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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 40.461

25 de julio de 2014 · 40 páginas
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AÑO CXLI MES X

Número 40.461

Caracas, viernes 25 de julio de 2014 SUMARIO VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Órgano Superior de la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Kastiela de las Nieves González Garcia, como Jefe de División de Talento Humano, de este Organo.

Fondo de Compensación Interterritorial Providencia mediante la_cual se designa a la ciudadana Noreida Mercedes Chacin Rodriguez, como Coordinadora de la Unidad Receptora Estadal (Miranda), de este Organismo.

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Claudia Tarquini Enriguez, en su condición de Gerente de la Gerencia de Finanzas, de este Organismo, las atribuciones que en ella se señalan.

Providencia mediante la cual se otorga el beneficio de Pensión por Invalidez al ciudadano Gil Antonio Garcés.

Providencia_mediante la cual se remueve al ciudadano Willmer Antonio Tovar Thomas, del cargo de Analista, adscrito a la Gerencia de Control y Seguimiento, de este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LAPRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO Acta.

Fundación Misión Niño Simón Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas de esta Fundación, integrada por el ciudadano y las ciudadanas que en ella se mencionan.-(Se reimprime por fallas en los originales).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARARELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se renueva la autorización a la sociedad mercantil «Transporte de Valores Viseteca, C.A.», domiciliada en la dirección que en ella se indica, para que preste los Servicios de Traslado y Custodia de Valores Previstos en el Reglamento que en ella se indica.

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos y a la ciudadana que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos gue en ellas indican, para ocupar los cargos de Notarias y Registradores, en las Notarías y Registros de los estados que en ellas se señalan, adscritos al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARARELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual cesa en sus funciones la ciudadana Milena Coromoto Santana Bolivar, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivaríana de Venezuela ante la República de India.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Milena Coromoto Santana Bolivar, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela anté el Reino de Suecia.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCAPÚBLICA BCV Resolución mediante la cual se regula la actuación de las casas de cambio regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Cambiario, a los fines de poder realizar operaciones en el mercado Cambiario al menudeo, las cuales deberán estar debidamente autorizadas por el Banco Central de Venezuela y por este Ministerio.

Aviso Oficial mediante el cual se informa el cumplimiento de las obligaciones de reintegro y multas dispuestas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilicitos.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Franco Díaz, como Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, adscrita al Despacho del Viceministro de Redes de Servicios de Salud.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Belén Oliva Murzi Vivas, como Directora General de I Nivel de Atención en Salud, adscrito al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Redes de Atención Ambulatoria de Salud, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ELAMBIENTE Resolución mediante la cual se designa al_ciudadano Lermis Alexander Lara Perdomo, como Director Estadal, Encargado de la Dirección Estadal del Poder Popular para el Ambiente Guárico, de este Organismo.

Resolución mediante la cual se ordena la publicación del Acta de Asamblea Extraordinaria de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA), celebrada en fecha 3 de febrero de 2014.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Providencia mediante la cual se nombra al ciudadano Marco Antonio Álvarez Roa, como Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas (E), de este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES SAFONACC Encomienda convenida entre este Organismo y la Fundación «Misión Che Guevara» para la adquisición de materiales de construcción necesarios en la culminación de la cuarta y quinta fases de 3.384 viviendas, construidas en los 24 estados del país, de acuerdo al programa de transformación integral del Hábitat ejecutado en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAMUJER Y LAIGUALDAD DE GÉNERO Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Eva Maritza Rosario Contreras, como Directora General de Innovación de Modelos Productivos, adscrita al Despacho de la Viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 012/2014, de fecha 21 de julio de 2014, en los términos que en ella se especifican.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Sala Constitucional Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad de la parte in fine del Articulo 228 del Código Civil, publicado en la Gaceta Oficial N° 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982.

Sentencia de la Sala Constitucional que fija la interpretación constitucionalizante del Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.

MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se Traslada a las ciudadanas Abogadas y al ciudadano Abogado que en ellas se señalan, de las Fiscalias que en ellas se indican, a las Fiscalias que en ellas se mencionan.

Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.

página original (tal como se publicó)Página 1 de la Gaceta

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VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ORGANO SUPERIOR DE LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL DESPACHO DE LA AUTORIDAD REGIONAL

Caracas, 18 de Julio de 2014 N° REDIC/DSPJ/001/2014 204°, 155° y 15°

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Quien suscribe, procediendo en este acto como Autoridad Regional para el Órgano Superior de la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central, designado mediante Decreto N° 997, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.419, de fecha 26 de mayo de 2014, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 2 del referido Decreto, el numeral 3° del artículo 6 del Decreto N° 11, de fecha 22 de abril de 2013 mediante el cual se establecen las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.157, de fecha 30 de abril de 2013, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N° 031 de fecha 17 de junio de 2013 que establece la Estructura y Normas de Funcionamiento de los Órganos Desconcentrados de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.223, de fecha 07 de agosto de 2013.

RESUELVE:

PRIMERO: Designar ala ciudadana KASTIELA DE LAS NIEVES GONZÁLEz GARCÍA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-11.643.905, COmo JEFE DE DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO de este órgano.

sEGunDo: La presente providencia administrativa tendrá efectos administrativos a partir del 18 de Julio de 2014.

Comuníquese y Publígg

REDI CENTRAL LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ ESTH MAYOR GENERAL ESTRÁTEGICA DÊ DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL Decreto No 997 de 26 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.419 de fecha 26 de mayo de 2014 CONS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA PROVIDENCIA NÚMERO 0026, CARACAS 02 DE JUNIO DE 2014.

204° 155° y 15° El Director Ejecutivo (E) del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante la Resolución Nº 032 de fecha 11 de Octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.270 de fecha 11 de pctubre de 2013, corregida mediante la Resolución N° 036 de fecha 15 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.272 de fecha 15 de octubre de 2013, numeral 6 de la Resolución N° 002 de fecha de 26 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.433 de fecha 13 de junio de 2014 y de las disposiciones contenidas en la Reforma Parcial Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno dictada mediante Resolución N° 0030 de fecha 30 de julio de 2013, publicada mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.229 de fecha 15 de agosto de 2013, decide:

Primero. Designar a la Ciudadana NOREIDA MERCEDES CHACIN RoDRIGUEz, titular de la Cédula de Identidad número V- 9.795.393, como CooRDINADORA de la Unidad Receptora Estadal (MIRANDA) del Fondo de Compensación Interterritorial.

Segundo. Los actos y documentos que el prenombrado suscriba de firma, la fecha y número de la Providencia y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Tercero. La presente designación entrará en vigencia a partir? de junio de 2014.

Comuníquese y Publíquese 9 GUY VERNÁEZ HERNÁNDEZ Director Ejecutivo (E) Fondo de Compensación Interterritorial Resolución N° 032. publicada en la Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuel N° 40.270 de fecha 11 de octubre de 2013. corregida medante la Resolución N° 036. publicada en la Gaceta Ofcial de la Repúbica Boivariana de Venezuela N° 40 272 de fecha 15 de octubre de 2013 y Resolución 002.

publicada en la Gaceta Ofcial de la Repúbli

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA PROVIDENCIA NÚMERO 0031, CARACAS 10 DE JULIO DE 2014.

204° 155° y 15° El Director Ejecutivo (E) del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante la Resolución N° 032 de fecha 11 de Octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.270 de fecha 11 de octubre de 2013, corregida mediante la Resolución N° 036 de fecha 15 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.272 de fecha 15 de octubre de 2013, numeral 6 de la Resolución N° 002 de fecha de 26 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.433 de fecha 13 de junio de 2014 y de las disposiciones contenidas en la Reforma Parcial Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno dictada mediante Resolución N° 0030 de fecha 30 de julio de 2013, publicada mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.229 de fecha 15 de agosto de 2013, y los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 extraordinaria de fecha 31 de julio de 2008, decide:

Primero. Delegar a la ciudadana CLAUDIA TARQUINI ENRIQUEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. v- 13.136.448, en su condición de Gerente de la Gerencia de Finanzas del Fondo dè Compensación Interterritorial (FCI), las siguientes atribuciones:

1) Ordenar los compromisos y pagos emitidos desde la Gerencia de Finanzas del Fondo de Compensación Interterritorial contra el presupuesto vigente del Fondo de Compensación Interterritorial y del Consejo Federal de Gobierno, de forma conjunta con el Director Ejecutivo, sin menoscabo de lo dispuesto en las leyes y en los Reglamentos correspondientes.

2) Firma de actos, documentos y oficios con suministro y requerimiento de información ó documentación en nombre del Fondo de Compensación Interterritorial.

3) Certificar información relacionada con el área de Finanzas.

Segundo. Los actos y documentos que la prenombrada suscriba de conformidad con esta Providencia, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Providencia y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo éstablecido en artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Tercero. Se dejan sin efecto a partir de la publicación de la presente Providencia en Gaceta Oficial, las delegaciones otorgadas mediante la Resolución 015 de fecha 02 de enero de 2014, publicada en Gaceta Oficial N° 40.404 de fecha 05 de mayo de 2014 Cuarto. La presente designación entrará en vigencia a partir del o de noviembre de 2013.

Comuníquese y Publíquese G' GUY VERNÁEZ HERNÁNDEZ EJECUIINA Director Ejecutivo (E) Fondo de Compensación Interterritorial Resolución N° 032. pubicada en ia Gaceta Ofcial de ia Repúbica Bolivanane de Venezue N° 40 270 de fucha 11 de octubre de 2013. corregida medante la Resolución Nº 036. publicada en la Gasela- Oficial 0e ia Repubica Boivariana de Venezueia N° 40 272 de facha 15 de octubre de 2013 y Resolución 002.

publicada en ia Gaceta Oficial de la Repúbica Boivariana de Venezuela N° 40.433 de fecha 13 de junio de 2014.

página original (tal como se publicó)Página 2 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA PROVIDENCIA NÚMERO 0027, CARACAS 23 DE JUNIO DE 2014.

204° 155° y 15° El Director Ejecutivo (E) del Fondo de Compensación Interterritorial'(FCI), en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante la Resolución Nº 032 de fecha 11 de Octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.270 de fecha 11 de- Qctubre de 2013, corregida mediante la Resolución N° 036 de fecha 15 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.272 de fecha 15 de octubre de 2013, numeral 6 de la Resolución 002 de fecha de 26 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.433 de fecha 13 de junio de 2014 y de las disposiciones contenidas en la Reforma Parcial Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno dictada mediante Resolución N° 0030 de fecha 30 de julio de 2013, publicada mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.229 de fecha 15 de agosto de 2013, decide:

Primero. Otorgar el beneficio de PENSIÓN POR INVALIDEZ al ciudadano GIL ANToNIO GARCES, titular de la cédula de identidad número V- 2.859.885, quien ocupaba el cargo de Mensajero en la Coordinación de Administración adscrita a la Gerencia de Gestión Interna, de acuerdo a evaluación emitida por la Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual declara el sesenta y siete por ciento (67%) de pérdida de su capacidad para el trabajo.

Segundo. Otorgar la cantidad mensual equivalente al setenta por ciento (70%) del último sueldo devengado, es decir, se otorga el pago máximo establecido en el artículo 14 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones a los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios y los artículos 15, 20 y 21 de su Reglamento.

Tercero, Adicionalmente, a lo dispuesto en el punto primero y segundo de esta Providencia, se otorga: 1.- Un Bono mensual equivalente a la cantidad de diez Unidades Tributarias (10 U.T.), atendiendo a la disponibilidad presupuestaria. Dicha cantidad, no formará parte del monto de la pensión mensual.

2.- Servicio de Hospitalización y Cirugía, únicamente al ciudadano Gil Antonio Garcés. 3.- Bonificación de fin de año.

Cuarto. El beneficio del personal jubilado y pensionado entrará en vigencia a partir del momento que sea publicado en Gaceta Oficial.

Comuníquese y Publíquese G GUY VERNÁEZ HERNÁNDEZ Director Ejecutivo (E) Fondo de Compensación Interterritorial.

Resolución Nº 032. pubicada en la Gaceta Ofcial de la Republica Boivanana de Venezuiala- Oncial de la Repubica Boivaniana de Venezueia N° 40 272 de feche 15 de octubre de 2013 y Resolución 002.

publicada en la Gaceta Ofcal de la Republica Boivanana de Venezuela N° 40 433 de fecha 13 de junio de 2014.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA PROVIDENCIA NÚMERO 0032, CARACAS 16 DE JULIO DE 2014.

204° 155° y 15° El Director Ejecutivo (E) del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante la Resolución N° 032 de fecha 11 de Octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.270 de fecha 11 de- Qctubre de 2013, corregida mediante la Resolución N° 036 de fecha 15 de octubre de: 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.272 de fecha 15 de octubre de 2013, numeral 6 de la Resolución Nº 002 de fecha de 26 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.433 Reforma Parcial Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno dictada mediante Resolución N° 0030 de fecha 30 de julio de 2013, publicada mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.229 de fecha 15 de agosto de 2013, decide:

Primero. Remover al ciudadano WILLMER ANTONIO TOVAR THOMAS, titular de la Cédula de Identidad número V- 8.927.040, del cargo de Analista, adscrito a la Gerencia de Control y Seguimiento del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), el cual es personal de confianza y por lo tanto de libre nombramiento y remoción según Reglamento Orgánico de la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.229 de fecha 15 de agosto de 2013.

Segundo. La presente Providencia entrará en vigencia a partic-def-momento que sea publicado en Gaceta Oficial.

Comuníquese y Publíquese 67 EJECUNA GUY VERNÁEZ HERNÁNDEZ Director Ejecutivo (E) Fondo de Compensación Interterritorial Resolución N° 032. publicada en la Gaceta Ofical de la Repúbica Balivariana de Venezueia.

Ofcial de la Repubica Boivariana de Venezuela N° 40 272 de fecha 15 de octubre de 2013 y Resolución 002.

pubicada en la Gaceta Ofpai de la Repubica Bolivanana de Venezuela N° 40 433 de fecha 13 de junio de 2014.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA *** SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS * ÍREGISTRO PÚBLICO DEL PRIMER CIRCUITO MUNICIPIO LIBERTADOR DISTRITO CAPITAL Catorce (14) de Julio del dos mil catorce (2014) 204° y 155° El anterior documento fue redactado por el(la) Abg. JuAN, OLIVO oCHOA GONZALEZ inscrito(a) en el Inpreabogado No. 164078; identificado con el Número 214.2014.2.1061. de fecha 22/05/2014. Planilla PUB. N° 21421471094 de fecha 22/05/2014 por Bs.0.00 Presentado para SU regiStro por CAROLINA DEL VALLE CESTARI VASQUEZ, CÉDULA N° V-6.235.930. Fue leido y confrontado con sus copias en los protocolos y firmados en estos y en el presente original por su(s) otorgante(s) ante mi y los testigos NORELVIS SOLEDAD TERAN VICTOR A y ORLANDO RAFAEL SÁNQUIZ LLOVERA COn CÉDULA N° V-23.782.044 y CÉDULA N° RAMIREZ, con CÉDULA N° V-5.859.440 funcionario(a) de esta Oficina de Registro. La Revisión de Prohibiciones fue realizada por YENNY MARGARITA ROJAS BLANCO, con CÉDULA N° V-12.916.185.La identificación de (los) Otorgante(s) fue efectuada asi: CAROLINA DEL VALLE CESTARI VASQUEZ. nacionalidad VENEZOLANA, estado civil SOLTERO, CÉDULA N° V-6.235.930. EXENTO SEGÚN LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. LOs ReCaUdos COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD. COPIA DEL OFICIO N° 14221-14/00093. DE FECHA 17/05/2014, COPIA DE LA GACETA OFICIAL N° 40.280, DE FECHA 25/10/2013. GACETA OFICIAL N° 40.283, DE FECHA 30/10/2013, GACETA OFICIAL N° 40.386 DE FECHA 03/04/2014 y GACETA OFICIAL N° 40.390 DE FECHA 09/04/2014 agregados al Cuademo de Comprobantes bajo los números 8238, 8239. 8240, 8241, 8242, 8243 y 8244 y folios 10122-10122, 10123-10123. 10124-10127. 10128-10128. 10129-10129. 10130-10130 y 10131-10131 respectivamente. Se hacen seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un solo Tomo(s) 17 del Protocolo de Transcripción del presente año respectivamente. Este documento quedó otorgado en esta oficina a las 12:35 p.m.

El Otorgante:

geg. 62393) Los Testigos:

uis AMatt Abg. Luis Alberto Matute Vásquez Registrodor Público del 29 Crouito Del Municipio Libertodor Oel Distrito Copital

página original (tal como se publicó)Página 3 de la Gaceta

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2 2 MAY 2014

2.10G1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA "FUNDACIÓN MISIÓN NIÑO SIMÓN" Nosotros, CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO, venezOlano, mayOr de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 6.397.281, actuando en este acto en:mi carácter de Ministro del Poder Popular delpespacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, según consta en el Decreto N° 877, de fecha 03 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.386, de la misma fecha; de la misma fecha, y la ciudadana CAROLINA DEL VALLE CESTARI VÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad-N° 6.235.930, en su carácter de Presidenta de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN", según consta en Decreto N° 534, de fecha 30 de octubre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.283; de la misma cha; Fundación del Estado cuyos Estatutos Sociales se encuentran debidamente istrados por ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 10 de noviembre de 1966, bajo N° 30 Folio 77, Protocolo 1°, Tomo 18, siendo su última modificación estatutaria según consta en documento protocolizado en la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 02 de mayo de 2008, bajo N° 21, Tomo 12, Protocolo 1°. publicado en la GacetaOficial de la República Bolivariana Venezuela N° 39.369 de fecha 18 de febrero de 2010; estando reunidos en fecha 10 de abril de 2014 en la sede de lat Fandación con la presencia de Ia ciudadana MAGALY GUTIÉRREZ VIÑA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 14.s00.712, el ciudadano ANTONIO JOSÉ PÉREZ SUÁREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 12.389.887, la ciudadana AMALIA ROSA: SAENZ DE SÁNQUIZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 4.193.828 y por último el ciudadano ALTER RAMÓN GAVIDIA RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, de este micilio y titular de la cédula de identidad N° 4.886.307 actuando en carácter de publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.39 de fecha 09 de abril de 2014, cumpliendo con el quórum requerido para fà constitución de esta Asamblea General Extraordinaria y a los fines de dar cumplimiento con lo previsto en el Decreto N° 506 de fecha 22 deroctubre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Wenezuela N°

40.280 de fecha 25 de octubre de 2013, y reimpresa por fallas en lostorigináles, en la Gaceta Oficial -de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.28aide:fecha 30 de octubre de 2013; mediante el cual se crea el Despacho del Vicémigistro para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, integrado a. la estructura organizativa del Ministerio del-Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Segaimiento de ia Gestión de Gobierno, y conforme a lo establecido en el artículo Sedel -referido Decreto, según el cual los entes descentralizados funcionalmente que:alli. se enumeran, en materia de protección social, ejecutarán las polticas impartidas el Despacho de la Viceministra o Viceministro de:la Suprema Felicidad Sacia Pueblo, se modifican totalmente sus estatutos: por lo querser trans o íntegramente a continuación:

DISPOSICIONES GENERALES CLÁUSULA PRIMERA: La FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN?. tiene Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestiámde Gobierno Viceministra o Viceministro para la Suprema Felicidad Social del Pueblo.--.....

CLÁUSULA SEGUNDA: La FUNDACIÓN NACIQNAL "EL NIÑO SIMÓN" tiene su domicilio en la ciudad de Caracas, pudiendo establece oficinas o dependencias en.cualquier otra ciudad del país, previa autorizaciómel Ministerio del Poder Poputar del Despacho de la Presidencia y Seguimiento deja Gestión de Gobierno, portórgano del Despacho de la Viceministra o Vicemidisirosparavta Suprema Felicidad Social del Pueblo.---.

una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de presen intervención, supresión y liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el emás normativa legal aplicabie..

CLÁUSULA CUARTA: La FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN" tendrá por objeto atender de modo integral a las niñas, niños y Jóvenes de nuestro país en todas sus etapas de desarrollo humano, a través de la implementación de planes y programas de asistencia integral, dirigidos al mejoramiento de su calidad de vida, actuando conjuntamente con los órganos y entes competentes..

CLÁUSULA QUINTA: La FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑQ SIMÓN" en el cumplimiento de su objeto ejercerá las siguientes funciones:

1. Ofrecer atención a las niñas, niños y jóvenes para contribuir a su desarrolio integral. Esta atención abarca desde la concepción y protección a la madre embarazada, la atención del niño en sus distintas etapas de desarrollo, comprendiendo los aspectos: Bio-psicosocial, cultural, familiar, pedagógico, educativo, ambiental, de salud integral, alimentario, económico, recreativo, turístico, deportivo, afectivo, espiritual y demás áreas relacionadas con su bienestar y felicidad; colocando a las niñas, principales en la solución de sus problemas.-..

2. Brindar a las niñas, niños y jóvenes oportunidades para que disfruten y ejerzan progresivamente todos los derechos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,Cila Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados Internacionales que haya suscrito y ratificado la República. Boliv.ariana. e Venezuela.-----.

3. Participar previa aprobación del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno; en la utilización de recursos provenientes de programas internacionales de asistencia a las niñas, niños y jóvenes que le sean ofrecidos al país, y cooperar en la Nparticipación de la República Bolivariana de Venezuela en -programas internacionales de esa índole.....

4. Articular políticas tendentes al desarrollo de sus fines, con organismos posean planes, proyectos y programas destinados a la población ampara por la FUNDACIÓN NACIONAL. "EL. NIÑO.SIMÓN.- 5. Brindar espacios para el deporte, la recreación, la cultura y el desarrollo de a través de las Casas de los Niños, planteles educativos, entre otros espacios...- 6. Conformar grupos de trabajo a los fines de formular proyectos que den respuestas a la problemática existente en las comunidades.--- 7. Promover la buena alimentación de las niñas, niños, la madre embarazada contemplan la apertura y mantenimiento de comedores, unidades móviles calle...- 8. Ejecutar campañas para promover la salud, educación, protección, valore identidad, buena alimentación, autoestima, y otros aspectos que consideren necesarios, a los fines de sensibilizar sobre la importancia de las niñas, niños y jóvenes para el país...- 9. Promover los beneficios de la lactancia materna para el desarrollo integral de las niñas y los niños......

10. Fomentar una conciencia ambientalista en las niñas, niños y jóvenes, con el objeto de contribuir con el disfrute, la preservación y mantenimiento de los ecosisstemas. y pasajes nacionales........

11.Formular y ejecutar programas de prevención y protección contra la violencia, el embarazo de niñas y jóvenes, el aborto y consumo de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y otras sustancias nocivas.

12. Promover la formación de docentes, auxiliares e instructores pertenecieny a la Fundación.-..- 13.Adoptar las medidas necesarias a objeto de promover e incentivar participación ciudadana, a través de los Consejos Ccomunales, Empresas Propiedad Social, Cooperativas o cualquier otra forma asociativa en aras de contribuir a la inclusión, protección y desarrollo de las niñas, niños y ... jóvenes en cualquier situación...

14.Articular, con los entes rectores en materia de educación para la incorporación al sistema escolar de niñas, niños y jóvenes en situación de calle.....

deporte para la promoción, recreación y esparcimiento de las niñas, niños y jóvenes.--

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16. Establecer un sistema de atención dirigido a las niñas, niños y jóvenes en situación de calle...

17.Establecer programas de formación y preparación integral dirigido a los servidores públicos contratados por los proyectos que atenderán a las niñas, niños y adolescentes en situación de calle.-...

18. Supervisar de manera corresponsable con las comunidades, la ejecución n e r e n ee instituciones.- .Realizar cualquier otra actividad relacionada con el desarrollo de las niñas, niños y jóvenes....

ÁUSULA SEXTA: La FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN" atenderá a las niñas, niños y jóvenes sin discriminación de raza, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión, política o de otra índole.- DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN CLÁUSULA SÉPTIMA: El patrimonio de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN" está integrado por:

1. El aporte inicial del cien por ciento (1oo%) del patrimonio actual por la cantidad de Treinta y Seis Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Nueve Bolívares con Ochenta y Cinco Céntimos (Bs. 36.764.939,85), otorgado por la República Bolivariana de. Venezãelá:

por órgano del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presio acia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.-..

2. Los bienes muebles e inmuebles propiedad de la República Bolivariana Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular det Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierna. que* le sean asignados o traspasados; de conformidad con la normativa vigente. Así como, los valores, bienes muebles o inmuebles que haya adquirido titulo oneroso y/o gratuito, conforme al objetivo de la Fundación.--.

3. Los aportes ordinarios y extraordinarios que correspondan previo al cumplimiento de las normas legales y de acuerdo con la Ley de Presupuesto....

4. Las donaciones, aportes, subvenciones y liberalidades que reciba de las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, nacionales extranjeras. previa evaluación y aprobación del Órgano de Adscripción.-- 5. Los recursos provenientes de actos, convenios y acuerdos suscritos instituciones públicas o privadas, nacionale organismos o internacionales, así como los recursos provenientes de os conta suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.--.

6. Los ingresos propios por colocaciones financieras y económicas.- 7. Los ingresos provenientes de convenios con entidades públicas o privadas, regionales, nacionales o internacionales.- 8. Los demás bienes o ingresos que reciba por cualquier título lícito....

La donaciones y aportes realizados por las personas indicadas anteriormente, no otorgan a éstas derecho alguno, ni facultad para intervenir en la dirección, administración y funcionamiento de la FUNDACIÓN NACIO "EL NIÑO SIMÓN".--- De los aportes recibidos la Fundación deberá dar cuenta al Estado venezolano a través de su órgano de adscripción.-- TÍTULO III DE LA ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CAPÍTULO I DEL CONSEJO DIRECTIVO LÁUSULA OCTAVA: La FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN", estará dirigida y administrada por un Consejo Directivo, que ejercerá la máxima autoridad de la Fundación. El Consejo estará integrado por cinco (05) miembres principales Presidente de la Fundación y será designado por el Presidente g.Presidenta de la República; los demás miembros principales y suplentes serán designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.-- Las causencias temporales de la Presidenta o Presidente de la EUNDACIóN NACIQNAL EL NIÑo SIMÓN", las suplirá la persona que éste designe, y en caso de ausencia absoluta, por la persona que a tales efectos designe la Ministra o Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Las ausencias temporales y absolutas de los demás miembros principales del Consejo Directivo de la Fundación, serán suplidas por el respectivo suplente.- Sundación, se requiere:

1. Ser venezolana o venezolano.-

2.Ser mayor de edad.-- 3. No estar sometido o sometida a interdicción civil o inhabilitación política.--- 4. No estar sometido o sometida a condena mediante- sentencia definitivamente firme...- CLÁUSULA DÉCIMA: El Consejo Directivo seguirá Ios lineamientos, generales y específicos de las políticas impartidas por el Despacho de la Viceministra o Viceministro de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, ajustadas a las modernas CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Las sesiones del Consejo Directivo de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN". serán convocadas cada treinta (30) días hábiles y las sesiones extraordinarias cuando fuere convocadas por la Presidenta o Presidente de la Fundación, o tres (03) de sus miembros principales, y sus decisiones se tomarán por el voto favorable de la mayoría de ss integrantes.....

Las convocatorias para las sesiones ordinarias del Consejo Directivo de telegrama o cualquier otro medio legalmente permitido, con dos. (o2) días de anticipación y con la indicación de la agenda o punto a tratar. De todas las sesiones se levantarán actas que deberán ser suscritas por las y los integrantes * del Consejo Directivo presentes...

Para la validez de las sesiones y deliberaciones del Consejo Directivo se requiere la presencia de la Presidenta o Presidente de la Fundación y de un número no inferior a tres (03) de sus integrantes. Las decisiones del Consejó:Directivo serán adoptadas por la mayoría simple de las o los integrantes presentes.--:

Quien tuviera conflicto de interés con la materia considerada en la sesión deberá manifestarlo expresamente y abstenerse de intervenir en las deliberaciones y en'la votación, dejando constancia en el acta correspondiente...

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Son atribuciones del Consejo Directivo dp * Fundación:

1. Dirigir y Administrar el patrimonio de la FUNDACIÓN NACIQNAL "EL SIMÓN"...

dentro de los planes y programas de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑo simóN", y realizar el seguimiento respectivo.-- 3. Elaborar y aprobar la propuesta de Reglamento Interno de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN". para su posterior consideración y aprobación de la Ministra o Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.--- 4. Aprobar fas normas necesarias para el buen funcionamiento de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN", pudiendo crear las Unidades y Gerencias operativas, de asesorías y de apoyo que reguieran par logro del objetivo de la Fundación, previa consideración de la má autoridad del órgano de adscripción...

5. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la FUNDACIÓN NACIONA "EL NIÑo SIMÓN", conforme con la normativa legal vigente.- Elaborar la Memoria y Cuenta Anual de la FUNDACIÓ NACIONAL "EL NIÑO siMóN". para su presentación a la Ministra o Ministro del Poder Popular del Despacho de Ja Presidencia y Seguimiento,de la Gestión de Gobierno a través del Despacho de la Viceministra o Viceministro de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, dentro de los primeros reinta (30) días de cada ejercicio fiscal......

7. Establecer el sistema de remuneración, bonificación, evaluación y clasificación del personal de la Fundación, creando los insumos que se consideren necesarios para el reconocimiento del bueg desempeño del mismo previa presentación del proyecto por parte de la Presidenta o Presidente de la Fundación.-..

8. Organizar y velar por el buen funcionamiento de los sericios de la FUNDACIÓN NACIONAL. E.L NIÑO SIMÓN".-- 9. Aprobar las donaciones a ser realizadas por la FUNDACIÓNNACIONAL N3.

"EL NINÑO.-SIMÓN-.--

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10. Emitir, aceptar, endosar y avalar los efectos de comercio; con dos firmas conjuntas, la de la Presidenta o Presidente de la Fundación y Ja que a tal efecto.sea designada por el Consejo Directivo.-.

11. Nombrar comisiones técnicas y legales necesarias para el cumplimiento del objeto de la FUNDACIÓN NACIONAL. "EL NIÑO SIMÓN".--- 12.Autorizar todas aquellas actuaciones que considere conveniente para el logro de los objetivOs de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL-NIÑO SIMÓN".--- 13. Delegarca la Presidenta o Presidente, aquellas facultades necesarias para el buen funcionamiento de la Fundación.-..

14. Nombrar la Comisión de Contrataciones de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN".

15.Las demás que le establezcan estos Estatutos, el Reglámento Interno y demás normativa legal aplicable.-- ÁUSULA DÉCIMA TERCERA:LOS miembrOS del Consejo Directivo decisión de la autoridad que corresponda de conformidad con lo establecido Cláusula Octava de estos Estatutos.-.

CAPÍTULO II DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: La Presidenta o Presidente de a FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN". es la máxima autoridad jerárquica representante de la Fundación, de elevada cualidad ética y deberá estar de forma activa a las tareas de la-Fundación.-...

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: La Presidenta o Presidente de $aFUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN", tendrá las siguientes atribuciones 1. Cumplir y hacer cumplir el Acta Constitutiva, los Estatutos las decisiones del Consejo Directivo.--...

2. Suscribir los contratos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que deba celebrar la Fundación, de conformidad con lo establecido en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas.- 3. Aprobar la estructura organizativa de la Fundación, aşf como de dependencias internas fijando sus competencias y atribuciones.-- 4. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinañas del Con Directivo.- 5. Presentar dentro de los primeros cinco (o5) días, vencido el trimestre correspondiente, el informe de su gestión al Ministerio de Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, a través del Despacho de la Viceministra o Viceministro de la Suprema Felicidad Social del Puebl.- 6. Informar sobre el resultado de las gestiones del ConsejoaDirectivo de la Fundación a la Ministra o Ministro del Poder Popular del Dešpacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierne, a través del Despacho de la Viceministra o Viceministro de la SupremaFelicidad Sog del Pueblo.-- 7. Presentar al Consejo Directivo todos ls asuntos que deber ser som a su aprobación.- 8. Presentar al Consejo Directivo el anteproyecto de Reglamento Interno IÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN". y las mdificciones a las hubiere lugar.- Presentar el proyecto de presupuesto anual, a la Ministragg Ministro Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de da Gestión de Gobierno, a través del Despacho de la Viceministra o vigeninistro de la Suprema Felicidad Social del Pueblo.--- 10.Realizar todos los actos de adminisvación y disposición que sean necesarios parael cumplimiento de los fines de da FUNDACIÓN NACIOÑAL "EL NIÑO SIMÓN"...

Consejo:Directivo, la firma de actos, documentos, contratos y convenios.-- 12.EjeCutar el preSUpUeSto de la FUNDACIÓN NACIQNAL "EL NIÑO 7 SIMÓN".--.

13 Abrie y-movilizar junto con uno de los miembros principales del Consejo Directivo, cuentas bancarias, firmar cheques, letras de cambio,órdenes de pago y demás efectos mercantiles..

14.Constituir Apoderados Judiciales y Extrajudiciales, confiriéndoles las facultades que considere convenientes para la mejor defensa de los derechos e intereses de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL-NIÑOISIMÓN".-- 15. Nombrar y remover al personal de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN"

16.Designar, juramentar y formalizar el nombramiento a:ilos Directores o Directoras de la Fundación a nivel regional..

17.Las demás que le establezcan estos Estatutos, el Reglamento Interno y demás normativa legal aplicable..- TÍTULO IV DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A los fines de dar cumplimiento, Su objeto, la EUNDACIÓN. NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN". podrá adopIaRSIa, estructura pánizativa que, considere pertinente, la cual deberá ser sometidàconsideración probación del Consejo Directivo por parte de la Presidenta o Presidente de la Fundación, así como a la aprobación de la Ministra o Ministro de Podbi Pop del Despacho de la PresidenciaySeguimiento de la Gestión de Gobierno través del Despacho de la Viceministra o Viceministro de la Suprema Felici Social del Puebio. Las competencias de las distintas dependências de a Fundación, estarán contenidas en el Reglamento Interno que al efactorsedicte.-- TÍTULO V DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: La FUNDACIÓN NACIOÑÃE EL NIÑO SiMÓN". contará con una Unidad de Auditoría interna, la cual se encargará de efectuar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de lai-contabilidad y estados financieros de la Fundación, así como vigilar el desempeño de la administración en la obtención y uso de los recursos puestos a la disposición de misma, al igual que proporcionarle opiniones y sugerencias derivada sustentadas. Dicho examen se hará con el fin de evaluarsiy verificó actividades administrativas y financieras realizadas por là FUNDA NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN".- CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La Unidad de Auditoría Interna estará-bajo ja responsabilidad y dirección de un Auditor Interno, quien será designado mediante concurso público, de conformidad con lo previsto en la Leyorgánica de la Controlaría General de la República y del Sistema Nacional de Contrô-Piséal, y en el Reglamento sobre los Concursos para la Designación de los titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos det Poder PúbliceNacional y sus Entes Descentralizados.-- CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Son atribuciones de la Auditora Interna o Auditor Interno:

1. Ejercer la fiscalización y control, previo y posterior, sobre las operacig derivadas de la acción administrativa de la FUNDACIÓN NACIONAL NIÑO SIMÓN".- 2. Velar por la adecuada ejecución del presupõesto de la Fundâción:.-a.

3. Velar por la claridad, precisión y exactitud de los procedimien administrativos, contables y financieros de la Fundación.--.

Comprobar la veracidad de los estados financieros de la Eundación y hacer las observaciones que fueren necesarias antes de impartir la aprobación correspondiente.- .5. Verificar los actos y operaciones desarrolladas por las dependencias administrativas sujetas a control, conforme a los supuestos señalados por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República ydel Sistema Nacional de Control Fiscal, y los lineamientos impartidos por :a normativa gue rige Ja materia.-.

6. Inspeccionar los libros y documentos de la Fundación.---eg--r:

7. Coordinar y disponer la formulación y ejecución del presupuesto de gastos de la Unidad.-- 8. Presentar cada tres (03) meses al Presidente o Presidenta de la Fundación, el informe sobre la gestión de la misma.--.--gi--- Cualquier-otra actividad que contribuya a garantizar un adecuado control de las operaciones de la Fundación.-..

10.tas demás que le correspondan de conformidad con la normativa legal que /rige sus funciones.-- TÍTULO VI DE LAS DIRECCIONES REGIONALES CLÁUSULA VIGÉSIMA: ExiStirá una dependencia de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN", en cada entidad territorial iQue: determine la Presidenta o Presidente de la misma, previa autorización de la'iMinistra o Ministro

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Gobierno, a través del Despacho de la Viceministra o Viceministro dei la Suprema Felicidàd Social del Pueblo; atendiendo a las necesidades de cáda población. Las dependencias que se creen se denominarán Dirección Regional "EL NIÑo óN", no"-tendrán personalidad jurídica y ejecutarán las políticas iripartidas por presidenta o Presidente de la FUNDACIÓN NACIONAL "ELNIÑO SIMÓN": de trolaría General de la República y del Sistema Nacional de Gontel Fiscal, y el ontrol por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación. Las "EL NIÑo siMóN" a nivel regional, pasan a lilamarse Direccion Regienal- NIÑO SIMÓN", aplicándose a éstas lo contenido en el presente titúia… Las Direcciones Regionales, también podrán suprimirse por istrácción de ta. Ministra o Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, a través del Despacho delta Viéeministra o Viceministro de l.a Suprema FFelicidad Social del Pueblo.........

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: Corresponde a las Direcciones Regionales:

1. Ejecutar los programas y planes de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SiMÓn" en la respectiva entidad político territorial.-- 2. Ejecutar el presupuesto asignado.--- 3. Someter a la consideración del Consejo.Directivo su Programa Anual de Actividades y el Informe de Gestión cumplida.-.-- 4. Ejercer la administración de ios aportes y donativos que reciban, debjengg reflejar los como ingresos dentro de su presupuesto anual-y déstinarlos.

fines específicos para los cuales se realizó la donación, queudebeg alineados con el cumplimiento de los programas propios desta:iuna NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN"....

5. Informar mensualmente Sobre su gestión a la FUNDACIÓN NACIO "EL NIÑo SIMÓN". El contenido de dichos-informes y sus alcances serán aprobados por el Presidente o Presidenta de la misma;quien informará oportunamente a las Direcciones Regionales.-- 6. Proponer el nombramiento y remoción del personal de tasi@irección Regional que representa, al Presidente o Presidenta deslasFuNbAcióN "EL NIÑO SIMÓN"...

7. Adquirir bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la DirecciónRegional que representa, previa autorización de la Presidenta o Presidente de la Fundacióng-....

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: El cargo de Directora o Direetor-Regio será ejercido por la persona que designe la Presidenta o Rresidente FUNDACIÓN NACIONAL. "EL NIÑO SIMÓN.".--- CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: La Directora o Director Regianal de una Coordinadora o Coordinador Regio.al, quien tendrá a su cargo la ad iitrativa ordinaria de la Dirección Regional en su correspondiente entidad entigo territorial. El cargo de Coordinadora o Coordinador Regional, será ejercido as pa un, profesional de reconocida idoneidad y vinculación con el área social relacionada con. las niñas, niños y jóvenes, y la familia.- CLÁUSULA MIGÉSIMA CUARTA: Son atribuciones de la Cogídinadora o * Coordinador Regional:

.1. Suplir las ausencias temporales de la Directora o Director Regignal.-- 2. Ejercer la gestión diaria de la Coordinación respectiva, de acuerdo a las instrucciones emanadas de la Directora o Director Regional.-...

3. Preparar, por instrucciones de la Directora o Director Regional,ios informes trimestrales o especiales sobre el desarrollo y evaluaciónide-los Programas que adelanta esa coordinación a ser remitidos a la Presidenta;o Presidente de la FUNDACIÓN NACIONAL. "EL NIÑO SIMÓN" a niVeL.regional..

Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por lá Directora o 4.

Director Regional...

TÍTULO VII DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ÁUSULA. VIGÉSIMA QUINTA: La FUNDACIÓN NACIONAL: "EL NIÑO SIMÓN", contará con una Oficina de Atención al Ciudadano, cuyo, funcionamiento estará regulado en el Reglamento Interno de la misma......

TÍTULO VIII UNIDAD DE BIENES PÚBLICOS CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: La FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN", creará la Unidad de Bienes, la cual será responsable patrimonialõente de los Bienes Públicos de la Fundación, en lo relativo a la adquisición, uso, mantenimiento. egistro y disposición de sus bienes.- La Unidad de Bienes, deberá llevar un registro de los mismos, dejeonformidad con las normas e instructivos que al efecto dicte la Superintendencia: de Bienes Públicos.

eba unidad tendrá como funciones específicas las tipificadasén-el Decreto con ngo, Valor-y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos y sus Rég:amentos y as normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos en la materia DEL EJERCICIO ECONÓMICO CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: El ejercicio empezará el e terminará el 31 de diciembre de cada año. Al final de cada ejercicio economía hará un corte de cuentas y se elaborarán los Estados Financieros-definitivos.

Presidente o Presidenta de la FUNDACIÓN NACIONAL *ELNIÑO SIMÓN®, presentará al Consejo Directivo, dentro de los primeros treinta (so) dtas de cada año., el Informe Anua.l para su conocimiento y aprobación.…...

DE LA DISOLUCIÓN CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: La FUNDACIÓN NACIONAL *EL NIÑO SiMón" podrá ser disuelta conforme a lo establecido en el en el Código Civil y en las demás normas que le sean aplicables.-..

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: Una vez cumplida la disolución; 1os biénes la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN". paSarán a la RepÚb Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder: Popula Despacho de la Presidencia y Seguimiento de lai Gestión de Gobierno? artavés da Despacho de la Viceministra o Viceministro de ta Suprema Felicidad-Soefardel Pueblo, salvo disposición contraria que dicte et Presidente dea Rěpública Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministros.-- DE LA RESPONSABILIDAD COMUNAL CLÁUSULA TRIGÉSIMA: La FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN".

promoverá e incorporará mecanismos dirigidos a'incentivar y reconocer el trabajo voluntario de las personas en su comunidad. Asimismo, adoptará lasmedidasp incentivar y reconocer el trabajo voluntario de sus trabajadores trabajado favor de las comunidades, de conformidad con los lineamientos y orientaciones que adopte el órgano de adscripción en esta matęria...- CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: La FUNDACIÓN NACIOÑAL *EL NIN SIMóN". en desarrollo del deber de solidaridad y responşbilidad soe establecerá cláusulas de responsabilidad social de los contratos. convenios celebre, a los fines de garantizar que sus conrapartes realicen acuerdos que acciones que beneficien a las comunidades en donde desarrollen sus actividades, de conformidad con los lineamientos y orientaciones que adapte el órgano de adscripción en esta materia.-- DISPOSICIONES FINALES CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: El Consejo Directivo, pre Ma probación de la Ministra o Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, a través del Despacho de la Viceministra o Viceministro de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, podrá reformar estos Estatutos con el voto de la mayoría de sus miembros. Cuando la reforma verse sobre alguno de los aspectos regulados en el Decreto N° 5.982 de fecha tres 03 abril de, 2008. publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 902_ de la misma fecha, se requiere de la aprobación del. Presidente o sidenta,de Ja República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Mjnistros.---- ZÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: A loS fines de la presentèrACa Constitutiva Estatutaria. queda sin efecto la Providencia Administrativa N° o2z-defecha 20 de marzo de 2009.-- CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: Lo establecido en la Prêsente Acta Constitutiva: Estatutaria, es de obligatorio cumplimiento para todas las Direcciones Regionales a nivel nacional..- CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: Todo Io no previSto en esta'Acta Constitutiva la Administración Pública, por el Decreto N° 677 contentivo de ãas Normas Sobre las-Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado y el Control de s Aportes Públicos a las Instituciones Privadas Similares, siegípre y-cuando este no colide: con el referido. Decreto con Rango, ValorFuerza de Ley nica_ el Codigo Civil y las demás normas que le sean aplicables-- Áusula TRIGÉSIMA SEXTA: De conformidad con lo dispuesto en el Ordinal del Artículo 19 del Código Civil, se elaborarán seis (06) ejemplares a un solo

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tenor de la presente Acta Constitutiva Estatutaria para su correspgádiente registros de los cuales: uno (01) corresponde al Ministerio del Poder Popular del Despachq de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno; uno (oy'al oespah de la Viceministrato Viceministro de la Suprema Felicidad Socialgdel Pueblo; uA (01) al Consejo DirectivO de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMON", Uño (01) a la Contralora o Contralor General de la República; uno (oar a* Juez de Primera Instancia en lo Civil con Jurisdicción enel Área Metropolitana de Caracas y uno (o1) para ser agregado al respectivo Cuaderno de Comprebántes. Forma parte integrante de este documento el Decreto Nº. 534 de fecha $o*de'oćtubre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.283 de la misma fecha, y el Decreto N° 506 de fecha veintidós (22) de octubre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariaña de Veñezuela N° 40.280 de fecha veinticinco (25) de octubre de 2013, reimprêsa porfalias en los originales, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 40.283 de fecha treinta (30) de octubre de 2013, con el propósito de que agregado al Cuerpo de Comprobantes de la Oficina de Registro Póblico de Capital, en el que haya sido creada, así como sus posteriores modificacion CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: La inscripCión de este docUmento nte respectiva Oficina de Registro Público está exenta del pago de aranceles conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 110 idel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Públicà..

La Asamblea aUtoriza a la CiUdadana CAROLINA DEL VALLE CESTARI VÁSQuEz, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 6.235.930, en su carácter de Presidenta de la FUNDAcióN NACIONAL "EL NIÑo SIMÓN". para que solicite y certifique todos los trámites legales a que hubiere lugar a los fines del registro de la presente Actarenta Oficiga de Registro correspondiente. Terminada la reunión, conformes" firman: (Fdo) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO, (Fdo) CAROLIÑA DEL VALEE CESTARI VÁSQUEZ, (Fdo) MAGALY GUTIÉRREZ VIÑA, (Fdo) ANTONIO'JOS PÉREZ SUÁREZ, (Fdo) AMALIA ROSA SAENZ DE SÁNQUIZ (Fdo)-WAL RAMÓN GAVIDIA RODRÍGUEZ.-- Y yo, CAROLINA DEL VALLE CESTARI VÁSQUEZ, venezolana,mayor de eda este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 6.235.930, en mi carácter de esidenta de la FUNDACIÓN NACIONAL "EL NIÑO SIMÓN" debidamente autorizada para-este acto, certifico que el Acta que antecede es copía tiel y exacta de su original.

023 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO FUNDACIÓN MISIÓN NIÑO SIMÓN PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° G01 CARACAS, 23 DE JULIO DE 2014 AÑOS 204° Y 155°

La Presidenta de la Fundación Nacional "El Niño Simón", ciudadana CAROLINA DEL VALLE CESTARI VÁSQUEZ, venezolaña, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-6.235.930, designada según Decreto Presidencial N° 534 de fecha treinta (30) de octubre 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.283 de fecha treinta (30) de octubre 2013, actuando de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Cuarta, numeral 6, de los Estatutos Sociales de dicha Fundación, y quien actúa debidamente autorizada por el Consejo Directivo de la Fundación Nacional "El Niño Simón" de conformidad con el Punto de Cuenta N° 004 de fecha 21 de julio de 2014, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Lay de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.503, de fecha 06 de septiembre de 2010 y en concordancia con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009, DECIDE Primero: Se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación Nacional "Ei Niño Simón" con carácter permanente, la cual se encargará de realizar los procedimientos de selección de contratista para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios de acuerdo con el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como en todos los instrumentos de rango legal y sublegal que regulen la materia.

Segundo: Serán miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación Nacional "El Niño Simón" con derecho a voz y voto en las áreas Jurídica, Económico-Financiera y Técnica, los ciudadanos y ciudadanas que se señalan a continuación, con sus respectivos suplentes:

ÁREA MIEMBROS SUPLENTES MIEMBROS PRINCIPALES Alejandro Manuel Veetna Yanira JURÍDICA Azócar Meneses Ortega Hernández C.I. V-16.497.617 C.I. V-9.943.441 Dalia Margarita Daisy Coromoto ECONÓMICO - Salazar de Martínez Luque Godoy FINANCIERA C.I. V-5.395.427 C.I. V- 4.065.284 Kira Katiuska Mariana Carolina TÉCNICA Méndez Reyes Francia Cestari C.I. V-17.528.019 C.I. V-18.936.502

Tercero: Se designa a la ciudadana María Gabriela-Quevedo Carrillo, titular de la cédula V-11.895.774, como Secretaria de la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación Nacional "El Niño Simón" con carácter Permanente, quien tendrá derecho a voz pero no a voto en la toma de decisiones de la Comisión.

Cuarto: Los miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación Nacional "El Niño Simón", ejercerán sus funciones de conformidad con la legislación vigente que rige la materia.

Quinto: Los miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación Nacional "El Niño Simón" serán solidariamente responsables con la máxima autoridad por las recomendaciones que presenten y sean aprobadas.

Sexto: La ausencia de cualquiera de los miembros principales en las reuniones o sesiones que hubiesen sido convocados o convocadas, será cubierta por su respectivo suplente.

Séptimo: La Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación Nacional "El Niño Simón" se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros o de sus respectivos suplentes y sus decisiones se tomaran por el voto favorable de la mayoría.

Octavo: El miembro que disienta de una decisión, lo manifestará en el mismo acto, debiendo razonar y motivar la causa de su disentimiento en la respectiva acta.

Noveno: Cada uno de los miembros que conforman la Comisión de Contrataciones Publicas de la Fundación Nacional "El Niño Simón", deberá guardar debida reserva y confidencialidad de la documentación presentada ante la citada Comisión, así como los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión de los procedimientos de contratación.

Decimo: La Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación Nacional "El Niño Simón" atendiendo a la naturaleza y complejidad de la contratación, así como para el mejor desenvolvimiento de sus funciones, podrá incorporar los asesores peritos y técnicos que considere necesarios, dentro del grado de especialidad de cada procedimiento, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto y cuyas opiniones deberán presentar en informe escrito ante los miembros de la Comisión y dejarse sentado expresamente en todos los actos.

Décimo Primero: Los actos y documentos firmados por la Comisión de Contrataciones Públicas a partir de la publicación de la presente Providencia Administrativa deberán indicar la fecha y el número del presente acto, así como el número de la Gaceta Oficial en el que haya sido publicado.

Décimo Segundo: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y deroga todas ias providencias administrativas que sean contrarias a la presente.

Notifíquese y Publíquese, CAROLINA DEL VALLE GESTARIVÁSQUEZ, ACLA PRESIDENTA Decreto Presidencial N° 534, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.283 de fecha 30 de octubre de 2013

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO.

204º, 155º y 15º 17 JUL. 2016 248 FECHA Nº RESOLUCIÓN El Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto Nº 301 de fecha 12 de agosto de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.226 de la misma fecha, actuando por delegación del ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dictada mediante resolución Nº 134 de fecha 24 de marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.378 de la misma fecha, en concordancia con lo establecido en el Artícuio 1º del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, contenido en el Decreto N° 699 de fecha 14 de enero de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 30.597 de la misma fecha,

CONSIDERANDO Que la Sociedad Mercantil "TRANSPORTE DE VALORES VISETECA, C.A.", con el Registro de Información Fiscal (RIF) N° J-30468433-9, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, bajo el N° 33, Tomo 421-A- SGDO en fecha veinticinco (25) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997), autorizada para prestar los servicios de Traslado y Custodia de Valores, otorgándosele Renovación de la Autorización de Funcionamiento mediante Providencia Administrativa N° 099 de fecha cuatro de abril del año dos mil seis (2006), la cual continuará prestando dicho servicio exclusivamente en todo el Territorio Nacional, representada por el ciudadano NARDO ANTONIO ZAMORA MARTÍNEZ, venezolano, mayOr de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital e identificado con la Cédula de Identidad N° V-2.399.032, actuando en su condición de Presidente de la mencionada sociedad mercantil, ha solicitado la Renovación de la Autorización del Permiso de Funcionamiento para continuar prestando los Servicios de Traslado y Custodia de Valores.

CONSIDERANDO Que la referida Sociedad Mercantil ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en los Artículos 8º y 9º del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación Previsto, Decreto en el Nº 699 de fecha 14 de enero de 1975, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.597 de la misma fecha, en concordancia con lo establecido en el Artículo 8, numerales 7 y 10 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.335 de fecha 16 de enero de 2014, :

RESUELVE ARTicuLo 1: Se renueva la autorización a la Sociedad Mercantil "TRANSPORTE DE VALORES VISETECA", C.A.", domiCiliada en la Avenida Rómulo Gallegos, Local N° 54, Sector Boleita Sur, Estado Miranda, para que preste los Servicios de Traslado y Custodia de Valores previstos en el Artículo 2, literal b) del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, contenido en el Decreto Nº 699 del 14 de enero de 1975, publicado en la Gaceta Oficiai de la República de Venezuela N° 30.597 de esa misma fecha.

personal bajo sistema de tenencia de armas, previa obtención de todos los aplicable.

ARTicuLo 3: El servicio brindado al amparo de la presente renovación estará sujeto al control y fiscalización del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, e igualmente el incumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, dará origen a la suspensión o revocatoria de la misma.

ARTicuLo 4: Con la notificación de la presente resolución se otorga la Renovación del Permiso de Funcionamiento de la Sede Principal, el cual tendrá validez de un (01) año contado a partir de la fecha de su notificación, con lo cual se autoriza a desarrollar los servicios mencionados en la jurisdicción de todo el territorio nacional.

Comuníquese y publíquese.

NUEL SABING SUAREZ HIDALGO VICEMINISTRO

11% Wt REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 2040, 155º y 150 FECHA_18 JUL. 2014 N°_283 RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto Nº 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de làs atribuciones que le confiere el artículo 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en el artículo 76 del Decreto N° 9.045 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y lo previsto en el artículo 5 numeral 2; artículo 20 numeral 6, artículos 71 y 72 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; artículos 71 y 72 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa; Designa al Ciudadano ANGEL ALBERTO ESPIDEL AGUILAR, titular de la cédula de identidad N° V-4.810.161, como Director General Encargado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, órgano desconcentrado dependiente de este Ministerio.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, MINISTRO MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204º, 155º y 150 284 N°_

FECHA_21 JUL, 2016

RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto Nº 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77 del Decreto con- Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en el artículo 5, numeral 2, artículo 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; lo previsto en el artículo 4 literal A, numeral 3, del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designa al ciudadano MARco FIDEL HERNANDEZ TORRALVO, titular de la cédula de identidad N° V- 7.826.426, COMO DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE ESTE MINISTERIO.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

MINISTRO MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204°, 155° Y 15° N°294 22 JUL. 2014 Fecha_ RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto Nº 2 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones legales que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículos 5 numeral 2; y el artículo 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y lo previsto en el articulo 4, numeral 1, literal b) de la Resolución N° 31 de fecha 24 de febrero del 2011, contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de mayo de 2011, DESIGNA a la Ciudadana ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad V-6.856.233, para oCUpar el cargO de DIRECTORA, en la OFICINA DE ASUNTOS PUBLIcos (COD 488), adscrita al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional,

MINISTRO MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204°, 155° Y 150 N°292 22 JUL. 2014 Fecha_ RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 2 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones legales que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2; y el artículo 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 70, de la Ley de Registro Público y del Notariado, y lo previsto en el artículo 4, numeral 1, literal d) de la Resolución N° 31 de fecha 24 de febrero del 2011, contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de mayo de 2011, DESIGNA a la ciudadana MARTHA CARMEN SANCHEZ BLÁNCO, titular de la cédula de identidad V-10.800.636, para ocupar el cargo de NOTARIA, en la NOTARIA PUBLICA TRIGESIMASEXTA DE CARACAS, MUNICIPIO LIBERTADOR (CÓD. 43), adscrita al_Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

MINISTRO

MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204°, 155° Y 15° $N°296 22 JUL. 2016 Fecha_ RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 2 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.151, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones legales que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2; y el artículo 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 70, de la Ley de Registro Público y del Notariado, y lo previsto en el artículo 4, numeral 1, literal d) de la Resolución N° 31 de fecha 24 de febrero del 2011, contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de mayo de 2011, DESIGNA a la Ciudadana MARIA GABRIELA MORILLO PEREZ, titular de la cédula de identidad V-14.908.982, para ocupar el cargo de NoTARIA, en la NOTARÍA PÚBLICA DECIMASEPTIMA DE CARACAS, MUNICIPIO LIBERTADOR (CÓD. 24), adscrita al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional,

MINISTRO MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204°, 155° Y 150 N°289 Fecha__22 L. 2014 RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 2 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones legales que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2; y el artículo 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 15, de la Ley de Registro Público y del Notariado, y lo previsto en el artículo 4, numeral 1, literal c) de la Resolución Nº 31 de fecha 24 de febrero del 2011, contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de mayo de 2011, DESIGNA al ciudadano HENRY RAFAEL CASTELLANO GALBAN, titular de la cédula de identidad V- 2.744.419, para ocupar el cargo de REGISTRADOR, en el REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ANZOATEGUI (CóD. 263), adscrito al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional,

MINISTRO MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204°, 155° Y 150 N°290 22 JUL. 201 Fecha_ RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 2 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones legales que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2; y el artículo 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 15, de la Ley de Registro Público y del Notariado, y lo previsto en el artículo 4, numeral 1, literal c) de la Resolución N° 31 de fecha 24 de febrero del 2011, contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de mayo de 2011, DESIGNA al ciudadano FERDY RIGOBERT FLORAN BOSCAN, titular de la cédula de identidad V- 14.053.717, para ocupar el cargo de REGISTRADoR, en el REGISTRO PÚBLICO DEL SEGUNDO CIRCUITO DEL MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA (CÓD. 4$0), adscrito al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

MINISTRO

MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204°, 155° Y 150 N°293 22 JUL. 2016 Fecha_ RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 2 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones legales que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2; y el artícuio 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 15, de la Ley de Registro Público y del Notariado, y lo previsto en el artículo 4, numeral 1, literal c) de la Resolución N° 31 de fecha 24 de febrero del 2011, contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de mayo de 2011, DESIGNA al ciudadano ZAKI HANNA HANNA, titular de la cédula de identidad V- 12.562.731, para oCupar el cargo de REGISTRADOR, en el REGISTRO MERCANTIL SEPTIMO DEL DISTRITO CAPITAL (CÓD. 225), adsCrito al Servicio Autónomo de Registros y Notarías ($AREN).

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

MINISTRO MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204°, 155° Y 150 N°_295 22 JUL. 2016 Fecha_ RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 2 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.151, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones legales que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2; y el artículo 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 15, de la Ley de Registro Público y del Notariado, y lo previsto en el artículo 4, numeral 1, literal c) de la Resolución N° 31 de fecha 24 de febrero de 2011, contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de mayo de 2011, DESIGNA a la identidad V-9.987.475, para ocupar el cargo de REGISTRADoRA, en el REGISTRO PUBLICO DEL PRIMER CIRCUITO DEL MUNICIPIO GIRARDOT, ESTADO ARAGUA (CÓD. 281), adsCrito al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, MINISTRO MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO MINISTERIO DEL PODÉR POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO DM N ° 053-1 Caracas, 18 de febrero de 2014 204° / 155° / 15° RESOLUCION Por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, según consta en el Punto de Cuenta N° 021 de fecha 11 de febrero de 2014, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 236 numeral 16 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo a lo previsto en los artículos 7 y 10 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior; el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Elías Jaua Milano, designado mediante Decreto N° 9.351 del 15 de enero de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 40.090 de fecha 15 de enero de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 62 y 77, numerales 4 y 19 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31 de julio de 2008.

RESUELVE Cesar a la ciudadana Milena Coromoto Santana Bolivar, titular de la cédula de identidad N° V.- 3.517.117, como Embajadora Extracrdinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de India.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción, deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de la República y consignarlo ante la Oficina de Recursos Humanos.

Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos, para que notifique a la interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Cemuníquese y ubliquese, Elias Jaua Milano Ministro dl Poder Popular para Relaciones Exteriores

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO DM N° 061-4-1 Caracas, 19 de febrero de 2014 203° y 154° y 15° RESOLUCION Por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, según consta en el Punto de Cuenta N° 021 de fecha 11 de febrero de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo a lo previsto en el articulo 10 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior publicada en Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013. El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Ellas Jaua Milano, designado mediante Decreto N° 9.351 del 15 de enero de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013. publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, en cumplimiento a lo previsto en los artícuios 62 y 77, numeral 19 del Decreto N° 6.217. con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con el articulo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario.

RESUELVE Designar a la ciudadana Milena Coromoto Santana Bolivar, titular de la cédula de identidad N° V.- 3.517.117, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Suecia. Responsable de la unidad administradora N° 42124.

De conformidad con el articulo 23 de la Ley Contra la Corrupción, deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido pcr la Contraloria General de la República y consignarlo ante la Oficina de Recursos Humanos.

Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos, por órgano de la Dirección de Personal del Servicio Exterior, para que notifique a la interesada cumpliendo con lo establecido en el articulo 73 de la Ley Orgánica.de Procedimientos Administrativos.

niquese y Publiquese, Elias Jaua Milano Ministro del Poder-Popular para Relaciones Exteriores

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA RESOLUCIÓN N° 14-07-01

El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 5, 7, numerales 2) y 7), 21, numeral 16), 52, 57 y 122 de la Ley que rige al Instituto, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Convenio Cambiario N° 1, así como en lo contemplado en el artículo 1 del Convenio Cambiario N° 23 del 24 de octubre de 2013, y los artículos 1 y 5 del Convenio Cambiario N° 28 del 3 de abril de 2014;

Resuelve:

Artículo 1.- Las casas de cambio regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, a los fines de poder realizar operaciones en el mercado cambiario alternativo de divisas, como debidamente autorizadas por el Banco Central de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública. La autorización en referencia será otorgada por períodos que no excederán de un año fiscal, y será emitida en consideración a la estrategia de política cambiaria, y atendiendo a la robustez de los indicadores financieros de aquéllas, conforme a opinión de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, y a la evaluación que sobre su desempeño como operador cambiario del régimen administrado de divisas realice el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).

Parágrafo Único: Las operaciones a que se contrae el encabezamiento de este artículo tendrán por objeto la compraventa de divisas en billetes extranjeros, cheques de viajeros, o de divisas a personas naturales a través de transferencias; así como la compra de cheques cifrados en moneda extranjera y las operaciones de tipos de cambio previstos en los artículos 2 y 3 del Convenio Cambiario N° 28 del 3 de abril de 2014.

Artículo 2.- Las casas de cambio, previo a la ejecución de las operaciones de compraventa de divisas autorizadas conforme a lo dispuesto en el Convenio Cambiario N° 28 del 3 de abril de 2014 y en la presente Resolución, deberán Venezuela, en los términos previstos en la normativa que, se dicte al efecto, el detalle de tales operaciones a los fines del control y seguimiento de las mismas.

Artículo 3.- La compra de divisas por parte de las casas de cambio de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la presente Resolución podrá realizarse con personas naturales, incluyendo aquellas a las que se contrae el artículo 1 del Convenio Cambiario N° 23 del 24 de octubre de 2013, siempre y cuando en todos los casos indiquen el origen y destino lícito de los recursos, de conformidad con los lineamientos, términos y condiciones dictados en el Convenio Cambiario N° 28 de fecha 3 de abril de 2014 y en la presente Resolución, en concordancia con la regulación que dicte al efecto el Banco Central de Venezuela y la normativa prudencial emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

Parágrafo Único: Atendiendo al régimen de operación establecido en el Convenio camblo el límite establecido en el Parágrafo Segundo del artículo 1 del Convenio Cambiario N° 23 del 24 de octubre de 2013.

Artículo 4.- Salvo lo dispuesto en el artículo 7 de la presente Resolución, las casas de cambio podrán realizar operaciones de venta de billetes extranjeros y de divisas a través de transferencias únicamente a personas naturales, mayores de edad, nacionales y con residencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, intermediación que efectúen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de esta Resolución.

Parágrafo Primero: Las operaciones de venta a que se contrae el presente artículo, no podrán superar los límites máximos diarios, mensuales y anuales que el Banco Central de Venezuela, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, determine mediante Aviso Oficial dictado al efecto. El control sobre el cumplimiento de los aludidos límites, será realizado automáticamente en la oportunidad del registro de la operación respectiva en la plataforma tecnológica a que se refiere el artículo 2 de esta Resolución.

Parágrafo Segundo: En los casos que las operaciones de venta de divisas conforme a lo previsto en este artículo sean realizadas a través de transferencias, las mismas deberán acreditarse en cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional a nombre de la persona natural que realiza la operación.

Artículo 5.- Sin perjuicio de los requisitos que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario establezca mediante normativa prudencial dictada al efecto para la compraventa de divisas conforme a la presente Resolución, las personas a que se refiere el artículo 4 del presente instrumento, interesadas en realizar operaciones de compra de divisas a través de las casas de cambio autorizadas a tales fines, según lo dispuesto en el artículo precedente, deberán consignar al momento de realizar el trámite de la respectiva operación ante aquellas la siguiente documentación:

1. Original y copia de la cédula de identidad.

2. Original y copia del Registro Único de Información Fiscal, o ejemplar del Comprobante Digital vigente.

3. Constancia de residencia del interesado en la República Bolivariana de Venezuela.

4. Copia de la última declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta en la que se contribuyente. Para el caso de los pensionados o jubilados que perciban exclusivamente como ingresos montos por concepto de retiro, jubilación o Sobre la Renta o constancia de no deciaración de dicho tributo, según sea el caso.

5. Original de constancia de ingresos expedida por el pagador con no más de treinta (30) días continuos de anticipación a la fecha de realización de la operación, con expresa mención de los datos de identificación del solicitante; en caso de personas naturales sin relación de dependencia, o cuyo patrono lo constituya una persona natural, deberá consignar original de Certificación de Ingresos por Contador Público, expedida con no más de treinta (30) días continuos de anticipación a la fecha de realización de la operación.

6. Declaración jurada de origen y destino de los recursos.

Parágrafo Primero: Las personas pensionadas o jubiladas a que se refiere el numeral 4 del presente artículo, deberán consignar adicionalmente a la documentación allí indicada, el(los) documento(s) donde se evidencie(n) su condición como pensionado o jubilado. Asimismo, en el caso de los estudiantes, éstos deberán consignar original de la constancia de estudios respectiva y copia certificada de su partida de nacimiento, pudiendo dar cumplimiento con los requisitos dispuestos en los numerales 4 y 5 de este artículo, con la consignación de los documentos allí previstos correspondientes a la persona que financia la adquisición de divisas de que se trate a beneficio del estudiante, quien deberá mantener con el estudiante lazos de primer grado de consanguinidad en línea recta ascendente o ser su representante legal, en cuyo último caso deberá consignarse copia certificada del documento del que emane tal condición.

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Parágrafo Segundo: Las casas de cambio deberán abstenerse de procesar operaciones de solicitud de compra de divisas que le sean presentadas por personas naturales que se encuentren sujetas a un proceso de investigación en los términos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilicitos, y/o sobre las que hayan determinado medidas de carácter administrativo previstas en la normativa cambiaria, así como las tramitadas por un monto que al tipo de cambio de referencia que resulta aplicable a la misma conforme a lo estipulado en el artículo 3 del Convenio Cambiario N° 28 del 3 de abril de 2014, concepto de retiro, jubilación o invalidez, según sea el caso, en función de la documentación requerida en el presente artículo.

Artículo 6.- Las personas señaladas en el artículo 1 de la presente Resolución, que actúen en el mercado alternativo de divisas, deberán anunciar públicamente en sus oficinas mediante avisos destinados a tal fin, el tipo de cambio oficial de compra y de venta de divisas, así como el porcentaje o monto aplicable por concepto de comisión por las operaciones de compra y venta de divisas que realicen de acuerdo con lo establecido en la normativa dictada al efecto por el Banco Central de Venezuela, el cual no podrá exceder del dos por ciento (2%) del monto de la operación.

Parágrafo Único: La comisión a que se refiere el presente artículo será caicuiada sobre el valor en bolívares de la operación correspondiente.

Artículo 7.- Se autoriza a los bancos universales, a los bancos microfinancieros y a Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, a actuar como operadores cambiarios a los efectos dispuestos en el Convenio Cambiario N° 23 del 24 de octubre de 2013, en los términos previstos en dicho Convenio, y en cualesquiera de sus agencias y oficinas en el territorio nacional.

Artículo 8.- Los operadores cambiarios, en el ejercicio de las operaciones de compraventa de divisas a que se refiere la presente Resolución, deberán garantizar mismas, la causa que les da origen y el destino de los fondos, manteniendo a disposición del Banco Central de Venezuela y del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública la documentación que soporta tales operaciones, por al menos el lapso de diez (10) años calendario; sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa especial dictada en la materia por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

Asimismo, deberán reportar al Banco Central de Venezuela y a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario a través de los mecanismos que al efecto se dispongan, la información relativa a las operaciones realizadas; ello, sin perjuicio del suministro de cualquier otra información que les sea requerida por éstos, la cual deberá ser atendida en la oportunidad y forma indicada a tal fin.

Artículo 9.- Las casas de cambio deberán adoptar e implementar las medidas y procedimientos que sean necesarios a los fines de evitar los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y con la delincuencia organizada. Asimismo, deberán asegurarse que sus clientes y/o usuarios no estén incursos en delitos contemplados en las leyes contra la delincuencia organizada, ni en ilícitos administrativos consagrados en la normativa que regula el régimen cambiario.

Artículo 10.- El incumplimiento de lo establecido en esta Resolución o en la normativa, los procedimientos, circulares e instrucciones que se dicten en ejecución de ésta por parte del Banco Central de Venezuela y de la Superintendencia de las lugar a la suspensión temporal o definitiva de los operadores cambiarios y/o de las personas naturales o jurídicas respectivas, para realizar las operaciones de compraventa de divisas a que se refiere la presente Resolución; sin perjuicio de la aplicación de las sanciones penales y/o administrativas a que hubiere lugar.

Artículo 11.- La presente Resolución entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con excepción de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la misma, en cuanto refieren a la venta de billetes extranjeros, cheques de viajeros, o de divisas a personas naturales a través de transferencias por parte de las casas de cambio que sean autorizadas a tales fines, los cuales surtirán efecto a partir de la fecha en que el Banco Central de Venezuela, mediante Aviso Oficial aprobado por su Directorio en coordinación con el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, autorice a éstas la venta de divisas por medio del mecanismo dispuesto en esta Resolución a las personas naturales, mayores de edad, nacionales y con residencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Parágrafo Único: Hasta tanto el Banco Central de Venezuela autorice la venta de billetes extranjeros, cheques de viajeros, o de divisas a través de transferencias por parte de las casas de cambio que sean autorizadas al efecto, a través del mecanismo dispuesto en la presente Resolución, las divisas por éstas adquiridas con ocasión de su intervención en el mercado alternativo de divisas, serán de venta obligatoria al Banco Central de Venezuela al tipo de cambio oficial previsto en el artículo 14 del Convenio Cambiario N° 27 del 10 de marzo de 2014, dentro de las cuarenta y ocho dispuesto en el Parágrafo Primero del artículo 5 de la Resolución N° 11-11-01 del 3 de noviembre de 2011.

Caracas, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2014.

En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad de la presente Resolución.

Comuníquese publíquese.

PRIMERA José Salamat Khan Fernández Primer Vicepresidente Gerente (E) .

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

AVISO OFICIAL

El Directorio del Banco Central de Venezuela, en coordinación con el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, informa a los Tribunales de la Jurisdicción Penal Ordinaria, al Ministerio Público, a los órganos o entes administrativos con competencias sancionadoras del régimen administrado de divisas, a las instituciones bancarias y al público en general, lo siguiente:

1. El reintegro que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, deban realizar los sujetos que hayan cometido ilícitos o contravenido la normativa cambiaria en el proceso de adquisición, disposición o destino final de divisas, en ejecución de decisión Venezuela, a través del operador cambiario respectivo, siguiendo las Instrucciones establecidas en el presente Aviso Oficial así como en los manuales e instructivos dictados al efecto por este Instituto.

Cuando la decisión del órgano sancionador establezca que el reintegro en referencia pueda ser efectuado en bolivares, deberá aplicarse al monto correspondiente el tipo de cambio de referencia previsto en el artículo 14 del Convenio Cambiario N° 27 del 10 de marzo de 2014, vigente para la fecha en que se cumpla la obligación. En el supuesto de que la obligación esté denominada en una divisa distinta al dólar de los Estados Unidos de América, se efectuará la conversión de la misma para expresarla en dólares de los Estados Unidos de América y al monto resultante le será aplicado el tipo de cambio de referencia antes mencionado. Esta conversión deberá ser realizada por la institución bancaria al momento de recibir el pago.

2. El reintegro a que se alude en el presente Aviso Oficial, deberá efectuarse por ante el operador cambiario autorizado del sujeto obligado a través del cual se tramitó la operación objeto de la sanción, salvo en los casos que por circunstancias ajenas a la voluntad del obligado no pueda ejecutarse ante ese operador, en cuyo de operadora cambiaria, se indique en la decisión correspondiente.

3. Queda expresamente entendido que las sumas objeto de reintegro serán entregadas por parte del operador cambiario al Banco Central de Venezuela, en los términos y condiciones previstos por este Instituto a tales fines.

4. Para efectos del cálculo de la multa prevista en el artículo 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, deberá aplicarse el tipo de cambio de referencia previsto en el artículo 14 del Convenio Cambiario N° 27 del 10 de marzo de 2014, vigente para la fecha en que se cumpla la obligación.

En el supuesto de que la obligación esté denominada en una divisa distinta al dólar de los Estados Unidos de América, se efectuará la conversión de la misma para expresarla en dólares de los Estados Unidos de América y al monto resultante le será aplicado el tipo de cambio de referencia antes mencionado. -Esta conversión deberá ser realizada por la institución bancaria al momento de recibir el pago de la multa.

Caracas, 22 de julio de 2014.

En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial.

Comuníquese y publíquese.

PRIMERA VICEPRESIDENCIA José Salamat Khan Fernández GekeciA Primer Vicepresidente Gerènte (E)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD NÚMERO 337 23 DE JULIO DE 2014 204º, 1540 y 15° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, este Despacho Ministerial,

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RESUELVE

Artículo 1. Designar al ciudadano FRANCo DÍAZ, titular de la cédula de identidad número V- 4.853.704, como Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, creada mediante Resolución número 389 de fecha 05 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.288 de fecha 06 de octubre de 2005, adscrita al entonces Despacho del Viceministro de Redes de Servicios de Salud, a través Resolución número 127 de fecha16 de julio de 2010 publicada en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela número 39.468 de fecha 19 de julio de 2010.

Artículo 2. Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente.

ARTícuLo 3. La presente Resolución tiene vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Notifíquese y publíquese, W..

FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Ministro del Poder Popular para la Salud Decrêto No 558 de fecha 05 de noviembre de 2013 Gaceta Oficial N° 40.287 de fecha 05 de noviembre de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD NÚMERO 340 23 DE JULIO DE 2014 204º, 155º y 15° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y artículos 17, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 49 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, este Despacho Ministerial,

RESUELVE Artículo 1. Se designa a la ciudadana BELÉN OLIVA MURZI VIVAS titular de la cédula de identidad número V-8.023.200 para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como DIRECTORA GENERAL DE I NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, adscrito al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Redes de Atención Ambulatoria de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

PALIV Artículo 2. La CiUdadana BELÉN OLIVA MURZI VIVAS antes identificada una vez culminadas sus funciones como DIRECTORA GENERAL DE I NIVEL DE ATENCIÓN EN SALuD, deberá reincorporarse inmediatamente a su cargo de origen como Médico de Salud Pública II.

Artículo 3. Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente.

Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Notifíquese y Publíquese, FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Ministro del Poder Popular para la Salud Decreto N° 558 de fecha 05 de noviembre de 2013 Gaceta Oficial Nº 40.287 de fecha 05 de noviembre de 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Caracas, 2 1 JUL. 2014 Número:

204º 155º y 15° 00:057

RESOLUCIÓN En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 5, ordinal 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, designo a partir de 17-07-2014, al ciudadano LERMIS ALEXANDER LARA PERDOMO, titular de la Cédula de Identidad ESTADAL DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE GUÁRICO, de este Organismo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública en concordancia con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 26 ejusdem, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31-07-2008, se le autoriza para firmar los actos y documentos en las materias Popular para el Ambiente.

..

A tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del Capítulo II del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el sistema presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 de fecha 12-08-2005, Decreto N° 3.776 del 18-07-2005, en concordancia con la Resolución N° 000178 de fecha 09-12-2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.312 del 10-12-2013, se le autoriza para que actúe como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada: Dirección Estadal del Poder Popular para el Ambiente Guárico, Código N° 00749.

Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional, His prel. Roolus MIGUEL LEONARDO RODRÍGUEZ Decreto N° 338 de fecha 15/08/2013 Gaceta Oficial 40.231 de fecha 19/08/2013 Reimpreso por error material en Gaceta Oficial N° 40.252 de fecha 17/09/2013

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DESPACHO DEL MINISTRO Resolución No.

Caracas, de de 00:059 2 2 JUL 2014 AÑOS 204°, 155° y 15°

De conformidad con lo establecido en los artículos 62, 77 numeral 9 y 111 de la Ley Orgánica de la Administración Pública;

RESUELVE ARTícuLo ÚNICO: Publicar en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el Acta de Asamblea Extraordinaria de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA) , celebrada en 3 de febrero de 2014, autenticada por ante la Notaría Pública Octava del Municipio Libertador bajo el Nº 12 del Tomo 100 de fecha 18 de junio de 2014, mediante la cual, entre otros puntos, se acordó designar como Directora a la ciudadana María Eugenia Benítez, cédula de identidad N° 5.355.210, a partir del 1º de febrero de 2014.

Comuníquese y publiquese, por el Ejecutivo Nacional Yiomell.Reolud MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ MINISTRO DEL PODER POPI'LAR PARA EL AMBIENTE Decreto N° 338 del 15 de agosto de 2013 Gaceta Oficial N° 40.231 de fecha 19 de agosto de 2013 Reimpreso por error material en Gaceta Oficial N° 40.252 del 17 de septiembre de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA * MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ *** Miercales. 18 de Junio de 2014 NOTARÍA PÚBLICA OCTAVA DE CARACAS MUNICIPIO 204 * y 155 LIBEKTADOR NOTA DE AUTENTICACIÓN El Anterior Documento redactado por ei abogado: Esther Gabriela Villamizar Maita. inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 10ooo7. fue presentado para su autenticación y devolución según trámite de número 15.2014.2.3029.

Presente su otorgante dijo llamarse: Marelvis Bastos De Perez de nacionalidad venezolana, mayor de edad. domiciliado en Libertador. Distrito Capital. estado civil casado, titular del Documento de Identidad cédula: V-12781353.

Leido el documento y confrontado con sus fotocopias, firmado en estas y el presente original, en presencia del Notario, Su otorgante eXpusO: SU CONTENIDO ES CIERTO Y MÍA LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE ESTE DOCUMENTO.

El Notario hace constar que informó a las partes del contenido, naturaleza y trascendencia legales del acto otorgado en conformidad con lo estabiecido en el Ordinal 2° del Artículo 79 de la Ley de Registro Público y del Notariado. En tal virtud lo declara Autenticado en presencia de los testigos: Luis Eduar de Lozada y Gregorio Jose O$una Castro, titulares de los documentos de identidad: cédula: V-15244300 y cédula: V-5135650. respectivamente.

Por Servicio Autónomo de Registros y Notarias se canceló la cantidad de no causa , según Planilla N° 01500056564, de fecha 12/06/2014.

El Notario Público que suscribe certifica que tuvo a su vista: Decreto N° 1.304, de fecha 26-11-1981, por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador, hoy Municipio Libertador, del Distrito Federal, hoy Distrito Capital, de fecha 19-07-1982, bajo el N° 5, Tomo 9, Protocolo 1. Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 03-02-2014.

NOTARIARUBLI OCTAVA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR, NÚmeTO: 12, TOmO: 100.

Bogos 48 hastd.43.

D. GANEN Natazio.

Los Otorgantes:

Los Testigos:

MARELVIS BASTOS DE PEREZ Marelia pesto + GABGORIO JOG OSUNA CASTRO Abogado Maria Ellzabeth-Suescún Silva Inpreabogado Nº 74.327 Acta del Consejo Directivo Extraordinaria de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA);

Celebrada el 3 de Febrero del 2014, en la Sade do la Dirección Goneral de Bosquos dol Ministerio del Podor Popuiar para el Ambionte Agenda:

1. Renuncia del Director Ingeniero Forestal M.Sc. Ernesto Arends Rodríguez 2. Designación del nuevo Director 3. Puntos Varios.

(IFLA), convocada para el 3 de febrero del 2014, se celebró en la sede de la Dirección General de Bosques del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en la ciudad de Caracas, a las diez y media de la mañana con la presencia del Dr. Jesús Alexander Cegarra, Director General de Bosques del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la Lic. Marelvis Bastos Montañez, Puectora General de la Oficina de Gestión y Cooperación Internacional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, el ing. For. M.Sc. Francisco Rivas, Representante de la Universidad de Lös Andes y el Ing. For. M.Sc. Ernesto Arends Rodriguez, Director del IFLA.

1.- Renuncia del Director Ing. For. M.Sc. Ernesto Arends Rodríguez. Se consideró la renuncia al cargo del Director de la Fundación IFLA, por parte del Ing. For. M.Sc. Ernesto Arends Rodriguez, la cual fue aceptada, sin ninguna observación, en los términos en que ha sido presentada.

Designación del nuevo Director. Se designó como Directora del IFLA a la Ing. For. M.Sc. eugenia Benitez, C.1. 5.355.210. a partir del 1 de febrero del año en curso.

Púntos Varios. Se aprobó hacer la solicitud al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. para el trámite administrativa de la Comisión de Servicios para el IFLA de la Ing. For. M.Sc. María Eugenia Lon!toz.

Se acuerda iniciar los trámites relativos a la designación de la Ing. For. M.Sc. Maria Eugenia Benitez, dentro de la mayor brevedad posible, a objeto de no ocasionar interrupciones en las labores del Instituto y los compromisos en marcha, con diferentes instancias del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

No habiendo más que tratar, se levanto la sesión a las 12:30 m.

Dr. Jesia Axarder Cegarra Lic. Marelvis Basfos Mo tane Director General de Bosques * * Directora General Oficina de Gestión y Cooperación Internacional Ing. For. M°Sc. Francisco Rivas Representante de la Universidad de Los Andes FUNDACIOR fena Ing. For. M.Sc. Ernesto Arends Rod Director del IFLA Secretario del Consejo Directivo

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 613 CARACAS, 16 DE JULIO DE 2014 AÑOS 204°, 155° y 15° En ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 11 del artículo 78, de conformidad con el numeral 3 del artículo 79 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, en concordancia con el numeral 5 del artículo 5 y artículo 18 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, DECIDE Artículo 1. Nombrar al ciudadano MARCO ANTONIO ÁLVAREZ ROA, titular de la cédula de identidad N° V-11.689.768, como JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ENCARGADO), CÓDIGO RAC-022, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

Artículo 2. El referido ciudadano antes de asumir el cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuentas en los términos y condiciones que determine la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Artículo 3. Los actos y documentos firmados a partir de la publicación de esta Providencia Administrativa, deberán indicar de forma inmediata bajo la firma del funcionario nombrado, la fecha y número de la misma y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la cual haya sido publicada.

Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, fecha a partir de la cual queda sin efecto la Providencia Administrativa N° 570 de fecha 07 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.420 de fecha 27 de mayo de 2014.

Comuníquese y publíquesé

Gonzalo Humberto LAna Lop Vicepresidente del Instituto Nacionarde ios Eseacig Aduáticos Designado mediante Resolución N° 082 de fecha 22 de mo d 201ubgGte al N° 40.424 de fecha 02 de junio qo 2014 §$ "2014 Año de la Juventud Vèpezplana No podemos optar entre vencer o morir necagario es venc

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES -2 safonacc RABA

CJ-0008-2014 ENCOMIENDA CONVENIDA ENTRE EL SERVICIO AUTÓNOMO FONDO FUNDACIÓN "MISIÓN CHE GUEVARA" PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS EN LA CULMINACIÓN DE LA CUARTA Y QUINTA FASE DE 3.384 VIVIENDAS. CONSTRUIDAS EN LOS TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL HABITAT EJECUTADO ÉN EL MÁRCO DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA

Entre el SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE LOS CONSEJOS POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, Creado mediante la Ley de Consejos Comunales. publicada en la Gacęta Oficial de la República Bolivarana de Venezueia N° 5.806, Extraordinaria de fecha 10 de abril de 2006. identificado con el Registro de Información Fiscal G,2opas703-9.

titular de la cedula de identidad N° 8.323.308, designado mediante Decreto Presidencial N° 189 de fecha 18 de junio de 2013. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana ce Venezuela N° 40.191. de la misma fecha y reimpreso por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.273 ce fecna 16 de octubre de 2013: suficientemente facultado para este acto conforme a las atribuciones conferidas en el numeral 7 del articulo 16 y la Disposición Final Primera del Reglamento Organico del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales, públicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.878 de fecna 26 de febrero de 2Q08. en concordancia con el articulo 2. 12 de la delegación de atribuciones y firma, contenida en la Resolución MPCPS-N' 06 1-2013 de fecha 15 de julio de 2013. publicada en la Gaceta Oficial de la República Boivanana de Venezuela_N° 40.221.de fecha 5 de agosto de 2013. emanada del MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, Ciudadano REINALDO ITURRIZA: que en lo adelante y a los efectos del presente instrumento se denominara "EL SAFONAcc". por una parte. y por la otra la FUNDACIÓN "MISIÓN CHE GUEVARA". ente con personalidad juridica y patriman:o propio. adscrito al Ministerio del Poder Popular para Las Comunas y Los Movimientos Sociales. creada inicialmente bajo la denominación de Fundación Misión Vueivan Caras. según Decreto N° 3.279. de fecha 30 de noviembre de 2004.

pubicsoc un ia Gaceta Oficial ce la República Bolivariana de Venezuela N° 38.077 ce fecna 1° ce diciembre de 2004. cuya Acta Consututiva y Estatutos Sociales fueron DeDiosmente protócolizagos por ante la Oficina Subalterna, Registro del Segunco Circurto dei Municipio Libertador dei Distrito Capital en fecna 23 de abril de 2005, pa,o er N° 10. Tomo 5. Protocolo Primaro y publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezueia N° 38.176. de fecha" 29 de abril de 2005:

poster:oriente reformados y registrados en la citada Oficins de Registro en fécha 31 de enero ce 2012. quedando anotado bajo ei N° 32, Folio 197. Tomo 4. del Protocolo de Transcnpción dei presente año respectivamente y publicado en la Gaceta Oficial Ce la RepuDica Bolivariana ce VeneZuela N° 39.873 de fecha 29'de febrero de 2012 e inscrita oicna Funcación en el Registro de Información Fiscal (R.1.F.) bajo el N° G- 20007ss9-ô, representada en este acto por el ciudadano-PEDRo EMILIO GUERRA CASTELLANO. titular de la ceauia de dentidao N° V-12.213.236, len Su caracter de Pres.canje Ce la Funcacion "Misión Cne Guevara". designado mediante Resolución Ilin.Siena: àPPCMS N° 124-2013. de fecna 28 ae noviembre de 2013, publicado en a Sacets Oncial de la Repubiica Bolivanana de Venezuela N° 40.307 de fecha 3 ae Siciemore Se 2013. re:mpresa por error matenal en Gaceta Oficial de la República So.arana Ca Venezuela N° 40.312 ae fecha 10 de diciembre oe 2013. quien a los mismos efectos se Ganominara "LA FUNDACION"; las cuales conjuntamente en lo luces..C se ISentificarán como "LAS PARTES", Visto el Punto de Cuenta N° 001, de IeCna 08.U4/14. apr ODadO por et MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCHALES, acuerdan:-

CONSIDERANDO Que. es ceder del Ejesutivo- Nácional formular politicas públicas nacionales de cesarrono que garanticen "eficienteêmente la participación protagónica de las

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e pn n s e s se e n e n viviendas , naoitat signos, saludapies y pertinentes, asi como la ocupación racional Sei lefrtono CONSIDERANDO Que, en ios actuales momentos, en los que se ha fortalecido el trabajo entre el Estaco y ei puedo venezolano organizado mediante los Consejos Comunales, quienes cumpliendo una función social que les permite afianzar el Poder Popular de manera Poder Púbico Nacional. en este caso el fortalecimiento"de la Gran Misión-Vivienda Venezuela, teniendo como principal norte el cumplimento de los-compromisos, metas y proyectos planteados en ei Plan de ta Patria, instrumento político deja de per nuestro Comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frias.

CONSIDERANDO Que. en el marco del Proyecto Plan de Transformación Integral-del Habitar. el avance de la construcción de viviendas. por parte de los Consejos Comunales. bajo la modalidad de autoconstrucción. que viene desarroliapdo el MInisTERIQ DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS $OCIALES, bajO la rectoria del Órgano Superior de la Vivienda, ha completado física y financieramente las fases de acondicionamiento de terreno, fundaciones. superestructuras y ejecución fisica, quedando pendientes aún la fase de acabado de éstas. dificultandose su Cuiminación para la entrega a sus beneficiarios, lo cual se viene manifestando en la pública.

:2 Que. "LA FUNDACIóN" se encarga de promover el crecimiento socio-productivo del empleo. y que como ente responsable,de ta Comisión:Nacional de Insumos. por parte PELM RODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS del MINISTERIO MOVImiENTOS soéfÃEEs, Sadyuva-en la consecución de los objetivos plan:eados para la construcción de viviendas y la organización de la fuerza del trabajo socialista a través de Las Comunas, en plena articulación con los entes -involucrados en el desarrolio de los proyectos estructurales ce la Nación.

CONSIDERANDO asignados para el financiamiento de los proyectos de Transformación Integral cel oase popular nasta la entrega de los mismos.

REAFIRMANDO.

El manasto dei Comangante Supremo HUGO CHÁVEZ ERIAS. de que Ios Entes del Estcco ceden cooperar entre si para el logro de sus objetivos nacionales de desarrolio PARTES". nan convenio en Suscrbir como en efecto suscriben, la presente S n e n n D e n Asmin.stración Púolica. pubicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de las SIguentes cláusulas. PRIMERA. OBJETO: La presente ENCOMIENDA CONVENIDA tiene por objeto establecer el marco de cooperación interinstitucional entre "EL SAFONACC" y "LA FUNDACIÓN". a los fines de realizar acciones con,juntas para la adquisición de málenaies de construcción, bienes necesarios estos pars à Culin:nación de la Cuarta y quinta fase de TRES- Mi-sTResCIENTAS OCnENTA Y CUATRO (3.384) VIVIENDAS. construidas en los 24 estados del pais.

Encomienua togo ello conrertin descumpin las metas establecidas en los distintos Programas de Transiormacion Iintegrat-ae-Hápitat, ejecutados en al Marco de la Gran Mis-on Vvenda VeneZueIa. SEGUNDA. MQNTO Y ORIGEN DE LOS RECURSOS: "LAS PARTES" convienen quejgralcanca ge aste marco de cooperación comprende un mIONIO MAXImO de CJENTOIOCHENTA YTRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENIOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON 06/100 CTS. (Bs. 183.199.954,06), aprobado por el ciudadano Ministro del Poder Popuiar para ras Comunas y los Movimientos Sociales, Reinaldo Iturriza, conforme al Punto de Cuenta N° 601. de fecna 08 de abril de 2014, provenientes del SERviCIo AUTONOMO FONDO NACIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES correspcncente a la Acción Especifica 3: Transferencias de recursos a los Consejos Comunales en ei marco ce la Gran Mision Vivienda Venezueia (GMVV); destinados a los pro;ectos de autoconstrucción para la Transformación Integral del Habitat (TIH).

IERCERA. VIGENCIA. La presente Encomienda Convenida; tendra una duracion de SEIS (6) MEsES, contados a partir de la fecha de su suscripción y podra ser prorrogada, hasta por un periodo igual. previo acuerdo, por -escnto. suscrito entre de "LAS PARTES" y por tanto de estricto Cumplimiento a los fines de la ejecución dei presente Convenio las siguientes:-.

De "LA FUNDACIÓN":

A.

1. Asegurar ei eficiente cumplimiento de los objetivos establecidas èn ta presente Encamuenda Convenida, en el tiempo y condiciones-previstas para ello.

2. Cumpur con ios lineamientos y directrices establecidos por."EL MinisTERIO".

correcta, oportuna de acuerdo a las políticas establecidas al respecto.

3. Garantizar la entrega total de los materiales e insumos a los consejos de las TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (3.384) VIVIENDAS.

4. Administrar. supervisar e inspeccionar, las. actividades relacionadas con adquisición, suministro de los bienes que forman parte del presente Convenio.

086 5. Aplicar como ente contratante -los procedimientos de selección de contratistas.

de acuerdo a los supuecos cualitativos y cuantitativos que para cada requerimiento corresponda. en estricto cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Céburataciones Públicas y su Regilamento: debiendo car ncio a los tramites de jà coßtcatacion dentro,de los quince (15) dias siguientes a la entrada en vigegcfa dejaplesente encomienda.

6. Dar cumplimiento a lo estabiecido- en la Ley de Contrataciones Públicas y su Regiamento y a cuaiquier normativa aplicable en materia de contrataciones.

durante la vigencia de esta Encomienda en todos aquellos casos donde sea necesario el control y administraciór del o los contratos destinados para la adquisición y suministro de bienes, de lo cual deberá mantener informado periódicamente a "EL SAFONACC" sobre los procesos llevados a cabo en ocasión al presente Convenio.

-

de adquisición y suministro de bienes.

:reiaconados con la ejecucion del presente Convenib.i

16.Resguaraar y cuidar como un buen padre de familiarios bienes objeto'de este Convenio. agoptango las medidas necesarias para ta'conservación de ios n n munante, hasta su entrega definitiva a los beneficiarios.

11. Reaizar. el control perceptivo los bienes objeto dat-presenta Convenio Debendo suscribir el, acta de recepción de lo suministrado en las cantidades y cemas especificaciones a su satisfacción.

e e n n n n soc.mentos equivalentes. conjuntamente con el funcionario fiscalizador de verificar los Dienes objeto cel presente Convenio, todo lo cual aeberá estar 13. Remitir oportunameniaae SAFONACC" toda la documentación necesaria soore la tamitacién de ios pagos cofresponaientes a los suministros de matersies e insumos para-guminación de las TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CUATRO (a3a4) VIVIENDAS,previa presentaCIOn ae expediente cevicamertesedilicado podrá máxima autoridad, los cuales deben contener todos los soppaés éstabiecias en ta Ley-Orgânica de Administración Finânciera del Sector Público.

14.Remitir mensualmente y en la oportunidad en que le sea requerido por "EL MINISTERIO". la información respecto a la ejecución de la presente fnânciero de los contratos de adquisición y suministros, control de pagos, e noo da je eds nnnd n n o) contratación, asi como también, cualquier otra información qua le sea solicitada por EL MiNiSTERIO, en beneficio del resultado de la gestión encomendada.

15. Presentar los Informes de ejecución de ios contrato-, cuando se requieran para

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16.Suministrar periódicamente al "EL SAFONAcC información detallada por estaco. municipio y parroquia, de la entrega de mateñales e insumos a los consejos comunales.

expediente de la o las contrataciones para la adquisición y suministro de los bienes objeto del presente Convenio y facilitar a "EL SAFONACC" la documentación certificada pertinente a los fines del respaldo requerido para la ejecución de los pagos.

18. Las demás que se deriven del ordenamiento juridico y del presente Convenio para la Adquisición y Suministro de Bienes.

De "EL SAFONACC":

B.

2 1. Asegurar el eficiente cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente.

Encomienda Convenida, en el tiempo y condiciones previstas para ello.

2. Cumplir con los lineamientos y directrices establecidos por "EL MiNiSTERIO" para ejecutar las actividades de adquisición, suministro de bienes en-forma correcta.

oportuna de acuerdo a las politicas establecidas al respecto.

yadministrarlos 3. Garantizar la Disponibilidad Presupuestaria recursos provenientes del/ Fondo Simón Bolivar en el Marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela parajia Transformación Integral de Vivienda y Hábitat. de acuerdo al ejecucionrdelas empresas que cesuiten ganadoras en el proceso de cronograma de AL contratacion, que realizara la Fundación "Misión Che Guevara" para la adquisicion de 35.

ios materiales e insumos detallados en el Anexo "A" del presente instrumento.

4. Administrar los recursos objeto del presente Convenio, para lo cual exigirá a "LA contratos que haya suscrito con los proveedores.

5. Realizar los pagos de las facturas, órdenes de pago o documentos equivalentes.

conforme a los montos previamente autorizados y conformados de manera definitiva por "LA FUNDACIÓN", de acuerdo con lo establecido en el cronograma de pago y de entrega de los bienes objeto del presente Convenio.

MiiNIsTErio". la información respecto a la ejecución financiera, controt as pagos.

realizado a los proveedores inacando el monto,ejequtago,nasi como también cualquier otra información que sea solicitada por "EL MInisTEBIORuen beneficio gel 1. Verar por que el desembolso ae" los recursos económicos o financieros asignados para ta realizacion de las actividades de adquisición, suministro de Dienas, se realice de acuerdo con los cronogramas. puntos de cuenta u oficios aa asignación de recursos.

carácter formal necesarios para la presentación de las facturas. órdenes da pago o cocumentos equivalentes, a objeto de procesar el pago de los bienes objeto dai presente Convenio.

3. Realizar los descuentos a los consejos comunales beneficiados, por concepto

FUNDACIÓN".

FUNDACiON", es ei único Tesponsadle ael cumplimiento ae todos los procedimientos y tramites requeridos para la,contratación oe las empresas que tendrán a su cargo el omusionies que repercutan nagativameñte en là, entrèga da los recursos necesarios para ia adquisición de Dienes descritos en este documento. comprometiéndose a Contraioria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Ley contra la Corrupción y demas leyes aplicables. SEXTA. TERMINACIÓN DEL CONVENIO: El presente Convenio se considerará terminado por:

a.- Acuerdo entre las partes.

b.- Por el incumplimiento de una de "LAS PARTES" de cualquiera de las cláusulas previstas en el mismo.

c.- Por vencimiento del término establecido para surejecución o de cualquiera de sus prOrrogas. SÉPTIMA: EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: NingUna de "LAS

e e g s hns g

siguientes, a partir de la fecha en que se produzca el acontacirmiento, y lo pruebe Gentro de los cinco (05) dias hábiles siguientes a la fecha de su notificación a la otra parte. Si la situación que produce ei caso fortuito o fuerza mayor, tuviera una duración superor à un (01) mes, la parte que lo alegue podrá solicitar a la gtra, un nuevo plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, el cual no excederà de giez (10) dias continuos. OCTAVA. CESIONES o TRASPASOS: Este Convenio no Radrá ser obje;o de cesiones, o traspasos. parciales o totales sin la previa autorización dada por ascrito pOr "LAS PARTES". NOVENA. MODIFICACIONES DEL CONVENIO: El pre SEnIG PARTEs". siendo que no podrá ser modificado sin que medie el consentimiento expreso de las mismas, por lo que las modificaciones que se efectúen pasaran a formar parte integrante del presente instrumento a través del pertinente anexo modifique, derogue o amplíe lo acá establecido si no está debidamente acordado por eSCrito. DÉCIMA. INTERPRETACIÓN. DE LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO: Todas las dudas o controversias que pudieran surgir de la interpretación y ejecución del 24%A conciliatoriamente.

DÉCIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES: Todà ratificación o correspondencia que "LAS PARTES" deban dirigirse con ocasión a la ejecución de la presente Encomienda, se efectuará por escrito y en las direcciones que en este instrumento se establezcan, siendo que se considerarán practicadas y surtirán sus.efectos a partir de la fecha que indique su respectivo recibo. DÉCIMA SEGUNDA. DIRECCIONES DE LAS PARTES: A los fines del presente Convenio, se fijan las direcciones siguientes:

A. "Ei SAFOnACC": Av. Urdaneta, Edif. Centro Financiero Latino. Piso 15.

Oficina 5. Parroquia La Candelaria, Municipio Libertador. Distrito Capital.

Caracas-Venezuela.

B. FoNDAcIoN°: Avenida Nueva Granada, Eaificio

Venezueia Conven-ga, sus derivados y consecuencias "LAS PARTES eligen a la cibbaa de n n n cuyos Tribunales declaran someterse.

Se nacga.ios (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecio, en Caracas al ocng. (08) ge apr4 0e 2014.

POR SAFONACS ROR FUNDACION "MISION CHE GUEMRA" CONUNS POmOvUTOl SbCILES Senvido Audlirono Presidente ae SAFOueaoppidene de la FuNDACLON .MISIÓN CHE GUEVARA"

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 22 de Jullo de 2014 204°, 155° y 15° RESOLUCIÓN N° 014/2014 Quien suscribe, ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR, venezolana, titular de la cédula de identidad de edad, mayor N° V.-19.652.691, procediendo en su condición de Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, designada mediante Decreto N° 02, de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151, de la misma fecha, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 26 y los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5, 19 y numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en observancia con lo establecido en los artículos 16 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

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RESUELVE

ARTÍCULO 1: Designar a la Ciudadana EVA MARITZA ROSARIO cONTRERAS, titular de la cédula de identidad N° V.-7.660.782, COMO DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN DE MODELOS PRoDucTivos adscrita al Despacho de la Viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

ARTícuLo 2: La ciudadana designada queda facultada para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes al cargo.

ARTícuLo 3: Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma de la ciudadana designada la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada.

ARTicuLo 4: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, ANDREÍNA TARAZÓN BOLIVAR MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER YLAIGUALDAD DE GÉNERO Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPACHO DE LA MINISTRA

Caracas, 23 de Jullo de 2014 204°, 155° y 15° RESOLUCIÓN N° 01S/2014 Quien Suscribe, ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-19.652.691, procediendo en su condición de Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, designada mediante Decreto N° 02, de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151, de la misma fecha, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 34, 35, 62 y los numerales 2, 19, 26 y 27 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 y 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en observancia con lo establecido en los artículos 16 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

DECLARA ARTícuLo 1: Corregir por error material el número correlativo de la Resolución N° 012/2014 de fecha 21 de julio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.459 de fecha 22 de julio de 2014, mediante la cual se designa a la CIUdadana NIURKA CAROLINA QUINTERO CONTRERAS, titular de la cédula de_ identidad N° V.-14.062.349, como DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

Donde dice: "RESOLUCIÓN N° 012/2014".

Debe decir: "RESOLUCIÓN N° 016/2014".

ARTícuLo 2: Se procede a reimprimir el texto Íntegro de la referida Resolución debidamente corregida, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales, manteniéndose la misma fecha cambiando su numeración.

Comuníquese y Publíquese, ANDREÍNA TARAZÓN BOLIVAR MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA UJER Y LAJIGUALDAD DE GÉNERO Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2C13, aubuzado ar la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPACHO DE LA MINISTRA

Caracas, 21 de Jullo de 2014 204°, 155° y 15°

RESOLUCIÓN N° 016/2014

Quien susCribe, ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-19.652.691, procediendo en su condición de Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, designada mediante Decreto N° 02, de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151, de la misma fecha, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 34, 35, 62 y los numerales 2, 19, 26 y 27 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 y 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en observancia con lo establecido en los artículos 16 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimlentos Administrativos.

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Designar a la ciudadana NIURKA CAROLINA QUINTERO cONTRERAS, titular de la cédula de identidad N° V.-14.062.349, COMO DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

ARTícuLo 2: La ciudadana designada queda facultada para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes al cargo, así como la realización de los actos y la suscripción de comunicaciones concernientes a las atribuciones y actividades proplas de la oficina a su cargo.

ARTícuLo 3: Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma de la ciudadana designada la fecha, número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada.

ARTícuLo 4: De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, la ciudadana delegada será plenamente de esta delegación.

ARTícuLo 5: Quedan a salvo las estipulaciones contenidas en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional y lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto a los documentos cuya firma no puede ser delegada.

ARTícuLo 6: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y deja sin efecto la Resolución N° 001/2014, de fecha 27 de enero de 2014 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.361, de fecha 21 de febrero de 2014.

Comuníquese y Publíquese, ANDREÍNA TARAZÓN BOLIVAR MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA MUIÉR NALAIGEIALDAD DE GÉNERO Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013. puäizaão-en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA N°806 LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Exgediente n.° 11-0970 Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREŽ ALVARADO Consta en autos que por sentencia n.° 1074 dictada por esta Sala Constitucional el 1 de julio de 2011, fue declarada conforme a derecho la sentencia n.° 0148 dictada por la Sala de Casación Sociai el 4 de marzo

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de 2010, que declaró sin lugar el recurso de casación que fue interpuesto contra el fallo. que dictó el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección de Niños, Niñas y Adoiescentes de la Cirounscripción Judicial del Estado Apure, que, a su vez, confirmó la sentencia del Juez Unipersonal n.° 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Apure que, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, desaplicó el ARTfCULO 228 DEL CÓDIGO CIVIL, publicado en la Gaceta Oficial n.° 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982, y declaró con lugar la demanda de inquisición de paternidad que interpuso la ciudadana Emilia Isabel Infante Rivas en representación de su hija, Patricia Isabel Infante Rivas (para entonces menor de edad), contra Yolimar Alejandra Hernández Diaz, desaplicación que atiende únicamente a los derechos que comprende el reconocimiento y no aquellos derechos patrimoniales que pudieran derivarse de aquél. Asimismo, se ordenó a la Secretaria de la Sala Constitucional la apertura del expediente a los fines de que esta instancia jurisdiccional, en ejercicio de la competencia contenida en el ordinal 1 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el ordinal 1 del articulo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 eiusdem conozca de oficio la nulidad del artículo 228 del Código Civil.

El 2 de agosto de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys Maria Gutiérrez Alvarado.

El 8 de noviembre de 2011, fueron recibidas en el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional, todas las actuaciones que componen el expediente.

Mediante diligencia del 17 de abril de 2012, el abogado Jesús Villegas, actuando en su carácter de representante judicial de la Procuraduria General de la República, manifestó el interés de la República en la prosecución de la presente causa.

El 4 de julio de 2012, la abogada Dagmar León Miranda, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n." 11.613, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Procuraduria General de la República, mediante escrito consignó defensas con ocasión al juicio de nulidad.

Mediante escrito consignado el 18 de julio de 2012, los abogados Maria Elena Delgado Graterol, Freinaldo Adrian Ochoa, José Jesús Calzadilla Rodriguez, y otros, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros.* 64.949, 93.896 y 92.948, respectivamente, actuando en su carácter de representantes legales de la Asamblea Nacional, consignaron escrito de opinión relativo al conocimiento de oficio por parte de esta Sala Constitucional.

El 19 de julio de 2012, los abogados Larry Devoe Márquez, Director de Servicios Juridicos de la Defensoria del Pueblo, Jesús Antonio Mendoza Mendoza, Director de Recursos Judiciales de la Defensoria del Pueblo, y otros, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado en la continuación de la presente causa.

Mediante escrito consignado el 4 de octubre de 2012, los abogados Larry Devoe Márquez, Director de Servicios Jurídicos de la Defensoria del Pueblo, Jesús Antonio Mendoza Mendoza, Director de Recursos Judiciales de la Defensoria del Pueblo, y otros, inscritos en el respectivamente, consignaron escrito de opinión relativo al conocimiento de oficio por parte de esta Sala Constitucional.

El 13 de noviembre de 2012, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional remitió las actuaciones, a los fines del pronunciamiento correspondiente, en virtud de que no fue promovida prueba alguna.

El 29 de noviembre de 2012, fue recibido el expediente del Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional, y se designó a la Magistrada Gladys Maria Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En reunión de la Sala Plena del 8 de mayo de 2013, se eligió la Junta Directiva. de este Tribunal Supremo de Justicia, quedando reconstituida la Sala Constitucional de la siguiente manera: Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados: Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover, según consta del Acta de instalación correspondiente (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.169 del 17.05.2013). Se ratificó la ponencia del expediente a la Magistrada Gladys Maria Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 17 de octubre de 2013, en virtud de la licencia otorgada al Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, se reconstituyó la Sala Constitucional de la siguiente manera: Magistrada Gladys Maria Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Magistrado Juan José Mendoza Jover, como Vicepresidente, y los Magistrados: Luisa Estella Morales Lamuno, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos, según consta del Acta de Instalación correspondiente. Se ratificó la ponencia del expediente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados: Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover. Se ratificó la ponencia del expediente a la Magistrada Gladys Maria Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

1 DEL PROCESO ORIGINARIO

El 26 de febrero de 2003, la ciudadana Emilia Isabel Infante Rivas demandó la inquisición de paternidad a favor de su hija, entonces menor de edad, contra Yolimar Alejandra Hernández Diaz, heredera universal de su padre Luis Alberto Hernández Guerrero, ante el Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, el cual, el 18 de mayo de 2005, declaró con lugar la demanda previa la desaplicación por control difuso del artículo 228 del Código Civil, por lo que actuando en primera instancia, decidió en los siguientes términos:

"...Establece el Articulo 228 del Código Civil Venezolano: "Las acciones (rectius: imprescriptibles) frente al padre y a la madre, pero la acción dentro de los cinco (5) años siguientes a su muerte'.

Este Articulo limita la acción a un plazo de caducidad de cinco (5) años para intentar la misma, en contra de los Herederos.

La presente demanda es intentada en contra de la heredera (YOLIMAR ALEJANDRA HERNANDEZ DIAZ) del DeCUjus (sic) LUIS ALBERTO INFANTE RIVAS, lo cual se ajusta a las previsiones del referido Articulo (sic); no obstante el Articulo 56 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, establece:

"Toda persona tiene Derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.

Todas las personas tienen derecho a ser inscritas gratuitamente en el registro:civil después de su nacimiento a obtener documentos públicos Estos no contendrán mención alguna que califique la filiación.'

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Este Articulo.le permite a toda persona tener derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre y a conocer la identidad de los mismos, sin limite (sic) en el tiempo para que los interesados investiguen su maternidad o su paternidad con la garantia del Estado, repito, sin limite (sic) en el tiempo, todo lo contrario a lo estabiecido en Constitución de la Republica (sic) Bolivariana de Venezuela, establece:

'Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollaran los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la Republica (sic). Es Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional Este Artículo establece entre otras cosas que el Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual se tomará en cuenta su Superior esta recogido en el Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, convertico en Ley en nuestra Republica (sic) Bolivariana de Venezuela desde el año 1990, el cual es el mismo recogido en el Articulo 8 de la LOPNA.

Ante esta situación, es evidente que se encuentra (sic) en contraposición dos Normas vigentes, el Articulo 228 del Código Civil Venezolano y 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el primero limitado (sic) a cinco (5) años la acción propuesta en esta causa, y el segundo sin precisar limite (sic) en el tiempo al derecho que tiene la demandante en esta causa para indagar e investigar su verdadera paternidad, tal como lo prevé (sic) los Artículos 16 y 25 de la LOPNA, es decir, a un nombre y una nacionalidad; y al derecho a conocer a sus padres.

En consecuencia, por ser el Articulo 56 de Rango Constitucional, necesariamente debe prevalecer este último ante el Articulo (sic) 228 del Código Civil Venezolano; y en virtud del Articulo 394 de nuestra Constitución en concordancia con el Articulo (sic) 20 de Procedimiento Civil Venezolano) cuya aplicación se pida, lo cual es al caso de autos, colidiere con alguna disposición Constitucional (Articulo [sic] 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), los jueces aplicarán ésta con preferencia, en este sentido, este Tribunal en ejercicio del Control Difuso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desaplica el Articulo 228 del Código Civil Venezolano y aplica en este caso concreto el Artículo 56 de nuestra Constitución el cual no limita en el tiempo la interposición de la presente demanda, tomando en cuenta el Interés Superior de la adolescente PATRICIA ISABEL INFANTE RIVAS, cuyO Interés Superior filiación, es decir, determinar ciertamente quien (sic) es su padre biológico, ya que este es un derecho inherente a la persona humana, es decir, ese derecho nace con la persona y puede estar limitado en el tiempo, y es por esta razón o motivo que el Artículo 56 Constitucional no establece limites (sic) para que los interesados puedan hacer valer ese derecho. (...) En consecuencia, al desaplicarse la referida Norma (Articulo (sic) 228 del Código Civil Venezolano) y aplicándose el Articulo 56 Constitucional tiene plena vigencia la acción propuesta por la ciudadana EMILIA ISABEL INFANTE RIVAS en su condición de madre y representante legal de la adolescente PATRICIA ISABEL INFANTE RIVÁS contra la ciudadana YOLIMAR ALEJANDRA HERNANDEZ DIAZ, lo cual ha sido corroborado por Jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Dr. JUAN RAFAEL PERDOMO, por argumento en contrario expuesto en la ultima (sic) parte de la motiva (Pág. 6 de 8); asl como también en la Doctrina Patria (Segundo Año de Vigencia de la LOPNA. Autor: CRISTÓBAL CORNIELES Y MARIA MORAIS. Paginas (sic) 410 a 416, ambas inclusive. UCAB. Año 2002). Y Asf se decide...".

Seguidamente, el 24 de mayo de 2005, la parte demandada apeló contra ese fallo; dicho recurso fue oido al dia siguiente y se remitió el expediente al Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, el cual, mediante acto decisorio del 25 de octubre de 2006, declaró sin lugar la apelación y confirmó el veredicto que dictó el a quo, con el siguiente razonamiento:

"...En el titulo (sic) VⅢI, Capitulo (sic) I, artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le establece una integridad de la Constitución y faculta a aplicar las disposiciones constitucionales, en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma juridica, en consecuencia el Juez Ad quo (sic), hizo uso correcto de la facultad que le confiere el mencionado artículo 20 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, al desaplicar el 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de los mismos se les garantiza a todas las personas el derecho a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos, ast como la protección de los niños, niñas y adolescentes tomándose en cuenta el interés superior de estos en las decisiones y acciones que les conciernan.

El artículo 228 del Código Civil Venezolano colide con los artículos 56 y 78 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, al establecer un lapso de caducidad de cinco años limita el ejercicio del derecho a tener un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y de la madre (sic) u a conocer la identidad de los mismos, y al no establecer la Constitución lapso para el ejercicio de esa acción significa disposición constitucional sobre la del Código Civil, sin que con ello se esté derogando el referido articulo ya que es potestad expresa de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declarar la nulidad de leyes que colidan con la Constitución...".

El 7 de noviembre de 2006, la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación que fue admitido el 16 de ese mismo mes y año.

En este sentido, el 4 de marzo de 2010, la Sala de Casación Social declaró sin lugar el recurso de casación y acordó la remisión de la copia de la referida decisión y de los autos que conforman el expediente, para la revisión de esta Sala Constitucional de la desaplicación por control difuso que se hizo del artículo 228 del Código Civil, asf:

"...Revisemos entonces la alegada colisión entre la norma supra citada (artículo 228 del Código Civil) y las normas constitucionales contenidas en los articulos 56 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:/(...) (..) la primera de las normas supra aludidas consagra el derecho a la identidad, y la segunda, entre otros aspectos, contempla los distintos principios que inspiran el ordenamiento jurídico en lo que atañe a la corresponsabilidad entre la trilogla Estado, familia y sociedad;

p e e ejercicio progresivo de los derechos y garantías.

De allí que la reflexión en cuanto al alcance del derecho a la identidad deba hacerse a la luz de los mencionados principios, consagrados de protección a la niñez y a la adolescencia. Ello, nos conduce inexorablemente a enmarcar tal ejercicio harmanéutico en el ámbito de los denominados derechos de la personalidad.

La evolución de los derechos de la personalidad ha sido paulatina, la escalada doctrinaria y jurisprudencial ha sido relativamente reciente, referencia a tales derechos se les atribuye el carácter de inherentes a la persona. Las nociones doctrinarias nos enseñan que estos derechos finalidad de garantizar a la persona el goce y respeto de su propia entidad e integridad en todas sus manifestaciones fisicas y espirituales, ya no como objeto de derecho, ni siquiera como sujeto de derechos, sino llanamente como persona, integrando la esencia y dignidad del ser humano. /(...) Asi como toda reflexión sobre los derechos fundamentales del hombre sería incompleta sin la mención expresa a la dignidad humana que es inherente a él, tampoco es concebible tratar tales derechos ignorando el derecho relativo a la propia identidad. / (...) Afirma que, dentro de los derechos morales comprendidos a su vez dentro de los derechos humanos, se encuentra el derecho al conocimiento de la paternidad biológica. /(..) Este derecho, entendido como integrante de la esfera de los derechos de la personalidad se caracteriza por ser necesario, absoluto o erga omnes, extrapatrimonial, originario o innato, vitalicio, imprescriptible, inalienable, irrenunciable, intransmisible, indisponible, privado, inherente al ser humano, inseparable de la persona. Entre las características de tales derechos destaca a los efectos de este análisis, el carácter de imprescriptibilidad del cual gozan los mismos, es decir, el efecto del tiempo no influye en la merma de tales derechos, a pesar del abandono o inercia de su titular. Lo que nos permite afirmar que menos aún pueden ser sometidos a plazos de caducidad. /(...) En este orden de ideas, parecieran contrapuestas dos o más normas antagonismo?/ (...) Cabe recordar entre las características del orden público la elasticidad, es decir, puede variar y adaptarse según el momento histórico, las costumbres sociales, el valor moral de las ralqciones humanas y al concepto y tratamiento legal de la familia, pero en todo caso implica la prevalencia del interés general o social sobre el individual.

A propósito de lo antes establecido, debe escudriñarse una vez más, en la ratio de la norma desaplicada, es decir, cuáles son los valores, normativos.

Así vemos, en primer lugar, que el articulo 228 supra citado, consagra paternidad cuando ésta es ejercida contra el pretendido padre o madre, pero a su vez, somete dicha acción a un plazo de caducidad padre.

Para ejemplificar, vale ubicarse en la situación de un adolescente, cuyo presunto padre falleció cuando él contaba con la edad de 4 años, derechos, pero que al llegar a esta etapa de su vida, primordial desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad, y en la que abundan preguntas existenciales, se encuentra con el hecho de que no podrá jamás adquirir la certeza acerca de sus genes paternos, ni establecer vínculos juridicos con su familia paterna biológica (abuelos, tios, hermanos, etc.), ya que por mandato de la norma bajo análisis, dada la inercia de su progenitora durante los cinco años siguientes a la muerte del presunto padre, no podria este adolescente ejercer ninguna acción contra los herederos del presunto padre.

Imaginemos que, aunado a lo anterior, fallezca también la progenitora del adolescente, es que ¿acaso no pudieran abuelos o hermanos

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mayores paternos asumir la responsabilidad de crianza y/o socorrerlo en su manutención? Supongamos que ante una eventualidad que afecte su salud, sólo las características sanguíneas de un hermano materno puedan salvar su vida. /(...) Consideramos que ceñidos a valores consagrados constitucionalmente tales como la solidaridad, es más sano para nuestra sociedad propiciar el encuentro, la comprensión, el amor y la cooperación entre quienes están o pudieran estar unidos indisolublemente por un vínculo de sangre. Es importante inclusive, en aras de esa paz familiar que pretende protegerse con la precitada norma, que los miembros de esa familia constituida por los "herederos" tengan también conocimiento de que existe otro ser humano con el cual comparten los mismos genes, independientemente de los desajustes de diversa indole que obviamente trae consigo una situación como la reseñada.

Ahora bien, visto desde otra perspectiva subyace en el sustrato de la norma en cuestión, tras el manto de la paz y la tranquilidad familiar, la tranquilidad y de la paz pero en el goce y disfrute del acervo hereditario y la exención de cualquier obligación de Indole pecuniaria que pudiera surgir como consecuencia del establecimiento de la filiación.

En todo caso, convencidos estamos desde esta Tribuna que los valores que persigue nuestra sociedad en la actualidad son otros y están dirigidos al rescate de las relaciones humanas basadas en el respeto mutuo y la solidaridad, en las que deben prevalecer los derechos humanos frente a los derechos patrimoniales. En tal sentido, más allá absoluto y que, enmarcado dentro de los mismos, se encuentra un derecho fundamental como lo es el derecho a la identidad, por lo que es primordial para el Estado garantizar concretamente el goce y ejercicio de éste. /(...) Tal y como se adelantó supra, la identidad es eso que nos hace únicos e irrepetibles; de alli que el derecho a conocer la identidad de nuestros progenitores forma parte integrante del derecho a la identidad, pues todo ser humano tiene el derecho a conocer su origen, a saber quiénes son sus padres genêticos, los cuales sólo pueden ser unos y no otros.

Conocer es una necesidad humana y más aún si se trata de conocer de sí mismo. /(...) Como consecuencia de las consideraciones que anteceden, resulta forzoso para esta Sala declarar, como en efecto lo hace, que el Juez de la recurrida no incurrió en los vicios que se le imputan de falsa aplicación del articulo 20 del Código de Procedimiento Civil y falta de aplicación del artículo 228 del Código Civil, como consecuencia de haber desaplicado para este caso en concreto y según el método del control difuso de la Constitución, el referido artículo del Código Civil al considerarlo regido con los articulos 56 y 78 del texto constitucional.

As se decide. //.....".

Finalmente, esta Sala Constitucional mediante sentencia n.° 1074 dictada el 1 de julio de 2011, declaró: i) conforme a derecho la sentencia n.° 0148 dictada por la Sala de Casación Social el 4 de marzo de 2010, que decidió sin lugar el recurso de casación que fue interpuesto contra el fallo que dictó el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, que, a su vez, confirmó la sentencia del Juez Unipersonal n.° 2 del Tribunal de Protección del Niño, Niña y del Adolescente del Estado Apure que, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, desaplicó el artículo 228 del Código Civil, publicado en la Gaceta Oficial n.° 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982, y declaró con lugar la demanda de inquisición de paternidad que interpuso la ciudadana Emilia Isabel Infante Rivas en representación de su hija, Patricia Isabel Infante Rivas (para entonces tener de edad), contra Yolimar Alejandra Hernández Diaz, y ü) ordenó a la Secretaría de la Sala Constitucional la apertura del expediente a los fines de que esta instancia jurisdiccional, en ejercicio de la competencia contenida en el artículo 336.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 eiusdem, conozca de oficio la nulidad del articulo 228 del Código Civil, desaplicación que atiende únicamente a los derechos que comprende el reconocimiento y no aquellos derechos patrimoniales que pudieran derivarse de aquél, por cuanto era imperativa la misma para la remoción del obstáculo de inconstitucionalidad que, para la admisión de una demanda cuya finalidad era la determinación judicial de la filiación, suponia el limite temporal señalado, puesto que dicha causal de inadmisibilidad de la acción habría hecho nugatorios los. derechos de una adolescente a conocer su identidad, a investigar su paternidad y, de ser ésta, establecida judicialmente, decisión que fue emitida en los siguientes términos:

"...corresponde a la Sala la revisión de la desaplicación por control difuso que, del articulo 228 del Código Civil hicieron la Sala de Casación Social y los tribunales Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, a través del Juez Unipersonal n.* 2 para la decisión de la demanda de inquisición de paternidad que inició la ciudadana Emilia Isabel Infante Rivas en representación de su hija -para entonces menor de edad-, Patricia Isabel Infante Rivas.

Para la decisión, la Sala observa:

El artículo 228 del Código Civil, preceptúa lo siguiente:

'Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre y a la madre, pero la acción contra los herederos del padre o de la madre, no podrá intentarse sino dentro de los cinco (5) años siguientes a su muerte.' Esta norma establece la imprescriptibilidad de las acciones de inquisición de paternidad o maternidad cuando se intenten contra el padre o a la madre y establece un lapso de prescripción cuando la acción se ejerza contra los herederos de aquéllos.

.En el caso concreto, la desaplicación de la norma en cuestión se refiere a la parte in fine del artículo que se transcribió que expresa que, una vez que el supuesto progenitor haya fallecido, quien pretenda ser o n e n e n años para intentar la acción de inquisición de paternidad contra los e e e e a e Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que estas normas no establecen límite temporal alguno ni para la investigación de la maternidad y paternidad ni para la adquisición del apellido del padre o de la madre, según sea el caso. Aunado a ello, los juzgadores adolescente Patricia Isabel Infante Rivas, en conocer su identidad biológica y como consecuencia de ello, en que se determine judicialmente su filiación.

Ahora bien, el derecho a la identidad se encuentra establecido en diversas Convenciones Internacionales, de la manera siguiente:

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José):

'Artículo 18. Derecho al Nombre Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos, si fuere necesario.' Convención sobre los Derechos del Niño 'Artículo 7.

El niño será inscrito inmediatamente desuês de su 1.

nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. (..) Artículo 8.

Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho 1.

del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de 2.

los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estado partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.' En aplicación de esta Convención y con anterioridad a la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e, incluso, a la Adolescente, la Sala Polltico-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 12 de agosto de 1998 (caso: Maria del Rosario Gomez Portilla y otro, expediente n. * 11.135), señaló lo siguiente respecto al derecho a la identidad:

'El Congreso de la República de Venezuela promulgó en fecha 20 de julio de 1990, la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fuera suscrita en la sede de. la Organización de las Naciones Unidas, el 26 de enero del mismo año. Dicho texto es parte del Ordenamiento Juridico Venezolano.

/ (...) Ahora bien, entre los derechos enumerados en dicha Convención, que en definitiva complementan los que de modo enunciativo prevé nuestra Constitución, se encuentra el derecho a la identidad, consagrado en los artículos 7 y 8 de ese Tratado, (...) / (...) De allí que se consagra entonces, como derecho inherente a la persona humana desde el momento en que nace, el derecho a la identidad, como cualidad o condición intrínseca de la persona, y que se manifiesta, principalmente, en su estado civil, lo cual incluye, en los términos -enunciativo- del transcrito articulo 8, todo lo relativo a la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares.

Así, se trata en definitiva del derecho al respeto y reconocimiento del estado civil del menor como persona que es, entendiendo al su posición dentro de una comunidad politica, a su condición frente a una familia y a la persona en si misma, o sea, independientemente de sus relaciones con los demás" (AGUILAR GORRONDONA, José Luis, "Derecho Civil. Personas", Universidad Católica Andrés Bello, 1991). De all que se incluya a la nacionalidad -como atributo del status político-; a las relaciones familiares y parentesco -status familiar- y todos los atributos de la personalidad, incluyendo nombre, domicilio, etc., -status personal o individual-.' Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el derecho a la identidad en los siguientes términos:

'Articulo 56. Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.

Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos con la ley. Estos no contendrán mención alguna que califiquen la filiación.'

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Por lo que respecta, en particular, a los niños, niñas y adolescentes, el artículo 78 constitucional reza:

'Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomar en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan.

El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadania activa, y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.' La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, aplicable ratione temporis-, (en normas qua no fueron modificadas por la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niros, Niñas y Adolescentes del 2007), desarrolla el derecho a la identidad ast:

'Articulo 16. Derecho a un nombre y a una nacionalidad.

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad.' 'Articulo 17. Derecho a la identificación.

Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser identificados o identificadas, inmediatamente después de su nacimiento. A tal efecto, el Estado debe garantizar que los recién nacidos y las recién nacidas sean identificados o identificadas obligatoria y oportunamente, estableciendo el vinculo filial con la madre. /...)" 'Articulo 22. Derecho a documentos públicos de identidad.

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley.

niñas y adolescentes, incluidos el nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares.' Con fundamento en las normas constitucionales aplicables, ast como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y en la Convención sobre los Derechos del Niño, para esta Sala resulta conforme a derecho la decisión del Juez del Juzgado de Circunscripción Judicial del Estado Apure de desaplicar el artículo 228 del Codigo Civil para la aplicación preferente de los articulos 56 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venazuela, que fue confirmada en Alzada y Casación -en el fallo que es objeto de estas actuaciones-, como fue reseñado, por la antinomia entre la limitación reconocen: a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, a conocer su identidad y a investigar la maternidad y la paternidad;

con mayor intensidad, si cabe, en el caso de que el titular de esos derechos sea una niña, un niño o un adolescente, como en este caso.

Antinomia que surge porque la acción de inquisición de paternidad es, precisamente, uno de los medios legales concretos para la la medida que se limite la admisibilidad de aquélla se limitará, también, el alcance material de éstos.

Ast, en el caso concreto, es evidente que era imperativa la desaplicación de la norma de rango legal para la remoción del inconstitucional obstáculo que, para la admisión de una demanda cuya finalidad es la determinación judicial de la filiación, suponía el límite temporal aplicable porque se ejerció la acción contra la heredera del supuesto padre, puesto que dicha causal de inadmisibilidad de la adolescente Patricia Isabel Infante Rivas a conocer su identidad, a investigar su paternidad y, de ser ésta establecida judicialmente, también eventualmente se le cercenarlan sus derechos, también fundamentales, a ser criada en su familia de origen, a obtener documentos públicos de identidad y al uso del apellido de su padre, entre otros.

Igualmente, aprecia esta Sala que, en el asunto de autos, el juzgador de instancia hizo efectivo el mandato constitucional de resguardo del época de la decisión), en procura de su protección integral.

Corolario de los razonamientos que anteceden, esta Sala declara ajustada a derecho la desaplicación de la parte in fine del articulo 228 e e o e acción para la determinación judicial de la filiación cuando se incoe contra los herederos y la aplicación preferente, en su lugar, de los articulos 56 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la admisión de la demanda de inquisición de patemidad que inició Emilia Isabel Infante Rivas, en representación de su hija, Patricia Isabel Infante Rivas (para entonces menor de edad), contra Yolimar Alejandra Hernández Diaz, heredera universal de su padre, Luis Alberto Hemández Guerrero.

Esta Sala manifiesta que la desaplicación de la parte in fine del artículo 228 del Código Civil se encuentra conforme a derecho, sin embargo debe precisar esta Sala que esta desaplicación atiende únicamente a los derechos que comprende el reconocimiento y no aquellos derechos patrimoniales que pudieran derivarse de aquél, los cuales se regirán por las normas aplicables a cada caso. En el presente caso, el lapso respecto a los derechos patrimoniales que se derivaron del proceso de inquisición de paternidad que inició Emilia Isabel Infante Rivas en representación de su hija, PATRICIA ISABEL 0148 del 4 de marzo de 2010, emanado Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia y se hayan realizado las modificaciones pertinentes en el Registro Civil.

Ahora bien, en atención al contenido de la presente decisión esta Sala, Tribunal Supremo de Justicia, ordena la apertura del procedimiento de nulidad previsto en la Ley in commento, contra el artículo 228 del Código Civil...".

II NORMA OBJETO DE NULIDAD Mediante sentencia n.° 1074 del 1 de julio de 2011, esta Sala Constitucional ordenó a la Secretaria de esta misma Sala, la apertura del expediente, a los fines de que esta instancia jurisdiccional, conozca de oficio la nulidad por razones de inconstitucionalidad del articulo 228 del Código Civil, publicado en la Gaceta Oficial n.° 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982, que a la letra dispone:

"Artículo 228: Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre y a la madre, pero la acción contra los herederos del padre o de la madre, no podrá intentarse sino dentro de los cinco (5) años siguientes a su muerte".

-4.

1Ⅲ1 OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En la oportunidad de presentar escritos para la defensa de sus intereses y de que promuevan pruebas si lo estimarán pertinente, la abogada Dagmar León Miranda, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Procuraduría General de la República, consignó escrito de defensas respecto a la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad, mediante el cual expuso lo siguiente:

Que "..[a]l analizar la evolución legislativa del articulo 228 del Código Civil, se debe tener en cuenta la noción de posesión de estado, la cual se fundamenta en la apariencia de ser titular o de tener un estado civil determinado y consiste en gozar de hecho de las ventajas inherentes a dicho estado, ast como en soportar los deberes que de él se deriven...".

Que "...con la reforma dei Código Civil de 1982 no se considera de sus elementos, por cuanto, la norma no realiza señalamiento expreso de la posesión continua de estado, ni exige haber usado 'siempre' el apellido de que se trate, ni tampoco que la sociedad haya reconocido 'constantemente' el vinculo filial invocado...".

Que ".[e]n consecuencia, queda a discrecionalidad de los jueces apreciar si a falta de continuidad, los hechos demostrados en cada caso concreto evidencian la existencia suficiente de elementos que indiquen normalmente las relaciones a las que se refiere el Codigo, aun cuando resultan ser más significativos los hechos continuos que los discontinuos, como se evidencia del texto del articulo 214 del Código Civil vigente...".

Que "...[esa] representación judicial de la República, colige que en el ordenamiento juridico venezolano, la enumeración de los elementos de posesión de estado no es taxativa sino meramente enunciativa, como se evidencia del texto del articulo citado al señalar que: 'Los principales entre considerar como elementos de posesión de estado hechos que no figuren en esa enumeración legal...".

Que “...el Código Civil vigente establece en su artículo 210 que 'A falta de reconocimiento voluntario, la filiación del hijo concebido y nacido fuera del matrimonio, puede establecerse judicialmente con todo género de pruebas' y agrega 'Queda establecida la paternidad cuando se prueba la posesión de estado de hijo o se demuestre la cohabitación del padre y de la madre durante el periodo de la concepción y la identidad del hijo con el. concebido en dicho periodo...".

Que "...[esa] representación judicial de la República, estima que a partir de la entrada en vigencia del artículo 228 del Código Civil de 1982 a la fecha, se ha ampliado el alcance de la citada norma, con motivo de la modificación del Texto Fundamental en 1999 y la romilgación (sic) de una serie de normas posteriores como desarrollo de la Carta Magna, tales como, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (sic)...".

Que ".[e]n ese orden de ideas, [esa] representación de la República estima que el artículo 228 del Código Civil es uno de los medios existentes de inquisición de paternidad, por cuanto que, como consecuencia del mandato constitucional, se han desarrollado leyes que permiten

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establecer la inquisición de la patemidad de diversos modos, taies como la Ley para la Protección de las Familias, la Matemidad y la Paternidad (sic) la cual establece un procedimiento de Reconocimiento de la Patemidad en su Capltulo V...".

Que “..los artículos 21 al 31, [de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad] establecen el procedimiento de reconocimiento de la paternidad y además señalan que de no comparecer la persona señalada como padre se remitirán las actuaciones al Ministerio n e e n en n n adolescentes, a fin-de iniciar el procedimiento de filiación correspondiente...".

Que "...[esa] representación de la República considera que el artículo 228 del Codigo Civil es simplemente uno de los mecanismos actualmente la evolución legislativa de la materia ofrece medios más Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Para La Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (sic)...".

Que "...en caso de controversia sobre el reconocimiento de los derechos filiatorios de un hijo, nuestro ordenamiento jurídico contempla acciones de inquisición o desconocimiento de patemidad sin que ello implique el menoscabo del.derecho de identidad que debe asegurarse a los hijos...".

Por las razones expuestas, la representación judicial de la República solicita a esta Sala Constitucional, declare la constitucionalidad del articulo 228 del Código Civil, por cuanto no menoscaba el derecho del · recurrente al acceso a la tutela judiciai efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

IV OPINIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL En la oportunidad de la celebración del acto de informes, los abogados Maria Elena Delgado Graterol, Freinaldo Adrian Ochoa, José Jesús Calzadilla Rodriguez, y otros, actuando en su carácter de representantes legales de la Asamblea Nacional, presentaron escrito contentivo de la opinión juridica de dicho órgano, lo cual lo hacen en los términos que se exponen a continuación:

Que "..con la reforma del Codigo Civil de 1982 no se considera e e p n n n n u r de sus elementos, por cuanto, la norma no realiza señalamiento expreso de la posesión continua-de estado, ni exige haber usado siempre el apellido de que se trate, ni tampoco que la sociedad haya reconocido constantemente el vinculo filial invocado...".

Que “..[a] partir de la entrada en vigencia del artículo 228 del Código Civil de 1982 hasta la fecha, se ha ampliado el alcance de la citada norma, respecto de los preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999, siendo que, posteriormente se promulgaron una serie de normas en desarrollo del mandato constitucional, tales como, la Ley Orgánica para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (sic)...".

Que "...el artículo 228 del Código Civil de 1982, se encuentra vinculado al mandato constitucional contenido en los artículos 56, 76 y 78, los cuales guardan relación con el derecho a la identidad, a la protección de n e n n n e e n e u n e exclusión del estado civil de la madre, así como, la protección integral del niño producto de relación matrimonial o filiación natural...".

Que "...el artículo 56 de la Constitución, consagra el derecho naturales, el cual a su vez representa una obligación para el Estado, por cuanto éste debe garantizar una identidad legal que debe corresponder a la identidad biológica, a fin de otorgar al ciudadano o ciudadana una forma que la diferencie al resto de la sociedad, con los que se relaoiona y se desarrolla en el ejercicio del derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad...".

Que el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece la obligación general del Estado de apropiadas para asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes el pleno disfrute de sus derechos y garantías, entre los cuales se encuentra el derecho a la identidad.

resguardo del derecho a la identidad, esencial al desarrollo del ser humano dentro de la sociedad, nacional e internacionalmente, y en este sentido [se] referieren], por una parte a la legislatura nacional, específicamente a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, referidos a los Derechos, Garantías y Deberes (artículo 16, 17, 18, 19, 21 y 22), y por otra parte, a los diversos Tratados Intemacionales suscritos y ratificados por la República [Bolivariana] de Venezuela, como por ejemplo: la Convención Americana de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Principio 3° de la Asamblea General de las Naciones Unidas...".

Que "...los artículos 21 al 31 (..)[de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad] se establece un procedimiento de reconocimiento de la paternidad, dentro del cual, resulta significativo destacar que, aquellos casos en los cuales no comparezca la persona competencia en la materia, iniciándose el procedimiento de filiación correspondiente, donde el juez competente podrá ordenar con carácter determinantes para el reconocimiento del vinculo materno, las cuales son garantizadas de modo gratuito por el Estado...".

Que "...el artículo 78 de la Carta Magna consagra la protección integral de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho especiales, y deberán desarrollar los contenidos de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás Tratados que rigen la materia suscritos y ratificados por la República...".

Que "..[esa] representación judicial de la Asamblea Nacional, considera que siendo una norma pre-constitucional, esto es, una norma preexistente y anterior en el tiempo a la Constitución de 1999, la acción de inquisición de la paternidad y la maternidad contenida en el artículo 228 del Código Civil, es un medio para demandar judicialmente la filiación, mas sin embargo, a los efectos del mandato constitucional, en la actualidad, a través ampliado su ámbito de aplicación y por consiguiente, existen y se han desarrollado otros procedimientos mas (sic) expeditos para reclamar o demandar el reconocimiento de la filiación materna o paterna, como los establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Para Protección de las Familias, la Maternidad y la Patemidad, cuyos fines buscan establecer los mecanismos de desarrollo de paternidad, al niño, niña y adolescente, ast como promover prácticas responsables ante las mismas...".

Que “.[esa] representación considera que el lapso de 5 años para intentar la acción de inquisición de la patemidad y la matemidad contra los herederos del padre o de la madre, limita el derecho constitucional de cualquier persona, vale decir niño, niña o adolescente, a conocer su identidad y/o la determinación judicial de su filiación, en resguardo del interés superior y en procura de la protección integral de dichos sujetos de derechos, es por ello que, considera[n] conforme su desaplicación y su declaratoria de inconstitucionalidad; asi de este modo queda expuesto [su] criterio sobre la Civil vigente...".

V OPINIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO En la oportunidad de la celebración del acto de informes, los abogados Larry Devoe Márquez, Director de Servicios Juridicos de la Defensoria del Pueblo, Jesús Antonio Mendoza Mendoza, Director de

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Recursos Judiciales, de la Defensoria del Pueblo, y otros, actuando en su carácter de representantes legales de la Defensoría del Pueblo, presentaron escrito contentivo de la opinión jurídica de dicho órgano, en los términos que se exponen a continuación:

Que "..no cabe la menor duda que nuestra Constitución y la legislación posterior a esta, establece como esencial a todo ser humano el derecho a conocer a su familia de origen, e inclusive el Estado está en la obligación de establecer los medios para materializar dicho derecho, pues se entiende que la identidad esta directamente asociada a la dignidad del ser humano...".

e e e n eo obstaculizar la eficacia de dicho derecho implica negarle el derecho a su memoria familiar, es negarle el derecho a conocerse a sí mismo...".

Código Civil que establece un lapso de caducidad para la interposición de las derecho a conocer a su familia de origen...".

Que "...al analizar el artículo 228 del Código Civil se evidencia que el bien tutelado jurídicamente, es decir lo que la norma pretende proteger y resguardar son los efectos patrimoniales que se generan con el fallecimiento de una persona...".

Que "...del mismo artículo 228 del Código Civil, se observa una contradicción intrínseca que la anula pues por una parte se consagra el cuando ésta es ejercida contra el pretendido padre o madre vivos, pero a su vez, en la parte final del mismo articulo, somete dicha acción a un lapso de caducidad para el caso de interponer la cuando los padres estén fallecidos, madre están vivos y al momento de ejercerla cuando estén fallecidos, se establezca una (sic) término de caducidad para interponer la acción...".

Que "..[plor otro lado la normativa Constitucional contempla la prioridad absoluta y protección integral a los niños, niñas y adolescentes, recogido en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a los niños, niñas y adolescentes...".

Que "...es forzoso concluir que el articulo 228 del Código Civil vulnera el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece el derecho de todo niño, niña y adolescente a conocer a su familia de origen...".

Que "...el derecho a la identidad no es exclusivo de los niños, niñas y adolescentes, sino que abraza a los adultos, pues ellos también tienen derecho a conocer a su familia de origen, por lo tanto el lapso de caducidad referido en el artículo 228 del Código Civil, violenta su derecho constitucional a la identidad familiar...".

Por lo expuesto es que solicitan se declare con lugar el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad y en consecuencia se anule el artículo 228 del Código Civil, por cuanto el mismo vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

VI MOTIVACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia de la Sala para conocer de oficio la presente nulidad por inconstitucionalidad mediante sentencia n.° 1074 del 1 de julio de 2011, le corresponde pronunciarse acerca de la misma, a cuyo efecto observa:

En el presente caso, esta Sala Constitucional mediante sentencia n.° 1074 dictada el 1 de julio de 2011, declaró conforme a derecho la sentencia n.° 0148 dictada por la Sala de Casación Social el 4 de marzo de 2010, que decidió sin lugar el recurso de casación que fue interpuesto contra el fallo que dictó el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, que, a su vez, confirmó la sentencia del Juez Unipersonal n.° 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Apure que, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, desaplicó el articulo 228 del Código Civil, publicado en la Gaceta Oficial n.° 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982, y declaró con lugar la demanda de inquisición de paternidad que interpuso la ciudadana Emilia Isabel Infante Rivas en representación de su hija, Patricia Isabel Infante Rivas (para entonces menor de edad), contra Yolimar Alejandra Hernández Diaz, desaplicación que atiende únicamente a los derechos que comprende el reconocimiento y no aquellos derechos la misma para la remoción del obstáculo de inconstitucionalidad que, para la admisión de una demanda cuya finalidad era la determinación judicial de la filiación, suponía el límite temporal señalado, puesto que dicha causal de inadmisibilidad de la acción habría hecho nugatorios los derechos de una adolescente a conocer su identidad, a investigar su paternidad y, de ser ésta, establecida judicialmente, también eventualmente se le cercenarian sus derechos, fundamentales, a ser criada en su familia de origen, a obtener documentos públicos de identidad y al uso del apellido de su padre, entre otros, todo ello, en resguardo del interés superior y la prioridad absoluta de la adolescente, en procura de su protección integral. En ese sentido, ordenó a la Secretaria de la Sala Constitucional la apertura del expediente a los fines de que esta instancia jurisdiccional, en ejercicio de la competencia contenida en el ordinal 1 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el ordinal 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 eiusdem conozca de oficio la nulidad del artículo 228 del Código Civil.

Ahorà bien, luego de practicada la citación al Presidente de la Asamblea Nacional, y la notificación a la Fiscal General de la República, a la Procuradora General de la República y a la Defensora del Pueblo, de conformidad con lo ordenado en la precitada sentencia, se constata que dichos órganos procedieron a consignar sus escritos de opinión juridica pertinentes al caso, en cumplimiento de la formalidad prevista en el artículo 139 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a excepción de la Fiscalia General de la República.

Analizado los escritos de opinión jurídica mencionados anteriormente, esta Sala pasa a realizar las siguientes consideraciones:

En cuanto al contenido del artículo 228 del Código Civil, publicado en la Gaceta Oficial n.° 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982, encontramos que establece lo siguiente:

"Articulo 228: Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre y a la madre, pero la acción contra los herederos del padre o de la madre, no podrá intentarse sino dentro de los cinco (5) años siguientes a su muerte". (Resaltado de la Sala)

Al efecto, como se expuso al inicio de la presente motivación, la apoderada judicial de la Procuraduría General de la República, alega en su escrito de defensa que a partir de la entrada en vigencia del articulo 228 del Código Civil de 1982 hasta la fecha, se ha ampliado el alcance de la citada norma, con motivo de la modificación del Texto Fundamental en 1999 y la promulgación de una serie de normas posteriores como desarrollo de la Niñas y Adolescentes, y la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, resultando este artículo 228 del Código Civil, uno de los medios existentes de inquisición de paternidad, por cuanto se paternidad de diversos modos, tales como la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, la cual establece un procedimiento de reconocimiento de la paternidad previsto en los artículos 21 al 31 eiusdem, siendo que nuestro ordenamiento juridico contempla acciones de inquisición o desconocimiento de paternidad, sin que ello implique el menoscabo del derecho de identidad que debe asegurarse a los hijos.

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Por su parte, los representantes legales de la Asamblea Nacional, alegaron en su escrito de opinión jurídica que siendo una norma pre-constitucional, esto es, una norma preexistente y anterior en el tiempo a la Constitución de 1999, la acción de inquisición de la paternidad y la maternidad contenida en el artículo 228 del Código Civil, es un medio para demandar judicialmente la filiación, sin embargo, a los efectos del mandato constitucional, en la actualidad, a través de la creación de nuevas leyes especiales que rigen la materia, se ha ampliado su ámbito de aplicación y por consiguiente, existen y se han desarrollado otros procedimientos más expeditos para reclamar o demandar el reconocimiento de la filiación materna o paterna, como los establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y en la Ley Para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, cuyos fines buscan establecer los mecanismos de desarrollo de políticas para la protección integral de las familias, la maternidad y la paternidad, al niño, niña y adolescente, asi como promover prácticas responsables ante las mismas, pero consideran que el lapso de 5 años para intentar la acción de inquisición de la paternidad y la maternidad contra los herederos del padre o de la madre, limita el derecho constitucional de cualquier persona, vale decir niño, niña o adolescente, a conocer su identidad y/o la determinación judicial de su filiación, en resguardo del interés superior y en procura de la protección integral de dichos sujetos de derechos.

En igual sentido, los representantes legales de la Defensoría del Pueblo, alegaron en su escrito de opinión juridica que se observa una contradicción intrínseca que anula el artículo 228 del Código Civil, pues por inquisición de paternidad cuando ésta es ejercida contra el pretendido somete dicha acción a un lapso de caducidad para el caso de interponer la cuando los padres estén fallecidos. Asimismo, sostuvieron que se vulnera el articulo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dispone el derecho de todo niño, niña y adolescente a conocer a su familia de origen, acotando que el derecho a la identidad no es exclusivo de los niños, niñas y adolescentes, sino que abraza a los adultos, pues ellos también tienen derecho a conocer a su familia de origen, por lo tanto el lapso de caducidad referido en el articulo 228 del Código Civil, violenta su derecho constitucional a la identidad familiar.

En este orden de ideas, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 56, 75, 76 y 78, establecen que:

"Articulo 56. Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.

Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro comprueben su identidad biológica, de conformidad con la lay. Estos no contendrán mención alguna que califique la fliación".

natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto reciproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional".

...

"Articulo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre.

Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante e planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos.

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistir los o asistir las cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por si mismos o por si mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria".

"Articulo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se ee e e e les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanoà activa, y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes".

Dispone el artículo 210 del Código Civil, lo siguiente:

"Artículo 210. A falta de reconocimiento voluntario, la filiación del hijo concebido y nacido fuera del matrimonio puede ser establecida judicialmente con todo género de pruebas, incluidos los exámenes o las consentidos por el demandado. La negativa de éste a someterse a dichas pruebas se considerará como una presunción en su contra.

Queda establecida la paternidad cuando se prueba la posesión de estado de hijo o se demuestre la cohabitación del padre y de la madre concebido en dicho periodo, salvo que la madre haya tenido relaciones sexuales con otros hombres, durante el período de la concepción del hijo o haya practicado la prostitución durante el mismo perlodo; pero esto no impide al hijo la prueba, por otros medios, de la paternidad que demanda".

Establecen los articulos 21, 22, 27, 28 y 31, de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad:

"Articulo 21. Cuando la madre y el padre del niño o niña no estén unidos por vinculo matrimonial o unión estable de hecho, que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, y la madre acuda a realizar la presentación ante el Registro Civil, deberá indicar el nombre y apellido del padre, asi como su domicilio y cualquier otro dato que contribuya a la identificación del mismo. El funcionario o funcionaria deberá informar a la madre que en caso de declaración dolosa sobre la identidad del presunto padre, incurrirá en uno de los delitos contra la fe pública previsto en el Código Penal.

En los casos en que el embarazo haya sido producto de violación o incesto, debidamente denunciado ante la autoridad competente, la madre podrá negarse a identificar al progenitor, quedando inscrito el niño o niña ante el Registro Civil con los apellidos de la madre. Con interês superior de niños, niñas y adolescentes, tal circunstancia en ningún caso será incluida en el texto del acta correspondiente".

"Articulo 22. Realizada la presentación del niño o niña; el funcionario funcionaria competente elaborará inmediatamente el Acta de Nacimiento respectiva.

Dicho funcionario o funcionaria deberá notificar a la persona señalada como padre del niño o niña, dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de presentación, a los fines de que comparezca ante el Registro Civil a reconocer o no su paternidad, dentro de los diez días hábiles a su notificación.

Los adolescentes de dieciséis años de edad o más tienen plena capacidad para reconocer a sus hijos e hijas. También podrán hacerlo antes de cumplir dicha edad con autorización de su representante legal o, en su defecto, con la del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando el señalado padre tenga menos de dieciséis años de edad, deberá intervenir en el presente procedimiento a través de su representante legal".

"Artículo 27. Si la persona señalada como padre comparece ante el Registro Civil y acepta la paternidad se considerará como un constancia del reconocimiento en el expediente y en el Libro de Actas de Nacimiento respectivo. En este caso, la autoridad civil expedirá nueva Acta de Nacimiento que sustituirá la que fue levantada con la presentación de la madre, la cual quedará sin efecto. La nueva acta no establecido.

En los casos en que un hombre deseare el reconocimiento voluntario de una niña o un niño sin que conste su relación parental en el certificado médico de nacimiento, podrá solicitar ante el Registro Civil la experticia de Acido Desoxirribonucleico (ADN), cumpliendo con el procedimiento establecido en el presente capitulo, de resultar positiva la experticia, se procederá a redactar el acta de nacimiento dejando Constancio de la identidad del padre".

"Artículo 28. Si la persona señalada como presunto padre negare la biológica de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) u otra experticia afin. En este supuesto, la autoridad civil ordenará lo conducente a los fines que será garantizada por el Estado.

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En los casos que la persona identificada como presunto padre se negare a realizarse dicha prueba, se considerará como un indicio en su contra".

"Articulo 31. Transcurrido el lapso de comparecencia sin que la se remitirán las actuaciones al Ministerio Público con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, a los fines de iniciar el procedimiento de filiación correspondiente.

En los procedimientos de filiación el juez o jueza competente podrá Desoxirribonucleico (ADN) y otras experticias pertinentes, las cuales deberán ser garantizadas gratuitamente por el Estado".

Los articulos 4, 16, y 17 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, disponen:

"Articulo 4. El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas otra indole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías".

"Artículo 16. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad".

"Articulo 17. Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser identificados o identificadas, inmediatamente después de su nacimiento. A tal efecto, el Estado debe garantizar que los recién nacidos y las recién nacidas sean identificados o identificadas obligatoria y oportunamente, estableciendo el vínculo filial con la madre".

Al respecto, resulta pertinente traer a colación la sentencia de la Sala Constitucional n.° 953 del 16 de julio de 2013, caso: "Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela", en la cual se refirió a la protección constitucional del derecho a la igualdad y a la protección de la identidad del niño, la cual se encuentra garantizada al establecerse la presunción de paternidad, en los términos siguientes:

"...En este orden de ideas, cabe reiterar que la condición morfológica del género en este caso se ubica en un plano valorativo y formativo en los elementos comparativos entre el hombre y la mujer, al desplazar los elementos de igualdad y corresponsabilidad entre ambos contrayentes, al establecer exigencias y requisitos adicionales sobre el otro, fundados éstos en elementos que no se corresponden con la protección constitucional del derecho a la igualdad y a la protección de la identidad del niño, la cual se encuentra plenamente garantizada al del Código Civil, al reconocimiento voluntario del niño o niña, conforme a las disposiciones consagradas en la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (Gaceta Oficial n.° 38.773 del 20 de septiembre de 2007) o en la interposición de las acciones judiciales relevantes a la filiación, en caso de que exista contradicción entre la identidad biológica y la legal...".

Sobre este particular resulta igualmente necesario traer a colación lo establecido en la sentencia de la Sala Constitucional n.° 1443 del 14 de agosto de 2008, caso: "Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente (CNDNA)", con respecto a la interpretación del articulo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

"(Omissis) ...artículos -56- consagra el derecho a la identidad de los ciudadanos, derecho el cual se considera inherente a la persona humana y del cual no se puede prescindir, lo cual genera paralelamente una obligación al Estado, consistente en el deber de asegurar una identidad legal, la cual deberia coincidir con la identidad biológica, todo ello con la finalidad de otorgar a todo ciudadano un elemento diferenciado con respecto a los integrantes de una sociedad, el cual se interrelación y se desarrolla con el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad.

Derecho éste, el cual no se agota en su relación con los demás ciudadanos, sino que aun se intemnaliza más en el desarrollo y conocimiento de cada hombre, constituyéndose en un presupuesto indispensable del aseguramiento del derecho a la vida, sin el cual no puede concebirse al hombre. Así pues, la identidad personal es ser uno mismo, representado con sus propios caracteres y sus propias acciones, constituyendo la misma verdad de la persona.

Conviene destacar en tal sentido, que el hombre es el eje y centro de todo el sistema juridico y en tanto fin en si mismo, su persona y la consagración de sus derechos intrínsecos y personallsimos son inviolables. Ello asi los derechos de la personalidad, dentro de los cuales debe incluirse el derecho a la identidad, son esenciales para ese respeto de la condición humana.

(Omissis)"

Ahora bien, el derecho a la identidad se encuentra establecido en diversas Convenciones Internacionales, tal como se muestra a continuación:

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José):

- .

"Artículo 18. Derecho al Nombre Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos, si fuere necesario".

Convención sobre los Derechos del Niño:

"Artículo 7.

1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá, derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos (...).

Artículo 8.

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estado partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad".

En aplicación de esta Convención y con anterioridad a la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e incluso, a la promulgación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la Sala Politico-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 12 de agosto de 1998 (caso: Maria del Rosario Gomez Portilla y otro, expediente n.° 11.135), señaló lo siguiente respecto al derecho a la identidad:

"El Congreso de la República de Venezuela promulgó en fecha 20 de julio de 1990, la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fuera suscrita en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el 26 de enero del mismo año. Dicho texto es parte del Ordenamiento Juridico Venezolano. / (...) Ahora bien, entre los derechos enumerados en dicha Convención, que en definitiva complementan los que de modo enunciativo prevé nuestra Constitución, se encuentra el derecho a la identidad, consagrado en los artículos 7 y 8 de ese Tratado, (...) / (...) De alli que se consagra entonces, como derecho inherente a la persona humana desde el momento en que nace, el derecho a la identidad, manifiesta, principalmente, en su estado civil, lo cual incluye, en los términos -enunciativo- del transcrito artículo 8, todo lo relativo a la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares.

Así, se trata en definitiva del derecho al respeto y reconocimiento del producen consecuencias jurídicas y que se refieren a su posición dentro de una comunidad política, a su condición frente a una familia y a la persona en si misma, o sea, independientemente de sus relaciones con los demás' (AGUILAR GORRONDONA, José Luis, 'Derecho Civil.

incluya a la nacionalidad -como atributo del status político-; a las atributos de la personalidad, incluyendo nombre, domicilio, etc., status personal o individual-".

Asi pues, esta Sala Constitucional considera que ciertamente el contradicción; por cuanto, en la primera parte del articulo se consagra el principio de imprescriptibilidad de la acción de inquisición de la paternidad y la maternidad cuando ésta es ejercida contra el pretendido padre o madre vivos, pero a su vez, en la parte final del mismo, somete la acción a un lapso de caducidad para el caso de interponer la contra los herederos cuando los padres estén fallecidos, sin precisar si se trata de la acción de inquisición de la paternidad y de la maternidad o de la acción para hacer valer los derechos patrimoniales que podrian derivarse de ésta, sin embargo, la limitación temporal para el caso de la acción por inquisición de la paternidad y de la maternidad resulta contraria a lo establecido en el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual contempla el derecho de toda persona a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre, a conocer la identidad de los mismos y el deber del Estado de garantizar el derecho de investigar la maternidad y la paternidad, por lo que, esta Sala observa que éste artículo constitucional se encuentra

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orientado a garantizar el reconocimiento filiatorio del padre o la madre, sin distinguir, si se encuentran vivos o fallecidos, y que tal reconocimiento puede ser solicitado tanto por los niños, niñas y adolescente, así como por los adultos en cualquier momento. En consecuencia, esta Sala considera que no debe existir limitación en cuanto a la acción para hacer valer los derechos que comprenden el reconocimiento de la filiación, a tenor de lo previsto en el artículo 56 Constitucional.

En este sentido, a tenor de los argumentos expuestos en el presente fallo, resulta imperioso para esta Sala declarar la nulidad de la parte in fine del articulo 228 del Código Civil, publicado en la Gaceta Oficial n.° 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982, por ser contraria a la disposición del artículo 56 de la Constitución de la República. Asi se decide. En virtud de las consideraciones expuestas, se declara con lugar la nulidad de la parte in fine del articulo 228 del Código Civil, publicado en la Gaceta Oficial n.° 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982, leyéndose en consecuencia la norma integra de la siguiente manera:

"Articulo 228: Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre, a la madre y a los herederos".

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se fijan los efectos de esta decisión con carácter ex nunc, a partir de la publicación del texto integro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, con la siguiente mención en su sumario: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad de la e e e e máximo Tribunal, bajo el mismo título.

VII DECISIÓN Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:

1.- Por orden público constitucional decidió ejercer el control concentrado de la constitucionalidad del ARTfCULo 228 DEL CÓDIGO CIVIL, publicado en la Gaceta Oficial n.° 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982.

2.- Se ANULA la parte in fine del articulo 228 del Código Civil, 1982, leyéndose en consecuencia la norma integra de la siguiente manera:

"Articulo 228: Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre, a la madre y a los herederos de éstos".

3.- Se oRDENA la publicación del texto integro de esta , sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, con la siguiente mención en su sumario: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad de la parte in fine del artículo 228 del Código Civil, publicado en la Gaceta Oficial n.° 2.990 la decisión en el portal web de este máximo Tribunal, bajo el mismo titulo.

Publiquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los (o8 ) dias del mes de ui de dos mil catorce. Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

La Presidenta, GLADYAUTIERREZ ALVARADO Ponente

El Vicepresidente, ames o.

FRANCISCO ANTONIO CARRASSGERO LOPEZ Los Magistrados,

LUISA ESTEMORAUAS LAMUNO

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN QuetmetG CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES .…./

JUAN JOSÉ MENOOZA JOVER Setario,

JOSÉ LEONARDO REOUIDN CABELLO

N°805 LA REPUBLICA BOLIVARZANA DE VENEZUELA EN SU NOMURE CL TRISUNAL SURBEMO DE JUSFICIA SALA CONSTTTUCIONAL Magistrada P'oncate: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO Expedicnte N° 14-0102 El 30 de enero de 2014, se recibió en esta Sala Constitucional escrito presentado por el abogado Alberto Ruiz Blanco, inscrito en el Instituto de Provisión Social del Abogado bajo el número 58.813, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil COMPAÑÍA OPERATIVA DE ALIMENTOS COR, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 6 de noviembre de 2002, bajo el número 55, tomo 79-A, contentivo de la solicitud de revisión constitucional de la sentencia del 18 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

El 4 de febrero de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Merales Lamuño, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de habor finalizado la licencia que le fuera concedida por la Sala Plena de este máximo Tribunal para que se separar a temporalmente del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Gladys Maria Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

1 DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN El apoderado judicial de la solicitante fundamentó sus denuncias con base en los siguientes argumentos:

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Que "(...) la SENTENCIA violó el principio constitucional dal favorecimiento al derecho de acceso a la fusticia, al derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho a la defensa y al debido proceso y al derecho de petición que constitucionalmente están garantizados con base a los articulos 2, 26, 49, 51 y 257 Constitución (..)" (Mayúsculas del escrito).

Que “(...) toda vez que declaró la inadmisibilidad de la demanda de nulidad que CORCA intentó contra la Providencia Administrativa, aun cuando no habla transcurrido el e e n Jurisdicción Contencioso Administrativa (...)".

Que "(...) [e]1 29 de junio de 2012 la Inspectoria del Trabajo del Municipio Guaicaipuro, con sede en Los Teques, Estado Miranda, dictó la Providencia Administrativa procediendo, de manera inconstitucional e ilegal, a multar a CORCA por unos supuestos incumplimientos de la normativa laboral y de seguridad e higiene (...)".

Que "(...) [1]a Providencia Administrativa fue notificada a CORCA el 11 de julio de 2013, por lo que el lapso de caducidad de 180 dias vencía el 7 de enero de 2013 (...)".

Que "(..) con base a lo dispuesto en el articulo 34 de la LOJCA. nuestra inconstitucionalidad e ilegalidad contra la Providencia Administrativa el 4 de enero de 2013 por ante el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual procedió a admitirla en la misma fecha (...)".

Que “(...) el día 177 del lapso de caducidad, nuestra representada demandó la nulidad de la Providencia Administrativa de manera tempestiva, razón por la cual no operó la caducidad de la acción, tal como lo dispone el articuio 34 de la LOJCA cuando presentación inicial de la demanda' (..)".

Que “(...) el TRIBUNAL SUPERIOR (...) procedió a declarar la inadmisibilidad de la acción por haberse intentado ésta ante un Tribunal incompetente, y en consecuencia, a su criterio, para que no operara la caducidad, la demanda ha debido ser interpuesta ante el Tribunal competente de manera tempestiva (.)" (Mayúsculas del escrito).

Que "(..) el TRIBUNAL SUPERIOR realiza una interpretación errada del artículo demanda ante un Tribunal de Municipio ante la inaxistencla de un Tribunal competente en una determinada jurisdicción, con la forma de cómo se determina si se configuró o no la caducidad, y que no es otra que con la mera interposición de la demanda, asl sea en un Tribunal incompetente (..)" (Mayúsculas del escrito).

Que "(..) tomando en cuenta que la demanda de nulidad se interpuso tempestivamente el dia 4 de enero de 2013, y con base al principio constitucional pro actione y el derecho a la tutela judicial efectiva, fundamentado en el propto articulo 34 de la LOJCA en concordancia con el articulo 26 de la Constitución, el TRIBUNAL SUPERIOR ha debido entrar a conocer el fondo de lo debatido en la demanda de nulidad y verificar si efectivamente la Providencia Administrativa contenía vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, y al no hacerlo, desacató la doctrina vinculante, que al respecto ha dictado de manera consecuente esa Sala Constitucional (...)" (Mayúsculas del escrito).

Finalmente, sobre la base de lo expuesto, solicitó a esta Sala se declare la nulidad de la sentencia del 18 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado Suporior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y se ordene dictar un nuevo fallo.

II DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN El acto jurisdiccional cuya revisión se pretende ante esta Sala Constitucional lo constituye la sentencia del 18 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en los siguientes términos:

"(...) Aiega el apelante que existe la incompetencia por la materia y por al territorio en el presente caso, ya que en primer lugar, la demanda se interpuso ante un Tribunal de Municipio incompetente por la materia, en vista de que al domicilio del demandante es la ciudad de Caracas y en esta ciudad existen tanto Tribunales en lo contencioso administrativo como laborales y pudo el recurrente en nulidad incoarla en alguno de estos Tribunales de la región capital competentes por la materia, asimismo alegó, que siendo la ciudad de Caracas el domicilio de la recurrente, debió llevarse el procedimiento en esta jurisdicción por ser competente por el territorio, violentándose normas de estricto orden público: y. siendo incompetentes por el territorio estos Tribunales para conocer de la demanda de nulidad, el lapso de caducidad transcurrió, ya que no existe interrupción por lo cual se verifica la caducidad de la acción en el presente Recurso de Nulidad.

Para resolver el punto previo sometido a esta jurisdicción, debemos acotar que en ciudad fue donde mano el acto administrativo, razón por la cual, al atacarse una Providencia Administrativa emanada de un Inspactor del Trabajo dabe hacerse en la jurisdicción de los Tribunales donde mano el acto.- En este sentido y no obstante lo anterior, se puede observar que el recurrente Metropolitana de Caracas en fecha 04 de enero de 2013, el cual fue recibido por Teques en fecha 02 de febrero de 2013.- Considera esta Alzada que debe analizar el incumplimiento del requisito fundamental para la admisibilidad del recurso de nulidad postulado por la sociedad mercantil COMPAÑIA OPERATIVA ALIMENTOS COR. C.A.. cOmo lo constituye el lapso de caducidad exigido a cumplir para el ejercicio de la acción judicial de nulidad del acto administrativo de efectos particulares, tal como se Contencioso Administrativa, se abstiene de examinar el fundamento del recurso de nulidad, asi como tampoco entrará a conocer sobre los méritos del asunto desestimación de la pretensión, toda vez que para este estudio debe superar la admisión de la acción judicial, que constituye un presupuesto procesal para su pervivencia procesal, lo cual conducir sin ninguna duda la vida legal y tramitación del juicio, donde se ubican los análisis materiales del derecho alegado y no se debe aplicar la declaratoria in limine litis, lo cual no lo constituye al caso de marras y en consecuencia. forzosamente la inutilidad de realizar considaración alguna sobre el fondo del asunto planteado y asi se deja establecido.

Las causales de inadmisibilidad en materia contencioso administrativa, constituyen un aspecto de atinente orden público, razón por la cual pueden llegar a revisarse en cualquier estado y grado del proceso, aún cuando hayan sido detectados abinitio.

En todo caso, se debe observar que la inadmisibilidad de la acción judicial hay procesales que la Ley y han sido incumplido por el pretendiente de la acción judicial, de forma que no se puede comprender que de una manera injustificada se pueda impedir u obstaculizar el acceso a la justicia material que se encuentran en Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por otra parte, es menester que se deje bien precisado an el caso de marras, cuál es la interpretación lógica y racional desde el punto de vista juridico de la norma contenida en al articulo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo texto es el siguiente:

presentarla ante un Tribunal de municipio, el cual deberá remitir inmediatamente el expediente, foliado, y sellado, al tribunal señalado por la parte actora. La caducidad de la acción se determinará por la fecha inicial de la demanda.

(...) En el caso de marras, como ha quedado determinado, el recurrente presentó inicialmente la demanda en un Tribunal de Municipio del Area Metropolitana de Caracas, jurisdicción por demás incompetente para conocer de la demanda de nulidad, ante la existencia en dicha jurisdicción Tribunales competentes tanto en materia Contencioso Administrativo como la jurisdicción Especial Laboral, de Constitucional, por lo que la actuación debió realizarse ante los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción y Sede, por encontrarse constituidos en esta jurisdicción, hecho no tomado en cuenta por el demandante. Asi se establece.

Asl mismo, ante la sanción por via especial de la jurisdicción contencioso Administrativa, debió el recurrente examinar sobre la existencia o no, de los encuentra ubicada la empresa mencionada que está sometida por las normas del articulo de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras a la jurisdicción de la Inspectoria del Trabajo de la ciudad de Los Teques, donde se encuentran los Juzgados con competencia en esta materia, lo cual no observó para consignar el recurso de nulidad, excluyéndose por lo tanto de los supuestos que las normas del articulo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establecen para los casos de inexistencia de los Juzgados o por existir impedimento o distancia geográfica que le pueda impedir el acceso a la justicia y asi se establece.

Asi las cosas, de la revisión de las actas procesales se evidencia al folio ciento veinticuatro (124) de la primera pieza del expediente, que la parte recurrente fue notificada del acto que aqui se recurre en nulidad en fecha 11 de jullo de 2012, por el numeral 3 del articulo 180 de la Ley Orgántca de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, requisito al cual está obligado el juez verificar camo requisito de admisibilidad de la acción de acuerdo al articulo 35 eiusdem, se constata el mismo se configuró el día 11 de enero de 2013, concluyéndose que al ser recibida la demanda en el Circuito Judicial del Trabajo de asta Circunscripción y sede en facha 28 de enero de 2013, evidenciándose que superó el lapso de la caducidad indefectiblamente, operó la misma, en consecuencia, debe forzosamente declarar la inadmisibilidad del presente recurso de nulidad y as se decide (...)".

III DE LA COMPETENCIA Debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, al respecto, observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de "revisar las sentencias

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definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas juridicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva".

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 25, cardinales 10 y 11, atribuye a esta Sala la competencia para "Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional: efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional: o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales" y "Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, asi como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violación de derechos constitucionales".

Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la'revisión de una sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que decidió en alzada la demanda de nulidad interpuesta contra una providencia administrativa, esta Sala Constitucional asume su competencia para conocer de la solicitud de revisión propuesta contra dicho acto jurisdiccional, y así se decide.

IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR

conforman el presente expediente, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la solicitud planteada, no sin antes reiterar, como premisa del análisis subsiguiente, el criterio sostenido en sentencia N° 44 del 2 de marzo de 200 (caso: "Francia Josefina Rondón Astor"). ratificado en el fallo N° 714 del 13 de julio de 2000 (caso: "Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda"), conforme al cual la discrecionalidad que se atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a fin de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, lo cual será analizado por esta Sala, siendo siempre facultativo de ésta, su procedencia.

Por otra parté, esta Sala ha sostenido en casos anteriores, que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias no se cristaliza de forma similar al establecido para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. Para la revisión extraordinaria el hecho configurado de la procedencia no es el mero perjuicio, sino que, además, debe ser producto de un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, de la indebida aplicación de una norma constitucional, de un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, de su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces de instancia o casación, de ser el caso, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna.

Sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, en tales casos, la revisión de la sentencia (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso:

"Margarita de Jesús Ramirez").

Ahora bien, el acto decisorio sometido a revisión de esta Sala Constitucional lo constituye el pronunciamiento del 18 de noviembre de 2013, dictado por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Procuraduría General de la República, contra la sentencia del 9 de julio de 2013, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, y en consecuencia, revocó el referido fallo y declaró inadmisible la demanda de nulidad intentada por la hoy solicitante contra la Providencia Administrativa número 0068-2012 del 29 de junio de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, al considerar que operó la caducidad de la acción.

. - En este sentido, advierte la Sala, que los fundamentos contenidos en la presente solicitud de revisión están dirigidos a denunciar la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, así como el principio constitucional de favorecimiento al derecho de acceso a la justicia, ya que la sentencia impugnada, al razonar sobre la inadmisibilidad de la demanda de nulidad interpuesta, consideró que ésta había caducado, al no haber sido recibida tempestivamente en un tribunal competente, por no estar dado el supuesto previsto en el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que viabilizaba su interposición en un juzgado de municipio como prevé el referido artículo.

Al respecto, el fallo cuya revisión se solicitó a esta Sala analizó el contenido y alcance del artículo 34 eiusdem, a fin de verificar si al hoy solicitante le era posible la interposición de la demanda en un juzgado incompetente con el fin de interrumpir el lapso de caducidad; y, a tal efecto, señaló la existencia de juzgados con competencia en la materia y el territorio, lo que -a su decir- le excluir del supuesto previsto en la referida norma.

En este sentido, el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es del tenor siguiente:

"Artículo 34. Presentación de la demanda ante otro tribunal. El demandante en cuyo domicilio no exista un tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa competente para conocer de la demanda, podrá presentarla ante un tribunal de municipio, el cual deberá remitir inmediatamente el expediente, foliado y sellado, al tribunal señalado por la parte actora. La caducidad de la acción se determinará por la fecha de presentación inicial de la demanda.

El tribunal receptor antes de efectuar la indicada remisión, lo hará constar al pie del escrito y en el libro de presentación".

Ahora bien, el articulo transcrito prevé la posibilidad de presentar la demanda ante un tribunal de municipio en los casos en que no exista un juzgado con competencia contencioso administrativa en el domicilio del demandante, pero omite la referencia expresa a los casos -como el de autos- en los que la interposición de la demanda se realiza tempestivamente ante un juzgado de municipio, aun cuando se verifica la existencia de tribunales con competencia contencioso administrativa en el domicilio del demandante.

Así, el presente caso se circunscribe a determinar si es posible afirmar, bajo el principio pro actione, que el alcance y contenido del artículo 34 eiusdem permite o debe considerarse como válida y eficaz la interposición de la demanda ante un tribunal incompetente, en orden a lograr evitar la caducidad de la acción.

Al respecto, debe reiterarse que esta Sala en sentencia N° 97 del 2 de marzo de que:

emitió la Sala Politico-Administrativa el 19 de diciembre de 2002, para lo cual comienza por el análisis de la decisión cuya revisión se requirió y observa que la misma declaró inadmisible el recurso contencioso de mulidad que intentó el ahora solicitante de revisión, con fundamento en el articulo 84.2 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, entonces vigente, esto es por la consideración de que la demanda se incoó ante un tribunal incompetente.

Ahora bien, la decisión objeto de revisión se apartó de la interpretación que ha hecho esta Sala Constitucional sobre el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y principio pro actione, según los cuales todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantias debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales.

(...) El alcance del principio pro actione (a favor de la acción) ha sido objeto de un sistemático tratamiento por parte de esta Sala. La conclusión que se puede extraer de las decisiones que han considerado el tema, es que las condiciones y injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia' (s.S.C. n° 1.064 del 19.09.00).

(...) En abundancia, esta Sala recuerda_que es una máxima en Derecho Procesal asunto, no así para su tramitación, de manera que mal puede declararse la inadmisibilidad de una demanda por razón de la incompetencia sin que con ello se enerve el contenido esencial del derecho al acceso a la justicia y, an definitiva, el derecho a la tutela judicial eficaz.

(...) Por último, es de hacer notar que la propia Sala Politico-Administrativa modificó recientemente su criterio en relación con las consecuencias juridicas de la declaratoria de incompetencia a la luz de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Asi, mediante sentencias nª 782 de 7-7-04: 792 de 7-9-04; 1.114 y 1.115 de 18-9-04: 1.796 de 19-10-04; 1.715 de 7-10-04; y 1.900 de 27-10-04, dicha Sala estableció que, si bien la incompetencia da lugar expediente (s. nº° 1.679 de 6-10-04). el derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva no puede verse menoscabado por el transcurso del lapso de caducidad, que legalmente se preceptúa desde la interposición de la demanda hasta la decisión de incompetencia de la Sala. Asi, de la decisión 1.114 de 18-9-04 se lee lo siguiente:

No obstante la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar, debe la Sala observar legítimamente sus derechos, acudiendo por ante esta Máxima instancia a los

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fines de que.se produzca un pronunciamiento acerca de la validez del acto administrativo mediante se declaró su responsabilidad administrativa; de allí que, en principio, la declaratoria de inadmisibilidad del aludido recurso, sin que se efectúen mayores consideraciones, podría producir un menoscabo en la situación juridica de los actores, concretamente en el ejercicio de su derecho constitucional a la defensa y de acceso a la justicia, como consecuencia del vencimiento del lapso de caducidad legalmente previsto, para procurar, en via contenciosa, la defensa del derecho por ellos invocado.

En ese contexto, no puede dejar de advertir esta Sala el hecho notorio que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. para el momento de la interposición del presente recurso. formalmente no estaba en funcionamiento:

situación fáctica que -a juicio de esta Sala- en la situación evaluada, razonablemente permite presumir que ha podido influir en que el presente recurso se haya interpuesto por ante esta Sala, a los fines de salvaguardar sus derechos constitucionales a la justicia y tutela judicial efectiva.

En vista de lo anterior, considera esta Sala que es su deber ineludible garantizar la preeminencia del respeto de los derechos y garantias constitucionales, con el fin de asegurar el orden social justo consagrado en la Carta Magna, y que prevalezca la verdad como elemento con sustancial de la justicia. En razón de ello. y a pesar de no ser esta Sala la autoridad judicial competente para conocer del recurso interpuesto, cabe destacar que si es el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa en la cual se enmarca el asunto planteado; por lo que, habiéndose presentado el recurso ante la misma, se hace necesario establecer expresamente que el tiempo transcurrido desde su interposición hasta la presente fecha, no deberá ser tomado en cuenta a los efectos de determinar el vencimiento de los plazos de caducidad para ejercer la acción in commento (sic). Asi se establece' (Destacado añadido)" (Destacado de esta Sala).

En efecto, esta Sala ha señalado que el principio pro actione forma parte del núcleo esencial de los derechos fundamentales a la tutela judicial eficaz y al debido proceso, lo que impone la exigencia de una interpretación de los requisitos de admisibilidad de las demandas en el sentido que más favorezca el derecho de acceso a la jurisdicción que establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En ese contexto, se estima que es contrario al artículo 26 del-Texto Constitucional Miranda, declare inadmisible una demanda, al considerar que la interposición de la misma ante un juzgado de municipio de forma tempestiva resultaba insuficiente para evitar la caducidad, y en consecuencia, determinara que esta operó por cuanto el expediente llegó extemporáneamente al tribunal competente, pues de ese modo, dicha decisión se estaría fundamentando en una interpretación formal del articulo 34 de la Lay Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que no toma en cuenta los criterios de esta Sala que antes fueron expuestos en relación con el favorecimiento al derecho de acceso a la justicia, al derecho a la acción y, en definitiva, con la absoluta garantía del derecho a la tutela judicial efectiva (Vid. Sentencias de esta Saia Constitucional Nros. 759 del 20 de julio de 2000, caso: "Elena Barreto Lr": 1.764 del 25 de septiembre de 2001, caso: "Nello José Casadiego Vivas"; 371 del 16 de febrero de 2003; caso: "Ovidio Rondón Boada"; 97 del 2 de marzo de 2005, caso: "Banco Industrial de Venezuela" y 2.229 del 20 de septiembre de 2009, caso: “Pesajes del Puerto C.A.").

De manera que no existen dudas para esta Sala Constitucional sobre que, si bien la decisión objeto de revisión se fundó en la lectura literal del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la circunstancia fáctica en la cual los justiciables presenten la demanda ante un juzgado incompetente dentro del lapso que prevé la ley, aún cuando exista uno con competencia en el domicilio del demandante, tal disposición debe ser interpretada y aplicada en concordancia con la norma de rango constitucional que garantiza de manera expresa el acceso de toda persona a los órganos de administración de justicia, y en relación con el resto de las normas estatutarias de derecho público y de naturaleza adjetiva que regulan la jurisdicción contencioso administrativa.

Así, cabe reiterar que la hermenéutica jurídica y para el caso concreto, el análisis de las normas, es una actividad que debe desarrollarse en su totalidad, lo cual comporta que la interpretación normativa debe realizarse enmarcada en el sistema global del derecho conocimiento es necesario para determinar cuál ha sido la voluntad del legislador.

Ello implica “tener en cuenta el fin del derecho, pues lo que es para un fin por el fin ha de deducirse", así, el principio general de interpretación de la ley consagrado en el artículo 4 del Código Civil -conforme al cual, a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre si y la intención del legislador-, resulta aplicable no sólo en un contexto lógico sino teleológico o finalista, con lo cual los elementos normativos deben ser armonizados como un todo, en el sentido de no poder hacer abstracción unos de otros, sino que los mismos han de ser tomados en cuenta al momento de hacer la correcta valoración del contenido del texto legal (Vid. Sentencia de esta Sala N° 2.152 del 14 de noviembre de 2007, caso: "Antonio José Ledezma Diaz").

Conforme a lo expuesto, la Sala ha señalado que "(...) la interpretación juridica debe buscar el elemento sustantivo que se halla en cada una de las reglas del ordenamiento jurídico, constituido por los principios del derecho que determinan lo que Garcia de Enterria (Revolución Francesa y Administración Contemporánea. Madrid:

Editorial Civitas, 4° edición. 1994. P. 29). denomina como fuentes significativas' del ordenamiento, esto es, lo que el iuspublicismo con Kelsen, por un lado, y Santi Romano por otro, teorizaron como una Constitución <en sentido material> distinguible de la <Ley constitucional> en sentido formal, como un condensado de reglas superiores de la Constitución como expresión de la intención fundacional y configuradora de un sistema -e e n valor normativo y se constituye en lex superior, lo cual imposibilita la distinción entre articulos de aplicación directa y otros meramente programáticos, pues todos los preceptos constituyen normas juridicas directamente operativas, que obligan a las leyes que se dictan a la luz de sus principios a respetar su contenido esencial" (Vid. Sentencia de esta Sala N° 2.152/2007).

De ello resulta pues, que la Sala al contrastar la expresión jurídica legal o sub legal con el Texto Fundamental, de acuerdo al principio de supremacía constitucional, debe tener presente que toda manifestación de autoridad del Poder Público debe seguir los imperativos o coordenadas trazadas en la norma fundamental, como un efecto del principio de interpretación conforme a la Constitución y de la funcionalización del Estado a los valores que lo inspiran.

En este sentido, sobre el enfoque sistemático en la interpretación de normas, WeavER ha señalado que “es deber del Tribunal recurrir a la totalidad del instrumento en orden a desentrañar el significado de una disposición particular, y ninguna de las partes del mismo debe ser considerada superflua. Una disposición no dabe ser separada de las otras o considerada sola, sino que todas las disposiciones relativas a un sujeto particular deben ser consideradas conjuntamente para dar efecto al propósito del instrumento. Si existe repugnancia entre diversas disposiciones, el tribunal debe ponerlas en armonía" (Vid. Segundo Linares Quintana; "Tratado de Interpretación Constitucional", Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 405).

Sobre la base de tales parámetros, esta Sala advierte que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa señala, en el artículo 34, en términos generales, que condiciona la validez de la presentación de la demanda ante otro tribunal -a los fines del cómputo del lapso de caducidad- a la inexistencia de "un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa", y que tal aserto no puede ser interpretado fuera del contexto de la propia Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual establece la existencia de juzgados con competencia nacional, estadal e incluso municipal, como parte de la tendencia legislativa y jurisprudencial de acercar a los órganos jurisdiccionales a los justiciables.

Así, resultaría contraría a la finalidad de dicha Ley y a la eficacia de la mencionada norma, una interpretación que tienda a invalidar la posibilidad de presentar la demanda ante un tribunal de municipio, cuando existan órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (en general, nacionales estadales o municipales), en la medida que el propio ordenamiento jurídico establece una estructura jurisdiccional que en caso de adquirir plena eficacia -vgr. Creación de todos los tribunales que prevé la Ley (nacionales, estadales y tribunales con competencias en materia contencioso administrativa, con lo cual no sería viable la interposición de una demanda ante un tribunal de municipio.

Aunado a ello, la naturaleza de la norma contenida en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es la de una disposición atributiva de derechos procesales que amplía el acceso a la jurisdicción en la medida en que se vincula con la verificación del cómputo de la caducidad de la demanda, por lo que su interpretación no debe ser restrictiva, sino por el contrario amplia o extensiva, que en el presente caso se debe concretar a admitir que la interposición tempestiva de una demanda ante un tribunal de municipio sea válida a los fines de considerar la caducidad de la acción, independientemente de que existan tribunales con competencia contencioso administrativa en la jurisdicción correspondiente. Más aún, si se tiene en consideración el contenido de los articulos 69 y 75 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente por remisión del articulo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los cuales establecen que la incompetencia por la materia y por el territorio se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso, y se pasarán los autos al juez competente, ante el cual continuará con la sustanciación del procedimiento, con los límites que impone la propia norma procesal. Con lo cual la interpretación efectuada del artículo

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34 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, debió considerar el referido artículo de manera integral y sistémica con la Constitución, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código de Procedimiento Civil, siendo la conclusión de dicho análisis que la fecha de interposición tempestiva de la demanda ante el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, era la que debía considerarse a los efectos de determinar la caducidad de la acción, y no la fecha de recepción del expediente declinado al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

En este contexto, cabe señalar que el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a fin de lograr la prevalencia de los principios constitucionales, tenía la obligación de formular una interpretación progresiva de la norma contenida en el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al Texto Fundamental y a la jurisprudencia vinculante de esta Sala en la materia.

En virtud de lo expuesto, debe concluir esta Sala que el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en el fallo objeto de revisión constitucional, vulneró los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la defensa, y los criterios que sobre el principio pro actione ha reiterado esta Sala Constitucional, razón por la cual, debe declararse ha lugar la revisión constitucional y, en consecuencia, se anula el fallo del 18 de noviembre de 2013, y se repone la causa al estado en que sea dictada sentencia de fondo en el presente caso, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial. Así se decide.

Así pues, dada la necesidad de una interpretación progresiva y sistémica, considera esta Sala Constitucional necesario establecer con carácter constitucionalizante, en aras de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el contenido del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según el cual deberá entenderse que es posible la presentación de la demanda ante un tribunal de municipio, el cual, al declarar su incompetencia remitirá los autos al juzgado competente; siendo que la caducidad de la acción se determinará por la fecha de presentación inicial de la demanda en el juzgado de municipio cualquiera que sea éste.

Sobre la base de las anteriores consideraciones, esta Sala a fin de garantizar los principios jurídicos fundamentales como el de igualdad, confianza legítima y seguridad juridica que debe procurarse en todo Estado de Derecho, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como su reseña en la página web de este Tribunal. Así se decide.

v DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: Se declara HA LUGAR la solicitud de revisión de la sentencia que expidió, el 18 de noviembre de 2013, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, la cual se revoca; y consecuencia, se repone la causa al estado en que sea dictada sentencia de fondo en el presente caso, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la referida Circunscripción Judieial.

SEGUNDO: Se fija con carácter vinculante el criterio contenido en el presente fallo respecto al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, en consecuencia, se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, asi como en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se señalará "Sentencia de la Sala Constitucional que fija la interpretación constitucionalizante del articulo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa".

Publiquese y regístrese. Remitase copia certificada del presente fallo al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del felix de Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los días del mes de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

GLADYS MARIA GUTIÉRREZ ALVARADO

El Vicepresidente,

gme

Los Magistrados, MORALAMUÑO LUISA ESTELLA Ponente

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER USTICIA

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONBTITUGIONAL 2O10-91N dX38 Quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, salva su voto por disentir del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora que declaró HA LUGAR la revisión de la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2013 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda 'que declaró la inadmisibilidad de la demanda de nalidad interpuesta por Compañia Operativa de Alimentos COR, C.A. contra la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.

El motivo de la disidencia de quien suscribe radica en las consideraciones de derecho vertidas por la sentencia disentida en torno a la consideración de la interposición de la demanda ante un tribunal de municipio sólo cuando no exista el tribunal competente en su domicilio con un formalismo inútil.

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En efecto, sostiene la mayoría sentenciadora que interpretar que la demanda se debe ejercer estrictamente ante el tribunal que la norma determina como competente sería restrictivo del derecho de acceso a la justicia, lo cual Contencioso Administrativa establece la existencia de Juzgados con competencia nacional, estadal e incluso municipal y que ello imposibilitaría la existencia de demanda ante cualquier tribunal de municipio.

Ahora bien, se ha de comenzar por precisar que no toda exigencia procesal es, en sí misma, un formalismo inútil. Las formalidades son necesarias para ordenar el proceso e imprimirle racionalidad y coherencia a su desarrollo; sólo cuando la formalidad supera este umbral y su existencia se vuelve autoreferenciada (no está justificada por un fin distinto a ella) es que puede hablarse de inutilidad en términos constitucionales. Aplicando lo expuesto a la necesidad de presentar la demanda ante el juez competente, se ha de afirmar que la exigencia del tribunal competente es la concreción primigenia del derecho constitucional al juez natural como forma de distribución del poder jurisdiccional bien sea por el territorio, la cuantía, materia o función. De tal suerte que es ante el Juez que el ordenamiento jurídico especifica como competente ante quien se ha de desenvolver el proceso con las consecuencias de rigor que ese mismo ordenamiento estipula y que el criterio sentado por la mayoria sentenciadora confunde.

Así, la tesis que sostiene la mayoría sentenciadora, de aplicarse de forma irrestricta, conduciría a la situación anárquica de que, en un supuesto respeto del derecho de acceso a la justicia y a la acción, se permita interponer la demanda en el tribunal que el demandante considere de su preferencia, sin obedecer a parámetros procesales mínimos que garanticen la seguridad jurídica y excluya la manipulación de reglas procesales pre definidas.

En efecto, la configuración del derecho de acción y del acceso a la justicia encuentra parámetros válidos en la normativa procesal referida al juez competente desde el momento en que la norma procesal discrimina racionalmente cómo se ha de diagnosticar la competencia y por qué (territorio, cuantía, grado, materia, e e en ese n d n comprometida esa racionalidad estableció la excepción que encontramos en el articulo 34, precisamente en tutela de los derechos aludidos: sólo si en el domicilio ante el tribunal de municipio de su domicilio.

La mayoria sentenciadora, en cambio, ha alterado peligrosamente estas Para ello, parte de la errada premisa de que la implementación plena de la jurisdicción contenciosa administrativa vaciaría de contenido el articulo 34 de la Ley, pues no habría circunscripciones judiciales sin la presencia de tribunales con competencias en materia contencioso administrativa, dispensando un tratamiento indiscriminado a los conceptos de domicilio, sede y competencias. En ese sentido, advierte la Magistrada disidente que la Sala Polltico Administrativa es de ámbito territorial nacional, pero tiene su sede en Caracas; que los Tribunales Nacionales Contencioso Administrativo, tienen competencia territorial regional pero su sede está en uno de los Estados donde ejerce competencia por el territorio; que los Juzgados Superiores Estadales Contencioso Administrativo pueden pertenecer a circuitos judiciales diferentes; y que los Juzgados de Municipio Contencioso Administrativo puede considerarse el tribunal de mayor proximidad pero no ser necesariamente el competente para conocer de la demanda.

En definitiva, los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa no conocen exclusivamente de asuntos que se produzcan allende se encuentra su sede, siendo este escenario el que permite la implementación de la norma contenida en el artículo 34. Así: cualquiera que tenga que presentar una demanda ante la Sala Politico Administrativa y tenga su domicilio fuera de Carcas, puede presentarlo ante el Juzgado de Municipio de su domicilio; lo mismo ocurre con los Tribunales Nacionales Contencioso Administrativo, e incluso con los Juzgados Superiores Estadales, por ejemplo: -el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Miranda tiene su sede en la ciudad de Los Teques, pero conoce de las demandas administrativas cuya relación jurídica se hayan originado en la región de Barlovento, Los Valles del Tuy, Los Altos Mirandinos y los municipios pertenecientes al Área Metropolitana de Caracas.

Il Por otra parte, el criterio sostenido por la sentencia disentida no sólo permite que se interponga la demanda ante un tribunal de municipio aun teniendo el demandante su domicilio en el lugar donde el tribunal llamado a conocer la demanda tiene su sede, sino que además da por descontado que la excepción de la norma habilita a presentar la demanda ante cualquier Juez de municipio, futuro la demanda se'interponga por igual en Valencia que en Maracay o Caracas, etcétera, como ocurrió por cierto en el caso de autos, pese a que ni la sede del Tribunal competente ni el domicilio del demandante estaba en la ciudad capital.

Para la Magistrada disidente, la norma, aun cuando no es expresa sí es implicita: "El demandante en cuyo domicilio no exista un tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa competente para conocer la demanda, ser el criterio territorial manejado por el encabezado de la norma, pues el sentido común informa que si se ha de tener la disposición para trasladarse ante cualquier Tribunal de Municipio para presentar la demanda, con más razón (y manifestación tribunal llamado a conocer la demanda; pero además, y más importante aún, esta judicial efectiva primando la cercanía del demandante con el juez (incompetente) que ha de recibir la demanda. De manera que a nuestro entender no es cualquier tribunal de municipio ante el cual se ha de presentar, sino ante el Tribunal de su domicilio.

Finalmente, el criterio sostenido por la sentencia disentida, de cara a validar la interposición de la demanda ante el tribunal incompetente y superar la caducidad, invoca las normas contenidas en los artículos 69 y 75 del Código de Procedimiento Civil para afirmar que, como según esos preceptos la incompetencia por el territorio y la materia se declararán aun de oficio y se

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pasarán los autos al Juez competente quien continuará la causa, estas máximas son trasladables el supuesto glosado. En ese sentido, advierte la Magistrada disidente que, como bien lo afirma la sentencia disentida, estamos en presencia de un supuesto de caducidad, no de prescripción. Conforme con lo dispuesto en el artículo 1969 del Código Civil, la prescripción se interrumpe en virtud de una demanda judicial incluso si se hace ante un juez incompetente, que es precisamente el supuesto que de una u otra manera está recogido en los articulos 69 y 75 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, tanto en el régimen procesal común como el especial, la caducidad no se suspende ni interrumpe y conduce necesariamente al fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse ante el tribunal competente dentro del lapso establecido por el ordenamiento juridico para ello.

De tal suerte que si ni siquiera al amparo del régimen común la interposición de la demanda ante el tribunal incompetente enerva la caducidad, con mucha menos razón se puede pretender enervarla con base en lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo único fin es preservar la tutela judicial efectiva facilitando la cercanía a los efectos de la interposición de la demanda, nada más. Las restantes exigencias procesales se mantienen incólumes y asl debió ser declarado por la mayoría sentenciadora.

En Caracas, fecha ut supra.

aPfesigenta,

Vicepresidente, GLADYS M, GUTIÉRREZ ALVARADO

FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ Los Magistrados, ~

Ponente

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN Disidente ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES ILIAN JOSÉ MENDOZA JOVER El Secretario, SÉ LEGÑARDO REQUENA CABELLO V.S.Exp.- 14-0102 CZM No firman la presente seutericia lor begestado Dres:

metir Secutans 1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0085 Caracas, 22 de julio de 2014 2040 y155° y 15º ¡La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS, titular de la cédula de identidad N° 4.925.031, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su CondiCión de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado en Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día doce (12) de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.188 de fecha trece (13) de junio de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.

RESUELVE

PRIMERO: Designación de la ciudadana MARÍA ÁNGELES JOSÉ ZERPA! BASTARD0, titular de la Cédula de Identidad N° 10.466.003, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Bolívar de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a partir de la presente fecha, cargo considerado de libre nombramiento y remoción.

Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los veintidós (22) días del mes de julio dé 2014.

Comuniquese y Publiquese, ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS Director Ejecutivo de la Magistratura

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0086 Caracas, 17 de julio de 2014 204º y 155° y 150 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representadaà por el ciudadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS, titular de la cédula de identidad N° 4.925.031, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su CondiCión de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado en Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día doce (12) de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.188 de fecha trece (13) de junio de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.

RESUELVE

PRIMERO: Designación del ciudadano RAMÓN ALBERTO SUÁREZ MARÍN, titular de la Cédula de Identidad N° 16.431.493, quien ejerce el cargo de Analista Profesional II, como Jefe de la División de Base de Datos de la Dirección de Sistemas de la Oficina de Desarrollo Informático de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de encargado, a partir del dieciséis (16) de julio de 2014.

Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los diecisiete (17) días del-mes de julio de 2014.

RA ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS Director Éjecutivo de la Magistratura

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MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 16 de julio de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1073 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio dela facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada YESELY JOSEFINA FUNEz, titular de la cédula de identidad Nº 11.124.017, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico; a la UNIDAD DE DEPURACIÓN INMEDIATA DE CASOS, adscrita a la Fiscalía SuperiOr del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con sede en San Juan de Los Morros, a partir del 21 de julio de 2014 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Comyniquese y-Rublíquese.

LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la Repúbtica

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 16 de julio de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1074 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO:Trasladar al ciudadano Abogado MAGDIELENRIQUE OJEDA MORENO, titular de la cédula de identidad Nº 15.617.743, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Primera del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado BolÍVar; a la UNIDAD DE DEPURACIÓN INMEDIATA DE CASOS del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, adscrita a la citada Fiscalía Superior, con sede en Ciudad Bolívar, a partir del 21 de julio de 2014 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Comuníquese y Publíquese.

LUISA ORTEGA DÍAZ

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 16 de julio de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N° 1077 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada KATIUSKA JOSEFINA GUEVARA ORTA, titular de la cédula de identidad Nº 10.573.466, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Sala de Flagrancia del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar; a la UNIDAD DE DEPURACIÓN INMEDIATA DE CASOS del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción, con sede en Ciudad Bolívar, a partir del 21 de julio de 2014 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Comuniquese y Publíquese.

§ LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 16 de julio de 2014 Años 204º y 155° RESOLUCIÓN N° 1078 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo_6 dela Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 ejusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Designar con carácter de SUPLENTEala ciudadana Abogada LESLIE CAROLINA CORADO LEDEZMA, titular de la cédula de identidad N°13.151.744, en la FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, a Abogado Alexis Antonio Ramos, quien hará uso de sus vacaciones. La referida ciudadana se desempeña como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 21-07-2014.

Comuníquese y Publíquese.

Regístr

LUISA ORTEGADÍAZ Fiscal General de la República

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REPÚBLICA BOLIVARÍANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 16 de julio de 2014 Años 204° y 155° RESOLUCIÓN N°1079 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 ejusdem.

RESUELVE:

titular de la cédula de identidad N° 15.338.317, JEFE DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE TELEFONÍA (ENCARGADO), en la Dirección Técnico Científica y de Investigaciones, adscrita a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, a partir del 17-07-2014 y hasta la reincorporación de su titular, ciudadano Técnico Superior Universitario Argenis Alí García Contreras, quien hace uso de sus vacaciones. El referido ciudadano Douglas José Gil Silva, se desempeña como Experto en Investigaciones IV en la citada División.

LUISA ORTEGA DÍAZ LA REPUBLICA Fiscal General de la República

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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 Número 40.461 MES X AÑO CXLI Caracas, viernes 25 de julio de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria

DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIALDE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

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