Gaceta Oficial N° 40.616
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AÑO CXLII – MES V
Caracas, lunes 9 de marzo de 2015
SUMARIO PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA Decreto N° 1.644, mediante el cual se nombra como Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, a la ciudadana Carmen Teresa Meléndez Rivas; y como Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al ciudadano Gustavo Enrique González López.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Aviso Oficial Conjunto mediante el cual se autoriza a Bancamiga, Banco Microfinanciero, C.A. y Bancrecer, S.A. Banco Microfinanciero, para actuar como Operadores Cambiarios en los mercados a que se refieren los capítulos Il y III del Convenio Cambiario N° 33, del 10 de febrero de 2015.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO Resolución mediante la cual se modifica el Presupuesto (Traspaso) entre Gastos Corrientes y Gastos de Capital de este Ministerio, por la cantidad que en ella se indica.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CNU Acuerdo mediante el cual se autoriza a la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, con sede en la dirección que en ella se señala, para ofrecer Programas de Postgrado conducentes a grado académico.
Recordatorio mediante el cual se recuerda a los Miembros del Cuerpo que la sesión ordinaria de este Consejo, prevista para el dia 24 de febrero de 2015, mediante Acuerdo N° 112, de fecha 18/12/2014, será realizada conforme quedó acordado, el día 12 de marzo de 2015, en la hora que en él se indica, y en la dirección que en él se especifica.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LASALUD Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de las Oficinas que en ellas se mencionan.
Fundación Misión Barrio Adentro Providencias mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de esta Fundación, en los estados que en ellas se señalan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INPSASEL Providencias mediante las cuales se nombra al ciudadano y a las ciudadanas que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se indican, en las Oficinas de los estados que en ellas se mencionan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Providencia mediante la cual se establece que las embarcaciones de pesca artesanal, con Arqueo Bruto menor o igual a veinte unidades (20 AB), que operen en aguas abiertas y en aguas interiores de la República Bolivariana de Venezuela, llevarán los distintivos que en ella se especifican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA Resolución mediante la cual se Encarga al ciudadano Carlos Alexis Castillo Ascanio, como Director General de la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio; y se delega la firma de los actos y documentos que en ella se indican.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mónica Andrea Rodríguez Flores, como Gerente General de Administración y Servicios (E) del Tribunal Supremo de Justicia, y Cuentadante de la Unidad Administradora Central de este Tribunal.
Sala Plena Resolución mediante la cual se atribuye la competencia territorial transitoria de los municipios que en ella se mencionan, al Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Turmero y con competencia territorial en los municipios que en ella se señalan, hasta tanto se implemente e inicie actividades en el Juzgado que en ella se indica.
Número 40.616
Resolución mediante la cual se cambia la ubicación geográfica del Juzgado Agrario Segundo de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, desde el municipio San Sebastián de los Reyes al Municipio Camatagua del estado Aragua, manteniendo la competencia que le fue asignada en los municipios que en ella se indican.
Resolución mediante la cual se le suprime al Juzgado Vigésimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la competencia exclusiva y excluyente para recibir cánones de arrendamientos de inmuebles en materia de viviendas y locales comerciales.
Resolución mediante la cual se establece que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como Órgano del Estado al cual se reincorporó el ciudadano Ramón Eduardo Yépez Lugo, debe asumir el pago del complemento de su Jubilación.
Resolución mediante la cual se traslada a la ciudad de Valera la sede de la Primera Instancia del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Trujillo, constituida de la forma que en ella se señala.
Resolución mediante la cual se crea, organiza y pone en funcionamiento los Juzgados de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, de los estados que en ella se indican.
Resoluciones mediante las cuales se crea los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en los estados que en ellas se señalan, con los nombres que en ellas se especifican.
Acta mediante la cual se designa a la ciudadana y a los ciudadanos que en ella se señalan, como representantes de los Órganos Auxiliares de este Organismo.
Acuerdo mediante el cual se dicta el Reglamento del Procedimiento Electrónico para la Solicitud de Datos al Banco Central de Venezuela.
Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Resuelta la Consulta Obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SD-2012-181, de fecha 3 de julio de 2012, y la Nulidad de todas las actuaciones realizadas por este Tribunal.
Decisión mediante la cual se declara el Decaimiento del Objeto del recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de noviembre de 2014, por el ciudadano Neil Jesús Reaño Garcia, contra la Sentencia N° TDJ-SI-2014-074, dictada el 18 de noviembre de 2014 por este Tribunal.
Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Disciplinaria Judicial del ciudadano Iván Edgardo Palencia Arias, al incurrir en un descuido injustificado en la tramitación de la causa que en ella se señala, por lo que este Tribunal decide aplicar la sanción de Amonestación.
Decisión mediante la cual se declara Improcedente la solicitud de inadmisibilidad requerida por la Jueza denunciada en su escrito de descargos del once (11) de abril de 2012.
AVISOS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto Nº 1.644 09 de marzo de 2015 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2, 3 y 20 del artículo 236 ejusdem; concatenado con lo contenido en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Púbiica; en
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concordancia con lo preceptuado en los artículos 4º, 18, 19 y numeral 2 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECRETO Artículo 1º. Nombro como:
Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, a la Ciudadana CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, titular de la cédula de identidad N° V- 8.146.803, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al ciudadano GUSTAvo ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-5.726.284, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en le Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los nueve días del mes de marzo de dos mil quince. Años 204º de la Independencia, 156° de la Federación y 16° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
NICOLÁS MADURO MOROS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y BANCO CENTRAL DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE ECONOMÍA Y FINANZAS AVISO OFICIAL El Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y el Banco Central de Venezuela, atendiendo a lo previsto en los artículos 3 y 8 del Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.171 Extraordinario de esa misma fecha, informan al público en general que a partir del primer día hábil bancario siguiente a la publicación del presente Aviso Oficial, las instituciones Bancamiga Banco Microfinanciero, C.A. y Bancrecer, S.A. Banco Microfinanciero, inscritas en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo los números J-31628759-9 y J- 31637417-3, respectivamente, quedan autorizadas para actuar como operadores cambiarios en los mercados a que se refieren los Capitulos II y III del mencionado Convenio Cambiario; debiendo efectuar todas las adecuaciones necesarias que le permitan dar cumplimiento a la normativa que lo rige previo al inicio de sus operaciones.
En consecuencia de la autorización aquí conferida, se advierte que las previsiones contenidas en el Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015, así como en la normativa que lo desarrolla, resultan aplicables a las aludidas instituciones para
Aviso Oficial.
Dado en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2015. Años 204° de la Independencia, 156° de la Federación y 16° de la Revolución Bolivariana.
Comuniquese y publíquese.
PRESIDENCIA Rodolfo Clemente Margo Torres Nelson J. Merentas D.
Presidente del Banco Central de Ecnomía y Pinanzasr Venezuela
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 04 DE MARZO DE 2015 RESOLUCIÓN N° 010 204°, 156° y 16° El Ministro del Poder Popular para el Turismo, designado mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 19 del artículo 78 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el numeral 2 del artículo 86 del Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en ese sentido este Despacho,
RESUELVE Articulo Único. Modificación Presupuestaria (Traspaso) entre Gastos Corrientes y Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para el TuriSmo, POr la Cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 1.500.000,00), aprobado por este Ministerio, de acuerdo con la siguiente imputación:
44 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO DE:
U.E.L 00001 Oficina de Bs 1.500.000,00 Administración y Servicios Gestión Administrativa Acción 440002000 Bs 1.500.000,00 Centralizada:
Acción 440002001 Bs 1.500.000,00 Apoyo Institucional a Específica:
las Acciones Específicas de los Proyectos del Organismo Partida:
403.00.00.00 Bs 1.500.000,00 Servicios no personales Subpartida 403.01.00.00 Alquileres de Bs 1.500.000,00 Genérica inmuebles Bs 1.500.000,00 Subpartida 403.01.01.00 Alquileres de edificios Específica y locales PARA:
U.E.L 00001 Oficina de Bs 1.500.000,00 Administración y Servicios Acción 440002000 Gestión Administrativa Bs 1.500.000,00 Centralizada Acción 440002001 Apoyo Institucional a Bs 1.500.000,00 Específica las Acciones Específicas de los Proyectos del Organismo Bs 1.500.000,00 Activos Reales Partida:
404.00.00.00 Máquinas, muebles y
404.09.00.00 Bs 1.500.000,00 Genérica demás equipos de oficina y alojamiento Subpartida 404.09.02.00 Equipos de Bs 500.000,00 Específica Computación Mobiliario y equipos de Bs 1.000.000,00 404.09.03.00 alojamiento
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional ANDRES QUILERMOTERRIRA GARCIA /PARA EL TURISMO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE N° 007, Caracas, 21 de enero de 2015 Años 204°, 155° y 16° El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 20 de enero de 2015, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 1° y 4° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.c de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.328 de fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado.
ACUERDA Autorizar a la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, la sede:
Urbanización La Florida, Calle Los Naranjos, entre las Avenidas Las Acacias y Los Samanes, Quinta Kempis, Municipio Libertador, Caracas, para ofrecer Programas de Postgrado conducentes a grado académico.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
PRESIDENCIA MANUEL A. FERNÁNDEZ N.
Presidente del Consejo Nacional de Universidades Ctali ke ASALIA R. VENEGAS S Secretaria Permanente
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE Caracas, 27 de febrero de 2015 Años 205°, 156° y 16° RECORDATORIO De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Universidades en concordancia con el artículo 3 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Universidades, se recuerda a los miembros del Cuerpo que la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades, prevista para el día 24 de febrero de 2015, mediante Acuerdo No. 112 de fecha 18/12/2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.580 de fecha 14/01/2015, suspendida por motivos de fuerza mayor, será realizada conforme quedó acordado, el día 12 de marzo de 2015, hora: 9:30 a.m., sede: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana, calle Holanda, entre avenida La Estancia y avenida Caracas, frente al edificio Banaven (Cubo Negro), Chuao, Municipio Chacao, estado Miranda.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
MANUEL A. FERNÂNDEZ M.
Presidente dals Consejo Nacional de Universidades
Secretaria Permapente
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD NÚMERO 042 06 DE MARZO DE 2015 204%, 156º y 160 RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto No 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014, de conformidad con lo previsto en los numerales 2 y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y artículos 17, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Designar al Ciudadano CARLOS ENRIQUE SALCEDO PAREDES, titular de la cédula de identidad N° V- 4.168.230, COMO DIRECTOR GENERAL (E) DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Artículo 2. Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente.
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Notifíquese y publíquese, NANCY PÉREZ SIERRA Ministra de Poder Popular para la Salud Decreto No 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014 Gaceta Oficial N° 40.488 de fecha 02 de septiembre de 2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 06 DE MARZO NÚMERO 043 DE 2015 204º, 156º y 16° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014, de conformidad con lo previsto en los numerales 2 y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral ? y artículos 17, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano ALEJANDRO CABRERA BOYER, titular de la cédula de identidad N° V- 14.158.991, COMO DIRECTOR GENERAL (E) DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, adSCrito al Despacho de la Ministra del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Artículo 2. Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente.
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
NANCY PÉREZ SIERRA Ministra del Poder Popular para la Salud Decreto N° 1 213 de fecha 02 de septiembre de 2014 Gacetà Oficial N° 40.488 de fecha 02 de septiembre de 2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO
NÚMERO 007-2015 Caracas, 02 de marzo de 2015 204º, 156° y 16°
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DEFREN CAMEJO AGUILAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No V-10.282.981, en su carácter de Presidente de la Fundación Misión Barrio Adentro, según consta en Decreto N° 1.295 de fecha 03 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.511 de la misma fecha, quien actúa debidamente autorizado por el Consejo Directivo de la FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO, la CUalfue creada según Decreto N° 4.382 de fecha 22 de Marzo de 2006, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.404, de fecha 23 de marzo de 2006, reimpreso por error material del ente emisor en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.423 de fecha 25 de abril de 2006, cuya Acta Constitutiva Estatutaria ha sido protocolizada por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 02 de Mayo de 2006, bajo el N° 15, Tomo 18, Protocolo Primero, siendo su última modificación a través de Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 18 de abril de 2011, debidamente registrada en la misma Oficina de Registro bajo el N° 12, Folio 38, Tomo 25, Protocolo de Transcripción del año 2011, de fecha 07 de junio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.752 de fecha 07 de septiembre de 2011 y el artículo 161 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico en concordancia con los artículos 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario; artículos 6, 7 y 23 de la Ley Contra la Corrupción y los Estatutos Sociales de la Fundación Misión Barrio Adentro, dispone:
Artículo 1. Designar a la ciudadana YURLI ANNETH GONZALEz MARTINEZ, titular de la cédula de identidad ocupar el V-16.409.224, cargo para N° ADMINISTRADORA BARRIO ADENTRO EN EL ESTADO TACHIRA deSde el día 30 de enero de 2015.
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Artículo 2. Autorizar a la ciudadana YURLI ANNETH GONZALEZ MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.409.224, en Su Carácter de ADMINISTRADORA EN LA FUNDACION MISION BARRIO ADENTRO DEL ESTADO TACHIRA, para actuar como cuentadante.
Artículo 3. La Ciudadana YURLI ANNETH GONZALEZ MARTINEz, antes identificada, en su carácter de ADMINISTRADORA EN LA FUNDACION MISION BARRIO ADENTRO DEL ESTADO TACHIRA, deberá prestar caución suficiente para el ejercicio de sus funciones ante la Auditoría Interna de la respectiva Unidad Administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, en concordancia con el artículo 52 de su Reglamento N° 1 Sobre el Sistema Presupuestario.
Artículo 4. La Ciudadana YURLI ANNETH GONZALEZ MARTINEz, antes identificada, en su carácter de BARRIO ADENTRO DEL ESTADO TACHIRA, deberá presentar Declaración Jurada de Patrimonio y anexar copia fotostática del comprobante emitido por la Contraloría General de la República y posteriormente consignarlo por ante la Unidad de Recursos Humanos de la Fundación Misión Barrio Adentro.
Artículo 5. La presente Providencia Administrativa deberá ser publicada en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela.
BOL
DIDEFREN CAMEJO AGUILAR Presidente de laFundación Misión Barrio Adentro PRAERAN/1.295, de fecha 03/10/2014 DAC:O:
Gaceta Qficial Nº 40.511 del 03/10/201 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO
NÚMERO 008-2015 . Caracas, 02 de marzo de 2015 204°, 156 ° y 16°
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DEFREN CAMEJO AGUILAR, venezolano, mayOr de edad, titular de la cedula de identidad N° V-10.282.981, en su carácter de Presidente de la Fundación Misión Barrio Adentro, según consta en Decreto N° 1.295 de fecha 03 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.511 de la misma fecha, quien actúa debidamente autorizado por el Consejo Directivo de la FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO, la CUal fue creada según Decreto N° 4.382 de fecha 22 de Marzo de 2006, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.404, de fecha 23 de marzo de 2006, reimpreso por error material del ente emisor en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.423 de fecha 25 de abril de 2006, cuya Acta Constitutiva Estatutaria ha sido protocolizada por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 02 de Mayo de 2006, bajo el Nº 15, Tomo 18, Protocolo Primero, siendo su última modificación a través de Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 18 de abril de 2011, debidamente registrada en la misma Oficina de Registro bajo el N° 12, Folio 38, Tomo- 25, Protocolo de Transcripción del año 2011, de fecha 07 de junio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.752 de fecha 07 de septiembre de 2011 y el
artículo 161 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico en concordancia con los artículos 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario; artículos 6, 7 y 23 de la Ley Contra la Corrupción y los Estatutos Sociales de la Fundación Misión Barrio Adentro, dispone:
Artículo 1. Designar al Ciudadano RAFAEL ANGEL MEDINA MOREN0, titular de la cédula de identidad N° v- 7.890.828, para OCUpar el CargO de COORDINADOR ESTADAL (E) EN LA FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO DEL ESTAD0 TACHIRA, desde el día 19 de enero de 2015.
Artículo 2. Autorizar al Ciudadano RAFAEL ANGEL MEDINA MORENO, titular de la cédula de identidad N° v- 7.890.828, en SU CaráCter de COORDINADOR ESTADAL (E) EN LA FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO DEL ESTADO TACHIRA, para actuar como cuentadante.
Artículo 3. El Ciudadano RAFAEL ANGEL MEDINA MoREno, antes identificado, en su carácter de COORDINADOR ESTADAL (E) EN LA FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO DEL ESTADO TACHIRA, deberá prestar caución suficiente para el ejercicio de sus funciones ante la Auditoría Interna de la respectiva Unidad Administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, en concordancia con el artículo 52 de su Reglamento N° 1 Sobre el Sistema Presupuestario.
Artículo 4. El Ciudadano RAFAEL ANGEL MEDINA MoRENo, antes identificada, en su carácter de COORDINADOR ESTADAL (E) EN LA FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO DEL ESTADO TACHIRA, deberá presentar Declaración Jurada de Patrimonio y anexar copia fotostática del comprobante emitido por la Contraloría General de la República y posteriormente consignarlo por ante la Unidad de Recursos Humanos de la Fundación Misión Barrio' Adentro.
Artículo 5. La presente Providencia Administrativa deberá ser publicada a Gaceta delaRepública Bolivariana de Venezuel Notifiquese y Publíguese, AEPUBLI DEFREN CAMEJO AGUILAR RiESiBNBAFundación MisiónBarrio Adentro Decrets 1.295, de fecha 03/10/2014 acataficial N° 40.511 del 03/10/201
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINESTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INS ETTUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° ORH-2015-10 CARACAS, 20 de Enero de 2015 AÑOS 204°, 155° Y 15° Quieisuscribe, NESTOR VALENTÍN OVALLES, venezolano, mayor de edad, de este domiglio y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto en carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Segu idad Laborales, designado mediante Resolución DGCJ N° 120 de fecha 10 de diciebibre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene uela N° 39.325 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confi re el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concdancia con el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Repúolica Bolivariana de Venezuela N° 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Articulo 1°: Se nombra al ciudadano MARCO 3OSÉ SÁNCHEZ VÁSQUEZ, titular de la Cdula de Identidad N° V.-14.482.910, en el Cargo de COORDINADOR REGIONAL DE SANCIONES, adsCritO a la GERENCIA ESTADAL DE SALUD DE
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LOSRABAJADORES (GERESAT) ARAGUA del Instituto Nacional de Prevención, Salugiy Seguridad Laborales (INPsASEL), a partir de su notificación.
:6 Artículo 2°: El ciudadano nombrado, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Ven@uela, las Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo.
:
Artibulo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano de Dirección de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Prevnción, Salud y Seguridad Laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y Publíquese, $
NESTOR VALENg'IN OVALLES PRESIDENTE (E) DEINÉTTIURONACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD SEGUIDAD LABORALES
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MIN STERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INSEITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° ORH-2015-12 CARACAS, 29 de Enero de 2015 AÑOS 204°, 155° Y 15° suscribe, NESTOR VALENTÍN OVALLES, venezolano, mayor de edad, de este dominio y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Segu dad Laborales, designado mediante Resolución DGC3 N° 120 de fecha 10 de bre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de dicte Vene uela N° 39.325 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me e el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en cont Con iones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la Reptalica Bolivariana de Venezuela Nº 38.235 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la sigu nte:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artiealo 1°: Se nombra a la ciudadana MARITZA ANAIS PEDROZA RÍOS, titular de a Cédula de Identidad N° V.- 17.1.48.238, en el cargo de COORDINADORA DE ADM NISTRATIVA del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INE SASEL), a partir de su notificación Artiulo 2°: La ciudadana nombrada, artes de tomar posesión de su cargo, deberá pres juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Veng uela, las Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo.
Artiulo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano de Dirección de ia Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Prevanción, Salud y Seguridad Laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artíeo 73 de la Ley Orgánica de Procedimventos Administrativos.
Comuniquese- Publiquese,
NESORVALENTON OVALLES PRESIDENTE (E) DEL ERTO ACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MIN STERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INS STUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° ORH-2015-13 CARACAS, 28 de Enero de 2015 AÑOS 204°, 155° Y 15° suscribe, NESTOR VALENTÍN OVALLES, venezolano, mayor de edad, de este o y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y dad Laborales, designado mediante Resolución DGC3 N° 120 de fecha 10 de bre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vehg e el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en dancia con el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, COR ones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la GADUY ca Bolivariana de Venezuela N° 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la Repi sigu! te:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artio lo 1°: Se designa a la Ciudadana GUIOVAURY ELENA LABARCA ROMERO, titula de la Cédula de Identidad N° V.- 16.201.275, en el cargo de GERENTE REGLONAL (E), ads CIta a la GERENCIA ESTADAL DE SALUD DE LOS TRAE JADORES (GERESAT) MÉRIDA del Instituto Nacional de Prevención, Salud y dureca ausencia de la funcionaria Norelis Alvarado C.I. N°10.689.118, quien -ocupagel cargo.
artie lo 2°: La dudadana designada, antes de tomar posesión de su cargo, deberá juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Veneela, las Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo.
Arti. lo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano Preuición, Salud y Seguridad Laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artic o 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
A Comuníquese y Publíquese,
NESTOR VALENTIN OVALLES PRESIDENTE (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 706 CARACAS, 26 de febrero de 2015 AÑOS 204°, 156° y 16° En ejercicio de la atribución_que me confiere el artículo 78, numeral 1, en concordancia_ con los artículos_73 numerales 1 y 2 y, 74 numeral 19 del Decreto con. Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y, según lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley General de Marinas y Actividades Conexas.
POR CUANTO Es deber del Estado velar por la seguridad marítima y la vida humana en el mar, la supervisión y control de las actividades de búsqueda y salvamento, la preservación del ambiente marino contra los riesgos y daños de contaminación y la seguridad de la navegación, POR CUANTO Se ha producido un incremento importante en la flota artesanal para las actividades de la pesca en el ámbito de todas las Circunscripciones Acuáticas de la República, por lo que se hace exigible la adopción de medidas normativas reglamentarias.
DECIDE Artículo 1. Las embarcaciones de pesca artesanal, con Arqueo Bruto menor o igual a veinte unidades (20 AB), que operen en aguas abiertas y en aguas interiores de la República Bolivariana de Venezuela, llevarán los distintivos a que se contrae la presente Providencia Administrativa; según se especifica a continuación:
1. El casco debe estar pintado con el color blanco desde la línea de flotación hasta la parte superior de la borda y su interior debe estar pintado de color anaranjado.
2. Tendrán pintadas por ambos costados y fijadas en el punto medio de la eslora, entre la borda y la línea de flotación, una franja vertical de-color diferente a la del casco de veinticinco centimetros (25 cms)de ancho, según la Circunscripción Acuática que le corresponda, tal como se indica en la tabla 1:
Tabla 1 CAPITANÍA NÚMERO COLOR DE PUERTOS AZUL MARINO AMAZONAS 1 BLANCO EN EL CENTRO AMARILLO APURE
CARENERO ANARANJADO
CARÚPANO BEIGE OSCURO NEGRO CIUDAD BOLÍVAR 1 BLANCO EN EL CENTRO VERDE OLIVO CIUDAD GUAYANA
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GÜIRIA MARRÓN NEGRO LA CEIBA BLANCO EN EL CENTRO ESCARLATA LA GUAIRA
GRIS OSCURO LA VELA DE CORO
LAS PIEDRAS VIOLETA
VERDE ESMERALDA MARACAIBO
MORADO PAMPATAR
AZUL MARINO PUERTO CABELLO AMARILLO PUERTO LA CRUZ
AZUL AÑIL PUERTO SUCRE La franja a que se refiere el presente artículo deberá conservarse clara y limpia, de manera que sea visible a simple vista.
Articulo 2. La presente Providencia Administrativa, entrará en vigencia a los sesenta (60) días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la armadores deberán realizar los cambios correspondientes.
Comuniquese y Publiqu
ÉSAR ALADIMIR ROMERO SALAZAR Presidente def-Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Resolución Nro. asd de fecha 09 de septiembre 2014
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL POPER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA DESPACHO DEL MINISTRO 204º, 156° y 16° Caracas, 6 de marzo de 2015 RESOLUCIÓN N°025 De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano CARLOS ALEXIS CASTILLO ASCANIO, con Cédula de Identidad N° 5.314.402, como Director General de la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 3, 19 y 26 del Artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 25 del Decreto N° 1.612, Sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, de fecha 18 de febrero de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.173 Extraordinario, de la misma fecha, el Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería.
RESUELVE Único. Además las funciones dispuestas en el Decreto Sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, se delega en el ciudadanO CARLOS ALEXIS CASTILLO ASCANIO, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican:
a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Oficina de Gestión Humana.
b) Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los Estados y del Distrito Capital relacionados con asuntos de la Oficina de Gestión Humana.
c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza, en respuesta a solicitudes dirigidas a la Oficina de Gestión Humana.
d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memorandos y circulares emanados de la Oficina de Gestión Humana.
e) Los actos y documentos relacionados con personal obrero que deban tramitarse por ante la Inspectoría del Trabajo.
f) La certificación de expedientes administrativos del personal empleado y obrero activo e inactivo de este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
9) Todo lo concerniente a la liquidación de las prestaciones sociales del personal empleado y obrero de este Ministerio.
h) Todo lo relacionado con los movimientos de personal (FP- 020), de ingresos, egresos y variación de cargos de personal.
i) Todo lo referente con los movimientos de jubilaciones de oficio, por conversión y especiales.
j) Todo lo relativo a las nóminas y demás instrumentos de pagos al personal empleado, obrero y contratado del Ministerio.
k) Notificación de los actos de carácter particular, relacionado con asuntos de la Oficina de Gestión Humana, debidamente aprobados por la Directora General del Despacho o por el ciudadano Ministro.
Comuníquese y publíquese, Per el Ejecutivo-Nacional, Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA LA REMUBLICA BOLINRZANR DE VENEZUELA EN SU NOIBRE EL TEIBUNAL SUPREMO DE JUSTIC IA
3 Caracas, 03 de marzo de 2015 RESOLUCIÓN N° 001-2015 La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado y demás miembros de la Junta Directiva, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 22, numerales 2 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 5.991 Extraordinario, del 29 de julio de 2010, reimpresa en Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, números 39.483 y 39.522, del 9 de agosto de 2010 y 1 de octubre de 2010, respectivamente, en concordancia con lo establecido en el artículo 11, numeral 6 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.496 del 9 de agosto de 2006; así como en los artículos 2, 34 y 35 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.147 Extraordinario del 17 de noviembre de 2014, y el artículo 62 del Decreto N° 1.399, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014, y a los fines de lo previsto en los articulos 48, 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (actual Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público) sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781-Extraordinario del 12 de agosto de 2005; y demás efectos legales consiguientes.
RESUELVE Artículo 1.- Designar con el carácter de encargada a la ciudadana MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES, titular de la cedula de identidad N° V- 9.855.040, COMO GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (E) DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA y CUentadante de la Unidad Administradora Central del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 2.- Se delega en la ciudadana MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES, titular de la cedula de identidad N° v-9.855.040, en su carácter de
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Gerente General de Administración y Servicios (E), la atribución de suscribir contratos por adquisición de bienes, prestación de servicios básico y/o varios, ejecución de obras, alianzas comerciales, alianzas estratégicas, contratos marco, comodatos, actas convenios, convenios a suscribir con particulares y convenios interinstitucionales.
Artículo 3.- Se delega en la referida ciudadana la facultad de decisión en los supuestos regulados en los artículos 4, 5, 96 y 99 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
Artículo 4.- Se delega en la referida ciudadana la facultad de decidir, justificar y motivar adecuadamente los supuestos de procedencia de contratación directa contemplados en el artículo 101 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, sólo cuando los montos relativos a dichas contrataciones no superen los establecidos para las consultas de precios reguladas en el artículo 96 eiusdem.
Articulo 5.- La Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, podrá ejercer -directamente las atribuciones objeto de la presente delegación.
Artículo 6.- La Gerente General de Administración y Servicios (E) presentará, a la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, una relación mensual de los actos y documentos que hubiere firmado o suscrito en virtud de la presente delegación.
Artículo 7.- La Gerente General de Administración y Servicios (E) no podrá subdelegar las atribuciones que aquí se le confieren y asimismo queda encargada de la ejecución de la presente Resolución.
Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 03 de marzo de 2015.
Artículo 9.- Se ordena la publicación de la presente Resolución en Gaceta Judicial y Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los Tnes_ (03) días del mes de marzo de dos mil quince (2015). Años: 204° de la Independencia y 156° de la Federación.
a.Presidenta, BEORENMABIA GUTIÉRREZ ALVARADO El Primer Vicepresidea La Segunda Vicepresidenta,
INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ /.
LOS DIRECTORES,
EMIRP GARCIA ROSAS
MARJORIE CALDERÓN GOERRERO GUILLERMO LANCO VASQUEZ La Secretaria, MONICA ANDREA RODRIGUEZ FLORES RESOLUCIÓN N° 2015-_001 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA Caracas, 7 de mayo de 2014 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 2014-0015 De conformidad con los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compete al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, CONSIDERANDO Que, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un deber del Estado garantizar a toda persona el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para que haga valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a la obtención con prontitud de la decisión correspondiente; con garantía de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, CONSIDERANDO Que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario publicada en la Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010, establece en la Disposición Final Segunda que el Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, quedará encargado de la creación y dotación de la estructura de los Tribunales Agrarios necesarios, CONSIDERANDO Que esta reorganización implica la supresión, creación, reubicación y modificación de los Tribunales que actualmente integran la competencia Agraria, CONSIDERANDO Que en la actualidad la competencia Especial Agraria se encuentra que reconocen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se impone su reorganización, CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo de Justicia, en reunión de Sala Plena del veintisiete (27) de septiembre de 2006, acordó declarar en proceso de reestructuración los tribunales de la materia Especial Agraria y, en consecuencia, modificar la organización de las circunscripciones judiciales de dicha competencia en todo el territorio nacional, CONSIDERANDO Que hasta la fecha no han iniciado las actividades del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en San Sebastián de los Reyes y competencia en el territorio de los Municipios Zamora, San Sebastián, San Casimiro, Camatagua y Urdaneta, el cual fue creado mediante Resolución N° 2007-0049 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del veintiocho (28) de noviembre de dos mil siete (2007).
CONSIDERANDO Que en enero del año 2012, inició sus actividades el Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Turmero y con competencia territorial en los Municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño, José Rafael Revenga, José Félix Ribas, Bolívar, Sucre, José Ángel Lamas, Tovar, Santos Michelena, Libertador, Francisco Linares Alcántara y Ocumare de la Costa de Oro.
CONSIDERANDO Que los Municipios Zamora, San Sebastián, San Casimiro, Camatagua y Urdaneta del Estado Aragua disponen de un alto porcentaje de tierras con vocación de uso agrario y que son de alto valor estratégico por su proximidad con los grandes centros poblados.
CONSIDERANDO Que ante la necesidad de dirimir conflictos suscitados entre particulares con ocasión de la actividad agraria, los Municipios Zamora, San Sebastián, San Casimiro, Camatagua y Urdaneta del Estado Aragua se encuentran ubicados geográficamente más cerca del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Turmero, que de los juzgados con competencia múltiple que actualmente conocen estas causas.
CONSIDERANDO Que la presente Resolución tiene como propósito atribuir transitoriamente sea materializada la implementación del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en San Sebastián de los Reyes.
RESUELVE 1 DE LA COMPETENCIA TRANSITORIA Artículo 1: Se atribuye la competencia territorial transitoria de los Municipios Zamora, San Sebastián, San Casimiro, Camatagua y Urdaneta al JUZGADO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, con Sede en Turmero y con competencia territorial en los Municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño, José Rafael Revenga, José Félix Ribas, Bolivar, Sucre, José Ángel Lamas, Tovar, Santos Michelena, Libertador, Francisco Linares Alcántara y Ocumare de la Costa de Oro, hasta tanto se implemente e inicie actividades el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, con sede en San Sebastián de los Reyes.
II DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera: El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, cuya 3
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competencia en materia agraria quedó suprimida por el artículo 2 la RESOLUCIÓN N° 2007-0049 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), realizará un inventario de causas agrarias reorganizándolas de la siguiente manera:
1. Cada expediente producto del inventario de causas agrarias realizado, conservará su número original al cual se le agregará la letra "A" de agrario.
2. Los expedientes de las causas se clasificarán por códigos según las fases procesales en que se encuentren.
3. Una vez ordenados los expedientes según los criterios anteriormente señalados, se clasificarán según la fecha del inicio de la causa.
4. Los expedientes debidamente inventariados y organizados según lo anteriormente especificado, se remitirán al Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
5. Los expedientes sefializados según códigos correspondientes a las fases procesales y antiguedad conservarán su número de expediente hasta la definitiva conclusión de la causa.
6. Las causas concluidas con sentencia definitivamente firme serán inventariadas y remitidas al Archivo Judicial, en legajos debidamente identificados.
Segunda: A las causas que se encuentren en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, se le aplicarán las siguientes reglas:
1. Todas aquellas causas que no hayan sido admitidas serán remitidas al Juez Agrario de Primera Instancia, y las mismas se tramitarán de conformidad con las normas de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario;
. 2. Asimismo, las causas en las que no se hubiese dado contestación al fondo de la demanda serán remitidas al Juez Agrario de Primera Instancia, y las mismas se tramitarán de conformidad con las normas de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario;
3. Las causas agrarias que se hallaren en fase probatoria, continuarán su sustanciación en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
4. Igualmente, las causas que se encuentren en estado de sentencia para el momento de la entrada en vigencia de la presente Resolución, serán decididas por el referido Juzgado que las sustanció.
Tercera: Tanto el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua como el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria del Estado Aragua ejecutarán las sentencias definitivamente firmes o cualquier otro acto equivalente que tenga fuerza de cosa juzgada conforme al procedimiento establecido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
ⅢⅢI DISPOSICIONES FINALES Primera: Se informará mediante cartel fijado a las puertas de cada tribunal la ubicación de los tribunales creados, asi como, la modificación de su Segunda: La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda encargada de la ejecución de la presente Resolución.
Tercera: La presente Resolución iniciará su vigencia desde su aprobación por Sala Plena y se ordena su publicación en la en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los siete (7) días del mes de mayo de dos mil catorce (2014). Años:
204° de la Independencia y 155° de la Federación.
La Presidenta, UTIÉRREZ ALVARADO Segunda Vicepresidenta, Primer Vicepresidente,
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS FERNANDORAMONVEGASTORREALBA
EMROEARCIA ROSAS YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
LUIS EDUARDO ANCESCHI GUTIÉRREZ
Los Magistrados, EVELYN MARRERO ORIZ PONgVCON
M ELIA PÉREZVELÁSQUEZ
R CORONAD FLORES NELVIGIA PORRAS DE ROA
XEXOONO JUANJOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ MARCOSTULIO DUCARTEPADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN ARCADIO DELGADO ROSALES
JUANJOSEMENOZAJOVER
H Yuiticchol MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA
PAUL,ONEPONTERUEEN
EMILIO ANTONIORAMOS GONZÁLEZ URIDES MERCEDES MORA
YRAIMADEIESUSZA ATALARA
CARMENIESTHER GÓMEZ CABRERA SONIA CEREMOTO ARÍAS PALACIOS
mekosl
E Sparptario (E)
RIAS RODRÍGUEZ
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA
Caracas, 26 de noviembre de 2014 204° y 155°
RESOLUCIÓN N° 2014-0036 De conformidad con los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compete al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, CONSIDERANDO Que, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un deber del Estado garantizar a toda persona el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para que haga valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a la obtención con prontitud de la decisión correspondiente; con garantía de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, CONSIDERANDO Que el 10 de diciembre de 2001 inició su vigencia la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.323 del 13 de noviembre de 2001, luego
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reformada parcialmente el 18 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.819 Extraordinario N° 5.771, y que el artículo 269 de dicha Ley dispone que el Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, quedará encargado de la creación y dotación de la estructura de los Tribunales Agrarios necesarios.
CONSIDERANDO Que esta reorganización implica la supresión, creación, reubicación y modificación de los Tribunales que actualmente integran la competencia Agraria, CONSIDERANDO Que en la actualidad la competencia Especial Agraria se encuentra organizada regionalmente y que, para el cumplimiento con los principios rectores que reconocen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se impone su reorganización, CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo de Justicia, en reunión de Sala Plena del veintisiete (27) de septiembre de 2006, acordó declarar en proceso de reestructuración los tribunales de la materia Especial Agraria y, en consecuencia, modificar la organización de las circunscripciones judiciales de dicha competencia en todo el territorio nacional, CONSIDERANDO Que en el estado Aragua existen tierras de vocación de uso agrario principalmente del sub-sector agrícola vegetal, y que son de un valor estratégico por su proximidad con los grandes centros poblados de la Nación, CONSIDERANDO Que hasta la fecha no ha iniciado las actividades el JUZGADO AGRARIO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, que tendría como sede en San Sebastián de los Reyes y competencia en el territorio de los Municipios Zamora, San Sebastián, San Casimiro, Camatagua y Urdaneta, el cual fue creado mediante RESOLUCIÓN N° 2007-0049 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil siete (2007).
CONSIDERANDO Que mediante resolución 2014-015 de fecha 07 de mayo de 2014 se atribuyó la competencia territorial transitoria de los Municipios Zamora, San Sebastián, San Casimiro, Camatagua y Urdaneta al JUZGADO AGRARIO
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, con sede en Turmero y con competencia territorial en los Municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño, José Rafael Revenga, José Félix Ribas, Bolivar, Sucre, José Ángel Lamas, Tovar, Santos Michelena, Libertador, Francisco Linares Alcántara y Ocumare de la Costa de Oro, hasta tanto se implemente e inicie actividades CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
CONSIDERANDO
Que de los municipios San Sebastián de los Reyes, Zamora, San Casimiro, Camatagua y Urdaneta es el municipio Camatagua el que goza de la ubicación más beneficiosa geográficamente por su equidistancia para el acceso de la población del sur de Aragua.
RESUELVE
I DEL CAMBIO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Artículo 1: Se cambia la ubicación geográfica del JUZGADO AGRARIO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, desde el municipio San Sebastián de los Reyes al municipio Camatagua del estado Aragua, manteniendo la competencia que le fue asignada en los municipios Zamora, San Sebastián, San Casimiro, Camatagua y Urdaneta, según Resolución N° 2007-0049 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil siete (2007).
II DISPOSICIONES FINALES Primera: Se mantienen las disposiciones transitorias de las resoluciones 2007-0049 de fecha 28 de noviembre de 2007 y 2014-015 de fecha 07 de mayo de 2014.
Segunda: Se informará mediante cartel fijado a las puertas de cada tribunal agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, la modificación de la ubicación geográfica del Juzgado Agrario Segundo de Primera Instancia Agrario de la referida Circunscripción Judicial, ordenada en la presente Resolución.
Tercera: La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda encargada de la ejecución de la presente Resolución.
Cuarta: La presente Resolución iniciará su vigencia desde su aprobación por Sala Plena y se ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
La Presidenta, MARUAGUTIÉRREZ ALVARADO Primer Vicepresidente, 4 FERNANDO RAMÓNVEGAS TORREALBA DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
EMIROGAREIA ROSAS YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
LUIS EDUAREOHRANÇESOEUTIÉRREZ
pamol.
FRANCISCO ANTENIO CARRASOUROLOPEZ
ISBELIAFÉREZ VELÁSQUEZ MALAQUIGLRODRIGUEZ
HÉCTO KCORONADO FLORES ARMENELVIPORRAS DE ROA
LUISAESTENORASLAMUÑO JUANJOSENNECALDERON
-
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN Guezthe CARMENZULETA DEMERCHÁN ARCADIO DELGADO ROSALES
JUANJOSÉ MENDOZA JOVER JHANNETTMARÍAMADRIZSOTLLO
MÓNICA GIOCONDAMISTICCHIOTORTORELLA PAÚLJOSÉ APONTE RUEDA
YANINABEATRIZKARABÍNDEDÍAZ
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AURID ES MERCADES MORA
SONIA COREMOTO ARIAS PALACIOS
CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA
lbmekcel INDIRAMAIRA ALFONZO ZAGUIRRE MARÍA CAROEINA AMELIACH VILLARROEL Na Secretaria,
DOSSANTOSP.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA
Caracas, 10 de diciembre de 2014 204° y 155°
RESOLUCIÓN N° 2014-0038 En ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1° y 2° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
CONSIDERANDO Que según lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a la tutela efectiva de sus derechos e intereses, a obtener con prontitud la decisión correspondiente, siendo deber insoslayable del Estado garantizar que la justicia se administre de forma expedita y sin dilaciones indebidas.
CONSIDERANDO Que es obligación del Tribunal Supremo de Justicia el mejor aprovechamiento del talento humano y la optimización de los recursos presupuestarios y técnicos del Poder Judicial, con el fin de materializar un sistema de justicia eficaz y eficiente
CONSIDERANDO Que en virtud de las nuevas competencias asignadas a los Tribunales de Municipio de la República Bolivariana de Venezuela, por las directrices tomadas por esta Sala Plena como órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, mediante las Resoluciones N° 2013-0006, de fecha 20 de febrero de 2013 y N° 2014-0009, de fecha 12 de marzo de 2014.
CONSIDERANDO Que debido a la terminación del proceso de reorganización administrativa y contable en el Tribunal Vigésimo Quinto de Municipio y la supresión de sus actividades exclusiva y excluyentes de recibir cánones de arrendamientos en materia de viviendas y locales comerciales.
RESUELVE Artículo 1. Se le suprime al Juzgado Vigésimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la competencia exclusiva y excluyente para recibir cánones de arrendamientos de inmuebles en materia de viviendas y locales comerciales.
Este Juzgado pasará a denominarse: Tribunal Vigésimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y tendrá competencia en el territorio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, según las reglas generales de competencia por la materia, territorio y cuantía, de conformidad a la Resolución N° 2013-0006 de fecha 20 de febrero de 2013.
Artículo 2. El referido Tribunal se incorporará a la nueva estructura organizativa del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas sede Centro Simón Bolivar.
Artículo 3. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para que se encargue de la ejecución e implementación de la presente Resolución, quedando autorizada para cambiar la nomenclatura del Tribunal mencionado en el artículo 1.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 5. Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Gaceta Judicial sin que tal publicación condicione su vigencia.
Artículo 6. Se derogan todas las Resoluciones e instrumentos de igual rango normativo anteriores a ésta que colidan con lo que aquí ha sido dispuesto.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014).
Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
La Presidenta, my A GUTIÉRREZ ALVARADO ADYSA
Segunda Vicepresidenta, Primer Vicepresidente, FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA DEYANIRA NIEVES BASTIDAS Los pslivs ARMENIA PENA ESPINOZA EMIRO CARCIA ROSAS
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Los Magistrados,
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SANTOSP.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA
Caracas, 10 de diciembre de 2014 204° y 155°
RESOLUCIÓN N° 2014-0039 De conformidad con el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compete al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial.
CONSIDERANDO Que la Sala Plena, en sesión del 12 de diciembre de 2012, aprobó el dictamen elaborado por la Comisión Calificadora de Jubilaciones y Pensiones de los Magistrados, Funcionarios, Empleados y Obreros del Tribunal Supremo de Justicia, la cual realizó el respectivo análisis de la solicitud de jubilación del ciudadano Ramón Eduardo Yépez Lugo, quien desempeñará el cargo de Inspector de Tribunales hasta el 27 de abril de 2014.
CONSIDERANDO Que los funcionarios jubilados conforme a sistemas jurídicos distintos de conformidad con el Reglamento para otorgar el Beneficio de Jubilación y Pensión a los Funcionarios del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial, pueden ser designados nuevamente sin suspensión de la pensión de jubilación, a menos que así lo establezca el régimen conforme al cual fueron jubilados, pero el egreso de un funcionario jubilado por un sistema diferente, no está regulado en el referido Reglamento, por lo que a falta de normativa expresa, debe revisarse este caso, a través de las disposiciones de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
CONSIDERANDO Que, al haberse concretado la nueva prestación de servicio por parte del ciudadano Ramón Eduardo Yépez Lugo, queda entonces definir. la forma mediante la cual se realizará el egreso definitivo, lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, implica la restitución de la pensión de jubilación, recalculada, con base en el último sueldo percibido, esto es, como Inspector de Tribunales (Vid. Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de 28 de octubre de 1999, caso E.T. Rodriguez contra la República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Justicia), pero tal restitución de la pensión de jubilación y el ajuste correspondiente, según el criterio aplicado en casos similares, debían ser realizados por el órgano administrativo que concedió originalmente la jubilación, es decir, por el Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalísticas y no por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, criterio que la Sala Plena abandonó expresamente en sesión del 16 de marzo de 2011.
CONSIDERANDO Que en el caso analizado, tomando en consideración que el solicitante al 27 de abril de 2013, acumuló veintisiete (27) años, ocho 88) meses y veintisiete (27) días al servicio en la Administración Pública, de los cuales seis (6) años, nueve 89) meses y veintiséis (26) días permaneció en el Poder Judicial, tiempo en el cual demostró siempre constancia, dedicación, vocación de servicio a la Institución; que el organismo que otorgó la jubilación no es consultado sobre la reincorporación, desconoce el monto de la eventual homologación y no dispone en su presupuesto de los recursos para asumir su pago; y, finalmente, que el Estado es uno solo y tiene el deber de garantizar la seguridad social de todos los ciudadanos ante cualquier circunstancia de previsión social, sin que la mora en el cumplimiento de esta disposición constitucional pueda servir de excusa.
RESUELVE Artículo 1°: La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como órgano del Estado al cual se reincorporó el ciudadano RAMÓN EDUARDO YÉPEZ LUGO, C.I. N° 7.565.521, debe asumir el pago del complemento de su jubilación, ello de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2°, 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2°: Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de la MagHéraitaa fijar el monto del complemento de jubilación, pagadero por quincenas Vencidas y con cargo a la partida de que dispone la referida Dirección Ejecutiva para tales fines en su presupuesto, a favor del ciudadano mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución, teniendo en cuenta todos los años de servicio prestados a la Administración Pública u otros organismos del Estado, incluidos los que hubiere cumplido en el Poder Judicial. Para la determinación de dicho complemento se calculará el monto de la jubilación del ciudadano Ramón Eduardo Yépez Lugo, y el resultado de restar a dicho monto el importe de su anterior pensión de jubilación, será el complemento aplicable.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014).
Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
La Presidenta, GUTIÉRREZ ALVARADO Segunda Vicepresidenta, Primer Vicepresidente, FERNANDO RAMÓN VEGAS TORRA P DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
S ARMEN A PEÑA ESPINOZA EMIROGARCIAROSAS
LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ Los Magistrados, fomm/ EVELXN MARREROORIZ FRANCISCO ANTE NIO CARIRASQUEROLOPEZ
ISBELIA PÉ EZ VELÁSQUEZ
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SALA PLENA
Caracas, 10-de diciembre de 2014 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 2014-0041 De conformidad con los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compete al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial.
CONSIDERANDO Que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, preceptúa el derecho que tiene toda persona de acceder a los órganos de administración de justicia para el ejercicio de sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela eficaz de los mismos y a la obtención con prontitud, de la decisión correspondiente, materializada mediante su ejecución; con garantía de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
CONSIDERANDO Que el 19 de marzo de 2007 inició su vigencia la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.647, y reimpresa por error material el 17 de septiembre de 2007 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.770. Reformada y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.548 del 25 de noviembre de 2014, siendo su última reimpresión por error República Bolivariana de material la publicada en Gaceta Oficial de la Venezuela N° 40.551 del 28 de noviembre de 2014.
CONSIDERANDO Que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 118 dispone que corresponde a los Tribunales de Violencia contra la Mujer y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en dicha Ley, las leyes de organización judicial y la reglamentación interna.
CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 119 de la referida Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fueron creados los Tribunales de Violencia contra la Mujer que tendrán su sede en Caracas, y en cada capital de estado, y en las demás localidades que determine el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
CONSIDERANDO Que mediante Resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 2012-0020 de fecha 25 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.987 del 16 de agosto de 2012, se crean los Circuitos Judiciales con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer en cada una de las Circunscripciones Judiciales del país, los cuales podrán constituirse en la sede del Circuito Judicial Penal que corresponda o fuera de ella y estarán conformados en primera instancia por jueces y juezas de control, audiencia y medidas; jueces y juezas de juicio y jueces y juezas de ejecución. En segunda instancia por jueces y juezas de las Cortes de Apelaciones.
CONSIDERANDO Que mediante Resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 2007-0059 de fecha 12 de diciembre de 2007, fueron dictadas las normas para la implementación de los Tribunales con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer en la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, con sede en la ciudad de Trujillo. Sin embargo, es la ciudad de Valera la que muestis.mayor índice delictivo en esta materia, por lo que el traslado de los jueces que conforman la primera instancia a dicha ciudad garantizará un mayor acceso a la justicia por parte de las víctimas.
I RESUELVE
Artículo 1: Se traslada a la ciudad de Valera la sede de la primera instancia del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Trujillo, constituida por dos (2) jueces especializados o juezas especializadas en función de control, audiencia y medidas, un (1) juez especializado o jueza especializada en función de juicio y juez especializado o jueza especializada en función de ejecución.
Artículo 2: Se crea la Extensión del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Trujillo en la ciudad de Trujillo, constituida por un (1) juez especializado o jueza especializada en función de control, audiencia y medidas.
Artículo 3: Se suprime a los jueces o las juezas en funciones de control, audiencia y medidas, juicio y ejecución de los Juzgados de Primera Instancia (penal ordinario) del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo con sede en la ciudad de Valera, la competencia para el conocimiento de los delitos que están tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde el momento en que inicien despacho los tribunales en funciones de control, audiencia y medidas, juicio y ejecución del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer con sede en la ciudad de Valera.
juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, con sede en la ciudad de Valera, asumirá la competencia en primera instancia para el conocimiento de los delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que resulten de las decisiones del juzgado de primera instancia en función de control, audiencia y medidas de la extensión del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Trujillo, con sede en la ciudad de Trujillo.
Artículo 5: La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, además de las competencias que tiene asignadas, ejercerá, en segunda instancia, la competencia como Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Trujillo, hasta tanto sea creada la corte especializada en materia de delitos de violencia contra la mujer en la referida Circunscripción Judicial.
II DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS Primera: Los jueces o las juezas en funciones de control, audiencia y medidas, y juicio que serán trasladados desde la sede de la ciudad de Trujillo del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Trujillo a la nueva sede en la ciudad de Valera del mencionado Circuito Judicial, según lo establecido en el artículo 1 de la presente Resolución, realizarán inventario de las causas por delitos de violencia contra la mujer que conocen actualmente y las reorganizaran de la siguiente manera:
1. Cada expediente producto del inventario realizado conservará su número original al cual se le agregaran las letras "VCM" de "Violencia Contra la Mujer".
2. Cada expediente producto del inventario realizado conservará la asignación y nomenclatura correspondiente al tribunal de origen.
3. Los expedientes de las causas serán clasificadas por códigos según las fases procesales en que se encuentran.
4. Una vez que hayan sido ordenados los expedientes conforme a los criterios anteriormente señalados, serán clasificados según la fecha del inicio de la causa.
5. Los expedientes que hayan sido debidamente inventariados y organizados según lo anteriormente especificado, serán remitidos a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Trujillo, con sede en la ciudad de Valera, sin modificar la asignación previa de los expedientes correspondiente a cada tribunal de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución.
6. Los expedientes que estén identificados según códigos correspondientes a las fases procesales y antiglledad conservarán su número de expediente hasta la definitiva conclusión de la causa.
7. Las causas que hayan sido concluidas con sentencia definitivamente firme serán inventariadas y remitidas al Archivo Judicial, en legajos previamente identificados.
Segunda: Los jueces o las juezas en función de control del Juzgado de Primera Instancia (penal ordinario) del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo con sede en la ciudad de Valera, cuyas competencias en materia de delitos de violencia contra la mujer fueron
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suprimidas por el artículo 3 de la presente Resolución, realizarán inventario de las causas por delitos de violencia contra la mujer y las reorganizaran de la siguiente manera:
número original al cual se le agregaran las letras "VCM" de "Violencia Contra la Mujer".
2. Los expedientes de las causas serán clasificadas por códigos según las fases procesales en que se encuentran.
3. Una vez que hayan sido ordenados los expedientes conforme a los criterios anteriormente señalados, serán clasificados según la fecha del inicio de la causa.
4. Los expedientes que hayan sido debidamente inventariados y organizados según lo anteriormente especificado, serán remitidos a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Trujillo, con sede en la ciudad de Valera, para su redistribución o envío a los tribunales competentes de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución.
5. Los expedientes que estén identificados según códigos correspondientes a las fases procesales y antigüedad conservarán su número de expediente hasta la definitiva conclusión de la causa.
6. Las causas que hayan sido concluidas con sentencia definitivamente firme serán inventariadas y remitidas al Archivo Judicial, en legajos previamente identificados.
Tercera: Los jueces o las juezas en función de juicio, del Juzgado de Primera Instancia (penal ordinario) del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, con sede en la ciudad de Valera, conforme lo dispone la Sección Séptima del Capítulo IX de la ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta sentencia definitiva.
Cuarta: Respecto de aquellas causas en las cuales no haya sido celebrado el juicio oral, los jueces o las juezas en función de juicio del Juzgado de Primera Instancia (penal ordinario) del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, con sede en la ciudad de Valera, Resolución, realizarán inventario de causas por delitos de violencia contra la mujer y las reorganizaran de la siguiente manera:
1. Cada expediente producto del inventario realizado conservará su número original al cual se le agregaran las letras "VCM" de "Violencia Contra la Mujer".
2. Los expedientes de las causas serán clasificadas por códigos según las fases procesales en que se encuentran.
3. Una vez que hayan sido ordenados los expedientes conforme a los criterios anteriormente señalados, serán clasificados según la fecha del inicio de la causa.
4. Los expedientes que hayan sido debidamente inventariados y organizados según lo anteriormente especificado, serán remitidos a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial con Competencia en delitos de Violencia contra la Mujer del estado Trujillo, con sede en la ciudad de Valera, para su redistribución o envío a los tribunales competentes de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución.
5. Los expedientes que estén identificados según códigos correspondientes a las fases procesales y antigüedad conservarán su número de expediente hasta la definitiva conclusión de la causa.
6. Las causas que hayan sido concluidas con sentencia definitivamente firme serán inventariadas y remitidas al Archivo Judicial, en legajos previamente identificados.
Quinta: El juez especializado o la jueza especializada en función de control, audiencia y medidas de la extensión del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Trujillo, con sede en el estado Trujillo, conocerá de las causas que ingresen a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del mencionado Circuito Judicial, desde el momento de inicio de despacho.
Causa en Segunda Instancia Sexta: Las causas que se encuentren en segunda instancia serán resueltas por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, conforme al procedimiento que tipifica la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta tanto sean creadas las Cortes de Apelaciones especializadas.
Séptima: Los jueces y las juezas del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer que ha sido implementado mediante la presente Resolución, serán competentes para el trámite y la decisión de las causas que les sean remitidas de acuerdo con esta Resolución.
ⅢI DISPOSICIONES FINALES Primera; Se informará, mediante cartel que será fijado a las puertas de cada juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción judicial del estado Trujillo, con sede en la ciudad de Trujillo, de las modificaciones organizativas adoptadas en materia de Violencia contra la Mujer conforme a la presente Resolución.
Segunda: La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda encargada de la ejecución de la presente Resolución.
Tercera: Los jueces o las juezas de la Corte de Apelaciones (penal ordinario) que asumirán la competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer en el Circuito Judicial Penal con sede en la ciudad de Trujillo, deberán participar, con carácter obligatorio, en un Seminario sobre el contenido de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La Escuela Nacional de la Magistratura se encargará de la planificación, programación y capacitación profesional de jueces y juezas en materia de justicia de género.
Cuarta: Se derogan todas las Resoluciones e instrumentos de igual rango normativo anteriores a ésta que colidan con lo que aquí ha sido dispuesto.
Quinta: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación en Sala Plena y posteriormente se ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014).
Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
Lia Presidenta, GMy LADYSA GUTIÉRREZ ALVARADO Seguoda Vioepresideata, Primer Vioepresidente, EYANIRA NIEVES BASTIDAS FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALE La
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EMILIO ANTONIO RAMOS GENZÁLEZ ANINABEATRIZ KARABÍN DEDÍAZ
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SANTOSP.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA Caracas, 10 de diciembre de 2014 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 2014-0042 El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, determinantes en la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, dicta la presente Resolución.
CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela propugna a nuestra Nación como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, haciéndose indispensable, a través del Poder Judicial, forjar la garantía plena de una justica gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; para todos sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente aquellos que intervienen en el campo del conflicto con la ley penal, las victimas y victimarios, por lo que en aras del progreso insistente de una estructura organizacional, jurisdiccional y de los procesos en tan sensible materia, va en búsqueda de la plenitud de la tutela judicial eficaz, efectiva y para la protección en la diversidad de sus derechos y la preservación de la seguridad jurídica.
CONSIDERANDO Que el 12 de junio de 2012, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frias, dictó Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, signado bajo el N° 9.042, cuyo texto íntegro fue publicado el 15 de junio de 2012, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con el N° 6.078 Extraordinario.
CONSIDERANDO Que el mencionado instrumento adjetivo penal, crea los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, respecto de los cuales el creador de ese texto legal señaló en su Exposición de Motivos lo siguiente: “(...) constituye un cambio de fondo del Sistema de Justicia Penal, que se caracteriza por la aplicación de nuevas instancias jurisdiccionales y procedimientos para el conocimiento de los delitos menos graves, cuya pena en su limite superior no exceda de ocho (8) años de privación de libertad, excepto los delitos de mayor impacto social expresamente señalados (...)".
CONSIDERANDO Que al Tribunal Supremo de Justicia, como máximo órgano y rector del Poder Judicial, le corresponde velar por el fiel cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás disposiciones del ordenamiento jurídico; habiéndosele, en tal sentido, impuesto las competencias otorgadas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en su Libro Final, Titulo I, de la Organización de los Tribunales, para la Actuación en el Proceso Penal, Capítulo I, De los Órganos Jurisdiccionales Penales, en sus artículos 504 y segundo aparte del 505, previendo este último que: "La organización y funcionamiento de los tribunales de primera instancia municipal se establecerán mediante resolución que dicte el Tribunal Supremo de Justicia."; en concordancia con la Disposición Final Tercera ejusdem, que dispone que: "La creación, organización y funcionamiento de los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, se establecerá mediante resolución que a tales efectos dictará la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los seis meses siguientes a la publicación del presente Código en la Gaceta Oficial de la República." CONSIDERANDO Que-en fecha 12 de diciembre de 2012, se dictó Resolución N° 2012-034, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 40.072, de fecha 14 de diciembre de 2012, en la cual se crea, organiza y pone en funcionamiento a nivel nacional, de manera progresiva, los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, para conocer y decidir los procesos penales que tengan por objeto los hechos punibles indicados en el Titulo II del Libro III del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, signado bajo el N° 9.042, cuyo texto íntegro fue publicado el 15 de junio de 2012 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela con el N° 6.078 Extraordinario.
RESUELVE Artículo 1: Crear, organizar y poner en funcionamiento los Juzgados de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, que a continuación se mencionan:
•Para el Circuito Judicial Penal del Anzoátegui:
Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
•Para el Circuito Judicial Penal del estado Aragua:
Juzgado Cuarto (4°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
●Para el Circuito Judicial Penal del estado Barinas:
• Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
• Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
●Para el Circuito Judicial Penal del estado Bolívar:
- Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
•Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
●Para el Circuito Judicial Penal del estado Carabobo:
Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
●Para el Circuito Judicial Penal del estado Falcón:
Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
●Para el Circuito Judicial Penal del estado Guárico:
Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
●Para el Circuito Judicial Penal del estado Monagas:
• Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
●Para el Circuito Judicial del estado Nueva Esparta:
• Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
●Para el Circuito Judicial Penal del estado Sucre:
• Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
• Para el Circuito Judicial del estado Zulia:
- Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control.
Artícule 2: Los Juzgados señalados en el articulo anterior, ostentan la competencia material para conocer y decidir los procesos penales cuyos delitos se consideran menos graves y cuyas penas en su límite máximo no excedan de ocho (8) años de privación de libertad. En consecuencia, dichos órganos jurisdiccionales aplicarán las normas de procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves, que se haya establecido en el Título II del Libro III del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 3: Por efectos del artículo 2 de la presente Resolución y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 2012-034, de fecha 14 de diciembre de 2012, los Tribunales de Primera Instancia Estadales en Funciones de Control de los referidos Circuitos Judiciales, conocerán y resolverán las causas en curso; observando las disposiciones ordenadas en dicha Resolución.
En tanto que los Tribunales Primera Instancia Municipal de los Circuitos Judiciales Penales señalados en el artículo 1 de esta Resolución, conocerán y presente Resolución; todo de conformidad con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 4: Ordenar a los Presidentes (as) de los Circuitos Judiciales ejércicio de las funciones de los órganos jurisdiccionales constituidos;
observando las disposiciones ordenadas en la Resolución N° 2012-034, de fecha 14 de diciembre de 2012.
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Artículo 5: Todo lo no previsto en la presente Resolución, será resuelto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 6. Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tal publicación condicione su vigencia.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014).
Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
La Presidenta, ARISSUTIÉRREZ-ALVARADO Primer Vicepresidente, Seganda Vieepresidents,
FERNANDORAMÓN VEGAS TORREALBA
Los
fhospus EMIROGARGA ROSAS YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
LUIS EDUARDO FRANCESCHIGUTIÉRREZ
smne
ISBELIA PEREZ VELÁSQUEZ
HECIKCORONADOFLORES CARMELHIGAPORRAS DEROA
OSNUNEZ CALDERÓN LUISAESTELLAMORALESLAMUÑO
MARCOS TULIO DUGARTEPADRÓN LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ PruiluetOr2 CARMEN ZULETA DEMERCHÁN RCADIO DELGADO ROSALES
JUANJOSEMNDOZAJOVER
Y Mrtcohdr? MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA PAÚLJOSÉ APONTERUEDA YANINA BEATRIZKARABÍN DEDÍAZ EMILIO ANTONIO RAMOS GONZÁLEZ
EJESÚS ZAPATALARA AURIDES MIPRCEDESAMORA
CARMENESTHEROÓMIZCABRERA
INDIRAMAIRA ALFONZO IZAGUIRRE
SSANTOSP.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA
Caracas, 26 de noviembre de 2014 204° y 155°
RESOLUCIÓN N° 2014-0034 De conformidad con los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado debe garantizar a los ciudadanos una justicia accesible y expedita.
CONSIDERANDO
Que el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla la Jurisdicción Contencioso Administrativa y establece las competencias del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley.
CONSIDERANDO
Que mediante la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, se publicó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
CONSIDERANDO
Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que "En cada Estado funcionará al ménos un Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa".
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 14 de la referida Ley, corresponde a la Sala Plena, a solicitud de la Sala Político-Administrativa, establecer el número y la distribución territorial de los órganos de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
RESUELVE
Artículo 1: Se crea un (1) Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, el cual se denominará: "Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda".
Artículo 2: El Juzgado Superior antes referido tendrá competencia exclusiva en materia contencioso administrativa en los municipios Carrizal, Cristóbal Rojas, Guaicaipuro, Independencia, Lander, Los Salias, Paz Castillo, Simón Bolívar y Urdaneta del Estado Bolivariano de Miranda.
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Artículo 3: Se suprime de los Juzgados Superiores con competencia Contencioso Administrativa en la Región Capital, la competencia territorial en los municipios mencionados en el artículo 2 de esta resolución, sin embargo, estos seguirán conociendo de las causas en materia contencioso administrativa vinculadas con los aludidos municipios, hasta cuando entre en funcionamiento el "Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariana de Miranda".
Artículo 4: Una vez que el precitado Juzgado Superior inicie sus actividades, los expedientes que, conforme a la nueva distribución de competencia territorial, le correspondan, deberán ser remitidos por los Juzgados Superiores con competencia Contencioso Administrativa en la Región Capital, a este para que continúe su tramitación.
Artículo 5: Los tribunales superiores con competencia contencioso administrativa de la Región Capital seguirán conociendo de las causas de los municipios Acevedo, Andrés Bello, Baruta, Brión, Buróz, Chacao, El Hatillo, Páez, Pedro Gual, Plaza, Sucre y Zamora del Estado Bolivariano de Miranda.
Artículo 6: La creación del tribunal y la supresión de competencia que se determina en esta resolución serán anunciadas mediante cartel que deberá ser fijado a las puertas del tribunal creado y los tribunales superiores con competencia contencioso administrativa de la Región Capital.
Artículo 7: La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda encargada de la ejecución de esta resolución en los aspectos que estén relacionados con la dotación de infraestructura, equipos y material, así como en lo concerniente a los recursos humanos, presupuestarios y técnicos que sean necesarios para el funcionamiento del Juzgado creado.
Artículo 8: Esta resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
denta,
ERREZ.ALVARADO GLA
Priofer Vicepresideone, Segunda Vicepresidenta,
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
FRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA EMIRAGARGA ROSAS
LUS EFRANHGUTIÉRREZ
Los Magitrados,
Apmmr.
FRANCISCO ANONIOCARROISORORAE EVELYNMARREROORTIZ
M ISBELA PEREZ VELÁSQUEZ MALAQUÍASGHRODRIGUEZ
UPREMU %n oros sto CARMEN ELVIOORRAS DE ROA HÉCTOR CORONADO FLORES ESIAMORALES LAMUNO JUANUOSENONEZ CALDERÓN A LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ Ptmetgfee CARMEN ZULETA DE MERCHÁN RCADIO DELGADO ROSALES
JUANJOSÉ MENDOZAJOVER
PAÚLJOSÉ APONTERUEDA MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA
YANINA BEATRIZKARABÍNDEDÍAZ NTONIO RAMOS GONZÁLEZ
leudbe4 AURIDESMIERCEDESMORA
SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS OCTAVIO JOSÉ SISCO RICCIARDI :,a IACOLMENAREZ CARMEN ESTHER GÓMEZCABRERA / " deng bmulcol MARÍA CAROLINAAMELIACHVILLARROEL INDIRAMAIRA ALFONZOIZAGURRE La Secretaria,
ANEOSSANIOSP.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA Caracas, 26 de noviembre de 2014 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 2014-0035 De conformidad con los articulos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial.
CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado debe garantizar a los ciudadanos una justicia accesible y expedita.
CONSIDERANDO Que el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla la Jurisdicción Contencioso Administrativa y establece las competencias del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley.
CONSIDERANDO Que mediante la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, se publicó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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CONSIDERANDO
Que el articulo 18 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que "En cada Estado funcionará al menos un Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa".
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 14 de la referida Ley, corresponde a la Sala Plena, a solicitud de la Sala Político-Administrativa, establecer el número y la distribución territorial de los órganos de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
RESUELVE
Artículo 1: Se crea un (1) Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el estado Yaracuy, con sede en esa entidad regional, el cual se denominará: "Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy".
Artículo 2: El Juzgado Superior antes referido tendrá competencia exclusiva en materia contencioso administrativa en el estado Yaracuy.
Artículo 3: Se suprime del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, con sede en la ciudad de Valencia del estado Carabobo, la competencia territorial en el estado Yaracuy, sin embargo, este seguirá conociendo de las causas en materia contencioso administrativa vinculadas con el referido estado hasta cuando entre en funcionamiento el "Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy".
Artículo 4: Una vez que el precitado Juzgado Superior inicie sus actividades, los expedientes que, conforme a la nueva distribución de competencia territorial, le correspondan, deberán ser remitidos por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, a este para que continúe su tramitación.
Artículo 5: La creación del tribunal y la supresión de competencia que se determina en esta resolución serán anunciadas mediante cartel que deberá ser fijado a las puertas de ambos tribunales.
Artículo 7: La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda encargada de la ejecución de esta resolución en los aspectos que estén relacionados con la dotación de infraestructura, equipos y material, así como en lo concerniente a los recursos humanos, presupuestarios y técnicos que sean necesarios para el funcionamiento del Juzgado creado.
Artículo 8: Esta resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014). Años: 204º de la Independencia y 155° de la Federación.
La Presidenta,
UTIÉRREZ ALVARADO
Segunda Vicepresidenta, Primer Vicepresidente,
DEYANIRANIEVES BASTIDAS
Los Directores,
EMIROGARGIA ROSAS YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ
Los Magistrados, PTG ommo.
FRANCISCO ANIONIO CARRASO ERO LÓPEZ EVELYN MARRERO ORTIZ
ISBELIA BÉREZ VELÁSQUEZ
Orbl CARMEN ELVIPORRAS DE ROA HÉCROR CORONADO FLORES
JUANIOSE NURE CALDERÓN LUISA ESTAMRALES LAMUÑO 5
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ ARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMENZULETA DEMERCHÁN ARCADIO DEL GADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER JHANNETTMARÍAMADRIZSOTILLO
PAÚLJOSÉ APONTE RUEDA
YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ REPÜS -1 InD XRIDES MERCELES MORA Da fhiabfea OCTAVIOJOSÉ SISCO RICCIARDI
CARMENESTHERGÓMEZ.CABRERA
bmual MARÍA CAROLINA AMELIACHVILLARROEL INDIRAMAIRA ALFONZO IZAGUIRRE La Secretarin,
ANTOSP.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA OLGA M. DOS SANTOS P., titular de la Cédula de Identidad N° 5.113.695, Secretaria del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, quien suscribe, CERTIFICA: que la copia que a continuación se expide es traslado fiel y exacto del original del Acta de la sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del día 26 de febrero de 2015 y es del tenor siguiente: Se dio inicio a la reunión de hoy, 26 de febrero de 2015, presidida por la Magistrada doctora Gladys María
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Gutiérrez Alvarado, con la asistencia de las Magistradas doctoras y los Magistrados doctores Fernando Ramón Vegas Torrealba, Deyanira Nieves Bastidas, Emiro Garcia Rosas, Yris Armenia Peña Espinoza, Carmen Elvigia Porras de Roa, Francisco Carrasquero López, Evelyn Marrero Ortiz, Malaquías Gil Rodríguez, Isbelia Pérez Velásquez, Héctor Coronado Flores, Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, Luisa Estella Morales Lamuño, Juan José Núñez Calderón, Luis Antonio Ortiz Hernández, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Jhannett María Madriz Sotillo, María Carolina Ameliach Villarroel, Indira Maira Alfonzo Izaguirre, Bárbara Gabriela César Siero, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Guillermo Blanco Vásquez, Marisela Valentina Godoy Estaba, Elsa Janeth Gómez Moreno, Maikel José Moreno Pérez, Francia Coello González, Edgar Gavidia Rodriguez, Danilo Antonio Mojica Monsalvo y Marjorie Calderón Guerrero. De inmediato y verificado como fue el quórum, brinda la Presidenta a los Magistrados y Magistradas un cordial saludo, retomando de inmediato la consideración de los puntos de la cuenta diferida en la sesión de ayer, 25 de febrero de 2015, en el orden que a continuación son presentados: (...Omissis...)-- A continuación, procedió entonces la Sala Piena a considerar el concerniente a la designación de los representantes de los Órganos Auxiliares y de las Comisiones del Tribunal Supremo de Justicia. (...Omissis..) Ordenó la Sala Plena publicar en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela las designaciones de los representantes de los Órganos Auxiliares del Tribunal Supremo de Justicia electos en esta sesión:---.
Director Ejecutivo de la Magistratura, Ingeniero Argenis de Jesús Chávez, cédula de identidad N°4.925.03 1.
Inspectora General de Tribunales, Magistrada doctora Francia Coello González, cédula de identidad N° 6.107.871.
Director General de la Escuela Nacional de la Magistratura, Magistrado doctor Juan José Mendoza Jover, cédula de identidad N° 9.499.372.
(...Omissis...) Terminó Ia sesión.- La Presidenta (Fdo.) Gladys María Gutiérrez Alvarado. La Secretaria (Fdo.) Olga M. Dos Santos P.". (Hay sello húmedo del Tribunal Supremo de Justicia en el que se lee: "República Bolivariana de Venezuela-Tribunal Supremo de Justicia-Sala Plena"). Caracas, a los seis (6) días del mes de marzo de 2015.-
M. DOS SANTOS P.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA PLENA
De conformidad con lo previsto en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 36, numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 del 1 de octubre de 2010, en concordancia con el articulo 3 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, publicado en Gaceta Oficial N° 38.496 del 9 de agosto de 2006 CONSIDERANDO Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde al Máximo Tribunal, la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial; el cual goza de plena autonomía funcional, financiera y administrativa, CONSIDERANDO Que de conformidad con los artículos 2, 26 y 257 de la Carta Magna se consagran respectivamente el Estado Social de Derecho y de Justicia, la tutela judicial efectiva y la gratuidad en el proceso, contemplado este último como un instrumento para la realización de la justicia, CONSIDERANDO Que en atención al Principio de Colaboración entre los órganos del Poder Público, previsto en el artículo 136 del Texto Fundamental, el Banco Central de Venezuela puso en marcha el "Modulo de Información, Estadística, Financiera y Cálculos" solicitado por el Poder Judicial, a objeto de suministrar información estadística, financiera y económica en tiempo real y de manera confiable, requerida por los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, para la determinación de indicadores de precios, cálculos de correcciones monetarias, tasas de inflación, tasas de interés, tipos de cambio y conversión de moneda, intereses de las prestaciones de antigüedad, entre otros, CONSIDERANDO Que en el ejercicio y efectivo cumplimiento de las funciones desarrolladas por el Poder Judicial, y en aras de la promoción y defensa de la justicia, se requiere de los instrumentos jurídicos necesarios que permitan su fortalecimiento, CONSIDERANDO Que el Supremo Tribunal, como ente rector del Poder Judicial, debe actuar conforme a los valores y principios fundamentales, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes, fijando políticas judiciales y administrativas para garantizar el ejercicio efectivo en su actuación, en aras de la promoción y defensa de la justicia, CONSIDERANDO Que los jueces y juezas, son servidores públicos a los cuales el Estado, los inviste de autoridad y potestad, para juzgar y sentenciar, dentro del marco jurídico legal vigente, y en virtud de esta potestad atribuida a todos los Tribunales de la República, es pertinente la implementación y regulación de herramientas tecnológicas que coadyuven al cumplimiento de sus funciones en los procesos judiciales,
ACUERDA:
dictar el presente, REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO PARA LA SOLICITUD DE DATOS AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Objeto Artículo 1.- El presente reglamento establece la normativa general y de procedimiento que deben seguir los jueces y juezas, así como los secretarios y secretarias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, para tramitar vía electrónica en tiempo real, solicitudes al Banco Central de Venezuela sobre información económica, financiera y estadística, acerca de indicadores de precios, cálculos de correcciones monetarias, tasas de inflación, tasas de interés, tipos de cambio y conversión de moneda, intereses de las prestaciones de antigüedad, entre otros, mediante el Módulo de Información, Estadística, Financiera y Cálculos, que a tales efectos administra ese Instituto Público.
Ámbito de Aplicación.
Artículo 2.- El reglamento aquf desarrollado se aplica a todo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, en los casos que se requiera tramitar los cálculos que sean ordenados en la sentencia.
Finalidad del Reglamento Artículo 3.- Los jueces y juezas, así como los secretarios y secretarias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en atención a la garantía de la tutela judicial efectiva y a los principios de gratuidad de la justicia y celeridad procesal, propenderán a la tramitación de cálculos económicos y financieros a través del Módulo de Información, Estadística, Financiera y Cálculos, administrado por el Banco Central de Venezuela y desarrollado para tales fines, según el convenio Marco de cooperación.
Cronograma de capacitación Artículo 4.- El Tribunal Supremo de Justicia y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, establecerán un cronograma de capacitación para el uso del modulo para los jueces y juezas, así como para los secretarios y secretarias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la responsabilidad de los Jueces Rectores y Juezas Rectoras, Jueces Presidentes y Juezas Presidentes de Circuito, Coordinadores y Coordinadoras, para el conocimiento, puesta en marcha e implementación del Módulo de Información, Estadística, Financiera y Cálculos.
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura incorporará, con preferencia, a este proceso de capacitación a los secretarios y a las secretarias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, a jueces y juezas con competencia en materia laboral, de protección de niños niñas y adolecentes, de los juzgados civiles, y posteriormente a los demás tribunales de la República Bolivariana de Venezuela.
De la formación del Usuario Artículo 5.- La Escuela Nacional de la Magistratura en coordinación con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el órgano o ente que designare el Banco Central de Venezuela, procederán a capacitar a jueces y juezas, así como a los secretarios y secretarias de Salas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo al cronograma aprobado, como usuarios y usuarias en el uso y manejo adecuado de la nueva herramienta tecnológica denominada Módulo de Información, Estadística, Financiera y Cálculos.
El'usuario o usuaria es quien se encuentre debidamente autorizado por el
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Tribunal Supremo de Justicia, por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura o por quien éstos designaren, siendo responsable para efectuar las actividades a las que se refiere el presente reglamento para su cabal cumplimiento.
De la capacitación obligatoria Artículo 6.- Los jueces y juezas, usuarios y usuarias, de acuerdo al cronograma de capacitación, una vez convocados, deben acudir sin excepción al proceso de inducción en el uso del Módulo de Información, Estadística, Financiera y Cálculos, so pena de las sanciones de ley, saivo que se trate de causas debidamente justificadas.
Del responsable por Sala Artíeulo 7.- Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia para el proceso de capacitación y puesta en práctica del Módulo de Información, Estadística, Financiera y Cálculos, serán representadas por las secretarias o los secretarios de cada Sala, quienes a ese nivel jurisdiccional serán las únicas y los únicos responsables en la implementación del mismo.
De la inscripción ante el Banco Central de Venezuela, solicitud y otorgamiento de claves Artículo 8.- Los jueces y juezas, los secretarios y secretarias de Salas del Tribunal Supremo de Justicia, deben estar inscritos ante el registro de firmas electrónicas del Banco Central de Venezuela, de acuerdo al Instructivo del Usuario Externo para el Registro de Firmas de Personas Naturales y Jurídicas, y haber realizado la solicitud de clave de acceso ante el Banco Central de Venezuela y éste habérselas otorgado, para lo cual deben estar previamente autorizados por el Tribunal Supremo de Justicia, por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura o por quien éstos designaren, de conformidad con lo establecido en el Instructivo Solicitud de Códigos y Claves para el Acceso y Uso a las Aplicaciones del Banco Central de Venezuela.
De la Clave de acceso, uso y horario Artículo 9.- Las usuarias y usuarios debidamente autorizados para solicitar información al Módulo de Información, Estadística, Financiera y Cálculo, tendrán asignada una clave secreta personalizada e intransferible, administrada por el Banco Central de Venezuela con el Sistema Administrado de Claves, la cual en ningún caso podrá ser cedida o informada a otra persona o demás funcionarios del tribunal o Sala correspondiente, salvo que sea solicitada en forma expresa, por el Magistrado Presidente o la Magistrada Presidente de Sala, el Juez Rector o la Jueza Rectora, la Jueza Presidenta o Juez Presidente de Circuito, el Coordinador o la Coordinadora o de quien haga sus veces.
En caso de ceder o suministrar la clave secreta personalizada asignada o permitir el acceso a un tercero al Sistema Administrado de Claves sin solicitud y autorización expresa previa, dará origen a las responsabilidades de ley.
El horario de acceso al módulo por parte de los usuarios o usuarias autorizados a los que se refiere la presente normativa, sólo podrá realizarse desde el equipo o computador asignado a dichos usuarios, en días de despacho y en el horario comprendido desde las ocho y treinta antes meridiem (8:30 a.m.) hasta las cuatro y media post meridiem (4:30 p.m.), so pena de las sanciones de ley por el incumplimiento de lo establecido en la presente normativa.
No podrá accederse bajo ningún concepto fuera de los términos y horarios establecidos en el presente artículo, salvo instrucciones expresas por la Magistrada Presidenta o el Magistrado Presidente de Sala, la Coordinadora o el Coordinador, la Jueza Rectora o el Juez Rector, la Jueza Presidenta o Juez Presidente de Circuito, o de quien haga sus veces.
De la preferencia en la aplicación de esta normativa Artículo 10.- Los órganos jurisdiccionales con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente normativa deberán agotar el procedimiento aqui expuesto con preferencia a cualquier experticia.
Del procedimiento para solicitar resultados al Módulo Artículo 11.- El juez o la jueza, usuario o usuaria, para verificar su autorización debe acceder personalmente a la página de autenticación que para tales efectos tendrá el Banco Central de Venezuela, cuidando no revelar su clave. Una vez autorizado o autorizada entrará mediante el respectivo link al Módulo a efectuar los cálculos necesarios para determinar los montos objetos del proceso.
Los resultados de la solicitud deben ser impresos, a los efectos de que los mismos sean consignados mediante auto expreso e incorporado a los expedientes.
De la apelación Artículo 12.- Cualquier discrepancia con relación a los resultados de la solicitud podrán ser controlados mediante apelación.
Responsables de la ejecución de la política Artículo 13.- El Tribunal Supremo de Justicia, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura o a quienes éstos designaren en forma expresa, en coordinación con las presidencia de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia se encargarán de ejecutar la administración y supervisión del Convenio Marco y Específico suscrito.
Igualmente, el Juez Rector o la Jueza Rectora, el Juez Presidente o la Jueza Presidenta de Circuito y los Coordinadores y las Coordinadoras de los tribunales de la República, ejecutarán lo aquí dispuesto, siguiendo instrucciones del Director o Directora de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; así mismo los secretarios y secretarias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, efectuarán lo conducente con los Magistrados y Magistradas Presidentes de Salas.
Disposiciones Transitorias De las solicitudes por oficio dirigidas al BCV PRIMERA.- Las solicitudes a que se refiere este reglamento, que debían realizarse ante el Banco Central de Venezuela mediante oficio por los jueces y juezas, los secretarios y secretarias de Salas, a la fecha de entrada en vigencia de la presente normativa, quedan sin efecto.
De las solicitudes en cu SEGUNDA.- Aquellas solicitudes que se encuentren en proceso ante e Banco Central de Venezuela y hayan sido requeridas en el lapso comprendido entre la fecha de suscripción y la entrada en vigencia de éste reglamento, seguirán su curso.
Igualmente, seguirán su curso las solicitudes efectuadas en el lapso comprendido entre el proceso de capacitación y definitiva aplicación del Módulo de Información, Estadística, Financiera y Cálculo.
Prioridad en el orden de implementación TERCERA- Las autoridades del Poder Judicial en la implementación del mecanismo aquí mencionado, dará prioridad como modelo piloto a los tribunales con competencia en materia laboral, luego los tribunales de protección de niños niñas y adolecentes, y los juzgados civiles, para posteriormente trasladar la experiencia a los demás tribunales de la República Bolivariana de Venezuela.
De la vigencia Artículo 14.-El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil catorce (2014). Años: 204º de la Independencia y 155° de la Federación.
La Presidenta, GUTIÉRREZ ALVARADO Primer Vicepresidente,
ANEE FERNANDO RAGION VEGAS TORREAL
Lrisbus YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA EMIURORAPCIAROSAS / LUIS EDUARDO FRANCESCHIGUTIÉRREZ omne EVEANMARREROCRIZ
ISBELIA PEREZ VELÁSQUEZ MALAQUÍAS GILRODRÍGUEZ
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CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
LASENUANECALDERÓN LUISAESNORLAMUNO
MARCOS TULIOBUGARTE PADRÓN Qauthae ARCADIODELGADO ROSALES CARMENZULETADEMERCHÁN
JUANJOSÉMENDZAJOVER
hticahiol A MISTIOCHIO TORTORELLA OSCARJESÚS LEONLRCATBGUI aur XANINA BEATRIZRARABÍN DEDÍAZ PAÚLIQAPONSE RUEDA
AURIDES MERCEDES MORA EMILIO ANFONIORAMOS GONZÁLEZ
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URSULAMARIAICAO MENAREZ MARÍA CAROLIN AMELIACHVILLARROEL
DOS SANTOSP.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPIINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Exp. AP61-A-2012-000041 Mediante oficio N° TDJ-47-2015 del 21 de enero de 2015, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente signado con el N° AP61-A-2012-0ooo41, relacionado con la investigación seguida en contra del ciudadano GERSON ALEXANDER NIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-10.174.219. por las actuaciones realizadas como Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.
2012-181 de fecha 3 de julio de 2012, dictada por el TDJ mediante la cual declaró: ...1.funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Tâchina en virtud de los hechos advertidos en la sentencia N° 1624 del 13 de julio de 2005 proferida por la Sala Constitucional del Trbunal de 2012, de canformidad can el articuio 61 del Codigo de Êtica del Juez Venezolano y la Jueza contrae el último aparte del articulo 60 del Código de Ética del Juez Venezoleno y la Jueza Venezolana....
En fecha 27 de enero de 2015, la Secretaria de esta Corte Disciplinaria Judicial le dio Juez TULIO JIMÈNEZ RODRÍGUEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
1 ANTECEDENTES En fecha 18 de mayo de 2012 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo. URDD) de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, recibió oficio N° PRES/TJS 0000088 del 8 de mayo de ese año, en el cual la ciudadana Luisa Estella Morales Lamuño, en su carácter de Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, remitió documentación a fin Juez Gerson Alexander Niño.
Judicial, emitió el correspondiente informe.
En fecha 21 de mayo de 2012, el TDJ dictó auto de entrada mediante el cual dejó constancia MEDIDA ROJAS.
El 3 de julio de 2012, e TDJ dictó decisión N° TDJ-SD-2012-181 en la cual decretó el medida cautelar de suspensión con goce de sueido solicitada por la Oficina de Sustanciación mediante informe del 24 de mayo de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo suceso. Caa Ética).
1279-2011 a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cuanpatifico-de decisión dictada en la causa en referencia.
El 7 de agosto de 2012, el TDJ librò boleta N° TDJ-1463-2012 al Jefe de la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en la que notificó de la referida decisión.
En fecha 2 de diciembre de 2014, el TDJ libró oficio N° TDJ-2067-2014 al Juez Rector de la la aludida decisión.
En esa misma fecha, el TDJ libró boleta N° TDJ-2086-2014 a la Fiscal General de la República, mediante la cual se notificó de la decisión dictada.
El 8 de enero de 2015, se recibió en la URDD oficio N° 1512-2014 de fecha 15 de diciembre de 2014, suscrito por el Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, mediante el cual remitió acuse de recibo de la boleta practicada al mencionado Juez.
En fecha 21 de enero de 2015, el TDJ dictó auto mediante el cual ordenó remitir la causa a el articulo 60 del Código de Ética, para ello libró el oficio N° TDJ-47-2015 de esa misma fecha en el cual remitió expediente disciplinaria constante de una (1) pieza.
Siendo la oportunidad legal para decidir, corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial emitir pronunciamiento en relación a la consulta obligatoria elevada, previo el análisis de las siguientes consideraciones:
DE LA COMPETENCIA Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial debe dictadas por el TDJ que decreten el sobreseimiento de la investigación, a lo cual se refiere el articulo 60 del Código de Ética.
En este sentido, dicha disposición normativa establece lo que seguidamente se transcribe:
"Articulo 60. El Tribunal Disciplinario Judicial decretarà el sobreseimiento de la investigación, cuando:
1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuirsele al juez denunciado o jueza denunciada.
2. La acción disciplinaria ha prescrito o resulta acreditada la cosa juzgada.
3. La muerte del juez o jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la Investigación, tendráà consuita obligatoria ante la Corte Disciolinaria Judicial. dentre de los cinco dias de despacho siguientes". (Negrilla y subrayado de esta Alzada).
En aplicación de la norma precitada y por tratarse el presente asunto de una consulta obligatoria sobre la decisión N° TDJ-SD-2012-181 de fecha 3 de julio de 2012, dictada por ei TDJ mediante la cual decretó el sobreseimiento definitivo de la investigación seguida al Juez GERSON ALEXANDER NIÑO, plenamente identificado en autos e improcedente la medida cautelar de suspensión con goce de sueido solicitada por la Oficina de Sustanciación mediante informe del 24 de mayo de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 del Código de Ética, esta Instancia Superior se declara competente para la ressiució consulta elevada a su conocimiento. Y asi se decide.
III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte a pronunciarse sobre la correspondiente.
consulta obligatoria y, al respecto observa:
consideraciones:
resulta forzoso para este Trbunal Disciplinario Judicial declarar el SOBREsEIMIENTO n n Judicial Penal del Estado Tâchina en virtud de los hechos advertidos en la sentencia N° 1624 de! remitida a esta Jurisdicción Disciplinania Judicial, por cuanto sobre esos hechos ya se le siguió respecto los cuales resultó absuelto de los cargos imputados por la Inspectorie General de Tribunales (...) En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Disciplinario Judicial, en nombre SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA INVESTIGACIÓN S8gUIda aI CIUdadanO GERSON ALEXANDER NIÑO, por sus actuaciones a cargo del Juez (sic) Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira en virtud de los hechos advertidos en la sentencia N° 1624 del 13 de julio de 2005 proferida por la Sala Constitucional del Tribunai Supremo de Justicia; 2.- IMPROCEDENTE la solicitud de decreto de medida informe de fecha 24 de mayo:de 2012, de conformidad con el articulo 81 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueze Venezolana; 3.- SE ORDENA la remisión del presente expediente respecto a la consuita obligatoria a que se contrae el último aparte del articuio 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana...".
Es preciso indicar, que el sobreseimiento es el auto que dicta el órgano jurisdiccional en el curso de la investigación al lograr determinar la ocurrencia de los supuestos previstos en la absolutoria, solo que sin emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Asimismo, el sobreseimiento es,dentro del proceso judicial, la resolución que en forma de auto, puede dictar el Juez después de la fase de investigación, produciendo la terminación o la suspensión del proceso por falta de elementos que permitirán la aplicación de la norma sentido, la jurisprudencia ha expresado ".. El sobreseimiento pone término al procedimiento contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado." (Vid. Sentencia N° 514, de fecha 8 de agosto de 2005. proferida por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia).
En este sentido, es preciso indicar que el articulo 60 del Código de Ética dispone causales taxativas para decretar el sobreseimiento, a saber.
cuando:
1. El hecho objeto del procesó no se realizó o no puede atribuírsele al juez denunciado o jueza denunciada.
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2. La acción disciplinaria ha prescrito o resulta acreditada la cosa juzgada.
3. La muerte del juoz o jueza...".
Ahora bien, en el caso de marras aprecia esta Alzada que en fecha 30 de marzo de zdi N° 1727-2009 mediante el cual absolvió al Juez Gerson Alexander Niño de las imputaciones judicial N° 2JU-552-02, por haber señalado en el auto de fecha 26 de marzo de 2004, que la cuenta bancaria en la que se depositario el dinero proveniente de la prestación económica, Nros. 2382 y 2383, ambos del 3 de octubre de 2003 y por no haber conminado al secretario absuelto de haber incurrido en retrasos injustificados en la celebración del debate oral al haber fijado su celebración dentro de un lapso excesivo de cuatro (4) meses contados a partir del 26 de abril de 2004, dichos ilicitos disciplinarios fueron atribuidos por la IGT en razón de la investigación iniciada por la remisión de la sentencia N° 1624 del 13 de julio de 2005, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En este sentido. se observa'que el oficio N° 0000088 de fecha 8 de'mayo de 2012, remitido por la Presidenta del Tíibunal'Supremo de Justicia a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, se refiere a la misma sentencia Nº 1624 dictada el 13 de julio de 2005 por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, hechos que, tal como quedó precedentemente estáblecido, fueron conocidos y resueltos por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
ah
establecido mediante sentencia N° 1107 del 14 de junio de 2001. lo siguiente: "... observa esta Sala, que la firmeza de los actos administrativos en sede administrativa (..) se le vincula con el acto administrativo defimiivo rio sujeto a revisión ordinaria en sede administrativa (ya sea porque el acto causó estado al agotarse la vía administrativa, pero está sujeto a la administración ya se habla pronunciado con anterioridad, -acto administrativo N° 1727-2009 Sistema Judicial en el cual 'absolvió de responsabilidad disciplinaria al ciudadano Gerson llevado a cabo ante esta Junisidicción y además dicho pronunciamiento constituye lo que la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha denominado "cosa decidida un expediente conocido por el énte administrativo y que de conformidad con el articulo 19, numeral 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no puede ser sometido nuevamente al conocimiento de la Administración." (Vid. Sentencia N° 00955 de la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de junio de 2007).
La cosa decidida administrativà Contiene como principio fundamental la irrevocabilidad del acto administrativo, cuando el mismo ha creado derechos a los particulares; de manera que, la cosa decidida administrativa ésta prevista como una consecuencia directa de la firmeza del acto, siendo asi, se encuéntra'vinculada al acto administrativo definitivo no sujeto a revisión ordinaria en sede adrhihisbrátiva que adquirió firmeza al no ser impugnado.
En este caso concreto se sprêcia que, agotados los lapsos de ley, la parte contra quien obró facultad de instruir una investigación de carácter disciplinaria contra los Jueces y Juezas de/ la República Bolivariana de Venezuela a fin de determinar la veracidad o falsedad de los hechos denunciados o de alguna investigación de oficio o si habla la posalidadãde determinar un cito en esta materia, se encontraba atribuida temporalmente(y hsg'a?
conocimiento de cualquier procedimiento disciplinario incoado contra los Jueces.
Con la entrada en vigencia del Código de Ética, hubo un cambio de naturaleza para el venezolanos que en la actualidad, indiscutiblemente, resulta ser de carácter jurisdiccional.
judicial, no es menos cierto que la llamada *cosa decidida administrativa" operó sobre un acto relativo a un procedimiento disciplinario incoado en contra de un Juez de la República, estaban atribuidas las facultades que hoy corresponden a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial.
Asimismo, estima relevante esta Superioridad observar para el caso concreto, el principio "non bis in idem" recogido en el articulo 49 numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone expresamente lo siguiente:
"Articulo 49. El debido próceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas:
en consecuencia: (...) 7. Ninguna persone podrá-ssr sometido a lulclo por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido-iuggada anteriormente. (Negrila y subrayado añadido).
De tal manera que la garantía constitucional de no someter a proceso a un individuo dos (2) veces por los mismos hechos, seiencuentra dentro de otra garantia como lo es el derecho a la defensa y el debido proceso. Igualmente, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos estabiece en su articulo 14, numeral 7. que: ".. Nadie pude ser juzgado ni sancionado por un delito por el.cual haya sido ya condenado o absuelto en virtud de una sentencia fime y respetuosa de 1a ley de procedimiento penal de cada pais " Corolario de lo dos (2) veces por el mismo hecho.
En torno al principio del "non bis in idem", se aprecia el contenido de los fallos proferidos por ... evita un nuevo pronunciamiento sobre una sentencia definitivamente firme, en virtud de la Sentercia N° 084 del 17 de mayo de 2001, proferida por la Sala de Casación Social).
.. el hecho que exista cosa juzgada judicial, la cual està referida a la imposibilidad o impedimento para el juez dé volver a decidir sobre hechos ya decididos, cuando los sujetos, el objeto y el titulo sean los mismos, extendiéndose este impedimento del juez, a los órganos de la Administración." (Vid. Sentencia N° 01107 del 19 de junio de 2001, dictada por la Sala Poltico Administrativa).
De lo anterior se deduce que la prohibición de perseguir dos (2) veces a un individuo por los mismos hechos es una garantía constitucional, aplicable por igual a todas las actuaciones judiciales o administrativas en el marco del debido proceso, cuyos efectos se sintetizan en la imposibilidad de tramitar una denuncia basada en los mismos hechos acerca deber cuales ya existe un pronunciamiento definitivamente firme emanado de un órgano gampetanis Npuntep previamente decidido.
Por tanto, el TDJ erró al sobreseer la causa en el entendido de que la Egura dal criterio de esta Alzada, tal como quedó estabiecido en la sentencia N° 27 de fecha 25 de junio de 2013, que la "cosa decidida administrativa" puede entenderse como una causal de inadmisibilidad de la denuncia, conforme al espiritu y propósito del legisiador al establecer el principio "non bis in idem" como impedimento para entrar a conocer cualquier denuncia que procedimientos disciplinarios de los Jueces y Juezas venezolanos que ya se encuentran definitivamente firmes en sede administrativa, bien sea si su firmeza ocurrió en la IGT o en la Comisión de Funcionamiento y Réstructuración del Sistema de Justicia. Asi se establece.
En consecuencia, esta Corte Disciplinaria Judicial estima que debe declararse la nulidad de medida cautelar de suspensión con goce de sueldo solicitada por la Oficina de Sustanciación y en su lugar, declarar la inadmisibilidad de la denuncia interpuesta en contra del ciudadano Juicio del Circuito Judicial Panal del Estado Táchira. Y asi so declara.
En este estado la Jueza Ana Cecilia Zuluota Rodríguez, anuncia su voto salvado.
IV DECISIÓN .
Por las razones expuestas. esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, on nombre de la República Bofivariána de Venezuela y por autoridad da la Ley, declara:
1.- RESUELTA LA CONSULTA OBLIGATORIA de la sentencia N° TDJ-SD-2012-181 de 2.- LA NULIDAD de todas las actuaciones realizadas por el Tribunal Disciplinario Judicial.
3. LA INADMISIBILIDAD de la denuncia interpuesta en contra del ciudadano Gerson Alexander Niño, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Publiquese, regístrese y nobfiquese. Cúmplase lo ordenado. Remitase copia certificada a la Inspectoria General de Tribunales, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Ministerio Público y al Tribunal Disciplinario Judicial. Devuéivase el expediente al Tribunal de origen.
Se ordena la publicación del prèsente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana Venezolano y la Jueza Venezolana.
204° de la independencia y 155* de la Fedaración.
El Presidente-Ponente, TULIO JIMENEZ RODR La vicenasicoenta.
ANACECILIA ZUUETA RODRIGUEZ La Jyeza, La Secretaria, MARIANELA GIL MARTINEZ Exp. N° AP61-A-2012-000041.
Quien Suscribe, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ. disiente def la ayort sentenciadora en el presente fallo, por las razones que a continuación àe exponen Tal como se observa en la decisión que antecede, mis colegas sentenctadores deciararon *...1.- RESUELTA LA CONSULTA OBLIGATORIA de Ie sentencia N° TDJ-SD-2012-181 de fecha 3 de julio de 2012, dictada por el Tribunal Disciplinano Judicial. 2.- LA NULIDAD de todas las actuaciones realizadas por el Tribunal Disciplinario Judicial. 3.- LA INADMISIBILIDAD de la denuncia interpuesta en contra del ciudadano Gerson Aiexander Niño, Juez [Titular] del Juzgado Segundo de Primera Instancis en Funciones do Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en atención al articulo 49 numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...)".
Opina quien se aparta de la mayoría sentenciadora, que al resolver la consulta obligatoria, esta Alzada acertadamente anuló todas las actuaciones cumplidas por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ), con fundamentación en la existencia de "...cosa decidida administrativa...", sin embargo, en su dispositiva de su motivación, cual era la aplicación de la norma contenida en el numeral 3 de la Disposición Transitoria Segunda del vigente Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética).
En orden a la sustentación de tal diserto, advierte esta disidencia que en la revisión del expediente de la causa pudo verificar las actuaciones cumplidas, tanto en la Oficina de Sustanciación como en la primera instancia disciplinaria, que a continuación se describen:
Oficio N° 088 del 08/05/2012. suscrito por la Presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en lo sucesivo, TSJ).
mediante el cual remitió a la Corte Disciplinaria Judicial copia de la Sentencia N° 1624 del 13/07/2005 dictada por esa Sala. por tratarse de materia cuya competencia correspondia a osta Jurisdicción (folios 01 al 11).
•En la documentación indicada se constata que la sentencia aludida está referida al ciudadano Gerson Alexander Niño, en su condición de Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Puede igualmente advertirse, que la misma se circunscribe a la resolución de la Consulta de la decisión de amparo dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.
Asimismo, se aprecia que la decisión comentada fue remitida a esta Jurisdicción en razón de haberse ordenado en su dispositiva la instrucción del ventilados en el procedimiento de amparo.
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. En fecha 18/05/2012. la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de asta Jurisdicción recibió el mencionado Oficio y su anexo, formó expediente y le asignó el número AP61-A-2012-000041 (folio 12).
● Recibido el expediente en la Oficina de Sustanciación. por auto del 21/05/2012 se acordó darío entrada a la documentación, iniciar las investigaciones de los hechos denunciados, designar un abogado sustanciador y elaborar el informe para determinar la eventual procedencia de la instrucción del procedimiento disciplinario (folio 13).
• El 24/05/2012 la Oficina de Sustanciación remitió el expediente formado al TDJ. con anexo del Informe Definitivo en el que refirió haber recibido -.. denuncia..." de la URDD consistente en Oficio suscrito por la Presidenta de la Sala Constitucional del TSJ mediante el cual remitió copia simple de ia ● El 31/05/2012 el TDJ recibió el expediente disciplinario remitido por la Oficina de Sustanciación, le dio entrada y designó ponente (folio 21).
Mediante oficio N° 02000-12 de fecha 25/05/2012. recibido en esta Jurisdicción el 30/05/2012. el Inspector General de Tribunales informó que en el sistema de ese órgano administrativo se registrarán cuatro (4) expedientes transcriben a continuación (folios 23 al 25) Estatus Numero de expediente administrativo disciplinario 020449 archivo de las actuaciones acusado en fecna 28-10-2008 y absueito por la extinta Comision de Reestructureción y Funcionamiento dal Sistema Judicie! en fecha 30-03-2009 110217 en fase de investigación 120134 en fase de investigación La inteligencia del cuadro transcrito permite constatar a esta disidencia, que de los cuatro (4) expedientes señalados, sólo dos (2) se encontraban activos en fase de investigación.
Mediante sentencia N° TDJ-SD-2012-181 del 03/07/2012. el TDJ declaró el sobreseimiento definitivo de la investigación seguida al juez investigado al veces nombrada, dictada por la Sala Constitucional. ya se habia instruido y decidido el correspondiente procedimiento disciplinario por la otrora instancia disciplinaria competente. habiendo resultado absueito de las imputaciones formuladas por la IGT mediante el acto administrativo N° 1727-2009 dictado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicia! Asimismo, deciaró improcedente la solicitud de decreto de medida cautelar de ordenó la remisión del expediente con el anexo de la decisión a esta Alzada a los fines del pronunciamiento de la Consulta obligatoria de ley.
Las actuaciones narradas evidencian que el a quo pudo constatar, a través,del , referido oficio N° 02000-12 suscrito por el inspector General de Tribunales. que los presuntos ilicitos disciplinarios que pudieron haberse advertido en el curso de la causa sometida al examen de la Sala Constitucional y que resultaron fijados en su Sentencia, habian sido investigados por la IGT en el expediente N° 050622 y desestimados como tales por la CFRSJ a través del acto administrativo N° 1727- 2009 del 30 de marzo de 2009. que absolvió de responsabilidad al juez investigado y causó estado: en consecuencia, el TDJ no podia declarar el en curso, en razón de la inexistencia de alguna denuncia.
Por otra parte, mis colegas en su análisis expresan, y aciertan, que la CFRSJ.
materia disciplinaria, dictó acto administrativo que alcanzó firmeza y resolvió los Constitucional: a lo largo de la exposición invocan la garantia constitucional del identidad entre los hechos conocidos por la otrora instancia disciplinaria administrativa competente y los que se pretendieron examinar en esta jurisdicción al estar fijados en la sentencia de marras: sin embargo, erraron al concluir su análisis atribuyendo a la documentación remitida por la Sala Constitucional del Alto Tribunal el carácter de una denuncia y. como tal, declararon su inadmisibilidad, con fundamento en el numeral 2 del articulo 55 del Código de Etica Tal pronunciamiento, a todas luces, resulta contradictorio con relación a la motivación sostenida en el discurrir de su análisis, toda vez que, como el TDJ. anular las actuaciones cumplidas en la Oficina de Sustanciación y remitir al TDJ a los fines del archivo del expediente a disposición del público para su lectura y copiado, a tenor de lo previsto en el numeral 3 de la Disposición Transitoria Segunda del Código de Ética, cuyo texto es del tenor siguiente:
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
siguientes pautas:
(..) 3. Procedimientos con decisiones ejecutadas. Quedarán archivadas y a disposición del público para su lectura y copiado, en el archivo del Tribunal Disciplinanio Judicial".
la Sala Constitucional, que sólo daba cuenta de una sentencia por ella dictada y que, en su oportunidad, dio lugar a una investigación y procedimiento disciplinario resuelto mediante acto administrativo N° 1727-2009 del 30 de marzo de 2009 que causó estado, dictado y ejecutado por la CFRSJ.
Como corolario de lo anterior, esta disidente insiste en que la sentencia de esta Corte debió atender al contenido del numeral 3 de la Disposición Transitoria Segunda del Código de Ética y declarar la nulidad de la sentencia del a quo, la nulidad de todas las actuaciones cumplidas por la Oficina de Sustanciación y remitir al TDJ a los fines del archivo del expediente a disposición del público para su lectura y copiado.
En los terminos expuestos queda expresado el criterio de la jueza disidente.
3 El Juez Ponente, TULIO MMENEZRO LaJuęza Disidente, ANA CECILAA ZULUETA RODRÍGUEZ Lajueza MERLY MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria, MARIANELA GIL MARTINEZ Exp. No. AP61-A-2012-000041 se publicó la anterior decisión bajo el N° 10.
'Secretaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA vank.
JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ Exp. AP61-R-2014-000042 Mediante oficio N° TDJ-2146-2014 del 09 de diciembre de 2014. el Tribunal Disciplinanio Judicial (en lo sucesivo. TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente signado con el N° AP61-A-2012-000o70, contentivo del procedimiento disciplinario seguido contra la CIudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, titular de la cédula de identidad N° V-6.315.656. por actuaciones efectuadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil. Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas Tal remisión se efectuó en virtud del auto dictado el 09 de diciembre de 2014 por el TDJ.
mediante el cual oyó en un solo efecto -devolutivo- el recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de noviembre de 2014 por el ciudadano NEILL JESÚS REAÑO GARCiA, titular de la cédula de identidad N° V-10.153.573, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 56.527. en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos Jesús Reaño Gutiérrez, Leida Coromoto Reaño Garcia. Nancy Trinidad Reaño Garcia y Consuelo Carolina Reaño Garcia, titulares de 2014 por el TDJ, mediante la cual declaró IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo presentada en contra de la aludida Jueza.
El 16 de diciembre de 2014, la Secretaria de esta Corte Disciplinaria Judicial recibió de la Unidad de Rècepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) el presente expediente signado bajo el N° AP61-R-2014-000o42. y dejó constancia de su distribución.
correspondiéndole la ponencia al Juez TULIO JIMÉNEZ RODRiGUEZ. quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 18 de diciembre de 2014. esta Corte dictò auto mediante el cual ordenó solicitar al oficio N° TDJ-2146-2014 del 09 de diciembre de 2014. no fue enviada, librándose para tal fin el oficio N° CDJ-AC-284-2014 de fecha 18 de diciembre de 2014, al Presidente del TDJ.
El 14 de enero de 2015. esta Alzada recibió oficio N° TDJ-007-2015. suscrito por el Presidente del TDJ, medianté el cual remitió copia certificada de la diligencia de fecha 19 de apelación contra la sentencia N° TDJ-SI-2014-074 dictada el 18 de ese mes y año por el TDJ El 28 de enero de 2015: esta Aizada acordó fijar audiencia oral y pública para el décimo (10°) Jueza Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética).
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial emitir pronunciamiento sobre los recursos interpuestos, previo el análisis de las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES 'En fecha 30 de octubre de 2014. el TDJ recibió escrito presentado por el ciudadano Neil Sutiérrez. Leida Coromoto Reaño Garcia, Nancy Trinidad Reaño Garcia y Consuelo Carolina 9.207.287 y V-11.508.028, respectivamente, mediante el cual solicitó medida cautelar de su carácter de Jueza Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil.
conformidad con lo establecido en el articulo 61 del Código de Ética.
El 18 de noviembre de 2014, el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SI-2014-074, mediante el cual declaró "IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo presentado por el ciudadano Neil Jesús Reaño Garcia, contra la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas".
disciplinario).
Il DEL FALLO APELADO
fundamento en lo siguiente:
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Que, el solicitante requirió al TDJ medida cautelar de suspensión del cargo sin goce de sueido de la ciudadana Aura Maribel Contreras de Moy. en su carácter de Jueza Tilular del Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. fundamentando tal solicitud en el Procedimiento Civil.
Que. el contenido del articulo 61 del Código de Ética establece que durante la etapa de investigación, podrá dictar medidas cautelares consistentes en la suspensión del cargo del vez. y como regia general dicha suspensión debía aplicarse con goce de sueldo, salvo que exista una medida preventiva de privativa de libertad sobre el Juez investigado, caso en el cual la suspensión se impone sin goce de sueldo, sustentando lo esgrimido en sentencia dictada por la Corte Disciplinaria Judicial el 1° de marzo de 2012, expediente N° AP61-R- 2012-000002.
Que, la mencionada solicitud estaba relacionada con "la conducta de la jueza Aura Conferas de Moy por cuanto que pareciese que en el ejercicio de sus funciones pudiera continuar o reiterar las acciones objetivas o subjetivas por las cuales se investiga, en vista de la naturaleza de las denuncias efectuadas en su contra".
Que, lo que pretende el solicitante es la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo de la aludida Jueza, siendo que tal y como se indicó la suspensión por regla general.
libertad sobre el Juez investigado, caso en el cual la suspensión se impone sin goce de sueldo y en razón de lo anterior el TDJ declaró improcedente la medida.
DE LA COMPETENCIA
El articulo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Ébivariana dictadas por el TDJ. ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben:
"Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de Alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas. y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y la Jueza venezolana" (Resaltado de la Corte Disciplinarla Judicial) Del âanálisis de los autos que 'integran el expediente, se puede constatar que el ciudadano NEILL JESÙS REAÑO GARCIA, titular de la cédula de identidad N° V-10.153.573. inscrito ciudadanos Jesús Reaño Gutiérrez. Leida Coromoto Reaño Garcia. Nancy Trinidad Reaño 2.848.909. V-5.682.094. V-9 207 287 y V-11.508.028. respectivamente. apeló de la decisión N° TDJ-SI-2014-074. dictadà el 18 de noviembre de 2014 por el TDJ, mediante la cua! declaró IMPROCEDENTE a solicitud de medida cautelar de suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo presentada en contra de la aludida Jueza. En tal sentido. esta cual declara su competencia para conocer el presente asunto. Asi se establece.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
conforman el presente expediente. pasa a emitir su pronunciamiento. previa las siguientes consideraciones:
En el presente caso, el recurso de apelación se interpuso contra la decisión N° TDJ-SI- 2014-074, dictada el 18 de noviembre de 2014 por el TDJ. mediante la cual se deciaró goce de sueldo presentada por el ciudadano Neill Jesùs Reaño Garcia, apoderado judicial Reaño Garcia y Consueio Carolina Reaño Garcia, en contra de la ciudadana Aura Maribel Mercantil, Tránsito y Bancario dé la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas No obstante. esta Corte Disciplinaria Judicial dictó en fecha 4 de febrero de 2015, sentencia N° 5 en el expediente N° AP61-R-2014-000037, relacionada al procedimiento disciplinario que también se segu la en contra de la ciudadana Aura Maribel Contreras de Moy, en la que esta Instancia, declaró:
-...1.- Se declara PERIMiDO el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ciudadano José Vega Garcia contra la decisión N° TDJ-SD-2014-061 dictada por el 2.- Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 16 de octubre .de 2074 por la Inspectoria General de Tribunales, contra la decisión N° TDJ-SD-2014- 3.- ANULA Ia decision N° TDJ-SD-2014-061 dictada por el Tribunal Disciplinanio Judicial en fecha 09 de octubre de 2014, mediante la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria a la Ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY.
4.- Declara la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la Ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY y, en consecuencia, se impone l8 sanción de … DESTTTUCIÓN del cargo de Jueza Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de conformidad con el numeral 23 del articulo 33 del Codigo de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana".
Evidenciándose que. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad disciplinaria
Caracas.
Ahora bien, de las actuaciones constatadas en el presente expediente disciplinario, resulta evidente que la pretensión del recurrente es apartar a la aludida Jueza del Juzgado donde del recurso de apelación.
En relación al decaimiento del objeto, la Saia Politico Administrativa del Tribunal Supremo incoado entre las partes, por haberse cumplido con la pretensión objeto de la acción, lo cual trae como consecuencia la extinción del proceso...".
Si bien el desarrollo normal de un procedimiento culmina con una sentencia en la cual el partes, o negar las, no obstante, pueden darse situaciones en las cuales una de ellas satisface las pretensiones de la otra, resultando innecesario que el Juzgador dicte sentencia en dicha causa.
En consideración a los planteamientos que preceden, resulta forzoso para esta Corte Disciplinaria Judicial declarar el decaimiento del objeto en ei presente recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de noviembre de 2014, por el ciudadano Neili Jesus Reaño Garcia, apoderado judicial de los ciudadanos Jesús Reaño Gutiérrez. Leida Coromoto Reaño Garcia, TDJ-SI-2014-074, dictada el 18 de noviembre de 2014 por el TDJ, en razón de lo establecido en la sentencia N° 5 de fecha 4 de febrero de 2015 por esta Aizada. Asi se declara.
V DECISIÓN C Por las razones expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara EL de noviembre de 2014, por el ciudadano Neill Jesús Reaño Garcia, apoderado judicial de los ciudadanos Jesús Reaño Gutiérrez, Leida Coromoto Reaño Garcia, Nancy Trinidad Reaño Garcia y Consuelo Carolina Reaño Garcia, contra la sentencia N° TDJ-SI-2014-074, dictada en la sentencia N° 5 de fecha 4 de febrero de 2015 por esta Alzada.
Se ordena la publicación del presente falo en la Gaceta Oficial de la Repuódca Bolivaníaga de Venezuela. de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Éticardel Juaz Venezolano y la Jueza Venezolana Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judiciat, en la 204° de la independencia y 156° de la Federación.
El Presidente-Ponente.
TULIO HMÉNEZ RODRIGUEZ
ANA CECILIAZULUETARODRIGUEZ La Jeeza,
MERLY MORALES HERNANDEZ
(a Secretaria.
2UTLA Hautarg e.
MARIANELA SIL MARTINR2
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICGIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Exp. N° AP61-A-2013-000029 En fecha dos (2) de octubre de 2013 se recibió, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, el expediente administrativo N° 110118, proveniente de la Inspectoría General de Tribunales, contentivo de las actuaciones investigativas practicadas al ciudadano IVÁN EDGARDO PALENCIA ARIAS, titular de la cédula de identidad N° V-4.456.566. por actuaciones durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, asignando el número de expediente AP61-A-2013-000029, de esta jurisdicción.
En fecha catorce (14) de octubre de 2013, la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial corrigió error material incurrido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) en la referencia al número de expediente, número de oficio y fecha remitido por la Inspectoria General de Tribunales y le dio entrada al asunto, distribuyendo al abogado sustanciador encargado Javier Saud Conas.
En misma fecha, la Oficina de Sustanciación acordó remitir el expediente al Tribunal Disoiplinario Judicial. Se dio entrada a esta instancia judicial en fecha dieciséis (16) de octubre de 2013, asignando ponente a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño, según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, para el conocimiento del presente asunto.
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noviembre de 2014, se ordenó la reanudación de la presente causa por la Oficina de Sustanciación en la etapa procesal correspondiente.
En fecha 10 de abril de 2014, la Oficina de Sustanciación ordenó la continuidad de este proceso y acordó dar entrada a la causa.
En fecha 22 de mayo de 2014, la referida oficina admitió el escrito de petición de sanción presentado por la Inspectoria General de Tribunales, por no ser expresa de ley, de conformidad con el articuio 341 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión expresa del Varticulo 51 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
En consecuencia, se ordenó notificar a las partes para que posteriormente este tribunal fijara la audiencia oral y pública.
En fecha 4 de noviembre de 2014, la Oficina de Sustanciación ordenó la ingreso en fecha 6 de noviembre de 2014.
En fecha 11 de noviembre de 2014, esta instancia judicial acordo fijar la audiencia oral y pública en la presente causa, para el dia jueves quince (15) de enero de 2015, a las 10:00am.
En la oportunidad pautada, tuvo lugar la celebración de la audiencia, durante la cual la delegada de la Inspectorla General de Tribunales expuso sus alegatos y conclusiones, tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario. Asimismo, se dejó constancia de la incomparecencia de la representación de la Fiscalía General de la República así como.del juez Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Posteriormente, en fecha 29 de enero de 2015, una vez efectuada la respectiva decisión, tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto íntegro de la decisión, en cumplimiento del artículo 82 del Código de Ética dei Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y al respecto se observa:
DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES En fecha diecisiete (17) de febrero de 2011, la Inspectoria General de Tribunales ordenó abrir expediente disciplinario al ciudadano Iván Edgardo Palencia Arias, en virtud de la recepción del oficio N° 10-0604 de fecha 19 de julio de 2010, suscrito por la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, otrora Presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual remitió copia certificada de la decisión de fecha 9 de junio de 2010, dictada por la aludida sala, en la que se declaró la inadmisión de la revisión del auto de fecha 3 de marzo de 2010, dictado por el juez investigado, ciudadana Dilia Jesús Sánchez de Rodriguez.
En fecha 27 de enero de 2012 la Inspectoria General de Tribunales acordó Acosta, quien se constituyó en la sede del Juzgado del Municipio Nirgua de la convicción, previa notificación e imposición del juez investigado.
En fecha diecisiete (17) de septiembre de 2013, el ciudadano Magistrado Juan José Mendoza Jover, actuando como Inspector General de Tribunales, solicitó que se iniciara el correspondiente procedimiento disciplinario al juez Iván Edgardo Palencia Arias, requiriendo la aplicación de la sanción de amonestación contenida en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por presuntamente haber incurrido en descuido injustificado en la tramitación de la causa N° 2752-09, al remitir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de' Justicia, el auto de fecha tres (3) de marzo de 2010, mediante el cual desaplicó por control difuso el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, sin estar definitivamente firme el referido auto.
;.
La Inspectorla General de Tribunales en su acto de acusación precisó que el articulo 772 del Código de Procedimiento Civil establece la no recurribilidad de las sentencias recaídas en el procedimiento de rectificación de partidas, salvo extraordinario de casación. Por tal motivo, sostiene la Inspectoria General de Tribunales, al no haber existido oposición en el presente caso, la sentencia era irrecurrible.
remitir la apelación al tribunal de alzada para su resolución, de conformidad Civil, admitió la apelación y desaplicó el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, remitiendo esta decisión a la Sala Constitucional para su consulta, sin percatarse que la decisión no constituía una sentencia definitivamente firme, en desconocimiento del contenido del numeral 10 del articulo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Igualmente, la Inspectorla General de Tribunales argumentó que han sido reiteradas las sentencias de la Sala Constitucional que advierten la no remisión en consulta por control difuso de los actos que no estén definitivamente y que asi lo ha sostenido el Tribunal Disciplinario Judicial en el caso llevado bajo el expediente N° AP61-D-2011-000087. decidido mediante sentencia N° TDJ-SD-2013-096, de fecha 9 de mayo de 2013.
"l · ALEGATOS DEL JUEZ SOMETIDO AL PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL En fecha 15 de enero de 2015, siendo esa la oportunidad para presentar sus presente proceso disciplinario, el juez denunciado no acudió para ejercer su derecho a la defensa, sin evidenciarse circunstancia que justificara su inasistencia al mencionado acto de audiencia realizado en fecha 15 de enero de 2015, operando la consecuencia de la contumacia prevista en el articulo 78 entendiéndose ésta como la admisión de los hechos por los que se ordenó la apertura del presente proceso disciplinario judicial.
Aunado a lo anterior, este Tribunal Disciplinario Judicial, de la revisión del presente expediente, pudo evidenciar que el juez investigado, en escrito presentado en fase de investigación, en fecha 10 de febrero de 2012, ante la Inspectoria General de Tribunales, alegó que no tiene objeción alguna sobre el señalamiento expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, referido a haber errado la vía para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia de rectificación de partida, en razón de ser un auto y no una sentencia definitiva, expresando asimismo que "(..) es correcto que erre en tal sentido, no puedo negarlo (...)".
En el mismo escrito efectuó una cronología de las actuaciones que cursaron en la causa signada con el N° 2.752/09, de la nomenclatura del Juzgado de Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que derivó apelada y, mediante auto, se decidió la desaplicación del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, en'aras de garantizar el derecho a la parte actora de acceso a la justicia, "errando en el envio de la misma a la Sala Constitucional al haber invertido el orden de conocimiento de la situación".
Asimismo arguyó que, al enterarse de la orden de la Sala Constitucional de abrir procedimiento disciplinario y a pesar de haberse declarado terminado el juzgado, a los fines de preservarlo para no entorpecer la averiguación ordenada.
ⅢII DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, proceso disciplinario, en los términos siguientes:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora la jurisdicción judicial, tal como lo establece su artículo 267:
"Articulo 267. Corresponde al Tibunal Supremo de Justicia la dirección, el tribunales de la República de las Defensorias Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propla presupuesto.
disciplinarios que determine le ley.
fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, la ley Pars el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales." Pe conformidad con el artículo anterior, se escinden dos potestades: Una que Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomía presupuestaria del Poder Judicial; otra
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administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por otro lado una jurisdicción que ejerce funciones disciplinarias del poder judicial.
La competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el Poder Judicial la encontramos expresada en los articulos 39 y 40 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:
Tribunal Disciplinaro Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales
Articulo 40. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de correspondientes y velará por la ejecución y cumplimiento de las r-mismas." Como se desprende de los articulos transcritos, el Tribunal Disciplinario Judicial ostenta la competencia de aplicar el régimen discir linario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 ejusdem.
Siendo asi, queda claramente determinada la competencia de este Tribunal Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes procedimientos disciplinarios, a los jueces y juezas integrantes del sistema de justicia venezolano. Asi se declara.
Finalmente, esta instancia disciplinaria considera oportuno señalar que, según la Sentencia N° 516 del siete (7) de mayo de 2013 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fue suspendido de oficio, como medida cautelar innominada y hasta tanto se dicte sentencia definitiva, Venezolana, en la aplicación del procedimiento disciplinario a los jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios, por no tratarse de la Comisión Judicial la competencia para sancionar los y excluir los de la función jurisdiccional. Sin embargo, el ciudadano Iván Edgardo Palencia Arias, actuó en su condición de Juez Titular del Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy: en consecuencia quienes suscriben son competentes para dictar la presente decisión. Asi se declara.
IV DE LA AUDIENCIA En fecha 15 de enero de 2015, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se llevó a cabo la audiencia a la cual se refiere el artículo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunai Disciplinario Judicial por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria de la cédula de identidad N° V-10.866.096 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 52.911, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, según consta de Resolución N° 02-2014, de fecha dieciocho (18) de marzo de 2014. publicada en la Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.388. de fecha 7 de abril de 2014.
Edgardo Palencia Arias, en su cualidad de juez denunciado, así como do la representación de la Fiscalla General de la República, aun cuando consta en el expediente la debida notificación.
Con relación a la incomparecencia del Juez denunciado, se dio lectura a los articulos 75 y 78 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Edgardo Palencia Arias, ut supra identificado, dirigida a demostrar causa alguna que justifique su inasistencia, por lo que se continuó con el desarrollo de la audiencia.
Del texto del acta de audiencia se desprende que la delegada de la Inspectoria General de Tribunales reiteró en su totalidad el escrito de acusación de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2013, aduciendo que el juez investigado incurrió en descuido injustificado en ia tramitación de la causa N° 2752-09, cuando remitió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el auto de fecha tres (3) de marzo de 2010, mediante el cual desaplicó por control difuso el articulo 772 del Código de Procedimiento Civil, sin estar definitivamente firme el referido auto. En consecuencia, requirió la artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Seguidamente, ante la promoción probatoria efectuada por la Inspectoria General de Tribunales, al momento de la presentación del escrito de Disciplinario Judicial INADMiTiÓ la primera prueba detallada en el aludido escrito de acusación, referida al original del expediente administrativo disciplinario N° 110118, a los fines de demostrar el debido proceso durante el expuesta por la Inspectoria General de Tribunales, de probar la detallada garantia en el presente proceso. Por otra parte, esta instancia disciplinaria, ADMITiÓ el resto de las pruebas promovidas en e! acto acusatorio, por no ser manifiestamente ilegales o impertinentes, ni contrarias a derecho, salvo su apreciación en la definitiva.
Concluida la admisión probatoria, se le otorgó a la parte presente la oportunidad para esgrimir sus conclusiones.
Posteriormente, el Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial anunció que vista la incomparecencia del Juez Iván Edgardo Palencia Arias sometido a procedimiento disciplinario, de conformidad con lo establecido en el articulo 75 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y dando cumplimiento a la finalidad del proceso, este Tribunal Disciplinario Judicial en efectivo derecho a la defensa que debe asistir en todo procedimiento, en concordancia con lo establecido en el articulo 78 ejusdem, otorgó el lapso de tres (3) dias de despacho que contempla el referido articulo, para que demostrara circunstancia que justifique su incomparecencia, caso en el cual se fijará una nueva audiencia. En caso de no justificarse la incomparecencia de la parte investigada, este tribunal acordó proferir el pronunciamiento decisorio para el día jueves veintinueve (29) de enero de 2015 a la una de la tarde (1:00pm).
En fecha 29 de enero de 2015, siendo esa la oportunidad para dar continuidad a la audiencia oral y pública celebrada en fecha 15 de enero de 2015, este tribunal verificó que se agotó el lapso establecido en el articulo 78 ejusdem, concedido en virtud de la incomparecencia del juez sometido a proceso disciplinario, a la audiencia celebrada en fecha 15 de enero de 2015, quien no demostró ninguna circunstancia que justificara su ausencia, por lo que esta instancia disciplinaria consideró que operó la consecuencia de la contumacia prevista en la referida norma, entendiéndose ésta como la proceso disciplinario judicial.
cual se transcribe a continuación:
"Único: Se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL del Ciudadano IVÁN EDGARDO PALENCIA ARIAS, titular de la cédula de sanción de AMONESTACIÓN prevista en el numeral 6 del articulo 31 de! V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Con motivo de los elementos existentes, cursantes en el presente expediente, entre los cuales se incluyen las actuaciones investigativas de la Inspectoria General de Tribunales, asi como las audiencias celebradas; este Tribunal Disciplinario Judicial, estima conveniente conocer como primer punto, las pruebas promovidas y admitidas durante el desarrollo del proceso, valoradas en la oportunidad de dictar el dispositivo del caso, en fecha 22 de enero de 2014, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 74 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
De las pruebas Pruebas de la Inspectoria General de Tribunales:
Del escrito de acusación de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2013, se Tribunales, cuya admisión fue evaluada por este tribunal en acto de audiencia de fecha 15 de enero de 2015, constante de las siguientes documentales, que se valoran a continuación:
. Copia certificada expedida por la secretaria del Juzgado del Municipio Nirgua del Municipio Yaracuy, de la sentencia de fecha 19 de febrero de 2010. La presente documental es valorada de conformidad con lo establecido en el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 1384 del Código Civil, siendo fidedigna de conformidad con el encabezado del articulo 429 de Código de Procedimiento Civil y el articulo 1359 del Código Civil. En este sentido.
en la causa N° 2752-09, como producto de un procedimiento de
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rectificación de partida llevado de conformidad con el articulo 772 del Código de Procedimiento Civil, sin existir oposición en el transcurso del mismo.
Copia certificada expedida por la secretaria del Juzgado del Municipio Nirgua del Municipio Yaracuy, de la diligencia suscrita por la apoderada judicial de la parte accionante, mediante la cual apeló de la decisión anterior; prueba que es valorada igualmente fidedigna, de conformidad con las apreciaciones expuestas anteriormente. La presente es pertinente a los fines de demostrar que existió la decisión definitiva, descrita en el item previo, y que esta fue apelada por la parte accionante.
Copia certificada expedida por la secretaria del Juzgado del Municipio Nirgua del Municipio Yaracuy, del auto de fecha 3 de marzo de 2010;
prueba que es valorada igualmente como fidedigna, de conformidad con las consideraciones anteriores. La prueba en comento es útil para 772 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que colisionaba con el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para su remisión por consulta a la Sala Constitucional, pero, sin gozar de firmeza la decisión proferida en fecha 19 de febrero de 2010.
Copia certificada de la sentencia N° 516 de fecha 9 de junio de 2010 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; se vaior a como documento fidedigno, según los planteamientos efectuados.
Es prueba pertinente toda vez que del texto de la sentencia se desprende remisión para revisión de la constitucionalidad del auto de admisión de la apelación, por no estar definitivamente firme.
Antes de analizar la responsabilidad disciplinaria del juez investigado, este Tribunal Disciplinario Judicial, considera menester pronunciarse sobre su falta de comparecencia a la audiencia oral y pública realizada en fecha 15 de enero lapso previsto en la ley y otorgado por este tribunal, de tres (3) dias de despacho.
En tal sentido, el articulo 78 del Código de Ética del Juez y la Jueza incurso en proceso disciplinario, al acto de audiencia, tal como se transcribe de seguidas:
denunciada a la audiencia se entenderá como admisión de los hechos.
Si el juez denunciado o jueza denunciada, dentro del lapso de tres dias de comprobare alguna circunstancia que justifique su incomparecencia. el tribuna! Disciplinano Judicial fijará inmediatamente nuevas audiencia. salvo en caso de fuerza mayor comprobada".
De lo parcialmente transcrito, se evidencia que la falta de comparecencia del juez sometido a procedimiento, al no haber presentado en ningún momento, oral y pública, la cual fue debidamente notificada, conlleva a la consecuencia de la contumacia, entendida ésta como la admisión de los hechos por los que se ordenó la apertura del presente proceso disciplinario judicial.
Una vez efectuadas las consideraciones anteriores y con motivo de los elementos presentes en el expediente, este Tribunal Disciplinario Judicial, estima conveniente, conocer si el ciudadano Iván Edgardo Palencia Arias estaria incurso en la sanción disciplinaria de amonestación prevista en el humeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, con fundamento en el escrito de acusación de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2013. presentado por la Inspectoria General de Tribunales.
Sobre el único incumplimiento de la presente causa, referido a presuntamente 2752-09, por remitir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el auto de fecha tres (3) de marzo de 2010, mediante el cual desaplicó por control difuso el articulo 772 del Código de Procedimiento Civil, sin estar definitivamente firme el referido auto; se observa del expediente que consta de los folios setenta y ocho (78) al ochenta y uno (81), la sentencia definitiva de fecha 19 de febrero de 2010, mediante la cual el Juzgado del Municipio solicitud de rectificación de partida de nacimiento presentada por la ciudadana Dilia Jesús Sánchez de Rodriguez, titular de la cédula de identidad N° V- 3.519.962, asistida por la abogada Dulce Maria Barranco González, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 79.329, en virtud de no haber probado la solicitante que su progenitora tuviera por nombre Maria nacimiento.
El Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, ante la apelación de la solicitante, emitió el auto de fecha 3 de marzo de 2010, decidiendo la desaplicación parcial por control difuso del articulo 772 del Código de Procedimiento Civil, en lo referente a no conceder apelación a las decisiones sobre rectificación y nuevos actos del estado civil, cuando no se ha producido oposición dentro del procedimiento, por considerar el juez denunciado, que tal disposición colide con el numeral 1 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con fundamento en lo anterior, se acordó oír libremente la apelación formulada por la recurrente.
En virtud de la actuación detallada, mediante auto de la misma fecha, el juez investigado remitió a la Sala Constitucional las actuaciones correspondientes al control difuso efectuado, a los fines del ejercicio de la consulta obligatoria correspondiente, tal como se evidencia de los folios ochenta y siete (87) y ochenta y ocho (88) del presente expediente disciplinario judicial.
En sentencia de fecha 9 de junio de 2010, inserta a los folios dos (2) al nueve (9) del presente expediente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, consideró que el auto de admisión de la apelación de fecha 3 de marzo de 2010, dictado por el juez denunciado, no gozaba de firmeza, por lo que no podía ser sometido a la revisión de constitucionalidad. Asimismo, hizo un llamado de atención al juez denunciado para que "se abstenga de remitir a este (sic) Sala Constitucional aquellas decisiones de desaplicación de normas juridicas que no se encuentren definitivamente firmes". Igualmente, se observa que la referida sala ordenó "la remisión de copia certificada de la presente decisión a la Inspectoria General de Tribunales para que determine si existe alguna responsabilidad disciplinaria".
En este orden, se evidencia que a los folios ciento dos (102) al ciento ocho PITIA 108), se encuentra inserta la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2010, dictada por Juzgado Superior en lo Civil. Mercantil y Tránsito de la apelación del aludido auto de fecha 3 de marzo de 2010, por representar el contenido del articulo 772 del Código de Procedimiento Civil, una excepción a la recurribilidad, como manifestación del derecho a la defensa previsto en el numeral 1 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nro. 3126 del 15 de diciembre de 2004, se pronunció en relación con la consulta prevista en el articulo 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció que el control sobre la desaplicación sólo se efectuará sobre "aquellos fallos en los que efectivamente se haga un pronunciamiento definitivamente firme sobre la desaplicación de una norma por control difuso, independientemente de que le juez de alzada confirme o no el fallo que sobre esta materia dicte el tribunal de la primera instancia".
/En sentencia N° 1529 del 8 de agosto de 2009, la referida sala del máximo tribunal desarrollo los fundamentos para justificar la necesidad de firmeza de los fallos para su consulta constitucional:
cuales se ejerza el control judicial difuso de la constitucionalidad, resulta esencial definitivamente firme (. Omissis..) Debe. por último, advertir esta Sala sobre la inveterada y viciada práctica judicial de omisión de información que ha derivado en la necesidad de expedición de como consecuencia, retardos innecesarios para la tramitación y decisión de las de información. La exigencia de este deber constituye autêética jurisprudencia como el presente, tal omisión y consiguiente lesión a derechos fundamentales Constitución.." De las sentencias parcialmente transcritas se desprende que para la revisión 336 constitucional por haberse aplicado el control difuso de constitucionalidad, resulta esencial la acreditación de que la decisión sometida a revisión detenta el carácter de definitivamente firme, pues si tal circunstancia no está acreditada se tiene que acudir a la emisión de autos solicitando información, lo que deviene en retardos innecesarios en la tramitación y decisión de las respectivas causas.
Visto el tratamiento reiterado que la Sala Constitucional le ha dado a este asunto, es menester apuntar que igualmente este Tribunal Disciplinario
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Judicial ha sido constante al pronunciarse sobre la necesidad de firmeza en desaplicación de una norma juridica realizada por los tribunales, y que su incumplimiento configura un descuido injustificado sancionable con amonestación; en tal sentido, se dictaron sentencias definitivas Nos. TDJ-SD- 2013-096, de fecha 9 de mayo de 2013 y TDJ-SD-2015-002, de fecha 15 de enero de 2015.
En adición a las apreciaciones anteriores, no puede desconocer este tribunal que el juez denunciado, a pesar de haber sido notificado tanto de la admisión de la acusación formulada por la Inspectoria General de Tribunales, como de la realización de la audiencia en fecha 15 de enero de 2015, evidenciándose el acuse de recibo de fecha 25 de noviembre de 2014, en la boleta de acto de audiencia de fecha 15 de enero de 2015, acarreando la consecuencia de la admisión de los hechos por los cuales se inició el presente proceso.
Igualmente, es relevante para este tribunal, que en la fase de investigación estada por la Inspectoría General de Tribunales, el juez afirmó que erró en la remisión de-la sentencia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por no estar ésta definitivamente firme, tal como se puede evidenciar de su escrito de fecha 10 de febrero de 2012, inserto a los folios treinta y AELCELA nueve (39) al cuarenta y uno (41) del presente expediente.
Por lo antes expuesto, considera este tribunal que al desaplicar parcialmente l articulo 772 del Código de Procedimiento Civil, mediante auto de fecha tres (3) de marzo de 2010 y al remitir la causa N° 2752-09 a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por consulta obligatoria, sin estar definitivamente firme el referido auto, el juez investigado incurrió en un descuido injustificado en la tramitación de la referida causa, debiendo ser disciplinado con la sanción de amonestación prevista en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Asi se decide.
VI DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide:
ÚniCo: Se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL del ciudadano IVÁN EDGARDO PALENCIA ARIAS, titular de la cédula de identidad N° V-4.456.566, al incurrir en un descuido injustificado en la sanción de AMONESTACIÓN prevista en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Registrese, publiquese y notifiquese la presente decisión y una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme, notifiquese al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoria General de Tribunales, de conformidad con el articulo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 7 de mayo de 2013.
Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a los once (11) dias del mes de febrero de dos mil quince _2015) Años 204º de la Independencia y 155° de la Federación.
HERNANRACHECO ALVIÁREZ Juez Prosidente
JACQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINA ROJAS Jueza Ponente RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Expediente N° AP61-D-2011-000195 El día 29 de septiembre de 2011, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, recibió denuncia proveniente de la Inspectoria General de Tribunales en contra de la ciudadana RAHYZA MAGDALENA PEÑA VILLAFRANCA, titular de la cédula de identidad N° y- Supiente Especial del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, asignándosele el número AP61-D-2011-000195.
Asimismo, en fecha 1° de febrero de 2012 la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial. elaborò el informe conciusivo de la investigación.
El dia 9 de febrero de 2012, el Tribunai Disciplinario Judicial le dio entrada al presente expediente disciplinario, el cual según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial designó como ponente al juez HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ Siendo el dia 16 de febrero de 2012, esta instancia disciplinaria judicial admitió la denuncia interpuesta ante la Inspectoria General de Tribunales.
Seguidamente. en fecha 28 de marzo de 2012, el alguacil adscrito al Tribunal Disciplinario Judicial Danwin Lovera. consignó la boleta de citación debidamente firmada por la jueza denunciada.
Asimismo. el dia 11 de abril de 2012 la jueza denunciada presentó su escrito VILLAFRANCA, en su condición de Jueza Suplente Especial dei Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil. y del Tránsito de la Circunscripción fundamentan su defensa.
Igualmente, el dia 2 de mayo de 2012 la ciudadana LUISA MONTALVO HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.869.745. actuando como de promoción de pruebas.
admisión de pruebas.
Siendo el dia 11 de julio de 2012 una vez vencido ei lapso de evacuación de celebración de la audiencia oral y pública, quedando pautada para el dia 9 de enero de 2013.
la nulidad del auto de fijación de la audiencia, requiriendo la reposición de la causa no se habia pronunciado acerca de la inspección judicial solicitada por la referida jueza.
Seguidamente en fecha 19 de diciembre de 2012, mediante auto este Tribunal ordenó la reposición de la causa ai estado de admisión de las pruebas.
El dia 28 de mayo de 2013 el Tribunal Disciplinario Judicial admitió las Tribunales.
dicho acto para ei dia 23 de octubre de ese mismo año. por cuanto aún no se habia realizado la inspección judicial.
Seguidamente, el dia 19 de septiembre de 2013, se agregó a los autos inspección judiciai realizada por el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjeria (SAIME) a fin de solicitar la dirección del interesado HEGEL WLADIMIR VILLALBA.
En fecha 4 de junio de 2014, se celebró la audiencia oral y pública y en fecha 11 de junio de 2014 se dictó el respectivo dispositivo.
1 DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES La inspectoría General de Tribunales en el respectivo acto conclusivo realizó las siguientes imputaciones:
Arguyó dicho órgano administrativo que la jueza denunciada abusó de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 6 de juliode 2004 para fundamentar la declaratoria de perención de la instancia, pues a criterio de la Inspectoria General de Tribunales la decisión del 22 de junio de 2006 es contraria Asimismo. señaló que la Ciudadana RAHYZA MAGDALENA PEÑA VILLAFRANCA, en su condición de Jueza Suplente Especial del Juzgado Quinto jurisdiccional que le es dada, al haber revocado la medida de prohibición de
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ghajenar y gravar que pesaba sobre el inmueble objeto del litigio en la causa N° 3- /0152. sin que la sentencia de perención hubiese estado definitivamente firme.
denunciada constituye el hecho de que la parte co-demandada solicitó en fecha 25 Asimismo, adujo que "(..) Con la obtención de la suspensión de la medida de logró inmediatamente, en fecha 11 de julio de 2006. enajenar ol inmueble objeto del litigio prendiendo (sic) eludir la eventual resulta que le fueran desfavorable del proceso. cediéndoselo a la sociedad mercantil Inmobiliania Plaza El Hierro. C.A., (…." Siguió arguyendo (a Inspectoria General de Tribunales que "(..) Resulfo] evidente para [ese] órgano instructor considerar que la Jueza (sic) investigada , exoedió los limites de la potestad jurisdiccional que le fue dada para administrar juscia, toda vez que como conocedora del derecho, sa[bia] que está en la ablgación de garantizar a las partes, en igualdad de condiciones, el uso de sus por ésta, y no [podia) ordenar la ejecución de una decisión que [poseía] medios de impugnación pendientes por invocar hasta tanto la misma que[dase] firme. (...".
indicando además dicho órgano, que * (..) Los elementos anteriormente narrados deben ser analizados en forma concatenada, y a todas luces evidencian el propósito de la Jueza investigada on dictar una decisión contraria a la ley por estar carente de los fundamentos de hecho que le hicieran subsumir la norma dentro del le fueron dadas, ejecutar su decisión sin que el actor hubiese tenido la oportunidad de recurrir de la decisión, ordenando librar el oficio correspondiente con el cual inmueble objeto de la controversia, situación que en definitiva causó perjuicio material al justiciable (...)"
I1 ALEGATOS DE LA JUEZA SOMETIDA AL PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL Del escrito de descargos presentado por la jueza denunciada, se desprenden los siguientes alegatos:
En primer lugar arguyó que el hecho de que el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas haya decidido de manera distinta a la de lla, sólo de marca una decretada en fecha 22 de junio de 2006, que la demanda fue reformada en fecha 12 de noviembre de 2003 por el ciudadano Hegel Vialba. solicitando medida cautelar de enajenar y gravar, asi como la citación de FOGADE en la persona del Procurador General, por lo que, el juzgado admitió dicha reforma y ordenó erróneamente la referida citación, elo en fecha 20 de noviembre de 2003 y que persona a citar el dia 13 de abril de 2005 solicitó mediante diligencia que se dictase auto complementario al auto de admisión y que se ordenase la citación de es decir, un año y cuatro meses después de haberse admitido la reforma de la procesal de consignar la identidad de la persona a citar. lo cual trae como Asimismo, adujo la denunciada, que la parte actora tenía que solicitar nueva previsto en el articulo 228 del Código de Procedimiento Civil. puesto que ya nuevamente la citación de los codemandados, asi como ios fotostatos necesarios practicarse la citación.
denunciada que éstas no constituyen un fin en si mismas por la instrumentalidad que las reviste, es decir, que solo sirven para prevenir, proteger las resultas de un fallo principal, y se usan para garantizar el proceso.
Asimismo, adujo que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de establecido en los articulos 585 y 588 del Código de Procedimiento Crvil. las medidas cautelares son una garantia judicial que solo pueden ser decretadas en un proceso pendiente (pendiente lite). pues su objeto es evitar que se haga iluforia la ejecución del fallo de mérito debido ai carácter de instrumentalidad de Finalmente, arguyó la jueza denunciada respecto al abuso de autoridad al haber suspendido la medida cautelar, que dicho ilicito disciplinario ha sido definido como la actuación del funcionario público en el mal uso de las atribuciones que la ley le confiere, que su actuación fue ajustada a derecho y a la Constitución, puesto que solo ejerció el poder cautelar que como jueza le corresponde ejercer.
DE LA AUDIENCIA En fecha 4 de junio de 2014, siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m ).
del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. estando constituido el Tribunal : Disciplinano Judicial por los jueces principales reunidos en la Saia de Audiencias del! Tribunal Disciplinano Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial. en presencia de la ciudadana RAHYZA MAGDALENA PEÑA VILLAFRANCA en su condición de jueza denunciada. Asimismo, se dejo constancia de la comparecencia de la representante de la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES y de la incomparecencia del MINISTERIO PÚBLICO, aun cuando consta en el expediente su debida notificación.
conclusiones.
con el objeto de dictar el pronunciamiento respectivo, anunciando a las partes intervinientes que para el dia miércoles 11 de junio de 2014, a la una post meridiem (1:0 p.m.) se reconstituirá la audiencia a los fines de dictar el respectivo dispositivo.
El dia once (11) de junio de 2014 se reconstituyó la audiencia con la finalidad de emitir el respectivo pronunciamiento decisorio, del cual se transcribe lo siguiente:
"(...)este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley.
denunciada en su escnto de descargos del once (11) de abril de 2012:
TERCERO: se declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento
Ley de Carrera Judicial, subsumida actualmente en el numeral 14 del articulo 33 Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
DECLARA RESPONSABILIDAD SE eiusdem.
DISCIPLINARIA a la jueza denunciada RAHYZA MAGDALENA PEÑA VILLAFRANCA, en su desempeño como Jueza Suplente Especial del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito instancia de conformidad a lo previsto en el encabezado del articulo 267 éstas no se encontraban a derecho, subsumido en el numeral 6 del Venezolana, y por lo tanto se le impone la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman en la seda del Tribunal Disciplinano Judicial. en la ciudad capital de la República
IV DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL
pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a una jurisdicción judicial, tal como lo establece su articulo 267:
"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, Iguaimente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.
La junsdicción disciplinana judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asambiea Nacional.
Para el ejercicio de estas atnbuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas De conformidad con el articulo anterior, se escinden dos potestades: la primera. que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, relativa a la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomía presupuestaria del Poder Judiciai. y la segunda potestad, que es de indole disciplinaria, atribuida unicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva (ey-Sncontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades .administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por otro lado una jurisdicción que ejerce funciones disciplinarias sobre los jueces y juezas de la República.
La competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el Poder Judicial, la encontramos expresada en los articulos 39 y 40 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:
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competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial. los respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código. El Tribunal Disciplinario Alguacilazgo." "Articulo 40. Corresponde al Tribunal Disciplinano Judicial, como órgano investigación; decretará las medidas cautelares procedentes; celebrará el decisión del caso; impondrá las sanciones correspondientes y velará por este órgano jurisdiccional disciplinario) Como se desprende de los articulos anteriormente transcritos, el Tribunal cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los articulos 31. 32 y 33 ejusdem.
No obstante a lo anterior, se hace necesario señalar que dada la notificación que se realizó a la Presidencia de este Tribunal Disciplinario Judicial de la sentencia N° 516 de fecha 7 de mayo de 2013 y la publicación de su aclaratoria de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: la competencia de este órgano jurisdiccional se encuentra modificada cautelarmente hasta tanto se decida el fondo del asunto, es decir, se pronuncie la Máxima Intérprete Constitucional sobre el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido en contra del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia N° 516, ya mencionada, suspendió de manera cautelar la aplicación de varios articulos contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, modificando entre ellos el articulo 2, referente condición de titular, por ello limitó el ámbito de aplicación a aquellas causas en las ales ol denunciado o denunciada, haya ingresado a la carrera judiciàl mediante -realización de un concurso público de oposición.
PEÑA VILLAFRANCA, fue designada como Jueza Titular dei Tribunal Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas mediante oficio N°TPE-03-0903 de fecha de 1° de julio de 2003, emanado de la Sala Piena del Tribunal Supremo de Justicia: situación ésta que debe prevalecer
Quinto de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. ya que se encuentra amparada por su condición de titular, por lo cual se ajusta a los parámetros stabiecidos en la sentencia N° 516 tantas veces mencionada.
Asimismo. modificó, dicha sentencia cautelar, la actuación de la Oficina de Sustanciación, delegando parte de sus atribuciones a la Inspectoria General de Tnbunales, razón por la que atribuyó a esta última la facultad de iniciar las la misma corresponde a este Tribunal remitir las causas que se encuentren sin la debida citación del juez o jueza a los fines de que ese Órgano Auxiliar del Tribunal caso que dicte acto conclusivo remita las actuaciones a la Jurisdicción Disciplinaria Judicial nn de en e n e n e e seen n n e n jueza se encontrare citado o citada, las mismas continuarán su curso legal, ante la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria, ahora con funciones de Juzgado de Sustanciación del Tribunal Disciplinario Judicial; correspondiendo a oray pública, tal como lo señala la aclaratoria ya mencionada.
n consideración a los anteriores razonamientos y en atención a la decisión :
aclaratoria este Tribunal Disciplinario Judicial, observa que la presente causa se encontraba en fase de fijación de audiencia para el momento de la publicación y órgano jurisdiccional continuar la tramitación de la presente causa, como en efecto lo hizo.
En consecuencia y en uso de la potestad disciplinaria conferida por el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los articulos 39 y 40 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y conforme a la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de dirigido contra la jueza titular RAHYZA MAGDALENA PEÑA VILLAFRANCA, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Suplente Especial del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la jurisdiccional se declara competente para conocer de la presente causa. Asi se declara.
v DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA
observando que se desprende de las actas que conforman ei expediente, que la Inspectoria General de Tribunales atribuye a la ciudadana RAHYZA MAGDALENA PEÑA VILLAFRANCA en su condiCión de Jueza Suplente Especial del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, abuso de la potestad jurisdiccional que le es dada al aplicar retroactivamente la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 6 de julio de criterio de la Inspectoria General de Tribunales dicha decisión de la jueza perención y al suspender la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar 152, sin que dicha decisión hubiese estado definitivamente firme y sin que la parte actora hubiese hecho uso de su derecho a recurrir.
Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area de marca una divergencia de criterios mas no una aplicación indebida de la perención breve.
decretada en fecha 22 de junio de 2006, que la demanda fue reformada en fecha 12 de noviembre de 2003 por el ciudadano Hegel Villalba, solicitando medida Procurador General. por lo que, el juzgado admitió dicha reforma y ordenó erróneamente la referida citación, ello en fecha 20 de noviembre de 2003 y que -persona a citar, el día 13 de abril de 2005 solicitó mediante diligencia que se distase auto complementario al auto de admisión y que se ordenase la citación de FOGADE en la persona del presidente o representante legal de dicho organismo, es decir, un año y cuatro meses después de haberse admitido la reforma de la procesal de consignar la identidad de la persona a citar, lo cual trae como consecuencia una primera perención que las reviste, es decir, que solo sirven para prevenir, proteger las resultas de un Finaimente, arguyó la jueza denunciada respecto al abuso de autoridad al haber suspendido la medida cautelar, que dicho ilicito disciplinario ha sido definido como la actuación del funcionario público en el mal uso de las atribuciones que la lex le confiere, que su actuación fue ajustada a derecho y a la Constitución, puesto que solo ejerció el poder cautelar que como jueza le corresponde ejercer.
VI DE LAS PRUEBAS .-De las presentadas por la parte denunciante:
causa judicial N° 3-0152. Dicho medio probatorio se aprecia; de conformidad a lo establecido en el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil en concordancia el articulo 1.384 del Código Civil. por lo que este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del referido Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público declaró la perención de la instancia en la causa judicial N° 3-0152 en fecha 22 de junio de 2006.
2.- Copia certificada de la diligencia interpuesta por la parte demandada en fecha 26 de junio de 2006, mediante la cual solicitó que el tribunal a cargo de la jueza denunciada oficiar al registrador correspondiente a los fines de que se suspendiese la medida cautelar de enajenar y gravar que pesaba sobre el terreno encabezado del articulo 429 eiusdem en relación con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil, por lo que este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del referido Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública; en tanto demuestra que la parte demandada solicitó a la jueza denunciada que oficiar al registrador correspondiente a fin de que se llevarse a cabo la suspensión de la medida cautelar que recaía sobre el bien inmueble objeto del litigio.
3.- Copia certificada de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el dia 20 de diciembre de 2006. Se aprecia dicho medio probatorio; conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil
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establecido en el articulo 1.384 del Código Civil. y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del referido Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario Superior Décimo en lo Cil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial sentencia revocó la sentencia dictada por la jueza denunciada en fecha 22 de /.- De las pruebas de la jueza denunciada:
1.- Copia simple de la denuncia interpuesta en fecha 7 de mayo de 2007 por el ciudadano HEGEL WLADIMIR VILLALBA ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Este órgano jurisdiccional considera que el medio probatorio antes septiembre de 2007, dictado por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo de Caracas. Se aprecia y valora; conforme lo establece el primer aparte del ancculo 429 del Código de Procedimiento Cil en concordancia con lo establecido nel articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia vez que ei acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública; en tanto hace plena fe que el Tribunal Quinto Judicial del Área Metropolitana de Caracas admitió la demanda en fecha 20 de septiembre de 2007.
Inspectoria General de Tribunales en fecha 5 de diciembre de 2007. Se aprecia y valora: conforme lo establece el articulo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como un documento público administrativo (Vid. Sentencia N° R¢0209 del 16 de mayo de 2003 dictada por la Sala de Casación Civil del Tnbunal Supremo de Justicia). en tanto demuestra que la Inspectoria General de Tabunales inició la investigación en fecha 5 de diciembre de 2007.
4.- Copia simple del ata de fecha 22 de noviembre de 2008. levantada por la Inspectoria General de Tribunaies. Se aprecia y valora; conforme lo establece el documento público administrativo (Vid. Sentencia N° RC0209 del 16 de mayo de 2003 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia): en anto demuestra que en fecha 22 de noviembre de 2008 la Inspectoria General de Tribunales prosiguió la investigación 5.- Copia simple de la demanda propuesta por los apoderados del denunciante ante el Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Este Tribunal ningún elemento indiciario, ni probatorio, ni guarda relación directa con el hecho controvertido dentro del presente proceso disciplinario, en consecuencia se desecha como prueba por impertinente.
alegatos que no pueden ser valorados como prueba aunque resulte úti como alegato para el estudio juridico de la presente controversia; en consecuencia se 7.- Copia simple del decreto de medida cautelar del dia 20 de febrero de 2004.
emanado del Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Se Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo estabiecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública; y por tanto hace plena fe que desde el 20 de febrero de 2004 el Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas decretó la medida de enajenar y gravar sobre el bien inmueble objeto de litigio.
8.- Copia simple de la diligencia suscrita por el denunciante en fecha 13 de abril de 2005 ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
solicitando que el referido juzgado dictase auto de complemento de la admisión de legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valos probatorio que señala el artículo 1.359 ejusdem, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública. en cuanto hace plena fe que el ciudadano HEGEL WLADIMIR Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la adto de complemento de la demanda.
- Copia simple del auto complementario de la demanda del dia 17 de junio de 2005 mediante el cual el Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trânsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas ordeno la citación del Fondo de Garantia y Protección Bancaria Constructora C & D C.A. en la persona de su presidente. Se aprecia y valora;
conforme lo estabiece el primer aparte del articulo 429 del Código de legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el dar fe pública; y en cuanto hace plena fe que Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el dia 17 de junio de 2005, ordenó la citación del Fondo de arantía y Protección Bancaria (FOGADE) en la persona de su presidente y la citación de la sociedad mercantil Constructora C & D C.A el en la persona de su presente 00 - Copia simple del oficio N° 267 remitido del Tribunal Quinto de Primera Inztancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 20 de febrero de 2004 al Registrador Subalterno del Municipio Autónomo Caroni del Estado Bolivar a fin de informarle que se decretó medida de enajenar y gravar sobre el inmueble objeto del litigio. Se aprecia y valora conforme lo establece el primer aparte del articulo 429 del Código contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública; en cuanto demostró que el Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas notificó al Registrador Subalterno del Municipio Autónomo Caroni del Estado Bolivar en fecha 20 de febrero de 2004 acerca del decreto de la medida de enajenar y gravar sobre el inmueble objeto del litigio.
11.- Copia simple del oficio emitido por la Cordinación Integral Legal de 1330 remitida el 30 de julio de 2004 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, indicando además que los recaudos remitidos a ese formar un criterio acerca del asunto (folio 346 y 347 Pieza N°1). Se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos RC0209 del 16 de mayo de 2003 dictada por la Sala de Casación Civil del Trbunal Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropoltana de Caracas, a los fines de ser informado acerca del juicio que por demanda de nulidad se habia iniciado en la causa 3-0152.
12.- Copia simple de la comisión de citación dirigida al Juzgado Primero del Municipio Caroni del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar Considera esta instancia disciplinaria judicial que el presente medio objeto de la litis en el presente proceso; en consecuencia este Tribunal la desecha por impertinente.
parte demandada en el expediente N° 3-152 ante el Juzgado Quinto de Primera Instanga en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metrgpolitana de Caracas y en la cual solicitó la perención breve por cuanto la parte actora no habia cumplido con la obligación para que se hiciese efectiva la 429 del Codigo de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 ibidem; toda vez que el ato que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público juicio civil de nulidad de venta mediante diligencia de fecha 15 de junio de 2006.
paste actora no habia cumplido con la obligación para que se hiciese efectiva la citación.
14.- Inspección judicial que solicitó la jueza denunciada en el Juzgado Quinto de Primera instancia en lo Civil, Mercanti y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropoltana de Caracas, en el expediente N° 3-0152 a los fines
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Asimismo, solicitó que se inspeccionar el Libro Diario, para verificar si consta en los asientos de dicho libro las actuaciones antes descritas de impulso procesal.
gualmente, solicitó que a los fines de demostrar la nulidad absoluta del juicio, se dejase constancia de las partes que dieron origen al juicio y de quién presenta la . reforma de la demanda en fecha 12 de noviembre de 2003; de igual forma, que se dejase constancia de quién aparece como actor en el cuaderno de medidas cuando se decretó la medida cautelar: igualmente, solicitó que se deje constancia, sventre la fecha del auto de admisión del 20 de noviembre de 2003 y el 13 de abril de 2005, la parte actora impulsó la citación de FOGADE o indicó la persona en la cual debia practicarse su citación. Finalmente solicitó, que se dejare constancia de si hay solicitudes de nulidad y si las mismas han sido resueltas por el Tribunal.
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas mediante auto de fecha 28 de mayo de 2013. Asimismo, dicha inspección fue practicada el 12 de Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual dejó constancia de lo siguiente:
1.- En fecha 21 de junio de 2005 el apoderado judicial del ciudadano HEGEL WLADIMIR VILLALBA, retiró oficio N° 1153 con su respectiva compulsa. dirigido al Tribunal del Municipio Caroni del Estado Bolivar 2.- En fecha 7 de octubre de 2005 consta diligencia de la parte actora en la para la citación de FOGADE.
3.- Consta en el expediente N° 3-0152 que el dia 17 de junio de 2005 ei 4.- Que en fecha 12 de noviembre 2003. el ciudadano HEGEL WLADIMIR VILLALBA reformó la demanda en su carácter de presidente de la sociedad mercantil Centro de Servicios Múltiples y Estacionamiento Alta Vista C A 5.- Que en el cuaderno de medidas aparece como parte actora el ciudadano HEGEL WLADIMIR VILLALBA.
6.- Que en fecha 20 de febrero de 2004 se decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble objeto de controversia en el expediente judicial N° 3-0152.
7.- Del Libro Diario, el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la riela nota N° 82 correspondiente al expediente N° 3-0152, en da cual se dejó tribunal el 26 de junio de 2005 a fin de retirar oficio N° 1153.
8.- Asimismo, se constató nota N° 83 del dia 17 de junio de 2005 en la cual se dejó sin efecto comisión recibida y oficio, acordándose la citación de FOGADE y oficiar a la Procuraduria General de la República.
9.- Consta en nota N° 19 diligencia del 7 de octubre de 2005 suscrita por el ciudadano JOSÉ MASSA, dejando constancia de haber consignado emolumentos para la práctica de la citación, porel Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscnpción Judicial del Area Metropolitana de Caracas al Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil.
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en el articulo 1.428 del Código Civil.
eiusdem VII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Antes de emitir pronunciamiento alguno sobre el mérito de la causa, es menester realizar un breve análisis a lo solicitado por la jueza denunciada, mediante su escrito de descargos en fecha 11 de abril de 2012. el cual fue del tener siguiente:
La ciudadana RAHYZA MAGDALENA PEÑA VILLAFRANCA. en Su condición de jueza denunciada, solicitó en el referido escrito que este Tribunal considere han trascurrido cinco (5) años y ocho (8) meses desde la comisión del ilicito lo previsto en el articulo 35 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, el cual reza:
"Articulo 35. La acción disciplinaria prescribe a los cinco años prescripción."
acció disciplinaria, el cual es de cinco (5) años, contados a partir del momento en qua/ocurrió el hecho objeto de sanción disciplinaria, lo cual para el caso en picular este organo disciplinrioverifica que la acción disciplnara fue ejercida s4 por la Inspectoria General de Tribunales e iniciada la respectiva investigación por disciplinario.
Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, la cual establecia el lapso de tres años desde la comisión del hecho disciplinable para que dicha acción prescribiera, y administrativo.
Asi lo ha establecido este órgano jurisdiccional al señalar que la potestad de interrumpir la prescripción disciplinaria durante la vigencia de los articulos 40 y 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura la ejercia el órgano investigada.
que para ese momento era la Inspectoria General de Tribunales tal y como se 2012 la cual señala:
"(...) En consecuencia, la prescripción aludida por el articulo 53 de la Ley preconstitucional-, establece con menidiana claridad, una carga al Estado transcurrido el lapso aludido, lo interrumpirá. Asimismo, se debe señalar que el inicio del procedimiento disciplinario se encontraba reglado en el articulo 40 eiusdem, que señalaba "(... El Procedimiento se Inicia de oficio por la Inspectoria de Tribunales o a solicitud del Ministerio Público. También podrá Iniciarse por parte agraviada o de cualquiera de los órganos del Poder Público, el cual la transmitirá de acuerdo con lo previsto en esta Ley. El denunciante responde civil y penalmente por la falsedad de su denuncia.": en concordancia con el articulo 30 del Régimen de Transición del Poder Público, que establecia "... El Inspector General de Tribunales, a solicitud de la Comisión de Funcionamlento Y Reestructuración del Sistema Judicial o cuando considere que existen faltas disciplinarias que asi lo amerite, iniciará el procedimiento disciplinario con la apertura del expediente y la situación al juez o funcionario judicial correspondiente para que consignen sus alegatos, defensas y pruebas, las cuales se agregarán al expediente dentro de los cinco dias siquientes a su citación. (...".
Por lo tanto, una vez iniciado el procedimiento disciplinario, es decir, ejercida la acción disciplinaria por parte del órgano investigador, el Estado cumplió con la carga que el legislador le estableció para que no prescribiera su acción para poder -mediante un proceso determinado- establecer la presunta responsabilidad o no del juez investigado o jueza investigada Y es que no se puede concebir, que el proceso disciplinano judicial dada la naturaleza e importancia con que le ha revestido a Carta Magna.
quede supeditado a un lapso detenninado, ya que tal situación generaría como consecuencia que algunos casos, aún cuando el Estado haya manifestado el interês de disciplinar la conducta del juez investigado o jueza investigada, ésta quedar la impune por el transcurrir del tiempo: a diferencia de la acción disciplinaria que si depende de su ejercicio dentro en el mismo procedimiento. se verifique la inactividad por un perlodo prolongado de las partes intervinientes, cabría la posibilidad no de que interés del Estado de sancionar. y. en cuyo caso, una vez declarada la perención del mismo, se comenzaría nuevamente a computar dicho lapso de prescripción que fue interrumpido al iniciar el proceso discipinario ( )" (Resaltado y subrayado propio del presente fallo) Del texto anterior se desprende, claramente que bajo la vigencia de la Ley del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana una vez el Estado a través del órgano investigador realiza alguna acción tendente al inicio del proceso disciplinario el lapso de prescripción se ve interrumpido, verificándose que para el caso que nos ocupa. el hecho que ocasionó el presente proceso disciplinario ocurrió en fecha 3 de julio de 2006, siendo iniciada la acción disciplinaria el dia 5 de diciembre de 2007, fecha en que la Inspectoria General de Tribunales inició la investigación, es decir. a un (1) año y dos (2) dias de haberse cometido el hecho presuntamente años según lo previsto en el articulo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la declarar que la acción disciplinaria fue ejercida oportunamente para interrumpir la prescripción y en consecuencia, IMPROCEDENTE la solicitud realizada por la jueza denunciada en virtud de que no se encuentra prescrita la acción disciplinaria para el presente asunto. Asi se declara.- Asimismo, en el referido escrito, la jueza denunciada solicitó el sobreseimiento la causa en virtud de lo previsto en el primer supuesto del numeral 1 del rticulo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana por cuanto el hecho no ocurrió. ya que el juicio llevado en la causa judicial N° 3-152 nomenclatura del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del HEEWLADIMIR VILLALBA habia actuado sn cualidad Iegitima en dicho juicio civil.
En ese sentido, es menester destacar que ha sido criterio sentado por este Tribunal del análisis del primer supuesto del numeral 1 del articulo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana que podrá decretarse el sobreseimiento de la investigación cuando, entre otros supuestos, existan elementos suficientes para formar la convicción en el juzgador de que el hecho continuar con el procedimiento disciplinario de manera definitiva, poniéndose fin al proceso y configurándose la cosa juzgada en el caso concreto de que se trate.
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419.162 Al respecto, no se evidenció de las actas que conforman el presente expediente judicial que el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil.
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas haya decretado la nulidad absoluta de dicho juicio por falta de cualidad de la parte agraviada, ni tampoco se verificó que la Inspectoria General de Tribunales haya versado su acto acusatorio en tal situación, tal y como argumentos decretar el sobreseimiento del presente proceso disciplinario solamente en base a argumentaciones, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento. Asi se decide.- Finalmente, solicitó la jueza denunciada en el escrito de descargos la inadmisión del presente proceso disciplinario por cuanto el ciudadano HEGEL presente denuncia de conformidad a lo previsto en el numeral 2 del articulo 53 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Al respecto, cabe destacar que el mencionado articulo no solo prevé el inicio de la investigación por denuncia de parte agraviada sino que además incluye representantes, no obstante, en sentencia N° 8 del doce (12) de marzo de 2014, la estableciendo que el denunciante en el procedimiento disciplinario es la persona que pone en conocimiento al órgano disciplinario de los hechos que puedan ser constitutivos de ilícitos disciplinarios, es decir, que basta con el interés simple de cualquier ciudadano para interponer la denuncia, no obstante, su participación en los actos procesales posteriores y el ejercicio de los derechos otorgados en-el.
astículo 63 del Código de Etica del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, se ve de parte agraviada. Pero, en todo caso la denuncia ya fue admitida y tramitada por lo que mal podria inadmitirse posteriormente.
En base a lo antes expuesto, esta instancia disciplinaria, considera que el ciudadano HEGEL WLADIMIR VILLALBA si tenía cualidad para interponer la denuncia, y por cuanto la misma ya había sido admitida en consecuencia, se denunciada. Asi se decide.- Ahora bien, en virtud de los elementos presentes en el expediente, entre los cuales se incluyen el acto conclusivo de la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES. las actuaciones investigativas de la OFICINA DE expuestos ante esta instancia disciplinaria judicial por la jueza RAHYZA MACDALENA PEÑA VILLAFRANCA. asi como los alegatos presentados en el acto de audiencia: este Tribunal Disciplinario Judicial, pasa a pronunciarse sobre el mérito de la presente causa, considerando lo siguiente:
consistente en aplicar retroactivamente la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 6 de julio de 2004 para fundamentar la declaratoria de perención de la instancia, pues a criterio de la Inspectoria General de Tribunales la decisión dictada por la jueza el 22 de junio de 2006 es contraria a realizar un breve análisis de lo contenido en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil el cual reza:
"De la Perención de la Instancia
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta dias a contar desde la fecha de admisión que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta dias a contar desde la fecha de la practicada la citación del demandado 3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren obligaciones que la ley les impone para proseguirla." Del precepto juridico transcrito se desprende la existencia de dos tipos de segunda que se verifica si: 1.-) Transcurridos los treinta (30) dias a partir de la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no cumple con la obligación De haberse reformado la demanda, el lapso de perención comienza a correr a partir de dicha reforma; o 3.-) Cuando dentro del término de seis (6) meses desde obligaciones que la ley les impone para proseguirla.
Ahora bien el articulo 269 del Código de Procedimiento Civil señala la potestad supuestos contemplados en el articulo 267 eiusdem, y ello debido al carácter de orden público de dicha declarativa, pues esta institución se verifica de derecho y ..
Lunes 9 de marzo de 2015
R.C.00017 dictadas por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia n n mencionada institución —perención-encuentra su justificación en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y en la necesidad de sancionar la conducta omisiva y negligente de la parte al abandonar la instancia y mostrar —a través de dicha conducta- su desinterés en la continuación del proceso.
Tal situación descrita, nos indica el verdadero objetivo del Estado en uso de a causa de la falta de interés de los justiciables, pues el impulso del proceso no solo compete ali juez según lo ordena el articulo 11 del Código de Procedimiento perención de la instancia de conformidad con las normas antes citadas.
través de la potestad jurisdiccional que le es dada a los jueces, pues éstos durante conocimiento y asi garantizar el correcto funcionamiento del estado de derecho y observar.
En ese sentido, el articulo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, señala:
Articulo 4 Independencia judicial L juez y la jueza en ejercicio de sus funciones son Independientes y autónomos, por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Constitución de la República y al ordenamiento juridico. Sus ;
decisiones, en la interpretación y aplicación de la ley y el derecho, sólo podrán ser revisadas por los órganos jurisdiccionales que tengan competencia, por vía de los recursos procesales, dentro de los limites del asunto sometido a su conocimiento y decisión Los órganos con competencia disciplinana sobre los jueces y juezas podrán intervención indebida en la actividad jurisdiccional." (Resaltado del Tribunal Disciplinario Judicial)
aparición, antes de ello existia vacio en cuanto a la materia que el mismo aclara o estabiece, por tanto, en aquella anterioridad podía aplicarse libremente cualquier griterig del juez que no contradijese la legislación, salvo que existiese en ese No es reprochable aplicar un criterio vinculante en el juzgamiento de hechos ocurridos antes de fijarse el mismo. pues además, al momento de aplicarse ese juridico, se estaba aplicando a un hecho previamente ocurrido: aunque evidentemente el juzgamiento de ese hecho ocurra posteriormente al establecimiento del criterio.
Conforme a los razonamientos anteriores, este Tribunal observa que los decretar la perención en la causa judicial N°3-0152. están intimamente relacionados con la facultad y soberania que detentan los jueces. pues la actividad interpretativa es propia de la función jurisdiccional que en tal cargo se debe desempeñar, teniendo su fundamento en el principio de independencia judicial establecido en el ya citado articulo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la de igual modo, en estricto apego a los dos aspectos fundamentales que , componen dicho principio como lo es el respeto a la autonomia de los jueces frente a otros órganos del Poder Público y el deber de los funcionarios judiciales de mantener su independencia.
c Es por ello, que como consecuencia inmediata del referido principio. las decisiones que emanan de estos funcionarios judiciales, sólo podrán ser revisadas idoneidad y excelencia del actuar de Jueces y Juezas, sin que ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional propiamente considerada.
Al respecto observa este Tribunal, que la Inspectoria General de Tribunales indebidamente perimida la instancia mediante decisión del 22 de junio de 2006 pues a criterio de ese órgano dicha sentencia es contraria a la ley, por carecer de fundamentos de hecho que pudieren ser subsumibies al supuesto legal de la perención, no obstante, es preciso acotar que del estudio de las actas se verifica que durante el desarrollo del procedimiento a cargo de la jueza denunciada, la perención solicitada el 15 de junio de 2006 por la parte demandada en el expediente 3-152, habiendo explicado en la decisión del 22 de junio de 2006 cómo
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la perención: en consecuencia. no está dada la facultad a esta jurisdicción disciplinaria de la funcionaria judicial RAHYZA MAGDALENA PEÑA VILLAFRANCA en su condición de jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
De tal manera que, a criterio de esta instancia disciplinaria, las actuaciones de ejercicio de la potestad jurisdiccional y no revisten carácter disciplinario por lo cuai queda vedada la posibilidad de ser revisados por este Tribunal Disciplinario Judicial, tal y como lo establece el articulo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. As/ se declara,- Por otra parte, respecto al argumento de la Inspectoría General de Tribunales jurisdiccional que le es dada, al suspender la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar que pesaba sobre el bien objeto de la litis en el juicio llevado en sin que la parte actora hubiese hecho uso de su derecho a recur, proponiendo la calificación prevista en el articulo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial, la articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana: al respecto este Tribunal Disciplinario Judicial pasa a realizar un breve análisis a las causales antes descritas:
"Articulo 40. Sin perjuicio de las responsabilidades penal y civil a que 2 (..) 16 Cuando incurran en abuso o exceso de autoridad" sil mismo. el Tribunal Disciplinario Judicial consideró que dicha causal es Subsumible a la falta disciplinaria prevista en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual señala:
"Articulo 33. Son causales de destitución:
14. Incurrir en abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones. (...)" En base a lo anteriormente transcrito, esta instancia disciplinaria debe desplegada por la ciudadana RAHYZA MAGDALENA PEÑA VILLAFRANCA, ello intervinientes del respectivo juicio civil.
Asi, como ya quedó sentado en sentencia de este Tribunal N°TDJ-SD-2012- 138, para que la conducta judicial pueda ser considerada como "abuso de encuentren atribuidas por el ordenamiento juridico al juez y que además ta ejercicio sea desproporcionado, desmedido y haya causado un daño a alguna de las partes o intervinientes en el proceso llevado por aquel. En efecto. aunque todo ilicito disciplinario judicial constituye daño al debido proceso. a la tutela judicial efectiva, o al menos a la buena imagen pública del Poder Judicial: el daño que implica el abuso de autoridad afecta directamente a las partes intervinientes.
De ello se desprende que el órgano disciplinario debe determinar la conducta abusiva del juez no solo a partir de la legalidad de la misma, sino además, que intervengan en el proceso, de tal magnitud que constituya una lesión a la tutela judicial efectiva o el debido proceso.
En este orden de ideas, es menester establecer cuáles fueron los hechos que la Inspectoria General de Tribunales en su acto conclusivo del dos (2) de abril denunció al señalar que "(..) la jueza investigada excedió los limites de la potestad jurisdiccional que le fue dada para administrar justicia, toda vez que como conocedora del derecho, sabe que está en la obligación de garantizar a las partes, en igualdad de condiciones, el uso de sus derechos y facultades que le otorga la ley para recurrir de las decisiones dictada (sic) por està (sic) y no puede ordenar la ejecución de una decisión que posee medios de impugnación pendientes por invocar hasta tanto la misma quede firme (..." indicando además fundamentos de hecho que le hicieran subsumir la norma dentro del supuesto legal de la perención, y abusando de las potestades jurisdiccionales que le fueron dadas, ejecutar su decisión sin que el actor hubiese tenido la oportunidad de recurrir de la decisión, ordenando librar el oficio correspondiente con el cual material al juticiabie (.." Pero, de conformidad con lo alegado por la jueza denunciada dentro de las atribuciones que le confiere la ley a la jueza denunciada está el ejercicio de su potestad cautelar, competencia que le otorgan los articulos 585 y siguientes del Codigo de rocedmiento i, dentro de las cale st el decretar, modificar o revocar las medidas dentro de los distintos procesos que se pongan a su conocimiento: y tal y como se evidenció en el presente asunto disciplinario la jueza tenia la facultad de levantar la medida decretada sobre el bien objeto de la litis una prosecución-perención breve— o por la prolongada inactividad de las mismas — cautelares y de su instrumentalidad que los efectos de éstas fenecen una vez que Ahora bien, es claro que no se evidencia una actuación de la jueza fuera de las atribuciones que la ley le confiere, ni tampoco se evidenció un exceso o extrafmitación en el ejercicio de sus funciones. que pudieran constituir un actuar abusivo, excesivo, desproporcionado o extralimitado de la jueza denunciada y que efectiva pues aún cuando la denunciada omitió notificar oportunamente de la decisión que declaró la perención, en fecha 18 de julio de 2006 mediante auto oyó . llevado en el expediente N° 3-152. garantizando con ello el derecho a la parte de recurrir de la referida decisión, por lo que es evidente para este órgano para que se constituya el abuso de autoridad. Asi se declara.- En ese sentido, aun cuando la jueza denunciada en virtud de la institución evidente que la ejecución de dicho levantamiento dependia de la firmeza de la subsanada cuando en fecha 18 de julio de 2006 oyó en ambos efectos la apelación interpuesta por la parte actora el 7 de julio de 2006.
Ahora bien, tal y como quedó evidenciado, la situación fáctica que dio inicio al presente proceso disciplinario se mantuvo invariable en todo momento durante la autos, este Tribunal Disciplinario Judicial considera tal y como se dijo en párrafos anteriores, que los hechos denunciados no configuran los elementos necesarios de instancia siendo que la causa estuvo paralizada por más de un año y las partes no se encontraban a derecho configuran un "descuido injustificado" tipo juridico que el Legislador mediante el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana ha querido sancionar en tres grados de intensidad, dependiendo de la gravedad del hecho —amonestación escrita, suspensión o destitución—. por lo que resulta forzoso para este órgano jurisdiccional separarse de la calificación realizada por la Inspectoria General de Tribunales. Asi se decide.- Al respecto. el numeral 6 del articulo 31 establece lo siguiente.
-Son causales de amonestación escrita al juez o jueza:
(..) 6. Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos (...)".
Asimismo señala el articulo 33 numeral 23 ibidem lo siguiente:
"Son causales de destitución:
1.. 23. Incur en retrasos o descuidos injustfcados en la tremitación de os procesos o de cualquier diligencia propia de éstos siempre que con los se menoscaben derechos o garantias fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva (.)". (Subrayado propio de este Tribunal) Del contenido de los preceptos normativos antes descritos, se desprende la existencia de cuatro supuestos a configurarse en la conducta que el juez asuma dependiendo del caso en concreto, a saber: 1) incurrir en retrasos injustificados en procesos: y 4) incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de cualquier condición para que el juzgador pueda imponer la sanción supone establecer si se trata de una actuación u omisión injustificada, es decir, sin que medie justa causa retraso o descuido, si se produjo una afectación al debido proceso y su ponderación a partir del resultado juridicamente reprochable que su concreción produce (Vid. Sentencia de la Corte Disciplinaria Judicial N°2 de fecha diecisiete (17) de enero de 2012), tomando en cuenta la afectación a los derechos o garantias fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva, situación ésta de suma importancia, al ser el presupuesto determinante para subsumir los
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establecidas en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
la Corte Disciplinaria Judicial en sentencia N° 2 de fecha 17 de enero de 2012 que:
/"...) Con relación al contenido y alcance del licto descuido injustificado' :
pacificamente como un abandono total de la obligación establecida en la norma, lo que supone falta de actividad volitiva e intelectiva del operador, verificar en autos las circunstancias en las cuales se produjo la conducta y las actuaciones cumplidas en el proceso penal que dio lugar a la denuncia. (..)" (Resaltado y subrayado propio de este Tribunal Disciplinario Judicial) Del criterio parcialmente transcrito supra, se concluye que, para que pueda verificarse en la conducta del juez denunciado el descuido injustificado, el hecho excusa la realización de dicha actuación u omisión, además de ello, tal y como lo/ defectuoso de la obligación que la norma le impone al juez en el desempeño de 3y de si el juez o jueza aun cometiendo el cito disciplinario le es atribuible el hecho objeto de sanción disciplinaria o si por el contrario fueron hechos circunstanciales que trajeron como consecuencia la configuración del ilicito disciplinario.
En ese sentido, cabe señalar que el numeral 6 del articulo 31 como el numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana presuponen un mismo ilícito disciplinario, su grado es distinto pues el numeral 23 del articulo 33 presupone que dicho retraso o descuido haya vulnerado algún necesario para el juzgador disciplinario contrastar el contenido de ambos preceptos normativos teniendo como variable distintiva la afectación de los derechos o garantias fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva.
Al respecto. se hace necesario delimitar los derechos y garantias fundamentales que engloban el contenido de la tutela judicial efectiva, a los fines de determinar si existe una afectación o vulneración de tales derechos y garantias.
y a partir de dicha determinación este órgano jurisdiccional realizar la calificación respectiva.
En fal sentido. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en, criterio vinculante, señaló que la tutela judicial efectiva —de amplismō contenido— comprende varios derechos a entender: a) Derecho a ser oido por los órganos de la administración de justicia establecidos por el Estado; b) Derecho a que, cumplidos los términos y requisitos establecidos por la ley adjetiva, los una decisión dictada conforme a derecho, determinando el contenido y la extensión del derecho deducido: y c) Derecho a que no se sacrifique la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituya un En tal sentido, este Tribunal Disciplinario Judicial considera a la tutela cautelar como la herramienta procesal que va a contribuir con la obtención de una tutela jurisdiccional efectiva, garantizando que la conclusión del proceso se vea constigida tanto en el plano juridico declarativo como fáctico; siendo que dicha herramienta es configurada a través del decreto cautelar el cual requiere como requissos esenciales para su procedencia el Fumus boni iuris —presunción del bueryerecho— y el periculum in mora a el cual se extiende al periculum in damni, ilusoria la ejecución del fallo -que no sean ejecutables las resultas del juicio-, bajo el fundamento de que de no ser decretada la medida el riesgo del daño deba ser inminente.
cual además debe verificar tanto la posición juridica tutelabie como los medios garantuar que el derecho reclamado se vea satisfecho con la sentencia definitiva.
Al _respecto. es menester delimitar según las actuaciones de la jueza denuncia si violó la tutela judicial efectiva iniciando con la discrecionalidad que la doctora le ha atribuido a los jueces para apreciar la suficiencia de los requisitos al momento de decretar, modificar o revocar una medida cautelar, lo que implica que, a tenor del articulo 23 del Código de Procedimiento Civil, se entiende que faculta para obrar según su prudente arbitrio, no obstante, en el presente asunto es evidente que la jueza denunciada dentro del marco de la potestad jurisdiccional que le es dada, consideró que el Fondo de Garantia y Protección Bancaria .
fondo económico dinerario, en si mismo garantizaba las resultas.
Acto seguido evidenció este órgano jurisdiccional que la jueza denunciada no su sentencia interpuso la parte actora, asi como, se pronunció sobre la solicitud de tampoco violó el derecho a las partes a obtener un pronunciamiento sobre lo de las actas que conforman el presente expediente que la jueza denunciada en la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.
efectiva, por cuanto en el juicio que por demanda de nulidad de venta en subasta.
pública que se siguió en contra del Fondo de Protección Social de los Depósitos consideró suficiente la solvencia de dicho organismo para garantizar las resultas.
su contra y por cuanto en fecha 18 de julio de 2006 oyó la apelación interpuesta De tal modo que, siendo que no se evidenció la afectación de un derecho tramitación de la causa 3-152, esta instancia disciplinaria cambia la calificación a Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual prevé de cualquier diligencia propia de éstos", causal que anteriormente se encontraba prevista en el ordinal 7 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, cambio de, calificación hecho ello en virtud del criterio sostenido por esta instancia disciplinaria, ratificado por la Corte Disciplinaria Judicial y confirmado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. según sentencia N° 1319 de fecha 8 de octubre de 2013. Asi se decide.- Ahora bien, realizado el cambio de calificación respectiva, este organo jurisdiccional logró evidenciar los siguientes hechos:
En primer lugar se constata del folio trescientos cuarenta y uno (341) de la pieza N° 1. copia simple de auto de fecha el dia 20 de febrero de 2004 mediante el cual el Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. decretó la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien inmueble sobre el cual versaba la litis.
En orden seguido, se evidencia que corre inserto del folio cincuenta y tres (53) al folio cincuenta y ocho (58). ambos inclusive de la pieza N° 1 del presente mediante la cual se declara la perención de instancia en la causa judicial N° 3- 152 Asigismo, se evidencia del folio cincuenta y nueve (59) de la pieza uno (1) del presere expediente. copia certificada de la diligencia del 26 de junio de 2006, De igual forma, en el folio diecisiete (17) de la pieza uno (1) del presente expediente, se observa copia simple del auto del 3 de julio de 2006 mediante el pesaba sobre el bien inmueble objeto del litigio.
En este orden, se evidenció al folio dieciocho (18) de la pieza N°1 del presente al Registrador Inmobiliario del Municipio Autónomo Caroni del Estado Bolivar.
megiante el cual la jueza denunciada informó a dicho organismo de la suspensión de medida decretada el 20 de febrero de 2004.
Seguidamente, se evidenció que el dia 4 julio de 2006, la empresa codemandada dejó constancia mediante diligencia de haber recibido oficio N° 2044, a los fines de ser consignado al Registro Inmobiliario del Municipio Autónomo Caroni del Estado Bolivar e igualmente solicitó que se notificarse a la parte demandante.
Igualmente, se constató que el dia 6 de julio de 2006, la parte demandante perención de instancia y se ordenó la suspensión de la medida de prohibición de enajenar y gravar que pesaba sobre el bien inmueble objeto del litigio, ello tal y (64) de la pieza N° 1 del presente expediente.
De seguido, el dia 7 de julio de 2006, la parte demandante ratificó la diligencia consignada, el dia 6 de julio de se mismo año, ello tal y como se evidenció del presente expediente.
Acto seguido, se observa que corre inserta al folio sesenta y seis (66) de la pieza N°1 del presente expediente judicial copia simple del auto del 18 de julic de efectos la apelación interpuesta en contra de la sentencia del 22 de junio de 2006 / por el ciudadano José Massa, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante.
Finalmente, corre inserto al folio sesenta y siete (67) de la pieza uno (1) del presente expediente copia certificada del oficio N° 2200, dirigido al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
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Judicial del Area Metropolitana de Caracas del 18 de julio de 2006, a los fines de remitir el expediente N°3-152 en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
En ese sentido, este órgano disciplinario evidenció que la jueza denunciada una vez decretada la perención ordinaria de conformidad al encabezado del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el articulo 269 eiusdem, levantó la medida de prohibición de enajenar y gravar que pesaba sobre ei bien inmueble objeto del litigio sin que las partes hubiesen sido notificadas de dicha sentencia de perención; siendo que éstas no estaban a derecho, puesto que la causa había estado paralizada por más de un año por falta de impulso procesal.
hecho éste que denotó una actuación descuidada de parte de la jueza denuncia lo cual configuró el ilicito disciplinario previsto en el tercer supuesto contenido en Venezolana, es decir, "incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de los procesos". por lo que resulta forzoso DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la Ciudadana RAHYZA MAGDALENA PEÑA VILLAFRANCA.
en su condición de Jueza Suplente Especial del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y por lo tanto se le impone la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA. AsÍ se decide.
VIII DECISIÓN Por las razones expuestas. este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, bajo la ponencia de su Juez Presidente Hernán Pacheco Alviárez, y aprobada de manera unánime por sus jueces integrantes, declara:
PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud de inadmisibilidad requerida por la jueza denunciada en su escrito de descargos del once (11) de abril de 2012.
SEGUNDO: IMPROCEDENTE la solicitud de declaratoria de prescripción abril de2012 ERCERO IMPROCEDENTE la solicitud de sobreseimiento requerida por la jueza denunciada en su escrito de descargos del.once (11) de abril de 2012.
CUARTO. SE CAMBIA la calificación juridica de los hechos que generaron el presente procedimiento. de la sanción de destitución tipificada en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, subsumida actualmente en el numeral 14 del articulo 33 Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. a la causal de amonestación prevista en el numeral 6 del articulo 31 eiusdem, la cual se encontraba subsumida en el ordinal 7 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.
QUINTO LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la jueza denunciada RAHYZA MAGDALENA PEÑA VILLAFRANCA, en SU desempeño Como Jueza Supiente Especial dek Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y del tránsito de la_Circinscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por haber ejecutado-la sentencia mediante la cual declaró la perención de instancia de conformidad à.lo previsto en el encabezado del articulo 267 del Codigo de Procedimiento Civil, en la causa N° 3-152, siendo que éstas no se encontraban a derecho, subsumido el hecho disciplinable en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y por lo tanto se le impone la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA.
Registrese, publiquese y notifiquese la presente decisión.
Una vez que la presente decisión adquiera el carácter de definitivamente firme, remitase copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Registro de Información Disciplinario, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoria General de Tribunales. de conformidad con el articulo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. en concordancia con la sentencia N° 516. de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 7 de mayo de 2013.
Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial, en ia ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, a los__ (3) dias del mes de julio de dos mil catorce (2014). Año 204º de la Independencia y 155° de la Federación.
PACHECO ALVIÁREZ uez presidente Ponente.
CARLOS MEDINA RGJAS JAGQUELINE SOSA MARINO Juez
RAQUEL SUE SONZÁLEZ Secretaria
En misma fecha, siendo las() se publicoistr sentencia bajo el N° ID-SD-alY_-C50 LEZ ecrearia
AVISOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN $U NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRGUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO Y COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCÓN Maracaibo, siete (07) de enero de 2015 204° Y 155° CARTEL DE NOTIFICACIÓN SE HACE SABER:
A la ciudadana RAQUELINA VÁEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 19.529.345, que en el expediente signado bajojel N° 833 de la nomenclatura llevada por este Tribunal contentivo de la MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA, solicitada por la JUNTA ADMINISTRADORA PRO-TÉMPORE DE LAS INSTALACIONES QUE ERAN PROPIEDAD DEL CENTRAL AZUCARERO VENEZUELA Y AGRÍCOLA TORONDOY, suficientemente identificada en actas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE jTIERRAS; ordenó su notificación a los fines de hacer de su conocimiento que mediante auto dictado en esta misma fecha, se le ordenó que se abstenga de sembrar nuevos rubros en los tablones PROVÍpENCIA y PROVIDENCIA I, perteneciente a la Central Superior Agrario en fecha primero (1°) de septiembre de 2010. FIRMARÁ Y DEVOLVERÁ COMO CONSTANCIA. ABE.R.SID.NOTFICA
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JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIR$UNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO Y COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCÓN Maracaibo, siete (07) de enero de 2015 204°Y 155° CARTEL DE NOTIFICACIÓN SE HACE SABER:
A la ciudadana AURELIA VILLAROEL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.599.685, que en el expediente signado baj el N° 833 de la nomenclatura llevada por este Tribunal contentivo de la MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA, solicitada por la JUNTA ADMINISTRADORA PRO-TÉMPORE DE LAS INSTALACIONES QUE ERAN PROPIEDAD DEL CENTRAL AZUCARERO VENEZUELA Y AGRÍCOLA TORONDOY, suficientemente identificada en actas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS; ordenó su notificación a los fines de hacer de su conocimiento que mediante auto dictado e esta misma fecha, se le ordenó que se abstenga de sembrar nuevos rubros en los tablones PROV(DENCIA y PROVIDENCIA I, perteneciente a la Central Venezuela y Agricola Torondoy so pena de incurrir en desacato a la orden impartida cor este Juzgado Superior Agrario en fecha primero (1°) de septiembre de 2010. FIRMARÁ Y DEVOLVERÁ COMO CONSTANCIA.DE.HABER. SIDONOTIFICAD..
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JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO Y COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCÓN Maracaibo, siete (07) de enero de 2015 204Y155° CARTEL DE NOTIFICACIÓN SE HACE SABER:
A la ciudadana MAIRELY RoDRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 19.929.510, que en el expediente signado bajo e N° 833 de la nomenclatura llevada por este Tribunal contentivo de la MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA, solicitada por DEL CENTRAL AZUCARERO VENEZUELA Y AGRÍCOLA TORQNDOY, suficientemente identificada en actas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TJERRAS; ordenó su notificación a los fines de hacer de su conocimiento que mediante auto dictado en esta misma fecha, se le ordenó que se abstenga de sembrar nuevos rubros en los tablones PROVIDENCIA y PROVIpENCIA I, perteneciente a la Central Venezuela y Agricola Torondoy so pena de incurrir en desacato a la orden impartida por este Juzgado Superior Agrario en fecha primero (1°) de septiembre de 2010. FIRMARÁ Y DEVOLVERÁ COMO CONSTANCIA.E. HABER. IDO. NOTIFICADO..
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JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIR¢UNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO Y COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCÓN Maracaibo, siete (07) de enero de 2015 204° Y 155° CARTEL DE NOTIFICACIÓN SE HACE SABER:
Al ciudadano ORANGEL VÁEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.541.383, que en el expediente signado bajojel N° 833 de la nomenclatura llevada por este Tribunal contentivo de la MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA, solicitada por la JUNTA ADMINISTRADORA PRO-TÉMPORE DE LAS INSTALACIONES QUE ERAN PROPIEDAD DEL CENTRAL AZUCARERO VENEZUELA Y AGRÍCOLA TORONDOY, suficientemente identificada en actas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE fIERRAS; ordenó su notificación a los f nes de hacer de su conocimiento que mediante auto dictado en esta misma fecha, se le ordenó que se abstenga de sembrar nuevos rubros en los tablones PROVIpENCIA y PROVIDENCIA I, perteneciente a la Central Venezuela y Agricola Torondoy so pena de incurrir en desacato a la orden impartida por este Juzgado Superior Agrario en fecha primero (1°) de septiembre de 2010, FIRMARÁ Y DEVOLVERÁ COMO CONSTANCIA E HABER. SIDO NOTIFICADO..
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JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO Y COMPETENCIA EN EL ÉSTADO FALCÓN Maracaibo, siete (07) de enero de 2015 204°155° CARTEL DE NOTIFICACIÓN SE HACE SABER:
A la ciudadana MARÍA RANGEL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 19.929.510, que en el expediente signado bajo el N° 833 de la nomenclatura llevada por este Tribunal contentivo de la MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA, solicitada por la JUNTA ADMINISTRADORA PRO-TÉMPORE DE LAS INSTALACIONES QUE ERAN PROPIEDAD DEL CENTRAL AZUCARERO VENEZUELA Y AGRÍCOLA TORONDOY. suficientemente identificada en actas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS; ordenó su notificación a los fines de hacer de su conocimiento que mediante auto dictado en qsta misma fecha, se le ordenó que se abstenga de sembrar nuevos rubros en los tablones PROVIDENCIA y PROVIDENCIA I, perteneciente a la Central Venezuela y Agricola Torondoy so pena de incurrir en desacato a la orden impartida por este Juzgado Superior Agrario en fecha primero (1°) de septiembre de 2010. FIRMARÁ Y DEVOLVERÁ COMO CONSTANCIA DE HABER SIDO NOTIFICADO..-…
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JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO Y COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCÓN Maracaibo, siete (07) de enero de 2015 204° Y 155° CARTEL DE NOTIFICACIÓN SE HACE SABER:
A la ciudadana ELIZABETH RoDRíGUEZ, venezolana, mayor de ądad, titular de la cédula de identidad N° 19.735.020, que en el expediente signado bajo el N° 833 de la nomenclatura llevada por este Tribunal contentivo de la MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA, solicitada pOr la JUNTA ADMINISTRADORA PRO-TÉMPORE DE LAS INSTALACIONES QUE ERAN PROPIEDAD DEL CENTRAL AZUCARERO VEÑEZUELA Y AGRÍCOLA TORONDOY, Suficientemente identificada en actas, contra el INSTITUTO NAC(ONAL DE TIERRAS; ordenó su notificación a los fines de hacer de su conocimiento que mediante aufo dictado en esta misma fecha, se le ordenó que se abstenga de sembrar nuevos rubros en los tablores PROVIDENCIA y PROVIDENCIA I, perteneciente a la Central Venezuela y Agricola Torondoy so pera de incurrir en desacato a la orden impartida por este Juzgado Superior Agrario en fecha primero (1°) de septiembre de 2010. FIRMARÁ Y DEVOLVERÁ COMO CONSTANCIA DE. HABE.R. SIDO NOTIFICADO.......--...
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JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO Y COMRETENCIA EN EL ESTADO FALCÓN Maracaibo, siete (07) de enero de 2015 204Y 155°
CARTEL DENOTIFICACIÓN SE HACE SABER:
A la ciudadana VENEDELSA ARÉVALO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad contentivo de la MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA, solicitada por la JUNTA ADMINISTRADORA PRO-TÉMPORE DE LAS INSTALACIONES QUE ERAN PROPIEDAD DEL CENTRAL AZUCARERO VENEZUELA Y AGRÍCOLA TORONDOY, suficientemente identificada en actas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE T(ERRAS; ordenó su notificación a los fines de hacer de su conocimiento que mediante auto dictado en esta misma fecha, se le ordenó que se abstenga de sembrar nuevos rubros en los tablones PROVIDENCIA y PROVIDENCIA I, perteneciente a la Central Venezuela y Agrícola Torondoy so pena de incurrir en desacato a la orden impartida por este Juzgado Superior Agrario en fecha primero (1°) de septembre de 2010. (FIRMARÁ Y DEVOLVERÁ COMO
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JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO Y COMRETENCIA EN EL ESTADO FALCÓN Maracaibo, siete (07) de enero de 2015 204Y 155°
CARTEL DENOTIFICACIÓN SE HACE SABER:
Al ciudadano PEDRO ANTENAS, venezolano, mayor de edad, títular de la cédula de identidad N° 13.720.746, que en el expediente signado bajo e N° 833 de la nomenclatura llevada por este Tribunal contentivo de la MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA, solicitada por la JUNTA ADMINISTRADORA PRO-TÉMPORE DE LAS INSTALACIONES QUE ERAN PROPIEDAD DEL CENTRAL AZUCARERO VENEZUELA Y AGRÍCOLA TORONDOY, suficientemente identificada en actas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS; ordenó su notificación a los fines de hacer de su conocimiento que mediante auto dictado en esta misma fecha, se le ordenó que se abstenga de sembrar nuevos rubros en los tablones PROVIDENCIA y PROVIDENCIA I, perteneciente a la Central Venezuela y Agrícola Torondoy so pena de incurrir en desacato a |a orden impartida por este Juzgado Superior Agrario en fecha primero (1°) de septembre de 2010. FIRMARÁ Y DEVOLVERÁ COMO ANADE.V.
CONSTANCIA DE HABER SIDO NOTIFICADO.-F.-.-
EL JEASUPERIGR.
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JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JÚDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO Y COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCÓN Maracaibo, siete (07) de enero de 2015 204° Y 155°
CARTEL DE NOTIFICACIÓN SE HACE SABER:
Al ciudadano HÉCTOR NIEVES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 18.220.729, que en el expediente signado bajo el N° 833 de la nomenclatura llevada po: este Tribunal contentivo de la MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA, solicitada por la JUNTA ADMINISTRADORA PRO-TÉMPORE DE LAS INSTALACIONES QUE ERAN PROPIEDAD DEL CENTRAL AZUCARERO VENEZUELA Y AGRÍCOLA TOR$NDOY, suficientemente identificada en actas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TJERRAS; ordenó su notificación a los fines de hacer de sembrar nuevos rubros en los tablones PROVIDENCIA y PROVIDENCIA I, perteneciente a la Central Venezuela y Agricola Torondoy so pena de incurrir en desacato a ja orden impartida por este Juzgado Superior Agrario en fecha primero (1°) de septiembre de 2010. FIRMARÁ Y DEVOLVERÁ COMO
EL YUEP SUPERJOR.
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Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIALDE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICÁ BOLIVARIANÁ DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
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