Gaceta Oficial N° 40.516
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Número 40.516 Caracas, viernes 10 de octubre de 2014
AÑO CXLI MES XII
SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL Ley Aprobatoria del Cuarto Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano.
PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA Decreto N° 1.320, mediante el cual se nombra al ciudadano General de División José Luis Maitan Herrera, Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Decreto N° 1.321, mediante el cual se nombra Presidenta de la Fundación Misión Madres del Barrio «Josefa Joaquina Sánchez», a la ciudadana María Rosa Jiménez Barreto.
Decreto N° 1.322, mediante el cual se transfiere la Empresa Mixta PETROVICTORIA, S.A., el derecho a desarrollar actividades primarias de exploración en busca de yacimientos de petróleo crudo, extracción de petróleo crudo y gas natural asociado, recolección, transporte y almacenamiento iniciales.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCAPÚBLICA Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencia mediante la cual se prorroga el Proceso de Liquidación Administrativa de la sociedad mercantil Transeguros C.A., de Seguros, por el lapso de un (1) año, contado a partir del 27 de febrero de 2014.
Providencia mediante la cual se autoriza a la «Asociación Cooperativa de Seguros para Vehículos Prinseguros, R.L.», para el ejercicio de la Actividad Aseguradora en los ramos generales de seguros para vehículos y accidentes personales, e inscribir la bajo el Nº 10 en el Registro de Cooperativas de Seguros que para el efecto se lleva en esta Superintendencia.
BCV Aviso Oficial mediante el cual se informa las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito y tasas de interés para operaciones crediticias destinadas al sector turismo.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Héctor José Terán, como Director de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan, como Miembros Principales del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR) y sus respectivos Suplentes.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS CONAVIA Reglamento Interno de la Comisión Presidencial Consejo Nacional de Vialidad Agrícola (CONAVIA).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA YTECNOLOGÍA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alberto José Quintero, como Director General, Encargado, de la Oficina de Coordinación Territorial de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARAEL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resoluciones mediante las cuales se confiere la condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se señalan.
INCRET Providencia mediante la cual se designa la Comisión de Contrataciones de este Instituto, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Wilfredo Coromoto Ochoa Luna, como Director de Administración de este Instituto.
Tesorería de Seguridad Social Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna de la Tesorería de Seguridad Social.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE Y OBRAS PÚBLICAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Manuel Olveira Hernández, Vicepresidente Ejecutivo, de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), ente adscrito a este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Charles Henri Phillipe Giuseppi Castillo, como Director General de la Oficina de' Gestión y Cooperación Internacional, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Amilcar José Carvajal Arroyo, como Director General de Integración y Cooperación Técnica Internacional, adscrito al Despacho del Viceministro de Comunas y Movimientos Sociales.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAALIMENTACIÓN Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ludmila Dritdalia Urbano Gutiérrez, como Consultora Jurídica de este Ministerio, en calidad de Encargada.
Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos y a la ciudadana que en ella se mencionan, como Directores Principales de la Junta Directiva de la Empresa del Estado «Logística Casa LOGICASA, S.A.» y sus respectivos suplentes.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Johan Alexander Hernández Lárez, como Presidente de la Empresa del Estado «Corporación Productora, Distribuidora y Mercado de Alimentos, S.A.» (CORPO-PDMERCAL).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAENERGÍAELÉCTRICA Resolución mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso, por la cantidad que en ella se indica, de este Ministerio.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante de la Inspectoría General de Tribunales contra la decisión que en ella se señala, donde Absolvió la Responsabilidad Disciplinaria a la Jueza Eileen Lorena Urdaneta Núñez.
Decisión mediante la cual se declara Perimido el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Andreína Ibarra de Carlo, en contra de la Sentencia que en ella se indica, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 19 de noviembre de 2013.
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Decisión mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 03 de abril de 2014, por la representación de la IGT contra la Sentencia que en ella se menciona, y se Absuelve de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana Ana Sonia Sánchez Aguirre, en su carácter de Jueza del Juzgado que en ella se especifica.
MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se indican.
ASAMBLEA NACIONAL República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Caracas - Venezuela LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY APROBATORIA DEL CUARTO PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE EL FONDO DE FINANCIAMIENTO CONJUNTO CHINO-VENEZOLANO Artículo Único. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el "Cuarto Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano" suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 21 de julio de 2014.
CUARTO PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE EL FONDO DE FINANCIAMIENTO CONJUNTO CHINO-VENEZOLANO Entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, en lo sucesivo denominados las Partes;
BASADos EN la fortaleza y el éxito del Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano (el "Fondo Conjunto Chino-Venezolano") establecido e implementado de conformidad con el Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto China-Venezuela suscrito el 9 de mayo de 2008; (el "Acuerdo Inicial"), modificado por el Protocolo de Enmienda entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, suscrito el 18 de febrero de 2009; (el "Primer Protocolo de Enmienda"), y modificado posteriormente por el Segundo Protocolo de Enmienda entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, firmado el 27 de febrero de 2012; (el "Segundo Protocolo de Enmienda") y modificado posteriormente por el Tercer Protocolo de Enmienda entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, firmado el 22 de septiembre de 2013; (el "Tercer Protocolo de Enmienda") (el Acuerdo inicial modificado por el Primer Protocolo de Enmienda, el Segundo Protocolo de Enmienda, y el Tercer Protocolo de Enmienda, siendo el "Acuerdo Original"). Después de negociaciones amistosas, las Partes han acordado modificar el Acuerdo Original por el Cuarto Protocolo de Enmienda (el "Cuarto Protocolo de Enmienda") de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1 El artículo 3 (I) del Acuerdo Original se suprimirá en su totalidad y se sustituirá por el siguiente:
"(I) Las Partes confirman que el Fondo Conjunto Chino-Venezolano es una estructura marco de fondos compuesta por los siguientes tres tramos:
(1) Tramo A ("Tramo A") por un monto de seis mil millones de dólares (US$6.000.000.000). De esta cantidad, cuatro mil millones de dólares (US$4.000.000.000) se derivan de un préstamo otorgado por el Prestamista al Prestatario por un período de tres años (el "Préstamo del Tramo A"), y dos mil millones de dólares (US$2.000.000.000) (o su equivalente a la moneda de la República Bolivariana de Venezuela) se derivan de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN.
(2) Tramo B ("Tramo B") por un monto de seis mil millones de dólares (US$6.000.000.000). De esta cantidad, cuatro mil millones de dólares (US$4.000.000.000) se derivan de un préstamo otorgado por el Prestamista al Prestatario por un período de tres años (el "Préstamo del Tramo B"), y dos mil millones de dólares (US$2.000.000.000) (o su equivalente a la moneda de la República Bolivariana de Venezuela) se derivan de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN.
(3) Tramo C ("Tramo C") por un monto de seis mil millones de dólares (US$6.000.000.000). De esta cantidad, cinco mil millones de dólares (US$5.000.000.000) se derivarán de un préstamo otorgado por el Prestamista al Prestatario (el "Préstamo del Tramo C"), y un mil millones de dólares (US$1.000.000.000) (o su equivalente a la moneda de la República Bolivariana de Venezuela) se derivarán de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN".
ARTÍCULO 2 El artículo (II) (3) del Acuerdo Original se suprimirá en su totalidad y se sustituirá por el siguiente:
"(3) Cada una de las Partes dará su aprobación para cada fase de cooperación mediante el intercambio de notas diplomáticas en concordancia con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República Popular China (conforme aplique) y tales notas diplomáticas deben incluir el contenido acordado en el Artículo 5 (I)".
ARTÍCULO 3 El artículo 5 (I) del Acuerdo Original se suprimirá en su totalidad y se sustituirá por el siguiente:
"(I) Compromete a la República Bolivariana de Venezuela, a través del vendedor, a vender combustible y/o petróleo crudo, conforme al (a los) contrato(s) correspondiente(s) de compraventa de petróleo, al comprador en una cantidad mínima igual al número de barriles por día para generar del crédito del Prestamista en cualquier momento, con respecto al Préstamo del Tramo A, al Préstamo del Tramo B y al Préstamo del Tramo C, hasta que todas las obligaciones derivadas de los documentos financieros relacionados con el préstamo, hayan sido total e incondicionalmente cumplidas por el Prestatario. El número de barriles de petróleo a ser suministrado por día con respecto a cada préstamo bajo este Acuerdo deberá ser confirmado en las notas diplomáticas intercambiadas entre las Partes de conformidad con el artículo 3 (II) (3) mencionado anteriormente y tal número será vinculante para las Partes y pertinentes Entidades Designadas de las Partes, SIEMPRE QUE nada impida al vendedor, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, de suministrar al comprador barriles de petróleo adicionales en relación con cualquier saldo pendiente del Préstamo del Tramo A, el Préstamo del Tramo B o el Préstamo del Tramo C en exceso de aquellos confirmados en la mencionada nota diplomática si los montos confirmados en las notas diplomáticas son insuficientes para satisfacer los requerimientos específicos de soporte del crédito del Prestamista".
ARTÍCULO 4 El Artículo 5 (III) del Acuerdo Original se suprimirá en su totalidad y se sustituirá por el siguiente:
"(III) Reconoce y acepta que la porción concerniente del dinero depositado en las cuentas de recaudación se utilizará como fuente (no exclusiva) de fondos para el Prestatario con el fin de facilitar el reembolso realizado por el Prestatario al Prestamista del monto principal, los intereses y otros importes adeudados por el Prestatario al Prestamista en relación con el Préstamo del Tramo A, el Préstamo del Tramo B y/o el Préstamo del Tramo C. Las autoridades legislativas y las autoridades ejecutivas de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su sistema jurídico actual y futuro, asegurarán que durante el plazo de vigencia de este Convenio, la mencionada estructura de amortización y las transacciones contempladas en los términos del presente Acuerdo cumplan con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y las obligaciones internacionales con los que la República Bolivariana de Venezuela ha comprometido (incluyendo, sin limitación, a través de la emisión de cartas de instrucción y de cartas de garantías por los ministros pertinentes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a las Partes pertinentes con consideración a las transacciones contempladas en este Acuerdo) y sean ejecutadas fluidamente y en el espíritu expresado en el preámbulo del presente Acuerdo".
ARTÍCULO 5 Las Partes convienen que, aparte de las modificaciones planteadas en los términos del presente Protocolo de Enmienda, los términos del Acuerdo Original se mantendrán iguales. Para facilitar la consulta, las Partes acuerdan que la forma consolidada del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo Conjunto China-Venezuela que refleja las modificaciones introducidas en el Acuerdo Original conforme al presente Protocolo de Enmienda, es el formulario que figura en el anexo.
ARTÍCULO 6 El presente Protocolo de Enmienda entrará en vigor y surtirá efecto a partir de la fecha de emisión de la última comunicación, por escrito, a través de la cual las Partes se notificarán mutuamente el cumplimiento de sus respectivos requisitos legales internos para tal fin.
Este Protocolo de Enmienda expirará en la misma fecha de expiración del Acuerdo Original (enmendado por el presente Protocolo de Enmienda).
Suscrito por duplicado en Caracas a los 21 días del mes de julio del año 2014, en dos ejemplares originales, en los idiomas castellano, chino e inglés,
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respectivamente, siendo ambos textos igualmente auténticos. En caso de cualquier divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno de la Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela República Popular China ANEXO ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE EL FONDO DE FINANCIAMIENTO CONJUNTO CHINO-VENEZOLANO (VERSIÓN CONSOLIDADA) Entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, en adelante denominados las "Partes";
coNSIDERANDo la consolidación ininterrumpida de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Común establecida en 2001 entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, en adelante denominados "ambos paises";
TENIENDO PRESENTE la complementariedad y las enormes potencialidades para la cooperación entre las economías de ambos países;
coNsCIEnTEs de las perspectivas prometedoras para el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, así como la voluntad común de promover el desarrollo económico y social;
REConocIENDo la necesidad de promover el comercio y las inversiones bilaterales a través de la creación de mecanismos para el financiamiento de la cooperación, así como también para ampliar la cooperación entre las compañías de ambos países en los ámbitos de la agricultura, la energía y el petróleo, la industria de alta tecnología y la infraestructura;
ENFATIzANDO que la Comisión Conjunta de Alto Nivel creada en el año 2001 constituye el mecanismo que las Partes acordaron como ente coordinador de los proyectos de cooperación entre las Partes;
IMPuLSADoS por el propósito de fortalecer aún más los lazos de cooperación entre ambos países, y basados en los principios de beneficio mutuo y cooperación ganar-ganar y estratégica a través de consultas amistosas.
ARTÍCULO 1
Las Partes acuerdan el establecimiento del Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano (en adelante denominado "Fondo Conjunto Chino-Venezolano"). Los organismos designados por las Partes pondrán en marcha la cooperación financiera de acuerdo con los principios empresariales, con la finalidad de proveer respaldo económico a los proyectos de desarrollo económico y social en la República Bolivariana de Venezuela en las áreas de infraestructura, industria, agricultura, minería, energía, tecnología y asistencia técnica, entre otras, fundamentados en los principios de igualdad, beneficio y consultas mutua y el respeto mutuo a la soberanía.
ARTÍCULO 2 Para la ampliación y la implementación del presente Acuerdo, las instituciones financieras designadas por las Partes son: la Corporación Banco de Desarrollo de China de la República Popular China (el "Prestamista"), el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela (el "Prestatario") y el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. ("FONDEN"); los órganos comercializadores de petróleo designados por las Partes son: la China National United Oil Corporation (Corporación Nacional China de Petróleo) (el "Comprador") y Petróleos de Venezuela S.A. (el "Vendedor"). Las instituciones financieras para la implementación del presente Acuerdo y los órganos comercializadores de petróleo se denominan colectivamente como los "Órganos Designados de las Partes".
ARTÍCULO 3 (I) Las Partes confirman que el Fondo Conjunto Chino-Venezolano es una estructura marco de fondos compuesta por los siguientes tres tramos:
(1) Tramo A ("Tramo A") por un monto de seis mil millones de dólares (US$6.000.000.000). De esta cantidad, cuatro mil millones de dólares (US$4.000.000.000) se derivan de un préstamo otorgarlo por el Prestamista al Prestatario por un periodo de tres años (el "Préstamo del Tramo A"), y dos mil millones de dólares (US$2.000.000.000) (o su equivalente a la moneda de la República Bolivariana de Venezuela) se derivan de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN.
Tramo B ("Tramo B") por un monto de seis mil millones de dólares (2) (US$6.000.000.000). De esta cantidad, cuatro mil millones de dólares (US$4.000.000.000) se derivan de un préstamo otorgado por el Prestamista al Prestatario por un período de tres años (el "Préstamo del Tramo B"), y dos mil millones de dólares (US$2.000.000.000) (o su equivalente a la moneda de la República Bolivariana de Venezuela) se derivan de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN.
(3) Tramo C ("Tramo C") por un monto de seis mil millones de dólares (US$6.000.000.000). De esta cantidad, cinco mil millones de dólares (US$5.000.000.000) se derivarán de un préstamo otorgado por el Prestamista al Prestatario (el "Préstamo del Tramo C"), y un mil millones de dólares (US$1.000.000.000) (o su equivalente a la moneda de la República Bolivariana de Venezuela) se derivarán de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN.
(II) Se proporcionan los recursos financieros para el Tramo A, el Tramo B y el Tramo C (por separado un "Tramo" y en conjunto los "Tramos") mediante la concesión de préstamos otorgados por el Prestamista, así como por las contribuciones realizadas por FONDEN. Esto se llevará a cabo a través de la firma de los acuerdos respectivos y/o documentos firmados por los Órganos Designados de las Partes.
(III) Tras la exitosa culminación de un Tramo, así como el pago de un préstamo por parte del Prestatario al Prestamista con referencia a un Tramo, las Partes podrán acordar fases adicionales de cooperación con respecto a dicho Tramo en el marco del Fondo Conjunto Chino-Venezolano. La iniciación por las Partes de fases adicionales de cooperación con respecto a cada Tramo (cada uno con los montos descritos en el apartado (I) supra), estará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:
(1) Que para cada nueva fase de cooperación, todos los préstamos otorgados por el Prestamista al Prestatario con respecto al Tramo en cuestión hayan sido pagados en su totalidad;
(2) Que la operación y la implementación del Fondo Conjunto Chino-Venezolano y las transacciones contempladas en el presente Acuerdo hayan sido de la satisfacción de las Partes; y (3) Cada una de las Partes dará su aprobación para cada fase de cooperación mediante el intercambio de notas diplomáticas en concordancia con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República Popular China (conforme aplique) y tales notas diplomáticas deben incluir el contenido acordado en el Artículo 5 (1)".
ARTÍCULO 4 Las Partes ratifican que la documentación (incluido cualquier acuerdo de facilidades, acuerdos a cuatro parte, contratos petroleros o acuerdos marco, todo en el marco del Fondo Conjunto Chino-Venezolano):
(I) Previamente firmada por las Partes Designadas, para favorecer las transacciones previstas en el presente Acuerdo fue ejecutada e implementada de conformidad con este Acuerdo, y partes relacionadas a los efectos del presente Acuerdo, será ejecutada e implementada conforme al marco establecido en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 5 El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela:
(I) Compromete a la República Bolivariana de Venezuela, a través del vendedor, a vender combustible y/o petróleo crudo, conforme al (a los) contrato (s) correspondiente (s) de compraventa de petróleo, al comprador en una cantidad mínima igual al número de barriles por día para generar suficientes ingresos para satisfacer los requerimientos específicos de soporte del crédito del Prestamista en cualquier momento, con respecto al Préstamo del Tramo A, al Préstamo del Tramo B y al Préstamo del Tramo C, hasta que todas las obligaciones derivadas de los documentos financieros relacionados con el préstamo, hayan sido total e incondicionalmente cumplidas por el Prestatario. El número de barriles de petróleo a ser suministrado por día con respecto a cada préstamo bajo este Acuerdo deberá ser confirmado en las notas diplomáticas intercambiadas entre las Partes de conformidad con el Articulo 3 (III) (3) mencionado anteriormente y tal número será vinculante para las Partes y pertinentes Entidades Designadas de las Partes, SIEMPRE QUE nada impida al vendedor, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, de suministrar al comprador barriles de petróleo adicionales en relación con cualquier saldo pendiente del Préstamo del Tramo A, el Préstamo del Tramo B o el Préstamo del Tramo C en exceso de aquellos confirmados en la mencionada nota diplomática si los montos confirmados en las notas diplomáticas son insuficientes para satisfacer los requerimientos específicos de soporte del crédito del Prestamista.
(II) Reconoce y concuerda que el comprador depositará el dinero de la compra del petróleo crudo y/o combustible directamente en la cuenta de cobro abierta en nombre de y mantenida por el Prestatario con el Prestamista; y (III) Reconoce y acepta que la porción concerniente del dinero depositado en las cuentas de recaudación se utilizará como fuente (no exclusiva) de fondos para el Prestatario con el fin de facilitar el reembolso realizado por el Prestatario al Prestamista del monto principal, los intereses y otros importes adeudados por el Prestatario al Prestamista en relación con el Préstamo del Tramo A, el Préstamo del Tramo B y/o el Préstamo del Tramo C. Las autoridades legislativas y las autoridades ejecutivas de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su sistema jurídico actual y futuro, asegurarán que durante el plazo de vigencia de este Convenio,
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la mencionada estructura de amortización y las transacciones contempladas en los términos del presente Acuerdo cumplan con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y las obligaciones internacionales con los que la República Bolivariana de Venezuela ha comprometido (incluyendo, sin limitación, a través de la emisión de cartas de instrucción y de cartas de garantías por los ministros pertinentes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a las Partes pertinentes con consideración a las transacciones contempladas en este Acuerdo) y sean ejecutadas fluidamente y en el espíritu expresado en el preámbulo del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 6 (I) El Fondo Conjunto Chino-Venezolano se destinará a los proyectos de desarrollo social y económico, incluidos los proyectos de cooperación chino-venezolana, en la República Bolivariana de Venezuela en las áreas de infraestructura, industria, agricultura, minería, energía y asistencia técnica y tecnológica.
(II) Cada Tramo se destinará a aquellos proyectos de desarrollo económico y social en la República Bolivariana de Venezuela que ambas Partes consideren que cumplen con los requisitos de esencialidad y factibilidad.
Las Partes acuerdan que los departamentos que las representan en la Comisión Conjunta de Alto Nivel mantendrán una comunicación y consultas apropiadas en lo relativo a la selección de dichos proyectos.
ARTÍCULO 7 Las Partes autorizan al Prestamista y al Prestatario a establecer y operar la Oficina Conjunta, y el mecanismo de reunión conjunto con el propósito de:
(I) Mejorar y promover el desarrollo social y económico de Venezuela a través de la cooperación bilateral chino-venezolana;
(II) Mejorar y promover la cooperación bilateral chino-venezolana;
Coordinar las transacciones contempladas por el presente Acuerdo;
(III) (IV) Coordinar y supervisar los proyectos a los cuales se ha destinado el Fondo Conjunto Chino-Venezolano; y (V) Proporcionar un foro para la comunicación y coordinación mutua entre las Partes y los Órganos Designados de las Partes.
ARTÍCULO 8 Los Órganos Designados de las Partes cumplirán de manera diligente con sus respectivas obligaciones y gozarán de sus respectivos derechos con arreglo a los acuerdos (de los cuales son Partes) que se suscribirán según el marco establecido en el presente Acuerdo, a saber: el acuerdo marco, el acuerdo a cuatro partes, los acuerdos de facilidades y los contratos de compra y venta de petróleo y cualquier otro documento suscrito en relación con el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 9 (I) Las Partes acuerdan que el éxito del presente Acuerdo depende de la total transparencia entre las Partes, los Órganos Designados de las Partes y todas las demás partes que se mencionan en este Acuerdo. Las Partes procurarán que los Órganos Designados de las Partes se suministren toda la información necesaria relacionada con el presente Acuerdo.
(II) Cada Parte notificará a la otra Parte sobre cualquier medida propuesta o vigente que la Parte considere que puede afectar en términos materiales la ejecución del presente Acuerdo o que afecte significativamente los intereses de la otra Parte según lo establecido en este Acuerdo. A petición de la otra Parte, una de las Partes proveerá la información y las respuestas solicitadas de forma expedita.
(III) Ninguna de las Partes podrá revelar, sin el consentimiento por escrito de la otra Parte, dicha información a terceros o utilizar esta información con fines distintos a los establecidos en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 10 Las Partes se asegurarán de que la constitución del Fondo Conjunto Chino-Venezolano cumpla con las leyes de sus respectivos países, y garantizarán que la ejecución del Fondo Conjunto Chino-Venezolano se realice sin contratiempos de conformidad con dichas leyes.
ARTÍCULO 11 Las Partes acuerdan que la Comisión Conjunta de Alto Nivel deberá coordinar y supervisar la apropiada implementación del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 12 Las Partes procurarán que los Órganos Designados de las Partes consignen un informe anual sobre el desempeño del Fondo Conjunto Chino-Venezolano (incluida la información sobre la implementación y la efectividad de los proyectos financiados por el Fondo Conjunto Chino-Venezolano) ante la Comisión Conjunta de Alto Nivel, y que los Órganos Designados de las Partes reciban la orientación por parte de la Comisión Conjunta de Alto Nivel en lo relativo a la ejecución de las transacciones contempladas en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 13 Cualquier desacuerdo o disputa que pueda surgir de la interpretación y/o ejecución del presente Acuerdo se resolverá de forma amistosa a través de consultas directas entre las Partes por canales diplomáticos.
ARTÍCULO 14 El presente Acuerdo podrá ser modificado o enmendado por mutuo acuerdo entre las Partes, por escrito y a través de los canales diplomáticos. Toda modificación o enmienda acordada entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 15 (I) El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de la última de las comunicaciones por escrito, a través de las cuales las Partes se notifiquen mutuamente el cumplimiento de sus respectivos requisitos legales internos para que el presente Acuerdo entre en vigor y tenga efecto.
(II) El presente Acuerdo expirará en una fecha (la "Fecha de Expiración") en la que se cumplan 3 meses después de la última fecha en que todo el monto de dinero adeudado al Prestamista por parte del Prestatario con respecto al Tramo A, el Tramo B y el Tramo C, sea reembolsado irrevocable e incondicionalmente en su totalidad.
(III) No obstante, lo establecido en el apartado (II), supra, dentro de un período de 3 meses antes de la Fecha de Expiración, las Partes podrán prorrogar el plazo del presente Acuerdo, a través de intercambio de notas diplomáticas que confirmen el mismo, de conformidad con la legislación de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Popular China (según corresponda).
(IV) La terminación del presente Acuerdo no afectará la ejecución o el desarrollo de ninguno de los acuerdos y contratos previamente suscritos bajo el marco establecido en el presente Acuerdo.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 9 de mayo de 2008, en dos ejemplares originales redactados en los idiomas castellano, chino e inglés, respectivamente, siendo estos textos igualmente auténticos. En caso de alguna divergencia en la interpretación de los textos, prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno de la Por el Gobierno de la República Popular China República Bolivariana de Venezuela Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los siete días del mes de octubre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.
DIOSDADO CABELLO RONDÓN Presidente de la Asamblea Nacional BLANCA EeKHOUT Segunda Vloepresidenta Primer Vicepreside REP
ELVIS JUNIOR AIDROBO FIDEL ERNESTO VASQUEZ T.
Subsecretario Secretario Promulgación de la Ley Aprobatoria del Cuarto Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno dè la Republica Popular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano.
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los diez días del mes de octubre de dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (L.S.)
NICOLÁS MADURO MOROS
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Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 1.320 10 de octubre de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 5 y 16 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 4°, 19 y 20 de la ley del Estatuto de la Función Pública.
DECRETO
Artículo 1°. Nombro al ciudadano General de División JOsE LUIS MAITAN HERRERA, titular de la cédula de identidad Nº V-6.179.225, Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el propósito de mantener el control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos afectos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin menoscabo del alcance y competencia de la Contraloría General de la República.
Artículo 2°. Delego en la Ministra del Poder Popular para la Defensa, la juramentación del referido ciudadano.
Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los diez días del mes de octubre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
NICQLÁS MADURO MOROS
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
Decreto N° 1.321 10 de octubre de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4°, 18, 19 y el numeral 7 del 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.126 de fecha 11 de marzo de 2013.
DECRETA Artículo 1°. Nombro PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN MISIÓN MADRES DEL BARRIO "JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ", a la ciudadana MARÍA ROSA JIMÉNEZ BARRETO, titular de la cédula de identidad N° V.-15.551.929, con las competencia inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2°. Delego en la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, la juramentación de la referida ciudadana.
Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los diez días del mes de octubre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
FA BERTO ARREAZ MONTSERRAT * ~.
Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR
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10 de octubre de 2014 Decreto N° 1.322
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenado con el numeral 16 del artículo 156 eiusdem, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 103 y 117 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 16 y 46 ibidem, y los artículos 22 y 24 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO
Que el Estado venezolano como propietario exclusivo de los hidrocarburos, recursos agotables y no renovables, tiene el derecho soberano de regular la producción y decidir las formas de explotación más convenientes a los intereses nacionales, al desarróllo social y endógeno, así como a la protección del ambiente y al mantenimiento del equilibrio ecológico existente,
CONSIDERANDO
Que la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece que las actividades primarias en materia de hidrocarburos reservadas al Estado venezolano podrán ser realizadas por el Estado, ya sea directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas control de sus decisiones por mantener una participación mayor al 50% del capital social, señalando al efecto que las empresas que se dediquen a la realización de las actividades primarias serán empresas operadoras,
CONSIDERANDO
Que el Ejecutivo Nacional puede transferir a las empresas operadoras mediante Decreto, el derecho al ejercicio de las actividades primarias, así como revocar esos derechos cuando las operadoras no den cumplimiento a sus obligaciones, de tal forma que impidan lograr el objeto para el cual dichos derechos fueron transferidos,
CONSIDERANDO
Que en Acuerdo de fecha 2 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.138 de fecha 2 de abril de 2013, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Asamblea Nacional autorizó la constitución de una Empresa Mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. y OJSC OIL COMPANY ROSNEFT, o sus respectivas afiliadas,
CONSIDERANDO
Que la empresa OJSC OIL COMPANY ROSNEFT ha sido seleccionada por el Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería para constituirse en socia minoritaria con la empresa estatal Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., según Resolución N° 028 de fecha 12 de abril de 2013 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.149 de fecha 17 de abril de 2013, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos,
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto N° 06 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, se autorizó la creación de la Empresa Mixta antes referida, cuyo objeto social será desarrollar las actividades primarias referidas en el artículo 9° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en los Bloques Carabobo 2 Norte y Carabobo 4 Oeste del Área Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco de la República Bolivariana de Venezuela, ubicados en jurisdicción de los estados Anzoátegui y Monagas, en la región oriental del país, así como desarrollar actividades de mejoramiento de petróleo crudo pesado y extrapesado, mezclar el petróleo crudo mejorado con petróleo crudo pesado y extrapesado, comercializar directamente dicho petróleo crudo mezcla, petróleo crudo mejorado y demás productos obtenidos en el proceso de mejoramiento;
almacenar, manejar y transportar los hidrocarburos producidos,
CONSIDERANDO
Que en fecha 14 de noviembre de 2013 se formalizó la inscripción en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, bajo el N° 187, Tomo 101-A SDO., de la Empresa Mixta PETROVICTORIA, S.A., , constituida POr CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO, S.A. y la empresa OJSC OIL COMPANY ROSNEFT,
CONSIDERANDO
Que las empresas operadoras deberán prestar su activa colaboración en las labores de experimentación, investigación y desarrollo tecnológico, así como contribuir al desarrollo integral del país y de sus trabajadores, dando el más estricto cumplimiento a las orientaciones sobre las cuales se fundamenta el Estado Social de Derecho.
DECRETO
Artículo 1°. Se transfiere a la Empresa Mixta PETROVICTORIA, S.A., el derecho a desarrollar actividades primarias de exploración en busca de yacimientos de petróleo crudo, extracción de petróleo crudo y gas natural asociado, recolección, transporte y almacenamiento iniciales. Deberá llevar a cabo actividades de recuperación secundaria con el objeto de procurar alcanzar el perfil de producción previsto en el Plan de Desarrollo de la Empresa Mixta, de conformidad con el artículo 9o de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en las áreas geográficas denominadas Bloques Carabobo 2 Norte y Carabobo 4 Oeste del Área Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco de la República Bolivariana de Venezuela, delimitada por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería
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mediante Resolución N° 043 de fecha 14 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.167 de fecha 15 de mayo de 2013. La Empresa Mixta podrá además desarrollar actividades de mejoramiento de petróleo crudo pesado y extrapesado, mezclar el petróleo crudo mejorado con petróleo crudo pesado y extrapesado, comercializar directamente dicho petróleo crudo mezcla, petróleo crudo mejorado y demás productos obtenidos en el proceso de mejoramiento; almacenar, manejar y transportar los hidrocarburos producidos.
La Empresa Mixta deberá vender a PDVSA Petróleo, S.A. (o a una entidad referida en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que para tal efecto designe PDVSA Petróleo, S.A.) el petróleo crudo pesado o extrapesado producido en el Área Delimitada, y vender el gas natural asociado que produzca a PDVSA Petróleo, S.A. Asimismo, esta Empresa Mixta estará facultada para prestar servicios a precios de mercado a otras empresas mixtas, a empresas de exclusiva propiedad del Estado o a otras empresas, en el entendido de que el objeto principal de la Empresa Mixta será el desarrollo de las referidas actividades primarias, que esas prestaciones de servicios no deberán perjudicar el desarrollo de dicho objeto principal, y que lo anterior no contempla ni la ejecución de servicios petroleros a terceros fuera del Área Delimitada, ni la transferencia de tecnología a terceros; y las demás actividades autorizadas en el Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 2 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.138 de fecha 2 de abril de 2013.
Artículo 2°. La Empresa Mixta PETROVICTORIA, S.A podrá desarrollar las actividades primarias precedentemente enunciadas, durante el período de veinticinco (25) años contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en el entendido de que, conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Acuerdo de la Asamblea Nacional, los accionista de esta Empresa Mixta solicitarán una prórroga de quince (15) años, la cual será concedida por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería siempre que (i) el mejorador haya sido puesto en operación y se encuentre operando conforme a lo previsto en el Plan de Desarrollo de esta Empresa Mixta, (ii) esta Empresa Mixta haya alcanzado una producción en caliente (resultante del programa de recuperación secundaria) acumulada de cuarenta millones (40.000.000) de barriles de petróleo crudo, pesado y extrapesado. El otorgamiento de la prórroga solicitada no generará a esta Empresa Mixta ni a sus accionistas obligación de pagar suma alguna por bono u otro concepto.
Artículo 3°. La Empresa Mixta PETROVICTORIA, S.A deberá pagar a la República Bolivariana de Venezuela la regalía fundada en los volúmenes de hidrocarburos extraídos de cualquier yacimiento y los impuestos establecidos en la ley, conforme a lo previsto en el identificado Acuerdo de la Asamblea Nacional. La regalía podrá ser exigida por el Ejecutivo Nacional en especie o en dinero, bajo las modalidades previstas en los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Artículo 4°. El Ejecutivo Nacional podrá revocar los derechos a ejercer actividades primarias transferidos mediante el presente Decreto, así como los restantes que le hubiesen sido transferidos, como el de propiedad u otros sobre bienes muebles o inmuebles del dominio privado de la República Bolivariana de Venezuela, si La EmpresaMixta PETROVICTORIA, S.A no diere cumplimiento a sus obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en el citado Acuerdo de la Asamblea Nacional y en el presente Decreto, de tal manera que impida lograr el objeto para el cual dichos derechos fueron transferidos, tal como lo señala el artículo 24 de la ley que regula la actividad de hidrocarburos.
Artículo 5°. La Empresa Mixta PETROVICTORIA, S.A deberá conservar en buen estado las tierras y obras permanentes, incluyendo las instalaciones, accesorios y equipos que formen parte integrante de ellas, así como cualesquiera otros bienes adquiridos con destino a la realización de dichas actividades, sea cual fuere su naturaleza o título de adquisición, para ser entregados a la República Bolivariana de Venezuela, libre de gravámenes y sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa los derechos otorgados, de manera que se garantice la posibilidad de continuar las actividades, si fuere el caso, o su cesación con el menor daño económico y ambiental.
Artículo 6°. La República Bolivariana de Venezuela no garantiza la existencia de las sustancias en el Área Delimitada ni se obliga al saneamiento. La ejecución de las actividades se efectuará a todo riesgo de quienes las realicen en lo que se refiere a la existencia de dichas sustancias.
Artículo 7°. Las diferencias y controversias que deriven del incumplimiento de las condiciones, pautas, procedimientos y actuaciones que constituyan el objeto del presente Decreto o deriven del mismo, serán dilucidadas de acuerdo con la legislación de la República Bolivariana de Venezuela y ante sus organismos jurisdiccionales.
Artículo 8°. El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería queda encargado de la ejecución del presente Decreto.
Dado en Caracas, a los diez días del mes de octubre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
NICOLÁS MADURO MOROS :
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO
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Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.
(L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Providencia N° FSAA-002061 Caracas, 29 de septiembre de 2014 AÑOS 204°, 155° Y 15° Quien SUSCribe YOSMER DANIEL ARELLÁN ZURITA, en uso de las facultades que le otorgan el artículos 5, numeral 4 y el artículo 7, numerales2, y39 de la Ley de la Actividad Aseguradora, en su carácter de Superintendente de la Actividad Aseguradora, y
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CONSIDERANDO Que mediante Providencia N° FSAA-2-3-002502, de fecha 24 de agosto de 2012, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora de conformidad con el artículo 99 de la Ley de la Actividad Aseguradora decidió intervenir con cese de operaciones a la sociedad mercantil TRANSEGURO C.A., DE SEGURos, publicada en Gaceta Oficial N° 39.998 de fecha 31 del mismo mes y año.
Que en fecha 17 de enero de 2013, la Junta Interventora de la sociedad mercantil TRANSEGURO C.A., DE SEGUROS, consignó por ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, el respectivo informe conclusivo donde expuso que dicha empresa aseguradora al 30 de noviembre de 2012, reflejaba un saldo de operaciones en negativo, constatándose una insuficiencia en la representación de las reservas técnicas. Que mediante Providencia N° SAA-2-000567, de fecha 14 de febrero de 2013, el Superintendente de la Actividad Aseguradora, con base al informe conclusivo, y de conformidad con las facultades estipuladas en el artículo 5 numerales 1 y 4, artículo 7 numerales 1, 2 y 39, y artículos 102, 103, 104, 106 y 107 de la Ley de la Actividad Aseguradora, decidió: Dejar Sin Efecto la Autorización Administrativa concedida a la sociedad mercantil TRANSEGURO C.A., DE SEGUROS, ordenar la Liquidación Administrativa de la empresa antes mencionada, siendo publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.119 de fecha 27 de febrero de 2013.
Que mediante el artículo 5 de las NORMAS PARA LA LIQUIDACIÒN ADMINISTRATIVA DE LOS SUJETOS REGULADOS POR LA LEY DE LAACTIVIDAD ASEGURADORA, debidamente publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.160 de fecha 06 de mayo de 2013, mediante providencia N° FSAA 000947 de fecha 09 de abril de 2013, establece el lapso de un año, contado a partir de la fecha de publicación de la Providencia que acordó la Liquidación Administrativa, prorrogable por un período igual siempre y cuando resulte conveniente para el desarrollo y culminación del Procedimiento de Liquidación.
Que el informe de gestión presentado por la JUNTA LIQUIDADORA DE TRANSEGURO, C.A. DE SEGUROS en proceso de liquidación, de fecha 19 de Diciembre de 2013, los Liquidadores designados expusieron una serie de inconvenientes ajenos a su voluntad, que no han permitido concluir el proceso de Liquidación Administrativa en el plazo pautado.
Que la Junta Liquidadora de la sociedad mercantil TRANSEGURO C.A., DE SEGUROS, ha manifestado que a la fecha no se han enajenado todos los activos de la empresa en Proceso de Liquidación, ya que los mismos están compuestos fundamentalmente por bienes inmuebles, los cuales por su saneamiento previo y oferta válida o mayor válida del mercado, los hace de difícil realización, aunado a que se encuentra a la espera de la debida autorización para la oferta pública que debe ser otorgada por parte del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas yBanca Pública, siendo éste indispensable para estructurar y llevar a cabo dichos mecanismos públicos; y en tutela del interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de Seguro o afianzados y los trabajadores y trabajadoras de la Actividad Aseguradora; por lo que recomendó y solicitó al Superintendente de la Actividad Aseguradora PRORRoGAR el Proceso de Liquidación Administrativa de la empresa antes mencionada, toda vez que los objetivos generales que plantea la Ley de la Actividad Aseguradora para estos procesos no han concluido.
Que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a objeto de garantizar la tutela del interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros de de la sociedad mercantil TRANSEGURO C.A., DE SEGUROS, en prOceSO de Liquidación Administrativa, con base a las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, y con fundamento en el artículo 5 de las NORMAS PARA LA LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA DELOS SUJETOS REGULADOS POR LA LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, contenido en la Providencia No. 00947, de fecha 09 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.160 del 6 de mayo de 2013.
DECIDE:
de Liquidación
PRIMERO:
ProrrogarelProceso Administrativa, de la sociedad mercantil TRANSEGURos C.A., DE SEGURoS, por el lapso de un (1) año contado a partir del 27 de febrero de 2014.
SEGunDo: Se acuerda notificar de las decisiones adoptadas en el presente acto administrativo, a los fines legales consiguientes, a los ciudadanos: Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, Procurador General de la República, a la Fiscal General de la República, así como al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
La presente Providencia Administrativa entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
A
Superintendente de la Actividad Aseguradora Decreto N° 701 de fecha 19 de diciembre de 2013 G.O.R.B.V. N° 40.319 de fecha 19 de diciembre de 2013 Resolución N° 104 de fecha 27 de diciembre de 2013 G.0.R.B.V. N° 40.323 de fecha 27 de diciembre de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
N° FSAA-2-5-002191 Caracas, 17 septiembre de 2014
AÑOS 204°, 155° Y 15°
Visto que la Ciudadana MARÍA EUGENIA BARRIOS ÁLVAREz, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número V-6.260.209, en su condición de PRESIDENTA dé la "ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SEGUROS PRINSEGUROS, R.L." solicitó en fecha 19 de
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agosto de 2011, autorización para constituirse y funcionar COMO "ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS PRINSEGUROS, R.L.".
Visto que del análisis efectuado a los documentos presentados pOr la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS PRINSEGUROS, R.L., se verifiCó que éstos cumplen con los requerimientos establecidos en el artículo 7 de las Normas para Regular las Operaciones de las Cooperativas u Organismos de Integración que Realizan Actividad Aseguradora, publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.621 de fecha 22 de febrero de 2011.
Visto las atribuciones conferidas al Superintendente de la Actividad Aseguradora en los artículos 7 numeral 13 y 137 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinario del 29 de julio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial de la Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 05 de agosto de 2010, quien SusCribe YOSMER DANIEL ARELLÁN zURITA, en su carácter de Superintendente de la Actividad Aseguradora, según Decreto Presidencial N° 701 de fecha 19 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.319 de fecha 19 de diciembre de 2013, y Resolución del Ministerio del Poder Popular de Finanzas N° 104 de fecha 27 de diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.323 de fecha 27 de diciembre de 2013:
DECIDE:
PRIMERO: AutOriZar a la "ASOCIACIÓN COOPERATIVA para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos generales de seguros para vehículos y accidentes personales, e inscribir la bajo el N° 10 en el Registro de Cooperativas de Seguros que para el efecto se lleva en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
SEGUNDo: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y Publíquese.
YOSMER DANIEL ARELLÁN ZURITA Superintendente de la Actividad Aseguradora Decreto N° 701 de fecha 19 de diciembre de 2013 G.O.R.B.V. N° 40.319 de fecha 19 de diciembre de 2013 Resolución N° 104 de fecha 27 de diciembre de 2013 G.O.R.B.V. N° 40.323 de fecha 27 de diciembre de 2013
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL
El Banco Central de Venezuela, informa al público en general:
1. Tasa activa estipulada durante el mes de septiembre de 2014 aplicable a los supuestos a que se refieren los artículos 17,76% A. TASAS DE 128, 130, 142 literal f), y 143 Cuarto Aparte, INTERÉS del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de APLICABLES A Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores LAS Ly las Trabajadoras.
2. Tasa promedio entre la activa y la pasiva OBLIGACIONES estipulada durante el mes de septiembre de DERIVADAS DE 2014, aplicable al supuesto a que se refiere LA RELACIÓN DE TRABAJO 16,16% el Tercer Aparte del artículo 143 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
1. Tasa de Interés activa máxima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de 29% Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de octubre de 2014.
2. Tasa de interés activa mínima anual a ser B. TASAS DE aplicada por las instituciones regidas por el INTERÉS PARA Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley OPERACIONES de Reforma Parcial de la Ley de CON TARJETAS Instituciones del Sector Bancario y demás DE CRÉDITO leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de octubre de 2014; sin perjuicio de las 17% tasas de interés mínimas activas especiales dictadas por el Banco Central de Venezuela mediante Avisos Oficiales emitidos al efecto, y aquellas autorizadas por este Instituto a ser aplicadas de conformidad con lo previsto en el último aparte del artículo 98 del antedicho Decreto-Ley.
3% anual, adicional 3. Tasa de interés máxima que podrán cobrar las instituciones regidas por el a la tasa de interés pactada Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la respectiva operación de Reforma Parcial de la Ley de conforme Instituciones del Sector Bancario y demás lo a leyes especiales, por las obligaciones previsto en los numerales 1) y 2) morosas de sus tarjetahabientes para el del presente literal.
mes de octubre de 2014.
1. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma 10,67% Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, a las operaciones crediticias destinadas al sector C. TASAS DE turismo, que regirá para el mes de octubre INTERÉS PARA OPERACIONES de 2014.
CREDITICIAS máxima La tasa de Interés 2. Tasa de interés activa activa máxima DESTINADAS preferencial a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con AL SECTOR preferencial prevista Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma TURISMO en el numeral 1 del Parcial de la Ley de Instituciones del Sector literal presente Bancario y demás leyes especiales, a las reducida en tres (3) operaciones crediticias destinadas al sector puntos porcentuales.
turismo, en los supuestos a que se refieren los artículos 28, 30 y 31 de la Ley de Crédito para el Sector Turismo, que regirá para el mes de octubre de 2014.
Caracas, 07 de octubre de 2014 En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial.
Comuníquese ypub!íquese.
José Salamat-Khan F.
Primer Vicepresidente Gerente (E)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 037 CARACAS, 07 DE OCTUBRE DE 2014 204°, 155° Y 15°
El Ministro del Poder Popular para el Turismo, designado mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 19 del articulo 77 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y los artículos 19 y 20, numeral 6 ejusdem, en ese sentido este Despacho,
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RESUELVE Artículo Único. Se designa a partir del 05 de agosto de 2014 al ciudadano HÉCTOR JOSÉ TERÁN, titular de la cédula de identidad N° V- 13.531.578, como Director de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional
ANDRES GUILLERMOIZARRAGARCIA MINISTRO DEL PODEREPOPULAR PARA ELTURISMO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 038
CARACAS, 08 DE OCTUBRE DE 2014
204°, 155° y 15° El Ministro del Poder Popular para el Turismo, designado mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 20 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo y artículo 77 numeral 19 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; atendiendo a lo previsto en el artículo 20 numeral 7 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en ese sentido este Despacho, RESUELVE
Artículo 1. Se designan como miembros principales del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo INATUR y sus suplentes, a los siguientes ciudadanos y ciudadanas:
Andrés Guillermo Izarra García, titular de la cédula de identidad N° V-6.518.159, en su carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Turismo INATUR, como así lo ordena el artículo 20 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, nombrado mediante Resolución N° 031 de fecha 26 de abril de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.155 de fecha 26 de abril de 2013.
Suplentes Miembros Principales Yoel Lisandro Solorzano Esther Nayarí Hernández Rosas C.I.V-14.520.299 C.I.V-11.856.102 Emilio José Álvarez Giménez Mayleida del Socorro Ortega Morales C.I.V-11.856.102 C.I.V-13.150.148 Carmen Sofia Alfonzo Rodríguez Susana González Herrera C.I.V-3.549.095 C.I.V-15.675.822 Hazel Dely Chaudary Zambrano Yeisy Yaneth Yecerra Godoy C.I.V-14.989.181 C.I.V-11.198.548
Artículo 2. Se deroga la Resolución N° 038, de fecha9 de mayo de 2013 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.164 de fecha 10 de mayo de, 2013.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional
ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA MINISTRO OEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA).
N° 001/2014 Caracas, 03 de junio de 2014 204°, 155° y 15° La Comisión Presidencial Consejo Nacional de Vialidad Agrícola (CONAVIA), en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 11 del artículo 3, del Decreto N° 842 de fecha 24 de marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.390 de fecha 9 de abril de 2014, dicta el siguiente:
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA)
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1°. El Presente Reglamento, tiene por objeto regular la organización y funciOnamiento de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), creada mediante Decreto N° 842, de fecha 24 de marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.390, de fecha 9 de abril de 2014.
ArtÍCuIO 2°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), es la instancia de máxima consuIta en materia de vialidad agrícola, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, con carácter permanente, multidisciplinario e interinstitucional.
ArtÍCulo 3°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), tendrá por objeto establecer la coordinación entre los órganos y entes del Estado, las empresas y demás formas asociativas del sector privado y las distintas instancias de organización y participación social, para la planificación, control y seguimiento de las políticas de Estado, en materia de vialidad agrícola.
ArtÍCuIO 4°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 'AGRÍCOLA (CONAVIA), propiciará los espacios para el análisis, discusión, conclusiones y toma de decisiones oportunas y eficientes, según las prioridades y proyectos sometidos a su consideración por:
1. Los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA).
2. Los órganos de planificación y coordinación de políticas dirigidas a promover el desarrollo regional (REDI).
3. Otras instancias organizativas del Poder Popular.
ArtÍCulo 5°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), revisará y evaluará los estudios y proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y conservación a ser ejecutados con fondos públicos, atendiendo a los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional en materia de vialidad agrícola.
CAPÍTULO II DE LAS ATRIBUCIONES, CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Artículo 6°. Son atribuciones de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA):
1. Planificar, dirigir y coordinar con los distintos organismos con competencia en el sector, el desarrollo integral de la vialidad agrícola nacional, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional.
2. Requerir de los organismos públicos, entidades privadas, Poder Popular organizado, y de personas naturales o jurídicas, los datos, estadísticas e informaciones que considere necesarios para la planificación y ejecución de la vialidad agricola.
3. Realizar el inventario general de la vialidad agrícola existente, y de las obras por acometer.
4. Realizar el inventario general de la maquinaria, equipos e insumos necesarios para atender la vialidad agrícola nacional.
5. Propiciar los espacios para el análisis, discusión y toma de decisiones oportunas, según las prioridades y proyectos elaborados por el Estado Mayor de Vialidad Agrícola (EMVA) de cada estado, órganos de planificación y coordinación de políticas dirigidas a promover el desarrollo regional u otras instancias organizativas, de manera de canalizar las necesidades reales del pueblo.
6. Coordinar los procesos de investigación, formulación, programación, ejecución, control y seguimiento de las políticas institucionales en materia de vialidad agrícola.
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7. Promover la celebración de convenios de cooperación e intercambio de conocimientos, tecnología y de gestión en materia de vialidad agrícola, en el marco de las relaciones internacionales de la República Bolivariana de Venezuela con los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de Ios Pueblos (ALBA-TCP) y otros países aliados.
8. Revisar y evaluar los estudios y proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y conservación de la vialidad agrícola a ser ejecutados con fondos públicos.
9. Promover la participación del Poder Popular organizado, en la ejecución y mantenimiento de las vías agrícolas.
10.Examinar, considerar y avalar los planes y proyectos de vialidad agrícola, emanados de los entes que la integran, así como de las gobernaciones y demás autoridades locales.
implementación de lo previsto en el decreto de creación.
12. Constituir las sub-comisiones, equipos o grupos de técnicos de trabajo que estime necesarios para garantizar la mejor ejecución de sus funciones y el cabal cumplimiento de los fines de su creación.
13. Las demás atribuciones que le sean asignadas por el Presidente o Presidenta de la República o por sus normas de funcionamiento, siempre que las mismas no contraríen el objeto de la Comisión Presidencial.
ArtiCulO 7°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), está conformada por un (1) Presidente o Presidenta y los siguientes miembros principales: El Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), el Director General o Directora General del Servicio Autónomo de Vialidad Agrícola (SAVA), el Presidente o Presidenta de la CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo, S.A., el Director General o Directora General del Servicio Desconcentrado Fondo Especial Ezequiel Zamora, el Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Compensación Interterritorial y un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Cada miembro principal designará a su respectivo suplente.
Artículo 8°. Es deber de los miembros que conforman la coMisIóN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), necesario según la agenda propuesta y cumplir con las decisiones tomadas.
ArtíCulO 9°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), como cuerpo colegiado, sesionará en reuniones ordinarias y extraordinarias, convocadas y presididas por el Presidente o Presidenta de la Comisión.
Las sesiones ordinarias se celebrarán mensualmente y las extraordinarias cuando la situación lo requiera, en el lugar que indique la convocatoria. Se consideran válidas BONA las sesiones, con la asistencia de por lo menos cuatro (4) de sus miembros.
Las deCISIOnes de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE A VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), son tomadas por aprobación de la mayoría absoluta de los integrantes de la Comisión, se requiere un mínimo del voto favorable de cuatro (4) de sus miembros.
En caso de la no asistencia de un miembro principal, la falta será suplida por el suplente designado y la ausencia del Presidente o Presidenta será subsanada por la persona que a tal efecto designe el Ministro o Ministra del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
ArtÍCulO 10°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CoNAVIA), designará un Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva, con su respectivo suplente sin derecho a voto en las sesiones.
Artículo 11°. El Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva, deberá:
1. Tramitar la convocatoria a las sesiones de la Comisión Presidencial.
2. Preparar la agenda de cada sesión.
3. Elaborar las actas de las sesiones, las cuales contendrán los asuntos tratados en las mismas y organizar todo lo relativo a la conservación y archivo.
4. Planificar, organizar y coordinar las acciones necesarias para la celebración de las sesiones.
5. Recibir las respectivas propuestas de los miembros de la Comisión, a los fines de ser incluidas en agenda.
6. Lievar el control de asistencia, elaborar la minuta donde se deje constancia de los asuntos tratados y cualquier otra circunstancia.
7. Organizar, conservar y custodiar el archivo de las actas, expedientes y correspondencia de la Comisión Presidencial.
CAPÍTULO III DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA Artículo 12°. El Presidente o Presidenta de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), será designado o designada por el Ministro o Ministra del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Artículo 13°. Son atribuciones del Presidente o Presidenta de la CoMIsIóN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA):
1. RepreSentar a la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), en los asuntos que específicamente le confiera.
ILTORIA 2. Coordinar las actividades de las sub-comisiones, equipos o grupos técnicos de trabajo.
3. Suscribir los actos administrativos correspondientes, para la más eficiente implementación de las decisiones adoptadas por la Comisión Presidencial.
4. Suscribir la correspondencia derivada o destinada a los demás órganos y entes actuaciOnes de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), cuya tramitación deban iniciar, continuar y concluir conforme a su competencia.
5. Certificar las copias de los documentos originales que reposan en el archivo de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA).
6. Preparar el informe mensual de la Comisión Presidencial.
7. Dirigir las sesiones de la Comisión Presidencial.
8. Supervisar el cumplimiento de las normas regulatorias.
9. Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión Presidencial.
10.Mantener una estrecha vinculación interinstitucional con los órganos que rigen el sector agroproductivo, las entidades federales, los órganos de planificación y coordinación de políticas dirigidas a promover el desarrollo regional (REDI), los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA), las organizaciones del Poder Popular, así como, promover vínculos de relación con productores y comunidades, de manera de canalizar sus necesidades y fomentar su participación en la ejecución y mantenimiento de las vías agrícolas.
11.Coordinar el seguimiento de las decisiones adoptadas, debiendo preparar recomendaciones sobre los resultados obtenidos, las cuales serán informados a la Comisión Presidencial.
12.Las demás atribuciones que le sean asignadas por la Comisión Presidencial.
CAPÍTULO IV DE LAS SUB-COMISIONES, EQUIPOS O GRUPOS TÉCNICOS DE TRABAJO ArtÍCUlO 14°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), constituirá sub-comisiones, equipos o grupos técnicos de trabajo con carácter permanente o temporal, para atender entre otros asuntos:
1. La elaboración y manejo de todos los instrumentos jurídicos internos.
LTORIA! 2. El inventario general de la vialidad agrícola existente, así como los proyectos y las obras por acometer.
3. El inventario de la maquinaria, equipos e insumos, pertinentes para la construcción de vialidad agrícola, 4. El seguimiento y control integral de las actividades inherentes a la Comisión Presidencial a través de la unidad estratégica de seguimiento y control.
5. El estudio de las tecnologías que se adapten a las condiciones del país, en función de buscar una solución estructural a la problemática de la vialidad agrícola y disminuir la dependencia extranjera y los costos de operación.
6. La capacitación integral de los trabajadores y las trabajadoras de las diferentes instituciones y comunidades en lo referente al mantenimiento preventivo, correctivo de maquinaria pesada, así como de su operación y manejo, igualmente las técnicas de conservación, mantenimiento y ejecución de la vialidad agrícola.
7. La recopilación de información, datos y estadísticas, estudios de suelos, áreas geográficas, producción agrícola y población.
podrán elevar sus propuestas y proyectos a la Comisión Presidencial.
9. La planificación y el desarrollo de vialidad agrícola a nivel nacional.
10. La autogestión y cogestión en la ejecución de la vialidad agrícola.
Artículo 15°. Cada sub-comisión, estará integrada por representantes de las instituciones que a tales efectos designe la Comisión Presidencial y tendrá un coordinador, cuya estructura y funcionamiento será establecido mediante instructivo.
ArtÍCUIO 16°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE trabajo que estime necesarios para cumplir con las funciones que a tal efecto les sea asignada, cuya estructura y funcionamiento será establecido mediante instructivo.
CAPÍTULO V DE LOS ESTADOS MAYORES DE VIALIDAD AGRÍCOLA (EMVA) Artículo 17°. Los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA), son los espacios estadales para el análisis, discusión y toma de decisiones oportunas y eficientes referidas a los proyectos, destinados a garantizar y mejorar las condiciones de
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transitabilidad y movilidad, de la vialidad agrícola, en el marco del Plan Nacional de Vialidad Agrícola (PNVA) establecido por la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA).
Artículo 18°. Los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA), serán factor determinante del desarrollo rural endógeno, integral y sustentable; comprometidos con los propósitos del modelo productivo socialista, conforme a las políticas dirigidas a consolidar la Seguridad y Soberanía Alimentaria bajo los lineamientos y directrices de conformación y funcionamiento emanados de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA).
SECCIÓN I DEL OBJETO DE LOS ESTADOS MAYORES DE VIALIDAD AGRÍCOLA (EMVA) Artículo 19°. Los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA), bajo las directrices de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCoLA (CoNAVIA), tienen por objeto coordinar, integrar esfuerzos y recursos logísticos entre los Órganos, entes del Estado, instancias u organizaciones del Poder Popular y las empresas o formas asociativas del sector privado, para alcanzar la mayor eficacia y eficiencia posible en la ejecución de los planes y proyectos que en materia de vialidad agrícola se desarrollen en los estados.
Artículo 20°. Los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA), proporcionarán los proyectos y necesidades, dentro del Plan Nacional de Vialidad Agrícola (PNVA), a ser COnsiderados pOr la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA).
SECCIÓN II DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MAYORES DE VIALIDAD AGRÍCOLA (EMVA) Artículo 21°. Son responsabilidades de los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA):
1. Recibir, sistematizar y organizar para posteriormente presentar las prioridades que en materia de vialidad agrícola se requieran en los estados para elevar los a consideraCIón de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA).
2. Velar, por la ejecución eficaz y eficiente de los proyectos previamente aprobados pOr la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), a ejecutarse en cada una de los estados.
3. Presentar un informe mensual sobre todas las gestiones realizadas en materia de vialidad agríCola a la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA).
4. Establecer, estrategias y métodos de ejecución que permitan la mayor ULTORÍA optimización de los recursos disponibles.
5. Formular, coordinar, ejecutar e informar a la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), de los planes de contingencia que garanticen el tránsito inmediato y la recuperación de la vialidad agrícola afectada en caso de desastres o emergencias, en coordinación con los órganos y entes competentes de la Administración Pública central y descentralizada.
6. Implementar y fomentar, técnicas de construcción y utilización de materiales para las vías agrícolas, atendiendo a las particularidades y características ambientales, así como a la idiosincrasia de las comunidades.
7. Fomentar la creación de escuelas para la formación y capacitación de trabajadoras y trabajadores de la construcción, operadoras y operadores, mecánicas y mecánicos de maquinaria y equipos.
SECCIÓN III DE LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTADOS MAYORES DE VIALIDAD AGRÍCOLA (EMVA) Artículo 22°. Los Estados Mayores de Vialidad Agricola (EMVA), estarán conformados por los representantes de las gobernaciones, alcaldías, entes descentralizados, empresas del Estado y corporaciones regionales; los representantes regionales del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre (MPPTT), del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (MPPCyMS), del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), el Servicio Autónomo de Vialidad Agrícola (SAVA), la CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo S.A.; el Consejo Federal de Gobierno (CFG); autoridades locales, representantes de la agroindustria, organizaciones del Poder Popular y demás usuarios finales de la infraestructura vial de apoyo a la actividad agroproductiva.
Artículo 23°. Los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA), darán operatividad al Plan Nacional de Vialidad Agrícola (PNVA), elaborado por la COMIsIóN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), que se ejecutará en los estados, para ello deberá procesar y generar información en relación a:
1. La data que permita la identificación de los principales ejes viales en función de la producción agrícola de los estados.
2. Los planes que cada organismo ejecuta de acuerdo a la planificación prevista.
3. El banco de datos con los proyectos, necesidades y peticiones de vialidad agrícola.
4. La disponibilidad de recursos logísticos referidos a la vialidad agrícola, de cada AT uno de los entes involucrados en los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA), (personal, maquinarias, equipos y recursos financieros, entre otros).
Artículo 24°. Los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA), serán coordinados por un representante de los órganos o entes que las componen, nombrado a tal efecto por el Presidente o Presidenta de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), quien tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Preparar los informes a ser presentados a la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), CUandO se le requiera.
2. Representar al Estado Mayor de Vialidad Agrícola (EMVA), en los asuntos que específicamente le confieran sus miembros.
3. Procesar toda la información que genere el Estado Mayor de Vialidad Agrícola (EMVA).
4. Tramitar la convocatoria a las sesiones del Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA).
5. Preparar la agenda de cada sesión.
6. Elaborar las actas de las sesiones, las cuales contendrán los asuntos tratados en las mismas y organizar todo lo relativo a la conservación y archivo.
7. Planificar, organizar y coordinar las acciones necesarias para la celebración de las sesiones.
8. Recibir las respectivas propuestas de los miembros del Estado Mayor de Vialidad Agrícola (EMVA), a los fines de ser incluidas en agenda.
9. Suscribir la correspondencia derivada o destinada a los demás órganos y entes públicos, así como organizaciones del Poder Popular y particulares, sobre actuaciones del Estado Mayor de Vialidad Agrícola (EMVA).
10. Certificar las copias de los documentos originales que reposan en el archivo del Estado Mayor de Vialidad Agrícola (EMVA).
11. Llevar el control de asistencia, elaborar la minuta donde se deje constancia de los asuntos tratados y cualquier otra circunstancia.
12. Los demás asuntos que la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), expresamente les confieran.
ArtíCuIo 25°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), podrá a través de las normas regulatorias queria dicte al efecto, ampliar o modificar todo lo referente a los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA).
CAPÍTULO VI DISPOSICIÓN TRANSITORIA
modificar todo lo referente a los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA), la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CoNAvIA), como instancia de máxima consulta en materia de vialidad agrícola, evaluará y considerará según el caso específico, el quórum necesario para la pertinencia y eficacia de las decisiones de los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA).
CAPÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES ArtíCulo 27°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), los Estados Mayores de Vialidad Agrícola (EMVA), las sub-comisiones, equipos o grupos técnicos de trabajo, podrán contar con la asesoría de todas aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que estimen o consideren conveniente para el logro de sus fines.
A tal efecto, podrá solicitar su participación mediante convocatoria o invitación especial, las personas convocadas conforme al presente artículo, asistirán a la correspondiente sesión o actuación, con derecho a voz, pero no a voto.
Artículo 28°. Las recomendaciones propuestas por la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), Serán elevadas mediante Punto de Cuenta al ciudadano Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 29°. El Presidente o Presidenta de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), será el encargado de presentar informe mensual al Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de Agricultura y Tierras, el cual servirá de base para el punto de cuenta, a ser elevado por dicho Ministro o Ministra a la consideración del Presidente o Presidenta de la República.
ArtÍCulo 30°. La COMISIÓN PRESIDENCIAL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD AGRÍCOLA (CONAVIA), establecerá mediante acto administrativo las normas regulatorias referentes a los conceptos inherentes en materia de vialidad agricola.
MRPAT
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Artículo 31°. El presente Reglamento Interno, entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Uufe WILIAN EDUARDO PEÑA PÉREZ Presidente de CONAVIA Resolución DM/N° 021/2014 de fecha 11/04/2014, Gaceta Oficial N° 40.394 de fecha 15/04/2014 ALI BRANCISCO PEÑA RUIZ CARLESLIA I. ASCANIO DELGADO Miembro Principal Miembro Principal Decreto N° 26 de fecha 26/04/2013, Resolución N° 056 de fecha Gaceta Oficial N° 40.155 de la misma 10/06/2013, Gaceta Oficial N° 40.185 fecha de la misma fecha huura ALFREDO R. MIRANDA R.
Miembro Principal MIGUEL A. REYES CARRIZALEZ Resolución DM/N° 008/2012 de fecha Miembro Principal 27/01/2012, Gaceta Oficial N° 39.852 Resolución N° 001/2013 de fecha de la misma fecha 22/05/2013, Gaceta Oficial N° 40.174 de la misma fecha
GUY ALBERTO VERNÁEZ H.
Miembro Principal Resolución N° 032 de fecha 11/10/2012, Gaceta Oficial N° 40.270 de fecha 11/10/2013, corregida mediante la Resolución 038 publicada en Gaceta Oficial 40.272 de fecha 15 de octubre de 2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIAYTECNOLOGÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 09/10/2014 Nº 103 2042, 154º y 15º RESOLUCIÓN De conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489, de fecha 03 de septiembre de 2014, el artículo 2 del Decreto Presidencial N° 1.226, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489, de fecha 03 de septiembre de 2014, los artículos 62 y 77, numerales 12,19, 26 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en los artículos 5, numeral 2; 19 en su último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002, este Despacho, RESUELVE Artículo 1.- Designar al ciudadano ALBERTO JOSÉ QUINTERO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 11.468.002, como Director General Encargado de la Oficina de Coordinación Territorial de este Ministerio.
Artículo 2.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.
Gobierno Bolivarlano De Venezuela
Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnolgía Decreto Nº 1.213. de fecha 02 de septiembre da 2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 03 de septiembre0 2014
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 25 de Agosto de 2014 2040, 155° y 15° N° 8869 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 6.043 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJo, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora en la Empresa CHOCOLATES EL REY, C. A., a los siguientes ciudadanos:
PRIMERA CLASE ORDEN. EUMELIA HERNÁNDEZ:
PÉREZ, ZAIDA SEGUNDA CLASE ORDEN. CARMEN CLEMENTE TRAVIESO:
ESCOBAR, BEATRIZ GALINDEZ, ALICIA JIMÉNEZ, MARINA OJEDA, BELKIS TORREALBA, MARITZA SEGUNDA CLASE ORDEN. ANTONIO DÍAZ "POPE":
CARRILLO, FERNANDO GIL, CARLOS MENDOZA, JOSÉ TEOWALDO MORALES, JOSÉ ÁNGEL
TERCERA CLASE ORDEN. ARGELIA LAYA:
LÓPEZ, EMPERATRIZ LUNA, EVELYN PERAZA, LILIETH RAMÍREZ, GISELA REYES, SYSNEY RODRIGUEZ, FRANCYS ROJAS, KLAYMAR SALAZAR, JANNY SALOM, YULYS TERCERA CLASE ORDEN. PEDRO PASCUAL ABARCA:
AMAYA, MARCOS CARRILLO, ARMANDO FREITEZ, HECTOR NARVAEZ, JORGE VELIZ, CARLOS Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JESÚS MARTÍNEZ BARRIOS Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Decreto N° 729 y 818 de fecha 09/01/2014 y 29/04/2014 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 40.330 y 40.401 de fechas 09/01/2014 y 29/04/2014
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 05 de septiembre de 2014 2040, 155° y 150
N° 8870 RESOLUCIÓN
Valor y Fuerza de la Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoraciones "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la conde COraCiÓón ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, COmo reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora en el INSTITuTo DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA), a IOS Siguientes ciudadanos:
PRIMERA CLASE ORDEN. EUMELIA HERNÁNDEZ:
BLANCO PARISCA, CARMEN MILAGROS BRICEÑO DÍAZ, NILIXZA ELENA CHATA DE VIERMA, MERCEDES HELENA DÍAZ MARQUEZ, ROSA MARGARITA GONZÁLEZ NUÑEZ, GLADYS MARGARET MEDINA HERMAS, AGUSTINA NAVA GONZÁLEZ, OMAIRA JOSEFINA SALAZAR DE MUÑOZ, MARITZA JOSEFINA TAPIAS DELGADO, ELIZABETH TAPIAS TAPIAS, LIGIA MARÍA TORRES, AURORA MAGALY
PRIMERA CLASE ORDEN. ALFREDO MANEIRO:
APARCEDO LORETO, EDUARDO ENRIQUE MONTERO DÍAZ, JOSÉ RAFAEL VEGA MORENO, ARISTOBULO SILVERA MONTEZUMA, MIGUEL ÁNGEL HUICE PÉREZ, ROXY ANTONIO SEGUNDA CLASE ORDEN. CARMEN CLEMENTE TRAVIESO:
ARIAS DE SANDOVAL, ALIX ALIDA CARPIO PEÑA, MARIA VIRGINIA CHACÓN PÉREZ, IRENE KATHERINE D'AMBROSIO DE CASANOVA, ROSA VIRGINIA AUFRACIA ESPINOZA ROBALLO, YEIDY MARGARITA GALVEZ DE ARAUJO, MALENA CRISTINA GUARARIMA, ELIZABETH DEL VALLE GUTIERREZ DE CARREÑO, ZENAHIR JOSEFINA LAGUNA, LUZ MARY MEDINA DE CALZADILLA, ELIZABETH MORA FLORES, YAJAIRA HORTENCIA MUÑOZ BENITEZ, MAILANY MAR PEREZ VIERA, SONIA JOSEFINA QUIÑONES LOUBET, MARY CARMEN RAMIREZ, YOLANDA ANTONIA RIOS MONTILLA, MARISELA RIVERO RODRIGUEZ, LUSAY JOSEFINA SALAZAR PONTE, JYSEL MAYELA TEJADA, EVELYN IBEGLIS TRAÑA DE MILIANI, PATRICIA REBECA VALECILLOS PAIVA, YENNY COROMOTO VELASQUEZ ONTIVEROS, MARIA DEL SOCORRO SEGUNDA CLASE ORDEN. ANTONIO DÍAZ "POPE":
BRAVO LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL DAVILA, JULIO ENRIQUE DÍAZ, JÓVITO BELTRAN GONZÁLEZ SOJO, NELSON MENDOZA LEAL, DANILO ANTONIO PINTO, RICARDO ANTONIO SEIJAS BERRIOS, HENRY RAFAEL TERCERA CLASE ORDEN. ARGELIA LAYA:
BARRIOS DE MONTILLA, YOSMAN COROMOTO CEDEÑO, MARIA NATALI HERRERA PEREZ, MAGLE DEL VALLE LINARES DE QUINTERO, ALICIA
LOPEZ ADRIAN, ZORAIDA DEL VALE MORENO CARRILLO, CARLA JOSEFINA QUIJANO FLORES, KATIUSKA JOSEFINA RUIZ PERNALETE, YINEIRA JOSEFINA VARGAS VASQUES, DISNEY TERCERA CLASE ORDEN. PEDRO PASCUAL ABARCA:
CARREÑO ARROYO, JOHNNY ENRIQUE CRESPO LAMEDA, JEAN CARLOS GIL CASTELLANO, CLEVER AZAEL JAIMES CHACÓN, SALUSTRIANO LARA CASTILLO, EPIFANIO OLIVO ROMERO, ORANGEL ALFREDO PARACO SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ PEÑA HERNÁNDEZ, JOHAN MANUEL URBINA HERRERA, GABRIEL JESÚS Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JESÚS MARINEZ BARRIOS Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Decreto N° 729 y 818 de fecha 09/01/2014 y 29/04/2014 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 40.330 y 40.401 de fechas 09/01/2014 y 29/04/2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO.
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
Fecha: 30/09/2014 2040/155°/ 150 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0008 En ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 1, 2 y 6 del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.236 de fecha 26 de Julio de 2005, el ciudadano REYNALDO MORALES ZAMORA, en su carácter de Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, designado mediante Resolución de la Presidencia de la República N° 562 de fecha 07 de Noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.289, de fecha 7 de noviembre de 2013, dicta la siguiente:
ACUERDA Artículo 1. Se designa La Comisión de Contrataciones del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), la cual conocerá de los Procedimientos de Contrataciones relacionados con la Selección de Contratistas para la Ejecución de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.
Artículo 2. La Comisión de Contrataciones Públicas quedará integrada conforme se especifica a continuación:
ÁREA MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE Abog. Wilfredo José Jurídica.
Abog. Dennis Arthur Pinto Salazar.
Quan-Tip C.I No. 1.814.976 C. I. No. V-10.810.727 Lic. Wilfredo Económica Lic. Angel Edgardo García Guzmán.
Financiera.
Coromoto Ochoa Luna.
C. I. No. V- 9.484.877 C. I. No V- 3.968.064 Técnica.
Ing. Josefina del Ing. Freddy Daniel Carmen Bastidas Cumarín Rivas C. I. No. V- 13.478.485 Cañizalez.
C.I. No. V-6.085.678
Artículo 3. Se designa como Secretaria de la Comisión de Contrataciones Públicas a la ciudadana: ESTEFANIA DEL CARMEN DI FILIPPO BRAZON, titular de la Cédula de Identidad N°. V-18.023.620, el cual deberá estar presente en todos los actos que celebre la Comisión con derecho a voz y sin voto en las decisiones tomadas por la misma y quien tendrá la obligación de cumplir con lo previsto en la Ley. El Secretario cumplirá las siguientes funciones:
1. Coordinar las reuniones de la Comisión de Contrataciones y velar por la elaboración del acta correspondiente y la entrega oportuna a cada uno de los miembros de la Comisión.
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para las reuniones a los miembros de la Comisión de 2. Convocar Contrataciones.
3. Formar los expedientes de los procesos de selección de contratistas, levantar el acta que a cada uno corresponda y llevar el control de su archivo.
4. Suscribir los oficios y correspondencias internas y externas cuya atención sea competencia de la Comisión de Contrataciones.
5. Certificar copias de los documentos cuyos originales reposan en el archivo de la Comisión de Contrataciones.
Artículo 4. El Auditor Interno del Instituto podrá actuar con carácter de observador en los actos de selección de contratistas o en su defecto, podrá designar un representante.
Articulo 5. La Comisión de Contrataciones, podrá solicitar la participación de asesores técnicos especializados, como también designar subcomisiones de trabajo, en atención a la complejidad de las obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios de que se trata.
Artículo 6. La Comisión de Contrataciones deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas, su Reglamento y demás normativas que regulan la materia.
Artículo 7. La presente Providencia Administrativa surtirá efectos a partir del 01 de octubre de 2014.
Comuníquese y Publíquese.
PATE Prof. REYNALDO MORALES ZAMORA Presidente del INCRET Designado según Decreto Presidencial N° 562, de fecha 07 de noviembre de 2013, Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.289 de fecha 7 de noviembre de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO.
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
Caracas, 01 de Octubre de 2014.
2040/155°/ 150 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0009 En ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 1, 2 y 6 del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.236 de fecha 26 de Julio de 2005, el ciudadano REYNALDO ANTONIO MORALES zAMoRA, en su carácter de Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, designado mediante Resolución de la Presidencia de la República N° 562 de fecha 07 de Noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.289, de fecha 7 de noviembre de 2013, dicta la siguiente:
ACUERDA Articulo 1. Se designa al Ciudadano WILFREDO COROMOTO OCHOA LUNA, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 3.968.064 como DIRECTOR DE ADMINIsTRACioN del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) Articulo 2. La presente Providencia Administrativa surtirá efectos a partir del Primero (01) de Octubre de 2014.
Comuníquese y Publíquese.
EU Prof. REYNALDO ANTONIO MORALES ZAMORA Presidente del INCRET Designado según Decreto Presidencial N° 562, de fecha 07 de noviembre de 2013, Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.289 de fecha 7 de noviembre de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 204°, 155° y 15° Caracas, 21 de Marzo de 2014 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 003-2014 Quien SUScribe, RAFAEL ÁNGEL RÍOS BOLÍVAR, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.792.937, de este domicilio, actuando en este acto en mi carácter de TESORERO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, deSIgnado mediante Decreto Presidencial N° 8.936 de fecha 30/04/2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.913 de fecha 02/05/20i2, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 42 numeral 3 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en concordancia con los Artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6013, de fecha de 23 de diciembre de diciembre de 2010, el Artículo 134 de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, de fecha 14 de julio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.465, de fecha 14 de julio de 2010, la Resolución N° 01-010-000068 de fecha 15 de abril de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.408 de fecha 22 de abril de 2010, dictada por la Contraloría General de la República, sobre los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dicto lo siguiente:
CONSIDERANDO Que el Sistema Nacional de Control Fiscal es un conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la República que interactúan de manera coordinada, con el propósito de lograr la unidad de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los Público.
CONSIDERANDO Que corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de los distintos entes y organismos del Poder Público, la responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno, con sujeción a las normas básicas dictadas por la Contraloría General de la República, para su funcionamiento.
CONSIDERANDO Que a las unidades de auditoría interna, les corresponde materializar las políticas y normas formalmente dictadas por la Contraloría General de la República, para salvaguardar los bienes, recursos, informaciones financieras y administrativas de los entes u órganos del Poder Público, con el objeto de promover la eficacia, economía y calidad en sus operaciones y lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas CONSIDERANDO Que las unidades de auditoría intema de los entes y órganos del Poder Público, deben sujetarse a las normas de organización y funcionamiento que en materia de control fiscal dicte la Contraloría General de la República, como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.
CONSIDERANDO Que la organización y funcionamiento de la Unidad de Auditoría de la Tesorería de Seguridad Social debe responder a su estructura organizativa, con la finalidad de ejercer con objetividad, imparcialidad, oportunamente y sin dilaciones las actividades de control fiscal interno.
CONSIDERANDO Que en cumplimiento de la Resolución N° 01-00-000068 de fecha 15 de abril de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.408 de fecha 22 de abril de 2010, dictada por la Contraloría General de la República, se hace imperativo ajustar la estructura y funciones de los órganos de control interno a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Acuerdo dictar las siguientes normas que contienen:
REGLAMENTO INTERNO DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura organizativa, funciones, atribuciones y responsabilidades de la Oficina de Auditoría Interna de la Tesorería de Seguridad Social; como órgano de Control Fiscal Interno del Sistema Nacional de Control Fiscal; así como las funciones y competencias de las Coordinaciones que la integran y las atribuciones genéricas y específicas que ejercerán sus responsables.
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Artículo 2. La mención de personas o cargos en masculino tiene en las disposiciones de este Reglamento un sentido genérico, referido siempre por igual a hombres y mujeres.
Artículo 3. La Oficina de Auditoría Interna es el órgano especializado y profesional de control fiscal interno de la Tesorería de Seguridad Social. Su titular y el personal adscrito a la Oficina darán cumplimiento a las normas, lineamientos y políticas que dicte la Contraloría General de República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal y actuarán bajo la responsabilidad de un Auditor Interno, de manera objetiva e imparcial en el control y vigilancia de los ingresos, gastos, bienes, servicios y operaciones financieras inherentes a la Tesorería de Seguridad Social.
Artículo 4. La Oficina de Auditoría Interna realizará el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas, presupuestarias y financieras de la Tesorería de Seguridad Social, con el fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el respectivo informe con las observaciones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones correspondientes.
Artículo 5. Para el ejercicio de sus funciones la Oficina de Auditoría Inter a se regirá por lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento; Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional y demás normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados; las Normas Generales de Control Interno y demás normativa dictada por la Contraloría General de la República; y demás instrumentos legales y sublegales que resulten aplicables.
Artículo 6. La Oficina de Auditoría Interna ejercerá sus funciones de control posterior sólo en las dependencias de la Tesorería de Seguridad Social, incluyendo sus órganos desconcentrados, salvo que dichos órganos se les haya autorizado la creación de una Unidad de Auditoría Interna propia, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En el ejercicio de sus funciones la Oficina de Auditoría Intema podrá realizar actuaciones de control dirigidas a evaluar las operaciones realizadas por las personas naturales o jurídicas que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con el la Tesorería de Seguridad Social o que hayan recibido aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos de la Tesorería de seguridad Social, a objeto de verificar que tales recursos hayan sido invertidos en las finalidades para las cuales fueron otorgados. Igualmente, deberá ejercer sobre dichas personas las potestades investigativas, sancionatorias y resarcitorias, a que hubiere lugar, cuando corresponda.
Artículo 7. Los funcionarios directivos y subalternos que conforman la estructura organizativa de la Tesorería de Seguridad Social están obligados a colaborar con la Oficina de Auditoría Interna, a cuyo fin deberán proporcionar las informaciones escritas o verbales, los libros, registros y demás documentos que le sean requeridos en el ejercicio de sus competencias, así como atender oportunamente las citaciones o convocatorias que le sean formuladas.
Artículo 8. La Oficina de Auditoría Interna es un órgano adscrito funcionalmente al Despacho de la Tesorería de Seguridad Social, sin embargo, su personal, funciones y actividades estarán desvinculadas de las operaciones sujetas a su control, a fin de garantizar la independencia de criterios en sus actuaciones, así como su objetividad e imparcialidad.
Artículo 9. La máxima autoridad de la Tesorería de Seguridad Social, deberá dotar a la Oficina de Auditoría Interna del espacio físico necesario y de razonables recursos presupuestarios, materiales, humanos y administrativos que faciliten la efectiva evaluación del sistema de control intero y el cabal ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, dentro de un marco de racionalidad.
Artículo 10. La máxima autoridad jerárquica de la Tesorería de Seguridad Social dotará a la Oficina de Auditoría Interna del personal profesional idóneo y necesario, seleccionado por su calificación técnica y elevados valores éticos, para cumplir con las funciones de control y vigilancia que tienen asignadas. Su designación debe realizarse con la previa opinión favorable del Auditor Interno.
Para la remoción, destitución o traslado del personal de la Oficina de Auditoría Intema, se requerirá la opinión previa del Auditor Interno.
Artículo 11. La Oficina de Auditoría Interna, comunicará los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en la Tesorería de Seguridad Social, a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia donde se ejecutó la actividad objeto de evaluación, así como a las demás autoridades a quienes legalmente está atribuida la posibilidad de adoptar medidas correctivas necesarias.
Artículo 12. La Oficina de Auditoría Inter a tendrá acceso a los registros, documentos, actividades y operaciones sujetas a su control, necesarios para la realización de sus funciones de control y podrá apoyarse en los informes, dictámenes y estudios técnicos emitidos consultores por auditores, y profesionales independientes o firma de auditores, calificados y registrados por ante la Contraloría General de la República.
CAPITULO II DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Artículo 13. Para el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos, la Oficina de Auditoría Interna tendrá la siguiente estructura organizativa:
1. Oficina del Auditor Interno.
2. Coordinación de Control Posterior.
3. Coordinación de Determinación de Responsabilidades.
Artículo 14. El titular de la Oficina de Auditoría Interna ejercerá la dirección y supervisión y será designado por la_ máxima autoridad jerárquica de la Tesorería de Seguridad Social, de conformidad con los resultados del concurso público previsto en la normativa dictada a tal efecto por la Contraloría General de la República, en correspondencia con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
El Auditor Interno durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, y podrá ser reelegido mediante concurso público, por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y no podrá ser removido o destituido del cargo sin la previa autorización del Contralor General de la República.
Artículo 15. Las faltas temporales del Auditor Intemo serán suplidas por un empleado de rango inmediatamente inferior dentro de la Oficina Auditoría Interna, el cual será designado por la máxima autoridad jerárquica de la Tesorería de Seguridad Social, previa postulación del Auditor Interno.
Artículo 16. Cuando se produzca la falta absoluta del Auditor Interno, la máxima autoridad jerárquica de la Tesorería de Seguridad Social procederá a designar como Auditor Interno Interino al servidor público que ocupe el cargo de rango inmediatamente inferior dentro de la Oficina de Auditoría Inter a y convocar un concurso público, de conformidad con lo previsto en la normativa para la designación de los titulares de las Oficinas de Auditoría Interna, dictadas por la Contraloría General de la República.
Artículo 17. Los responsables de las Coordinaciones de Control Posterior y Determinación de Responsabilidades, tendrán el mismo nivel o rango jerárquico que se establezca para cargos similares en la Tesorería de Seguridad Social y serán personal de confianza, por lo cual podrán ser removidos de sus cargos por la máxima autoridad, previa solicitud del Auditor Interno.
CAPITULO III DE LAS FUNCIONES Artículo 18. La Oficina de Auditoría Interna es un servicio de examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas y financieras de la Tesorería de Seguridad Social , realizado con el fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el respectivo informe con las observaciones, conclusiones y recomendaciones correspondientes.
Artículo 19. Las funciones de la Oficina de Auditoría Interna se extenderán a las personas jurídicas de derecho público o privado, que hayan mantenido relación directa o indirecta con las operaciones financieras y administrativas de la Tesorería de Seguridad Social, con el objeto de esclarecer cualquier acto, hecho u omisión contraria a una disposición legal o sublegal que amerite una actuación fiscal.
Artículo 20. Son funciones de la Oficina de Auditoría Interna de la Tesorería de Seguridad Social, las siguientes:
Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas dependencias de la
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Tesorería de Seguridad Social, asi como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas.
Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, 2.
estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en la Tesorería de Seguridad Social para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión.
Realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones 3.
respecto de las actividades de la Tesorería de Seguridad Social, para evaluar los planes y programas en cuya ejecución intervenga. Igualmente, podrá realizar los estudios e investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales.
Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y 4.
financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que opera la Tesorería de Seguridad Social.
Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas 5.
por la Tesorería de Seguridad Social a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen convenientes.
Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la 6.
calificación y declaratorio de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos, en los términos y condiciones establecidos por el Contralor o Contralora General de la República en la Resolución dictada al efecto.
Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las 7.
solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la Tesorería de Seguridad Social.
Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por la Tesorería de Seguridad Social y sus dependencias, para verificar el cumplimiento eficaz y oportuno de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, tanto por la Contraloría General de la República como por la Unidad de Auditoría Interna.
Recibir y verificar las cauciones presentadas por los 9.
funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos de la Tesorería de Seguridad Social, antes de la toma de posesión del cargo.
10. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo de la Tesorería de Seguridad Social.
1. Participar, cuando se estime pertinente, con carácter de observador sin derecho a voto, en los procedimientos de contrataciones públicas realizados por la Tesorería de Seguridad Social.
12. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública de la Tesorería de Seguridad Social, sin menoscabo de las funciones que le corresponda ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana.
13. Ejercer la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
14. Iniciar, sustanciar y decidir de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, a objeto de formular reparos, declarar la responsabilidad administrativa o imponer multas, cuando corresponda.
15. Remitir a la Contraloría General de la República los expedientes en los que se encuentren involucrados funcionarios de alto nivel en el ejercicio de sus cargos, cuando existan elementos de convicción o prueba que puedan comprometer su responsabilidad.
16. Establecer sistemas que faciliten el control, seguimiento y medición del desempeño de la Oficina de Auditoría Interna.
17. Promover el uso y actualización de manuales de normas y procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes, así como el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y administrativos de los procesos y procedimientos de la Tesorería de Seguridad Social.
18. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Contraloría General de la República o cualquier órgano o ente legalmente competente para ello, según el caso; las denuncias recibidas, las áreas estratégicas, así como la situación administrativa, importancia, dimensión y áreas críticas de la Tesorería de Seguridad Social.
19. Elaborar su proyecto de presupuesto anual con base a criterios de calidad, economía y eficiencia, a fin de que la máxima autoridad jerárquica, lo incorpore al presupuesto de la Tesorería de Seguridad Social.
20. Las demás funciones que señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la máxima autoridad jerárquica de la Tesorería de Seguridad Social, en el marco de las competencias que les corresponde ejercer a los órganos de control fiscal interno.
Artículo 21. La Coordinación de Control Posterior de la Oficina de Auditoría Interna tendrá como objetivo realizar el examen posterior, equitativo, sistemático y profesional de las actividades administrativas y financieras de la Tesorería de Seguridad Social, brindando apoyo a las demás áreas que conforman el órgano de control fiscal interno, y tendrá las funciones siguientes:
Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de 1.
operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas dependencias de la Tesorería de Seguridad Social, así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas.
Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, 2.
estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en la Tesorería de Seguridad Social para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión.
Realizar auditorías, estudios, _análisis e investigaciones 3.
respecto de las actividades de la Tesorería de Seguridad Social, para evaluar los planes y programas en cuya ejecución intervenga. Igualmente, podrá realizar los estudios e investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales.
Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y 4.
financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que opera la Tesorería de Seguridad Social.
Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas 5.
por la Tesorería de Seguridad Social a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen convenientes.
Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la 6.
calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos, en los términos y condiciones establecidos por el Contralor o Contralora General de la República en la Resolución dictada al efecto.
7. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de actos, hechos u
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omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la Tesorería de Seguridad Social.
Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas 8.
implementado por la Tesorería de Seguridad Social y sus dependencias, con la finalidad de que se cumplan las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control.
9. Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos de la Tesorería de Seguridad Social, antes de la toma de posesión del cargo.
10. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo de la Tesorería de Seguridad Social.
11. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública de la Tesorería de Seguridad Social, sin menoscabo de las funciones que le corresponde ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana.
12. Ejercer las actividades inherentes a la potestad investigativa, entre las cuales se encuentran:
Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de
12.a.
verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.
12.b.
Formar el expediente de la investigación.
Notificar de manera específica y clara a los interesados 12.c.
legítimos vinculados con actos, hechos u omisiones objeto de investigación.
12.d. Ordenar mediante oficio de citación la comparecencia de cualquier persona a los fines de rendir declaración y tomarle la declaración correspondiente.
Elaborar un informe dejando constancia de los
12.e.
resultados de las actuaciones realizadas con ocasión del ejercicio de la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 77 de su Reglamento.
12.f. Elaborar la comunicación a fin de que el auditor intemo remita a la Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de los órganos y entes mencionados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a que se refiere el artículo 65 de su Reglamento, que se encuentren en ejercicio de sus cargos.
12.g.
Remitir a la dependencia encargada de la determinación de responsabilidades, el expediente de la potestad investigativa que contenga el informe de resultados, a los fines de que ésta proceda, según corresponda, al archivo de las actuaciones realizadas o al inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
13. Las demás funciones que le señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por el auditor interno.
Artículo Coordinación de Determinación de 22.
La Responsabilidades tendrá como objetivo principal iniciar, sustanciar y decidir los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, tendrá las funciones siguientes:
1. Valorar el informe de resultados a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a fin de ordenar, mediante auto motivado, el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, para la formulación de reparos, declaratoria de responsabilidad administrativa, o la imposición de multas, según corresponda.
Iniciar, sustanciar y decidir, previa delegación del auditor 2.
interno, los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
Notificar a los interesados, según lo previsto en la Ley 3.
Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, de la apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
Elaborar la comunicación, a fin de que el auditor intemo remita 4.
al Contralor o Contralora General de la República copia certificada de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, según el caso, a fin de que éste acuerde la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses; la destitución o la imposición de la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años del declarado responsable.
Elaborar la comunicación a fin de que el auditor intero remita 5.
a la Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de los órganos y entes mencionados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a que se refiere el artículo 65 de su Reglamento, que se encuentren en ejercicio de sus cargos.
Dictar los autos para mejor proveer a que hubiere lugar.
6.
Las demás funciones que señale la Constitución de la 7.
República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por el auditor interno.
CAPITULO IV DE LAS ATRIBUCIONES Artículo 23. Son atribuciones del Auditor Interno, las siguientes:
1. Planificar, supervisar, coordinar, dirigir y controlar las actividades desarrolladas por las Coordinaciones de la Oficina de Auditoría Interna.
Elaborar y someter a la aprobación de la máxima autoridad 2.
jerárquica de la Tesorería de Seguridad Social, el reglamento interno, la resolución organizativa, así como, los manuales de organización, normas y procedimientos, con el fin de regular el funcionamiento de la Oficina de Auditoría Interna, según corresponda.
3. Aprobar el Plan Operativo Anual de la Oficina de Auditoría Interna y coordinar la ejecución del mismo.
4. Coordinar la formulación del proyecto de presupuesto de la Oficina de Auditoría Interna.
s. Asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de control interno, que dicte la Contraloría General de la República; la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados; y la máxima autoridad jerárquica de la Tesorería de Seguridad Social.
Elaborar y presentar ante la máxima autoridad jerárquica de la 6.
Tesorería de Seguridad Social, el informe de gestión anual de la Oficina de Auditoría Interna.
7. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, de acuerdo con lo previsto en la normativa legal aplicable de la Tesorería de Seguridad Social.
8. Evaluar los procesos inherentes a la Oficina de Auditoría Interna, y adoptar las medidas tendentes a optimizarlos.
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Recibir y absolver consultas sobre las materias de su 9.
competencia.
10. Suscribir la correspondencia y demás documentos emanados de la Oficina de Auditoría Interna, sin perjuicio de las atribuciones similares asignadas a otros servidores públicos adscritos a la Oficina de Auditoría Interna.
11. Solicitar a la máxima autoridad jerárquica de la Tesorería de Seguridad Social, la suspensión en el ejercicio del cargo de funcionarios sometidos a una investigación o a un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
12. Declarar la responsabilidad administrativa, formular reparos, imponer multas, absolver de dichas responsabilidades o pronunciar el sobreseimiento de la causa.
13. Participar a la Contraloría General de la República el inicio de las investigaciones que se ordenen, así como los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades que inicie la Oficina de Auditoría Intema.
14. Decidir los recursos de reconsideración y/o de revisión interpuestos contra las decisiones que determinen la responsabilidad administrativa, formulen reparos e impongan multas.
15. Suscribir informes de las actuaciones de control.
16. Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en la Tesorería de Seguridad Social, a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia evaluada, así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.
17. Participar a la Contraloría General de la República las decisiones de absolución o sobreseimiento que dicte.
18. Remitir al Contralor o Contralora General de la República, copia certificada de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, a fin de que éste aplique las sanciones accesorias a la declaratoria de dicha responsabilidad, previstas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
19. Remitir a la Contraloría General de la República, los expedientes de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de los órganos y entes mencionados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a que se refiere el artículo 65 de su Reglamento, que se encuentren en ejercicio de sus cargos.
20. Remitir al Ministerio Público la documentación contentiva de los indicios de responsabilidad penal y civil, cuando se detecte que se ha causado daño al patrimonio de un órgano o ente del sector público, pero no sea procedente la formulación de reparo.
21. Certificar y remitir a la Contraloría General de la República copia de los documentos que reposen en la Oficina de Auditoría Interna, que ésta le solicite de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, actuando en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.
22. Remitir a la Contraloría General de la República o al órgano de control externo competente, según corresponda, el acta de entrega de la Oficina de Auditoría Interna a su cargo, de conformidad con lo previsto en la normativa que regula la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias.
23. Certificar los documentos que reposen en los archivos de la Oficina de Auditoría Interna y delegar esta competencia en el personal del Órgano de Control Fiscal Interno.
24. Ordenar la publicación de la decisión de declaratoria de responsabilidad administrativa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o del respectivo estado, distrito, distrito metropolitano o municipio; o en el medio de publicación oficial del respectivo ente u organismo, según corresponda, cuando hayaquedado firme sede en administrativa.
25. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno.
Artículo 24. Los funcionarios responsables de las Coordinaciones de Control Posterior y Determinación de Responsabilidades de la Oficina de Auditoria Intema de la Tesorería de Seguridad Social, tendrán las siguientes atribuciones comunes:
1. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que se deben cumplir en el área a su cargo.
2. Velar porque el área a su cargo cumpla con las funciones que le asigna el presente Reglamento.
3. Evaluar los procesos inherentes a su área y sugerir medidas encaminadas a mejorar su organización y funcionamiento.
4. Decidir todos los asuntos que le competen a su área.
5. Presentar al Auditor Interno, informes periódicos y anuales acerca de las actividades desarrolladas en el área a su cargo.
6. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas en la Tesorería de Seguridad Social.
7. Participar en el diseño de políticas y en la definición de objetivos institucionales, así como sugerir medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de la dependencia a su cargo.
8. Absolver consultas en las materias de su competencia.
9. Elevar a consideración del Auditor Interno, el proyecto de solicitud de suspensión en el ejercicio del cargo de los servidores públicos sometidos a una investigación o a un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, según corresponda.
10. Firmar la correspondencia y documentos emanados de la respectiva Coordinación cuando ello sea procedente.
11. Someter a la consideración del Auditor Interno, el inicio de las potestades investigativas o la apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, según corresponda; e informar, previo a la toma de decisiones los resultados de las investigaciones realizadas o de los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades llevados a cabo.
12. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por el auditor interno.
Artículo 25. El funcionario responsable de la Coordinación de Control Posterior de la Oficina de Auditoría Interna tendrá las siguientes funciones específicas en el área de su competencia:
1. Dictar el auto de proceder de la potestad investigativa.
2. Someter a la consideración del Auditor Interno, la programación de las auditorías y demás actuaciones de control, antes de su ejecución.
Co 3. Suscribir el informe de resultados de la potestad investigativa a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 77 de su Reglamento.
4. Suscribir informes de las actuaciones de control practicadas y preparar comunicación para la firma del Auditor Interno a objeto de remitir oportunamente los resultados, conclusiones y recomendaciones, a las dependencias evaluadas y a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.
Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de 5.
las actuaciones practicadas en la Tesorería de Seguridad Sccial, a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia evaluada, así como a las demás
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autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.
6. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por el auditor interno.
Artículo 26. El funcionario de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades de la Oficina de Auditoria Interna, tendrá las siguientes funciones específicas:
1. Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 86 de su Reglamento, mediante el cual, una vez valorado el informe de resultado de la potestad investigativa, se ordena el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 96 de la Ley 2.
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 88 de su Reglamento y notificarlo a los presuntos responsables.
Disponer lo conducente para que sean evacuadas las pruebas indicadas o promovidas por los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o por sus representantes legales.
Fijar, por auto expreso, la realización del acto oral y público a 4.
que se refieren los artículos 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 92 al 97 de su Reglamento.
5. Dictar, previa delegación del Auditor Interno, las decisiones a que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
6. Imponer, por delegación del titular de la Oficina de Auditoría Interna, las multas previstas en los artículos 94 y 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y participarlas al órgano recaudador correspondiente.
7. Ordenar la acumulación de expedientes cuando sea procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
8. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por el auditor interno.
CAPITULO V RECEPCIÓN, MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Artículo 27. Toda la documentación de la Oficina de Auditoría Interna, por su naturaleza es reservada para el servicio de la misma, y la exhibición de su contenido, inspección, certificación o publicidad respecto a terceros sólo podrá realizarse de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás normativa legal o sublegal que resulte aplicable.
Artículo 28. La correspondencia recibida y despachada, así como los expedientes administrativos, papeles de trabajo producto de las actuaciones realizadas y demás documentación relacionada con la Oficina de Auditoría Interna, deberá registrarse, resguardarse y archivarse de acuerdo con lo establecido en el manual respectivo.
Artículo 29. El Auditor Interno calificará, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa legal y sublegal que regula la materia, la confidencialidad y reserva de los documentos que están bajo su control y custodia.
Artículo 30. Los papeles de trabajo generados por las actuaciones realizadas son propiedad de la Oficina de Auditoría Intema y por tanto ésta será responsable de su archivo, manejo y custodia.
Artículo 31. Sólo tendrán acceso a los archivos los servidores públicos adscritos a la Oficina de Auditoría Interna. El acceso por parte de otros funcionarios o empleados públicos o particulares, debe ser autorizado por el Auditor Interno, o en quien éste delegue tal función.
Artículo 32. El Auditor Interno certificará los documentos que reposen en los archivos de la Oficina de Auditoría Interna; asimismo, podrá expedir certificaciones sobre datos de carácter estadísticos, no reservados, que consten en expedientes o registros a su cargo, y para los cuales no exista prohibición expresa de divulgación.
Artículo 33. El Auditor Interno podrá delegar la competencia de certificar documentos en el personal de la Oficina de Auditoría Interna.
TÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES Artículo 34. Todo lo no previsto en el Reglamento Interno, se regirá por las disposiciones contenidas con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás normativas aplicables a los órganos de control interno.
Artículo 35. El presente Reglamento podrá ser modificado oída la opinión del titular de la Oficina de Auditoria Interna de la Tesorería de Seguridad Social, y de ser el caso a solicitud de la Contraloría General de la República, asegurando siempre el mayor grado de independencia dentro de la organización.
Artículo 36. Este Reglamento, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
En la ciudad de Caracas, a los Quince (15) días del mes de Agosto de 2014
Comuníquese y Publíquese, Dr. Rafael Ángel Ríos Bolívar Tesorero del Sistema de Seguridad Soci Decreto Presidencial 8.936 del 30/04/20 Gaceta Oficial Nº 39.913 del 02/05/2012
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE Y OBRAS PÚBLICAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE Y OBRAS PÚBLICAS DESPACHO DEL MINISTRO-CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° 046 1 0 OCT. 2014 AÑOS 204° y 155° En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los articulos 5, numeral 2, 19 y 20 numeral 1 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; conforme con los artículos 9, 13 y 21 de los Estatutos Sociales de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR); el Decreto N° 8.612 de fecha 22 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.806 de fecha 23 de noviembre de 2011; Decreto Presidencial N° 127 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.175 de fecha 27 de mayo de 2013; y Decreto Presidencial N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014;; este Despacho Ministerial,
RESUELVE
Artículo1.
Designar al ciudadano PEDRO MANUEL OLVEIRA HERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.054.539, en el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, de la Fundación Fondo
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Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), ente adscrito a este Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas.
Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
uniquese y publiquese, AIMAN EL TROUDI Ministro
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARAECOSOCIALISMO VIVIENDA Y HÁBITAT REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO, HABITAT Y VIVIENDA DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° 050 CARACAS, 09 DE OCTUBRE DE2014 204°, 155°, 15° El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014, cuya denominación fue modificada mediante Decreto 1.293 de fecha 03 de octubre de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.511 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 62 y 77, numerales 19 y 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 5, numeral 2 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública;
RESUELVE Artículo 1. Designar al Ciudadano CHARLES HENRI PHILLIPE GIUSEPPI CASTILLO, titular de la Cédula de Identidad número V-12.659.259, COMO DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL del MinisteriO del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.
Artículo 2. El Ciudadano CHARLES HENRI PHILLIPE GIUSEPPI CASTILLO, titular de la Cédula de Identidad número V-12.659.259, DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, asumirá las funciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, hasta su total supresión.
Artículo 3. De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se le autoriza para firmar los actos y documentos en las materias concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección.
Artículo 4. La designación y delegación contenidas en la presente Resolución serán ejercidas por el prenombrado ciudadano a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Pubíque
Ricardo Molina Peñalo Ministro
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN MPPCMS N°105-2014. CARACAS 1° DE 0CTUBRE DE 2014 Años 204°, 155° y 15° El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014; en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 5, numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
RESUELVE ÚNICO: Designar al ciudadano AMILCAR JOSÉ CARVAJAL ARROYO, titular de la cédula de identidad N° V-9.962.887 como DIRECTOR GENERAL DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL adSCritO al DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE COMUNAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES de este Ministerio, a partir del 1° de octubre de 2014.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, ELÍAS JOSÉ JAUA LA Ministro del Poder Por para Comunas y los Movimienororidetaes Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.488 de la misma fecha. Reimpreso por fallas en el original y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014 MINISTERIO DEL PODERPOPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 068-14
Caracas, 03 de octubre de 2014 204°, 155° y 15°
RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Ia Alimentación, YVÁN JOsÉ BELLO ROJAS, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, 40, 62 y los numerales 2, 3, 19 y 26 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5, y los artículos 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional contenido en el Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, este Despacho,
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RESUELVE
ARTÍCULO 1. Se designa a la Ciudadana LUDMILA DRITDALIA URBANO GUTIERREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.871.548, como CONSULTORA JURÍDICA del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en calidad de Encargada.
ARTÍCULO 2. Se delega en la ciudadana LUDMILA DRITDALIA URBANO GUTIERREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.871.548, en su carácter de Consultora Jurídica Encargada de este Ministerio:
a) Las atribuciones que a continuación se indican:
/ 1.- Certificar las copias de los documentos cuyos originales reposan en el archivo de la Consultoría Jurídica.
2.- Dar respuesta a las solicitudes de carácter legal dirigidas al Ministro y firmar la correspondencia externa, postal, telegráfica, radiotelegráfica, telefacsímil y correo electrónico, en contestación a dichas solicitudes.
3.- Revisar y conformar los actos administrativos, contratos y demás actos jurídicos en que deba intervenir directamente el Ministro, así como la documentación que se relacione con los mismos. Y, b). La firma de los siguientes documentos:
1.- Suscripción de los contratos de prestación de servicios de carácter laboral.
2.- Comunicaciones dirigidas a la Procuraduría General de la República, solicitando dictámenes, pronunciamientos, interpretaciones jurídicas, opiniones, respuestas a cualquier requerimiento legal, oficios remitiendo recaudos y ratificando solicitudes, y expresamente la facultad atribuida por el numeral 17 del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
ARTícuLo 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional la referida ciudadana deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
ARTícuLo 4. El Ministro del Poder Popular para la Alimentación podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Resolución.
ARTícuLo 5. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el artículo 3° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.
ARTícuLo 6. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la ciudadana designada, la fecha y número del presente acto y la fecha y número de la Gaceta Oficial en que haya sido publicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
ARTícuLo 7. De conformidad con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción y sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la funcionaria designada deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo.
ARTícuLo 8. De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
ARTícULo 9. El presente acto administrativo deroga la Resolución DM/N° 043 de fecha 09 de septiembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.494 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Comuníquese y Publíquese
Por el Ejecutivo Nacional,
o .aCeco
MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN CJ/AG/61TD.- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 069-14 Caracas, 01 de octubre de 2014 2040, 155° y 15° El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 y los numerales 2, 3 y 19 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con el Decreto N° 239 de fecha 18 de julio de 2013, que adscribe a la empresa "LOGISTICA CASA LOGICASA, S.A.", al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.212 de fecha 18 de julio de 2013 e inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 7 de agosto de 1980, bajo el N° 26, Tomo 172-A- Sgdo., siendo su última modificación en fecha 4 de diciembre de 2012, bajo el N° 27, Tomo 105-A, por ante el Registro Mercantil del Estado Vargas y la Cláusula Décima Segunda del Documento Constitutivo Estatutarios.
RESUELVE Artículo 1. Designar como Directores Principales de la Junta Directiva de la empresa del Estado "LOGISTICA CASA LOGICASA, S.A." y sus respectivos suplentes, a los ciudadanos que se mencionan a continuación:
Presidente de la Junta Directiva: ANÍBAL AUGUSTO FUENTES RONDÓN, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.602.182.
Director Principal: GUSTAVO JOSÉ CABELLO CANALES, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.283.616.
Director Suplente: GERSON ALEXIS MONTAÑEZ OCHOA, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.152.177.
Director Principal: ANDERSON JOSÉ MEDINA DELGADO, Venezolano, titular ví.
de la Cédula de Identidad N° V-9.618.202.
Director Suplente: MAYKELL BILLS REYES ZERPA, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.991.373.
Director Principal: FRANCO JOSÉ II LEANDRO IZQUIERDO, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.559.354.
Director Suplente: MILAGRO DE JESÚS VILORIA FERNÁNDEZ, Venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.212.739.
Director Principal: RAFAEL MARTÍN HIDALGO BELISARIO, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.337.217.
Director Suplente: EDUARDO JOSÉ BASTIDAS PARRA, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.289.295.
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Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
mmoy 20 YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS Ministro del Poder Popular para la Alimentación MINISTRO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 070-14
Caracas, 08 de octubre de 2014 204°, 155° y 15° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 y los numerales 1, 19, y 27 del artículo 77 y numeral 3 del artículo 119 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y concatenado con el Decreto N° 1.285, mediante la cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado, bajo la forma de Sociedad Anónima, la cual se denominará "Corporación Productora, Distribuidora y Mercado de Alimentos, S.A." (CoRPO- PDMERCAL), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.513 de fecha 07 de octubre de 2014,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Se designa al ciudadano JOHAN ALEXANDER HERNANDEz LAREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.888.327, como PRESIDENTE de la empresa del Estado "CORPORACIÓN PRODUCTORA, DISTRIBUIDORA Y MERCADO DE ALIMENTOS, S.A." (CORPO-PDMERCAL).
ARTícuLo 2. El ciudadano designado mediante la presente Resolución, tendrá las atribuciones inherentes a su cargo previstas en el Decreto que Autoriza su creación, en el Acta Constitutiva y Estatutaria de la Empresa, y las demás que le delegue la Asamblea General de Accionistas y la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Alimentación en el marco de su competencia. Igualmente, deberá cumplir con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento jurídico vigente, así como enmarcar sus actuaciones en los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos, el Poder Popular y las instituciones de la República, contemplados en las Líneas Generales del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 del Proyecto Nacional "Simón Bolívar".
ARTícuLo 3. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del ciudadano designado, la fecha y número del presente acto y la fecha y número de la Gaceta Oficial en que haya sido publicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
ARTícuLo 4. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción y sin perjuicio de lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el funcionario designado deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo.
ARTícuLo 5. De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese
Por el Ejecutivo Nacional, Roeu YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA DESPACHO DEL MINISTRO N° 194 Caracas, 09 0CT 2014 204°, 155° y 15° En ejercicio de las competencias establecidas en el Artículo 77 numerales 1, 12 y 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el Artículo 2 numeral 1 del Decreto N° 8.528 publicado octubre de 2011. En cumplimiento de lo previsto en el numeral 2 del Artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, RESUELVE ÚNICO: Se procede a la publicación de un traspaso por la cantidad de DosCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 250.000,00) de acUerdo Con la siguiente imputación:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA Bs.
Acción 0002 Gestión administrativa
250.000,00 Centralizada De la Acción 002 Apovo institucional al sector privado y al sector extamo 250.000.00 Especifica 407.00.00.00 Transferencias y Donaciones Partida 250.000,00 Especifica 250.000,00 A la Acción 003 250.000,00 Apoyo institucional al sector público Especifica 407.00.00.00 Transferencias y Donaciones Partida 250.000,00 Especifica 407.03.04.01 Donaciones de capital a la República 250.000,00 Comuniquese y publiquese, JESSE CHACÓN ESCAMILLO MINISTRO DEL PODER POPULAR BARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA Deereto Presidencial A 1.213 de fecha 02-09-2014 Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 0309.2034
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Exp. AP61-R-2014-000012 Mediante oficio N° TDJ-498-2014 del 13 de febrero de 2014, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante, TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente disciplinario signado con el N° AP61-D-2011-000207, contentivo del procedimiento disciplinario realizado contra la ciudadana EILEEN LORENA URDANETA NÚÑEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.445.290, jueza Titular del Juzgado Tercero de los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y Primera Suplente Titular de los Tribunales Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado
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Zulia, según se evidencia de la Resolución N° 2003-0027 del 3 de febrero de 2003 emanada de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (folios 78 al 82, pieza N° 1).
Tal remisión se efectuó en virtud del recurso de apelación interpuesto el 3 de octubre de 2013, por la ciudadana Katherine Casellas Jiménez, actuando por delegación de la Inspectoria General de Tribunales (en lo sucesivo IGT), según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.978 de fecha 3 de agosto de 2012. contra la decisión N° TDJ-SD-2013-141 del 19 de septiembre de 2013, a la ciudadana Jueza, del ilicito disciplinario previsto y sancionado en el numeral 6 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en concordancia con el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, que daba lugar a la aplicación de la sanción de suspensión del cargo, normativa aplicable para el momento en que ocurrieron los hechos.
El 19 de febrero de 2014, la Secretaría de esta Corte recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) el presente expediente signado bajo el N° AP61-R-2014-000012. y dejó constancia de su distribución, correspondiéndole la ponencia al juez Tulio Jiménez Rodriguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 12 de marzo de 2014, se acordó fijar audiencia oral y pública para el décimo (10°) dia de despacho siguiente, más ocho (8) dias continuos del término de la distancia que se le concedió a la Jueza denunciada, contados a partir del vencimiento del lapso para la consignación del escrito de fundamentación de la apelación.
El 13 de marzo de 2014, la representante de la IGT consignó escrito de fundamentación de la apelación, conforme a lo previsto en el articulo 84 del Código de Ética.
El 9 de abril esta Corte dictó auto mediante el cual acordó diferir la audiencia oral y necesidad de notificación.
El 8 de abril del 2014, esta Alzada dictó auto mediante el cual hizo constar que en razón de que la jueza Merly Jacqueline Morales Hernández se encontraba de reposo médico se convocó en esa misma fecha para cubrir la ausencia temporal de la mencionada Jueza al ciudadano Romer Abner Pacheco Morales, quien aceptó la referida convocatoria, quedando constituida la Corte Disciplinaria Judicial.
El 15 de abril de 2014, vista la reconstitución de esta Alzada, el juez Romer Abner Pacheco Morales se abocó al conocimiento de la presente causa y, en razón de ello, se acordó diferir la celebración de la audiencia oral y pública para el tercer (3°) día de de así estimarlo, ejercieran el control previsto en el articulo 90 del Código de Procedimiento Civil, más el término de distancia, concedido a la referida Jueza, que se fijó en ocho (8) días continuos, una vez que constara en autos la última de las notificaciones libradas.
El 24 de abril de 2014, esta Instancia Disciplinaria dictó auto mediante el cual ordenó practicar la notificación al ciudadano Julio Cesar Núñez, titular de la cédula de identidad N° V-5.830.049, actuando en su propio nombre y en representación del ciudadano Julio Segundo Diaz Espina, titular de la cédula de identidad N° 3.773.234, denunciante ante la IGT, de la reprogramación de la audiencia oral y pública ordenada mediante auto del 15 de ese mes y año.
El 12 de mayo de 2014, esta Corte dictó auto mediante el cual dejó constancia de su reconstitución, en razón de la reincorporación de la jueza Merly Jacqueline Morales Hernández, integrante de esta Alzada.
El 13 de mayo de 2014, la jueza Merly Jacqueline Morales Hernández se abocó al- 15 de abril de ese año solo en lo que respecta al abocamiento del juez Romer Abner celebración de la audiencia oral y pública.
El 4 de junio de 2014, esta Alzada dictó auto en el cual estableció en virtud de diligencia presentada por la IGT, que al dia siguiente que constara en autos la concedieron a las partes y, una vez que precluyera éste, comenzaría a transcurrir el lapso de tres (3) dias de despacho, según lo previsto en el articulo 90 del Código de Procedimiento Civil y. al tercer (3°) dia despacho siguiente se celebrará la audiencia oral y pública.
El 18 de junio de 2014, se recibió escrito de contestación a la fundamentación de la apelación presentado por la Jueza denunciada.
El 1° de julio de 2014, esta Corte Disciplinaria Judicial dictó auto en el cual dejó constancia que dado que no fue posible practicar la notificación en el domicilio del en el articulo 233 del Código de Procedimiento Civil, para que en el lapso de diez (10) dias de despacho siguientes a la consignación en el expediente de dicha/ publicación se tengan por notificados de que la jueza Merly Jacqueline Morales Hernández, se abocó al conocimiento de la causa y de la reprogramación de la audiencia oral y pública.
En esa misma fecha, esta Instancia Disciplinaria dictó auto mediante el cual negó la solicitud de reposición de la causa presentada por la Jueza denunciada.
El 9 de julio de 2014, la Secretaría de esta Corte mediante nota secretarial agregó al expediente disciplinario judicial, la página 38 del Diario "Ultimas Noticias" de fecha 8 de julio del presente año donde consta la publicación del Cartel de Notificación dirigido al denunciante.
El 5 de agosto de 2014, esta Alzada dictó auto mediante el cual negó la solicitud de participación en la audiencia oral y pública presentada por la aludida Jueza, advirtiéndole que podía presenciar el referido acto.
El 30 de septiembre de 2014, la Secretaria de esta Corte realizó el cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 12 de marzo de 2014 hasta la oportunidad de la realización del referido cómputo, y dictó auto mediante el cual evidenció que la audiencia oral se encontraba fijada para esa fecha -30 de septiembre de 2014-, a las 2:00 p.m. y en vista de la reprogramación de las actividades, acordó diferir dicho acto para las 3:00 p.m.
El 30 de septiembre de 2014, a las 03:00 p.m.. se realizó la celebración de la audiencia oral y pública, de conformidad con lo previsto en el articulo 87 del Código de Ética.
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial emitir pronunciamiento sobre el recurso interpuesto, previo el análisis de las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES El 24 de septiembre de 2007, se inicio el expediente disciplinario ante la IGT en virtud de la denuncia interpuesta el 7 de agosto de ese año por el ciudadano Julio César Núñez en su propio nombre y en representación del ciudadano Julio Segundo Diaz Espina contra la jueza Eileen Lorena Urdaneta Núñez, por lo cual dicho organismo ordenó abrir la investigación correspondiente el 2 de noviembre de 2007, y dictó acto conclusivo el 3 de diciembre de 2010, en el cual precisó que la prenombrada Jueza inobservó el plazo establecido en la ley de treinta (30) días continuos para que el Juez de segunda instancia dicte sentencia (artículo 521 del Código de Procedimiento Civil) para pronunciarse respecto a la apelación interpuesta en contra de la decisión dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de fecha 9 de noviembre de 2006, que declaró inadmisible la solicitud presentada por el ciudadano Julio Segundo Diaz Espina de reconocimiento de firma de documento privado en contra del ciudadano Rufo Alberto Semprún, tramitada en el expediente judicial N° 8065, hecho que configuró la falta disciplinaria prevista en el numeral 6 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en concordancia con el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, aplicable para el momento en que ocurrieron los hechos, y que prevé la sanción de suspensión del cargo (folios 100 al 111, pieza N° 1).
\ I1 DEL FALLO APELADO El 19 de septiembre de 2013, el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SD-2013-141 con fundamento en lo siguiente:
Que, respecto al alegato de la Jueza denunciada referido a la prescripción de la acción disciplinaria, lo cual, según su opinión, quedó configurado, ya que desde .el inició de la investigación disciplinaria ocurrida el 2 de noviembre de 2007, hasta su efectiva notificación de la continuación del procedimiento por parte de esta Instancia Disciplinaria judicial el 6 de marzo de 2012, transcurrió el término previsto en el articulo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y no hubo otro acto posterior que interrumpiera el lapso de prescripción; al respecto sostuvo que del expediente se evidenció que la IGT inició el procedimiento disciplinario el 2 de noviembre de 2007 (folio 18, pieza N° 1). habiendo transcurrido siete (7) meses y veinticinco (25) días después de ocurrido el supuesto de hecho denunciado, objeto del presente proceso, siendo evidente que el mismo se realizó dentro del tiempo hábil otorgado por la referida Ley, es decir, antes de los tres (3) años establecidos, por lo que declaró la improcedencia de la solicitud de prescripción propuesta por la Jueza denunciada.
Que, respecto a la imputación referida a la inobservancia de lapsos o términos conformidad con lo establecido en el articulo 521 del Código de Procedimiento Civil, destacó que era necesario valorar las pruebas de manera de determinar si quedó configurada la falta disciplinaria increpada, prevista y sancionada en el numeral 6 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en concordancia con el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, que daba lugar a la aplicación de la sanción de suspensión del cargo, normativa aplicable para el momento en que ocurrieron los hechos; indicando que en la copia certificada del auto dictado el 29 de 8065, se fijó para el décimo (10°) dia de despacho siguiente la consignación del escrito de informe, de conformidad con el articulo 517 del Código Adjetivo Civil (folio 38, pieza N° 1). lo cual, efectivamente sucedió el 19 de diciembre de 2006, por lo que le correspondía a la jueza Eileen Lorena Urdaneta Núñez, dentro de los treinta (30) dias de despacho siguientes, es decir, el 7 de marzo de 2007, publicar la decisión conforme al señalado artículo 521, según el cómputo de los días de despacho expedido por la Secretaría del Tribunal a su cargo (folio 97, pieza N° 1); sin embargo, no fue sino hasta el 1° de noviembre de 2007, que efectivamente la Jueza denunciada dictó la aludida decisión (folios 58 al 67. pieza N° 1).
Que, lo anterior reveló que la prenombrada Jueza demoró en un lapso considerable de tiempo la publicación de la decisión, siendo que el proveer en tiempo oportuno equivale a decidir en el plazo estipulado por la ley, supuesto que en el presente caso no ocurrió ya que su actuación no resultó acorde al lapso procesal establecido en el mencionado articulo 521 del Código de Procedimiento Civil, ocasionado con dicha inobservancia un retardo procesal.
Que, respecto a los alegatos de la Jueza denunciada referidos a las estadísticas del Tribunal a su cargo reflejaban que en el mes en el cual ingresó el expediente judicial N° 8065, se tramitaban dos mil ochocientas cincuenta y cuatro (2.854) causas y, que durante el tiempo transcurrido entre la entrada de la aludida causa judicial hasta el momento en que dictó la sentencia correspondiente, ingresaron a su despacho un mil cuatrocientas treinta y cinco (1.435) causas adicionales, resolviendo en dicho lapso un mil trescientas dieciséis (1.316) causas, cifras que a su criterio estadísticamente daban un rendimiento al Tribunal del noventa y un coma siete por ciento 91,7%, a lo cual debía sumársele la multiplicidad de competencias por la materia y la complejidad de los asuntos sometidos a su conocimiento según el procedimiento que le correspondía; que decidía tales asuntos conforme su orden de llegada según el articulo 515 del Código de Procedimiento Civil, respetando dicho orden y antigüedad, agregando que resultaba humanamente imposible dar respuesta simultánea a las distintas obligaciones que-se generan considerando el alto volumen de trabajo; de lo éual promovió las documentales referidas a las estadisticas del Tribunal a su cargo, fueron valoradas a tal efecto.
Que, la prenombrada Jueza señaló en cuanto a la plantilla del personal adscrito al Despacho a su cargo, que no contaba con un abogado asistente que contribuyera con las decisiones que debía tomar ante las solicitudes planteadas por los justiciables, siendo ella quien tenía la carga de las decisiones y pronunciamientos, que el personal que conformada el Tribunal, a excepción del Secretario, eran estudiantes de los primeros años de la carrera de Derecho, siendo politica de la
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Dirección de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, las postulaciones del personal sobre estudiantes de pregrado de los primeros años de la carrera.
Que, en cuanto a la solicitud planteada durante la audiencia oral y pública por la ciudadana Jueza de que "...no valorará las estadisticas presentadas por el representante de la [IGT], mediante las cuales hizo comparación del desempeño que tuvo el juzgado que que...esas documentales no fueron consignadas en su oportunidad como pruebas y que a respecto estableció "...que las estadisticas son documentos cuya información mediante el cual puede acceder cualquier persona por cuanto las mismas pueden conseguirse en la página web del Tribunal Supremo de Justicia..", considerando, en consecuencia, ..improcedente..." tal solicitud.
Que, a pesar de la declaratoria de improcedencia de la solicitud de la aludida Jueza en relación a las estadisticas señaladas por la IGT, sostuvo que las mismas "...no constituyen para el procedimiento disciplinario hecho que determine que la jueza haya incurrido en el ilicito disciplinario por el cual es denunciada, siendo que el objeto de las estadisticas está guiado al aporte de datos confiables para el control de la gestión y toma de decisiones que apoyen la labor de planificación del Poder Judicial, de manera que dicha comparación va guiada a destacar el desempeño o rendimiento del tribunal que regenta la jueza, no siendo ello el objeto del presente debate..." y del contenido de las actas así como del desarrollo de la audiencia, la representación de la IGT "..no contradijo el según su orden de entrada al Tribunal a su cargo; alegato que además no...[fue] desvirtuado en autos mediante elementos probatorios que pudieran determinar que la ciudadana Jueza actuó de manera distinta a la alegada...circunstancias...[que] conllevan a que la Jueza no incurrió en ilicito disciplinario, por tanto no resulta aplicable la sanción disciplinaria... propuesta...".
Que, quedó "..claramente evidenciado que la jueza investigada justificó el motivo por el cual no cumplió con el lapso establecido en el Código de Procedimiento Civil para dictar la decisión de la apelación referida a la causa N° 8065..." y consideró necesario precisar que "...el solo hecho de haber dictado fuera del lapso una sentencia o, en general, haber emitido cualquier decisión fuera del lapso establecido en la ley no constituye per se un hecho antijurídico, pues pueden existir circunstancias en cada caso que eximan de eventuales responsabilidades a los jueces que incumplan los lapsos procesales.." y, al respecto, citó Tribunal Supremo de Justicia, arguyendo que "..la determinación de la existencia de retardo judicial indebido dependerá de las circunstancias de cada caso concreto, para lo cual solo incumplimiento del lapso establecido no constituye un hecho illcito por parte del juez de sentencia citada, los lapsos procesales establecidos constituyen orientadores del juicio de valor que realiza el juez en su proceso intelectivo para determinar si se ha producido o no una dilación indebida para que se configure el retardo judicial...
Que, de lo precedente se observa que existieron suficientes elementos cuya motivos por los cuales se pronunció tardlamente en la causa N° 8065, siendo uno de ellos el exceso de causas a su conocimiento y que estas deban ser resueltas en la medida que las tanto, en el presente caso, no se configuraron los elementos probatorios suficientes para determinar los supuestos requeridos para dar por verificado el ilicito disciplinario previsto en el numeral 6 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, concordante al articulo 39, numeral 7, de la Ley de Carrera Judicial, en consecuencia, esta instancia judicial considera que la ciudadana Eileen Lorena Urdaneta Núñez, jueza denunciada en esta causa, no se encuentra incursa en la referida causal disciplinaria. Asl se declara...".
I11 FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN El 13 de marzo de 2014, la ciudadana Katherine Casellas Jiménez, actuando por delegación de la IGT, mediante escrito presentado oportunamente, fundamentó el recurso de apelación en los siguientes términos:
Que, en primer lugar, la recurrida incumplió "...el requisito previsto en el ordinal 4° del articulo 243 del.[CPCJ, y en consecuencia, infringió los articulos 12 y 509 eiusdem, asl como el articulo 74 del.[Código de Ética] al haber dejado de analizar, valorar y emitir pronunciamiento, sobre pruebas promovidas por la IGT y admitidas, señaladas en el escrito de acusación y en la Audiencia Oral de juicio, especificamente las diligencias efectuadas por el apelante en fechas 10 de mayo, 12 de junio, 11 de julio, 03 de agosto y 11 de octubre del año 2007, cursante a los folios 50, 51, 52, 53, 54, 56 de la pieza 1..", las cuales, pieza 1, suscrito por la Jueza, mediante el cual consta que recibió el expediente y fijó el 10° dia para presentar informes, lo que evidencia que se trataba de una sentencia interlocutoria y no compleja; b) Con la copia certificada del escrito de informes presentado el 19/11/2007, correr los treinta (30) días continuos para dictar sentencia; c) Con la sentencia dictada por la jueza el 01/11/2007, cursante a los folios 58 al 67, pieza 1, que evidencia la fecha cierta en transcurso de 134 dias de despacho, es decir, casi 10 meses para dictar la decisión; hubiesen sido determinantes para declarar la responsabilidad disciplinaria de la jueza...".
Que, en segundo lugar, la recurrida igualmente incumplió "...el requisito previsto en el articulo 243, ordinal 4° del..[CPC], y en consecuencia infringe lo previsto en los articulos 12 y 506 eiusdem, así como los articulos 9 y 81 del..[Código de Ética], cuando señaló que la Jueza investigada '...había decidido las causas conforme al orden de llegada de las mismas al tribunal a su cargo, ello de conformidad con lo establecido en el articulo 515 del..[CPC], sometidos a su conocimiento.. y luego indicó: '...se evidencia del contenido de las actas y del desarrollo de la audiencia que la representación de la inspectoría (sic) no contradijo el argumento legal expuesto por la jueza investigada, en el sentido de dar respuesta a las causas según su orden de entrada al tribunal a su cargo; alegato que además no esta desvirtuado en autos mediante elementos probatorios que pudieron determinar que la jueza justificaban a la ciudadana Jueza de no haber incurrido en ilicito disciplinario, el que incurrió la recurrida por cuanto el ilicito disciplinario imputado fue de justificar su inobservancia del plazo para dictar sentencia "..lo dio por cierto, sin que dicha afirmación estuviera acreditada en el expediente con algún respaldo probatorio que la soportar a, lo cual causó un defecto en su motivación (Vid. Sentencia N° 376, de fecha 04-08- 2011, SCC del TSJ..".
Que, en tercer lugar, la recurrida incurrió "...en el vicio de errónea interpretación de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1565, de fecha 11/06/2003 y N° 2249 del 18/08/2003, al dejar de aplicar estas decisiones, en todo su alcance y contenido, pues aunque el TDJ las invocó en la sentencia apelada, dejó de analizar los cinco (5) parámetros de temporalidad que la Máxima Sala estableció, para poder determinar la dilación indebida, tales como: a) La complejidad del asunto, b) La actividad procesal del interesado, c) La conducta de las autoridades judiciales, d) Los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo y, e) La consecuencias que de la demora analizaron los argumentos de la citada Jueza relativos al exceso de causas y que resolvió las mismas en la medida en que ingresaban al Tribunal, absolviéndola por considerar justificado los motivos por los cuales se pronunció tardiamente, errando con ello en la interpretación, contenido y alcance de las sentencia invocadas, con lo cual ".inobservó las normas constitucionales que establecen de forma inequívoca una serie Efectiva...el debido proceso....
Que, en cuarto lugar, la recurrida nuevamente incurrió "..en el vicio de errónea sentencia 'dentro de los 30 dias de despacho siquientes al 19-12-2006' (fecha fijada para los informes), señalando que 'debió publicar el fallo en fecha 07-03-2007' de acuerdo al establece que '...Presentados los informes o cumplido que sea el auto para mejor proveer o pasado el término señalado para su cumplimiento, el Tribunal dictara su fallo dentro de los treinta días siguientes sin la sentencia fuere interlocutoria..., lo cual en concordancia con lo establecido en el articulo 197 eiusdem asi como previsto en la jurisprudencia dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, del 23 de octubre de 1989, lapso que debió computarse por dias continuos y no por dias de despacho, como erróneamente estableció la recurrida, por lo que ciudadana Jueza debió dictar sentencia a más tardar el 19 de enero de 2007 y no como expresó la recurrida, el 7 de marzo de 2007, circunstancias que no fueron desvirtuadas.
Que, en quinto lugar, la recurrida igualmente incurrió en "...error de derecho en la valoración de la prueba de estadisticas de rendimiento de los 4 Tribunales de Primera Zulia.." que por notoriedad judicial fue mencionado durante la audiencia oral y pública celebrado el 21 de febrero de 2013, conforme a lo dispuesto en el articulo 507 del CPC, toda vez que declaró la misma como impertinente, siendo pertinente al caso de análisis.
Que, por las razones expuestas queda demostrado que la decisión dictada el 19 de septiembre de 2013 por el TDJ, mediante la cual absolvió a la referida Jueza, se Constitucional, así como lo contenido en los artículos 9, 74 y 81 del Código de Ética en concordancia con los articulos 12, 243 ordinal 4°. 313 ordinal 2°, 320, 506, 509 y 877 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente por remisión expresa del articulo 51 del Código de Ética, solicitando que la recurrida sea anulada y se dicte una decisión con base a los elementos probatorios contenidos en el expediente y de acuerdo a los hechos planteados por la IGT, a tenor de los dispuesto en el articulo 209 del Código de Procedimiento Civil, asimismo solicitó su revisión de oficio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 257 Constitucional, en concordancia con el artículo 87 in fine del Código de Ética.
IV DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial establecer su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:
El artículo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben:
"Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judiclal, como órgano de Alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y la Jueza venezolana". (Resaltado de la Corte Disciplinaria Judicial)
ciudadana Katherine Casellas Jiménez, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, apeló en fecha 3 de octubre de 2013, de la sentencia N° TDJ- SD-2013-141 del 19 de septiembre de 2013, dictada por el a quo donde absolvió de responsabilidad disciplinaria a la Jueza denunciada. En tal sentido, esta Alzada verifica que, efectivamente, se trata de una apelación contra sentencia, razón por la cual declara su competencia para conocer el presente asunto. Asi se declara.
V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto y, al respecto observa:
En el presente caso, la apelación interpuesta se refiriò, en primer lugar, al incumplimiento por parte de la recurrida del requisito previsto en el ordinal 4° del articulo 243 del CPC, de los articulos 12 y 509 eiusdem y de lo señalado en el artículo 74 del Código de Ética por dejar de analizar, valorar y emitir pronunciamiento sobre pruebas promovidas por la IGT, admitidas y puntualizadas en el escrito de acusación y en la audiencia oral de juicio (diligencias efectuadas por el apelante en fechas 10 de mayo, 12 de junio, 11 de julio, 03 de agosto y 11 de octubre del año 2007; auto de fecha 29 de noviembre de 2006, donde consta que recibió el expediente y fijó el décimo (10°) día para presentar informes, lo cual evidenciaba que se trataba de una sentencia interlocutoria y no compleja; copia certificada del escrito de informes presentado el 19 de diciembre de 2006, que demuestra la fecha a partir de la cual comenzó a correr los treinta (30) días continuos para dictar sentencia; sentencia dictada por la citada Jueza el 1° de noviembre de 2007, que evidencia la fecha cierta en que la operadora de justicia dictó la decisión, fuera del lapso previsto en el artículo 521 del CPC; y certificación de días de despacho, que evidencia el transcurso de 134 dias de despacho, es decir, casi 10 meses para dictar la decisión) determinantes para declarar la responsabilidad disciplinaria de la prenombrada Jueza.
Con relación a los referidos alegatos, esta Alzada observa de las actas insertas al expediente disciplinario, las siguientes actuaciones procesales:
El 29 de noviembre de 2006, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dictó auto en el cual dejó constancia de lo siguiente: "(...) Recibida del Juzgado Segundo de los Municipios
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Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la anterior pieza de once (11) folios útiles signada con el N° 827, en virtud de la solicitud de reconocimiento de firma, se le da entrada. Fórmese expediente y numérese. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 517 del Código Procedimiento Civil, se fija el décimo dia de despacho siguiente al de hoy, para que las partes presenten sus escritos de Informes (..)". Folio 38, pieza N° 1.
Posteriormente, el 19 de diciembre de 2006, el ciudadano Julio César Núñez, representante de la parte actora, presentó escrito de informes constante de seis (6) folios útiles, solicitando que "..revoque la sentencia del a-quo, admita la acción mero declarativa de reconocimiento de firma de instrumento privado y le ordene citar al obligado indicado en la solicitud y se pronuncie expresamente sobre la declaratoria de error inexcusable de derecho por parte del jurisdicente a quo...". Folio 39 al 44, pieza N° 1.
Seguidamente, el referido ciudadano consignó ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a cargo de la Jueza sometida a procedimiento disciplinario, las siguientes diligencias, las cuales señalan lo siguiente:
La del 10 de mayo de 2007, inserta al folio 51 de la pieza N° 1 del expediente disciplinario que: "(.) En fecha veintinueve (29) de noviembre de 2006, se le dio entrada a la presente causa, en el mismo auto se estableció, el décimo día de despacho, para llevarse a efecto el acto de informes, el cual se verificó el diecinueve (19) de diciembre de 2006. Ahora bien, establece nuestra Ley adjetiva Civil, en su articulo 521: Presentados los informes cumplimiento, el Tribunal dictará su fallo dentro de los treinta dias siguientes si la sentencia fuere interlocutoria y sesenta si fuere definitiva. Este término se dejará transcurrir Íntegramente a los efectos del anuncio del recurso de casación. Por tanto, habiéndose dado este Despacho, a la apelación interpuesta tratamiento de sentencia interlocutoria, hasta la presente fecha, ha transcurrido con creces el término para dictar sentencia, y tomando en consideración lo preceptuado en nuestra Carta Magna en sus articulos 26 y 51, me permito 1 solicitar, respetuosamente dicte sentencia en la presente causa (...)".
La del 12 de junio de 2007, inserta a los folios 52 al 53 de la pieza N° 1 del expediente disciplinario que: "(..) desde la oportunidad anterior, en que fue solicitado se dictara sentencia en la presente causa, es decir desde el dla diez (10) de mayo..hasta la presente, ha transcurrido un término que sobrepasa el consagrado en el articulo 521 del Código de Procedimiento Civil, norma adjetiva, que rige para aquellos escenarios procesales. donde el legislador previó un termino preciso, para dictar sentencia en segunda instancia de la (sic) apelaciones de decisiones interlocutorias, de igual forma tomando en consideración lo tiene derecho..a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia...expedita, sin dilaciones indebidas...Fundamentos en virtud de los cuales, me permite insistir en el pedimento de que se dicte sentencia en esta instancia, razón por la cual ratifico con este escrito la solicitud efectuada con antelación, en el sentido solicitado, por lo que pido e insisto nuevamente, ciudadana Jueza, en que dicte el fallo Despacho, dé cuenta inmediatamente a la ciudadana Jueza, de la formulación de esta solicitud, todo a tenor de lo establecido en el artículo 107 del Código de Procedimiento Civil (...).
La del 11 de julio de 2007, inserta al folio 54 de la pieza N° 1 del expediente disciplinario que: "(...) presente en la sala del Despacho el profesional del derecho JULIO CÉSAR NUNEZ, actuando con el carácter acreditado en autos expuso: Solicito muy respetuosamente de este jurisdicente dicte sentencia en la presente causa (...)".
La del 3 de agosto de 2007, inserta al folio 55 de la pieza N° 1 del expediente disciplinario que: "(...) presente en la sala de este Tribunal, el Abogado en ejercicio JULIO respetuosamente a este Tribunal se sirva dictar sentencia en la presente causa (...)".
La del 11 de octubre de 2007, inserta al folio 57 de la pieza N° 1 del expediente disciplinario que: "(...) presente en la sala del Despacho, el profesional del derecho JULIO correspondiente fallo, en la presente causa, sin mas dilaciones (...)".
Llegado el 1° de noviembre de 2007, la jueza Eileen Lorena Urdaneta Núñez dictó sentencia en la cual declaro que: *..PRIMERO: SE REVOCA el Auto de fecha nueve (09) de Noviembre de 2006, dictado por el Juzgado Segundo de los Municipios Maracaibo, Jesús
SEGUNDO: SE ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de origen.
TERCERO: No hay condenatoria en costa, dada la naturaleza de la presente sentencia... Folios 58 al 67, pieza N° 1.
Ahora bien, el 22 de julio de 2008, el ciudadano Juan Carlos López González, en su condición de Inspector de Tribunales consignó certificación de los dias de despacho transcurridos desde el día 19 de diciembre del 2006 al 1° de noviembre de 2007, expedido por la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a los fines de que fuera agregado al expediente disciplinario. Folios 96 y 97, pieza N° 1.
Por su parte, la sentencia recurrida N° TDJ-SD-2013-141 del 19 de septiembre de 2013, dictada por el TDJ, estableció con motivo de los elementos cursantes en autos, entre los cuales se incluyen las actuaciones investigativas de la IGT, los alegatos expuestos ante ese organismo por la Jueza denunciada, asi como los alegatos presentados por la citada Jueza ante el órgano disciplinario judicial de primera. instancia en relación a la falta consistente en la inobservancia de lapsos o términos judiciales al no pronunciarse oportunamente de conformidad con lo establecido en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, sancionado en el numeral 6 del articulo 39, numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial, normativa vigente al momento de la comisión del hecho, que establecen el supuesto de suspensión del cargo por inobservar la exactitud de los plazos o términos judiciales a que están sujetos conforme a las leyes o difieran las sentencias sin causa justificada, disposición recogida en el numeral 1 del articulo 32 del Código de Ética; que el criterio adoptado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia N° 2249 del 18 .de agosto de 2003) respecto a los lapsos procesales son de obligatorio cumplimiento, evitándose la afectación de los derechos de los administrados, no obstante, ello puede verse afectado por causas que justifican dicho incumplimiento por parte del administrador de justicia.
En ese sentido, la recurrida sostuvo que era menester valorar si en el presente caso, los hechos cometidos por la jueza Eileen Lorena Urdaneta Núñez configuraron dicha causal, por lo que procedió a señalar las actuaciones procesales practicadas en la causa judicial sometida a su conocimiento, especificamente, el citado auto del 29 de noviembre de 2006 donde estableció que en un lapso de diez (10) días de despacho las partes debían consignar escrito de informes -lo cual sucedió el 19 de diciembre de 2006- correspondiéndole a la ciudadana Jueza de conformidad con el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, dictar la decisión correspondiente dentro de los treinta (30) dias de despacho siguientes, siendo el 7 de marzo de marzo de 2007 el último día de dicho lapso para emitir el aludido fallo, no obstante, ello sucedió el 1° de noviembre de 2007. Sin embargo, advirtió de los descargos planteados por la ciudadana Jueza que para el mes en que ingresó la causa generadora de la controversia disciplinaria tramitaba dos mil ochocientas cincuenta y cuatro (2.854) causas y que durante el tiempo transcurrido entre la entrada de la aludida causa y hasta el momento en que se dictó sentencia ingresaron mil cuatrocientos treinta y cinco (1.435) causas adicionales, las cuales decidió en orden cronológico conforme al 515 del Código Adjetivo Civil, aduciendo que era humanamente imposible dar respuesta simultánea a las distintas obligaciones que se generan en los tribunales de instancia, que no contaba con el personal para ello, y precisó que el solo hecho de establecido en la ley no constituye per se un hecho antijurídico, pues pueden mediar circunstancias en cada caso que exima de eventuales responsabilidades.
De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que el supuesto incumplimiento de los requisitos formales de toda sentencia previsto en el ordinal 4° del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil, referido a los motivos de hecho y de derecho, planteado con la recurrente, no se corresponde con lo desarrollado y analizado por el TDJ en su decisión, objeto de apelación, pues, como se señaló precedentemente la decisión recurrida tomó en consideración los elementos cursantes en autos, entre los cuales se incluyen las actuaciones investigativas de la IGT, los alegatos expuestos ante ese organismo por la Jueza denunciada, así como los alegatos imputada, las cuales señalaban y comprendían las actuaciones indicadas por la IGT en su escrito de apelación, que si bien determinaban la responsabilidad disciplinaria de la jueza denunciada, no obstante, su actuación quedó elevada de la misma por cuanto mediaron circunstancias que influyeron en su justificación, ajenas a su voluntad, relacionadas al cúmulo de trabajo, falta de personal, entre otros aspectos, por lo que la solicitud de nulidad de la misma queda desvirtuada, al no quedar verificado los supuestos necesarios para su procedencia en el presente caso, y es por lo que se desestima lo solicitado por la recurrente en este punto. Así se declara. En segundo lugar, en relación al señalamiento de que la recurrida incumplió nuevamente el requisito previsto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al indicar que la Jueza sometida a proceso disciplinario decidió las causas conforme al orden de llegada de las mismas al Tribunal a su cargo, según el articulo 515 del Código de Procedimiento Civil, alegato que según la IGT no fue desvirtuado en autos mediante elementos probatorios que pudieron determinar que circunstancias justificaban a la ciudadana Jueza de no haber incurrido en illcito disciplinario, resultando inaplicable la sanción de amonestación, lo cual constituyó un error en el que incurrió la recurrida por cuanto el ilicito disciplinario imputado fue de suspensión del cargo, aunado a que lo alegado por la referida Jueza para justificar su inobservancia del plazo para dictar sentencia lo dio por cierto, sin que dicha afirmación estuviera acreditada en el expediente con algún respaldo probatorio que la soportar a, lo cual causó un defecto en su motivación aludiendo la sentencia N° 376, de fecha 04-08-2011, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Al respecto, y tomando en consideración lo expuesto en párrafos precedentes, es necesario advertir que la sentencia recurrida por la IGT estableció ciertamente tal circunstancia asi como las pruebas (estadisticas) presentadas tanto por la ciudadana Jueza como por la IGT relacionadas con el punto debatido, inclusive, dejó constancia de la solicitud planteada durante la audiencia por la aludida Jueza referida a la desestimación de las estadisticas presentadas por el representante del mencionado órgano, con las cuales efectuó una comparación del desempeño de la citada Jueza en el Juzgado a su cargo durante un periodo de tiempo respecto a otros Tribunales de Primera Instancia, sobre lo cual, la Jueza sometida a proceso disciplinario aludió que tales pruebas no fueron presentadas en su oportunidad por la IGT siendo hechos nuevos que impidieron su defensa, sin embargo, el TDJ dejó establecido en la decisión recurrida que ese tipo de documentos (estadisticas) contengan información disponible y accesible para cualquier interesado en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que resultaba improcedente dicha solicitud, de all que precisó que independientemente del aporte que tales pruebas ofrecían, ello, no constituía el objeto del debate ni determinaba que la actuación de la Jueza denunciada configurar a el ilícito disciplinario imputado por la IGT, recalcando que la central de la ciudadana Jueza respecto de la resolución de las causas según el orden de entrada en el Juzgado a su cargo, ni fue desvirtuado en autos mediante elemento probatorio que haya actuado de manera distinta a la alegada.
Asimismo, en relación a la inaplicabilidad de la sanción de amonestación y el error en que supuestamente incurrió la recurrida, cuando el ilícito disciplinario imputado fue de suspensión del cargo, es necesario destacar que, en el desarrollo de la motivación de la sentencia objeto de apelación, el TDJ inicialmente dejó establecido que procedió a pronunciarse sobre la presunta falta disciplinaria en que habría podido incurrir la Jueza investigada, contemplada en el numeral 6 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en concordancia con el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, que daría lugar a la sanción de suspensión (folio 87. pieza N° 2),aun y cuando posteriormente señaló que no resultaba aplicable la sanción disciplinaria de amonestación propuesta contra la jueza denunciada, lo cual no puede considerarse un error de tal magnitud que afecte de nulidad la planteada por la IGT y la solicitud de suspensión del cargo.
Por lo tanto, el supuesto incumplimiento de los requisitos formales de toda sentencia previsto en el ordinal 4° del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil, referido'a los motivos de hecho y de derecho, planteado con la recurrente, no se corresponde con lo establecido por el TDJ en su decisión apelada, y en consecuencia, al no aludido incumplimiento, es por lo que se desestima lo solicitado por la recurrente en este punto. Así se declara.
por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (citadas precedentemente) supuestamente por dejar de aplicar estas decisiones en todo su invocó en la sentencia apelada, dejó de analizar los parámetros de temporalidad que dicha Sala estableció para poder determinar la dilación indebida, pues en la relativos al exceso de causas y que resolvió las mismas en la medida en que ingresaban al Tribunal, absolviéndola por considerar justificado los motivos por los cuales se pronunció tardíamente.
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En relación a ello, esta Alzada observa que el fallo dictado por el a quo efectivamente relativos al exceso de causas, el orden cronológico de resolución, entre otros, aludiendo las sentencias Nos. 1565 y 2249 del 11 de junio y 18 de agosto de 2003 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, indicando conforme a tales decisiones, que el criterio adoptado por el Máximo Tribunal de la obstante, estableció que los mismos pueden verse afectados excepcionalmente por citando para ello las actuaciones procesales ocurridas en la causa judicial sometida a conocimiento de la Jueza (N° 8065) asi como las sucedidas en el despacho a su cargo relacionadas con el alto volumen de trabajo, las deficiencias de la plantilla de personal, que afectaron e incidieron en la resolución de la causa objeto de denuncia.
De manera que, en el presente caso, el TDJ finalmente apreció, analizó y valoró los parámetros citados por el recurrente, con lo cual arribó a la conclusión objeto de apelación, es decir, determinó que fue justificado la dilación que ocurrió para dictar la sentencia, lo cual, conlleva a desestimar lo alegado por la recurrente respecto a este punto. Asi se declara.
En cuarto lugar, sobre el vicio de errónea interpretación del articulo 521 de Código de Procedimiento Civil en que incurrió la recurrida, cuando estableció que la Jueza (30) días de despacho siguientes al 19 de diciembre de 2006 (fecha fijada para los informes), cuando el lapso debió computarse por días continuos y no por días de despacho.
Al respecto, esta Instancia Disciplinaria considera que si bien no fue acertado el computo de los días que transcurrieron respecto al lapso para dictarse la sentencia causa disciplinaria, ya que la causa judicial fue finalmente decidida a pesar de las
sentencia, y en todo caso al no ser imputable a la Jueza denunciada, mal puede esta Alzada plantear una nueva decisión bajo el supuesto indicado por la recurrente. En consecuencia, resulta forzoso para esta Corte Disciplinaria Judicial desestimar lo alegado por la IGT respecto a este punto. Así se declara.
Finalmente, en quinto lugar, en cuanto al vicio de error de derecho en la valoración de la prueba de estadisticas de rendimiento de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, que por notoriedad judicial fue mencionado durante la audiencia oral y pública del 21 de: febrero de 2013, conforme a lo dispuesto en el articulo 507 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que declaró la misma como impertinente, siendo pertinente al caso de análisis.
Con relación a ello, esta Corte Disciplinaria Judicial observa del acta de audiencia oral y pública celebrada por el TDJ en fecha 28 de febrero de 2013, que respecto a la comparación efectuada por la IGT entre las estadisticas alegadas por la Jueza denunciada acerca del desempeño del Tribunal a su cargo con el desempeño de comparación va guiada a destacar el desempeño o rendimiento del tribunal que regenta la jueza, no siendo este punto el objeto del presente debate. Asi declara..." (folio 75 y su vuelto, pieza N° 2), señalamiento que también se explanó en el extenso de la decisión objeto de apelación (folios 87 al 99, pieza N° 2); con lo cual se evidencia la inconsistencia entre lo alegado por la IGT y lo explanado tanto en el acta de audiencia oral y pública como en el extenso de la decisión recurrida. De manera que, resulta forzoso para esta Instancia Judicial desestimar lo alegado por la IGT respecto a este punto. Así se declara.
En consideración a los planteamientos que preceden, esta Corte Disciplinaria Judicial declara sin lugar el recurso de apelación ejercido por la IGT y, en consecuencia, conforma la decisión N° TDJ-SD-2013-141 del 19 de septiembre de 2013, dictada por el TDJ que absolvió de responsabilidad disciplinaria a la Jueza denunciada de la falta prevista y sancionada en el numeral 6 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en concordancia, con el numeral 7 del articulo 39 de la Ley de absuelve de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana Eileen Lorena Urdaneta Núñez. Asi se decide VI DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante de la Inspectoría General de Tribunales contra la decisión N° TDJ-SD-2013-141, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 19 de septiembre de 2013, mediante la cual ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la jueza EILEEN LORENA URDANETA NÚÑEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.445.290, de la falta prevista y sancionada en el numeral 6 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en concordancia, con el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial que da lugar a la sanción de suspensión del cargo.
2.- CONFIRMA, por los motivos expuestos en el presente fallo la decisión N° TDJ- SD-2013-141, dictada en fecha 19 de septiembre de 2013. por el Tribunal Disciplinario Judicial que ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana EILEEN LORENA URDANETA NÚÑEZ, titular de la cédula de Identidad N° V-10.445.290, en su desempeño como Jueza del Juzgado Segundo en lo Civil, sanción de suspensión prevista en el numeral 6 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, concordante al artículo 39, numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial.
Publiquese, regístrese y notifiquese de la presente decisión al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema Supremo de Justicia y a la Inspectoria General de Tribunales, conforme lo prevé el articulo 89 del Código de Ética. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Ética.
Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los r)() del mes dee del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
El Presidente-Pogente, TUKIO JIMENEZ RODRICHEZ La Viceprasidenia, ANA CECILIA ZULDETA RODRÍGUEZ La Jueza, MERLY JAGQUELINE MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria,
MARIANELAGIAMARTINEZ
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Jurisdicción Disciplinaria Judicial Corte Disciplinaria Judicial Expediente Ne.AP61-R-2014-000026 JUEZ PONENTE: DRA. MERLY MORALES Caracas, 14 de agosto de 2014 204° y 155° Corresponde a ésta Corte Disciplinaria Judicial, conocer del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Andreina Ibarra de Carlo, titular de la cédula de identidad N° V. 15.581.383, en su carácter de Inspectora de Tribunales, en contra de la Sentencia N° TDJ-SD-2013-161, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo TDJ), en fecha 19 de noviembre de 2013, mediante la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, titular de la cédula de identidad N° V-5.675.425, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, del ilícito disciplinario previsto en los numerales 11 y 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial; igualmente declaró la responsabilidad disciplinaria de la jueza denunciada por haber incurrido en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, normas vigentes para el momento en que ocurrieron los hechos, imponiendo la sanción de amonestación escrita; de la misma forma, levantó la medida de suspensión del cargo sin goce de sueldo dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y ordenó la reincorporación de la prenombrada jueza al cargo que ocupaba en el Poder Judicial.
I ANTECEDENTES En fecha 2 febrero de 2010, la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo IGT), ordenó de oficio hacer Inspección Integral en la Sala N° 1 de la Corte Superior del Circuito de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, con el objeto de determinar cualquier irregularidad que pudiera existir con la actuación de la jueza EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, en su condición de Jueza integrante del Tribunal de alzada antes mencionado, a cuyo efecto comisionó a la inspectora de tribunales Luzmila Ruiz Contreras, quien practicó la inspección integral entre el 01 y el 24 de marzo de 2010.
En fecha 20 de mayo de 2010, la IGT acordó abrir expediente administrativo a la jueza denunciada, signado con el N° 100.099, por sus actuaciones como miembro del referido tribunal, con todos los recaudos recabados en la mencionada inspección.
En fecha 16 de septiembre de 2011, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, recibió documentos relacionados con la denuncia contra la jueza EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, a la cual se le asignó el número AP61-D-2011-000081.
En fecha 21 de septiembre de 2011, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción acordó entre otras cosas, verificar los requisitos de ley y recabar los elementos indiciarios de los hechos denunciados en el presente proceso.
En fecha 30 de septiembre de 2011, la Oficina de Sustanciación remitió al TDJ el respectivo informe, en el cual concluyó que el expediente se encontraba suficientemente instruido por la IGT.
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En fecha 4 de octubre de 2011, el TDJ recibió el expediente administrativo sustanciado por la IGT, contra la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, por sus actuaciones como jueza integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, contentivo del escrito de petición de sanción contra la mencionada jueza.
El fecha 11 de octubre de 2011, el TDJ admitió la denuncia interpuesta por la IGT contra la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, y ordenó a la Oficina de Sustanciación iniciar la investigación de los hechos denunciados, librando las correspondientes boletas de notificaciones a las partes en el presente proceso.
En fecha 19 de octubre de 2011, el TDJ agregó a los autos escrito constante de dos (2) folios útiles, recibido por la Presidencia de la extinta Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Poder Judicial, a través de la Unidad de Correspondencia interna de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, mediante la cual la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, jueza sometida a procedimiento disciplinario, titular del Juzgado Superior Cuarto del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, presentó RENUNCIA al precitado cargo.
En fecha 8 de diciembre de 2011, el TDJ recibió escrito de descargos suscrito por la jueza denunciada respecto a la conclusión del informe presentado por la Oficina de Sustanciación.
En fecha 14 de febrero de 2012, el TDJ, realizada la notificación de las partes, ordenó la remisión del expediente a la Oficina de Sustanciación a fin de proceder a la investigación de los hechos.
En fecha 8 de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación remitió el expediente N° IGT, y ratificó el contenido del informe emitido el 30 de septiembre de 2011.
En fecha 20 de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación recibió escrito de descargos suscrito por la jueza denunciada.
En fecha 28 de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación remitió al TDJ el expediente disciplinario. En esta misma fecha el TDJ recibió la causa en cuestión y asignó el respectivo ponente.
En fecha 17 de mayo de 2012, el TDJ ordenó citar a la jueza denunciada a los fines de que ejerciera su derecho a la defensa.
En fecha 3 de julio de 2012, el TDJ recibió escrito de pruebas consignado por la IGT ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos en fecha 27 de junio de 2012.
En fecha 11 de julio de 2012, el TDJ recibió escrito de descargo de la jueza denunciada, constante de diecisiete (17) folios útiles.
En fecha 31 de julio de 2012, el: TDJ agregó a los autos los medios probatorios consignados por la IGT.
En fecha 27 de febrero de 2013, el TDJ admitió las pruebas documentales promovidas por la IGT y ordenó las respectivas boletas de notificación a los intervinientes en el presente proceso.
En fecha 17 de mayo de 2012, el TDJ ordenó citar a la jueza investigada para que, una vez que conste en autos la práctica de la última de las notificaciones ordenadas, presente escrito de descargos, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética).
En fecha 27 de febrero de 2013, el órgano de primera instancia disciplinaria se pronunció en cuanto a la admisibilidad de las pruebas promovidas por la IGT.
En fecha 19 de junio de 2013, el Tribunal A-quo, fijó la oportunidad para la realización de la audiencia oral y pública a que se contrae el artículo 62 del Código de Ética, para el día 16 de julio del mismo año.
En fecha 06 de agosto de 2013, se acordó reprogramar la fecha para la celebración de la audiencia oral y pública, en virtud que no hubo despacho en fecha 16 de julio de 2013. En fecha 17 de septiembre de 2013, se llevó a cabo la audiencia oral y pública, dictando el dispositivo del fallo en fecha 08 de octubre de 2013.
En fecha 19 de noviembre de 2013, el Tribunal A-quo publicó el extenso de la decisión emitida en la audiencia oral y pública, mediante la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, titular de la cédula de identidad N° V-5.675.425, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, del ilícito disciplinario previsto en los numerales 11 y 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial; igualmente declaró la responsabilidad disciplinaria de la mencionada jueza, por haber incurrido en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, imponiéndole la sanción de amonestación escrita, normas vigentes para el momento de la ocurrencia de los hechos; de la misma forma, levantó la medida de suspensión del cargo sin goce de sueldo dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y ordenó la reincorporación de la jueza al cargo que ocupaba en el Poder Judicial.
En fecha 26 de noviembre de 2013, la IGT interpuso recurso de apelación en contra En fecha 30 de abril de 2014, el TDJ admitió el mencionado recurso de apelación, oyéndolo en ambos efectos.
En fecha 13 de mayo de 2014, se recibió ante esta Corte Disciplinaria Judicial procedente de la URDD, recurso de apelación, correspondiendo la ponencia a la Dra. MERLY MORALES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 28 de mayo de 2014, esta Alzada fijó la audiencia oral y pública a que se contrae el articulo 84 del Código de Ética, para el décimo (10°) día de despacho siguiente, contados a partir de dicha fecha.
En fecha 05 de junio de 2014, compareció ante esta Corte Disciplinaria Judicial el ciudadano Jesús Reaño, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado bajo el N°56.527, quien actuando como apoderado judicial de la jueza denunciada solicito se declarara perimido el recurso de apelación presentado por la representación de la IGT en razón de no haberse presentado la correspondiente formalización y de la misma forma, se remitiera inmediatamente el presente expediente al Tribunal Disciplinario Judicial para su ejecución.
En fecha 10 de junio de 2014, el apoderado judicial de la jueza denunciada, ratifico su pedimento de perención del recurso presentado por la IGT y la consecuente remisión al Tribunal disciplinario. En la misma fecha, la secretaria de este órgano jurisdiccional agregó a los autos cómputo de los días de despacho que transcurrieron desde el día 28 de mayo de 2014, fecha en la cual se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y publica en la presente causa.
En fecha 29 de julio de 2014, esta Corte Disciplinaria Judicial, actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 85 del Código de Ética ordeno librar oficio al Director Ejecutivo de la Magistratura, al Director de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a los fines de que informarán, con carácter de urgencia, en un lapso no mayor a 48 horas contadas a partir del recibo del correspondiente oficio, sobre la existencia y fecha de una renuncia presentada por la ciudadana EDY SIBONEY CALDERON. En la misma fecha se libraron los correspondientes oficios.
En fecha 30 de julio de 2014, fueron agregados a los autos oficios debidamente recibidos en el despacho del Director Ejecutivo de la Magistratura, asi como en la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en esa misma fecha.
En fecha 7 de agosto de 2014, esta Corte Disciplinaria Judicial en virtud de la ausencia de respuesta a la orden emanada, acordó ratificar el auto para mejor proveer dictado en fecha 29 de julio de 2014, otorgando un lapso perentorio de 24 horas, contadas a partir de la respectiva notificación, para dar cumplimiento a lo solicitado. De la misma forma, se solicitó al Tribunal Disciplinario Judicial, informara con mayor amplitud en un lapso de 24 horas, contadas a partir de la respectiva notificación, el origen de la incorporación a los autos de la renuncia de la jueza sometida a procedimiento en la presente causa. En esa misma fecha se libraron los oficios respectivos, los cuales fueron consignados a los autos, debidamente recibidos en fecha 12 de agosto de 2014.
En fecha 12 de agosto de 2014, el apoderado judicial de la jueza sometida a procedimiento presento escrito mediante el cual solicito a esta Alzada oficie al Director Ejecutivo de la Magistratura y a la Rectoría Civil del Área Metropolitana, con el fin de que informarán si la renuncia presentada por su representada fue aceptada. De la misma forma solicito se oficiara al Fondo de Prestaciones Sociales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura con el fin de que informara si se ha efectuado el pago de las prestaciones sociales de la mencionada jueza. Finalmente también solicito se oficie a la División de Carrera Judicial a fin de que informe el estatus actual de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERON.
En fecha 12 de agosto de 2014, se recibió ante esta Corte Disciplinaria Judicial Oficio N° TDJ/HPA-59-2014, emanado del Tribunal Disciplinario Judicial mediante el cual le informo que la renuncia agregada a los autos fue recibida junto con las comunicaciones emanadas de la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, mediante las cuales le hacía entrega del inventario de causas en trámite existentes en la mencionada comisión y que en adelante formarán parte del inventario de causas del Tribunal Disciplinario Judicial.
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DE LA SENTENCIA RECURRIDA En fecha ocho 08 de octubre de 2013, el TDJ dictó el dispositivo de la sentencia, publicado su texto íntegro en fecha diecinueve 19 de noviembre de 2013, en el cual luego las partes, asi como la valoración de las pruebas producidas por cada una de ellas, en el presente proceso, se pronunció en relación con la presunta responsabilidad disciplinaria de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, con fundamento a las siguientes consideraciones:
1.- Indicó que la IGT solicitó la destitución de la jueza denunciada, por aparentemente haber incurrido en infracción de los deberes que le establecen la Constitución y las leyes, al haber dictado, como integrante de la Corte Superior Primera, antes identificada, una decisión carente de motivación, en la causa judicial N° AP51-O-2007-015381, contentiva de una acción de amparo constitucional interpuesto por la ciudadana Mercedes Xiomara Silva, contra actuaciones y omisiones judiciales de la Jueza Unipersonal N° IX de la Sala de Juicio del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el procedimiento de inquisición de paternidad iniciado por la referida ciudadana a favor de su hijo, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, no obstante el TDJ estableció que: " (..) es necesario destacar que aunque la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2007 (sic) en la causa judicial N° AP51-O-2007-015381(sic) por la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños. Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la cual es integrante la jueza denunciada, fue anulada contiene una motivación que, aunque fue considerada insuficiente por la Sala disciplinaria." 2.- Igualmente indicó que, la IGT denunció que la jueza incurrió nuevamente en infracción, de los deberes que le establecen la Constitución y las leyes, al haber dictado una decisión. inmotivada en la causa judicial N° AP51-R-2007-022830, cuando actuando en sede Constitucional, suscribió la decisión de fecha 25-02-2008, en la que se declaró sin lugar la, apelación interpuesta por el Ministerio Público, y anuló la recurrida por considerar que no valoró las probanzas aportadas al proceso.
En ese sentido, el TDJ arguyó lo siguiente: "(..) Observa este órgano _anulada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia mediante. sentencia N° 1669 del treinta (30) de octubre de 2008. pero no por haber incurrido en inmotivación, sino por incurrir en el motivo de casación por reposición no decretada, al haber convalidado el vicio en el que incurrió el juez de primera instancia al no dejar denunciada por tener un criterio juridico distinto al del máximo Tribunal, pero que sin dudas forma parte de la autonomia judicial por pertenecer a la esfera de la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas y la aplicación de la consecuencia juridica que prevé la Ley." 3.- Destacó que la IGT fundamentó parte de su escrito de petición de sanción disciplinaria, en que la Jueza EDY SIBONEY CALDERON SUESCUN, dictó una providencia contraria a la ley por ignorancia, cuando en fecha 11 de junio de 2009, oyó en ambos efectos las. apelaciones interpuestas contra la decisión proferida por la Corte Superior Primera, antes identificada, en fecha 28 de mayo de 2009, que había declarado con lugar la acción de amparo interpuesta, en la causa judicial N° AP51-O-2009-007212.
Igualmente, la IGT señaló que la conducta de la jueza denunciada, al haber oído en ambos efectos una apelación en materia de amparo, constituía un desconocimiento de fo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, que la referida conducta impidió la tutela de los derechos constitucionales puestos en peligro.
Con respecto a este ilícito disciplinario el TDJ concluyó que la mencionada Corte Superior Primera "..) erró al haber oído en ambos efectos, mediante autos (sic). dictados (sic) el once (11) de junio de 2009, los recursos de apelación interpuestos contra la decisión dictada en materia, violando lo previsto en el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales.
numeral 10 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura se requiere inexcusables debe haber sido calificada, previamente, por la Sala del Tribunal Supremo de Justicta que sea afin a la materia discutida."
referida ciudadana incurrió en abuso de autoridad, en la causa judicial N° AP51-O-2009- 007212, cuando procedió al margen del debido orden procesal, al permitir que se celebrara técnica debida, falta disciplinaria susceptible de destitución del cargo, a tenor de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial.
En relación a este último ilícito disciplinario imputado a la juez denunciada por parte de la IGT, el TDJ estableció que "(...) de las actas que conforman el expediente de la presente causa judicial se desprende que la Corte Superior Primera.(...), presidida por la ciudadana Yunamith Medina, permitió la participación en la audiencia constitucional celebrada el dieciocho (18) de mayo de 2009 en la causa N° AP51-O-2009-007212 a los terceros coadyuvantes sin garantizarles que contaran con la asistencia técnica debida de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
No obstante, para que el referido hecho sea imputable a la jueza investigada, se requiere que la decisión de permitir la participación en la audiencia constitucional celebrada el dieciocho (18) de mayo de 2009 en la causa N° AP51-O-2009-007212 a los terceros coadyuvantes sin garantizarles que contaran con asistencia juridica, haya sido tomada por la referida ciudadana.
En ese orden, es de destacar lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
Articulo 64. Son atribuciones y deberes de los presidentes de las Cortes de Apelaciones:
1° Presidir la Corte, representarla en los actos oficiales, a menos que se tribunal:
2° Hacer llevar la correspondencia de la Corte y autorizar con su firma las actas, comunicaciones y despachos.
De acuerdo al ordinal 1° de la norma transcrita, corresponde al Juez Presidente presidir la Corte de Apelaciones de la cual es integrante, incluso en las audiencias, dirigiendo el debate de las partes.
De lo anterior se desprende, que corresponde al Juez Presidente de las Cortes de Apelaciones, como lo es la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional de acuerdo a la clasificación prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, decidir cuáles sujetos deben participar y cuáles no en las audiencias realizadas ante el órgano colegiado correspondiente.
De lo expuesto, se colige que la decisión de permitir la participación en la audiencia constitucional celebrada el dieciocho (18) de mayo de 2009 en la causa N° AP51-O-2009-007212 a los terceros coadyuvantes sin garantizarles que contaran con la asistencia técnica Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no era responsabilidad de la jueza denunciada." Declarando finalmente la absolución de responsabilidad disciplinaria de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, titular de la cédula de identidad N° V-5.675.425, respecto al ilícito disciplinario previsto en los numerales 11 y 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial; del mismo modo, al examinar la imputación formulada por el órgano de investigación, en relación a la causa relacionada con la acción de amparo) interpuesta en la causa judicial N° AP51-O-2009-007212, que.a decir de la·IGT, resúltabal merecedora de la sanción disciplinaria de destitución, el a-quo al analizar dicha conducta; subsumió la misma en una norma jurídica distinta a la invocada por la IGT, declarando la responsabilidad disciplinaria de la jueza denunciada al encontrar la incursa en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la: Judicatura, normas vigentes para el momento de ocurrido los hechos, imponiendo la sanción de amonestación escrita; de la misma forma, levantó la medida de suspensión del cargo sin goce de sueldo dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y ordenó la reincorporación de la prenombrada jueza al cargo que ocupaba en el Poder Judicial.
DE LA COMPETENCIA Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial debe efecto observa lo siguiente:
Establece el artículo 42 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana lo siguiente:
Artículo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde.
relación con la idoneidad judicial y el desempeño del juez venezolano y jueza venezolana. (Negrillas de esta alzada).
Desprendiéndose de la norma ut supra trascrita, la competencia de este órganô.
jurisdiccional como alzada natural del Tribunal Disciplinario Judicial para conocer de los recursos de apelación que se intentaren contra las decisiones que de él emanen, debiendo garantizar la correcta interpretación y aplicación de las normas disciplinarias vigentes y del ordenamiento jurídico patrio.
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Corolario de lo anterior, visto que en el caso de marras existe la apelación realizada por la ciudadana Andreina Ibarra de Carlo, titular de la cédula de identidad N° V- 15.581.383, en su carácter de Inspectora de Tribunales, en contra de la Sentencia N° TDJ- SD-2013-161, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 19 de noviembre de 2013, en el procedimiento seguido en contra de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, titular de la cédula de identidad N° V-5.675.425, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Integrante de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en consecuencia, esta Corte Disciplinaria Judicial se declara competente para conocer del presente recurso de apelación. Y así se decide.
II MOTIVACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto y, al respecto, observa:
Revisadas las actas que conforman la presente causa, esta Alzada advierte que en fecha 26 de noviembre de 2013, la ciudadana Andreina Ibarra de Carlo, titular de la cédula de identidad N° V- 15.581.383, en su carácter de Inspectora de Tribunales, mediante diligencia que cursa en el folio 128 (pieza 12) del expediente, apeló de la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2013 dictada por el a quo, no obstante, se constata que en la oportunidad prevista para la consignación del escrito de fundamentación de su impugnación, la misma no se produjo.
En este sentido, observa esta Alzada que el artículo 84 del Código de Ética establece lo siguiente:
Fijación de la audiencia Artículo 84. Al quinto dia siguiente al recibo del expediente, la Corte Disciplinaria Judicial debe fijar, por auto expreso y aviso en la cartelera del despacho, el día y la hora de la celebración de la audiencia de apelación, dentro de un lapso no menor de tres días ni mayor a diez días, contados a partir de dicha determinación. El o la recurrente tendrá un lapso de tres días contados a partir del auto de fijación, para presentar un escrito fundado, en el cual debe expresar concreta y razonadamente cada motivo y lo que pretende, y el mismo no.podrá exceder de tres folios útiles y sus vueltos, sin más formalidades.
Transcurridos los tres días antes establecidos, si se ha consignado el escrito de fundamentación, la contraparte podrá, dentro de los tres días siguientes, consignar por escrito, los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del recurrente. Dicho escrito no puede exceder de tres folios útiles y sus vueltos.
Será declarado perimido el recurso, cuando la formalización no se presente en el lapso a que se contrae este artículo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos establecidos. Si la contestación a la formalización no se presenta en el lapso a que se contrae este articulo o (Negrillas de esta Corte).
En aplicación del artculo parcialmente transcrito, la apelante tenía la carga de presentar el escrito en el que expusiera las razones de hecho y de derecho en que fundamentada su apelación, dentro del lapso de tres (3) dias de despacho contados a partir de la fecha en la cual se dictó el auto para la celebración de la audiencia oral y pública. La misma norma sanciona el incumplimiento de esta obligación legal, con la declaratoria de perención del recurso interpuesto.
Así, en el caso bajo examen, se constata en el folio 191 (pieza 12) del expediente, el que se contrae el articulo 84 del Código de Ética.
En idéntico sentido, se advierte que los tres (3) días de despacho aludidos en el dispositivo, corresponden a los días 03, 04 y 05 de junio del presente año, computados mediante auto de fecha 10 de junio de 2014, inserto en el folio 196 (pieza 12) del expediente, a partir de la constancia en autos de la última de las notificaciones practicadas con ocasión de la fijación de la audiencia.
Verificados los supuestos que preceden, vista la falta de consignación del escrito de fundamentación del recurso de apelación, resulta imperativo para esta Corte declarar perimido el recurso de apelación bajo examen. Y así se declara.
Declarado perimido el recurso interpuesto, considera pertinente esta Alzada, recordar el contenido del único aparte del artículo 87 del Código de Ética, el cual establece lo siguiente:
"Articulo 87. Concluido el debate oral, los jueces o juezas se deben retirar de la audiencia por un tiempo que no será mayor de sesenta minutos.
Concluido dicho lapso, pronunciará su fallo en forma oral, y reproducirá en:
todo caso, de manera sucinta y breve la sentencia, dentro de los tres días siguientes, sin formalismos innecesarios y dejando expresa constancia de su > publicación. A los efectos del ejercicio de los recursos a que hubiere lugar, se debe dejar transcurrir integramente dicho lapso. En casos excepcionales, por la complejidad del asunto debatido, por caso fortuito o de fuerza mayor, la Corte Disciplinaria Judicial puede diferir por una sola vez la oportunidad para dictar la sentencia, por un lapso no mayor de tres dias, después de concluido el debate oral. En todo caso, se debe determinar por auto expreso, la hora y fecha para la cual ha diferido el acto para sentenciar, a los fines de la comparecencia obligatoria del apelante.
Podrá también la Corte Disciplinaria Judicial de oficio, hacer pronunciamiento expreso, para anular el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que en él encontrare, aunque no se les haya denunciado.".
Desprendiéndose del articulo supra trascrito, la facultad que detenta este órgano disciplinario judicial de alzada de, aun de oficio, anular el fallo recurrido al constatar que el mismo este inficionado por vicios de orden público y constitucionales que afecten su validez.
2$ En idéntico sentido, y en cumplimiento de su labor de máximo intérprete de la norma constitucional, ha sido criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, en aquellos casos en los cuales no se presente el escrito de fundamentación de la apelación, resulta una obligación para todos los Tribunales de la República, examinar de oficio el contenido del fallo apelado con el objeto de constatar si el mismo viola normas de orden público, vulnera o contradice interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional sobre el sentido y aplicación que debe dársele a determinadas normas (Vid. sentencia N° 1.542 de fecha 11 de junio de 2003, ratificada en sentencia N° 150 del 26 de febrero de 2008).
La interpretación concordada del dispositivo normativo y la jurisprudencia de la máxima instancia de interpretación Constitucional, atribuyen al sentenciador esta facultad en aras de garantizar la correcta interpretación y aplicación normativa, en resguardo del orden público y constitucional, lo que indica que, esta facultad opera aun cuando no hayan sido delatadas circunstancias de tal orden, una vez advertida la infracción por el juzgador.
Conforme a lo expuesto, a los fines de dar cumplimiento a la potestad otorgada pór el legislador y a la obligación impuesta por la jurisprudencia pacífica y reiterada, observa esta Instancia Superior lo siguiente:
En fecha 20 de mayo de 2010, la IGT acordó abrir expediente administrativo signado con el N° 100.099, a la jueza denunciada por sus actuaciones como miembro de la Sala N° 1 de la Corte Superior del Circuito de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, previa inspección integral realizada en dicho Juzgado. De la misma forma, en fecha 9 de diciembre de 2010, la IGT presento el corrèspondiente acto conclusivo.
En fecha 11 de octubre de 2011, el TDJ admitió la denuncia interpuesta por la IGT contra la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, librando las correspondientes boletas de notificaciones a las partes en el presente proceso.
En fecha 19 de octubre de 2011, el TDJ agregó a los autos, escrito de fecha 24 de febrero de 2011, constante de dos (2) folios útiles, remitidos de la presidencia de la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, mediante la cual la ciudadana EDY SIBONEY SUESCÚN, Jueza sometida al presente procedimiento disciplinario, RENUNCIO al cargo que detentaba en el Poder Judicial.
En fecha 19 de noviembre de 2013, habiendo sustanciado suficientemente la causa disciplinaria, el TDJ dicto sentencia mediante la cual, luego de pronunciarse sobre la responsabilidad disciplinaria de la jueza sometida a procedimiento, ordenó su reincorporación al cargo que detentaba y del cual había sido suspendida sin goce de sueldo cid:) en fecha 26 de noviembre de 2010.
Ahora bien, de la revisión realizada por esta Alzada a las actas procesales se observa que el a-quo inobservó que en los folios 217 y 218 de la pieza 11 del presente expediente, riela escrito constante de dos (2) folios útiles, contentivo de la manifestación unilateral de voluntad de la jueza denunciada, de terminar con la relación de trabajo y dependencia existente entre ella y el Poder Judicial, la cual fue remitida según lo señalado en el propio texto de dicha comunicación, a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con copia al Director General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Director de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Inspector General de Tribunales, a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial y a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue agregada a los autos por la secretaria del Tribunal Disciplinario Judicial mediante nota secretarial de fecha 19 de octubre 2011.
Visto lo anterior, esta alzada a fin de acreditar la certeza de la incorporación a los autos de la referida documental, solicito mediante auto para mejor proveer dirigido al tribunal Disciplinario Judicial, la ampliación de la información contenida en la nota secretarial supra señalada, confirmando que el mencionado documento fue acompañado a las comunicaciones mediante las cuales la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial hizo entrega del inventario de causas en trámite que cursaban por ante ese despacho y que en adelante formarán parte del inventario de causas, del Tribunal Disciplinario Judicial, corroborándose la legalidad de la incorporación de la! documental antes señalada.
Al respecto, observan quienes aquí deciden que el sentenciador de primera instancia disciplinaria en su fallo, no realizó análisis o valoración alguna sobre la documental referida a la renuncia de la jueza investigada, ni sobre la normativa contenida en la, Ley
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Orgánica del Consejo de la Judicatura o en el Código de Ética, referida a la presentación de, argumentaciones, ordenó la reincorporación de la jueza sometida a procedimiento -disciplinario judicial, por cuanto a la misma sólo se le impuso una sanción de amonestación escrita, por encontrar la incursa en el ilicito disciplinario establecido el numeral 7 del artículo 37 del Código de Ética.
En tal sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1028, de fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), con ponencia de la Magistrada CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, ratifico el criterio pacífico y reiterado sostenido en relación al Vicio de Falta de aplicación de, una norma jurídica, estableciendo que "(.. tiene lugar cuando el sentenciador no emplea, o niega aplicación a un imperativo legal vigente".
Así, en atención a la definición jurisprudencial del vicio de falta de aplicación, observa esta alzada que en el caso de marras, la recurrida al momento de ordenar la reincorporación de la jueza sometida a procedimiento disciplinario judicial omitió pronunciarse en sus motivaciones respecto a las normas jurídicas contenidas en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y el artículo 34 del Código de Ética,° mediante las cuales la legislación patria ha venido regulando en el tiempo, lo atinente a las renuncias de los administradores de justicia sometidos a procedimientos disciplinarios, toda vez que inobservó la documental consignada a los autos, referida a la renuncia de la jueza investigada.
Tal omisión, a juicio de quienes aquf deciden, afectó el orden constitucional, provocando una infracción a la tutela judicial efectiva al ordenar una reincorporación sin analizar la especial situación que reviste la renuncia de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, lo que torna el fallo en inejecutable, razón por la cual resulta forzoso para quienes suscriben, habiéndose verificado la procedencia del vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, anular parcialmente el fallo recurrido, únicamente en lo que respecta a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, eo de conformidad con el único aparte del artículo 87 del Código de Ética y en concordancia con el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento:Civil. Y así se establece.
Declarada la nulidad del particular antes referido, corresponde a esta alzada, al margen de las consideraciones de fondo esgrimidas por el a-quo para absolver à la jueza denunciada del ilícito disciplinario previsto en los numerales 11 y 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial y declarar su responsabilidad disciplinaria por haber incurrido en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, dirimir lo atinente a la renuncia por ella presentada en fecha 24 de febrero de 2011, para lo cual observa:
De la revisión de las actas que conforman el presente expediente, asi como de los argumentos expuestos por la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, en el decurso de todo el proceso disciplinario llevado ante la primera instancia e incluso ante esta alzada, no se observa que la mencionada juzgadora, estando a derecho, intentara enervar de forma alguna, el documento consignado a los autos por remisión de la presidencia de la extinta Comisión de Funcionamiento y: Reestructuración del Sistema Judicial, por el contrario, en diligencia de fecha 12 de agosto de 2014, al realizar la práctica de diligencias a esta alzada, sin negar la existencia de su renuncia, requirió que este organismo verificara si la misma había sido aceptada e igualmente si le habían sido pagadas sus prestaciones sociales, de lo que se colige la aceptación de su renuncia en forma expresa, así su condición de egresado del órgano jurisdiccional superior que integrada y que forma parte del Poder Judicial, documental que valora esta alzada plenamente de conformidad con los artículos 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Y asi se establece.
A los fines de establecer el alcance de la renuncia antes mencionada, esta Alzada debe necesariamente analizar el contenido de las normas de rango legal que han regido el tema en cuestión, estableciendo en principio el artículo 52 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, lo siguiente:
"Artículo 52. Renuncia maliciosa. La renuncia del juez sometido a proceso disciplinario que se dicte la decisión correspondiente, lo inhabilita para ser reincorporado al poder judicial en cualquier cargo, o al Ministerio Publico.
De la norma transcrita, se puede colegir claramente que cuando el juez sometido a investigado, antes de que se haya producido la decisión de mérito del asunto, con el fin materia disciplinaria, nace en su contra, una presunción legal respecto al carácter malicioso de la renuncia presentada, la cual en base al derecho/garantía a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de los justiciables, consagrado en nuestro Texto Fundamental, considera esta instancia una presunción iuris tantum, que pudiese ser desvirtuada con el material probatorio habido en autos al respecto, no obstante, de no ser posible, daría lugar a su inhabilitación para ser reincorporado al poder judicial en cualquier cargo, o al Ministerio el tiempo de la sanción.
De igual forma, se desprende del texto de la referida norma que el legislador disciplinario no condición la imposición de la sanción de inhabilitación al juez sometido a procedimiento disciplinario que renuncia, a la posterior aceptación por parte del órgano administrativo correspondiente, pues su sola interposición configura la presunción legal de que la misma es maliciosa y acreedora de la sanción de inhabilitación, la cual pudiese ser desvirtuada, al ser una presunción iuris tantum.
En el mismo sentido, tal norma fue acogida por el legislador disciplinario, quien ampliando su contenido estableció en el artículo 34 del Código de Ética lo siguiente:
disciplinariamente ante el Tribunal Disciplinario Judicial. manifestada antes de la decisión respectiva, no paralizará la causa. Si la decisión sobre la investigación da origen al juicio y la decisión definitiva del proceso dispone de la aplicación de alguna sanción disciplinaria, la renuncia será considerada maliciosa y de pleno derecho dará lugar a la inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia desde dos años hasta por un máximo de quince años en atención a la gravedad de la falta cometida y la sanción disciplinaria aplicada." De la inteligencia del artículo transcrito se desprende, que la renuncia del juez o jueza investigada disciplinariamente antes de la decisión respectiva, no paraliza la causa, debiendo los órganos disciplinarios judiciales continuar los procedimientos incoados hasta determinar la existencia o no de responsabilidad disciplinaria del administrador de justicia, sometido a procedimiento, ello en razón de ser "la sana administración de justicia" el investigación se concluye en la posible existencia de responsabilidad disciplinari originando la tramitación de un proceso judicial y la decisión definitiva de éste, dispone la aplicación de alguna sanción disciplinaria, la renuncia presentada por el Juez, será considerada maliciosa.
Nótese que la intención del legislador fue establecer en forma imperativa y no discrecional o potestativa la calificación de maliciosa de la renuncia presentada, no obstante, es criterio de quienes aquí suscriben que armonizado dicha norma con los principios constitucionales que informan el debido proceso y la tutela judicial efectiva, la renuncia presentada en el curso de un proceso disciplinario constituye una presunción furis tantum que puede ser desvirtuada. Y asi se establece.
Del mismo modo, al igual que en la norma analizada up-supra previamente comentada, la legislación vigente, al regular lo atinente a la RENUNCIA, no condición la imposición de la sanción de inhabilitación al juez sometido a procedimiento disciplinario que renuncia, a la posterior aceptación por parte del órgano administrativo correspondiente, pues, el hecho generador de sanción resulta de mera actividad, y no se supedita a su materialización o concreción, ello por cuanto, lo que persigue la norma bajo análisis es sancionar la intención de evadir la responsabilidad disciplinaria.
Igualmente, la norma disciplinaria contenida en el arículo 34 dl Codigo de tica, establece como consecuencia jurídica para las renuncias consideradas por el órgano disciplinario como maliciosas, la imposición, de "pleno derecho", de una inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia desde dos (2) años hasta por disciplinaria aplicada, tomando en consideración que el administrador de justicia, ya no se encuentra en funciones en base a su manifestación unilateral de voluntad de renunciar al cargo que detentaba, lo cual en principio, hace innecesario que los órganos disciplinarios se pronuncien sobre la separación definitiva (destitución) del cargo del juez investigado.
En relación a la forma de imposición de la sanción contenida en el artículo 34 del Cödigo de Ética, RODRiGUEZ, Agustín W., en el Diccionario Latín Jurídico. Locuciones latinas de aplicación jurídica actual, Ed. García Alonso, 1° Ed., 1° reimp, Buenos Aries, 2008, p. 119, estableció que la locución "De pleno derecho", como poder de aplicación de la ley, se emplea cuando "(..) para que los efectos jurídicos se produzcan no se requiere cumplimiento de ninguna formalidad, pues asi el Derecho, la ley, lo tienen establecido. Se impone por ministerio de la ley." En este sentido, en base al principio de progresividad de los derechos, así como la aplicación de las garantías procesales constitucionales, es criterio de esta alzada que el órgano disciplinario judicial al momento de decidir sobre la aplicación de la normativa in commento, deberá primeramente, ponderar las circunstancias de modo, lugar y tiempo que ntocedimiento disciplinario, y de considerarla maliciosa, por vía de consecuencia legal,
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de justicia, la cual podrá ser graduada hasta un máximo de 15 años, en atención a la gravedad de la falta y las repercusiones que en el sistema de justicia haya tenido.
En el caso bajo estudio, en fecha 20 de mayo de 2010, encontrándose a derecho la jueza investigada respecto a las inspecciones realizadas por la IGT, se acordó abrir inspección y vigilancia), a la jueza denunciada por sus actuaciones como miembro de la Sala N° 1 de la Corte Superior del Circuito de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, siendo notificada de la apertura ordenada en fecha 25 de mayo de 2010. De la misma forma, en fecha 26 de noviembre de 2010, la jueza denunciada fue suspendida por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia hasta tanto la IGT presentara el correspondiente acto conclusivo, el cual fue presentado en fecha 9 de diciembre de 2010.
En fecha 24 de febrero de 2011, la ciudadana EDY SIBONEY CALDERON SUESCÚN, jueza sometida al presente procedimiento disciplinario, RENUNCIO al cargo que detentaba en el Poder Judicial, arguyendo que la dedicación exclusiva que amerita el ejercicio de la magistratura, le impedía de proveerse de sustento alguno, en vigencia de la medida de suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo declarada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.
Asi las cosas, judicializada la disciplina de los jueces de la República por mandato constitucional, en fecha 11 de octubre de 2011, el TDJ admitió la denuncia interpuesta por la IGT contra la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, librando las correspondientes boletas de notificaciones a las partes en el presente proceso.
En este sentido, observa esta instancia superior disciplinaria, que la jueza denunciada, sin que hubiesen transcurrido siquiera tres (3) meses desde la suspensión decretada, optó por renunciar al cargo que detentaba como Juez Superior en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sin hacer uso de una serie de recursos -administrativos según la fecha de los hechos y la vigencia de la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial- que podía intentar con el fin de enervar la medida provisional dictada.
De la misma forma, se observa en el primer semestre del año 2011 se constituyó la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, cuyo objetivo no es otro que contribuir con la "sana administración de justicia", garantía que protege especialmente a los sujetos pasivos (jueces y juezas) de la norma especial disciplinaria, quienes esperaban la materialización del mandato constitucional, que les garantizara la ejecución de una tutela judicial efectiva y el ejercicio pleno del as de derechos contenido en el artículo 49 constitucional, lo cual en procura de la defensa de sus derechos, la jueza denunciada debió esperar ajustada a, las normas habida en el Código de Ética, con el fin de solicitar en el desarrollo de un proceso de carácter jurisdiccional, la tutela de sus derechos ante el novísimo órgano disciplinaria, judicial.
En base a las consideraciones que preceden, infiere esta Alzada que la renuncia presentada por la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, al margen de las motivaciones por ella expuestas, y de su participación en el proceso disciplinario incoado en su contra, la cual se materializó en la asistencia a todos los actos procesales a los cuales fue compelida por el órgano jurisdiccional y en el cumplimiento de las respectivas cargas procesales, comportó una actuación dolosa, pues tal y como fue analizado, la jueza denunciada se apartó de todos los mecanismos procesales que tenía a disposición para ejercer su defensa e intentar enervar la eficacia de la medida de suspensión decretada.
En efecto, de la revisión de las actas pudo constatar este órgano superior que la jueza investigada habiendo transcurrido un lapso de tiempo muy breve (2 meses) desde su suspensión, optó por presentar su renuncia, evidenciando que tal decisión no fue producto de un largo proceso de investigación, pues el mismo inició con la notificación de la jueza denunciada de las inspecciones realizadas, con lo cual se infiere la intención de evadir la posible responsabilidad disciplinaria que pudiera ser decretada en el curso del proceso, como en efecto fue declarado, al imponer la sanción disciplinaria de amonestación escrita por estar incursa en el ilícito disciplinario contenido en el numeral 7° del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, debiendo ser considerada la misma como maliciosa de conformidad con el artículo 34 del Código de Ética, normativa aplicable para el momento de la presentación de la renuncia. Y asi se establece.
Determinado el carácter malicioso de la renuncia presentada, y teniendo en consideración la inhabilitación que procede por imperio de la ley, corresponde a esta alzada determinar la extensión en el tiempo de la sanción a imponer, para lo cual, tomando en consideración los años de servicio de la ciudadana sometida a procedimiento, su record-. disciplinario y la sanción de amonestación impuesta, estiman quienes suscriben, que o" ajustado.a derecho es imponer la sanción de inhabilitación a la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, antes identificada, por un periodo de tres (3) años, contados a partir: de la publicación de la presente decisión, en la gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se establece.
En vista de lo anteriormente expuesto, considera esta alzada que lo procedente en el presente caso es declarar perimido el recurso de apelación presentado por la representación de la IGT, anular de oficio el particular de la sentencia recurrida, referido a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, por encontrarse inficionado del vicio de falta de. aplicación de una norma jurídica y consecuentemente, teniendo por maliciosa la renuncia inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia, :por un periodo de tres (3) años contados a partir de la publicación de la presente decisión, en gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide.
En cuanto a la solicitud realizada en fecha 12 de agosto de 2014, por el apoderado judicial de la jueza sometida a procedimiento, quien requirió a esta alzada se oficiara: 1. Al Director Ejecutivo de la Magistratura y a la Rectoría Civil del Área Metropolitana, con el fin de que informarán si la renuncia presentada por su representada fue aceptada; 2. Al Fondo de Prestaciones Sociales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura con el fin de que informara si se ha efectuado el pago de las prestaciones sociales de la mencionada jueza; 3. a la División de Carrera Judicial a fin de que informe el estatus actual de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERON.
Al respecto, esta instancia superior observa que en el presente caso, al no haberse presentado la fundamentación del recurso de apelación y operar la consecuencia jurídica que para dicha inactividad estipuló el legislador disciplinario judicial, como lo es, la perención del recurso de apelación presentado, la actividad de las partes cesó, subsistiendo únicamente las facultades de oficio que detenta el órgano jurisdiccional de alzada, para revisar el fallo apelado en tanto afecte el orden público y constitucional, razón por la,cual, resulta improcedente la solicitud presentada, máxime cuando esta alzada, en la oportunidad respectiva, a los fines de completar su ilustración y conocimiento, sobre los hechos, teniendo por norte formarse un mejor criterio sobre la documental ante referida, dicto auto para mejor proveer solicitando la información que consideraba pertinente a los fines de dictar sentencia en la presente causa. Y así se decide.
En este estado, la jueza Dra. Ana Cecilia Zulueta Rodríguez anunció su voto concurrente.
III1 DECISIÓN . Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PERIMIDO el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Andreina Ibarra de Carlo, titular de la cédula de identidad N° V- 15.581.383, en su carácter de Inspectora de Tribunales, en contra de la Sentencia N° TDJ-SD-2013-161, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 19 de noviembre de 2013. SEGUNDO: ANULA de oficio el particular sexto de la sentencia recurrida, referido a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, por encontrarse inficionado del vicio de falta de aplicación de una norma jurídica. TERCERO: SE INHABILITA a la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, titular de la cedula de identidad N° V.- 5.675.425, para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia, por un periodo de tres (3) años contados a partir de la publicación de la presente decisión, en gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 34 del Código de Ética.
el ciudadano NEIL JESUS REAÑO, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado bajo t el N° 56.527, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERON.
Publíquese, regístrese notifiquese y déjese copia.
De conformidad con el articulo 89 del Código de Ética, remítase copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y al Sistema de Registro de Información Disciplinaria Judicial.
Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Código de Ética.
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Dada, sellada y firmada en la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial. Caracas, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014). Año 204 de la Independencia y 155 de la Federación.
JUEZ PRESIDENTE,
TULIO JIMENEZ RODRIGUEZ JEZ VICEPRESIDENTE,
ANA CEQILIA ZULUETA RODRÍGUEZ JUEZA-PONENTE
MERLY J. MQRALES HERNANDEZ Secretaria,
MARIANELA GILMARTINEZ
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL Exp. No. AP61-R-2014-000026 Quien suscribe, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ, concurre con el dispoSitivo contenido el fallo que antecede; sin embargo, manifiesta su descenso con la motivaciôa., que determinó la nulidad parcial de la sentencia recurrida, por las razones que a continuación se expresan:
Tribunales contra la decisión N° TDJ-SD-2013-161 de fecha 19 de noviembre de 2013 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial y anuló parcialmente de oficio el particular sexto de la recurrida, referido a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, por considerar que tal pronunciamiento $e encontraba inficionado del vicio de falta de aplicación de una norma jurídica.
La mayoría sentenciadora, para fundamentar su decisión, indicó que la recurrida en la inobservado que cursaba en el expediente la renuncia presentada en fecha 24 de febrero de 2011 ante la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, la cual había sido debidamente incorporada a los autos el 19 de octubre de 2011 por la secretaria del Tribunal Disciplinario Judicial. y aun asi, no había sido objeto de análisis y valoración, lo cual se traducia en el vicio de falta de aplicación de una norma.
Quien suscribe observa, que el vicio invocado y que sirvió de fundamento para declarar la nulidad parcial del fallo apelado, se configura cuando el sentenciador niega la bajo su alcance.
Sobre el vicio en referencia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido, que tal delación se produce cuando el Juez, aun reconociendo que la derecho. Esta omisión, a juicio del Máximo Tribunal, conduce a la transgresión directa de la norma, ya que, bajo este supuesto, la situación sometida a su conocimiento ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente aportaba la solución a la controversia (vid sentencias N° 016, de fecha 25 de enero de 2008, caso: Diego Orozco Bernal contra Diego Orozco Arria y otros, ratificada en sentencia N° RC 00095 del 26 de febrero de 2009. Caso: Amalia Clemencia Cordido Santana).
aplicación de la norma se habria producido si la recurrida, habiendo apreciado 4a. documental contentiva de la renuncia presentada por la Jueza, no hubiese aplicado la norma correspondiente a la resolución de la controversia, es decir, la contenida en el articulo 34 del Código de Ética. Esta circunstancia no se produjo en la causa bajo examen, ya que, tal como fue afirmado por la mayoria sentenciadora, ".. [el a quo] fallo, no realizó análisis o valoración alguna sobre la documental referida a la renuncia de la jueza investigada ni sobre la normativa contenida en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura o en el Código de Ética, referida a la presentación de renuncias (sic) en el proceso disciplinario".
En el contexto que precede, quien concurre observa que, si bien el a quo no incurrió en falta de aplicación de una norma juridica, se constata en el contenido de la recurrida su omisión en la apreciación de la documental que riela a los folios 217 y 218 de la pieza 11 del expediente, contentiva de la renuncia en referencia, circunstancia que, a juicio de quien suscribe, da lugar al vicio de silencio de pruebas.
En este orden, cuando el juzgador niega o no fija un hecho que resulta constatado con sobre su mérito, se produce el denominado vicio de falso supuesto negativo o silencio de pruebas.
Ciertamente, ha sido criterio del máximo Tribunal que cuando el juzgador no toma en cuenta la mención contenida en el instrumento o actas del expediente, se produce el denominado falso supuesto negativo, que debe denunciarse como silencio de pruebas, toda vez que se refiere a un error de percepción de las actas del expediente que da lugar al quebrantamiento del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, referido al en el expediente así sea en forma breve o concreta (vid. Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia números 248. 187, 038 y 184 de fecha 29/04/2008,26/05/10, 21/02/2013 y 18/04/2013, respectivamente).
En el mismo orden de ideas, resulta necesario indicar que la procedencia del vicio y la aportadas al juicio y silenciadas por el tribunal de instancia, son trascendentes en la causa, al punto de modificar el fallo apelado (vid. sentencia de la Sala de Casación ivil prscp N° Rc 00701 de fecha 10/08/2007).
Con fundamento en el razonamiento que precede, al constatarse que en autos cursaba la renuncia presentada el 24 de febrero de 2011, debidamente incorporada al proceso, ésta debió haber sido apreciada y valorada por el a quo toda vez que resultaba determinante en la decisión de la controversia al constituir el presupuesto de la sanción a imponer; por tanto, su omisión provocó el vicio de silencio de pruebas.
En consecuencia, quien suscribe estima que la omisión constatada por la mayoría sentenciadora debió subsumirse en el vicio de silencio de pruebas, y no en la falta de aplicación de una norma juridica.
Queda asi expresado el voto concurrente de quien suscribe.
TULIO HMÉNEZ RODRIGUEZ LA JUEZA VICERRESIRENTA-GONCURRENTE,
ANA CECILIA ZULOETA RODRÍGUEZ LA JUEZA.
MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria,
MARIANELA GIL MARTINEZ
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2014-000030 Mediante Oficio N° TDJ-1411-2014 de fecha 25 de junio de 2014, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° AP61- A-2011-000042 contentivo del procedimiento disciplinario seguido a la ciudadana ANA SONIA SÁNCHEZ AGUIRRE, titular de la cédula de identidad N° V-7.339.607, en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto.
Tal remisión se realizó en virtud del auto dictado el 19 de junio de 2014 por el TDJ, abril de 2014 por la ciudadana Katherine Casellas Jiménez, actuando en su carácter de Inspectora de Tribunales contra la sentencia N° TDJ-SD-2014-011 del 25 de febrero de
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inadecuada grave, abuso de autoridad, extralimitación de funciones, inasistencia injustificada al trabajo e incumplimiento del horario de trabajo; (2) declaró la responsabilidad disciplinaria judicial de la jueza del ilicito disciplinario omisión de pronunciamiento; (3) ordenó su reincorporación al cargo que ejercía, el pago de los suspensión y (4) ordenó a las instancias competentes la evaluación del otorgamiento de su jubilación o pensión por incapacidad.
El 26 de junio de 2014, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción (en lo sucesivo, URDD) le dio entrada al expediente y dejó constancia de su distribución, correspondiendo la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 15 de julio de 2014 la Secretaria de esta Corte fijó el 10° día de despacho siguiente, más 4 dias continuos como término de distancia otorgados a la jueza denunciada para de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética).
Inspectoria General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) fundamentó la apelación..
contestación a los fundamentos de la apelación.
El 12 de agosto de 2014, esta Corte dictó auto de diferimiento de la audiencia oral y pública para el 8° día de despacho siguiente a las 9:00 a.m.
El 30 de septiembre de 2014, se realizó la audiencia oral y pública y se dio lectura al dispositivo del fallo.
siguientes consideraciones:
| ANTECEDENTES Mediante oficio N° CJ-09-2342 de fecha 23 de noviembre de 2009, la Comisión Judicial del Fribunal Supremo de Justicia notificó la suspensión del ejercicio del cargo sin goce sueldo a la jueza Ana Sonia Sánchez Aguirre, e informó a la IGT de tal decisión En fecha 19 de marzo de 2010 la IGT ordenó abrir la investigación disciplinaria y jueza, durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009.
En fecha 22 de marzo de 2011 el órgano de investigación presentó ante la Comisión de destitución a la jueza investigada, al considerar que había incurrido en los siguientes reiterado del horario de trabajo y del deber de dar audiencia o despacho, conducta impropia o inadecuada grave en el ejercicio de sus funciones, omisión de pronunciamiento y abuso o exceso de autoridad.
fecha 22 del mismo mes y año la Oficina de Sustanciación acordó darle entrada, .los hechos denunciados.
Er respectivo y el 19 remitió las actuaciones al TDJ, instancia que mediante auto del 27 de Sosa Mariño y ordenó librar las respectivas boletas de notificación.
Por auto del 09 de mayo de 2012 el TDJ ordenó el inicio del procedimiento de investigación y modificó la medida cautelar imponiendo a la jueza la suspensión del ejercicio del cargo con goce de sueldo.
El 09 de octubre de 2012 el TDJ ordenó la remisión del expediente a la Oficina de Sustanciación a fin de iniciar, nuevamente, la investigación correspondiente. Esa instancia emitió su informe el 03 de diciembre de 2012 y ordenó la remisión del expediente al a quo el dia 04 del mismo año.
En fecha 16 de enero de 2014 se llevó a cabo la audiencia oral y pública y el 25 de febrero de 2014 el TDJ publicó el extenso de la decisión.
por auto del 19 de junio de 2014 el TDJ oyó la apelación en ambos efectos y ordenó remitir el expediente a esta Corte Disciplinaria Judicial.
Il DEL FALLO APELADO Mediante sentencia N° TDJ-SD-2014-011 de fecha 25 de febrero de 20-4 el TDJ i) recinto del Tribunal e incumplimiento del horario de trabajo, conducta impropia o inadecuada grave, abuso de autoridad y extralimitación de funciones; i) declaró la tramitación de causas Nos. KP02-S-2006-025113 y KP02-S-2008-000967, suspendiéndola del cargo; ii) declaró su responsabilidad por haber omitido durante el tiempo de la medida de la suspensión; y v) ordenó "..que los organismos sic) competentes evalfuaran] las condiciones sobre su derecho de jubilación o de incapacidad por motivos de salud".
explanan:
Respecto a la imputación de la IGT referida a la infracción por parte de la jueza de sus deberes legales por "el incumplimiento relativo a inasistir (sic) injustificadamente tes. dias 12, 13 y 14 de noviembre y 10 de diciembre de 2008, 13 de marzo y 29 de julio de 2009, la recurrida afirmó que la jueza había justificado su inasistencia el día 10 de diciembre de 2008: sin embargo, que con relación al resto de los días no evidencíaba ilicito disciplinario establecido en el articulo 40.11 de la Ley de Carrea Judicial (en adelante, LCJ). actualmente articulo 33.8 del Código de Ética.
Con relación al incumplimiento del horario, el a quo sostuvo que el Registro Biométrico de Asistencias únicamente había presentado disparidad con el libro interno de asistencia de los jueces los días 11 de agosto, 18 y 24 de septiembre y 08, 09, 15, 19, 21. 22, 26, 27 y 30 de octubre del año 2009, fechas en las cuales la jueza dejó constancia de su llegada al recinto laboral en la hora prevista.
Agregó que se evidenciaba que la denunciada había incumplido con el horario de : trabajo los dias 04, 18, 26 y 28 de noviembre y 08,15 y 17 de diciembre de 2008; 12, 27 . y 29 de enero; 13, 25 y 26 de febrero; 02, 16, 17, 23 y 30 de marzo; 14, 19. 20, 21 y 27 de mayo: 10, 12 y 29 de junio: 09, 13, 15, 16 y 22 de julio; 12, 13 y 14 de agosto; 17, 22, 28, 29 y 30 de septiembre; 05, 07, 14. 16, 23 y 28 de octubre y 02, 03 y 04 de noviembre del año 2009, conducta que resultaba reprochable y comportaba la imposición de la sanción prevista en el artículo 32.10 del Código de Ética.
justificación para el incumplimiento constatado durante los dias señalados, no era menos cierto que desde el 21 de noviembre de 2009 le hablan sido expedidos varios trastorno depresivo consecuencia de tal enfermedad.
Finalmente, consideró que la imposición de la sanciones por los hechos imputados no era proporcional con el desempeño de la funcionaria, quien había logrado un rendimiento satisfactorio pese a su enfermedad, razón por la que declaró su absolución ¿de responsabilidad por éste ilicito disciplinario.
cuanto al ilicito conducta impropia o inadecuada grave en la causa KP02-L-2007oo2347, el a quo constató que el proceder de la jueza se enmarcaba en su actividad jurisdiccional, ya que habia observado una incongruencia entre la pretensión de la demanda y la reforma, circunstancia que había determinado su decisión, absolviéndola | de este ilicito disciplinario.
Aramite de las causas KP02-L-2009-000235 y KP02-L-2008-001467, la recurrida adjetiva laboral, no se habia configurado el ilicito disciplinario abuso de autoridad y extralimitación de funciones, toda vez que no se verificaron los supuestos que determinan su procedencia; en consecuencia, desestimó esta denuncia.
Respecto al ilicito omisión de pronunciamiento en las causas judiciales KP02-S-2006- 025113 y KP02-R-2008-000967, el TDJ concluyó que la jueza omitió pronunciarse sobre las solicitudes de las partes en ambos asuntos, razón por la cual estimó que su
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Orgánica del Consejo de la Judicatura y 39.9 de la LCJ, actualmente subsumible en el de dos meses. Sin embargo, visto que la jueza había estado suspendida por más de realizadas en la causa N° KP02-L-2008-0001802, la recurrida indicó que la jueza gtenunciada habia quebrantado las normas procesales, toda vez que había discrepancia en la fecha de la sentencia dictada en la referida causa, incumplió con su deber de firmar la sentencia y omitió el cumplimiento de los lapsos previstos para dictar tal decisión; sin embargo, consideró que los hechos constatados no correspondian con el ilicito imputado por la IGT, razón por la cual cambió la calificación juridica de los injustificado previsto el artículo 31.6 del Código de Ética. En consecuencia, le impuso la sanción de amonestación.
En atención a lo expuesto, ordenó la reincorporación de la jueza a su cargo de Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, así como el pago de los sueldos y demás beneficios dejados de percibir durante el tiempo en que duró la medida de suspensión.
menoscabo a su salud, en atención al contenido del articulo 83 Constitucional instó a III FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 16 de julio de 2014, la representación de la IGT fundamentó la apelación en los siguientes términos.
Que la recurrida adolecía del vicio de falso supuesto de hecho, ya que, luego de haber constatado y afirmado que la jueza denunciada había incurrido en inasistencia injustificada al trabajo, hecho sancionable conforme al articulo 32.10 del Código de Ética, se había abstenido de imponer la sanción correspondiente con fundamento en que la denunciada había logrado un rendimiento satisfactorio, aun cuando su salud se una apreciación errada de los hechos, dado que para la oportunidad en que ocurrió la inasistencia al trabajo, la jueza no padecia ninguna enfermedad que le hubiera sido ¿trabajo.
Que, la recurrida no garantizó el principio de legalidad de conformidad con el articulo 3 del Código de Ética, al no haber aplicado la consecuencia jurídica de la norma y al haber fundamentado su decisión en hechos que ocurrieron de manera distinta.
Por otra parte, sostuvo que la recurrida se encontraba inficionada de falso supuesto de logrado] un rendimiento satisfactorio". pronunciamiento que, a juicio de la IGT, no se
articulo 40.16 de la LCJ. por cuanto en su pronunciamiento relacionado con el ilícito 000235 y KP02-L-2008-1467, habia inobservado la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y de esta Corte, respecto a los Indigô, al respecto, que la interpretación correcta de la norma habria permitido concluir.ge la jueza incurrió en abuso de autoridad al desconocer la aplicación del artículo 128 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (en lo sucesivo, LOPT). el cual establecía que constara en el expediente la notificación de los demandados; sin embargo, la jueza abusiva.
Por último, denunció que la recurrida adolecía del vicio de falta de aplicación de los Procedimiento Civil (en lo sucesivo, CPC) al señalar que la actuación de la jueza se egmarcaba dentro de su función jurisdiccional, cuando lo cierto era que la jueza, al haberse abstenido de admitir la reforma de la demanda había desconocido el artículo IV DE LA CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 29 de julio de 2014. la jueza Ana Sonia Sánchez Aguirre dio contestación a los fundamentos de la apelación en los términos que a continuación se explanan:
Respecto al vicio de falso supuesto de hecho, señaló que el TDJ se apego a las disposiciones normativas aplicables y que habia sido sancionada "en demasía", ya que para la fecha de interposición del presente escrito, llevaba más de cuatro años determinar si habían o no méritos para imponer una sanción.
En cuanto a la falsa aplicación del principio de proporcionalidad y adecuación, indicó que el Tribunal había actuado con estricto apego a dichos principios.
En lo que concierne al error de interpretación del contenido y alcance del icitó abuso de autoridad indicó, que en las causas investigadas el a quo no había incurrió en tal vicio. ya que en la causa N° KP02-L-2009-000235 la secretaria dejó constancia de todas las notificaciones de las codemandadas, razón por la cual se celebró la audiencia preliminar y, en la causa N° KP02-L-2008-001467 la parte demandada no cumplió con llamado a tercero en la oportunidad de la audiencia preliminar y no en el lapso pare comparecer a ella.
Respecto a la última denuncia formulada por la IGT, la jueza denunciada arguyó que en la causa N° KP02-L-2007-2347 inadmitió la reforma de la demanda por cuanto existía una incongruencia entre el motivo de la demanda inicial con el motivo de la reforma y conducta que, a su juicio, comporta un ejercicio de su autonomía jurisdiccional.
Finalmente, solicitó que esta Corte desechara los argumentos expuestos por la IGT y confirmara la sentencia dictada por el a quo.
V DE LA COMPETENCIA primer término, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia
artículo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la Competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer las apelaciones definitivas, en los términos que a continuación se transcriben:
"Artículo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como drgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y venezolano y Jueza venezolana".
recurrente está dirigida a la revisión de la legalidad del fallo dictado por el a quo, lo que permite a esta Alzada verificar que, efectivamente, se trata de una apelación contra la sentencia definitiva dictada por el TDJ, razón por la cual esta Corte declara su competencia para conocer el presente asunto. Asi se decide.
V1 CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
cursan en el expediente, esta Alzada pasa a decidir el presente recurso de apelación, 、 previas las siguientes consideraciones.
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primero, segundo y tercero de la recurrida, referidos a: i) absolución de responsabilidad disciplinaria del ilicito correspondiente a incumplimiento injustificado del horario de trabajo e inasistencia injustificada; i) absolución de responsabilidad por el ilícito abuso de autoridad y extralimitación de funciones en las causas KP02-L-2009-235 y KP02-L- 2008-1467 y ii) absolución de responsabilidad por el ilicito referido a conducta impropia o inadecuada grave en el ejercicio de sus funciones en la causa N° KP02-L-2007-2347. Al respecto, esta Corte procederá al análisis de las declaraciones de la recurrente:
1) Observa esta Corte que la apelante delató que la recurrida se encontraba inficionada del vicio de falso supuesto de hecho, ya que luego de constatar y afirmar que la jueza denunciada habia incurrido en inasistencia injustificada al trabajo, se abstuvo de imponer la sanción por cuanto la funcionaria había logrado un rendimiento satisfactorio o que para la oportunidad en que la jueza incumplió con el horario de trabajo "..no encontraba aquejada de enfermedad que le hubiere sido diagnosticada o que le hubiera limitado fisicamente".
denunciado se manifiesta cuando el juez, al dictar un determinado fallo, fundamenta su asuntos objeto de decisión (vid. sentencias de la Sala Político Administrativa N° 618 y 619 de fechas 30 de junio de 2010 y 30 de abril de 2014, respectivamente), criterio 28/01/2014 y 03/04/2014, respectivamente).
hecho presenta tres modalidades básicas i) ausencia total y absoluta de hechos, que supone una decisión fundamentada en hechos que nunca ocurrieron; i) error en la apreciación y calificación de los hechos; esto es, los hechos invocados no se corresponden con los previstos en el supuesto normativo, es decir, los hechos existen, de los hechos que puede traducirse en un uso desviado de la potestad conferida al 、 juzgador, dirigido a forzar la aplicación de una norma.
Ahofa bien, a fin de verificar la referida delación se observa que el a quo señaló quela... denunciada había incumplido, sin justa causa, con el horario de trabajo durante los días 04. 18, 26 y 28 de noviembre; 08,15 y 17 de diciembre de 2008; 12, 27 y 29 de enero; 13, 25 y 26 de febrero; 02, 16, 17, 23 y 30 de marzo; 14, 19, 20, 21 y 27 de mayo; 10, 12 y 29 de junio; 09, 13, 15, 16 y 2 de julio: 12, 13 y 14 de agosto; 17, 22, 28, 29 y 30 de septiembre; 05, 07, 14, 16, 23 y 28 de octubre y 02, 03 y 04 de noviembre del año 2009 y habia inasistido injustificadamente a sus labores los días 12. 13 y 14 de cierto que desde el 21 de noviembre de 2009 fueron expedidos reposos por el cáncer de mama que afectaba a la investigada y el trastorno depresivo como consecuencia de la enfermedad, razón por la cual consideró que la imposición de la sanciones por los según señaló, había logrado un rendimiento satisfactorio pese a su enfermedad.
Anpra bien, a fin de verificar el falso supuesto delatado, debe esta Corte examinar si la enfermedad que padecía la denunciada pudo afectar el cumplimiento del horario de trabajo, de tal forma que constituyera una causa de justificación.
Certificación del médico Francisco Villazán suscrita el 13/03/2009, mediante la cual se le indicó reposo de una semana a la ciudadana Ana Sonia Sánchez Aguirre y, además, certifica "ID: Descartar Miastenia Gravis" (folio 246. pieza 10).
Constancia expedida el 29/07/2009, mediante la cual el médico Néstor Valera manifestó que la jueza denunciada acudió a consulta por presentar lumbalgia, la cual Constancia expedida el 1/10/2009, mediante la cual el médico Néstor Valera manifestó que la jueza denunciada acudió a consulta por presentar cistitis, la cual ameritaba tratamiento médico (folio 251, pieza 10):
. Récipe sin fecha, el cual se observó que la jueza denunciada padecia de cáncer de mama y fue intervenida el 20/11/2009 (folio 222, pieza 10).
Informe médico suscrito el 22/11/2009 por el galeno Jofre Camacho mediante el cual indicó que a la paciente Ana Sonia Sánchez Aguirre se le realizó "mastectomia parcial oncológica el 20/11/2009" (folio 223, pieza 10).
Informe de biopsia del 26/11/2009 suscrito por los médicos Elvis Valderrama y Alberto Álvarez, cuyo diagnóstico anatomopatológico reflejó un tumor de mama derecha (folio 226, pieza 10);
mediante el cual informó que la paciente fue operada de tumorectomia en mama 224, pieza 10).
Informe de biopsia de fecha 08/12/2009 signado por el médico José Sulbarán, e Asimismo, consta informe de los reposos médicos de la jueza denunciada expedido el 17/10/2012 según oficio N° 10/218. emitido por la Directora de Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (folios 200 al 204. pieza11). en la cual se observó que el 20/1/2009, le aconsejaron reposo médico por "tumoración mama der.".
Azuaje, cuyo resultado refiejó que se trataba de una paciente con "DX de tumorectomía cual deja constancia que la paciente acudió a consulta y se le aplicó quimioterapia con exámenes de laboratorio y se programa nueva cita para el 19 de marzo de 2015.
. En atención a las probanzas narradas, observa esta Corte que aun cuando el a quo no el médico que la suscribió, deben ser apreciadas como indicios y ser adminiculados con el resto de las documentales señaladas, de las cuales evidenció esta Corte que la jueza denunciada padecia de cáncer de mama derecha y que fue intervenida quirúrgicamente el 20 de noviembre de 2009.
Ahora bien, sostuvo la IGT que el a quo erró en su apreciación, por cuanto para la fecha en que la jueza incumplió el horario de trabajo "...no se encontraba equejada de enfermedad que le hubiere sido diagnosticada o que le hubiera limitado fisicamente". Al realidad y la vida social, permiten al juzgador tener conocimiento de ciertos hechos y que se denominan máximas de experiencia, reglas que permiten a esta Corte afirmar que, como casi todas las enfermedades, es diagnosticada una vez que el paciente ha diagnosticada por algún galeno, ello aunado a la exacerbación de este tipo de enfermedad que provocan tanto el trabajo como las situaciones de stress a las que pudiera estar sometido el paciente.
En este contexto, observa esta Corte que el TDJ valoró una situación fáctica de trascendencia para el caso en concreto, referido a la enfermedad de cáncer de mama que aquejaba a la jueza denunciada y que actualmente la aqueja, tal como se evidencia del informe médico del 15/09/2014, enel qe se indica que la ciudadâme-Ar onia Sánchez Aguirre está recibiendo tratamiento de quimioterapia.
En consecuencia, estima esta Alzada que el a quo en modo alguno incurrió en una imputación de la IGT. por lo que debe declararse sin lugar la denuncia del vicio por falso supuesto de hecho. Asi se decide.
Sin embargo, observa esta Corte que si bien el a quo no incurrió en falso supuesto de hecho, emitió una decisión que adolece del vicio motivación contradictoria, que constituye una de las modalidades de inmotivación de la sentencia, el cual se produce cuando la contradicción está entre los motivos del fallo, de tal modo que se desvirtúan, se desnaturalizan o se destruyen en igual intensidad y fuerza, lo que hace a la decisión carente de fundamentos y por ende nula. (Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia N°rc.00769 del 17 de noviembre de 2008) De manera que, al haber señalado el a quo que el incumplimiento era injustificado y.
enfermedad aguda, incurrió en el mencionado vicio, circunstancia que, a juicio de esta Corte, determinará la nulidad de la recurrida en lo que respecta al punto bajo análisis.
No obstante, esta Alzada constató que el incumplimiento en el horario de trabajo la afectaba y que, hasta la presente fecha aún la afecta, lo cual justifica su falta y desvirtúa el ilicito incumplimiento injustificado del horario de trabajo. En consecuencia, al haberse verificado tal circunstancia, esta Corte modifica el razonamiento del TDJ y confirma por los motivos expuestos en el presente fallo la decisión que absolvió de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana Ana Sonia Sanchez Aguirre del ilicito disciplinario incumplimiento del horario de trabajo. Así se decide.
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Por otra parte, la IGT denunció que la recurrida se encuentra inficionada del vicio del proporcionalidad contenido en el articulo 3 del Código de Ética, toda vez que luego de haber sostenido que la jueza denunciada ".inasistió reiterada e injustificadamente al tribunal para ejercer el cargo y que incumplió reiteradamente con el horario de la jueza con el rendimiento de sus funciones, ya que "aun padeciendo de una enfermedad aguda, logró un rendimiento satisfactorio". absolvéndola"de responsabilidad disciplinaria por ambos ilicitos.
Ahora bien, visto que esta Corte en el punto anterior modificó la motivación de la pronunciamiento con relación a la delación planteada. Asi se declara.
2) Por otra parte, la recurrente denunció que la recurrida se encontraba inficionada del vicio de errónea interpretación del articulo 40.16 de la LCJ por cuanto inobservó la
KP02-L-2008-1467.
Con relación al mencionado vicio, resulta necesario indicar que éste se verifica cuando concreto, yerra al interpretar su alcance general y abstracto, es decir, no le da el verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no se ajustan a su contenido (Vid. Sentencia de esta Corte N° 12 del 03 de abril de 2014 y N° 30 del 12 de agosto de 2014).
Examinada la recurrida, se observa que el a quo estableció que para que se una conducta separada de su competencia judicial y que concurrieran los elementos tales como el carácter abusivo de la conducta, un daño a las partes en el proceso desempeño de la función judicial.
En este contexto, la recurrida sostuvo que si bien la jueza denunciada no había actuado en estricto apego de la normativa laboral, por cuanto habia realizado la KP02-L-2009-000235; negó la intervención de terceros en la causa KP02-L-2008-1467 motivos de fondo, no era menos cierto que tales irregularidades no configuraban el manifiesta, una conducta abusiva generadora de daños o la inidoneidad cel juzgador en el ejercicio del cargo.
A
Precisado lo anterior, estima oportuno esta Alzada reiterar su interpretación respecto al ilícito abuso de autoridad, establecido en el articulo 40.16 de la LCJ, actualmente deviene en una utilización desmedida de sus atribuciones, debiendo entenderse que se corresponden a todo juez (vid. sentencias de esta Corte N° 6, 18 y 3 del 05 de junio y 07 de agosto de 2012 y 22 de enero de 2013, respectivamente).
En igual sentido, ha sostenido esta Alzada de manera reiterada que el abuso de de justicia, capaz de evidenciar su inidoneidad para ocupar el cargo de juez (vid. sentencias de la Sala Politico-Administrativa N° 00451 y 02342 del 11 de mayo de 2004 y 27 de abril de 2005, respectivamente).
El razonamiento que antecede permite evidenciar, que el a quo incurrió en error de 33.14 del Código de Ética, al haber exigido como supuesto de procedencia del lícito la recurrida en lo que respecta a la declaratoria de absolución de responsabilidad disciplinaria por la imputación del ilícito abuso de autoridad. Así se decide.
Determinado lo anterior, corresponde a esta Alzada resolver la imputación formulada por la IGT, referida al ilicito disciplinario de abuso de autoridad, la cual se concretó, según carro el órgano de investigación, cuando la denunciada realizó las siguientes actuaciones: i) en la causa KP02-L-2009-000235, llevó a cabo la audiencia preliminar negó la intervención de terceros, solicitado por la parte demandada, con fundamento en que el apoderado judicial no había acreditado su cualidad, omitiendo que para la fecha poder a efectuó videndi y ii) en la causa KP02-L-2008-1467 al haber negado la apelación ejercida por la parte demanda con fundamentado en motivos de fondo.
Respecto al vicio denunciado, su contenido y alcance fue establecido en el análisis que determinación del juicio de reprochabilidad de la conducta delatada, el cual impone verificar si, efectivamente, la jueza denunciada incurrió en el ilicito imputado por el órgano de investigación.
A tal efecto, se observan las siguientes circunstancias y actuaciones relacionadas con la denuncia:
Expediente N° KP02-L-2009-000235 demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y ordenó el emplazamiento mediante Mediante Oficio N° M6/2009/105 de fecha 20 de febrero de 2009, la jueza denunciada remitió comisión al Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y El 02 de abril de 2009, el alguacil del Juzgado comisionado dejó constancia que el 26 de marzo de 2009 a las dos de la tarde fijó cartel de notificación en la entrada donde funcionaban las demandadas y entregó copia del cartel al ciudadano Luis Fernández en su condición de demandado. Asimismo, el Secretario de dicho Juzgado dejó constancia cual acordó la devolución del exhorto y ordenó su remisión al Tribunal de origen (folios 208 y 209, pieza 2).
Recibidas las actuaciones, el 01 de junio de 2009 se realizó la audiencia preliminar y se dejó constancia de la incomparecencia de los demandados, declarándose la admisión El 09 de junio de 2009, el ciudadano Domingo José Mejias, en su carácter de apoderado judicial de la demandada, apeló de la sentencia que declaró la admisión de los hechos (folio 220, pieza 2).
El 15 de junio de 2009, el ciudadano Luis Alberto Fernández González, actuando en su propio nombre y representación de los demás codemandados, apeló de la sentencia que habían sido certificadas por el secretario del Tribunal comisionado, quien dejó LOPT para la notificación de cada uno de los codemandados.
denunciada, al haber realizado la audiencia preliminar, una vez recibidas y verificadas las resultas de la comisión, se ajustó a su función como jueza de sustanciación.
Asi se decide.
. El 07/07/2008 fue recibido por el Juzgado a cargo de la jueza denunciada la demanda por accidente de trabajo, lucro cesante y daño moral interpuesta por el ciudadano Orlando Colmenarez contra la empresa Dell'Acqua, C.A. la cual fue admitida en esa misma fecha (folios 75 al 81. pieza 9).
El 19/01/2009 el abogado Raúl Arturo Giménez, quien dijo actuar como apoderado de la demandada, solicitó la intervención de terceros interesados por ser común a la causa y asimismo requirió su notificación (folios 85 y 86, pieza 9).
preliminar, con la comparecencia de las partes actora y demandada y sus apoderados judiciales, quienes, en esa oportunidad, presentaron instrumento poder a efectos videndi, dejando copia en autos para su certificación (folio 87, pieza 9).
el escrito de tercería presentado el 19 de enero de 2009 (folios 88 y 89, pieza 9).
considerar que tal requerimiento debió realizarse antes de la instalación de la audiencia preliminar, de conformidad con el articulo 53 de la LOPT y. si bien la solicitud de tercería se formuló el 19/01/ 2009, en esa oportunidad el abogado actor no habia (folios 93 y 94. pieza 9).
Por auto del 18/02/2009, el Tribunal de la causa negó la apelación solicitada, con fundamento en que el articulo 54 de la LOPT establecia el lapso para solicitar el tercero en garantia (folio 106, pieza 9).
Circunscripción Judicial del Estado Lara, resolvió el recurso de hecho interpuesto por la parte demandada y ordenó al Tribunal de la causa a oír la apelación interpuesta, por estimar que el a quo sólo debia verificar si la apelación se habia interpuesto en tiempo De las actuaciones que anteceden, se evidencia que la jueza denunciada desestimó la solicitud de la representación judicial de la parte demandada, por una parte, con fundamento en la previsión establecida en el articulo 53 de la LOPT, según el cual la intervención sólo podrá producirse en la instancia antes de la audiencia respectiva; es decir antes de su inicio; y, por la otra, al haber estimado que en la oportunidad en que
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el abogado Raúl Giménez solicitó la intervención del tercero (19/01/2009), no había sido consignado el documento poder que acreditara la representación que se atribuida el mencionado profesional del derecho, instrumento que, tal como constató esta Corte, fue presentado durante la audiencia preliminar.
de intervención de tercero, con fundamento en motivos que concernían al fondo de dicho recurso, tal decisión se enmarcó dentro del ámbito de la actividad jurisdiccional de la operadora de justicia y fue controlada por el tribunal superior, en virtud del recurso de hecho ejercido por la parte demandada.
En razón de lo expuesto, debe concluirse que la conducta de la jueza no evidenció unña..
propias de un juez del trabajo, no resultando, en consecuencia reprochable, razón por el ilicito de abuso de autoridad. Así se decide.
3) Finalmente, se observa que la apelante delató que la recurrida adolecía del vicio de falta de aplicación de los articulos 11 y 124 de la LOPT, en concordancia con el artículo 343 del CPC. ya que al analizar la conducta de la jueza, determinó que su actuación se habida circunscrito al ámbito de la función jurisdiccional, soslayando, a su decir, el contenido de los mencionados articulos que imponian a la jueza la obligación de emitir un pronunciamiento expreso sobre la admisión o no de la reforma de la demanda o el ejercicio del despacho saneador para la corrección de la reforma de la demanda.
Previo a la constatación del vicio denunciado, debe esta Corte precisar su contenido y alcance y, al respecto, se observa que el mismo se concreta cuando el sentenciador no emplea o niega aplicación a una norma juridica vigente, que resultaba determinante para resolver el caso examinado por el juzgador (vid. Sentencias de la Sala Politico- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N°719 del 16/05/2007 y de la Sala de Casación Civil N° rc.00411 del 19 de junio de 2008).
Ahora bien, la revisión de la recurrida permite evidenciar que el a quo, en la disciplinaria a la denunciada, al considerar que si bien la Jueza se había abstenido de admitir la reforma de la demanda, tal decisión habia sido objeto del control jurisdiccional por la instancia superior, en virtud del recurso de apelación ejercido por la parte afectada. Igualmente, estimó que se trataba de una actividad de juzgamiento, enmarcada dentro de la autonomía del juzgador, a la luz de la previsión contenida en el artículo 4 del Código de Ética.
En este orden, considera esta Corte que el TDJ, en su actividad juzgadora, aplicó la previsión contenida en el articuio 4 del Código de Ética, toda vez que no podia dar aplicación a la norma adjetiva laboral por cuanto su actividad se circunscribe a juridica que éste realice de la norma adjetiva que aplica en su actividad de juzgamiento. \ En consecuencia, debe desestimarse el vicio delatado y confirmar la decisión del a quo que absolvió de responsabilidad disciplinaria por el ilicito conducta impropia o inadecuada grave. Asi se decide.
En atención a las consideraciones que preceden, esta Corte DisciplinaniaJudicial declara parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por la IGT y ânuta" parcialmente el fallo dictado por el TDJ en fecha 25 de febrero de 2014, solo en lo que respecta a los particulares primero y tercero. Así se declara.
VII DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:
1. Declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 03 de abril de 2014 por la representación de la IGT contra la sentencia N° TDJ-SD-2014-011 dictada por el TDJ el 25 de febrero de 2014.
2. ANULA parcialmente la referida sentencia en lo que respecta al particular tercero, imputación del ilicito abuso de autoridad.
3. ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana ANA SONIA SÁNCHEZ AGUIRRE, en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, del ilicito disciplinario abuso de autoridad, previsto en el articulo 40.16 de la Ley de Carrera Judicial, actualmente subsumible en el articulo 33.14 del Código de Ética.
4. CONFIRMA por las consideraciones expuestas la sentencia N° TDJ-SD-2014-011 primero, segundo, cuarto, quinto y sexto del dispositivo del fallo.
Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria y a la Inspectoria General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado.
Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Código de Ética. Devuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial.
Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los 07 días del mes de octubre de 2014. Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
EL JUEZ PRESIDENTE,
TULIO JIMÉNEZ RODRIGU /LA JUEZA VIGAPRESIDENTA PONENTE, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ LA JUEZA, MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ LA SECRETARIA,
MARIANELA GIL MARTINEZ
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de septiembre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1525 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar a la ciudadana Licenciada DAYSI OLIMPIA VIGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 9.497.353, EXPERTO CRIMINALISTA II en la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, con sede en la Circunscripción Judicial del estado Lara, adscrita a la Dirección Técnico Científica y de Investigaciones de este Despacho, cargo creado. La referida ciudadana se viene desempeñando como Coordinadora en la citada Unidad.
La presente designación, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de octubre de 2014.
AERIO PUDE Regístrege, Corquniquese y-Pubiiquese
LUISA ORTEGA DÍAZ iscal General de la República
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 Número 40.516 AÑO CXLI MES XII Caracas, viernes 10 de octubre de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo I3. En la GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de septiembre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1530 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al ciudadano Ingeniero Forestal LISANDRO ENRIQUE RAMÍREZ PEÑA, titular de la cédula de Identidad N° 6.337.569, EXPERTO AMBIENTAL II en la Coordinación Técnico- Científico Ambiental de la Dirección Técnico Científica y de Investigaciones, adscrita a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, cargo creado. El referido ciudadano se viene desempeñando como Coordinador Técnico-Científico Ambiental en la citada Dirección.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01 de octubre de 2014.
Comuníquese y Publíquese.
Regístrese
LUISA ORTEGA DÍAZ Piscal General de la República.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de septiembre de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1532 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICQ: Designar al ciudadano Ingeniero Forestal LISANDRO ENRIQUE RAMÍREZ PEÑA, titular de la cédula de identidad N° 6.337.569, COORDINADOR TÉCNICO-CIENTÍFICO AMBIENTAL (ENCARGADO) en la Dirección Técnico Científica y de Investigaciones, adscrita a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal de este Despacho. El referido ciudadano se desempeña como Experto Ambiental II en la mencionada Coordinación.
Igualmente, conforme a lo establecido en el numeral 20 del artículo 25 de la citada Ley Orgánica del Ministerio Público, delego en el nombrado ciudadano, la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación, mientras esté Encargado de la aludida Coordinación.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-10-2014 y hastaunuevas instrucciones de esta Superioridad.
Regístrese, Conauníquese y Rubíquese.
LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General-de la República
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