente cuales son los ados anteriores o contemporáneos a los que la nulidad se extiende por su conexión con el ajto anulado, cuáles derechos y garantías del interesado afecta, cómo los afecta, y.
siendo posible, ordenará que se ratifiquen, rectifiquen o renueven. (...)". (Resaltado de esta Corte)
excepcionalmente de oficio, en cuaiquier estado y grado de la causa, a declarar la nulidad absoluta de una decisión no convalidable, cuando considere que se han vuinerado principios contenidos en el código adjetivo así como derechos y garantías de rango constitucional. En este sentido, también ha sostenido el Máximo Tribunal, que sólo estas nulidades pudieran ser apreciadas de oficio por el Juez, dada la gravedad o trascendencia del defecto que vicia el acto, y siempre que la nulidad comporte una modificación o revocación de la decisión a favor del imputado.
(
Erncerrespondencia con el razonamiento que antecede, debe esta Corte examinar las actas del expediente, para determinar si los hechos denunciados comportan la comisión del ilicito disciplinario imputado, o si por el contrario, la conducta desplegada por el juez y réprochada por la IGT encuentra su justificación tanto en la previsión normativa bajo apãisis, como en el criterio de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal (vid Sent. N° 1044 del 25/07/2000: Sent. N° 880 del 29/05/2001; Sent. N° 256 del 14/02/2002; Sent. N 2541 0el 15/10/2002: Sent. N° 1115 del 06/06/2004: Sent. N° 81 del 10/02/2009;Exp N130498. Senf del 17/10/2013).
El 13/o/2010, el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Truo admi o parcialmente la acusación en contra del ciudadano Ramón Elías Cano Aldana peka delitos de Homicidio Simple en Grado de Frustración y Porte llícito de Arma dictó la privativa de libertad. (folios 6-14).
El 06/12/2010, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, a acusado mediante la cual solicitó el cambio de la calificación juridica de Homicidio Simple en Grado de Frustración a Lesiones Intencionales Graves. (folios 15-20).
El 25/02/2011, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujilio, a cargo del Juez denunciado, declaró la constitución del Tribunal como Unipersonal. Asimismo, dejó constancia que el proceso seguido al acusado Ramón Ellas Cano Aldana, era por el delito de Homicidio Intencional Simple, y al momento de imponerle al acusado del procedimiento por El 17/03/2011 en la oportunidad fijada para la Audiencia de Juicio, la representación del Grado de Frustración a Homicidio Calificado en Grado de Tentativa. Ante tal solicituō, la defensa privada no formuló objeción alguna. Posteriormente, el acusado de mánera declaró i) la admisión del cambio de calificación solicitado; la admisión parclal de la acusación; y decretó el sobreseimiento en lo que respecta al porte ilicito de arma de (folios 22 y 23).
observado un error relativo a la imputación juridica, consistente en haber informado al acusado que estaba siendo juzgado por un delito distinto y más grave, cuya pena Juzgado de Control, con fundamento en los articulos 49 numeral 1 de la Constitución de anuló el acto del 25/02/2011 que habia declarado la constitución del Tribunal Unipersonal y repuso la causa al estado inmediatamente anterior a esa constitución, es decir, al
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Jueves 6 de agosto de 2015 momento en que se le informó al acusado la posibilidad de optar por el procedimiento de posterioridad al 25/02/2011. (folios 24-26).
El 30/o3/2011, el Juzgado a cargo del Juez denunciado celebró audiencia especial a los frustración y porte ilícito de arma de fuego, asi como a la víctima del contenido y alcance de la resolución publicada el 25/03/2011. Por otra parte, al haber emitido opinión en cuanto al delito de porte ilicito de arma de fuego, el Juez se inhibió de la referida causa.
La revisión de las actuaciones narradas evidencia que la decisión anulada por el juez estaba viciada de nulidad absoluta, por cuanto el error relativo a la imputación juridica circunstancias fácticas en que ocurrió el hecho y el ofrecimiento de los medios de prueba, extremos que determinarán una violación de orden constitucional en la persona del imputado, ya que al atribuírsele un ilícito penal distinto y más gravoso que el declarado inicialmente por el Juez de Control, se le colocaba en estado de absoluta indefensión.
La circunstancia constatada. permite a esta Alzada señalar el criterio sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 2231 de 1808/2003-e- no sólo irrita, desde el punto de vista legal, sino también constitucional. Desde este punto de vista el Juez se encuentra legitimado para revocar su propia sentencia al ser advertido de un error que conduzca a la lesión de un derecho constitucional que agreda a una de las partes o a un tercero, pues no tien o sentido que reconociendo su propio error con el que ha causado un daño y, en consecuencia, haya transgredido normas constitucionales, aplicación inmediata y directa de la Constitución de asegurar la integridad de dicho texto...".
Kyusmaly Mercedes Peña González indicó que "..No obstante la prohibición que tienen los jueces de revocar sus propias decisiones, del estudio planteado en la presente situación se observa[o] que si bien esta Corte Disciplinaria Judicial ha emitido un pronunciamiento con carácter definitivo, al declarar desistida la apelación interpuesta, tal como consta en el acta de audiencia oral y pública de fecha diez (10) de octubre de dos mil doce (2012), no puede dejar de advertirse que tal decisión se [habia) adopte[ado] prescindiendo de la posibilidad de otorgar a la parte apelante la oportunidad de justificar su incomparecencia, como en efecto justificó y comprobó, en consecuencia, siguiendo el criterio jurisprudencial citado [sentencia N° 2231 del 18/08/2003] en el cual se otorgó preeminencia al principio constitucional de la justicia material sobre el carácter formal normativo, se revoca el fallo dictado por esta misma Corte Disciplinaria Judicial en fecha diez (10) de octubre de dos mil doce (2012), con el objeto de garantizar la tutela judicial 13/12/2012).
Efeštivamente, el juez sometido a procedimiento disciplinario, al haber anulado mediante decisión del 25/03/2011 el acto celebrado en fecha 25/02/2011, lo realizó en resguardo de fos intereses de las partes y del debido proceso, para prevenir violaciones de orden constitucional lesivas a los derechos del acusado, toda vez que había informado a éste del šrocedimiento por admisión de los hechos, con base en un delito distinto y de mayor gravedad en la pena, del que había sido admitido e imputado por el Tribunal Quinto de Bntrol dtelCircuito Judicial Penal del Estado Trujillo (Homicidio Simple en Grado de Frustración y Porte lícito de Arma de Fuego)
422.581 derecho derivadas de la causa, las cuales se adecuar al citado criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ha sido invocado por esta Corte; en consecuencia, deciara improcedente la denuncia interpuesta por la IGT de violación al autoridad contenido en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética. Así se decide. Por último, visto que de la revisión del fallo apelado no evidencia esta Corte violaciones a normas de orden público y constitucional, ni se observan vulneraciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional, confirma la sentencia del Tribunal Disciplinario Judicial N° TDJ-SD-2015-036 dictada en fecha 20/05/2015. Así se decide.
VII es DECISIÓN
autoridad de la Ley:
1. Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 02/06/2015 por la fecha 20/05/2015, mediante la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria al ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, del ilícito disciplinario de abuso de autoridad, previsto en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
2. CONFIRMA la referida decisión N° TDJ-SD-2015-036 dictada por el TDJ en fecha 20/05/2015.
Publiquese, regístrese. Remitase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Óirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registrô de Información Disciplinaria y a la Inspectoria General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de a-Reublica Bólivariina de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Código de ÉticaDevuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial.
Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la Independencia y 156° de la Federación.
El Presidente, TULIO JIMENEZ ROBRIGL vicepresidenta Ponente, ANA CECILIA ZULUTA RODRÍGUEZ La Jueza MERLY MORALES HERNÁNDEZ La Secretari.
MARIANELA GIL MARTÍNEZ
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución Nº 0081
Caracas, 06 de agosto de 2015 205° y 156° y 16° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS, titular de la cédula de identidad N°
4.925.o31, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su COndiCIÓn de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designadO en Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día veintiséis (26) de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.616 de fecha nueve (09) de marzo de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.
RESUELVE
PRIMERO: Designación de la Ciudadana MAYERLING ALEJANDRA MUÑOz JARAMILL0, titular de la Cédula de Identidad N° 13.963.808, como Jefa de la División 'de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Bolívar de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a partir de la presente fecha, cargo considerado de libre nombramiento y remoción. Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los seis (06) días deL mesdeagosto de2015.
USTICIA NEZUELA Comuníquese y Publíquese DIRECCIÓ TRATURA ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS Director Ejecutivo de la Magistratura
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLII – MES X Número 40.718 Caracas, jueves 6 de agosto de 2015 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 Págs. costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria
LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (22 DE JULIO DE 1941) Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
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