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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 40.695

3 de julio de 2015 · 32 páginas
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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Caracas, viernes 3 de julio de 2015

AÑO CXLII – MES IX

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Julitt Belén Hernández de Parra, como Gerente General del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), en condición de Encargada, ente adscrito a este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Gregorio Perozo González, como Director de la Unidad Territorial de este Ministerio en el estado Miranda, en condición de Encargado.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yanet Teresa Sousa Durán, como Gerente General de la Empresa Propiedad Social Agropatria, S.A., en condición de Encargada, ente adscrito a este Ministerio.

LINI Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAEDUCACIÓN

Resoluciones mediante las cuales se delega en los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, la firma de los Títulos de Educación Media General y Educación Media Técnica y otras credenciales de carácter académico para el año 2015, de las Zonas Educativas de los estados que en ellas-se señalan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resoluciones mediante las cuales se confiere la condecoración Orden al Mérito en el Trabajo a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, como reconocimiento en su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo realizado en los Organismos que en ellas se especifican.

Número 40.695

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Arconada Rodríguez, como Director (E) del Laboratorio Nacional de Hidráulica de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica.

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, como Directores Estadales de este Ministerio en los estados que en ellas se señalan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LACOMUNICACIÓN Y LAINFORMACIÓN Resolución mediante la cual se otorga Pensión de Incapacidad al ciudadano Ramón Guarata.

Resoluciones,mediante las cuales se otorga Pensión de Incapacidad a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAALIMENTACIÓN Resolyción mediante la cual se designa al ciudadano Rommel Rafael Rodríguez Villalba, Director General de Mercadeo, de este MInisterio.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Tribunal Disciplinario Judicial Sentencia mediante la cual se absuelve de Responsabilidad Disciplinaria al ciudadano Ignacio José Herrera González.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el apoderado Judicial del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, y se confirma en todos sus términos la Resolución que en ella se menciona.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Michael Adolfo Díaz Mendoza, Director de Vigilancia de los Servicios Públicos, adscrito a la Dirección General de Atención al Ciudadano de este Organismo.

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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

421.884

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 137/ 2015. CARACAS, 01 DE JULIO DE 2015.

AÑOS 205°, 156° Y 16º El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, YVAN EDUARDO GIL PINTO, designado mediante Decreto Nº1.816 de fecha 9 de Junio de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.678 de la misma fecha, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma fecha, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana JULITT BELEN HERNÁNDEZ DE PARRA, titular de la Cédula de Identidad N° v- 4.845.612, como INSTITUTO NACIONAL DE GERENTE GENERAL INVESTIGACIONES AGRICOLAS (INIA) en COndiCiOn de ENCARGADA, ente adSCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2. Queda derogada la Resolución DM/N° 051/2015 de fecha 2 de marzo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.612 de fecha 3 de marzo de 2015.

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Rig Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, YVÁN EDUARDO GIL PINTO Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO

DM/N° 139/2015. CARACAS, 3 DE JULIO DE 2015.

AÑOS 205°, 156° y 16° YVÁN El Ministro del Poder Popular para la Agricuitura y Tierras, Nº 1.816 de EDUARDO GIL PINTO, designado mediante Decreto fecha 9 de junio de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.678 de la misma fecha, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo establecido en los artículos 47, 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Púbiico, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario del 12 de agosto de 2005, así como lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, dictado a través del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.025 del 18 de septiembre de 1969, Viernes 3 de julio de 2015 RESUELVE Articulo 1. Designar al ciudadano JOSÉ GREGORIO PEROZO GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-9.926.091, como DIRECTOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS DEL ESTADO MIRANDA, en condición de ENCARGADO y como cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede Caucagua, Código: 03023).

Artículo 2. Se delega en el ciudadano mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución, la competencia y firma de los actos y documentos que se especifican a continuación:

1) Aprobar, ordenar y tramitar los gastos y pagos que afecten los créditos presupuestarios que le sean asignados con fondos de anticipo girados a la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras del estado Miranda, mediante cheques, ordenes de compra y/o de servicios, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, en virtud de ello deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro. De igual forma participará a la Contraloria General de la República y a la Oficina de Auditoría Interna de este Ministerio su designación como Cuentadante.

2) Certificación de los documentos que reposan en los archivos de la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras del estado Miranda.

3) Aprobación de viáticos y pasajes nacionales, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.

4) Informar al ciudadano Ministro trimestralmente la ejecución presupuestaria y financiera, así como los compromisos pendientes de pago, en función de la presente delegación.

Artículo 3. Los actos y documentos firmados en virtud de la delegación prevista en el artícuio 2 de la presente Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de Resolución y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya sido publicada la misma.

Artículo 4. Queda derogada la Resolución DM/N° 035/2015 de fecha 4 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.596 de fecha 05 de febrero de 2015.

Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 3 de julio de 2015.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, YVÁN EDUARDO GIL PINTO Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 140/2015. CARACAS, 3 DE JULIO DE 2015.

AÑOS 205°, 156° y 16°

El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, YVÁN EDUARDO GIL PINTO, designado mediante Decreto N°1.816 de fecha 09 de junio de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.678 de la misma fecha, de conformidad con el artículo 16 de ia Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78, y los numerales 7 y 8 del artículo 120 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función pública, dicta la siguiente:

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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

Viernes 3 de julio de 2015

RESOLUCIÓN Artículo 1. Designo a la ciudadana YANET TERESA SOUSA DURAN, titular de la cédula de identidad N° V-11.035.829, como GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PROPIEDAD SOCIAL AGROPATRIA, S.A., en condición de ENCARGADA, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

Artículo 2. Queda derogada la Resolución DM/N°108/2015 de fecha 30 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.651 de la misma fecha.

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, R9 Por el Ejecutivo Nacional, YVÁN EDUARDO GIL PINTO Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INTI N°_27 23 - 2015.

CARACAS, 01 DE JULIO DE 2015.

AÑOS 204º, 156° Y 16º

Quien suscribe, DANIXCE APONTE CAMACHO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 13.135.565, actuando en mi carácter de PRESIDENTA ENCARGADA del INSTITUTO NACIONALDETIERRAS, designada mediante Decreto Presidencial N° 1.835, de fecha 23 de junio de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.688 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 126, numeral 9 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y el artículo 34 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, este despacho dicta lo siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 1: Se designa al Ciudadano HECTOR EDUARDO APONTE DIAZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.393.535, Como GERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS.

Artículo 2: Se delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a la Gerencia a su cargo.

Artícalo 3: La presente Providencia Agministrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Boliariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

PRESIDENCIA DANIXCE APONTE CAMACHO Presidenta (E) del Instituto Nacional de Tierras 421.885

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INTI N°_277H_ - 2015.

CARACAS, 01 DE JULIO DE 2015.

AÑOS 204º, 156º Y 160 Quien SuSCribe, DANIXCE APONTE CAMACHO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 13.135.565, actuando en mi carácter de PRESIDENTA ENCARGADA del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, designada mediante Decreto Presidencial N° 1.835, de fecha 23 de junio de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.688 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 126, numeral 9 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y el artículo 34 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, este despacho dicta lo siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 1: Se designa al ciudadano CARLOS ARTURo CASTILLO LEZAMA, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.675.293, como SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA DEL DESPACHO del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS.

Artículo 2: Se delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a la Gerencia a su cargo.

Artículo 3: La presente Providencia Administrativa entrarà en vigencia a partir de la fecha de su publicacióry en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comániquese y Publíquese.

DANIXCE APONTE CAMACHO Presidenta (E) del Instituto Nacional de Tierras MACHONN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INTI N°_2226- 2015.

CARACAS, 02 DE JULIO DE 2015.

AÑOS 204º, 156º Y 16° Quien Suscribe, DANIXCE APONTE CAMACHO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 13.135.565, actuando en mi carácter de PRESIDENTA ENCARGADA del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, designada mediante Decreto Presidencial N° 1.835, de fecha 23 de junio de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.688 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con ei artículo 126, numeral 9 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y el artículo 34 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, este despacho dicta lo siguiente:

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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

421.886 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Articulo 1: Se designa al Ciudadano JORGERODOLFO RENGIFO CÁRDENAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.967.614, como GERENTE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS.

Artículo 2: Se delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a la Gerencia a su cargo.

Artículo 3: La presente Providencia Administativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Ya Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

PRESIDENCIA DANIXCE APONTE CAMACHO Presidenta (E) del Instituto Nacional de Tierras

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Repúblca Bolivariana de Venezucia Despacho del Ministro Julgo Caracas, 03de DM/N° 053 de 2015 205°, 156° y 16° Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos, eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo soberano enalteciendo su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones establecidas en el articulo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados con los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y concatenado con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, CONSIDERANDO Que el Plan de la Patria, Programa del Gobierno Bolivariano 2013-2019, fundamentado en los principios y valores de la Carta Marga, es ejecutado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, quien junto con el pueblo soberano hace cumplir el testamento politico del líder de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías, el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la siguiente;

RESOLUCIÓN Artículo 1. Se delega afirma de Titulos de Educación Media General, _y Educación Media Técnica y otras credenciales de carácter académico para el año 2015, en los Funcionarios y Funcionarias de la Zona Educativa del estado Carabobo, que se indican en ei texto:

Nombres y Apellidos Cédula de identidad

4.367.534 OLIVIA VIRGINIA CAMPOS SILVA

4.454.263 CARACCIOLO SEGUNDO RODRIGUEZ DELGADO MINERVA JOSEFINA RIVERO

4.570.304

4.868.517 CARMEN CECILIA MARQUEZ LEON JOSE LUIS SIERRA SILVA

5.223.876

5.374.386 LUIS FERNANDO CORONEL LIMONTA

5.378.624 EDITH JOSEFINA TREJO CHIRINOS

5.386.125 CARLOS ARGENIS GUEVARA SEVILLA

5.444.331 EGLY JOSEFINA ORTEGA SEQUERA ZAIDA ARISMINDA ORTEGA ARTEAGA

5.444.830 YDRANI JOSEFINA GONZALEZ AVILEZ

5.558.519

5.565.034 MIGDALIA HERRERA VARGAS

5.584.973 NURIS XIOMARA PALENCIA DE GONZALEZ ANGELA MARINA DELGADO FLORES

5.661.164

6.087.997 HERIBERTO CONTRERAS GUERRERO

6.884.655 AIDA MERDECES PALMA ALVARADO MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ TORRES

6.894.448

6.903.030 DILIA ROSA LANTEN ABRAHAM

6.936.012 ANGEL BARBARITO SALAZAR MONTOYA

Viernes 3 de julio de 2015

JANET JUDITH PALMA DIAZ

7.003.220 RAMON ERNESTO NAVAS RODRIGUEZ

7.012.698 DORIS ELISA CRESPO

7.025.616 ROBIN ANTONIO SANCHEZ

7.026.444 DAVID SILVA ANGULO

7.060.848 KARIM DEL CARMEN GARCIA START

7.062.887 EDGAR JAVIER SOLORZANO MAGDALENO

7.072.841 HENRY ALFREDO VILLEGAS HERRERA

7.078.050 MILDRED GUADALUPE FLORES ARIAS

7.089.576 NELLY ENRIQUETA AGUIRRE QUINTERO

7.090.784 NORMA JOSEFINA APONTE CARRILLO

7.097.153 SILVIA CRISTINA GRAMCKO TELLERIA

7.100.213 LISBET SURAY RAMIREZ ACOSTA

7.104.772 AMALIA ROSA RODRIGUEZ

7.107.391 ANGELICA DEL ROSARIO ALVARADO

7.109.716 JOSE RAFAEL REYES PEREZ

7.111.579 OLGA MARIA MARQUEZ PIÑA

7.135.215

7.144.393 JULIO CESAR SANCHEZ VALDERRAMA RAFAEL IRDEMARO TORRENS ORTEGA

7.162.175 HECTOR JOSE ROJAS TOLEDO

7.170.128 CIRIACO JOSE DIAZ MILLAN O

7.174.112 LUIS ALBERTO ESPINOZA ZAMBRANO

7.243.875 LORELEY ZAPATA

7.598.242

8.192.134 ARANKA ROSALIA BASTIDAS PAVLOVITZ YONNY DE JESUS GUTIERREZ RIVAS

8.541.827 JUDITH ELENA MANRIQUE MILLAN

8.559.458 ELIDO RAFAEL ORTIZ

8.569.620 YRIS YUDITH GARCIA LANDINEZ

8.597.302

8.601.531 HECTOR JOSE CARDONA SIFONTES

8.613.562 SONIA BEATRIZ NAVAS LOVER

8.672.249 NACIRA VIRGINIA ROJAS FLORES

8.831.001 ALFREDO ESCOBAR APONTE

8.833.328 LUIS RAFAEL FERNANDEZ SARMIENTO

8.847.216 JOSE ARNARDO TORO

8.936.805 ROSA MARIA HERNANDEZ JIMENEZ

9.222.407 OSCAR ORLANDO MOLINA MEDINA

9.443.370 ZULAY MARISOL YELAMO APONTE

9.443.780 MARIA AUXILIADORA ARIAS AREVALO

9.446.922 SIORET EVELYN BARRIOS BARGUILLA

9.520.689 MARISELA JOSEFINA BRICEÑO VEGAS

9.586.429 ANGEL ANTONIO ARIAS RAMONES

9.674.789 EDDY GABRIEL CHOURIO RIVAS

9.683.999 YESENIA JOSE SALAZAR CACERES

10.168.001 MARISELA GARCIA DE DEPABLOS

10.234.345 ANGEL OMAR GARCIA GONZALEZ

10.234.451 VICTOR MANUEL QUERO PINTO

10.234.669 MARIA MAGDALENA DIAZ DE MIRANDA

10.234.877 HILDA MARLENY ALFARO

10.370.811 EUGENIA JOSEFINA ROMERO ESCALONA

10.560.297 LISBETH COROMOTO MORENO BERRIOS

10.709.880 ENEIDA JOSEFINA ZAVALA SCOTH

10.731.483 DERLIN MARIA ZAPATA RAMIREZ

10.736.520 AYARY DEL CARMEN MONTILLA CASANOVA

10.737.149 DORIS ELENA MARTINEZ RANGEL

10.737.722 IVAN RAFAEL ROBLES QUERO

10.854.198 ARISTIDES SANCHEZ SALAS

11.150.525 ALI RAFAEL YELAMO APONTE

11.154.370 CARLOS JULIO MORLOY BELISARIO

11.277.366 LUIS ALBINO AGUILAR ALIENDO

11.150.918 JOLAGRI SORENA RODRIGUEZ PETTI

11.521.959 MERLYS PASTORA CONDE LINARES

11.528.353 CIRENIA HERMINIA SANCHEZ PAEZ

11.528.589 MARIELBA AMPARO OJEDA CASTILLO

11.652.202 JUAN CARLOS DE LA CRUZ PARRA ENTRENA

11.743.982 ELVIA ELIDES FRAY OCHOA

11.748.269 NORKYS JOSEFINA FLORES BERNAL

11.913.789 JOSE EDILBERTO DAVILA MENDEZ

11.991.709 YULESKA DEL VALLE CISNEROS MARTINEZ

12.031.101 DOUGLAS ANTONIO GARCIA COLINA

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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

Viernes 3 de julio de 2015 FANNY JOSEFINA BLANCO

12.032.996 EDDA YUMARY ORTEGA GONZALEZ

12.102.656 JENNY ARLIN ORTUNIO CASTILLO

12.106.078 LUCILA DEL CARMEN ZENARRUZABEITIA ROMERO

12.106.443 DAVID LIONIDAS SEQUERA LAMAS N

12.108.137 YOLEIDA THAIZ RAMIREZ RAMOS

12.219.574 OBED ELI BARBOZA SALAZAR

12.251.409 CARMEN MERCEDES GUEVARA AGUIRRE

12.318.517 VICTOR RAMON HERNANDEZ GONZALEZ

12.388.271 NEHOMAR JOSE PETIT JURADO

12.424.680 HENRY LEONARDO RODRIGUEZ PEÑA

12.424.981 DANIEL ENRIQUE GONZALEZ HERRERA

12.521.921 XIOMARA FIGUEREDO AVELLANEDA

12.603.569 NORQUIS ARACELIS ROJAS

12.604.828 MARIA ALEJANDRA DUARTE CRESPO

12.691.310 JUAN ALEXANDER MUJICA HERNANDEZ

12.737.924 SABRINA MARGARITA FREITES ROMERO

12.790.746 MARISELA ALEXANDRA DELGADO DELGADO

12.931.155 LUIS ANTONIO SANCHEZ MILLAN

13.074.086 LILIBETH DEL VALLE PEREZ DE GONZALEZ

13.276.665 RAIZA JAZMIN PULIDO CORDOVA

13.331.001 MARYE COROMOTO INDOVA SANCHEZ

13.508.781 ANGIE YESIKA BRICEÑO GALINDEZ

13.579.805 PATRICIO ANTONIO ARAYA VILLAR

13.755.188 LEYBY YUSVILL GUANIPA OJEDA

13.809.522 ARELIS BEATRIZ JIMENEZ SANCHEZ

13.810.725 CARLAS CAROLINA CASTELLANO JIMENEZ

13.954.359 MARY CAROLINA CORDERO MONAGAS

14.080.694 MONICA CRISTINA PEREZ MEDINA

14.129.904 ERWIN JOSE MENDEZ GONZALEZ

14.248.093 MILAGRO DEL VALLE HERNANDEZ CORREA

14.515.796 ORLANDO JOSE ZAVALA LOPEZ

14.537.737 TEOMAR DEL VALLE RAMIREZ GONZALEZ

14.624.247 WINDER GUSTAVO PEREZ BARRIOS

14.861.938 ERINIL NORBELYS CONTRERAS TORRES

14.935.575 MARIA NATHALIA LOPEZ TOVAR

15.300.183 LESBY ADRIANA GARCIA DIAZ

15.485.836 JHON KELY GARCIA RODRIGUEZ

15.528.048 LUIS GERARDO LOPEZ SALCEDO

16.449.709 ITO ALEJANDRO SANCHEZ JURADO

17.991.014 Artículo 2. La Presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese;

Nedig HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Ministro del Poder Popular para la Educación

República Bolivariana de Venczuria Ministerio del Poder Poputar para la Educación Despacha del Ministro Julio DM/N° 054 Caracas, de de 2015.

205°, 156° y 16° Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia politica y calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos, eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del puebio soberano en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados con los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y concatenado con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, CONSIDERANDO Que el Plan de la Patria, Programa del Gobierno Bolivariano 2013-2019, fundamentado en los principios y valores de la Carta Marga, es ejecutado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, quien junto con el pueblo soberano hace cumplir el testamento político del líder de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías, el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la siguiente;

RESOLUCIÓN Artículo 1. Se delega la firma de Títulos de Educación Media General, y Educación Media Técnica y otras credenciales de carácter académico para el año 421.887 2015, en los Funcionarios y Funcionarias de la Zona Educativa del estado Sucre, que se indican en el texto:

Nombres y Apellidos Cédula de identidad JUAN LUIS SIFONTES GOMEZ

4.040.131 AIDEE JOSEFINA ANDRADE ORDAZ

4.184.633 GUILMAN CECILIO BRAVO SUBERO

4.943.824 DILCIA TERESA RODRIGUEZ RAMIREZ

5.086.699 EMMA GUADALUPE MARIA TERESA ROJAS DE ACUÑA

5.702.865 JANNETT ISABEL DE LA ROSA CARBALLO

5.704.794 MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ LUNAR

5.861.130

5.864.862 YRIS EDITA AZOCAR GONZALEZ ZELEIRA RAQUEL CORDERO NORIEGA

5.874.433 ANIBAL EMILIO GONZÁLEZ LATUFF

5.878.935 ZULAY DEL VALLE GARCÍA MALAVE

5.879.954 MIGDALIS JOSEFINA RODRIGUEZ GONZALEZ

5.880.564 TIRSO RAFAEL COVA COVA

5.883.742 JOSEFINA DEL CARMEN SALAZAR SUBERO

5.907.106 LEIDA JOSEFINA MOLINA DE PINEDA

5.909.295 GERARDO ANTONIO MARCANO FIGUEROA

5.983.734 YARITZA JOSEFINA HILARRAZA

6.380.617 AMARILIS JOSEFINA MARQUEZ CARVAJAL

6.933.607 ABEL JOSE GARCÍA FRANCO

6.953.907 MARTHA JOSE CABRERA FERMIN

6.954.040 DOMINGO ALBERTO VIÑOLES PEÑA

6.955.349 ELENA BEATRIZ ALCALA DE CALDERON

6.955.673 PERLA MARIA GONZALEZ QUEZADA

8.336.447 WILLIAM ENRIQUE MARCANO

8.424.140 EMMARUVI DEL VALLE ZAPATA CASTILLO

8.442.365 MIRNA JOSEFINA HERNÁNDEZ JIMENEZ

8.443.934 ENIO RAFAEL CORDERO NORIEGA

8.451.855 JOSÉ GREGORIO SOLORZANO

8.527.937 FRANK BAUTISTA RINCONES ACUÑA

8.654.850 BELKIS RODRIGUEZ CABELLO

8.976.767 JUAN CARLOS VILLARROEL CASTILLO

9.276.617 CÉSAR JOSE ZUNIAGA AVILES

9.277.395 CRISEIDA MERCEDES CHACÓN FRANCO

9.279.586 CARLOS EDUARDO MARIN ACOSTA

9.939.740 JESÚS MARIA LÓPEZ SANCHEZ

9.974.978 ANAID DEL CARMEN BRAVO GONZALEZ

10.215.355 EVER JOSE RUIZ ALCALA

10.216.373 SANDRA JOSEFINA HERNÁNDEZ LONGART

10.221.003 JORGE LUIS BRAVO VILLARROEL

10.224.978 YANELY DEL VALLE BASTARDO DE AREINAMO

10.469.836

10.508.743 PEDRO ENRIQUE CARABALLO JORGE ENRIQUE HERRERA FIGUEROA

10.877.683 VILMA CAROLINA ANDARCIA MARCANO

10.877.861 EMIRA LEONOR PÉREZ GALLARDO

10.878.972 JOSÉ LUIS MARTINEZ UGAS

10.879.235 CONSTANZA ANAHYS BOADA MARIN

10.882.899 PEDRO JAVIER CEDEÑO HERNANDEZ

10.884.642 ALBA NELLYS ARCIA DE ALCALA

10.885.769 LISSETTE MARIA MENDOZA VILLARROEL

10.947.681 LISBETH MARIA FELIPA MORALES DIAZ

11.643.286 JORGE ANTONIO BARRETO

11.825.071 YOVANINA DEL VALLE MARVAL MARTINEZ

11.829.015 GLADYS MERCEDES GALANTON DE VASQUEZ

11.829.252 FANNY YOSKANY MOYA PRADA

11.968.154 HILDREY MIRAIDA JOSE RODRIGUEZ MARCANO

12.276.221 ROSBELYS DEL VALLE VILLARROEL LEZAMA

12.289.864 ROSIBEL LÓPEZ

12.385.462 HEIDY RAFAELA BOADA CABELLO

13.222.866 JESÚS ALEXANDER ZAPATA AGUILERA

13.293.498

página original (tal como se publicó)Página 5 de la Gaceta

Página 6

GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

421.888

13.348.749 NEIDY JOSEFINA GUERRA

14.291.406 ANTONYS ASLEYS MARTINEZ CARABALLO Artículo 2. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese y publíquese;

HÉCTOR VICENTE RODRIGUEZ CASTRO Ministro del Poder Popular para la Educación..

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PRÓCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 09 Junio de 2015 205°, 156° Y 160 D606 o8 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el articulo 3º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoraciones "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la COndeCOraCión ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, COmO reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora en la CoRPoRAcIoN NACIONAL DEL ALUMINIO - (CVG ALUCASA), a lOS Siguientes ciudadanos:

PRIMERA CLASE ORDEN. EUMELIA HERNÁNDEZ:

REQUENA CABRERA, MARLENYS MARÍA TORREALBA, MARIA DEL ROSARIO

PRIMERA CLASE ORDEN. ALFREDO MANEIRO:

AROCHA, JOSÉ ANTONIO FLORES, LUIS ENRIQUE AGUIAR PEREZ, JOSÉ DOMINGO ROJAS GONZÁLEZ,TARCISIO ALFREDO JAYARO OJEDA, ALFREDO JOSÉ TORO, CARLOS MANUEL APOSTOL GONZALEZ, JULIO CESAR GUZMAN RUIZ, DANILO AGUILAR AGUILAR, RUBEN ROJAS CASTRO, RAUL RUBEN ROJAS, JOSÉ LUIS GURTUBAY GOIRI, MIKEL DAYAR, EDGAR RAFAEL.

GONZÁLEZ MÁRQUEZ, GREGORIO MIGUEL MEZA MARTÍNEZ, FIDIAS ROBERTO PACHECO LAFFONT, JOSÉ GREGORIO PETIT TUOZZO, LUIS ENRIQUE DELGADO VALOR, DOUGLAS LEONARDO

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JESÚS MAHTINEZ BARRIOS Ministro del Poder Populal para el Proceso Soclal de Trabajo Decreto N° 729 y 818 de fecha 09/01/2014 y 29/04/2014 Gaceta Oficial de la República Boliváriena de Venezuela Nros. 40.330 y 40.401 de fechas 09/01/2014 y 29/04/2014 Viernes 3 de julio de 2015 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DE LA MINISTRO Caracas, 11 Junio de 2015 205°, 1560 Y 160 96T6 oN RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoraciones "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la COndeCOraCiÓn ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, COmO reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora en la CoNTRALoRÍA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, a los siguientes ciudadanos:

SEGUNDA CLASE ORDEN. CARMEN CLEMENTE TRAVIESO:

BARRETO REYES, CARMEN MORELBA SEGUNDA CLASE ORDEN. ANTONIO DÍAZ "POPE":

GONZÁLEZ, JULIO CESAR GUAITA, WILFREDO JOSÉ VARGAS CAMPOS, WUILIAM JOSÉ TERCERA CLASE ORDEN. ARGELIA LAYA:

ADRIAN INDRIAGO, DIOGLADY GREGORIA ANDARCIA PÉREZ, VIRGINIA ROSA BUINITZKY MENESES, ROSA JOSEFINA GARCÍA MILANO, AURA DEL CARMEN MARCANO MARAIMA, GRACIELA JOSEFINA MARCANO MARTÍNEZ, LOURDES MARGARITA MORALES DE DASILVA, ANDREINA DE LA TRINIDAD RODRÍGUEZ FREITES, KATIUSKA DEL CARMEN TORRES VILLARROEL, JOSMELI DEL CARMEN TERCERA CLASE ORDEN. PEDRO PASCUAL ABARCA:

ROMERO CONTRERAS, GIOVANNI ENRIQUE SILVEIRA MARQUEZ, RAFAEL ENRIQUE ZAMBRANO COLMENARES, CARLOS ALFREDO Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JESÚS MARUINEZ BARRIOS Ministro del Poder Popalar para el Proceso Social de Trabajo Decreto N° 729 y 818 de fecha 09/01/2014 y 29/04/2014 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 40.330 y 40.401 de fechas 09/01/2014 y 29/04/2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 11 Junio de 2015 205°, 1560 Y 160 Nº 9197 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoraciones "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la COndeCOraCiÓn ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, cOmO reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora en el MINIsTERIo DEL PODER POPULAR PARA EDUCACION UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA - (FUNDACION GRAN MARISCAL DE AYACUCHO), a loS siguientes ciudadanos:

PRIMERA CLASE ORDEN. EUMELIA HERNÁNDEZ:

COLINA ABDERNOURT, CARMEN RAMONA

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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

Viernes 3 de julio de 2015 PRIMERA CLASE ORDEN. ALFREDO MANEIRO:

MENDOZA, ANTONIO JOSE COLINA ABDERNOURT, JOSE GREGORIO SEGUNDA CLASE. CARMEN CLEMENTE TRAVIESO:

GOMEZ GONZALEZ, NICOLASA JEANETTE ALVARADO ELLIS, MAIRA XIOMARA DE LA COROMOTO ABREU, LUZMILA DEL CARMEN VILLEGAS RONDON. MARIELA MARGARITA

SEGUNDA CLASE. ANTONIO DIAZ POPE:

GOMEZ RODRIGUEZ, OSCAR LUIS TERCERA CLASE ORDEN. ARGELIA LAYA:

ROMERO VIDOPIO, SOL MARIA PIÑATE MORALES, ADRIANA MORALES ALVAREZ, ELIZABETH DEL CARMEN FRIAS WALDROP, AURA MARGARITA VEGAS GONZALEZ, DEIGLIS MERCEDE PEREZ CONTRERAS, ZORAIDA MARGARITA CASTILLO, LEIDA MARIBEL QUINTERO CARRANZA, JESSIKA NESUSKA JAUREGUI GARCIA, BELKIS YUDIRY RIVERO, DIANA ANTONIA ARAMIS RODRIGUES FERNANDEZ, CIDALIA MARIA RODRIGUEZ, FRANCIS YORLEY MORENO PEREZ, KARINA ELENA REQUENA CARIAS, ADRIANA MARINA DELGADO ANDRADE, MARIA EUGENIA MOLINA BUITRAGO, ANGELICA MARIA ROMERO, FLOR MARIA MORILLO VILLALOBOS, NORMA FRONTEROTTA BLANCO, IRIS ELIZABETH FERNANDEZ ACHIQUE, ADELA MARIA MALDONADO PEREZ, NARYARI YESENIA DOMINGUEZ CACERES, JUSKARLY CAROLINA GOMEZ RINCON, ROSANGELA DIAZ KAUTEN, ANNA CAROLINA VIVAS RODRIGUEZ, NATTY ELIZABETH HERRERA ROMERO, ZORAIDA NOEMI ROLDAN BARRETO, YOSKARLYN BREIDY MILAGROS DELGADO OLIVO, LUISANA DEL CARMEN BORGES MORALES, MAURY COROMOTO SANCHEZ SALAZAR, MARIA FERNANDA SIFONTES, CAROLINA LISETH ARROYO RODRIGUEZ, MARIA YACKELIN SOSA FLORES, MARIA ALEJANDRA CHACIN PIRELA, LHIZ ANA CARABALLO, ROSARIO DEL CONSUELO

TERCERA CLASE ORDEN. PEDRO PASCUAL ABARCA:

CONTRERAS HIDALGO, OSWALDO JOSE BARBOZA PEREZ, ALBERTO ANTONIO BOLIVAR HERRERA , JOSE GREGORIO ALVAREZ PEREZ, DOANFER ALEJANDRO MELO MARIN, FELIPE SANTIAGO NAVARRO RIZO, FERNANDO JOAN DURAN GARCIA, LUIS ALBERTO FLORES GOMEZ, ALEXANDER JOSE CHANCAY CEVALLOS, FRANK CARMELO PESTANA MARTINEZ, JOSE MIGUEL ROJAS PEREZ, SIMON RAFAEL ALCAZARES PEREZ, PABLO JOSE OROZCO CADEVILLA, JESUS ALBERTO RUIZ MEDINA, JOSE ANTONIO DELGADO GARCIA, MARCO ANTONIO ARANDA ALARCON, JESUS DANIEL RODRIGUEZ VIÑA, JESUS RAFAEL PADILLA ROJAS, DOMINGO JOSE ESCALONA QUINTERO, VICTOR OSWALDO TERAN TORRES, EDER WLADIMIR HERNANDEZ RAMIREZ, DARWIN NEHOMAR CHIRINOS, EDWIN JOSE POLIZZI MORALES, JUAN CARLOS NADALES BRACA, HOMERO ANTONIO

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional

JESÚS MAR KINEZ BARRIOS Ministro del Poder Populer para el Proceso Social de Trabajo Decreto N° 729 y 818 de fecha 09/01/2014 y 29/04/2014 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 40.330 y 40.401 de fechas 09/01/2014 y 29/04/2014 421.889

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 25 de junio de 2015 205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 315 El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, designado mediante Decreto N° 1.703 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 07 de abril de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 3, 9 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 5 numeral 2 y el artículo 19 en su último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y con lo establecido en los artículos Quinto y Décimo Tercero de los Estatutos de la Fundación del Laboratorio Nacional de Hidráulica, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.473 de fecha 06 de julio de 2006;

RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadano LUIS ARCoNADA RODRIGUEz, titular de la cédula de identidad No. V-4.500.763, COMO DIRECTOR DEL LABORATORIO NACIONAL DEHIDRÁULICA de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica en calidad de encargado.

Artículo 2. El ciudadano designado queda facultado para desempeñar las siguientes atribuciones y actividades inherentes al 1. Dirigir y administrar el Laboratorio Nacional de Hidráufica de acuerdo a lo establecido en sus Estatutos, en el Reglamento Interno y en las instrucciones que le gire la Junta Directiva de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica.

2. Someter a consideración la Junta Directiva de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica los planes de trabajo y los programas anuales.

3. Eiaborar el proyecto del Presupuesto Anual de acuerdo a las normas que dicte la Oficina Nacional de Presupuesto;

así como el proyecto de Memoria y Cuenta de los ejercicios vencidos; los cuales someterá a la aprobación de la Junta Directiva de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica.

4. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica, actuando como Secretario de la misma.

5. Responder ante la Junta Directiva de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica por la ejecución del Presupuesto.

6. Preparar el Reglamento y el esquema interno de organización y someterlo a la consideración de la Junta Directiva de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica.

7.. Promover la prestación de servicios por parte del Laboratorio Nacional de Hidráulica a entidades públicas y privadas.

8. Promover las donaciones y colaboraciones por parte de personas, organismos, empresas, entidades públicas o privadas nacionales y extranjeras.

9. Crear y prever los cargos que fueren necesarios, previa consulta con el Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica.

página original (tal como se publicó)Página 7 de la Gaceta

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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

421.890 Las demás que le asigne la Junta Directiva.

10.

Artículo 3. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado, nombre de quien lo suscribe, titularidad con la que actúa, la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, según lo establecido el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 4. La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Guillermo Rafael Barreto Esnal Ministro del Poder Popular para Ecoscialismo yAguas Deceto 1.703 de fecha 7 de abril de 2015, publicado la Gaceta Qa de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.6.34 de fem% de abae 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 23 de junio de 2015 205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 314

El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, designado mediante Decreto N° 1.703 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 07 de abril de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 3, 19 y 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y el artículo 19 en su último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y artículo 4° del Decreto 1.701 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de la misma fecha;

RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano ROBIN ALFONSO MÁRQUEZ titular de la cédula de identidad MIRANDA, N° V-10.428.329, COMO DIRECTOR ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS zULIA del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas en calidad de encargado.

Artículo 2. Son competencias del ciudadano ROBIN ALFONSO MÁRQUEZ MIRANDA, en Su CaráCter de DIRECTOR ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS ZULIA del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas en calidad de encargado, todas las actividades inherentes a: el ecosocialismo ambiental;

agua potable, aguas servidas y saneamiento ambiental; cuencas hidrográficas, recursos hídricos y embalses; la planificación y ordenación del territorio; los recursos naturales y la diversidad biológica; los recursos forestales; el manejo integral ecosocialista de desechos y residuos, así como las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos y resoluciones dentro del ámbito de su jurisdicción territorial.

Artículo 3. En el ejercicio de sus funciones el prenombrado ciudadano, ejercerá la representación del Ministro o Ministra de Viernes 3 de julio de 2015 Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, ante los poderes públicos estadales y municipales, institutos, corporaciones u organizaciones de carácter público o privado, que operen en su jurisdicción territorial.

Artículo 4. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 5. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado, nombre de quien lo suscribe, titularidad con la que actúa, la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, según lo establecido el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 6. La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Guillermo Rafael Barreto Esnal Ministro del Poder Popular para Ecosocłalismo y Ağuas Decreto 1.703 de fecha 7 de abril de 2015, publicado erna-Gaceta Oficia de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha deda 2015.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 30 de junio de 2015 205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 316 El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, designado mediante Decreto N° 1.703 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 07 de abril de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 3, 19 y 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y el articuio 19 en su último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Púbiica, y artículo 4° del Decreto 1.701 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de la misma fecha;

RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana MASSIEL DEL CARMEN MORA RICO, titular de la cédula de identidad N° V-10.082.752, COMO DIRECTORA ESTADAL DEL PODER Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.

Artículo 2. Son competencias de la ciudadana MASSIEL DEL CARMEN MORA RICO, en SU CaráCter de DIRECTORA ESTADAL DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAs BARINAS del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, todas las actividades inherentes a: el ecosocialismo ambiental; agua potable, aguas servidas y

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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

Viernes 3 de julio de 2015 saneamiento ambiental; cuencas hidrográficas, recursos hídricos y embalses; la planificación y ordenación del territorio; los recursos naturales y la diversidad biológica; los recursos forestales; el manejo integral ecosocialista de desechos y residuos, así como las.

demás atribuciones que le confieren las leyes, regiamentos y resoluciones dentro del ámbito de su jurisdicción territorial.

Artículo 3. En el ejercicio de sus funciones la prenombrada ciudadana, ejercerá la representación del Ministro o Ministra de Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, ante los poderes públicos estadales y municipales, institutos, corporaciones u organizaciones de carácter público o privado, que operen en su jurisdicción territorial.

Artículo 4. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 5. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma de la ciudadana designada, nombre de quien lo suscribe, titularidad con la que actúa, la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, según lo establecido el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y deroga la Resolución N° 287 de fecha 05 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.678 de fecha 09 de junio de 2015.

Comuníquese y Publíquese, ~ Guillermo Rafael Barfeto Èsnat Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas Decreto 1.703 de fecha 7 de abril de 2015, pública en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 derecha 7 de abril2015.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 30 de junio de 2015 205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 317

El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, designado mediante Decreto N° 1.703 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 07 de abril de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 3, 19 y 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y el artículo 19 en su último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y artículo 4° del Decreto 1.701 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de la misma fecha;

RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana ROSAVIRGINIA ARRIETA COLMENAREZ, titular de la cédula de identidad 421.891 N° V-9.542.467, DIRECTORA ESTADAL DE como ECOSOCIALISMO Y AGUAS LARA del MinisteriO del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.

Artículo 2. Son competencias de la ciudadana ROSAVIRGINIA ARRIETA COLMENAREZ, en su CaráCter de DIRECTORA ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS LARA del MiniSterio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, todas las actividades inherentes a: el ecosocialismo ambiental; agua potable, aguas servidas y saneamiento ambiental; cuencas hidrográficas, recursos hídricos y embalses; la pianificación y ordenación del territorio; los recursos naturales y la diversidad biológica; los recursos forestales; el manejo integral ecosocialista de desechos y residuos, así como las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos y resoluciones dentro del ámbito de su jurisdicción territorial.

Artículo 3. En el ejercicio de sus funciones la prenombrada ciudadana, ejercerá la representación del Ministro o Ministra de Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, ante los poderes públicos estadales y municipales, institutos, corporaciones u organizaciones de carácter público o privado, que operen en su jurisdicción territorial.

Artículo 4. Queda a salvo 1o establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 5. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma de la ciudadana designada, nombre de quien lo suscribe, titularidad con la que actúa, la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, según lo establecido el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 6. La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Sun Guillermo Rafael Barreto Esnal Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo Aguas Decreto 1.703 de fecha 7 de abril de 2015, pubicao en la Gacetaficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 40.634 deha 7 de de 2015.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 30 de junio de 2015 205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 318 El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, designado mediante Decreto N° 1.703 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 07 de abril de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 3, 19 y 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y el artículo 19 en su último aparte de la Ley del Estatuto de la

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421.892 Función Pública, y artículo 4º del Decreto 1.701 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de la misma fecha;

RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano EDGAR MAITXAULE CASTRO DIAZ, titular de la cédula de identidad N° V-17.881.764, COMO DIRECTOR ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS PORTUGUESA del MinisteriO del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.

Artículo 2. Son competencias del ciudadano EDGAR MAITXAULE CASTRO DIAZ, en Su CaráCter de DIRECTOR ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS PORTUGUESA del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, todas las actividades inherentes a: el ecosocialismo ambiental; agua potable, aguas servidas y saneamiento ambiental; cuencas hidrográficas, recursos hídricos y embalses; la planificación y ordenación del territorio; los recursos naturales y la diversidad biológica; los recursos forestales; el manejo integral ecosocialista de desechos y residuos, así como las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos y resoluciones dentro del ámbito de su jurisdicción territorial.

Artículo 3. En el ejercicio de sus funciones el prenombrado ciudadano, ejercerá la representación del Ministro o Ministra de Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, ante los poderes públicos estadales y municipales, institutos, corporaciones u organizaciones de carácter público o privado, que operen en su jurisdicción territorial.

Artículo 4. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 5. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado, nombre de quien lo suscribe, titularidad con la que actúa, la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, según lo establecido el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 6. La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Guillermo Rafael Barreto Esnal Ministro del Poder Popular para Ecos ocialismo y Aguas Decreto 1.703 de fecha 7 de abril de 2015, publicado 0a Gaceta Oficia de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha de abril de 05.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 30 de junio de 2015 205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 319 El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, designado mediante Decreto N° 1.703 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Viernes 3 de julio de 2015 Venezuela N° 40.634 de fecha 07 de abri ae 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 3, 19 y 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y el artículo 19 en su último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y artículo 4° del Decreto 1.701 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de la misma fecha;

RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano RAMON AURELIO RAMOS cédula URRUTIA titular de la identidad de N° V-14.948.586, COmo DIRECTOR ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS APURE del MinisteriO delPoder Popular para Ecosocialismo y Aguas.

Artículo 2. Son competencias del ciudadano RAMON AURELIO RAMOS URRUTIA, en Su CaráCter de DIRECTOR ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS APURE del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, todas las actividades inherentes a: el ecosocialismo ambiental; agua potable, aguas servidas y saneamiento ambiental; cuencas hidrográficas, recursos hídricos y embalses; la planificación y ordenación del territorio; los recursos naturales y la diversidad biológica; los recursos forestales; el manejo integral ecosocialista de desechos y residuos, así como las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos y resoluciones dentro del ámbito de su jurisdicción territorial.

Artículo 3. En el ejercicio de sus funciones el prenombrado ciudadano, ejercerá la representación del Ministro o Ministra de Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, ante los poderes públicos estadales y municipales, institutos, corporaciones u organizaciones de carácter público o privado, que operen en su jurisdicción territorial.

Artículo 4. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 5. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado, nombre de quien lo suscribe, titularidad con la que actúa, la fecha, número de Rešolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, según lo establecido el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 6. La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Guillermo Rafael Barreto snal Ministro del Poder Popular para Ecosocialismg yAguas Decreto 1.703 de fecha 7 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 7 de abril de 2015.

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Viernes 3 de julio de 2015 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 30 de junio de 2015 205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 320

El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, designado mediante Decreto N° 1.703 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 07 de abril de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 3, 19 y 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y el artículo 19 en su último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y artículo 4º del Decreto 1.701 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de la misma fecha;

RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano JHONNY JOSE SUCRE dela GRAFFE titular cédula de identidad N° V-12.644.229, COMO DIRECTOR ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS BOLÍVAR del MinisteriO del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.

Artículo 2. Son competencias del ciudadano JHONNY JOSÉ SUCRE GRAFFE, en Su CaráCter de DIRECTOR ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS BOLÍVAR del MinisteriO del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, todas las actividades inherentes a: el ecosocialismo ambiental; agua potable, aguas servidas y saneamiento ambiental; cuencas hidrográficas, recursos hídricos y embalses; la planificación y ordenación del territorio; los recursos naturales y la diversidad biológica; los recursos forestales; el manejo integral ecosocialista de desechos y residuos, así como las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos y resoluciones dentro del ámbito de su jurisdicción territorial.

Artículo 3. En el ejercicio de sus funciones el prenombrado ciudadano, ejercerá la representación del Ministro o Ministra de Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, ante los poderes públicos estadales y municipales, institutos, corporaciones u organizaciones de carácter público o privado, que operen en su jurisdicción territorial.

Artículo 4. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 5. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado, nombre de quien lo suscribe, titularidad con la que actúa, la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, según io establecido el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 6. La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Guillermo Rafael Barreco Esnal Ministro del Poder Popular para Ecospeialismo y Aguas Decreto 1.703 de fecha 7 de abril de 2015, publicado a Gaceta Ofic 421.893 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 30 de junio de 2015 205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 321 El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, designado mediante Decreto N° 1.703 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 07 de abril de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 3, 19 y 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y el artículo 19 en su último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y artículo 4º del Decreto 1.701 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de la misma fecha;

RESUELVE Artículo1. Designar al ciudadano YONATTHANDEBRAY'S TORRES RIVAS, titular de la cédula de identidad N° V-11.408.819, COMO DIRECTOR ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS DISTRITO CAPITAL Y VARGAS del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.

Artículo 2. Son competencias del ciudadano YONATTHAN DEBRAY'S TORRES RIVAS, en Su CaráCter de DIRECTOR ESTADAL DE ECOSOCIALISMO Y AGUAS DISTRITO CAPITAL Y VARGAS del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, todas las actividades inherentes a: el ecosocialismo ambiental; agua potable, aguas servidas y saneamiento ambiental; cuencas hidrográficas, recursos hídricos y embalses; la planificación y ordenación del territorio; los recursos naturales y la diversidad biológica; los recursos forestales; el manejo integral ecosocialista de desechos y residuos, así como las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos y resoluciones dentro del ámbito de su jurisdicción territorial.

Artículo 3. En el ejercicio de sus funciones el prenombrado ciudadano, ejercerá la representación del Ministro o Ministra de Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, ante los poderes públicos estadales y municipales, institutos, corporaciones u organizaciones de carácter público o privado, que operen en su jurisdicción territorial.

Artículo 4. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 5. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano -designado, nombre de quien lo suscribe, titularidad con la que actúa, la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, según lo establecido el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 6. La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Guillermo Rafael Bargeto Esnal Ministro del Poder Popular para Ecsocialismg Aguas Decreto 1.703 de fecha 7 de abril de 2015, pública en la Gacoficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 dè fea7abril de 2015.

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421.894

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN

Ministorio del Poder Popular para lu Comunicación y la Información Despacho de la Ministra

Caracas, 01 de julio de 2015

204°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 051

La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, ciudadana DESIRE SANTOS AMARAL, titular de la cédula N° V- 3.886.180, designada mediante Decreto N° 1.734 de fecha 28 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.649 de la misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con los artículos 20 y 21 de su Reglamento, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social.

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de ia previsión sociai.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del beneficio de Pensión de Incapacidad, a los fines de garantizar el cumplimiento del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se otorga al ciudadano RAMóN GUARATA, titular de la cédula de identidad N° V-978.752, de setenta y ocho (78) años de edad, y quien cumple con los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, según Certificado de Incapacidad Residual, signada bajo el N° DNR-CN-004328-15-PB, de fecha 21 de abril de 2015, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la cual declara que la pérdida de su capacidad para el trabajo es de un sesenta y siete por ciento (67%).

Viernes 3 de julio de 2015

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la PENSIÓN DE INCAPACIDAD, aprobada mediante Punto de Cuenta Nº 041, Agenda 041 de fecha 18 de junio de 2015, al ciudadano RAMÓN GUARATA, titular de la cédula de identidad N° V-978.752, quien se desempeña como Locutor de Estudio de Audio, adscrito a la Gerencia de Transmisión de Radio Nacional de Venezuela, C.A.

SEGUNDO: El monto de la PENSIÓN DE INCAPACIDAD, se otorga pOr la SUma menSUal de CINCO MIL OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON TRECE CÉNTIMOS (Bs. 5.087,13), ei Cual representa el sesenta y siete por ciento (67%) de su último salario, equivalente a SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOs (Bs. 7.592,74), de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el artículo 20 del Reglamento de la precitada Ley.

TERCERo: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados a la partida presupuestaria N° 407.01.01.01, relativa a Pensiones.

Ejecútese y Publíquese, Muuarg MINISTRA Desir@ Santos Amarat Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información Según Decreto N° 1.734 de fecha 28 de abril de 2015, Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia Nº 40.649 de la misma fecha.

Repáblica Bolivariana de Vonouela Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Despacho de la Ministra

Caracas, 30 de junio de 2015

205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 046 La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, ciudadana Desire Santos Amaral, titular de la Cédula de Identidad No V-3.886.180, designada mediante Decreto N° 1.734, de fecha 28 de abril de 2015, publicado en a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649, de la misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinaria, de la misma fecha, en concordancia con el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las

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Viernes 3 de julio de 2015 Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social.

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social.

CONSIDERANDO Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del beneficio de Pensión de Incapacidad, a los fines de garantizar ei cumplimiento del articulo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se considera otorgar a la ciudadana Jacqueline Uzcategui Gil titular de la cédula de identidad N° V- 11.491.424 de cuarenta y dos (42) años de edad, en virtud que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, según Resolución de Incapacidad Residual signada bajo el N° DNR-CN-13.565-13-PB, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la cual declara que su incapacidad para el trabajo es de un sesenta y siete por ciento (67%).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la PENSIÓN DE INCAPACIDAD, aprobada mediante Punto de Cuenta Nº 001, Agenda 325 de fecha 23 de junio de 2015, a la ciudadana Jacqueline Uzcategui Gil, titular de la cédula de identidad N°v- 11.491.424, quien se desempeña como Analista adscrita a la Dirección de Oficina de Información Regional.

SEGUNDO: El mOnto de la PENSIÓN DE INCAPACIDAD, se otorga por la SUma menSUal de, DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 11 CÉNTIMOS (Bs.10.175,11) el Cual representa el sesenta y siete por ciento (67%) de su último salario, equivalente a QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 15.186,74), de COnformidad a lo establecido en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal,

TERCERo: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados a la partida presupuestaria N° 407.01.01.01, relativa a Pensiones.

Ejecútese y Publiquese, VIISINIA Desire Santos Amaral Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información Segun Decreto N° 1.734 de fecha 28 de abni de 2015, Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649 de la misma fecha.

421.895 Repuúblioa Bolivariana do Venexuela Ministerio del Poder Poputar para lu Fomunicación y la Información Despacho de la Ministra

Caracas, 30 de junio de 2015

205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 048

La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, ciudadana Desire Santos Amaral, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.886.180, designada mediante Decreto N° 1.734, de fecha 28 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649, de la misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 del Decreto Nº 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinaria, de la misma fecha, en concordancia con el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y de acuerdo a lo establecido en el artícuio 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social.

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como up servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del beneficio de Pensión de Incapacidad, a los fines de garantizar el cumplimiento del articulo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se considera otorgar al ciudadano Enrique González Rodríguez titular de la cédula de identidad N° V-7.141.664 de cuarenta y cinco (45) años de edad, en virtud que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, según Resolución de Incapacidad Residual signada bajo el N° DNR-CN-4969-14-PB, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la cual declara que su incapacidad para el trabajo es de un sesenta y siete por ciento (67%).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la PENSIÓN DE INCAPACIDAD, aprobada mediante Punto de Cuenta Nº 001, Agenda 327 de fecha 23 de junio de 2015, al ciudadano Enrique González Rodríguez titular de la cédula de

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421.896 identidad N° v- 7.141.664, quien se desempeña como Fotógrafo, adscrito a la Dirección de Audiovisuales.

SEGUNDO: El mOnto de la PENSIÓN DE INCAPACIDAD, se otorga por la SUma menSUal de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN BOLIVARES CON 81 CÉNTIMOS (Bs.8.881,81), el Cuai representa el sesenta y siete por ciento (67%) de su último salario, equivalente a TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs.13.256,44), de Conformidad a lo establecido en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.

TERCEro: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados a la partida presupuestaria N° 407.01.01.01, relativa a Pensiones.

Ejecútese y Publíquese, Desire Santos Amaral Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información Según Decreto N° 1.734 de fecha 28 de abni de 2015, Pubicado en la Gaceta Ofical de la República Bolivanana de Venezuela Nº 40.649 de la misma techa.

República Bolivariana de Vonexuola Ministerio del Poder Popular pura la Comunicación y la Información Despacho de la Ministra

Caracas, 30 de junio de 2015

205°, 156° y 16° RESOLUCIÓN N° 049

La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, ciudadana Desire Santos Amaral, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.886.180, designada mediante Decreto N° 1.734, de fecha 28 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649, de la misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del articulo 78 del Decreto Nº 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinaria, de la misma fecha, en concordancia con el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social.

Viernes 3 de julio de 2015 CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como yn servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del beneficio de Pensión de Incapacidad, a los fines de garantizar el cumplimiento del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se considera otorgar a ia ciudadana Keyling Toro Rodríguez titular de la cédula de identidad N° V-14. 214.224 de treinta y seis (36) años de edad, en virtud que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, según Resolución de Incapacidad Residual signada bajo el N° DNR-CN- 1935-14-PB, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sesenta y siete por ciento (67%).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la PENSIÓN DE INCAPACIDAD, aprobada mediante Punto de Cuenta N° 001, Agenda 329 de fecha 23 de junio de 2015, a la ciudadana Keyling Toro Rodriguez, titular de la cédula de identidad N°v-14.214.224, quien se desempeñaba como Analista Especialista adscrita a la Dirección General de Responsabilidad Social.

SEGUNDO: El montO de ia PENSIÓN DE INCAPACIDAD, se otorga por la SUma menSual de OCHO MIL OCHO BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (Bs.8.008,60), el Cual representa el sesenta y siete por ciento (67%) de su último salario, equivalente a oncE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON CATORCE CÉNTIMos (Bs.11.953,14), de conformidad a lo establecido en el articuio 15 dei Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las- Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.

TERCERO: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados a la partida presupuestaria N° 407.01.01.01, relativa a Pensiones.

Ejecútese y Publíquese, Desitg Santos Amar JMNISTRA Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información Según Decreto N° 1.734 de fecha 28 de abril de 2015, Putlicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649 de la misma fecha.

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Viernes 3 de julio de 2015 Repáblica Bolivariana de Venexurla Ministorio dol Poder Popular para la Comunicación y la Información Pespacho do la Ministra

Caracas, 30 de junio de 2015

205°, 156° y 16°

RESOLUCIÓN N° 050

La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, ciudadana Desire Santos Amaral, titular de la Céduia de Identidad No V-3.886.180, designada mediante Decreto N° 1.734, de fecha 28 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649, de la misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinaria, de la misma fecha, en concordancia con el artícuio 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social.

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión socia!.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia dei beneficio de Pensión de Incapacidad, a los fines de garantizar el cumplimiento del articulo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se considera otorgar al ciudadano Alirio Solórzano titular de la cédula de identidad N° V-3.441.008 de sesenta seis (66) años de edad, en virtud que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, según Resolución de Incapacidad Residual signada bajo el N° DNR-CN- 13.967-13-PB, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la cual declara que su incapacidad para el trabajo es de un sesenta y siete por ciento (67%).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la PENSIÓN DE INCAPACIDAD, aprobada mediante Punto de Cuenta Nº 001, Agenda 326 de fecha 23 de junio de 421.897 2015, al ciudadano Alirio Solórzano, titular de la cédula de identidad N° v- 3.441.008, quien se desempeña como Supervisor de Servicios Generales, adscrito a la Oficina de Administración y Finanzas.

SEGUNDO: El monto de la PENSIÓN DE INCAPACIDAD, se otorga por la SUma menSUal de NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs.9.394,89), el cual representa el sesenta y siete por ciento (67%) de su último Salario, equivalente a CATORCE MIL VEINTIDos BOLÍVARES CON VEINTITRES CÉNTIMOS (Bs. 14.022,23), de conformidad a lo establecido en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.

TERCERo: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados a la partida presupuestaria N° 407.01.01.01, relativa a Pensiones.

Ejecútese y Publíquese, duarp NALSININ Desie Santos Amaral Minisha del Poder Popular para la Comnunicación y la Información Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.649 de la misma fecha.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 029-15

Caracas, 02 de julio de 2015

205º, 156º y 16°

RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLos ALBERTO oSORIO ZAMBRANO, designado mediante Decreto N° 1.675 de fecha 24 de marzo de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627 de la misma fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 y los numerales 2, 3 y 19 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5, y los artículos 19, y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano ROMMEL RAFAEL RODRÍGUEZ VILLALBA, titular de la cédula de identidad N° V.-8.285.928, como DIRECTOR GENERAL DE MERCADEO de este MinisteriO, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTicuLo 2. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del ciudadano designado, la fecha-y número del presente acto y la fecha y número de la Gaceta Oficial en que haya sido publicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

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421.898 ARTícuLo 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción y sin perjuicio de lo éstablecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la funcionaria designada deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo.

ARTícuLo 4. El presente acto administrativo deroga la Resolución DM/N°007-15; de fecha 31 de marzo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.632, de fecha 31 de marzo de 2015.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, ARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO, AMINISTRO DL. PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISOIPLINARIO JUDICIAL EXPEDIENTE N° APG1-D-2011-000319 El primero (1°) de noviembre de 2011 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentes (URDD) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial el escrito de denuncia presentado por al ciudadana Rosa Emilia Zerpa Piñero. titular de la cédula de identidad N° V 10.127.605, Contra 6I ciudadano IGNACIO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ. titular del Estado Portuguesa, asignándosele la nomenclatura AP61-D-2011-000319.

Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, se acordó dar iniciò a la investigación de los hechos denunciados con el objeto de recabar los elementos de convicción a los fines de elaborar el informe sobre la procedencia o no para abrir el procedimiento disciplinario.

En fecha diecisiete (17) de enero de 2012, se recibió el escrito de promoción de pruebas presentado por la ciudadana Rosa Emilia Zerpa. en su condición de denunciante en la presente causa En fecha catorce (14) de febrero de 2012. la Oficina de Sustanciación levantó informe de de ia presente denuncia por ante esta Jurisdicción Disciplinania Judicial por no existir elementos presente causa. se subsumiera como faita disciplinaria.

En esa misma fecha por cuanto se evidenció que se encontraban agotadas las actuaciones en el presente expediente. se acordó remitrlo a este Órgano jurisdiccional a ios fines legales consiguientes.

En fecha veintidos (22) de febrero de 2012. por recibida la presente causa, se designo ponente al CIudadano Juez CARLOS ALFREDO MEDINA ROJAS.

En fecha seis (6) de marzo de 2012. el Tribunal Discipinario Judicial admitió la denuncia interpuesta y ordenó la citación del juez denunciado para que compareciera en el lapso de cinco (5) dias de despacho siguentes pars la consignación de su escrito de descargos. de conformidad con el articulo E2 de Código da Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

En fecha veintidós (22) de marzo de 2012, el Alguacil del Tribunal Disciplinario Judicia! dejó constancia de la notificación efectuada a la Fiscal General de la República.

constancia de haber consignado en la oficina de correspondencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) el oficio de delegación dirigido al ciudadano Juez Rector de la en la presente causa.

el Juez denunciado en la presente causa. el cual fue agregado a los autos en la misma fecha.

En fecha misma fecha. se recibió la diligencia presentada por el Juez denunciado en el Galindez. inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 90.759, a los fines de su defensa oees e en e e e e ns archivo de la presente causa.

En fecha diecisiete (17) de mayo de 2012. se agregó a los autos el ficio/ precedentemente mencionado.

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fecha seis (6) de marzo de 2012 y decretó la reposición de la causa al inicio del lapso de cinco (5) dias habiles, más cinco (5) dias relativos al término de la distancia para la promoción de pruebas en la presente causa.

En fecha nueve (9) de agosto de 2012, el Alguacil de 6ste Órgano Jurisdiccional dajó constancia de la notificación efectuada a la Fiscal General de la República.

constancia de haber consignado en la oficina de correspondencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) el of.icio de delegación N° TDJ-1347-2012 dirigido al ciudadano Juez Rector de ia Crcunscrpcion Judicial del Estado Portuguesa a los fines de la citación de la parte denunciada en la presente causa En techa nueve (9) de octubre de 2012, se recibió el oficio N° 2012-714 emanado del ciudadano Juez Rector de la Crcunscripción Judicial del Estado Portuguesa. anexo al cual remitir las resultas de la comisión librada a los fines de la notificación de las partes involucradas en la presente causa.

En fecha veintiuno (21) de enero de 2014, se ordenó darle continuidad en la presente En fecha cuatro (4) de febrero de 2014, se le dio entrada a la presente causa, a fines de cane continuidad a la misma En fecha seis (6) de febrero de 2014. ia Oficina de Sustanciación de este Tribunal dicto auto crdenatorio del proceso quedando establecido que se encontraba en la fase de inicio del lapso de promoción de pruebas. ordenándose de igual forma la notificación de las partes intervinientes a fin de mponerias del estado de la causa asi como de la ciudadana Defensora del Pueblo a los fines de la designación de un defensor.a la parte denunciante.

En fecha once (11) de marzo de 2014. ei Alguacil de este Organo Juisdiccional dej constancia de la notificación efectuada a la ciudadana Defensora del Pueblo En fecha tres (3) de abil de 2014, se recibir el escnto de promoción de pruebas asi como su complemento presentado por la parte denunciante en la presenie causa En fecha nueve (91 de abri de 2014, se agregó a los autos el oficio precedentemente menciona de De igual forma se agregó a los autos el complemento dei escrito de promoción de En fecha diez (10) de abril de 2014, se recibio el escrito presentado por la eoresentación Judiciai dei Juez denunciado por medio del cual solicitó el sobreseimiento en la En fecha veinte (20) de mayo de 2014. la Oficina de Sustanciación de este Órgano dicciona: declaro inadmisibles por extemporáneas las pruebas promovidas por la Jun evidenciado promoción y actividad probatona por parte del Juez denunciado.

En fecha cinco (5) de junio de 2014. ei ciudadano Alguacil de esto Órgano Jurisdiccional dejó constancia de haber consignado en la oficina de correspondencia de la Dirección Ejecutiva citación de las partes involucradas en la presente causa.

n o e constancia de la notificación efectuada a la Fiscal General de la Republica.

En fecha siete (7) de agosto de 2014. se recibió el oficio N° 347-2014 emanado del cudadano Juez Rector de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, anexo al cual a prasente causa En fecha trece (13) de agosto de 2014, s6 agregó a ios autos el oficio precedentemente nado /mar e denunciante por medio de la cual solicitó celendad en la presente causa En esa misma fecha, notificadas como se encontraban las partes. la oficina de Sustanciación de este Tribunal ordeno dar continuidad a la causa en ia tase procesa! Juez Venezolano y de la Juez Venezolana Inibunal En fecha ocho (8) ce octubre de 2014, el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional dejó constancia de la notificación efectuada a la Fiscal General de la República.

En la oportunidad pautada tuvo lugar la audiencia oral y pública en la cual las partes expusieron sus alegatos, se deliberó y adoptó la referida decisión, tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad dictar el lexto integro de la decisión, en cumplimiento del articulo 82 del Codigo de Ética del Juez Venezciano y la Jueza Venezolana. y al respecto se observa:

1 DE LA DENUNCIA En fecha primero (1°") de noviembre de 2011. la ciudadana Rosa Emilia Zerpa Piñero , presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Tribunaf

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siguientes términos.

Adujo que 7...) el dia 23 de agosto {.) al encontramos las ciudadanas Nancy González (Secretana del despacho). la ciudadana Denise Arias (Asistente) y mni persona en el ejercicio de.

nuestras funciones en el áren laboral de los tnbunales civiles y laborales (. ) exploto (sic) un -srosopojo coropts pop ropeunojsuen Oue. dichas ciudadanas a ver tal situación huyeron del lugar sin dar alguna instrucción Continuc alegando. que "En ese momento, asiste a la sede de los tribunales el Juez despacho, luego a la hora aptosmadamente regresa y se molesta en virtud de que cast todos los tribunales estarán cerrado (sic) y da instrucciones precisas y claras de ieventar una acta, la Cual se le encargo (Sic) por nuestro tribunal a la ciudadana MILDRE SANABRIA en la cuat se

n e

que vanas personas al saber que el nombre de la ciudadana Nancy Galindez aparecía en e levantar el acta estuvo de acuerdo tachando el nombre de la precitada Secretaria.

Que *..) a las 12:40 aproximadamente. se dirigió el alguacil (sic) Pabio Colmenares y me dijo porque (sic) coño sacaste a Nancy del acta, paja' Es a partir de esta stuación donde soy acusada. hostigada, insultada y amedrentada por mis compañeros de trabajo (..) viéndose en la obligación de ejercer contra elios las acciones pertinentes.

Respecto a la denuncia de autos adujo que "(.) El dia 16 do septiembre de 2011.

Pordomo, Jefe de Personai y el Juez Rector, haciéndoles deber mi deseo de un câmbio de área laboral me dirigi al moncionaoo Juez a entrega de per escrito mu solictud de un CAMBIo NOMinAL a otro trbunal cuando le comunique :sic: ro de la soircitud me respondió textualmente yo no puedo recibido nada por que hay una denuncia contra usted, donde se le

n r n pee p nns e n n n q n adr sn onp

e n n e d p s n o s u o búsquese un abogado' además de sugerirme que lo buscara en la iglesia dond o me congreso desde tace siete (7) años (..f. notificándola de igual forma. en ese acto que estaba continuos (..

archivo, siendo que el mismo se molestó y procedió a llamar a dos (2) agentes policiales a los fines de desalojarla, lo cual no fue logrado.

Expreso que la suspensión de sus funciones y responsabilidades sin la previa entrevista manera fue sometida al escarn:o público con su desalojo arbtrario y volento asi como al retirar orma grosera sus cosas personales de su área laborai. expresando de igual modo que ha reiteradamente que saria retirada de su puesto de trabaio por lo cuai consideró que el juz denunciado adelanto su opinión sobre el procedimiento instaurado.

Finalmente expreso que la stuación de incomodidad y violación a sus derechos se ha evidenciado desde el año 200e,2007 y 2008 años durante los cuales se hizo caso omiso a su situación de salua asi como de sus derechos como mujer, por io cual solicitó se ordenara lo conducente a fin de que se diera inicio a la correspondiente investigación y a que se practiquen Il DEL ESCRITO DE DESCARGOS PRESENTADO POR EL JUEZ DENUNCIADO Mediante escrito de descargos presentado el doce (13) de abril de 2012, de conformidad correspondiente averiguación de conformidad con lo dispueste en el articulo 45 del Estatuto del Personal Judicial 421.899 ROSA EMiIA ZERPA PINERO luego de presentada ta denuncia en su contra de sus coerpeesos y companeras de tabajo, habria incurndo en la falta disciplinana de tatta de aicacón del procedimiento disciplinario, contra la denunciada. que estaba adscrita al Tribunal a mi cargo, falta prevista en el mumeral 15 del erticuro 32 dol Código de Etca del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (Mayúsculas del original) procedimiento "indicando que "Scbre este punto llama la atención que la denunciante afirme en el escrto de su denuncia que le due que el que se le abriera ol procedimiento no significaba quj a n q sobre el fondo del asunto abjete del procedimiento" Que "En el roienco procedimiento disciplirfario (. ) se le garantizó el derecho a la defensa, notficandole del nismo, se le otorgó el lapso de diez dias laborales contados a partir hizo saber que vencido este lapso, desde le dia laborable siguiente inclusive se abrir la una rtaciastión probatoria de ocho dias hábiles, en los que podria promover y evacuar las pruebas en descargo, pudiendo el Juez acordar de oficio las diligencias probatorias que considere contra un superior y contra compañeros de trabajo prevista en el Iiteral 'b' del articulo 42 del Estatuto del personal Judicial, declarándola RESPONSABLE de la falla de haber faltado el n n n e RIOS y DENICE ARIA VIVAS, tipficada en el literal 'b' dcl articulo 42 eiusdem como falta EMPLEO SIN GOCE DE SUELDO POR TRES MESES (.) el procedimiento disciplinario quo aÓ a ROSA EMIA ZERPA PINERO. se ajustó rigurosamente al Prncpio dei Debido Prede y se le garantizó el derecho a la defonsa i. ) Asi lo considero la Oficma do psta ación de esa Junsdicción Disciplinaria Judicial. en su informe del 14 de febrero do ) los hechos denunciados es decir, haber incurrido en arbitrariedad en el uso de la ordo del Poder Discsplinario on contra de la denunciante y haber adelantado opinión s techos objeto dei refendo procedimiento sin haberme inhbido, no ocurrieron, lo que Finalmente, concluyó solicitando que se decretara el sobreseimiento y el consiguiente denunció.

III DE LA AUDIENCIA En fecha veintisiete (27) de enero de 2014, siendo las diez de la mañana (10.00 am.), se llevó a cabo la audiencia a la cual se refiere el articulo 73 del Código de Ética dei Juez Venezolano y la Jueza Venezoiana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias, en presencia dei ciudadano Ignacio José Nerrera González y de la ciudadana Rosa Emilia Zerpa Piñero en su condición denunciado y unciante en la presente causa, respectivamente .

Del desarrollo de la mencionada audiencia se desprenden los siguientes hechos que a connuación se descnben ". omiss...) AUDICIAL Con respecto al ilícito disciplinario denuncias o, consistente en la supuesta perjuicio a los subordinados o al servicio. causal de suspension contenida en Jueza Venozolana.

Se observa que el Juez Ignacio José Herrera Gonzaiez inci un procedimiento discplinaric contra la ciudadana Ross Emil a Zerpa Pinero.

quien desempeñaba el cargo de Archivista del Juzgado de Primera Instancia Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en razón de los hachos de esta ciudadana contra sus compañeros de trabejo. Asl, la denunciante afirmó que el Juez adelantó su opinión en cuanto al procedimiento disciplinario que se le llevaría a cabo: aunado al hecho que adoptó una demostrativos de la falta atnbuida por la denunciante. pues ss evidencia por un lado. que la misma indicó que el Juez denunciado al informarle de la procecimvento adminstralivo disciplinario del cual la denunciante fue n n n ABSUELVE al juez denunciado de responsabilidad disciplinaria respecto al vicio contenido en el numeral 7 del articulo 32 del Cótigo de Etica del Juez As/ Venezolano Ia azeng Venezolana se y declara Atora ben respecto al segundo hecho denunciado, relativo a la presunta arbitranecad del Juez denunciado el desalajarla violentamente de su stió de trabajo. es perúnente índice: que el Juez en el ejercicio de tas funciones que urevisunne, estaniecdas en la Ley asi como a los postulados de ta lógica.

dnánca soo-l y las reg'as universales de convivencia, siendo que debe eben se-l multas, arbitranas ni losivus de sus derechos sino provistas de n Ins angnidad de personas su a cargo En tal sentido la causal du suspensión de arbitrariedad en el uso de la autondnd o del poder disciplinano que cause perjuicio a los subordinados o

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421.900 ai servicio, contenida en el numeral 7 dei articulo 32 dol Codigo de Etica del Juez Venezoiano y la Jueza Venezoiana, se matenaliza cuando el juez —en ejercicio de sus funciones- actue o manifieste un proceder contrario a la capricho, deviniendo la misma en contra de la moralidad y decoro que debe en todo momento mantener un funcionario judicial en el ejercicio de sus razón de cabo Ahora bren en el caso de autos este Trbunal Disciplinanio Judicial observa que la actuación del ciudadano Juez Ignacio Jose Herrera González, fue consecuencia de los hechos irregulares ocurridos en el Juzgado Primero de apertura del procecimiento disciplinano instaurado, siendo que no consta en los autos medio probatorio que demuestre que el mismo hubiera sido indicó en su denuncia. motivo por el cual SE ABSUELVE al juez denunciado de responsabilidad disciplinaria respecto al licito contenido en el numeral 7 n Venezolann Asi se declara (_ omissis. )" IV DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tnbunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, pronunciarse acerca siguientes En este orden de deas. ia novísima norma dei Código de Ética dei Juez Venezolane y la potestad discrplinana judicial, Cuyo tenor reza:

"Articu o 2. El presente Codigo se aplicará a todos los jueces y todas las juezas dentro dei territorio da ia República Bolivariana de Venezueia. Se entenderá por d investida conforme a ra ley. para actuar en nombre ds la Repúbica en ejercicio de la junsdicción de nuanera permanente. temporal ocasional accidental o provisoria.

(..omissis..)" De conformidad con el articulo parcialmente transcrito, el âmbito de aplicación y en juez de la República, incluyendo los permanentes. temporales, ocasionales, accidentales o judicial según la previsión del articulo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a la Carrera Judicial (concursos públicos de oposición).

Venezolana:

E VENEZUE.A compatencia discpinaria sobro los jueces y juezas de la República, son el Trbunal Discpfinano Judicial y la Corte Discipinana Judicial. ros cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente. los posedunenos discptianos por infracción a los prcipios y deberes Contendos nn este Codrgu El Tribunal Discaplinano Judicial contara con la Secrelarla coresponderte y los servcios de Alguaciazgo." Como se desprende de: presente articulo. l Tribunal Disciplinario Judicial ostenta la principios onentadores y deberes en matena de ética previstos en el señalado Código.

y 33 eiusdem

En este orden de ideas, la norma del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza disciplinaria judicial, cuyo tenor reza juezas dentro dei terntorio de la República Bolivariana de Venezueia. Se entenderà por juez o jueza todo aquel ciudadano o ciudadana que haya sido Repúbrica en ajercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal.

ocasional, accidental o provisoria.

(... omissis...)" De conformidad con el articulo parcialmente transcrito, el ámbito de aplicación y en juez de la República, incluyendo los permanentes, temporales, ocasionales, accidentales d! provisorios; haciéndose extensiva no sólo para los jueces que hubieren ingresado a la carrera judicial según la previsión del articulo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a la carrera judicial (concursos públicos de oposición).

No obstante, se observa que ia sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió cautelarmente la referencia que hace ei articulo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezoiana respecto a ia competencia que detenta este Tnbuna! Disciplinario Judicial para el conocimiento de las causas disciplinarias contra ios jueces temporales. ocasionales, accidentales o provisorios, limitando temporalmente su competencia sobre la do aquellos que hayan ingresado al Poder Judicial a :raves de concurso, es decir, los jueces titulares Siendo que el Juez Ignacio José Herrera Gonzalez detenta la condición de Juez Titular.

queda claramente definida la competencia de este Tribunal Disciplinario para aplicar en primera Ropúbica. Asi se decide.

Viernes 3 de julio de 2015 V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Estabiecida la competencia de este Tribunal Disciplinario Judicial para conocer de la ;

dictar el extenso del dispositivo emitido en la audiencia, lo cual se hace de la siguiente manera:

. De la denuncia relativa a la arbitrariedad en el uso de la autoridad o del poder disciplinario que cause perjuicio a los subordinados o al servicio denunciada o el servicio en que incurrió el Juez denunciado al haber actuado de manera inicia en contra de deniante al habría presuntamente desalojado de su puesto de trabajo a trav procedimiento disciplinano.

En este sentido. estima este Tribunai pertinente a los fines de la emisión del presente fallo realizar una serie de consideraciones en cuanto a la causal denunciada por la ciudadana Rosa Zerpa relativa a la arbitrariedad en el uso de la autoridad o poder discipinario que cause perjuicio a los subordinados o al sorvicio. ello en los siguientes términos D El Juez en el ejercicio de las funciones que son propias del Tnbunal a su cargo se entra Imtado pcr las presiones estabiecidas en la Ley así como a los postulados de la a dicho recinto sino también a los funcionanos que diariamente se desempeñan en ei . en este sentido. el mismo debe igualdad y trato no discriminatono a sus subordinados, misma.

personal de los sujetos a su cargo Ello asi, la inobservancia parcial o total por parte del Juez de dichas exigencias lógicas cabida a una actuación arbitraria, siendo que el Diccionario de la Real Academia Española define a la arbitrariedad como el "Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes.

dictado soio por la voluntad o el capricho" asi como una forma de actuar que se basa consecuencia del abuso por parte de quien ejerce el poder, siendo que la misma supone una contrata a derecho desde el punto de vista formal, con independencia del contenido material una a esfera de la propia competencia ejecutiva (como en el caso de autos).

De igual fornfa, estaremos en presencia de diha causal, cuando la conducta antijuridica de que se trate proceda de los órganos del Estado o que conformen los poderes públicos.

siendo que de seguidas la arbitranedad supondrá ei obrar sin arreglo a ninguna norma ni criterio antojo suojetivo del momento voluntad volubie de quien ostenta el poder, en determinadas circunstancias en el caso de aquel estuviese legitimado para levar a cabo. siendo que bajo este tipo podrian incardinarse las terceros ausencia de un entero constante de actuación, adoptado con independencia del resultado que por lo tanto constituye una práctica que debe ser evitada.

La misma, se encuentra establecida en el numeral 7 del articulo 32 del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana en los siguientes términos:

"Articulo 32 Son causales de suspensión del Juez o Jueza:

(. omissis. ) La arbitrarredad en el uso de la autoridad o del poder disciplinario que causa C o ejercicio de sus funciones y el trato dirigido a los funcionarios a su cargo, todo esto en aras de

Visto lo anteriormente expuesto. es claro entonces que la arbitrariedad entendida comg una actitud contrata al deber de objetividad y respeto a la legalidad. por parte del juez, cqmo elemento subjetivo consistente en la actitud psiquica de quien voluntaria

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capricho y los propios fines personales.

Ahora bien. hechas las consideraciones que preceden en cuanto a la causal de autos se verifico la misma. siendo que la parte denunciante la circunscribe a la actuación artaania on ia que -a su decir- el ciudadano Ignacio José Herrera González en su carácter de Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. al supuestamente haber misma desconociendo además —a su decir- los hechos que debian motivar tal apertura asi como al haber desalojado a la misma del Tribunal en el cual se desempeña empleando para ello la violencia asi como un lenguaje soez.

En este orden de ideas, constan en el expediente del caso de autos los siguientes AE VE 2 utos la denuncia efectuada por los ciudadanos Nancy Galindez, Pablo Vidai. Lisbeth ez, Marisol Rios y Denice Arias. en su carácter de Secretania, Alguacil y Asistentes respectivamente del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Transito Segundo Circuito de la Circunscnpción Judicial del Estado Portuguesa, contra la cludadana sa Emilia Zerpa Piñero en la cual expresaron que en fecha veintitrés (23) de agosto de 2011 dicha ciudadana. se expresó de torma vulgar hacia sus compañeros, al haberle preguntado ei funcionano Pablo Colmenarez el porque de la exclusión de la ciudadana Nancy Galindez de! acta que se habia jevantado con ocasión de la ausencia de los funcionarios de ese despacho por haber expiotado el transformador que surte de electricidad la sede de dichos tribunales.

En tal escnto expresaron que la hoy denunciante adujo "lyja estoy cansada de que me esten apuñialando por la ospalta. vayan todos a lavarse ese (..). seguidamente se la ue encima a la Asistente LISBETH LINAREZ (..) agrediéndola verbalmente al llamar la 'evangélica chimba' crees que no escucha todas las estupideces hablando ahi de mi", ridicula: 'estúpida* p) Auto emanado del Juez denunciado mediante el cuai suspendió cautelarmente con goce de sueldo a la ciudadana Rosa Emilia Zerpa Piñero en razón de que los hechos por los estabiecido en los literales "b° de los articulos 42 y 43 del Estatuto del Personal Judicial (folio EX de la primera pieza del expediente del caso de autos).

C) Riela de los folios cuarenta y ocho (48) a cincuenta y cinco (55) de la primera pieza el presente expediente,el escrto de descargo presentado por la ciudadana Rosa Emilia Zerpa con ocasión al procedimiento disciplinario instaurado por el Juez denunciado en el caso de autos, siendo que en el mismo la hoy denunciante admitió haber empleado un lenguaje soez contra sus compañeros al expresar *vallan (sic) a lavarse ese (..)".

D) De igual forma, riela a de los folios ciento veintiuno (121) a ciento veinticinco (125) el escrito de promoción de pruebas presentado por la ciudadana Rosa Emilia Zerpa Piñero con ocasión al procedimiento administrativo disciplinario que ie fuera instaurado por el Juez denunciado E) Finalmente, nela de los folios doscientos setenta y dos (272) a doscientos ochenta y cinco (285) de la primera pieza del presente expediente la decisión de fecha cuatro (4) de novembre de 2011. por medio de la cua: el juez denuncia de absolvió a la ciudadana Rosa Emilia Zerpa Piñero del cargo de injunia contra un superior declarando por otro lado su responsabilidad por haber faltado el respeto y consideración a sus compañeros. Cabe destacar que con dicha decisión ia denunciante fue suspendida sin goce de sueldo por el lapso de tres (3) meses e n e e e procedimento disciplinario contra ia ciudadana Rosa Enilia Zerpa Piñero, quien desempeñaba Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. en razón de los hechos adopción de un lenguaje soez e irrespetuoso por parte de esta ciudadana contra sus compañeros de trabajo tal y como la denunciante lo admitiera en la audiencia oral y públicà celebrada en la presente causa. Asi, la denunciante afirmó que el Juez adelantó su opinión, en Onseiva este Tribunal Disciplinario que de la revisión de las actas que conforman el expediente del presente caso no se desprenden elementos demostrativos de la falta atribuida al informarle de la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra le señaló que tal estudiado se efectuó la sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo disciplinario del cual la denunciante fue notificada (folio 34) y en el cual presentó su respectivo escrito de descargo y promovióò pruebas (folios 121 a 125 ). sin que se evidencie de algún habia sido instruido por lo que este Tnbunal considera necesario declarar la ABsOLucióN del juez denunciado de responsabilidad disciplinana respecto al ilicito contenido en el numeral 7 deí denunciados por ia ciudadana Rosa Emilia Zerpa Prero consistente en la arbitrariedad en uso de la autoridad o del poder disciplinario en perjuicio de los subordinados o el servicio en que incurrió el Juez denunciado ai naber actuado de manera inicia en contra de la denunciante 421.901 mo al abr a decr de la misma-inicio u rocedimiento dicipliario n u cnt existir los elementos de convicción a los efectos del mismo y con una opinión preconcebida y deciara.

Piñero por presuntamente haberla el Juez denunciado desalo;ado violentamente de su sitio de trabajo, es de expresar que tal y como se indicara en lineas anteriores la arbitrariedad en el uso manifiesta un proceder contrario a la justicia, atendiendo solo a la voluntad o el capricho, siendo mantener un funcionario en el ejercicio de sus funciones.

Entonces, visto que la arbitrariedad requiere por parte del funcionario la adopción de circunstancias normales y/o excepcionales, aquel estuviese legitimado para llevar a cabo, sndo que es un requisito de procedencia a los efectos de demostrar la arbitrariedad por parte funcionario. la voluntad voluble como fundamento de su actuar, debe ratificarse que la IPR actuación del ciudadano Juez Ignacio José Herrera González, fue consecuencia de los hechos caecidos en el Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del faltó el respeto a sus compañeros adoptando un lenguaje soez y no acorde a los postulados de la ética. lo cual fue el fundamento de la apertura dei procedimiento disciplinario instaurado.

evidenciándose de igual forma que no consta en los autos medio probatorio que demuestre que el mismo hubiera sido arbitrano ni que la hubiese desalojado de su puesto de trabajo de una referido hecho denunciado que configura el ilicito contenido en el numeral 7 del articulo 32 del Codigo de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezoiana y que constituye causal de suspensión Asi se declara NE UELA VI DECISIÓN las razones expuestas. este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en mbre de la República y por autoridad de la Ley bajo la ponencia del Juez Carlos Medina Rojas de manera unánime, declara.

1.- Se ABSUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al ciudadano IGNACIO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 4.193.048. en su condición de Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y del Tránsito del Seidemo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa del ilicito previsto en el numeral 7 del articulo 32 del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana relativo a la funcionarios o ai servicio que amerita la sanción suspensión. Así se declara.

notifiquese al Tribunal Supremo de Justicia. ai Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la certificada de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 89 del Código de Ética del Juez Venezoiano y la Jueza Venezoiana, asi como a la Inspectoria General de Tribunales y a la Comision Judicial del Tribunal Supramo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la

Publiquese registrese y nctfiquese a las partes intervinientes.

la Junsdición Discipinaria Judicisludad de Caracas. a los_es ) dias del mes de marzo ae dos mil qe -2015). Años 204° de la Independencia y 156 de la Federación

ACHICO ALVIÁREZ

CARLOS MEDINA ROJAS JACQUELINE SOSA MARIÑO Juez Ponente Jueza RAQUEL SOS BONZÁLEZ Secretaria

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421.902

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2050, 1560 y 16° Caracas, 25 de junio de 2015 RESOLUCIÓN N° 01-00-000193

MANUEL E. GALINDO B.

Contralor General de la República

Mediante escrito consignado ante este Órgano Contralor, en fecha 25 de mayo de 2015, el abogado Enrique Sánchez Falcón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro./ 4.580, actuando en representación del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, titular de la cédula de identidad Nro.

V-16.020.370, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 01-00-000119 del 17 de abril de 2015, dictada por la Máxima Autoridad Contralora, notificada en fecha 5 de mayo de 2015, a través de la cual, quien suscribe, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los artículos 23, 39 y 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, y el artículo 3 de la Resolución Nro. 01-00-000122 de fecha 19 de junio de 2009, emanada de este Órgano Contralor, ordenó: a) la inhabilitación del referido ciudadano para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de doce (12) meses, b) se le instó a subsanar el incumplimiento en cuanto a la presentación de su declaración jurada de patrimonio sin menoscabo de la sanción ya establecida, y finalmente, c) se instruyó a la, Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Órgano a que diera inicio al procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.

I ANTECEDENTES En fecha 5 de marzo de 2014, se presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, demanda por protección de intereses colectivos y difusos, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 146 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por la presunta vulneración de los artículos 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111,112 y 127 del Texto Constitucional. Admitida la acción, la Sala en fecha 12 de marzo de 2014, acordó medida cautelar de amparo, en los siguientes términos:

"Omissis (...) Se acuerda amparo constitucional cautelar y, en tal sentido, se ORDENA a los ciudadanos Gerardo Blyde y David Smolansky, alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo del estado Miranda, respectivamente, que dentro de los municipios en los cuales ejercen sus competencias:

1. Realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios, a fin de evitar que se libre tránsito de las personas y vehículos; se proceda a Viernes 3 de julio de 2015 la inmediata remoción de tales obstáculos y se de residuos y escombros y de cualquier otro elemento urbana;

2. Cumplir con su labor de ordenación del tránsito de

saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario;

4. Girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento Orgánica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana; y, en este sentido, 5. Desplegar las actividades preventivas y de control del delito, asi como, en el ámbito de sus competencias, promover estrategias y procedimientos de proximidad con las comunidades de sus espacios territoriales, a fin garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el Mediante diligencia de fecha 14 de marzo de 2014, la parte accionante solicitó se hiciera extensible la medida al "MUNiCIP1O SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA", siendo acordada tal solicitud mediante decisión Nº 137 de fecha 17 de marzo de 2014, quedando notificado el hoy recurrente, de su contenido el 18 del mismo mes y año.

Posteriormente, en fecha 20 de marzo de 2014, a los fines de determinar el presunto incumplimiento al mandamiento de amparo cautelar decretado, la Sala estimó que el procedimiento aplicable para la consecución de la justicia era el estipulado para el amparo cautelar, por lo que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se convocó al ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, a una audiencia pública, a fin que expusiera sus argumentos.

En fecha 25 de marzo de 2014, tuvo lugar la celebración de la audiencia, en la que se dejó constancia de la comparecencia del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales. En esa misma oportunidad, en la que se declaró ei desacato y se le sancionó a cumplir doce (12) meses de prisión, en virtud de haberse configurado el delito de desacato previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se acordó el cese en el ejercicio del cargo público ejercido por el ciudadano Daniel Ceballos, es decir, como Alcalde del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira. Tal decisión fue publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 10 de abril de 2014.

Ahora bien, verificado por este Órgano Contralor en el Sistema de Administración de Registro de Órganos y Entes (SISAROE), que el recurrente no realizó la declaración jurada de patrimonio conforme io prevé los artículos 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción y 3 de la Resolución N° 01-000122 de fecha 19 de junio de 2009, esta Máxima Autoridad en fecha 17 de abril de 2015, dictó la Resolución N° 01-00-000119 en la que se declaró la inhabilitación del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de doce (12) meses.

Asimismo, se instó al referido ciudadano a subsanar el incumplimiento en cuanto a la presentación de su declaración jurada de patrimonio. Y, por último, se instruyó a la Dirección de Declaración Jurada de Patrimonio adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Órgano, a que diera inicio al

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Viernes 3 de julio de 2015 procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.

En fecha 5 de mayo del presente año, mediante Oficio Nro.

08-02-312 de fecha 28 de abril de 2015, se notificó al recurrente.

Según consta de diligencias de fechas 14, 19 y 20 de mayo de 2015, los representantes del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, tuvieron acceso al expediente.

En fecha 25 de mayo de 2015, el abogado Enrique Sánchez Falcón, actuando con el carácter acreditado, dejó constancia de haber recibido copias fotostáticas del expediente, y consignó escrito de reconsideración interpuesto contra el acto contenido en la Resolución N° 01-00-000119, de fecha 17 de abril de 2015.

II1 FUNDAMENTOS DEL RECURSO Manifestó la representación del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, que el acto impugnado se encuentra viciado de inconstitucionalidad e ilegalidad, por contrariar las correspondientes disposiciones normativas, así como por contravenir los postulados fundamentales del Estado de Derecho y de Justicia, como lo son los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Indicó que "(..) el cese de funciones de Daniel Omar Ceballos Morales ocurrió en circunstancias no normales. Como es del conocimiento público, pues se trató de un hecho notorio y comunicacional Daniel Omar Ceballos Morales, Alcalde del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, fue secuestrado el 19 de marzo de 2014, por un grupo armado cuando se encontraba reunido con sus abogados en la ciudad de Caracas (..) Posteriormente se pudo Relaciones Interiores y Justicia que la 'detención' del Señor Ceballos, se realizó en virtud de una supuesta orden dictada por un Tribunal del Estado Táchira (..)." De igual manera, destacó que "(...) el señor Ceballos fue destituido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de manera ilegal e inconstitucional de su cargo de Alcalde electo por la voluntad del pueblo de San Cristóbal, el 25-de marzo de 2014, esto es a 81 dias de haber tomado posesión del mismo, esto es el 3 de enero de 2014, por lo que el cese en el referido cargo, del cual había tomado posesión ese mismo año fue absolutamente anormal".

Afirmó que el acto impugnado es una "(...) violación de los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, así como a principios estructurales de nuestro ordenamiento constitucional, sino, además, es contentivo de una sanción impuesta al margen de la norma legal que la contempla".

Señaló que dicha sanción "(...) es violatoria del derecho a la defensa de (su) representado, por cuanto le impone de 'plano' la sanción de inhabilitación, sin notificarlo previamente del asunto por el cual se le impone dicha sanción y, por supuesto, sin siquiera permitirle que se defendiera previamente, tal como lo establece el articulo 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela." (Paréntesis de quien suscribe).

421.903

Derecho Público Venezolano (José Peña Solis, Potestad Sancionatoria de la Administración Pública Venezolana', páginas 395 y 396) También del Derecho Público Comparado (E. García de Enterría, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, página 182) que en el ordenamiento jurídico sancionatorio no tienen espacio las denominadas 'sanciones planas, es decir aquellas que se imponen sin ningún procedimiento administrativo previo en el que se notifique al interesado y se le oiga".

Agregó que "(..) se violó igualmente el derecho constitucional a la presunción de inocencia de Daniel Omar Ceballos Morales, toda vez que se le consideró culpable sin que hubiere un pronunciamiento que, en su fase conclusiva, lo calificará como tal, vale decir, en violación de lo previsto en el artículo 49.2 de la Constituciórl".

Indicó que el acto administrativo resulta atentatorio contra "(.) el principio constitucional de la proporcionalidad de los actos de los poderes públicos restrictivos de derechos fundamentales", toda vez que la sanción de inhabilitación "(..) restringe de manera directa los derechos fundamentales a la participación política y al sufragio del sancionado (artículos 62 y 63 CRBV), pues le impide acceder a cargos públicos, incluidos los de elección popular".

Alegó que "(...) es evidente que la inhabilitación de Daniel Omar Ceballos Morales, en cuanto medida restrictiva de derechos fundamentales, no era la única que podía ejecutar el máximo Organismo de Control para atender a su necesidad de 'aseguramiento del correcto ejercicio de la función pública, fundamentado en el derecho a la buena administración y a la moralidad pública, cuyo objeto es garantizar la probidad y responsabilidad de los funcionarios públicos' (... sobretodo tomando en cuenta la circunstancias en que ocurrió el cese de sus funciones como Alcalde de San Cristóbal y, aun más, tratándose de un funcionario que siempre cumplió con su obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio." (Paréntesis de quien suscribe).

Destacó que “(...) si la inhabilitación de Daniel Omar Ceballos Morales, al momento en que se la decidió no era necesaria, (..) la Contraloría tenía la alternativa de formularle un requerimiento para que el nombrado ciudadano presentara su declaración jurada de patrimonio y así cumplir, ese Organismo, con su función de garante de la probidad y responsabilidad de los funcionarios públicos, de era, en esa ocasión, la adecuada al cumplimiento de sus funciones.

Y aun más, la inhabilitación no era, en el momento en que se la (sic) decidió, la medida necesaria ni idónea, es obvio que también Manifestó que este Órgano Contralor al "(...) haber actuado en la forma en que actuó y haber aplicado la sanción de inhabilitación constituyó, sin lugar a dudas un exceso absolutamente contrario al principio de la proporcionalidad, postulado constitucional que opera como el límite de los límites a las acciones de los poderes públicos restrictivos de derechos fundamentales".

Alegó que la Resolución impugnada "(...) es violatoria del principio jurídico fundamental a la razonabilidad de la actuación de

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421.904 los poderes públicos, también postulado como principio de la interdicción de la arbitrariedad, derivado lógico de la cláusula der estado de derecho y de justicia imperante en nuestro país." (sic) (Paréntesis de quien suscribe).

Añadió que el acto "...) carece de toda razonabilidad que luego de transcurridos catorce (14) meses del cese de funciones como Alcalde de San Cristóbal, durante los cuales nada se le señaló a Daniel Omar Ceballos Morales acerca de lo que la Contraloría consideraba un incumplimiento, se sorprenda ahora al nombrado ciudadano con una sanción de restricción de derechos fundamentales tan severd".

Sostuvo que, en el acto que nos ocupa "(...) resulta absolutamente arbitrario que sea ahora, luego de catorce (14) meses que se imponga la sanción, sin siquiera un previo apercibimiento. O dicho de otra manera ¡esto, sencillamente, nol resulta razonable!".

Indicó que "(..) la mencionada Resolución, incurre también en el exceso violatorio de lo previsto en el artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, de aplicar la mencionada sanción de inhabilitación incluso más allá del momento de la eventual subsanación del supuesto incumplimiento relativo a la presentación de la declaración. Es decir, Daniel Omar Ceballos Morales, según esa Resolución, ha quedado inhabilitado por doce (12) meses, a partir del 05 de mayo de 2015, independientemente de que proceda en los actuales momentos a presentar la declaración y subsanar así el supuesto incumplimiento. Es evidente que tal manera de entender la sanción prevista en el artículo 39 está fuera de toda lógica."

Destacó que "..la norma contenida en el citado artículo 39 obliga a entender que ella es una de las medidas preventivas previstas en el Capítulo II, del Titulo II, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, Capítulo ese que lleva por nombre, precisamente, 'De las Medidas Preventivas’. Si ello es, asi, es obvio que se trata de una medida cautelar que pretende prevenir el incumplimiento de la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio. Si se trata de una medida preventiva, ya no tiene sentido su aplicación".

Alegó que "..el señor Daniel Omar Ceballos Morales, durante el tiempo en que ha sido funcionario público, cumplió siempre, cabalmente, con la obligación de presentar, oportunamente, la Corrupción. (.) Solo al cesar en esta última función, por las decaración jurada de patrimonio."

Añadió que ".. por la situación de aislamiento a la cual se le meses de su reclusión, le ha sido, como vimos, imposible, fáctica y jurídicamente, cumplir con la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio legalmente exigida a los funcionarios públicos."

Viernes 3 de julio de 2015 que se encuentra (su) representado, son motivo propicio para solicitar, formalmente, a esa Contraloría General de la República que, invocando el principio de la colaboración institucional, de las autoridades del centro carcelario donde se encuentre, que se permita al señor Daniel Omar Ceballos Morales el acceso a internet, a fin de que pueda él, en cuanto acto personalísimo que es, realizar la declaración jurada de patrimonio." (Paréntesis de quien suscribe).

Por otra parte, solicitó de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, se requiera a la Dirección del Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde, Estado Miranda, remita a la Contraloría General de la República, toda la ingreso del Señor Ceballos, en particular las actas que han debido producirse con motivo de castigos disciplinarios que le han sido infligidos. De igual manera, solicitó "(...) este medio de prueba a fin de demostrar el aislamiento a que fue sometido (su) representado y que le impidió presentar su declaración jurada de patrimonio oportunamente; y por tratarse, además de información disponible en ese Centro Nacional de Procesados Militares". (Paréntesis de quien suscribe).

Finalmente, solicitó "... que se provea la prueba de informes promovida, se revoque la sanción de inhabilitación impuesta a (su) representado dada la imposibilidad fáctica y jurídica en que se encuentra para presentar debidamente la declaración jurada de patrimonio, y en fin, se provean las facilidades necesarias para que Daniel Omar Ceballos Morales, pueda elaborar y presentar dicha declaración, en particular atendiendo a la solicitud de colaboración que bien puede formular este Organismo Contralor para que se le permita el acceso a internet a tales fines". (Paréntesis de quien, suscribe).

ANÁLISIS DEL ASUNTO Vistos los argumentos expuestos en el recurso de reconsideración que nos ocupa, quien suscribe pasa a decidir previas las consideraciones siguientes:

Punto previo.

a.

Primeramente debe este Órgano decisor señalar que el apoderado judicial del recurrente indica en su escrito recursivo que "(...) el cese de funciones de Daniel Omar Ceballos Morales ocurrió .

en circunstancias no normales. Como es del conocimiento público, pues se trató de un hecho notorio y comunicacional Daniel Omar Ceballos Morales, Alcalde del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, fue secuestrado el 19 de marzo de 2014, por un grupo armado cuando se encontraba reunido con sus abogados en la ciudad de Caracas (...)

Agregó que, posteriormente, se pudo conocer a través del de una supuesta orden dictada por un Tribunal del Estado -Táchira (..)."

De igual manera, destacó que "(...) el señor Ceballos fue destituido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de manera ilegal e inconstitucional de su cargo de Alcalde, p a o pe e

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Viernes 3 de julio de 2015 de 2014, esto es a 81 días de haber tomado posesión del misma esto es el 3 de enero de 2014, por lo que el cese en el referido cargo, del cual había tomado posesión ese mismo año fue absolutamente anormal".

Sobre el particular, se observa que los citados alegatos de la defensa están orientados a cuestionar el proceso jurisdiccional que dio origen al cese del ciudadano Daniel Ceballos, en el ejercicio del cargo de Alcalde del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira;

mas no propiamente a justificar la omisión en que incurrió el referido ciudadano de presentar la declaración jurada de patrimonio en el lapso de treinta (30) días, contados a partir del cese en el Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.

Para quien suscribe, constituye un hecho notorio el que, mediante sentencia dictada por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, en fecha 10 de abril de 2014, se produjo el cese del hoy recurrente del cargo de Alcalde del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, como consecuencia de la comisión del delito de desacato, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por consiguiente, al cesar en el ejercicio de su cargo, al ciudadano en cuestión le correspondía presentar su declaración jurada de patrimonio en el término previsto en el aludido artículo 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, Contra la Corrupción.

Ahora bien, aprecia quien aquí suscribe, que el ciudadano recurrente manifestó que existió una imposibilidad fáctica que le impidió realizar la declaración jurada de patrimonio, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su cese (25 de marzo de 2014), por no tener acceso a Internet.

Sobre el particular se observa que anexo al escrito recursivo, la representación del recurrente consignó copia de comunicación de fecha 20 de marzo de 2015, suscrita por el Director del Centro Nacional de Procesados Militares, de cuyo contenido se desprende que en fecha 17 de marzo de 2015, la abogada Ana Leonor Acosta, actuando con el carácter de defensora del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, solicitó información respecto a los servicios a los cuales tendría acceso el hoy recurrente, respecto de lo cual le indicó que "en cuanto al acceso a internet, este recinto carcelario tiene misma".

Así las cosas, de tales documentales se desprende: i) Que es sólo hasta el 17 de marzo de 2015, cuando la defensa del hoy recurrente solicita al Director del Centro Nacional de Procesados Militares información respecto entre otros del acceso a Internet; i) Que no consta.que el recurrente o su defensa solicitaran, en la oportunidad de ley -esto es, dentro de los treinta (30) días siguientes al cese-, bien al Tribunal de la Causa o al Director del, Centro Carcelario, autorización o medida que le concediera acceso al Internet, a los fines que el recurrente cumpliera con la obligación legal de presentar la declaración jurada de patrimonio; ii) Que es luego de más de once (11) meses del cese de sus funciones como Alcalde (25 de marzo de 2014), que la representación judicial del mencionado ciudadano solicita información respecto a los servicios que posee dicho Centro Nacional de Procesados Militares.

421.905 De lo anterior, se observa que mal podría justificar el recurrente su omisión de presentar la declaración jurada de patrimonio en la existencia de una imposibilidad material para presentar la declaración jurada de patrimonio, cuando no consta ninguna gestión en la que solicitara a las autoridades competentes el permiso necesario para dar cumplimiento a la obligación que impone la ley.

De igual forma, no se evidencia del contenido de la solicitud (de fecha 17 de marzo de 2015), que se requiriera acceso a Internet, específicamente, para ingresar al portal web de la Contraloría General de la República, para presentar su declaración jurada de patrimonio, sino un pedimento genérico, solicitud a la que la autoridad correspondiente no se encontraba en la obligación de acordar, de allí que, visto que no consta la existencia de gestiones por parte de la representación para obtener el acceso a Internet únicamente a los fines de cumplir con la obligación respectiva, es por ello que se desestima el alegato dirigido a demostrar el supuesto impedimento fáctico. Así se establece.

En refuerzo de lo anterior, se observa que la presunta solicitud de acceso a Internet fue realizada el día 17 de marzo de 2015, luego de transcurrido el lapso legal para presentar la declaración jurada de patrimonio, y configurado el incumplimiento por parte del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales de su obligación legal. Así se establece.

-De la supuesta violación al derecho a la defensa, la presunción de inocencia.

Señala la representación del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales que el acto administrativo contenido en la Resolución No 01-00-000119 del 17 de abril de 2015, violó el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, resulta oportuno destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 24 de enero de 2001, expresó, en cuanto al derecho a la defensa, lo siguiente:

"Omissis (.….)

El derecho a la defensa y a! debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. En cuanto al derecho a la defensa, la Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohibe realizar actividades probatorias". (Destacado de quien suscribe).

Por otra parte, la referida Sala mediante sentencia Nro. 1379 de fecha 7 de agosto de 2001, caso: Alfredo Esquivar Villarroel Vs.

Contraloría Interna de la C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), en cuanto a la presunción de inocencia, señaló:

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"Omissis (...) la presunción de inocencia de la persona investigada abarca cualquier etapa del procedimiento de naturaleza sancionatoria tanto en el orden administrativo como judicial, por lo que debe darse al sometido a procedimiento sancionador la consideración y el trato de no participe o autor en los hechos que se le imputan. Asi lo sostiene el catedrático español Alejandro Nieto, quien en su ebra 'Derecho Administrativo Sancionador(..)".

A la luz de tales razonamientos esta Máxima Autoridad debe señalar que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, en el Título II, Capítulo II, denominado "De las Medidas Preventivas", en su artículo 39, establece lo siguiente:

"Articulo 39. Sin perjuicio de las demás sanciones quedará que correspondan, inhabilitado ejercer cualquier cargo para público:

1. El funcionario que cese en el ejercicio de sus funciones y no presente declaración jurada de patrimonio.

(...) La inhabilitación que corresponda según los numerales 1, 2 y 3 de este articulo, será determinada por el Contralor General de la República en la resolución que dicte al efecto, la cual no podrá exceder de doce (12) meses, siempre y cuando sea subsanado el incumplimiento, y en los casos a que se refieren los numerales 4 y 5, por el Juez que conozca el caso en sentencia definitiva, a cuyo efecto establecerá un lapso no mayor de quince (15) años..".

(Destacado de quien suscribe).

Del artículo anterior, se desprende que el Contralor General de la República, tiene plena facultad para acordar la inhabilitación a aquellos funcionarios que habiendo cesado en el ejercicio de sus funciones, no presentaren la declaración jurada de patrimonio en el lapso estipulado.

En relación con el lapso de presentación de la declaración jurada de patrimonio, el artículo 23 eiusdem establece lo siguiente:

"(...) Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, las personas señaladas en el.

articulo 3 de esta Ley deberán presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de sus cargos y dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en la cual cesen en el ejercicio de empleos o funciones públicas. (..)". (Destacado de quien suscribe).

Así pues, estas medidas preventivas establecen un sistema particular o sui génesis de medidas, ya que las mismas están dirigidas fundamentalmente a proteger de forma inmediata el patrimonio público y asegurar el correcto ejercicio de la función pública, regida por los principios de ética pública, moral administrativa, honestidad, transparencia, celeridad, eficacia y responsabilidad, conforme con el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como ocurre en el presente caso.

En este orden de ideas, debe destacarse la importancia meridiana que tiene la lucha contra la corrupción y el resguardo del patrimonio público, conforme a los postulados contenidos en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario, de fecha 4 de diciembre de 2013, el cual establece como objetivos los siguientes:

Viernes 3 de julio de 2015 "(..) 2.4.1.2. Desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción, fortaleciendo las instituciones del Estado, fomentando la participación protagónica del Poder Popular, promoviendo la transparencia y la automatización de la gestión pública, así como los mecanismos legales de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria contra las lesiones o el manejo inadecuado de los fondos públicos.

Omissis (..) · 2.5.3.5. Impulsar mecanismos de control y sanción; políticos, administrativos y penales, según sea el caso, para los servidores públicos que incurran en hechos de corrupción u otras conductas y hechos sancionados por las leyes.

2.5.6.4. Desarrollar un sistema único que integre la formulación, ejecución y control de los planes y proyectos vinculados con el presupuesto público, que permita el seguimiento oportuno de las metas y promoviendo establecidos, objetivos la transparencia en el manejo de los recursos públicos, bajo criterios de prudencia y racionalidad económica". (Destacado de quien suscribe).

Visto lo anterior, se tiene que en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013- 2019, se establece como un Objetivo fundamental para el crecimiento de nuestro País, el buen manejo y uso racional del patrimonio público, a través de la promoción de la ética, los valores socialistas, los principios de transparencia, honestidad, responsabilidad, mediante la implementación de mecanismos de control y sanciones políticas, administrativas y penales para aquellos que infrinjan las disposiciones legales que regulan la materia.

Así pues, es de vital importancia y transcendencia la salvaguarda del patrimonio público, cuya vigilancia y fiscalización está atribuida constitucional y legalmente a la Contraloría General de la República, razón por la cual, el Decreto con Rango, Valor y, Fuerza de Ley Contra la Corrupción, estableció la inhabilitación como medida preventiva.

En este orden de ideas, cabe destacar que la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha resuelto este punto a través de la decisión Nro. 1510 de fecha 18 de diciembre de 2013, señalando en cuanto a la inhabilitación establecida en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, lo siguiente:

"Omissis (...) Vale destacar que estas 'medidas preventivas' contempladas en el indicado Capítulo II, no requieren para su aplicación del procedimiento previo estipulado en el tantas veces señalado artículo 35 de la mencionada Ley, vista la necesidad de ser ejecutadas en forma inmediata una vez detectado, mediante la verificación electrónica o física de ser el caso, el incumplimiento referido a la falta de presentación oportuna de la declaración jurada de patrimonio, pues su finalidad preventiva se traduce en el aseguramiento del correcto ejercicio de la función pública, fundamentado en el derecho a la buena administración y a la moralidad pública, cuyo objeto es garantizar laprobidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Dentro de esta gama de medidas, el Legislador Nacional estableció en el instrumento jurídico en referencia, 'la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público' en el artículo 39, otorgando directamente al Contralor General de la República, la facultad para imponer la al '..Funcionario público que cese en el ejercicio de sus funciones y no presente declaración jurada de patrimonio...

Al respecto, se debe precisar entonces, que indistintamente de la imposición de la multa, para la cual se requiere, como se ha expuesto, tramitar el procedimiento previsto en el artículo 35, la referida medida de inhabilitación podrá aplicarse cuando

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Viernes 3 de julio de 2015 se encuentren cumplidos los extremos o exigencias contenidos en el artículo 39, como es la falta de presentación oportuna de la vocación preventiva estriba en evitar que determinado cargo público sea ejercido por una persona incursa en desempeño." (Destacado de quien suscribe).

De lo anterior se concluye que la actuación de la Contraloría General de la República, se encuentra perfectamente ceñida al Decreto Ley en cuestión, y así ha sido reconocido por nuestro Máximo Tribunal de la República, el cual ha señalado que para la imposición de la inhabilitación no se requiere del procedimiento administrativo sancionador al que alude el artículo 35 eiusdem, y no como lo afirma el representante del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, al sostener que vulnera "(...) los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, así como a principios estructurales de nuestro ordenamiento constitucional, sino, además es contentivo de una sanción impuesta al margen de la norma legal que la contempla".

Ello así, conforme a las normas antes mencionadas, la medida de inhabilitación, en este caso, es el resultado de un mecanismo abreviado, producto de la verificación que hace este Órgano Contralor, para constatar la consignación física y/o electrónica de las declaraciones juradas de patrimonio por parte de log funcionarios públicos obligados a ello, toda vez que inobservancia puede producir daños al patrimonio público y lesiona derechos e intereses colectivos. Por ende, la finalidad de estas "medidas preventivas" derivadas del ejercicio de la potestad inspectora, se dirige a proteger no sólo el normal y eficiente funcionamiento de un servicio público, sino también la tutela de intereses generales.

Así las cosas, se aprecia que riela al folio 5 del expediente, planilla de consulta de Declaraciones Juradas de Patrimonio, en la que se deja constancia que el ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, no ha presentado a la fecha su Declaración Jurada de Patrimonio, tal y como lo admite su representación, en el escrito de recurso de reconsideración, cuando expresa que "..el señor Daniel Omar Ceballos Morales (...) no pudo ni ha podido presentar la declaración jurada de patrimonio", siendo ello así, visto el reconocimiento del recurrente del incumplimiento en que incurrió al no presentar la declaración jurada de patrimonio en el tiempo previsto en la disposición contenida en el artículo 23 eiusdem, resulta evidente que esta Máxima Autoridad no incurre en la denunciada violación al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, en consecuencia, se declara improcedente el presente alegato. Así se establece.

-Delapresunta violación al principio de proporcionalidad.

Señala la representación del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, que el acto administrativo resulta atentatorio contra "(...) el principio constitucional de la proporcionalidad de los actos de los poderes públicos restrictivos de derechos fundamentales", toda vez que la sanción de inhabilitación "(.) restringe de manera directa los derechos fundamentales a la participación politica y al sufragio del 421.907 sancionado (articulos 62 y 63 CRBV), pues le impide acceder a cargos públicos, incluidos los de elección popular".

De igual forma, alegó que "(..) si la inhabilitación de Daniel Omar Ceballos Morales, al momento en que se la decidió no era necesaria, (.) la Contraloría tenía la alternativa de formularle un requerimiento para que el nombrado ciudadano presentara su declaración jurada de patrimonio y así cumplir, ese Organismo, con su función de garante de la probidad y responsabilidad de los funcionarios públicos, de ello se sigue que tampoco era la medida idónea en ese momento, ni era, en esa ocasión, la adecuada al cumplimiento de sus funciones. Y aun más, la inhabilitación no era, en el momento en que se la (sic) decidió, la medida necesaria ni idónea, es obvio que también resultó desproporcionada".

(Paréntesis de quien suscribe).

De lo antes transcrito, se evidencia que la parte recurrente denunció que el acto administrativo impugnado viola el principio de proporcionalidad, por cuanto considera que este Organo Contralor debía realizarse un requerimiento, para que dicho ciudadano cumpliera con la obligación que la Ley establece.

Al respecto, es necesario referir lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con relación al principio en cuestión, el cual señala:

"Articulo 12. Aun cuando una disposición legal o juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia".

Conforme a la norma transcrita cuando se faculte a la autoridad competente para imponer una sanción, esta debe guardar - la debida adecuación con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción (Vid. Sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia números 1666 del 29 de octubre de 2003, 262 del 24 de marzo de 2010 y 665 del 8 de julio de 2010).

Ahora bien, de acuerdo con el contenido del artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el referido principio debe regir para todos aquellos actos administrativos de carácter sancionatorio donde una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, por lo que, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma.

En este orden de ideas, es oportuno advertir que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha expresado que el principio de proporcionalidad implica la adecuación de la sanción impuesta a la infracción cometida; esto es, a los hechos antijurídicos. Así, pues, la proporcionalidad es el parámetro exigido para apreciar el ejercicio de la discrecionalidad por el órgano de control fiscal en la gradación de la sanción, por cuanto en su imposición, entendida como un todo, es que debe exteriorizarse o motivarse la relación existente entre el hecho antijurídico y el quantum del correctivo. (Vid. Sentencia N° 1266 de fecha 06 de agosto de 2008. Caso: Nidia Gutiérrez de Atencio y otros).

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421.908 Asimismo, es menester señalar que la proporcionalidad de la sanción de inhabilitación debe atender a la racionalidad en la motivación del acto sancionador dictado por el Contralor General de la República.

Ello así, se debe destacar que el establecimiento de la sanción debe atender no sólo a la adecuación constitucional de esta, sino a la intención o el valor de justicia contenido en los principios constitucionales y los valores fundamentales establecidos en el Texto Constitucional, que aseguran la preeminencia y el respeto del Estado de Derecho, razón por la cual debe establecerse firmemente que toda actividad del Estado debe ceñirse a un examen de razonabilidad y proporcionalidad para determinar su adecuación a la Carta Magna y al resto de la normativa jurídica vigente.

En razón de ello, es importante subrayar que el Estado/ Venezolano ha ratificado una serie de tratados sobre la asistencia y cooperación entre los Estados Partes para la investigación y sanción de los actos de corrupción, mediante la creación de formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar tales actos, los cuales le competen conocer al Consejo Moral Republicano, siendo la Contraloría General de la República, uno de sus integrantes tal como lo establece el artículo 273 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Vid.

Sentencia número 1547 del 17 de octubre de 2011).

Igualmente, debe enfatizarse que la República Bolivariana de Venezuela es un país signatario de la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", suscrita en el año 2003, cuyo objetivo es la determinación de un conjunto de normas, medidas y reglamentos que pueden aplicar todos los países para reforzar sus regímenes jurídicos y reglamentarios, destinados a la lucha contra la corrupción, previendo la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada Estado Parte, en razón de lo cual, la sanción de inhabilitación viene a atender al cuestionamiento en cuanto a la importancia y gravedad en el ejercicio de la función pública, como mecanismo de garantía de la ética pública, por lo que, su adecuación a la proporcionalidad y racionalidad de la sanción debe ajustarse a la finalidad perseguida, cuestión que de la motivación del acto administrativo hoy impugnado, se encuentra suficientemente fundamentado.

De allí que, deba reiterarse que el artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, establece que en los casos en los que un funcionario público cese en el ejercicio de sus funciones y no presente la declaración jurada de patrimonio correspondiente, quedará inhabilitado hasta por un lapso de doce (12) meses.

Ahora bien, debe destacar quien decide, que en el acto administrativo impugnado se valoraron los supuestos de hecho y derecho del presente caso, por lo que, se estimó como prudente el lapso de doce (12) meses, en atención a la entidad del ilícito cometido y a la gravedad de la irregularidad en la que incurrió el recurrente. Debe destacarse que el lapso de doce (12) meses está consagrado en el referido Decreto Ley, y se impuso en esos términos, a pesar de que para la fecha no se había cumplido con la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio.

Viernes 3 de julio de 2015 Por otra parte, cabe mencionar que la parte recurrente destacó que este Órgano Contralor debía realizarse un requerimiento previo de presentar oportunamente la declaración jurada de patrimonio, a los fines de que él diera cumplimiento a la obligación que le impone la Ley.

Al respecto, se considera que el ejercicio de la potestad establecida en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción para sancionar a quienes no presenten la declaración jurada de patrimonio o la hagan fuera del lapso, no está supeditada/ a la formulación de un requerimiento previo, tal y como lo sostiene la representación del recurrente; no tendría por qué hacerlo, partiendo de la idea de que todo funcionario (más un Alcalde) debe conocer sus obligaciones, entre las cuales está acatar lo dispuesto en la normativa contra la Corrupción y particularmente, el deber de presentar la declaración jurada de patrimonio oportunamente, en aras de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas, ética pública y moral administrativa, entre otros.

Así pues, antes que un requerimiento, tal y como lo solicitó el recurrente, la Contraloría General de la República instó al ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, a que cumpliera con su deber de presentar la referida declaración jurada, por haber pasado más de un (1) año desde que se produjo el cese del cargo, esto es, en fecha 25 de marzo de 2014, según lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia de fecha 10 de abril de 2014.

No obstante lo anterior, debe destacarse que dicha presentación, en ningún caso subsanaría el prolongado retardo en que ya incurrió el entonces Alcalde del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, toda vez que, se verificó el supuesto de hecho establecido en el artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.

En conclusión, debe señalarse que nuestra normativa contra, la Corrupción, en casos como estos, no sólo permite al Contralor General de la República imponer la inhabilitación, sino que además lo faculta para iniciar el procedimiento de verificación patrimonial.

Al respecto, resulta necesario señalar que la Contraloría General de la República, puede verificar de oficio la situación patrimonial de aquellos funcionarios que estando obligados a presentar la declaración jurada de patrimonio, no lo hicieren, en el lapso legalmente establecido. De igual manera, de presentarse la mencionada declaración, este Órgano Contralor podrá verificar y cotejar el contenido de la misma, si así lo considerase necesario, todo esto conforme a lo establecido en el artículo 29 del mencionado instrumento normativo.

En virtud de lo antes expuesto, esta Máxima Autoridad aprecia que el acto administrativo impugnado no resulta violatorio al principio de proporcionalidad, por cuanto el lapso de inhabilitación se corresponde con la gravedad del caso, y el potencial peligro que representa para el patrimonio público la posterior incorporación de un funcionario que no ha demostrado la

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Viernes 3 de julio de 2015 transparencia y fidelidad en el cumplimiento de la obligación de Ley, en consecuencia, se desestima el presente alegato. Así se establece.

-De la presunta violación al principio de razonabilidad.

Denuncia la representación actora que la resolución "(...) es violatoria del principio jurídico fundamental a la razonabilidad de la actuación de los poderes públicos, también postulado como país". (sic) (Paréntesis de quien suscribe).

Asimismo, añadió que el acto "(...) carece de toda razonabilidad que luego de transcurridos catorce (14) meses del cese de funciones como Alcalde de San Cristóbal, durante los cuales nada se le señaló a Daniel Omar Ceballos Morales acerca de lo que la Contraloría consideraba un incumplimiento, se sorprenda ahora al nombrado ciudadano con una sanción de restricción de derechos fundamentales tan severa".

Ante tal argumento, se tiene que el principio de razonabilidad consiste en la adecuación de los medios utilizados por el legislador para la obtención de los fines que determinan la medida, con el objeto de que los primeros no aparezcan como infundados o arbitrarios, es decir, que no sean proporcionados a las circunstancias que los motivan y con lo que se procura alcanzar con elios. En tal sentido, se trata de una correspondencia entre los mecanismos propuestos y los resultados que a través de ellos desea alcanzarse.

A mayor abundamiento, la doctrina ha definido el principio de "(...) razonabilidad como aquel por el cual el acto administrativo debe mantener su justificación lógica y axiológica en los sucesos o circunstancias acaecidos, donde se exige que se produzca una consonancia entre el hecho antecedente 'creador' o 'motivador' del acto administrativo y el hecho consecuente derivado de aquél. Enf consecuencia, la razonabilidad comporta una adecuada relación lógico-axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado" (Cianciardo, Juan. "EL PRINCIPIO DE LA RACIONALIDAD", Buenos Aires, Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004, 315 pp.).

Así las cosas, el recurrente ha señalado que este Órgano Contralor disponía de medios alternativos para lograr el cumplimiento de la obligación que la Ley le imponía a él como funcionario público.

En este sentido, esta Máxima Autoridad observa que el artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, únicamente establece tal medida, la inhabilitación del funcionario infractor de la norma, razón por la cual, este Órgano Contralor obrando conforme al contenido de la norma procedió a inhabilitar al referido ciudadano.

Aunado a lo anterior, quien suscribe, advierte que la.

presentación oportuna de la declaración jurada de patrimonio, es una obligación que el ordenamiento jurídico le impuso al ciudadano 421.909 Daniel Omar Ceballos Morales, por haber ejercido el cargo de elección popular de Alcalde del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, en consecuencia, el recurrente no puede pretender que este Órgano Contralor, supla su inobservancia al contenido del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, cuando es él el sujeto obligado y llamado legalmente para hacerla.

Así las cosas, se aprecia que la representación del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, hizo referencia al "(..) principio de la previsibilidad de las sanciones, del cual es un elemento integrante el plazo para imponerlas, opera como un impedimento al ejercicio arbitrario de la discrecionalidad (ver sentencia de la Corte Interamericana del 1 de septiembre de 2011, caso López Mendoza vs Venezuela)."

Al respecto, quien suscribe, debe advertir que la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, mediante Sentencia Nro. 1547 de fecha 17 de octubre de 2011, pronunciándose respecto de la aplicabilidad de la sentencia emanada de la Corte Interamericana, señaló que:

"Omissis (...) Corte Finalmente, la Interamericana de Derechos Humanos persiste en desviar la teleología de la Convención Americana y sus propias competencias, emitiendo órdenes directas a órganos del Poder Público venezolano (Asamblea Nacional y Consejo Nacional Electoral), usurpando funciones cual si fuera una potencia colonial y pretendiendo imponer a un pais soberano e independiente criterios políticos e ideológicos absolutamente incompatibles con nuestro sistema constitucional.

En virtud de ias consideraciones anteriores, esta Sala Constitucional declara inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 1 de septiembre de 2011, en el que se condenó al Estado Venezolano, a través 'de los órganos competentes, y particularmente del Consejo Nacional inhabilitación no constituyan impedimento para la 30 postulación del señor López Mendoza en el evento que desee inscribirse como candidato en procesos electorales; anuló las Resoluciones del 24 de agosto de Contralor General de la República, por las que inhabilitaron al referido ciudadano al ejercicio de funciones públicas por el periodo de 3 y 6 años, respectivamente; se condenó a ia República Bolivariana de Venezuela al pago de costas y a la adecuación del articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal." (Destacado de quien suscribe).

De la sentencia parcialmente transcrita, advierte esta Máxima Autoridad que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que, constituía una usurpación de las funciones atribuidas a los distintos Órganos del Poder Público Venezolano.

En tal sentido, la parte recurrente, no puede pretender la aplicación analógica de fallos que han sido declarados inejecutables por el Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Sala Constitucional, en consecuencia, quien suscribe, debe desechar el referido alegato. Así se decide.

En virtud de lo antes expuesto, y visto que en el presente caso se verificó la infracción del contenido del numeral 1 del artículo, 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la;

Corrupción, por parte del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales,

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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA al no cumplir con su obligación legal de presentar la declaración jurada de patrimonio luego de que cesará en sus funciones como Alcalde del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, se aprecia la clara correspondencia entre los hechos y el acto hoy impugnado, en consecuencia, esta Máxima Autoridad desecha el presente argumento. Así se establece.

- De la supuesta restricción de la participación política y al sufragio del sancionado, previstos en los artículos 62 y 63 del Texto Constitucional.

Señaló la representación judicial del actor que con la decisión que se impugna, se le impide a su representado acceder a cargos públicos, incluidos los de elección popular, siendo evidente en este caso dado el carácter de dirigente político, que para la fecha se encontraba recién electo como candidato a Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, circunstancia esta que a su juicio obligaba a aplicar dicha "sanción restrictiva de derechos fundamentales con cuidado de los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad".

En relación con tal planteamiento, se observa que la inhabilitación es una limitación legítima, cuya fundamentación se encuentra en las disposiciones constitucionales relacionadas con los valores éticos, la moral administrativa, la transparencia, la honestidad, y la administración responsable del patrimonio público, es una sanción impuesta con fundamento en una Ley que materializa un valor o fin constitucional como es la transparencia, la buena administración de los recursos públicos y la lucha contra la, corrupción, de allí que, los derechos que invoca como infringidos, no constituyen derechos ilimitados, razón por la que su protección o limitación debe realizarse bajo la óptica del interés colectivo.

A tal efecto se cita criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 5 de agosto de 2008, mediante la cual se declara sin lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad intentado contra el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en la que se sostuvo:

"Omissis (...) En tal sentido, se observa que la cualidad de ciudadano da lugar al derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del poder politico, mediante el reconocimiento de actividades destinadas a facilitar su intervención en forma democrática, a saber:

el sufragio (tanto activo como pasivo), los plebiscitos, referendos, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y normativa, la revocatoria del mandato, la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones politicas, etcétera.

Así, el sufragio pasivo, derecho que los accionantes alegan como lesionados por la norma impugnada, al constituir un derecho fundamental que trae consigo el cumplimiento de los fines estatales exige que el desempeño de funciones públicas esté rodeado de garantías suficientes que provean al ejercicio del derecho, sin injerencias negativas que antepongan los intereses particulares en desmedro de los de carácter general y de sus verdaderos objetivos; pero también implica que se articule en torno al derecho un régimen de inhabilitaciones, incompatibilidades y limitaciones para el ejercicio de los cargos públicos, con la fijación de reglas que determinen los requisitos y condiciones personales y profesionales necesarios para su acceso, a fin de que dicho ejercicio sea el resultado de decisiones objetivas acordes con la función de buen servicio a la colectividad que garanticen que el desempeño del cargo público por parte de la persona a quien se designa o elige, tenga como resultado un adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo, en otras palabras, que se cumpla con la ética pública, la moral administrativa y la buena gestión del patrimonio público.

Omissis (...)

Viernes 3 de julio de 2015 Atendiendo al contenido de las normas citadas es menester señalar que la potestad sancionatoria del Contralor General de la República está referida al ámbito administrativo; es decir, que no es una sanción politica como ocurre en otros ordenamientos constitucionales latinoamericanos, en virtud de que la sanción de inhabilitación se ciñe a la función administrativa vista la naturaleza jurídica de la Contraloría General de la República y sus funciones constitucionales, que apuntan a la fiscalización, supervisión y control de la gestión pública, funciones que se insertan en el Sistema Nacional de Control Fiscal; ello es la garantía del postulado constitucional establecido en el artículo 141 de la Carta Magna.

En efecto, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública surte efectos para el la función administrativa, desempeño indistintamente de cuál sea el origen; esto es, por concurso, designación o elección popular. De ese modo, la inhabilitación decretada en uso de la potestad otorgada por el articulo 105 de la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Naciona! de Control Fiscal limita o inhabilita, durante la vigencia de la sanción, la aptitud para el manejo de la cosa pública por causa de haber incurrido en infracciones administrativas mediante el comprobadas procedimiento de control fiscal. Esta inhabilitación se extiende a toda función administrativa, incluso las que derivan del cargo de elección popular, en virtud de que la función de gobierno supone necesariamente la aptitud para el ejercicio de funciones públicas. El rol de gobernante no puede escindirse de la de funcionario, y sobre ambos recaen exigencias constitucionales en pro de la correcta gestión pública, que es menester armonizar." En igual sentido, se pronunció en decisión de fecha 6 de agosto de 2008, caso Ziomara del Socorro Lucena Guédez vs Contraloría General de la República, al sostener:

"Omissis (...) En efecto, si bien el articulo 65 del Constitución de República Bolivariana de Venezuela señala que '..no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.., esta norma no excluye la posibilidad de que tal inhabilitación pueda ser establecida, bien por un órgano administrativo stricto sensu por un órgano con autonomía funcional, como es, en este caso, la Contraloría General de la República.

Nótese que la norma, si bien plantea que la prohibición de optar a un cargo público surge como consecuencia de una condena judicial por la comisión de un delito, tampoco impide que tal prohibición pueda tener un origen distinto; la norma sólo plantea una hipótesis, no niega otros supuestos análogos.

En este contexto, cabe destacar que tal determinación es un asunto de politica legislativa que corresponde en todo caso al legislador nacional, según la orientación que este órgano, dentro de su autonomía, decida asignarle al ius puniendi del Estado; por lo que negar esta posibilidad significaría limitar.al órgano legislativo en su poder autonómico de legislar eri las materias de interés nacional, según lo prescribe el artícuio' 187, cardinal 1, en concordancia con el 152, cardinal 32 del Texto Fundamental. (...)".

En efecto, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública surte efectos para el desempeño de la función administrativa, indistintamente de cuál sea el origen, esto es, por concurso, designación o elección popular. Continúa señalando la Sala:

"(...) La aptitud para el manejo de la cosa pública por haber incurrido en infracciones administrativas comprobadas mediante el procedimiento de control fiscal. Esta inhabilitación se extiende a toda función administrativa, incluso las que derivan del cargo de elección popular, en virtud de que la función de gobierno supone necesariamente la aptitud para el ejercicio de funciones públicas. El rol del gobernante no puede escindirse de la de funcionario, y sobre ambos recaen exigencia constitucionales en pro de la correcta gestión pública, que es menester armonizar. (...)".

Así pues, debe señalarse que la inhabilitación administrativa difiere de la inhabilitación política, en tanto y en cuanto la primera de ellas sólo está dirigida a impedir temporalmente el ejercicio de la

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Viernes 3 de julio de 2015 función pública, como un mecanismo de garantía de la ética pública y no le impide participar en cualquier evento político.

En tal sentido, la Sala Constitucional mediante la sentencia Nro. 661 del 22 de junio de 2010, caso: Juan Pablo Torres Delgado, mecanismos democráticos en el que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y demás actores políticos que configuran la Sociedad venezolana hagan valer sus intereses bien sea mediante elecciones, alianzas, consensos y demás mecanismos políticos que son reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional y legal en la medida en que se mantengan dentro del esquema constitucional".

Así las cosas, se tiene que la inhabilitación prevista en elf Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción es de naturaleza administrativa, no constituye una privación ilegítima de los derechos contenidos en los artículos 62 y 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como se colige de los criterios expresados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su carácter de máximo intérprete de las disposiciones de nuestra Carta Magna, en consecuencia, esta Máxima Autoridad debe desestimar la presente denuncia. Así se estabiece.

-Otros pedimentos Ahora bien, se aprecia que la representación del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, solicita a este Órgano Contralor lo siguiente:

Primero, que "(...) invocando el principio de la colaboración institucional, de las autoridades del centro carcelario donde se encuentre, que se permita al señor Daniel Omar Ceballos Morales el acceso a internet, a fin de que pueda él, en cuanto acto personalisimo que es, realizar la declaración jurada de patrimonio."

En este sentido, se observa que el aludido principio se encuentra contenido en los articulos 136 del Texto Constitucional y 24 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, con fundamento en el cual se trata de proteger el bien general o colectivo asi como la consecución de los fines del Estado, siendo ello así, visto que la aplicación del referido, principio tal y como lo plantea la representación del recurrente, está dirigida a obtener un fin personal e individual, mal podría pretender su aplicación para el cumplimiento de la obligación de Ley, tal y como se ha sostenido a lo largo de la presente decisión.

En este mismo orden de ideas, se observa que tal requerimiento debía ser realizado ante el Órgano Jurisdiccional que lleva su causa o ante el correspondiente Centro de Reclusión Carcelario, por tales razones, quien suscribe, debe negar la presente solicitud. Así se establece.

En segundo lugar, por lo que se refiere a la solicitud con base en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, se observa que aun cuando lo fundamenta en una norma adjetiva, el artículo 54 de 421.911 la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, prevé la posibilidad que el administrado requiera a otras autoridades u organismos los documentos, informes o antecedentes que estime convenientes para la resolución del asunto.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que dicha solicitud no es pertinente toda vez que está dirigida a probar unos hechos que no guardan relación con el objeto del presente recurso, que lo constituye la no consignación en tiempo oportuno de la declaración jurada de patrimonio. En consecuencia, quien suscribe debe negar el presente pedimento. Así se decide.

Finalmente, este Órgano Contralor en virtud de todo lo anterior, debe declarar Sin Lugar el recurso de reconsideración interpuesto, y en consecuencia, Se Confirma en todos sus términos el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01- 00-000119 del 17 de abril de 2015.

IV DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, quien suscribe, declara Sin Lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el abogado Enrique Sánchez Falcón, antes identificado, actuando en su carácter de representante del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, titular de la cédula de identidad Nro. V-16.020.370, y, en consecuencia, Se Confirma en todos sus términos el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000119 del 17 de abril de 2015, notificada en fecha 5 de mayo de 2015, mediante el cual, este Despacho resolvió imponerle la medida de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de doce (12) meses, por haber subsumido su conducta en el supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.

Comuníquese la presente Resolución al ciudadano DAnIEL OMAR CEBALLOS MORALES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y adviértasele que contra la misma podrá ejercer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dentro de los, cient ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, tal como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

MANUELE GALINDO B? Contralor General de la República

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421.912

Viernes 3 de julio de 2015

DEFENSORÍA DEL PUEBLO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CARACAS, 26 DE JUNIO DE 2015 204° Y156°

RESOLUCIÓN N° DdP-2015-130

TAREK WILLIANS SAAB, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, designado por. la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 22 de diciembre de 2014, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el artículo 11 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución N° DdP-2014-005, de fecha 20 de enero de 2014, publicado en la

página original (tal como se publicó)Página 30 de la Gaceta

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GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

Viernes 3 de julio de 2015

421.913

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.339 del día 22 de enero de 2014.

RESUELVE:

Designar al ciudadano MICHAEL ADOLFO DÍAZ MENDOZA, titular de la cédula de identidad Nº V-17.066.609, como Director de Vigilancia de los Servicios Públicos, adscrito a la Dirección General de Atención al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en calidad de encargado, a partir del 18 de junio de 2015.

Comuníquese y Publíquese,

TAREKWELLIANS SAAB, DEFENSOR DEL PUEBLO

página original (tal como se publicó)Página 31 de la Gaceta

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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLII – MES IX Número 40.695 Caracas, viernes 3 de julio de 2015 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (22 DE JULIO DE 1941) Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

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