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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 40.567

22 de diciembre de 2014 · 64 páginas
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Caracas, lunes 22 de diciembre de 2014

AÑO CXLII – MES III

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL Acuerdo mediante el cual se designa al ciudadano Tarek Willians Saab Halabi, como Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.

Acuerdo mediante el cual se designa al ciudadano Manuel Enrique Galindo Ballesteros, como Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela.

Acuerdo mediante el cual se designa a la ciudadana Luisa Marvelia Ortega Díaz, como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N°º_1.551, mediante el cual se nombra a la ciudadana Soraida Ramírez Osorio, como Presidenta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

Decreto N° 1.552, mediante el cual se nombra a la ciudadana Soraida Ramírez Osorio, como Presidenta de la Fundación «Misión José Gregorio Hernández».

Decreto Nº 1.553, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, la Fundación Poliedro de Caracas.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Junta Liquidadora de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos y del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios Providencia mediante la cual se transfiere a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), los Procedimientos Administrativos activos, llevados por el Instítuto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), y a esta Superintendencia.

Fondo de Compensación Interterritorial Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Joali Gabriela Moreno Pinto, como Gerente General (E) de este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DELDESPACHO DE LAPRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jorge Luis Oropeza Pariacano, como Director de la Dirección de Administración de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, en calidad de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se dicta la Homologación de los Rangos de los Funcionarios y Funcionarias Policiales de la extinta Policia Metropolitana de Caracas en condición de Jubilados y Pensionados por Invalidez.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Balmore José González Guerra, como Director (E) del Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Policía, de este Ministerio.

Oficina de Auditoría Interna Dirección de Determinación de Responsabilidades Auto Decisorio mediante el cual se declara la Responsabilidad Administrativa del Oficial José Manuel Bernal Amaya, asi como la Responsabilidad Civil (Formulación de Reparo) por el daño causado al Patrimonio de la República, y se declara la Firmeza en Sede Administrativa de la Decisión.- (Se reimprime por error de Imprenta).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARARELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual cesa en sus funciones el ciudadano Orlando Torrealba Jiménez, como Embajador extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Guatemala.

Número 40.567

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS Resolución mediante la cual se designa como Directores Principales de la Junta Directiva de la Corporación Ganadera Bravos de Apure, S.A., a los ciudadanos que en ella se indican.

Resolución mediante la cual se establece el subsidio al arroz paddy, maíz blanco y maíz amarillo de producción nacional en los estados Barinas y Portuguesa.

Resolución_mediante la cual se designa a_la ciudadana Lidia Nacaris Pérez de Altuve, como Directora General, Encargada, de la Dirección General de Circuitos Agricolas Forestal, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL, PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan.

Fundación Conciencia Televisión Providencia mediante la cual se autoriza a la ciudadana lliana Amengual Capdevielle, en su carácter de Gerente de Administración y Servicios Generales de esta Fundación, para movilizar lás Cuentas Bancarias de dicha Fundación, exclusivamente en conjunto con el Presidente y la Directora Ejecutiva, hasta por los montos máximos autorizados para cada uno de ellos, respectivamente.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO Resolución mediante la cual se establece las tarifas sobre los servicios y actividades conexas al sector acuático,_que presta el Institutó Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).

Junta Interventora del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Providencia mediante la cual se dicta las condiciones en las cuales se Regulan las Operaciones de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera hacia y en el territorio nacional.

MINISTERIO DELPODER POPULAR PARA LACULTURA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ella se señalan, como Cuentadantes responsables de las Unidades Administrativas, integrantes de la Estructura Financiera del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Económico Financiero 2015.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZAARMADANACIONAL BOLIVARIANA Orden Administrativa mediante la cual se anula por error material la Orden del Contralor CONGEFANB N° 007/2014, de fecha 14 de octubre de 2014, donde se delega en el Director de determinación de Responsabilidad Administrativa, ciudadano Coronel Juan Carlos Peñero, la facultad de refrendar documentos para la debida Certificación.

ALCALDÍA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO SAN JOAQUÍN Resoluciones mediante las cuales se otorga Pensión de Jubilación Especial, a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se especifican.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano Reinaldo Enrigue Muñoz Pedroza, como Viceprocurador General de la República Bolivariana de Venezuela; y se le delega la firma de los actos y documentos que en ellas se indican.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Tribunal Disciplinario Judicial Sentencia mediante la cual se declara la Responsabilidad Disciplinaria a la ciudadana Beatriz del Carmen Ceballos, en su condición de Jueza del Tribunal que en ella se menciona del estado Mérida, por haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en la Ley que en ella se especifica.

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ASAMBLEA NACIONAL República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Caracas - Venezuela LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En uso de las atribuciones, que le confiere el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo aprobado en sesión Extraordinaria del día 22 de diciembre de 2014.

ACUERDA

ÚNICO: Designar al ciudadano TAREK WILLIANS SAAB HALABI, titular de la Cédula de Identidad N° 8.459.301, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

DIOSDADO CABELLO ROWDÓN Presigénte de la Asambica Nacional BLANCAERKHOUT DARIO VIVAS VELASEO Segunda Vicepresidenta Primer Vicepresidenf es ANACI ELVIS JUNIOR AIDROBO FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ I.

Subsecretario /Secretario

República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Caracas - Venezuela LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En uso de las atribuciones, que le confiere el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo aprobado en sesión Extraordinaria del día 22 de diciembre de 2014.

ACUERDA

ENRIQUE GALINDO úNIco: Designar al ciudadano MANUEL BALLESTEROs, titular de la Cédula de Identidad N° 4.285.020, como Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN Presidente de la Asambiea Nacional DARIO VIVAS VELASEO BLANCA EKHOUT Segunda Vicepresidenta

ELVIS JUNIOR AIDROBO FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ I.

Subsecretario Secretarin

República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Caracas - Venezuela LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En uso de las atribuciones, que le confiere el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo aprobado en sesión Extraordinaria del día 22 de diciembre de 2014.

ACUERDA

ÚNICO: Designar a la ciudadana LUISA MARVELIA ORTEGA DÍAZ, titular de la Cédula de Identidad N° 4.555.631, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN Presidente de la Asambica Nacional DARIO VIVAS VELASEO BLANCAE&KHOUT Segunda Vioepresidenta Primer Vicepresidenfe

ELVIS JUNIOR RIDROBO FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ I.

Subsecretario Secretarin

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 22 de diciembre de 2014 Decreto Nº 1.551 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, de conformidad con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4º, 18, 19 y el numeral 7 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenado con el artículo 56 de la Ley para las Personas con Discapacidad.

DECRETO

Artículo 1°. Nombro a la ciudadana SORAIDA RAMÍREZ osoRI0, titular de la cédula de identidad N° V-10.074.531, Presidenta del CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS), con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2°. Delego en el Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, la juramentación de la referida ciudadana.

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Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO 22 de diciembre de 2014 Decreto N° 1.552 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, de conformidad con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4°, 18, 19 y el numeral 7 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenado con el artículo 6 del Decreto 498 de fecha 15 de octubre de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.280 de fecha 25 de octubre de 2013.

DECRETO

Artículo1°. Nombro a la ciudadana SORAIDA RAMIREZ titular de la cédula de identidad N° V-10.074.531, Presidenta de la FUNDACIÓN "MISIÓN JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ", con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2°. Delego en el Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, la juramentación de la referida ciudadana.

Articulo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

Decreto Nº 1.553 22 de diciembre de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226, de la Constitución de la República Boliváriana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2, 11 y 20 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con el artículo 118 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y los numerales2 y 3 del artículo 119ibidem, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que para el cumplimiento de los fines del Estado, el Ejecutivo Nacional debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social, para lo cual se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos,

CONSIDERANDO

Que es potestad del Ejecutivo Nacional, la organización de la Administración Pública Nacional, en sus niveles Central y Descentralizado, atendiendo al principio de competencia de los órganos de la Administración Pública, y en observancia a las competencias materiales que corresponden a cada uno de sus órganos y entes,

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CONSIDERANDO

Que el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, es el órgano rector encargado de la política de comunicación, información y publicidad del Gobierno Nacional, que oriente y promueva el acceso de todos los venezolanos y las venezolanas a la información oportuna, veraz, imparcial y sin censura,

CONSIDERANDO

Que la Fundación Poliedro de Caracas, se creó con el objetivo primordial de contribuir en la organización, producción, prestación y promoción de toda clase de espectáculos y eventos de carácter artístico y cultural, gratuitos o a precios populares, procurando el fomento a la educación y la cultura del pueblo venezolano, fomentando toda manifestación que propenda al fortalecimiento de la identidad caraqueña y la venezolanidad,

CONSIDERANDO

Que la Administración Pública Nacional debe optimizar la funcionalidad y aumentar la eficiencia en el cumplimiento del objeto de la Fundación Poliedro de Caracas, mediante su adscripción al órgano ministerial rector en la política de comunicación, información y publicidad de la gestión del Gobierno Nacional.

DECRETO

Artículo 1º. Se adsCribe al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN, la FUNDACIÓN POLIEDRO DE CARACAS, cuya creación fue autorizada mediante Decreto N° 1.695 de fecha 15 de enero de 1997, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.127 de fecha 16 de enero de 1997, cuya última reforma fue dictada mediante Decreto Nº 5.554 de fecha 04 de septiembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.762 de fecha 05 de septiembre de 2007.

Artículo 2º. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información ejercerá la administración, gestión, funcionamiento y operación de la Fundación Poliedro de Caracas, así como la administración de sus bienes. A tal efecto, se ordena a la Ministra para la Comunicación y la Información coordinar con el Jefe de Gobierno del Distrito Capital, la suscripción de una encomienda convenida donde dicho órgano ministerial asuma dichas actividades, hasta tanto se materialice la transferencia a título gratuito de los bienes de dicha Fundación.

Artículo 3°. Autorizar que el inmueble denominado "POLIEDRO DE CARACAS", sea administrado y operado por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, el cual podrá ejercer dichas facultades de manera directa, o a través del ente que a tal efecto designe.

Artículo 4°. Autorizar al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información a realizar todos los trámites jurídicos y administrativos necesarios para asegurar el traspaso de todos los derechos, recursos, contratos y convenios celebrados pOr la FUNDACIÓN POLIEDRO DE CÁRACAS.

Artículo 5º. La variación de adscripción a que se refiere el artículo anterior, será incluida en la futura reforma del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional.

Artículo 6º. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, realizará todos los trámites necesarios para protocolizar la reforma del Acta Constitutiva Estatutaria de la FUNDACIÓN POLIEDRO DE CARACAS, por ante el Registro Público correspondiente, a los fines de adaptar las a lo previsto en el presente Decreto, y velará porque se haga efectiva su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

Artículo 7°. El Consejo Directivo de la FUNDACIÓN POLIEDRO DE CARACAS, queda constituido por las ciudadanas y ciudadanos que se indican a continuación:

PRESIDENTA:

JACQUELINE COROMOTO FARIA PINEDA C.I. V- 5.051.541 MIEMBROS SUPLENTES MIEMBROS PRINCIPALES CÉSAR GABRIEL TRÓMPIZ EDITH A JOHANNA BRIONES VÉLEZ CECCONI C.I. N° V-16.923.784 C.I. N° V- 13.493.653 JOSÉ JESÚS GÓMEZ GUSTAVO ADOLFO ARREAZA MARCANO MONTSERRAT C.I. N° V- 6.563.568 C.I. N° V- 12.225.925 FREDDY ALFRED ÑAÑEZ FÉLIX RAMÓN PLASENCIA GONZÁLEZ CONTRERAS C.I. N° V- 6.366.780 C.I. N° V- 13.113.260 ALEJANDRO MIGUEL LÓPEZ BLANCA ELENA REY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ C.I. Nº V- 11.043.139 C.I. Nº V- 15.913.400

Artículo 8º. La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, queda encargada de la ejecución del presente Decreto.

Artículo 9º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

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Refrendado La Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) VLADIMIR PADRINO LÓPEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO 5 3 Refrendado El Ministro del poder popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.

(L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) JACQUELINE COROMOTO FARIA PINEDA Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUNTA LIQUIDADORA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS Y DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS

Caracas, 15 de diciembre de 2014 204° 155° y 15°

Providencia Nº 004/2014

La Junta Liquidadora de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (SUNDECOP) y del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), designada mediante Decreto Presidencial N° 796, de fecha 18 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta

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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 40.358, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 23, del artículo 7, del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Precios Justos, sobre el Régimen de Supresión del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (SUNDECOP), a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el único aparte del artículo 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Precios Justos, concatenado con su Disposición Transitoria Tercera, en aras de garantizar la seguridad jurídica, la protección y libre ejercicio de los derechos de los particulares, acordó dictar la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

ARTícuLo 1. Transferir a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), los Procedimientos Administrativos activos, llevados por el Instituto para la Defensa de las Personas en elAcceso a los BienesyServicios (INDEPABIS), y la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (SUNDECOP), para que conozcan, sustancien y decidan conforme a las leyes aplicables.

La Junta Liquidadora y la SUNDDE suscribirán las Actas de Entrega necesarias para la materialización de las transferencias a que se refiere el presente artículo, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento y demás leyes aplicables.

ARTícuLo 2. Transferir a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), los Procedimientos Administrativos activos relacionados con las actividades que a cada uno de los organismos citados competa, para que dentro del marco legal especial que los rige, conozcan, sustancien y decidan dichos procedimientos.

La Junta liquidadora, a los fines de formalizar la transferencia a que se refiere el presente artículo, realizará entrega material de los expedientes administrativos relacionados con cada denuncia, mediante un Acta de Entrega Material, que deberá ser suscrita por la Junta y el Ente receptor.

ARTícuLo 3. Transferir al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, en la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, los Procedimientos Administrativos activos relacionados con estafa inmobiliaria, para que conozca, sustancie y decida dichos procedimientos. Así mismo podrá revisar y resolver las Medidas impuestas por los organismos en supresión.

La Junta liquidadora, a los fines de formalizar la transferencia a que se refiere el presente artículo, realizará entrega material de los expedientes administrativos relacionados con cada denuncia, mediante un Acta de Entrega Material, que deberá ser suscrita por la Junta y el Ente receptor.

ARTícuLo 4. Esta Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, DEYANIRA BRICEÑO GARCÍA Presidenta Decreto N° 796 Gaceta Oficial N° 40.358 de fecha 18 de febrero de 2014 NAHUNIMAR JOSÉ MIGUEL ANGEL CASTILLO VÍVENES ZAPATA TORRES Miembro Principal Miembro Principal Decreto N° 796 Decreto N° 796 Gaceta Oficial N° 40.358 Gaceta Oficial N° 40.358 de fecha 18 de febrero de 2014 de fecha 18 de febrero de 2014 Dsuabr1.

S RUBÉN ERNESTO REINALDO RAFAEL MORENO VÁSQUEZ SIMANCAS QUIÑONES Miembro Principal Miembro Principal Decreto N° 796 Decreto N° 796 Gaceta Oficial N° 40.358 Gaceta Oficial N° 40.358 de fecha 18 de febrero de 2014 de fecha 18 de febrero de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA PROVIDENCIA NÚMERO 0044, CARACAS 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

204° 155° y 15° El Director Ejecutivo (E) del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante la Resolución N° 032 de fecha 11 de Octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.270 de fecha 11 de octubre de 2013, corregida mediante la Resolución N° 036 de fecha 15 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.272 de fecha 15 de octubre de 2013, numeral 6 de la Resolución N° 002 de fecha de 26 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.433 de fecha 13 de junio de 2014 y de las disposiciones contenidas en la Reforma Parcial Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno dictada mediante Resolución N° 0030 de fecha 30 de julio de 2013, publicada mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.229 de fecha 15 de agosto de 2013, y los artículos 34 y 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 extraordinaria de fecha 17 de noviembre de 2014, decide:

Primero. Designar a la ciudadana JOALI GABRIELA MORENO PINTO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. v- 13.218.824, como GERENTE GENERAL (E) del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) del Consejo Federal de Gobierno, cargo adscrito a la Dirección Ejecutiva.

Segundo. Delegar en la prenombrada ciudadana, la firma de los actos y documentos siguientes:

1) Comunicaciones y Oficios tanto internos como externos, que emanen del Fondo de Compensación Interterritorial.

2) Certificación de todos los documentos que reposen en los archivos y expedientes del Fondo de Compensación Interterritorial.

Tercero: Los actos y documentos que la prenombrada suscriba de conformidad con esta Providencia, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Providencia y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Cuarto: La presente designación entrará en vigencia a partir del 26 de Noviembre de 2014.

GUY VERNÁEZ HERNÁNDEZ Director Ejecutivo (E) Fondo de Compensación Interterritorial Resolución N° 032, publicada en la Gacela Oficial de la Repúbica Bolivariana de Venezuela, N° 40.270 de fecha 11 de octubre de 2013, corregida mediante la Resolución N° 038, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela N° 40 272 de fecha 15 de octubre de 2013 y Resolución N° 002 de fecha 26 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.433 de fecha 13 de junio de 2014.

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno Despacho del Ministro Caracas, 12 de diciembre de 2014 204°, 155° y 15º RESOLUCIÓN Nº 096-14 El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, CiUdadanO CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad Nº v-6.397.281, designado mediante Decreto N° 877, de fecha 03 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.386, de la misma fecha; en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78, numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor _y. Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014; y de conformidad con lo establecido en los artículos 5 numeral 2, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 6 de septiembre de 2002. RESUELVE

PRIMERO: Designar al ciudadano JORGE LUIS OROPEZA PARIAcANO, titular de la cédula de identidad Nº V-13.748.028, COMO DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en calidad de encargado; quedando facultado para ejercer las atribuciones previstas en los artículos 13 y 14 del Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, contenido en Resolución Nº 052-13, de fecha 21 de octubre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.282, de fecha 29 de octubre de 2013.

sEGunDo: Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente.

TERCERO: Mediante la presente Resolución juramento al referido ciudadano.

cuArTo: La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese.

U

CARLOS ALBEBTO OSORIO ZAMBRANO Ministro del Roder PopulardelDespacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno HNISTE

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DE LA MINISTRA 204°, 155° y 15° 479 ECHA: 22 DIC. 2014 N° RESOLUCIÓN según Decreto N° 1.345 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de la misma fecha, en ejercicio de las competencias que le confieren los numerales 2, 3, 12, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo establecido en el artículo 3 numerales 2, 3, 10 y 18 del Decreto N° 8.121, de fecha 29 de marzo de 2011, mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (hoy Relaciones Interiores, Justicia y Paz), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.644, de la misma fecha, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 17 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; en concordancia con el artículo 21 numeral 3 del Decreto N° 9.045 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial, ambos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 Extraordinario de fecha 7 de diciembre de 2009;

y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 y la Disposición Transitoria Primera y Tercera de la Resolución N° 169 de fecha 25 de junio de 2010, mediante la cual se dictan las Normas relativas al Proceso de Homologación y Reclasificación de Grados y Jerarquías de los Funcionarios y Funcionarias Policiales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.453 de la misma fecha, CONSIDERANDO Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la protección de los Derechos Humanos representa un deber supremo, traducido en la obligación para el Estado Venezolano de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar de todos sus derechos fundamentales y sociales, así como de garantizar las condiciones jurídicas y administrativas para que todas las personas sean iguales ante la Ley de manera real y efectiva.

CONSIDERANDO Que corresponde al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz adoptar las medidas necesarias para la dirección, administración y funcionamiento de la Policía Metropolitana de Caracas, así como dirigir y controlar las actividades policiales, los recursos humanos y materiales de la referida policía, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 5.814, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.853 de fecha 18 de enero de 2008, CONSIDERANDO Que de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial, deberá procederse a la homologación y reclasificación de los grados y jerarquías de los funcionarios y funcionarias policiales en condición de jubilación, CONSIDERANDO Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución N° 169, de fecha 25 de junio de 2010, mediante la cual se dictan las Normas relativas al Proceso de Homologación y Reclasificación de Grados y Jerarquías de los Funcionarios y Funcionarias Policiales, deberán regularse los procedimientos transitorios para la homologación y reclasificación de los grados y jerarquías de los funcionarios y funcionarias policiales, en condición de jubilación, a la nueva organización jerárquica de la carrera policial establecida en el mencionado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial, CONSIDERANDO Que corresponde al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dirigir, orientar, supervisar, evaluar y controlar los procedimientos transitorios para la homologación y reclasificación de los rangos y jerarquías de los funcionarios y funcionarias policiales en condición de jubilados, CONSIDERANDO Que la Resolución N° 169 de fecha 25 de junio de 2010, mediante la cual se dictan las Normas relativas al Proceso de Homologación y Reclasificación de Grados y Jerarquías de los Funcionarios y Funcionarias Policiales, no contempla dentro de los

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procedimientos transitorios la homologación y reclasificación de los grados y jerarquías de los funcionarios y funcionarias policiales que se encuentran en condición de pensionados por invalidez, a la nueva organización jerárquica de la carrera policial establecida en el mencionado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial,

CONSIDERANDO Que el Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía, mediante la Resolución N° 0015 de fecha 6 de febrero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.858 de la misma fecha, designó al Equipo Técnico Transitorio de Homologación y Reclasificación de grados y jerarquías de los funcionarios y funcionarias policiales en condición de jubilación del suprimido Cuerpo de Policía Metropolitana de Caracas, dando cabal cumplimiento a las diferentes fases del procedimiento de homologación,

RESUELVE Dictar la siguiente:

HOMOLOGACIÓN DE LOS RANGOS DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS POLICIALES DE LA EXTINTA POLICÍA METROPOLITANA DE CARACAS EN CONDICIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POR INVALIDEZ.

Homologación Artículo 1. Se homologan los rangos de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS (8.366) funcionarios y funcionarias policiales de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, en condición de jubilados y pensionados por invalidez, de acuerdo con la nueva organización jerárquica de la carrera de policía establecida en el Decreto N° 9.045 con Rango Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial, según los rangos que se señalan en la presente Resolución:

Nóminas publicadas en N° de Funcionarios la página web oficial del Funcionarias y Proceso Ministerio del Poder Policiales jubilados de Homologación Popular para Relaciones y pensionados por Interiores, Justicia y Paz invalidez (Anexos) COMISIONADO JEFE / 67 (Ver anexo N° 1) COMISIONADA JEFE COMISIONADO AGREGADO / 134 (Ver anexo N° 2) COMISIONADA AGREGADA COMISIONADO / 640 (Ver anexo N° 3) COMISIONADA SUPERVISOR JEFE / 1193 (Ver anexo N° 4) SUPERVISORA JEFE SUPERVISOR AGREGADO / 739 (Ver anexo N° 5) SUPERVISORA AGREGADA SUPERVISOR / 1007 (Ver anexo N° 6) SUPERVISORA OFICIAL JEFE / 1263 (Ver anexo N° 7) OFICIAL JEFA OFICIAL AGREGADO / 367 (Ver anexo N° 8) OFICIAL AGREGADA OFICIAL (Ver anexo N° 9) 2956 Asignación del Nuevo Rango Artículo 2. El Director o Directora del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en virtud de la Supresión y Liquidación de la Policía Metropolitana de Caracas y la transferencia de los funcionarios y las funcionarias policiales Jubilados y pensionados por invalidez del extinto cuerpo policial al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, procederá a dictar o refrendar los actos administrativos de efectos particulares que sean necesarios para la asignación del nuevo rango de cada funcionario o funcionaria policial, conforme a las previsiones contenidas en la Resolución N° 169 contentiva de las Normas relativas al Proceso de Homologación y Reclasificación de Grados y Jerarquías de los Funcionarios y Funcionarias Policiales.

Efectos Artículo 3. Los efectos de la homologación de rangos a que se refiere la presente Resolución, serán considerados a partir del 1º de noviembre de 2014.

Vigencia Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

MINISTRA CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS MINISTRA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DE LA MINISTRA 204°, 155° y 15º 4 80 FECHA:_ DIC. 2014 Nº RESOLUCIÓN La Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designada mediante Decreto N° 1.345 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de la misma fecha, en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto No 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo establecido en el artículo 5, numeral 2, artículo 20 numeral 6 y artículos 71 y 72 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; y lo previsto en el artículo 4 literal A, numeral 3, del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, (actualmente Relaciones Interiores, Justicia y Paz); Designa al ciudadano BALMoRE JOSÉ GONZÁLEZ GUERRA, titular de la cédula de identidad N° V-12.836.449, como Director (E) del Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Policía, de este Ministerio.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

CARMEN TERESA MELENDEZ RIVAS MINISTRA MINISTRA

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Caracas, 20 de noviembre del 2014 AUTO DECISORIO Nº MPPRIJP-AI-PADR-012-2014 204º, 155º y 150

CAPÍTULO I NARRATIVA

A.- ANTECEDENTES.

Quien suscribe, Germán RafaelLaverde, titular de la cédula de identidad N° v-3.400.167, Director General Encargado de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado mediante Resolución Ministerial Nº 124 de fecha 07 de Mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.161 de fecha 07 de Mayo de 2013, en ejercicio de la competencia consagrada en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Contrc Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, siendo la oportunidad legal prevista en el artículo 103 eiusdem, y de conformidad con la atribución conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de esta Oficina de Auditoría Interna, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, para decidir el Procedimiento Administrativo tramitado en este Órgano de Control Fiscal, con motivo al presunto hecho irregular, que consta en las actuaciones administrativas practicadas al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, las cuales fueron remitidas a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, mediante Memorando N° DCP-062 de fecha 05 de agosto de 2014, recaudos que constan en el Expediente Administrativo identificado con las siglas y número P0TEST. INV. 013-2014, (Nomenclatura de la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna), que cursan a los folios uno (01) al ochenta y cinco (85) del expediente administrativo, relacionados con el presunto robo de un Bien Público, correspondiente a un arma de reglamento, Tipo Pistola, Marca: Beretta, Modelo: PX4 Storm, Calibre: 9mm, Serial: PX5932E y de su respectivo cargador; que estaban adscritos a este Ministerio por Órgano del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y que había sido asignado al precitado funcionario para el cumplimiento de la función policial; mediante el presente Auto Decisorio, hago constar que en el mismo, las siglas LocGRysncF, se refieren a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

B.- PRESUNTO HECHO IRREGULAR INVESTIGADO.

De los recaudos y documentos que cursan en el expediente administrativo identificado con las siglas y número P0TEST. INV. 013-2014 (Nomenclatura de la Dirección de Control Posterior), remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, revelan fundados indicios del siguiente hecho, que se presume irregular y el cual se destaca:

El presunto robo de un Bien Público, correspondiente a un arma de reglamento, Tipo Pistola, Marca: Beretta, Modelo: PX4 Storm, Calibre: 9mm, Serial: Px5932E y su respectivo cargador; que estaban adscritos a este Ministerio por Órgano del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y que habían sido asignados al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, para el cumplimiento de la función policial.

Sobre la base del hecho antes descrito, se dio inicio al Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, mediante Auto de fecha 22 de septiembre de 2014, toda vez que el mismo constituye una presunta irregularidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 numeral 2 de la LoCGRYSNCF, en lo atinente a la imprudencia.

En el contenido del citado Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, se describió el hecho presuntamente irregular investigado, se identificó como presunto responsable de su comisión, al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad Nº v-19.293.443, y con domicilio en la Calle Guaicapuro, Vereda 2, Casa N° 03, Sector Los Magallanes de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, se le indicó los elementos probatorios y las razones que, presumiblemente, comprometían la responsabilidad del imputado, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la LOCGRYSNCF y 88 de su Reglamento.

C.- DE LA SUSTANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

Los principales recaudos y actuaciones que cursan en el expediente de Potestad Investigativa identificado con las siglas y número PoTEST. INV.

013-2014, son los siguientes:

1.Auto de Proceder Nº 013-2014 de fecha 20 de junio de 2014, dictado por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, mediante el cual ordeno iniciar Ia Potestad Investigativa en contra del Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, cursante a los folios cuarenta y seis (46) al cuarenta y nueve (49) y sus ., respectivos vueltos, del expediente administrativo.

2.Oficio Nº DCP-DG-OAI-270 de fecha 25 de junio de 2014, dirigido a la ciudadana Claudiana Rangel, Directora de Control del Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública de la Contraloría General de la República, cursante al folio cincuenta (50), del expediente administrativo.

3.Oficio N° DCP-020 de fecha 20 de junio de 2014, mediante el cual se le notificó del inicio de la Potestad Investigativa al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, cursante a los folios cincuenta y uno (51) al cincuenta y cuatro (54) y sus respectivos vueltos, del expediente administrativo.

4.Oficio N° DCP-021 de fecha 20 de junio de 2014, mediante el cual se citó al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, para que rindiera declaración en calidad de interesado legítimo, cursante al folio cincuenta y cinco (55), del expediente administrativo.

5.Acta de entrevista de fecha 08 de julio de 2014, rendida por el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, ante la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, cursante a los folios cincuenta y seis (56) al cincuenta y ocho (58) y su vuelto, del expediente administrativo.

6.Auto de incorporación de Documentos de fecha 08 de julio de 2014, cursante al folio cincuenta y nueve (59), del expediente administrativo.

7.Auto de Admisión de Pruebas de fecha 08 de julio de 2014, cursante al folio setenta (70) y su vuelto, del expediente administrativo.

8.Auto de Incorporación de Documentos de fecha 11 de julio de 2014, cursante al folio setenta y uno (71), del expediente administrativo.

9.Auto de Admisión de Pruebas de fecha 11 de julio de 2014, cursante al folio setenta y cinco (75), del expediente administrativo.

10. Auto de cierre para consignar argumentos y promover pruebas e inicio del lapso de evacuación de fecha 14 de julio de 2014, cursante al folio setenta y seis (76), del expediente administrativo.

11. Auto de cierre del lapso para la evacuación de pruebas e inicio del lapso para presentar el informe de resultados de fecha 05 de agosto de 2014, cursante al folio setenta y siete (77), del expediente administrativo.

12. Punto de Cuenta DCP-PC-Nº 035 de fecha 05 de agosto de 2014, mediante el cual el ciudadano Germán Rafael Laverde, Director General Encargado de ésta Oficina de Auditoría Interna aprobó la suscripción del Informe de Resultados, cursante al folio setenta y ocho (78), del expediente administrativo.

13. Informe de fecha 05 de agosto de 2014, contentivo de los Resultados de la Investigación realizada por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, cursante a los folios setenta y nueve (79) al ochenta y cuatro (84) y sus respectivos vueltos, del expediente administrativo.

14. Memorando Nº DCP-062 de fecha 05 de agosto de 2014, mediante el cual la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, remitió expediente administrativo signado bajo el N° POTEST. INV. 013- 2014, a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de esta-Oficina

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de Auditoría Interna, cursante al folio ochenta y cinco (85), del expediente administrativo.

contentivo del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades identificado con las siglas y número MPPRIJP-AI- PADR-012-2014, son los siguientes:

1.Auto motivado de fecha 09 de septiembre de 2014, fundamentado en la valoración del informe de resultados y de los recaudos contenidos en el expediente administrativo identificado con las siglas y número POTEST. INV.

013-2014 (Nomenclatura de la Dirección de Control Posterior), cursante a los folios ochenta y seis (86) al noventa y dos (92) y sus respectivos vueltos, del expediente administrativo.

2.Punto de Cuenta N° 050-2014 de fecha 09 de septiembre de 2014, mediante el cual el ciudadano Germán Rafael Laverde, Director General Encargado de este Órgano de Control Fiscal Interno, aprobó iniciar un Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, en contra del Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad No v-19.293.443, cursante al folio noventa y tres (93), del expediente administrativo.

3.Punto de Cuenta Nº 053-2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, mediante el cual el ciudadano Germán Rafael Laverde, Director General Encargado de este Órgano de Control Fiscal Interno, aprobó el Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, en contra del Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° v-19.293.443, cursante al folio noventa y cuatro (94), del expediente administrativo.

4. Acta de fecha 22 de septiembre de 2014, mediante el cual se acuerda la Incorporación del Auto de Inicio, al expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la LocGRysNCF, cursante al folio noventa y cinco (95), del expediente administrativo.

5. Auto de Inicio de fecha 22 de septiembre de 2014, dictado por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de esta Oficina de Auditoría Interna, a través del cual se ordenó la apertura de un Procedimiento Administrativo Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, cursante a los folios noventa y seis (96) al ciento cinco (105) y sus respectivos vueltos, del expediente administrativo.

6. Oficio N° DG-OAI-DDR-119-514 de fecha 23 de septiembre de 2014, dirigido a la ciudadana Mercedes de Blanco, Directora de Control del Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública de la Contraloría General de la República, a través del cual se remitió un ejemplar del Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, cursante al folio ciento seis (106), del expediente administrativo.

7.Oficio Nº MPPRIP-AI-DDR-122 de fecha 24 de septiembre de 2014, mediante el cual el día 01 de octubre de 2014, se le notificó al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, ya identificado, de la Apertura del Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades iniciado en su contra, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la LocGRysNCF, valoración de los documentos probatorios cursantes al expediente, se acordó formularle cargos al precitado funcionario, por la presunta imprudencia, demostrada en la preservación y salvaguarda de un Bien Público correspondiente a un arma de reglamento Tipo Pistola, Marca: Beretta, Modelo: PX4 Storm, Calibre: 9mm, Serial: PX5932E y su respectivo cargador, cuya custodia le habían sido confiadas para el cumplimiento de la función policial, cursante a los folios ciento ocho (108) y ciento nueve (109) y su vuelto, del expediente administrativo.

8. En la notificación en referencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con el artículo 91 de su Reglamento, se le informó al precitado funcionario, que contaba con el término de quince (15) días hábiles siguientes, de practicada su notificación, para que indicara las pruebas que producirían en el acto oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley eiusdem, así como para que consignara los medios de pruebas documentales y testimoniales, de que disponía el imputado y que a su juicio, desvirtuaran el presunto hecho que se le imputo mediante Auto de Inicio de fecha 22 de septiembre de 2014; asimismo se le comunicó que en virtud de la notificación en comento, quedaba a derecho para todos los efectos de este Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, a tenor de lo indicado en el artículo 98 de la referida Ley.

9.Auto de incorporación de documento de fecha 22 de octubre de 2014, mediante el cual se dejó constancia, que el presunto responsable presentó ante esta Oficina de Auditoría Interna, escrito constante de dos (2) folios útiles y sus anexos integrados por cinco (05) folios útiles, cursante al folio ciento diez (110), del expediente administrativo.

10. Auto de fecha 23 de octubre de 2014, mediante el cual la Dirección de Determinación de Responsabilidad de esta Oficina de Auditoría Interna, fijó el décimo quinto (15) día hábil siguiente, para la celebración del acto oral y público, con la finalidad de que el interesado o su(s) apoderado(s), expresaran los argumentos que les asisten para la mejor defensa de sus intereses, cursante al folio ciento dieciocho (118), del expediente administrativo.

11.Punto de Cuenta Nº 059-2014 de fecha 23 de octubre de 2014, mediante % el cual el ciudadano Germán Rafael Laverde, Director General Encargado de * este Órgano de Control Fiscal, aprobó fijar el décimo quinto (15º) día hábil siguiente, para la celebración del acto oral y público, con la finalidad de que el presunto responsable o su(s) apoderado(s) legal(es) expresen en forma oral y pública, ante el titular del Órgano de Control Fiscal, los argumentos que consideran le asisten para la mejor defensa de sus intereses, cursante al folio ciento diecinueve (119), del expediente administrativo.

12.Acta de fecha trece (13) de noviembre del 2014, mediante la cual se dejó constancia de la celebración del acto oral y público, cursante a los folios ciento veinte (120) al ciento veintitrés (123) y sus vueltos, del expediente administrativo.

CAPÍTULO II MOTIVA PARA LA A. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Análisis del hecho y supuesto generador de Responsabilidad Administrativa.

Una vez expuesto lo anterior, quien suscribe tiene a bien referirse a las actuaciones administrativas practicadas al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, las cuales fueron remitidas a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, mediante Memorando Nº DCP-062 de fecha 05 de agosto de 2014, recaudos que constan en el expediente administrativo distinguido con las siglas y número POTEST. INV. 013-2014, (Nomenclatura de la Dirección de Control Posterior), con ocasión al hecho que se describe a continuación:

El día 13 de diciembre de 2011, siendo aproximadamente las 05:00 a.m., el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, ya identificado, se dirigía hasta la estación del Metro de Propatria, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, con la finalidad de trasladarse hasta el Servicio de Vías Rápidas (Helicoide), para recibir su guardia, y cuando se desplazaba por la calle principal de Propatria, en las inmediaciones del Colegio la Presentación, fue presuntamente interceptado por dos (2) sujetos desconocidos, quienes se desplazaban abordo de una moto, Yamaha, marca XT, color azul, y portando armas de fuego, le indicaron que se detuviera y que alzada las manos, percatándose que dicho funcionario se encontraba armado, motivo por el cual uno de los sujetos lo apuntó en la cabeza y lo despojó, de su arma de reglamento Tipo Pistola, Marca: Beretta, Modelo: Px4 Storm, Calibre: 9mm, Serial: Px5932E y su respectivo cargador; tal hecho se desprende del informe de fecha 13 de diciembre de 2011, dirigido por el precitado funcionario a la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que riela al folio tres (03) y su vuelto del expediente administrativo.

En consonancia con lo anterior, resulta oportuno acotar, que el presunto robo del identificado Bien Público y de su respectivo cargador, ocurrió cuando el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, estaba franco de servicio;

es decir, que no se encontraba desempeñando la función policial, puesto que el día de la ocurrencia del hecho supuestamente irregular, el precitado funcionario presuntamente se dirigía a recibir su guardia en el Servicio de Vías Rápidas (Helicoide) a las 5:30 a.m., tal como lo reconoció en el informe antes indicado; hecho que fue ratificado en la respuesta ofrecida a la pregunta formulada e identificada como cuarta (4), de su acta de entrevista de fecha 08 de julio de 2014, rendida ante la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, que riela a los folios cincuenta y siete (57) y cincuenta y ocho (58) y su vuelto del expediente administrativo.

Sin embargo, la afirmación referida a que se dirigía a cumplir con la función policial carece de asidero legal, puesto que se evidencia de la Orden de los Servicios de fecha 13 de diciembre de 2011, suscrita por el Supervisor Agregado (CPNB) Rafael Suárez, Supervisor (E) de patrullaje vehicular Grupo "A" y por la Comisionada (CPNB) Lupi Arellano Lisbey, quien para la fecha se desempeñaba como Jefa del Servicio Vías rápidas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que riela a los folios cuarenta (40) al cuarenta y uno (41) encontraba reflejado en la relación del personal policial que cumplirá funciones ese día en un horario comprendido desde las 07:00 a.m. hasta 18:00 p.m.

En este orden, es oportuno señalar aquí, el Oficio CPNB-DN-N° 001651 de fecha 29 de marzo de 2011, que riela al folio veintiuno (21) del expediente administrativo, suscrito por el ciudadano Luís R. Fernández D, quien para la fecha se desempeñaba como Director Nacional (E) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), mediante el cual informó a esta Oficina de Auditoría Interna, sobre los lineamientos impartidos por ese cuerpo policial en cuanto al uso y custodia que deben otorgarle los funcionarios policiales a los bienes nacionales que le son asignados para el cumplimiento de la función policial, y que se encuentran vigentes desde el 20 de Diciembre de 2009, y a tal efecto señala lo siguiente: "..la dotación individual (arma, chaleco antibalas, uniforme, correaje, esposa, bastón plegable), de los funcionarios adscritos a este cuerpo policial es de carácter permanente, están autorizados a tenerlo bajo su custodia aun cuando no estén dentro del ejercicio de la función policial, a excepción del Radio Transmisor el cual debe reintegrarse en la oficina correspondiente una vez culminada la jornada laboral.

No obstante de que exista este lineamiento, conviene considerar la conducta desplegada por el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, para el resguardo del arma de reglamento y de su respectivo cargador, que le fue asignada para el cumplimiento de su función policial, mediante Acta de Entrega de Bienes Nacionales, dotación de equipos para la actuación policial de fecha 21 de septiembre de 2010, que riela a los folios once (11) y su vuelto,

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veinticuatro (24) y veinticinco (25), del expediente administrativo, debidamente suscrita por el precitado funcionario, y refrendada con su huella dactilar al momento de recibirla, a través de la cual asumió la responsabilidad del cuidado y uso que se debe en la utilización y administración de los bienes nacionales bajo su custodia; asimismo, se incorpora al reverso de la misma, las Reglas Fundamentales de Seguridad con Armas de Fuego, donde se destaca el compromiso de cuidar y preservar el arma en un lugar seguro, y a tal efecto expresa lo siguiente:

DECLARACIÓN DEL FUNCIONARIO O FUNCIONARIA "El Funcionario recibe en este acto, los bienes antes identificados en perfecto estado y apto para su uso, igualmente asume la responsabilidad del cuidado y diligencia que se debe en la utilización y administración de los bienes nacionales bajo su custodia, comprometiéndose hacer uso de los equipos en ejercicio de sus funciones con ética, legalidad, transparencia, proporcionalidad y humanismo con estricto apego al respeto y garantías de los derechos humanos. Declaxando conocer la normativa legal aplicable en caso de ocurrir alguna irregularidad con el bien (..Omissis)".

(...Omissis) REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD CON ARMAS DE FUEGO Igualmente, se informa al custodia del equipo asignado algunas recomendaciones en cuanto a la precaución que debe mantener para la manipulación del armamento asignado: "(..Omissis...) 4) Guarde sus armas en lugar seguro". Negrillas nuestras.

Es por ello, que tanto del Acta ut supra, como del informe de fecha 13 de diciembre de 2011, dirigido por el precitado funcionario a la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que riela al folio tres (03) y su vuelto del expediente administrativo, así como, del Acta de Entrevista de fecha 08 de julio de 2014, rendida por el presunto responsable José Manuel Bernal Amaya, ante la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, que cursa a los folios cincuenta y siete (57) y cincuenta y ocho (58) y su vuelto del expediente administrativo, igualmente, de la Orden de los Servicios de fecha 13 de diciembre de 2011, que cursa a los folios cuarenta (40) al cuarenta y uno (41) y sus respectivos vueltos, se desprenden suficientes elementos de convicción o prueba, que nos hacen presumir que el funcionario investigado desempeñó un comportamiento omisivo o imprudente al no adoptar una conducta diligente, tal como lo hubiera asumido un buen padre de familia, esto es, mediante un modelo de conducta caracterizada por un comportamiento serio y razonable, prudente y diligente ante una situación determinada;

conducta que trajo como consecuencia la pérdida del Bien Público antes descrito y su respectivo cargador, produciendo un presunto daño al patrimonio de la República; al demostrar falta de prudencia, de previsión o precaución en el cuido y guarda de los mismos, al decidir llevarlos consigo mientras transitaba por las adyacencias de la estación del metro Propatria, a sabiendas de que es una zona de alta peligrosidad tanto para la integridad física como para el resguardo de los bienes, contraviniendo las reglas impuestas al recibir el armamento (Acta de Entrega de Bienes Nacionales).

Se infiere que el deber de diligencia y cuidado que reside en un servidor público en preservar y salvaguardar los bienes o derechos del patrimonio del ente u organismo al cual presta servicios, así como la responsabilidad de custodiar el correcto uso de los Bienes que pertenecen al patrimonio público, constituye una obligación ineludible y esencial a la tutela del interés general.

De tal manera, que la conducta asumida por el presunto responsable, Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, fue supuestamente imprudente, por demostrar falta de prudencia, de precaución o previsión, al llevarlos consigo el día 13 de diciembre de 2011, encontrándose franco de servicio, cuando transitaba aproximadamente a las 05:00 de la mañana, por las adyacencias de la estación del metro Propatria, a sabiendas de que es una zona de alta peligrosidad tanto para la integridad física como para el resguardo de los bienes; no teniendo la prudencia, la precaución o previsión en el cuido y guarda del arma de reglamento Tipo Pistola, Marca: Beretta, Modelo: PX4 Storm, Calibre: 9mm, Serial: PX5932E y de su respectivo cargador; conducta que trajo como consecuencia la pérdida de los mismos, ocasionando un daño cierto, determinado y determinable al patrimonio de la República.

El hecho descrito, presuntamente podría configurar el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en lo atinente a la imprudencia, que establece lo siguiente:

Artículo 91: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

(...omissis...) 2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley..." (Negrillas nuestras).

El legislador, en el dispositivo anteriormente transcrito, enumera las formas de actuar (omisión, retardo, negligencia o imprudencia) que son vedadas al funcionario, que por su particular situación dentro del ente administrativo respectivo derivado del cargo que ostenta, incumpla sus deberes y funciones, sin que sea requerido que se materialice el daño.

De allí pues, que el funcionario público se presenta bajo la perspectiva de la normativa en comento, como sujeto de ser declarado responsable en lo administrativo, en el supuesto de verificarse el incumplimiento de deberes y funciones que se concretan en la preservación y salvaguarda de bienes, es decir, que la conducta del funcionario de la administración pública debe ser diligente, similar a la de un buen Pater-Familiae en lo referente a la preservación, cuidado, prudencia y salvaguarda de los bienes bajo su custodia y no una conducta irregular, negligente, imprudente, retardada u omisiva que sea la consecuencia directa del incumplimiento del deber del funcionario, que puede causar un perjuicio a los bienes o patrimonio séa del ente u organismo.

Siendo así, la imprudencia "es la falta de prudencia, de precaución, omisión de la diligencia debida, defecto de advertencia o previsión de alguna cosa.(...)".

Imprudencia: En el sentido amplio, se refiere a cualquier profesional que su actuación imprudente, derivada de su ineptitud, exceso de confianza o de cualquier otra causa similar, ocasione un daño a terceros, sancionable penal o civilmente (...) En este sentido, estaríamos en presencia de un funcionario público imprudente, al demostrar falta de previsión o precaución, en primer lugar decidir portar su arma de reglamento estando franco de servicio, a pesar de la supuesta situación irregular que le había sucedido el día 04 de marzo de 2013, y en segundo lugar al ostentar prendas personales de mucho valor (oro) que lo hicieron vulnerable a ser víctima del hampa.

Así pues, que para determinar si una conducta es o no imprudente, basta con precisar su actuación, derivada de su ineptitud, exceso de confianza o de cualquier otra causa similar, que ocasione un daño a terceros, sancionable penal o civilmente (...) Al respecto, la figura de la imprudencia, la doctrina patria en la autora Nélida Peña, en su obra "El Régimen de la Responsabilidad Administrativa", página 235, ha fijado posición en cuanto al supuesto generador de responsabilidad administrativa, en lo atinente a la imprudencia, señalando lo imprudencia, que es una conducta activa caracterizada por la falta de previsión o de precaución, puede dar lugar a que se configure el supuesto generador de responsabilidad administrativa...el funcionario en lugar de incurrir en la irregularidad por omisión o retardo, lo hace por acción, pero sin adoptar las debidas precauciones que le impone el ejercicio de un cargo que comporta la administración de bienes públicos...Desde luego... se produce un daño al patrimonio del ente y en general al patrimonio público...". (Negrillas nuestras).

Adicionalmente, la situación antes descrita pudo haber generado daño al patrimonio público, cantidad que asciende a CUATRO MIL oCHOCIENToS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 4.876,37), valor de la referida arma policial, tal como consta en la copia certificada de la Factura N° CXC/40003251 de fecha 02 de junio de 2010, emitida por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), que cursa a los folios doce (12) y veintitrés (23) del Expediente Administrativo;

situación que de ser verificada pudiera constituir causal de reparo, por lo que es preciso indicar lo establecido en el artículo 1.185 del Código Civil, el cual dispone:

imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.

Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho".

De allí que, el artículo 85 de la LoCGRYSNCF, establece lo siguiente:

Artículo 85.- Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas o investigaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como consecuencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno, así como por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos..." Esta responsabilidad civil especial encuentra su fundamento en la noción de responsabilidad propia del derecho natural, la cual postula como elemento esencial que nadie debe causar a otro un daño injusto y, en caso de producirse el mismo, debe ejercerse la respectiva acción resarcitoria a los fines de que dicho daño sea reparado.

B. RELACIÓN DE_ CAUSALIDAD DEL HECHO PRESUNTAMENTE IRREGULAR.

Una vez determinado el carácter presuntamente irregular del hecho investigado por este Órgano de Control Fiscal Interno, resulta necesario verificar la participación del funcionario investigado en la comisión del mismo.

-A- Relación de causalidad del Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443.

De la revisión de las pruebas documentales y testimoniales cursantes en autos, se desprende que el presunto responsable, Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° v-19.293.443, quien para la fecha de la ocurrencia del hecho, se encontraba adscrito al Grupo Motorizado "A" del Servicio de Vías Rápidas (Helicoide), del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), fue supuestamente imprudente en la

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preservación y salvaguarda del arma policial y de su respectivo cargador, cuya custodia le habían sido confiadas, al demostrar falta de prudencia, de precaución, omisión de la diligencia debida frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida por un buen padre de familia en lo referente a la preservación, cuidado y prudencia, en el uso y salvaguarda de los bienes bajo su cuidado; trayendo como consecuencia la pérdida de un Bien Público, correspondiente a un arma de reglamento, Tipo Pistola, Marca: Beretta, Modelo: PX4 Storm, Calibre: 9mm, Serial: Px5932E y de su respectivo cargador; ocasionando un daño cierto, determinado y determinable, al patrimonio de la República, al no dar estricto cumplimiento a lo establecido en el reverso del Acta de Entrega de Bienes Nacionales Dotación de Equipos para la Actuación Policial, suscrita por el referido funcionario en fecha 21 de septiembre de 2010, que riela a los folios once (11) y su vuelto, veinticuatro (24) y veinticinco (25), del expediente administrativo, y refrendada con su huella dactilar al momento de recibirla, que establece las Reglas Fundamentales de Seguridad con Armas de Fuego, donde se destaca el compromiso de guardar el arma en un lugar seguro, y a tal efecto expresa lo siguiente:

DECLARACIÓN DEL FUNCIONARIO O FUNCIONARIA "El Funcionario recibe en este acto, los bienes antes identificados en perfecto estado y apto para su uso, igualmente asume la responsabilidad del cuidado y diligencia que se debe en la utilización y administración de los bienes nacionales bajo su custodia, comprometiéndose hacer uso de los equipos en ejercicio de sus funciones con ética, legalidad, transparencia, proporcionalidad y humanismo con estricto apego al respeto y garantías de los derechos humanos. Declarando conocer la normativa legal aplicable en caso de ocurrir alguna irregularidad con el bien (..Omissis)".

(...Omissis) REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD CON ARMAS DE FUEGO Igualmente, se informa al custodia del equipo asignado algunas recomendaciones en cuanto a la precaución que debe mantener para la manipulación del armamento asignado: "(..Omissis) 4) Guarde sus armas en lugar seguro... Negrillas nuestras.

Así mismo, se evidencia de las pruebas analizadas, que el día 13 de diciembre de 2011, siendo aproximadamente las 05:00 a.m., el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, ya identificado, se dirigía hasta la estación del Metro de Propatria, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, con la finalidad de trasladarse hasta el Servicio de Vías Rápidas (Helicoide), para recibir su guardia, y cuando se desplazaba por la calle principal de Propatria, en las inmediaciones del Colegio la Presentación, fue presuntamente interceptado por dos (2) sujetos desconocidos, quienes se desplazaban abordo de una moto, Yamaha, marca XT, color azul, y portando armas de fuego, le indicaron que se detuviera y que alzada las manos, percatándose que dicho funcionario se encontraba armado, motivo por el cual uno de los sujetos lo apuntó en la cabeza y lo despojó, de su arma de reglamento Tipo Pistola, Marca: Beretta, Modelo: PX4 Storm, Calibre: 9mm, Serial: Px5932E y su respectivo cargador; tal hecho se desprende del informe de fecha 13 de diciembre de 2011, dirigido por el precitado funcionario a la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que riela al folio tres (03) y su vuelto del expediente administrativo.

En consonancia con lo anterior, resulta oportuno acotar, que el presunto robo del identificado Bien Público y de su respectivo cargador, ocurrió cuando el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, estaba franco de servicio;

es decir, que no se encontraba desempeñando la función policial, puesto que el día de la ocurrencia del hecho supuestamente irregular, el precitado de Vías Rápidas (Helicoide) a las 5:30 a.m., tal como lo reconoció en el informe antes indicado; hecho que fue ratificado en la respuesta ofrecida a la pregunta formulada e identificada como cuarta (4), de su acta de entrevista de fecha 08 de julio de 2014, rendida ante la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, que riela a los folios cincuenta y siete (57) y cincuenta y ocho (58) y su vuelto del expediente administrativo.

Sin embargo, la afirmación referida a que se dirigía a cumplir con la función policial carece de asidero legal, puesto que se evidencia de la Orden de los Servicios de fecha 13 de diciembre de 2011, suscrita por el Supervisor Agregado (CPNB) Rafael Suárez, Supervisor (E) de patrullaje vehicular Grupo "A" y por la Comisionada (CPNB) Lupi Arellano Lisbey, quien para la fecha se desempeñaba como Jefa del Servicio Vías rápidas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que riela a los folios cuarenta (40) al cuarenta y uno (41) y sus respectivos vueltos, del expediente administrativo, que el mismo no se encontraba reflejado en la relación del personal policial que cumplirá funciones ese día en un horario comprendido desde las 07:00 a.m. hasta 18:00 p.m.

Es por ello, que tanto del Acta ut supra, como del informe de fecha 13 de diciembre de 2011, dirigido por el precitado funcionario a la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que riela al folio tres (03) y su vuelto del expediente administrativo, así como, del Acta de Entrevista de fecha 08 de julio de 2014, rendida por el presunto responsable José Manuel Bernal Amaya, ante la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, que cursa a los folios cincuenta y siete (57) y cincuenta y ocho (58) y su vuelto del expediente administrativo, igualmente, de la Orden de los Servicios de fecha 13 de diciembre de 2011, que cursa a los folios cuarenta (40) al cuarenta y uno (41) y sus respectivos vueltos, se desprenden suficientes elementos de convicción o prueba, que nos hacen presumir que el funcionario investigado desempeñó un comportamiento omisivo o imprudente al no adoptar una conducta diligente, tal como lo hubiera asumido un buen padre de familia, esto es, mediante un modelo de conducta caracterizada por un comportamiento serio y razonable, prudente y diligente ante una situación determinada;

conducta que trajo como consecuencia la pérdida del Bien Público antes * presuntodaño descrito y su respectivo cargador, produciendo un al patrimonio de la República; al demostrar falta de prudencia, de previsión o precaución en el cuido y guarda de los mismos, al decidir llevarlos consigo mientras transitaba por las adyacencias de la estación del metro Propatria, a sabiendas de que es una zona de alta peligrosidad tanto para la integridad física como para el resguardo de los bienes, contraviniendo las reglas impuestas al recibir el armamento (Acta de Entrega de Bienes Nacionales).

Se infiere que el deber de diligencia y cuidado que reside en un servidor público en preservar y salvaguardar los bienes o derechos del patrimonio del ente u organismo al cual presta servicios, así como la responsabilidad de custodiar el correcto uso de los Bienes que pertenecen al patrimonio público, constituye una obligación ineludible y esencial a la tutela del interés general.

Es por esta conducta, que el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, ya identificado, fue supuestamente imprudente en la preservación y salvaguarda de un Bien Público, correspondiente, a un arma de reglamento Tipo Pistola, Marca: Beretta, Modelo: PX4 Storm, Calibre: 9mm, Serial.:. Px5932E y su respectivo cargador, por demostrar falta de prudencia, de precaución o previsión, al llevarlos consigo el día 13 de diciembre de 2011, encontrándose franco de servicio, cuando transitaba aproximadamente a las 05:00 de la mañana, por las adyacencias de la estación del metro Propatria, a sabiendas de que es una zona de alta peligrosidad tanto para la integridad física como para el resguardo de los bienes; no teniendo la prudencia, la precaución o previsión; conducta que trajo como consecuencia la pérdida de los mismos, ocasionando un daño cierto, determinado y determinable al patrimonio de la República.

Establecido lo anterior, tenemos que el hecho descrito, presuntamente podría configurar el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 91 de la LocGRysNCF, en lo atinente a la imprudencia, que establece lo siguiente:

Artículo 91: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

(...omissis.…..) 2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley...". (Negrillas nuestras).

Adicionalmente, la situación antes descrita pudo haber generado daño al patrimonio público, cantidad que asciende a CUATRO MIL oCHOCIENTos SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.

4.876,37), valor de la referida arma policial, tal como consta en la copia certificada de la Factura No CxC/40003251 de fecha 02 de junio de 2010, emitida por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), que cursa a los folios doce (12) y veintitrés (23), del Expediente Administrativo.

C.- ELEMENTOS PROBATORIOS DEL_ ILÍCITO_ ADMINISTRATIVO IMPUTADO.

Los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho presuntamente irregular, antes descrito, y la participación del funcionario, plenamente identificado en el mismo, que pudieran comprometer la responsabilidad administrativa y civil son los que a continuación se mencionan:

A. DOCUMENTALES.

A.1.- Trascripción de Novedad de fecha 13 de diciembre de 2011, suscrita por el Oficial Jefe (CPNB) Rafael Donaire, Jefe de Turno de Guardia, cursante al folio uno (01), del cual se extrae lo siguiente:

"..LLAMADA TELEFONICA RECIBIDA: La reCIbe el OFICIAL JEFE (CPNB) DONAIRE RAFAEL, CredenCial N° 0170, Jefe del Grupo "A" de 24 horas, por parte del OFICIAL JEFE (CPNB) TORREALBA MOISES, adscrito al Centro de Operacioñes Policiales (C.O.P), quien informo que por los bloques de Propatria unos sujetos desconocidos habían despojado del Arma de reglamento al Oficial (CPNB) Bernal José, adscrito a Vías Rápidas Helicoide, cuando el mismo se dirigía a su lugar de trabajo, por lo que se requería comisiones de este Despacho..." A.2.- Acta disciplinaria de fecha 13 de diciembre de 2011, emanada de la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, cursante al folio dos (02), de la cual se desprende lo siguiente:

"...Estando de turno de guardia, el OFICIAL JEFE (CPNB) DONAIRE RAFAEL, llamada pOr parte del OFICIAL JEFE (CPNB) TORREALBA MOISES, adscrito al Centro de Operaciones Policiales (C.O.P.), quien informo que por los bloques de Propatria unos sujetos desconocidos habían despojado del Arma de reglamento al Oficial (CPNB) Bernal José, adscrito a Vías Rápidas Helicoide, cuando el mismo se dirigía a su lugar de trabajo, por lo que se requería comisiones de este Despacho, de igual forma el OFICIAL (CPNB) BERNAL JOSE, titular de la Cédula de Identidad numero Nº V-19.293.443, hace entrega del informe y copia original de la denuncia del c.I.c.P.c., relacionado con el presunto robo de su arma de reglamento, lo cual se consigna mediante acta, Es todo..."

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A.3.- Informe de fecha 13 de diciembre de 2011, dirigido por el funcionario José Manuel Bernal Amaya, a la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), que riela al folio tres (03) y su vuelto, del expediente administrativo, del cual se extrae lo siguiente:

". Siendo aproximadamente las 05:00 am de esta misma fecha indicada me dirigía por la calle principal de Propatria haya sente (sic) a el (colegio la Presentación) me dirigía a la estación Propatria ya q (sic) recibía guardia a las 5:30 am en la cede (sic) del Helicoide de (Servicio Vías Rápidas) fui interceptado por 2 Sujeto (sic) Desconocido (sic) quien portaba Arma de Fuego conduciendo una Moto Marca XT llama color Azul, Bajo Amenaza de Muerte indicando q (sic) no me moviera q (sic) hubiera las manos en alto dando y percatando el sujeto q (sic) portaba mi persona un arma de fuego el mismo, uno de los sujetos apuntándome en la cabeza me despojo de mi Arma de Reglamento de la Policía Nacional Marca Beretta indicándole (Mátalo q (sic) es Policía) accion o el Arma de Fuego y no le percuto la misma Arma del sujeto. Dándome una patada en el pecho y tumbándome en el suelo y lo mismos se montaron en la moto XT Yamaha color azul y se dirigieron vía Propatria Casalta. Me dirigí de inmediato a la Cede q (sic) C.I.C.P.C. para pasar lo q (sic) me había sucedido..." A.4.- Denuncia Nº K-11-2225-04053 de fecha 13 de diciembre de 2011, formulada por el funcionario José Manuel Bernal Amaya, ante la Sub Delegación El Oeste Tipo B, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), cursante al folio cuatro (04) del expediente administrativo, en la cual indicó lo siguiente y cito:

"..Comparezco por ante este despacho con la finalidad de denunciar que el día de hoy como a eso de las 05:00 horas de la mañana, cuando caminaba hacia la estación del metro de Propatria en las adyacencias del Colegio la Presentación, fue interceptado por dos sujetos desconocidos quienes portando armas de fuego y bajo amenaza de muerte me despojaron de mi arma de reglamento marca Beretta, modelo Px4, 9 milímetros, serial PX5932E, valorada como en 20.000 bolívares aproximadamente, la misma es asignada por la Policía Nacional Bolivariana, luego dicho sujetos huyeron en vehiculo tipo moto, modelo XT, de color azul, desconozco mas datos, luego huyeron en dirección hacia Casalta ..." A.5.- Auto de intervención temprana de fecha 13 de diciembre de 2011, emanado de la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, cursante al folio seis (06), del cual se extrae lo siguiente:

"(...) LLAMADA TELEFONICA RECIBIDA: La recibe el Oficial Jefe (CPNB) Donaire Rafael, credencial Nº 0170, Jefe de Guardia por el Grupo "A" de 24 horas, por parte del Oficial Jefe (CPNB) Torrealba Moisés, adscrito a puesto de mando, quien informo que por los bloque de Propatria unos sujetos desconocidos habían despojado del Arma de Reglamento al Oficial (CPNB) Bernal José, adscrito a Vías Rápidas Helicoides, cuando el mismo se dirigía a su lugar de trabajo, por lo que se requería comisiones de este Despacho. (...)" A.6.-Acta de Entrega de Bienes Nacionales, Dotación de Equipos para la Actuación Policial, de fecha 21 de septiembre de 2010, cursante a los folios once (11) y su vuelto, veinticuatro (24), veinticinco (25) del expediente administrativo, debidamente suscrita por el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, y refrendada con su huella dactilar al momento de recibirla, mediante la cual asumió la responsabilidad del cuidado de los Bienes Públicos asignados para el cumplimiento de la función policial; asimismo, se incorpora al reverso de la misma, las Reglas Fundamentales de Seguridad con Armas de Fuego, donde se destaca el compromiso de cuidar y preservar el arma en un lugar seguro, (..), y a tal efecto expresa lo siguiente:

DECLARACIÓN DEL FUNCIONARIO O FUNCIONARIA "El Funcionario recibe en este acto, los bienes antes identificados en perfecto estado y apto para su uso, igualmente asume la responsabilidad del cuidado y diligencia que se debe en la utilización y administración de los bienes nacionales bajo su custodia, comprometiéndose hacer uso de los equipos en ejercicio de sus funciones con ética, legalidad, transparencia, proporcionalidad y humanismo con estricto apego al respeto y garantías de los derechos humanos. Declarando conocer la normativa legal aplicable en casó de ocurrir alguna irregularidad con el bien (...Omissis)".

(...Omissis) REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD CON ARMAS DE FUEGO Igualmente, se informa al custodia del equipo asignado algunas recomendaciones en cuanto a la precaución que debe mantener para la manipulación del armamento asignado: "(..Omissis) 4) Guarde sus armas en lugar seguro. (...)" Negrillas nuestras.

A.7.-Factura N° CxC/40003251 de fecha 02 de junio de 2010, emitida por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAvIM), a través de la cual se evidencia que el valor del Bien Público, Tipo Pistola, Marca: Beretta, Modelo: PX4 Storm, Serial PX75932E, asciende a la cantidad de CUATRo MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMos (Bs. 4.876,37), cursante a los folios doce (12) y veintitrés (23) del Expediente Administrativo.

A.8.- Certificación de cargo de fecha 17 de marzo de 2014, relacionado con el presunto responsable José Manuel Bernal Amaya, que riela al folio treinta y siete (37) del expediente administrativo.

A.9.- Orden de los Servicios de fecha 13 de diciembre de 2011, suscrita por el Supervisor Agregado (CPNB) Rafael Suárez, Supervisor (E) de patrullaje quien para la fecha se desempeñaba como Jefa del Servicio Vías rápidas, en cuya relación no aparece reflejado el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, que cursa a los folios cuarenta (40) al cuarenta y uno (41) y sus respectivos vueltos del expediente administrativo.

Estos documentos, que no fueron objetados, impugnados ni desconocidos por el imputado, producen la certeza que el Oficial (CPNB) Eldry José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, cometió el hecho irregular imputado mediante Auto de Inicio de fecha 22 de septiembre de 2014, al decir llevar consigo el día 13 de diciembre de 2011, encontrándose franco de servicio, un Bien Público, correspondiente a un arma de reglamento Tipo Pistola, Marca: Beretta, Modelo: PX4 Storm, Calibre: 9mm, Serial: PX5932E y su respectivo cargador, mientras transitaba aproximadamente a las 05:00 de la mañana, por las adyacencias de la estación del metro Propatria, a sabiendas de que es una zona de alta peligrosidad tanto para la integridad física como para el resguardo de los bienes; en contravención con lo establecido en las Reglas Fundamentales de Seguridad con Armas de Fuego contempladas al reverso del Acta de Entrega de Bienes Nacionales Dotación de Equipos para la Actuación Policial, suscrita por el precitado funcionario en fecha 21 de septiembre de 2010 y refrendada con su huella dactilar al momento de recibirla, que riela a los folios (11) y su vuelto, veinticuatro (24) y veinticinco (25) del expediente administrativo, donde se destaca la precaución y preservación de guardarla en probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la LOCGRYSNCF, se valoran en base al principio de la sana crítica, entendida ésta como la libertad de apreciar las pruebas, de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia, ya que producen certeza acerca de la ocurrencia del hecho imputado.

B.- TESTIMONIALES.

B.1.- Acta de Entrevista de fecha 17 de febrero de 2014, rendida por el presunto responsable José Manuel Bernal Amaya, ante la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que riela a los folios treinta y ocho (38), treinta y nueve (39) y su vuelto, en la cual contestó ante las preguntas formuladas e identificadas como primera (1) tercera (3), cuarta (4), quinta (5), sexta (6), octava (8) y novena (9) de la manera siguiente y cito:

"..PRIMERA PREGUNTA: Diga Usted, lugar, fecha y hora que sucedieron los hechos los cuales hace mención en el relato? cONTEsT0: Un martes 13 de Diciembre de 2011, en propatria adyacente al colegio la Presentación. TERCERA PREGUNTA: ¿Diga Usted, puede indicar como se trasladaban los ciudadanos que efectuaron dicho robo? coNTEsTó: "En un XT 600 de color azul" CUARTA PREGUNTA: ¿Diga Usted, puede indicar dicha moto estaba identificada? CONTESTÓ: "NO" QUINTA PREGUNTA; Diga Usted, puede indicar las características de los ciudadanos que efectuaron dicho robo? conTEsTo: El que estaba armado era un flaco alto no le distinguí la cara porque tenia casco "sExTA PREGunTA: ¿Diga Usted, puede indicar recibió amenazas por parte de los ciudadanos que efectuaron dicho robo? conTEsTo:

"Amenazas de muerte y una patada" oCTAVA PREGUNTA: Diga Usted, puede indicar que tipo de arma tenían el sujeto que efectuó dicho robo? cONTEsTó: "Una pistola de color negra" NoVENA PREGUNTA: Diga Usted, puede indicar a quien le comunico sobre dicha novedad? CONTESTO: AI Supervisor Jefe Domingue Jhonny y al Jefe del Grupo Motorizado para el momento..." Del Acta antes transcrita se desprende que el Oficial José Manuel Bernal Amaya, manifestó que el hecho investigado le ocurrió el día 13 de diciembre de 2011, en Propatria adyacente al colegio la Presentación, reconocimiento expreso que ratifica el carácter irregular del hecho imputado mediante Auto de inicio de fecha 22 de septiembre de 2014, que fue la conducta presuntamente imprudente asumida por el precitado funcionario al demostrar falta de prudencia, de previsión o precaución, al decir llevar consigo el arma de reglamento antes descrita y su respectivo cargador, día 13 de diciembre de 2011, encontrándose franco de servicio, cuando transitaba aproximadamente a las 05:00 de la mañana, por las adyacencias de la estación del metro Propatria, a sabiendas de que es una zona de alta peligrosidad tanto para la integridad física como para el resguardo de los bienes; omitiendo su responsabilidad de guardarla en un lugar seguro, en contravención con lo establecido en las Reglas Fundamentales de Seguridad con Armas de Fuego contempladas al reverso del Acta de Entrega de Bienes Nacionales Dotación de Equipos para la Actuación Policial, suscrita por el precitado funcionario en fecha 21 de septiembre de 2010 y refrendada con su huella dactilar al momento de recibirla, que riela a los folios (11) y su vuelto, veinticuatro (24) y veinticinco (25) del expediente administrativo, donde se destaca la precaución y preservación de guardarla en un lugar seguro.

Tal declaración rendida por el imputado, sin juramento, y libre de coacción y apremio hace prueba en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1402 del Código Civil, asimilándose a una confesión extrajudicial, dado el carácter administrativo y no jurisdiccional de este Órgano de Control Fiscal Interno.

B.2.- Acta de Entrevista de fecha 08 de julio de 2014, rendida por el presunto responsable José Manuel Bernal Amaya, ante la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, que riela a los folios cincuenta y siete (57), cincuenta y ocho (58) y su vuelto, a través de la cual contestó ante las preguntas formuladas e identificadas como tercera (3), cuarta (4),

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quinta (5), sexta (6), séptima (7), octava (8) y novena (9) de la manera siguiente y cito:

"..TERcERo: Diga usted, el cargo, código, situación administrativa en que se encuentra actualmente? coNTEsTo: Oficial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, adscrito al Servicio de Inteligencia y Estrategia ubicado en avenida Sucre de Catia, Caracas. cuARTo:

¿Diga usted, si para la fecha de la ocurrencia de los hechos estaba franco de servicio policial, explique? coNTEsTó: Para la hora en que ocurrieron los hechos estaba franco de servicio, eso fue alrededor de las 05:00 am de la mañana cuando me dirigía a prestar servicio policial. QuInTo: ¿Diga usted, fecha, lugar y hora donde fue presuntamente victima de robo a mano armada por parte de sujetos desconocidos? CONTEsTÓ: Ocurrió por las adyacencias del Colegio la Presentación ubicado en Propatria a 100 metros aproximadamente del Metro de Propatria, en fecha 13 de diciembre de 2011, cuando fui sorprendido por dos (02) sujetos desconocidos quienes abordaban una moto MARCA XT Yamaha, Color Azul, cuando el parrillero desenfunda un arma de fuego y me canta la voz de alto que hubiera las manos en alto, el mismo me sube la camisa y se percata que mi persona tenia un arma de fuego me apunto en la cabeza y yo le dije que no me matara, el mismo me despojo de un cargador y de 800 bolívares que llevaba conmigo, el otro sujeto se percato que era policía y le dijo al otro sujeto "Mátalo que es Policía", accionando así el arma de fuego el cual no le percuto dándome una patada en el pecho cayendo al suelo frente a un kiosco detrás de mi, mientras los sujetos emprendieron la huida hacia los bloques de pro-patria.

SEXTO: Diga usted, los motivos por el cual cargaba el armã de reglamento el día en que ocurrieron los hechos? coNTEsTO: Para esa fecha me correspondía quardía policial y por tal razón tenia conmigo no solo el arma de reglamento sino toda mi dotación policial tales como: uniforme policial, correaje, chaleco los cuales lo llevaba en un bolso. SEPTIMO:

Diga usted, en que lugar especifico tenia el arma de reglamento la cual le había sido asignada para el cumplimiento de sus funciones policiales, explique? conTEsTo: La llevaba en el lado derecho de mi cintura, cargando una franela holgada y tapándola con el bolso deportivo el cual portaba para el momento de los hechos. ocTAvo:

¿Diga usted, si el Cuerpo Policial Nacional Bolivariana al cual se encuentra adscrito dispone de Parque de Armas? conTEsTo. Para esa fecha no tenia Parque de Armas, era obligación de todos los funcionarios llevarse consigo su dotación policial incluyendo el arma de reglamento, igualmente quiero destacar que en dicha sede no contábamos con un lugar adecuado para cambiarios el uniforme y por tal razón lo teníamos que hacer en cualquier oficina o unidad vehicular, es importante resaltar que debido a que hábito en un lugar de alta peligrosidad no era ni es recomendable salir uniformado desde mi casa con la intención de resguardar mi integridad física.

NOVENA: ¿Diga usted, hacia donde se dirigía el día que presuntamente fue despojado de su arma de reglamento, explique? CONTESTO: Al Comando de Helicoide a cumplir con la labor policial.. "(Subrayado y negrillas Nuestras).

Del Acta antes transcrita se desprende que el Oficial José Manuel Bernal Amaya, reconoció expresamente el hecho irregular imputado, mediante Auto de Inicio de fecha 22 de septiembre de 2014, al admitir que el día 13 de diciembre de 2011, estando franco de servicio, portaba su arma de reglamento y su respectivo cargador, asumiendo una conducta presuntamente imprudente, al demostrar falta de prudencia, de previsión o precaución, al decidir llevarlos consigo cuando transitaba aproximadamente a las 05:00 de la mañana, por las adyacencias de la estación del metro Propatria, a sabiendas de que es una zona de alta peligrosidad tanto para la integridad física como para el resguardo de los bienes; omitiendo su responsabilidad de guardarla en un lugar seguro, en contravención con lo establecido en las Reglas Fundamentales de Seguridad con Armas de Fuego contempladas al reverso del Acta de Entrega de Bienes Nacionales Dotación de Equipos para la Actuación Policial, suscrita por el precitado funcionario en fecha 21 de septiembre de 2010 y refrendada con su huella dactilar al momento de recibirla, que riela a los folios (11) y su vuelto, veinticuatro (24) y veinticinco (25) del expediente administrativo, donde se destaca la precaución y preservación de guardarla en un lugar seguro.

Tal declaración rendida por el imputado, sin juramento, y libre de coacción y apremio hace prueba en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1402 del Código Civil, asimilándose a una confesión extrajudicial, dado el carácter administrativo y no jurisdiccional de este Órgano de Control Fiscal Interno.

D. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS D.1.- DE LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA EXPUESTOS POR EL OFICIAL (CPNB) ELDRY ALEXANDER CARABALLO BERMÚDEZ.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la LoCGRYsNCF, los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho, y la responsabilidad de su autor han sido valorados, en base a las reglas expresas que se citan en cada caso, o, en su defecto en atención a las reglas de la sana crítica.

Los alegatos y argumentos del presunto responsable, serán analizados en el siguiente acápite.

à

D.2.- DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL FUNCIONARIO JOSÉ MANUEL BERNAL AMAYA DURANTE LA ETAPA DE POTESTAD INVESTIGATIVA El Auto de Proceder Nº 013-2014 de fecha 20 de junio de 2014, que dio inicio a la potestad investigativa, fue notificado al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, el día 27 de junio de 2014, tal como se evidencia de Oficio N° DCP-020 de fecha 20 de junio de 2014, que riela a los folios cincuenta y uno (51) al cincuenta y cuatro (54) y sus vueltos del expediente administrativo, en el cual se le indicó que a partir de la fecha de su notificación quedaba a derecho para todos los actos procesales teniendo acceso inmediato al expediente.

En este orden el precitado funcionario, consignó el día 08 de julio de 2014, escrito constante de un (01) folio útil, mediante el cual expuso los argumentos y promovió sus pruebas, y sus anexos, constante de tres (3) folios útiles, tal como se evidencia a los folios sesenta (60) al sesenta y nueve (69) del Expediente Administrativo, y a tal efecto alegó fundamentalmente lo siguiente:

"...) DE LOS HECHOS Que, "(..) Mi persona fue victima de robo de mi ARMA de Reglamento de la Policía Nacional Bolivariana, mi persona Se encontraba Franco de Servicio y me dirigía a mi labor de trabajo para esa fecha me tocaba guardar (Servicio Vías Rápidas, Helicoide) Ya que tenia Formación a las 5:30 am hrs de la mañana y pertenecía a el grupo "A" de la Brigada Motorizada del Servicio de Vías Rápidas, siendo las 05:00 hrs. de la mañana Aproximadamente caminaba hacia la estación pro-patria en las adyacencias del colegio la presentación cuando fui sorprendido por dos sujetos desconocidos quienes abordaban una MOTO marca YAMAHA color AZUL, donde el parrillero desenfunda un arma de fuego y me canta la voz de alto, y bajo amenaza de muerte me dijo levanta las manos en alto, mi persona se encontraba Nerviosa y trate de desenfundar el Arma de Reglamento, Dicho Sujeto me dijo que si me movía me disparaba. El mismo me levanto la camisa y se percato que mi persona tenia un e e en e n m prima.

Reglamento Px5932E BERETTA de la Republica Bolivariana. Yo le dije que no me matara, me despojo de un cargador de la pistola Px marca BERETTA y de (800 Bsf) el otro sujeto indicándole mátalo que es Policía, el mismo sujeto accion o el Arma de fuego y no le percuto, dándome una patada en el pecho y tumbándome al suelo y cayendo frente a un kiosco que se encontraba en la avenida principal, los sujetos desconocidos se montaron en la moto antes mencionada y huyendo hacia los bloques de pro-patria, mi persona adolorida me levante y me dirigí hacia CICPC del Oeste..." En relación a este argumento, quien suscribe considera oportuno destacar, los siguientes aspectos:

-En primer lugar el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, no promovió ninguna prueba que sustentar a su aseveración, referida a que el día y hora de la ocurrencia del hecho objeto de este Procedimiento, Helicoide.

-En segundo lugar, conviene resaltar que riela a los folios cuarenta (40) al cuarenta y uno (41) y sus respectivos vueltos, del expediente administrativo, Orden de los Servicios de fecha 13 de diciembre de 2011, suscrita por el vehicular Grupo "A" y por la Comisionada (CPNB) Lupi Arellano Lisbey, quien para la fecha se desempeñaba como Jefa del Servicio Vías rápidas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, según la cual se evidencia que el precitado funcionario no se encontraba reflejado en la relación del personal policial que cumplirá funciones ese día en un horario comprendido desde las 07:00 a.m. hasta 18:00 p.m.

En tal sentido, por las razones expuestas, se desestima este alegato.

Y así se decide.

En este contexto, resulta oportuno destacar, que el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, consignó como anexos del citado escrito, copias simples las siguientes pruebas documentales:

a) Parte Interno N° 347 de fecha 14 de diciembre de 2011, emanado de la Dirección de Transporte Terrestre, Servicio Vías Rápidas, a través del cual se indicó lo siguiente:

MARTES 130700DIC11 HASTA MIÉRCOLES 140700DIC11 No Funcionario despojado del Arma de Reglamento 1 INFORMO EL SUPERVISOR JEFE (PNB) ARGENIZ DIAZ SUPERVISOR GENERAL POR EL SERVICIO DE VÍAS RÁPIDAS EN LA UNIDAD RADIO PATRULLERA VR-O35 SIENDO POR EL SERVICIO DE LA OCAP A LA COMISARÍA DEL C.I.C.P.C DEL OESTE DONDE SE ENCONTRABA EL OFICIAL (PNB) JOSÉ MANUEL BERNAL AMAYA C.I. 19293443 PERTENECIENTE AL SERVICIO DE PATRULLAJE GRUPO A MOTORIZADO EL CUAL INFORMO QUE MINUTOS ANTES FUE DESPOJADO DE SU ARMA DE REGLAMENTO MARCA BERETTA MODELO PX SERIAL PXS932E CALIBRE 9MM EN EL CENTRO COMERCIAL PRO-PATRIA, POR XT COLOR AZUL Y EN UN VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA COLOR AZUL POR LO QUE SE PROCEDIÓ A DEJAR CONSTANCIA AL FORMULAR LA DENUNCIA RESPECTIVA.

b) Ordenes de los Servicios de fechas 07, 13, 16, 17 y 18 de diciembre de 2011, emanadas de la Dirección de Transporte Terrestres, Centro de Coordinación Policial Vías Rápidas.

c) Oficio N° DCP-021 de fecha 20 de junio de 2014, mediante el cual la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, cito

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al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, a fin de que rindiera declaración en calidad de interesado legítimo.

d) Memorando N° CPNB-DTT-SVR-D-6010-2014 de fecha 30 de junio de 2014, suscrito por el Comisionado Agregado (CPNB) José Francisco Iturriza, Comandante del Servicio de Vías Rápidas Helicoide, mediante el cual se dejó constancia de la entrega realizada al funcionario José Manuel Bernal Amaya, de las Ordenes de los Servicios de fechas 07, 13, 16, 17 y 18 de diciembre de 2011 y del extracto de novedades de fecha 07 de diciembre de 2011.

e) Memorando s/n y s/fecha, emanado de la Dirección de Transporte Terrestre, Servicio Vías Rápidas Helicoide, del cual se extrae lo siguiente y cito:

" (..) en nombre del personal de "Vías Rápidas Helicoide", y a la vez informarle que se le hace entrega de copias certificadas de la ordenes de servicio a (sic) de (sic) al ciudadano JOSÉ MANUEL BERNAL AMAYA C.I. Nº V19.293.443, con fecha 07 de diciembre de 2011, cuando pertenecía al grupo de motorizados grupo "A", 13 de diciembre 2011, donde presuntamente hubo el robo del bien nacional: (...) el quien no aparece en la orden de los servicios, de dicho día se desconocen los motivos, (..)"(Negrillas y subrayado nuestro).

Del análisis realizado al contenido de las pruebas documentales supra citadas, quien suscribe, considera oportuno hacer las siguientes consideraciones:

En el citado extracto de novedad señalado en el literal a, sólo se deja constancia del presunto robo del cual fue objeto el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya; evidenciándose que nada aporta para desvirtuar el hecho presuntamente irregular imputado al precitado funcionario.

En cuanto a las órdenes de los servicios indicadas en el literal b, de fechas 07, 16, 17 y 18, las mismas son impertinentes, puesto que no corresponden al día de la ocurrencia del hecho presuntamente irregular investigado, motivo por el cual quien aquí decide, las desestima. Y así se declara.

Ahora bien, en relación a la orden de los servicios de fecha 13 de diciembre de 2011, conviene destacar, que si bien es cierto que corresponde al día de la ocurrencia del hecho, no es menos cierto que el precitado cumplirá funciones ese día en un horario comprendido desde las 07:00 a.m.

hasta 18:00 p.m, situación que fue ratificada en la prueba documenta-a- que se hace referencia en el literal e.

El oficio de citación promovido, señalado en el literal c, contiene un acto de mera sustanciación relacionado con el procedimiento de potestad investigativa, iniciado por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, a través del cual se solicitó la comparecencia del precitado funcionario, a los fines de que rindiera declaración en calidad de interesado legítimo sobre los hechos relacionados con el presunto robo de Bien Público, correspondiente a un arma de reglamento Tipo Pistola, Marca: Beretta, Modelo: PX4, Calibre: 9mm, Serial: PX5932E y su respectivo cargador.

El memorando Nº CPNB-DTT-SVR-D-6010-2014 de fecha 30 de junio de 2014, indicado el literal d,es un acto de mero trámite del Servicio de Vías Rápidas Helicoide.

En tal sentido, por las razones expuestas, quien aquí decide desestima las pruebas documentales ut supra, por cuanto nada aportan para desvirtuar el hecho presuntamente irregular imputado al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya. Y así se decide.

E. DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE INICIO, DE LOS ALEGATOS EXPUESTOS Y DE LAS PRUEBAS INDICADAS POR EL IMPUTADO EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

El auto que dio inicio al presente procedimiento administrativo, fue notificado el día 01 de octubre de 2014, al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° v-19.293.443, tal como se evidencia en el Oficio N° MPPRIJP-AI-DDR-122 de fecha24de septiembre de 2014, que riela a los folios ciento ocho (108), y ciento nueve (109) y su vuelto del expediente administrativo, en el cual se le indicó las fases del Procedimiento Administrativo para la Determinación de la Responsabilidad previsto en la LocGRysncF y su Reglamento; asimismo, se le hizo la mención que conforme al artículo 98 eiusdem, quedaba a derecho para todos los efectos del procedimiento.

E.-1.- En este orden tenemos, que el precitado funcionario presentó en fecha 22 de octubre de 2014, escrito de indicación de pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 91 del Reglamento de la aludida Ley, y sus anexos, que riela a los folios ciento once (111) al ciento dieciseis (116), del expediente administrativo que contiene de manera coincidente, los mismos argumentos y pruebas aludido en el escrito presentado ante este Órgano de Control Fiscal Interno en fecha 08 de julio de 2014, y a tal efecto no obstante, señaló fundamentalmente lo siguiente y cito:

"...) DE LOS HECHOS Que: "(..) hago este escrito para narrar lo Sucedido el día 13-12-201i Mi persona fue victima de robo de mi Arma de Reglamento de la Policía Nacional Bolivariana, mi Persona me encontraba Franco de Servicio y me dirigía a mi labor de trabajo para esa fecha antes mencionada me tocaba guardia (en el Servicio Vías Rápidas, Helicoide) Ya que tenia Formación a las 5:30 am horas de la mañana y pertenecía a el grupo "A" de la Brigada Motorizada del Servicio de Vías Rápidas, siendo las 05:00 am hrs. de la mañana Aproximadamente caminaba hacia la estación del Metro de Propatria cuando fui sorprendido por 2 sujetos desconocidos por las adyacencias del Colegio la Presentación quienes abordaban una MOTO marca YAMAHA XT color AZUL, donde el parrillero desenfunda un arma de fuego y me canta la voz de alto y bajo amenaza de muerte que levantará las manos en alto, mi persona se encontraba Nerviosa y trate de desenfundar el Arma de Reglamento, Dicho sujeto que si me movía me disparaba. El mismo me levanto la camisa y se percato que mi persona tenía un Arma de Reglamento o de fuego me apunto en la cabeza y me quito el Arma de Fuego de la Policía Nacional Bolivariana. Yo le dije que no me matara, me despojo de un cargador de la Pistola y (800 Bolívares Fuertes) el otro sujeto indicándole mátalo que es Policía, el mismo sujeto accion o el Arma de fuego y no le percuto, dándome una patada en el pecho y tumbándome al suelo y cayendo al frente de un kiosco que se encontraba en la Avenida Principal, los Sujetos Desconocidos se montaron en la moto antes mencionada huyendo hacia los Bloques de Propatria, mi persona adolorida me levante del Suelo y me dirigí hacia (C.I.C.P.C.) de Propatria para formular la denuncia del robo de mi Armamento.

Que, "igualmente quiero destacar que en dicha Sede Policial no contábamos con un Parque de Armas o Lugar Adecuado para dejar el Arma de Reglamento. Ya para el momento era Obligación de todos los funcionarios llevarse su dotación policial tales: (sic) como (Arma de Reglamento, Chaleco Antibalas, Uniforme Correaje, Esposa, Bastón Plegable,) a excepción del Radio de Trasmisor, el cual debe Reintegrarse en la oficina correspondiente una vez culminada la Jornada Laboral. (...)" En este orden, resulta oportuno destacar, que en el referido escrito el presunto responsable Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, consignó en copias simples las siguientes pruebas documentales:

1. Parte Interno Nº 347 de fecha 14 de diciembre de 2011, emanado de la Dirección de Transporte Terrestre, Servicio Vías Rápidas.

2. Ordenes de los Servicios de fechas 07, 13, 16, 17 y 18 de diciembre de 2011, emanadas de la Dirección de Transporte Terrestres, Servicio Vías Rápidas.

3. Oficio N° DCP-021 de fecha 20 de junio de 2014, mediante el cual la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, cito al funcionario José Manuel Bernal Amaya, a fin de que rindiera declaración en calidad de interesado legítimo.

4. Memorando N° CPNB-DTT-SVR-D-6010-2014 de fecha 30 de junio de 2014, suscrito por el Comisionado Agregado (CPNB) José Francisco Iturriza, Comandante del Servicio de Vías Rápidas Helicoide.

5. Memorando s/n y s/fecha, emanado de la Dirección de Transporte Terrestre, Servicio Vías Rápidas Helicoide.

E.-2.- Por su parte, la Dirección de Determinación de Responsabilidades de esta Oficina de Auditoría Interna, mediante Auto de fecha 22 de octubre de 2014, que riela al folio ciento diez (110) del expediente administrativo, se pronunció acerca de la admisión de las citadas pruebas, en los siguientes términos:

Por cuanto en esta misma fecha, estando dentro del lapso previsto en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, compareció el Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad Nº V-19.293.443, a los fines de consignar escrito constante de dos (2) folios útiles y cinco (05) anexos, mediante los cuales indica las pruebas que a su juicio considera le favorecen, en el Procedimiento Administrativo para la Determinación tramita esta Dirección Responsabilidades, que de de Determinación de Responsabilidades, contenido en el expediente administrativo identificado con las siglas y número NoMPPRIJP-AI-PADR-012-2014;seacuerdaagregarlos a los autos.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 91, ésta Dirección de Determinación de Responsabilidades, se pronuncia acerca de la admisión de las pruebas presentadas, en los siguientes términos:

PRIMERo: En el escrito en referencia plantea una serie de argumentos que guardan relación con el fondo del asunto; razón por la cual, quien suscribe, los admite, no obstante, su valoración y pronunciamiento se efectuará en la oportunidad en que deba dictarse la decisión que habrá de recaer en el presente procedimiento administrativo.

SEGUNDO: El Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, consignó en copias simples, las siguientes pruebas documentales:

- Parte Interno Nº 347 de fecha 14 de diciembre de 2011, emanado de la Dirección de Transporte Terrestre, Servicio Vías Rápidas.

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- Ordenes de los Servicios de fechas 07 y 13 de diciembre de 2011, emanadas de la Dirección de Transporte Terrestres, Servicio Vías Rápidas.

- Memorando PNB-SVR-S/N-2014 de fecha 09 de julio de 2014, emanado de la Dirección de Transporte Terrestres, Servicio Vías Rápidas.

- Denuncia N° K-11-2225-04053 de fecha 13 de diciembre de 2011, formulada por el funcionario José Manuel Bernal Amaya, ante la Sub Delegación El Oeste Tipo B, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.).

En cuanto a las pruebas documentales ut supra, quien suscribe, las admite y se reserva el pronunciamiento respecto de las mismas en la oportunidad en que deba dictarse la decisión que habrá de recaer en el presente procedimiento administrativo;

a excepción de la orden de los servicios de fecha 07 de diciembre de 2011, por cuanto la misma es impertinente, en virtud de que no guarda relación con el hecho imputado.

Ahora bien, quien decide pasa a conocer los alegatos de defensa esgrimidos y las pruebas promovidas de la siguiente manera:

En relación al primer alegato referido a que el día y hora de la ocurrencia del hecho presuntamente irregular investigado, el imputado se dirigía a cumplir con su función policial en el Servicio de Vías Rápidas en el Helicoide;

en este sentido, quien suscribe, considera oportuno señalar, que éste argumento ya fue valorado en el presente Auto Decisorio, (último párrafo de la página 21, párrafos 1 al 5 de la página 22), y los argumentos allí expuestos, se dan por reproducidos, a los fines de esta valoración.

En cuanto al segundo argumento referido a que la sede policial no contaba con un parque de armas o lugar adecuado para dejar el arma de reglamento; al respecto cabe acotar que el imputado no puede pretender desplazar su responsabilidad individual a la Institución Policial, al argumentar que no había parque de armas, puesto que el hecho presuntamente irregular investigado fue la conducta asumida por la precitado funcionario en el cuidado y uso de un bien público y su cargador, toda vez, que se comportó con falta de prudencia, de previsión o precaución, frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida por un buen funcionario público, trayendo como consecuencia la pérdida de un arma de reglamento Tipo Pistola, Marca:

Beretta, Modelo: PX4 Storm, Calibre: 9mm, Serial: PX5932E y su cargador; al llevarlos consigo el día 13 de diciembre de 2011, encontrándose franco de servicio, mientras transitaba aproximadamente a las 05:00 de la mañana, por las adyacencias de la estación del metro Propatria, a sabiendas de que es una zona de alta peligrosidad tanto para la integridad física como para el resguardo de los bienes; contraviniendo las Reglas Fundamentales de Seguridad con Armas de Fuego, plasmadas en el reverso del Acta de Entrega de Bienes Nacionales, dotación de equipos para la actuación policial, de fecha 26 de agosto de 2010, debidamente suscrita por el precitado funcionario, y refrendada con su huella dactilar, que cursa a los folios once (11) y su vuelto, veinticuatro (24) y veinticinco (25), del expediente administrativo, donde se destaca el compromiso de guardar el arma en un lugar seguro.

Con fundamento en los razonamientos expuestos, quien suscribe, desestima este argumento. Y así se decide En relación a las pruebas documentales indicadas en los numerales 1 al 5, quien suscribe, considera oportuno destacar, que éstas ya fueron valoradas en el presente Auto Decisorio, (párrafos 6 al 8, de la página 22, página 23, párrafos 1 al 3 de la página 24), y los argumentos allí expuestos, se dan por reproducidos, a los fines de esta valoración.

Por todas las consideraciones que anteceden, y en atención al acervo probatorio cursante en autos, los cuales en ningún momento han sido objetados, impugnados, ni desconocidos en la presente causa por el imputado ni por sus representes legales, quien suscribe, ratifica, en todas y cada una de sus partes la imputación realizada en el Auto de Inicio de fecha 22 de septiembre de 2014, cursante a los folios noventa y seis (96) al ciento cinco (105) y sus respectivos vueltos, del expediente administrativo. Y así se decide.

F. AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA El día trece (13) de noviembre de 2014, siendo las 10:00 a.m, se llevó a cabo el Acto Oral y Público a que se refiere el artículo 101 de la LOCGRYSNCF y 92 al 97, ambos inclusive, de su Reglamento, tal como consta en los folios ciento veinte (120), al ciento veintitrés (123), y sus vueltos, del expediente administrativo identificado con las siglas y número MPPRIJP-AI- PADR-012-2014, relacionado con el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, iniciado por Auto de fecha 22 de septiembre de 2014, al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, imputado en el presente procedimiento, con la finalidad de que expresara en forma oral y pública, derechos e intereses, el cual fue declarado desierto, en virtud que el imputado no compareció personalmente, ni por medio de representante legal, por cuyo motivo, en su beneficio, se acordó una (1) hora de espera, seguidamente siendo las 11:00 A.M, sin haberse hecho presente el imputado, ni por si ni por medio de representante alguno, se procedió a levantar el acta respectiva.

En este aspecto conviene precisar algunos aspectos relativos al hecho precedentemente expuesto, que de quedar demostrado constituiría el ilícito administrativo tipificado en el numeral 2 del artículo 91 de la LoCGRYsNCF, que disponen:

de

"Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

(...omissis..).) 2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley...". (Negrillas nuestras).

De la lectura del artículo parcialmente transcrito relativo a la omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de bienes o derechos del patrimonio público, está referido, como su texto claramente lo indica, a la falta de actuación, actuación a destiempo, falta de diligencia o falta de cuidado, en el desempeño de las funciones de conservación, resguardo, defensa o protección de bienes o derechos del patrimonio público, que de conformidad con el conjunto de normas que regulan la actividad administrativa inherente al Estado, corresponde a todo funcionario en el ejercicio de sus competencias públicas y a todos aquellos particulares que administren, manejen o custodien recursos afectados al cumplimiento de finalidades públicas provenientes de los entes y organismos sujetos a las disposiciones de la citada Ley y al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la República.

En relación a la imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, debe hacerse especial énfasis en la conducta, bien sea activa u omisiva, asumida por un funcionario que, directa o indirectamente, tenga incidencia en el patrimonio público del ente u organismo para el cual presta sus servicios. En este sentido, estaríamos en presencia de un funcionario público negligente, cuando éste asume una conducta de descuido o falta de cuido, que redunde en detrimento del patrimonio del ente u organismo afectado.

De modo tal, que una actitud de dejadez, desidia o abandono, frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida por un buen padre de familia, en perjuicio de los intereses que corresponda tutelar, constituye pues imprudencia.

Así pues, que para determinar si una conducta es o no imprudente, basta con precisar la desidia, el descuido, el abandono o la falta de previsión, sin necesidad de demostrar el dolo o la intención de dañar, pues cuando se tiene incidencia, por mínima o indirecta que ésta sea, en el manejo de los intereses de un ente u organismo, lo menos que debe ser es previsivo y cuidadoso, que previendo el resultado perjudicial no lo prevé, o previéndolo, no toma las medidas oportunas para evitarlo.

Al respecto, la doctrina patria en la autora Nélida Peña, en su obra "El Régimen de la Responsabilidad Administrativa", página 235, ha fijado posición en cuanto al supuesto generador de responsabilidad administrativa, en lo atinente a la imprudencia, señalando lo siguiente: "..Además de la negligencia del funcionario, también su imprudencia, que es una conducta activa caracterizada por la falta de previsión o de precaución, puede dar lugar a que se configure el supuesto generador de responsabilidad administrativa...el funcionario en lugar de incurrir en la irregularidad por omisión o retardo, lo hace por acción, pero sin adoptar las debidas precauciones que le impone el ejercicio de un cargo que.. comporta la administración de bienes públicos...Desde luego,izse.

produce un daño al patrimonio del ente y en general al patrimonio público...".

(Negrillas nuestras).

Precisado estas consideraciones de carácter teórico, debemos -advertir que además de la eventual declaratoria de responsabilidad administrativa que pudiera imponerse por el presunto hecho que nos ocupa, de ser verificado el supuesto detrimento patrimonial, el sujeto de la acción deberá responder civilmente con su peculio a través de la formulación de reparo impuesto por este Órgano de Control Fiscal Interno, con el objeto de resarcir el daño causado por su conducta, así se desprende de lo previsto en los artículos 82, 84 y 85 de la LOCGRYSNCF, los cuales establecen:

"Artículo 82. Los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, obreros y obreras que presten servicios en los entes señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, así como los particulares a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, responden penal, civil y administrativamente de los actos, hechos u omisiones contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión del desempeño de sus funciones. (...) Artículo 84. La responsabilidad civil se hará efectiva de conformidad con las leyes que regulen la materia y mediante el procedimiento de reparo regulado en esta Ley y su Reglamento, salvo que se trate de materias reguladas por el Código Orgánico Tributario, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones en él contenidas.

Artículo 85. Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas o investigaciones que realicen en ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como consecuencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno, así como por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos.(...)"

página original (tal como se publicó)Página 16 de la Gaceta

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En efecto, la responsabilidad civil especial encuentra su fundamento en la noción de responsabilidad propia del derecho natural, la cual postula como elemento esencial que nadie debe causar a otro un daño injusto y, en caso de producirse el mismo, debe ejercerse la respectiva acción resarcitoria a los fines de que dicho daño sea reparado, la responsabilidad administrativa y civil así como la consiguiente obligación de reparar el daño causado, estaría configurado con la concurrencia de elementos esenciales, que deben estar plenamente probado, a saber: 1. Una acción u omisión tanto del funcionarios públicos como de particulares, que intervinieron en la administración o custodia de los bienes del patrimonio público; 2. Un daño, esto es, una disminución, menoscabo o pérdida específicamente al patrimonio público; y 3. Un nexo o relación de causalidad entre los dos elementos anteriormente enumerados.

Igualmente, se observa que el hecho descrito, causó un daño al patrimonio del Estado, por lo que corresponde precisar el carácter resarcitorio inherente al procedimiento de reparo, en contraposición al carácter sancionatorio que se persigue con el procedimiento administrativo atinente a la declaratoria de responsabilidad administrativa, dado que, en la LOCGRYsNCF, el legislador atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal, reunió en un mismo procedimiento estas dos acciones (determinación de responsabilidad administrativa y reparo), las cuales persiguen fines sancionatorios distintos.

Así encontramos; por una parte, la formulación de reparo que es una modalidad especial de persecución de responsabilidad civil en el ámbito administrativo, que principalmente persigue resarcir un daño que se haya causado al patrimonio público por la acción u omisión dolosa o culposa de un agente; por otra parte, tenemos la declaratoria de responsabilidad administrativa, la cual persigue fundamentalmente, sancionar la conducta transgresora de la norma.

Con fundamento en lo esbozado se deduce, que de comprobarse el presunto hecho señalado en los párrafos anteriores, con base a lo previsto en los aludidos artículos 84 y 85 de la LOCGRYSNCF, el presunto responsable de tal actuación, deberá resarcir el daño causado al patrimonio público, cuyo monto asciende a la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 4.876,37), valor de la referida arma policial, tal como consta en la copia certificada de la Factura N° CxC/40003251 de fecha 02 de junio de 2010, emitida por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), que cursa a los folios doce (12) y veintitrés (23) del Expediente Administrativo.

En consecuencia, por las razones desarrolladas en el presente punto, se puede establecer con claridad que el hecho supra citado, da lugar a que este Órgano de Control Fiscal Interno formule reparo de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con el artículo 1.185 del Código Civil, por el daño causado al patrimonio público, cantidad que aSCiende a CUATRO MIL OCHOCIENTOs SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 4.876,37), los cuales disponen lo siguiente:

"Artículo 85. Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas o investigaciones que realicen en ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como consecuencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno, así como por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos." Artículo 1.185: "El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.

Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho".

Esta responsabilidad civil especial encuentra su fundamento en la noción de responsabilidad propia del derecho natural, la cual postula como elemento esencial que nadie debe causar a otro un daño injusto y, en caso de producirse el mismo, debe ejercerse la respectiva acción resarcitoria a los fines de que dicho daño sea reparado.

CAPÍTULO III DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quien suscribe, Germán Rafael Laverde, titular de la cédula de identidad N° V-3.400.167, Director General Encargado de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado mediante Resolución Ministerial N° 124 de fecha 07 de Mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.161 de fecha 07 de Mayo de 2013, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 105, en concordancia con los artículos 86 y 94 de la LOCGRYSNCF, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, para dictar decisiones, en concordancia con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de la ley eiusdem, y en ejercicio de la atribución que me es conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores y Justicia, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, DECIDO:

PRIMERO: Declarar la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° v-19.293.443, y con domicilio en la Calle Guacaipuro, Vereda 2, Casa N° 03, Sector Los Magallanes de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, por el hecho irregular descrito e imputado en el auto de inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades de fecha veintidós (22) de septiembre de 2014.

SEGunDo: De conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 1.185 del Código Civil, SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL (FORMULACIÓN DE REPARO), por el daño causado al patrimonio de la República, dada la pérdida del Bien Público identificado como un arma de reglamento, tipo Pistola, Marca Beretta, Modelo Px4 Storm, Calibre 9mm, Serial PX5932E y de su respectivo cargador, propiedad de la República, por Órgano del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), cantidad que asciende a CUATRO MIL oCHoCIENTos SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 4.876,37), valor de la referida arma policial, tal como consta en la copia certificada de la Factura N° CxC/40003251 de fecha 02 de junio de 2010, emitida por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), cursante a los folios doce (12) y veintitrés (23) del Expediente Administrativo.

TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual señala entre otros aspectos, que la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de la misma Ley, será sancionada con multa prevista en el artículo 94 eiusdem; se impone al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, MULTA de QUINIENTAS CINCuENTA (550) Unidades Tributarias (U.T), que representan la suma de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 41.800,00).

Esta multa constituye el término medio de los dos extremos que fija el artículo 94 de la Ley eiusdem, que será calculada de la siguiente manera: la base es el término medio entre la sanción menor de cien (100) unidades tributarias y la sanción mayor de mil (1000) unidades tributarias, lo cual equivale a quinientas cincuenta (550) unidades tributarias, y resulta al hacer la compensación que ordena el aparte único del artículo 109 del Reglamento de la Ley eiusdem, en concordancia con el artículo 37 del Código Penal, por darse en el presente caso, la circunstancia agravante prevista en el numeral 2 (la condición de funcionario público), así como la circunstancia atenuante contemplada en el numeral 1 (por no haber constancia de que el multado haya sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en la Ley), ambas tipificadas en los artículos 107 y 108 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Se tomó como base de cálculo el valor de la Unidad Tributaria vigente para el año 2011, fecha de la ocurrencia del hecho que era la suma SETENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 76,00) cada U.T., según Providencia Nº SNAT/2011/0009 de fecha 24 de febrero de 2011, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.623 de la misma fecha.

CUARTO: Se le notifica al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, plenamente identificado en autos, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la Ley eiusdem; podrá interponer contra la presente decisión, el correspondiente RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, ante este Órgano de Control Interno, dentro de un lapso de QuincE (15) días hábiles siguientes, contados a partir de que conste por escrito la decisión en el presente expediente administrativo; y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 de:la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional" de Control Fiscal, en concordancia con los artículos 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el RECURso DE REVISIÓN, ante el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dentro de los TREs (3) meses siguientes a la fecha de ocurrencia-de los causales que lo hacen procedente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el RECURso CONTENCIOso ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Caracas, dentro de los notificación.

QuINTo: Remítase un ejemplar de este Auto Decisorio, una vez firme en sede administrativa, a la Contraloría General de la República, a los fines de las sanciones que le corresponde imponer, de manera exclusiva y excluyente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la LOCGRYSNCF.

SEXTo: Remítase un ejemplar de este Auto Decisorio, una vez firme en sede administrativa, al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública a los fines de la expedición de la planilla de liquidación de la multa y la realización de las gestiones de cobro, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento de la LOCGRYSNCF.

sÉPTIMO: A los fines de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, remítase un ejemplar de la presente Decisión, una vez firme en esta sede, a la Secretaría del Consejo de Ministros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de la LOCGRYSNCF.

página original (tal como se publicó)Página 17 de la Gaceta

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ocTAvo: Remítase un ejemplar de este Auto Decisorio a la Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de. la República Bolivariana de Venezuela N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 2003.

Comuníquese y Publíquese.

ECON. GERMÁN RAFAEL LAVERDE Director General Encargado de la Oficina de Auditoría Interna Resolución N° 124 de fecha 07 de Mayo de 2013, publicada en la GacetarObicial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.161 de fecha 07 de Mayo, de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Caracas, 11 de diciembre de 2014 AUTO QUE DECLARA LA FIRMEZA EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DECISIÓN Visto que en la Decisión pronunciada por este Órgano de Control Fiscal Interno el dia trece (13) de noviembre de 2014, y consignada por escrito en el Expediente Administrativo identificado con las siglas y número MPPRIJP-AI-PADR-012-2014, el día veinte (20) de noviembre de2014, mediante la cual se declaró RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, se ImpUSO SANCIÓN PECUNIARIA DE MULTA y Se formuló REPARO RESARCITORIO, al Oficial (CPNB) José Manuel Bernal Amaya, titular de la cédula de identidad N° V-19.293.443, quedó agotada la vía administrativa, por cuanto han transcurrido íntegramente los quince (15) días hábiles desde el pronunciamiento del Auto Decisorio, sin que el precitado ciudadano, o su representante legal, hayan interpuesto el Recurso de Reconsideración de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la referida Ley, quien suscribe, declara la firmeza del acto administrativo, y a los fines de la ejecución de la Decisión de la causa Administrativa, se ordena remitir un ejemplar de la misma y del presente Auto, a los siguientes organismo:

1. Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

2. Secretaría del Consejo de Ministros, a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, según lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la Ley eiusdem.

3. Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, a los fines de la expedición de la planilla de liquidación y la realización de las gestiones de cobro, de las sanciones pecuniarias impuestas por este Órgano de Control Fiscal Interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Ley eiusdem.

4. Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 2003.

Cúmplase, ECON. GERMÁN RAFAEL LAVERDE Director General Encargado de la Oficina de Auditoría Interna co ay n anz n gun e)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO DM N ° 189-E Caracas, 16 de noviembre de 2014 204°/155°/15º RESOLUCION Por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, según consta en el Punto de Cuenta N° 075 de fecha 09 de julio de 2014 en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 236 numeral 16 de la Constitución de la República Bolivariana de. Venezuela y de acuerdo a lo previsto en los artículos 7 y 10 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior; el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Rafael Darío Ramírez Carreño, designado mediante Decreto, N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 62 y 77, numerales 4 y 19 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31 de julio de 2008.

RESUELVE Cesar al ciudadano Orlando Torrealba Jiménez, titular de la cédula de identidad Nº v.- 583.801, como Embajador, Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Guatemala.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción, deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de la República y consignarlo ante la Oficina de Recursos Humanos.

Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos para que notifique al interesado cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

PLELA

Rafãel Darío Ramprez Carreño Ministro del oder Popular para Relaciones Exteriores

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 115/2014. CARACAS, 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.

AÑOS 204°, 155° y 15° El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, J0sÉ LUIS BERRoTERÁN NUÑEz, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales según su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los numerales 1, 9, 19 y 27 del artículo 77, del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y con lo dispuesto en la Cláusula 32 y 36 del Acta Constitutiva Estatutaria de la CORPORACIÓN GANADERA BRAVOS DE APURE S.A., adsCrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Apure en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.465 de fecha 31 de julio de 2014, RESUELVE Artículo 1. Se designan como Directores Principales de la Junta Directiva de la CORPORACIÓN GANADERA BRAVOS DE APURE S.A., a loS ciudadanos que se indican a continuación, siendo que el ciudadano TULIo JOSÉ AGUILERA ESPINOZA, titular de la cédula de identidad N° V- 8.167.387, es el PRESIDENTE de la CORPORACIÓN GANADERA BRAVoS DE APURE, S.A. así como de su Junta Directiva, de conformidad con el artículo 36 de los Estatutos Sociales de la sociedad, debidamente publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.465 de fecha 31 de julio de 2014 y en la Resolución DM Nº 050/2014 de fecha 04 de agosto de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.475 de fecha 14 de agosto de 2014.

PRESIDENTE CÉDULA DE NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIDAD N° TULIO JOSÉ AGUILERA ESPINOZA V-8.167.387 DIRECTORES PRINCIPALES CÉDULAS DE NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIDAD N° V-5.272.491 ALFREDO EMILIO BALDIZAN SECO V-3.348.632 ROGER FRANCISCO APONTE V-8.692.696 SEVERIANO ANTONIO RODRIGUEZ PARILLI Artículo 2. Queda derogada la designación de los directores principales y suplentes efectuada mediante la Resolución DM N° 050/2014 de fecha.04 de agosto de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.475 de fecha 14 de agosto de 2014.

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JOSÉ LUIS BERRE AN NUÑEZ Ministro vender Roreara la

página original (tal como se publicó)Página 18 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 124/2014. CARACAS, 17 DE DICIEMBRE DE 2014.

AÑOS 204°, 155° y 15° El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JosÉ LUIS BERRoTERÁN NUÑEZ, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en el artículo 78, numerales 1 y 27 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 20, numeral 22 del Decreto N° 6.071 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en concordancia con el artículo 14, numerales 1 y 18 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, dicta la siguiente, RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE EL SUBSIDIO AL ARROZ PADDY, MAÍZ BLANCO Y MAÍZ AMARILLO DE PRODUCCIÓN NACIONAL EN LOS ESTADOS BARINAS Y PORTUGUESA.

ARTícuLo 1. Se establece un subsidio directo, único y transitorio para los rubros arroz paddy, maíz blanco y maíz amarillo de producción nacional, según la siguiente tabla:

RUBRO SUBSIDIO (Bs/Kg) Arroz Paddy 6,10 Maíz Blanco 4,80 Maíz Amarillo 4,10

ARTícuLo 2. El subsidio a que se refiere el artículo anterior, se pagará a los productores y productoras de los estados Portuguesa y Barinas que hayan arrimado sus cosechas de los rubros objeto de la presente Resolución, entre las fechas establecidas en la siguiente tabla:

FECHA DEL ARRIME RUBRO Desde el 1º de agosto de 2014 hasta el 16 de Arroz paddy septiembre de 2014 Desde el 1º de agosto de 2014 hasta el 31 de Maíz blanco y maíz amarillo agosto de 2014

ARTícuLo 3. Los receptores de los rubros objeto de subsidio, según la presente Resolución, deberán consignar ante la Unidad Estadal del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en un lapso no mayor a treinta (30) días continuos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, el expediente de cada uno de los productores y productoras a ser beneficiados con el mencionado subsidio, el cual deberá contener los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de identidad del productor o productora, en cuanto aplique.

2. Boleta de Recepción del producto arrimado.

3. Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF).

4. Número de Registro Único Obligatorio Permanente de Productores y Productoras Agrícolas (RUNOPPA).

Se entiende por receptor, la persona natural o jurídica en cuyo establecimiento se recibe o copia el producto agrícola con fines de su almacenamiento, clasificación, acondicionamiento, empaque, transporte, distribución, procesamiento, industrialización o comercialización.

ARTícuLo 4. Los receptores deberán estar debidamente autorizados por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, para emitir las boletas de recepción referidas en el artículo 3 de la presente Resolución.

ARTícuLo 5. El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, establecerá el mecanismo de pago del subsidio objeto de la presente Resolución, de acuerdo a las características especiticas de los rubros y la relación que exista entre el productor y la agroindustria.

ARTícuLo 6. Los productores que hayan recibido financiamiento del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS) o del Banco Agrícola de Venezuela (BAV), para la producción de los rubros objeto de la presente Resolución, en el periodo lluvioso 2014, que estén obligados a arrimar sus cosechas a través de los Centros de Recepción indicados por estos entes de la Banca Pública Social, sólo podrán presentar Boletas de Recepción del Producto que les emitan dichos Centros, sin que se consideren válidas para efectos del pago de este subsidio, las Boletas de Recepción emitidas por otros receptores; salvo autorización expresa otorgada por el ente de la Banca Pública Social correspondiente.

ARTícuLo 7. Todo aquel productor que obtenga el subsidio objeto de la presente Resolución, mediante acciones fraudulentas o a través del aporte de información falsa, deberá repetir a favor de la Administración Pública, a través del mismo ente que le haya pagado el subsidio, los recursos que para tales hechos.

Asimismo, en caso de que las acciones fraudulentas o informaciones falsas sean detectadas durante la tramitación a que se refiere el artículo 5 de la presente Resolución, el solicitante perderá el derecho a recibir el subsidio, tanto para los rubros previstos en la presente Resolución, como para cualquier otro, en este ciclo y en los sucesivos, dentro del programa de subsidios establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

ARTícuLo 8. En los casos en que se verifique el incumplimiento de las disposiciones señaladas en esta Resolución, así como la normativa vigente que rige la materia, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras actuará conforme a lo establecido en el Título VII del Decreto N° 6.071 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberania Agroalimentaria.

ARTícuLo 9. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional,

JOSE LUIS BERROTERAN NUNEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS.

DESPACHO DEL MINISTRO DM/Nº 125/2014. CARACAS, 17 DE DICIEMBRE DE 2014.

AÑOS 204º, 155º y 15º El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JosÉ LUIS BERROTERÁN NUÑEZ, designado mediante Decreto Nº 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la

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República Bolivariana de Venezuela Nº 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 1, 19 y 27 del artículo 78, del Decreto Nº 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; y, en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la ciudadana LIDIA NACARIS PÉREZ DE ALTuvE, titular de la cédula de identidad número V-12.479.472, COMO DIRECTORA GENERAL ENCARGADA de la DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCUITOS AGRÍCOLAS FORESTAL del MinisterIO del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

Artículo 2. Se deroga la Resolución dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, DM/Nº 135/2013 de fecha de 26 de noviembre 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.303 de fecha 27 de noviembre de 2013.

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 20 de octubre de 2014.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JOSÉ LUIS BERROTERAN NUNEZ Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 17/12/2014 N° 256 204º, 155º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 62 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.147 de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de la misma fecha, mediante el cual se dicta el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcipnarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración _ Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Opreros y Obreras al Servicio de la Ad inistración Pública Nacional .

CONSIDERANDO Que en fecha 23 de octubre de 2014, mediante planilla FP-026 N° 2014- 026, el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, actuando de conformidad con el nombramiento efectuado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Decreto N° 9.401 de fecha 08 de marzo de 2013 y en ejercicio de la delegación conferida en el Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo 2013 en su artículo 1°, numeral 10. publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de marzo de 2013, aprobó la Jubilación Especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.618 de fecha 11 de enero de 1999.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el benefiCio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana NIVIA PADILLA HERRERA, titular de la Cédula de Identidad N° v- 11.931.157, quien cuenta con cincuenta y seis (56) años de edad, y veintitrés (23) años, y siete (07) meses al Servicio dal . como PRoFESioNAL I en el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología antes denominado

Ministerio del Poder Popular pafa Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI), y por haber cumplido los requisitos establecidos en los artículos 4 y 8 del Decreto N° 1.789 de fecha 02 de octubre de 2014, mediante el cual se dicta el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Funcionarios, Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL es por la cantidad de SEIS MIL TRES BOLÍVARES CON 40/1OO CÉNTIMOS (Bs. 6.003,40) mensuales, equivalente al 57,50% del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses en servicio activo, de conformidad con lo establecido en el artículo 08 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.

TERCERO: La Oficina de Recursos Humanos del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FOnACiT), queda encargada de ejecutar la presente Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden a la citada trabajadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras y el artículo 92 de la Constitución de la Reblica Bolivariana de Venezuela.

CUARTo: La Oficina de Recursos Humanos del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), efectuará la notificación correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Admiristrativos.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional

MANUELAFERNÁNDEZM Decreto Nº 121a. de fecha 02 de septiembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 17/12/2014 N° 254 204º, 155º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Pfesidencial Nº 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Furción Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 62 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.147 de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de la misma fecha, mediante el cual se dicta el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Em dadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

CONSIDERANDO Que en fecha 23 de octubre de 2q14, mediante planilla FP-026 N° 002- 14. el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, actuando de conformidad con el nombramiento efectuado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Decreto N° 9.401 de fecha 08 de marzo de 2013 y en ejercicio de la delegación conferida en el Decceto N° 9.402 de fecha 11 de marzo 2013 en su artículo 1°, numeral 10, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de marzo de 2013, aprobó la Jubilación Especia) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.618 de fecha 11 de enero de 1999.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el benefiCio de JUBILACIÓN ESPECIAL a el ciudadano PEDRO JOSÉ TOVAR NAVE A, titular de la Cédula de Identidad N° v- 4.466595, quien cuenta con sesenta y un (61) años de edad, y veintidós (22) años, y un (01) mes al Servicio de la ORLA.

Como ASISTENTE ADMINISTRATIVO en la FundaCión Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (Fl), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología antes denominado Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI), y por haber cumplido los requisitos establecidos en los artículos 4 y 8 del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, mediante el cual se dicta el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de

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los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL es por la Cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 71/100 CÉNTIMOs (Bs. 3.357,71) mensuales, equivalente al 55 % del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses en servicio activo, de conformidad con lo establecido en el artículo 08 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano y el monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior. se resuelve elevarlo al salario mínimo vigente para la fecha de la publicación de la presente Resolución a la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OC ENTA Y. NUEVE BOLIVARES CON ONCE CÉNTIMOS (Bs. 4.889,11), en concordancia con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con el Decreto N° 1.431 de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.542 de la misma fecha.

TERCERO: La Oficina de Recursos Humanos de la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación Desarrollo Tecnológico (Fl). queda encargada de ejecutar la preserte Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden a el citado trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CUARTO: La Oficina de Recursos Humanos de la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (Fll), efectuará la notificación correspondiente, er virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimjentos Administrativos.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional

MANUEL AL FERNÁNDEZ'M:

Ministro del Poder Popular para Educación Univerraria. Ciencia y Tecnplogía Decreto N° 1213. de fecha 02 de septienre de 2014 MET REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 255 FECHA: 17/12/2014 204º, 155º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Furción Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 62 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Púplica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.147 de la Republica Bolivariana de Venezuela de la misma fecha y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de la misma fecha, mediante el cual se dicta el Instructivo que est blece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubnación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

CONSIDERANDO Que en fecha 23 de octubre de 2014, mediante planilla FP-026 N° 005- 14, el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, actuando de conformidad con el nombramiento efectuado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Decreto N° 9.401 de fecha 08 de marzo de 2013 y en ejercicio de la delegación conferida en el Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo 2013 en su artículo 1°, numeral 10, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de marzo de 2013, aprobó la Jubilación Especia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.618 de fecha 11 de enero de 1999.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el benefiCio de JUBILACIÓN ESPECIAL a el ciudadano ASNALDO ENRIQUE GONZÁLEZ , titular de la Cédula de Identidad N° v- 4.330.233, quien cuenta con sesenta y dos (62) años de edad, y dieciocho (18) años y un (01) mes al Servicio de la Administración Pública, quien se na desempeñado en su último cara como PERSONAL DE SEGURIDAD 1 en la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo _Tecnológico (Fll), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología antes denominado Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI). y por haber cumplido los requisitos establecidos en los artículos 4 y 8 del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, mediante el cual se dicta el Instructivo *.

que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcipnarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL es por la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON 68/100 CÉNTiMos (Bs. 3.335.68) mensuales, equivalente al 45 % del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses en servicio activo, de conformidad con lo establecido en el artículo 08 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones para la Jubilación Pública Nacional, Estadal y Municipal y visto que la jubilación otorgada mínimo urbano y el monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior, se resuelve elevarlo al salario mínimo vigente para la fecha de la ublicación de la presente Resolución a la cantidad de CuATRo MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON ONCE CÉNTIMos (Bs. 4.889,11), en concordancia con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con el Decreto N° 1.431 de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha.

TERCERO: La Oficina de Recursos Humanos de la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (Fll), queda encargada de ejecutar la preserte Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden al citado trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras y el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CuARTO: La Oficina de Recursos Humanos de la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (Fll). efectuará la notificación correspondiente, er virtud de lo dispuesto en el artículo

Comuníquese y Publíquese, G Por el Ejecutivo Nacional

MANUEL A.FERNÁNDZ'M Ministro del Poder Popular para Educación Universvoria, Ciencia y Tecnosgía Decreto Nº 1213, de fecha 02 de septiembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 17/12/2014 N° 257 204º, 155º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 62 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 de fecha 17 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.147 de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014. publicado en Gaceta Oficial de la República Bd variana de Venezuela N° 40.510 de la misma fecha, mediante el cual se dicta el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

CONSIDERANDO Que en fecha 23 de octubre de 2014, mediante planilla FP-026 N° 2014-090, el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, actuando de conformidad con el nombramiento efectuado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Decreto N° 9.401 de fecha 08 de marzo de 2013 y en ejercicio de la delegación conferida en el Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo 2013 en su artículo 1°, numeral 10, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de marzo de 2013, aprobó la Jubilación Especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.618 de fecha 11 de enero de 1999.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la ciudadana ROSA ALBA BOADA ESCALANTE, titular de la Cédula de Identidad N° v- 10.745.085, quien cuenta con cuarenta y ocho (42) años de edad, y veintiún (21) añqs, y cuatro (04) meses al Servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado en su último cargo como PRoFESIoNAL I en el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología antes denominado

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(MPPCTI), y por haber cumplido los requisitos establecidos en los artículos 4 y 8 del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, mediante el cual se dicta el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL es por la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÍVARES CON CÉNTIMos (Bs. 4.365,25) mensuales, equivalente al 52,50% del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses en servicio activo, de conformidad con lo establecido en el artículo 08 de la Ley del Estatuto Sobre el_ Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de• eguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano y el monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior, se resuelve elevarlo al salario mínimo vigente para la fecha de la publicación de la presente Resolución a la Cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON ONCE CÉNTIMOS Bs. 4.889,11), en concordancia con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con el Decreto N° 1.431 de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en Gaceta Oficial N° 40.542 de la misma fecha.

TERCERO: La Oficina de Recursos Humanos del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT). queda encargada de ejecutar la presente Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden a la citada trabajadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CUARTo: La Oficina de Recursos Humanos del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), efectuará la notificación correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional

Ministro del Poder Popular pardación Univrslogía Decreto N° 1213, de fecha 02 de sepemtre de 2014 ODEL República Bolivariana De Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología Fundación Conciencia Televisión Caracas, 08 de diciembre de 2014

Providencia Administrativa Nº 005 203º, 155º y 15º El Consejo Directivo de la Fundación Conciencia Televisión, conformado por los ciudadanos Gustavo Enrique Castillo Mascareño, titular de la cédula de identidad N° V-14.512.996, en su carácter de Presidente de la Fundación y los miembros Principales Miguelangel Liendo Delgado titular de la cédula de identidad N° V-14.789.149, Aylema Rondón Torres titular de la cédula de identidad N° V-6.897.181, Germania Fernández Ferrante, titular de la cédula de identidad N° V-15.020.293, y en su condición de miembro suplente: Marielisa Alvarez Carrillo, titular de la cédula de identidad N° v- 18.234.475, en sustitución del Miembro principal Eulalia Tabares Roldan titular de la cédula de identidad N° V-14.642.153, designados mediante Resolución N° 093, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.178, de fecha 30 de mayo de 2013, actuando de conformidad con las atribuciones conferidas en la cláusula Décima Segunda, numeral 10, de los Estatutos Sociales de la Fundación, debidamente protocolizado ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 10/05/2013, bajo el Numero 23, Folio 115, Tomo 26 del protocolo de transcripción del mencionado año, y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.166, de fecha 14 de mayo de 2013, en concordancia con el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. DECIDEN Artículo 1.- Se autoriza a la ciudadana ILIANA AMENGUAL CAPDEVIELLE, titular de la cédula de identidad N° V-5.459.396, en su carácter de Gerente de Administración y Servicios Generales de la Fundación, designada mediante oficio N° FCTV-0730-2014 del 05 de diciembre de 2014, para movilizar las cuentas Bancarias de la Fundación exclusivamente en conjunto con el Presidente y la Directora Ejecutiva, hasta por los montos máximos autorizados para cada uno de ellos respectivamente.

Artículo 2.- Se designa a los ciudadanos, GUSTAvo ENRIQUE CASTILLO MAsCAREÑO, titular de la cédula de identidad N° V-14.512.996, en su carácter de Presidente de la Fundación, la ciudadana YOSIELMAR INÉS MONTERO GOMEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-15.316.352, en su carácter de Directora Ejecutiva de la Fundación, y la ciudadana ILIANA AMENGUAL CAPDEVIELLE, titular de la cédula de identidad N° v-5.459.396, en su carácter de Gerente de Administración y Servicios Generales de la Fundación, como los autorizados ante el Banco Central de Venezuela, para registrar las firmas con ocasión a lo establecido en el Convenio Cambiario N°11, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.391, de fecha 10 de abril de 2014.

Artículo 3.- Los actos y documentos firmados de acuerdo a lo establecido en la presente Providencia, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la Providencia y Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada.

Artículo 4.- El presente acto de delegación no conlleva ni entraña la facultad para subdelegar las atribuciones aquí delegadas.

Artículo 5.- Los funcionarios sujetos de la presente delegación deberán presentar a la Consejo Directivo en la forma que este lo indique, el detalle de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación.

Artículo 6.- Se deroga y deja sin efecto la Providencia Administrativa N° 001 de fecha 14 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.252 del 17 de septiembre de 2013.

Artículo 7.- La presente providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

( Conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos comuníquese y publíquese.

Por el Consejo Directivo, C Gustavo Castillo iguelangel Liendo Mascareño Delgado PRESIDENTE MIEMBRO PRINCIPAL Marielisa Alvarez Castillo Aylema Rgñdon Torres MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE Gęrmania/Fernández Ferrante MIEMBRO PRINCIPAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 076 CARACAS, 19 DE DICIEMBRE DE 2014

AÑOS 2049, 155° y 15°

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 65 y 78, numerales 13 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el numeral 9 del artículo 2 del Decreto N° 8.559 de fecha 01 de noviembre del 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.791 de fecha 02 de noviembre de 2011 y, según lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 71 y numeral 2 del artículo 76 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos.

POR QUANTO Corresponde al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo diseñar, formular y evaluar las políticas, estrategias, planes y programas, regido por los principios y valores éticos, destinados a garantizar las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de circulación, tránsito y transporte acuático y aéreo y, servicios conexos, así como la fijación de sus tarifas y fletes,

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POR QUANTO El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos como ente de gestión de la Autoridad Acuática, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, propone la fijación de las tarifas sobre los servicios conexos al sector acuático, POR CUANTO Fue aprobada por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, a través de su Directorio, la propuesta de fijación de tarifas en dólares por los servicios públicos que presta el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos por pilotaje, remolcadores y lanchaje a buques de bandera extranjera, según Acta de Sesión Extraordinaria N° E-002 de fecha 12 de septiembre de 2014.

RESUELVE Sección I Disposiciones Generales Artículo 1. La presente Resolución tiene por objeto establecer las tarifas sobre los servicios y actividades conexas al sector acuático, que presta el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), de conformidad con la ley.

Sección II Del Servicio de Pilotaje, Remolcadores y Lanchaje

Artículo 2. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) para buques de bandera nacional, por el servicio obligatorio de pilotaje en cada maniobra del buque, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°1 BUQUES DESDE, BUQUES HASTA, MÍNIMA MEDIA MÁXIMA ARQUEO BRUTO ARQUEO BRUTO (U.T.) (4.T.) (U.T.) (A.B.) (A.B.)

2.000 38 43 0 49 54 59 63

2.001

5.000 81 86

5.001

10.000 92 176

15.000 182 187

10.001

15.001 184 189 194

20.000

25.000 191 200 205

20.001 203 221 214

25.001

30.000 227 216 221

30.001

35.000

40.000 230 236 241

35.001

45.000 243 248 254

40.001 257 263 268

45.001

50.000

70.000 292 297 302

50.001 306

70.001

100.000 311 319 322

125.000 324 329

100.001

125.001 333 338 344

150.000 338 344 349 MAS DE 150.001 La tarifa fijada en la Tabla N° 1 del presente artículo, tendrá un ajuste adicional del setenta y cinco por ciento (75%) cuando se efectúen las siguientes maniobras:

a) Maniobra de abarloar o larga el buque del costado de otro buque.

b) Maniobra de entrada o salida de dique.

c) Maniobra para amarrar o larga el buque de una monoboya.

Artículo 3. Los buques de bandera nacional, que naveguen utilizando el servicio obligatorio de pilotaje en el canal de navegación del Eje Orinoco- Apure, deberán pagar además de la tarifa establecida en la Tabla N° 1, por concepto de navegación por cada milla recorrida, la tarifa que se especifica a continuación:

Tabla N°2 BUQUES DESDE, BUQUES HASTA, MÍNIMA MÁXIMA MEDIA ARQUEO BRUTO ARQUEO BRUTO (A.B.) (U.T.) (U.T.) (U.T.) (A.B.) 0,194 0,230 0,275 0 2.000 0,324 0,369 0,437 2.001 5.000 5.001 10.000 0,508 0,589 0,693 10.001 15.000 0,715 0,841 0,981 0,981 1,154 15.001 20.000 0,841 1,049 1,235 1,442 25.000 20.001 1,256 1,465 1,730 25.001 30.000 2,018 35.000 1,719 30.001 1,463 40.000 1,644 1,932 2,267 35.001 45.000 1,825 2,145 2,516 40.001 2,006 2,358 2,765 50.000 45.001 70.000 2,187 2,571 3,014 50.001 100.000 2,784 70.001 2,368 3,263 3,512 125.000 2,549 2,997 100.001 150.000 2,730 3,210 3,761

125.001 2,911 3,423 4,010 MAS DE 150.001

Artículo 4. Se fijan las tarifas en Dójares de los Estados Unidos de América (USD) para buques de bandera extranjera, por el servicio obligatorio de pilotaje en cada maniobra del buque, de acuerdo a la siguiente tabla:

%

Tabla N°3 BUQUES DESDE, BUQUES HASTA, MÍNIMA MÁXIMA MEDIA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (asn) (asn) (USD) (A.B.) 0 2.000 762 871 980 2.001 5.000 1.197 1.089 1.270 5.001 10.000 1.742 1.851 1.633 10.001 15.000 3.556 3.665 3.774 15.001 20.000 3.701 3.810 3.919 20.001 25.000 3.846 4.028 4.137 30.000 25.001 4.100 4.318 4.463 30.001 4.463 35.000 4.572 4.354 40.000 35.001 4.753 4.645 4.862 40.001 45.000 5.007 4.899 5.116 45.001 50.000 5.298 5.189 5.407 70.000 50.001 5.987 5.878 6.096 70.001 100.000 6.277 6.169 6.423 100.001 6.495 125.000 6.531 6.640 125.001 150.000 6.713 6.931

6.822 MAS DE 150.001

6.822 86-9

7.039 La tarifa fijada en la Tabla N° 3 del presente artículo, tendrá un ajuste adicional del setenta y cinco por ciento (75%) cuando se efectúen las siguientes maniobras:

a) Maniobra de abarloar o larga el buque del costado de otro buque.

b) Maniobra de entrada o salida de dique.

c) Maniobra para amarrar o larga el buque de una monoboya.

Artículo 5. Los buques de bandera extranjera, que naveguen utilizando el servicio obligatorio de pilotaje en el canal de navegación del Eje Orinoco- Apure, deberán pagar además de la tarifa establecida en la Tabla N°3, por concepto de navegación por cada milla recorrida, la tarifa que se especifica a continuación:

Tabla N°4 BUQUES DESDE, BUQUES HASTA, MÍNIMA MÁXIMA MEDIA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (asn) (asn) (asn) (A.B.)

2.000 3,919 4,645 5,552 0 6,531

2.001

5.000 7,439 8,817

5.001 10,233 11,865 13,970

10.000

10.001 16,945 19,776

15.000 14,405

15.001

20.000 16,945 19,776 23,259

25.000 24,892 29,065

20.001 21,155

30.000 25,327 29,537 34,871

25.001

35.000 29,500 34,653

30.001 40,676 31,605

35.001

40.000 37,229 43,724

45.000 33,746 39,551 46,990

40.001 52,324

50.000 37,919 44,668

45.001

70.000 41,319 48,670 57,001

50.001 44,719

70.001 52,672 61,678

100.000

125.000 48,119 56,674 66,355

100.001

125.001 $1,519 60,676

150.000 71,032 $4,919 64,678 75,709 MAS DE 150.001

Artículo 6. Cuando el servicio de pilotaje sea solicitado para asistir a un buque de pasaje dedicado al turismo tendrá un descuento del treinta por ciento (30%) de la tarifa establecida, sin perjuicio de los demás beneficios que le sean aplicables.

Artículo 7. Cuando se solicite el servicio y por causa imputable al piloto, se produzca un retardo mayor de una (1) hora, después de la señalada para la cual se solicitó el piloto a bordo, se producirá un descuento del treinta por ciento (30%) de la tarifa fijada. Dicho descuento no podrá ser reflejado en la relación indicada en el artículo 11 del Reglamento de Pilotaje para los efectos del pago por concepto de concesión.

Artículo 8. Cuando estando el piloto a bordo del buque y por causa imputable al armador, representante del armador, Capitán del buque o agente naviero, se produzca un retardo mayor de una (1) hora, desde su embarque, hasta el momento de inicio de la maniobra o cuando el Capitán del buque cancele la misma, se originará un recargo o pago del quince por ciento (15%) de la tarifa fijada, según el caso, el cual deberá ser reflejado en la relación indicada en el artículo 11 del Reglamento de Pilotaje, para efectos del pago por concepto de concesión.

Artículo 9. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) para buques de bandera nacional, por el servico obligatorio de remolcador en cada maniobra del buque, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°5 BUQUES DESDE, BUQUES HASTA, MÁXIMA MÍNIMA MEDIA ARQUEO BRUTO ARQUEO BRUTO (A.B.) (U.T.) (U.T.) (U.T.) (A.B.) 138 139 141 0 2.000 5.000 162 158 160 2.001 5.001 10.000 185 176 180 207 15.000 198 203 10.001 15.001 20.000 239 247 252 25.000 20.001 257 265 270 275 30.000 283 288 25.001

página original (tal como se publicó)Página 23 de la Gaceta

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35.000 293

30.001 301 306

40.000 311 319 324

35.001 329

40.001

45.000 337 342

45.001 356

50.000 355 360

50.001

70.000 365 373 378

70.001

100.000 383 391 396

100.001

125.000 404 412 417

150.000

125.001 424 432 439 MAS DE 150.001 445 453 460 Artículo 10. Se fijan las tarifas en Dólares de los Estados Unidos de América (USD)para buques de bandera extranjera, por el servicio obligatorio de remolcador en cada maniobra del buque, de acuerdo a la iguiente tabla:

Tabla N°6 BUQUES HASTA, BUQUES DESDE, MÍNIMA MEDIA MÁXIMA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (asn) (asn) (USD) (A.B.)

2.000 0

2.781

2.807

2.837

3.193

2.001

5.000

3.229

3.266

3.556

5.001

10.000

3.629

3.737

15.000

3.991

10.001

4.100

4.173

15.001

20.000

4.826

4.971

5.080

20.001

25.000

5.189

5.334

5.443

25.001

30.000

5.697

5.552

5.806

30.001

35.000

5.915

6.060

6.169

40.000

35.001

6.423

6.277

6.531

40.001

45.000

6.785

6.640

6.894

45.001

50.000

7.148

7.185

7.257

50.001

7.366

70.000

7.511

7.620

70.001

100.000

7.729

7.874

7.983

100.001

125.000

8.141

8.296

8.412

125.001

150.000

8.554

8.718

8.841 MAS DE 150.001

8.966

9.141

9.269 Artículo 11. Cuando el servicio de rermolcadores sea solicitado para asistir a un buque de pasaje dedicado al turismo, tendrá un descuento del treinta por ciento (30%) de la tarifa establecida, sin perjuicio de los demás beneficios que le sean aplicables.

Artículo 12. Cuando se solicite el servicio a una hora determinada y por causa imputable al prestador del servicio de remolcadores, se produzca un retardo mayor de una (1) hora, después de la señalada para la cual se solicitó el servicio, se producirá un descuento del veinte por ciento (20%) de la tarifa fijada. Dicho descuento no podrá ser reflejado en la relación indicada en el artículo 11 del Reglamento de Remolcadores, para los efectos del pago por concepto de concesión.

Artículo 13. Cuando se solicite el sérvicio a una hora determinada y por causa imputable al armador, representante del armador, Capitán del buque o agente naviero, se produzca un retardo mayor de una (1) hora o el Capitán del buque cancele la maniobra, se originará un recargo o pago d• reflejado en la relación indicada en el artículo 11 del Reglamento de Remolcadores, para efectos del pago por concepto de concesión.

Artículo 14. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) para buques de bandera nacional, por el servico obligatorio de lanchaje en cada maniobra del buque, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°7 BUQUES DESDE, MÍNIMA MÁXIMA MEDIA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (U.T).

(U.T.) (U.T.) (A.B.)

2.000 31 32 34 0 36 38

2.001

5.000 41

5.001

10.000 43 41 45 45 45 47

10.001

15.000

20.000

15.001 47 49 50

20.001

25.000 49 49 51 50 52

25.001

30.000 49 54

30.001

35.000 53 56

40.000 59 60

35.001 57 63

40.001

45.000 61 64 65 67 68

45.001

50.000

70.000 71 72

50.001 69 73 75 76

70.001

100.000

100.001 77 79

125.000 80

125.001

150.000 81 83 84 85 87 88 MAS DE 150.001 En Punta Barima, las tarifas por servicio de lanchaje, tendrán un recargo del cien por ciento (100%), sobre las tarifas indicadas en la Tabla N° 7.

Artículo 15. Se fijan las tarifas en Dólares de los Estados Unidos de América (UsD) para buques de bandera extranjera, por el servicio obligatorio de lanchaje en cada maniobra del buque, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°8 BUQUES DESDE, BUQUES HASTA, MÁXIMA MÍNIMA MEDIA ARQUEO BRUTO ARQUEO BRUTO (A.B.) (asn) (asn) (asn) (A.B.) 617 653 689 0 2.000 2.001 5.000 726 762 835 5.001 10.000 835 871 907 907 943 980 10.001 15.000 20.000 15.001 1.004 1.040 1.076 25.000 1.137 20.001 1.101 1.173 25.001 30.000 1.197 1.234 1.270 35.000 1.294 1.330 1.367 30.001 40.000 35.001 1.391 1.427 1.464 1.488 1.524 1.560 45.000 40.001 50.000 45.001 1.584 1.621 1.657 70.000 50.001 1.681 1.718 1.754 70.001 100.000 1.778 1.814 1.851 100.001 125.000 1.875 1.911 1.947 125.001 150.000 1.972 2.008

2.044 MAS DE 150.001

2.068

2.141

2.105 En Punta Barima, las tarifas por servicio de lanchaje, tendrán un recargo del cien por ciento (100%), sobre las tarifas indicadas en la Tabla N° 8.

Artículo 16. Cuando el servicio de lanchaje sea solicitado para asistir a un buque de pasaje dedicado al turismoô, tendrá un descuento del treinta por ciento (30%) de la tarifa establecida, sin perjuicio de los demás beneficios que le sean aplicables.

Artículo 17. Cuando se solicite el servicio a una hora determinada y por causa imputable a los prestadores del servicio de lanchaje, se produzca un retardo mayor de una (1) hora, después de la señalada para la cual se solicitó el servicio, se producirá un descuento del veinte por ciento (20%) de la tarifa fijada. Dicho descuento no podrá ser reflejado en la relación indicada en el artículo 5 del Reglamento de Lanchaje, para los efectos d pago por concepto de concesión.

Artículo 18. Cuando se solicite el servicio a una hora determinada y por causa imputable al armador, representante del armador, Capitán del buque o agente naviero, se produzca un retardo mayor de una (1) hora o el Capitán del buque cancele la maniobra, se originará un recargo o pago del veinte por ciento (20%) de la tarifa fijada, según el caso, el cual deberá ser reflejado en la relación indicada en el artículo 5 del Reglamento de Lanchaje, para efectos del pago por concepto de concesión.

Artículo 19. Se fijan las tarifas en Unjdades Tributarias (U.T.) para asistir a las Plataformas de Perforación Costa Afuera (MODUS) de bandera nacional, por el servicio obligatorio de pilotaje en cada maniobra, de acuerdo a la siguiente tabla:

MODUS DESDE, MODUS HASTA, MÍNIMA MEDIA MÁXIMA ARQUEO BRUTO ARQUEO BRUTO (U.T) (U.T) (U.T) (A.B.) (A.B.) 77 0

2.000 80 83

2.001

5.000 86 89 91

5.001

10.000 101 104 107

10.001

15.000 154 157 160

15.001

20.000 158 161 164

20.001

25.000 164 167 170

30.000

25.001 169 175 179

35.000

30.001 176 179 182

35.001 184

40.000 187 190

40.001

45.000 191 194 197

45.001

50.000 199 202 205

50.001

70.000 218 221 224

70.001 226

100.000 229 233

100.001

125.000 235 236 239

125.001

150.000 241 244 247 MAS DE 150.001 244 247 250 El servicio de pilotaje para las Plataformas de Perforación Costa Afuera (MODuS), deberá ser pagado dentro de los primeros cinco (05) días hábiles posteriores al desembarque del piloto. La tramitación, control y pago de todas las obligaciones, serán canalizadas a través de la Capitanía de Puertd respectiva.

Los propietarios, arrendadores, armadores, capitanes de buques o agentes navieros, para las Plataformas de Perforación Costa Afuera que operen en el espacio acuático nacional, están en la obligación de solicitar el servicio de pilotaje, durante las maniobras de prueba, verificación de operación y de posicionamiento.

Artículo 20. El servicio de pilotaje para las Plataformas de Perforación Costa Afuera (MoDuS) de bandera pacional, deberán pagar además de la tarifa establecida en la Tabla N° 9, por concepto de navegación o condición de tránsito para el desplazamiento de una circunscripción acuática a otra circunscripción acuática por cada milla recorrida, la tarifa que se especifica a continuación:

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Tabla N°10 MODUS DESDE, MODUS HASTA, MÍNIMA MÁXIMA MEDIA ARQUEO BRUTO ARQUEO BRUTO (U.T) (U.T) (U.T) (A.B.) (A.B.) 0,393 0,428 0,466 0 2.000 2.001 0,516 0,557 0,631 5.000 0,633 0,712 0,806 5.001 10.000 10.001 15.000 0,626 0,725 0,839 0,722 15.001 20.000 0,836 0,976 20.001 1,031 1,196 25.000 0,901 25.001 30.000 1,046 1,198 1,401 35.000 1,192 1,392 30.001 1,618 40.000 1,315 1,531 1,787 35.001 45.000 1,434 1,678 1,951 40.001 50.000 1,811 2,115 45.001 1,553 1,633 1,913 2,236 50.001 70.000 100.000 1,749 2,050 70.001 2,383 100.001 1,860 2,183 2,551 125.000 125.001 150.000 1,976 2,317 2,700 MAS DE 150.001 2,101 2,458 2,872 Artículo 21. Se fijan las tarifas en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) para asistir a las Plataformas de Perforación Costa Afuera (MODuS) de bandera extranjera, por el servicio obligatorio de pilotaje en cada maniobra, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°11 MODUS HASTA, MODUS DESDE, MÍNIMA MÁXIMA MEDIA ARQUEO BRUTO ARQUEO BRUTO (asn) (asn) (asn) (A.B.) (A.B.)

2.000

1.552

1.613

1.673 0

1.734

1.794

1.834

2.001

5.000

5.001

2.036

2.097

2.157

10.000

3.165

10.001

15.000

3.104

3.225

15.001

20.000

3.185

3.246

3.306

25.000

3.306

20.001

3.427

3.367

30.000

25.001

3.407

3.528

3.608

35.000

30.001

3.548

3.608

3.669

3.709

35.001

40.000

3.770

3.830

45.000

40.001

3.850

3.911

3.971

50.000

4.072

45.001

4.012

4.133

50.001

70.000

4.395

4.516

4.455

100.000

4.556

70.001

4.616

4.697

100.001

125.000

4.737

4.757

4.818

4.919

125.001

150.000

4.858

4.979 MAS DE 150.001

4.919

4.979

5.040 El servicio de pilotaje para las Plataformas de Perforación Costa Afuera (MODUS), deberá ser pagado dentro de los primeros cinco (05) días hábiles posteriores al desembarque del piloto. La tramitación, control y pago de todas las obligaciones, serán canalizadas a través de la Capitanía de Puerto respectiva.

Los propietarios, arrendadores, armadores, capitanes de buques o agentes navieros, para las Plataformas de Perfpración Costa Afuera que operen en el espacio acuático nacional, están en la obligación de solicitar el servicio de pilotaje, durante las maniobras de prueba, verificación de operación y de posicionamiento.

Artículo 22. El servicio de pilotaje para las Plataformas de Perforación Costa Afuera (MODUS) de bandera extranjera, deberán pagar además de la tarifa establecida en la Tabla N° 11, por concepto de navegación o condición de tránsito para el desplazamiento de una circunscripción acuática a otra circunscripción acuática por cada milla recorrida, la tarifa que se especifica a continuación:

Tabla N°12

MODUS HASTA, MODUS DESDE, MÍNIMA MÁXIMA MEDIA ARQUEO BRUTO ARQUEO BRUTO (A.B.) (asn) (asn) (asn) (A.B.)

2.000 7,923 8,628 9,389 0 11,220

2.001

5.000 10,404 12,722

5.001

10.000 12,769 14,362 16,248

15.000 12,610 14,625 16,918

10.001

20.000 14,558 16,848 19,666

15.001 24,106 20,791

20.001

25.000 18,157 28,244

30.000 21,080 24,152

25.001 32,617

30.001 28,064

35.000 24,031 30,863 36,027

40.000 26,511

35.001 39,335

45.000 28,915 33,827

40.001 36,509

50.000 31,315 42,641

45.001

70.000 32,917 38,565 45,070

50.001 35,257 41,321 48,045

70.001

100.000

100.001

125.000 44,002 51,431 37,499

125.001

150.000 39,827 46,716 54,436 42,365 MAS DE 150.001 49,544 57,909

Artículo 23. Cuando los servicios de pilotaje, remolcadores y lanchaje, sean prestados directamente por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos concesionario, estos podrán establecer sus tarifas dentro de la banda que establece la tarifa mínima y la máxima.

Sección III De los Otros Servicios y Actividades Artículo 24. Se fijan las tarifas en Uhidades Tributarias (U.T.) por concepto de servicios y autorizaciones relacionados con las organizaciones dedicadas a: búsqueda, rescate y salvamento; y las actividades de prevención y combate de contaminación ambiental en los espacios acuáticos, salvo en casos de emergencia nacional decretada por el Ejecutivo Nacional, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°13 TRÁMITE (U.T.) Constancia de prevención anual para organizaciones dedicadas a 60 búsqueda, rescate y salvamento Constancia prevención establecimientos de anual para comerciales que incluyan entre actividades,manejo, $us 30 almacenamiento y/o disposición de sustancias peligrosas, contaminantes o susceptibles de degradar el ambiente Constancia de prevención anual para otros establecimientos comerciales que no incluyan entre sus actividades, manejo, 20 almacenamiento y/o disposición de sustancias peligrosas, contaminantes o susceptibles de degradar el ambiente Autorización de ejecución o funcionamiento de construcciones de cualquier índole permitidas por la ley que desarrollen actividad comercial ubicadas en aguas territoriales e interiores y en terrenos situados a la orilla del mar, lagos, ríos, sus riberas y 120 demás porciones navegables, en una extensión hasta de ochenta metros (80 mts.) medida hacia la costa o ribera, desde la línea de la más alta marea o desde la línea de más alta crecida en el caso de los ríos navegables, la modificación de estas construcciones y operaciones que en ella se realicen Autorización de ejecución o funcionamiento de construcciones de cualquier índole permitidas por la ley, que no desarrollen actividad comercial; ubicadas en aguas territoriales e interiores y en terrenos situados a la orilla del mar, (agos, ríos, sus riberas y demás porciones navegables, en una extensión hasta de ochenta 40 metros (80 mts.) medida hacia la costa o ribera, desde la línea de la más alta marea o desde la línea de más alta crecida en el caso de los ríos navegables, la modificación de estas construcciones y operaciones que en ella se realicen Inspección de trabajos en caliente, a bond o o en tierra 20 Guardia de prevención durante el suministro de combustible a 15 buque o almacenamiento en tierra (por día) Supervisión de trabajos de pintura en el casco del buque (por día) 15 Informes de siniestros y otras actuaciones 10 Revisión de proyectos de seguridad, prevención y riesgos 10 Inspecciones de materiales peligrosos 20 Control de derrames y fugas de materiales peligrosos (por día) 50 Inspección de trabajos en altura 20 Guardias de prevención y custodia de pirotécnicos (por día) 30 Guardias de prevención en reconocimiento de cargas peligrosas 20 (por día)

Artículo 25. Se fijan las tarifas en Unjdades Tributarias (U.T.) por concepto de solicitud de registro de los centros de producción naval principal con capacidad para construir, modificar o reparar buques y accesorios de navegación de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°14 REGISTRO, CERTIFICACIÓN INICIAL Y AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE OPERACIÓN BUQUES DESDE, BUQUES HASTA, ÚNICA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (A.B.) (U.T.) 0 2.000 200 2.001 5.000 250 5.001 10.000 300 10.001 15.000 350 15.001 20.000 400 20.001 25.000 450 25.001 30.000 500 30.001 35.000 550 35.001 40.000 600 40.001 45.000 650 45.001 50.000 700 50.001 70.000 750 70.001 100.000 800 100.001 125.000 850 125.001

150.000 900 MAS DE 150.001 950

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CERTIFICACIÓN POR RENOVACIÓN BUQUES HASTA, BUQUES DESDE, ÚNICA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (A.B.) (1n)

2.000 150 0

2.001

5.000 200

5.001 250

10.000

10.001

15.000 300

15.001

20.000 350

20.001

25.000 400

25.001

30.000 450

35.000

30.001 500

35.001

40.000 550

40.001

45.000 600

45.001

50.000 650

50.001

70.000 700

100.000 750

70.001 800

100.001

125.000

125.001 850

150.000 MAS DE 150.001 900 Artículo 26. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de solicitud de registro de centros auxiliares de producción naval, en la forma siguiente:

Tabla N°15 TRÁMITE (U.T.) 250 Registro y Certificación Inicial 300 Autorización de Extensión de Operación Certificación por Renovación 200 Artículo 27. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de evaluación técnica sobre construcciones, modificaciones, reparaciones y mantenimiento de buques y accesorios de navegación, en función de su respectivo Arqueo Bruto (AB) y de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°16 BUQUES HASTA, BUQUES DESDE, ÚNICA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (A.B.) (U.T.) 0 2.000 80 2.001 5.000 140 5.001 10.000 200 10.001 15.000 260 15.001 20.000 320 25.000 20.001 380 25.001 30.000 440 35.000 30.001 500 35.001 40.000 560 45.000 40.001 620 45.001 50.000 680 50.001 70.000 740 70.001 100.000 800 100.001 125.000 860 125.001 150.000 920 MAS DE 150.001 980 Artículo 28. Se fijan las tarifas en Unjdades Tributarias (U.T.) por concepto de seguimiento y control de proyectos de obra naval en buques y accesorios de navegación, en función de su respectivo Arqueo Bruto (AB) y de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°17 BUQUES HASTA, BUQUES DESDE, ÚNICA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (A.B.) (U.T) 0 2.000 40 2.001 5.000 70 5.001 10.000 100 10.001 15.000 130 15.001 160 20.000 20.001 25.000 190 25.001 30.000 220 35.000 30.001 250 35.001 40.000 280 40.001 45.000 310 45.001 50.000 340 50.001 70.000 370 100.000 70.001 400 100.001 125.000 430 125.001 150.000 460 MAS DE 150.001 490 Artículo 29. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de conformidades técnicas para buques y accesorios de navegación, en función de su respectivo Arqueo Bruto (AB) y de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°18 BUQUES DESDE, BUQUES HASTA, ÚNICA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (A.B.) (U.T.)

2.000 120 0

2.001

5.000 160

5.001 200

10.000

10.001

15.000 240

20.000

15.001 280 320

20.001

25.000

25.001

30.000 360

30.001

35.000 400

35.001

40.000 440

45.000

40.001 480

45.001 520

50.000

50.001 560

70.000

70.001 600

100.000

100.001 640

125.000

125.001 680

150.000 720 MAS DE 150.001 Quedan exentos del pago de las tarifas a que se contrae el presente artículo, las embarcaciones artesanales dedicadas a la pesca artesanal y de subsistencia como sustento del pescador y su grupo familiar, las de turismo . las construidas por las comunidades indígenas previa demostración de su condición.

Artículo 30. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de auditorías de protección de buques y de las instalaciones portuarias, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°19 TRÁMITE (U.T.) APROBACIÓN INICIAL DE DOCUMENTOS Evaluación de la protección del buque 250 Plan de protección del buque 150 Evaluación de la protección del buque para plataformas de 400 perforación costa afuera Plan de protección del buque para plataformas de 250 perforación costa afuera Evaluación de la protección para la instalación portuaria 300 Plan de protección de la instalación portuaria 150 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA Auditoría de protección de las instalaciones portuarias de 300 verificación inicial Auditoría de protección de las instalaciones portuarias de 240 verificación intermedia Auditoría de protección de las instalaciones portuarias de 280 verificación de renovación CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL BUQUE Auditoría de protección de buques de venficación inicial 300 Auditoría de protección de buques de verificación intermedia 200 Auditoría de protección de buques de renovación 240 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE BUQUES PARA PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN COSTA AFUERA Auditoría de protección de buques de verificación inicial 600 Auditoría de protección de buques de verificación intermedia 420 Auditoría de protección de buques de renovación 400 El Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), designará a los funcionarios certificados en materia de protección de buques y de las instalaciones portuarias, para llevar a cabo las auditorías de verificación inicial, verificación intermedia; verificación de renovación y verificación adicional, así como las revisiones para la aprobación de las evaluaciones y los planes de protección.

Artículo 31. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de expedición de: certificados internacionales de arqueo, francobordo, prevención de la contaminación por hidrocarburos, gestión de la seguridad, tripulación mínima, plan de emergencia por contaminación de hidrocarburos, libro de registro de hidrocarburos y del cuaderno de estabilidad sin avería; certificados de seguridad de construcción, seguridad para buques de carga, seguridad radioeléctrica para buques de carga, exención y del manifiesto de mercancía peligrosa; certificado internacional de prevención de la contaminación para el transporte de sustancias líquidas nocivas a granel y del libro de registro de carga; certificado internacional de aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a granel y el certificado de aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a granel; certificado de aptitud para el transporte de gases licuados a gran, certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados;

certificados de seguridad para buques de gran velocidad, permiso de explotación para buques de gran velocidad y certificado internacional de seguridad para unidades móviles de pęrforación mar adentro (MODUS) en la forma siguiente:

Tabla N°20 TRÁMITE (U.T.) Expedición inicial 20 15 Modificación 10 Renovación

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Artículo 32. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de expedición de: documento de cumplimiento del certificado de seguro u otra garantía financiera relativo a la responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas de mar por hidrocarburos transportados, documento de cumplimiento del certificado de seguro u otra garantía financiera relativo a la responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas por hidrocarburos combustible del buque, certificados de exención, documento de cumplimiento relativo al sistemas antiincrustantes, documento demostrativo de cumplimiento del código para buques de suministro mar adentro, certificación de inventario del equipo adjunto al certificado de seguridad de buques de pasaje, certificación de buques de alta velocidad, documento de cumplimiento relativo a la prevención de la contaminación atmosférica, certificación del suplemento del certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica, certificación del suplemento del certificado internacional de prevención de la Contaminación por hidrocarburos y constancia de aprobación del manual de arreglos y medios, certificado de seguridad para buque de pasaje en función de sus respectivo Arqueo Bruto (A.B.), en la forma siguiente:

Tabla N°21 TRÁMITE (U.T.) Expedición inicial 20 15 Modificación 10 Renovación Artículo 33. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por la aprobación y renovación de planes maestros aplicables a todos los puertos y construcciones de tipo portuario en la forma siguiente:

Tabla N°22 (U.T.) TRÁMITE Aprobación y renovación de plan maestro (comerciales) 250 200 Aprobación y renovación de plan maestro (pesqueros) 200 Aprobación y renovación de plan maestro (deportivos) 100 Aprobación y renovación de plan maestro (investigación científica) Aprobación y renovación de plan 75 maestro (pesqueros artesanales) Artículo 34. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por la expedición de certificados de aprobación y renovación en la ejecución de proyectos derivados de los planes maestros, en la forma siguiente:

Tabla N°23 (U.T.) TRÁMITE 150 Certificado de aprobación y renovación (ccomerciales) Certificado de aprobación y renovación (pesqueros) 150 150 Certificado de aprobación y renovación (deportivos) Certificado de aprobación y renovación (investigación 75 científica) 75 Certificado de aprobación (pesqueros artesanales)

Artículo 35. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por la expedición de certificados de aprobación y renovación en la ejecución de proyectos de desarrollo, construcción, modernización y mantenimiento d puertos y construcciones de tipo portuario, en la forma siguiente:

Tabla N°24 TRÁMITE (U.T.) 100 Certificado de aprobación y renovación (comerciales) 100 Certificado de aprobación y renovación (pesqueros) 100 Certificado de aprobación y renovación (deportivos) Certificado de aprobación y renovación (investigación 75 científica) Certificado de aprobación y renovación (pesqueros 75

Artículo 36. Se fijan las tarifas en Unjdades Tributarias (U.T.) por concepto de emisión del permiso especial de cabotaje y navegación doméstica por vía de excepción, en función de su respectivo Arqueo Bruto (A.B.) y de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°25 BUQUES DESDE, BUQUES HASTA, ÚNICA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (A.B.) (1'n)

2.000 0,006 0 0,008

2.001

5.000

5.001

10.000 0,010

15.000 0,012

10.001 0,014

15.001

20.000 0,016

20.001

25.000 0,018

25.001

30.000

35.000 0,020

30.001

35.001

40.000 0,022 0,024

45.000

40.001 0,026

50.000

45.001 0,028

70.000

50.001

0,030

100.000

70.001

125.000 0,032

100.001 0,034

125.001

150.000 0,036 MAS DE 150.001 Artículo 37. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de registro y autorización de operacion para compañías y agencias navieras;

certificadoras, consolidadoras y agenciadoras de carga; transporte multimodal, corretaje marítimo, operadoras de buceo y demás empresas en actividades conexas del sector acuático, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°26 (U.T.) 900 Registro y certificación Inicial 800 Autorización de extensión de operación 700 Verificación por renovación Artículo 38. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de permiso de explotación y cambio de rutas de transporte masivo de pasajeros, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°27 PERMISO DE EXPLOTACIÓN DE RUTA (POR CADA UNA) BUQUES DESDE, BUQUES HASTA, ÚNICA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (A.B.) (1n)

2.000

1.580 0

2.001

5.000

1.680

5.001

10.000

1.780

10.001

15.000

1.880

15.001

20.000

1.980

20.001

25.000

2.080

25.001

2.180

30.000

30.001

35.000

2.280

35.001

40.000

2.380

40.001

45.000

2.480

45.001

50.000

2.580

50.001

70.000

2.680

70.001

100.000

2.780

125.000

100.001

2.880

125.001

2.980

150.000 MAS DE 150.001

3.080 RENOVACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE RUTA (POR CADA UNA) BUQUES DESDE, BUQUES HASTA, ÚNICA ARQUEO BRUTO (A.B.) ARQUEO BRUTO (A.B.) (1n) 0 2.000 1.530 2.001 5.000 1.630 5.001 1.730 10.000 10.001 15.000 1.830 15.001 20.000 1.930 20.001 25.000 2.030 25.001 30.000 2.130 30.001 35.000 2.230 35.001 40.000 2.330 40.001 45.000 2.430 45.001 50.000 2.530 50.001 70.000 2.630 70.001 100.000 2.730 100.001 125.000 2.830 125.001 150.000

2.930 MAS DE 150.001

3.030 Verificación por cambios en la ruta 400 Artículo 39. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias por la evaluació del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para Operaciones Portuarias (SISENOP) de marinas deportivas, en la forma siguiente:

Tabla N°28 (U.T.) TRÁMITE Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para 300 Operaciones Portuarias de marinas deportivas Artículo 40. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias tomando en cuenta el número de embarcaciones, por concepto de supervisión anual de implementación Sistema de Gestión de Seguridad Integral para Operaciones Portuarias (SISEINOP) de marinas deportivas, según la tabla siguiente:

Tabla N°29 TRÁMITE (U.T.) 280 Desde 5 hasta 100 embarcaciones 290 Desde 101 hasta 200 embarcaciones 300 Más de 200 embarcaciones Artículo 41. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias por la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para Operaciones Portuarias (SISEinOP) para puertos comerciales, en la forma siguiente:

Tabla N°30 (U.T.) TRÁMITE Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para 600 Operaciones Portuarias para puertos comerciales

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Artículo 42. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias por la supervisión\ anual de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para Operaciones Portuarias (SISEINOP) para puertos comerciales, según la tabla siguiente:

Tabla N°31 (U.T.) TRÁMITE 450 Puertos comerciales pesqueros 480 Puertos comerciales de carga general 500 Puertos comerciales ferromineros 520 Puertos petroleros y terminales químicos Quedan exentos del pago de las tarifas a que se contrae el presente artículo, los puertos públicos, de intecés local, de uso público, dedicados a la pesca artesanal y de subsistencia como sustento del pescador y su grupo familiar, y las de turismo, previa demostración de su condición.

Artículo 43. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de expedición, renovación, legalización y/o certificación de los siguientes documentos: títulos de marina mercante, títulos de marina mercante para la actividad de pesca, refrendos de títulos, dispensas, certificados y formas administrativas en sus diferentes denominaciones, en la forma siguiente:

Tabla N°32 TRÁMITE (U.T.) Diplomas, títulos y refrendos de títulos de oficial de marina 1 mercante Diplomas, títulos y refrendos de títulos de oficial de marina 1 mercante para la actividad de pesca Certificados como inspector naval, instructor de cursos modelo OMI, médicos marítimos y técnicos en medicina hiperbárica, oficial de protección del buque (OPB), oficial de la compañía para 45 protección marítima (OCPM), oficia de protección de la instalación portuaria (OPIP), persona designada en tierra (PDT) y auditores PBIP e IGS Certificados de suficiencia, operador general o restringido, de 1 tripulante de unidad móvil de perforacion mar adentro (MODUS).

Expedición de certificado de tiempo navegado 10 20 Dispensas a gente de mar nacional Legalizaciones, certificaciones de nota$ y copias certificadas de 5 documentos Formas administrativas (Q1, Q2, P, C14, J, H, G, A y B) 1 Reválida de título a gente de mar 12 Permiso al personal extranjero titular 12 Renovación, expedición por pérdida o deterioro de documentos 5 de gente de mar y demás actividades conexas nacional Renovación, expedición por pérdida o deterioro de documentos 50 de gente de mar extranjera Quedan exentos del pago del derecho establecido en este artículo, las personas naturales que opten al título de Patrón Artesanal; los estudiantes de los Institutos de Educación Náutica inscritos ante el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), que realicen pasantías o prácticas a bordo de cualquier buque; y los menores de edad debidamente permisados que prácticas de actividades deportivas soliciten autorización para realizar náuticas de competencia.

Artículo 44. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de expedición de documentos de la marina mercante nacional, en la forma siguiente:

Tabla N°33 (U.T.) TRÁMITE Expedición de cédulas marinas personal de nivel gestión y 2 operacional Expedición por pérdida o deterioro de cédula marina nivel 5 gestión y operacional 2 Cédulas marinas personal de apoyo Expedición por pérdida o deterioro de cédula marina personal de 9 apoyo 15 Visado de rol de tripulantes de buques mayores a 150 (AB) Visado de rol por de tripulantes pérdida o deterioro de buques 15 mayores a 150 (AB) 10 Visado de rol de tripulantes de buques menor o igual a 150 (AB) Visado de rol de tripulante por pérdida o deterioro de buques 15 menor o igual a 150 (AB) 5 Certificado de buzo 10 Expedición por pérdida o deterioro del certificado de buzo Artículo 45. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de expedición, renovación o reposición de credenciales de la gente de mar y demás actividades conexas en la forma siguiente:

Tabla N°34 (U.T.) TRÁMITE 25 Capitanes de Altura y Jefes de Máquinas 20 Primeros Oficiales de Navegación y de Maquinas 15 Segundos Oficiales de Navegación y de Máquinas Terceros Oficiales de Navegación, de Máquinas y Oficial 5 Electrotécnico 2 Capitanes Costaneros y de Pesca 1 Patrones de Primera y Motoristas de Primera 1 Patrones de Segunda y Motoristas de Segunda 1 Oficiales de Pesca 1 Jefes de Máquinas de Buques de Pesca 1 Oficiales de Máquinas de Buques de Pesca 20 Capitanes de yates 20 Patrones Deportivos de Primera 20 Patrones Deportivos de Segunda 20 Patrones Deportivos de Tercera Inspectores de Radiocomunicaciones Marítimas, Auditores PBIP 20 e IGS, OPIP, OPB, OPC, PDT, médicos marítimos y técnicos en medicina hiperbárica 30 Inspectores Navales 15 Instructores de buceo 25 Buzos industriales y de rescate 20 Buzos deportivos y recreacionales 30 Expedición por pérdida o deterioro de credenciales Quedan exentos del pago del derecho establecido en este artículo los patrones artesanales, los inspectores del estado rector del puerto, los buzos tácticos, científicos y los dedicados a investigaciones submarinas; así mismo, los veleristas menores de edad y quienes practiquen deportes náuticos.

Artículo 46. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de supervisión de instituciones de educación náutica, inscritas ante el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), en la forma siguiente:

Tabla N°35 TRÁMITE (U.T.) Supervisión inicial para registro y autorzación 80 40 Supervisión para autorización de cada nuevo curso 60 Supervisión por renovación Quedan exentos del pago del derecho establecido en este artículo, las instituciones públicas o privadas que desarrollen actividades sin fines de lucro e interés social durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de vigencia de esta Resolución, previa comprobación de tal condición.

Artículo 47. Se fijan las tarifas en Unidades Tributarias (U.T.) por concepto de aplicación de pruebas para optar a títulos o licencias, en la forma siguiente:

Tabla N°36 TRÁMITE (U.T.) Capitanes Costaneros 7 Patrones de Primera y Motorista de Primera 6 Patrones de Segunda y Motoristas de Segunda 6 Capitanes de yates 7 Patrones Deportivos de Primera 6 Patrones Deportivos de Segunda 6 Patrones Deportivos de Tercera 6 Quedan exentos del pago de las tarifas a que se contrae el presente artículo los patrones artesanales de las comunidades indígenas, los dedicados a la pesca artesanal y de subsistencia como sustento del pescador y su grupo familiar, y las de turismo, previa demostración de su condición.

Disposición Derogatoria Única. Se deroga la Providencia Administrativa Nº 047 de fecha 25 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.289 de fecha 21 de octubre de 2009.

Disposiciones Finales Primera. Los montos que se perciban por concepto de las tarifas establecidas en la presente Resolución, ingresarán a las cuentas del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INiA) y serán administradas por éste de conformidad con la ley.

Segunda. Cuando los servicios de pilotaje, remolcadores y lanchaje, referidos al cobro en moneda extranjera sean prestados tanto por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), como por particulares, estos serán depositados directamente en las cuentas establecidas por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), retornará en moneda nacional (Bs.) los servicios prestados por los particulares, según la normativa vigente emanada del Banco Central de Venezuela (BCV).

Tercera. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, / GIUSEPPE ANGELO YOFFREDA YORIO MINI$TRO Designado mediante-becreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014 Publicado en la Gaceta Oficial N° 40.488 de la misma fechà.

Reimpreso en la Gaceta Oficial N° 40.4$9 de fecha 03 de septiembre de 2014

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO JUNTA INTERVENTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-480-14 CARACAS, 01 DE DICIEMBRE DE 2014 204°, 1$5° y 15° El Presidente de la Junta Interyentora del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, actuando de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 9, numeral 3 y 19 del Decreto N° 1.492, de fecha 27 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.550 de la misma fecha y los artículos 9, 58, 61 y 78 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009.

POR CUANTO, Que la actividad aeronáutica debe ser gestionada eficientemente, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus leyes, a fin de alcanzar el desarrollo de la misma de manera ordenada, segura y eficaz.

POR CUANTO, Que surge la necesidad de adecuar el acervo jurídico que regulan las operaciones de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera en el territorio nacional, para que cumplan no sólo con la normativa vigente en la materia aeronáutica emanada del Estado venezolano, sino con todo el marco normativo nacional y los Convenios Internacionales válidamente suscritos por el Estado venezolano.

POR CUANTO, Que es competencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, como órgano rector, veedor y fiscalizador de la actividad aeronáutica, regular y controlar las actividades de los propietarios y tenedores de Aefonaves de Aviación General con Matrícula Extranjera en el territorio nacional, lo cual lo lleva a avocarse, como en efecto lo hace, mediante la emisión del presente instrumento normativa, destinado a regular las operaciones de las Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera en el territorio nacional.

DICTA, La siguiente, CONDICIONES MEDIANTE LAS CUALES SE REGULAN LAS OPERACIONES DE AERONAVES DE AVIACIÓN GENERAL CON MATRÍCULA EXTRANJERA HACIA Y EN EL TERRITORIO NACIONAL

CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales OBJETO Artículo 1. La presente Providencia Administrativa tiene por objeto regular el ingreso, permanencia y salida del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de las Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera, así como las operaciones aéreas que éstas realicen exclusivamente en aeropuertos controlados por la Autpridad Aeronáutica Nacional.

DEFINICIONES Artículo 2. A los efectos de la presente Providencia Administrativa, los términos abajo expuestos tienen la siguiente definición:

e

A. Admisión Temporal: Es el régimen mediante el cual se introducen mercancías al territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de los impuestos de importación y otros recargos o impuestos adicionales que fueren aplicables, con una finalidad determinada, a condición de que sean reexpedidas luego de su utilización, sin haber experimentado modificación a(guna.

B. Autoridad Aeronáutica: Se refiere al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

C. Aeropuertos Controlados: Todp aeropuerto que cuenta con las facilidades de control del servicio de tránsito aéreo y especialmente equipado y usado regularmente para pasajeros y carga en el tráfico aéreo.

D.Aviación General: Comprende toda actividad aeronáutica civil no comercial, en cualquiera de sus modalidades, y está sujeta a lo establecido en (a Ley de Aeronáutica Civil y a la Normativa Técnica que se dicte al respecto.

E. Operaciones Aéreas: Es la operación de aeronaves de Aviación General con matrícula extranjera hacia y en el territorio nacional, cuyo fin principal es el traslado no comercial de pasajeros, así como de su carga y equipaje.

RESTRICCIONES Artículo 3. Las Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera no podrán transportar carga, mercancía, artículos o cualquier otro tipo de efectos que no sean de uso personal de los pasajeros y de los tripulantes, ni aquellos que no sean permitidos o estén prohibidos, de acuerdo a la normativa vigente.

Los propietarios o tenedores de Aeronaves de Aviación General de Matrícula Extranjera no podrán comercializar ni ofrecer operaciones de Servicio Público de Transporte por Vía Aérea ni operaciones de Servicio Especializado de Transporte Aéreo en el territorio de la República Bolivafiana de Venezuela.

Los propietarios o tenedores de Aeronaves de Aviación General de Matrícula Extranjera, que incumpla con las disposiciones establecidas en el párrafo precedente serán objeto de la revocatoria del Permiso Operacional concedido, de la negativa para la concesión de nuevos permisos para las aeronaves incursas en la situación de hecho anteriormente expuesta, hasta por un lapso de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la revocatoria del permiso en cuestión; todo ello de conformidad con los correspondientes procedimientos administrativos que tenga a bien iniciar y sustanciar la Autoridad Aeronáutica Nacional.

LIMITACIÓN DE OPERACIONES Artículo 4. Las Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera, deberán ingresar y salir del País por un Aeropuerto Internacional, su operación estará limitada a los aeropuertos controlados y por los puntos o rutas que fije la Autoridad Aeronáutica, respetando las zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, así como las que se establezcan por razones de seguridad y de cualquier otra índole.

VALIDEZ DEL PERMISO Artículo 5. La autorización otorgada para realizar operaciones aéreas con Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera, conservará su validez ante las autoridades competentes, por el período estipulado en la misma, siempre y cuando la mencionada aeronave se encuentre solvente en cuanto a los Derechos Aeronáuticos y multas impuestas por la Autoridad Aeronáutica; así mismo debe mantener la vigencia del Certificado de Aeronavegabilidaci, Certificado de Matrícula emitido por el Estado de Matrícula de la Aeronave, Póliza de Seguro de Aviación en cuanto a la responsabilidad civil de los tripulantes y usuarios de la aeronave, así como aquellas que amparan los riesgos a terceros superficiarios.

En el mismo orden de ideas, deberán presentar las licencias y certificados médicos de los tripulantes vigentes, así como todo lo relativo con el otorgamiento por parte de la Autoridad Aduanera y Tributaria del Régimen de la Admisión Temporal.

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SUSPENSIÓN, INHABILITACIÓN, REVOCATORIA Y SANCIONES Artículo 6. Cualquier incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Providencia Administrativa, dará lugar a la suspensión, inhabilitación y revocatoria del permiso operacional, además de la imposibilidad de solicitar nuevos permisos para las operaciones de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera, hasta por un lapso de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la suspensión, inhabilitación y revocatoria, sin menoscabo del establecimiento de las correspondientes sanciones administrativas contempladas en la Ley de Aeronáutica Civil y el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, CAPÍTULO SEGUNDO Operaciones de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera hacia y en el Territorio Nacional OPERACIONES DE INGRESO Y PERMANENCIA DE AERONAVES AL TERRITORIO NACIONAL HASTA POR 72 HORAS Artículo 7. Los propietarios o tenedores legítimos de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera, podrán solicitar el respectivo permiso para ingresar y permanecer en el territorio venezolano hasta por un lapso de setenta y dos (72) horas, siempre que posean los siguientes requisitos: Certificado de Aeronavegabilidad, Certificado de Matrícula emitido por el Estado de Matrícula de la Aeronave, Póliza de Seguro de Aviación vigente en cuanto a la responsabilidad civil de los tripulantes, usuarios de la aeronave y daños contra terceros, licencias y certificados médicos de los tripulantes, y formato de solicitud de ingreso al territorio nacional debidamente llenado y suscrito por el propietario o tenédor legítimo de la aeronave.

Las operaciones aéreas contempladas en el presente Artículo son exclusivamente para el arribo y permanencia de las Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera, en el Aeropuerto Internacional de entrada al País solicitado, estando limitadas a un máximo de dos (2) operaciones por cada treinta días (30) calendario, sin la posibilidad de realizar operaciones dentro del Territorio Nacional, para lo cual notificarán a la Autoridad Aeronáutica su llegaca, mediante los medios digitales que se establezcan para tal fin.

INGRESO Y PERMANENCIA DE AERONAVES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL POR 90 DIAS CONTINUOS Artículo 8. Los propietarios o tenedores legítimos de Aeronaves de Aviación General con Matríqula Extranjera, requerirán de un Permiso Operacional emitido por la Autoridad Aeronáutica, el cual se expedirá por un período de noventa (90) días continuos. Para realizar una nueva solicitud de Permiso Operacional, los propietarios o tenedores legítimos de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera deberán abandonar efectivamente con las mismas el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, una vez finalizado el lapso de noventa (90) días continuos establecido en el párrafo precedente.

Una vez transcurrido un lapso de trescientos sesenta y cinco (365) días continuos, contados a pártir de la salida efectiva de la aeronave de Aviación General don Matrícula Extranjera del territorio nacional, el propietario o tenedor legitimo de la misma podrá solicitar nuevamente e correspondiente Permiso Operacional para ingresar al territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a las disposiciones del presente Artículo.

En el mismo orden de ideas, el propietario o tenedor legítimo de la aeronave podrá optar por el correspondiente Permiso Operacional, de acuerdo a las disposiciones contempladas en el Artículo 10 de la presente Providencia Administrativa.

REQUISITOS PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA DE AERONAVES AL TERRITORIO NACIONAL POR 90 DIAS CONTINUOS Artículo 9. Para el ejercicio de las operaciones aéreas de las Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera, contempladas en el articulo precedente, los propietarios o tenedores legítimos de las mismas deberán presentar además de los requisitos establecidos en el Artículo 13 del presente instrumento, el correspondiente Plan de Vuelo, así como consignar todos los datos necesarios que se indiquen en el denominado "Instructivo de Ingreso de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera Hacia y en el Territorio Nacional" publicado a través de (os medios que la Autoridad Aeronáutica tenga a bien considera.

INGRESO Y PERMANENCIA DE AERONAVES AL TERRITORIO NACIONAL POR UN AÑO CALENDARIO RENOVABLE Artículo 10. Los propietarios o tenedores legítimos de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera, podrán solicitar ante la Autoridad Aeronáutica Nacional, luego de haber disfrutado del correspondiente Permiso Operacional contemplado en el Artículo 8 de la presente Providencia Administrativa, un nuevo permiso para poder ingresar y permanecer en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, operando en los terminales aéreos autorizados al efecto hasta por un lapso de un (01) año calendario; pudiendo solicitar una única prórroga pør un periodo igual, atendiendo siempre el otorgamiento y renovación de los Permisos en cuestión, al interés del Estado y al cumplimiento estricto de los requisitos solicitados y exigidos en la presente Providencia Administrativa.

PRESENTACIÓN DE LA ADMISIÓN TEMPORAL PARA OTORGAMIENTO DEL PERMISO OPERACIONAL Artículo 11. Los propietarios o tenedores legítimos de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera que pretendan solicitar ante la Auoridad Aeronáutica Nacional, el Permiso Operacional contenido en los Artículos 9 y 10, deberán cumplir previamente con la obtención y presentación de la correspondiente autorización o renovación, según sea el caso, del Régimen de Admisión Temporal concedido por la Autoridad Aduanera y Tributaria, y presentarla ante la Autoridad Aeronáutica Nacional como un requisito indispensable tanto para el otorgamiento como para la eventual renovación del Permiso Operacional en cuestión.

LIMITACIONES AL PERMISO OPERACIONAL Artículo 12. Los permisos operacionales concedidos por la Autoridad Aeronáutica Nacional, a los propietarios o tenedores legítimos de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera, para operar las mismas a tenor de lo contemplado en los artículos precedentes, no deberán poseer una vigencia mayor a los lapsos establecidos y contemplados por el respectivo Régimen de Admisión Temporal establecido por la Autoridad Aduanera y Tributaria.

Los propietarios o tenedores legítimos de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extrarjera, que posean un permiso operacional otorgado por la Autoridad Aeronáutica Nacional, al amparo de las disposiciones contempladas en los artículos precedentes de la presente Providencia Administrativa, no podrán utilizar el permiso para operaciones de ingreso y permanencia al territorio nacional, por lapsos menores de setenta y dos (72) horas contemplado en el Artículo 7 de la presente Providencia Administrativa.

CAPÍTULO TERCERO Requisitos para el Otorgamjento de Permisos para Operación de Aeronaves con Matrícula Extranjera dentro del Territorio Nacional REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN DE AERONAVES CON MATRÍCULA EXTRANJERA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Artículo 13. Las aeronaves de Ayiación General con Matrícula Extranjera que pretendan operar dentro del territorio nacional, a tenor de las disposiciones contempladas en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la presente Providencia Administrativa, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

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A. Copia del documental donde consta el otorgamiento o la renovación, según sea el caso del Régimen de la Admisión Temporal debidamente otorgado por la Autoridad Aduanera y Tributaria.

B. Formulario de solicitud de permiso para operación de Aeronave de Matrícula Extranjera dentro del territorio nacional.

C. Copia del Certificado de Matícula del país de origen de la aeronave.

D. Copia del Certificado de Aeronavegabilidad vigente emitido por el Estado de matrícula de la aeronave.

E. Copia de la Póliza de Seguro de Aviación Civil vigente, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil, y a las disposiciones en matecia de seguros de la aviación civil.

F. Copia de las Licencias y Certificados Médicos vigentes, técnicamente habilitados para operar el tipo de aeronave, emitidos o convalidados por el país de matrícula de la aeronave.

G. Comprobante de cancelación de los Derechos Aeronáuticos correspondientes al permiso de la operación aérea requerida.

H. Solvencia por los Servicios de Control y Apoyo a la Navegación Aérea (Radio Ayuda).

La consignación de los requisitos establecidos en el presente Artículo, se realizará conforme al "Instructivo para Operación de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera Hacia y en el Territorio Nacional", publicado a través de los medios que la Autoridad Aeronáutica tenga a bien considerar.

TARIFA EN DIVISAS POR CONCESIÓN DE DE LOS PERMISOS OPERACIONALES PARA AERONAVES DE AVIACIÓN GENERAL CON MATRICULA EXTRANJERA Artículo 14. El pago que realicen los propietarios o tenedores legítimos de las Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera, a los efectos de solicitar los Permisos Operacionales contenidos en la presente Providencia Administrativa, deberán ser efectuados en divisas, a $aber en Dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo a la tarifa establecida por la Autoridad Aeronáutica Nacional en la presente Providencia Administrativa y de conformidad con las disposiciones contempladas en el Convenio Cambiario vigente.

MONTO DE LAS TARIFA$ POR LA CONCESIÓN DE LOS PERMISOS OPERACIQNALES PARA AERONAVES DE AVIACIÓN GENERAL CON MATRÍCULA EXTRANJERA Artículo 15. A los efectos de la concesión de los Permisos Operacionales contemplados en la presente Providencia Administrativa, las tarifas contempladas en el artículo precedente, serán establecidas de la siguiente manera:

A. Para Permisos Operacionales por lapsos de noventa (90) días continuos, contemplados en el artículo 8 de la presente Providencia Administrativa, la tarifa establecida será por un monto de Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.000).

B. Para la obtención de los Permisos Operacionales, a tenor de las disposiciones contempladas en el artículo 10 de la presente Providencia Administrativa, la tarifa establecida sera por un monto de Veinticinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 25.000) por el primer año del otorgamiento del Permiso Operacional.

C. Para la obtención de la renovación de los Permisos Operacionales, a tenor de las disposiciones contempladas en el artículo 10 de la presente Providencia Administrativa, la tarifa establecida será por un monto de Treinta y Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 35.000) por el segundo año del otorgamiento del permiso operacional; que será la única prórroga para este tipo de Permisos Operacionales, otorgada por la Autoridad Aeronáutica Nacional.

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CAPÍTULO QUARTO Disposiciones Derogatorias y Finales DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única: Se deroga la Providencia Administrativa PRE-CJU-GDA- 456-13 de fecha 21 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.309, de fecha 5 de diciembre de 2013.

DISPOSICIONES FINALES Primera: Los propietarios o tenedores legítimos de las Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera, deberán cumplir con todas y cada una de las disposiciones normativas en materia aduanera y tributaria, migratorias, de seguridad, sanitarias, contempladas en el marco normativo vigente en la República Bolivariana de Venezuela.

Segunda: Los propietarios o tenedores legítimos de las Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera que operen hacia o en el territorio racional, deberán así mismo cumplir con la normativa aeronáutica vigente contemplada en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas y el estamento jurídico dictado y asumido por el Estado venezolano en la materia.

Tercera: La presente Providencia Administrativa contentiva de las normas que regulan las operaciones de las Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera en el territorio nacional, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese

Giuseppe Ángelo Yoffreda YorioSIL Presidente de la Sunta Interventora Decreto No 1.492 de fecha 27/11/201 Gaceta Oficial de la República-Bolivariana de Venezuela N° 40.550 de 'fecha 27/1α/2014

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°02 CARACAS. 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 204°. 155° y 15° El Ministro del Poder Popular para la Cultura, REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-11.820.025. designado mediante Decreto N° 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014, en uso de las atribuciones legales previstas en el artículo 27 y disposición transitoria vigésima segunda del Decreto N° 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, en concordancia con lo establecido en los artículos 34 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en cumplimiento con los artículos 49 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.781, de fecha 12 de agosto de 2005.

RESUELVE Artículo 1. Designar como Cuentadantes responsables de las unidades administrativas integrantes de la estructura financiera del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Económico Financiero 2015, a los ciudadanos que

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se indican a continuación:

UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL Cédula de Código Unidad Identidad Cuentandante Oficina de Administración Irma Teodarda Ruiz 00004 6.933.984 Espinoza y Servicios General Pellicer Archivo de la Luis Felipe 00057 6.097.199 Peñuela Nación

Comuníquese y Publíquese,

REINALDO ITURRIZ CELTURA MINISTRO DEL PODER POPULAP CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

204°,155°y 15°

ORDEN DEL CONTRALOR CONGEFANB N°.- 008/2014

CONSIDERANDO:

La necesidad de simplificar los tramites administrativos y para racionalizar las distintas diligencias que realizan las personas ante el Despacho del Ciudadano Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lo referente a la potestad de refrendar documentos para su debida Certificación, que posee conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario, de fecha 19 de febrero de 2009; en el artículo 16 en su numeral 1° del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de Noviembre de 2014 y en las demás normativas legales y sublegales que rigen la materia.

Asimismo de lo contenido en el articulado que regula "De La Revisión de Oficio", mediante la cual la Ley faculta a la Administración para corregir los errores materiales o de cálculo, en cualquier "momento" que hubiese incurrido en los actos administrativos, de acuerdo al contenido del Artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos publicada en Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria del 1° de julio de 1981, y en el Principio de Publicidad de los actos administrativos indicando que todos los actos de carácter general (Resoluciones, Decretos, Ordenes) deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo a la Gaceta Oficial 5.890 Extraordinario del 31 de Julio de 2008, Decreto Ley 6.217del 15 de Julio de 2008.

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de la Controlaría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial Número 39.355 de fecha 27 de enero de 2010, el cual establece:

"Artículo 27. El Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana podrá delegar en funcionario de la Controlaría, el ejercicio de determinadas atribuciones o la firma de determinados documentos, sin perjuicio de la distribución de funciones y asignación de competencias establecidas en este Reglamento y en las Resoluciones Organizativas. El funcionario delegado no podrá subdelegar y dará cuenta periódica al Contralor sobre el ejercicio de la delegación, en los plazos y formas que éste determine. En las decisiones y en los documentos emanados de los delegatarios, deberá quedar constancia expresa de que actúan por delegación."

RESUELVE:

Que la Orden del Contralor CONGEFANB N°.- 007/2014 de fecha 14 de octubre de 2014, se anula por cuanto se cometió error material en la fecha de Independencia, fecha de Federación y en la omisión de la fecha de la Revolución, así como en el número del Decreto Presidencial de la Resolución del Nombramiento del Contralor y su * posterior fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela; y en atención al contenido del artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y publíquese

OSE CUIS MAITAN HERRERA Contraor Generan de a Fuerza Armada Nacional Bolivariana RO1.320 DE FECHA 10/10/14 G.O.R.B.VN° 40.516 DE FECHA 21/10/14

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA Caracas, 18 de Diciembre de 2014 204°, 155° y 15° ORDEN DEL CONTRALOR CONGEFANB N°.- 010/2014 CONSIDERANDO:

El principio de Simplificación de los tramites administrativos basados en la necesidad de facilitar "al administrado" las distintas diligencias que realizan las personas ante el Despacho del Ciudadano Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lo referente a la potestad de refrendar documentos para su debida Certificación, que posee conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario, de fecha 19 de febrero de 2009;

en el artículo 16 en su numeral 1° del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de Noviembre de 2014 y en las demás normativas legales y sublegales que rigen la materia.

Asimismo de lo contenido en el articulado que regula "De La Revisión de Oficio". mediante la cual la Ley faculta a la Administración para corregir los errores materiales o de cálculo, en cualquier "momento" que hubiese incurrido en los actos administrativos, de acuerdo al contenido del Artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos publicada en Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria del 1° de julio de 1981, y en el Principio de Publicidad de los actos administrativos indicando que todos los actos de carácter general (Resoluciones, Decretos, Ordenes) deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo a la Gaceta Oficial 5.890 Extraordinario del 31 de Julio de 2008, Decreto Ley 6.217 del 15 de Julio de 2008.

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de la Controlaría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial Número 39.355 de fecha 27 de enero de 2010, el cual establece:

"Artículo 27. El Contralor General dela Fuerza Armada Nacional Bolivariana podrá delegar en funcionario de la Controlaría, el ejercicio de determinadas atribuciones o la firma de determinados documentos, sin perjuicio de la distribución de funciones y asignación de competencias establecidas en este Reglamento y en las Resoluciones Organizativas. El funcionario delegado no podrá subdelegar y dará cuenta periódica al Contralor sobre el ejercicio de la delegación, en los plazos y formas que éste determine. En las decisiones y en los documentos emanados de los delegatarios, deberá quedar constancia expresa de que actúan por delegación." RESUELVE :

Delegar en el Director de Determinación de Responsabilidad Administrativa ciudadano Coronel Juan Carlos Piñero Ysea, titular de la cédula de identidad N° 6.976.855, Resolución Ministerial N° 023161 de fecha 27 de Julio de 2012, y designado para este cargo por Orden del Contralor General de la FANB. N° CGFANB: 009/2012, la facultad de refrendar documentos para la debida Certificación, mediante la formula "Por Orden del Contralor" estampada en ellos en facsímil.

Apruébese y ratifíquese toda actuación realizada al efecto por el Director de Determinación de Responsabilidad Administrativa.

Comuníquese y publíquese

JOSE LUIS MAITAN HERRERA General de División Contkalor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana DEGRETO N° 1.320 DE FECHA 10/10/14

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ALCALDÍA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO SAN JOAQUÍN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN JOAQUIN DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION NIo. 110/11/2014 El Alcalde del Municipio San Joaquín, CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KATTAH, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.667.161, en su carácter de Alcalde electo para el periodo 2013/2017 y debidamente juramentado en SESION EXTRAORDINARIA de fecha once (11) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha doce (12) de Diciembre del dos mil trece (2013) Edición Extraprdinaria Nro. 1439; en uso de las atribuciones legales, que le confiere el Artículo 174 de la Constitución de la. República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 80 de la misma, el Articulo 88 numerales 2,3 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilacipnes y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2010 y con el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación. de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Alcalde tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto Sobre Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios, El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros podrá establecer requisitos de edad y tiempo de servicio distintos a los previstos en la presente Ley para aquellos organismos o categorías de funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la salud, así lo justifiquen. El régimen que se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Prèsidente o Presidenta de la República podrá acord jubilaciones èespeciales a funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo anterior, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen. Estas. jubilaciones se mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que en fecha 22 de -Enero de 2014 se recibió ante la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaguín del Estado Carabobo cartas de solicitud de jubilación especial debidamente suscritas por el ciudadano ELADIO RAMÓN RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° v- 2.381.845, iniciándose así la sustanciación del respectivo expediente, el cual fue remitido con sus debidos recaudos ante el. Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio Nº DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente recibido en fecha 25 de Julio de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultando técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de 2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta remitida ante la Dirección de Recurso$ Humanos de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo mediante Oficio DVPSI-DGSEFP-N° 634, de fecha 11 de Noviembre de 2014 para así dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios. y. Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para l obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

RESUELVE ARTÍCuLo PRIMERO: Otorgar Pensión de Jubilación Especial a el Ciudadano ELADIO RAMÓN RODRÍGUEZ, titular, de la cédula de identidad N° V-2.381.845.

ARTíCuLo sEGUNDO: El monto de la Pensiones señalada en el artículo anterior, será el resultante de la aplicación del calculo establecido en el Artículo 9 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

ARTICULO TERCERO: Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Ciudadano antes identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios Íaborales que corresponden.

ARTICULo cuARTO: La presente Resolución se hará efectiva a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado y Sellado spacho del Alcalde del Municipio San Joaquín del Estado Car (lgs Veiptiseis (26) días del mes de Noviembre de dos mil calor TANLOAQUIN CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KATTAH Alcalde del Municipio San Joaquín

REPUBLICA BOLIVÁRIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN JOAQUIN DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION Nro. 111/11/2014 El Alcalde del Municipio San Joaquín, CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KATTAH, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.667.161, en su carácter de Alcalde electo para el periodo 2013/2017 y debidamente juramentado en SESION EXTRAORDINARIA de fecha once (11) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha doce (12) de Diciembre del dos mil trece (2013) Edición Extraordinaria Nro. 1439; en uso de las atribuciones legales, que le confiere el Artículo 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 80 de la misma, el Articulo 88 numerales 2,3 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2010 y con el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Alcalde tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

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CONSDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los.Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto Sobre Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios, El Presidente o· Presidenta de la República, en Consejo de Ministros podrá establecer requisitos de edad y tiempo de o categorías de funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la salud, así lo justifiquen. El régimen que se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Presidente o Presidenta de laRepública podrá acordar jubilaciones especiales a funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo anterior, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen. Estas jubilaciones se mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que en fecha 22 de Enero de 2014 se recibió ante la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaquín del Estado Carabobo cartas de solicitud- de jubilación especial debidamente. suscritas por el _ciudadana SALOMON BALZA, titular de la cédula de identidad N° V-2.761.716, iniciándose así la sustanciación del respectivo expediente, el. cual fue remitido con sus debidos recaudos ante el Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio N° DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente recibido en. fecha 25 de Julio de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultado técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de 2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta remitida ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo mediante Oficio DVPSI-DGSEFP-N° 634, de fecha 11 de Noviembre de 2014 para así dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005 RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERQ: Otorgar Pensión de Jubilación Especial a el Ciudadano SALOMON BALZA, titular de la cédula de identidad No y- 2.761.716.

ARTícULo sEGUNDO: El monto de la Pensiones señalada en el artículo anterior, será el resultante de la aplicación del calculo establecido en el Artículo 9 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

ARTICULO TERCERO: _Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Ciudadano antes identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que corresponden.

ARTICuLo cuARTO: La presente Resolución se hará efectiva a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado y Sellado en el Deşpacho del_ Alcalde del Municipio San 16s Veintiseis (26) días del mes de Joaquín del Estado Carabab Noviembre de dos mil ca Alcalde del Municipio San Joaquín

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN JOAQUIN DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION Nro. 112/11/2014 El Alcalde del Municipio San Joaquín, CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KATTAH, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.667.161, en su carácter de Alcalde electo para el periodo 2013/2017 y debidamente juramentado en SESION EXTRAORDINARIA de fecha once (11) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha doce (12) de Diciembre del dos mil trece (2013) Edición Extraordinaria Nro. 1439; en uso de las atribuciones legales, que le confiere el Artículo 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 80 de la misma, el Articulo 88 numerales 2,3 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2010 y con el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Alcalde tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto Sobre Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y de-los Municipios, El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros podrá establecer requisitos de edad y tiempo de servicio distintos a los previstos en la presente Ley para aquellos organismos o categorías de funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la salud, así lo justifiquen. El régimen que se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Presidente o. Presidenta de la República podrá acordar jubilaciones especiales a funcionarios o funcionarias; empleados o empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo anterior, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen. Estas: jubilaciones se mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que en fecha 28 de Enero de 2014 se recibió ante la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaquín del Estado Carabobo cartas de solicitud de jubilación especial debidamente suscritas por el ciudadano BELKIS BEATRIZ MORENO DE MUÑOZ, titular de la cédula de identidad N° v-3.514.444, iniciándose así la sustanciación del respectivo expediente, el cual fue remitido con sus debidos recaudos ante el Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio Nº DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente recibido en fecha 25 de Julio de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultando técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de 2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta remitida ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo mediante Oficio DVPSI-DGSEFP-N° 634, de fecha 11 de Noviembre de 2014 para así dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del. Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Pensión de Jubilación Especial a el CiudadanO BELKIS BEATRIZ MORENO DE MUÑOZ, titular de la cédula de identidad N° V-3.514.444.

ARTÍCULo sEGUNDO: El monto de la Pensiones señalada en el artículo anterior, será el resultante de la aplicación del calculo establecido en el Artículo 9 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la

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Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser Inferior al Salario Mínimo Nacional.

ARTICULO TERCERO:_Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Ciudadano antes identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que corresponden.

ARTIcuLO cuARTO: La presente Resolución se hará efectiva a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado y Sellado rDespacho del Alcalde del Municipio San 9s Veintiseis(26) díasdelmesde Joaquín del Estado CHARBEL JERN ASOU ATTIEH KATTAH Alcalde del Municipio San Joaquín

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADOCARABOBO MUNICIPIO SAN JOAQUIN DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION Nro. 113/11/2014 El Alcalde del Municipio San Joaquín, CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KATTAH, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.667.161, en su carácter de Alcalde electo para el periodo 2013/2017 y debidamente juramentado en SESION EXTRAORDINARIA de fecha once (11) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha doce (12) de Diciembre del dos mil trece (2013) Edición Extfaordinaria Nro. 1439; en uso de las atribuciones legales, que le confiere el Artículo 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 80 de la misma, el Articulo 88 numerales 2,3 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2010 y con el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivaríana de Venezuela, Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. Él Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Alcalde tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto Sobre Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios, El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros podrá establecer requisitos de edad y tiempo de servicio distintos a los previstos en la presente Ley para aquellos organismos o categorías de funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la salud, así lo justifiquen. El régimen que se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Presidente o Presidenta de la República podrá acordar jubilaciones especiales a funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo anterior, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen. Estas jubilaciones se calcularán en la forma indicada en el artículo 9 de esta Ley y se otorgarán mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que en fecha 19 de Junio de 2014 se recibió ante la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaquín del Estado Carabobo cartas de solicitud de jubilación especial debidamente suscritas por el ciudadano FELIX FRANCISCO OROPEZA JIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° v- 3.586.006, iniciándose asf la sustanciación del respectivo expediente, el cual fue remitido con sus debidos recaudos ante el Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio N° DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente recibido en fecha 25 de Julio de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultando técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de 2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta remitida ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo mediante Oficio DVPSI-DGSEFP-N° 634, de fecha 11 de Noviembre de 2014 para así dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

RESUELVE ARTÍCULo PRIMERO: Otorgar Pensión de Jubilación Especial a el Ciudadano FELIX FRANCISCO OROPEZA JIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° v-3.586.006.

ARTÍCULo SEGUNDO: El monto de la Pensiones señalada en el artículo anterior, será el resultante de la aplicación del calculo establecido en el Artículo 9 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen d• Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

ARTICULO TERCERO: _Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Ciudadano antes identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que corresponden.

ARTICuLo cuARTO: La presente Resolución se hará efectiva a partir de 'su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado y Sellado enderspacho' del Alcalde del Municipio San Joaquín del Estado Car los Veintiseis(26)díasdelmesde Noviembre de dos mil cato CHARBEL SEAN ABOU ATTIEH KATTAH Alcalde del Municipio San Joaquín

REPUBLICA BOLIVÁRIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN JOAQUIN DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION Nro. 114/11/2014 El Alcalde del Municipio San Joaquín, CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KATTAH, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.667.161, en su carácter de Alcalde electo para el periodo 2013/2017 y debidamente juramentado en SESION EXTRAORDINARIA de fecha once (11) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha doce (12) de Diciembre del dos mil trece (2013) Edición Extfaordinaria Nro. 1439; en uso de las atribuciones legales, que le confiere el Artículo 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 80 de la misma, el Articulo 88 numerales 2,3 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2010 y con el Instructivo que Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la

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participación solidaria de las familia$ y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Alcalde tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto Sobre Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración- Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios, El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros podrá establecer requisitos de edad y tiempo de o categorías de funcionarios o funciónarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la salud, así lo justifiquen. El régimen que se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Presidente o Presidenta de la República podrá acordar jubilaciones especiales a funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo anterior, cuando circunstanciasexcepcionales así lo justifiquen. Estasjubilaciones se calcularán en la fórma indicada en el artículo 9 de esta Ley y se otorgarán mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.:

CONSIDERANDO Que en fecha 23 de Enero de 2014 se recibió ante la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaquín del Estado Carabobo cartas de solicitud de jubilación. especial debidamente suscritas por el ciudadano TAMIRA MARIA ACOSTA DE FRASER, titular de la cédula de identidad Nº v-3.815.790, iniciándose asf la sustanciación del respectivo expediente, el cual fue remitido con sus debidos recaudos ante el Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio Nº DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente recibido en fecha 25 de Julio de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultando técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de 2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta - remitida ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo mediante Oficio DVPSI-DGSEFP-Nº 634, de fecha 11 de Noviembre de. 2014 para así dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública :Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada : en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005, RESUELVE ARTÍCULo PRIMERO: Otorgar Pensión de Jubilación Especial a el Ciudadano TAMIRA MARIA ACOSTA DE FRASER, titular de la cédula de identidad N° V-3.815.790.

ARTÍCULo SEGUNDO: El monto de la Pensiones señalada en el artículo anterior, será el resultante de la aplicación del calculo establecido en el Artículo 9 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de JubilacionesyPensionesde los.Funcionarios o Empleadosdela Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

ARTICULO TERCERO: _Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Ciudadano antes identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que corresponden.

ARTIcuLo cuARTO: La presente Resolución se hará efectiva a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado y Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio San Noviembre de dos mil cat CHANC AT IEH KATTAH Alcalde del Mtripio San Joaquín %

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN JOAQUIN DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCIONNro. 115/11/2014 El Alcalde del: Municipio San Joaquín, CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KATTAH, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.667.161, en su carácter de Alcalde electo para el periodo 2013/2017 y debidamente juramentado en SESION EXTRAORDINARIA de fecha once (11) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha doce (12) de Diciembre del dos mil trece (2013) Edición Extraordinaria Nro. 1439; en uso de las 'atribuciones legales, que le confiere el Artículo 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 80 de la misma, el Articulo 88 numerales 2,3 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2010 y con el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005. ..

CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Alcalde tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto Sobre Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios, El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros podrá establecer requisitos de edad y tiempo de servicio distintos a los previstos en la presente Ley para aquellos organismos o categorías de funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la salud, así lo justifiquen. El régimen que se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Presidente o Presidenta de la República podrá acordar jubilaciones especiales a funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo anterior, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen. Estas jubilaciones se calcularán en la forma indicada en el artículo 9 de esta Ley y se otorgarán mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que en fecha 28 de Enero de 2014 se recibió ante la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaquín del Estado Carabobo cartas de solicitud de jubilación especial debidamente suscritas por el ciudadano EGLEE MERCEDES PALENCIA GÁRATE, titular de la cédula de identidad Nº v-4.101.135, iniciándose así la sustanciación del respectivo expediente, el cual fue remitido con sus debidos recaudos ante el Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio N° DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente recibido én fecha 25 de Julio de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultando técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de 2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta remitida ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo mediante Oficio DVPSI-DGSEFP-N° 634, de fecha 11 de Noviembre de 2014 para así dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los

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obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

RESUELVE ARTÍCULo PRIMERO: Otorgar. Pensión de Jubilación Especial a el Ciudadano EGLEE MERCEDES PALENCIA GÁRATE, titular de la cédula de identidad N° V-4.101.135.

ARTícuLo sEGuNDo: El monto de a Pensiones señalada en el artículo anterior, será el resultante de la aplicación del calculo establecido en el Artículo 9 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

ARTICULO TERCERO: Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Ciudadano antes identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios Íaborales que corresponden.

ARTICULo CuARTO: La presente Resolución se hará efectiva a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Joaquín del Estado Carab Veintiseis (26) días del mes de Noviembre de dos mil catoro CHARBEL SEAN ABOL ATTIEH KATTAH Alcaide del Municipio San Joaquín

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN JOAQUIN DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION Nro. 116/11/2014 El Alcalde del: Municipio San Joaquín, CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KATTAH, titular de la cédula de identidad. Nro. V- 13.667.161, en su carácter de Alcalde electo para el periodo 2013/2017 y debidamente juramentado en SESION EXTRAORDINARIA de fecha once (11) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha doce (12) de Diciembre del dos mil trece (2013) Edición. Extraordinaria Nro. 1439; en uso de las atribuciones legales, que le confiere el Artículo 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 80 de la misma, el Articulo 88 numerales 2,3 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública: Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2010 y con el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que: prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario-mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Alcalde tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

CONSIDERANDO Que de conformidad con ló establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto Sobre Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios, El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros podrá establecer requisitos de edad y tiempo de servicio distintos a los previstos én la presente Ley para aquellos organismos o categorías de funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Presidente o Presidenta de la República podrá acordar jubilaciones especiales a funcionarios. o funcionarias, empleados o empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo anterior, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen. Estas jubilaciones se calcularán en la forma indicada en el artículo 9 de esta Ley y se otorgarán mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que en fecha 27 de Enero de 2014 se recibió ante la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaquín del -Estado Carabobo cartas de solicitud de jubilación especial debidamente suscritas por. el ciudadano MANUEL FAÚSTINO MUJICA GUZMAN, titular de la cédula de identidad Nº V-4.555.287, iniciándose así la sustanciación del respectivo expediente, el cual fue remitido con sus debidos recaudos ante el Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio Nº DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente recibido en fecha 25 de Julio de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultando técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de 2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta remitida ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo mediante Oficio DVPSI-DGSEFP-No 634, de fecha 11 de Noviembre de 2014 para así dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación delas Jubilaciones Especiales para los Funcionarios yEmpleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal; Municipal y, para :los obreros Dependientes: del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Pensión de Jubilación Especial: a el CiudadanO MANUEL FAUSTINO MUJICA GUZMAN, titular de la cédula de identidad N° V-4.555.287.

ARTíCULo sEGuNDO: El monto de la Pensiones señalada en el artículo anterior, será el resultante de la aplicación del calculo establecido en el Artículo 9 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones. de los Funcionarios o : Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

ARTICULo TERCERO:_Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Ciudadano antes identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que corresponden.

ARTICuLo cuARTO: La presente Resolución se hará efectiva a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado y Sellado en el Paemacho del Alcalde del Municipio San Joaquín del Estado Carabg Veintiseis (26) días del mes de Noviembre de dos mil catorce SANUOO CHARBEL JEAN ABGULATTIEH KATTAH Alcalde del Municipio San Voaquín

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN JOAQUIN DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION Nro. 117/11/2014 El Alcalde del Municipio San Joaquín, CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KATTAH, titular de la cédula de dentidad Nro. V- 13.667.161, en su carácter de Alcalde electo para el periodo 2013/2017 y debidamente juramentado en SESION EXTRAORDNARIA de fecha once (11) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha doce (12) de Diciembre del dos mil trece (2013) Edición Extraordinaria Nro. 1439; en uso de las atribuciones legales, que le confiere el Artículo 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 80 de la misma, el Articulo 88 numerales 2,3 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o

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Empleados de la Administración Púplica Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2010 y con el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bólivariana de Venezuela, Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Alcalde tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto Sobre Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios, El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros podrá establecer requisitos de edad y tiempo de servicio distintos a los previstos en la presente Ley para aquellos organismos o categorías de funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la salud, así lo justifiquen. El régimen que se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Presidente o Presidenta de la República podrá acordar jubilaciones especiales a funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo anterior, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen. Estas jubilaciones mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que en fecha 27 de Enero de 2014 se recibió ante la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaquín del Estado Carabobo cartas de solicitud de jubilación especial debidamente suscritas por. el ciudadano MANUEL FAÚSTINO MUJICA GUZMAN, titular de la cédula de identidad Nº V-4.555.287, iniciándose así la sustanciación del respectivo expediente, el cual fue remitido con sus debidos recaudos ante el Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio Nº DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente recibido en fecha 25 de Julio de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultando técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de .2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta remitida ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo mediante Oficio DVPSI-DGSEFP-Nº 634, de fecha 11 de Noviembre de 2014 para así dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Furcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Púplico Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

RESUELVE ARTÍCULo PRIMERO: Otorgar Pensión de Jubilación Especial a el Ciudadano MANUEL FAUSTIÑO MUJICA GUZMAN, titular de la cédu'a de identidad N° v-4.555.287.

ARTíCULo sEGUNDO: El monto de la Pensiones señalada en el artículo anterior, será el resultante de la aplicación del calculo establecido en, el Artículo 9 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

ARTICULo TERCERO: _Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Ciudadano antes identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que corresponden.

ARTIcuLo cuARTO: La presente Resolución se hará efectiva a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

er$pacho del Alcalde del Municipio San Dado, Firmado y Sellado os Veintiseis/(26)días delmes de Joaquín del Estado Cara Noviembre de dos mil cartón SANJOAPUARI CHARBEL JEAN ABOU ATTIEN KATTAH

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN JOAQUIN DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION Nro. 118/11/2014 El Alcalde del Municipio San Joaquín, CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KATTAH, titular de la cédula de (dentidad Nro. V- 13.667.161, en su carácter de Alcalde electo para el periodo 2013/2017 y debidamente juramentado en SESION EXTRAORDINARIA de fecha once (11) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha doce (12) de Diciembre del dos mil trece (2013) Edición Extraordinaria Nro. 1439; en uso de las atribuciones legales, que le confiere el Artículo 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 80 de la misma, el Articulo 88 numerales 2,3 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de ja Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2010 y con el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Naciónal, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 80 de la. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artícuio 8q. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO • Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Alcalde tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto Sobre Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios, El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros podrá establecer requisitos de edad y tiempo de servicio distintos a los previstos en la presente Ley para aquellos organismos o categorías de funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la salud, así lo justifiquen. El régimen que se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Presidente o Presidenta de la República podrá acordar jubilaciones especiales a funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo anterior, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen. Estas jubilaciones se calcularán en la forma indicada en el artículo 9 de esta Ley y se otorgarán mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que en fecha 29 de Enero de 2014 se recibió ante la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaquín del Estado Carabobo cartas de

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solicitud de Jubilación especial debidamente suscritas por el cludadano GIL ANTONIO BELISARIO, titular de la cédula de identidad N° V- 4.797.628, iniciándose así la sustanciación del respectivo expediente, el cual fue remitido con sus debidos recaudos ante el Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio N° DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente recibido en fecha 25 de Julio de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultando técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de 2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta remitida ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaidía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo medlante OFicio DVPSI-DGSEFP-N° 634, de fecha 11 de Noviembre de 2014 para así dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Naclonal, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependlentes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficlal N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

RESUELVE ARTÍCULO_PRIMERO: Otorgar Pensión de Jubilación Especial a el Cudadano GIL ANTONIO BELISARIO, titular de la cédula de identidad N° V-4.797.628.

ARTÍCULo sEGuNDQ: El monto de la Pensiones señalada en el artículo anterior, será el resultante de ta aplicación del calculo establecido en el Jubilaciones y Pensiones: de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

ARTICULO TERCERO: _Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Ciudadano antes identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que corresponden.

ARTICULO cuARTO; La presente Resolución se hará efectiva a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado y Sellado en el Despacho_ del Alcalde del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo a Noviembre de dos mil catorce (201 Alcalde del Municpio San Joaquín

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN JOAQUIN DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION NrO. 119/11/2014 El Alcalde del Municipio San Joaquín, CHARBEL-JEAN ABOU ATTIEH KATTAH, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.667.161, en su carácter de Alcalde: electo para el periodo 2013/2017 y debidamente juramentado en SESION EXTRAORDINARIA de fecha once (1:) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha:doce:(12) de Diciembre del atribuciones legales, que le confiere el Artículo 174 de ta Constitución de ta República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 80 de la misma, el Articulo 88 numerales 2,3 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de: 2010 y con el Instructivo que establece las Normas que Regulan ta Tramitación- de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados: que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal: y,- para- los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada. en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha-28/11/2005.

CONSIDERANDO Que de conformidad-con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de-Venezuela, Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías: El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida.

Las pensiones y jubllaciones-otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianas y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Aicalde tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar becas y pansiones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto-Sobre Jubilaciones y Pensiones de: los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de ta Administración-Publica Nacional, de los Estados y de los Municipios, El Presidente.o Presidenta de la República, en servicio distintos a los previstos en la presente Ley para aquellos organismos o categorías de funcioniarlos o funcionarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la salud, silo justifiquen. El régimen que -se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Presidente o. Presidenta de la República. podrá acordar jubilaciones especiales a funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio estabiecidos en el artículo anterior, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen. Estas jubilaciones se mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que en fecha 24 de Enero de 2014 se recibió ante la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaquín del Estado Carabobo cartas de solicitud de jubllación-especial debidamente suscritas por el ciudadano RAMON BALDOMERO ROJAS GIMENEZ, titular de la cédula de Identidad N° V- 4.80z:361, Iniciándose así la sustanciación del. respectivo expediente, el cual fue remitido con sus debidos recaudos ante el -Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio N° DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente-recibido en fecha 25 de Jullo de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultando técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de 2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta remitida ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo mediante Oficio DVPSI-DGSEFP-N° 634, de fecha 11 de Noviembre de 2014 para así dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan ta Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

RESUELVE ARTÉCuLO PRIMERO: Otorgar Pensión de Jubilación Especial a el Cludadano RAMON BALDOMERO ROJAS GIMENEZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.802.361.

ARTÍCULO SEGUNRQ: El monto de la Pensiones señalada en el artículo anterlor, será el resultante de la aplicación del calculo establecido en el Artículo 9 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubllacienes y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

ARTICULO TERCERO: _Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Cludadano antes Identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que corresponden.

ARTiCuLo CuARTO: La presente Resolución se hará efectiva a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado y Sallado en el Despacho del Alcalde del Municipio San Joaquín del Estado Carabela a Jos Veintiseis (26) días del mes de 2914).

Noviembre de dos m

Ricalde dai ddinicipio San Joaquín REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION Nro. 120/11/2014 El Alcalde del Municipio San Joaquín, CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KAVTAH, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.667.161, en su juramentado en SESION EXTRAORDINARIA de fecha once (11) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha doce (12) de Diciembre del dos mil trece (2013) Edición Extraordinaria Nro. 1439; en uso de las atribuciones legales, que le confiere el-Artículo 174 de ta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como ef artículo 80 de la misma, el Articulo 88 numerales 2,3 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2010 y con el Instructivo que establece tas Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros 38.323, de fecha 28/11/2005.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y

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ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida.

Las pensiones y jubllaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Alcalde-tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar-becas y perslones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto Sobre Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y de-los-Municipios,: El Presidente o Presidenta de: la República, en servicio distintos a los previstos en la presente Ley para aquellos organismos o categorías de funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la salud,así lo justifiquen. Elrégimenaque se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Presidente o Presidenta de la. República podrá acordar empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan-los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo anterior, cuando circunstancias excepcionales. así lo justifiquen. Estas. jubilaciones. se calcularán en la forma indicada en el artículo 9 de esta Ley y se otorgarán mediante Resolución motivada que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO.

Que en fecha 27 de Enero de 2014:se:recibió ante la: Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaquín del Estado Carababo cartas de solicitud de jubilación especial debidamente suscritas. por el ciudadano LOURDES RAMONA MIRANDA DE PEROZO, titular de la cédula de Identidad N° v- 5.921.453, iniciándose asf la sustanciación:del .respectivo expediente, el cual fue remitido con sus debidos recaudos.ante el Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio N° DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente recibido en .fecha 25 de Jullo de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultando técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de 2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta remitida ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo mediante Oficio DVPSI-DGSEFP-N° 634, de fecha 11 de Noviembre de 2014 para asi dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en ta Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público. Nacional.: Publicada. en. Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

RESUELVE ARTíCuLO PRIMERO: Otorgar Pensión. de Jubilación Especial a el Ciudadano LOURDES RAMONA MIRANDA DE PEROZO, titular de la cédula de identidad N° V-5.921.453.

ARTÍCULo sEGUNDQ: El monto de la Pensiones señalada en el artículo Artículo 9 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de. los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

ARTICULO TERCERO: _Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Ciudadano antes identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que corresponden.

ARTICuLO CuARTO: La presente Resolución se hará efectiva a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado y Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio San Joaquín del Estado Carabob s Veintiseis (26) días del mes de Noviembre de dos mil cato Alcalde del Municipio San Joaquín

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO SAN JOAQUIN DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION Nro. 121/11/2014 El Alcaide del Municipio San Joaquín, CHARBEL JEAN ABOU ATTIEH KATTAH, titular de la céduia de identidad Nro. V- 13.667.161, en su juramentado en SESION EXTRAORDINARIA de fecha once (11) de diciembre de 2013. Publicada en Gaceta Municipal de fecha doce (12) de Diciembre del dos mil trece (2013) Edición Extraordinaria Nro. 1439; en uso de las atribuciones legales, que le confiere el Artículo 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 80 de la misma, el Municipal, Los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empieados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de fecha 22 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.976 extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2010 y con el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivaríana de Venezuela, Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida.

Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el Alcalde tiene la atribución de conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley del Estatuto Sobre Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y de-los Municipios, El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros podrá establecer requisitos de edad y tiempo de servicio distintos a los previstos en la presente Ley para aquellos organismos o categorías de funcionarios .o funcionarias o empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas de las características del servicio o riesgos para la salud, así lo justifiquen. El régimen que se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, el Presidente o Presidenta de la República podrá acordar jubllaciones especiales a funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas con más de quince años de servicio, que no reúnan-los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el artículo anterior, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen. Estas jubilaciones se caicularán en la forma indicada en el artícuio 9 de esta Ley y se otorgarán mediante Resolución motivada que se publicará en la, Gaceta Oficial de la República Bolivariana.de Venezuela.

3 CONSIDERANDO Que en fecha 22 de Enero-da 2014 se recibió ante Ja Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de San Joaquín del Estado Carabobo cartas de solicitud de jubilación especial debidamente suscritas por el ciudadano BELKYS SORAIDA TOVAR, titular de la cédula de identidad N° V- 7.184.003, iniciándose así la sustanciación del respectivo expediente, el cual fue remitido con sus debidos recaudos ante el Ministerio de Planificación y Finanzas mediante Oficio N° DTH-0332-2014 de fecha 22 de Junio de 2014 y debidamente recibido en fecha 25 de Julio de 2014, para la revisión y análisis técnico del mismo, resultando técnicamente aprobada por el Ministerio en fecha 08 de Agosto de 2014, quien a su vez remitió el expediente a la Vicepresidencia de la República donde se le dio la debida aprobación y otorgamiento en fecha 24 de Octubre de 2014, siendo esta remitida ante la Dirección de Recursos Humanos de la Aicaidía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo mediante Oficio DVPSI-DGSEFP-N° 634, de fecha 11 de Noviembre de 2014 para así dar fiel cumplimiento al Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público Nacional. Publicada en Gaceta Oficial N° 38.323, de fecha 28/11/2005.

RESUELVE ARTÁCULO PREMERQ: Otorgar Pensión de Jubilación Especial a el Cudadano BELKYS SORAIDA TOVAR, titular de la cédula de identidad N° V-7.184.003.

ARTÍCULO SEGUNDQ: El monto de la Pensiones señalada en el artículo anterior, será el resultante de la aplicación del cálculo establecido en el Artículo 9 Ley de Reforma Parcial de la Ley dei Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, garantizando que nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

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ARTICULO TERCERO: _Se ordena retirar de la Nomina de la Alcaldía del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo al Ciudadano antes identificado y le sea otorgada su liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que corresponden.

ARTIcuLo CuARTO: La presente Resolución se hará efectiva a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado y Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio San gs veintiseis (26) días del mes de Joaquín del Estado Car Noviembre de dos mil cat CHARBELATTIEH KATTAH Alcalde del Municipio San Joaquín

PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN N° 078 /2014.

Caracas, 19 de diciembre de 2014.

Año 204° de la Independencia y 155° de la Federación 15° de la Revolución Bolivariana El Procurador General de la República (E). MANUEL ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS, según Resolución N° 013/2013 de fecha 08 de marzo de 2013.

publicada en Gaceta Oficial N° 40.126 de fecha 11 de marzo del mismo mes y año; en ejercicio de las atribuciones conferidas por los articulos 248 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 39 del Decreto No. 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, de fecha treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008). publicado en Gaceta Oficial Extraordinario No. 5.892 de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008), en concordancia con lo dispuesto en numeral 1 del articulo 44 eiusdem.

RESUELVE

Artículo 1: Se designa al ciudadano REINALDO ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-10.869.426, de profesión Abogado e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 96.868, como VICEPROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la presente Resolución. En consecuencia el referido ciudadano queda facultado para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo previstas en el Reglamento Interno de la Procuraduria General de la República.

Comuniquese y publiquese, MANUEÉ ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS Procurador General de la República (E)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN N° 079/2014.

Caracas, 19 de diciembre de 2014.

Año 204º de la Independencia y 155° de la Federación 15° de la Revolución Bolivariana El Procurador General de la República (E). MANUEL ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS, designado conforme Resolución N° 013/2013 de fecha 08 de marzo de 2013. publicada en Gaceta Oficial N° 40.126 de fecha 11 de marzo del mismo mes y año; en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artícuios 248 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 39 del Decreto N° 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de fecha treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008). publicado en Gaceta Oficial Extraordinario No. 5.892 de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008). en concordancia con lo dispuesto en numeral 1 del articulo 44 eiusdem.

RESUELVE Articulo 1: Se delega en el ciudadano REINALDO ENRIQUE MUÑoz PEDROZA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-10.869.426de profesión Abogado e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 96.868, en Su carácter de VICEPROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la presente Resolución, la firma de los documentos y actos que se indican a continuación:

1. Nombrar y remover los funcionarios y funcionarias que ejercen cargos directivos del organismo y aprobar los nombramientos, ascensos, cambios de grado, de la Procuraduria General de la República.

2. Dictar el Reglamento interno relativo a la estructura organizativa de la Procuraduría General de la República y la distribución de competencias entre las unidades que la conforman, sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales.

Este reglamento debe ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

3. Dictar el estatuto relativo al Sistema de la Cerrera y remuneraciones de la República, en Consejo de Ministros.

4. Elaborar y presentar al Ejecutivo Nacional el proyecto de presupuesto anual de la Procuraduria General de la República.

5. Elaborar el plan estratégico anual de la Procuradurla General de República; y organizativo y funcional de la Institución.

6. Comprometer y ejecutar el presupuesto anual de la Procuradurla General de la República y suscribir los contratos que requiera su funcionamiento.

7. Crear y dirigir los comités de asesores que considere convenientes para el mejor cumplimiento de las funciones de la Procuradurla General de la República.

8. Designar representantes de la Procuraduría General de la República ante los distintos organismos nacionales o internacionales.

9. Crear oficinas para que ejerzan con carácter permanente las funciones de la Procuraduria General de la República en las regiones o Estados, a los fines de atender en dichas entidades, asuntos relacionados con la representación y defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.

10. Aprobar los manuales de procedimientos que requiera el funcionamiento de la Procuraduria General de la República.

11. Establecer directrices de integración y coordinación con las consultorías juridicas de los Órganos del Poder Público Nacional con las Procuradurías de los Estados y Sindicaturas Municipales, para la mejor defensa de los derechos, bienes e intereses de la República.

12. Redactar y suscribir Oficios dirigidos a los Ministerios, a la Vicepresidencia Ejecutiva, a los distintos entes que conforman la Administración Pública Descentralizada, a los Órganos de los Poderes Legislativos, Judicial, Electoral y Ciudadano y, comunicaciones dirigidas a cualquier persona natural o jurídica relativas a las materias que le competen a la Procuraduría General de la República.

13. Certificación de copias de documentos y expedientes que reposan en el Archivo de la Procuraduria General de la República.

14. Participar, en coordinación con los organismos responsables de las relaciones internacionales y comerciales de la República, en la elaboración de los proyectos de tratados o convenios internacionales, cuyo contenido esté relacionado con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.

15. Delegar en los funcionarios del Organismo las atribuciones que tiene Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

16. Delegar en los funcionarios del organismo y sustituir en los funcionarios de la República.

defensa del interés de la República así lo requiera.

18. Otorgar poderes a abogados que no sean funcionarios de la Procuraduría General de la República, para cumplir actuaciones fuera de la República Bolivariana de Venezuela, en representación y defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.

República, a los fines de que puedan convenir, desistir, transigir, comprometer en árbitros, conciliar utilizar otro medio alternativo para la resolución de conflictos, previas instrucciones escritas emanadas de la máxima autoridad del órgano respectivo.

20. Redactar y suscribir opiniones sobre los contratos de interés público nacional.

21. Redactar y suscribir, conforme a las instrucciones de los órganos del Poder Público Nacional, los documentos contentivos de actos, contratos o negocios de su respectiva gestión, relacionados con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, cuya competencia no les esté atribuida expresamente por mandato constitucional o legal.

22. Emitir opinión juridica sobre los proyectos de los convenios o tratados sus derechos, bienes e intereses patrimoniales.

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tierras, en la cual estén involucrados los derechos e intereses patrimoniales de la República.

24. Recibir y tramitar mediante los órganos competentes, las denuncias sobre hechos o actos que, a su juicio, afecten los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.

25. Demandar la nulidad de cualquier acto de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad.

modalidad de honorarios profesionales de asesoría juridica y de representación Nacional central y descentralizada.

Comuníquese y publíquese, MANUEC ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS Procurador General de la República (E)

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN D SCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-D-2011-000081 Mediante auto del cuatro (4) de octubre de 2011 este Tribunal Disciplinario Judicial ordenó dar entrada a la denuncia interpuesta por la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, contra la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, titular de la cédula de identidad N° v- 5.675.425, por actuaciones como Jueza integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

En ese mismo auto se designó según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, al Juez Carlos Medina Rojas para el conocimiento del presente asunto.

El once (11) de octubre de 2011 este Tribunal Disciplinario Judicial admitió la denuncia interpuesta por a Inspectoria General de Tribunales contra la ciudadana Edy Sinoney Calderón Suescún.

El catorce (14) de febrero de 2012 se dictó auto mediante el cual, visto que se habían practicado todas las notificaciones mandadas, se ordenó la remisión del expediente a la Oficina de Sustanciación a los fines de realizar la investigación correspondiente.

El ocho (8) de marzo de 2012, visto el informe emitido el treinta (30) de septiembre de 2011, en el cual se consideró suficiente la investigación realizada por la Inspectoria General de Tribunales, la Oficina de Sustanciación ordenó la remisión del expediente a este Tribupal Disciplinario Judicial.

Mediante oficio N° 00573/2012 del veintitrés (23) de marzo de 2012 se remitió el expediente de la presente causa judicial a este órgano jurisdiccional.

El veintiocho (28) de marzo de 2012 se dictó auto ordenando el reingreso de la causa.

El diecisiete (17) de mayo de 2012 este Tribunal Disciplinario Judicial ordenó citar al juez investigado para que, una vez constara en autos la práctica de la última de las notificaciones ordenadas, presentara escrito de descargos, de conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asimismo, se ordenó notificar a los terceros /intervinientes, a la Inspectoria General de Tribunales y a la Fiscalia Genera e la República.

El once (11) de julio de 2012 el apoderado judicial de la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún presentó escrito de descargos.

El treinta y uno (31) de julio de 2012 se agregó al expediente, escrito de promoción de pruebas presentado po el representante judicial de la Inspectoria General de Tribunales.

El veintisiete (27) de febrero de 2013, este Tribunal Disciplinario Judicial se pronunció sobre los medios probatorios promovidos en el presente proceso y, en vista de haberse efectuado fuera del lapso previsto en el articulo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, se ordenó la proceso, para que, a partir de que constara en autos la última de las notificaciones ordenadas, iniciara a transcurrir el lapso de evacuación de pruebas.

El diecinueve (19) de junio de 2013 se dictó auto fijando para el dieciséis (16) de julio de 2013 la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública prevista en el articulo 73 y siguientes del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

El seis (6) de agosto de 2013 se dictó auto mediante el cual, en vista de que el dieciséis de julio de 2013 no hubo despacho, se reprogramó la audiencia oral y pública para el diecisiete (17) de septiembre de 2013, a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.).

El diecisiete (17) de septiembre de 2013 se celebró la audiencia oral y pública en la cual se llevó a cabo el debate y se difirió la oportunidad para di•r el pronunciamiento decisorio para el veinticuatro (24) de septiembre de 2013, a la una y media horas de la tarde (1:30 p.m.) El veinticuatro (24) de septiembre de 2013 el Tribunal Disciplinario Judicial, vista la complejidad del casd, decidió diferir la oportunidad para dictar el pronunciamiento decisorio para el ocho (8) de octubre de 2013, a la una y media horas de la tarde (1:30 p.m.).

El ocho (8) de octubre de 2013 el Tribunal Disciplinario Judicial dictó el pronunciamiento decisorio en la presente causa, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto integro de la decisión, en cumplimiento del artículo RIBUNAL OL respecto se observa:

| DE LA INVESTIGACIÓN El dos (2) de febrero de 2010 la Inspectoria General de Tribunales comisionó a un inspector de tribunales a los fines de realizar inspección integral sobre las actuaciones de la Jueza Edy Siboney Calderón Suescún, en su condición de integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

El primero (1°) de marzo de 2010 se notificó a la jueza Edy Siboney Calderón Suescún de la realización de la inspección integral.

El veinte (20) de mayo de 2010 la Inspectoria General de Tribunales acordó la apertura del expediente N° 100099 a la jueza Edy Siboney Calderón Suescún por sus actuaciones como integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la -MIEL A Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

El nueve (9) de diciembre de 2010 la Inspectoria General de Tribunales dictó acto conclusivo mediante el cual imputó a la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún la supuesta comisión de los siguientes ilicitos disciplinarios sancionados con la destitución del cargo: (1) por aparentemente haber incurrido en infracción de los deberes que le establecen la Constitución y las leyes, al dictarse una decisión carente de motivación, en la causa judicial N° AP51-O- 2007-015381, contentiva de una acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Mercedes Xiomara Silva, contra actuaciones y omisiones judiciales de la Jueza Unipersonal Nf IX de la Sala de Juicio del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en procedimiento de inquisición de paternidad, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos; (2) por supuestamente haber infringido los deberes que le establecen la Constitución y las leyes, al dictarse una decisión inmotivada actuando en sede constitucional en la causa judicial N° AP51-R-2007-022830, del veinticinco (25) de febrero de úblico y anuló la recurrida por considerar que no se valoraron las probanzas aportadas al proceso, falta disciplinaria establecida en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos; (3) por supuestamente haber dictado una providencia contraria a la ley por ignorancia, en la causa judicial N° AP51-O-2009-007212, cuando el once (11) de junio de 2009, se oyó en ambos efectos las apelaciones interpuestas contra la decisión proferida por la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Naciona) de Adopción Internacional, el veintiocho (28) de mayo de 2009, que habia declarado con lugar la acción de amparo interpuesta, falta disciplinaria establecida en el numeral 10 del articulo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; (4) por presuntamente haber incurrido en abuso de autoridad, en (a causa judicial N° AP51-O-2009-007212, cuando procedió al margen del debido orden procesal, al permitir que se celebrara la audiencia constitucional sin que los terceros coadyuvantes contaran con la asistencia técnica debida, falta disciplinaria tipificada en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial vigente para la época en que ocurrieron los hechos.

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Il DEL ESCRITO DE PETICIÓN DE SANCIÓN DE INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES Mediante escrito presentado el nueve (9) de diciembre de 2010 ante la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, la Inspectoria General de Tribunales solicitó la aplicación de la sanción de destitución a la ciudadana Edy Siboney Calederón Suescún, por aUs actuaciones como Jueza integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Ninas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, por los siguientes motivos:

Alegó la Inspectoría General de Tribunales que la jueza denunciada "incurrió en infracción de los deberes que le establecen la Constitución y las leyes, al haber sido dictad[a] una decisión carente de motivación, en la causa judicial N° AP51-O-2007-01$381, contentiva de una acción de amparo_i.

constitucional interpuesta por la cudadana Mercedes Xiomara Silva, ontra actuaciones y omisiones judiciales de la Jueza Unipersonal N° IX de la Sala de Juicio del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en procedimiento de inquisición de paternidad incoado por la referida ciudadana a favor de su hijo".

Argumentó el referido órgano de investigación, que "Consta en la decisión pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 08-05-2008, que el 30-07-2007, la Sala N° IX del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acordó que se practicara la prueba heredo-biológica al niño actor y a los tres adolescentes herederos del de cujus de autos".

Asimismo, agregó que "consta que en fecha 01-08-2007, se pidió aclaratoria de la mencionada decisión respecto de que se indique a quien [sic] correspondia pagar los costos de la prueba de ADN, asi como en fecha 02-08- 2007, se solicitó ampliación del fallo en cuanto a que el mismo no identificó el tipo de prueba que había de realizarse (con muestras de sangre o con muestras corpóreas externas)".

demandados el 02-08-2007 interpuso recurso de apelación contra la decisión que acordó la prueba sobre los adolescentes demandados, ante cuyo recurso el apoderado actor se opuso el 06-08-2007".

Que "Asimismo, se señaló que en fecha 09-08-2007, la Jueza N° 9 del Tribunal de Protección recibió la decisión que declaró sin lugar la recusación que fuera incoada en contra de la Jueza N° 14 del Tribunal de Protección, y en tal virtud remitió las actuaciones al juzgado natural".

Que "[..] el apoderado actor en fecha 14-08-2007 solicitó la revocatoria de dicho auto de mero trámite que ordenó la remisión del expediente y pidió la desaplicación por control difuso de artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, para que la Jueza N° 9 continuara conociendo".

NEZUELA Que "[..] en fecha 14-04-20q8 la Corte Superior Primera Accidental del Circuito Judicial del Tribunal de Prqtección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de TMOIOr apoderado demandado, y ordenó al juez de la causa tramitara lo concerniente gbra que se llevara a cabo la prueba de ADN, sobre muestras orgánicas del Que "La Sala Constitucional consideró necesario hacer el relato anterior para asi establecer el hecho lesivo causante del supuesto agravio. Observó el amparo bajo examen versaba sobre una actuación judicial y unas omisiones de pronunciamiento por parte de la Jueza N° 9 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, como lo fueron el pronunciamiento judicial que ordenó la remisión del expediente al tribunal natural por una parte, y por la otra, las omisiones de pronunciamiento respecto de las solicitudes de aclaratoria y ampliación, de la oposición al recurso de apelación, del recurso de revocación y la solicitud de desaplicación por control difuso del articulo 93 del Código de Procedimiento Civil".

Que "[...] determinó que el a quo constitucional obvió la denuncia respecto a que no habían sido proveidas las solicitudes de aclaratoria y ampliación del fallo del 30-07-2007, aún cuando dicho a quo también indicó que sobre las referidas solicitudes de aclaratoria y ampliación".

Que "Con ello se observa, que tal y como lo estableció el Máximo Tribunal, la decisión de la Corte Superior Primera actuando en sede constitucional, dejó de juzgar sobre el alegato de omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud de ampliacion, lo que evidencia sin lugar a dudas el quebrantamiento del deber de decidir conforme a lo alegado, lo que se traduce en inmotivación, y que en consecuencia, con dicha decisión carente de sujeta a derecho, revocó la decisión recurrida".

Que "Como se puede colegir la Alzada a la cual perteneció la Jueza EDY SIBONEY CALDERON SUESCUN, y que suscribió el fallo ir P.

conjuntamente con las otras dos-integrantes para la fecha, al haber emitido un fallo judicial carente de motivación, infringió los deberes contenidos en las siguientes normas legales: [..] A) Atículo 243° del Código de Procedimiento 2 Civil, referido a los requisitos de la sentencia consistente en exponer los motivos de hecho y de derecho, asi cpmo la decisión expresa, positiva y precisa.

con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, que derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad, debiendo decidir conforme a lo alegado y probado [..] C) Articulo 9 de la Ley conforme a la ley y al derecho, con celeridad y eficacia".

Que "Se evidencia entonces que con tal actuación quebrantó la garantia constitucional establecida en el articulo 26 de la Constitución, toda vez que dicha decisión absolutamente inmotiyada denota que dista mucho de garantizar una tutela judicial efectiva, transgrediendo así el derecho de los justiciables a una justicia idónea, responsable, accesible y expedita".

Que "Es por ello que no cabe más que concluir, que también quebrantó el derecho preceptuado en el articulo 51 constitucional, que tienen los al que se le dirigió una petición que era de su competencia resolver, por ende, al haber violado este derecho con una sentencia inmotivada, que en nada resuelve lo peticionado, porque simplemente no se pronunció con respecto a que ostenta, a tenor de lo establecido en el mencionado articulo 51 del Texto Fundamental, comportando no sólo un perjuicio para la recta administración de justicia, sino una manifiesta desatención a los requerimientos de los interesados" Que "[..] la conducta asumida por la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de la que formó parte la Jueza EDY SIBONEY CALDERON sUEscuN, y quien suscribió conjuntamente los otros miembros esta decisión inmotivada, violentó la finalidad del proceso, que es la realización de la justicia, eficacia del proceso judicial establecida en el artículo 257 constitucional".

Que "Todo este cúmulo de quebrantamientos comporta la infracción del deber de impartir judicial conforme a la ley y al derecho, con celeridad y vulnerando el servicio público de la justicia y los derechos fundamentales de los justiciables tales como el de tutela judicial efectiva, el debido proceso, y el de petición y oportuna respuesta, previstos en los articulos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues cada vez que el juzgador no decide conforme a los postulados legales y constitucionales.

ocasiona dilación en la resolución de las controversias, al tener el justiciable que acudir a una instancia superior a fin de que se revisen las decisiones judiciales que no cumplió con la finalidad otorgada al proceso judicial".

Que "Quedó evidenciado que la referida Jueza, incumplió con el deber impuesto en la legislación que regula los asuntos que son sometidos a su conocimiento, toda vez que al silenciar el pronunciamiento que debía emitir conforme a los requerimientos del accionante, puso en entredicho su idoneidad como administradora de justicia, incurriendo por ende en infracción de normas constitucionales y legales que consagran el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de petición y oportuna respuesta, como ya se indicó, y en tal virtud es que esta Inspectoria General de Tribunales, conforme a lo establecido por el articulo 49,8° constitucional, exige la responsabilidad aperture [sic] el procedimiento disciplinario respectivo".

CALDERON SUESCUN, incurrió en infracción de deberes constitucionales y legales, falta disciplinaria que acarrea la destitución del cargo, a tenor de I dispuesto en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial [..]".

Que incurrió "[...] nuevamente en infracción de los deberes que le establecen la Constitución y las leyes, al haber dictado una decisión inmotivada en la causa judicial N° AP51-R-2007-022830, cuando la Jueza EDY SIBONEY CALDERON SUESCUN, como miembro de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de caracas y

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Nacional de Adopción Internacional, actuando en sede Constitucional, cuando suscribió la decisión de fecha 25-02-2008, en la que se declaró sin lugar la por considerar que no valoró las probanzas aportadas al proceso".

Que en esa oportunidad "[..] la referida Corte Superior, conoció del

Ministerio Público en contra de la decisión de primera instancia de fecha 06-12- 2007, por considerar que el decreto de adopción plena de la niña M.E.dic EZUELA antes de haberse cumplido el periodo de prueba de seis (6) meses, y erutud de ello, la Alzada dictó decisión en la que declaró nula la sentencia apelada UDICAL estimar que la recurrida no valoró (as probanzas aportadas al proceso, y por informes de adaptabilidad, idoneidad, ende procedió a valorar los emparentamiento y seguimiento respectivamente, y donde se indicaba que los adoptantes son idóneos para la adopción" Que la referida decisión "(..] posteriormente fue recurrida, siendo decidido el recurso por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 30-10-2008, oportunidad en la que al dictar la decisión N° 1669, la Máxima Sala, declaró con lugar el recurso de Casación interpuesto por la Fiscal Nonagésima Segunda del (Ministerio Público, anuló el Fallo recurrido y ordenó la reposición de la causa a estado de llevarse a cabo nuevamente el Protección del Niño y del Adolescente".

Que "[..] la Sala de Casación Social, estableció que el articulo 422 de la ley que rige la materia, tiene carácter de orden público, y en tal virtud es que radica la importancia del periodo de prueba en el procedimiento judicial de adopción, el cual no puede ser modificado sino para prorrogarse. Dicha Sala JUDICAL que el decreto de adopción fue acordado por el Tribunal de Protección, el 6 de diciembre de 2007, es decir, antes del cumplimiento total del periodo de prueba, quebrantando con ello una forma procesal que va en protección de la niña candidata a la adopción, situación (rita esta que luego fue convalidada por la Corte Superior Primera, pues al conocer del recurso, no subsanó el error y decretó la adopción, además de observarse la falta de unanimidad entre los informes emanados del Equipo Multidisciplinario, tanto del Tribunal como de la Oficina de Adopciones".

Que el referido órgano de investigación "[..] reprocha el incumplimiento Que "Se evidencia claramente que la norma tiene carácter imperativo, ya que establece que para decretarse la adopción debe haberse cumplido un período de prueba de seis (6) meses mínimo, es decir, nunca menos de esos seis (6) meses, sin embargo se observó que el Tribunal de Primera Instancia, 2.1 quebrantó la norma y la decretó aún cuando no había transcurrido el plazo mínimo establecido en la ley, y esta irregularidad no fue corregida por la Alzada sino que fue convalidada, siendo esa actuación nugatoria del principio de segunda instancia, pues la esencia del mismo es la corrección de las actuaciones erróneas de la primera instancia".

Que "[.. se observa, que la Corte Superior Primera en referencia, quebrantó el deber establecido en e articulo 12 del Código de Procedimie sto Civil [..

Que "[.. también se puede verificar el quebrantamiento de la facultad de corregir la aplicación del ordenamiento jurídico cuando administre justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan, establecido en el articulo 4 de la Ley Orgánica de Poder Judicia), asi como la infracción del deber de administrar justicia conforme a la ley y al derecho, preceptuado en el articulo 9 ejusdem".

Que "Se verificó igualmente que con dicha actuación irrita, se quebrantó respuesta, preceptuados en los articulos 26 y 51 constitucionales, actuaciones con las que quebrantó el orden público procesal".

Que "[...] el quebrantamiento de deberes legales y constitucionales, informa la comisión de un ilicito disciplinario, que denota la inidoneidad del juzgador para continuar en el ejercicio del cargo que viene ostentando, en atención a la responsabilidad que supone la función de juzgar, ya que la función del Juez es, administrar justicia dentro de los limites que el ordenamiento le fija.

Ello ha sido establecido, por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2342 del 27-04-2005, dictada en el exp.

N° 2003-0799 (caso David Alfredo Manrique Maluenga".

Que "Por todos los razonamientos antes expuestos, se considera que la jueza EDY SIBONEY CALDERON SUESCUN, como miembro integrante de la / Corte Superior Primera del Circuito de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Naciona) 2 Adopción Internacional, infringió los deberes legales y constitucionales, . cuando quebrantó el orden público al haber acordado la adopción plena de una e nn en nen ie EZUELA establecido en la ley, falta disciplinaria que acarrea la destitución del o tenor de lo dispuesto en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de era Judicial [...]" Con respecto al tercer ilicito, alegó la Inspectoria General de Tribunales que "La Jueza EDY SIBONEY CALDERON SUESCUN, dictó una providencia contraria a la ley por ignorancia cuando en fecha 11-06-2009, oyó a dos Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en fecha 28-05-2009, que había declarado con logar la acción de amparo interpuesta, en la causa judicial N° AP51-0- 2009-007212".

Que "...] con dicha actuación la referida Alzada contradijo lo dispuesto en e artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales [...]".

Que "En el caso en comento, la Jueza como integrante de la referida Alzada y como Ponente, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta, decisión esta contra la que las partes ejercieron apelación, siendo oídas las UONIAL mismas a dos efectos, ocasionando con ello que la situación juridica infringida establecida no fuera restituida, lo que a su vez lesionó mas [sic] los derechos y garantias de todas las partes intervinientes en el asunto, tal y como en efecto lo estableció la referida Sala Constitucional".

Que "Se evidencia entonces que con esa irrita actuación al remitir la causa original a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se causó un agravio por cuanto se hizo inejecutable la decisión donde se habia declarado la procedencia de la tutela constitucional que había sido invocada, por lo que ello constituye un acto de ignorancia de la Jueza, ya que según el contenido de la norma, debió oír los recursos interpuestos, solo al efecto devolutivo, remitiendo copia certificada de las actuaciones, en consecuencia esta Inspectoría General de Tribunajes, estima que incurrió en falta disciplinaria susceptible de destitución del cargo a tenor de lo establecido en el numeral 10 del articulo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura [...]".

JUDICAL En relación con el cuarto ilicito imputado a la jueza denunciada, la Inspectoria General de Tribunales alegó que la referida ciudadana "[...] incurrió gh abuso de autoridad, en la causa judicial N° AP51-O-2009-007212, cuando JROICIAL procedió al margen del debido orden procesal, al permitir que se celebrara la RBUNAL audiencia constitucional sin que los terceros coadyuvantes contaran con la asistencia técnica debida, falta disciplinaria susceptible de destitución del cargo, a tenor de lo dispuesto en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial [..".

Que "[..] en la causa judicia N° AP51-O-2009-007212, se celebró la audiencia constitucional en fecha 18-05-2009, oportunidad en la que se dejó constancia en acta de la compacesencia, entre otras personas, de •s ciudadanos Norma Coromoto Vásquez Urbina y Ramiro Antonio Vásquez Urbina, quienes participaron en su condición de terceros coadyuvantes, sin la debida asistencia técnica" Que "Se evidencia de dicha actuación, que la Corte Superior Primera del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción, vulneró el numeral 1 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. relativo al debido proceso, por cuanto TRBUNUL en la mencionada audiencia constitucional defensa y asistencia juridica".

Que "Igualmente cabe acotar, que quebrantó asimismo lo preceptuado en el articulo 4 de la Ley de Abogados [...]" Que "[..] la conducta asumida por la Jueza EDY SIBONEY BALDERON sUEsCUN. como integrante de la Corte Superior Primera del Circuito de Protección del Niño. Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, denota absoluta falta de diligencia de la Jueza de la causa, que como directora del proceso debe ordenarlo en todo momento hasta su culminación, garantizando a los justiciables, el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, actuando por ende, con subversión absoluta del proceso, violentando el derecho a la defensa, pues debió designar un abogado asistente a los terceros coadyuvantes cuando advirtió que no estaban asistidos de letrado".

Que "Esta actuación comporta la contravención [de] disposiciones constitucionales y legales de orden público, por lo que en criterio de Organismo, constituye una conducta arbitraria, que evidentemente, se traduce

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en abuso de autoridad, y tanto es asi que la propia Sala Constituciohal del Tribunal Supremo de Justicia, hizo un llamado de atención a la Corte Supeior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, para que en posteriores ocasiones evite situaciones que atenten contra el derecho al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial eficaz de los justiciables"

III DE LOS ALEGATOS DE LA JUEZA DENUNCIADA El diecisiete (17) de septiembre de 2013 tuvo lugar la celebración de la audiencia, en la cual la parte denunciada alegó lo siguiente:

Que su representada ingresó a la carrera judicial por concurso de oposición, siendo nombrada juez clase "A", es decir, juez superior titular. El veinticinco (25) de noviembre de 2010, mediante Oficio N° CJ-10-2375, la ATUELA Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia suspendió de su cargo, sin el goce de su sueldo, a la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún.

Alegó como punto previo, que el acto administrativo dictado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia violenta la garantía constitucional de estabilidad de la carrera judicial prevista en el articulo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, norma que consagra oposición que hayan sido designados por el Tribunal Supremo de Justicia, tal como es el caso de su representada Alegó que la facultad de suspender cautelarmente del cargo a los jueces está reservada, por el articulo 61 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, al Tribunal Disciplinario Judicial.

Que la sentencia N° 516 de 7 de mayo de 2013 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia faculta a la Comisión Judicial IELA del Tribunal Supremo de Justicia para destituir o suspender únicamente a los jueces temporales, ocasionales o accidentales, toda vez que la referida sentencia ratifica la estabilidad de los jueces de carrera y que la aplicación de su régimen disciplinario corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial.

Asimismo, alega que el referido acto violenta los ordinales 1°, 2°, 3º y 4° del articulo 49 de la Constitución de la República Bclivariana de Venezuela a vulnerar el debido proceso, toda vez que -en su criterio- el referido acto adolece de inmotivación, fue dictado sin procedimiento previo, establece un lapso de suspensión indeterminado y carece de un hecho constitutivo de falta que le sirva de fundamento, por lo cual –en su opinión- carece de tipicidad. Por ello, en criterio del referido abogado, es que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia incurrió en desviación de poder, de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Politico Administrativa del Tripunal Supremo de Justicia en sentencia N° 60 del seis (6) de febrero de 2001.

Que de acuerdo al articulo 79 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para la destitución de jueces titulares.

Que a pesar de que la inspección integral efectuada por la Inspectoria General de Tribunales fue dirigida a un órgano colegiado, nunca se incluyó en ella a los otros miembros de la Corte Superior, situación que constituye una violación del derecho a la igualdad.

El auto que ordena el inicio de la investigación es impreciso y vulnera derecho a la defensa, carece de un hecho constitutivo y atenta contra estabilidad de los jueces de carrera.

Que tanto la Inspectoria General de Tribunales como la Oficina de Sustanciación desconocieron los alegatos de defensa presentados por su representada, por cuanto el acto conclusivo dictado por la Inspectoria General de Tribunales y el informe de la Oficina de Sustanciación señalan que la jueza denunciada no ha ejercido su derecho a la defensa.

Alegó que nunca estuvo a cargo de la Corte Superior, es decir, fue solamente integrante, mas no presidente. Asimismo, precisó que solamente solamente a titulo de integrante.

Con respecto alilicito número 1, alegó la jueza denunciada que actuó como integrante de la Corte y no como ponente. Argumentó que la Inspectoriã General de Tribunales incurrió en falso supuesto, por cuanto en la causa judicial investigada, el juez de primera instancia habia sido recusado, por lo que no podía dar respuesta a la aclaratoria y a la ampliación que le habían si solicitadas.

Precisó que cuando el expediente había llegado al conocimiento Corte Superior, la causa en primera instancia aún estaba en trámite, por lo cual * Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no estableció que su sentencia hubiera sido inmotivada, n que fuera un acto írrito.

Alegó que todos los ilicitos imputados por la Inspectoria General de Tribunales se refieren a aspectos jurisdiccionales y que para que el referido jueza denunciada- que previamente se determine la inidoneidad del juez investigado.

Que la Sala Constitucional dei Tribunal Supremo de Justicia no aplicó el artículo 27 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, por cuanto no remitió al órgano disciplinario correspondiente copia certificada de decisión alguna que considerar que la Corte Superior que presuntamente habia violado el orden constitucional Con respecto al segundo ilicito, referido al caso de adopción de los señores Coquino, la Inspectoria General de Tribunales no tomó en consideración lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por la doctrina en relación con el vicio de inmotivación, el cual se da, en criterio de la jueza denunciada, cuando no se han esgrimido argumentos para fundamentar el dispositivo; cuando son contradictorios entre si y se anulan; cuando son tan lados que no permiten comprender las razones de la sentencia; o cuando no hay relación entre la motivación y el dispositivo de la sentencia.

En ese procedimiento de adopción, la jueza de primera instancia no dejó transcurrir los 6 meses de periodo de prueba exigidos por la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para decretar la adopción.

Posteriormente, la Corte Superior, en vista de que la jueza de primera instancia violentó el análisis probatorio, anuló la sentencia de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, y entró a conocer el fondo del asunto como un tribunal de primera instancia, dictando una sentencia de fondo, aclarando que ya se habian Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En cuanto al cuarto ilicito, re ativo a la ignorancia y error inexcusab inexcusable le corresponde al Tripunal Supremo de Justicia y no a la Inspectoría General de Tribunales. Alegó la jueza denunciada, que en ese proceso, el niño tenía problemas fisicos y mentales, la mamá tenía problemas mentales, y en la audiencia estuvieron presentes todas esas personas, el tio del niño, la defensa pública, el fiscal del Ministerio Público. Asimismo, alegó que la situación fue producto de un error material que nadie percibió en el acto del proceso, pero que, a todo evento, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia observó que igualmente se ejecutó la sentencia que habia sido objeto de apelación.

Sobre haber oido en ambos efectos un recurso de apelación contra decisiones en materia de amparo, alegó la jueza que eso forma parte de la actividad administrativa del presidente de la Corte Superior. Asimismo, alega que la Inspectoria General de Tribunales traslada vicios de las sentencias, cometidos en el ejercicio de la función jurisdiccional, y las imputa como ilicitos disciplinarios.

También alegó que a los demás integrantes de la Corte Superior no fueron investigados ni llamados al presente proceso, aun cuando los demás T12.

integrantes también participaron en la emisión de los actos procesales investigados..

IV DE LA COMPETENCIA DE TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar.

pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 36.860 del treinta (30) de diciembre de 1999, es el primero de los veintiséis (26) textos eigonon constitucionales que han regido en Venezuela desde su independencia de España, que incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a un órgano jurisdiccional y no a un órgano administrativo.

En este sentido, la Constitución de 1961 establecia que la direcció vigilancia de los tribunales estaba a cargo de un órgano administrativo distinto e la Judicatura.

No obstante, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se modificó el sistema anterior, tal como lo establece su articulo 267:

"Articulo 267. Corresponde ar Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración des Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los

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tribunales de la República de las Defensorías Públicas. igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.

La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estara fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezclana, que dictará la Asambiea Nacional. El procedimiento disciplinario condiciones que establezca la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno crearâ una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales" De conformidad con el articulo anterior, se escinden dos potestades: una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomía presupuestaria del Poder Judicial; y la otra potestad que es de indole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por qtro lado una organización jurisdiccional que ejerce funciones disciplinarias.

Con fundamento en lo anterior, es intención de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la separación de la organicidad del Tribunal Supremo de Justicia de los órganos encargados de la disciplina judicial, creando de este modo una organización separada, bajo el nombre de Jurisdicción Disciplinaria Judicial, delegando en la Ley la creación de los tribunales encargados que conformarían la referida organización.

Ahora bien, la competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el Poder Judicial, la encontramos regulada en el articulo 39 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:

"Artículo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales 0 JUOICIAL conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los contenidos en este Código. El Tribunal Disciplinario Judicial contará con la Secretaria corresponderte y los servicios de Alguacilazgo" Como se desprende del articulo en comentarios, el Tribunal Disciplinario Judicial ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado código, imponiendo, ante su incumplimiento y previo proceso judicial, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 eiusdem.

Además de lo anterior, es necesario destacar, que la potestad jurisdiccional disciplinaria que detentan tanto este Tribunal Disciplinario Judicial como la Corte Disciplinaria Judicial fue delimitada por la sentencia N° 516 del siete (7) de mayo de 2013 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual excluyó del régimen disciplinario previsto del Código de Ética a los Jueces que no forman parte de la carrera judicial. En efecto, la referida sentencia estableció lo siguiente:

"Siendo ello asi, aun cuando efectivamente el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana le es efectivamente aplicable a todos los jueces -indistintamente de su condición- como parámetro ético de la función jurisdiccional; no obstante, el procedimiento para la sanción que dicho Código a los Jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios, ya que dicho proceso es una garantia de la inamovilidad insta a la carrera concurso de oposición público.

Por tanto, a fin de no contradecir el contenido normativo del articulo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se SUSPENDE cautelarmente, mientras dure el presente juicio, la referencia que hace el articulo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana a permite la extensión, a esta categoria de jueces y juezas, del procedimiento disciplinario contemplado en los articulos 51 y siguientes del mencionado Código, por no tratarse de jueces o juezas que hayan ingresado a la carrera sancionar los y excluir los de la función jurisdiccional, visto que se trata de un órgano permanente, colegiado y delegado de la Sala Piena de este Tribunal de la Magistratura y la Inspectoria General de Tribunal (ex: articulo 73 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia), asi como someter a la Judicial y su normativa (articulo 79 eiusdem). Asi se declara.".

De lo expuesto se colige que este Tribunal Disciplinario Judicial es competente para sustanciar y decidir los procesos disciplinarios que tengan por objeto hechos presuntamente constitutivos de ilicitos disciplinarios, de conformidad con lo establecido en los articulos 31, 32 y 33 del Código d Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y que hayan sido aparentermente cometidos por jueces que formen parte de la carrera judicial. Asi se establece.

En el presente caso, al ser la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún competencia de este Tribunal Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes procedimientos disciplinarios. Asi se decide.

y DE LA AUDIENCIA El diecisiete (17) de septiembre de 2013 tuvo lugar la celebración de la audiencia, en la cual las partes expusieron sus alegatos, se dio por finalizado el debate, y se fijó como oportunidad para dar lectura a la decisión que se %e adoptará en el presente proceso disciplinario, el veinticuatro (24) de septiembre de 2013 a la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.), tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario, El veinticuatro (24) de septiembre de 2013, vista la complejidad del caso, se difirió la oportunidad para dictar el pronunciamiento decisorio en la presente causa y se fijó como nueva oportunidad el ocho (8) de octubre de 2013, a la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.) El ocho (8) de octubre de 2013 tuvo lugar la lectura de la decisión adoptada en el presente proceso disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto integro de la decisión, en cumplimiento del artículo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"PRIMERO: se ABSUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la V-5.675.425. por actuaciones como Jueza integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Pfotección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Arpa Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de haber incurrido en el ilicito disciplinario previsto en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, por supuestamente haber incumplido 015381.

SEGUNDO: se ABSUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la disciplinario previsto en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, por supuestamente haber incumplido el deber de motivar las sentencias en la causa judicial N° AP51-R-2007-022830.

TERCERO: se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún por la comisión del ilícito disciplinario previsto en el numeral 7 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, vigente para el momento en que ocurrieron los interpuestos contra la sentencia de amparo dictada el veintiocho (28) de mayo de 2009, en la causa judicial N° AP51-O-2009-007212, actualmente tipificado en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la TAB AMONESTACIÓN ESCRITA.

ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún del ilicito previsto en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial vigente para la época en que Tribunales por permitir que se celebrara la audiencia constitucional sin que los terceros coadyuvantes contaran con la asistencia técnica debida en la causa judicial N° AP51-O-2009-007212.

QUINTO: se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoria General de Tribunales, a los fines de que investigue, si lo considera procedente, la actuación del Juez Presidente de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Prptección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional en el expediente judicial N° AP51-O-2009-007212.

SEXTO: se LEVANTA la medida de suspensión del cargo sin goce de sueldo ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún y. en consecuencia, se ORDENA a la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA la REINCORPORACIÓN de la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún al cargo que ocupaba en el Poder Judicial para la fecha de su suspensión o uno de igual jerarquia y remuneración económica.

Se hace del conocimiento de los presentes que con la lectura de esta acta se tiene por notificadas las partes del dispositivo de la decisión, de conformidad con el articulo 81, último aparte, del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Igualmente se informa a las partes que la sentencia será ejecutada una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme.

Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial, en la ciudad capital de la República Boivariana de Venezuela, a los ocho (8) dias 154° de la Federación".

VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Vi.1 Alegó el apoderado judicial de la jueza denunciada, como punto previo, la nulidad del acto de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia que le suspendió sin goce de sueldo del ejercicio de su cargo de jueza de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción nternacional, por cuanto, en criterio del referido abogado, el referido órgano del Tribunal Supremo de Justicia no tenia competencia para suspender del cargo sin el goce de sus sueldos a los jueces pertenecientes a la carrera judicial.

Por su parte, alegó la Inspectpría General de Tribunales, que la nulidad del acto dictado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia no tuvo que haber sido discutido mediante la interposición de un recurso ante la NSCA Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en la oportunidad legar correspondiente y que el presente proceso tiene por objeto la determinación de responsabilidad disciplinaria.

Observa este Tribunal Disciplinario Judicial, como punto previo, que, en efecto, el acto dictado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia constituye un acto emanado de un órgano administrativo, cuya conformidad a derecho solo puede ser revisada por el mismo órgano que lo produjo o por los órganos que formen parte de la jursdicción contencioso administrativa, en los términos previstos en el articulo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ciertamente, el acto cuya revocatoria se solicita fue dictado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, por lo cual se hace necesario esclarecer la naturaleza jurídica del referido órgano, a los fines de

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determinar si este Tribunal Disciplirario Judicial está facultado por la Ley para revocar el referido acto.

La Comisión Judicial del Trbunal Supremo de Justicia es un órgano integrado por un magistrado de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia y dependiente directamente de él, que actuará también por delegación en todas aquellas funciones administrativas de control y supervisión conferidas, asi como cualquier otra establecida en la Normativa especial y que, por supuesto, no involucre el ejercicio de la función jurisdiccional que, con base en el principio de separación de poderes, corresponde de forma exclusiva y excluyente al Tribunal Supremo de Justicia y al resto de los tribunales de la República. De esa manera, es claro que la Comisiôn Judicial del Tribunal Supremo de Justicia es un órgano de carácter administrativo, asi como los actos que de ella emanan, pues "si bien se mantiene inserto dentro del Poder Judicial, su 1administrativa, pues aunque dependa en forma directa del Tribunal Supremo de Justicia, es evidente que sus funciones se encuentran alejadas del campo EZUELA jurisdiccional y sólo se materializan en el ámbito administrativo" (SPA-TSJ 26/04/2011. Sentencia N° 505).

En ese sentido, es necesario destacar que las medidas de suspensión jueces, sea de manera cautelar o de carácter sancionatorio, son de estricta naturaleza disciplinaria, tal como lo haestablecido la Sala Polític Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sus sentencias Nros. 659, 1760 y 2581, del 24/03/00, 27/07/00 y 15/11/06, respectivamente.

No obstante. el articulo 259 de la Constitución de la República contencioso administrativa son competentes para anular los actos desviación de poder...", de lo cual se desprende que son los Tribunales con competencia en la materia contencioso administrativa los órganos facultados por la Constitución para desvirtuar la presunción de legalidad de que goza todo acto administrativo, asi como analizar los requisitos que debe cumplir todo acto administrativo, para que con ello se pueda, de ser procedente, anular actos administrativos contrarios a derecho.

Por ende, siendo las medidas de suspensión del cargo sin goce de sueldo dictadas por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia actos administrativos, únicamente pueden $er anuladas por el mismo órgano que los dictó o por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

De lo anterior se colige la incompetencia de este Tribunal Disciplinario Judicial para conocer de pretensiones de nulidad de actos dictados por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se declara incompetente para conocer de la solicitud de nulidad de la resolución 2010-0147 del veinticinco (25) de noviembre de 2010, mediante la cual, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia suspendió de su cargo sin el goce de sueldo, a la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún del cargo que ocupata en la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. Asi se decide.

VI.2 Además de lo anterior, la parte denunciada alegó la violación del derecho a la igualdad tanto en la investigación como en el presente proceso, por cuanto, en su criterio, los demás miembros de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacio de en el presente proceso, por suscribir las decisiones por las cuales fue imputada.

Al respecto, alegó la Inspectoría General de Tribunales que los demás jueces integrantes de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adoescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional pueden ser investigados y juzgados en procesos distintos e independientes del presente proceso jurisdiccional, por lo cual, en criterio de la representante del referido órgano de investigación, no existiria tal violación del derecho a la igualdad.

Como segundo punto previo, observa este Tribunal Disciplinario Judicial, que los actos procesales que son objeto del presente proceso fueron realizados por las ciudadanas Leticia Morilo Moros, Zelideth Sedek de Benshimol, Yunamith Y. Medina y Enoe Carrilo Castellanos, quienes integraron la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas / y Nacional de Adopción Internacibnal en la oportunidad en la cual fueron dictadas las distintas decisiones por las cuales fue imputada en este proceso jurisdiccional la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún.

No obstante, es necesario destacar, que aunque los actos juridicos objeto del presente proceso hayan sido efectuados por una pluralidad de jueces, todos integrantes de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicia! del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, es necesario precisar que la responsabilidad disciplinaria es personalísima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual nada obsta para que cada juez sea investigado y procesado individualmente. En efecto, el artículo 255 de la Constitución establece lo siguiente:

"Artículo 255 El ingreso a la carrera judicial y e ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los juezas sólo podrán ser removidos o femovidas o suspendidos o suspendidas de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley.

La ley propenderá a la profesionalización de los jueces o juezas y las universitarios de derecho la especialización judicial correspondiente.

Los jueces o juezas son personalmente responsables, en los términos que inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones" Del último aparte de la norma transcrita se desprende que la responsabilidad disciplinaria es persônal, por lo cual, cada juez de un tribunal colegiado se encuentra en una especial y singular situación de hecho frente al ilicito imputado, pudiendo resultar que cada uno, se encuentre en una situación juridica totalmente distinta a la de los demás.

Además de lo anterior, es de destacar lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 369 dictada el veintisiete (27) de marzo de 2001, en la cual manifestó lo siguiente:

He-ULIcA 8r en la misma posición de una de las partes, es necesario:

indispensable que sea resuelta de modo uniforme para todos.

titulo de pedir, o el que autoriza que contra ellos se pida, es común a todos. Esto es producto:

a) De que se trata de un mismo hecho, productor de efectos juridicos (civiles, penales, etc) atribuible a todos. Un mismo hecho sirve de base a la pretensión.

b) Que se trata de un derecho o una obligación o prestación compartida entre varios que deriva de un mismo titulo (negocio juridico del cual deriva el derecho).

todos.

Para que puedan existir litis consorcios, es un requisito sine qua non, que exista un nexo común entre quienes conforman una misma posición procesal, dicho objeto un mismo hecho atribuible a una pluralidad de sujetos, pueden tener como parte demandada una pluralidad de sujetos, aunque no de manera forzosa o necesaria, sino de manera facultativa; por ello la utilización del 'poder", pues no es imperativo, para la resolución del fondo del asunto, que la relación juridico procesal se conforme con todos los sujetos a quienes imputable el hecho objeto del proceso.

Corolario de lo anterior, es que en la presente causa, que inició en virtu del acto conclusivo presentado por la Inspectoria General de Tribunales el nueve (9) de diciembre de 2010, por actuaciones realizadas por un la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, que es un órgano jurisdiccional colegiado, no fue violado el derecho a la igualdad, pues, al ser personal la responsabilidad disciplinaria, la Inspectoría General de Tribunales podia iniciar y sustanciar el proceso únicamente contra la jueza sometida a procedimiento.

Por lo expuesto, se desecha el alegato de violación de derecho a la igualdad, alegado por la parte denunciada. Asj se decide.

En relación con la presunta responsabilidad disciplinaria de la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún, este Tribunal Disciplinario Judicial realizará las siguientes consideraciones:

VI.3 Se observa que la Inspectoria General de Tribunales solicita la destitución de la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún, por aparentemente haber incurrido en infracción de los deberes que le establecen la Constitución y las leyes, al haber dictado, como integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, una decisión carente de motivación, en la causa judicial N° AP51-O-2007-015381, contentiva de una acción de amparo constitucional

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interpuesta por la ciudadana Mercedes Xiomara Silva, contra actuaciones y omisiones judiciales de la Jueza Unipersonal N° IX de la Sala de Juicio del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Mefropolitana de Caracas, en el procedimiento falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.

Al respecto, manifestó el referido órgano de investigación que la jueza denunciada, como integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del pronunciarse sobre el alegato de falta de pronunciamiento en la que supuestamente había incurrido el juez de primera instancia con respecto a las TRIBUI solicitudes de aclaratoria y ampliación que le habian sido presentadas.

Asimismo, agregó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia vicio de inmotivación.

En tal sentido, alegó la jueza denunciada que no incurrió en inmotivación y que en la referida sentencia objeto de investigación si manifestó las razones por las cuales consideró que no habia existido omisión de pronunciamiento por parte del juez de primera instancia.

Observa este Tribunal Disciplinario Judicial, que la sentencia dictada el trece (13) de septiembre de 2007 en la causa judicial N° AP51-O-2007-015381 por la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de la cual es integrante la jueza, denunciada, fue anulada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por haber incurrido en el vicio de inmotivación, mediante sentencia Nf 771 del ocho (8) de mayo de 2008 circunstancia que hace necesario, a los fines de determinar si existe un ilícito disciplinario, analizar si el supuesto inmotivación en el que incurrió la referida Corte Superior es absoluta o, por el contrario, se trata de los demás casos de inmotivación que han sido desarrollados por la doctrina y por la jurisprudencia, a saber: a) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes juridicamente. b) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y.

c) Que todos los motivos sean falsos.

Al respecto, se evidencia de la lectura de la decisión suscrita por la jueza denunciada, que la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área, d Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional si presento argumentos sobre la falta de pronunciamiento que alegó el demandante de fundamentaron esa decisión están contenidos en el texto del refer fllo 1.

judicial. Ello fue advertido por la Saja Constitucional del Tribunal Suprenve de sido proveidas las solicitudes de aclaratoria y ampliación del fallo que solicitó la parte actora, pese a que indicó que no tenía que ser el juez que emitió el acto decisorio quien debía pronunciarse sobre las referidas solicitudes de aclaratoria y ampliación".

De lo expuesto se colige que el máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela conoció los motivos por los cuales la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la cual es integrante la jueza denunciada, derecho el alegato de falta de pronunciamiento del juez de primera instancia en relación con las solicitudes de ampliación y aclaratorias que le habian sido presentadas, sin embargo, los consideró insuficientes para descartar el referido argumento.

Sobre el vicio de inmotivación de las sentencias y la posible responsabilidad disciplinaria que podria generar, ya este Tribunal Disciplinario Judicial se ha pronunciado con anterioridad, en el expediente N° AP61-D-2011- 000078, en sentencia dictada el veintiocho (28) de febrero de 2013, en la cual manifestó que:

"Ahora bien, siendo que la imputación presentada por la Inspectoría ventila causa judicial N° 2-M-1526-06, especificamente el referido al de inmotivación, disciplinaria del jurisdicente que a dictó, salvo que sea de una magnitud y reiteración tal que demuestren la idoneidad del juez o jueza para el ejercicio del cargo.

En este sentido, podria ser de una magnitud considerable la ausencia absoluta y manifiesta de motivación de una sentencia, pues resultaría a todas luces lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva de las partes y contraria a ésta que si podría devenir en la configuración de responsabilidad disciplinaria, no asi una motivación exigua o insuficiente por parte del juzgador que, en todo caso, puede ser enervada a través de la interposición de los recursos procesales dispuestos en el Ordenamiento Juridico para tal fin.

autor español Ramón Trillo Torres y otros en su libro titulado "Ley Orgánica del Poder Judicial, comentada, con jurisprudencia sistematizada y concordancia*.

página 604, lo referente a la absoluta y manifiesta falta de motivación en los siguientes términos:

"I..] del precepto se desprende sin dificultad que la falta ;

de motivación del articulo 417.15 no se corresponde con el vicio o defecto suficiente para fundar la anulación de una sentencia.

No estamos ante un concepto de técnica procesal referibie al silencio sobre alguna pretensión, es decir, a la mera incongruencia omisiva. Cuando se habla de 'absoluta y UDICAL manifiesta falta de motivación' se esta contemplando otra cosa, algo cualitativamente distinto: la radical ausencia de toda TRBUNAL O fundamentación. Ausencia entendida. no sólo en sentido formal.

sino sustancial. O sea, la que se produce cuando en el texto de una sentencia o de una auto, con independencia de su extensión, no se encuentra la ratio decidendi que conduce al fallo o que lleva a establecer los presupuestos de los que depende directamente. En qtras palabras, la que se da cuando no cuenta con la motivación que debe contener, la que trae causa del debate procesal desarrollado ante el juez. Por tanto, la conducta castigada en el ariculo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consiste en no ofrecer ninguna explicación de por qué se resuelve de un modo y no de otro a partir de los resultados del proceso. A eso se refiere el calificativo 'absoluta'.

Esa nota distintiva, sin embargo, no basta. La falta de motivación, además de absoluta, debe ser manifiesta. Este término potencia al anterior pues significa que es ostensible que la resolución no ofrece las claves de la decisión en la que culmina, que no depende de operaciones interpretativas advertirlo. Para justificar la actuación sancionadora por esa infracción muy grave con que una resolución que la exija no es manifiestamente de motivación. Hace falta, si -como aqul- es esencial. [.]" (Resaltado y subrayado nuestro).

De la cita parcialmente transcrita, se desprende que la falta de además ostensible, esto es, que no depende de operaciones interpretativas su por tanto, a decidir de una determinada manera respecto al conflicto sometido a su conocimiento".

De lo anterior se desprende, que son sustancialmente distintas a inmotivación absoluta y los demás casos de inmotivación, pues, la inmotivación absoluta debe ser, en primer término, evidente, y con ello se quiere decir, que no puede depender de criterios de interpretación, sino que sea patente.

Además, debe ser totalmente inexistente, que haya dejado en evidencia la conducta dolosa o culposa del juzgador que no realizó ningún proceso intelectual destinado a motivar la sentencia, incurriendo en arbitrariedad judicial.

En efecto, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal (vid. Sentencia N° 2 del doce (12) de enero de 2011), la motivación de las sentencias constituye un requisito formal que obra en contra de la arbitrariedad, que se traduce en la existencia del deber de los jueces de motivar todas sus decisiones, permitiendo, por una parte, el control jurisdiccional por procesales previstos en la ley, y de otra parte, el control social que todos los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela.

En cuanto a la responsabilidad disciplinaria en la que podrian incurrir los jueces por haber incumplido el deber de motivar las sentencias, es de destacar, que solamente cuando el juez haya obviado totalmente la expresión de los motivos que justifican su decisión o cuando los motivos que haya expresado en la sentencia no tengan ningún tipo de relación con la materia decidida, circunstancias estas que podrán ser observadas directamente por este Tribunal Disciplinario Judicial, es que los jueces podrán ser responsables disciplinariamente por haber incurrido en arbitrariedad judicial, conducta que se podria subsumir en lo establecido en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asi se establece.

En el presente caso, es necesario destacar que aunque la sentencia dictada el trece (13) de septiembre de 2007 en la causa judicial N° AP51-O- 2007-015381 por la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la cual es integrante la jueza denunciada, fue anulada por nuestro máximo Tribunal por considerarla inmotivada, es lo cierto, que riela en los folios 195 al 212 de la pieza 7 del expediente de la presente causa judicial la referida sentencia, en la que se observa que si contiene una motivación que, aunque fue considerada insuficiente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para considerar válida la sentencia, constituye un esfuerzo intelectual del juzgador para justificar su decisión y no actuar de manera arbitraria, circunstancia esta que excluye cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria. Por este motivo, este Tribunal Disciplinario Judicial de motivar sus sentencias. En consecuencia, se ABsUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún de haber incurrido en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, por supuestamente haber incumplido el deber de motivar las sentencias en la causa judicial N° AP51-O-2007-015381 como integrante de la Corte Superior Primera del Circujto Judicial de Protección de Niños, Niñas y

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Afolescentes de la Circunscripción Jýdicial del Área Metropolitana de Caracas.

TRUNALL V1.4 Además de lo anterior, también fue imputada a la ciudadana Edy y Siboney Calderón Suescún el supuestamente haber infringido los deberes que le establecen la Constitución y las leyes, al haber dictado, como integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una decisión inmotivada en la cau$a judicial N° AP51-R-2007-022830, del veinticinco (25) de febrero de 2008, en la que se declaró sin lugar la apelación interpuesta por el Ministerio Público y anuló la recurrida por considerar que no valoró las probanzas aportadas al proceso, falta disciplinaria establecida en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.

Sobre el particular, alegó la Inspectoría General de Tribunales que la referida jueza incurrió en inmotivación por haber violado el periodo de prueba de 6 meses previsto en el articulo 422 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes aplicable rationae temporis, exigido para decretar adopciones; y que la Sala de Casación Social anuló la referida sentencia.

En su defensa, alegó la jueza denunciada que en la oportunidad en la cual decidió el fondo de la causa, ya había transcurrido el lapso de 6 meses, que no incurrió en inmotivación y que no fue por ese motivo que fue anulada la sentencia.

A

Observa este órgano jurisdiccional que, efectivamente, la sentencia objeto de la presente imputación fue anulada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 1669 del treinta (30) de octubre de 2008, pero no por haber (incurrido en inmotivación, sino por incurrir en el motivo de casación por reposición no decretada, al haber convalidado el vicio en el que incurrió el juez de primera instancia al no dejar transcurrir integramente el periodo de prueba de 6 meses, decisión a la que llegó la jueza denunciada por tener un criterio juridico distinto al del máximo Tribunal, pero que sin dudas forma parte de la autonomia judicial por pertenecer a la esfera de la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas y la aplicación de la consecuencia juridica que prevé la Ley.

Asimismo se evidencia que, de la lectura de la sentencia dictada ppr jueza denunciada, la cual riela a (os folios 138 al 162 de la pieza del expediente de la presente causa judicial, se pueden conocer, claramente, los motivos que la fundamentan, por lo cual la jueza denunciada, en el presente caso, no infringió el deber que tiene de motivar las decisiones, de conformidad con la motivación expresada en el punto VI.3 del presente fallo, relacionado con la inmotivación. Asi se establece. En consecuencia, se ABSUELvE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún de haber incurrido en el ilicito disciplinario previsto en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, por supuestamente haber incumplido el deber de motivar la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Asi se decide.

VI.5 Adicionalmente, fue imputado a la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún, como integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el supuestamente haber dictado una providencia contraria a la ley por ignorancia, en la causa judicial N° AP51-O- 2009-007212, cuando el once (11) de junio de 2009, se oyeron en ambos $ efectos las apelaciones interpuestas contra la decisión proferida por la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el veintiocho (28) de mayo de 2009, que había declarado con lugar la acción de amparo interpuesta, falta disciplinaria establecida en el numeral 10 del articulo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

Sobre el particular, alegó la nspectoría General de Tribunales que la apelación en materia de amparo, constituye un desconocimiento de lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, que la referida conducta impidió la tutela de los derechos constitucionales puestos en peligro.

En su defensa, alegó la jueza denunciada que la Sala Constitucional del conducta, ni la de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de la Circunscripción Judicial del Área de Niños, Niñas y Adolescentes Metropolitana de Caracas, como de ignorancia sino como de un mero error y que tal circunstancia no afectó en nada la ejecución de la decisión.

Al respecto, observa este Tribunal Disciplinario Judicial que, efectivamente, la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional erró al haber oido en ambos efectos, mediante autos dictados el once (11) de junio de 2009, los recursos de apelación interpuestos contra la decisión dictada en materia, violando lo previsto en el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales.

No obstante, es de destacar que para que se configure el ilicito previsto en el numeral 10 del articulo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, se requiere que la existencia en el proceder de los jueces de negligencia ignorancia o error inexcusables debe haber sido calificada, previamente, por la TASO Sala del Tribunal Supremo de Justicia que sea afin a la materia discutida.

En efecto, la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, en sentencia del 23 de febrero de 1994, Magistrado- Ponente Dr. Alfredo Ducharne Alonzo, (con el voto salvado del Magistrado Dr. Luis H.

Farias Mata), estableció que:

"En este orden de ideas se observa que por error judicial inexcusable se entiende aquel que ro puede justifícarse por criterios razonables, que lesiona gravemente la conciencia jurídica, revistiendo por via consecuencial, carácter de falta grave que puede conducir a la máxima sanción disciplinaria (destitución).

Tal error no es concebible en un Juez y por ello cabe calificarlo de inexcusable, sea por su carácter absurdo, sea porque constituye una casa ignorancia o una suprema negligencia. No obstante, el presunto error judicial, al Juez que se le impute, debe garantizársele el debido proceso". por cuanto su calificación incide directamente sobre el destino del Juez afectado [..l" (énfasis de este Tribunal).

En el mismo sentido, el articulo 832 del Código de Procedimiento Civil cuando, aun sin intención, se hubiere dictado providencia manifiestamente:

contraria a la ley expresa, o se hubiere faltado a algún trámite o solemnidad que la ley misma mande observar bajo pena de nulidad".

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Incluso este Tribunal Discipinrio Judicial estableció, en la deion DISCPLIN marras se imputa a las juezas denunciadas el ilicito de error judicial inexcusable y al respecto, debe destacar este Tribunal Disciplinario Judicial que para que se configure, se requiere la realización de dos (2) actuaciones: la primera, en la cual algún juez o jueza actúe cor grave ignorancia o negligencia judicial y, la segunda, alguna decisión de cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia que califique la primera actuación, como un error judicial inexcusable".

De lo anterior se desprende, que la negligencia o ignorancia inexcusables son especies del error judicial inexcusable, que deben ser declarados por la Sala del Tribunal Supremo de Justicia que sea afin a la manifestar lo siguiente:

"Otro aspecto del supuesto sancionatorio previsto en el numeral 4 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que es necesario evaluar, es cuál o cuáles actuación de un juez o jueza y, al respecto, es de resaltar que la referida norma respectiva Sala de la Corte Suprema de Justicia, según el caso".

No obstante, se debe señalar, er primer lugar, que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 articulos 253 y 335, el Tribunal Supremo de Justicia es el Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, en sustitución de la Corte Suprema de Justicia, que era el máximo tribunal de la República de Venezuela, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 204 y 211 de la Constitución de la República de Venezuela. En consecuencia, es ahora el Tribunal Supremo de Justicia el facultado para calificar como error judicial inexcusable las actuaciones de los jueces.

En segundo lugar, se debe indicar que el seis (6) de agosto de 2009 fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236, el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que establece en el numeral 20 de su artículo 33 la sanción de destitución del cargo e inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo dentro del sistema de justicia a los jueces o juezas que procedan "con error inexcusable e ignorancia de la Constitución de la República, el derecho y el ordenamiento juridico, declarada por la Sala del Tribunal Supremo de Justicia que conozca de la causa".

Adicionalmente, se debe hacer notar que el veintitrés (23) de agosto de 2010 se Ley mediante la cual se reformó ei Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que, no obstante, reprodujo integramente lo dispuesto en el numeral 20 del articulo 33.

De lo antes expuesto se colige que desde el seis (6) de agosto de 2009 únicamente pueden ser sancionados disciplinariamente aquellos jueces o juezas Tribunal Supremo de Justicia que conozca del caso, pues la legislación vigente ya no faculta a las cortes de apelaciones ni a los juzgados superiores a declarar errores judiciales inexcusables, a los fines de que los jueces o juezas sean sancionados disciplinariamente.

En consecuencia, al contener el numeral 20 del articulo 33 del Código de Etica [ª del Juez Venezolanc y la Jueza Venezolana una regulación más favorable a la prevista en el numeral 4 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, porque no THW apelaciones o juzgados superiores la primera será aplicable incluso a los hechos acaecidos bajo la vigencia de la referida Ley de Carrera Judicial, como excepción al principio de irretroactividad de la ley, de conformidad con lo previsto articulo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, se entenderá siempre como único facultado para aeciarar errores judiciales inexcusables, al Tribunal Supremo de Justicia." De lo expuesto se colige lo siguiente: (1) que el error judicial inexcusable cualquiera de sus especies, debe ser declarada por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala que sea afin con la materia del error. Asi se establece.

En el presente caso, se ob$erva que, tal como lo alegó la jueza denunciada, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no calificó error inexcusables, por lo cual, en el presente caso, los hechos de la presente causa no se subsumen en la calificación juridica propuesta por la Inspectora

articulo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, actualmefité previsto en el numeral 20 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, circunstancia que habilita a este órgano jurisdiccional a realizar un examen de los ilicitos disciplinarios previstos en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura con la finalidad de determinar si la conducta realizada por la jueza denunciada se subsume en otro tipo sancionatorio disciplinario.

Sobre la facultad de cambiar la calificación propuesta por la Inspectoría General de Tribunales, ya este órgano jurisdiccional se pronunció anteriormente mediante sentencia N° TDJ-SD-2012-233 del diecisiete (17) de octubre de 2012, mediante la cual estableció lo siguiente:

"En este contexto, es preciso aceptar que el Tribunal Disciplinario Judicial, calificación juridica sobre los hechos debatidos a lo largo del proceso y. por /.

tanto, este ente disciplinario no está obligado a aplicar la calificación juridica Tribunales o el denunciante, pudiendo en consecuencia apartarse de la potestad disciplinaria siempre y cuando no se modifiquen los hechos que dieron inicio al procedimiento disciplinario (Vid. sentencias Nros. 01318 del 12 de noviembre de 2002: 01744 del 7 de octubre de 2004, 00110 del 30 de :

enero de 2007: 00583 del 24 de abril de 2007, 00081 del 23 de enero de 2008;

0400 del 25 de marzo de 2009: 00006 del 12 de enero de 2011 de la Sala En el mismo contexto, la Saja Constitucional del Tribunal Supremo de . Justicia, mediante sentencia N° 1319 del ocho (8) de octubre de 2013, estableció lo siguiente:

"Precisado lo anterior y visto que la situación fáctica que conllevó a la apertura del procedimiento disciplinario er contra de la solicitante, ciudadana Yeliz del Valle Jiménez Omaña, se mantuvo invariable en todo momento durante la desconocido y cuestionado una decisión firme emanada de otro Juzgado por un juez de su misma categoria, planteando un inexistente conflicto de competencia, esta Sala Constitucional concluye que el cambio de calificación posteriormente confirmado por la Corte Disciplinaria Judicial no representó -tal fundamentales de la solicitante."

como consecuencia del principio iura novit De lo expuesto se colige que.

curia, el juez disciplinario tiene la facultad de establecer de manera definitiva la calificación de los hechos debatidos en el proceso, siempre y cuando la nueva calificación no incluya alguna circunstancia de hecho que merezca ser debatida, por cuanto ello menoscabaría el derecho a la defensa del imputado.

En el presente caso, se observa que la jueza denunciada erró al haber oido en ambos efectos, mediante autos dictados el once (11) de junio de 2009, los recursos de apelación interpuestos contra la decisión dictada en materia de amparo el veintiocho (28) de mayo de 2009 en la causa judicial N° AP51-O- 2009-007212, violando lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales.

No obstante, se observa que riela a los folios 24 y 25 de la pieza 9 del expediente de la presente causa judicial, decisión dictada por la Corte Superior Primera del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, mediante la cual dictó medida de protección a favor del niño solicitante de tutela constitucional, hasta tanto fuese resuelta la acción de amparo constitucional, librándose los oficios correspondientes, los cuales riela a los folios 26 y 27 de la pieza 9 del expediente.

Asimismo, se evidencia del aqta contenida en los folios 29 al 35 de 6 mayo de 2009 se celebró audiencia constitucional.

Posteriormente, tal como se desprende de los folios 36 al 40 de la pieza 9 del expediente de la presente causa judicial, el diecinueve (19) de mayo de 2009 la Corte Superior Primera del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, ordenó la realización de actos para continuar con la ejecución de la medida de protección.

El veinticinco (25) de mayo de 2009 se difirió por 5 dias de despacho la oportunidad para dictar el fallo.

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El veintiocho (28) de mayo de 2009 la Corte Superior Primera del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, dictó el fallo definitivo del proceso de amparo, declarando con lugar la demanda de tutela constitucional.

REPIn De lo expuesto se evidencia que la tutela constitucional que fue brindada denunciada como integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judician del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. Sin embargo, a pesar de no vulnerar la tutela constitucional del accionante en amparo puesto que la medida que a su favor había sido dictada continuó ejecutándose, se subsume en lo previsto en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, norma vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, consistente en haber incurrido, en descuido injustificado, y que actualmente se subsume en el supuesto previsto en el numeral 6 del articulo 31 de Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Por tal motivo, se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN y, por tanto, se le impone la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA. Asi se decide.

VI.6 Finalmente, la Inspectoria General de Tribunales imputó a ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún, el presuntamente haber incurrido e abuso de autoridad. en la causa judicial N° AP51-O-2009-00721à. cuando procedió al margen del debido orcen procesal, al permitir que se celebrará la audiencia constitucional sin que os terceros coadyuvantes contaran ceda asistencia técnica debida, falta disciplinaria tipificada en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial vigente para la época en que ocurrieron los hechos.

Sobre el particular, alegó la Inspectoria General de Tribunales que la conducta de la jueza denunciada no constituye un simple error y que, por el contrario, constituye una violación del derecho a la defensa de los terceros coadyuvantes, quienes no contaron con la debida asistencia técnica en la audiencia constitucional de amparo.

Por su parte, argumentó la jueza denunciada que fue un error material el haberes permitido la participación en la audiencia constitucional sin la asistencia técnica debida.

Al respecto, observa este Tibunal Disciplinario Judicial que de las actas que conforman el expediente de la presente causa judicial se desprende que la Corte Superior Primera del Circuto Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, presidida por la ciudadana Yunamith Medina, permitió la participación en la audiencia constitucional celebrada el dieciocho (18) de mayo de 2009 en la causa N° AP51-O-2009-007212 a los terceros coadyuvantes sin garantizarles que contaran con la asistencia técnica debida de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asi se establece.

No obstante, para que el referido hecho sea imputable a la jueza investigada, se requiere que la decisión de permitir la participación en la audiencia constitucional celebrada el dieciocho (18) de mayo de 2009 en la causa N° AP51-O-2009-007212 a los terceros coadyuvantes sin garantizarles que contaran con asistencia juridica, haya sido tomada por la referida ciudadana.

En ese orden, es de destacar lo establecido en el articulo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Apelaciones:

1° Presidir la Corte, representarla en los actos oficiales, a menos que se acuerde nombrar otro de sus miembros a tal fin, y dirigir los trabajos del tribunal;

2° Hacer llevar la correspondencia de la Corte y autorizar con su firma las actas, De acuerdo al ordinal 1° de (a norma transcrita, corresponde al Juez Presidente presidir la Corte de Apelaciones de la cual es integrante, incluso en las audiencias, dirigiendo el debate de las partes.

De lo anterior se desprende, que corresponde al Juez Presidente de las Cortes de Apelaciones, como lo es la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño, Nina y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional de acuerdo a la clasificación prevista en la Ley Orgánica del Poder realizadas ante el órgano colegiado correspondiente.

De lo expuesto, se colige que la decisión de permitir la participación en la audiencia constitucional celebrada e dieciocho (18) de mayo de 2009 en la causa N° AP51-O-2009-007212 a lo$ terceros coadyuvantes sin garantizarles que contaran con la asistencia técnica debida de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, no era responsabilidad de la jueza denunciada. En consecuenc se ABSUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA por el ilícito tipific EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, que le fue imputado por la Inspectorià General de Tribunales. Asi se decide, En vista de lo anterior, este Tribunal Disciplinario Judicial ordena remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoria General de Tribunales, a los fines de que investigue, si lo considera procedente, la actuación del Juez Presidente de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional en el expediente judicial N° AP51-O-2009-007212. Así se decide.

Finalmente, observa este Tribuhal Disciplinario Judicial que la resolución REPUBLICA 2010-0147 del veinticinco (25) de noviembre de 2010, mediante la cual, la Comisión Judicial del T-ibunal Supremo de Justicia suspendió de su cargo sin goce de sueldo, a la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún, establece como condición resolutoria de su vigencia, la circunstancia de que la Inspctoria General de Tribunales dicte el acto conclusivo de su investigación.

Asimismo, se observa que el nueve (9) de diciembre de 2010 la Inspectoria General de Tribunales dictó acto conclusivo en la investigación sustanciada contra la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún, por lo cual se cumplió la condición resolutoria establecida por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Por tal motivo, este Tribunal Disciplinario Judicial LEVANTA la medida de suspensión del cargo sin goce de sueldo dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia contra la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún y, en consecuencia, se ORDENA a la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA la REINCORPORACIÓN de la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún al cargo que ocupaba en el Poder Judicial para la fecha de su suspensión o uno de igual jerarquía y remuneración económica. Así se decide.

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Como consecuencia del anterior pronunciamiento, resulta inoficioso ordenar la remisión del expediente a la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia por la declaratoria de incompetencia para examinar la conformidad a derecho de la resolución 2010-0147 del veinticinco (25) de noviembre de 2010, mediante la cual, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia suspendió de su cargo sin el goce de sueldo, a la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún. Asi se decide.

V DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de ley, bajo la ponencia del Juez Carlos Alfredo Medina Rojas, dicta el siguiente pronunciamiento:

PRIMERO: se ABSUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún, titular de la cédula de identidad N° V-5.675.425, por actuaciones como Jueza integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Profección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de haber incurrido en el ilicito disciplinario previsto en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, por supuestamente haber incumplido ef /deber de motivar las sentencias en la causa judicial N° AP51-O-2007-015381.

la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún de haber incurrido en el ilicito disciplinario previsto en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, por supuestamente haber incumplido el deber de motivar las sentencias en la causa judicial N° AP51-R-2007-022830.

TERCERO: se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciudadana Edy Siboney Caldecón Suescún por la comisión del ilicito disciplinario previsto en el numeral 7 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, por haber oido en ambos efectos un recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de amparo dictada el veintiocho (28) de mayo de 2009, en la causa judicial N° AP51-O-2009-007212, actualmente tipificado en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y. en consecuencia, se le impone la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA.

CUARTO: se ABSUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún del ilicito previsto en el numeral 1 ocurrieron los hechos, el cual le fue imputado por la Inspectoria General de Tribunales por permitir que se celebrara la audiencia constitucional sin que los terceros coadyuvantes contaran con la asistencia técnica debida en la causa judicial N° AP51-O-2009-007212.

QUINTO: se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoria General de Tribunales, a los fines de que investigue, si lo considera procedente, la actuación del Juez Presidente de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional en el expediente judicial N° AP51-O-2009-007212.

SEXTO: se LEVANTA la medida de suspensión del cargo sin goce de sueldo dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia contra la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún y, en consecuencia, se ORDENA a la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTCIA REINcORPORACIÓN de la ciudadana Edy Siboney Calderón Suescún al cargo jerarquía y remuneración económica.

Publíquese, registrese, y notifiquese a los intervinientes de conformidad con lo previsto en la parte in fine del articulo 251 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente de acuerdo a lo establecido en el articulo en el articulo 51 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial, en la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, a los (/9) dias del mes deoviEubRE de dos mil dIECINUEVE trece (2013). Años 203º de Ja independapeiay 154º de la Federación.

HERNAN PASHECO ALVIÁREZ uazPresidente-

JACQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINAROJAS Juez Ponente Sueza RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria En fechaclicinuus 0 de Nevicmbre de dos mil trece (2qauseplico y HoRA:02p.m.

RAQUEE SUE GONZALEZ ecretaria Exp. N° AP61-D-2011-000081 HPA/JSM/CMR/RSG V/NARIO V- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Jurisdicción Disciplinaria Judicial Corte Disciplinaria Judicial Expediente No.AP61-R-2014-000026 JUEZ PONENTE: DRA. MERLY MORALES Caracas, 14 de agosto de 2014 204°y155° Corresponde a ésta Corte Disciplinarja Judicial, conocer del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Andreina Ibarra de Carlo, titular de la cédula de identidad N° y- 15.581.383, en su carácter de Inspectora de Tribunales, en contra de la Sentencia N° TDJ-SD-2013-161, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo TDJ), en fecha 19 de noviembre de 2013, mediante la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, titular de la cédula de identidad N° V-5.675.425, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Integrante de la Corte Superior Primera del Crcuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, del ilícito disciplinario previsto en los numerales 11 y 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial; igualmente declaró la responsabilidad disciplinaria de la jueza denunciada por haber incurrido en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, normas vigentes para el momento en que ocurrieron los hechos, imponiendo la sanción de amonestación escrita; de la misma forma, levantó la medida de suspensión del cargo sin goce de sueldo dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y ordenó la reincorporación de la prenombrada

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ANTECEDENTES En fecha 2 febrero de 2010, la Inspextoría General de Tribunales (en lo sucesivo IGT), ordenó de oficio hacer Inspección Integral en la Sala N° 1 de la Corte Superior del Circuito de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, con el objeto de determinar cualquier irregularidad que pudiera existir con la actuación de la jueza EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, en su condición de Jueza integrante del Tribunal de alzada antes mencionado, a cuyo efecto comisionó a la inspectora de tribunales Luzmila iz Contreras, quien practicó la inspección integral entre el 01 y el 24 de marzo de 2010.

En fecha 20 de mayo de 2010, la IGT acordó abrir expediente administrativo a la jueza denunciada, signado con el N° 100.op9, por sus actuaciones como miembro del referido tribunal, con todos los recaudos recabados en la mencionada inspección.

En fecha 16 de septiembre de 2011 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, recibió documentos relacionados con la denuncia contra la jueza DY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, a° En fecha 21 de septiembre de 2011, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción acordó entre otras cosas, verificar los requisitos de ley y recabar los elementos indiciarios de los hechos denunciados en el presente proceso.

En fecha 30 de septiembre de 2011, la Oficina de Sustanciación remitió al TDJ el respectivo informe, en el cual concluyó que cl expediente se encontraba suficientemente instruido por la IGT.

En fecha 4 de octubre de 2011, el TDJ recibió el expediente administrativo sustanciado por la IGT, contra la ciudadana EIDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, por sus actuaciones como jueza integrante de la Cqrte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, contentivo del escrito de petición de sanción contra la mencionada jueza.

El fecha 11 de octubre de 2011, el TD) admitió la denuncia interpuesta por la 1GT contra la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, y ordenó a la Oficina de Sustanciación iniciar la investigación de los hechos denunciados, librando las correspondientes boletas de notificaciones a las partes en el presente proceso.

En fecha 19 de octubre de 2011, el TDJ agregó a los autos escrito constante de dos (2) folios útiles, recibido por la Presidencia de la extinta Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Poder Judicial, a través de la Unidad de Correspondencia interna de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, medjante la cual la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, jueza sometida a procedimiento disciplinario, titular del Juzgado Superior Cuarto del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, presentó RENUNCIA al precitado cargo.

En fecha 8 de diciembre de 2011, el TDJ recibió escrito de descargos suscrito por la jueza denunciada respecto a la conclusión del informe presentado por la Oficina de Sustanciación.

En fecha 14 de febrero de 2012, el TDJ, realizada la notificación de las partes, ordenó la remisión del expediente a la Oficina de Sustanciación a fin de proceder a la investigación de los hechos.

En fecha 8 de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación remitió el expediente N° AP61-D-2011-0008, en virtud que considere suficiente la investigación realizada por la IGT, y ratificó el contenido del informe emitido el 30 de septiembre de 2011.

En fecha 20 de marzo de 2012, la Qficina de Sustanciación recibió escrito de descargos suscrito por la jueza denunciada.

En fecha 28 de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación remitió al TD el expediente disciplinario. En esta misma fecha el TDJ recibió la causa en cuestión y asignó el respectivo ponente.

En fecha 17 de mayo de 2012, el TDJ ordenó citar a la jueza denunciada a los fines de que ejerciera su derecho a la defensa.

En fecha 3 de julio de 2012, el TDJ recibió escrito de pruebas consignado por la IGT ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos en fecha 27 de junio de ①12.

En fecha 11 de julio de 2012, el TDJ recibió escrito de descargo de la jueza denunciada, constante de diecisiete (17) folios útiles.

En fecha 31 de julio de 2012, el TDJ agregó a los autos los medios probatorios consignados por la IGT.

En fecha 27 de febrero de 2013, el TDJ admitió las pruebas documentales promovidas por la IGT y ordenó las respectivas boletas de notificación a los intervinientes en el presente proceso.

En fecha 17 de mayo de 2012, el TD ordenó citar a la jueza investigada para que, ana vez que conste en autos la práctica de la última de las notificaciones ordenadas, presente escrito de descargos, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del /Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética).

*

En fecha 27 de febrero de 2013, el órgano de primera instancia disciplinaria se pronunció en cuanto a la admisibilidad de las pruebas promovidas por la IGT.

En fecha 19 de junio de 2013, el Tribunal A-quo, fijó la oportunidad para la realización de la audiencia oral y pública a que se contrae el artículo 62 del Código de Ética, para el día 16 de julio del mismo año.

En fecha 06 de agosto de 2013, se acordó reprogramar la fecha para la celebración de la audiencia oral y pública, en virtud que no hubo despacho en fecha 16 de julio de 2013.

En fecha 17 de septiembre de 2013, se llevó a cabo la audiencia oral y pública, dictando el dispositivo del fallo en fecha 08 de octubre de 2013.

En fecha 19 de noviembre de 2013, el Tribunal A-quo publicó el extenso de la decisión emitida en la audiencia oral y pública, mediante la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, titular de la cédula de identidad N° V-5.675.425, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Integrante de la Conte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional e Adopción Internacional, del ilícito disciplinario previsto en los numerales 11 y 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial; igualmente declaró la responsabilidad TOIGOT disciplinaria de la mencionada jueza, por haber incurrido en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 7 del artículo 37 de la Lay Orgánica del Consejo de la Judicatara, ğimpoiéndole la sanción de amonestación escrita, normas vigentes para el momento de la 12 docencia de los hechos; de la misma forma, levantó la medida de suspensión del cargo sin la reincorporación de la jueza al cargo que ocupaba en el Poder Judicial.

En fecha 26 de noviembre de 2013, la GT interpuso recurso de apelación en contra de la decisión dictada por el TDJ.

En fecha 30 de abril de 2014, el TDJ admitió el mencionado recurso de apelación, oyéndolo en ambos efectos.

En fecha 13 de mayo de 2014, se recibió ante esta Corte Disciplinaria Judicial procedente de la URDD, recurso de apelación, correspondiendo la ponencia a la Dra.

MERLY MORALES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 28 de mayo de 2014, esta Aljada fijó la audiencia oral y pública a que se contrae el artículo 84 del Código de Ética, para el décimo (10°) día de despacho siguiente, contados a partir de dicha fecha.

En fecha 05 de junio de 2014, compareció ante esta Corte Disciplinaria Judicial el ciudadano Jesús Reaño, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado bajo N°56.527, quien actuando como apoderado judicial de la jueza denunciada solicito se declarara perimido el recurso de apelación presentado por la representación de la IGT en razón de no haberse presentado la correspondiente formalización y de la misma forma, se remitiera inmediatamente el presente expediente al Tribunal Disciplinario Judicial para su ejecución.

En fecha 10 de junio de 2014, el apoderado judicial de la jueza denunciada, ratifico su pedimento de perención del recurso presentado por la IGT y la consecuente remisión al Tribunal disciplinario. En la misma fecha, ta secretaria de este órgano jurisdiccional agregó a los autos cómputo de los dias de despacho que transcurrieron desde el día 28 de mayo de 2014, fecha en la cual se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y publica en la presente causa.

En fecha 29 de julio de 2014, esta Corte Disciplinaria Judicial, actuando de conformidad con lo previsto en el articulo 85 del Código de Ética ordeno librar oficio al Director Ejecutivo de la Magistratura, al Director de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a los fines de que informarán, con carácter de urgencia, en un lapso no mayor a 48 horas contadas a partir de recibo del correspondiente oficio, sobre la existencia y fecha de una renuncia presentada por la ciudadana EDY SIBONEY CALDERON. En la misma fecha se libraron los correspondientes oficios.

En fecha 30 de julio de 2014, fueron agregados a los autos oficios debidamente recibidos en el despacho del Director Ejecutivo de la Magistratura, así como en la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en esa misma fecha.

En fecha 7 de agosto de 2014, esta Corte Disciplinaria Judicial en virtud de ausencia de respuesta a la orden emanada, acordó ratificar el auto para mejor prove dictado en fecha 29 de julio de 2014, otorgando un lapso perentorio de 24 horas, contadas a partir de la respectiva notificación, para dar cumplimiento a lo solicitado. De la misma forma, se solicitó al Tribunal Disciplinario Judicial, informara con mayor amplitud en un ipso de 24 horas, contadas a partir de la respectiva notificación, el origen de la incorporación a los autos de la renuncia de la jueza sometida a procedimiento en la presente causa. En esa misma fecha se libraron los oficios respectivos, los cuales fueron consignados a los autos, debidamente recibidos en fecha 12 de agosto de 2014.

En fecha 12 de agosto de 2014, el apoderado judicial de la jueza sometida a procedimiento presento escrito mediante el cual solicito a esta Alzada oficie al Director Ejecutivo de la Magistratura y a la Rectoría Civil del Área Metropolitana, con el fin de que informarán si la renuncia presentada por su representada fue aceptada. De la misma forma solicito se oficiara al Fondo de Prestaciones Sociales de la Dirección Ejecutiva de la

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Magistratura con el fin de que informara si se ha efectuado el pago de las prestaciones sociales de la mencionada jueza. Finalmento también solicito se oficie a la División de Carrera Judicial a fin de que informe el estatus actual de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERON.

1EI A En fecha 12 de agosto de 2014, se recibió ante esta Corte Disciplinaria Judicial Oficio N° TDJ/HPA-59-2014, emanado del Tribunal Disciplinario Judicial mediante el cual le informo que la renuncia agregada a los autos fue recibida junto con las comunicaciones emanadas de la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, mediante las cuales le hacía entrega del inventario de causas en trámite existentes en la mencionada comisión y que en adelante formarán parte del inventario de causas del Tribunal Disciplinario Judicial.

DE LA SENT ENCIA RECURRIDA En fecha ocho 08 de octubre de 2013, el TDJ dictó el dispositivo de la sentencia, publicando su texto íntegro en fecha diecinueve 19 de noviembre de 2013, en el cual luego realizar una relación sucinta de las fases del procedimiento, los hechos y argumentos de las partes, así como la valoración de las pruebas producidas por cada una de ellas, en el presente proceso, se pronunció en relación con la presunta responsabilidad disciplinaria de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, con fundamento a las siguientes consideraciones:

1.- Indicó que la IGT solicitó la destitución de la jueza denunciada, por aparentemente haber incurrido en infracción de los deberes que le establecen la Constitución y las leyes, al haber dictado, como integrante de la Corte Superior Primera, antes identificada, una decisión carente de motivación, en la causa judicial N° AP51-O-2007-015381, contentiva de una acción de amparo constitucional interpuesto por la ciudadana Mercedes Xiomara Silval contra actuaciones y omisiones judiciales de la Jueza Unipersonal N° IX de la Sala deuicio del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la cunscripción Judicial del Área Metropoltana de Caracas, en el procedimiento de inquisición de paternidad iniciado por la referida ciudadana a favor de su hijo, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artíqulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, no obstante el TDJ estableció que: " (..) es necesario destacar que aunque la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2007 (sic) en la causa judicial N° AP51-O-2007-015381(sic) por la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adofescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la cual es integrante la jueza denunciada, fue anulada por muestro máximo Tribunal por consideraría inmotivada, es lo que se observa (sic) que sí contiene una motivación que. aunque fue considerada insuficiente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para considerar válida la sentencia.

constituye un esfuerzo intelectual del juzgador para justificar su decisión y no actuar de manera arbitraria, circunstancia esta que excluye cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria." 2.- Igualmente indicó que, la IGT denunció que la jueza incurrió nuevamente en infracción de los deberes que le establecen la Constitucion y las leyes, al haber dictado una decisión inmotivada en la causa judicial N° AP51-R-2007-022830, cuando actuando en sede Constitucional, suscribió la decisión de fecha 25-02-2008, en la que se declaró sin lugar la apelación interpuesta por el Ministerio Público. y anuló la recurrida por considerar que no valoró las probanzas aportadas al proceso.

En ese sentido, el TDJ arguyó Io siguiente: "(..) Observa este órgano jurisdiccional que, efectivamente. la sent encia objeto de la presente imputación fue „anulada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 1669 del treinta (30) de octubre de 2008, pero no por haber incurrido en inmotivación, sino por incurrir en el motivo de casación por reposición no decretada, al haber convalidado el vicio en el que incurrió el juez de primera instancia al no dejar transcurrir integramente el periodo de prueba de 6 meses, decisión a la que llegó la jueza denunciada por tener un criterio jurídico distinto al del máximo Tribunal. pero que sin dudas forma parte de la autonomia judicia! por pertenecer a la esfera de la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas y la aplicación de la consecuencia jurídica que prevé la Ley. " 3.- Destacó que la IGT fundamentó parte de su escrito de petición de sanción disciplinaria, en que la Jueza EDY SIBONEY CALDERON SUESCUN, dictó una providencia contraria a la ley por ignorancia, cuando en fecha 11 de junio de 2009, oyó en ambos efectos las apelaciones interpuestas contra la decisión proferida por la Corte Superior Primera, antes identificada, en fecha 28 de mayo de 2009, que había declarado con lugar la acción de amparo interpuesta, en la causa judicial N° APs1-O-2009-007212.

Igualmente, la IGT señaló que la conducta de la jueza denunciada, al haber oid ambos efectos una apelación en materia de amparo, constituía un desconocimiento de dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgápica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, que la referida conducta impidió la tutela de los derechos stitucionales puestos en peligro.

Con respecto a este ilícito disciplinario el TDJ concluyó que la mencionada Corte Superior Primera "C..) erró al haber oído en ambos efectos, mediante autos (sic) dictados (sic) el once (11) de junio de 2009, los recursos de apelación interpuestos contra la decisión dictada en materia, violando lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales.

No obstante, es de destacar que paka que se configure el ilicito previsto en el numeral 10 del articulo 39 de la Ley Orgánsca del Consejo de la Judicatura se requiere que la existencia en el proceder de los jueces de negligencia, ignorancia o error inexcusables debe haber sido calificada, previamente, por la Sala del Tribunal Supremo de Justicia que sea afin a la materia discutida." 4.- En relación con el cuarto ilicito imputado a la jueza denunciada, la IGT alegó que la referida ciudadana incurrió en abuso de autoridad, en la causa judicial N° AP51-O-2009- 007212, cuando procedió al margen del debido orden procesal, al permitir que se celebrara GLA a audiencia constitucional sin que los terceros coadyuvantes contaran con la asistencia écnica debida, falta disciplinaria susceptible de destitución del cargo, a tenor de lo dispuesto en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial.

En relación a este último ilícito disciplinario imputado a la juez denunciada por parte de la IGT, el TDJ estableció que "(...) de las actas que conforman el expediente de la presente causa judicial se desprende que la Corte Superior Primera (..). presidida por la ciudadana Yunamith Medina, permitió la participación en la audiencia constitucional celebrada el dieciocho (18) de mayo de 2009 en la causa N° AP51-O-2009-007212 a los terceros coadyuvantes sin garantizarles que contaran con la asistencia técnica debida de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

No obstante, para que el referido hecho sea imputable a la jueza investigada, se requiere que la decisión de permitir la participación en la audiencia constitucional celebrada el dieciocho (18) de mayo de 2009 en la causa N° AP51-O-2009-007212 a los terceros coadyuvantes sin garantizarles que contaran con asistencia juridica, haya sido tomada por la referida ciudadana.

En ese orden, es de destacar lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Articulo 64. Son atribuciones y deberes de los presidentes de las Cortes de Apelaciones:

1° Presidir la Corte. representarla en fos actos oficiales, a menos que se acuerde nombrar otro de sus miembros a tal fin, y dirigir los trabajos del tribunal:

2° Hacer llevar la correspondencia de la Corte y autorizar con su firma las actas, comunicaciones y despachos.

Ar.s.

De acuerdo al ordinal 1° de la norma transcrita, corresponde al Juez Presidente presidir la Corte de Apelaciones de la cual es integrante, JUONCIAL incluso en las audiencias, dirigiendo el debate de las partes.

De lo anterior se desprende, que corresponde al Juez Presidente de las Cortes de Apelaciones, como lo es la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional de acuerdo a la clasificación prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, decidir cuáles sujetos deben participar y cuáles no en las audiencias realizadas ante el órgano colegiado correspondiente.

De lo expuesto, se colige que la decisión de permitir la participación en la audiencia constitucional celebrada el dieciocho (18) de mayo de 2009 en la causa N° AP51-O-2009-007212 a los terceros coadyuvantes sin garantizarles que contaran con la asistencia técnica debida de acuerdo a lo dispuesto en el mumeral 1 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolirariana de Venezuela, no era responsabilidad de la jueza denunciada." Declarando finalmente la absolución de responsabilidad disciplinaria de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, titular de la cédula de identidad N° V-5.675.425, respecto al ilícito disciplinario previsto en los numerales 11 y 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial; del mismo modo, al examinar la imputación formulada por el órgano de investigación, en relación a la causa relacionada con la acción de ampa interpuesta en la causa judicial N° AP51-O-2009-007212, que a decir de la IGT, resultaba merecedora de la sanción disciplinaria de destitución, el a-quo al analizar dicha conducta, subsumió la misma en una norma jurídica distinta a la invocada por la IGT, declarando la responsabilidad disciplinaria de la jueza denunciada al encontrar la incursa en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la sanción de amonestación escrita; de la misma forma, levantó la medida de suspensión del cargo sin goce de sueldo dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y ordenó la reincorporación de la prenombrada jueza al cargo que ocupaba en el Poder _Judicial.

DE LA COMPETENCIA Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial debe determinar su competencia para conocer del presente recurso ordinario de apelación y a tal efecto observa lo siguiente:

Establece el artículo 42 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana lo siguiente:

Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y e resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y e desempeño del juez venezolano y jueza venezolana. (Negrillas de esta alzada).

Desprendiéndose de la norma u supra trascrita, la competencia de este órga jurisdiccional como alzada natural del Tribunal Disciplinario Judicial para conocer de lo

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recursos de apelación que se intentaren contra las decisiones que de él emanen, debiendo garantizar la correcta interpretación y aplicación de las normas disciplinarias vigentes y del ordenamiento jurídico patrio.

Corolario de lo anterior, visto que en el caso de marras existe la apelación realizada por la ciudadana Andreina Ibarra de Carlo, titular de la cédula de identidad N° V- 15.581.383, en su carácter de Inspectora de Tribunales, en contra de la Sentencia N° TDJ- SD-2013-161, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 19 de noviembre de 2013, en el procedimiento seguido en contra de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, titular de la cédula de identidad M° V-5.675.425, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adofescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en consecuencia, esta Corte Disciplinaria Judicial se declara competente para conocer del presente recurso de apelación. Y así se decide.

MOTIVACIONE$ PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte a pronunciarse sobre el recurso de relación interpuesto y, al respecto, observa:

Revisadas las actas que conforman la presente causa, esta Alzada advierte que en fecha 26 de noviembre de 2013, la ciudadana Andreina Ibarra de Carlo, titular de la cédula de identidad N° V- 15.581.383, en su caracter de Inspectora de Tribunales, mediante diligencia que cursa en el folio 128 (pieza 12) del expediente, apeló de la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2013 dictada por el a quo, no obstante, se constata que en la oportunidad prevista para la consignación del escrito de fundamentación de su impugnación, la misma no se produjo.

En este sentido, observa esta Alzada que el artículo 84 del Código de Ética establece lo siguiente:

Fijación de la audiencia Articulo 84. Al quinto día siguiente al recibo del expediente, la Corte Disciplinaria Judicial debe fijar, por auto expreso y aviso en la cartelera del despacho, el día y la hora de la celebración de la audiencia de apelación, dentro de un lapso no menor de tres días ni mayor a diez dias, contados a partir de dicha determinación. El o la recurrente tendrá un lapso de tres días contados a partir del auto de fijación, para presentar un escrito fundado, en el cual debe expresar concreta y razonadamente cada motivo y lo que pretende, y el mismo no podrá exceder de tres folios útiles y sus vueltos, sin más formalidades.

Transcurridos los tres dias antes establecidos, si se ha consignado el escrito de fundamentación, la contraparte podrá, dentro de los tres dias siguientes, consignar por escrito, los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del recurrente. Dicho escrito no puede exceder de tres folios útiles y sus vueltos.

Será declarado perimido el recurso, cuando la formalización no se presente en el lapso a que se contrae este articulo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos establecidos. Si la contestación a la formalización no se presenta en el lapso a que se contrae este articulo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos establecidos, la contrarrecurrente no podrá intervenir en la audiencia de apelación.

(Negrillas de esta Corte).

En aplicación del articulo parcialmente transcrito, la apelante tenia la carga de presentar el escrito en el que expusiera las razones de hecho y de derecho en que fundamentada su apelación, dentro del lapso de tres (3) dias de despacho contados a partir de la fecha en la cual se dictó el auto para la celebración de la audiencia oral y pública. La misma norma sanciona el incumplimiento de esta obligación legal, con la declaratoria de perención del recurso interpuesto.

Así, en el caso bajo examen, se constata en el folio 191 (pieza 12) del expediente, el auto dictado en fecha 28 de mayo de 2014, en el cual se fijó la audiencia oral y pública a la que se contrae el artículo 84 del Código de Étiqa.

En idéntico sentido, se advierte que los tres (3) días de despacho aludidos en el dispositivo, corresponden a los días 03, 04 y 05 de junio del presente año, computados mediante auto de fecha 10 de junio de 2014, inserto en el folio 196 (pieza 12) del expediente, a partir de la constancia en autos de la última de las notificaciones practicadas con ocasión de la fijación de la audiencia.

Verificados los supuestos que preceden vista la falta de consignación del escrito g fundamentación del recurso de apelación, resulta imperativo para esta Corte declarar perimido el recurso de apelación bajo examen. Y así se declara.

Declarado perimido el recurso interpuesto, considera pertinente esta Alzada, recordar el contenido del único aparte del articulo 87 del Código de Ética, el cual establece lo siguiente:

"Articulo 87. Concluido el debate oral, los jueces o juezas se deben retirar de la audiencia por un tiempo que no será mayor de sesenta minutos.

Concluido dicho lapso, pronunciará su fallo en forma oral. y reproducirá en todo caso, de manera sucinta y breve la sentencia, dentro de los tres dias siguientes, sin formalismos innecesarips y dejando expresa constancia de su publicación. A los efectos del ejercicio de los recursos a que hubiere lugar.

se debe dejar transcurrir integramente dicho lapso. En casos excepcionales, por la complejidad dei asunto debatido, por caso fortuito o de fuerza mayor.

la Corte Disciplinaria Judicial puede diferir por una sola vez la oportunidad para dictar la sentencia, por un lapso no mayor de tres días, después de concluido ei debate oral. En todo caso, se debe determinar por auto expreso, la hora y fecha para la cual ha diferido el acto para sentenciar, a los fines de la comparecencia obligatoria del apelante.

Podrá también la Corte Disciplinaria Judicial de oficio, hacer pronunciamiento expreso, para anular el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que en él encontrare, aunque no se les haya denunciado.".

à.

3

Desprendiéndose del articulo supra trascrito, la facultad que detenta este órgano disciplinario judicial de alzada de, aun de oficio, anular el fallo recurrido al constatar que el mismo este inficionado por vicios de orden público y constitucionales que afecte $

TRIBUNAL

validez.

En idéntico sentido, y en cumplimiento de su labor de máximo intérprete de la norma constitucional, ha sido criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, en aquellos casos en los cuales no se presente el escrito de fundamentación de la apelación, resulta una obligación para todos los Tribunales de la República, examinar de oficio el contenido del fallo apelado con el objeto de constatar si el mismo viola normas de orden público, vulneca o contradice interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional sobre el sentido y aplicación que debe dársele a determinadas normas (Vid. sentencia N° 1.542 de fecha 11 de junio de 2003, ratificada en sentencia N° 150 del 26 de febrero de 2008).

La interpretación concordada del dispositivo normativo y la jurisprudencia de la máxima instancia de interpretación Constitucional, atribuyen al sentenciador esta facultad en aras de garantizar la correcta interpretación y aplicación normativa, en resguardo del orden público y constitucional, lo que indica que, esta facultad opera aun cuando no hayan sido delatadas circunstancias de tal orden, una vez advertida la infracción por el juzgador.

Conforme a lo expuesto, a los fines de dar cumplimiento a la potestad otorgada por el legislador y a la obligación impuesta por a jurisprudencia pacífica y reiterada, observa ta Instancia Superior lo siguiente:

En fecha 20 de mayo de 2010, la IGT acordó abrir expediente administrativo Sala N° 1 de la Corte Superior del Circuito de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, previa inspección integral realizada en dicho Juzgado. De la misma forma, en fecha 9 de diciembre de 2010, la IGT presento el correspondiente acto conclusivo.

En fecha 11 de octubre de 2011, el TDJ admitió la denuncia interpuesta por la IGT Contra la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, librando las correspondientes boletas de notificaciones a las partes en el presente proceso.

En fecha 19 de octubre de 2011, el TDJ agregó a los autos, escrito de fecha 24 de febrero de 2011, constante de dos (2) folios útiles, remitidos de la presidencia de la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, mediante la cual la ciudadana EDY SIBONEY SUESCÚN, Jueza sometida al presente procedimiento disciplinario, RENUNCIO al cargo que detentaba en el Poder Judicial.

En fecha 19 de noviembre de 2013, Habiendo sustanciado suficientemente la causa sciplinaria, el TDJ dicto sentencia mediante la cual, luego de pronunciarse sobre la .

sponsabilidad disciplinaria de la jueza sometida a procedimiento, ordenó su incorporación al cargo que detentaba y del cual había sido suspendida sin goce de sueldo en fecha 26 de noviembre de 2010.

Ahora bien, de la revisión realizada por esta Alzada a las actas procesales se observa a-quo inobservó que en los folios 217 y 218 de la pieza 11 del presente expediente, 1nb escrito constante de dos (2) folios útiles, contentivo de la manifestación unilateral de 5i voluntad de la jueza denunciada, de terminar con la relación de trabajo y dependencia existente entre ella y el Poder Judicial, la cual fue remitida según lo señalado en el propio texto de dicha comunicación, a la Sala Plena de1 Tribunal Supremo de Justicia, con copia al Director General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Director de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Inspector General de Tribunales, a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial y a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue agregada a los autos por la secretaria del Tribunal Disciplinario Judicial mediante nofa secretarial de fecha 19 de octubre 2011.

Visto lo anterior, esta alzada a fin de acreditar la certeza de la incorporación a los autos de la referida documental, solicito mediante auto para mejor proveer dirigido al tribunal Disciplinario Judicial, la ampliación de la información contenida en la nota secretarial supra señalada, confirmando que el mencionado documento fue acompañado a las comunicaciones mediante las cuales la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial hizo entrega del inventario de causas en trámite que/ cursaban por ante ese despacho y que en adelante formarán parte del inventario de causas del Tribunal Disciplinario Judicial, corroborárdose la legalidad de la incorporación de la documental antes señalada.

Al respecto, observan quienes aqui deciden que el sentenciador de primera instancia disciplinaria en su fallo, no realizó análisis o valoración alguna sobre la documental referida a la renuncia de la jueza investigada, ni sobre la normativa contenida en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura o en el Código de Ética, referida a la presentación de renuncias en el proceso disciplinario, máxime cuando como corolario de sus argumentaciones, ordenó la reincorporación de la jueza sometida a procedimiento disciplinario judicial, por cuanto a la misma sólo se le impuso una sanción de amonestación escrita, por encontrar la incursa en el ilicito disciplinario establecido el numeral 7 del artículo 37 del Código de Ética.

En tal sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1028, de fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), con ponencia de la Magistrada CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, ratifico el -

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criterio pacífico y reiterado sostenido en relación al Vicio de Falta de aplicación de una norma jurídica, estableciendo que "(...) tiene ugar cuando el sentenciador no emplea, o niega aplicación a un imperativo legal vigente^.

Así, en atención a la definición jurisprudencial del vicio de falta de aplicación, observa esta alzada que en el caso de marras, la recurrida al momento de ordenar la reincorporación de la jueza sometida a procedimiento disciplinario judicial omitió $x$ pronunciarse en sus motivaciones respecto a las normas jurídicas contenidas en el artículo 552 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y el artículo 34 del Código de Étíc mediante las cuales la legislación patria ha venido regulando en el tiempo, lo atinente a las renuncias de los administradores de justicia sometidos a procedimientos disciplinarios, toda vez que inobservó la documental consignada a los autos, referida a la renuncia de la jueza investigada.

Tal omisión, a juicio de quienes aqui deciden, afectó el orden constitucional, provocando una infracción a la tutela judicial efectiva al ordenar una reincorporación sin analizar la especial situación que reviste la renuncia de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, lo que torna el fallo en inejecutable, razón por la cual resulta forzoso para quienes suscriben, habiéndose verificado la procedencia del vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, anular parcialmente el fallo recurrido, únicamente en o que respecta a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, ello de conformidad coin el único aparte del artículo 87 del Código de Ética y en concordancia con el numeral 2° dél articulo 313 del Código de Procedimiento Civil. Y asi se establece.

Declarada la nulidad del particular antes referido, corresponde a esta alzada, al margen de las consideraciones de fondo esgrimidas por el a-quo para absolver a la jue:;a denunciada del ilícito disciplinario previsto en los numerales 11 y 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial y declarar su responsabilidad disciplinaria por haber incurrido en él ilicito disciplinario previsto en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Conseco de la Judicatura, dirimir lo atinente a la renuncia por ella presentada en fecha 24 de febrero de 2011, para lo cual observa:

De la revisión de las actas que conforman el presente expediente, asi como de los argumentos expuestos por la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, en el decurso de todo el proceso disciplinario llevado ante la primera instancia e incluso ante esa alzada, no se observa que la mencionada juzgadora, estando a derecho, intentara enervar ce forma alguna, el documento consignado a los autos por remisión de la presidencia de la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, por el contrario, en diligencia de fecha 12 de agosto de 2014, al realizar la práctica de diligencias a esta alzada, sin negar la existencia de su renuncia, requirió que este organismo verificara si la misma había sido aceptada e igualmente si le habían sido pagadas sus prestaciones sociales, de lo que se colige la aceptación de su renuncia en forma expresa, así su condición de egresado del órgano jurisdiccional superior que integrada y que forma parte del Poder IENEZUELA Judicial, documental que valora esta alzada plenamente de conformidad con los artículds 29 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Y asi se establece.

A los fines de establecer el alcance de la renuncia antes mencionada, esta Alzada debe necesariamente analizar el contenido de las normas de rango legal que han regido &1 ema en cuestión, estableciendo en principio el artículo 52 de la Ley Orgánica del Conseco de la Judicatura, lo siguiente:

"Artículo 52. Renuncia maliciosa. La renuncia del juez sometido a proceso 2 disciplinario que se dicte la decisión ccorrespondiente, lo inhabilita para ser reincorporado al poder judicial en cualquier cargo, o al Ministerio Publico.

De la norma transcrita, se puede colegir claramente que cuando el juez sometido a procedimiento disciplinario, presente la renuncia al cargo por el cual se encuentra investigado, antes de que se hava producido la decisión de mérito del asunto, con el fin de evitar ser sancionado por parte de los órganos jurisdiccionales con competencia en materia disciplinaria, nace en su contra, una presunción legal respecto al carácter malicioso de la renuncia presentada, la cual en base al derecho/garantía a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de los justiciables, consagrado en nuestro Texto Fundamental, considera esta instancia una presunción iuris tantum, que pudiese ser desvirtuada con el material probatorio habido en autos al respecto, no obstante, de no ser posible, daría lugar a su Publico, sin que la norma estableciera un criterio racional de ponderación para determinar el tiempo de la sanción.

De igual forma, se desprende del texto de la referida norma que el legislador disciplinario no condición la imposición de la sanción de inhabilitación al juez sometido a procedimiento disciplinario que renuncia, a la posterior aceptación por parte del órgano administrativo correspondiente, pues su sola interposición configura la presunción legal de 2 que la misma es maliciosa y acreedora de la sanción de inhabilitación, la cual pudiese ser! desvirtuada, al ser una presunción iuris tantum.

En el mismo sentido, tal norma fue acoída por el legislador disciplinario, quien ampliando su contenido estableció en el artículo 34 del Código de Ética lo siguiente:

"Articulo 34. La renuncia del juez investigado o jueza investigada disciplinariamente ante el Tribunal Disciplinario Judicial, manifestada antes de la decisión respectiva, no paralizará la causa. Si la decisión sobre la investigación da origen al juicio y la decisión definitiva del proceso dispone de la aplicación de alguna sanción disciplinaria, la renuncia será considerada maliciosa y de pleno derecho dará lugar a la inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia desde dos años hasta por un máximo de quince años en atención a la gravedad de la falta cometida y la sanción disciplinaria aplicada." De la inteligencia del articulo transcrito se desprende, que la renuncia del juez o jueza investigada disciplinariamente antes de [a decisión respectiva, no paraliza la causal debiendo los órganos disciplinarios judiciales continuar los procedimientos incoados hasta determinar la existencia o no de responsabilidad disciplinaria del administrador de justicia sometido a procedimiento, ello en razón de ser "la sana administración de justicia" el derecho que persigue tutelar la norma disciplinaria vigente. No obstante, si de la la investigación se concluye en la posible existencia de responsabilidad disciplinaria originando la tramitación de un proceso judicial y la decisión definitiva de éste, dispone [a aplicación de alguna sanción disciplinaria la renuncia presentada por el Juez, será considerada maliciosa.

Nótese que la intención del legislador fue establecer en forma imperativa y r.o discrecional o potestativa la calificación de maliciosa de la renuncia presentada, rio obstante, es criterio de quienes aquí suscriben que armonizado dicha norma con los principios constitucionales que informan el debido proceso y la tutela judicial efectiva, la renuncia presentada en el curso de un proceso disciplinario constituye una presunción furis tantum que puede ser desvirtuada. Y así se establece.

Del mismo modo, al igual que en la norma analizada up-supra previamente comentada, la legislación vigente, al regular lo atinente a la RENUNCIA, no condición la imposición de la sanción de inhabilitación a juez sometido a procedimiento disciplinario que renuncia, a la posterior aceptación por parte del órgano administrativo correspondiente, pues, el hecho generador de sanción resulta de mera actividad, y no se supedita a su materialización o concreción, ello por cuanto, lo que persigue la norma bajo análisis ès sancionar la intención de evadir la responsabilidad disciplinaria.

Igualmente, la norma disciplinaria contenida en el artículo 34 del Código de Ética, establece como consecuencia jurídica para las renuncias consideradas por el órgano isciplinario como maliciosas, la imposición, de "pleno derecho", de una inhabilitacićn para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia desde dos (2) años hasta por un máximo de quince (15) años en atención a la gravedad de la falta cometida y la sanción sciplinaria aplicada, tomando en consideración que el administrador de justicia, ya no se encuentra en funciones en base a su manifestación unilateral de voluntad de renunciar al cargo que detentaba, lo cual en principio, hace innecesario que los órganos disciplinarios :e pronuncien sobre la separación definitiva (destitución) del cargo del juez investigado.

En relación a la forma de imposición de la sanción contenida en el articulo 34 del Código de Ética, RODRiGUEZ., Agustín W. en el Diccionario Latín Jurídico. Locuciones latinas de aplicación jurídica actual, Ed. García Alonso, 1° Ed. 1° reimp, Buenos Aries, 2008, p. 119., estableció que la locución "De pleno derecho", como poder de aplicación de la ley, se emplea cuando (...) para que los efectos juridicos se produzcan no se requiere cumplimiento de ninguna formalidad, pues asi el Derecho, la ley, lo tienen establecido. Ee impone por ministerio de la ley." En este sentido, en base al principio de progresividad de los derechos, asi como la aplicación de las garantias procesales constitucionales, es criterio de esta alzada que el organo disciplinario judicial al momento de decidir sobre la aplicación de la normativa /n 60 commento, deberá primeramente, ponderar las circunstancias de modo, lugar y tiempo que rodearon la presentación de la renuncia por parte del funcionario judicial sometido a progdimiento disciplinario, y de considerariía maliciosa, por vía de consecuencia legal, erá imponer por imperio de la ley, una inhabilitación mínima de 2 años al administrador e justicia, la cual podrá ser graduada hasta un máximo de 15 años, en atención a la gravedad de la falta y las repercusiones que en el sistema de justicia haya tenido.

En el caso bajo estudio, en fecha 20 de mayo de 2010, encontrándose a derecho la jueza investigada respecto a las inspecciones realizadas por la IGT, se acordó abrir inspección y vigilancia), a la jueza denunciada por sus actuaciones como miembro de la Sala N° 1 de la Corte Superior del Circuito de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, siendo notificada de la apertura ordenada en fecha 25 de mayo de 2010. De la misma forma, en fecha 26 de noviembre de 2010, la jueza denunciada fue suspendida por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia hasta tanto la IGT presentara el correspondiente acto conclusivo, el cual fue presentado en fecha 9 de diciembre de 2010.

En fecha 24 de febrero de 2011, la ciudadana EDY SIBONEY CALDERON SUESCÚN, jueza sometida al presente procedimiento disciplinario, RENUNCIO al cargo que detentaba en el Poder Judicial, arguyendq que la dedicación exclusiva que amerita el ejercicio de la magistratura, le impedía de proveerse de sustento alguno, en vigencia de la medida de suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo declarada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.

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Asi las cosas, judicializada la disciplina de los jueces de la República por mandato :

constitucional, en fecha 11 de octubre de 201 1. el TDJ admitió la denuncia interpuesta por la IGT contra la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, librando correspondientes boletas de notificaciones a las partes en el presente proceso.

En este sentido, observa esta instancia superior disciplinaria, que la jueza denunciada, sin que hubiesen transcurrido siquiera tres (3) meses desde la. suspensión decretada, optó por renunciar al cargo que detentaba como Juez Superior en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sin hacer uso de una serie de recursos -administrativos según la fecha de los hechos y la vigencia de la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial- que podía intentar con el fin de enervar la medida provisional dictada.

De la misma forma, se observa en el primer semestre del año 2011 se constituyó la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, cuyo objeto no es otro que contribuir con la “sana administración de justicia", garantía que protege especialmente a los sujetos pasivos (jueces y juezas) de la norma especial disciplinaria quienes esperaban la materialización del mandato constitucional, que les garantizara la ejecución de una tutela judicial efectiva y el ejercicio pleno del as de derechos contenido en el artículo 49 constitucional, lo cual en procura de la defensa de sus derechos, la jueza denunciada debió esperar ajustada a las ormas habida en el Código de Ética, con el fín de solicitar en el desarrollo de un proc 5 de carácter jurisdiccional, la tutela de sus derechos ante el novisimo órgano disciplinari judicial.

En base a las consideraciones que preceden, infiere esta Alzada que la renuncia presentada por la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, al margen de las motivaciones por ella expuestas, y de su participación en el proceso disciplinario incoado en su contra, la cual se materializó en la asistencia a todos los actos procesales a los cuales fue compelida por el órgano jurisdiccional y en el cumplimiento de las respectivas cargas procesales, comportó una actuación dolosa, pues tal y como fue analizado, la jueza denunciada se apartó de todos los mecanismos procesales que tenía a disposición para ejercer su defensa e intentar enervar la eficacia de la medida de suspensión decretada.

En efecto, de la revisión de las actas pudo constatar este órgano superior que la jueza investigada habiendo transcurrido un lapso de tiempo muy breve (2 meses) desde :u suspensión, optó por presentar su renuncia, evidenciando que tal decisión no fue producto de un largo proceso de investigación, pues el mismo inició con la notificación de la juera denunciada de las inspecciones realizadas, con lo cual se infiere la intención de evadir la posible responsabilidad disciplinaria que pudiera ser decretada en el curso del proceso, como en efecto fue declarado, al imponer la sanción disciplinaria de amonestación escrita ENZNBA por estar incursa en el ilícito disciplinario contenido en el numeral 7° del artículo 37 de la ey Orgánica del Consejo de la Judicatura, debiendo ser considerada la misma cono maliciosa de conformidad con el articulo 34 del Código de Ética, normativa aplicable paja momento de la presentación de la renuncia Y así se establece.

Determinado el carácter malicioso de la renuncia presentada, y teniendo en consideración la inhabilitación que procede por imperio de la ley, corresponde a esta alzada determinar la extensión en el tiempo de la sanción a imponer, para lo cual, tomando en consideración los años de servicio de la ciudadana sometida a procedimiento, su record disciplinario y la sanción de amonestación impuesta, estiman quienes suscriben, que o ajustado a derecho es imponer la sanción de inhabilitación a la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, antes identificada, por un periodo de tres (3) años, contados a partir de la publicación de la presente decisión, en la gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y asi se establece En vista de lo anteriormente expuesto, considera esta alzada que lo procedente en el presente caso es declarar perimido el recurso de apelación presentado por la representación de la IGT, anular de oficio el particular de la sentencia recurrida, referido a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, por encontrarse inficionado del vicio de falta de aplicación de una norma jurídica y consecuentemente, teniendo por maliciosa la renuncia presentada por la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, declarar :u inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia, por un periodo de tres (3) años contados a partir de la publicación de la presente decisión, gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide.

En cuanto a la solicitud realizada en fecha 12 de agosto de 2014, por el apoderado judicial de la jueza sometida a procedimiento, quien requirió a esta alzada se oficiara: 1. A1 Director Ejecutivo de la Magistratura y a la Rectoria Civil del Área Metropolitana, con el fin de que informarán si la renuncia presentada por su representada fue aceptada; 2. Al Fondo de Prestaciones Sociales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura con el fin de que informara si se ha efectuado el pago de las prestaciones sociales de la mencionada jueza; 3. a la División de Carrera Judicial a fin de que informe el estatus actual de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERON.

Al respecto, esta instancia superior observa que en el presente caso, al no haberse presentado la fundamentación del recurso de apelación y operar la consecuencia jurídica que para dicha inactividad estipuló el legislador disciplinario judicial, como lo es, la perención del recurso de apelación presentado, la actividad de las partes cesó, subsistiendo únicamente las facultades de oficio que detenta el órgano jurisdiccional de alzada, para revisar el fallo apelado en tanto afecte el order público y constitucional, razón por la cual, resulta improcedente la solicitud presentada, máxime cuando esta alzada, en la oportunidad respectiva, a los fines de completar su ilustración y conocimiento sobre los hechos, teniendo por norte formarse un mejor criterio sobre la documental antes referida, dicto auto para mejor proveer solicitando la información que consideraba pertinente a los fines de dictar sentencia en la presente causa. Y así se decide.

En este estado, la jueza Dra. Ana Cecilia Zulueta Rodriguez anunció su voto concurrente.

m DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: PERIMIDO el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Andreina Ibarra de Carlo, titular de la cédula de identidad N° V- 15.581.383, en su carácter de Inspectora de Tribunales, en contra de la Sentencia N° TDJ-SD-2013-161, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 19 de noviembre de 2013. SEGUNDO: ANULA de oficio el particular sexto de la sentencia recurrida, referido a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, por encontrarse inficionado del vicio de falta de aplicación de una norma jurídica. TERCERO: SE INHABILITA a la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, titular de la cedula de identidad N° V.- 5.675.425, para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia, por un periodo de tres (3) años contados a partir de la publicación de la presente decisión, en gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el articulo 34 del Código de Ética.

CUARTO: IMPROCEDENTE la solicitud realizada en fecha 12 de agosto de 2014, por / el ciudadano NEIL JESUS REAÑO, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado bajo

CALDERON.

Publíquese, regístrese notifiquese y déjese copia.

De conformidad con el artículo 89 del Código de Ética, remítase copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y al Sistema de Registro de Información Disciplinaria Judicial.

Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Ética.

Dada, sellada y firmada en la Secretafía de la Corte Disciplinaria Judicial. Caracas, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014). Año 204 de ta Independencia y 155 de la Federación.

JUEZ PRESIDENTE,

ionlig TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ JEZ VICEPREŞIDENTI,

ANA CEQILIA ZULUETA RODRÍGUEZ JUEZA-PONENTE

MERLY J. MQRALES-HERNANDEZ

Secretaria, iomo MARIANELA GILMARTINEZ

Hoy pemeNo (Iro) DE 0er UBnE DE( an DoS mil eAroneE (2014) Sunoo lAs 03:10 pm, SE PUBles lA AnTEnon DEeisn pAjO EL 4N036.

-22:-Y JA SCANETAkIA

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Página 58

VEZUELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

Exp. No. AP61-R-2014-000026 RIBUN

Quien suscribe, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ, concurre con el dispÒšÎtixo

NARIO JUDI

contenido el fallo que antecede; sin embargo, manifiesta su descenso con la mctivacióm que determinó la nulidad parcial de la sentencia recurrida, por las razones que a continuación se expresan:

Esta Alzada conoció el recurso de apelación interpuesto por la Inspectoría General de Tribunales contra la decisión N° TDJ-SD-2013-161 de fecha 19 de noviembre de 2013 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial y anuló parcialmente de oficio el particular sexto de la recurrida, referido a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, por considerar que tal pronunciamiento se encontraba inficionado del vicio de falta de aplicación de una norma jurídica.

Trasciantos

La mayoría sentenciadora, para fundamentar su decisión, indicó que la recurrida en la inobservado que cursaba en el expediente la renuncia presentada en fecha 24 de febrero de 2011 ante la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, la cual había sido debidamente incorporada a los autos el 19 de octubre de 2011 por la (secretaria del Tribunal Disciplinario Judicial, y aun así, no había sido objeto de análisis y valoración, lo cual se traducía en el vicio de falta de aplicación de una norma.

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Página 59

INARIO JU

– Quien suscribe observa, que el vicio invocado y que sirvió de fundamento para declarar la nulidad parcial del fallo apelado, se configura cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal vigente a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance.

Sobre el vicio en referencia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido, que tal delación se produce cuando el Juez, aun reconociendo que la norma regula un determinado supuesto de hecho, niega la subsunción de éste en el derecho. Esta omisión, a juicio del Máximo Tribunal, conduce a la transgresión directa de la norma, ya que, bajo este supuesto, la situación sometida a su conocimiento ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente aportaba la solución a la controversia (vid sentencias N° 016, de fecha 25 de enero de 2008, caso: Diego Orozco Bernal contra Diego Orozco Arria y otros, ratificada en sentencia N° RC 00095 del 26 de febrero de 2009, Caso: Amalia Clemencia Cordido Santana).

Lo anterior permite evidenciar, que en el caso bajo análisis, el vicio de faltãde

DISCIPL

aplicación de la norma se habría producido si la recurrida, habiendo apreciado fa documental contentiva de la renuncia presentada por la Jueza, no hubiese aplicado la norma correspondiente a la resolución de la controversia, es decir, la contenida en el artículo 34 del Código de Ética. Esta circunstancia no se produjo en la causa bajo examen, ya que, tal como fue afirmado por la mayoría sentenciadora, “... [el a quo] inobservó la documental (...) el sentenciador de primera instancia disciplinaria en su fallo, no realizó análisis o valoración alguna sobre la documental referida a la renuncia de la jueza investigada ni sobre la normativa contenida en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura o en el Código de Ética, referida a la presentación de renuncias (sic) en el proceso disciplinario”.

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En el contexto que precede, quien concurre observa que, si bien el a quo no incurrió en falta de aplicación de una norma jurídica, se constata en el contenido de la recurrida su omisión en la apreciación de la documental que riela a los folios 217 y 218 de la pieza 11 del expediente, contentiva de la renuncia en referencia, circunstancia que, a juicio de quien suscribe, da lugar al vicio de silencio de pruebas.

En este orden, cuando el juzgador niega o no fija un hecho que resulta constatado con sobre su mérito, se produce el denominado vicio de falso supuesto negativo o silencio de pruebas.

Ciertamente, ha sido criterio del máximo Tribunal que cuando el juzgador no toma en cuenta la mención contenida en el instrumento o actas del expediente, se produce el denominado falso supuesto negativo, que debe denunciarse como silencio de pruebas, toda vez que se refiere a un error de percepción de las actas del expediente que da lugar al quebrantamiento del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, referido al deber de los jueces de pronunciarse sobre todas y cada una de las pruebas cursantes en el expediente así sea en forma breve o concreta (vid. Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia números 248, 187, 038 y 184 de fecha 29/04/2008,26/05/10, 21/02/2013 y 18/04/2013, respectivamente).

En el mismo orden de ideas, resulta necesario indicar que la procedencia del vicio y la consecuente nulidad del fallo se producen si el juzgador constata que las pruebas aportadas al juicio y silenciadas por el tribunal de instancia, son trascendentes en la

*

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Página 61

causa, al punto de modificar el fallo apelado (vid. sentencia de la Sala de Casación Civil N° Rc 00701 de fecha 10/08/2007).

Con fundamento en el razonamiento que precede, al constatarse que en autos cursaba la renuncia presentada el 24 de febrero de 2011, debidamente incorporada al proceso, ésta debió haber sido apreciada y valorada por el a quo toda vez que resultaba determinante en la decisión de la controversia al constituir el presupuesto de la sanción a imponer; por tanto, su omisión provocó el vicio de silencio de pruebas.

(208

En consecuencia, quien suscribe estima que la omisión constatada por la mayoría sentenciadora debió subsumirse en el vicio de silencio de pruebas, y no en la falta de aplicación de una norma jurídica.

8 Prescigntos

Queda así expresado el voto concurrente de quien suscribe.

EL JUEZ PRESIDENTE,

LANA TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

LA JUEZA VICERRESIENTA-CONQURRENTE,

LA qUEZA,

MERLY JAQUÉLINE MORALES HERNÁNDEZ

Exp. No. AP61-R-2014-000026

Mufue ANA ECILIA ZULOETA RODRÍGUEZ

La Secretaria,

MARIANELA GIL MARTÍNEZ

Hoy PumEno (ro) DE Dervene DE( Año DOs mil eAroneE (2Q14), Stinoo tAS 03:10 pm, SE PBlies lA AmInOn DECUSiOn BAro E4 No 36.

LA FeeNETANIg

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