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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 40.522

20 de octubre de 2014 · 64 páginas
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MES I AÑO CXLII-

Caracas, lunes 20 de octubre de 2014

SUMARIO VICEPRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA Fundación Gran Misión Saber y Trabajo Acta.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARARELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Najher José Guerra Veitía, como integrante del Equipo Técnico que ha sido encargado de dirigir, orientar y culminar los procedimientos de homologación y reclasificación de los grados y jerarquías de los funcionarios y funcionarias policiales que concursen desde los Organismos que en ella se mencionan, al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

Resolución mediante la cual se otorga la Condecoración «Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela», en su Primera Clase «Espada», (Post-Mortem), al ciudadano Monseñor José Hernán Sánchez Porras.

ONA Providencia mediante la cual se designa a los integrantes de la Comisión Especial de Contrataciones, con carácter permanente, para llevar los procesos de Contrataciones de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Fondo Nacional Antidrogas (FONA), conformada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA, PARA EL COMERCIO Y PARAINDUSTRIAS Resolución Conjunta para la facilitación de la Importación de Bienes sin fines Comerciales adquiridos con Divisas Propias.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ELCOMERCIO Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución DM N° 085-14, de fecha 22 de septiembre de 2014, en los términos que en ella se señalan.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Miguel Ignacio Delgado Arria, como Director General de la Oficina de Relaciones Institucionales de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resoluciones mediante las cuales se reconoce el Título de Doctor en Medicina, a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se indican, otorgado por la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba.

Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a los ciudadanos que en ellas se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Resolución mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos Corrientes a Gastos de Capital del Presupuesto de Gastos vigente de este Ministerio, por la cantidad que en ella se menciona.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mayra Oviedo de Méndez, como Directora (E) de la Clínica Popular Gramoven, adscrita a este Ministerio.

Número 40.522

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alfredo José Sánchez Alva,_como Director (E) del Hospital Oncológico «Dr. Luis Razetti», adscrito a la Dirección de Salud del Distrito Capital.

ESPROMED BIO C.A.

Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de esta Empresa, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO YAÉREO Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Avisos Oficiales mediante los cuales se declara la extinción de la Inscripción en el Registro Naval Venezolano, sede principal, y su consecuente desincorporación, asi como la extinción de la matricula debido al cambio de Bandera de los Buques que en ellos se indican.

Providencia mediante la cual se nombra al ciudadano Alexi Benjamín Toro Indriago, como Auditor Interno (Encargado), de este Instituto.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Tribunal Disciplinario Judicial Sentencia mediante la cual se absuelve y se declara la ausencia de Responsabilidad Disciplinaria a la ciudadana Miroslava Goitía Vásquez, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua.

REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA DEFENSAPÚBLICA Resolución mediante la cual se reforma parcialmente el Reglamento Interno sobre el Régimen de Pensiones por Invalidez de las funcionarias y funcionarios de la Defensa Pública.

Resolución mediante la cual se reforma parcialmente el Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las funcionarias y funcionarios de la Defensa Pública.

Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se especifican.

Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Pensión por Invalidez, a los ciudadanos que en ellas se mencionan.

MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se crea las «Unidades de Mensajerías», adscritas a la Fiscalía Superior de este Organismo, de las Circunscripciones Judiciales de los estados que en ellas se indican.

Resolución mediante la cual se crea la «Dirección Contra la Extorsión y el Secuestro», adscrita a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de este Organismo.

Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en'ellas especifican, (Encargados) de este Organismo.

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano José Miguel Carpio Bennazar, en su carácter de Director General Administrativo, adscrito a la Vicefiscalía General de la República, la firma de las Órdenes de Compra y Servicios.

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Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se señalan, como Técnicos de Seguridad y Resguardo, en la Dirección de Seguridad y Transporte, adscrita a la Vicefiscalía, de este Organismo.

Resoluciones mediante las cuales se designa Abogados Adjuntos a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se indican, adscritos a la Dirección General de Apoyo Jurídico de este Despacho.

Resoluciones mediante las cuales se traslada al ciudadano y a las ciudadanas que en ellas se mencionan, de las Fiscalías que en ellas se señalan, a las Fiscalías que en ellas se especifican.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA * MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA * REGISTRO PÚBLICO DEL SEGUNDO CIRCUITO MUNICIPIO LIBERTADOR DISTRITO CAPITAL Diecisiete (17) de Octubre del dos mil catorce (2014) 204° y 155° El anterior documento fue redactado por el(la) Abg. EFRAIN JOSE COLMENAREZ RIVERO inscrito(a) en el Inpreabogado No. 92373; identificado con el Número 215.2014.4.337, de fecha 17/10/2014. Presentado para Su registro por ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALEZ, CÉDULA N° V-13.842.775. Fue leido y confrontado con sus copias en los protocolos y firmados en estos y en RODRIGUEZ y YANETT JOSEFINA FORSYTH CARPIO COn CÉDULA N° V-18.029.339 y ARISTIMUÑO QUINTERO, con CÉDULA N° V-13.676.523 funcionario(a) de esta Oficina de Registro. La Revisión de Prohibiciones fue realizada por LILIANA YANETH SANCHEZ efectuada aSI: ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALEZ, nacionalidad VENEZOLANA, estado civil SOLTERA, CÉDULA N° V-13.842.775. Los Recaudos Documento de Identidad y Gaceta Oficial fueron presentados Ad Effectum Videndi Este documento quedó inscrito bajo el(los) Número(s) 10 folio(s) 46 del (de los): Tomo(s) 33 del Protocolo de Transcripción del presente año respectivamente. Este documento-quedó otorgado en esta oficina a las 03:51 p.m.

La Otorgante

i.El(La) Registrador(a) Dr(a).

Los Testicos:

SAREN Abog. Rosaura Paredes Ro Registradora Pública Suplento Libertador del Distrito Capital .ueves siete (17) de Julio de 2014, siendo las 10:00 A.M. de la mañana, MISION SABER Y TRABAJO", Inicialmente denominada FUNDACIÓN MISIÓN CHE GUEVARA creada mediante Decreto N° 6.316, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.995, de fecha 15 de Agosto de 2008, reimpreso por error del ente emisor en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.015, de fecha 12 de septiembre de 2008, debidamente. Protocolizada en la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 31 de enero de 2012, quedando anotado bajo el N° 32, Folio 197, Tomo 4 del Protocolo de Transcripción del presente año respectivamente y publicado en la Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.873 de fecha aceta 29ide febrero de 2012, posteriormente reformado su objeto y denominación Soiakmediante el Decreto Presidencial N° 1.078 de fecha 30 de Junio de 2.014, icado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.443 de fecha 30 de Junio de 2.014, e inscrita dicha Eundación en el registro de Información fiscal (R.I.F.) bajo el Nº G-20007599-6, la ciudadana: ISIS oCHOA CAÑIzALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 13.842.775, en su condición de Presidenta de la Fundación "Gran Misión Saber y Trabajo", según consta en Resolución: N° 031/2014 de fecha 01 de julio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.444 de fecha 01 de julio de 2014, De igual manera los miembros de la Junta Directiva, Principales ciudadanos ANA BEATRIZ MALDONADO, LUIS GERÓNIMO BERRIZBEITIA QUINTERO, titulares de la Cédula de Identidad números V-10.788.295 y V-13.546.261 respectivamente y Suplentes ciudadanos: MARIA ISABELLA GODOY PEÑA, WILLY JACKSON CASANOVA CAMPOS y ALEXANDER JAVIER RODRIGUEZ, titulares de la Cédula de Identidad números V-17.013.402, V-18.873.575 y V-14.979.256 respectivamente, designados mediante Resolución N°: 032/2014 de Fecha 02 de Julio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.445 de fecha 2 de Julio de 2014, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima

atribuciones que les confiere en la Cláusula Décima Primera, literal "M" de la citada Acta Constitutiva, y según lo previsto en el Decreto N° 1.078 de fecha 30 de Junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.443 de fecha 30 de Junio de 2014, en los artículos 1°, 2°, 3°,4°,5°,6°.7° y 8°, el cual ordena la modificación del Acta Constitutiva y sus Estatutos Sociales. Seguidamente se declaro válidamente constituida la reunión de Junta Directiva de la Fundación y se procedió a dar lectura del orden del día, a saber como PUNTo UNIco: Modificación del Acta Constitutiva y Estatutaria de la Fundación. Acto seguido toma la palabra la ciudadana: ISIS OCHOA CAÑIzALEZ , antes identificada, en su carácter de Presidenta de la referida Fundación dando inicio a la discusión del punto único de la agenda y expone: Que de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 1.078, de fecha 30 de Junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.443, que ordena el cambio de objeto y denominación de la Fundación, así como la reforma de sus estatutos Sociales, se hace necesario realizar las articulaciones con la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para realizar los ajustes orientados en dicho Decreto, acota además que dichos cambios se harán progresivamente ampliando su alcance y diseñando estrategias, directrices, planes, programas, proyectos y actividades que concreten el nuevo objeto de la Fundación. Posteriormente los presentes acordaron por unanimidad la aprobación del PUnTo ÚNIco tratado, que conforma el orden del día y no existiendo ningún otro punto para su discusión se da por terminada la Asamblea. Posteriormente tomó la palabra la Presidenta de la Fundación "Gran Misión Saber y Trabajo" y en razón de lo anterior, se ordena la transcripción de los Estatutos Sociales con las modificaciones y adecuaciones correspondientes:

CAPITULO I DE LA ADSCRIPCIÓN, DOMICILIO Y DURACION

Cláusula Primera La Fundación Misión Saber y Trabajo, es una fundación del Estado con personalidad Jurídica y patrimonio propio, la cual estaaradscrita wu Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Con domicilio en dad de Caracas, pudiendo establecer oficinas en cualquier otra ciudad del pas, previa autorización de la Junta Directiva.

fausula Segunda: La duración de la Fundación es ilimitada, sin embargo podrá ordenarse en cualquier momento a juicio del Ejecutivo Nacional, mediante Decreto que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, su disolución, intervención, supresión y se procederá a la liquidación de sus bienes conforme lo previsto en el Decreto que ordene su supresión.

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CAPÍTULO II DEL OBJETO Y COMPETENCIAS

Clausula Tercera: La Fundación Gran "Misión Saber y Trabajo" tendrá por de la FUNDACIÓN GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO, objeto anteriormente denominada Fundación Misióh Che Guevara, ampliando su icance al apoyo del Ejecutivo Nacional en el diseño y ejecución de políticas y planes orientados a garantizar la sustentabilidad, el bienestar y la estabilidad de los ciudadanos y ciudadanas del país, mediante el acceso a la educación y el trabajo, asegurando su incorporación en actividades productivas, con el objetivo de sentar las bases del desarrollo de un sistema de trabajo productivo liberador y la superación de la cultura rentista, para lograr el desarrollo humano integral, a través de un modelo socio productivo, basado en relaciones de producción solidarias que desarrollen la economía nacional, promoviendo el financiamiento de proyectos sustentados en el Segundo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria).

Cláusula Cuarta: Para el desarrollo de su objeto, La Fundación Misión Saber y Trabajo, en cumplimiento de las directrices emanadas del Órgano Superior de la "Gran Misión Saber y Trabajo", implementará las estrategias destinadas a garantizar la formulación, ejecución y control de su gestión con la participación protagónica y la corresponsabilidad del pueblo, teniendo entre su objetivos: 1) Satisfacer las necesidades y buscar el buen vivir para el trabajo digno y liberador 2) Generar nuevas relaciones sociales de producción. 3) Fomentar la soberanía nacional. 4) Conducir a un nuevo modelo. organizacional de consejos de trabajadores y trabajadoras que fortalezcan la democracia participativa y protagónica. 5) Generar el debate conceptual sobre el modelo de organización del trabajo y superación de la cultura rentista a fin de potenciar el área productiva. 6) Formular, ejecutar y controlar políticas y planes de financiamiento de proyectos socio productivos y de inversión social, con recursos retornables o no retornables. 7) Fomentar el desarrollo productivo, diversificado, planificado, sostenible y sustentable. 8) Crear los Desarrollo productivo en los procesos de formación y proyectos Socio Productivos. 9) Proponer mecanismos para el estudio y aprobación de los proyectos a ejecutar. 10) Determinar, establecer y asignar los espacios para la ejecución de los objetivos de la Fundación Gran Misión Saber y Trabajo. Tanto para el proceso de formación o proyectos Socio Productivos, mediante el instrumento jurídico- pertinente. 11) Crear redes de organización Socio Productivas a través de los Consejos Comunales, Comités de Trabajadores y comité estudiantiles. 12) Difundir los procesos de seguimiento de las políticas de formación y proyectos socio productivos con el fin de garantizar la adaptación de las salidas ocupacionales a las necesidades de la comunidad. 13) Efectuar y ejecutar proyectos, planes y programas socioproductivos, que permitan rescatar y prevenga el desarrollo de jóvenes de un ambiente violento y delictivo dirigido al mejoramiento del hábitat de las comunidades.

CAPÍTULO III DEL PATRIMONIO

Cláusula Quinta El patrimonio de la Fundación Gran Misión Saber y Trabajo, estará conformado por: a) El aporte de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs.32.447.250,53), otorgado por la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. b)

Misión Che Guevara, c) El aporte que se le asigne por la Ley de Pres Cláusula Sexta: Las donaciones y subvenciones provenientes de personas naturales, órganos y entes de la Administración Pública e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, requerirán para su aceptación de la aprobación de la Junta Directiva. Estas donaciones y subvenciones no otorgarán a dichas personas o instituciones, derecho alguno ni facultad para intervenir en la dirección, administración o funcionamiento de la Fundación.

De los aportes recibidos, la Fundación deberá dar cuenta al Presidente de la República, a través de su órgano de adscripción.

Clausula Séptima: El patrimonio de la Fundación estará destinado de maneja invariable y permanente al logro de su objeto. La Junta Directiva será responsable de la conservación e inversión del patrimonio de la Fundación.

Cláusula Octava: La elaboración y ejecución del presupuesto de la Fundación estará sometido a la normativa aplicable a la materia.

CAPÍTULO IV DEL CONTROL ESTATUTARIO DE ÉA FUNDACIÓN Cláusula Novena: La Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, actuará como órgano de adscripción y ejercerá las funciones de control conforme a lo previsto en el artículo 118 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública y las demás que se señalan a continuación: a) Ejercer la supervisión de la Fundación con el fin de asegurar que las actividades de la misma se correspondan con los objetivos, programas y metas para la cual fue constituida. b) Evaluar en forma continua los resultados de la gestión de la Fundación. c) Aprobar el presupuesto de la Fundación con el propósito de asegurar que se ajuste a los objetivos perseguidos. d) Remitir al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación durante el primer trimestre de cada año, la memoria y cuenta anual de la Fundación. e) Autorizar la enajenación o gravamen de los bieněs que conforman el patrimonio de la Fundación, previa autorización del órgano de adscripción y siguiendo los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Bienes Públicos, conforme al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.

CAPÍTULO V DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cláusula Décima: La Fundación será dirigida y administrada por una Junta Directiva, integrada por tres (3) miembros principales: y tres (3) miembros Suplentes, donde uno (a) de los miembros Principales asumirá el cargo de Presidente o Presidenta de la Fundación; todos y todas de libre nombramiento y remoción del Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. El Presidente o Presidenta de la Fundación "Gran Misión Saber y Trabajo" presentará anualmente la memoria y cuenta de su gestión administrativa y económica al Vicepresidente Ejecutivo de la República.

Cláusula Décima Primera; Son atribuciones de la Junta Directiva de la Fundación "Gran Misión Saber y Trabajo" las que a continuación se señalan:

a) Supervisar la administración los recursos de la Fundación b) Velar por el adecuado mantenimiento y administración de los bienes muebles e inmuebles de la Fundación. c) Aprobar el establecimiento de dependencias y oficinas en cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela. d) Aprobar la Memoria y Cuenta Anual de la gestión administrativa y económica del Presidente o Presidenta de la Fundación, para su presentación al Vicepresidente Ejecutivo e) Aprobar el informe y Cuenta Anual de las actividades de la Fundación y presentarlos al órgano de adscripción. f) Asignar actividades específicas a sus miembros dentro de los planes y programas de

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la Fundación. g). Aprobar el Reglamento Interno de la Fundación, así como las modificaciones a que hubiere lugar. h) Dictar las Normas necesarias para el funcionamiento de la Fundación pudiendo autorizar la creación de unidades y gerencias operativas, asesoras y de apoyo que se requieran para el de las mismas. i) Aprobar la escala salarial de los servidoras y obje dores Públicos de la Fundación. j) Reformar los Estatutos Sociales de la ción, previa autorización del Órgano de Adscripción, salvo la modificación del objeto o de cualquier otro extremo previsto en el Decreto que la rija, en cuyo caso, requerirá la aprobación del Presidente de la República, en Consejo de Ministros. k) Aprobar la Estructura Organizativa de la Fundación. I) Aprobar o rechazar las donaciones que se le hagan a la Fundación. m) Nombrar las Comisiones técnicas y legales necesarias para el cabal cumplimiento del objeto de la Fundación. o) autorizar las donaciones o cualquier otro acto administrativo propuesta por el Presidente o Presidenta. p) Las demás que le señalen estos Estatutos Sociales, el Reglamento Interno y demás normativas aplicables.

usula Décima Sequnda: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente r la menos una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando sea convocada por iñigiativa propia de su Presidente o Presidenta según las necesidades de la Fundación o a solicitud de cualquiera de sus integrantes. Las sesiones serán convocadas por el Presidente o Presidenta de la Fundación, por escrito y con cinco (5) días de anticipación a la fecha de la reunión. En todo caso, la falta de convocatoria escrita será convalidada con la presencia de la mayoría simple de los miembros integrantes de la Junta Directiva, siempre que esté presente el Presidente o Presidenta de la Fundación.

Cláusula Décima Tercera: Para que haya quórum en las sesiones de la Junta Directiva se requiere de la presencia de por lo menos dos (02) de sus miembros principales, de los cuales uno de ellos debe ser el Presidente o Presidenta de la Fundación. Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán con los votos favorables de la mayoría simple de los presentes en la sesión. En caso de existir paridad en los votos, el voto del Presidente o Presidenta de la Fundación será el decisivo.

Cláusula Décima Cuarta: De cada reunión de la Junta Directiva se levantará un acta la cual contendrá un resumen de las deliberaciones y resoluciones tomadas. Los integrantes de la Junta Directiva que no estuvieren de acuerdo con alguna decisión lo harán constar en la correspondiente Acta.

Cláusula Décima Quinta: La Junta Directiva contará con un órgano de apoyo que se denominará Coordinación General de Secretaria, cuyo titular será designado por el Presidente o Presidenta de la FUNDACION "GRAN MISION SABER Y TRABAJO".

Cláusula Décima Sexta: La Coordinación General de Secretaría deberá: a) Remitir oportunamente la convocatoria de las Reuniones de la Junta Directiva.

c) Apoyar al secretario en la elaboración de las actas de cada sesión con los puntos acordados. d) Coordinar con las Oficinas y. Gerencias la entrega oportuna de los puntos de cuentas e información que deban ser presentados a la Junta Directiva. e) Informar a das Oficinas y Gerencias involucradas sobre V firma de actas por parte de los miembros presentes de la Junta Directiva de los puntos aprobados en reunión. g) Gestionar ante la Consultoría Jurídica de la Fundación la publicación en Gaceta Oficial o en cualquier diario de circulación Nacional, de los actos administrativos aprobados por la Junta Directiva. h) Registrar y certificar las actas, decisiones, acuerdos y demás documentos de la Junta Directiva. i) Coordinar los asuntos que la Presidencia disponga presentar en Punto de Cuenta a la Junta Directiva de la Fundación.

j) Las demás funciones que le fueren expresamente asignadas.

CAPÍTULO VI DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA

Cláusula Décima Séptima: El Presidente o Presidenta de la Fundación tendrá las atribuciones siguientes: a) Ejercer la representación legal de la Fundación por si mismo o por medio de apoderados especiales, previa aprobación de la Junta Directiva. b) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos Sociales de la Fundación _y las Decisiones de la Junta Directiva. c) Convocar y residir las reuniones de la Junta Directiva. d) Realizar todo ins_de la Fundación. e) Formular la política institucional, lineamientos y de acción de la Fundación. f) Celebrar Contratos y Convenios, así autorizar los gastos de la Fundación. g) Abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias, firmar cheques, así como firmar, emitir, aceptar, endosar y avalar instrumentos de pago o de cambio. h) Presentar el proyecto de presupuesto anual de la Fundación, para su aprobación de la Junta Directiva y una vez aprobado, remitirlo al órgano de adscripción. i) Preparar anualmente la Memoria y Cuenta de la Fundación para la aprobación de la Junta Directiva.

Así como presentar para su aprobación de Junta Directiva, la Memoria y Cuenta anual de su gestión administrativa y económica, para presentarla al órgano de adscripción. j) Presentar a la Junta Directiva, anteproyecto de Reglamento Interno de la Fundación y las modificaciones a que hubiere lugar. Así como, lo relativo a su Estructura. Organizativa, dependencias Internas, fijando sus competencias y atribuciones previendo que las estrategias de onamiento permitan cumplir de la forma más eficiente con los objetivos la Fundación. k) Proponer a la Junta Directiva-los niveles de remuneración del personal de la Fundación dando fiel cumplimiento a la normativa legal correspondiente. I) Nombrar, remover y despedir al personal de la Fundación, así como fijas su remuneración, m) Coprdinar las actividades diarias de la Fundación, a los fines de garantizar el mejor resultado de su gestión, en el cumplimiento de los planes y programas que se establezcan. n) Certificar copias de los documentos y demás instrumentos que reposan en los archivos _de la Fundación o delegar dicha facultad en los servidores públicos competentes. ñ) Presidir y dirigir las sesiones de la Junta Directiva. o) Constituir apoderados judiciales y Extrajudiciales confiriéndoles las facultades que considere convenientes para la mejor defensa de los derechos e intereses de la Fundación. P) Nombrar la Comisión de Contrataciones Publicas de la Fundación. q) Proponer a la Junta Directiva la realización de Donaciones, así como otros actos administrativos de interés para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación. r) Suscribir y aprobar los procesos inherentes a las Contrataciones Publicas. s) Las demás atribuciones que le confieran las Leyes, estos Estatutos, el Reglamento Interno, la Junta Directiva de la Fundación y en general, resolver todo aquello que no este expresamente reservado a la Junta Directiva.

Cláusula Décima Octava: Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la Fundación, serán suplidas por la Directora o Director Ejecutivo. En caso de falta absoluta del Presidente o Presidenta de la Fundación, ejercerá las funciones de la Directora o Director Ejecutivo hasta que el órgano de adscripción, efectué la designación correspondiente.

CAPÍTULO VII DEL DIRECTOR O DIRECTORA EJECUTIVA

Cláusula Décima Novena: La Fundación tendrá un (1) Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva, a tiempo completo y ejercerá la coordinación general del funcionamiento interno de la Fundación.

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nombrado por el Presidente o Presidenta de la Fundación y tendrá las siguientes atribuciones: a) Someter a la consideración del Presidente o Presidenta de la Fundación el esquema de organización y estrategias de funcionamiento que permitan cumplir de la mejor forma con los objetivos de la Fundación. b) Coordinar las actividades diarias de la Fundación para garantizar el mejor resultado de su gestión, en el cumplimiento de los planes y programas que se establezcan. c) Organizar y dirigir al personal de la Fundación. d) Coordinar con la Oficina de Planificación la elaboración del Plan Operativo, presupuesto, control de gestión y los documentos de normas y procedimientos establecidos en el Sistema de Control Interno de esta unidad Organizativa e) Las demás atribuciones que le confieran estos Estatutos, el Reglamento Interno, la Junta Directiva o el Presidente o Presidenta de la Fundación.

CAPÍTULO VIII DEL PERSONAL

etausula Vigésima Primera:. La Fundación contará con la organización, el _personal y los recursos materiales necesarios para el logro de sus objetivos. A tal efecto el Presidente o Presidenta de la Fundación podrá contratar al personal necesario para el desarrollo de las actividades de la Fundación, y prescindir de sus servicios, previo cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO IX DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA lusula Vigésima Segunda; La Fundación "Gran Misión Saber y Trabajo", con una Unidad de Auditoría Interna (UAI), órgano de naturaleza contará evaluadora, la cual prestará un servicio de asistencia constructiva- a la máxima adtogdad de la Fundación y al resto de la administración, con el propósito de mejorar la conducción de su operaciones administrativas, financieras y técnicas, mediante el ejercicio del examen posterior, objetivo, sistemático y profesional realizado, con fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el informe contentivo de la observaciones, conclusiones y recomendaciones.

Cláusula Vigésima Tercera: La Unidad de Auditoría Interna de la Fundación "Gran Misión Saber y Trabajo", estará adscrita al máximo poder jerárquico de la estructura organizativa, sin embargo su personal, sus funciones y actividades estarán desvinculadas de las operaciones sujetas a su control, a fin de garantizar la independencia de criterios así como la necesaria objetividad e imparcialidad en sus actuaciones, sin participación alguna en los actos tipicamente administrados u otros de índole similar.

Cláusula Vigésima Cuarta: La Unidad de Auditoría interna de la Fundación "Gran Misión Saber y Trabajo", estará bajo la responsabilidad y dirección de un Auditor o Auditora Interna, quien será designado o designada mediante concurso público, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fisca y, en el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados.

Cláusula Vigésima Quinta:. Atribuciones del Auditor Interno: a) Ejercer la fiscalización y control sobre las operaciones derivadas de la gestión administrativa de la Fundación. b) Vigilar la adecuada ejecución del presupuesto de gastos. c) Velar por la claridad, precisión y exactitud de los procedimientos administrativos, contables y financieros de la Fundación. d) Comprobar la veracidad de los estados financieros de la Fundación y hacer las observaciones antes de impartir la aprobación correspondiente. e) Presentar los informes concernientes a- la gestión del Presidente de la Fundación cada noventa (90) días. f) Coordinar y disponer la formulación y ejecución del presupuesto de gastos de la Unidad. g) Verificar los actos u operaciones desarrolladas por las dependencias administrativas sujetas control conforme a los supuestos señalados en la Ley Orgánica de la Controlaría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como los consagrados en las demás normas que regulan la materia. h) Coordinar los trámites y procesos ante la Controlaría General de la República. i) Realizar otra actividad que contribuya a garantizar un adecuado control Interno de las operaciones de la Fundación. j) Las demás que establezcan las leyes y cualesquiera otros actos normativos.

CAPÍTULO X DE LA CONSULTORIA JURÍDICA

Cláusula Vigésima Sexta: La Consultoría Jurídica de la Fundación estará bajo la responsabilidad y dirección de una (1) Consultora o Consultor Jurídico, quien será designado por el Presidente o Presidenta de la Fundación.

Cláusula Vigésima Séptima:. Son atribuciones de la Consultora o Consultor Aesorar legalmente a la Junta Directiva, Presidencia, Dirección Ejecutiv demás dependencias de la Fundación, en lo atinente a los procedimientos y actos jurídicos que le fueren consultados, con la finalidad de resguardar la integridad y la transparencia de la gestión institucional. b) Representar jurídicamente a la Fundación previo otorgamiento del respectivo instrumento poder por parte del Presidente o Presidenta. c) Redactar contratos, convenios o cualquier otro tipo de documento legal a ser suscrito por la Fundación. d) Elaborar dictámenes y opiniones requeridos por las diferentes dependencias de la Fundación, tanto para el funcionamiento interno como aquellos que se encuentren vinculados a su objetivo específico. e) Revisar y elaborar proyectos de actos administrativos a ser emitidos por la Presidenta o Presidente de la Eundación. f) Asesorar y apoyar legalmente, proporcionando el debido eñamiento, tanto a la institución como a las comunidades organizadas tod la que respecta al trabajo formativo y socioproductivo. g) Ser enlace cond a Consultoría Jurídica del órgano de adscripción, a los fines de vincular las necesarias, así como solicitar lá asistencia técnica que considere accigies pertinente. h) Certificar. las copias de los documentos que reposan en los archivos de la Consultoria Jurídica. h) Las demás atribuciones que le asignen las distintas normas que formen parte.del Ordenamjento Jurídico vigente.

CAPÍTULO XI DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cláusula Vigésima Octava: La Fundación contará con una Oficina de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y su funcionamiento estará regulado por las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico vigente y en el Reglamento Interno de la Fundación.

CAPÍTULO XII DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y SU CONTROL

Cláusula Vigésima Novena:. El ejercicio económico de la Fundación comienza el primero (1°) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. Al final de cada ejercicio económico se hará un corto de cuentas y se elaborarán los estados financieros definitivos. El President Presidenta de la Fundación presentará a la Junta Directiva, dentro de lo primeros treinta (30) días de cada año, el Informe Anual para su conocimie y aprobación.

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Cláusula Trigésima:. La elaboración y ejecución del presupuesto de la Fundación, estará sometido a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en la Ley Orgánica de la Controlaría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y a cualquier otra disposición aplicable sobre la materia.

Cláusula Trigésima Segunda:. La Fundación "Gran Misión Saber y Trabajo" podrá ser suprimida y liquidada mediante Decreto, conforme a lo previsto en artículo 130 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y demás leyes o normas que le sean aplicables.

CAPÍTULO XIII :

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Cláusula Trigésima Tercera: En todo lo no previsto en estos Estatutos Sociales, se aplicará el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública y las disposiciones del Decreto N° 677 contentivo de la Normas sobre la Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado y Control de los Aportes Públicos a las Instituciones Privadas Similares, el Código Civil y demás leyes aplicables siempre que no colidan con el referido Decreto.

CAPÍTULO XIV DISPOSICIONES FINALES Cláusula Trigésima Cuarta: De conformidad con lo estableci astículo 19 ordinal 3 del Código Civil, se elaborarán cinco (5) ejemplares, a un soo tenor y a un solo efecto de la presente modificación de Acta Constitutiva Estatutaria, para su correspondiente registro, de los cuales: Lno (1) corresponde a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela; uno (1) a la Junta Directiva de la Fundación; uno (1) a la Contraloría General de la República; uno (1) a la Consultoría Jurídica de la Fundación y uno (1) para ser agregado al respectivo cuaderno de comprobantes. Forma parte integrante de este documento el Decreto N° 1.078 de fecha 30 de Junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezolano, N° 40.443 de fecha 30 de Junio de 2014, con el propósito que sea agregado al Cuaderno de Comprobantes llevados por la Oficina de Registro Correspondiente. Se autoriza a la Ciudadana ISIs oCHOA CAÑIzALEz, titular de la cédula de identidad N° V-13.842.775, venezolana, ayor de edad, en su carácter de Presidenta de la Fundación "Gran Misión Saber y Trabajo", para que certifique la presente acta. Se autoriza al Cijidadano EFRAIN JOSÉ COLMENÁREZ RIVERO, venezolano, mayOr de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 14.879.426, en su carácter de Consultor Jurídico para que realice todos los trámites legales a que hubiere lugar a los fines de la protocolización de la presente acta ante la Oficina de Registro Correspondiente, la adquisición de los libros de rigor, sus sellados y transcripción, así como solicitar seis (06) copias certificadas del presente documento.

DORGE ALBERTO ARREAZA MONSERRAT Vicepresidente Ejecutivo * RIA ISABELLA GODOY PEÑA ISE OCHOA CAÑEALES Presidenta y Directora PriaT MusiON Directora Suplente *72 Fundación "Gran Misión Sab Trabju WILLY JACKSON CASANOVA ANA BEATRIZ MALDONADO CAMPOS Directora Principal Director Suplente LUIS GERÓNIMO BERRIZBEITIA ALEXANDER JAVISR RODRIGUEZ QUINTERO Director Suplente Director Principal Y yo, ISIS oCHOA CAÑIzALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de Cédula de Identidad N° V-13.842.775, en mi carácter de Presidenta de la Fundación "Gran Misión Saber y Trabajo" debidamente autorizada para este acto, certifico que el Acta que antecede es copia fiel y exacta de su origina que se encuentra en el libro de Actas de la Fundación Gran Misión Saber y Trabajo. En Caracas, a la fecha de su presentación.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO Y PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204°, 155° y 15°

417 FECHA: _ 14 0CT. 2014 N°

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreco N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de esa misma fecha, en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en el artículo 77 numerales 2 y 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con lo previsto en el artículo 7 numerales 3 y 10 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009 y en el artículo 3 numerales 3, 10 y 18 del Decreto N° 8.121 mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, actual Ministerio del Poder Popular para Rejaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.644 de fecha 29 de marzo de 2011; de conformidad con lo previsto en el artículo 18, numerales 3 y 17 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y en el artículo 21 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Policial, ambas publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 Extraordinario de fecha 7 de diciembre de 2009; el artículo 20 del Decreto N° 9.045 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.079 Extraordinario de fecha 15 de junio de 2012, y artículo 18 del Decreto Nº 9.046 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945 de fecha 15 de junio de 2012; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 de la

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Resolución N° 169, de fecha 25 de junio de 2010, contentiva de las Normas Relativas al Proceso de Homologación y Reclas ficación de Grados y Jerarquías de los Funcionarios y Funcionarias Policiales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.453 de esa misma fecha; en el artículo 8 de la Resolución N° 086, de fecha 18 de mayo de 2012, contentiva de las Normas sobre Ascensos en la Carrera Policial, reimpresa en la Gaceta Oficial N° 39.957 del 3 de julio de 2012, y en la Resolución N° 458 de fecha 11 de diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.313 de esa misma fecha,

RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadano Najher José Guerra Veitía, titular de la cédula de identidad N° V- 12.782.931, y en sustitución del ciudadano Francisco Javier Mora Zambrano, titular de la cédula de identidad N° V- 9.246.492, como integrante del Equipo Técnico que ha sido encargado de dirigir, orientar y culminar los procedimientos de homologación y reclasificación de los grados y jerarquías de los furcionarios y funcionarias policiales que concursen desde la suprimida y extinca Policía Metropolitana, desde la Dirección del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre o de cualquier otro cuerpo de policía, al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, así como también de dirigir, orientar y culminar los procedimientos de homologación y reclasificación de jerarquías y rangos de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación penal, equipo técnico que fue conformado mediante la Resolución N° 458 de fecha 11 de diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.313 de esa misma fecha.

Artículo 2. Se ratifica la delegación, en el prenombrado ciudadano Najher José Guerra Veitía, en su condición de nuevo integrante del Equipo Técnico conformado, de las mismas atribuciones conferidas en la referida Resolución N° 458 de fecha 11 de diciembre de 2013.

Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en la delegación que se ratifica, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la Resolución y la Gaceta Oficial en la que haya sido publicada.

Artículo 3. El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la delegación.

Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacionat,

MINISTRO

MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204°, 155° y 15° No4 1 8 FECHA: 14 OCT. 201

RESOLUCIÓN Por disposición del Ministro de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 156 de a Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con lo dispuesto en los artículos: 1, 3, 9 y 14 de la Ley Sobre Condecoración "Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela", publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5990 de fecha 29 de julio de 2010, se otorga en su Primera Clase "Espada", (Post-Mortem), al Monseñor JOSÉ HERNÁN SÁNCHEZ PORRAS, por sus méritos sobresalientes en el cumplimiento de una excelente labor religiosa y humanitaria, con dedicación, profunda fe y abnegación durante su (arga trayectoria pastoral como Obispo del Ordinariato Militar, siempre comprometido al servicio de Dios y al próximo. Convirtiéndose así en una digna referencia de hermandad y amor al pueblo venezolano. En virtud de lo antes expuesto se confiere esta honorable distinción en el grado y clase que a continuación se especifica:

ORDEN LIBERTADORES Y LIBERTADORAS DE VENEZUELA PRIMERA CLASE "ESPADA C.I. N° 3.070.436 JOSÉ HERNÁN SÁNCHEZ PORRAS "Los beneficios que se hacen hoy se reciben mañana, por que Dios premia la virtud en este mundo mismo" Simón Bolivar Comuniquese y Publíquese.

MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS 204º, 155° Y 15°

Caracas, 17 0CT. 2014 Nº 007-14 Providencia Administrativa

Quien suscribe, Irwin José Ascanio Escalona, titular de la cédula de identidad N°v-6.151.990, nombramiento que consta en Resolución Ministerial N° 355, de fecha 13 de agosto de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.474 de fecha 13 de agosto de 2014, suficientemente autorizado para este acto de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 365 de fecha 21 de Agosto 2014 y en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N° 35 de fecha 11 de febrero de 2010, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la cual ordena a la Oficina Nacional Antidrogas, crear la comisión de contrataciones públicas y el Decreto de reforma parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, mediante la cual se crea la Comisión Especial de Contrataciones con carácter permanente, para atender todo lo relacionado con los procesos de Contrataciones de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Fondo Nacional Antidrogas (FONA).

Dicta la siguiente Providencia Administrativa

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución Nº 89, de fecha 23 de marzo de 2010, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.393, de fecha 24 de marzo de 2010, la cual rige lo relativo a la creación de la Comisión Especial de Contrataciones con carácter permanente para llevar los procesos de contrataciones pública de la ONA y FONA, se procede a designar a los funcionarios siguientes:

Miembros Principales Suplentes ÁREA LEGAL:

Yuraima Raisolys Reyes Bianca Libia Saputelli Francisco C.I.N° V- 10.616.538 C.I.N° V-12.287.278 ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA:

Danny Rafael Parada Yelamo Pablo José Briceño Rosales C.I.N° V-14.982.029 C.I.N° V- 13.939.962 ÁREA TÉCNICA:

Reinaldo José Siberios Marian José Medina Viera C.I.N° V- 18.542.875 Hernández C.I.N° V- 19.088.349 SECRETARIO Fabricio Romero Canónico C.I.N° V-15.328.942 Queda así integrada la Comisión Especial de Contrataciones, a fin de atender todo lo relacionado con los procesos de contrataciones de la

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Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Fondo Nacional Antidrogas (FONA), para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestaciones de servicios, distintos a los profesionales y laborales.

Comuníquese y publíquese

Inwin José Ascanio Escalona PRESIDENCIA Resolución 395-de-fecha 13 agosto de 2014

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA, PARA EL COMERCIO Y PARAINDUSTRIAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA - DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N°118, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO DESPACHO DE LA MINISTRA. RESOLUCIÓN DM/N°O93-14 Y MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 073.

Caracas, 09 de octubre de 2014 204°, 155° y 15° RESOLUCIÓN CONJUNTA PARA LA FACILITACIÓN DE LA IMPORTACION DE BIENES SIN FINES COMERCIALES ADQUIRIDOS CON DIVISAS PROPIAS

En ejercicio de las atribuciones que nos confieren los Decretos N° 738 de fecha 16 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.335 de la misma fecha; Decreto 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488, de la misma fecha; y Decreto N° 861 de fecha 27 de marzo de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.381, de la misma fecha; de conformidad establece el Arancel de Aduanas de Venezuela, de fecha 15 de julio de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.105 Extraordinaria de la misma fecha; y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los Artículos 18 y 60 y numerales 1, 13 y 19 del Artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 31 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.146, de fecha 25 de marzo de 2009, estos Despachos Ministeriales;

CONSIDERANDO Que el Ejecutivo Nacional desarrolla una política de racionalización y eficiencia del uso de las divisas, necesarias para el financiamiento y desarrollo de las áreas estratégicas de interés económico y social;

CONSIDERANDO Que el Ejecutivo Nacional avanza en el desarrollo de mecanismos que simplifiquen el ejercicio de actividades económicas;

RESUELVEN Artículo 1. - La presente Resolución tiene por objeto regular el procedimiento referido a la facilitación para la importación, sin fines comerciales, de los bienes aquí identificados, a ser adquiridos por aquellas personas naturales mayores de edad y civilmente capaz o jurídicas para su para ello; previo cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Aduanas y demás dispositivos legales aplicables en materia de aduanas, así como las disposiciones contenidas en esta Resolución.

Artículo 2. - Se dispensa temporalmente la presentación de la Licencia de Importación administrada por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, establecida mediante el Régimen Legal N° 9 dentro del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas vigente, así como cualquier otro requisito, certificado, permiso o constancia de registro; salvo la presentación del Certificado de Origen, así como el Número de Identificación Vehicular (NIV), de ser el caso, para los siguientes bienes:

a) Vehículos automóviles de transporte de personas nuevos y sin uso, de cualquier marca y modelo, debidamente homologados por la autoridad competente en materia de tránsito y transporte terrestre, siempre que el año modelo que asigna el fabricante o el año de fabricación coincida con el año en que se realiza la importación o con el año subsiguiente.

b) Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, excepto los indicados en el literal d) de la presente Resolución, de cualquier marca y modelo, debidamente homologados por la autoridad competente en materia de tránsito y transporte terrestre, siempre que el año modelo que asigna el fabricante o el año de fabricación no sea mayor de cinco (5) años respecto del año en que se realice la importación.

c) Tractores de cualquier marca y modelo, siempre que el año modelo que asigna el fabricante o el año de fabricación no sea mayor de cinco (5) años respecto del año en que se realice la importación.

d) Vehículos automóviles usados de los tipos PICK UP de las partidas 8703 y 8704, de cualquier marca y modelo, debidamente homologados por la autoridad competente en materia de tránsito y transporte terrestre, siempre que el año modelo que asigna el fabricante o el año de fabricación no sea mayor de dos (02) años respecto del año en que se realice la importación.

Artículo 3. - Toda persona natural mayor de edad y civilmente capaz, podrá importar sin fines comerciales sólo un (01) vehículo por cada tres (03) años calendario, bajo el régimen descrito en la presente Resolución. Para ello deberá realizar una Declaración Jurada indicando el origen de los fondos empleados para la adquisición de dichos bienes, debiendo ser presentada conjuntamente con la Declaración Única de Aduanas (DUA), ante la autoridad aduanera.

Las personas jurídicas podrán importar sin fines comerciales los bienes identificados en la presente Resolución, indistintamente de la cantidad, siempre que realicen una Declaración Jurada indicando el uso y destino de los bienes, así como el origen de los fondos empleados para la adquisición de los mismos, debiendo ser presentada conjuntamente con la Declaración Única de Aduanas (DUA), ante la autoridad aduanera.

Artículo 4. - Corresponde al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la verificación y control del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, debiendo informar mensualmente al Ministerio del Poder Popular para el Comercio sobre los bienes ingresados bajo el régimen descrito, a efectos de conocer el comportamiento del mercado.

Artículo 5. — A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Resolución, la Declaración Jurada deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos:

- Descripción del bien a importar y el valor CIF expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

- Identificación y origen de los fondos, incluyendo la institución financiera, titular y número de cuenta de éstos.

- Declaración del uso y destino de los bienes a importar.

Artículo 6. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional

(ODOLEO CLEMENTE MOARCO TORRES Hinistro del PodenaBopliar de-Economia, Finanzas y Banca Pública SABELICRISTINA DELGADO ARRIA Mimistra del Poder Popular para el Comercio

3 JOSE D VIOCABELILO RO RÓN MIHISTRO (ELOELPODERPOPOBB INDUSTRIAS

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO.

DESPACHO DE LA MINISTRA- CONSULTORÍA JURÍDICA DM/N°: 090 -14 Caracas, 09 de octubre de 2014 2040, 155° y 15° RESOLUCIÓN ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA, venezolana, titular de la cédula de Identidad N° V-6.075.595, designada mediante Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha; en uso de la facultad prevista en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este Despacho;

RESUELVE

Artículo 1.- Corregir el error material en que se incurrió en la Resolución DM N° 085-14 de fecha 22 de septiembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.506 de fecha 26 de septiembre de 2014, en los términos siguientes:

Donde dice: "Artículo 1.- Designar al ciudadano TOMAS ALEJANDRO NUÑEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 12.206.271, como Director General de Regiones de este Ministerio, en consecuencia tendrá las siguientes atribuciones:.

1. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta la Ministra.

2. Hacer el seguimiento sobre las instrucciones impartidas por la Ministra.

3. Presentar a la Ministra, los asuntos que deben ser sometidos al conocimiento y decisión de la misma.

4. Coordinar, atender, apoyar, canalizar y realizar todas las actividades inherentes a su cargo.

5. Recabar y enviar oportunamente a los Despachos de los Viceministerios, información de la región respectiva sobre las áreas que sean competencia del Ministerio, de sus órganos y entes adscritos.

6. Implementar el sistema de calidad y simplificación de trámites en la gestión del Ministerio, con énfasis en el mejoramiento continuo y, en coordinación con los Despachos de los Viceministros y los órganos y entes adscritos.

7. Suscribir la correspondencia interna y externa, en contestación a solicitudes sobre asuntos cuya atención sea de su competencia.

8. Suscribir las comunicaciones dirigidas a personas naturales y entes públicos y privados, relativas a la tramitación ordinaria de los asuntos a su cargo.

archivo de esa Dirección.

10. Las demás que le instruya las leyes y reglamentos.

Debe decir: "Artículo 1.- Designar al ciudadano TOMAS ALEJANDRO NUÑEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 12.206.271, como Director General de Regiones de este Ministerio, encargado, en consecuencia tendrá las siguientes atribuciones:.

1. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta la Ministra.

2. Hacer el seguimiento sobre las instrucciones impartidas por la Ministra.

3. Presentar a la Ministra, los asuntos que deben ser sometidos al conocimiento y decisión de la misma.

4. Coordinar, atender, apoyar, canalizar y realizar todas las actividades inherentes a su cargo.

5. Recabar y enviar oportunamente a los Despachos de los Viceministerios, información de la región respectiva sobre las áreas que sean competencia del Ministerio, de sus órganos:y entes adscritos.

6. Implementar el sistema de calidad y simplificación de trámites en la gestión del Ministerio, con énfasis en el mejoramiento continuo y, en coordinación con los Despachos de los Viceministros y los órganos y entes adscritos.

7. Suscribir la correspondencia interna y externa, en contestación a solicitudes sobre asuntos cuya atención sea de su competencia.

8. Suscribir las comunicaciones dirigidas a personas naturales y entes públicos y privados, relativas a la tramitación ordinaria de los asuntos a su cargo.

9. Expedir copias certificadas de los documentos, cuyos originales reposan en el archivo de esa Dirección.

10.

Las demás que le instruya las leyes y reglamentos.

Artículo 2. De conformidad' con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase íntegramente a continuación el texto de la

Resolución DM N° 085-14 de, fecha 22 de septiembre de 2014, publicada en la N° 40.506 de fecha 26 de Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela septiembre de 2014, subsanando el error antes referido.

Comuniquese y Publíquese Por el Ejecu

SABELICRISTINA DELSADO ARRIA Minfistra del Peder Popular para el Comercio Designada medisore Decreto ° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicada en Gaceta Oticiat de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 5 3,

REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO DESPACHO DE LA MINISTRA- CONSULTORÍA JURÍDICA DM/N°: 085-14 Caracas, 22 de septiembre de 2014 204º, 155º y 15°

RESOLUCIÓN Quien suscribe, ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-6.075.595, designado meciante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 ce la misma fecha; en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 62 y numeral 26 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 .con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la función Pública y lo dispuesto en los artículos I y. 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, que contiene el Reglamento de delegación de firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, este Despacho;

RESUELVE Artículo 1.- Designar al ciudadano TOMAS ALEJANDRO NUÑEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 12.206.271, comp Director General de Regiones de este Ministerio, en calidad de Encargado, en consecuencia tendrá las siguientes atribuciones:

1. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta la Ministra.

2. Hacer el seguimiento sobre las instrucciones impartidas por la Ministra.

3. Presentar a la Ministra, los asuntos que deben ser sometidos al conocimiento y decisión de la misma.

4. Coordinar, atender, apoyar, canalizar y realizar todas las actividades inherentes a su cargo.

5. Recabar y enviar oportunamente a los Despachos de los Viceministerios, información de la región respectiva sobre las áreas que sean competencia del Ministerio, de sus órganos y entes adscritos.

6. Implementar el sistema de calidad y simplificación de tramites en la gestión del Ministerio, con énfasis en el mejoramiento continuo y, en coordinación 7. Suscribir la correspondencia interna y extema, en contestación a situ sobre asuntos cuya atención sea de su competencia.

8. Suscribir las comunicaciones dirigidas a personas naturales y entes públicos y privados, relativas a la tramitación ordinaria de los asuntos a su cargo.

9. Expedir copias certificadas de los documentos, cuyos originales reposan en el archivo de esa Dirección. 1 10. Las demás que le instruya las leyes y reglamentos.

Artículo 2.- Los actos y documento$ firmados de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada, según lo establece el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

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Artículo 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 22 de septiembre de 2014.

Comuniqueaaíquese, ASABEL CRISTINA BELSADO ARRIA Ministra des Poder Popular para el Comercio publicada en Gaceta-Ofciarde la República Bolivariana ce Venezuela N° 40.488

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN DM/NÚMERO 092-14 Caracas, 09 de Octubre de 2014 204°, 155° y 15° Quien Suscribe, ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA, Venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-6.075.595, designada según Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 62 y 77 numeral 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 y el artículo 18 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; y lo previsto en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, que contiene el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, este Despacho,

RESUELVE

Artículo 1. Designar al ciudadano LUIS MIGUEL IGNACIO DELGADO ARRIA, titular de la cédula de identidad N° V- 5.073.788, como Director General de la Oficina de Relaciones Institucionales de este Ministerio.

Artículo 2. En virtud de la presente designación, el funcionario antes identificado queda ampliamente facultado para suscribir los actos y documentos en las materias concernientes a las atribuciones y n actividades de esa Dirección.

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, SABEL CRISTINA DELGADO ARRIA Ministra del Poder Popular para el Comercio Designada mediante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 40.488

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 104 FECHA: 13/10/2014 204º, 155º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489, de fecha 03 de septiembre de 2014; actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), suscrito en fecha 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276 de fecha 1° de octubre de 2009, CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), CONSIDERANDO Que la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, en fecha 9 de julio de 2014, otorgó el Título de DocTOR EN MEDICINA al CIUdadanO RUBEN JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 19.213.525, quedando Registrado en el Tomo 10, Folio 94, N° 2348 del Registro de Títulos de la Secretaría General del Centro de Educación Superior, CONSIDERANDO Que el Ciudadano RUBÉN JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.213.525, presentó en fecha 03 de septiembre de 2014, su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante la Comisión de Registro y Seguimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. la cual se pronunció positivamente sobre la veracidad de los datos personales y sobre la autenticidad del Título, conforme a Dictamen N° 0154-2014 de fecha 05 de septiembre de 2014, CONSIDERANDO Que se ha cumplido con las condiciones y procedimientos por los cuales se reconocerán los títulos o diplomas de nivel universitario, obtenidos por ciudadanas y ciudadanos venezolanos, en el marco de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). establecidos en la Resolución N° 0023 de fecha 05 de febrero de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°

40.350 de fecha 06 de febrero de 2014, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título de DOCTOR EN MEDICINA, otorgado por la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, al ciudadano RUBÉN JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 19.213.525. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los

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Pueblos de Nuestra América (ALBA), el precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional.

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Dz publíquese, Gobierno Bolivariano De Venezuela MANUELAFERNÁNEZME Ministro del Poder Popular para Educación Univertaria, Cléneia y Te hología Decreto N°1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 3 de sexxiembre de 203

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N°105 FECHA: 13/10/2014 204º, 155º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489, de fecha 03 de septiembre de 2014; actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), suscrito en fecha 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276 de fecha 1° de octubre de 2009, CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), CONSIDERANDO Que la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, en fecha 9 de julio de 2014, otorgó el Título de DoCTORA EN MEDICINA a la CiUdadana ANA DANIELA PEÑA SILVA, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.347.714, quedando Registrado en el Tomo 10, Folio 70, N° 1.736 del Registro de Títulos de la Secretaría General del Centro de Educación Superior, CONSIDERANDO Que la ciudadana ANA DANIELA PEÑA SILVA, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.347.714, presentó en fecha 29 de agosto de 2014, su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante la Comisión de Registro y Seguimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual se personales y sobre la autenticidad del Título, conforme a Dictamen N° 0152-2014 de fecha 01 de septiembre de 2014, CONSIDERANDO Que se ha cumplido con las condiciones y procedimientos por los cuales se reconocerán los títulos o diplomas de nivel universitario, obtenidos por ciudadanas y _ciudadanos venezolanos, en el marco de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), establecidos en la Resolución N° 0023 de fecha 05 de febrero de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°

40.350 de fecha 06 de febrero de 2014, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título de DOCTORA EN MEDICINA, otorgado por la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, a la ciudadana ANA DANIELA PEÑA SILVA, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.347.714. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la precitada ciudadana queda facultada para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional.

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Do Comuníquese y Publíquese, Gobierno Bolivariano De Venezuela MANUEL/A. FERNÁNDEZ M.

Ministro del Poder Popular pare Educación Universiaria, Ciencia y Temnología Decreto N°1.213 de fecha 02 de septiere de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N°106 FECHA:13/10/2014 204º, 155º y 15º

RESOLUCIÓN

De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489, de fecha 03 de septiembre de 2014; actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), suscrito en fecha 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276 de fecha 1° de octubre de 2009, CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), CONSIDERANDO Que la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, en fecha 9 de julio de 2014, otorgó el Título de DocTOR EN MEDICINA al CiUdadanO ANTONIO JOSÉ DÍAZ IZARRA, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.313.870, quedando Registrado en el Tomo 10, Folio 21, N° 517 del Registro de Títulos de la Secretaría General del Centro de Educación Superior, CONSIDERANDO Que el ciudadano ANTONIO JOsÉ DÍAz IZARRA, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.313.870, presentó en fecha 08 de septiembre de 2014, su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante la Comisión de Registro y Seguimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual se pronunció positivamente sobre la veracidad de los datos

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personales y sobre la autenticidad del Título, conforme a Dictamen N° 0157-2014 de fecha 08 de septiembre de 2014, CONSIDERANDO Que se ha cumplido con las condiciones y procedimientos por los cuales se reconocerán los títulos o diplomas de nivel universitario, obtenidos por ciudadanas y ciudadanos venezolanos, en el marco de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), establecidos en la Resolución N° 0023 de fecha 05 de febrero de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.350 de fecha 06 de febrero de 2014, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título de DOCTOR EN MEDICINA, otorgado por la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, al ciudadano ANTONIo JOSÉ DÍAZ IZARRA, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.313.870 . En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional.

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, Gobierno Bolivariano De Venezuela para MANUEL/A, FERNÁNDEZ M.

Ministro del Poder Popular para Educación Universcaria, Ciencia y Tocnología Decreto N°1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 3 de sepunbre de 14

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N°107 FECHA: 13/10/2014 204º, 155º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial N° 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489, de fecha 03 de septiembre de 2014; actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), suscrito en fecha 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República_ Bolivariana de Venezuela N° 39.276 de fecha 1° de octubre de 2009, CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), CONSIDERANDO Que la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, en fecha 9 de julio de 2014, otorgó el Título de DocTOR EN MEDICINA al Ciudadano ATEF EL AMER SABAH, titular de la Cédula de Identidad N° V-25.927.492, quedando Registrado en el Tomo 10, Folio 40, N° 976 del Registro de Títulos de la Secretaría General del Centro de Educación Superior, CONSIDERANDO Que el ciudadano ATEF EL AMER SABAH, titular de la Cédula de Identidad N° V-25.927.492, presentó en fecha 03 de septiembre de 2014, su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante la Comisión de Registro y Seguimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual se pronunció positivamente sobre la veracidad de los datos personales y sobre la autenticidad del Título, conforme a Dictamen N° 0153-2014 de fecha 03 de septiembre de 2014,

CONSIDERANDO Que se ha cumplido con las condiciones y procedimientos por los cuales se reconocerán los títulos o diplomas de nivel universitario, obtenidos por ciudadanas y ciudadanos venezolanos, en el marco de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), establecidos en la Resolución N° 0023 de fecha 05 de febrero de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.350 de fecha 06 de febrero de 2014, RESUELVE Artículo 1. ReConocer el Título de DOCTOR EN MEDICINA, otorgado por la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, al ciudadano ATEF EL AMER SABAH, titular de la Cédula de Identidad N° V-25.927.492. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional.

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Ds publíquese, Gobiemno Bolivariano De Venezuela MANUELAFERNÁNDZ"M Ministro del Poder Popular para Educación Universiaria, Crencia y Tecnología Decreto N°1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 3 de septembre de 201

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N°108 FECHA: 13/10/2014 204º, 155º y 15º

RESOLUCIÓN

De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489, de fecha 03 de septiembre de 2014; actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), suscrito en fecha 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276 de fecha 1° de octubre de 2009,

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CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),

CONSIDERANDO Que la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, en fecha 9 de julio de 2014, otorgó el Título de Doctora en Medicina a la Ciudadana DARINKA SOFÍA STOJKOVIC RIVERA, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.232.519, quedando Registrado en el Tomo 10, Folio 99, N° 2451 del Registro de Títulos de la Secretaría General del Centro de Educación Superior, CONSIDERANDO Que la Ciudadana DARINKA SOFÍA STOJKOVIC RIVERA, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.232.519, presentó en fecha 25 de agosto de 2014, su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante la Comisión de Registro y Seguimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual se pronunció positivamente sobre la veracidad de los datos personales y sobre la autenticidad del Título, conforme a Dictamen N° 0151-2014 de fecha 01 de septiembre de 2014, CONSIDERANDO Que se ha cumplido con las condiciones y procedimientos por los cuales se reconocerán los títulos o diplomas de nivel universitario, obtenidos por ciudadanas y ciudadanos venezolanos, en el marco de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). establecidos en la Resolución N° 0023 de fecha 05 de febrero de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.350 de fecha 06 de febrero de 2014, RESUELVE Artículo 1. ReConocer el Título de DOCTORA EN MEDICINA, otorgado por la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, a la ciudadana DARINKA sOFÍA STOJKOVIC RIVERA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 18.232.519. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la precitada ciudadana queda facultada para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional.

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Dr publíquese, Gobierno Bolivarlano De Venezuela MANUELA. FERNÁNDZ-M Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria. Ciencia y Tecrología Decreto N°1.213 de fecha 02 de septiene de 2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 3 de septiare de 20

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N°109 FECHA: 13/10/2014 204º, 155º y 15º

RESOLUCIÓN

De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489, de fecha 03 de septiembre de 2014; actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), suscrito en fecha 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276 de fecha 1° de octubre de 2009, CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),

CONSIDERANDO Que la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, en fecha 9 de julio de 2014, otorgó el Título de DocTORA EN MEDICINA a la CiUdadana GLEIDY ANDREÍNA FUENMAYOR CONTRERAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-17.489.128, quedando Registrado en el Tomo 10, Folio 65, N° 1620 del Registro de Títulos de la Secretaría General del Centro de Educación Superior, CONSIDERANDO Que la ciudadana GLEIDYANDREÍNAFUENMAYOR CONTRERAS, titular de la Cédula de Identidad N° V- 17.489.128, presentó en fecha 05 de septiembre de 2014, su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante la Comisión de Registro y Seguimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual se pronunció positivamente sobre la veracidad de los datos personales y sobre la autenticidad del Título, conforme a Dictamen N° 0155-2014 de fecha 05 de septiembre de 2014, CONSIDERANDO Que se ha cumplido con las condiciones y procedimientos por los cuales se reconocerán los títulos o diplomas de nivel universitario, obtenidos por ciudadanas y ciudadanos venezolanos, en el marco de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), establecidos en la Resolución N° 0023 de fecha 05 de febrero de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.350 de fecha 06 de febrero de 2014, RESUELVE Artículo 1. ReConocer el Título de DOCTORA EN MEDICINA, otorgado por la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, a la ciudadana GLEIDY ANDREÍNA FUENMAYOR CONTRERAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-17.489.128. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la precitada ciudadana queda facultada para la continuación-de estudios universitarios y para el ejercicio profesional.

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dz Comuníquese y publíquese, Gobiemo Bolivariano De Venezueia MANUELA.FERNÁNDEM Ministro del Poder Popular para Educación Universitana, Crencia y Tecnología Decreto N°1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 3 de gtiembre de 294

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N°110 FECHA: 13/10/2014 204º, 155º y 15º

RESOLUCIÓN

De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489, de fecha 03 de septiembre de 2014; actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), suscrito en fecha 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276 de fecha 1° de octubre de 2009, CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), CONSIDERANDO Que la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, en fecha 9 de julio de 2014, otorgó el Título de DocTOR EN MEDICINA al CiUdadanO MAHATMA GANDHI ORTEGA MARiÑo, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.521.384, quedando Registrado en el Tomo 10, Folio 81, N° 2023 del Registro de Títulos de la Secretaría General del Centro de Educación Superior, CONSIDERANDO Que el CiUdadano MAHATMA GANDHI ORTEGA MARIÑO, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.521.384, presentó en fecha 08 de septiembre de 2014, su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante la Comisión de Registro y Seguimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual se pronunció positivamente sobre la veracidad de los datos personales y sobre la autenticidad del Título, conforme a Dictamen N° 0156-2014 de fecha 08 de septiembre de 2014, CONSIDERANDO Que se ha cumplido con las condiciones y procedimientos por los cuales se reconocerán los títulos o diplomas de nivel universitario, obtenidos por ciudadanas y ciudadanos venezolanos, en el marco de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), establecidos en la Resolución N° 0023 de fecha 05 de febrero de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.350 de fecha 06 de febrero de 2014,

RESUELVE Artículo 1. ReConocer el Título de DOCTOR EN MEDICINA, otorgado por la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, al ciudadano MAHATMA GANDHI ORTEGA MARiÑo, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.521.384 . En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional.

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y REPUBLICA BOLV! publíquese, Gobierno Bolivarlano De Venezuela MANUELA,FERNÁNDEZM Ministro del Poder Popular para Educación Unive sitariaaa Tocnología Decreto N°1.213 de fecha 02 de septembre de 2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 3 de s ptiembre de 207

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N°111 FECHA:13/10/2014 204º, 155º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489, de fecha 03 de septiembre de 2014; actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), suscrito en fecha 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276 de fecha 1° de octubre de 2009, CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), CONSIDERANDO Que la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, en fecha 9 de julio de 2014, otorgó el Título de DoCTOR EN MEDICINA al CiUdadanO FREDDY JOSÉ BEDRÁN ÁVILA, titular de la Cédula de Identidad N° V-20.227.695, quedando Registrado en el Tomo 10, Folio 94, N° 2329 del Registro de Títulos de la Secretaría General del Centro de Educación Superior, CONSIDERANDO Que el ciudadano FREDDY JOSÉ BEDRÁN ÁVILA, titular de la Cédula de Identidad N° V-20.227.695, presentó en fecha 09 de septiembre de 2014, su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante la Comisión de Registro y Seguimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual se pronunció positivamente sobre la veracidad de los datos personales y sobre la autenticidad del Título, conforme a Dictamen N° 0158-2014 de fecha 09 de septiembre de 2014, CONSIDERANDO Que se ha cumplido con las condiciones y procedimientos por los cuales se reconocerán los títulos o diplomas de nivel universitario, obtenidos por ciudadanas y _ciudadanos venezolanos, en el marco de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), establecidos en la Resolución N° 0023 de fecha 05 de febrero de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.350 de fecha 06 de febrero de 2014,

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RESUELVE Artículo 1. ReConocer el Título de DOCTOR EN MEDICINA, otorgado por la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, al ciudadano FREDDY JOsÉ BEDRÁN ÁVILA, titular de la Cédula de Identidad N° V-20.227.695 . En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional.

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

4D Comuníquese y publíquese, Gobierno Bolivariano De Venezuela MANUELAFERNÁNDEM Ministro del Poder Popular para Educación Universitana, Crencia y Tecnología Decreto N°1.213 de fecha 02 de setiembre de 2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 3 de srtiembre de 294

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N°112 FECHA: 14/10/2014 204º, 155º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 62 y 77 numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de la misma fecha, referido al Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

CONSIDERANDO Que en fecha 23 de agosto de 2014, mediante planilla FP-026 N° 2014-50, el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, actuando de conformidad con el nombramiento efectuado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Decreto N° 9.401 de fecha 08 de marzo de 2013 y en ejercicio de la delegación conferida en el Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo 2013 en su artículo 1°, numeral 10, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de marzo de 2013, aprobó la Jubilación Especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 06 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.976 de fecha 24 de mayo de 2010, en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.618 de fecha 11 de enero de 1999.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el benefiCio de JUBILACIÓN ESPECIAL al Ciudadano BELISARIO GUDIÑO JOSÉ MIGUEL, titular de la cédula de identidad N° V- 8.790.450, quien cuenta con cuarenta y ocho (48) años de edad, y veintiún (21) años al Servicio de la Administración Pública, quien se ha desempeñado en su último CargO COmo ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS en el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), ente Universitaria, Ciencia y Tecnología antes denominado Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI), y por haber cumplido los requisitos establecidos en los artículos 4 y 8 del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL es por la CantIdad de CUATRO MIL CIENTO SIETE BOLÍVARES CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 4.107,46) menSUales, equivalente al 52,50% del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses en servicio activo, de conformidad con lo establecido en el artículo 08 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano y el monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior, se resuelve elevarlo al salario mínimo vigente para la fecha de la publicación de la presente Resolución a la cantidad de CUATRO MIL DOsCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 4.251,40), en concordancia con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con el Decreto N° 935 de fecha 29 de abril de 2014, publicado en Gaceta Oficial N° 40.401 de la misma fecha.

TERCERO: La Oficina de Recursos Humanos del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), queda encargada de ejecutar la presente Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden al citado trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 14l de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras y el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CUARTO: La Oficina de Recursos Humanos del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACiT), efectuará la notificación correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de ProcedimientosAdmaistrativos.

VENEZUELA Dz Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional Gobrerno Bolivariano De Venezuela RIDICA Ministro del Poder Popular para Educación Universitria, Clencia y Tecnoloía ns n oll

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 113 FECHA: 14/10/2014 204º, 155º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 62 y 77 numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de la misma fecha, referido al Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

CONSIDERANDO Que en fecha 29 de agosto de 2014, mediante planilla FP-026 N° 003-14, el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, actuando de conformidad con el nombramiento efectuado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Decreto N° 9.401 de fecha 08 de marzo de 2013 y en ejercicio de la delegación conferida en el Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo 2013 en su

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artículo 1°. numeral 10, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de marzo de 2013, aprobó la Jubilación Especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 06 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.976 de fecha 24 de mayo de 2010, en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.618 de fecha 11 de enero de 1999.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL al Ciudadano GONZÁLEZ LINARES RAMÓN ADOLFO, titular de la cédula de identidad N° V- 3.371.147, quien cuenta con sesenta y un (61) años de edad, y diecisiete (17) años y cuatro (04) meses al Su último CargO Como PERSONAL DE SEGURIDAD I en la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FiliDT) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología antes denominado Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI), y por haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 4 y numeral 3 del artículo 5, del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL es por la Cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 3.221,80) menSUales, equivalente al 42,50% del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses en servicio activo, de conformidad con lo establecido en el artículo 08 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y visto que la jubilación otorgada bajo el Sistema de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano y el monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior, se resuelve elevarlo al salario mínimo vigente para la fecha de la publicación de la presente Resolución a la cantidad de CUATRO MIL DOsCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 4.251,40), en concordancia con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con el Decreto N° 935 de fecha 29 de abril de 2014, publicado en Gaceta Oficial N° 40.401 de la misma fecha.

TERCERO: La Oficina de Recursos Humanos de la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FlliDT), queda encargada de ejecutar la presente Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden al citado trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras y el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CUARTO: La Oficina de Recursos Humanos de la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FllIDT), efectuará la notificación correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Dz Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional Gobierno Bolivariano De Venezuela TURIDICA MANUEL A.FERNÁNDEZ M Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria Ciencia y Tecnología Gace a Ofcal N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 20 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 114 FECHA: 14/10/2014 204º, 155º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213 de fecha 82 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de a República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 62 y 7 numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de o dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de a República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de la misma fecha, referido al Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de a Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional.

CONSIDERANDO Que en fecha 29 de agosto de 2014, mediante planilla FP-06 N° 001-14, el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, actuando de conformidad con el nombramiento efectuado por el ciudadano Presidente de a República Bolivariana de Venezuela, según Decreto N° 9.401 de fecha 08 de marzo de 2013 y en ejercicio de la delegacion conferida en el Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo 2013 en $u artículo 1°. numeral 10, publicados en la Gaceta Oficial de a República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de marzo de 2013, aprobó la Jubilación Especial de conformidad cono dispuesto en el artículo 06 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.976 de fecha 24 de mayo de 2010, en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.618 de fecha 11 de enero de 1999.

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el benefiCio de JUBILACIÓN ESPECIAL a ciudadano SÁNCHEZ ALIRICO DE JESÚS, titular de la cédula de identidad N° V- 7.642.291, quien cuenta con sesenta y un (6) años de edad, y veinte (20) años y cuatro (04) meses al Servicio de a Administración Pública, quien se ha desempeñado en su último Cargo Como PERSONAL DE SEGURIDAD I en laFundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológito (FIlIDT), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología antes denomina o Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI), y por haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 4 y numeral 3 del artículo 5, del Decreto N° 1.289 de fecha 02 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de a Administración Pública Nacional.

SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL es por la Cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES CON ONCE CÉNTIMOS (Bs. 3.718,11) mensuales, equivalente al 50,00% del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses en servicio activo, de conformidad con lo establecido en el artículo 08 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y visto que la jubilación otorgada bajo el Sisterma de Seguridad Social no podrá ser inferior al salario mínimo urbano y el monto aprobado por el Ejecutivo Nacional es inferior, se resuelve elevarlo al salario mínimo vigente para la fecha de a publicación de la presente Resolución a la cantidad de CuATro MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 4.251,40), en ConCordanCia Con el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana ce Venezuela y de conformidad con el Decreto N° 935 de fecha 29 ce abril de 2014, publicado en Gaceta Oficial N° 40.401 de la misma fecha.

TERCERO: La Oficina de Recursos Humanos de la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FilIDT), queda encargada de ejecutar la presente Resolución. n consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden al citado trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras y el artículo 92 de la Constitucion de la República Bolivariana de Venezuela.

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CUARTO: La Oficina de Recursos Humanos de la Fundacion Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FllIDT), efectuará la notificación correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional

Gobverno Bolivariano De Venezuela MANUEL A. FERNÁNDEZ URÍDICA Ciencla-geonología Ministro del Poder Popular para gdugación Universitaria,

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

NÚMERO 441 14 DE OCTUBRE DE 2014 204°, 155° y 15°

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en los numerales 15 y 19 del Artículo 77 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 en concordancia con el Artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014, y lo dispuesto en el Artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso presupuestario de gastos corrientes a gastos de capital del presupuesto de gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Salud, por la Cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.

967.260,00), Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, aprobados por este Ministerio según Oficio N° 3414 de fecha 01 de Octubre de 2014.

En consecuencia, se autoriza su publicación de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria.

DE:

Optimización en los Servicios de Salud que Componen la Red Proyecto Asistencial Tradicional para (Bs.967.260,00) 540193000 fortalecer la atención de los pacientes del Distrito Capital Medidas de Aplicación de Acción Ambiental Saneamiento y (Bs.9.460,00) Vigilancia Epidemiológica para Específica:

540193002 Proteger a la Población contra Enfermedades Endémicas Dirección Regional de Salud del (Bs.9.460,00) UEL: 11010 Distrito Capital Suministros Materiales, y (Bs.9.460,00) Partida 402 Mercancías Productos de papel, cartón e Genérica: 05 (Bs.9.460,00) impresos Envases y cajas de papel y cartón Específica: 02 (Bs.7.520,00) Productos de papel y cartón para Específica: 06 (Bs.1.940,00) computación Atención Especializada en Acción Tratamiento y Rehabilitación Específica:

para La Salud a La Población (Bs.957.800,00) 540193004 que Asiste a Los Centros que Componen La Red Hospitalaria Dirección Regional de Salud del UEL: 11010 (Bs.957.800,00) Distrito Capital Materiales, Suministros y Partida 402 (Bs.957.800,00) Mercancías Productos de minas, canteras y Genérica: 02 (Bs.2.000,00) yacimientos Piedra, arcilla, arena y tierra Especifica: 05 (Bs.1.000,00) (Bs.1.000,00) Específica: 07 Sal para uso industrial (Bs.141.000,00) Genérica: 03 Textiles y vestuarios Específica: 03 Calzados (Bs.141.000,00) Productos de papel, cartón e Genérica: 05 (Bs.400.000,00) impresos (Bs.300.000,00) Especifica: 01 Pulpa de madera, papel y cartón Envases y cajas de papel y cartón Especifica: 02 (Bs.100.000,00) Productos químicos y derivados (Bs.106.000,00) Genérica: 06 Productos de tocador Específica: 05 (Bs.106.000,00) Productos minerales no (Bs.18.800,00) Genérica: 07 metálicos Productos de arcilla para (Bs.9.400,00) Específica: 03 construcción (Bs.9.400.00) Cemento, cal y yeso Especifica: 04 útiles varios Productos y (Bs.290.000,00) Genérica: 10 diversos en el Productos seguridad de (Bs.290.000,00) Especifica: 07 trabajo PARA:

Optimización en los Servicios de Salud que Componen la Red Proyecto Asistencial Tradicional para Bs.967.260,00 540193000 fortalecer la atención de los pacientes del Distrito Capital Especializada Atención en Acción Tratamiento y Rehabilitación Especifica:

Bs.967.260,00 para La Salud a La Población 540193004 que Asiste a Los Centros que Componen La Red Hospitalaria Dirección Regional de Salud del Bs.967.260,00 UEL: 11010 Distrito Capital Activos Reales Partida 404 Bs.967.260,00 Muebles y demás Máquinas, Equipos Oficina Genérica: 09 de Bs.967.260,00 y Alojamiento Mobiliario y Equipo de Oficina 472.338,00 Específica: 01 Equipos de Mobiliario y 494.922,00 Especifica: 03 Alojamiento Comuníquese y publiquese, NANCY PÉREZ SIERRA Ministra del Poder Popular para la Salud Decreto N° 1.213 de fecha 02 de Septiembre de 2014 Gaceta Oficial N° 40;488 de fecha 02 de Septiembre de 2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 03 de Septiembre de 2014

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

NÚMERO 442 16 DE 0CTUBRE DE 2014 204°, 155° y 15° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela número 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 5 numeral 2 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública; artículo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio; artículos 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; 51 y 52 del Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario y artículos 6, 7 y 23 de la Ley contra la Corrupción, este Despacho Ministerial, RESUELVE

Artículo 1. Designar a la ciudadana MAYRA OVIEDO DE MENDEz, titular de la cédula de identidad número V- 14.361.269, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción COmO DIRECTORA (E) DE LA CLÍNICA POPULAR GRAMovEN, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Artículo 2. Se autoriza a la ciudadana MAYRA OVTEDO DE MENDEZ, antes identificada, en su carácter de DIRECTORA (E) DE LACLÍNICA POPULAR GRAMOVEN, para actuar como Cuentadante.

Artículo 3. La Ciudadana MAYRA OVIEDO DE MENDEZ, antes identificada, deberá prestar caución suficiente para el ejercicio de sus funciones ante la auditoria interna de a respectiva unidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 52 de su Reglamento número 1 sobre el Sistema Presupuestario.

Artículo 4. La Ciudadana MAYRA OVIEDO DE MENDEZ, antes identificada, deberá presentar declaración jurada de patrimonio y anexar copia simple del comprobante emitido por la Contraloría General de la República, y posteriormente consignarlo por ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Artículo 5. Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente.

Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Notifíquese y publíquese

NANCY PÉREZ SIERRA Ministra del Poder Popular para la Salud Decreto N°1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014 Gaceta OficialNo 40.488 de fecha 02 de septiembre de 2014 Gaceta-Ofcial N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

NÚMERO 444 20 DE 0CTUBRE DE 2014 204°, 155º y 150 RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela número 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 5 numeral 2 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública; artículo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio; artículos 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; 51 y 52 del Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario y artículos 6, 7 y 23 de la Ley contra la Corrupción, este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano ALFREDO J0SÉ SÁNCHEZ ALVA, titular de la cédula de identidad número V- 3.799.181, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoCiónCOmO DIRECTOR (E) DEL HOSPITAL ONCOLÓGICO "DR. LUIS RAZETTI", adscritO a la Dirección de Salud del Distrito Capital.

Artículo 2. Se autoriza al ciudadano ALFREDO J0SÉ SÁNCHEz ALVA, antes identificado, en su carácter de DIRECTOR (E) DEL HOSPITAL ONCOLÓGICO "DR. LUIS RAZETTI", para actuar como Cuentadante.

Artículo 3. El ciUdadano ALFREDO JOSÉSÁNCHEZ ALVA antes identificado, deberá prestar caución suficiente parael ejercicio de sus funciones ante la auditoria interna de.la respectiva unidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 52 de su Reglamento número 1 sobre el Sistema Presupuestario.

Artículo 4. El Ciudadana ALFREDO JOSÉ SÁNCHEZ ALVA, antes identificado, deberá presentar declaración jurada de patrimonio y anexar copia simple del comprobante emitido por la Contraloría General de la República, y posteriormente consignarlo por ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Artículo 5. Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente.

Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 15 de octubre de 2014.

Notifíquese y publíquese

NANCY PÉREZ SIERRA Ministra del Poder Popular para la Salud Decreto N°1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014 Gaceta OficialNo 40.488 de fecha 02 de septiembre de 201 GacetazOficial N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 201

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EMPRESA SOCIALISTA PARA LA PRODUCCION DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, (ESPROMED BIO) C.A.

NÚMERO 001 29 de septiembre de 2014 204°, 155° y 15°

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA GERARDO RAUL BRICEÑO ALVIAREZ, VenezolanO, mayOr de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.562.651, en su condición de Presidente de LA EMPRESASOCIALISTAPARALA PRODUCCION DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, (ESPROMED BIO), C.A, según consta de Acta Constitutiva publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.474, de fecha 13/08/2014, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Cláusula Vigésima Quinta numeral 6 de los Estatutos Sociales de La Empresa Socialista Para La Producción De Medicamentos Biológicos, (ESPROMED BIO),C.A, creada mediante Decreto No. 1038, de fecha 12 de junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.432, de fecha 12 de junio de 2014, e inscrita por ante el registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 12 de Agosto de 2014, bajo el Numero 14, tomo 114-A, adscrita funcionalmente y administrativamente al Ministerio del Poder Popular para la Salud, y dando cumplimiento al artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, dicta la siguiente

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

ARTícULo 1. Se constituye la Comisión de Contrataciones de La Empresa Socialista Para La Producción De Medicamentos Biológicos, (ESPROMED BIO), C.A, con carácter permanente que conocerá de los procedimientos de contrataciones públicas, relacionada con la selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, a los fines que cumplan con las atribuciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

ARTicuLo 2. Se designan como miembros de la Comisión de Contrataciones de La Empresa Socialista Para La Producción De Medicamentos Biológicos, (ESPROMED BIO), C.A, a los siguientes ciudadanos:

MIEMBRO MIEMBRO ÁREA C.r.

C.I.

SUPLENTE PRINCIPAL MARLENE DEL SORANGEL REBECA JURÍDICA V- 19.671.571 V- 11.133.793 VALLE SILVESTRI LEON ROMERO PEÑA RAFAEL ALBERTO JOSE HAILET DE TÉCNICA V-12.112.240 V- 15.573.438 FERNANDEZ CASTRO SANCHEZ BECERRA FREDDY ENRIQUE RICHARD ARIAS V-13.74E.582 V- 17.059.212 FINANCIERA MONTILLA CHACON QUINTERO

ARTÍCULO 3. Se designa al ciudadano JULIO RAFAEL MARTINEZ MORENO, titular de la cédula de identidad V- 15.948.337, como Secretario de e la Comisión de Contrataciones, quien actuará con derecho a voz mas no a voto.

ARTícuLo 4. Serán atribuciones de la Secretaria de la Comisión de Contrataciones las que se señalan a continuación: Convocar a los miembros principales y al suplente, cuando así lo requiera, a las reuniones de la Comisión de Contrataciones.

● Llevar la agenda de los actos de la Comisión de Contrataciones.

Elaborar las actas de los actos de la Comisión de Contrataciones.

Elaborar el orden del día para cada sesión ordinaria y extraordinaria, de ser el caso, y entregarla oportunamente a todos los miembros de la Comisión de Contrataciones.

Elaborar los oficios y demás correspondencias relacionadas con los procedimientos de Contrataciones, y con aquellos asuntos inherentes a la Comisión de Contrataciones.

Llevar el control ordenado de la correspondencia y el archivo de la Comisión de Contrataciones.

Las demás que la Comisión de Contrataciones les atribuya.

ARTícuLo 5. Los miembros de la Comisión de Contrataciones deberán asistir oportunamente a los actos relacionados con los procedimientos de selección de contratistas. En caso de ausencia de cualquiera de sus Miembros Principales, serán suplidos por su suplente respectivo.

ARTÍCULO 6. Los Miembros de la Comisión de Contrataciones serán solidariamente responsables con la Máxima Autoridad por las recomendaciones que se presenten y sean aprobadas.

ARTícULo 7. Cada uno de los Miembros de la Comisión de Contrataciones deberá guardar debida reserva confidencialidad de la documentación presentada a la Comisión de Contrataciones, así como de los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión de los procedimientos de selección de contratistas.

ARTícULo 8. La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de sus Miembros, y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría.

ARTícULo 9. El Miembro que disiente de una decisión la manifestará en el mismo acto, y deberá en un (1) día hábil siguiente, consignar por escrito las razones de su disentimiento, que se anexará al expediente.

ARTícuLo 10. El Auditor Interno, podrá asistir en calidad de observador, sin derecho a voto en los actos de la Comisión de Contrataciones.

ARTícuLo 11. La Comisión de Contrataciones velará por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas, su Reglamento y demás normativa legal vigente aplicable a la materia.

ARTicULo 12. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del día primero (01) de octubre de 2014.

Dada, firmada y sellada en la Sede de La Empresa Socialista Para La Producción De Medicamentos Biológicos, (ESPROMED BIO), C.A, en Caracas a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2014.

Comuníquese y Publíquese,

GERARDO RAUL BRICENO ALVIAREZ PRESIDENTE EMPRESA SOGLALISTA PARA LA PRODUCCION MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, (ESPROMED BIO) SEGÚN CONSTA DE ACTA CONSTITUTIVA DE FECHA DE AGOSTO DE 2014, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL LE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NRO. 40.474, DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2014

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 23 de septiembre de 2014 AVISO OFICIAL 204º 155° y 15° De conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 73 numerales 1 y 11 del Decreto Nro. 6.126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espa cios 38, Acuáticos; en concordancia con los artículos 122, numeral 2, literal f);

numeral 1; y 140 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas.

POR CUANTO

Consta en documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezolag.- Sede Principal, en fecha 13 de agosto de 2012, bajo el Nro. 6, Folios 73 a 83, Tomo 01, Protocolo Único, 3er. Trimestre, el Contrato de Arrendamiento a Casco Desnudo del buque denominado ING-7517, Matrícula AGSP-3371.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado la Extinción de la Inscripción en el Registro Nval Venezolano - Sede Principal y su consecuente desincorporación, así com la extinción de la matrícula, debido al CAMBIO DE BANDERA, según se espe fica a continuación:

FECHA DE OFICINA DE REGISTRO MATRÍCULA BUQUE EXTINCIÓN NAVAL VENEZOLANO 06/08/2014 AGSP-3371 ING-7517 SEDE PRINCIPAL

Comuníquese y Publiquese, GÉSAR VLADIMIR ROMERO SALAZAR del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Resolución Nrc. 050 de fecha 09 de septiembre 2014 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.498 de fecha 16 de septiembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 23 de septiembre de 2014 AVISO OFICIAL.

204º 155° y 15° De conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 73 numerales 1 y 1ª del Decreto Nro. 6.126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espaltios Acuáticos; en concordancia con los artículos 122, numeral 2, literal f); 38, numeral 1; y 140 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas.

POR CUANTO

Consta en documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezola- Sede Principal, en fecha 13 de agosto de 2012, bajo el Nro. 5, Folios 62 a, Tomo 01, Protocolo Único, 3er. Trimestre, el Contrato de Arrendamiento a asco Desnudo del buque denominado ING-5915, Matrícula AGSP-3366.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado la Extinción de la Inscripción en el Registro val Venezolano - Sede Principal y su consecuente desincorporación, así cor la extinción de la matrícula, debido al CAMBIO DE BANDERA, según se específica a continuación:

FECHA DE OFICINA DE REGISTRO MATRÍCULA BUQUE EXTINCIÓN NAVAL VENEZOLANO AGSP-3366 06/08/201 ING-5915 SEDE PRINCIPAL

Comunquese y Publíquese, ESAR VLADIMIR ROMERO SALAZAR Presiatoel Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Según Resolución Nro. 050 de fecha 09 de septiembre 2014 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.498 de fecha 16 de septiembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 23 de septiembre de 2014 AVISO OFICIAL 2040 155° y 15° De conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 73 numerales 1 y 1ªdel Decreto Nro. 6.126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espaltios Acuáticos; en concordancia con los artículos 122, numeral 2, literal f);

H38, numeral 1; y 140 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas.

POR CUANTO

Consta en documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezola Sede Principal, en fecha 13 de agosto de 2012, bajo el Nro. 08, Folios 95 al libs, Tomo 01, Protocolo Único, 3er. Trimestre, el Contrato de Arrendamiento a casco Desnudo del buque denominado ING-5926, Matrícula AGSP-3369.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado la Extinción de la Inscripción en el Registro val Venezolano - Sede Principal y su consecuente desincorporación, así cor la extinción de la matrícula, debido al CAMBIO DE BANDERA, según se espepiica a continuación:

FECHA DE OFICINA DE REGISTRO MATRÍCULA BUQUE EXTINCIÓN NAVAL VENEZOLANO ING-5926 SEDE PRINCIPAL AGSP-3369 06/08/201

Comuníquese y Publíquese, m n

CESAR VLADIMIR ROMERO SALAZAR ante del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Según Resolución Nro 050 de fecha 09 de septiembre 2014 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.498 de fecha 16 de septiembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 23 de septiembre de 2014 AVISO OFICIAL 2040 155º y 15° De conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 73 numerales 1 y 1 del Decreto Nro. 6.126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espascios Acuáticos; en concordancia con los artículos 122, numeral 2, literal f); H38, numeral 1; y 140 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas.

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POR CUANTO

Consta en documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezolaro Sede Principal, en fecha 14 de agosto de 2012, bajo el Nro. 09, Folios 106 a15, Tomo 01, Protocolo Único, 3er. Trimestre, el Contrato de Arrendamiento a $asco Desnudo del buque denominado ING-5917, Matrícula AGSP-3367.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado la Extinción de la Inscripción en el Registro val Venezolano - Sede Principal y su consecuente desincorporación, así com la extinción de la matrícula, debido al CAMBIO DE BANDERA, según se espeaiica a continuación:

FECHA DE OFICINA DE REGISTRO MATRÍCULA BUQUE EXTINCIÓN NAVAL VENEZOLANO AGSP-3367 06/08/201 ING-5917 SEDE PRINCIPAL

Comuniquese y Publíquese, CESAR VLADIMIR ROMERO SALAZAR edentadel Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Resolución Nro. 050 de fecha 09 de septiembre 2014 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.498 de fecha 16 de septiembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 23 de septiembre de 2014 AVISO OFICIAL 2040 155° y 15° del De conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 73 numerales 1 y 11 Decreto Nro. 6.126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espa cios Acuáticos; en concordancia con los artículos 122, numeral 2, literal f);

H38, numeral 1; y 140 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas.

POR CUANTO Consta en documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezolao - Sede Principal, en fecha 14 de agosto de 2012, bajo el Nro. 10, Folios 116 al 26, Tomo 01, Protocolo Único, 3er. Trimestre, el Contrato de Arrendamiento a Casco Desnudo del buque denominado ING-5925, Matrícula AGSP-3368.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado la Extinción de la Inscripción en el Registro Naval extinción de la matrícula, debido al CAMBIO DE BANDERA, según se espedica a continuación:

FECHA DE OFICINA DE REGISTRO MATRÍCULA BUQUE EXTINCIÓN NAVAL VENEZOLANO ING-5925 AGSP-3368 06/08/2014 SEDE PRINCIPAL

Comuniquese y Publíquese, k ESAR VLADIMIR ROMERO SALAZAR Preidena del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Segun Resolución Nro. 050 de fecha 09 de septiembre 2014 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.498 de fecha 16 de septiembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 23 de septiembre de 2014 AVISO OFICIAL 2040 155° y 15° De conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 73 numerales 1 y 1 del Decreto Nro. 6.126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espalios Acuáticos; en concordancia con los artículos 122, numeral 2, literal f);

HB8, numeral 1; y 140 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas.

POR CUANTO Consta en documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezolaro - Sede Principal, en fecha 14 de agosto de 2012, bajo el Nro. 11, Folios 127 al H37, Tomo 01, Protocolo Único, 3er. Trimestre, el Contrato de Arrendamiento a casco Desnudo del buque denominado ING-7525, Matrícula AGSP-3372.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado la Extinción de la Inscripción en el Registro val Venezolano - Sede Principal y su consecuente desincorporación, así corp la extinción de la matrícula, debido al CAMBIO DE BANDERA, según se espeplica a continuación:

FECHA DE OFICINA DE REGISTRO MATRÍCULA BUQUE EXTINCIÓN NAVAL VENEZOLANO 06/08/201 AGSP-3372 ING-7525 SEDE PRINCIPAL

Cgmuníquese y Publíquese, Consuttoria Juno GÉSAR VLADIMIR ROMERO SALAZAR Pretedel Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Segun Resolución Nro. 050 de fecha 09 de septiembre 2014 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.498 de fecha 16 de septiembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 23 de septiembre de 2014 AVISO OFICIAL 2040 155º y 15° De conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 73 numerales 1 y 11 del Decreto Nro. 6.126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espa tios Acuáticos; en concordancia con los artículos 122, numeral 2, literal f);

38, numeral 1; y 140 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas.

POR CUANTO Consta en documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezolamo - Sede Principal, en fecha 10 de octubre de 2012, bajo el Nro. 03, Folios 04 a h5, Tomo 01, Protocolo Único, 4to. Trimestre, el Contrato de Arrendamiento a Casco Desnudo del buque denominado ING-5928, Matrícula AGSP-3370.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado la Extinción de la Inscripción en el Registro Naval Venezolano - Sede Principal y su consecuente desincorporación, así com la extinción de la matrícula, debido al CAMBIo DE BANDERA, según se espedica a continuación:

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FECHA DE OFICINA DE REGISTRO MATRÍCULA BUQUE EXTINCIÓN NAVAL VENEZOLANO 06/08/2014 AGSP-3370 ING-5928 SEDE PRINCIPAL

Comuníquese y Publíquese, CESAR VLADIMIR ROMERO SALAZAR Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Según Resolución Nro. 050 de fecha 09 de septiembre 2014 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.498 de fecha 16 de septiembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 23 de septiembre de 2014 AVISO OFICIAL 204º 155° y 15° De conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 73 numerales 1 y 1 del Decreto Nro. 6.126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Esp tios Acuáticos; en concordancia con los artículos 122, numeral 2, literal f);

38, numeral 1; y 140 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas.

POR CUANTO Consta en documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezola Sede Principal, en fecha 13 de agosto de 2012, bajo el Nro. 7, Folios 84 94, Tomo 01, Protocolo Único, 3er. Trimestre, el Contrato de Arrendamiento a sco Desnudo del buque denominado ING-5907, Matrícula AGSP-3365.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado la Extinción de la Inscripción en el Registro val Venezolano - Sede Principal y su consecuente desincorporación, así con la extinción de la matrícula, debido al CAMBIO DE BANDERA, según se espeafica a continuación:

FECHA DE OFICINA DE REGISTRO MATRÍCULA BUQUE EXTINCIÓN NAVAL VENEZOLANO ING-5907 06/08/201 AGSP-3365 SEDE PRINCIPAL

Comupíquese y Publíanese, l ESAR VLADIMIR ROMERO SALAZAR Présiáabte del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Según Resolución Nro. 050 de fecha 09 de septiembre 2014 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.498 de fecha 16 de septiembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 646 CARACAS, 01 DE OCTUBRE DE 2014 AÑOS 204°, 155° y 15° En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 11 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, en concordancia con el numeral 5 del artículo 5 y el artículo 18 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

DECIDE Artículo 1. Nombrar al ciudadano ALEXI BENJAMÍN TORO INDRIAGO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 3.888.215, a partir del 14 de agosto de 2014, como Auditor Interno (Encargado) del Instituto Nacional de Ios Espacios Acuáticos CÓDIGO RAC-N° 007, mientras se realice el respectivo Concurso.

Artículo 2. El referido ciudadano antes de asumir el cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuentas en los términos y condiciones que determine la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Artículo 3. Los actos y documentos firmados a partir de la publicación de esta Providencia Administrativa, deberán indicar de forma inmediata bajo la firma del funcionario nombrado, la fecha y número de la misma y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la eual haya sido publicada.

Comuníquese y publiquese

~ 2 s0o, CÉSAR VLADIMIR ROMERO SALAZAR Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuátigos Gaceta Oficial Nro. 40.498 de fecha 16 de septiembre de 2014

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

Expediente N° AP61-A-2011-000041 En fecha veintidós (22) de septiembre de 2011 proveniente de la Unidad de de Documentos (U.R.D.D) la Oficina de Recepción y Distribución Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, recibió el presente expediente disciplinario relacionada con la investigación iniciada de oficio por Tribunales contra de la funcionaria judicial la Inspectoria General de MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ con cédula de identidad N° V-10.253.672 en su condición de Jueza Titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

En fecha diecinueve (19) de octubre de 2011 la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial presentó el correspondiente informe y ordenó su remisión al Tribunal Disciplinario Judicial.

En fecha veinte (20) de octubre de 2011 el Tribunal Disciplinario Judicial recibió el expediente signado con la nomenclatura N° AP61-A-2011-000041 y por distribución aleatoria, correspondió su ponencia al Juez HERNÁN PACHECO ALVIAREZ quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

En fecha veinte (20) de octubre de 2011 el Tribunal Disciplinario Judicial admitió cuanto a lugar en derecho la denuncia iniciada de oficio por la Inspectoría General de Tribunales.

En fecha ocho (8) de noviembre de 2011 la ciudadana MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ mediante diligencia se da por notificada de la presente causa.

En fecha quince (15) de noviembre de 2011 se agregó a los autos oficio N° 2614-2011 de fecha 10 de noviembre de 2011 constante de las resultas de la boleta de notificación emanado de la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua donde informó de las reiteradas llamadas telefónicas efectuadas a la Jueza denunciada para que acudiese al Tribunal a darse por notificada.

En fecha dieciséis (16) de noviembre de 2011 el Tribunal Disciplinario Judicial remitió el presente expediente a la Oficina de Sustanciación a los fines de iniciar las investigaciones correspondientes a los hechos denunciados.

En fecha quince (15) de diciembre de 2001 el Tribunal Disciplinario Judicial recibió el presente expediente proveniente de la Oficina de Sustanciación.

En fecha diecisiete (17) de enero de 2012 el Tribunal Disciplinario Judi ordenó citar a la ciudadana MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ en su condición

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de Jueza denunciada, para que presente sus respectivos descargos.

En fecha nueve (9) de febrero de 2012 la ciudadana MIROSLAVA GOITÍA descargos.

En fecha veintitrés (23) de febrero de 2012 las partes presentaron ante el Tribunal Disciplinario Judicial los escritos de promoción de pruebas En fecha veintisiete (27) de marzo de 2012 el Tribunal Disciplinario Judicial acordó fijar la audiencia oral y pública para el dia jueves diez (10) de mayo de 2012 a las diez horas de la mañana (10:00 a.m), en el salón de audiencias de este tribunal.

En fecha diez (10) de mayo de 2.012 se llevó a cabo la celebración de la audiencia oral y pública DE LA AUDIENCIA En fecha diez (10) de mayo de 2.012 a las diez de la mañana (10:00 a.m.) se llevó a cabo la audiencia oral y pública, a la cual se refiere el artículo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana en el presente proceso; se constituyó el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, JACQUELINE SOSA MARIÑO Y CARLOS MEDINA ROJAS; la Secretaria RAQUEL SUE y el Alguacil DARwIN LOVERA, reunidos en la Sala de Audiencias en presencia de la jueza denunciada ciudadana MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ titular de la cédula de identidad N° V-10.253.672, en su condición de Jueza titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

Del desarrollo de la mencionada audiencia se levantó acta cuyo tenor es el siguiente:

"En el día de hoy diez (10) de mayo de 2012, siendo las diez horas antes meridiem (10:00 a.m.). estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales Hernán Pacheco Alviárez, Jacqueline Sosa Mariño y Carlos Medina Rojas, por la Secretaria Raquel Sue González y el Alguacil Darwin Lovera;

reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, ubicada en el s tres (3) del edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, Avenida Francisco de Miranda, entre las calles Élice y La Joya; a los fines de celebrar la audiencia prevista en el articulo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por el proceso disciplinario que se sigue a la ciudadana MIROSLAVA GOITIA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.253.672, por haber incurrido, presuntamente, en faltas disciplinarias durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en el trámite de las causas Nros. 3C-13.367-09; 7C-13.967-09; y N° 7C-13.747- 09, nomenclatura de ese Tribunal, consistentes el primero por presuntamente atentar contra la respetabilidad del poder judicial, falta disciplinaria prevista en el numeral 2 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para la época de la ocurrencia de los hechos, que da lugar a la sanción de destitución; y el segundo y tercero por presuntamente incurrir en abuso o exceso de autoridad, al actuar fuera de los limites de su competencia, faltas disciplinarias previstas en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana que da lugar a la sanción de destitución. En consecuencia, se procede a dar inicio al presente acto: Se deja constancia de las partes presentes en este acto, verificándose la presencia del ciudadano Jeset Garcia Hernández, titular de la cédula de identidad No.V- 12.189.829, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado General de Tribunales, la incomparecencia de la representación de la Fiscalia del Ministerio Público, aun cuando consta en el expediente su debida notificación; y la presencia de la ciudadana Miroslava Goitia Vásquez, titular de la cédula de identidad N° V- 10.253.672 jueza sometida al presente procedimiento disciplinario.

Acto seguido se informa a los presentes que a los fines de garantizar la más exacta y acertada valoración sobre lo discutido, las intervenciones de los presentes serán grabadas. Se concede la palabra a la representante de la Inspectorla General de Tribunales, quien dispone de un tiempo de diez (10) minutos para formular su exposición, quien luego de realizar un recuento de los antecedentes que dieron origen a la investigación del caso bajo estudio, indica las razones de hecho y de derecho por las que considera que la jueza denunciada se encuentra incursa en las argumentos:

Con respecto al ilicito consistente en el presunto atentado contra la respetabilidad del poder judicial, al dejar constancia de un hecho falso, mediante el cual fundamentó el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad al imputado Yemiro Antonio Vergara López, asegurando que no se habia llevado a cabo la presentación del acto conclusivo por parte del Fiscal del Ministerio Público encargado del caso, aún y cuando la precitada acusación fiscal ya habia sido consignada e incluso, la precitada jueza ya habia fijado la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, señaló que la jueza denunciada con su proceder incumplió su deber de administradora de justicia, ya que como directora del proceso estaba en la obligación de velar por el orden, la transparencia y el cada una de las actuaciones que se produzcan en las distintas etapas del proceso, más aun cuando se está en presencia de un delito penal. Asimismo, estableció que la jueza denunciada cuando otorgó la medida cautelar en fecha veinte (20) de noviembre de 2008, basándose en la no presentación del acto conclusivo, en fecha dieciocho (18) de del mismo mes y año había fijado la audiencia preliminar ordenando librar boletas de notificación a las partes, conforme a lo contemplado en el articulo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la presentación del acto conclusivo por parte de la representación del Ministerio Público. En tal sentido, afirma la representación de la Inspectoría General de Tribunales que la conducta desplegada por la jueza denunciada, fue completamente violatoria de los procedimientos contenidos en las leyes y de las garantias procesales que poseen los justiciables ya que no solo desconoce la aplicación del derecho sino que además su conducta es completamente inidónea puesto que contradice sus actuaciones en el mismo momento en el que admite mediante auto la acusación fiscal y fija la fecha para la celebración de la audiencia preliminar y acto seguido otorga medida cautelar sustitutiva de libertad al imputado basándose en el argumento de que la vindicta pública no ha consignado el escrito acusatorio correspondiente; para finalmente excusa su error en la falta de atención del secretario de dicho juzgado a su cargo y en el hecho de que el representante del Ministerio Público interpusiera apelación alguna. Es por ello que consideró que la jueza denunciada atentó contra la responsabilidad del poder judicial, falta disciplinaria que da lugar a la destitución, de acuerdo a lo previsto en el numeral 2 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, instrumento legal vigente para el tiempo que sucedieron los hechos.

Con respecto al segundo ilícito disciplinario imputado consistente en incurrir en abuso o exceso de autoridad al desconocer el criterio sostenido y reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual dejó sentado que los delitos relacionados al tráfico de estupefacientes son considerados como de lesa humanidad, por lo que no admiten beneficios procesales, siendo que la en la causa judicial N° 7C-13967-09, seguida en contra del ciudadano Victor Rodriguez Rengifo, por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de ocultación, a pesar de que el representante del Ministerio Público le solicitó la medida de privación judicial preventiva de libertad, la juez en fecha treinta y uno (31) de imputados, decretó medida cautelar sustitutiva de libertad conforme al articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Asimismo, señala la Inspectoria General de Tribunales, que la jueza denunciada contravino el articulo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilicito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el cual señala que este tipo de establecido en los articulos 250 y 251 del Código Orgânico Procesal Penal, por estimar no cumplidos los presupuestos de procedencia contemplados en las mismas, dejando así, de decretar la privación preventiva de libertad al imputado in comento.

Es por ello que sostuvo la representación de la Inspectoria que una vez más la conducta desplegada por la jueza denunciada, constituye una violación descarada al principio legal iura novit curia haciendo hincapié en que su proceder deja ver ampliamente un desconocimiento total del derecho, y una inhabilidad manifiesta para aplicarlo; lo que la hace inidónea para el cumplimiento del cargo para el cual ha sido destinada. Es por ello, que consideró Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Por último, con respecto al último ilicito disciplinario imputado, consistente en haber incurrido en abuso de autoridad en la tramitación de la causa N° 7C-13747-09, al no emitir el pronunciamiento respectivo y no decretar medida cautelar sustitutiva al imputado José Gómez Gallardo, aún y cuando no fue presentado el escrito de acusación por parte del representante del Ministerio Público dentro del lapso establecido en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, violando con su proceder la tutela judicial efectiva. Expuso que en fecha veinticinco (25) de octubre de 2009, en la causa seguida al imputado antes señalado, la jueza denunciada decretó la flagrancia, el procedimiento ordinario y medida judicial privativa de libertad, ordenando como centro de reclusión el Centro Penitenciario del estado Aragua.

Asimismo, que cinco (5) días antes de cumplirse el lapso para la presentación del acto conclusivo, la jueza denunciada confirió al representante del Ministerio Público la prórroga de quince (15) dias, contados desde la fecha de vencimiento, es decir a partir del veinticuatro (24) de noviembre de 2009, siendo la culminación de la referida prórroga el cuatro (4) de diciembre de 2009, lapso en el cual la Fiscalia no presentó escrito de acusación. Es por ello, que Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, hasta el veinticinco (25) de febrero de 2010, es decir transcurrieron dos (2) meses y veinticinco (25) dias sin pronunciamiento alguno con relación a la medida cautelar sustitutiva de libertad que debia decretarse, conforme a lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; siendo el deber de la jueza denunciada el pronunciarse y decretar una medida cautelar sustitutiva de libertad, pues al omitir su pronunciamiento constituyó una clara y evidente lesión al derecho fundamental de la libertad personal, consagrado en el numeral 1 del articulo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asi como la tutela judicial efectiva, establecida en el articulo 26 Constitucional. Por lo tanto, estableció la representación de la Inspectoria General de Tribunales, que la jueza denunciada incumplió sus obligaciones como administradora de justicia, por cuanto debió emitir pronunciamiento cuando la Fiscalla del Ministerio Público no presentó el escrito de acusación en el lapso legal, más aún cuando se trata de la libertad de una persona, conducta omisiva de la jueza que incumple a su vez los deberes que establecen las leyes, entre ellos el señalado en el

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articulo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incurriendo en abuso e autoridad, falta disciplinaria que da lugar a destitución, de acuerdo a lo previsto en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Culmina su Tribunales solicitando que le sea impuesta a la jueza sometida procedimiento disciplinario la sanción de destitución.

Seguidamente, se le concede el derecho de palabra a la Jueza sometida a procedimiento disciplinario, quien señaló en su defensa lo siguiente: Estableció como punto previo ciertas irregularidades en relación al procedimiento llevado en su contra; y, planteado ello, expuso en cuanto al primer hecho imputado, que la conducta asumida por la Inspectora hace resaltar la manera imparcial con la que actuó, debido que de sus investigaciones es fácil reconocer que las actuaciones fueron agregadas posterior a la solicitud interpuesta por la defensa y la decisión tomada, como lo es la medida cautelar sustitutiva, la cual fue acordada en fecha veinte (20) de diciembre de 2008. Las irregularidades presentadas en la presente causa, fueron ocasionadas por el Secretario Fernando Jahen, debido a que estando en sus funciones de Secretario recibió en el tiempo hábil procedente de las oficinas de alguacilazgo escrito de acusación, quien desconociendo la misma los motivos por los cuales no le dio entrada, no dejó asentado en el libro de causas, no informó a los asistentes sobre el registro de la misma. Informándola que no había recibido acusación por secretaría, que no habla acto conclusivo por alguacilazgo, motivos por los cuales fue otorga la medida, debido que para el momento que el secretario colocó a su disposición la causa, no estaba agregado el acto mencionado. Por lo tanto, solicita se desestime el pedimento realizo por la Inspectoria General de Tribunales, por considerar que no se encuentra incursa en ninguna falta disciplinaria en los hechos que se le imputan.

Por otra parte, en cuanto al segundo ilicito disciplinario imputado, establece la jueza denunciada que actuó conforme a derecho, debido a que en fecha diecisiete (17) de junio de 2009, hay una sentencia N° 067-2009 de la Corte de Apelaciones del Éstado Vargas, que sustenta su decisión, debido a que para ese momento consideró que existian vicios en las actuaciones policiales, por tal sentido que el hecho de otorgar una medida cautelar esto no implica ni justifica una causal de inocencia por el contrario, el hecho de imponer una medida cautelar y obligar a esta sometidos directamente al proceso, hace que el actuar no se haga ilusorio ni irrespetuoso al Estado, por cuanto las medidas cautelares otorgadas pueden perfectamente ser revocadas o modificadas tal sea el caso debido al comportamiento del imputado de conformidad a lo establecido en el articulo 262 del Código Orgánico Procesal Penal; concluyendo que se debe desestimar el pedimento realizado por la Inspectoria, por considerar que no se encuentra incursa en ningún ilicito disciplinario.

Finalmente, en cuanto al tercer y último ilicito disciplinario imputado, arguyó que debido al cúmulo de trabajo diario en el Tribunal de Control que presidía, y el solo hecho de no contar con el personal disponible para las funciones administrativas y el buen funcionamiento del Tribunal, tal como consta en los distintos oficios remitidos a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, situación ésta que fue verificada y constatada por la Inspectoría General de Tribunales que solamente hace referencia al libro de actas situaciones distintas con presidencia, donde solicitaba diariamente personal como asistente y secretarios, debido que un juez, se le hace prácticamente imposible asumir tas funciones jurisdiccionales y administrativas, no puede revisar, archivar, agregar, entre otros, cuando realmente la función es impartir justicia, en el caso particular, el ciudadano imputado una vez que fue presentado se le acordó la medida privativa de libertad y transcurrido el lapso legal, el Ministerio Público, sin motivación alguna no presentó acto conclusivo, donde se debió ciertamente habérsele acordado una medida cautelar sustitutiva, situación ésta que no ocurrió. Justificando su descuido en no verificar la presentación del acto conclusivo e instar al secretario para que realizara tal tramite. En tal sentido, expuso que en ningún momento tuvo intención de causar daño, vejar o causarle daños morales o materiales al ciudadano imputado de autos, ya que ciertamente ante la ausencia por parte de la defensa, quien no instó al tribunal a los fines de materializar la libertad, quien no solicitó la correspondiente cautelar, incurrió en el retraso para materializar la libertad asumiendo su responsabilidad en el descuido la causa, por las razones ya expuestas; asi como que, aunado a ello, su situación personal era que padecia para el momento embarazo de doce (12) semanas y de alto riesgo. Es por ello, que arguyó que en todo caso su actuación debe sancionarse con una amonestación, en virtud de que solamente se trató de un retraso, de un descuido en la tramitación de un proceso o de una diligencia con el fin de materializar la libertad, por tal motivo estableció que pudiese asumir su responsabilidad de esta incursa en la causal de amonestación, subsumible en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, solicitando se desestime el pedimento realizado, en cuanto a la calificación de abuso de autoridad realizada por la Inspectoria.

Posteriormente, las partes hicieron uso de su derecho de réplica, contrarréplica y conclusiones.

Finalizada la exposición de las partes se da por concluido el debate, en consecuencia los jueces del Tribunal Disciplinario Judicial se retiran a deliberar con el objeto de dictar en el presente acto, el pronunciamiento respectivo, anunciando a los intervinientes la reconstitución de la audiencia para el dia de hoy a las tres horas y veinte minutos post meridiem (3:20 p.m.).

Siendo la hora para continuar con el presente acto, los jueces se incorporaron a la Sala de Audiencia con la finalidad de emitir el respectivo pronunciamiento una vez analizados los alegatos de las se procedió a dar lectura a la presente acta cuyo contenido es del tenor siguiente Con respecto a la actividad desarrollada por la Jueza denunciada en el expediente N° 7C-11931-08 este Tribunal Disciplinario Judicial observa que al folio 322 al 326 del expediente riela Acta Especial de Imputación de fecha 14 de octubre de 2008, donde aparece como imputado el ciudadano Yemiro Antonio Vergara López; al folio 327 riela escrito hecho por la defensa del imputado Yemiro Antonio Vergara López, donde solicitó la libertad, alegando que no fue presentado por parte de la Fiscalia Novena del Ministerio Público el acto conclusivo de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal;

al folio 328 pieza 6, riela Acta para Verificación de Acto Conclusivo de fecha 20 de noviembre de 2008 donde consta que el Secrersa del Tribunal a cargo de la Jueza denunciada ciudadano FERNANDO JAHÉN verificó que para esa fecha el representante del Ministerio Público no habia presentado el acto conclusivo, constatándose esa circunstancia del examen que dicho funcionario acompañado de la Alguacil de guardia ciudadana Kiusmaly Bastardo verificó con el examen del Libro que al efecto lleva la referida Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial del Estado Aragua. A los folios 329 al 332 de la pieza 6 del presente expediente, nea decisión de fecha 20 de noviembre de 2008 cautelar sustitutiva a favor del imputado Yemiro Antonio Vergara López, en razón de considerar que el representante del Ministerio Público, según lo verificado en la prenombrada Acta para Verificación de Acto Conclusivo, no consignó escrito acusatorio o acto conclusivo alguno, conllevándole a levantar la medida privativa de libertad que recaía en el imputado. Igualmente observa este Tribunal que del orden numérico en el cual fueron asentadas las actas judiciales a partir del momento en que fue solicitado por la defensa del imputado su libertad, hasta que fija la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar es posterior a tocas las actuaciones que llevan a la jueza denunciada al otorgamiento de la medida cautelar sustitutiva, por tal razón no podria la jueza denunciada tener conocimiento de la consignación por parta del representante del Ministerio Público del acto conclusivo el die 18 de noviembre de 2008. Por lo expuesto considera este Tridunal Disciplinario Judicial que de los recaudos analizados se desprende que coinciden con lo expuesto durante el desarrollo del debate por la ciudadana MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ a su favor, razón por la cual la actividad desplegada por la prenombrada funcionaria judicial se corresponde con la potestad jurisdiccional atribuida a los operadores de justicia y por ende, debe ser desechada la denuncia efectuada por el representante de la Inspectoría General de Tribunales y declarar la ausencia de responsabilidad disciplinaria de la jueza denunciada. Así se declara.

En relación al xpediente N° 7C-13967-09,considera este Tribunal Disciplinario Judicial que según se desprende de acta de presentación del imputado de fecha 31 de diciembre de 2009, la cual riela a los folios 316 al 322 pieza 6 del expediente, la Jueza denunciada decretó medida cautelar sustitutiva de libertad a favor del ciudadano VICTOR MANUEL RODRIGUEZ RENGIFO y PEDRO LUIS BORGAS MORALES, fundamento su decisión en el articulo 256 ordinales 3, 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, señaló que durante el procedimiento policial no se cumplieron los requisitos de la cadena de custodia, no trae firma de los funcionarios que actuaron en ese procedimiento, asi como observó discrepancias en la hora y fecha en la cadena de custodia y observó irregularidades en el acta. Todas estas deficiencias acaecidas durante el desarrollo del procedimiento policial, fueron señaladas por la funcionaria judicial y fue la razón esgrimida para que otorgara en esa oportunidad la medida cautelar sustitutiva a favor de los prenombrados imputados. Se destaca que la actividad desarrollada por la ciudadana MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ, al otorgar dicha medida cautelar fundada en los ordinales 3, 8 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, no permitaô que los imputados pudiesen evadir la justicia y asi éxito la impunidad Por lo expuesto igualmente considera este Tribunal Disciplinario Judicial que de los recaudos analizados, se desprende que coinciden con lo expuesto durante el desarrollo del debate por la ciudadana MIROSLAVA GOITIA VÁSQUEZ a su favor, razón por judicial se corresponde con la potestad jurisdiccional atribuida a los operadores de Justicia y por ende, debe ser desechada la denuncia efectuada por el representante de la Inspectorla General de Tribunales y declarar la ausencia de responsabilidad disciplinaria de la jueza denunciada. Asl se declara.

Con respecto al último ilicito disciplinario imputado, consistente en haber incurrido en abuso de autoridad en la tramitación de la causa N° 7C-13747-09, al no emitir el pronunciamiento respectivo y no decretar medida cautelar sustitutiva al imputado José Gómez Gallardo, aún y cuando no fue presentado el escrito de acusación por parte del representante del Ministerio Público dentro del lapso establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, su proceder la tutela judicial efectiva, falta violando con disciplinaria contenida en el numeral 14 del articulo 33 del Cédigo de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que da lugar a la sanción de destitución, se observa que la jueza denunciada MIROSLAVA COITÍA VÁSQUEZ, ciertamente inobservó sin causa justificada el plazo o termino en la causa seguida al imputado VICTOR GÓMEZ GALLARDO, toda vez que en fecha 25 de atribuciones dictó medida judicial privativa de libertad, posterior en fecha 19 de noviembre de 2009, la misma otorga prórroga legal, previamente solicitada por el Fiscal 14 del Ministerio Público, siendo acordada dicha prorroga por la misma. Asi mismo, en fecha 4 de mayo de 2010, el Juez Joel Romero Femández, le otorga medida cautelar sustitutiva de libertad, al mencionado imputado, conforme al articulo 256 ordinales 3, 6 y 9, ello en virtud de no existir acusación (acto conclusivo). Ahora bien, está demostrado a los autos que el retardo en que incurrió la jueza denunciada para otorgar la sustitutiva de la medida privativa de libertad, constituye un hecho disciplinario el cual es reprochable para este órgano jurisdiccional, ya que tuvo un retraso procesal excedente a los dos (2) meses de acuerdo a lo demostrado por la Inspectoria General de Tribunales No obstante a ello, considera este órgano jurisdiccional, que la sanción por la cual califica dicho Órgano

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Auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, los hechos disciplinarios articulo 33 de Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en virtud de que el abuso de autoridad se enmarca en el ámbito de una actividad ejercida por el juez que no está ajustada en el marco de sus competencias y es abusiva; situación ésta que no se presenta en los hechos disciplinarios descritos, ya que hubo fue una omisión realizada por parte de la jueza denunciada; por lo improcedente a solicitud de destitución por parte de la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el numeral 14 del artículo 33 eiusdem. Ahora bien, vista la omisión realizada por la jueza denunciada, al no dictar medida sustitutiva de la medida Disciplinario Judicial considera pertinente calificar el hecho desch en el numeral del articulo 32 del Código de Ética que rige esta denunciada teria la obligación de dictar dicha decisión cautelar, pero hubo una observancia de los plazos o términos legales para estado de salud que tenia desde el mes de septiembre de 2009 por presentar un embarazo de alto riesgo, dado los antecedentes de aborto que sufrió, para lo cual le fueron dados innumerables reposos médicos expedidos por el Servicio Médico de la Dirección misma no contaba con un equipo calificado y más delicado e importante con un secretario que de la mano con la Juez denunciada garantizara una excelente labor que deberia desempeñar todos los Juzgados de la República Bolivariana de Venezuela; aunado todo ello a que ciertamente no actuó conforme se lo exige el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal en su sexto aparte, en haber concedido medida cautelar sustitutiva de libertad, es más cierto aún, que la defensa privada del imputado Victor Gómez Gallardo, no hizo solicitud alguna a favor de su defendido. Ahcra bien, no obstante a ello se observa que dicha inobservancia fue presentada y sus justificaciones no son lo suficientemente válidas para determinar la inobservancia y omisión referida, tal como se encuentra demostrado, pero esto sin afectar la tutela judicial efectiva, en virtud de que fue dictada dicha decisión y, tanto el imputado y su defensor, como la representación del Ministerio Público, no hicieron referencia ni solicitud alguno en relación a dicha omisión. Por lo tanto, debe este órgano jurisdiccional sancionar a la jueza con suspensión del ejercicio del cargo que ejerce en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, sin goce de sueldo, por un periodo de tres (3) meses, de conformidad con el numeral 2 del articulo 28 del Código de Ética in comento, por estar incursa en la causal establecida en el numeral 1 del articulo 32 eiusdem. Asi se declara. Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariania de Juez Presidente Hernán Pacheco Alviárez, aprobada de manera unánime, declara lo siguiente

PRIMERO: SE ABSUELVE Y SE DECLARA LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA con respecto al ilicito respetabilidad del poder judicial, por el trámite de la causa N° 3C- 13367-09 falta disciplinaria prevista en el numeral 2 del articulo 40

SEGUNDO: SE ABSUELVE Y SE DECLARA LA AUSENCIA DE

fuera de los limites de su competencia en el trámite de la causa N° 7C-13967-09, falta disciplinaria previstas en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana que da lugar a la sanción de destitución.

TERCERO: IMPROCEDENTE solicitud de sanción disciplinarias( incurrir en abuso de autoridad, en trámite de la causa N° 7C-TS7 .09, falta disciplinaria prevista en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana que da lugar a la sanción de destitución. Asimismo, SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL de la jueza causa ya mencionada en este ordinal tercero, de conformidad con el numeral 1 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; y, en consecuencia, se ordena la SUSPENSION del ejercicio del cargo que ejerce en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua por el lapso de tres (3) meses sin goce de sueldo, de conformidad con el numeral 2 del articulo 28 eiusdem.

Se deja constancia que este Tribunal Disciplinario Judicial tuvo a su alcance el expediente disciplinario de la jueza denunciada, donde se constató en el mismo que no recaía en ella sanción disciplinaria alguna, hasta la presente fecha.

Se hace del conocimiento de los presentes, que con la lectura de esta acta se tienen por notificadas las partes del dispositivo de la decisión, de conformidad con el último aparte del articulo 81 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezdlana.

Asimismo, según lo dispone el articulo 82 eiusdem, este Tribunal publicará dento de los cinco (5) días de despacho siguientes, el texto integro de la decisión del presente caso. Igualmente se informa a las partes que la sentencia será ejecutada una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme.

II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Siendo la oportunidad para dictar el extenso de la decisión, se observa que han quedado establecidos los hechos que son objeto del presente proceso disciplinario, pasando este Tribunal Disciplinario Judicial a pronunciarse sobre la responsabilidad disciplinaria de la ciudadana MIROSLAVA GOIriA VÁSQUEZ en su condición de Jueza titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua por presuntamente haber incurrido en faltas disciplinarias en la tramitación de las causas números 3C-13367-09, 7C-13967-09 y 7C-13747-09 llevadas por ese Tribunal.

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES.

VIENZEN? De conformidad con el artículb 509 del Código de Procedimiento Civil, a valorar las pruebas de la parte denunciante INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES de la siguiente manera:

TOIN DOCUMENTALES:

1.- Al folio trescientos veintidós pieza dos (F 322, P 2) corre agregada al expediente disciplinario copia certificada del auto de fecha 14 de octubre de 2008, emanado del Tribunal Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Cvil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el va or probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la Jueza denunciada, le dio entrada a las actuaciones provenientes de la Fiscalía Novena del Ministerio Público y quedó signado con el N° 7C-11931-08 2.- Desde el folio trescientos veintitrés hasta el folio trescientos veintisiete pieza dos (f.323 al 327, P 2) corre agregada al expediente disciplinario copia certificada de acta de fecha 14 de octubre de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la Jueza denunciada, se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida.

se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.35s del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que en fecha 14 de octubre de 2008 en la causa Judicial N° 7C-11931-08 se llevó a cabo ante el Tribunal a YEMIRO ANTONIO VERCARA LÓPEZ. donde decidió admitir la precalificación fiscal, se decreto la flagrancia y decretó la medida privativa libertad en su contra.

3.- Desde el folio trescientos treinta y seis hasta el folio trescientos cuarenta y cuatro pieza dos (F. 336 al 344. P 2) corre agregada al expediente disciplinario copia certificada de escrito de fecha 13 de noviembre de 2.008 dirigido al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, emanado de la Fiscalia Novena del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece e artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que la Fiscalia Novena del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua presentó acto conclusivo con motivo de la presentación en flagrancia en contra del imputado YEMIRO ANTONIO VERGARA LÓPEZ, donde lo acusó por considerarlo responsable de haber cometido los delitos de robo agravado de vehiculo automotor en grado de complicidad correspectiva frustrado, robo agravado, lesiones personal$ y privación arbitraria de la libertad y pidió mantener incólume la medida privativa de libertad.

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4.- Al folio trescientos cuarenta y siete de la pieza dos (f.347, P 2) corre agregado al expediente disciplinario copia certificada de la actuación judicial emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua referida a auto de fijación de audiencia preliminar de fecha 18 de noviembre de 2008; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que en virtud de que la conclusivo el Tribunal a cargo de la Jueza denunciada acordó fijar la audiencia JELA preliminar para el 15 de diciembre de 2008 a las 9 de la mañana

copia certificada del escrito de fecha 18 de noviembre de 2008, emanado del abogado José Peña en su carácter de defensor privado del ciudadano YEMIRO ANTONIO VERGARA LÓPEZ y dirigido del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Cil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto ace plena fe que en fecha 18 de noviembre de 2008 la defensa del imputado EMIRO ANTONIO VERGARA LÓPEZ, solicitó la libertad porque consideró ue la Fiscalía Novena del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua no presentó e acto conclusivo en el plazo establecido en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y que se le imponga una medida menos gravosa conforme a lo indicado en el ordinal tercero del artículo 256 ejusdem 6.- Al folio trescientos veintinueve de la pieza dos (f.329. P 2) corre agregada en copia certificada de acta de fecha 20 de noviembre de 2008 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1 384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que se trata de acta para verificar presentación de acto conclusivo suscrita por la alguacil KIUSMALY BASTARDO adscrita a la Ofidina de Alguacilazgo del Circuito Judiciaeako del Estado Aragua y del Secretario del Tribunal a cargo de la Jueza denunciada FERNANDO JAHEN en la cual se dejó constancia que la Fiscalia Novena del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua en la causa penal N° 7C-11931-08 seguida al imputado Yemiro Antonio Vergara López no presentó acto conclusivo.

7.- Desde el folio trescientos treinta hasta el folio trescientos treinta y tres pieza dos (F 330 al 333. P 2 corre agregada al expediente disciplinario en copia certificada sentencia interlocutoria de fecha 20 de noviembre de 2008 correspondiente a la causa judicial N° 7C-11931-08 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que la juez denunciada dictó decisión interlocutoria donde a solicitud de la defensa del imputado YEMIRO ANTONIO VERGARA con vista a que la Fiscalía del Ministerio Público no habia presentado el respectivo acto conclusivo en el lapso de ley artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal otorgó medida cautelar sustitutiva de libertad consistente en presentaciones cada cuarenta y cinco días por ante las oficinas de alguacilazgo y la obligación de comparecer a todos los llamados del Tribunal.

8.- Al folio trescientos cuarenta y ocho pieza dos (f.348, P2) corre agregada al expediente disciplinario copia certificada de auto de diferimiento de audiencia preliminar emanado del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicia) Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artíqulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene aicno documento fue autorizado por un funcionario público facuiãoA para dar fe pública y por tanto hace plena fe que mediante auto de fecha 15 .PIEL A de diciembre de 2008 el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicia Penal del Estado Aragua en la causa Judicial N° 7C-11931-08 seguida al imputado YEMIRO ANTONIO VERGARA LÓPEZ acordó diferir la audiencia preliminar prevista para ese día, para nueva oportunidad el día 19 de febrero de 2009.

9.- Al folio trescientos cuarenta y nueve de la pieza dos (f.349, P 2) corre agregado al expediente disciplinario copia certificada de auto de diferimiento de audiencia preliminar emanado del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme (o establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que mediante auto de fecha 19 de febrero de 2009 el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Cicuito Judicial Penal del Estado Aragua en la VERGARA LÓPEZ acordó diferir la audiencia preliminar prevista para ese día, para nueva oportunidad el día 13 de marzo de 2009.

10.- Desde el folio trescientos cincuenta hasta el trescientos cincuenta y cinco pieza dos (f.350 al 355 P 2) corre agregado al expediente disciplinario en copia certificada de escrito de fecha 20 de febrero de 2009 suscrito por el ciudadano ORLANDO ONTIvEROS, la victima en la causa Judicial N° 7C- 11931-08 y dirigido al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y po tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultad para dar fe pública y por tanco hace plena fe que el ciudadano ORLANDO ONTIVEROS, en su condicion de victima solicitó al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la jueza denunciada, la anulación de la decisión dictada por ese Tribunal en fecha 20 de noviembre de 2008 donde acordó otorgar al imputado YEMIRO ANTONIO VERGARA LÓPEZ la medida cautelar sustitutiva de libertad 11.- Desde el folio trescientos setenta y seis al folio trescientos ochenta y cuatro de la pieza dos (f.376 al 384 P 2) corre agregada al expediente disciplinario en copia certificada, decisión de fecha 29 de abril de 2009 emanada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal

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le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua anuló la decisión dictada en fecha 20 de noviembre de 2008 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del 11931-08 seguida al imputado YEMIRO ANTONIO VERGARA LÓPEZ..

12.- Desde el folio trescientos veintitrés hasta el folio trescientos veintisiete de la pieza tres (f.323 al 327. P 3) corre agregado al expediente disciplinario en copia certificada del extenso de la decisión interlocutoria dictada en fecha 31 de diciembre de 2009 por el Juzgado Séptimo de.Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la jueza denunciada referidas a la causa judicial N° 7C-13967-09; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público TI1F1A facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que se trata de la publicación del extenso de la decisión interlocutoria dictada en fecha 31 de diciembre de 2009, relacionada con la audiencia especial de presentación de los imputados VÍCTOR RODRÍGUEZ RENGIFO Y PEDRO BORGAS por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas donde dictó decisión en la cual decretó la aprehensión como flagrante; acordó la aplicación del procedimiento ordinario, admitió la precalificación delictual hecha por la representación fiscal; acordó decretar medida cautelar privativa de libertad al imputado VÍCTOR RODRíGUEZ RENGIFO; decretó la libertad plena al imputado PEDRO BORGAS. La representación fiscal ejerció contra esa decisión en ese acto el recurso de apelación con efecto suspensivo, conforme a lo dispuesto en el articulo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, y acordó no decretar la libertad del imputado PEDRO BORGAS hasta tanto la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre el estado de libertad 13.- Desde el folio trescientos dieciséis al folio trescientos veintidós pieza tres certificada actuaciones judicia es emanadas del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la jueza denunciada referidas a la causa judicial N° 7C- 13967-09, referida a la audiencia especial de presentación de fecha 31 de diciembre de 2009; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429

dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que en fecha 31 de diciembre de 2009, se llevó a cabo la audiencia especial de presencación de los imputados VÍCTOR RODRiGUEZ RENGIFO Y PEDRO BORGAS por la presunta comisión del delito de tráfico ilicito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas donde dictó decisión en la procedimiento ordinario, admitió la precalificación delictual hecha por la representación fiscal; acordó decretar medida cautelar privativa de libertad al imputado VÍCTOR RODRÍGUEz RENGIFO; decretó la libertad plena al imputado PEDRO BORGAS. La representación fiscal ejerció contra esa decisión en ese acto el recurso de apelación con efecto suspensivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, y acordó no decretar la libertad del imputado PEDRO BORGAS hasta tanto la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre el estado de libertad 14.- Desde el folio trescientos treinta y tres al folio trescientos treinta y nueve copia certificada de decisión de fecha 14 de enero de 2010 emanada de la Corte de Apelaciones del Cicuito Judicial Penal del Estado Aragua; se Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que en la causa penal N° 7C-13.967 seguida al imputado VÍCTOR RODRÍGUEZ RENGIFO en el expediente N° 7C-13.967 la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua resolvió declarar con lugar el recurso de apelación con efecto suspensivo interpuesto por el Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público del Estado Aragua, en la causa penal N° 7C-13.967-09 seguida al co imputado Victor Rodriguez contra la decisión dictada en la audiencia de presentación de fecha 31 de diciembre de 2009 llevada a cabo en el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la Jueza denunciada MIROSLAVA GOITÍA VASQUEZ.

15.- Desde el folio trescientos trece hasta el folio trescientos dieciséis pieza dos (f. 314 al 316, P 2) corre agregado al expediente disciplinario en copia certificada el acta de audiencia de presentación de fecha 25 de octubre de 2009 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la jue denunciada referidas a la causa judicial N° 7C-13747-09; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no traer sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado 2009 se llevó a cabo en ese Tribunal la audiencia de presentación del imputado JOSÉ VICTORIO GÓMEZ GALLARDO seguida en la causa judicial N° 7C-13747-09. donde la Jueza denunciada admitió la precalificación fiscal del delito de robo agravado previsto en el artículo 458 del Código Penal, se decretó la detención como flagrante, se acordó la aplicación del procedimiento ordinario, decretó medida preventiva privativa de libertad y se ordenó la remisión de las presentes actuaciones a la Fiscalia Novena del Ministerio Público del Estado Aragua.

16.- Al folio trescientos trece pieza dos (f. 313. P 2) corre agregado copia certificada de acta judicial de fecha 19 de noviembre de 2009, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la jueza denunciada referidas a la causa judicial N° 7C-13747-09: se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1:384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que ese Tribunal a solicitud del Fiscal Décimo Cuarto del Ministerio Público, otorgó la prórroga legal de 15 días para la presentación del acto conclusivo conforme a lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

17.- Al folio trescientos dieciocho pieza dos (f. 318. P 2) corre agregado en copia certificada de auto de fecha 4 de mayo de 2010 emanado del Juzgado SEIPLINA Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo del Juez JOEL ROMERO FERNÁNDEZ; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que en fecha 4 de mayo de 2010 el Juez JOEL ROMERO FERNÁNDEZ a cargo

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de ese Tribunal, se constituyó la la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua donde constató que el Fiscal Décimo Cuarto del cautelar sustitutiva de libertad a favor del imputado JOSÉ VICTORIO GÓMEZ GALLARDO conforme a lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. .

18.- Del folio treinta y uno hasta el folio noventa y cinco pieza uno (F. 31 al 95, P1) corre agregado en original acta de inspección integral de fecha 20 de abril de 2010 emanada de la lInspectoría General de Tribunales y practicada sobre las actuaciones comprendidas desde el primero de abril de 2006 al 31 de marzo de 2010 en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo del Juez JOEL ROMERO FERNÁNDEZ; se aprecia y valora por ser un documento articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que el Juez JOEL ROMERO FERNÁNDEZ a cargo del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua le otorgó al imputado JOSÉ VICTORIO GÓMEZ GALLARDO medida cautelar sustitutiva de libertad por decaimiento de la medida judicial privativa de libertad, emitió la respectiva boleta y oficio de libertad ambas el mismo día, dejando sin efecto la decisión dictada en fecha 25 de octubre de 2009 por la Jueza denunciada.

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA PARTE DENUNCIADA.

De conformidad con el articulo 509 del Código de Procedimiento Civil, se pasa a valorar las pruebas de la parte denunciada ciudadana MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ de la siguiente manera:

1.- Al folio trescientos veintidós de la pieza dos (F 322, P 2) corre agregada al expediente disciplinario en copia certificada del auto de fecha 14 de octubre de 2008, emanado del Tribunal Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la Jueza denunciada.

Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo valor esta prueba documental en el capitulo "VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES" en su punto "1", por economía procesal resulta inoficioso pronunciarse sobre el mérito de la misma, asi se decide.

2.- Desde el folio trescientos veintitrés hasta el folio trescientos veintisiete de copia certificada del acta de fecha 14 de octubre de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la Jueza denunciada, Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo valor esta prueba documental en el capitulo "VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES" en su punto "2", por economia procesal resulta inoficioso pronunciarse sobre el mérito de la misma, así se decide.

3.- Al folio trescientos cuarenta y siete de la pieza dos (F 347, P 2) corre emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERALE RIBUNALEs" en su punto "4", por economía procesal resulta inoficioso pronunciarse sobre el mérito de la misma, así se decide.

4 - Al folio trescientos veintiocho de la pieza dos (F.328, P 2) corre agregado copia certificada del escrito de fecha 18 de noviembre de 2008, emanado del abogado José Peña en su carácter de defensor privado del ciudadano YEMIRO ANTONIO VERGARA LÓPEZ y dirigido del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua;

Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES" en su punto "5", por economia procesal resulta inoficioso pronunciarse sobre el mérito de la misma, así se decide.

5.- Al folio trescientos veintinueve de la pieza 2 (f.329. P 2) corre agregada en copia certificada del acta de fecha 20 de noviembre de 2008 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo valor esta prueba documental en el capítulo "VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES" en su punto "6", por economía procesal resulta inoficioso pronunciarse sobre el mérito de la misma, así se decide.

6.- Desde el folio trescientos treinta hasta el folio trescientos treinta y cuatro de la pieza dos (F 330 al 334, P 2) corre agregada al expediente disciplinario en copia certificada actuaciones judiciales de fecha 20 de noviembre de 2008 correspondientes a la causa judicial N° 7C11931-08, emanadas del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo

PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE

pronunciarse sobre el mérito de la misma, asi se decide.

AA

7.ª Desde el folio trescientos cuarenta y cinco hasta el folio trescientos expediente disciplinario en copia certificada boletas de notificación dirigidas al abogado de la defensa y al Fiscal del Ministerio Público de fecha veinticinco de noviembre de 2008; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue según boletas de notificación dirigidas al abogado de la defensa y al Fiscal del Ministerio Público identificadas con los números 6163 y 6162 respectivamente, donde se informó del fallo de fecha 20 de noviembre de 2008 en la causa Judicial N° 7C-11931-08 llevado por ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua haciendo de su conocimiento de la medida cautelar otorgada al imputado Yemiro Antonio Vergara López, en virtud de no haberse presentado acto conclusivo en el lapso de ley.

8. Desde el folio trescientos cincuenta hasta el folio trescientos cincuenta y cinco de la pieza dos (f.350 al 355. P 2) corre agregado al expediente disciplinario en copia certificada escrito de fecha veinte (20) de febrero de 2009, suscrito por la victima ORLANDO ONTIVEROS en la causa Judicial N° 7C-11931-08 seguida al imputado YEMIRO ANTONIO VERGARA LÓPEZ y dirigido al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que. ya estimó en su justo valor esta prueba documental en el capítulo "VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE pronunciarse sobre el mérito de la misma, así se decide.

9.- Desde el folio trescientos setenta y seis al folio trescientos ochenta y cuatro de la pieza dos (f.376 al 384 P 2) corre agregado al expediente disciplinario en copia certificada, decisión de fecha 29 de abril de 2 emanada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Afagua.

Ppr cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo

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válor esta prueba documental en el capítulo "VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES" en su punto "11", por economia procesal resulta inoficioso pronunciarse sobre el mérito de la misma, así se decide.

10.- Desde el folio trescientos setenta y seis al folio trescientos ochenta y cuatro de la pieza dos (f.376 al 384, P 2) corre agregado al expediente disciplinario en copia certificada decisión de fecha 29 de abril de 2009 dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALEs" en su punto "12", por economía procesal resulta inoficioso pronunciarse sobre el mérito de la misma, así se decide.

1/1.- Desde el folio trescientos dieciséis al folio trescientos veintidós de la pieza tres (f. 316 al 322, P 3) corre agregado al expediente disciplinario en copia certificada actuaciones judiciales emanadas del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la jueza denunciada referidas a la causa judicial N° 7C- 13967-09;

Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo

PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE

pronunciarse sobre el mérito de la misma, así se decide..

12.- Desde el folio trescientos treinta y tres al folio trescientos treinta y nueve de la pieza tres (f. 333 al 339, P 3) corre agregada al expediente disciplinario en copia certificada de decisión de fecha 14 de enero de 2010 emanada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo RRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL TRIBUNALES" en su punto "14", por economía procesal resulta inoficioso pronunciarse sobre el mérito de la misma, asi se decide.

13.- Desde el folio trescientos trece hasta el folio trescientos dieciséis de la pieza dos (f. 314 al 316, P 2) corre agregado al expediente disciplinario en copia certificada de actuaciones judiciales emanadas del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del

7C-13747-09.

Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo valor esta prueba documental en el capítulo "VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES" en su punto "15", por economía procesal resulta inoficioso pronunciarse sobre el mérito de la misma, asi se decide.

14.- Al folio trescientos trece de la pieza dos (f. 313, P 2) corre agregado copia certificada de actuación judicial emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la jueza denunciada referidas a la causa judicial N° 7C- 13747-09.

Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo valor esta prueba documental en el capitulo "VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES" en su punto "16", por economía procesal resulta inoficioso pronunciarse sobre el mérito de la misma, así se decide.

15.- Al folio uno de la pieza uno (f 1, P 1) corre agregado al expediente oficio N° CJ-10-241 de fecha 25 de febrero de 2010, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento.Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 25 de febrero de 2010 le informó a la Jueza denunciada MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ que en reunión de fecha 23 de febrero de ese año acordó suspender la sin goce de sueldo como Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, hasta tanto la Inspectoría General de Tribunales presente su acto conclusivo.

16.- Del folio treinta y uno hasta el folio noventa y cinco de la pieza uno (f. 31 al 95. P 1) corre agregado en original acta de inspección integral de fecha 20 de abril de 2010 emanada de la Inspectoría General de Tribunales y practicada sobre las actuaciones comprendidas desde el primero de abril de 2006 al 31 de marzo de 2010 en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo del Juez JOEL ROMERO FERNÁNDEZ.

Por cuanto el Tribunal Disciplinario Judicial observa que ya estimó en su justo valor esta prueba documental en el capitulo "VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES" en su punto "18", por economía procesal resulta inoficioso pronunciarse sobre el mérito de la misma, asi se decide.

17.- Con respecto a las documentales que se encuentran agregadas desde el folio trescientos veintitrés hasta el folio trescientos setenta y uno de la pieza seis (f. 323 al 371. P 6) este Tribunal advierte la necesidad de analizar las cada una de ellas en razón que la promovente en su escrito de promoción no las particularizó, razón por la cual dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil las valora de la siguiente manera:

Al folio trecientos veintitrés de la pieza seis (f. 323, P 6) se encuentra agregada acta N° 17 de fecha 12 de febrero de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, suscrita por la Jueza suplente María del Pilar Corujo y la Secretaria de ese Tribunal Yeline Díaz; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que en dicha acta se dejó constancia que en fecha 12 de febrero de 2008 fue revisado el libro N° ocho (8) correspondientes a los asientos de causas de sobreseimientos de ese Tribunal donde se constató que no se registró por error involuntario el expediente N° 7C-10438- 08 y con el levantamiento de esa acta se subsanó ese error.

Desde el folio trecientos veinticuatro hasta el folio trescientos veintiséis de la pieza seis (F 324 al 326, P 6) se encuentra agregada acta N° 18 de fecha 13 de febrero de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, suscrita por la Jueza suplente María del Pilar Corujo y la Secretaria de ese Tribunal Yeline Diaz; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia centro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil. toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que en esa acta se dejó constancia que en fecha 13 de febrero de 2008 la Jueza suplente María del Pilar Corujo recibió llamada telefónica del director del Centro Penitenciario de Aragua y participó que 5 sujetos fuertemente armados procedieron a rescatar al ciudadano Juan Carios Arismendi quien se le sigue procesamiento en la causa 7C-10377-08.

Desde el folio trecientos veintisiete hasta el folio trescientos veintiocho de la pieza seis (F 327 al 328, P 6) se encuentra agregada acta N° 19 de fecha 20 de febrero de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, suscrita por la Jueza suplente María del Pilar Corujo y la Secretaria de ese Tribunal Yeline Diaz; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el

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dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil toda vez que el acto que contiene dicho documento fu se constató que en ese acta se dejó constancia que en fecha 18 de febrero de 2008 con motivo al plan de descongestionamiento del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, que fueron decretadas las solicitudes de sobreseimientos que quedaron registradas desde el N° 7CSOB-4151-08 hasta el N° 7CSOB- 4450-08.

Al folio trecientos veintinueve de la pieza seis (F 329, P 6) se encuentra agregada acta N° 20 de fecha 27 de abril de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, suscrita por la Jueza suplente María del Pilar Corujo y la Secretaria de ese Tribunal Yeline Diaz; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fecha 27 de abril de 2008, por instrucciones de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua la Jueza Maria del Pilar Corujo deberá continuar supliendo a la Jueza denunciada Miroslava Goitía el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial correspondientes al período 2006 al 2007, a partir del 28 de abril de 2008 al 22 de mayo de ese año.

Al folio trecientos treinta de la pieza seis (F 330, P 6) se encuentra agregada acta N° 21 de fecha 2 de mayo de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, suscrita por la Jueza suplente María del Pilar Corujo y la Secretaria de ese Tribunal Yeline Díaz; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fecha 2 de mayo de 2008 se recibió oficio N° 543-08 emanado de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua donde le participó a la Jueza Maria del Pilar Corujo que deberá continuar con la suplencia en virtud que le fueron acordadas las vacaciones correspondientes al periodo 2006 al 2007, a la Juez titular de ese Tribunal Miroslava Goitía a partir del 28 de abril de 2008 al 22 de mayo de ese año.

Desde el folio trescientos treinta y uno hasta el folio trescientos treinta y dos de la pieza seis (F 331 al 332, P 6) se encuentra agregada acta N° 22 de fecha 23 de mayo de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Clvil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el vaor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público constancia que en fecha 23 de mayo de 2008 se encontraban presentes en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua la Jueza María del Pilar Corujo, la Jueza denunciada Miroslava Goitia y el Secretario de ese Tribunal ciudadano Luis Verde, a fin de hacer entrega del mismo a la Jueza denunciada quien manifestó su conformidad y se reservó el derecho de revisar posteriormente el estado en que se encuentran las causas, solicitudes, los libros especificados en esa acta e inventarios.

agregada acta N° 23 de fecha 17 de julio de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto ese Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Codigo Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue se constató que la jueza denunciada en ese acta dejó constancia que en fecha 17 de julio de 2008, procedió a seleccionar un número de causas y observó que el ciudadano Luis Verde Secretario asignado a ese Tribunal no levantó actas de diferimiento ni de los motivos de no hacerlo en las causas siguientes:

7C-6662-05. 7C-8866-07. 7C-10350-08, 7C-8393-06, 7C-8352-05, 7C-7878- 06, 7C-10739-08, 7C-10741-08, 7C-10374-08, 7C-6886-05 y 7C-10706-08: por tal motivo en las fechas fijadas no se dejó constancia en el libro diario.

Al folio trescientos treinta y cuatro de la pieza seis (F 334, P 6) se encuentra agregada acta N° 24 de fecha 8 de agosto de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que la jueza denunciada Miroslava Goitia en esa acta dejó constancia que en fecha 8 de agosto de 2008, la prenombrada Jueza realizó escrito de inhibición en la causa 7C-10108 seguida contra el ciudadano José Isaías Yorbes por enemistad manifiesta con el abogado de la defensa en esa causa, observando que el ciudadano Luis Verde Secretario asignado a ese ante la Oficina de Alguacilazgo de ese circuito judicial por lo que manifiesta que esta situación causa retardo en esa causa y en otras encomendadas a él y que no puede ser imputada esta irregularidad a la jueza denunciada.

Al folio trescientos treinta y cinco de la pieza seis (F 335, P 6) se encuentra agregada acta N° 25 de fecha 8 de agosto de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el a 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que la jueza denunciada Miroslava Goitia en ese acta dejó constancia que el ciudadano Luís Verde Secretario asignado a ese Tribunal no remitió el expediente N° 7C-10569-08 a la Corte de Apelaciones de ese de la pieza seis (F 336 al 337. P 6) se encuentra agregada acta N° 26 de fecha 15 de agosto de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que fue designada la abogada Mary Carmen Amarista para suplir las vacaciones de la Jueza denunciada Miroslava Goitía del periodo 2007 al 2008 por el lapso comprendido entre el 15 de agosto del 2008 al 15 de septiembre del 2008.

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Desde el folio trescientos treinta y ocho hasta el folio trescientos treinta y de fecha 25 de septiembre de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que en fecha 25 de septiembre de 2008, la abogada Mary Carmen Amarista hace formal entrega del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a la Jueza denunciada Miroslava Goitia previo inventario de libros y mobiliario de ese Tribunal.

Al folio trescientos cuarenta de la pieza seis (F 340, P 6) se encuentra agregada acta N° 28 de fecha 17 de octubre de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que el ciudadano Luis Verde Secretario asignado a ese Tribunal omitió realizar las estadísticas a los fines de ser presentadas los primeros 5 dias de cada mes y que sin embargo, las realizó incompletas cuando se le pese haber insistido al cumplimiento de su labor.

Desde el folio trescientos cuarenta y uno hasta el folio trescientos cuarenta y dos de la pieza seis (F 341 al 342, P 6) se encuentra agregada acta N° 29 de fecha 1 de noviembre de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el attículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un Secretario de ese Tribunal José Tinoco designado por el Coordinador Judicia que a la hora se habían recibido 15 procedimientos, reiterando llamadas a esa Coordinación Judicial a los fines de comunicar esa situación y buscar la designación de otro funcionario y no logró comunicarse ya que el teléfono de la coordinadora se encontraba'apagado dejando mensaje en la contestadora;

posteriormente le comunicó de esta situación al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua sin obtener respuesta, luego se comunicó con la ciudadana Aida Fernández quien le manifestó que ubicarla al personal refiriéndole para suplir la falta de Secretario a la abogada Nelly Mejías; que luego de visto el cúmulo de procedimientos procedió a solicitar la colaboración de la abogada Nelly Mejías, que posteriormente recibió llamada telefónica del Secretario de su Tribunal José Tinoco quien le manifestó que se encontraba en la ciudad de Caracas motivado a que no tenia información sobre la asignación de la guardia, que si era necesario se venía a la ciudad de Macacay manifestando la jueza que la guardia la suplir otra funcionaria y que dejo constancia de lo ocurrido.

Al folio trescientos cuarenta y tres de la pieza seis (F 343, P 6) se encuentra agregada acta de fecha 13 de enero de 2009, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que en fecha 13 de enero de 2008, el Tribunal a cargo de la Jueza denunciada ordenó el cierre del libro de actas.

Al folio trescientos cuarenta y cinco de la pieza seis (F 345, P 6) se encuentra agregada acta N° 1, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidega establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que de la revisión de diversas causas judiciales llevadas por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua la Jueza denunciada observó que en las mismas faltan autos de distintas, lo que trae como consecuencia que las audiencias fijadas no se hábil correspondiente.

Al folio trescientos cuarenta y seis de la pieza seis (F 346, P 6) se encuentra agregada acta N° 2, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que en fecha 29 de abril de 2009 la jueza denunciada dejó constancia de las irregularidades cometidas por el Secretario de su Tribunal Fernando Johen donde observó luego de la diferimientos en los días en que son fijados sin boletas de notificación, boletas de traslado con una fecha y en la agenda del Tribunal con fecha diferente por lo que al momento de presentarse las partes no coinciden con la agenda llevada por el Tribunal produciendo retardo no imputable a la Jueza denunciada según señaló la misma.

agregada acta N° 3 de fecha 29 de abril de 2009, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establécido,em el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue evidencia que la Jueza denunciada constató que el Secretario de su Tribunal Fernando Johen luego de la revisión de varias causas llevadas en su Tribunal realizó doble fijación de audiencias cuyas fechas no coinciden con la agenda llevada por el Tribunal lo que trajo como consecuencia que los actos no se realizaron ya que las partes comparecieron en una fecha y los traslados se materializaron en otra según señaló la Jueza denunciada.

nueve de la pieza seis (F 348 al 349, P 6) se encuentra agregada acta N° 004 de fecha 2 de julio de 2009, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este

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Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un Jueza denunciada dejó constancia de irregularidades y omisiones cometidas por la Secretaria de su Tribunal Fabiola Zapata en el sentido de que sabiendo audiencias preliminares y actas de reconocimientos en rueda de individuos haciendo caso omiso de las exigencias hechas por la Jueza denunciada en las causas judiciales números 7C-1236-09, 7C-12414-09, 7C-2589-03, 7C-12328- 08, 7C-11903-09. por esta razón solicitó el cambio de secretaria a la presidencia de ese circuito.

Al folio trescientos cincuenta de la pieza seis (F 350, P 6) se encuentra agregada acta N° 005 de fecha 2 de julio de 2009, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el antículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia Código Civil. toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que la Jueza Miroslava Goitía en reiteradas ocasiones solicitó a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua la asignación de un asistente al Tribunal, en virtud que sólo se cuenta con dos asistentes asignados.

Al folio trescientos cincuenta y uno de la pieza seis (F 351. P 6) se encuentra agregada acta N° 6 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que la Jueza Miroslava Goitia solicitó a sus asistentes los copiadores de audiencias y todas las actuaciones pendientes en ese Tribunal donde observó que esa actuaciones no están elaboradas en su totalidad, e instó a sus asistentes su elaboración y remisión al archivo.

Al folio trescientos cincuenta y dos de la pieza seis (F 352, P 6) se encuentra agregada acta N° 7 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público Goitia realizó pedimento ante la Coordinación de Servicios Judiciales el cambio de la secretaria Adía Fonseca en virtud de que no realizaba los diferimientos y la fijación de los mismos de manera oportuna, que existe gran cantidad de audiencias no elaboradas, que la Secretaria despachaba a las cuando se le hacía algún llamado de atención respondió de manera grosera.

Al folio trescientos cincuenta y tres de la pieza seis (F 353. P 6) se encuentra agregada acta N° 8 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público dejó constancia que el Tribunal se encontraba de guardia y no compareció la abogada Raquel Nava y que fue sólo hasta las 12 y 30 minutos de la tarde que la Coordinación Judicial mandó una Secretaria suplente a fin de llenar esa vacante temporal, lo cual causó retrasos en la celebración de las audiencias de presentación y molestia a las partes.

Al folio trescientos cincuenta y cuatro de la pieza seis (F 354, P 6) se encuentra agregada acta N° 9 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que fue designada la abogada Rosa Estrella como Secretaria suplente del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua en virtud del reposo médico solicitado por la abogada Raquel Nava.

Desde el folio trescientos cincuenta y cinco hasta el folio trescientos cincuenta emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que la Jueza denunciada solicitó a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua personal para su Tribunal en razón de que la mayoría se encontraba o de reposo médico o de vacaciones.

Desde el folio trescientos cincuenta y siete hasta el folio trescientos cincuenta y nueve de la pieza seis (F 357 al 359, P 6) se encuentra agregada acta N° 11 de fecha 25 de noviembre de 2009 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un constató del contenido del acta, que la jueza denunciada dejó constancia que en fecha 25 de noviembre de 2009 se encontraba en el consultorio médico por consulta obstétrica, cuando recibió llamada telefónica del Presidente del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua por cuanto se encontraban en la sede del Tribunal mencionado familiares de la imputada Marilyn Ramírez en la causa N° libertad, que sin embargo se debía realizar una evaluación de los recaudos presentados por la defensa de la imputada, luego la Presidenta del Circuito se dirige al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y exigió al Secretario de ese Tribunal que levantase el "acta de fiadores" y que los ciudadanos designados como fiadores procederán a la firma del acta y se expidiera la boleta de libertad a lo cual el Secretario se negó alegando que la Jueza denunciada debía evaluar la situación presentada.

Al folio trescientos sesenta de la pieza seis (F. 360, P 6) se encuentra agregada acta N° 12 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no

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haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 de) Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar la jueza denunciada le solicitó a la Secretaria del Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua ciudadana Rosa Estrella la elaboración de las estadísticas y correspondencias llevadas en ese Tribunal y que dicha funcionaria hizo caso omiso de esas disposiciones, situación que la Jueza denunciada notificó a la Coordinación de Servicios Judiciales y a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

Al folio trescientos sesenta y uno de la pieza seis (F 361, P 6) se encuentra agregada acta N° 13 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público dejó constancia solicitó a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua como a la Coordinación de Servicios Judiciales personal para su Tribunal en razón de que la mayoria se los asistentes se encontraba de reposo médico o de vacaciones, lo cual ocasiona retraso en la tramitación de las causas, elaboración de correspondencias y notificaciones.

Al folio trescientos sesenta y dos de la pieza seis (F 362, P 6) se encuentra agregada acta N° 14 de fecha 31 de diciembre de 2009 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue se constató que la jueza denunciada dejó constancia que ese Tribunal para esa fecha se encontraba de guardia con un Secretario y un asistente y que sin embargo el funcionario Pedro Centeno no compareció a la guardia lo cual hizo saber a la Coordinadora de Servicios Judiciales y a la Presidencia del Circuito Judicial del Estado Aragua.

Al folio trescientos sesenta y tres de la pieza seis (F 363. P 6) se encuentra agregada acta de fecha 8 de enero de 2010 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto Código Civil toda vez que el acto que contiene dicho documento fue se constató que la Jueza denunciada dejó constancia que se dispuso cerrar el libro de actas del año 2009.

Al folio trescientos sesenta y cuatro de la pieza seis (F 364, P 6) se encuentra agregada acta de fecha 16 de enero de 2010 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue el Libro de Actas del Tribunal para el año 2010.

Al folio trescientos sesenta y seis de la pieza seis (F 366, P 6) se encuentra agregada acta de fecha 22 de marzo del 2010 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que compareció el abogado Joel Agustín Romero al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a fin de encargarse de ese Tribunal en virtud de la suspensión de la Jueza denunciada Miroslava Goitía.

Al folio trescientos sesenta y siete de la pieza seis (F 367, P 6) se encuentra agregada acta N° 17 de fecha 3 de abril del 2010 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue se constató que la Jueza denunciada dejó constancia que encontrándose ese I! Tribunal de guardia la Secretaria designada ciudadana Eddy Moreno, no compareció a la misma, notificándose a la Coordinación Judicial del Estado Aragua y a la Presidencia de ese Circuito Judicial Penal.

Desde el folio trescientos sesenta y ocho hasta el folio trescientos sesenta y nueve de la pieza seis (F 368 al 369, P 6) se encuentra agregada acta N° 18 de fecha 21 de abril del 2010 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un Jueza denunciada dejó constancia que ella revisó unas causas tramitadas el día 9 de abril del 2010, a los fines de observar si la Secretaria Eddy Moreno había dado trámite correcto a esas causas, dándose cuenta que hubo defecto de forma en los títulos colocados a los autos de diferimiento de esas causas.

Desde el folio trescientos setenta hasta el folio trescientos setenta y uno de la pieza seis (F 370 al 371. P 6) se encuentra agregada acta N° 19 de fecha 19 de agosto del 2010 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de. la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto se constató que en esa fecha el Juez Temporal Joel Agustin Romero hizo entrega formal del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a la ciudadana Yumare Flores previo inventario de l mobiliario; la jueza entrante manifestó su conformidad con el referido acto de entrega.

Jueza denunciada referidas al "acta de cadena de custodia" la cual señaló que exhaustiva de esa pieza y de todas las demás no aparecen agregadas al

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presente expediente disciplinario, por lo cual no es posible su valoración y así se declara.

Analizadas las actas que conforman el presente expediente, estimados en su debate y adminiculándolos con las pruebas, deducir si existe o no responsabilidad disciplinaria que pueda afectar el ejercicio de la función jurisdiccional de la jueza investigada Expresó la representante de la Inspectoría General de Tribunales con relación a los hechos investigados:

Que la primera falta disciplinaria se constituyó cuando la jueza denunciada en el expediente 3C-1367-09 para decretar en fecha 20 de noviembre de 2008 una medida cautelar sustitutiva de libertad al imputado YEMIRO ANTONIO VERGARA LÓPEZ la fundamentó asegurando que no se había llevado a cabo la presentación del acto conclusivo por parte del Fiscal del Ministerio Público encargado del caso; siendo que la precitada acusación fiscal ya había previamente en fecha 18 de noviembre de 2008 había fijado la fecha para la celebración de la audiencia preliminar para el día 15 de diciembre de 2008;

que la jueza denunciada con esta actuación incumplió su deber de administradora de justicia, ya que como directora del proceso estaba en la obligación de velar por el orden, la transparencia y el acatamiento de las normas, así como de la revisión de todas y cada una de las actuaciones que se produzcan en las distintas etapas del proceso; que la conducta desplegada por la jueza denunciada, fue completamente violatoria de los procedimientos contenidos en las leyes y de las garantias procesales que poseen los justiciables puesto que contradice sus actuaciones en el mismo momento que admite mediante auto la acusación fiscal y fija la fecha para la celebración de la audiencia preliminar y acto seguido otorga medida cautelar sustitutiva de libertad al imputado basándose en el argumento de que la vindicta pública no ha consignado el escrito acusatorio correspondiente; que la jueza denunciada se excusa de su error en la falta de atención del secretario de dicho juzgado a denunciada comprende el ilicito consistente en el presunto atentado contra la respetabilidad del poder judicial, falta disciplinaria que da lugar a la destitución, de acuerdo a lo previsto en el numeral 2 del articulo 40 de la L.ey de Carrera Judicial, instrumento legal vigente para el tiempo que sucedieron los hechos.

13967-09, seguida en contra del ciudadano VÍCTOR RODRÍGUEZ RENGIFO que a pesar de que el representante del Ministerio Público solicitó la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del imputado VÍcTOR RODRÍGUEZ RENGIFO, la jueza denunciada en la audiencia de presentación decretó medida sustitutiva de libertad; que la funcionaria judicial cuestionada contravino lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico llícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ya que este indica que este tipo de delitos no goza de beneficios procesales; que una vez más la conducta desplegada por la jueza denunciada, constituye una violación descarada al principio legal iura novit curia haciendo hincapié en que su proceder deja ver ampliamente un desconocimiento total del derecho; que consideró que la jueza denunciada incurrió en abuso o exceso de autoridad, falta disciplinaria prevista en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

13747-09 seguida al imputado JOSÉ GÓMEZ GALLARDO en fecha 25 de octubre de 2009 la jueza denunciada dictó decisión acordando la flagrancia;

seguir la causa por el procedimiento ordinario y decretó medida judicial privativa de libertad; que 5 días antes de cumplirse el lapso para la presentación del acto conclusivo, la jueza denunciada confirió al representater vencimiento, es decir a partir del 24 de noviembre de 2009, siendo la culminación de la referida prórroga el 4 de diciembre de 2009, lapso en el cual la Fiscalia no presentó escrito de acusación; que a pesar que el representante establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la Jueza GÓMEz GALLARDO; que era el deber de la jueza denunciada el pronunciarse y decretar una medida cautelar sustitutiva de libertad, y al no hacerlo constituyó una clara y evidente violación del derecho fundamental de la libertad personal, consagrado en el numeral 1 del articulo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asi como la tutela judicial efectiva, establecida en el articulo 26 Constitucional; que con esta actividad la jueza denunciada incurrió en la falta disciplinaria que da lugar a destitución, de acuerdo a lo previsto en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana Igualmente la Jueza denunciada esgrimió en su defensa las argumentaciones siguientes:

como lo es la medida cautelar sustitutiva, la cual fue acordada en fecha veinte (20) de noviembre de 2008: que las irregularidades presentadas en esa causa fueron ocasionadas por el Secretario FERNANDO JAHEN, ya que ejerciendo sus funciones de secretario recibió en el tiempo hábil el escrito de acusación;

acto conclusivo; que el secretario no dejó asentado en el libro de causas esa actuación y que no le informó a los asistentes del Tribunal a su cargo sobre el registro de la acusación; que el secretario no informó por Secretaría que había recibido la acusación fiscal, que igualmente el secretario no consignó el acto conclusivo ante la Oficina de Alguacilazgo; que por esos motivos fue por los cuales otorgó la medida de libertad; que solicita se desestime lo solicitado por la Inspectoría General de Tribunales, por considerar que no se encuentra incursa en ninguna falta disciplinaria en los hechos que se le imputan.

Por otra parte, en cuanto al segundo ilicito disciplinario imputado, establece la jueza denunciada que actuó conforme a derecho, debido a que en fecha 17 de junio de 2009 hay una sentencia N° 067-2009 de la Corte de Apelaciones del Estado Vargas; que sustentó su decisión de decretar medida cautelar sustitutiva de libertad al imputado VÍCTOR RODRÍGUEZ RENGIFO en virtud decomiso de la droga estaban viciadas; que el hecho de imponer una medida cautelar hace que el actuar no se haga ilusorio ni irrespetuoso al Estado; que las medidas cautelares otorgadas pueden perfectamente ser revocadas o modificadas tal sea el caso debido al comportamiento del imputado de Penal; concluyendo que se debe desestimar el pedimento realizado por la disciplinario.

Finalmente, en cuanto al tercer y último ilicito disciplinario imputado, arguyó que debido al cúmulo de trabajo diario en el Tribunal de Control que presidía, administrativas y el buen funcionamiento del Tribunal, tal como consta en los distintos oficios remitidos a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, situación ésta que fue verificada y constatada por la Inspectoria General de Tribunales que solamente hace referencia al libro de actas situaciones distintas con presidencia, donde solicitaba diariamente personal como asistente y secretarios, debido que un juez, se le hace prácticamente imposible asumir las funciones jurisdiccionales y administrativas, no puede revisar, archivar, agregar, entre otros, cuando realmente la función es impartir justicia, en el caso particular, el ciudadano imputado una vez que fue presentado se le acordó la medida privativa de libertad y transcurrido el lapso legal, el Ministerio Público, sin motivación acordado una medida cautelar sustitutiva, situación ésta que no ocurrió.

Justificando su descuido en no verificar la presentación del acto conclusivo e instar al secretario para que -realizara tal trámite. En tal sentido, expuso que en ningún momento tuvo intención de causar daño, vejar o causarle daños morales o materiales al ciudadano imputado de autos, ya que ciertamente de materializar la libertad, quien no solicitó la correspondiente cautelar,

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incurrió en el retraso para materializar la libertad asumiendo su responsabilidad en el descuido la causa, por las razones ya expuestas; así como que, aunado a ello, su situación personal era que padecía para el momento de embarazo de alto riesgo de doce (12) semanas de gestación. Es por ello, que arguyó que en todo caso su actuación debe sancionarse con una amonestación, en virtud de que solamente se trató de un retraso, de un descuido en la tramitación de un proceso o de una diligencia con el fin de materializar la libertad, por tal motivo estableció que pudiese asumir su responsabilidad de esta incursa en la causal de amonestación, subsumible en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, solicitando se desestime el pedimento realizado, en cuanto a la calificación de abuso de autoridad realizada por la Inspectoría.

Tomando en consideración lo expuesto por la Inspectoría General de Tribunales en su acto conclusivo se observa que los hechos denunciados fueron los siguientes:

Del análisis exhaustivo practicado a las actas judiciales correspondientes al expediente disciplinario, se observó que la representante de la Inspectoria General de Tribunales en su acto conclusivo al referirse a la primera denuncia, indicó el número 3C-13367-09 como el expediente donde ocurrió, cuando realmente la nomenclatura corresponde al número 7C-11931-08, según se evidencia de auto de entrada emanado del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y que corre agregado al folio doscientos treinta y dos pieza dos (F 232 P 2) del expediente disciplinario.

observa que al folio trecientos veintitrés hasta el folio trecientos veintisiete de copia certificada de acta de fecha 14 de octubre de 2008, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua a cargo de la Jueza denunciada donde se constató que en esa fecha se llevó a cabo en ese Tribunal a cargo de la Jueza denunciada, la audiencia de presentación del imputado YEMIRO ANTONIO VERGARA LÓPEZ, donde decidió admitir la precalificación fiscal ómQN presunto autor de los delitos de lesiones personales, privación ilegítima de libertad, robo simple y aprovechamiento de vehiculo, se acordó la flagrancia y decretó la medida privativa de libertad en su contra. Al folio trescientos veintiocho pieza dos (F.328, P 2) corre agregado en copia certificada escrito de fecha 18 de noviembre de 2008, emanado del abogado José Peña en su LÓPEZ donde se evidencia que en esa fecha la defensa del imputado, solicitó la libertad porque consideró que la Fiscalia Novena del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua no presentó el acto conclusivo en el plazo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo al folio trescientos veintinueve de la pieza dos (f.329, P 2) corre agregada en copia certificada de acta de fecha 20 de noviembre de 2008 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua donde consta que se trata de KIUSMALY BASTARDO adscrita a la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y por el ciudadano FERNANDO JAHEN en su condición de Secretario del Tribunal a cargo de la Jueza denunciada. En dicha acta ese funcionario dejó constancia que para esa fecha la Fiscalia seguida al imputado YEMIRO ANTONIO VERGARA LÓPEZ no presentó acto conclusivo. Se observa que desde el folio trecientos treinta hasta el folio solicitud de la defensa del imputado YEMIRO ANTONIO VERGARA en razón de considerar que el representante del Ministerio Público, según lo verificado en la prenombrada acta para verificación de acto conclusivo, no consignó escrito acusatorio o acto conclusivo alguno, en el lapso de ley artículo 250 del libertad.

Advierte este Tribunal que de las actuaciones judiciales relacionadas con el expediente judicial 7C-11931-08 y que corren de los folios trescientos veintiocho hasta el folio trescientos cuarenta y siete de la pieza dos ambos inclusive (F 328 al 347. P 2). una vez revisado el orden numérico decla.

foliatura, se pudo constatar que las actuaciones que llevan a la Jueza denunciada al otorgamiento del la medida cautelar sustitutiva que dio lugar a esta denuncia; fueron agregadas antes de la solicitud de libertad del imputado del Ministerio Público del acto conclusivo el mismo dia dieciocho (18) de noviembre de 2008, y que en efecto fue ésta la situación de hecho que sustitutiva de libertad, de lo que se desprende que los argumentos expuestos por la ciudadana MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ durante el desarrollo del debate en referencia a este punto son coincidentes con la valoración probatoria que permite inferir a este Tribunal que la actividad desplegada por la prenombrada funcionaria judicial se corresponde con la potestad jurisdiccional atribuida a los operadores de justicia y por ende, debe ser desechada la denuncia efectuada por el representante de la Inspectoría General de Tribunales y declarar la ausencia de responsabilidad disciplinaria de la jueza denunciada. Así se declara.

13967-09 este Tribunal Disciplinario Judicial observa que desde el folio 327, P 3), se encuentra agregado al expediente disciplinario el extenso de la Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito con la audiencia especial de presentación de los imputados VÍcTOR RODRÍGUEZ RENGIFO Y PEDRO BORGAS por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas donde se verificó que dictó decisión en la cual decretó la aprehensión como flagrante;

delictual hecha por la representación fiscal; acordó decretar medida cautelar privativa de libertad al imputado VÍCTOR RODRÍGUEZ RENGIFO; decretó la libertad plena al imputado PEDRO BORGAS. La representación fiscal ejerció contra esa decisión en ese acto el recurso de apelación con efecto Procesal Penal, y la Jueza denunciada si bien decretó en esa decisión, medida cautelar sustitutiva al imputado VÍCTOR RODRÍGUEZ RENGIFO, a pedimento de la representante del Ministerio Público, cuando ésta ejerció contra esa decisión el recurso de apelación, acordó no materializar la libertad del referido imputado hasta tanto la Corte de Apelaciones se pronunciara sobre el estado de libertad.

durante el procedimiento policial no se dio cumplimiento a los requisitos de la cadena de custodia, que las actas policiales carecen de firma de los funcionarios que actuaron en ese procedimiento, asi como observó discrepancias en la hora y fecha en la cadena de custodia y observó irregularidades en el acta. Todas estas deficiencias acaecidas durante el desarrollo del procedimiento policial, fueron señaladas por la funcionaria judicial y fue la razón esgrimida para que otorgara tanto la medida cautelar sustitutiva de libertad al imputado VÍCTOR RODRÍGUEZ RENGIFO como la libertad plena al imputado PEDRO BORGAS.

Aprecia este Tribunal que la no materialización de la medida cautelar sustitutiva al imputado VÍCTOR RODRÍGUEZ RENGIFO no permitió que ese imputado pudiera evadir la justicia y así éxito la impunidad; de lo que se GOITÍA VÁSQUEZ durante el desarrollo del debate en referencia a este punto justicia y por ende, debe ser desechada la denuncia efectuada por el representante de la Inspectoría General de Tribunales y declarar la ausencia de responsabilidad disciplinaria de la jueza denunciada. Así se declara.

13747-09 este Tribunal Disciplinario Judicial observa que desde el folio trecientos trece hasta el folio trecientos dieciséis de la pieza dos (f. 314 al 316,

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P 2) corre agregada acta de presentación de fecha 25 de octubre de 2009 correspondiente al imputado JOSÉ VICTORIO GÓMEZ celebrada en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, donde la Jueza denunciada admitió..la. precalificación fiscal del delito de robo agravado, se decretó la detención como flagrante, acordó la aplicación del procedimiento ordinario, decretó medida preventiva privativa de libertad y ordenó la remisión de las presentes actuaciones a la Fiscalia Novena del Ministerio Público del Estado Aragua.

Asimismo se observa que al folio trecientos trece de la pieza dos (f. 313, P 2) corre agregado acta judicial de fecha 19 de noviembre de 2009 emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua donde ese Tribunal a solicitud del Fiscal Décimo Cuarto del Ministerio Público, otorgó la prórroga legal de 15 días para la presentación del acto conclusivo seguida al imputado JOSÉ VICTORIO GÓMEZ GALLARDO.

Igualmente se observa desde del folio doscientos diecisiete hasta el doscientos veinte de la pieza seis (f. 317, P 2) corre agregado parte del escrito de descargos efectuado por la Jueza denunciada y refiriéndose a la presente denuncia en la causa judicial N° 7C-13747-09 entre otras consideraciones se destacan las siguientes:

"(...) En la presente causa se reciben actuaciones encontrándose el tribunal en funciones de guardia donde el (...)Posteriormente el Fiscal del Ministerio Público, estando acto conclusivo. (...) en el caso en particular, el ciudadano medida privativa de libertad y transcurrido el lapso legal, el acordado una medida cautelar sustitutiva, situación esta que no ocurrió. Con lo anteriormente expuesto quiero responsabilidad en el descuido (...)

como ella lo confiesa en su escrito de descargos al referirse a esta última GÓMEz la medida cautelar sustitutiva a la cual tenia derecho en virtud de la no presentación en el lapso legal establecido en el articulo 250 del Código- Orgánico Procesal Penal del acto conclusivo por parte de la representación fiscal.

De lo expuesto se infiere que la jueza denunciada MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ en la causa seguida al imputado VÍCTOR GÓMEZ GALLARDO realizó durante el desarrollo del iter procesal las siguientes actuaciones: en fecha 25 de octubre de 2009 impuso al imputado medida judicial privativa de libertad; el 4 de diciembre de 2009 venció la prórroga para la presentación del prórroga legal, previamente solicitada por la Fiscal Décimo Cuarta del Ministerio Público, en fecha 4 de mayo de 2010; luego el Juez JOEL ROMERO FERNÁNDEZ a cargo para ese momento del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua otorgó medida cautelar sustitutiva de libertad al mencionado imputado, ello en virtud de no existir acto conclusivo Ahora bien de la valoración probatoria efectuada por este Tribunal Disciplinario Judicial se observa que el retardo en que incurrió la jueza denunciada para otorgar la medida sustitutiva de libertad a la cual tenía derecho el imputado por las consideraciones supra señaladas, constituye un hecho reprochable, por cuanto incurrió en retardo procesal injustificado al mantener la medida preventiva privativa de libertad, no observando lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenado con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal No obstante a ello, considera este órgano jurisdiccional, que la sanción por la cual imputó la Inspectoría General de Tribunales por este hecho a la Jueza denunciada, enmarcados ut supra, es decir la establecida en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana referida al abuso de autoridad considera este Tribunal que esa conducta no se enmarca en el ámbito de una actividad ejercida por la Jueza denunciada ya que lo que existió realmente y quedó plenamente demostrado es la actitud omisiva que ocasionó el cometimiento de la falta disciplinaria que da origen a su juzgamiento, por lo tanto, se hace imperioso para este órgano jurisdiccional declarar improcedente la solicitud de destitución por parte de la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el numeral 14 del articulo 33 deL Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Ahora bien, vista la omisión realizada por la jueza denunciada, al no dictar medida sustitutiva a la medida privativa de libertad impuesta al imputado, este Tribunal Disciplinario Judicial considera pertinente calificar este hecho, al contemplado en el numeral uno del artículo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que rige esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en virtud de que la jueza denunciada tenía la obligación de providencia la medida cautelar sustitutiva de libertad, lo cual no hizo, por inobservar el plazo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, que pretendió justificar por el delicado estado de salud que tenía desde el mes de septiembre de 2009 por presentar un embarazo de alto riesgo, dado los antecedentes de aborto que sufrió, lo cual quedó demostrado en autos, aunado que igualmente quedó demostrado que la funcionaria judicial no contaba con un secretario que coadyuvará y garantizara una excelente labor en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales Este Tribunal advierte que en el presente caso tanto la defensa del imputado como el Ministerio Público se mantuvieron silentes al no impulsar por cualquier medio posible la restitución de la situación jurídica infringida por lo cual debe determinar este Tribunal que no fue afectada por ese retardo procesal en que incurrió la Jueza denunciada, la tutela judicial efectiva, en virtud como se expresó, que tanto el imputado y su defensor, como la representación del Ministerio Público, no hicieron referencia ni solicitud alguna en relación a dicha omisión. Por lo tanto, debe este órgano jurisdiccional sancionar a la jueza con la suspensión del ejercicio del cargo que ejerce en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, sin goce de sueldo, por un período de tres (3) meses, de conformidad con el numeral 2 del articulo 28 del Código de Ética in comento, por estar incursa en la causal establecida en el numeral 1 del articulo 32 ejusdem. Asi se declara.

III DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de ley, bajo la ponencia del ciudadano Juez Presidente HERNÁN PACHCo ALVIÁREZ, aprobada de manera unánime, declara lo siguiente

PRIMERO: SE ABSUELVE Y SE DECLARA LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a Ia ciudadana MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.253.672 en su condición de Jueza Titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua con respecto al ilícito disciplinario consistente en el presunto atentado contra la respetabilidad del poder judicial, por el trámite de la causa N° 7C-11931-08 falta disciplinaria prevista en el numeral 2 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para la época de la ocurrencia de los hechos, que da lugar a la sanción de destitución.

SEGUNDO: SE ABSUELVE Y SE DECLARA LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.253.672 en su condición de Jueza titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua con respecto al ilicito disciplinario de incurrir en abuso o exceso de autoridad, al actuar fuera de los límites de su competencia en el trámite de la causa N° 7C-13967-09, falta disciplinaria previstas en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana que da lugar a la sanción de destitución.

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TERCERO: SIN LUGAR a solicitud de sanción disciplinaria por abuso de autoridad en trámite de la causa N° 7C-13747-09 a la ciudadana MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.253.672 en su condición de Jueza Titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, falta disciplinaria prevista en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana que da lugar a la sanción de destitución.

CUARTO: SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL de la ciudadana MIROSLAVA GOITÍA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.253.672 en su condición de Jueza titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua por la omisión en que incurrió en el tramite de la causa N° 7C-13747-09, de conformidad con el numeral 1 del artículo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y en consecuencia, se ordena la SUSPENSIÓN del ejercicio del cargo que ejerce en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua por el lapso de tres (3) meses sin goce de sueldo, de conformidad con el numeral 2 del artículo 28 ejusdern.

Notifiquese a las partes de la presente decisión.

Dada, firmada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial, en la ciudad capital de la República Banvanana de Venezuela, a loszcu(/7.) dias del mes de julio de dos/gil doce (2012) Año,202° de a independencia y 153° de la Federación.

HERNAN PACHECO ALVIÁREZ Juez Bresidente Ponente

CARLOS MEDINA RO,JAS JACOREEINE BOGA MARINO Juez Jueza

Secretana RAQUEL SUE GONZÁLEZ REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

Caracas, 25 de septiembre de 2014 Nº DDPG-2014-523 155°, 204° y 15°

El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° V-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1, 4 y 12, ejusdem; y en el Artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en concordancia con el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias Nros. 797 y 165 de fechas 11 de abril de 2002 y 02 de marzo de 2005, respectivamente,

CONSIDERANDO Que la Defensa Pública fue concebida, por la Constitución. de la República Bolivariana de Venezuela y por la Ley, comó un órgano constitucional del Sistema de Justicia, dotado de plena autonomía funcional, financiera y administrativa.

CONSIDERANDO Que la Defensora o Defensor Público General tiene la atribución para administrar, dirigir, supervisar y organizar la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2013, se dictó el Reglamento Interno sobre el Régimen de Pensiones por Invalidez de las Funcionarias y Funcionarios de la Defensa Pública, publicado en Gaceta Oficial N° 40.165, de fecha 13 de mayo de 2013.

CONSIDERANDO Que la potestad de autotutela, como medio de protección del interés público y del principio de legalidad que rige la actividad administrativa, comprende la posibilidad de revisar los fundamentos fácticos y jurídicos de los actos administrativos, tanto a instancia de parte, como de oficio, por iniciativa de la propia administración.

RESUELVE

PRIMERO: Reformar parcialmente el Reglamento Interno sobre el Régimen de Pensiones por Invalidez de las Funcionarias y Funcionarios de la Defensa Pública, en los términos siguientes:

1- Modificar el Artículo 3 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 3. El otorgamiento de la pensión se hará mediante Resolución motivada de la Defensora o Defensor Público General;

la cual indicará la edad, el número de años de servicio del funcionario o funcionaria cuya pensión se acuerde; el monto del porcentaje de la pensión, así como, la fecha a partir de la cual comenzará a hacerse efectiva la pensión de la que se trate.

Parágrafo Primero: La Resolución mediante la cual se otorgue la pensión será notificada por el Coordinador o Coordinadora de Recursos Humanos a la funcionaria o al funcionario mediante oficio, con especificación del monto de la pensión y la fecha a partir de la cual se hará efectiva.

Parágrafo Segundo: En caso de improcedencia del otorgamiento de la pensión, la Coordinadora o Coordinador de Recursos Humanos deberá, de igual modo, notificar por escrito a la funcionaria o funcionario, esta notificación contendrá la exposición de los motivos de hecho y de derecho por los cuales no fue procedente el beneficio".

2- Modificar el Artículo 4 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente forma:

"Artículo 4. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por asignación mensual por concepto de pensión, la proporción del sueldo devengado durante el último mes por la beneficiaria o beneficiario, de acuerdo con los porcentajes previstos en el tabulador correspondiente, y que a continuación se señalan:

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1.- Sueldo o salario básico.

2.- Diferencia por encargaduría, cuando tenga un mínimo de seis (6) meses percibiéndolo.

3.- Complemento salarial, cuando la funcionaria o funcionario tenga un mínimo de seis (6) meses percibiéndolo.

4.- Prima de profesionalización técnica y universitaria.

5.- Prima de antigüedad.

6.- Prima de mérito.

7.- Prima de transporte".

3- Modificar el Artículo 5 del Reglamento, de la siguiente manera:

"Artículo 5. La funcionaria o funcionario de la Defensa Pública, que sufriere enfermedad o accidente grave que le dejare incapacitado de forma absoluta o permanente para el cumplimiento de sus labores, tendrá derecho a una Pensión por Invalidez, en los montos que se acuerdan en el presente Reglamento.

Parágrafo único: Los trámites para el otorgamiento de la Pensión por Invalidez se iniciarán una vez transcurridas cincuenta y dos (52) semanas o más, de la incapacidad de la funcionaria o funcionario, sin perjuicio de que tales gestiones puedan efectuarse antes de dicho término, dependiendo de la enfermedad o accidente, o el estado permanente de incapacidad".

4- Modificar el Artículo 6 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 6. La Pensión por Invalidez será otorgada por la Defensora Pública General o Defensor Público General, quien determinará el monto de la misma de acuerdo con la proporción aplicable, con fundamento en los criterios de antigüedad, grado de la incapacidad y edad de la funcionaria o funcionario, para lo cual, la Coordinación de Recursos Humanos elaborará el informe respectivo".

5- Modificar el Artículo 7 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente forma:

"Artículo 7. El estado de invalidez será certificado por el Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública o, en su defecto, por el Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magis-ratura, mediante informe médico que acredite ese estado y el acta de la junta médica".

6- Suprimir el Artículo 11 del Reglamento:

"Artículo 11: Declarada la invalidez de conformidad con las disposiciones anteriores, la máxima autoridad de la Defensa Pública procederá al retiro de la funcionaria o funcionaria de la Defensa Pública, pudiendo concederle la jubilación, si esta fuere procedente".

7- Modificar el Artículo 12 del Reglamento, de la siguiente manera:

"Artículo 11. Las pensiones por invalidez comenzarán a cancelarse a las beneficiarias o beneficiarios, a partir de su notificación y durante todo el tiempo que subsista la misma".

8- Se inserta un único párrafo al Artículo 13 del Reglamento, relativo al cómputo del tiempo de servicio, de la siguiente forma:

"Párrafo único: Para el cálculo de la antigüedad, a los fines del otorgamiento del referido beneficio, se computarán los años de servicio prestados, en forma ininterrumpida o no, en la Defensa Pública u otros órganos y entes de la Administración Pública. Si del cómputo total efectuado sobre el tiempo de servicio, resultara una fracción igual o mayor a seis (6) meses, esta se contará igualmente como un (1) año de servicio".

Para validar el tiempo de servicio en la Administración Pública Nacional, serán aplicadas la normativa y política interna que la máxima autoridad haya aprobado; debiendo consignar ante la Coordinación de Recursos Humanos los documentos probatorios de su antigüedad, expedidos por los organismos correspondientes, que deberán indicar fecha de ingreso y egreso, cargo desempeñado, sueldo y jornada de trabajo cumplida".

9- Modificar el Artículo 18 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente forma:

"Artículo 17. El Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública o, en su defecto, el Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura elaborará el informe médico; el cual deberá ser expedido en dos (2) originales, uno para entregarlo al paciente y otro para remitirlo a la Coordinación de Recursos Humanos, junto con el Acta de la Junta Médica correspondiente".

'10- Suprimir el artículo 19 del Reglamento:

"Artículo 19. El informe antes referido, deberá contener:

a.- Diagnóstico del médico tratante.

b.- Diagnóstico del Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública o, en su defecto, del Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

c.- Resultas de los exámenes médicos y tratamiento efectuado a la fecha del informe.

d.- Reposo debidamente conformado.

e.- Recomendación y pronunciamiento sobre la incapacidad de la funcionaria o del funcionario".

11- Modificar el Artículo 20 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 18. La Coordinación de Recursos Humanos verificará la procedencia de la incapacidad; y la sustanciará formando el expediente correspondiente, el cual será remitido mediante Punto de Cuenta a la máxima autoridad de la Defensa Pública, quien emitirá la correspondiente Resolución.

Parágrafo único: Cuando en la verificación de la documentación consignada por la solicitante o el solicitante de la pensión de invalidez, se determine que no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento o en cualquier otra disposición que se dicte al efecto, la Coordinación de Recursos Humanos devolverá la solicitud con mención de aquellas deficiencias de las que adolece la misma, a los fines de que sean subsanadas por la o el requirente, en un lapso de veinte (20) días hábiles. En caso de no ser subsanada la solicitud en el lapso antes referido, se procederá al cálculo de la pensión correspondiente con la antigüedad que conste en su expediente personal".

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12- Modificar el Artículo 24 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente forma:

"Artículo 22. Las pensionadas o pensionados cuyas hijas o hijos cursen estudios regulares tendrán derecho a una prima anual única por concepto de ayuda para útiles, de monto y condiciones iguales a la que perciba el personal activo".

13- Se inserta un nuevo artículo relativo a la incompatibilidad del disfrute de una pensión de invalidez otorgada por esta institución con la pensión de vejez otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 38. No serán compatibles entre sí, las pensiones de invalidez y vejez; pero el beneficiario tendrá derecho a acogerse a la más favorable.

Una vez cumplidos los requisitos exigidos en el presente reglamento para el otorgamiento de la pensión de invalidez, queda encargada la Coordinación de Recursos Humanos de notificar el referido acto administrativo al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a los fines de que tome las previsiones de Ley".

14- Se inserta un nuevo artículo relativo a la suspensión de la pensión de jubilación o pensión de invalidez a los fines de ingresar a un cargo de libre nombramiento y remoción en la Defensa Pública:

"Artículo 39: Los jubilados y las jubiladas de otros organismos públicos deberán suspender el pago del respectivo beneficio a los fines de ingresar a un cargo de libre nombramiento y remoción en esta institución".

15- Se inserta un nuevo artículo relativo a la prohibición de otorgar el beneficio de la pensión de invalidez laboral a aquellas personas que ya tengan un beneficio por otro organismo público:

"Artículo 40. No le corresponderá el beneficio de pensión de invalidez laboral al personal que haya ingresado a la institución, y le haya sido otorgada con anterioridad una jubilación o una pensión por incapacidad laboral en cualquier otro organismo público."

16- Se modifica el Artículo 41 del Reglamento, quedando de la siguiente manera:

"Artículo 42. La Resolución mediante la cual la Defensora Pública General o Defensor Público General hubiere acordado el otorgamiento, extinción, anulación o revocatoria de la pensión será notificada por escrito, a los beneficiarios y las beneficiarias".

17- Suprimir el Artículo 42 del Reglamento:

"Artículo 42. A los efectos de las Pensiones de Invalidez, la Defensa Pública continuará tramitando lasconstancias y evaluaciones médicas correspondientes ante el Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, hasta tanto el Servicio de Seguridad y Salud de esta institución cuente con una estructura acorde para procesar tales casos a nivel nacional".

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, se ordena la reimpresión en un solo texto del Reglamento Interno sobre el Régimen de Pensiones por Invalidez de las funcionarias y funcionarios de la Defensa Pública, con las reformas introducidas por la presente resolución, y en el texto único sustitúyanse las fechas, firmas y demás citas de promulgación.

Dado, firmado y sellado-en:el Despasho Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y Pyblíquese, AbOg. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado imediante Acuerdo deña Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011yRublicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2013-421 Caracas, 07 de mayo de 2013 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° V-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1, 4 y 12, ejusdem, en concordancia con el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias Nros. 797 y 165 de fechas 11 de abril de 2002 y 02 de marzo de 2005 respectivamente,

CONSIDERANDO

Que la Defensa Pública fue concebida, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por la Ley, como un órgano constitucional del Sistema de Justicia, dotado de plena autonomía funcional, financiera y administrativa.

CONSIDERANDO

Que la Defensora o Defensor Público General tiene la atribución para administrar, dirigir, supervisar y organizar la Defensa Pública.

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 86, prevé la creación de un Sistema de Seguridad Social por una ley orgánica; cometido materializado mediante la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, cuyo texto vigente establece que, hasta tanto se promulgue la Ley que regule el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, se mantiene vigente la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la

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Administración Pública Nacional, de los estados y los municipios, y su Reglamento.

CONSIDERANDO Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencias N° 797, de fecha 11 de abril de 2002, y 165, del 02 de marzo de 2005, estableció que los órganos constitucionales dotados de autonomía funcional tienen la potestad reglamentaria para dictar sus propios reglamentos en materia de previsión y seguridad social sin que ello implique violación a la reserva legal; toda vez que para esa ocasión, al igual que en la actualidad, aún no se había dictado una normativa que incluyera a tales órganos dentro del ámbito de aplicación de la ley nacional que regula el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos y funcionarias públicas, confirmando con ello el Tribunal Supremo de Justicia, lo previsto el Artículo 147 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que la Defensa Pública está excluida del ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los estados y los municipios; así como, de su Reglamento.

Dicta la siguiente RESOLUCIÓN REGLAMENTO INTERNO SOBRE EL RÉGIMEN DE PENSIONES POR INVALIDEZ DE LAS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSA PÚBLICA CAPÍTULO I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1. El presente Reglamento Interno tiene por objeto establecer las normas que regulan los derechos a la Pensión por Invalidez de las Funcionarias y Funcionarios Públicos que prestan servicio en la Defensa Pública, así como, el derecho de sus familiares a la Pensión de Sobreviviente.

Las presentes normas se regirán por los principios de transparencia, celeridad, simplificación y eficacia de los trámites administrativos, que permitan el disfrute oportuno y legítimo de los beneficios a que se refiere este Reglamento Interno.

Se exceptúa de la aplicación de este Reglamento a las obreras, obreros, contratadas y contratados de la Defensa Pública.

Artículo 2. La Pensión por Invalidez se otorgará por la Defensa Pública, una vez que la beneficiaria o beneficiario cumpla con los requisitos previstos en el presente Reglamento Interno.

Artículo 3. El otorgamiento de la pensión se hará mediante Resolución motivada de la Defensora o Defensor Público General; la cual indicará la edad, el número de años de servicio del funcionario o funcionaria cuya pensión se acuerde; el monto del porcentaje de la pensión, así como, la fecha a partir de la cual comenzará a hacerse efectiva la pensión de la que se trate Parágrafo Primero: La Resolución mediante la cual se otorgue la pensión será notificada por el Coordinador o Coordinadora de Recursos Humanos a la funcionaria o al funcionario mediante oficio, con especificación del monto de la pensión y la fecha a partir de la cual se hará efectiva.

Parágrafo Segundo: En caso de improcedencia del otorgamiento de la pensión, la Coordinadora o Coordinador de Recursos Humanos deberá, de igual modo, notificar por escrito a la funcionaria o funcionario, esta notificación contendrá la exposición de los motivos de hecho y de derecho por los cuales no fue procedente el beneficio.

Artículo 4. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por asignación mensual por concepto de pensión, la proporción del sueldo devengado durante el último mes por la beneficiaria o beneficiario, de acuerdo con los porcentajes previstos en el tabulador correspondiente, y que a continuación se señalan:

1.- Sueldo o salario básico.

2.- Diferencia por encargaduría, cuando tenga un mínimo de seis (6) meses percibiéndolo.

3.- Complemento salarial, cuando la funcionaria o funcionario tenga un mínimo de seis (6) meses percibiéndolo.

4.- Prima de profesionalización técnica y universitaria.

5.- Prima de antigüedad.

6.- Prima de mérito.

7.- Prima de transporte.

Parágrafo único: En ningún caso, el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional. Si por alguna circunstancia dicho monto es inferior al salario mínimo, procederá el reajuste automático de la pensión.

CAPÍTULO II DE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ Sección I Disposiciones generales Artículo 5. La funcionaria o funcionario de la Defensa Pública, que sufriere enfermedad o accidente grave que le dejare incapacitado de forma absoluta o permanente para el cumplimiento de sus labores, tendrá derecho a una Pensión por Invalidez, en los montos que se acuerdan en el presente Reglamento.

Parágrafo único: Los trámites para el otorgamiento de la Pensión por Invalidez se iniciarán una vez transcurridas cincuenta y dos (52) semanas o más, de la incapacidad de la funcionaria o funcionario, sin perjuicio de que tales gestiones puedan efectuarse antes de dicho término, dependiendo de la enfermedad o accidente, o el estado permanente de incapacidad.

Artículo 6. La Pensión por Invalidez será otorgada por la Defensora Pública General o Defensor Público General, quien determinará el monto de la misma de acuerdo con la proporción aplicable, con fundamento en los criterios de antigüedad, grado de la incapacidad y edad de la funcionaria o funcionario, para lo cual, la Coordinación de Recursos Humanos elaborará el informe respectivo.

Artículo 7. El estado de invalidez será certificado por el Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública o, en su defecto, por el Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, mediante informe médico que acredite ese estado y el acta de la junta médica.

Artículo 8. La pensión por invalidez se tramitará a solicitud de la interesada o del interesado; o de oficio, con base en el informe médico respectivo y demás documentos probatorios, debiendo cumplirse íntegramente el procedimiento establecido en el presente Reglamento.

Artículo 9. Si la invalidez declarada desaparece por cualquier causa, la funcionaria o funcionario deberá solicitar su reincorporación al Organismo. A estos efectos, la Coordinación de Recursos Humanos, a través del Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública, y a falta de este, el Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura declarará extinguida la invalidez.

Parágrafo único: Si la interesada o interesado no hiciere la solicitud y existieren fundadas razones para estimar que ha cesado la invalidez, la Defensa Pública deberá realizar las gestiones, trámites y diligencias que considere pertinentes para comprobar la existencia o no del estado de invalidez, a los fines de decidir sobre la reincorporación al cargo.

Artículo 10. En caso de que no se pudiera realizar la comprobación señalada anteriormente, por causa imputable al funcionario o funcionaria, la Defensa Pública suspenderá el pago de la respectiva pensión, el cual solo será restituido cuando el funcionario o funcionaria demuestre que se mantiene el estado de invalidez o las causas por las cuales no permitió que el organismo realizara la comprobación respectiva, pudiendo la máxima autoridad adoptar las medidas aplicables al caso, de conformidad con la Ley.

Artículo 11. Las pensiones por invalidez comenzarán a cancelarse a las beneficiarias o beneficiarios, a partir de su notificación y durante todo el tiempo que subsista la misma.

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Artículo 1.2. La Pensión por Invalidez es otorgada a las funcionarias o funcionarios de la Defensa Pública en los siguientes casos:

1.- Por incapacidad total y permanente para el trabajo: Cuando se pierde la capacidad para trabajar en más de dos tercios (2/3). En este caso, el monto de la pensión no será mayor del setenta por ciento (70%) ni menor del cincuenta por ciento (50%) del último sueldo devengado por la funcionaria o funcionario, incluyendo los conceptos señalados en el Artículo 4 de este Reglamento.

2.- Incapacidad parcial y permanente para el trabajo: Cuando la capacidad para trabajar fenece en más de un tercio (1/3), pero menor a dos tercios (2/3). En este caso, el monto de la pensión estará comprendido entre el cuarenta por ciento (40%) y el sesenta por ciento (60%) de la última remuneración de la funcionaria o funcionario, incluyendo los conceptos señalados en el Artículo 4 de este Reglamento.

Parágrafo único: Si el accidente o la enfermedad que dio origen a la invalidez ocurrieron con ocasión del trabajo, el monto de la Pensión por Invalidez será el cien por ciento (100%) de la última remuneración devengada por la funcionaria o funcionario, incluyendo los conceptos señalados en el Artículo 4 de este Reglamento.

Artículo 13. El monto o porcentaje de la Pensión por Invalidez de las funcionarias y funcionarios de la Defensa Pública será calculado por la Coordinación de Recursos Humanos, tomando en cuenta el grado de la incapacidad, antigüedad y edad del trabajador, conforme a las fórmulas estipuladas en los tabuladores anexos al presente Reglamento como parte integrante del mismo.

Parágrafo único: Para el cálculo de la antigüedad, a los fines del otorgamiento del referido beneficio, se computarán los años de servicio prestado, en forma ininterrumpida o no, en la Defensa Pública u otros órganos y entes de la Administración Pública. Si del cómputo total efectuado sobre el tiempo de servicio, resultara una fracción igual o mayor a seis (6) meses, esta se contará igualmente como un (1) año de servicio.

Para validar el tiempo de servicio en la Administración Pública Nacional, serán aplicadas la normativa y política interna que la máxima autoridad haya aprobado; debiendo consignar ante la Coordinación de Recursos Humanos los documentos probatorios de su antigüedad, expedidos por los organismos correspondientes, que deberán indicar fecha de ingreso y egreso, cargo desempeñado, sueldo y jornada de trabajo cumplida.

Sección II Del procedimiento Artículo 14. La invalidez será declarada por el Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública o, en su defecto, por el Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La solicitud, trámite y otorgamiento de la pensión se hará a través del procedimiento descrito en la presente sección.

Artículo 15. Ocurrida la contingencia de salud, y si la funcionaria o funcionario fuese atendido por otra institución médica, pública o otorgamiento de la pensión se hará a través del procedimiento descrito en la presente sección.

Artículo 16. Practicada la evaluación y a los fines de emitir sus resultas, el Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública o, en su defecto, el Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura podrá realizar todas las diligencias, exámenes, evaluaciones y trámites que considere pertinentes, tales como verificaciones, informes sociales y económicos, entre otros.

Artículo 17. El Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública o, en su defecto, el Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura elaborará el informe médico; el cual deberá ser expedido en dos (2) originales, uno para entregarlo al paciente y otro para remitirlo a la Coordinación de Recursos Humanos, junto con el Acta de la Junta Médica correspondiente.

Artículo 18. La Coordinación de Recursos Humanos verificará la procedencia de la incapacidad; y la sustanciará formando el expediente correspondiente, el cual será remitido mediante Punto de Cuenta a la máxima autoridad de la Defensa Pública, quien emitirá la correspondiente Resolución.

Parágrafo único: Cuando en la verificación de la documentación consignada por la solicitante o el solicitante de la pensión de invalidez, se determine que no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento o en cualquier otra disposición que se dicte al efecto, la Coordinación de Recursos Humanos devolverá la solicitud con mención de aquellas deficiencias de las que adolece la misma, a los fines de que sean subsanadas por la o el requirente, en un lapso de veinte (20) días hábiles. En caso de no ser subsanada la solicitud en el lapso antes referido, se procederá al cálculo de la pensión correspondiente con la antigüedad que conste en su expediente personal.

Artículo 19. La máxima autoridad de la Defensa Pública devolverá el expediente a la Coordinación de Recursos Humanos con la respectiva decisión sobre el otorgamiento de la pensión, debiendo esta Coordinación, en caso de ser aprobado el beneficio, realizar los trámites necesarios para incorporar a la funcionaria o funcionario al registro correspondiente y a la Nómina de Incapacitados de la Defensa Pública, a los efectos del pago de la pensión. La funcionaria o funcionario, será retirado del servicio a partir del momento en que sea notificado del otorgamiento del beneficio y se active el pago de la pensión correspondiente.

CAPÍTULO III DE LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS DE LAS PENSIONADAS O PENSIONADOS POR INVALIDEZ Artículo 20. Las pensionadas o pensionados por invalidez tendrán derecho a disfrutar de los beneficios socioeconómicos contemplados en este capítulo.

Artículo 21. La pensionada o pensionado tendrá derecho a los beneficios que otorga el sistema de seguro colectivo de hospitalización, cirugía, maternidad, previsión familiar, vida y manifieste su voluntad de inscribirse en el mismo y cancele la cuota correspondiente cuando proceda.

Artículo 22. Las pensionadas o pensionados cuyas hijas o hijos cursen estudios regulares tendrán derecho a una prima anual única por concepto de ayuda para útiles, de monto y condiciones iguales a la que perciba el personal activo.

Artículo 23. Las pensionadas o pensionados disfrutarán de la bonificación de fin de año, la cual será calculada en la misma forma en que se haga para el personal activo.

Artículo 24. La Defensa Pública cancelará trimestralmente a las pensionadas o pensionados un Bono Asistencial, cuyo monto será fijado por la máxima autoridad de esta institución.

Artículo 25. Con el objeto de estimular el ahorro, este órgano constitucional causará a favor de cada pensionada o pensionado el aporte patronal en los mismos términos en que se haga para el personal activo, aporte este que se situará en la Caja de Ahorros de la Defensa Pública.

Artículo 26. La pensionada o pensionado tendrá derecho a utilizar el Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública, en su defecto y de acuerdo con los convenios que se celebren, el Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en las mismas condiciones que el personal activo.

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CAPÍTULO IV DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE Sección I Disposiciones generales

Artículo 27. La pensión de sobreviviente se causará desde el día siguiente al fallecimiento de la funcionaria o funcionario incapacitado.

Artículo 28. Tendrán derecho a la pensión de sobreviviente las hijas o hijos, la cónyuge o el cónyuge, la concubina o concubino y la madre o el padre del causante que cumplan las siguientes condiciones:

a) Las hijas o hijos hasta los dieciocho (18) de edad.

b) Las hijas o hijos mayores de dieciocho (18) años de edad, hasta los veinticinco (25) años, que cursen estudios superiores, siempre que sean solteras o solteros y no estén laborando.

c) Las hijas e hijos de cualquier edad que se encuentren en estado de discapacidad, es decir, que por causas congénitas o adquiridas, presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal, permanente o intermitente, que impliquen desventajas que dificultan o impiden su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en Igualdad de condiciones con los demás.

d) La hija o hijo póstumo tendrá derecho a la pensión a partir del día de su nacimiento.

e) La cónyuge o el cónyuge, la concubina o el concubino sobreviviente.

f) La concubina o concubino deberá acreditar fehacientemente que existió la relación concubinaria, mediante acta de unión estable de hecho, debidamente inscrita ante el Registro Civil correspondiente o, en su defecto, la sentencia declarativa de tal unión, emitida por un órgano jurisdiccional.

g) A falta de los anteriores, la madre o el padre.

Artículo 29. El monto de la pensión de sobreviviente será igual al de la pensión por invalidez del o la causante y se distribuirá conforme a lo establecido en la Declaración de Únicos y Universales Herederos.

Sin embargo, las beneficiarias y beneficiarios no disfrutarán de los beneficios socioeconómicos del pensionado fallecido.

Artículo 30. A medida que cada beneficiario cese en el derecho a su cuota de pensión de sobreviviente o que nazca la hija o hijo póstumo, dicha cuota será redistribuida de acuerdo con lo establecido en la nueva Declaración de Únicos y Universales Herederos.

En caso de que haya un solo beneficiario, a este le corresponderá el monto total de la pensión de sobreviviente.

Sección II Del procedimiento Artículo 31. La pensión de sobreviviente se tramitará a solicitud de cualquiera de las o los interesados, quienes deberán comprobar su cualidad para ser titulares de tal derecho.

Artículo 32. La solicitud de pensión de sobreviviente deberá ser presentada por las y los interesados ante la Coordinación de Recursos Humanos, dentro de los seis (6) meses contados a partir de la fecha de fallecimiento de la pensionada o pensionado.

Artículo 33. Los titulares del derecho a disfrutar de la pensión de sobreviviente deberán acreditar los documentos siguientes:

a) Copia certificada de la partida de defunción de la pensionada o pensionado fallecido.

b) Declaración de Únicos y Universales Herederos.

c) Si la pensión es solicitada por el o la cónyuge sobreviviente, copia certificada del acta de matrimonio; si el o la solicitante es la concubina o concubino, copia certificada del acta de unión estable de hecho debidamente inscrita ante el Registro Civil correspondiente o, en su defecto, la sentencia declarativa de tal unión por un órgano jurisdiccional.

d) Si los o las solicitantes son hijos o hijas del causante, copia certificada de la partida de nacimiento; los o las de edad comprendida entre dieciocho (18) y veinticinco (25) años deberán presentar, además, constancia certificada de estudios y constancia de soltería; si se tratare de mayores de edad discapacitados, adicionalmente, deberán acompañar certificación médica de su incapacidad, debidamente conformada por el Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública o por cualquiera de los entes competentes indicados en los artículos precedentes.

e) Si las o los beneficiarios son niños, niñas o adolescentes, se debe consignar la autorización judicial emitida por el órgano Jurisdiccional competente.

f) Si las o los solicitantes son la madre o el padre del o la causante, deberán presentar la partida de nacimiento de este.

Artículo 34. Las beneficiarias o beneficiarios de una pensión de sobrevivencia deberán suministrar anualmente la documentación que requiera la Coordinación de Recursos Humanos. En caso de no consignar tal documentación, se procederá a la suspensión del pago de la pensión.

CAPÍTULO V DISPOSICIONES FINALES Artículo 35. El monto de las pensiones deberá ser revisado y ajustado en los casos en que se produzcan modificaciones en el régimen de remuneraciones del personal activo.

Artículo 36. Las beneficiarias y beneficiarios de una pensión de invalidez deberán consignar la correspondiente Fe de Vida, ante la Coordinación de Recursos Humanos, durante el mes de enero de cada año o cuando les sea solicitada por el organismo.

Artículo 37. Son causales de extinción, las siguientes:

1.- La muerte de la pensionada o pensionado, cuando no existan herederos o herederas que soliciten Pensión de Sobreviviente.

2.- El cese de la incapacidad declarada a la funcionaria o funcionario.

3.- La negativa de la funcionaria o funcionaria a practicarse la evaluación médica con ocasión de la verificación de la incapacidad otorgada.

4.- La extinción de los derechos del último o última sobreviviente.

5.- Cualquier otra que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 38. No serán compatibles entre sí, las pensiones de invalidez y vejez; pero el beneficiario tendrá derecho a acogerse a la más favorable.

Una vez cumplidos los requisitos exigidos en el presente reglamento para el otorgamiento de la pensión de invalidez, queda encargada la Coordinación de Recursos Humanos de notificar el referido acto administrativo al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a los fines de que tome las previsiones de Ley.

Artículo 39. Los jubilados y las jubiladas de otros organismos públicos deberán suspender el pago del respectivo beneficio a los fines de ingresar a un cargo de libre nombramiento y remoción en esta institución.

Artículo 40. No le corresponderá el beneficio de pensión de invalidez laboral, al personal que haya ingresado a la institución y le haya sido otorgada con anterioridad una jubilación o una pensión por incapacidad laboral en cualquier otro organismo público.

Artículo 41. Son causales de anulación o revocatoria, las siguientes:

1.- Que el acto administrativo que otorgó el beneficio adolezca de algún vicio de nulidad absoluta o relativa de conformidad con la Ley.

2.- El haber consignado, la beneficiaria o beneficiario, documentación falsa al momento de solicitar el beneficio.

3.- El incumplimiento, por parte de la beneficiaria o beneficiario incapacitado, de las medidas médicas dirigidas a la disminución o cese de ese estado.

4.- Los errores de forma y cálculo en que se hubiere incurrido al momento de dictar el acto administrativo que concedió el beneficio.

5.- Cualquier otra que señalen las leyes y reglamentos.

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Artículo 42. La Resolución mediante la cual la Defensora Pública General o Defensor Público General hubiere acordado el otorgamiento, extinción, anulación o revocatoria de la pensión será notificada por escrito, a los beneficiarios y las beneficiarias.

Artículo 43. Las pensiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Reglamento tendrán plena validez; y su tratamiento estará de acuerdo con los términos previstos en los actos mediante los cuales fueron acordadas.

Artículo 44. La máxima autoridad de la Defensa Pública, a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, dará curso a los trámites de pensiones por invalidez en la medida en que el organismo cuente con la disponibilidad presupuestaria requerida para ello, dando prioridad a los casos más urgentes por razones de edad y salud, así como, a la antigüedad de la respectiva solicitud.

Artículo 45. Las dudas que surjan con ocasión de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento serán decididas por la Defensora Pública General o Defensor Público General. A tal efecto podrá, mediante Resoluciones, Reglamentaciones Internas y Manuales de Normas y Procedimientos, complementar las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 46. Para todo lo no previsto en el presente Reglamento se aplicarán las normas contenidas en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los estados y los municipios y su Reglamento, así como, en las convenciones colectivas respectivas en la medida en que sean aplicables.

Artículo 47. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado, firmado y sellado en el Despacho Defensor Público General, en la ciudad de Caracas Comuníquese y publíquese, AbOg, CIRO RAMON ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de:Venezuela N° 39.782, de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

Caracas, 25 de septiembre de 2014 N° DDPG-2014- 524 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° V-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1, 4 y 12, ejusdem; y en el Artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en concordancia con el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias Nros. 797 y 165 de fechas 11 de abril de 2002 y 02 de marzo de 2005, respectivamente, CONSIDERANDO Que la Defensa Pública fue concebida, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por la Ley, como un órgano

constitucional del Sistema de Justicia, dotado de plena autonomía funcional, financiera y administrativa.

CONSIDERANDO Que la Defensora o Defensor Público General tiene la atribución para administrar, dirigir, supervisar y organizar la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que en fecha 09 de septiembre de 2013, se dictó el Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las Funcionarias y Funcionarios al servicio de la Defensa Pública, publicado en Gaceta Oficial N°40252, de fecha 09 de septiembre de 2013.

CONSIDERANDO Que la potestad de autotutela, como medio de protección del interés público y del principio de legalidad que rige la actividad administrativa, comprende la posibilidad de revisar los fundamentos fácticos y jurídicos de los actos administrativos, tanto a instancia de parte, como de oficio, por iniciativa de la propia administración.

RESUELVE

PRIMERO: Reformar parcialmente el Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las Funcionarias y Funcionarios al servicio de la Defensa Pública, en los términos siguientes:

1- Modificar el Artículo 3 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente forma:

"Artículo 3: El otorgamiento de la jubilación se hará mediante Resolución motivada de la Defensora o Defen$or Público General; la cual indicará la edad, el número de años de servicio del funcionario o funcionaria, el porcentaje de la jubilación y la fecha a partir de la cual comenzará a hacerse efectiva.

Parágrafo Primero: La Resolución mediante la cual se otorgue la jubilación será notificada por el Coordinador o Coordinadora de Recursos Humanos a la funcionaria o al funcionario, mediante oficio, con especificación del monto y la fecha a partir de cuándo se hará efectiva." 2- Modificar el Artículo 11 del Reglamento, relativo al ajuste de la pensión de Jubilación, quedando redactado de la forma siguiente:

"Artículo 11: Las jubiladas y jubilados de la Defensa Pública únicamente podrán reingresar a este organismo mediante designación en cargos de libre nombramiento y remoción, autorizados y emanados de la Defensora Pública General o el Defensor Público General; en tales casos, les será suspendido el pago de la pensión de la jubilación. Al producirse el egreso, se restituirá el pago de la jubilación en los términos en que fue concedida inicialmente y tendrán derecho al recálculo de la antigüedad y del tiempo de servicio, siempre y cuando hayan laborado un mínimo de cinco (05) años ininterrumpidos en el ejercicio del cargo de libre nombramiento y remoción que estén ostentando".

3- Se inserta un nuevo artículo relativo a la suspensión de la pensión de jubilación o pensión de invalidez, a los fines de ingresar a un cargo de libre nombramiento y remoción en la Defensa Pública:

"Artículo 12: Los jubilados y las jubiladas de otros organismos públicos deberán suspender el pago del respectivo beneficio a los fines de ingresar a un cargo de libre nombramiento y remoción en esta institución.

La Coordinación de Recursos Humanos notificará al ente que le otorgó la jubilación, a los efectos de la suspensión del pago del referido beneficio y una vez producido el egreso de la Defensa Pública, se notificará a los fines de su reactivación, aportando la relación de sueldos percibidos. En ningún caso, este personal tendrá derecho a recálculo de la pensión por jubilación en la Defensa Pública.

No le corresponderá el beneficio de pensión de jubilación al personal que haya ingresado a la institución y le haya sido otorgada con anterioridad una pensión por incapacidad laboral en cualquier otro organismo público."

página original (tal como se publicó)Página 43 de la Gaceta

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4- Se modifica el Artículo 12 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente forma:

"Artículo 13: La funcionaria o funcionario que tenga derecho a la jubilación podrá solicitarla mediante escrito dirigido a la Defensora Pública General o Defensor Público General, el cual deberá ser consignado ante la Coordinación de Recursos Humanos. Tal solicitud deberá acompañarse con los siguientes documentos:

1.- Copia de la cédula de identidad.

2.- Original o copia certificada de la partida de nacimiento o del documento que la supla, de conformidad con lo previsto en el artículo 458 del Código Civil.

3.- Original de los antecedentes de servicio que avalen su antigüedad en la Administración Pública Nacional".

5- Se modifica el Artículo 16 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 17. Cuando en la verificación de la documentación consignada por la solicitante o el solicitante de la jubilación, se determine que no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento o en cualquier otra disposición que se dicte al efecto, la Coordinación de Recursos Humanos devolverá la solicitud con mención de aquellas deficiencias de las que adolece la misma, a los fines de que sean subsanadas por la o el requirente, en un lapso de veinte (20) días hábiles. En caso de no ser subsanada la solicitud en el lapso antes referido, se procederá al cálculo de la pensión correspondiente con la antigüedad que conste en su expediente personal, siempre y cuando cumpla con el tiempo establecido en este reglamento para el otorgamiento del beneficio de pensión de jubilación".

6- Modificar el Artículo 19 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente forma:

"Artículo 20: Las jubiladas o jubilados, cuyas hijas o hijos cursen estudios regulares, tendrán derecho a una prima anual única por concepto de ayuda para útiles, de monto y condiciones iguales a la que perciban los funcionarios activos".

7- Modificar el Artículo 37 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 38. La Resolución mediante la cual la Defensora Pública General o Defensor Público General hubiere acordado el otorgamiento, extinción, anulación o revocatoria de la jubilación será notificada por escrito, a los beneficiarios y las beneficiarias".

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, se ordena la reimpresión en un solo texto del Reglamento Interno sobre el Régimen de Pensiones por Invalidez de las Funcionarias y Funcionarios de la Defensa Pública, con las reformas introducidas por la presente resolución, y en el texto único sustitúyanse las fechas, firmas y demás citas de promulgación.

Dado, firmado y sellado en el Despacho Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y publíquese, AbOg. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 29±1, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2013-613-1 Caracas, 09 de septiembre de 2013 154° 203°y 14° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJo, titular de la cédula de identidad N° V-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1, 4 y 12, ejusdem; en concordancia con el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias Nros. 797 y 165 de fechas 11 de abril de 2002 y 02 de marzo de 2005 respectivamente,

CONSIDERANDO Que la Defensa Pública fue concebida, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley, como un órgano constitucional del Sistema de Justicia, dotado de plena autonomía funcional, financiera y administrativa.

CONSIDERANDO Que la Defensora o Defensor Público General tiene la atribución para administrar, dirigir, supervisar y organizar a la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 86, prevé la creación de un Sistema de Seguridad Social por una ley orgánica; cometido materializado mediante la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, cuyo texto vigente establece que, hasta tanto se promulgue la Ley que regule el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, se mantiene vigente la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los estados y los municipios, y su Reglamento.

CONSIDERANDO Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias N° 797, de fecha 11 de abril de 2002, y 165, del 02 de marzo de 2005, estableció que los órganos constitucionales dotados de autonomía funcional tienen la potestad reglamentaria para dictar sus propios reglamentos que rijan la materia de previsión y seguridad social, sin que ello implique violación a la reserva legal;

toda vez que para esa ocasión, al igual que en la actualidad, aún no se había ni se ha dictado una normativa que incluya a tales órganos dentro del ámbito de aplicación de la ley nacional que regula el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos y funcionarias públicas, confirmando con ello, el Tribunal Supremo de Justicia, lo previsto el Artículo 147 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO Que la Defensa Pública está excluida del ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los estados y los municipios, así como, de su Reglamento.

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Dicta la siguiente RESOLUCIÓN REGLAMENTO INTERNO SOBRE EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES DE LAS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA DEFENSA PÚBLICA OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. El presente Reglamento Interno tiene por objeto establecer las normas que regulan el derecho a la Jubilación de las funcionarias y funcionarios públicos que prestan servicio en la Defensa Pública, así como, el derecho de sus familiares a la pensión de sobreviviente.

Las presentes normas se regirán por lo principios de transparencia, celeridad simplificación y eficacia de los trámites administrativos, que permitan el disfrute oportuno y legítimo del beneficio de jubilación.

Se exceptúa de la aplicación de este Reglamento a las obreras, obreros, contratadas y contratados de la Defensa Pública.

Artículo 2. La jubilación constituye un derecho vitalicio de las funcionarias y funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción, al servicio de la Defensa Pública; y la misma se adquiere mediante el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente Reglamento Interno.

Artículo 3. El otorgamiento de la jubilación se hará mediante Resolución motivada de la Defensora o Defensor Público General; la cual indicará, la edad, el número de años de servicio del funcionario o funcionaria, el porcentaje de la jubilación y la fecha a partir de la cual comenzará a hacerse efectiva.

Parágrafo primero: La Resolución mediante la cual se otorgue la jubilación será notificada por el Coordinador o Coordinadora de Recursos Humanos a la funcionaria o al funcionario, mediante oficio, con especificación del monto y la fecha a partir de cuándo se hará efectiva.

Artículo 4. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por asignación mensual por concepto de jubilación, la proporción del funcionario, incluyendo los conceptos que a continuación se señalan:

1.- Sueldo o salario básico.

2.- Diferencia por encargaduría, cuando tenga un mínimo de seis (6) meses percibiéndolo.

3.- Complemento salarial, cuando la funcionaria o funcionario tenga un mínimo de seis (6) meses percibiéndolo.

4.- Prima de profesionalización técnica y universitaria.

5.- Prima de antigüedad.

6.- Prima de mérito.

Parágrafo Único: En ningún caso el monto de la pensión de jubilación podrá ser inferior al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional. En caso de que, por alguna circunstancia, el monto sea inferior al salario mínimo, procederá el reajuste automático del mismo.

Artículo 5. El derecho a solicitar y obtener la jubilación nace en el momento en que la funcionaria o el funcionario de la Defensa Pública cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Reglamento; y podrá ser acordada a solicitud de parte interesada o de oficio por la máxima autoridad de la Defensa Pública.

Artículo 6. Tendrán derecho a la jubilación las funcionarias públicas y funcionarios públicos de carrera y de libre nombramiento y remoción, que prestan servicios en la Defensa Pública, una vez que hubieren cumplido veinticinco (25) años o más de servicio en la Administración Pública, de los cuales cinco (5) de ellos deben haber sido prestados en la Defensa Pública en forma ininterrumpida.

Parágrafo Primero: A los fines del otorgamiento de la jubilación, se computará el tiempo de servicio prestado como funcionaria o funcionario, contratada o contratado, obrero u obrera, en cualquier ente u órgano de la Administración Pública.

Parágrafo Segundo: Los años de servicio a que se refiere el presente artículo podrán haber sido prestados como contratada o contratado, personal docente, asesores jurídicos o cargos afines, siempre y cuando el número de horas de trabajo semanal fuera, al menos, igual a veinte (20).

Si del cómputo total efectuado sobre el tiempo de servicio, resultara una fracción igual o mayor a seis (6) meses, esta se contará igualmente como un (1) año de servicio.

Para validar el tiempo de servicio en la Administración Pública Nacional, serán aplicadas la normativa y política interna que la máxima autoridad haya aprobado; debiendo consignar ante la Coordinación de Recursos Humanos los documentos probatorios de su antigüedad, expedidos por los organismos correspondientes, que deberán indicar fecha de ingreso y egreso, cargo desempeñado, sueldo y jornada de trabajo cumplida.

Artículo 7. Cuando la funcionaria o funcionario haya desempeñado simultáneamente dos cargos compatibles de medio tiempo cada uno, únicamente se computará un solo lapso de servicio. De igual forma se procederá en el caso de servicios prestados en el mismo tiempo, mediante contratos.

Artículo 8. La funcionaria o funcionario que tenga derecho a la jubilación podrá solicitarla mediante escrito dirigido a la Defensora Pública General o Defensor Público General; y deberá consignarlo ante la Coordinación de Recursos Humanos.

Artículo 9. La máxima autoridad de la Defensa Pública podrá conceder y otorgar jubilaciones especiales a las funcionarias y funcionarios que no reúnan los requisitos exigidos en el presente Reglamento, cuando medien circunstancias especiales que así lo justifiquen, siendo establecidas sus condiciones en la respectiva resolución.

Artículo 10. La asignación mensual por concepto de jubilación, para las funcionarias y funcionarios de la Defensa Pública, será de un ochenta y cuatro por ciento (84%), como mínimo, del sueldo promedio devengado por la funcionaria o funcionario, de conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento.

Este porcentaje será incrementado en dos con setenta y cinco por ciento (2,75%), por cada año que sobrepase los veinticinco (25) años de servicio mínimo exigido por el artículo 6 del presente Reglamento, hasta un tope del noventa y cinco por ciento (95%). Los cálculos se efectuarán según lo indica el siguiente tabulador:

ANOS DE PORCENTAGE DEN SERVICIO JUBILACIóN (%) 84,00 25 86,75 26 89,50 27 92,25 28 95,00 29 o más

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Artículo 11. Las jubiladas y jubilados de la Defensa Pública únicamente podrán reingresar a este organismo mediante designación en cargos de libre nombramiento y remoción, autorizados y emanados de la Defensora Pública General o el Defensor Público General; en tales casos, les será suspendido el pago de la pensión de la jubilación. Al producirse el egreso, se restituirá el pago de la jubilación en los términos en que fue concedida inicialmente y tendrán derecho al recálculo de la antigüedad y del tiempo de servicio, siempre y cuando hayan laborado un mínimo de cinco (05) años ininterrumpidos en el ejercicio del cargo de libre nombramiento y remoción que estén ostentando".

Artículo 12: Los jubilados y las jubiladas de otros organismos públicos deberán suspender el pago del respectivo beneficio, a los fines de ingresar a un cargo de libre nombramiento y remoción en esta institución.

La Coordinación de Recursos Humanos notificará al ente que le otorgó la jubilación, a los efectos de la suspensión del pago del referido beneficio y, una vez producido el egreso de la Defensa Pública, se notificará a los fines de su reactivación, aportando la relación de sueldos percibidos. En ningún caso, este personal tendrá derecho a recálculo de la pensión por jubilación en la Defensa Pública.

No le corresponderá el beneficio de pensión de jubilación al personal que haya ingresado a la institución y le haya sido otorgada con anterioridad una pensión por incapacidad laboral en cualquier otro organismo público.

CAPÍTULO II Del procedimiento Artículo 13. La funcionaria o funcionario que tenga derecho a la jubilación podrá solicitarla mediante escrito dirigido a la Defensora Pública General o Defensor Público General, el cual deberá ser consignado ante la Coordinación de Recursos Humanos. Tal solicitud deberá acompañarse con los siguientes documentos:

1.- Copia de la cédula de identidad.

2.- Original o copia certificada de la partida de nacimiento o del documento que la supla, de conformidad con lo previsto en el artículo 458 del Código Civil.

3.- Original de los antecedentes de servicio que avalen su antigüedad en la Administración Pública Nacional.

Artículo 14. La máxima autoridad de la Defensa Pública podrá aprobar, de oficio, la jubilación de la funcionaria o funcionario que reuniere los requisitos necesarios para su otorgamiento, y que no hubiere formulado la solicitud respectiva.

A tales fines, el Coordinador o la Coordinadora de Recursos Humanos instruirá y realizará los trámites correspondientes, de conformidad con lo previsto en el presente Capítulo.

Artículo 15. La Coordinación de Recursos Humanos verificará la solicitud y recaudos presentados para proceder a la jubilación; y conformará el expediente correspondiente, el cual será remitido mediante Punto de Cuenta a la máxima autoridad de la Defensa Pública para su respectiva aprobación.

Artículo 16. La máxima autoridad de la Defensa Pública devolverá el expediente, a la Coordinación de Recursos Humanos, con la decisión sobre el otorgamiento del beneficio de la jubilación. Esta Coordinación notificará de la decisión a la funcionaria o funcionario; y procederá a su retiro del servicio activo e incorporación a la Nómina de Jubiladas y Jubilados de la Defensa Pública.

Artículo 17. Cuando en la verificación de la documentación consignada por la solicitante o el solicitante de la jubilación se determine que no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento o en cualquier otra disposición que se dicte al efecto, la Coordinación de Recursos Humanos devolverá la solicitud con mención de aquellas deficiencias de las que adolece, a los fines de que sean subsanadas por la o el requirente, en un lapso de veinte (20) días hábiles. En caso de no ser subsanada la solicitud en el lapso antes referido, se procederá al cálculo de la pensión correspondiente con la antigüedad que conste en su expediente personal, siempre y cuando cumpla con el tiempo establecido en este reglamento para el otorgamiento del beneficio de pensión de jubilación.

TÍTULO II DE LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS DE LAS JUBILADAS Y JUBILADOS DE LA DEFENSA PÚBLICA Artículo 18. Las jubiladas o jubilados tendrán derecho a disfrutar de los beneficios socioeconómicos contemplados en este capítulo.

Artículo 19. La jubilada o jubilado tendrá derecho a los beneficios que otorga el sistema de seguro colectivo de hospitalización, cirugía, maternidad, previsión familiar, vida y accidentes personales del organismo, al personal activo, siempre que manifieste su voluntad de inscribirse en el mismo y cancele la cuota correspondiente cuando proceda.

Artículo 20. Las jubiladas o jubilados, cuyas hijas o hijos cursen estudios regulares, tendrán derecho a una prima anual única por concepto de ayuda para útiles, de monto y condiciones iguales a la que perciban los funcionarios activos.

Artículo 21. Las jubiladas o jubilados disfrutarán de la bonificación de fin de año, la cual será calculada en la misma forma en que se haga para los funcionarios activos.

Artículo 22. La Defensa Pública cancelará trimestralmente a las jubiladas y jubilados un Bono Asistencial, cuyo monto será fijado por la máxima autoridad de esta institución.

Artículo 23. En caso de fallecimiento de la cónyuge o del cónyuge, concubina o concubino, hijas, hijos, madre o padre, la jubilada o jubilado tendrá derecho a una indemnización por gastos de defunción, de igual monto al que perciban los funcionarios activos. Si quien falleciese es la jubilada o jubilado, este beneficio se otorgará a sus familiares, en la misma forma en que se efectúa para el personal activo.

Artículo 24. Con el objeto de estimular el ahorro, este órgano constitucional causará, a favor de cada jubilada o jubilado, el aporte patronal en los mismos términos en que se haga para el personal activo, aporte este que se situará en la Caja de Ahorros de la Defensa Pública.

Artículo 25. La jubilada o jubilado tendrá derecho a utilizar el Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública o, en su defecto y de acuerdo con los convenios que se celebren, el Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en las mismas condiciones que el personal activo.

DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 26. La pensión de sobreviviente se causará desde el día siguiente al fallecimiento de la jubilada, jubilado, funcionaria o funcionario de la Defensa Pública que, a la fecha de su muerte, hubiese adquirido el derecho a la jubilación, de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 27. Tendrán derecho a la pensión de sobreviviente las hijas o hijos, la cónyuge o el cónyuge, la concubina o concubino y la madre o el padre del causante que cumplan las siguientes condiciones:

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a) Las hijas o hijos hasta los dieciocho (18) años de edad.

b) Las hijas o hijos mayores de dieciocho (18) años de edad, hasta los veinticinco (25) años, que cursen estudios superiores, siempre que sean solteras o solteros y dependan económicamente del o la causante.

c) Las hijas e hijos de cualquier edad que se encuentren en estado de discapacidad, es decir, que por causas congénitas o adquiridas, presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal, permanente o intermitente, que impliquen desventajas que dificultan o impiden su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como, el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás.

d) La hija o hijo póstumo tendrá derecho a la pensión, a partir del día de su nacimiento.

e) La cónyuge o el cónyuge, la concubina o el concubino sobreviviente.

La concubina o concubino deberá acreditar fehacientemente que existió la relación concubinaria, mediante acta de unión estable de hecho debidamente inscrita ante el Registro Civil correspondiente o, en su defecto, la sentencia declarativa de tal unión, emitida por un órgano jurisdiccional.

f) A falta de los anteriores, la madre o el padre.

Artículo 28. El monto de la pensión de sobreviviente será igual al de la pensión de jubilación del o la causante y se distribuirá conforme a lo establecido en la Declaración de Únicos y Universales Herederos.

Sin embargo, las beneficiarias y beneficiarios no disfrutarán de los beneficios socioeconómicos del jubilado fallecido.

Artículo 29. A medida que cada beneficiario cese en el derecho a su cuota de pensión de sobreviviente o que nazca la hija o hijo póstumo, dicha cuota será redistribuida de acuerdo con lo establecido en la nueva Declaración de Únicos y Universales Herederos.

En caso de que haya un solo beneficiario, a este le corresponderá el monto total de la pensión de sobreviviente.

CAPÍTULO II Del procedimiento Artículo 30. La pensión de sobreviviente se tramitará a solicitud de cualquiera de las o los interesados, quienes deberán comprobar su cualidad para ser titulares de tal derecho.

Artículo 31. La solicitud de pensión de sobreviviente deberá ser presentada por las y los interesados ante la Coordinación de Recursos Humanos, dentro de los seis (6) meses contados a partir de la fecha de fallecimiento del jubilado o la jubilada.

Artículo 32. Los titulares del derecho a disfrutar de la pensión de sobreviviente deberán acreditar los documentos siguientes:

a) Copia certificada de la partida de defunción de la jubilada o jubilado fallecido.

b) Declaración de Únicos y Universales Herederos.

c) Si la pensión es solicitada por el o la cónyuge sobreviviente, copia certificada del acta de matrimonio; si él o la solicitante es la concubina o concubino, copia certificada del acta de unión estable de hecho, debidamente inscrita ante el Registro Civil correspondiente o, en su defecto, la sentencia declarativa de tal unión por un órgano jurisdiccional.

d) Si los o las solicitantes son hijos o hijas del causante, copia certificada de la partida de nacimiento; los o las de edad comprendida entre dieciocho (18) y veinticinco (25) años deberán presentar, además, constancia certificada de estudios de educación superior y constancia de soltería; si se tratare de mayores .de edad discapacitados, adicionalmente, deberán acompañar certificación médica de su incapacidad, debidamente conformada por el Servicio de Seguridad y Salud de la Defensa Pública o, en su defecto, del Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura o del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

e) Si las o los beneficiarios son niños, niñas o adolescentes, se debe consignar la autorización judicial emitida por el órgano jurisdiccional competente.

f) Si las o los solicitantes son la madre o el padre del o la causante, deberán presentar la partida de nacimiento de este.

Artículo 33. Las beneficiarios o beneficiarios de una pensión de sobrevivencia deberán suministrar anualmente la documentación que requiera la Coordinación de Recursos Humanos. En caso de no consignar tal documentación, se procederá a la suspensión del pago de la pensión.

TÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES

Artículo 34 El monto de las jubilaciones deberá ser revisado y ajustado en los casos en que se produzcan modificaciones en el régimen de remuneraciones de los funcionarios activos.

Artículo 35. Las jubiladas o jubilados deberán consignar la correspondiente fe de vida ante la Coordinación de Recursos Humanos, durante el mes de enero de cada año o cuando les sea solicitada por el organismo.

Para el cumplimiento de este requisito, las interesadas o interesados se presentarán personalmente en la referida Coordinación y firmarán el libro abierto al efecto, consignando, además, la constancia de fe de vida, expedida por la autoridad competente del lugar de residencia o, en su defecto, por el cónsul de la República Bolivariana de Venezuela acreditado en el país donde resida. En caso de encontrarse imposibilitados para ello, enviarán conjuntamente la Fe de Vida y la constancia o informe que justifique tal impedimento.

En caso de incumplimiento, se suspenderá el pago del beneficio del que se trate, hasta su efectivo cumplimiento en los términos señalados.

Artículo 36. Son causales de extinción, las siguientes:

1.- La muerte de la jubilada o jubilado, cuando no existan herederos o herederas que soliciten Pensión de Sobreviviente.

2.- La extinción de los derechos del último o última sobreviviente.

3.- Cualquier otra que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 37. Son causales de anulación o revocatoria, las siguientes:

1.- Que el acto administrativo que otorgó el beneficio adolezca de algún vicio de nulidad absoluta o relativa de conformidad con la Ley.

2.- El haber consignado la beneficiaria o beneficiario, documentación falsa al momento de solicitar el beneficio.

3.- Los errores de forma y cálculo en que se hubiere incurrido al momento de dictar el acto administrativo que concedió el beneficio.

4.- Cualquier otra que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 38. La Resolución mediante la cual la Defensora Pública General o Defensor Público General hubiere acordado el otorgamiento, extinción, anulación o revocatoria de la jubilación, será notificada por escrito, a los beneficiarios y las beneficiarias.

Artículo 39. Las jubilaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Reglamento tendrán plena validez, y su

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tratamiento regirá de acuerdo con los términos previstos en los Actos mediante los cuales fueron acordadas.

Artículo 40. La máxima autoridad de la Defensa Pública, a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, dará curso a los trámites de jubilaciones en la medida en que el organismo cuente con la disponibilidad presupuestaria requerida para ello, dando prioridad a los casos más urgentes por razones de edad y salud, así como, a la antigüedad de la respectiva solicitud.

Artícuto 41. Las dudas que surjan con ocasión de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento serán decididas por la Defensora Pública General o Defensor Público General. A tal efecto podrá, mediante Resoluciones, Reglamentaciones Internas y Manuales de Normas y Procedimientos, complementar las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 42. Para todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicarán las normas contenidas en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios y su Reglamento, así como, en las convenciones colectivas respectivas en la medida en que sean aplicables.

Artículo 43. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

AbOg. CIRO RAMIÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuecdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011¿públicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 8 Venezuela N° 39.782, de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

Caracas, 08 /07 /2014 N° DDPG-2014-325 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° V-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 268 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en ejercicio de sus atribuciones conferidas en los artículos 3; 14 numeral 11, 125 numeral 4 y 127 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública; y según lo dispuesto en el Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las Funcionarias y Funcionarios Públicos al Servicio de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que la Defensa Pública fue concebida, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley, como un órgano constitucional del Sistema de Justicia, dotado de plena autonomía funcional, financiera y administrativa.

CONSIDERANDO Que el Defensor Público General (E) tiene la atribución para administrar, dirigir, supervisar y organizar la Defensa Pública; y en consecuencia, de velar por el cumplimiento de los procesos de egreso de su personal, entre los cuales se encuentra el beneficio de la jubilación.

CONSIDERANDO Que la jubilación es un derecho social intangible, progresivo e irrenunciable, que deriva del trabajo.

CONSIDERANDO Que el Defensor Público General (E) dictó el Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las Funcionarias y Funcionarios Públicos al Servicio de la Defensa Pública, mediante Resolución N° DDPG-2013- 613-1, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.252, del 17 de septiembre de 2013, el cual establece las normas que regulan el derecho a la jubilación de las funcionarias y los funcionarios al servicio de esta institución; así como el derecho de sus familiares a la pensión de sobreviviente.

CONSIDERANDO Que el Defensor Público General (E) podrá otorgar, de oficio o a solicitud de parte interesada, el beneficio de jubilación, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 13 del Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las Funcionarias y Funcionarios Públicos al Servicio de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que una vez revisados los expedientes de personal correspondientes, se pudo constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 2 y 6 del Reglamento antes señalado, por parte de los ciudadanos que se identifican a continuación:

Nombres y Cédula de Cargo Unidad de adscripción Apellidos Identidad Unidad de Defensa Defensora Enza Pública del área 6.917.793 Pública Femminella Sarli metropolitana de Caracas Ramón Roberto Unidad de Defensa Técnico II Domínguez 5.413.347 Pública del área Robles metropolitana de Caracas Carmen Amelia Unidad de Defensa Coordinadora 5.210.705 Pública del estado García de Regional (E) Inojosa Cojedes Unidad de Defensa Teresa de Jesús Defensora Pública del estado 9.190.027 Pública Martínez Zulia, Extensión Santa Bárbara Unidad de Defensa Janethe del Defensora Pública del estado 8.922.312 Milagros Vezga Pública Bolivariano de Carvajal Miranda Unidad de Defensa Annia Esperanza Defensora Pública del estado 630.994 Núñez de Pública Sucre, Extensión Talavera Carúpano RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de jubilación a las ciudadanas y el ciudadano que se señalan a continuación:

Años en Años Porcentaje Cédula de la Nombres y de en la Identidad Defensa Apellidos A.P.N.

Jubilación Pública Enza Femminella 27

6.917.793 15 89,50% Sarli Ramón Roberto 26 7 86,75%

5.413.347 Domínguez Robles Carmen Amelia 7 30

5.210.705 95,00% García de Inojosa Teresa de Jesús 15 84,00% 25 9.190.027 Martínez

página original (tal como se publicó)Página 48 de la Gaceta

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Janethe del 26 6

8.922.312 86,75% Milagros Vezga Carvajal Annia Esperanza 26 630.994 15 86,75% Núñez de Talavera

SEGunDo: El porcentaje de pensión por jubilación establecido en la presente resolución será aplicado al último sueldo devengado por las beneficiarias y beneficiarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las Funcionarias y Funcionarios Públicos al Servicio de la Defensa Pública. El monto resultante será cancelado por quincenas vencidas, con los ajustes a que hubiere lugar y con cargo a la respectiva partida que dispone la Defensa Pública, para tales fines, en su presupuesto.

TERCERo: El beneficio de jubilación acordado para los ciudadanos antes identificados comenzará a regir a partir de la fecha de su notificación. A tales efectos, la Coordinación de Recursos Humanos notificará a cada uno de los beneficiarios, así como, a la Unidad de adscripción en la cual prestaban servicio.

CUARTo: De conformidad con lo establecido en el Artículo 4, Parágrafo Único de la Resolución N° DDPG-2013-613-1, de fecha 09 de septiembre de 2013, el monto de la pensión por jubilación, en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional.

QUINTo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y Publíquese, AbOg CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

Caracas, 30/10/2013 Nº DDPG-2013-655-12 154°, 203° y 14° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° V-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 268 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en ejercicio de sus atribuciones conferidas en los artículos 3; 14 numeral 11, 125 numeral 4 y 127 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública; y según lo dispuesto en el Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las Funcionarias y Funcionarios Públicos al Servicio de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que la Defensa Pública fue concebida, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley, como un órgano constitucional del Sistema de Justicia, dotado de plena autonomía funcional, financiera y administrativa.

CONSIDERANDO Que el Defensor Público General (E) tiene la atribución para administrar, dirigir, supervisar y organizar la Defensa Pública; y en consecuencia, de velar por el cumplimiento de los procesos de egreso de su personal, entre los cuales se encuentra el beneficio de la jubilación.

CONSIDERANDO Que la jubilación es un derecho social intangible, progresivo e irrenunciable, que deriva del trabajo.

CONSIDERANDO Que el Defensor Público General (E) dictó el Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las Funcionarias y Funcionarios Públicos al Servicio de la Defensa Pública, mediante Resolución N° DDPG-2013- 613-1, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.252, del 17 de septiembre de 2013, el cual establece las normas que regulan el derecho a la jubilación de las funcionarias y los funcionarios al servicio de esta institución; así como el derecho de sus familiares a la pensión de sobreviviente.

CONSIDERANDO Que el Defensor Público General (E) podrá otorgar, de oficio o a solicitud de parte interesada, el beneficio de jubilación, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 13 del Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las Funcionarias y Funcionarios Públicos al Servicio de la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que una vez revisados los expedientes de personal correspondientes, se pudo constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 2 y 6 del Reglamento antes señalado, por parte de los ciudadanos y ciudadanas que se identifican a continuación:

Cargo Unidad dé adscripción cédula de Nombresy Identidad Apellidos Unidad de Defensa Defensor Nilson Argenis Pública del Área Público 6.525.473 Castillo Vielma Auxiliar Metropolitana de Caracas Unidad de Defensa Miriam Maribel Pública del Área Asistente 6.019.578 Aparicio Peña Metropolitana de Caracas Unidad de Defensa Defensora Pública del Área Yolanda Borges 10.526.274 Pública Metropolitana de Castillo Auxiliar Caracas Unidad de Defensa Yanet Coromoto Pública del Área Defensora 7.356.874 Ballesteros Pública Metropolitana de Ocanto Caracas Unidad de Defensa Defensora Janey Margarita 8.094.583 Pública del estado Pública Díaz Cobo Zulia Unidad de Defensa Defensora Elda Julieta 8.178.662 Pública del estado Pública Salazar Moreno Vargas Unidad de Defensa Omaira Defensora Pública del estado Mercedes Pública 9.561.827 Portuguesa, Rodríguez Auxiliar extensión Acarigua Rodríguez Unidad de Defensa Alba Marilena Pública del estado Sánchez 9.383.876 Abogado III Barinas Contreras Unidad de Defensa Carmen Cecilia Defensora 8.224.974 Pública del estado Salazar Pública Anzoátegui González Unidad de Defensa Nancy Nail 6.381.652 Abogado I Pública del estado Moreno de Bolivariano de Mérida Rojas Unidad de Defensa Defensor Pública del estado Luis Miguel 3.343.531 Público Bolivariano de Islanda Rondón Miranda

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RESUELVE

PRIMERO: Otorgar el beneficio de jubilación a las ciudadanas y ciudadanos que se señalan a continuación:

Añosien Porcentaje Nombresy Céduila de Años en Ta de Defensa Apellidos Identidad JAPM.

ambilación Pubilica Nilson Argenis

6.525.473 28 5

92.25% Castillo Vielma Miriam Maribel 26 13

86.75%

6.019.578 Aparicio Peña Yolanda Borges 27 5 89,50%

10.526.274 Castillo Yanet Coromoto 27 89,50%

7.356.874 8 Ballesteros Ocanto Janey Margarita

8.094.583 31 95,00% 11 Díaz Cobo Elda Julieta 92,25% 28 5 8.178.662 Salazar Moreno Omaira Mercedes 30 9.561.827 8 95,00% Rodríguez Rodríguez Alba Marilena 28 8 92,25% 9.383.876 Sánchez Contreras Carmen Cecilia 86,75% 26 8 8.224.974 Salazar González Nancy Nail 89,50% 27 6.381.652 5 Moreno de Rojas Luis Miguel 38 13 95,00% 3.343.531 Islanda Rondón SEGunDo: El porcentaje de pensión por jubilación establecido en la presente resolución será aplicado al último sueldo devengado por las beneficiarias y beneficiarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las Funcionarias y Funcionarios Públicos al Servicio de la Defensa Pública. El monto resultante será cancelado por quincenas vencidas, con los ajustes a que hubiere lugar y con cargo a la respectiva partida que dispone la Defensa Pública, para tales fines, en su presupuesto.

TERCERo: El beneficio de jubilación acordado para las ciudadanas antes identificadas comenzará a regir a partir de la fecha de su notificación. A tales efectos, la Coordinación de Recursos Humanos notificará a cada una de las beneficiarias, así como, a la Unidad de adscripción en la cual prestaban servicio.

CUARTo: De conformidad con lo establecido en el Artículo 4, Parágrafo Único de la Resolución N° DDPG-2013-613-1, de fecha 09 de septiembre de 2013, el monto de la pensión por jubilación, en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional.

QUInTo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

AbOgCIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado. adinte Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre-de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha.

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2014-317-1 Caracas, 30/06/2014 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° V.- 9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones establecida en el artículo 14, numeral 1, ejusdem, en concordancia con lo previsto en los artículos 3 y 5 del Reglamento Interno sobre el Régimen de Pensiones por Invalidez de las Funcionarias y Funcionarios de la Defensa Pública, contenido en la Resolución N° DDPG-2013- 421, de fecha 7 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.165, de fecha 13 de mayo de 2013.

CONSIDERANDO Que la Defensa Pública fue concebida, por la Constitución de la República Bolivaríana de Venezuela y por la Ley, como un órgano constitucional del Sistema de Justicia, dotado de plena autonomía funcional, financiera y administrativa.

CONSIDERANDO Que el Defensor Público General (E) tiene la atribución para administrar, dirigir, supervisar y organizar la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que el Defensor Público General (E), con base en dicha autonomía, en ejercicio de sus atribuciones legales, en aplicación de disposiciones constitucionales y legales y tomando en cuenta lo dictaminado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencias Nros. 797, de fecha 11 de abril de 2002, y 165, del 02 de marzo de 2005, dictó el Reglamento Interno sobre el Régimen de Pensiones por Invalidez de las Funcionarias y Funcionarios de la Defensa Pública, en el cual se establecen las normas que regulan los derechos a la Pensión por Invalidez de las funcionarias y los funcionarios públicos que prestan servicio en la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que según las disposiciones del Reglamento antes referido, tendrá derecho a una Pensión por Invalidez la funcionaria o el funcionario de la Defensa Pública que sufriere enfermedad o accidente grave que le dejare incapacitado de forma absoluta o permanente para el cumplimiento de sus labores.

CONSIDERANDO Que de la revisión del expediente, se pudo comprobar que se cumplieron los extremos legales establecidos en el Reglamento Interno sobre el Régimen de Pensiones por Invalidez de las Funcionarias y Funcionarios de la Defensa Pública, para el otorgamiento de la Pensión por Invalidez al ciudadano MOIsÉS RAFAEL MEDINA LACONCHA, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.704.139, quien labora como Defensor Público, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Falcón.

CONSIDERANDO Que el otorgamiento de la Pensión por Invalidez debe efectuarse mediante Resolución dictada por la máxima autoridad de la Defensa Pública.

RESUELVE

PRIMERO: oToRGAR el beneficio de Pensión por Invalidez Laboral, al ciudadano que a continuación se identifica:

Cargo Porcentaje de Años de Edad Nombres y Cédula de Servicio Identidad Apellidos Pensión por Invalidez Laboral Moisés Defensor Rafael 60 años 9 años 65,15% V-3.704.139 Público Medina Laconcha Parágrafo Primero: El porcentaje de pensión por invalidez establecido será aplicado al último sueldo devengado por el beneficiario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, del Reglamento Interno sobre el Régimen de Pensiones por Invalidez de las Funcionarias y Funcionarios de la Defensa Pública.

SEGunDo: El beneficio de Pensión por Invalidez, acordado para el funcionario antes identificado, comenzará a regir a partir de la fecha de su notificación.

TERCERo: Contra el presente Acto Administrativo podrá ejercer el Recurso de Reconsideración dentro del lapso de quince (15) días siguientes a su notificación,

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de conformidad con lo establecido en el artículo 94, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así como el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa dentro del lapso de tres (3) meses siguientes a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 94, de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

CUARTO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en el portal Web de la Defensa Pública.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas Comuníquese y Publíquese.

ABOG. CIRO RANIÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de-octubre:de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA

N° DDPG-2014-236 Caracas, 02/06/2014 155°, 204° y 15°

El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° V-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 14, numeral 1, ejusdem, en concordancia con lo dictaminado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencias Nros. 797, de fecha 11 de abril de 2002, y 165, del 02 de marzo de 2005.

CONSIDERANDO Que la Defensa Pública fue concebida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por la Ley, como un órgano constitucional del Sistema de Justicia, dotado de plena autonomía funcional, financiera y administrativa.

CONSIDERANDO Que el Defensor Público General (E) tiene la atribución para administrar, dirigir, supervisar y organizar la Defensa Pública.

CONSIDERANDO Que el artículo 89, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: "El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras".

CONSIDERANDO Que el numeral 1 del señalado artículo 89, de la norma constitucional, señala: "...ninguna Ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales".

CONSIDERANDO Que con base en la Opinión Jurídica de fecha 3 de febrero de 2010, dictada por la Consultoría Jurídica de esta institución, el cuerpo normativo aplicable al personal obrero en caso de incapacidad es el Reglamento para Otorgar el Beneficio de Jubilación y Pensión al Personal Obrero, emanado del extinto Consejo de la Judicatura, N°1324, de fecha 16 de septiembre de 1997.

CONSIDERANDO Que el otorgamiento de la Pensión por Invalidez debe efectuarse mediante Resolución dictada por la máxima autoridad de la Defensa Pública.

RESUELVE

PRIMERO: OTORGAR el beneficio de Pensión por Invalidez Laboral, al ciudadano Miguel Ángel Uzcátegui Herrera, titular de la cédula de identidad N° V-4.422.506, quien labora como Chofer, adscrito a la Coordinación de Servicios, Sede Central de la Defénsa Pública, por el monto mensual de tres mil quinientos noventa y dos bolívares con ocho céntimos (Bs. 3.592,08).

SEGUnDO: El monto de la Pensión por Invalidez señalada, es el resultante de la aplicación del cálculo establecido en el artículo 10°, literal a, de la Resolución del Consejo de la Judicatura N° 1.324, de fecha 16 de septiembre de 1997.

Parágrafo Único: Si por alguna circunstancia el monto de dicho beneficio resultara inferior al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional, se procederá a su reajuste automáticamente.

TERCERO: El beneficio de Pensión por Invalidez acordado al ciudadano antes identificado, comenzará a regir a partir de la fecha de su notificación.

CUARTo: Contra el presente Acto Administrativo podrá ejercer el Recurso de Reconsideración dentro del lapso de quince (15) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el Articulo 94, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así como, el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa dentro del lapso de tres (3) meses siguientes a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 94, de aLey del Estatuto de la Función Pública.

QUINTO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en el portal Web de la Defensa Pública.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

Comuniquese y pablíquese

ABOG. CIRO RAMIÓN ARAUJO DEGENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha.

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MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1618 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDQ:

Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2008-2014, a la nueva filosofía institucional y a las exigencias encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario conformar un equipo de mensajeros u operadores moto vehículo que, bajo la supervisión directa de un Jefe de Unidad, tendrán a su cargo la distribución inmediata de las comunicaciones emanadas de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Barinas.

RESUELVE:

PRIMERQ: Crear la "Unidad de Mensajería", adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. Dicha Unidad tendrá como objetivo primordial gestionar de manera centralizada y normalizada, el servicio de recepción y distribución de la correspondencia procedente de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Barinas, garantizando la seguridad y protección de la misma a través de su registro y archivo sistemático.

SEGUNDQ: La "Unidad de Mensajería", tendrá las siguientes funciones:

1. Recibir, registrar y distribuir la correspondencia generada por las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Barinas.

2.- Entregar la correspondencia a sus destinatarios dentro de la debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.

3.- Llevar el registro y control de la correspondencia que sea distribuida por la Unidad, mediante su sistema informático.

4.- Las demás que le atribuya el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, las leyes, reglamentos y resoluciones.

TERCERO: La "Unidad de Mensajería", estará a cargo de un Jefe o Jefa de Unidad, quien prestará servicio a tiempo completo y, será de libre nombramiento y remoción de la Fiscal General de la República.

CUARTO: La "Unidad de Mensajería", contará con el personal profesional y administrativo que se requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.

ouINTo: La presente Resolución, será parte integrante del "Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias que conforman el Despacho del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000.

SEXTO: Se ordena la inclusión de la "Unidad de Mensajería", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.

SÉPTiMQ: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta-Qficial de la República Bolivarianade Venezuela.

Cortuiquese y Publiquese.

UISA ORTEGA DÍAZ al General de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1619 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDO:

Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se deben evaluar las competencias de cada una de las Dependencias, reflejadas en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2008-2014, a la nueva filosofía institucional y a las exigencias encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;

CONSIDERANDQ:

Que se hace necesario conformar un equipo de mensajeros u operadores moto vehículo que, bajo la supervisión directa de un Jefe de Unidad, tendrán a su cargo la distribución inmediata de las comunicaciones emanadas de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Carabobo.

RESUELVE:

PRIMERO: Crear la "Unidad de Mensajería", adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. Dicha Unidad tendrá como objetivo primordial gestionar de manera centralizada y normalizada, el servicio de recepción y distribución de la correspondencia procedente de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Carabobo, garantizando la seguridad y protección de la misma a través de su registro y archivo sistemático.

SEGUNDO: La "Unidad de Mensajería", tendrá las siguientes funciones:

1.- Recibir, registrar y distribuir la correspondencia generada por las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Carabobo.

2.- Entregar la correspondencia a sus destinatarios dentro de la debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.

3.- Lievar el registro y control de la correspondencia que sea distribuida por la Unidad, mediante su sistema informático.

4.- Las demás que le atribuya el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, las leyes, reglamentos y resoluciones.

TERCERO: La "Unidad de Mensajería", estará a cargo de un Jefe o Jefa de Unidad, quien prestará servicio a tiempo completo y, será de libre nombramiento y remoción de la Fiscal General de la República.

CUARTO: La "Unidad de Mensajería", contará con el personal profesional y administrativo que se requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.

QUINTO: La presente Resolución, será parte integrante del "Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias que conforman el Despacho del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000.

SEXTO: Se ordena la inclusión de la "Unidad de Mensajería", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.

sÉPTmo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en laal de la República-Bolariapa de Venezuela.

vista E L LUISA ORTEGA DÍAZ cal General de la República

página original (tal como se publicó)Página 52 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1620 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDO:

Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;

CONSIDERANDQ:

Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2008-2014, a la nueva filosofía institucional y a las exigencias encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario conformar un equipo de mensajeros u operadores moto vehículo que, bajo la supervisión directa de un Jefe de Unidad, tendrán a su cargo la distribución inmediata de las comunicaciones emanadas de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Monagas.

RESUELVE:

PRIMERQ: Crear la "Unidad de Mensajería", adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. Dicha Unidad tendrá como objetivo primordial gestionar de manera centralizada y normalizada, el servicio de recepción y distribución de la correspondencia procedente de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Monagas, garantizando la seguridad y protección de la misma a través de su registro y archivo sistemático.

SEGUNDQ: La "Unidad de Mensajería", tendrá las siguientes funciones:

1.- Recibir, registrar y distribuir la correspondencia generada por las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Monagas.

2.- Entregar la correspondencia a sus destinatarios dentro de la debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.

3.- Llevar el registro y control de la correspondencia que sea distribuida por la Unidad, mediante su sistema informático.

4.- Las demás que le atribuya el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, las leyes, reglamentos y resoluciones.

TERCERO: La "Unidad de Mensajería", estará a cargo de un Jefe o Jefa de Unidad, quien prestará servicio a tiempo completo y, será de libre nombramiento y remoción de la Fiscal General de la República.

CUARTO: La "Unidad de Mensajería", contará con el personal funciones.

QUINTQ: La presente Resolución, será parte integrante del "Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias que conforman el Despacho del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000.

SEXTQ: Se ordena la inclusión de la "Unidad de Mensajería", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.

SÉPTIMO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Qficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Registreseon oruquese y Pubíquese.

UISA ORTEGA DÍAZ Fiegal General de-la-República.

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1621 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDO:

Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se deben evaluar las competencias de cada una de las Dependencias, reflejadas en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2008-2014, a la nueva filosofía institucional y a las exigencias encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;

CONSIDERANDQ:

Que se hace necesario conformar un equipo de mensajeros u operadores cargo la distribución inmediata de las comunicaciones emanadas de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Portuguesa.

RESUELVE:

PRIMERQ: Crear la "Unidad de Mensajería", adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. Dicha Unidad tendrá como objetivo primordial gestionar de manera centralizada y normalizada, el servicio de recepción y distribución de la correspondencia procedente de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Portuguesa, garantizando la seguridad y protección de la misma a través de su registro y archivo sistemático.

SEGUNDO: La "Unidad de Mensajería", tendrá las siguientes funciones:

1.- Recibir, registrar y distribuir la correspondencia generada por las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Portuguesa.

2.- Entregar la correspondencia a sus destinatarios dentro de la debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.

3.- Llevar el registro y control de la correspondencia que sea distribuida por la Unidad, mediante su sistema informático.

4.- Las demás que le atribuya el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, las leyes, reglamentos y resoluciones.

TERCERO: La "Unidad de Mensajería", estará a cargo de un Jefe o Jefa de Unidad, quien prestará servicio a tiempo completo y, será de libre nombramiento y remoción de la Fiscal General de la República.

CUARTO: La "Unidad de Mensajería", contará con el personal funciones.

QugNTQ: La presente Resolución, será parte integrante del "Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias que conforman el Despacho del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000.

SEXTQ: Se ordena la inclusión de la "Unidad de Mensajería", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.

SÉPTIMO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivarfana-de Venezuela.

UISA ORTEGA DÍAZ al General de la República

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1622 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDQ:

Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se deben evaluar las competencias de cada una de las Dependencias, reflejadas en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;

CONSIDERANDQ:

Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2008-2014, a la nueva filosofía institucional y a las exigencias encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;

CONSIDERANDQ:

Que se hace necesario conformar un equipo de mensajeros u operadores cargo la distribución inmediata de las comunicaciones emanadas de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Sucre.

RESUELVE:

PRIMERQ: Crear la "Unidad de Mensajería", adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre. Dicha Unidad tendrá como objetivo primordial gestionar de manera centralizada y normalizada, el servicio de recepción y distribución de la correspondencia procedente de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Sucre, garantizando la seguridad y protección de la misma a través de su registro y archivo sistemático.

SEGUNDQ: La "Unidad de Mensajería", tendrá las siguientes funciones:

1.- Recibir, registrar y distribuir la correspondencia generada por las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Sucre.

2.- Entregar la correspondencia a sus destinatarios dentro de la debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.

3.- Llevar el registro y control de la correspondencia que sea distribuida por la Unidad, mediante su sistema informático.

4. Las demás que le atribuya el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, las leyes, reglamentos y resoluciones.

TERCERQ: La "Unidad de Mensajería", estará a cargo de un Jefe o Jefa de Unidad, quien prestará servicio a tiempo completo y, será de libre nombramiento y remoción de la Fiscal General de la República.

CUARTQ: La "Unidad de Mensajería", contará con el personal funciones.

QUINTQ: La presente Resolución, será parte integrante del "Reglamento del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000.

SEXTQ: Se ordena la inclusión de la "Unidad de Mensajería", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.

SÉPTIMQ: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República-Beiveriana de Venezuela.

regístrese, Comuníquese y Publíquese.

LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1623 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDQ:

Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se deben evaluar las competencias de cada una de las Dependencias, reflejadas en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;

CONSIDERANDQ:

Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2008-2014, a la nueva filosofía institucional y a las exigencias encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario conformar un equipo de mensajeros u operadores cargo la distribución inmediata de las comunicaciones emanadas de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Táchira.

RESUELVE:

PRIMERQ: Crear la "Unidad de Mensajería", adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Dicha Unidad tendrá como objetivo primordial gestionar de manera centralizada y normalizada, el servicio de recepción y distribución de la correspondencia procedente de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Táchira, garantizando la seguridad y protección de la misma a través de su registro y archivo sistemático.

SEGuNDO: La "Unidad de Mensajería",tendrá las siguientes funciones:

1.- Recibir, registrar y distribuir la correspondencia generada por las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Táchira.

2.- Entregar la correspondencia a sus destinatarios dentro de la debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.

3.- Llevar el registro y control de la correspondencia que sea distribuida por la Unidad, mediante su sistema informático.

4.- Las demás que le atribuya el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, las leyes, reglamentos y resoluciones.

TERCERO: La "Unidad de Mensajería", estará a cargo de un Jefe o Jefa de Unidad, quien prestará servicio a tiempo completo y, será de libre nombramiento y remoción de la Fiscal General de la República.

CUARTQ: La "Unidad de Mensajería", contará con el personal profesional y administrativo que se requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.

QuINTo: La presente Resolución, será parte integrante del "Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias que conforman el Despacho del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000.

SEXTQ: Se ordena la inclusión de la "Unidad de Mensajería", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.

SÉPTIMO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Camrmíquese y Publíquese E Lo LUISA ORTEGA DÍAZ

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página original (tal como se publicó)Página 54 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1624 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDO:

Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se deben evaluar las competencias de cada una de las Dependencias, reflejadas en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2008-2014, a la nueva filosofía institucional y a las exigencias encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario conformar un equipo de mensajeros u operadores cargo la distribución inmediata de las comunicaciones emanadas de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Vargas.

RESUELVE:

PRIMERO: Crear la "Unidad de Mensajería",adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas. Dicha Unidad tendrá como objetivo primordial gestionar de manera centralizada y normalizada, el servicio de recepción y distribución de la correspondencia procedente de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Vargas, garantizando la seguridad y protección de la misma a través de su registro y archivo sistemático.

funciones:

1. Recibir, registrar y distribuir la correspondencia generada por las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Vargas.

2.- Entregar la correspondencia a sus destinatarios dentro de la debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.

3.- Llevar el registro y control de la correspondencia que sea distribuida por la Unidad, mediante su sistema informático.

4.- Las demás que le atribuya el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, las leyes, reglamentos y resoluciones.

TERCERQ: La "Unidad de Mensajería", estará a cargo de un Jefe o Jefa de Unidad, quien prestará servicio a tiempo completo y, será de libre nombramiento y remoción de la Fiscal General de la República.

CUARTQ: La "Unidad de Mensajería", contará con el personal profesional y administrativo que se requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.

QuInTo: La presente Resolución, será parte integrante del "Reglamento del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000.

SExTQ: Se ordena la inclusión de la "Unidad de Mensajería", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.

SÉPTIMQ: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Regstrese, Comiunauese y Publiquese.

LUISA ORTEGA DÍAZ General de la República Fisca

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1625 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDO:

Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2008-2014, a la nueva filosofía institucional y a las exigencias encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario conformar un equipo de mensajeros u operadores moto vehículo que, bajo la supervisión directa de un Jefe de Unidad, tendrán a su cargo la distribución inmediata de las comunicaciones emanadas de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Yaracuy.

RESUELVE:

PRIMERO: Crear la "Unidad de Mensajería", adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Ypracuy. Dicha Unidad tendrá como objetivo primordial gestionar de manera o ntralizada y normalizada, el servicio de recepción y distribución de la correspondencia procedente de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Yaracuy, garantizando la seguridad y protección de la misma a través de su registro y archivo sistemático.

SEGUNDQ: La "Unidad de Mensajería", tendrá las siguientes funciones:

1.- Recibir, registrar y distribuir la correspondencia generada por las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Yaracuy.

2.- Entregar la correspondencia a sus destinatarios dentro de la debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.

3.- Llevar el registro y control de la correspondencia que sea distribuida por la Unidad, mediante su sistema informático.

4.- Las demás que le atribuya el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, las leyes, reglamentos y resoluciones.

TERCERQ: La "Unidad de Mensajería", estará a cargo de un Jefe o Jefa de Unidad, quien prestará servicio a tiempo completo y, será de libre nombramiento y remoción de la Fiscal General de la República.

CUARTQ: La "Unidad de Mensajería", contará con el personal profesional y administrativo que se requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.

QUINTQ: La presente Resolución, será parte integrante del "Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias que conforman el Despacho del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000.

SEXTQ: Se ordena la inclusión de la Unidad de Mensajería", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.

SÉPTIMO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Regístrese, Comuaranese y Publiquese.

LUISA ORTEGA DÍAZ FiscaGeneral de la Repúbliea

página original (tal como se publicó)Página 55 de la Gaceta

Página 56

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1626 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDO:

Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;

CONSIDERANDQ:

Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2008-2014, a la nueva filosofía institucional y a las exigencias encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario conformar un equipo de mensajeros u operadores cargo la distribución inmediata de las comunicaciones emanadas de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Zulia.

RESUELVE:

PRIMERO: Crear la "Unidad de Mensajería", adscrita a la Fiscalía Unidad tendrá como objetivo primordial gestionar de manera centralizada y normalizada, el servicio de recepción y distribución de la correspondencia procedente de las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Zulia, garantizando la seguridad y protección de la misma a través de su registro y archivo sistemático.

funciones:

1.- Recibir, registrar y distribuir la correspondencia generada por las Fiscalías y demás unidades de apoyo ubicadas y aledañas al estado Zulia.

2.- Entregar la correspondencia a sus destinatarios dentro de la debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.

3.- Llevar el registro y control de la correspondencia que sea distribuida por la Unidad, mediante su sistema informático.

4.- Las demás que le atribuya el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, las leyes, reglamentos y resoluciones.

TERCERQ: La "Unidad de Mensajería", estará a cargo de un Jefe o Jefa de Unidad, quien prestará servicio a tiempo completo y, será de libre nombramiento y remoción de la Fiscal General de la República.

CUARTO: La "Unidad de Mensajería", contará con el personal profesional y administrativo que se requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.

QuInTQ: La presente Resolución, será parte integrante del "Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias que conforman el Despacho del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000.

SEXTQ: Se ordena la inclusión de la "Unidad de Mensajería", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.

SÉPTIMQ: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivasiana de Venezuela.

regístrese Cokríquese y Pubíquese.

LUISA ORTEGA DÍAZ Ecal General de la República- ^

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 02 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1596 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CONSIDERANDO:

Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se deben evaluar las competencias de cada una de las Direcciones, reflejadas en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;

U CONSIDERANDQ:

Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2008-2014, a la nueva filosofía institucional y a las exigencias encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;

CONSIDERANDO:

Que se hace necesaria la creación de un órgano de dirección a nivel nacional por parte del Ministerio Público, que apoye y brinde asesoría a las Fiscalías del Ministerio Público a Nivel Nacional y Regional, en las investigaciones iniciadas por los delitos de Secuestro y Extorsión, así como los contemplados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y en los demás Tratados ratificados por Venezuela sobre la materia.

RESUELVE:

PRIMERQ: Crear la "Dirección Contra la Extorsión y el Secuestro", adscrita a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de este Despacho. Dicha Dirección tendrá como objetivo general garantizar la efectiva actuación de los Fiscales del Ministerio Público en la prevención y control de los delitos asociados a la Extorsión y el Secuestro y, a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, mediante el desarrollo de investigaciones y la desarticulación de grupos delictivos organizados.

SEGUNDQ: La "Dirección Contra la Extorsión y el Secuestro", tendrá las siguientes funciones:

1.- Proponer políticas de investigación, acordes con los planes de la nación, que permitan identificar y desarticular los grupos delictivos organizados relacionados con las materias de su competencia.

2.- Establecer lineamientos de prevención y control que permitan la actuación oportuna de los representantes del Ministerio Público en hechos asociados a la materia de su competencia.

3.- Diseñar estrategias que permitan la aplicación efectiva de las sanciones a los responsables en la comisión de los delitos cometidos en las materias de su competencia.

4.- Apoyar y asesorar permanentemente a las Dependencias cuando lo requieran, en relación con los delitos cometidos en las materias de su competencia.

5.- Asignar comisiones a los Fiscales del Ministerio Público y evaluar el cumplimiento de las actividades desarrolladas en materia de su competencia.

6.- Emitir opiniones, fijar directrices, evacuar consultas y formular observaciones a los Fiscales del Ministerio Público, en materias de competencia de la Dirección.

7. Presentar informes requeridos por los organismos nacionales e internacionales, relacionados con las materias de su competencia.

8.- Representar al Ministerio Público ante los entes gubernamentales y no gubernamentales, relacionados con las materias de su competencia.

9.- Velar por el cumplimiento del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control de los Planes, Programas y Proyectos que lleva a cabo el Ministerio Público, en materia de su competencia.

10.- Realizar visitas técnicas a las oficinas Fiscales adscritas y aplicar las estrategias necesarias que permitan maximizar su operacionalidad.

11.- Las demás que le atribuya el o la Fiscal General de la República.

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TERCERQ: La "Dirección Contra la Extorsión y el Secuestro", estará a cargo de un Director o Directora, quien prestará servicio a tiempo completo y será de libre nombramiento y remoción de la Fiscal General de la República.

CUARTQ: La "Dirección Contra la Extorsión y el Secuestro", cumplimiento de sus funciones.

QuINTO: La presente Resolución, será parte integrante del "Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias que conforman el Despacho del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511 Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000.

SEXTQ: Se ordena la inclusión de la "Dirección Contra la Extorsión y el Secuestro", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.

SÉPTIMO: La presente Resoluciónentrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana le Venezuela.

Regístreníquese y Publíquese 9 LUISA ORTEGA DÍAZ General de la República Fis

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de octubre de 2014 Años 204° y 155°

RESOLUCIÓN N° 1642 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 ejusdem.

RESUELVE:

ÚNICQ: Designar a la ciudadana RHONA MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 10.867.586, 3EFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN (ENCARGADA), en la División de Compras y Servicios de la Dirección de Administración y Servicios, adscrita a la Dirección General Administrativa de este Despacho, a los fines de cubrir la falta temporal producida por el ciudadano José Gregorio Rivas Medina, quien hace uso de sus vacaciones. La referida ciudadana se desempeña como Registrador de Bienes y Materiales Jefe en el citado Departamento.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 14-10-2014.

Regístrese, comuníquese y Publiquese.

3 07 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiścal General de la Répública

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1643 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 ejusdem.

RESUELVE:

ÚNICQ: Designar al ciudadano Ingeniero WALGER ROMERO, titular de la cédula de identidad N° 15.032.587, C0ORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (ENCARGADO), adsCrito a la Dirección de Infraestructura y Edificación de este Despacho, a los fines de cubrir la falta temporal producida por su titular ciudadano Ingeniero Alexis Becerra García, quien hace uso de sus vacaciones. El ciudadano Walger Romero se desempeña como Jefe de División de Mantenimiento Electromecánico en la citada Coordinación.

Igualmente, conforme a lo establecido en el numeral 20 del artículo 25 de la aludida Ley Orgánica del Ministerio Público, delego en el nombrado ciudadano la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación, mientras esté encargado de la mencionada Coordinación.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 14-10-2014.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese;

LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República

página original (tal como se publicó)Página 57 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 15 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1645 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numerales 1 y 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 42 de la Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

CONSIDERANDO:

Que es competencia de la Fiscal General de la República, como Máxima Autoridad del Ministerio Público, delegar las atribuciones, firmas de los Actos y Documentos en los Funcionarios o Funcionarias del Organismo, conforme lo dispuesto en la normativa vigente;

CONSIDERANDQ:

Que la finalidad de la presente delegación, una vez cumplidos los extremos legales contemplados en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, es la de desconcentrar los trámites administrativos que le son propios.

RESUELVE:

ARTiCULO 1: Delegar en el ciudadano Licenciado JOSÉ MIGUEL CARPIO BENNAZAR, titular de la cédula de identidad N° 2.159.823, Director General Administrativo, adscrito a la Vicefiscalía General de la República, la firma de las órdenes de compras y servicios.

ARTícULo 2: La Dirección de Secretaría General del Ministerio Público queda encargada de realizar todos los trámites correspondientes para la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de la presente Resolución.

Regístrese, Cmníquese-y Publíquese.

LUISA ORTEGA DÍAZ scaleneral de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1631 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la Repúbiica En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar al ciudadanO HÉCTOR 3OSÉ QUINTERO PERERA,titular de la cédula de identidad N° 11.029.032, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO III en la Dirección de Seguridad y Transporte, adscrita a la Vicefiscalía, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El referido ciudadano se viene desempeñando como Técnico de Seguridad y Resguardo I en la citada Dirección.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 15 de octubre de 2014.

Registrese, Comnuníquese y Publiquese, 5 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1632 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

página original (tal como se publicó)Página 58 de la Gaceta

Página 59

RESUELVE:

ÚNICQ: Designar al ciudadano Técnico Superior Universitario LUIS FERNANDO EULACEO GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad N° 16.260.842, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO NE en la DireCción de Seguridad y Transporte, adscrita a la Vicefiscalía, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El referido ciudadano se viene desempeñando como Técnico de Seguridad y Resguardo I en la citada Dirección.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 15 de octubre de 2014.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

€ 37 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1639 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar ABOGADO ADJUNTO IV al ciudadanO JOSÉ ÁNGEL MOGOLLÓN NAVARRO, titular de la cédula de identidad N° 18.131.323, en la Coordinación de Asuntos Laborales y Funcionariales, adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico de este Despacho, cargo creado. El referido ciudadano se viene desempeñando como Abogado Adjunto III en la citada Coordinación.

El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir del 20 de octubre de 2014.

Registiese, Conaugíquese y Rublíquese.

LUISA ORTEGA DÍAZ- Fiscal General de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de octubre de 2014 Años 204º y 155° RESOLUCIÓN N° 1640 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar ABOGADO ADJUNTO III a la ciudadana INDIRA 30SÉ PARDO MILLÁN, titular de la cédula de identidad N° 14.558.324, en la Coordinación de Asuntos Laborales y Funcionariales, adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico de este Despacho, en sustitución del ciudadano Abogado José Ángel Mogollón Navarro, quien pasará a otro destino. La referida ciudadana se viene desempeñando como Abogado Adjunto II en la citada Coordinación.

El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir del 20 de octubre de 2014.

uníquese y Publíquese.

Registrese, LUISA ORTEGA DÍAZ riscal General de la-Republica

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1633 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar con el cargo al ciudadano OSMER ENRIQUE ROMERo CALDERóN, titular de la cédula de identidad N° 19.391.898, quien se viene desempeñando como ABOGADO ADJUNTO A en la Fiscalía Octogésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, adscrita a la Dirección General de Actuación Procesal_de este Despacho, a partir del 20 de octubre de 2014.

istrese, omuníquese y Publíquese.

& LUISA ORTEGA DÍAZ scal General de la República

página original (tal como se publicó)Página 59 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1637 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICQ: Trasladar con el cargo a la ciudadana YAJAIRA JOSEFINA ALBORNOZ MEDRANO, titular de la cédula de identidad N° 5.302.214, quien se viene desempeñando como ABOGADO ADJUNTO IV en ia División de Procedimientos para Determinar Responsabilidades de la Dirección de Auditoría Interna, adscrita a este Despacho; a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, adscrita a la Dirección General de Actuación Procesal, a partir del 20 de octubre de 2014.

strese, omuníquese y Puplíquese.

UISA ORTEGA DÍAZ Fical General de la República

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de octubre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1641 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada YOSELIN ALEXANDRA PERDOMO RODRíGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 13.373.823, quien se viene desempeñando como ABOGADO ADJuNTo V en la Dirección de Delitos Comunes, adscrita a la Dirección General de Actuación Procesal de este Despacho; a la Dirección Técnico Científica y de Investigaciones, adscrita a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal de este Despacho, cargo creado, a partir del 20 de octubre de 2014.

gistrese,muníquese y Publíquese, SLUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República Siguenos en Twitter @oficialgaceta (+58212) 576-80-86 / 576-43-92.

@moficialimprenta

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A LOS GESTORES DILE NO GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MESIF SUMARIO ASOCXD-

Gobierno Bolivariano Ministerio del Poder Popular de Venezuela para la Comunicación y la Información Servicio Autonomo BICENTENARIA Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

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Servicio Autónomo Imprenta Nacional Gaceta Oficial G-20001768-8 Estimados usuarios El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial facilita a todas las personas naturales, jurídicas y nacionalizadas la realización de los trámites legales para la solicitud de la Gaceta Oficial sin intermediarios.

Recuerde que a través de nuestra página usted puede consultar o descargar de forma rápida y gratuita la Gaceta Oficial visite:

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imprentanacional.gob.ve

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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANO CXLI — MESIV Care.j 2) de de 04 N'4.122Esre SUMARIO

REPÍBUICA BOLINARZANA NE VENEZCEA CENTRO NACIONAI, DE COMPRCTO EXTERIOR

Ahora usted puede certificar la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en nuestra página web www.imprentanacional.gob:ve Síguenos en Twitter @oficialgaceta COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL @moficialimprenta CERTIFICADO

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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLII- Número 40.522 MES I Caracas, lunes 20 de octubre de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 64 Págs. costo equivalente a 26,05 % valor Unidad Tributaria

DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIALDE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

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