Gaceta Oficial N° 40.434
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Caracas, lunes 16 de junio de 2014
AÑO CXLI MES IX
SUMARIO
PRESIDENCIADELAREPÚBLICA Decreto N° 1.042, mediante el cual se nombra a las ciudadanas que en él se mencionan, como Miembros del Directorio Ejecutivo del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER).
VICEPRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA Órgano Superior de la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Welmer Aponte Ascanio, como Delegado Estadal de este Organo en el estado Vargas.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARARELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Omar Nabil Nasser Solórzano, como Consejero en Comisión, Encargado de Negocios Ad Interim, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Marruecos, responsable de la Unidad Administradora N° 43112.
Resolución mediante la cual cesa en sus funciones el ciudadano Rafael Ángel Barreto Castillo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Bulgaria.
Resolución mediante la cual se informa la entrada en vigor del «Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Tunecina», suscrito en la ciudad de Túnez.
Resolución mediante la cual se suscribe el Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), GCP/RAF/489/VEN «Alianzas para el Desarrollo de Sistemas Sostenibles de Producción de Arroz en África Sub Sahariana».
Resolución mediante la cual se informa la entrada en vigor del «Acuerdo de Cooperación en materia de Turismo entre el Gobiemo de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Bulgaria», suscrito en Sofía, República de Bulgaria.
Resolución mediante la cual se informa la entrada en vigor del «Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Perú, en materia de Intercambio Educativo», suscrito en la ciudad de Puerto Ordaz, República Bolivariana de Venezuela.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALADEFENSA Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos Profesionales Fondos de Funcionamiento que se giren a las Unidades Administradoras Desconcentradas, sin delegación de firma, que en ellas se indican.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Almirante Gilberto Amilcar Pinto Blanco, en su carácter de Comandante General de la Armada Bolivariana, la facultad para suscribir el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Armada Bolivariana y el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Mayor General Eutimio José Criollo Villalobos, en su carácter de Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, la facultad para suscribir el Convenio de Cooperación, Capacitación, Asesoramiento Técnico y Profesional, Acreditación, Calibración y Donación de Equipos de Metrología y otros bienes, entre la Aviación Militar Bolivariana y el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, integrada por las ciudadanas y el ciudadano que en ella se señalan.
Número 40.434
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Resolución mediante la cual se identifica con el Epónimo «2014, Año de la Juventud Bicentenaria», las promociones que egresen de las instituciones y centros educativos oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal, Municipal y las instituciones educativas privadas, del nivel de educación media.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Manuel Larreal, como Director de Línea (E). adscrito a la Dirección General de Educación Intercultural del Despacho de la Viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, de este Ministerio.
FUNDABIT Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Luis Alfredo Ramos Figueredo, como Director de Administración y Finanzas (E) de esta Fundación.
MINISTERIO DELPODER POPULARPARATRANSPORTE TERRESTRE Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano José Antonio Ramirez, en su condición de Director General (E) de la Oficina de Gestión Administrativa, la atribución y firma de los actos y documentos que en ella se mencionan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARACIENCIA, TECNOLOGÍAE INNOVACIÓN SUSCERTE Providencia mediante la cual se nombra a la ciudadana Coralia del Carmen Oropeza Manzano, como Directora de la Oficina de Recursos Humanos de esta Superintendencia, en calidad de Encargada.
TELECOM Venezuela, C.A.
Providencia mediante la cual se constituye para el período 2014-2015, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones Públicas de este Organismo, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.
ABAE Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Érika Jakeline Roldán Restrepo, en su carácter de Directora (E) de la Oficina de Gestión Administrativa, la atribución y firma para la aprobación de actos, documentos e instrumentos jurídicos que impliquen la erogación de compromisos financieros y movilización de fondos y gastos hasta por la cantidad que en ella se indica.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALACULTURA Instituto del Patrimonio Cultural Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas Permanente de este Instituto, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se especifican.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Tribunal Disciplinario Judicial Sentencia mediante la cual se corrige por error material la Decisión de fecha 19 de noviembre de 2013, donde se absuelve de responsabilidad a la ciudadana Lys Mary Carias Borjas.
Sentencia mediante la cual se declara Admisible la denuncia interpuesta por la ciudadana Liliana Escalona, contra la ciudadana Rossanna Blanco Lairet, Jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Sentencia mediante la cual se absuelve de Responsabilidad Disciplinaria a la ciudadana Aura Maribel Contreras de Moy.
Corte Disciplinaria Judicial Sentencia mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante de la Inspectoría General de Tribunales contra la Decisión N° TDJ-SD-2013-164, dictada por este Tribunal en fecha 03 de diciembre de 2013, donde se absuelve de Responsabilidad Disciplinaria a la ciudadana Aura Maribel Contreras de Moy.
Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Gleisys Josefina Bastardo D'Orlemont, como Directora General de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto 1.042 16 de junio de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4º, 18, 19 y el numeral 7 del articulo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, conforme a lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
DECRETO
Artículo 1°. Nombro como Miembros del DIRECTORIo EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER), con el propósito de velar por la correcta ejecución, planificación, dirección, coordinación, supervisión y evaluación de las políticas públicas y asuntos relacionados con la condición y situación de la Mujer, así como la definición de los planes y políticas generales del Instituto a los efectos de ejecutar directamente la administración del mismo, a las ciudadanas que se indican a continuación:
NOMBRES Y C.I. N° CARGO APELLIDOS ISABEL YEKUANA, V- 18.505.460 Presidenta MARTÍNEZ LÓPEZ REBECA ELIANY, V-16.581.185 Vicepresidenta MADRIZ FRANCO MARÍA DEL VALLE, V-6.875.436 Vocal HERNANDEZ ROYETT GABRIELA JOHANNA, V-13.538.266 Vocal MALAGUERA GONZÁLEZ EUDIS JOSEFINA, V-10.956.244 Secretaria PÉREZ PÉREZ
Artículo 2º. Delego en la ciudadana Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género la juramentación de las referidas ciudadanas.
Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.) i NICOLÁS MADURO MOROS :
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ORGANO SUPERIOR DE LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL DESPACHO DE LA AUTORIDAD REGIONAL
N° REDIC/DSPM/037/2014 Caracas, 09 de Junio de 2014 204°, 155° y 15°
RESOLUCIÓN El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central, designado mediante Decreto N° 997, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.419, de fecha 26 de mayo de 2014, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 2 del referido Decreto, el numeral 3° del artículo 6 del Decreto N° 11, de fecha 22 de abril de 2013 mediante el cual se establecen las Regiones Estratégicas de Bolivariana de Venezuela N° 40.157, de fecha 30 de abril de 2013, en concordancia con lo establecido en la Resolución que Establece la Estructura y Normas de Funcionamiento de los Órganos Desconcentrados de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.223, de fecha 07 de agosto de 2013.
RESUELVE:
PRIMERO: Designar el CiUdadano JESÚS WELMER APONTE ASCANIO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V- 5.358.005, como DELEGADO ESTADAL de este órgano, en el estado Vargas.
SEGunDo: La presente Resolución tendrá efectos administrativos a partir del 09 de Junio de 2014.
Comuníquese y Publíquese.- Faup DESPACHO LUÍSLFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ MAYOR GENERAL MINISTRO DE ESTADO PARA LA REGIÓN ESTRÁTEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL en la Gaceta Oficlal N° 40.419 de fecha 26 de mayo de 2014
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO DM N° 061-4 Caracas, 19 de febrero de 2014 203° y 154° y 15°
RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con el Decreto, N° 9.351 del 15 de enero de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.090 de fecha 29 de enero de 2013, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 62 y 77, del numeral 19 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con lo establecido en los artículos 7, 12 y 58 de la Ley de Servicio Exterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario.
RESUELVE Designar al ciudadano Omar Nabil Nasser Solorzano, titular de la cédula de identidad N° V-18.365.211, como Consejero en comisión, Encargado de Negocios Ad Interim, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Marruecos responsable de la Unidad Administradora N° 43112.
De conformidad con el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción, deberá presentar la Contraloría General de la República y consignarlo ante la Oficina de Recursos Humanos.
Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos, por órgano de la Dirección de Personal del Servicio Exterior, para que notifique al interesado, cumpliendo con lo establecido en el articulo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Conmíquese y publíquese, Elias Jua Milano
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO DM N° 061-5-1 Caracas, 19 de febrero de 2014 203° y 155°y 15°
RESOLUCION Por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según consta en el Punto de Cuenta N° 032 de fecha 24 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en el Artículo 236 numeral 16 de la Constitución de la República Bolivariana de Exterior publicada en Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013. El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Elías Jaua Milano, designado mediante Decreto N° 9.351 de fecha 15 de enero de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de ta Administración Financiera del Sector Pública sobre el Sistema Presupuestario.
RESUELVE
Cesar en funciones al ciudadano Rafael Ángel Barreto Castillo, titular de la cédula de identidad N° V.- 263.546, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Bulgaria.
De conformidad con el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción, deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de la República y consignarlo ante la Oficina de Recursos Humanos.
Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos, por órgano de la Dirección de Personal Diplomático y Consular, para que notifique al interesado cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuniquese y Publiquese, S380 Eliag Jaua Milano Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO D M N° 084
Caracas, 12 de junio de 2014
N°
204°.155° y 15°
RESOLUCIÓN
De conformidad con lo establecido en el numeral 19 del Articulo 77 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
CONSIDERANDO
Que los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Tunecina, cumplieron con los requisitos legales y constitucionales para la entrada en vigor del "Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Tunecina", suscrito en la ciudad de Túnez, el 04 de septiembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.406 del 07 de mayo de 2014.
RESUELVE
Informar la entrada en vigor del referido Acuerdo conforme al articulo 9 de su texto, a partir del 08 de mayo de 2014.
Elias Jaua Milano Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO D M N°085
Caracas, 12 de junio de 2014
N°
204º, 155º y 15º
RESOLUCIÓN
Por cuanto, en fecha 7 de mayo de 2014, en la ciudad de Santiago, República de Chile, se suscribió el Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), GCP/RAF/489/VEN "Alianzas para el Desarrollo de Sistemas Sostenibles de Producción de Arroz en África Sub Sahariana", se ordena publicar el texto del mencionado instrumento.
Comuníguese y publíquese, lías Jaua Milano Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA v LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) GCP/RAF/489/VEN "ALIANZAS PARA EL DESARRQLLO DE SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN DE ARROZ EN AFRICA SUB SAHARIANA" El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), denominadas en lo sucesivo y conjuntamente como "las Partes".
Inspiradas en el compromiso común de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en particular los objetivos de: "Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre para el año 2015" (ODM 1): "Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente" (ODM 7) y: "Fomentar una alianza mundial para el desarrollo" (ODs 8).
Considerando el mandato de la FAO en materia de seguridad alimentaria, agricultura, pesca y silvicultura, que incluye, entre otras cosas, la prestación de asistencia técnica para sus Estados miembros en el ámbito del desarrollo sostenible y los medios de vida, así como el apoyo a éstos para la elaboración de marcos normativos que garanticen la seguridad alimentaria de sus pueblos.
Teniendo presente el interés del Gobierno de fa República Bolivariana de Venezuela de realizar aportaciones económicas para la ejecución del Proyecto "Alianzas para el desarrollo de sistemas sostenibles de producción de arroz en África Sub Sahariana", en razón de que dicho proyecto se adecuar a la politica exterior venezolana de Cooperación Sur-Sur para el desarrollo social y humanitario de los paises africanos, ejecutada a través del "Fondo para Apoyar Financieramente Proyectos de Desarrollo Social y Humanitario en África".
Las Partes han acordado lo siguiente:
1. El Gobierno de la República Bolivagiana de Venezuela (en lo sucesivo "el Gobiemo") realizará una contribución única, a titulo gratuito, para apoyar la ejecución del proyecto "Alianzas para el Desarrollo de Sistemas Sostenibles de Producción de Arroz en África Sub Sahariana" (en lo sucesivo "el proyecto"), por la cantidad de cinco milones de dólares estadounidenses (USD s 000 000) (eT lo sucesivo "la contribución"), conforme a lo aprobado por el ciudadano Presidente de la República, en ejecución de la política exterior de cooperación Sur-Sur para el desarrollo social de los países africanos a través del "Fondo para Apoyar Financieramente Proyecios de Desarrollo Social y Humanitario en África", constituido según documento suscrito entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), en fecha 12 de julio de 2007.
La FAO ha establecido un Fondo Fiduciario ("el Fondo Fiduciario").
2.
GCP/RAF/489/VEN, para administrar la contribución y los gastos del proyecto. La transferencia se efectuará a la cuenta de la FAO, cuyos datos se indican a continuación:
FAO Trust Fund (USD) Nombre de la cuenta:
HSBC New York Nombre del banco:
452 Finh Ave New Yori, NY, USA, 10018 Swif/BIC:
MRMDU$33 ABA/Código bancario:
021001088 000156426 N° de cuenta:
GCP/RAF/489/VEN Concepto de la transferencia:
3.
La contribución se administrará con arreglo a las normas financieras y administrativas de la FAO y estará sujeta a las siguientes condiciones:
la contribución se llevará a cabo de acuerdo con el documento del proyecto (Anexo 1).
a) La FAO hará todo lo posible para garantizar la ejecución plena del proyecto en tiempo Counpodo b) la contribución no se podrá utilizar para sufragar el costo de los derechos de relacionados con los bienes importados o los servicios prestados, a menos que la FAO pueda demostrar que éstos eran inevitables;
e) la contribución deberá realizarse en dólares estadounidenses;
a) La contribución realizada por el doriante será utilizada única y exclusivamente para el cumplimiento del proyecto.
La FAO informará al Gobierno sin demora de cualquier hecho o situación que pueda 4.
afectar la ejecución de las actividades del proyecto y que pueda requerir la modificación o alteración del alcance, o de la ejecución, del proyecto.
En caso de cambio en el calendario o ejecución de las actividades, la FAO deberá informar de ello sin demora al Gobierno.
Las obligaciones de la FAO dependerán de la recepción de los fondos necesarios del donante, de conformidad con el presente Acuerdo.
Las Partes acuerdan que la FAO podrá utilizar una provisión no mayor del trece por ciento (13%) del total de la contribución efectuada por el Gobierno, a fin de sufragar los gastos realizados por concepto de servicios administrativos y operacionales directamente relacionados con el proyecto.
La FAO administrará y se responsabifizará de la contribución de conformidad con sus 6.
normas financieras y otras reglas, procedimientos y usos aplicables, y llevará registros y contabilidad separados para el proyecto que deberán ajustarse a las normas y usos contables profesionalmente aceptados.
La contribución se utilizará exclusivamente para financiar el proyecto, de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo.
Todas las cuentas y los estados financieros se expresarán en dólares estadounidenses y estarán sujetos exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa establecidos en el Reglamento Financiero y las demás normas y directrices financieras de la FAO, de conformidad con el principio de auditoría única observado en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas.
Toda la contratación administrativa se realizará de conformidad con la normativa de la 7.
FAO. que se ajusta a los principios generalmente aceptados de las buenas prácticas en materia de contratación administrativa, incluidas las salvaguardias contra las prácticas ilegales y corruptas, y no se podrán aceptar, ya sea directa o indirectamente, ofertas, regalos, pagos o beneficios de ningún áipo que se interpreten o se puedan interpretar como una práctica ilegal o corrupta por constituir un incentivo para la adjudicación o ejecución de contratos administrativos o una recompensa por las mismas. A tal fin, la FAO se cerciorará de que aplica y hace cumplir su normativa aplicable en materia de prácticas ilegales y comuptas.
8.
La FAO proporcionará semestralmente al donante, informes y estados financieros ordinarios sobre el estado de ejecución del proyecto. La presentación de informes se llevará a cabo en consonancia con la normativa y las prácticas de la FAO.
La FAO presentará al Gobierno, dento de los seis meses siguientes al término del 9.
proyecto, un informe final y un estado financiero certificado. El estado financiero se emitirá en dólares estadounidenses y se referirá al proyecto en su conjunto.
Los fondos no utilizados y los intereces devengados de la contribución se restituirán al Gobiemno tras el cierre del proyecto. A petición del Gobierno la FAO podrá facilitar un informe de situación.
10. El Gobierno no aceptará responsabilidad u obligación alguna por reclamaciones, de deuda o de cualquier otro tipo, ni por daños y perjuicios derivados de la ejecución del presente Acuerdo.
11. En caso de que se produzcan cambios que, en opinión del Gobierno, afecten significativamente al valor del proyectos, el Gobierno y la FAO se consultarán sobre las medidas para resolver el problema y las posibles lineas de acción.
En dicho supuesto, el Gobierno se resejvará el derecho de modificar o poner término a su contribución económica al proyecto. En caso de cese de la misma, las obligaciones ya asumidas por ambas partes se mantendcán por el tiempo necesario para permitir la retirada ordenada del personal, los fondos y los bienes, la liquidación de las cuentas entre las partes y el cumplimiento de cualquier obligación en que haya incurrido la FAO respecto de las actividades del proyecto ejecutadas hasta la fecha.
12. Ninguna disposición del presente Acuerdo ni de cualquier documento relacionado con el mismo se entenderá en el sentido de que constituye una renuncia a las prerrogativas e inmunidades de que goza la FAO.
13. Toda controversia entre el Gobierno y la FAO derivada de la interpretación o ejecución del presente Acuerdo se resolverá por medio de negociación entre las Partes.
14. El presente Acuerdo y cualquier documento o convenio que a éste se refiera, se regirá por el Derecho Internacional y los principios generales del derecho con exclusión de todo ordenamiento jurídico nacional particular 15. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la nota mediante la cual el Gobiemno de la República Bolivariana de Venezuela informe a la FAO el cumplimiento de sus requisitos legales internos para tal fin y tendrá una duración de dos (2) años.
16. El presente Acuerdo podrá ser enmendado por las Partes por escrito de mutuo acuerdo. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
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El presente Acuerdo se ha redactado en dos ejemplares originales, en idioma castellano, debidamente firmados por los representantes autorizados del Gobierno y de la FAO, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la Por la Organización de las Naciones Unidas República Bolivariana de Venezuela para la Alimentación y la Agricultura Ministro del Poder Popular para la Director General Educación y Vicepresidente para el Área Social tuung.
Pedrigoxoe Firmado:
Firmado, Nombre: José Graziano DaGilua Nombre: Héctor Rodriguez Castro Fecha: Santiago, Chile 07 de mayo de 2014 Fecha: Santiago, Chile 07 de mayo de 2014 Anexo 1 TITULO DEL PROYECTO: Alianzas para el desarrollo de sistemas sostenibles de producción de arroz en África Sub Sahariana.
GCP/RAB/489/VEN
Contexto General:
El consumo de arroz esta creciendo rápidamente más que cualquier otro rubro. Es la fuente más importante de energía de la dieta en África Occidental y representa más de un tercio del consumo en Áfica Sub Sahariana (ASS) como un todo. Ha habido un rápido e importante crecimiento en la producción de arroz en África desde 2007, sin embargo la producción local de arroz no es suficiente para atender la demanda creciente de la población. El bracho de la demanda se está ampliando y debe ser cubierto con importaciones En este contexto, la FAO está visualizando una importante necesidad de asistencia técnica de los Estados Miembros en ASS para ayudar a mejorar los niveles de producción y apoyar a los Gobiernos a alcanzar niveles de autosuficiencia es arroz a la luz de las creciente demanda de este rubro en el continente Africano.
Objetivo general:
El objetivo a ser alcanzado en la búsqueda de aliados para una alianza que apoye la Iniciativa Africana del Arroz es la consecución de un más eficiente, sostenible y productivo sistema de producción de arroz para incrementar la seguridad alimentaria y enriquecer el desarrolio sostenible de la cadena alimenticia del arroz entre los pequeños productores en la región. Una estrategia integral del desarrollo del arroz y un programa para África son requeridos para elaborar y alcanzar este objetivo. Los fondos están pesados para desarrollar el desarrollo de la estrategia y el programa para apoyar y alcanzar este objetivo.
Objetivos:
Los objetivos especificos del proyecto són:
Movilizar a todos los aliados y recursos relevantes para facilitar el desarrollo e implementación de un programa de desarrollo del arroz en África a través de alianzas entre los valores claves de los actores en la cadena del arroz en África.
Identificar y resaltar las mayores sostenibles producción de arroz, integración (por ejemplo arroz-forestal, arroz-pesca y aves) y una estrategia de sistemas intensificados para un marco de integración para los países focalizados y los actores aliados con atención a modelos de agronegocios en el Sistema monetario europeo (SME) y la juventud.
Consolidar evidencia base de las mejores prácticas para la producción sostenible a través de la implementación de actividades relevantes en los diez países objeto del proyecto (Benín, Camerún, Cote d'gire, Guinea, Kenia, Mali, Nigeria, Senegal, Tanzania y Uganda) bajo la iniciativa regional para la intensificación de la producción sostenible y comercialización a través de un manejo integral de la agricultura y el paisaje.
Productos:
1. Un reporte completo del análisis del sector arroz en África.
2. Un marco de alianzas para el arroz en África.
3. Consolidación de las lecciones aprendidas y experiencias pasadas y de iniciativas en curso del arroz en Africa y otros continentes para identificar las mejores prácticas para la intensificación y el desarrollo sostenible del sector arroz y la industria.
4. Una estrategia para el desarrollo del arroz que incluya un programa de desarrollo y plan de implementación de cinco años.
Actividades:
Resultado 1: Reporte compieto del análisis del sector arroz en África desarrollado.
1.1 Realizar un análisis completo de las intervenciones en arroz en África para identificar las fortalezas y varios existentes en áreas de acción colectiva para ser atendidas por aliados estratégicos en el sector arroz.
1.2 Conducir estudios de base en países seleccionados para marcar el desempeño del sector arroz e identificar sistemas claves en la región.
1.3 Organizar talleres de trabajo para consultas en los países.
Resultado 2: Un marco de alianzas paca el arroz en África establecido.
2.1 Establecer al comienzo con aliados subregionales, regionales y globales existentes (Coalition for Afucan Rice Development [CARD]. Foro de investigación agricola en Ánica [FARA]. Programa general para el desarrollo de la agricultura en Afica [CAADP]].
2.2 Mapear insumos críticos a ser provistos por actores claves y resultados deseados de las reuniones.
2.3 Mapear "el paisaje" de las actuales iniciativas de arroz: actores, puntos geográficos, niveles de inversion objetivos y resultados.
Resultado 3: Consolidación de las lecciones aprendidas y experiencias pasadas y de iniciativas en curso del arroz en Áfica y otros continentes para identificar las mejores prácticas para la intensificacón y el desarrollo sostenible del sector arroz y la industria.
3.1 Identiñicar historias de éxito de prograinas de arroz en África y Asia en los cuales mecanismos impactantes de coordinación fueron puestos en marcha con claros resultados e impactos en el terreno para ser escalados con otros países Africanos.
3.2 Organizar talleres de trabajo de consolidación entre aliados/interesados para validar los resultados de los proyectos y desarrollar un mapa de implementación del programa de desarrollo de los sistemas de producción Resultado 4: Una estrategia para el desárrollo del arroz que incluya un programa de desarrollo y plan de implementación de cinco años.
4.1 Desarrollar un plan integral de cinco años sobre el desarrollo sostenible de sistemas de arroz a través de un marco de resultados que capte los cinco principales elementos de la sostenibilidad en alimentación y agricultura.
4.2 Desarrollar modelos de agro-negocios a través de la cadena de arroz (mecanización, sistemas de semillas, financiamiento, desarrollo de capacidades/transferencia de techología).
4.3 Compilar una lista de recursos humanos disponibles y de recursos que se requieren.
Implementación del proyecto:
Esta iniciativa encaje en las estrategias regionales de intensificación y desarrollo sostenible del arroz, la cual será implementada en diez países seleccionados., en coordinación con la Oficina Regional para África, apoyados por las Representaciones de la FAO en cada pais.
Los acuerdos de implementación y os aliados estarán representados a varios niveles: global, continental/regional y nacional (sector privado, plataformas de desarrollo, políticas de seguridad alimentaria y nutricional, organización de productores, organización de mujeres erc.).
Período de implementación del proyectó: Junio de 2014-Diciembre de 2015.
| REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO D M N° 086
Caracas, 12 de junio de 2014 No 204º, 155º y 15°
RESOLUCIÓN
De conformidad con lo establecido en el numeral 19 del Artículo 77 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
CONSIDERANDO
Que los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Bulgaria, cumplieron con los requisitos legales y constitucionales para la entrada en vigor del "Acuerdo de Cooperación en materia de Turismo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Bulgaria", suscrito en Sofía, República de Bulgaria, el 01 de diciembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.170 del 4 de mayo de 2009.
RESUELVE
Informar la entrada en vigor del referido Acuerdo conforme al artículo 12 de su texto, a partir del 19 de diciembre de 2011.
Comuníquese y publíquese, Elías Jaua Milano Ministro del Roder Popular para Relaciones Exteriores
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO D M N° 087 Caracas, 12 de junio de 2014 N° 2040, 155º y 15°
RESOLUCIÓN
De conformidad con lo establecido en el numeral 19 del Artículo 77 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
CONSIDERANDO
Que los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República del Perú, cumplieron con los requisitos legales y constitucionales internos previstos para la entrada en vigor del "Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Perú, en materia de Intercambio Educativo", suscrito en la ciudad de Puerto Ordaz, República Bolivariana de Venezuela, el 7 de enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.989 del 20 de agosto de 2012.
RESUELVE
Informar la entrada en vigor del referido Acuerdo conforme al artículo X de su texto, a partir del 28 de diciembre de 2012.
Elías aua Milano Ministro del Pader Popular para Relaciones Exteriores MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 10JUN2014 204°, 155° y 15° RESOLUCIÓN N° 00505Q La Ministra del Poder Popular para la Defensa, ALMIRANTA EN JEFA CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en :es artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Adminisiraciór, Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario,
RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 03 de junio de 2014, al General de Brigada VÍCTOR JOSÉ ROJAS MACERO, C.I. N° 8.503.670, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402, 403 y 404), que se giren A a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, "AYUDANTÍA GENERAL DE LA AVIACIÓN", CódigO N° 04121.
Comuníquese y publíquese.
Pcr el Ejecutivo Nacional
CARENL TERESAMELÉNDEZ RIVAS Almiranta en Jefa Fnistra der Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 10JUN2014 204°, 155° y 15° RESOLUCIÓN N° 005051 La Ministra del Poder Popular para la Defensa, ALMIRANTA EN JEFA CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, REVSA RESUELVE ALFREDO PÉREZ AMPUEDA, C.I. N° 9.871.452, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la ACCIONES DE COMANDO DE LA GUARDIA NACIONAL", CódigO N° 59313.
Aluud Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, Almiranta en Jefa Ministra del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA
Caracas, 11JUN2014 204°, 155° y 15° RESOLUCIÓN N° _005091_ La Ministra del Poder Popular para la Defensa, ALMIRANTA EN JEFA CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, habida consideración del Punto de Cuenta N° 0208 sin fecha,
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RESUELVE SLTDE
PRIMERO: Delegar en el AImirante GILBERTO AMÍLCAR PINTO BLANCO, C.I. N° 6.436.671, en su carácter de Comandante General de la Armada Bolivariana, nombrado mediante Resolución N° 001427 de fecha 06 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.202 de fecha 08 de julio de 2013, la facultad para suscribir el CoNVENzo DE ENTRE LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ARMADA BOLIVARIANA Y ELINSTITUTONACIONAL DE LOSESPACIOS ACUÁTICOS (INEA).
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano deberá rendir cuenta a la Ministra de todos los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
Queda a salvo lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y documentos, cuya firma no puede ser delegada.
J.
La Ministra del Poder Popular para la Defensa podrá discrecionalmente, firmar los actos y documentos delegados en la presente Resolución.
SEGUNDO: La presente Resolución entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Naci
CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Almiranta en Jefa Ministro del Boder Popular
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 12JUN2014 204°, 155° y 15° RESOLUCIÓN N° _005094_ La Ministra del Poder Popular para la Defensa, ALMIRANTA. EN JEFA CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariána de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, habida consideración del Punto de Cuenta N° 253-14 de fecha 05 de junio de 2014, REVISA RESUELVE PRIMERQ: Delegar en el MayOrGeneralEUTIMIO JOSÉ CRIOLLO VILLALOB0S, C.I. N° 8.011.453, en su carácter de Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, nombrado mediante Resolución N° 004822 de fecha 26 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.420 de fecha 27 de mayo de 2014, la facultad para suscribir el Convenio de Cooperación Capacitación, Asesoramiento Técnico y Profesional, Acreditación, Calibración y Donación de Equipos de Metrología y otros bienes, entre la Aviación Militar Bolivariana y el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), con la finalidad de promover y realizar actividades de investigación y desarrollo que contribuyan al progreso científico y tecnológico de la Nación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano deberá rendir cuenta a la Ministra de todos los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.
Queda a salvo lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y documentos, cuya firma no puede ser delegada.
A La Ministra del Poder Popular para la Defensa podrá discrecionalmente, firmar los actos y documentos delegados en la presente Resolución.
SEGUNDQ: La presente Resolución entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Melund Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Made
ARMEN TERESAMELENDEZ RIVAS Almiranta en Jefa Ministra del Peder Popular pafa ta Defensa
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RES0LUCIÓN N° 0186 CARACAS, 10/06/2014 204º, 155º y 15º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 62, 77 numerales 19 y 27, y 92 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y 15 de su Reglamento, este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Se constituye con carácter permanente la Comisión de Contrataciones de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, la cual tendrá como funciones, ejecutar los procedimientos regulados en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, para la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras.
Artículo 2. La Comisión de Contrataciones estará integrada por tres (3) miembros principales y sus respectivos suplentes.,_ en..
la cualestarán representadas, las áreas jurídica; económico-financiera y técnica, conforme se especifica a continuación:
MIEMBROS MIEMBROS ÁREA PRINCIPALES SUPLENTES MARIA DE LOS ANGELES SORELYS BETZABET BRAVO DE SERRANO QUINTERO BRICEÑO Jurídica C.I N° V-11.645.271 C.I N° V-17.341.955 YANET NINOSKA LEONEL ALBERTO Económico- REINOSO MARTINEZ LINAREZ TREJO Financiera C.I N° V-7.552.647 C.I N° V-7.311.572 BIANKY MIGDALYS MARYELY JOSEFINA VASQUEZ MARTIN CASTELLANO Técnica COLMENAREZ C.I N°V-12.083.786 C.I N°V-11.650.760
Artículo 3. Se designa a la ciudadana MARíA JUANA ZAMBRANO DELGADO, titular de la cédula de identidad N° V-8.109.060, como Secretaria de la Comisión de Contrataciones de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, la cual tendrá derecho a voz, pero no a voto; y tendrá las siguientes funciones:
Convocar a los miembros de la Comisión de 1.
Contrataciones, a las reuniones que se celebren en virtud de los procedimientos de selección de contratistas, así como, coordinar y dirigir las actuaciones de los procesos de selección.
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Levantar las actas de cada una de las reuniones 2.
de la Comisión de Contrataciones, así como, también de los Actos Públicos de Recepción y Apertura de Sobres de Manifestación de Voluntad y Ofertas de cada uno de los procedimientos de selección de contratistas.
3. Llevar el registro, control y custodia de los expedientes de los procedimientos de selección de contratistas, desarrollados por la Comisión de Contrataciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, así como el control de su archivo.
Tramitar las solicitudes de copias simples o certificadas de los documentos que integran los expedientes de los procedimientos de selección de contratistas, ejecutados por la Comisión de Contrataciones, conforme a lo establecido en la ley especial de la materia.
5. Certificar las copias de los documentos que conforman los expedientes, y cualesquiera otras actuaciones de la Comisión de Contrataciones.
6.
Suministrar oportunamente toda la información que le sea requerida por la máxima autoridad, así como la solicitada por las autoridades competentes en materia de procedimientos de selección de contratistas.
7. Recibir la correspondencia externa e interna, por cualquier medio escrito o electrónico, dirigida a la Comisión de Contrataciones de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, y cuya tramitación corresponda a la Comisión.
8.
Suscribir la correspondencia interna y externa emanada de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy vinculada a las actuaciones de la Comisión de Contrataciones.
9. Asistir a la Comisión de Contrataciones, en la elaboración de los Proyectos de Pliegos de Condiciones; informes; actas, y otros documentos, a los efectos del análisis y firma por los miembros de la Comisión de Contrataciones de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy.
Artículo 4. La Controlaría General de la República y la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, podrán designar observadores u observadoras, en los procedimientos de selección de contratistas que se desarrollen, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto.
Artículo 5. Las y los miembros de la Comisión de Contrataciones y la Secretaria, antes de asumir sus funciones, deberán prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuenta de sus actuaciones, en los términos y condiciones que determine la Ley.
Artículo 6. Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniqulíquese, Por el Ejeivacional, RICARDO MENENDEZ PRIETO MINISTRO DEL PODERPOPULAR PARA LA EDUCACHN UNIVRSITARIA Según Decreto Nº 729 del degeno de 2014 publicado en G.O.R.B.V. Nº 40.330 de9 de enero de 2014.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN RepiblicBlivinadeua MiniteiodPdquacación:
Despachedl Miastro
DM/N° 89 de Jowro Caracas, /3 de 2014.
Años 204°, 155° y 15° Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 19 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y en el numeral 1 del artículo 16 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional; en concordancia con los artículos 5, 6 numeral 5, literal c, 25 y 46 de la Ley Orgánica de Educación y el artículo 129 de su Reglamento General;
CONSIDERANDO Que el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a través del Decreto N° 722 de fecha 06 de enero de 2014, Declaró el 2014, año de la . Juventud Venezolana, proclama ésta que exacta el Ministerio del Poder Popular para la Educación, como órgano rector del Subsistema de Educación Básica, de humanistas para la transformación social, concebida bajo los postulados del ideario bolivariano, identifica a las promociones que egresen de las instituciones jóvenes que hace 200 años concurrieron a rendir tributo de amor a esta tierra con toda la patria en peligro, convirtiéndose en símbolo para la dignidad de los venezolanos el triunfo de la Batalla de la Victoria, mostrando el talante aguerrido de las generaciones emergentes, el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la presente;
RESOLUCIÓN Blicentenaria", las promociones que egresen de las instituciones y centros educativos oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal, Municipal y las instituciones educativas privadas, del nivel de educación media en sus dos opciones: educación media general y educación media técnica en las menciones o especialidades respectivas, para el período escolar 2013-2014.
Artículo 2. El Despacho del Viceministro o Viceministra de Educación, a través de la Dirección General de Registro y Control Académico del Ministerio del Poder presente Resolución.
Comuníquese y publíquese.
HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTEOINISTER Ministro del Poder Popular para la Educación
RecpiblicBlivarianadeVenezucla.
Ministecig.del PdePopulanparaJBdacción Despacio-dei Miaisico Caracas, /3 de Joo DM/N° 090 de 2014.
204°, 155° y 15° Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida en su relación con el pueblo y en su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, los artículos 5 numeral 2; y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la presente;
RESOLUCIÓN Artículo Único. Se designa al ciudadano JOSÉ MANUEL LARREAL, titular de la cédula de identidad N° V-3.266.616, DIRECTOR DE LÍNEA (E), adscrito a la Dirección General de Educación Intercultural del Despacho de la Viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Código Dependencia
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1100465, Código Nómina 33466, a| partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, teniendo por norte los. principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental, descansa sobre los caminos de la justicia social, la equidadyla solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la Repabilaro Comuníquese y publíques Ministro del Poder Popular para la Educación Gobierno Bolivariano Ministerio del Poder Popular de Venezuela FUNDABIT para la Educación
Caracas, 26 de Mayo de 2014 204°, 155° y 15° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 004 / 2014
La FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA TELEMÁTICA (FUNDABIT), persona jurídica adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación, creada mediante el Decreto Nº 1.193 de fecha 06 de febrero de 2001, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.137 del 09 de febrero de 2001, debidamente inscrita por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 24 de abril de 2001, bajo el Nº 4, Tomo 11, Protocolo Primero, modificada en fecha 14 de Septiembre de 2005, registrado bajo el N°16, Tomo 56 protocolo 1°, repreşentada por el CIUdadanO: LEONEL ENRIQUEPÁRICA HERNÁNDEZ, mayor de edad, venezolano, de este domicilio, titular del número de cédula de identidad V-18.094.872, actuando en su carácter de Presidente, designado mediante la Resolución DM/Nº035 de fecha 07 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.392 de fecha 11 de abril de 2014, quien actuando de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 8 de la Cláusula Décima Quinta de los Estatutos Sociales de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica Procedimientos Administrativos, dicta la siguiente de PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA, bajo los siguientes términos:
PRIMERO: Se designa al ciudadano LUIS ALFREDO RAMoS FIGUEREDo, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio, y titular del número de cédula de identidad v- 5.150.193, como Director de Administración y Finanzas (E) de esta Fundación, a partir del lunes veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2014).
SEGunDo: En virtud del cargo ha desempeñar, se le confiere al ciudadano anteriormente mencionado, la competencia y firma de actos y documentos concernientes a las atribuciones de la Dirección a su cargo.
TERcEro: Los actos y documentos firmados con motivo de esta Providencia Administrativa, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario designado, la fecha y número del presente Acto, y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya sido publicada.
cuArTo: Dejar sin efecto la Providencia Administrativa N°001/2012 de fecha 11 de enero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Bolivariana de Venezuela N° 39.844; y la Providencia Administrativa N°003/2014, del 28 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°.40.416 del 21 de mayo de 2014.
Comuníquese y publíquese, da Vonezuela
PT SIDENCIA
LEONEL ENRIQUE PÁRICA HERNÁNDEZ Presidente de Fundabit Resolución DM/N°035 de fecha 07 de abril de 2014 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.392 de fecha 11 de abril de 2014 )
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE REPÚBLICA BOLIVÁRIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE DESPACHO DEL MINISTRO/CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° 024 CARACAS,1 8 JUN 2014
AÑOS 203° y 155° En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 62 y 77, numerales 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; artículos 5, numeral 2, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; Decreto N° 8.612 de fecha 22 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.806 de fecha 23 de noviembre de 2011; y Decreto Presidencial N° 127 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.175 de fecha 27 de mayo de 2013; este Despacho Ministerial, RESUELVE Articulo 1. Delegar en el ciudadano JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 15.621.424, en su condición de Director General (E) de la Oficina de Gestión Administrativa; la atribución y firma de los actos y documentos que se mencionan a continuación:
1. La firma de las transacciones individuales de los ex trabajadores del extinto INSTITUTO NACIONAL DE PUERTOS (INP), relacionado con el pago parcial del cuarenta por ciento (40%) de la deuda conciliada, dándole continuidad administrativa a los pasivos pendientes de aquellos ex trabajadores que no retiraron el pago en su oportunidad.
2. La fima de las transacciones qon los sobrevivientes beneficiados de los ex trabajadores fallecidos del extinto INSTITUTO NACIONAL DE PUERTOs (INP), relacionado con el pago parcial del cuarenta por ciento (40%) de la deuda conciliada dándole continuidad administrativa a los pasivos pendientes de aquellos beneficiarios que no consignaron la Declaración de Herederos Universales para la distribución del pago no retirado en su oportunidad.
Artículo 2. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firma de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma, nombre de quien lo suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha, el número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, según lo establecen los artículos 34 y 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Artículo 3. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos quya firma no puede ser delegada.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquece-y publíquese, HAIMAN EL TROUDI Ministro MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (SUSCERTE)
Caracas, 10 de marzo de 2014 203º y 155º PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 002-2014 Quien suscribe, YOSELIN SÁNCHEZ BOGADO, titular de la cédula de identidad N° V-12.481.998, actuando en mi carácter de Superintendente de la
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Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), según nombramiento contenido en la Resolución N° 029, del 11 de abril de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.902, del 13 de abril de 2012; en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 22, numeral 14 y artículo 30, numerales 1 y 3, del Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.148, del 28 de febrero de 2001; artículo 5, numeral 5 y artículos 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, del 06 de septiembre de 2002; artículos 14 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Venezuela Nº 2.818, del 1 de julio de 1981;
artículos 49 y 51 del Reglamento Parcial N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario, del 12 de agosto de 2005 y artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, del 31 de julio de 2008, decide lo siguiente:
PRIMERO: Nombrar a la ciudadana CORALIA DEL CARMEN OROPEZA MANzANO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-13.861.605, como Directora de la Oficina de Recursos Humanos de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE). en calidad de encargada.
SEGUNDO: Delegar en la Ciudadana CORALIA DEL CARMEN OROPEZA MANzANO, antes identificada, en su carácter de Directora de la Oficina de Recursos Humanos de esta Superintendencia, la atribución de los actos que se indican a continuación:
Realizar cualquier tipo de trámite vinculado con la ejecución de las directrices emanadas de la Superintendente en materia de gestión de la función pública.
Suscribir constancias trabajo del personal de de la Superintendencia.
Someter a consideración de la Superintendente el ingreso de personal contratado o bajo la modalidad de servicios profesionales, cuando sea procedente.
Solicitar la apertura y cierre de cuentas nomina y cuentas fideicomiso correspondiente al personal de la Superintendencia.
Realizar trámites destinados a la gestión y pago de los aportes y obligaciones parafiscales de los distintos regímenes prestacionales relacionados con el personal de la Superintendencia.
Gestionar la póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) del personal de la Superintendencia.
Realizar solicitudes y suministrar información a las oficinas de RRHH de los entes públicos y privados relacionadas con el personal de la Superintendencia.
Realizar todo tipo de trámites vinculados con operativos destinados a Binestar Social del personal de la Superintendencia.
Delegación que se efectúa con la finalidad de otorgar respuesta oportuna a las esta Superintendencia; así como, brindar mayor celeridad a la tramitación de los procedimientos vinculados con la gestión de dicho personal, ello con entes de la Administración Pública, de conformidad con los artículos 20 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
TERCERO: El funcionario delegado deberá rendir cuenta a la máxima autoridad de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE) de todos los actos y documentos firmados en virtud de la delegación otorgada en el presente instrumento, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Gobicrno Comuníquese y Publíquese.
de Venezu
DESPACHO YOSELIN'SANCHEZ Superintendente Resolución N° 629 del 11 de abril de 2012 Gaceta Oficial N° 39.902 del 13 de abril de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TELECOM VENEZUELA, C.A.
Caracas, 28 de mayo de 2014 Años 204° y 155° Providencia Administrativa N° 002/2014 El Presidente de Telecom Venezuela, C.A.. ciudadano DAMIAN MANUEL LOPEZ MURGA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 13.486.728, conforme a la Resolución N° 208 de fecha 14 de Noviembre de 2013, suscrita por el Ministro del Poder Popular para Ciencia Tecnología e Innovación, ciudadano: Manuel Fernández, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.297 de fecha 19 de Noviembre de 2013, la cual consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Telecom Venezuela C.A.. celebrada el 20 de Noviembre de 2013, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda,
bajo N° 2, Tomo 202-A, de fecha 25 de Noviembre de 2013, en ejercicio de las 10, de los Estatutos de Telecom Venezuela, C.A.. y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia con el artículo 15 de su Reglamento, este Despacho, RESUELVE
PRIMERO: Se constituye para el período 2014-2015, con carácter Permanente la Comisión de Contrataciones Públicas de Telecom Venezuela, C.A. competente para conocer, iniciar y sustanciar los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios.
SEGUNDO: La Comisión de Contrataciones Públicas de Telecom Venezuela, C.A., estará económica-financiera:
MIEMBROS MIEMBROS AREA C.1.
C.L.
PRINCIPALES SUPLENTES Legal V-13.859.664 Addy Matheus Anibal Mejías V-6.102.423 Técnica Maria Márquez V-16.863.615 Adriana Villasmil V-17.775.501 Económica V-17.919.348 Yoelsi Petrocini V-14.589.203 Financiera Las faltas absolutas, temporales o accidentales de los Miembros Principales serán cubiertas por sus respectivos Suplentes.
TERCERO: Se Ratifica como Secretario de la Comisión de Contrataciones Públicas de Telecom Venezuela, C.A., al ciudadano OSWALDO NAVARRO, titular de la Cédula de Identidad N° v- 2.974.853, quien tendrá derecho a voz, más no a voto, en los procesos relacionados con la selección de contratista y ejercerá las siguientes funciones:
1. Convocar a los miembros de la Comisión de Contrataciones a las reuniones que se efectuarse, así como coordinar los actos públicos que se celebren.
2. Levantar las Actas de las Reuniones que se lleven a cabo y de los Actos Públicos de Recepción y Apertura de Sobres contentivos de Manifestación de Voluntad de Ofertas.
En el caso de procedimientos de selección de concurso abierto, deberá levar el registro de las personas jurídicas que retiren los pliegos de contratación.
expedientes de Contrataciones.
el Proceso que se lleva a cabo, previa comunicación a la Comisión de Contrataciones.
6. Colaborar con la redacción y modificación de los proyectos de pliegos sometidos a revisión de la Comisión de Contrataciones de Telecom Venezuela C.A.
7. Realizar cualquier otra labor que le sea encomendada y relacionada con la Comisión de Contrataciones de Telecom Venezuela C.A.
CUARTO: La Comisión de Contrataciones Públicas de Telecom Venezuela, C.A., será competente para conocer, iniciar y sustanciar los procedimientos de contratación relacionados con la selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, distintos a los laborales y profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de
QUINTO: La Comisión de Contrataciones Públicas de Telecom Venezuela, C.A. se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de los Miembros Principales o de sus respectivos suplentes en caso de ausencia del titular y sus decisiones serán tomadas con el voto favorable de la mayoría.
sExTO: La Contraloría General de la República, y la unidad de control interno de Telecom observadoras, sin derecho a voto, en los procedimientos de contratación.
SÉPTiMO: Los Miembros de las Comisiones de Contrataciones Públicas de Telecom Venezuela, C.A. los Observadores, así como aquellas personas que por cualquier motivo intervengan en las actuaciones de la Comisión, deberán guardar debida reserva de la documentación presentada, así como de los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen en ocasión al procedimiento.
oCTAvO: La Comisión de Contrataciones Públicas de Telecom Venezuela, C.A., podrá convocar a la Gerencia solicitante del bien, de la obra o del servicio a contratar, para que participe en el procedimiento respectivo y por medio de un informe y/o comunicación deberá aportar los detalles del requerimiento solicitado, con derecho a voz más no a voto.
NOvENO: La Comisión de Contrataciones Públicas de Telecom Venezuela, C.A., deberá Contrataciones Públicas, su Reglamento y demás normativas que regulen la materia.
DÉCIMO: Todos los documentos, informes, opiniones y demás actos que se reciban, presente Ley, deben formar parte de un expediente por cada contratación. Este expediente deberá ser archivado, por la unidad administrativa financiera de Telecom Venezuela C.A., manteniendo su integridad durante al menos tres años después de ejecutada la contratación.
DÉCIMO PRIMERO: La Comisión de Contrataciones de Telecom Venezuela C.A., podrá designar un equipo técnico de trabajo para analizar las ofertas recibidas en los procedimientos de selección de Contratistas iniciados, el cual debe presentar un informe con los resultados y recomendaciones, a los fines de la adjudicación del contrato correspondiente. La designación de técnicos, peritos y asesores dependerá de la complejidad de la contratación que se efectúe.
DÉCIMO SEGUNDO: Se deroga la Providencia Administrativa N° 21 / JDE 03-13 de fecha 28 de Octubre de 2013. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.353 de fecha 11 de febrero de 2014.
DÉCIMO TERCERO: La presente Providencia Administrativa, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, eer.
DAMIAN MANUEL LOPEZ MURGA Gacga Ociw r 40 297 de lcha /1
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGENCIA BOLIVARIANA PARA ACTIVIDADES ESPACIALES (ABAE) Fecha: 04/06/2014 N° ABAE-009/2014 204° y 155° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Los miembros de la Junta Directiva de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), designados mediante Resolución N° 040, de fecha 25 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.930 de fecha 25 de mayo de 2012, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público en concordancia con lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento N° 1 de dicha Ley sobre el Sistema Presupuestario, y conforme al artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, y de conformidad con lo acordado en Punto de Cuenta N° 02/14 de fecha 04 de junio de 2014, RESUELVE Artículo. 1: Delegar la atribución y firma para la aprobación de actos, documentos e instrumentos jurídicos que impliquen la erogación de compromisos financieros y movilización de fondos y gastos hasta Cinco Mil (5.000) Unidades Tributarias con cargo al presupuestos de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), en la ciudadana ERIKA JAKELINE ROLDAN RESTREPO titular de la cédula de identidad N°13.087.828, en su carácter de Directora (E) de la Oficina de Gestión Administrativa.
Artículo 2: Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Providencia Administrativa deberán cumplir con lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Artículo 3: La ciudadana aquí autorizada deberá informar a la Junta Directiva de la ABAE de todos los actos y documentos aprobados y suscritos en virtud de la presente delegación.
Artículo 4: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del 04 de junio de 2014.
Comuníquese y Publíquese, Ing. ViforGano Presidente de la junta Dirstiv!
Ing. Manuel Fernández Ing. Sergio Ministerio del/Poder Popular para Ministerio del Poder Popular la Ciencia, Tecnología e para el Ambiente Innovación G/D. Julio Cardenas Ing. esfis Guaraco Ministerio del Roder opajar para Ministerio del Poder Popular la Defensa para Petróleo y Minería Julio Emerio Cárdenas Sandia General de División C.l. 5.666.810 Representante del MPPD ante la ABAE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL PROVIDENCIA N° CP-AA-001/14 CARACAS, 29 DE ABRIL DE 2014 AÑOS 203° Y 155°
El presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, en ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal primero del artículo 11 del Reglamento Parcial número 1 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
RESUELVE Artículo 1. Se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas Permanente del Instituto del Patrimonio Cultural, la cual deberá iniciar y sustanciar los procedimientos de selección de Contratistas, para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, decidir los recursos de reconsideraron que interpongan los oferentes, recomendar la adjudicación del contrato que resulte integralmente la más conveniente para los intereses de este Instituto, así como las otras atribuciones previstas en la Ley de Contrataciones Públicas, su Reglamento y demás instrumentos normativos que regulan la materia.
Artículo 2. La Comisión de Contrataciones estará integrada por miembros de calificada competencia profesional y reconocida honestidad que representan las áreas económica, financiera, técnica y jurídica del Instituto del Patrimonio Cultural, que se mencionan a continuación:
COMISIÓN DE CONTRATACIONES ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA MIEMBRO PRINCIPAL Carla Alvarado C.I. V-10.782.503 Odalys Alvarado Reinoso C.I. V-6.941.580 Miembro Suplente Leonardo Guzman C.I. V-14.323.955 Ingrid Yelitze Martinez Cardenas C.I. V-10.116.872 ÁREA TÉCNICA MIEMBROS PRINCIPALES Milagros Escobar C.l. V-3.820.478 Miguel Funes C.I. V- 6.174.940 Miembros Suplentes José Felix Ziegler González C.I. V-4.053.889 Adriana Enriquez C.l. V-6.914.563 ÁREA JURÍDICA MIEMBRO PRINCIPAL Rian Carlos Ramírez C.I. V-12.502.980 Miembro Suplente Cristian Molina C.I. V-17.387.565 Artículo 3. Se designa a la ciudadana JANETTE ZAIDA MARCANO, titular de la cédula de identidad número V-5.606.441, como SECRETARIA cédula de identidad número V-9.448.004, Como SECRETARIA SUPLENTE de la COMISIÓN DE CONTRATACIONES, respectivamente, las cuales tendrán derecho a voz pero no a voto en los procedimientos de selección de contratistas. Siendo sus funciones las siguientes:
1.- Convocar, coordinar, organizar y asistir a las reuniones de la Comisión de Contrataciones Públicas Permanente.
2.- Compilar, organizar y suministrar toda la información y documentación que fuere necesaria para la correcta actividad de la Comisión.
3.- Presentar las propuestas de pliegos de condiciones y cronograma de actividades de la Comisión.
4.- Elaborar y remitir convocatorias e invitaciones a los participantes para presentar ofertas, en los procedimientos de selección de contratistas, así como las notificaciones correspondientes.
5.- Velar por la conformación del expediente de la contratación, desde el inicio hasta la culminación de los procedimientos, según el caso.
6.- Remitir el expediente de la contratación a la unidad usuaria para la administración del contrato o al archivo de la Dirección de Administración, según el caso.
7.- Levantar las actas de cada una de las sesiones convocadas de la Comisión, así como de los actos públicos de recepción y apertura de sobres de manifestación de voluntad de participar y de ofertas, de los procedimientos de selección de contratistas atribuidos a la Comisión, de conformidad con la Ley.
8.- Suministrar toda la información requerida por el Servicio Nacional de Contrataciones a la Comisión.
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9.- Elaborar el Informe de Recomendación de adjudicación, declaratoria desierta o de terminación, según el caso, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Comisión.
10.- Certificar las copias de las actas y demás documentos emitidos por la Comisión de Contrataciones Permanente de este Instituto.
11.- Llevar el archivo de los documentos que se produzcan en las distintas actuaciones de la Comisión.
12.- Llevar la agenda de reuniones de la Comisión.
13.- Cualquier otra función que le asigne la Comisión, de conformidad con la normativa especial que rige la materia.
Artículo 4. _Los miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas Permanente, deberán asistir puntual y oportunamente a todos los actos convocados por la Secretaria de la Comisión. El miembro principal deberá informar con suficiente tiempo de anticipación de su ausencia al acto para el cual es convocado, salvo que se trate de situaciones imprevistas que deberá justificar, y así convocar a su suplente para que asista al referido acto.
Artículo 5. La Comisión de Contrataciones Públicas Permanente, se constituirá válidamente con la presencia de más de la mitad de sus miembros y las decisiones serán tomadas con el voto favorable de la mayoría de sus asistentes.
Artículo 6. El miembro de la Comisión de Contratación Pública Permanente, que disienta de alguna decisión, lo manifestará en ese mismo hábil siguiente a este.
JURIDA Artículo 7. La Comisión de Contrataciones Pública Permanente, podrá requerir la contratación de asesores y técnicos, de acuerdo con la naturaleza, especialidad y complejidad del procedimiento de selección de contratistas, quien tendrá derecho a voz, mas no a votos.
Artículo 8. .La Comisión de Contrataciones, deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y demás disposiciones que rigen la materia.
Artículo 9. La Comisión _de Contrataciones tendrá_ los deberes y atribuciones que confiere el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
Artículo 10. Se ordena publicar la presente Providencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
"Comuníquese y Publíquse"
INSTITUTO
del Patrimonic Cultural PRESIDENCIA OMAR VIELMA OSUNA PRESIDENTE (E) INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Resolución MppC N° 039 de 12/08/2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.229 de 15/08/2013
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL.
TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL.
Exp.N°AP61-D-2012-000193
En fecha diecinueve (19) de noviembre de 2013, este Tribunal publicó la sentencia identificada con el N° TDJ-SD-2013-159, referida al procedimiento disciplinario seguido a la abogada MARÍA JOSÉ ABREU, en su condición de Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, en razón de la denuncia formulada por la ciudadana LYZ MARY CARÍAS, titular de la cédula de identidad N° V-10.601.985.
Ahora bien, observa este órgano jurisdiccional del contenido de la decisión antes mencionada, que se incurrió en un error material e involur:ario al momento de señalar el nombre de la jueza, indicando en la parte dispositiva de la sentencia, que cursa en el vuelto del folio 247 de la pieza 2 del presente expediente, especificamente en el capitulo signado "VIlI DECISIÓN". lo siguiente:
(..)_ ÚNICO: LA AUSENCIA_ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la CiUdadana MARÍA JOSÉ ABREU BRACHO, titular de la cédula de identidad No. V-13.723.683, Jueza Segunda de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal , del Estado Zulia Extensión Cabimas; y en consecuencia, SE ABSUELVE a la ciudadana LYZ MARY CARÍAS BORJAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.601.985, de la responsablidad contenido en el numeral 6 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (.)" Negrillas y subrayados del Tribunal.
Al respecto, esta instancia disciplinaria judicial, considera pertinente traer a colación el criterio fijado en la jurisprudencia emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 566 de fecha de fecha 20 de junio de 2000, que señaló:
"(...) Conforme a lo señalado, en virtud que la sentencia cuya aclaratoria se solicita fue publicada en fecha 24 de marzo dei año 2000, y que consta en el expediente que las solicitudes de aclaratoria no fueron formuladas ni en el dia de publicación de la sentencia, ni en el siguiente, las mismas son inadmisibles, de conformidad con la disposición procesal citada (...) Ahora bien, por otra parte las precedentes declaratorias de inadmisibilidad no conforman obstáculo alguno para que esta Sala, actuando de conformidad con las potestades que al efecto le confiere el articulo 14 del Código de Procedimiento Civil, por ser los Magistrados de esta Sala directores del proceso hasta que llegue a su conclusión, proceda a enmendar un error de mera naturaleza formal, y que en manera alguna altera el verdadero y evidente sentido del fallo cuya corrección se realiza.
(...". (Resaltado propio del Tribunal Disciplinario Judicial) Ahora bien, de conformidad con el criterio jurisprudencial parcialmente transcrito y en virtud de la potestad que confiere el articulo 14 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por remisión expresa del articulo 51 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, los jueces como directores del proceso deben impulsarlo hasta que éste llegue a su conclusión, enmendar cualquier error de naturaleza formal que no afecte el fondo de lo decidido u ordenado en la decisión a que diere lugar, es decir, que aun cuando se modifique algún error de forma dentro de la estructura del acto jurisdiccional, este no acarree reforma de la decisión dictada por el tribunal y no altere el espíritu y sentido de lo que pretende resolver el fallo dictado, tal y como ocu-rió en la decisión N° TDJ-SD-2013-159 de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2013, dictada por este órgano jurisdiccional, mediante la cual este tribunal incurrió en un error material al mencionar en la parte dispositiva que "(.) en consecuencia SE ABSUELVE a la ciudadana LYZ MARY CARÍAs BORJAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.601.985, de la responsabilidad por los hechos denunciados enmarcados en el ilicito disciplinario contenido en el numeral 6 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana..." siendo lo correcto y asi se CARÍAS BORJAS, ostenta la condición de denunciante y la ciudadana MARÍA JOSÉ ABREU BRACHO, funge como denunciada en el presente asunto, razón por la cual este Tribunal Disciplinario Judicial corrige el error material cometido. y por tanto, determina que el texto correcto de la referida sentencia con relación al capítulo "VII DECISIÓN", del fallo de marras, queda redactado de la siguiente forma:
ÚNICO: LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD (… DISCIPLINARIA a Ia Ciudadana MARÍA JOSÉ ABREU BRACHO, titular de la cédula de identidad No. V-13.723.683, Jueza Segunda de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Extensión Cabimas; y en consecuencia, SE ABSUELVE a la ciudadana MARÍA JOSÉ ABREU BRACHO, titular de la cédula de identidad No. V-13.723.683, de la responsabilidad por los hechos denunciados enmarcados en el ilicito disciplinano contenido en el numeral 6 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (...)"
DECISIÓN.
En virtud de lo antes expuestos, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CoRRIGE en los términos antes expuestos, el error material e involuntario ocurrido en la decisión de fecha diecinueve (19) de respecta al nombre de la jueza denunciada indicado en la parte dispositiva de la referida decisión.
Téngase la presente decisión como parte integral de la sentencia de de noviembre de 2013.
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Registrese, publíquese y notifiquese de la presente decisión a las partes intervinientes.
Dada y firmada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial en la ciudad capital de la República, a los _uc (S) dias del mes de Aceuubre _de dos.mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° y de la Federación.
HERNAN PACHEGO ALVIÁREZ ez Presidente (Popente)
SACQUELINE SOSA MARINO CARLOS MEDINA HOJAS Jueza
RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL.
TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL.
Exp.N°AP61-D-2012-000193
El dia diecisiete (17) de abril de 2012, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) recibió oficio N° 442-12, de fecha dos (2) de abril de 2012, suscrito por la abogada ISMELDA RINCÓN CANTO, Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante el cual remitió escrito suscrito por la ciudadana LYZ MARY CARÍAS, titular de la cédula de identidad N° V-10.601.985, contentivo de denuncia contra la ciudadana MARÍA JOSÉ ABREU, en su desempeño como Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas. En esa misma fecha le fue asignada la nomenclatura AP61-D-2012-000193, a la presente causa.- En fecha veinte (20) de abril de 2012, fueron recibidas por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, las actuaciones indicadas supra; acordando en esa oportunidad darle entrada al presente asunto e iniciar la investigación de los hechos denunciados, asi como recabar los elementos indiciarios dęntro de un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, emitiendo el informe correspondiente el día seis (6) de junio de 2012 y ordenando en esa misma ocasión la remisión de las actuaciones a este Tribunal.- . Posteriormente en fecha catorce (14) de junio de 2012, por distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, correspondió su ponencia al Juez HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.- A tales efectos el día diez (10) de julio de 2012, este Tribunal ordenó la admisión de la presente causa, bajo el numeral 6 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y citar en consecuencia a la jueza denunciada; asimismo ordenó la notificación de la denunciante e informar a la Fiscalla General de la República.- En ese sentido y siendo la oportunidad legal correspondiente, el juez denunciado consignó escrito de descargos, el dia veintitrés (23) de octubre de 2012.- Posteriormente en fecha seis (6) de noviembre de 2012, este Tribunal pasó a admitir las pruebas promovidas y por auto de fecha veinte (20) de noviembre de 2012, acordó la oportunidad para la realización de la audiencia en la presente causa, fijando el día trece (13) de febrero de 2013. En ese sentido, llegada la oportunidad para la celebración de la audiencia, se realizó la misma; difiriendo expronunciamiento del dispositivo para el dia veinte (20) de febrero de 20q3.- Seguidamente, siendo el día fijado tuvo lugar la continuación de la audiencia, dictándose el respectivo dispositivo de conformidad con lo establecido en el articulo 81 del Código de Ética del Jueza Venezolano y la Jueza Venezolana.-
DEL ESCRITO DE DENUNCIA.- En fecha veintiséis (26) de marzo de 2012, la ciudadana LYZ MARY CARIAS, identificada supra, presentó escrito contentivo de denuncia ante la Rectoría de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, formulada en contra de la ciudadana MARÍA JOSÉ ABREU, en su desempeño como Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, y al respecto manifestó:
"(...) la celebración del proceso penal seguido en contra de varios acusados incluyendo a [su] esposo JHONY LEON, según expediente signado con el Nro. VP-11-P-2010-7943, encontrándose dicho proceso penal en fase de inicio de juicio siendo diferidas las audiencias en MUCHAS OPORTUNIDADES. Ahora bien, (...) ante usted [ocurre] para exponer lo siguiente: Los Abogados (sic) defensores de JHONY LEON, en distintas oportunidades han solicitado una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad que favorezca a [su] esposo, por cuanto las declaraciones ofrecidas por la ciudadana YESENIA JIMENEZ, (sic) son absolutamente falsas e infundadas, por cuanto [su] esposo se encontraba laborando para la empresa PDVSA, en la Salina, los días en que dice en el expediente penal que la ciudadana JOSEFINA DEL CARMEN MAVAREZ, se encontraba presuntamente secuestrada, inclusive en la Fiscalia Décimo Quinta del Ministerio Público, reposa relación de Guardias Mixtas en las cuales se puede comprobar que [su] esposo no llegaba a las 09:00 PM de la noche como lo señala la testigo YESENIA JIMENEZ, en las declaraciones dadas. Y la principal razón que [la] motiva a recurrir (...) es que la empresa PDVSA [Ie] da como plazo para sacar a [su] esposo del sistema hasta el dia 30 de abril del presente año, ahora bien, la ciudadana Juez, con el debido respeto, no ha oido la solicitud de la medida y es por ello que [acude] (...) para que gire instrucciones respetando la plena autonomia del Juzgado de Juicio que lleva el caso (...)" (Mayúsculas propias del escrito).- I1 DEL INFORME DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN.- La Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, señaló en su informe lo siguiente:
+ "(..) Una vez analizada la documentación relacionada con el referido asunto por [ese] Órgano Instructor, se observó que el asunto VP-11-P- 2010-7943 ingresó al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado (sic) Zulia, extensión Cabimas el dia 25 de julio de 2011 que riela inserto en la pieza 1 folio 31 del presente expediente, en dicho auto se acordó realizar el sorteo para la selección de escabinos quedando pautado para el dia 29 de julio de 2009, siendo el dia fijado el sorteo de escabinos llevándose a cabo (...) posteriormente a la realización del sorteo el juzgado a cargo de la Jueza Maria Abreu ordenó convocar a los escabinos seleccionados pata Además es oportuno destacar que el día 07 (sic) de septiembre de 2011, la ciudadana Auxiliadora Nava Viloria, actuando como defensora privada del ciudadano JHONNY LEON (acusado) y de conformidad con el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, defendido en fecha 03 (sic) de febrero de 2011, posteriormente el dia 15 de octubre de 2011, ratificó dicho pedimento. Luego en fecha 10 de noviembre de 2011 el ciudadano Ytalo Revilla Borjas, defensor privado del ciudadano JHONNY LEON, solicitó fuera oida la solicitud interpuesta por la profesional del derecho Auxiliadora Nava Viloria, en cuanto al otorgamiento de una medida menos gravosa, con auto de fecha 11 de noviembre de ese mismo año (...) mediante el cual ordenó: 1.- Darle entrada a lo solicitado 2.-acordando Pronunciarse en auto separado con respecto al punto de la solicitud. (..) En este orden de ideas [esa] Oficina constató que el día 14 de diciembre de 2011, los ciudadanos Euro Ramón Carrillo Carrasquero y Tulio Barrera actuando como defensores privados del ciudadano JHONNY ALBERTO LEON, interponer formal solicitud ante-el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado (sic) Zulia, extensión Cabimas donde piden que se examine y revise a medida judicial de privación preventiva de libertad a favor de su defendido y en fecha 15 de diciembre de 2011 mediante auto la jueza denunciada acordó darle entrada al escrito y acordó pronunciarse en auto separado, sin embargo, no se aprecia que la jueza denunciada se haya pronunciado respecto a ambas solicitudes, actos contrarios a los deberes que le impone la función de juzgar y que pudieran traducirse en vulneraciones a derechos constitucionales de los justiciables relativos a la tutela judicial efectiva (...) De acuerdo con lo precedentemente expuesto [ese] órgano Instructor la medida solicitada (...)
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(...) se observó que la jueza disponia de tres dias para contestar la solicitud a la cual nunca le dio respuesta vulnerando el debido proceso y los principios de eficacia y celeridad, ya que deja a la parte solicitante en una situación de inseguridad juridica con la omisión en el pronunciamiento sobre la medida cautelar sustitutiva de libertad (...)" (mayúsculas y resaltados propios del informe).- III DE LOS ALEGATOS DE LA JUEZA SOMETIDA A PROCEDIMIENTO DICIPLINARIO.- En la oportunidad procesal correspondiente, la jueza denunciada presentó escrito de descargos, en el cual señaló:
"(..) en cuanto a la denuncia referida a la falta de respuesta judicial de la solicitud de revisión de medida de privación de libertad, se observa resuelta por el tribunal (...) en fecha 10 de febrero de 2012, decisión Precautelar objeto de esta denuncia, sino que también se emitió pronunciamiento en cuanto a otros planteamientos presentados por la presentados por la parte interesada, se evidencia que la mencionada denuncia de la cual hoy conoce el Tribunal disciplinario (sic), fue interpuesta en marzo del 2012, siendo que, todos los fundamentos de su pretensión ya habian sido previamente resueltos por el Tribunal que presid o en fecha 10 de febrero de 2012, por todo ello, [considera] que la situación juridica que alega infringida la denunciante, fue reparada por el pronunciamiento del órgano judicial a [su] cargo (...) En relación al lapso transcurrido para proveer la referida solicitud de revisión de medida, se hace necesario plasmar la realidad del transcurrir diario del tribunal a [su] cargo. [inició sus] funciones como Juez Provisoria del Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, en fecha 13 de junio del 2011, y debido a un accidente de tránsito sufrido en esa misma fecha, [se] ausentó de [sus] labores jurisdiccionales hasta el dia 06 (sic) de julio de 2011. El tribunal a [su] cargo tiene actualmente un universo de cuatrocientas trece (413) causas penales en trámite y cuarenta y dos (42) causas penales por órdenes de aprehensión, para un total de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CINCO (455) Y CIENTO CINCUENTA Y NUEVE (159) personas en calidad de acusados privados preventivamente de su libertad (..)" (mayúsculas propias del escrito).- IV DE LA AUDIENCIA.- En la oportunidad para la realización de la audiencia y previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se llevó a cabo la audiencia en la presente causa, y posteriormente en fecha veinte (20) de febrero de 2013;
este Tribunal pasó a dictar el dispositivo en los siguientes términos:
"(...) Siendo la una y veinte horas de la tarde (1:20 pm) del dia miércoles (20) de febrero de 2013, se reconstituye el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, JACQUELINE SOSA MARIÑO y CARLOS MEDINA ROJAS, la Secretaria Temporal DUBRAVKA VIVAS y el Alguacil JOSE ANTONIO BLANCO, reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, ubicada en el piso tres (3). Torre Norte del Edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, avenida Francisco de Miranda, entre calles Elice y La Joya; a los fines de continuar con la Venezolano y la Jueza Venezolana, del proceso disciplinario que se le sigue a Ia ciudadana MARIA JOSÉ ABREU BRACHO, titular de la cédula de identidad No. V-13.723.683, Jueza Segunda de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, por encontrarse-presuntamente incursa en la falta disciplinaria contemplada en el articulo 32 numeral 6 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana que darla lugar a la aplicación de la sanción de suspensión con fundamento en los hechos denunciados por la ciudadana LYZ MARY CARIAS BORJAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.601.985; con la finalidad de emitir el pronunciamiento decisorio en la causa disciplinaria Nro. AP61-D-2012- 000193, una vez analizados los alegatos de las partes y las actas cursantes en el expediente disciplinario, se procedió a dictar la decisión en los siguientes términos:--- Fue denunciada la falta de pronunciamiento de una decisión por parte de la jueza MARÍA JOSÉ ABREU BRACHO, toda vez que en varias oportunidades los defensores del acusado JHONNY LEÓN han solicitado una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, en la causa judicial Nro.VP11-P-2010-007943 endilgándole de esta manera un retardo ilegal de una decisión, establecido en el articulo 32 numeral 6 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, este Tribunal Disciplinario estima necesario realizar las siguientes consideraciones:- En fecha diecisiete (17) de septiembre de 2011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, recibió escrito presentado por la abogada AUXILIADORA NAVA VILORIA, actuando en su carácter de defensora del acusado JHONNY LEÓN, quien solicitó examen y revisión de la medida cautelar impuesta a su defendido. Igualmente en fecha diez (10) de noviembre de 2011, el abogado YTALO REVILLA BORJAS, actuando en su carácter de defensor del mencionado acusado, presentó diligencia por ante el citado Juzgado en la que ratificó la anterior solicitud de revisión de medida. Asi mismo en fecha catorce (14) de diciembre de 2011 los abogados EURO RAMÓN CARRILLO CARRASQUERO y TULIO BARRERA, presentaron escrito ante el
Tribunal a quo, y solicitaron examen y la revisión de la medida judicial de preventiva privativa de libertad a favor del acusado de marras. Ahora bien, cursa al presente expediente disciplinario decisión de fecha diez (10) de febrero de 2011, emanada de la Jueza Temporal del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas DRA. NISBETH KAROLA MOYEDA FONSECA, donde se dio respuesta a todas las solicitudes supra mencionadas, en la cual se mantuvo la medida preventiva judicial privativa de libertad en contra del acusado JHONNY LEÓN. En este sentido, se observa que si bien es cierto que la jueza oportunidades por los defensores del acusado de autos y fue otra — temporal—quien dictó el debido pronunciamiento; no es menos cierto que dicho retardo fue justificado por la jueza denunciada MARlA JOSÉ ABREU, en virtud al exceso de causas existentes en el Tribunal que regentaba aunado a las razones de salud que le impidieron dar cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 177 del Código Orgánico Procesal Penal. En conclusión, la conducta tipificada de retardar ilegalmente una decisión no fue desplegada por la denunciada. En sentido contrario, la conducta asumida no está inmersa en los parámetros definitorios de ilegalidad pues dicho retardo fue justificado por la jueza denunciada. En consecuencia, al no estar en presencia de algún ilicito disciplinario que pueda ser subsumible en el numeral 6 del articulo 32 del Código de Ética que rige a esta Jurisdicción Disciplinaria, resulta imperioso para este Órgano Jurisdiccional, declarar la ausencia de responsabilidad disciplinaria a la jueza in comento. Asl S5 DECLARA.--administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Juez Presidente Hernán Pacheco Alviárez, aprobada de manera unánime, deCide: ÚNICO: SE DECLARA LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana MARIA JOSÉ ABREU BRACHO, titular de la cédula de identidad No. V-13.723.683, Jueza Segunda de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Extensión Cabimas; y en consecuencia, se absuelve de los hechos denunciados por la ciudadana LYZ MARY CARÍAS BORJAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.601.985, articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. (...)" V DE LA COMPETENCIA.- Este Tribunal Disciplinario Judicial antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, pasa a analizar su competencia para conocer de la presente causa; y, en tal sentido debe señalar:
Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se consagró la creación de la jurisdicción la ley destinar para ello, en base a lo señalado el artículo 267, establece:
"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la Defensorias Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.
La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.
El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley.
Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales" (Negrillas del Tribunal).- De conformidad con el artículo anterior, se desprende entre otras cosas la potestad disciplinaria, atribuida en forma exclusiva a los tribunales disciplinarios, creados por la Constitución. De esta forma, en fecha seis (6) de agosto de 2009 fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, reformado parcialmente según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha veintitrés (23) de agosto de 2010, el cual en el Capítulo V, relativo a la competencia en materia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, sujetos al ámbito de aplicación, establece en sus articulos 39 y 40 lo siguiente:
"Artículo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código (...)" "Articulo 40. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de primera instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes en materia ética contenidos en el presente Código (...)"
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7 artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los articulos 39; y 40 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; visto que el presente proceso disciplinario judicial fue iniciado a solicitud la ciudadana LYZ MARY CARIAS, en contra de la ciudadana MARÍA JOSÉ ABREU, en su desempeño como Jueza del Juzgado Segundo Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, por la presunta infracción a los principios y deberes contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y para conocer de la presente causa, conforme a lo establecido en el artículo 39 del referido Código de Ética, en concordancia con el articulo 40 eiusdem. Así se declara.- VI DE LAS PRUEBAS.- De conformidad con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal pasa a analizar las pruebas promovidas por las partes intervinientes:
De las pruebas presentadas con el escrito de descargos.- 1) Resolución N° 048-2012, de fecha diez (10) de febrero de 2012, dictada en la causa N° VP11-P-2010-007943, (F. 27 al 32. Pieza 2), presentada en copia certificada; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad corr el artículo 1.384 del Código Civil y articulos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, la tiene como fidedigna y le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, por cuanto de ella se desprende la respuesta a las solicitudes de fechas cuatro (4) de noviembre y catorce (14) de diciembre de 2011. Así se declara.- procedimiento disciplinario, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, -abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2012 (F. 33 al 61. Pieza 2), promovidas en copia certificada este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad en el articulo 1.384 del Código Civil y articulos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, la tiene como fidedigna y le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, por cuanto de ella se desprende el rendimiento mensual del referido juzgado. Así se ~ declara.- 3) Control de personas detenidas, presentado en copia certificada (F. 73 al 88. Pieza 2); este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los articulos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, la tiene como fidedigna por cuanto de ella se desprende la cantidad de detenidos que tramita el tribunal a cargo de la jueza denunciada, lo cual genera un cúmulo de actividad procesal.- 4) Inventario de causas llevadas por el tribunal a cargo de la jueza investigada, promovido en copia certificada (F. 62 al 72. Pieza 2); este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los articulos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, por no establecida, la tiene como fidedigna por cuanto de ella se desprende la cantidad de asuntos que tramita el tribunal a cargo de la jueza denunciada.- De las pruebas acompañadas con el escrito de denuncia.- 1) Escrito suscrito por el ciudadano Ytalo Revilla, recibido .en fecha diez (10) de noviembre de 2011, por la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, dirigido al juzgado a cargo de la jueza denunciada, presentado en copia simple (F. 4 al 16. Pieza 1); este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido.
en el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto no fue impugnada por la jueza denunciada se tiene como fidedigna, pues de ella se desprende la solicitud del defensor privado de la revisión de la medida judicial privativa de libertad. Así se declara.- 2) Escrito suscrito por la ciudadana LYZ MARY CARIAS, ante la Rectoria de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, recibido en fecha seis (6) de diciembre de 201, presentado en copia simple (F. 17 y 18. Pieza 1); este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto no fue impugnada por la jueza denunciada se tiene como fidedigna, pues de ella se desprende la solicitud de una medida menos gravosa para el ciudadano Jhonny León. Así se declara.- 3) Diligencia de fecha dos (2) de diciembre de 2011, suscrita por el abogado Ytalo Revila, acompañada en copia simple (F. 19. Pieza 1);
este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto no fue impugnada por la jueza denunciada se tiene como en base al escrito de fecha diez (10) de noviembre de 2011. Así se declara.- 4) Escrito suscrito por el abogado Ytalo Revilla, (F. 20. Pieza 1) presentado en copia simple, en el cual solicita una documentación;
este tribunal no le otorga valor probatorio por cuanto no constituye un hecho controvertido en la presente causa tal actuación.- 5) Escrito suscrito por el abogado Ytalo Revilla, ante el tribunal a cargo de la jueza sometida a procedimiento, recibido en fecha quince (15) de noviembre dè 2011; presentado en copia simple (F. 21. Pieza 1); este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto no fue impugnada por la jueza denunciada se tiene como fidedigna, pues de ella se desprende la solicitud de revisión de la causa penal que da origen al presente asunto.- 6) Escrito suscrito por la abogada Auxiliadora Nava Viloria, ante el tribunal a cargo de la jueza sometida a procedimiento, en copia simple :
(F. 22 y vto. Pieza 1); este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto no fue impugnada por la jueza denunciada se tiene como fidedigna, pues de ella se desprende la solicitud del defensor privado de la revisión de la medida judicial privativa de libertad. Asi se declara.- VII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.- Este Tribunal observa en cuanto al mérito de autos, que la jueza sometida a procedimiento fue denunciada por falta de pronunciamiento de una decisión, debido a que en varias oportunidades los defensores del acusado JHONNY LEÓN solicitaron medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, en la causa judicial Nro.VP11-P-2010-007943, razón por la cual la ciudadana Lyz Mary Carías, en su condición de esposa del acusado —según el dicho de la denunciante— solicitó la aplicación de la sanción establecida en el artículo 32 numeral 6 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.- Asi pues, evidencia esta instancia judicial que en fecha diecisiete (17) de septiembre de 2011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, recibió escrito presentado por la abogada AUXILIADORA NAVA VILORIA, actuando en su carácter de defensora del acusado JHONNY
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LEÓN, quien solicitó examen y revisión de la medida cautelar impuesta a su defendido. Igualmente en fecha diez (10) de noviembre de 2011, el abogado YTALO REVILLA BORJAS, actuando en su carácter de defensor del mencionado acusado, presentó diligencia por ante el citado Juzgado en la que ratificó la anterior solicitud de revisión de medida. Así mismo, en fecha catorce (14) de diciembre de 2011 los abogados EURO RAMÓN CARRILLO CARRASQUERO y TULIO BARRERA, presentaron escrito ante el Tribunal a quo solicitando examen y la revisión de la medida judicial preventiva privativa de ibertad, a favor del acusado de marras.- Abora bien, cursa al presente expediente disciplinario decisión de fecha diez (10) de febrero de 2012, emanada de la Jueza Temporal del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas DRA. NISBETH KAROLA MOYEDA FONSECA, donde dio respuesta a todas las solicitudes supra mencionadas, en la cual se mantuvo la medida preventiva judicial privativa de libertad en contra del acusado JHONNY LEÓN.- En relación a este particular es necesario traer a colación lo señalado en sentencia dictada por este Tribunal N° TDJ-SD-2012-102, de fecha veinticuatro (24) de abril de 2012, que estableció:
"(...) No obstante, este Tribunal Disciplinario Judicial considera necesario precisar que el solo hecho de haber dictado fuera del lapso una sentencia o, en general, haber emitido cualquier decisión fuera del lapso establecido en la ley no constituye per se un hecho antijurídico, eventuales responsabilidades a los jueces que incumplan los lapsos procesales.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1565 del once (11) de junio de 2003, estableció lo siguiente:
'Visto que para resolver el presente caso debe tenerse en cuenta si expresión 'sin dilaciones indebidas' (articulo 26). indicar que la misma sea oida dentro de un plazo razonable, por lo tanto, la falta de cumplimiento del órgano jurisdiccional de los lapsos procesales es una condición necesaria mas no suficiente para declarar que hubo dilación indebida o retardo judicial.
Ahora bien, la determinación de ese plazo razonable no es posible peculiaridades que lo distinguen de otros. Para determinar dicho plazo debe atenderse a una serie de criterios que el derecho comparado y esta Sala en anteriores oportunidades han señalado de manera enunciativa. En efecto, el Tribunal Constitucional Español, acogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia n° 5/1985, del 23 de enero estableció lo siguiente:
'La complejidad del litigio, la conducta de los litigantes y de las autoridades y las consecuencias que del litigio presuntamente demorado se siguen para las partes son, ciertamente, criterios desde los que debe llenarse de contenido el concepto del 'plazo razonable'.
Otros criterios son las pautas y márgenes ordinarios en los tipos de proceso de que se trata, o en otros términos en estándar medio admisible, para proscribir dilaciones más allá de él.' (Jorge Carreras del Rincón. Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. El articulo 24 de la Constitución Española. Los derechos fundamentales del justiciable. Madrid. Marcial Pons, 2002, p. 588).
(...) Debe considerarse asi la complejidad del asunto, esto es, que 'elementos de derecho y a los de prueba de los hechos que dificultan o complican la labor del órgano jurisdiccional, al implicar mayor actividad para la resolución del supuesto planteado' (Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Madrid.
Editorial Civitas, 1994, p. 88).
(.….) Otro aspecto determinante es el relativo a la conducta de los litigantes, quienes pueden utilizar legítimamente todos los medios que existen en el ordenamiento jurídico, pero la manipulación y el abuso de los mismos para lograr un fin distinto a la naturaleza del proceso, es lo que ha de tenerse en cuenta para afirmar que hubo una prolongación anormal del procedimiento, en este caso imputable a la parte cuya actividad estuvo dirigida a entorpecer deliberadamente.
(...) La conducta de la autoridad judicial es importante en el tema en cuestión, pues si se constata que hubo una duración anormal del proceso y que no existe una explicación que la justifique por parte del (...)) Finalmente, debe verificarse si el retardo judicial ha causado un perjuicio al accionante'.
Asimismo, mediante sentencia N° 2198 del nueve (9) de noviembre de 2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló que:
'Debe recordarse, no obstante, que el concepto de proceso sin dilaciones indebidas es un concepto juridico indeterminado, cuyo contenido concreto deberá ser obtenido mediante la aplicación, a las circunstancias especificas de cada caso, de los criterios objetivos que sean congruentes con su enunciado genérico. Podrian identificarse como ejemplo de tales criterios objetivos: la complejidad del litigio, los conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes. Asi pues, criterios de razonabilidad pesarán sobre la decisión que se tome en cada caso concreto' Asimismo, mediante sentencia N° 2627 del doce (12) de agosto de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ratificada por esa sala mediante sentencia N° 1914 del primero (1°) de diciembre de 2008, dejó sentado lo siguiente:
'En tal sentido, acota la Sala, que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un derecho de configuración legal. En consecuencia, dicho derecho contiene un mandato al legislador para que ordene 'el proceso de forma que se alcance el dificil equilibrio entre su rápida tramitación y las garantias de la defensa de las partes", proporcionando los medios legales para que el Juez pueda evitar las maniobras dilatorias.
El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas plantea como principal problema el determinar qué debe entenderse por 'dilación indebida'. Al respecto, el Tribunal Constitucional Español, en sentencia No. 36/1984, su enunciado genérico'.
Estima la Sala, que la dilación indebida no hace referencia exclusiva y de manera inmediata a los plazos procesales legalmente establecidos, sino al limite que no debe ser traspasado en el cumplimiento de los mismos. Los plazos deben constituirse en orientadores del juicio de valor que ha de precisar si se ha producido o no una dilación indebida.
Pues el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es "el derecho a que los plazos se cumplan". Los plazos deben cumplirse, pero el cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoria de derecho fundamental.
En tal sentido, no es posible entonces decidir en abstracto, qué son dilaciones indebidas y cuando estamos en presencia de la infracción de tal derecho, dejando en todo caso establecidos ciertos criterios objetivos a ser tomados en cuenta por el juzgador, al momento de decidir sobre la supuesta violación denunciada.
De alli que, en todo caso, debe apreciarse, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales.
A criterio de la Sala, este último, es obviamente el criterio determinante, siendo la evaluación del mismo independiente del requerimiento de responsabilidad disciplinaria del órgano judicial y de las carencias que afectan las estructuras de la administración de justicia' De las sentencias transcritas se colige que la determinación de la existencia de retardo judicial indebido dependerá de las circunstancias de cada caso concreto, para lo cual deberán tomarse en cuenta, entre otras, la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, la conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes, pues el solo incumplimiento del lapso legalmente establecido no constituye un hecho ilicito por parte del juez de la causa, toda vez que, como lo ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia en proceso intelectivo para determinar si se ha producido o no una dilación indebida que para que se configure el retardo judicial.
Otra de las circunstancias que para este Tribunal Disciplinario Judicial es de obligatoria consideración, es la cantidad de actuaciones jurisdiccionales que haya realizado el tribunal en cuestión en un periodo determinado, pues es razonable que la realización de una elevada cantidad de actos le haya impedido al juez decidir una o varias causas o en general la realización de cualquier acto procesal- dentro de los lapsos previstos en la ley.
Es ese el espiritu que fue plasmado por el legislador en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual consagra como ilicito disciplinario la inobservancia de los lapsos para la realización de los actos procesales, sean estos de carácter decisorio o no. En efecto, en el numeral 6 del articulo 31 ejusdem se sanciona a los jueces que incurran en "retrasos o descuidos injustificados en !a legales para decidir o dictar alguna providencia, o diferir las sentencias forma, en el numeral 6 del articulo 32 ejusdem se sanciona a los jueces responsabilidad civil, ni la acción penal correspondiente a la denegación diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben judicial efectiva'.
De lo anterior se observa, que el Código de Ética del Juez Venezolano y conducta sea injustificada, ilegal o que adicionalmente menoscabe circunstancias del caso concreto, a los fines de determinar si existieron establecidos en las leyes. (..)" (Resaltados propio del Tribunal).- En consideración a la sentencia parcialmente transcrita y conforme existe retardo injustificado en la tramitación de la causa penal que da origen al presente asunto disciplinario, se observa que si bien es cierto que la jueza denunciada no dio oportuna respuesta a lo solicitado en varias oportunidades por los defensores del acusado de autos y fue otra jueza —temporal— quien dictó el debido pronunciamiento, no es menos cierto que dicho retardo fue justificado por la jueza denunciada MARÍA JOSÉ ABREU, en virtud al exceso de causas existentes en el Tribunal que regentaba, aunado a las
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razones de salud que le impidieron dar cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 177 del Código Orgánico Procesal Penal.- En conclusión, la conducta tipificada referida a retardar ilegalmente una decisión no fue desplegada por la denunciada, es decir, la conducta dicho retardo fue justificado por la jueza denunciada. En consecuencia, al no estar en presencia de algún ilicito disciplinario que pueda ser subsumible en el numeral 6 del articulo 32 del Código de Ética que rige a esta Jurisdicción ausencia de responsabilidad disciplinaria a la jueza in comento. Así se declara.- VIII DECISIÓN.- Por las razones antes expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, bajo la ponencia del ciudadano Juez Presidente Hernán Pacheco Alviárez, aprobada de manera unánime, declara:
ÚNICO: LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana MARÍA JOSÉ ABREU BRACHO, titular de la cédula de identidad No. V-13.723.683, Jueza Segunda de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Extensión Cabimas; y en consecuencia, SE ABSUELVE a la ciudadana LYZ MARY CARÍAS BORJAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.601.985, de la responsabilidad por los hechos denunciados enmarcados en el ilicito disciplinario contenido en el numeral 6 del artículo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.- Registrese, publiquese, notifiquese a las partes interesadas y remitase copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia; al Poder Ciudadano; a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; al Registro de Información Disciplinaria; a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoria General de Tribunales, una vez que la presente decisión adquiera carácter de definitivamente firme, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha siete (7) de mayo de 2013.- : Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial en la ciudad capital de la República, a los_Diiyup:(1) dias del mes de koiu del año dos mil trece (2013). Años 203* de la Independencia y 15de la Meracion- HENANPACHECO ALVIÁREZ Presidente (Ponente)
JACQUELINE SOSA-MARINO CARLOS MEDINAROJAS Jueza kans
RAQUEL SUE QONZÁLEZ Secretaria
En misma fecha, siendo las _Dizy cuauutay uis/io:4) se publicó y registro la anterior sentencia bajo el N° -SD--.- RAQUEL SUBGNZÁLEZ Secretaria Exp.: AP61-D-2012-000193 HPAJSM/CMR/RSG/
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL
Expediente N° AP61-D-2012-000576 En fecha veintiocho (28) de noviembre de 2012, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) recibió oficio N° 264- 2012 de fecha veintidós (22) de del mismo mes y año, suscrito por el Juez Rector y Presidente Encargado del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, por la ciudadana LILIANA ESCALONA, titular de la cédula de identidad N° V-16.898.707, debidamente inscrita en el Instituto Previsión Sccial del Abogado bajo el N° 153.013, contra la ciudadana ROSANNA BLANCO LAIRET, titular de la cédula de identidad N° V-13.034.990, actualmente Jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara;
designándosele la nomenclatura AP61-D-2012-000576.
En fecha trece (13) de diciembre de 2012, fue recibida por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, acordando darle entrada al presente asunto; dar inicio a la investigación de los hechos denunciados; recabar los elementos indiciarios de los hechos denunciados; y remitir la relación de los elementos indiciarios recabados al Tribunal Disciplinario Judicial, para pronunciarse sobre la admisibilidad o no para iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente.
Seguidamente, el diecinueve (19) de diciembre de 2012 el mencionado órgano instructor, dictó informe, remitiendo el mismo y las actas que conforman el presente expediente judicial a los fines de que este Tribunal Disciplinario Judicial emita pronunciamiento al respecto; al cual se le dio entrada en fecha ocho (8) de enero de 2013, y por distribución aleatoria correspondió su ponencia al Juez Hernán Pacheco Alviárez.
En fecha diecisiete (17) de enero de hogaño, se recibieron di igencia y escrito por parte de la jueza denunciada, donde en la primera solicita copia certificada del presente expediente judicial disciplinario; y en el segundo solicita sea declarada la ilegitimidad de la denunciante, se decrete la ausencia de las formalidades establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 54 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en la denuncia presentada, el incumplimiento de la obligación de declarar bajo fe de juramento, solicitando se le impongan las previsiones de ley, y que se tome la declaración al ciudadano José Duvino Escalona Romero, de conformidad con el articulo 57 eiusdem. Asimismo, en dicho escrito anexó copias certificadas de los expedientes Nros. KP02-L-2012-001176 y KP08-X- 2012-000029.
DE LA DENUNCIA En fecha veintidós (22) de noviembre de 2012, mediante oficio N° 264/2012 el Jueza Rector y Presidente Encargado del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, remitió denuncia a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial interpuesta por la ciudadana abogada en ejercicio Liliana Escalona, citular de la cédula de identidad N° V-16.898.707, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 153.013 contra la ciudadana Rosanna Blanco Lairet, titular de la cédula de identidad N° V-13.034.990 en su condición de Jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en virtud de las siguientes consideraciones Señala la denunciante, en su escrito que "(...) [sus] servicios profesionales fueron contratados por el ciudadano JOSE (sic) DUVINO ESCALONA ROMERO, venezolano, mayor de edad, (...) titular de ía cédula de identidad No. 7.982.334, para que intentara demanda con JOSE (sic) DIEGO COLINA POSADA, Venezolano (sic), mayor de edad, soltero, titular de la Cédula (sic) de Identidad (sic) Número (sic) : V-5.436.762, (sic) por
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cuanto había laborado como vigilante en su hacienda en el tiempo durante quince años y seís mes (15,6) siendo que la relación culminó (sic) el dla 14 de Julio (sic) del año 2.012 (sic), por despido en forma injustificada por tanto reclama la antigüedad, vacaciones, bono vacacional, las utilidades y el beneficio desde la entrada en vigencia de la ley (sic) de Alimentación de los Trabajadores, así mismo la indemnización por despido injustificado, siendo que de conformidad con el cálculo le corresponden al trabajador reclamante por haber laborado en un tiempo de quince (15) años seis meses, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo del trabajador (sic) y trabajadora (sic), la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLIVARES (sic) (Bs. 220.587,00) Equivalente (sic) a dos mil cuatrocientas cincuenta con noventa y siete unidades tributarias (2.450,97 U.T). El caso es ciudadano Juez, que de inmediato se ejercieron las acciones correspondiente al abogado defensor de los derechos laborales del trabajador, con acciones extrajudiciales, que resultaron infructuosas y lo que [les] llevo (sic) a demandar antes esa instancia laboral según consta en asunto No. KP02-L-2012-1176. (..) [haciendo] notar (...) que el trabajador demandante es analfabeto, es decir no sabe leer y escribir lo que [e] llevo a colocarle un firmante a luego al momento de firmar la demanda (...)". (Resaltados y mayúsculas propias del escrito de denuncia).
Seguidamente, arguye la parte denunciante que en "(...) fecha 06 (sic) de Agosto (sic) del 2.012 (sic) se introduce la demanda recayendo la misma ante la Juez Octava de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, quien revisando todos los conceptos reclamados y constatando todos los requisitos en fecha 09 (sic) de Agosto (sic) del 2.012 (sic) admite la demanda y ordena la citación del demandado (...)". Asimismo, establece que "(...) En fecha 22 de Octubre (sic) del 2.012 (sic) la secretaria del Juzgado Octava de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara certifica la actuación positiva del alguacil. (..)": señalando "(..) que el día 25 de Octubre (sic) del año 2.012 (sic), la parte demandada señor JOSE (sic) DIEGO COLINA POSADA, representado por la abogada DIESTHER COLINA, inscrita ante el ende no sabe leer y escribir lo conminaron a recibir en dos pagos la cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLIVARES (sic) CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS (sic) (Bs. 32.288,54), es decir con una diferencia en contra de ciento ochenta y oco mil doscientos 188.298,46), en forma engañosa y mal intencionada colocaron en el acta que el trabajador había empezado a trabajar el 01 (sic)-01 (sic).2010 es decir de los quince años y seis meses lo llevaron a solo dos años, perjudicando económica y moralmente al trabajador, quien en forma incauta acepta el ofrecimiento (...)". (Mayúsculas propias del escrito de denuncia).
Asimismo, establece que el ciudadano José Duvino Escalona Romero, acudió a su escritorio para jurídico para contratar sus servicios profesionales como abogado, y le informa verazmente que tenia quince (15) años y seis (6)
ciudadano laboraba para el ciudadano José Diego Colina Posada por un lapso de quince (15) años y seis (6) meses como vigilante (guachimán).
persona que no sabe leer y escribir y se conflagraron para que el trabajador ne un e e e ee e see sn d permitió tal desafuero juridico, pues en realidad le tocaba por sus quince años y seis meses la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS QCHENTA Y SIETE BOLIVARES (sic) (Bs. 220.587,00), según los cálculos que fueron aceptados por la ciudadana juez al momento de admitir la demanda, pero que luego les fueron vulnerados por las partes en conflicto quando hicieron que el trabajador reclamante solo recibiera en partes la BOLIVARES (sic) CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS (sic) (Bs.
32.288,54), es decir con una diferencia en contra de ciento ochenta y ocho mil doscientos noventa y ocho bolivares con cuarenta y seis por (sic) centimos (sic) (Bs. 188.298,46), en forma engañosa y mal intencionada colocaron en el acta que el trabajador había empezado a trabajar el 01 (sic)- 01 (sic).2010, es decir de los quince años y seis meses lo llevaron a solo dos años, perjudicando económica y moralmente al trabajador, quien en forma incauta acepta el ofrecimiento (...)". (Resaltados y mayúsculas propias del escrito de denuncia).
De igual forma, señala que el juez laboral es el garante de los derechos de los trabajadores, criticando la posición del justiciable que permite un acuerdo como el suscrito por la parte que vulnera todos los derechos del trabajador, colocándole otro abogado para que asista al trabajador, reservándose el derecho de reclamar sus honorarios que presuntamente permitió tal desafuero jurídico. Tal actuación de la jueza —a entender de la denunciante— violentó los artículos 5; 6; y 14 del Código de Ética del Jueza Venezolano y la Jueza Venezolana; así como el derecho a prestaciones sociales de los trabajadores, consagrado en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al permitir la jueza de la causa, que las partes en forma engañosa y mal intencionada colocarán -en el acta que el trabajador había empezado el primero (1°) de enero de 2010.
Finalmente, solicita se inicie una investigación a la ciudadana Rosanna Blanco Lairet en su condición de Jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la establecido en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y los previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Il DEL INFORME DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN Por otra parte, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial dictó su informe en fecha diecinueve (19) de diciembre de 2012, en el cual delimitó, en primer lugar las pruebas aportadas por el denunciante en su escrito de denuncia, señalando:
"(...) el denunciante acompañó su escrito con copias certificadas del expediente N° KP02-L-2012-001176, cursante ante el tribunal discriminan a continuación:
1- Escrito presentado en fecha 6 de agosto de 2012, ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Lara, por la ciudadana Liliana Escalona, actuando en representación del ciudadano José Duvino Escalona Romero, mediante el cual demandó al ciudadano José Diego Colina beneficios laborales. (Folios 9 al 15 de la pieza N° 1 del expediente).
2- Auto de fecha 9 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal mediante el cual ADMITiÓ la demanda interpuesta por la ciudadana Liliana Escalona, actuando en representación del ciudadano José Diego Colina Posada, por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales. Asimismo, ese Juzgado a la audiencia preliminar a realizarse en el décimo dia hábil siguiente a la constancia en autos de su notificación.
(Folios 16 y 17 de la pieza N° 1 del expediente).
3- Acta de audiencia preliminar celebrada el 25 de octubre de 2012, ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Circunscripción Judicial del estado (sic) Lara, a cargo de la ciudadana ROSANNA BLANCO LAIRET, en la causa judicial en referencia, mediante la cual las partes, entre otros particulares, se señaló:
'PRIMERO: toma la palabra la parte accionada quien expone: [reconoce] la relación laboral y el cargo alegado,
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pero [difiere] de la fecha de ingreso pues lo cierto es que comenzó a laborar para mi representado en 01 (sic)-01 (sic)-2010 y culminó la relación el 28-08 (sic)-2012 por despido...
SEGUNDO: La parte accionante con la debida asistencia toma la palabra y expone: [Conviene] en los argumentos planteamiento de la parte accionada, tanto en la cantidad y forma de pago ofrecida en este acto, monto que incluye todos los conceptos reclamados, a saber, antigüedad, vacaciones, bono vacacional, utilidades, beneficio de alimentación e indemnización por despido.
En consecuencia la demandada nada adeuda, ni por estos ni por ningún otro concepto, derivado de la relación laboral que unió a las partes.
TERCERO: La falta de provisión de fondos en el cheque que hoy se entrega, como el incumplimiento del pago ejecución forzosa de la presente acta de mediación, asi como lo correspondiente a las costas de ejecución estimadas en un veinte por ciento de lo convenido.-
CUARTO: [Ese] Tribunal, visto que la mediación ha sido positiva...decide HOMOLOGAR EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores'. (Folios 22 al 24 de la pieza N° 1 del expediente) 4- Poder especial otorgado en fecha 22 de mayo de 2012, ante la Notaria Pública de Quibor del Municipio Jiménez del estado (sic) Lara, por el ciudadano José Diego Colina Posada, a la ciudadana Diesther Maria Colina Mendoza, para que lo representara, sostuviera y defendiera sus derechos e intereses por ante los organismos del Estado Bolivariano de Venezuela, bien fuesen públicos o privados y, en consecuencia, quedó facultada para que sin limitación alguna lo representara, actuara y procediera en su nombre y representación, ante cualquier autoridad pública o privada o ante cualquier autoridad gubernamental. (Folios 25 y 26 pieza N° 1).
. 5- Auto de fecha 6 de noviembre de 2012, dictado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, mediante el cual ORDENÓ el archivo del asunto N° KP02-L- 2012-001176 y su remisión oportuna al archivo judicial regional.
Informe de la Oficina de Sustanciación)
En segundo lugar, señaló que visto que la denunciante en el presente asunto, acompañó su denuncia con copias debidamente certificadas correspondientes a la causa judicial signada con el N° KP02-L-2012-001176, y en aras de garantizar el principio de celeridad y economia procesal estimó las actuaciones que reposan en ese asunto.
Finalmente, la Oficina de Sustanciación concluyó que:
"(...) Revisadas como han sido las actuaciones que conforman el presente asunto signado bajo el N° AP61-D-2012-000576, esta Oficina de Sustanciación observa que están dados los requisitos legales para la interposición de la presente denuncia de conformidad con lo establecido en el articulo 54 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
UPL! Asimismo, se aprecia que el caso de marras versa sobre los hechos delatados por la ciudadana LILIANA ESCALONA, contra la Jueza ROSANNA BLANCO LAIRET, a cargo Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, por presuntas faltas disciplinarias cometidas durante la tramitación del expediente judicial signado bajo el N° KP02-L-2012-001176 (nomenclatura de ese Juzgado), iniciado con ocasión al juicio qu9 por prestaciones sociales y otros conceptos, fue incoado por la prenombrada denunciante, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano José Duvino Escalona Romero en contra del ciudadano José Diego Colina Posada.
Ahora bien, de las actas recabadas por este Órgano Instructor, s9 verificaron en el expediente contentivo del caso en referencia las siguientes actuaciones:
En fecha 6 de agosto de 2012, consta escrito libelar presentado ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, por la ciudadana Liliana Escalona (denunciante en el presente asunto), actuando en representación del ciudadano José Duvino Escalona Romero, mediante el cual demandó al ciudadano José Diego Colina Posada, por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales. (Folios 09 al 15 pieza N° 1).
Seguidamente, esta Oficina constató que el 9 de agosto de 2012, el Tribunal a cargo de la Jueza denunciada, dictó auto mediante el cual ADMITIÓ la demanda en referencia y, asimismo, emplazó a la parte demandada para que compareciera por ante ese Juzgado a la audiencia preliminar a realizarse en el décimo (10°) dia hábil siguiente a la constancia en autos de su notificación.
(Folios 16 y 17 pieza N° 1).
Posteriormente, se evidenció que riela a los folios 22 al 24 pieza N° 1, acta de audiencia preliminar celebrada el 25 de octubre de 2012, ante el referido tribunal, en la cual, se señaló:
(...) Omissis (...) Finalmente, esta Oficina de Sustanciación comprobó que por auto de fecha 6 de noviembre de 2012, el Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, a cargo de la jueza ROSANNA BLANCO LAIRET, ORDENÓ el archivO del 8punto N° KP02-L-2012-001176 y su remisión oportuna al archivo judicial regional. (Folio 28 pieza N° 1).
Por lo tanto, este Órgano Instructor una vez detallados los elementos indiciarios relativos a la instrucción del caso que nos ocupa y actuando en el ámbito de su competencia de conformidad con lo establecido en el articulo 52 del Código de Reglamento Orgánico y Funcional de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, ACUERDA remitir el presente expediente al Tribunal 8 Disciplinario Judicial, para su análisis y valoración a los fines de que provea lo conducente en atención a lo estatuido en el articulo 55 del mencionado Código de Ética (..)" (Resaltados y mayúsculas propias del Informe de la Oficina de Sustanciación).
III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR I.- En primer lugar, debe este Tribunal Disciplinario Judicial pasar a analizar su competencia para conocer de la presente causa; y, en tal sentido debe señalar:
En fecha seis (6) de agosto de 2009 fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, reformada parcialmente según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha 23 de agosto de 2010, la cual en su Capítulo V establece la competencia en materia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, siendo que en sus articulos 39 y 40 prevé:
tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinario Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código (...)" "Artículo 40. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de primera instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes en materia ética contenidos en el presente Código (...)" Ahora bien, vista la denuncia interpuesta por la ciudadana LILIANA ESCALONA, titular de la cédula de identidad N° V-16.898.707, debidamente inscrita en el Instituto Previsión Social del Abogado bajo el N° 153013, contra la ciudadana ROSANNA BLANCO LAIRET, titular de la cédula de identidad N° V-13.034.990, actualmente Jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; en atención a la presunta infracción a los principios y deberes contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, siendo que, se ventila una denuncia realizada contra una jueza de la República; este órgano jurisdiccional se declara competente para conocer de la presente causa, de conformidad con el artículo 39 del referido Código de Ética, en concordancia con el artículo 40 eiusdem.
II. En segundo lugar, siendo la oportunidad procesal para que este órgano jurisdiccional disciplinario emita pronunciamiento en torno a la admisibilidad de la denuncia interpuesta, a tenor de lo previsto en los artículos 54 y 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, observa este órgano jurisdiccional que, realizado el análisis preliminar respectivo, denuncia in comento cumple con los requisitos exigidos
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en el articulo 54 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana; y, por cuanto en la misma no se verifican los supuestos de inadmisibilidad previstos en el articulo 55 eiusdem, este Tribunal Disciplinario Judicial ADMITE cuanto ha lugar en derecho la denuncia interpuesta.
III.- No obstante la admisión ut supra realizada, resulta imperioso para este órgano jurisdiccional hacer mención a lo establecido por este Tribunal de primer grado de jurisdicción disciplinaria judicial, en sentencia N° TDJ-SID- 2011-5-A de fecha 16 de noviembre de 2011 (caso: María Lourdes Afiuni), donde se señala lo siguiente:
"(...) La improponibilidad se refiere a la facultad que tiene el juez de rechazar in limine litis la demanda, si considera que la pretensiones del recurrente, bien sea porque se pretendió algo no idónea para satisfacer su pretensión.
Así, la improponibilidad debe ser entendida desde un punto de vista objetivo, es decir, cuando resulta manifiesto que los hechos en que se funda la pretensión constitutiva de la causa petendi, considerados en abstracto, no son idóneos para obtener una favorable decisión de mérito. (Aldo Cader Camilot, Tesis de la Improponibilidad de la Demanda. Universidad José Simeón Cañas, San Salvador, 1996, p. 95). De manera que el estudio de la proponibilidad está orientado a realizar un análisis sobre le pretensión procesal, diferente al análisis de la admisibilidad, > frente al Ordenamiento Juridico.
En nuestra doctrina patria, el autor Rafael Ortiz Ortiz ha precisado lo siguiente sobre la figura de la improponibilidad de la demanda:
...desde hace algún tiempo, la doctrina y, hace poco, la jurisprudencia venezolana, viene inquiriendo si toda pretensión, por el sólo hecho de ser admisible, tiene inicio, se sabe que la pretensión no puede tener la tutela juridica del ordenamiento e, irremediablemente, será declarada improcedente. Estamos en presencia de la llamada improponibilidad manifiesta de la pretensión, la cual abarca los supuestos en que la pretensión objetiva o subjetivamente sea improponible.
La procedencia de la pretensión (ya no se trata de admisibilidad) tiene que ver con la aptitud de la pretensión juridica y su respectiva tutela juridica por el procedimiento; es decir, revisar la procedencia de la pretensión es decidir sobre el fondo de lo pedido, el ordenamiento juridico conforme lo solicitado ... Para JORGE PEYRANO Ia improponibilidad objetiva que padece una pretensión siempre nace de alguna la cual concurre un 'defecto absoluto en la facultad de juzgar' (Resaltado y subrayado nuestro) ("Teoria General de la Acción Procesal en la Tutela de los Intereses Jurldicos', Primera Edición. Editorial Frónesis S.A., Caracas, 2.004, pp. 336 y 338).
Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció mediante sentencia de fecha 4 de noviembre de 2003, en virtud de una acción de amparo interpuesta, los siguientes planteamientos con respecto a la improponibilidad manifiesta de la pretensión:
(...) Ante tales circunstancias, debe esta Sala reiterar el criterio sostenido con relación a las declaraciones in contrario a los principios de celeridad procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar, para lo cual de verificarse durante el estudio de la admisión de la acción, que resulta inoficioso iniciar ese procedimiento, puede declararse in limine litis la improcedencia de la acción;
lo cual es distinto a la inadmisibilidad de la acción...Por lo que, la declaración in limine litis va dirigida únicamente a la improcedencia y en la oportunidad de la admisión, mientras la inadmisibilidad puede ser revisada en cualquier estado y grado de la causa por obedecer a causales de orden público, o a vicios esenciales...' (Resaltado de este Tribunal).
De igual forma, la misma Sala en sentencia N° 3055 del 4 de noviembre de 2003 precisó lo siguiente:
(...) Ahora, bien, precisa esta Sala señalar que, en la sentencia consultada, el a quo erró al declarar improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional.
Ante tales circunstancias, debe esta Sala reiterar el criterio sostenido con relación a las declaraciones in limine litis, en el sentido de que resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economia procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar, para lo cual de verificarse durante el estudio de la admisión de la acción, que resulta inoficioso iniciar ese procedimiento, puede declararse in limine litis la improcedencia de la acción; lo cual es distinto a la inadmisibilidad de la acción, que se configura cuando se da alguno de los supuestos establecidos en el articulo 6 Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos yGarantias Constitucionales, cuando no se cumple con alguno de referida ley.
Por lo que, la declaración in limine litis va dirigida únicamente a la improcedencia y en la oportunidad de la admisión, mientras la inadmisibilidad puede ser obedecer a causales de orden público, o a vicios esenciales (...)'. (Resaltado del original) (Subrayado de este Tribunal) De los marcos doctrinarios y jurisprudenciales precedentemente expuestos, entiende este Tribunal que el estudio de la procedencia de la pretensión se refiere a un análisis distinto al de la admisibilidad, pero que sin embargo, se realiza al inicio del proceso por el juez, pues resultaría a todas luces inoficioso la continuación de éste si desde el primer momento, el juez, como director del proceso, se percata que el resultado final será una declaratoria sin lugar, o en todo caso, una desestimación de la pretensión del recurrente, sea jurídico, o bien, porque el recurrente no optó por la vía idónea para la satisfacción de su pretensión. (...)" (Resaltado propio de este Tribunal Disciplinario Judicial)
De lo anteriormente transcrito parcialmente, se puede deducir que la procedencia de la pretensión se diferencia esencialmente del pronunciamiento de admisibilidad de una causa determinada, en virtud que en el primero, el órgano jurisdiccional decisorio debe percatarse en prima facie si la pretensión del actor tiene vialidad dentro del proceso o resultaría inoficioso llevar a cabo todo el proceso judicial debido a que su resultado final sería !a declaratoria sin lugar, debido a que —la pretensión— carece de tutela por parte del ordenamiento juridico o porque el recurrente no optó por la vía idónea para la satisfacción de la misma; por el contrario, el segundo, se basa en un pronunciamiento sobre si la acción interpuesta cumple de los extremos legales formales exigidos por la norma adjetiva, los cuales al ser de orden público, pueden ser revisadas en cualquier estado y grado de la causa por el órgano decisorio.
Ahora bien, realizado el análisis anterior, es pertinente para este órgano jurisdiccional delimitar los hechos denunciados que surgen en virtud de la demanda por cobro de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que interpuso el ciudadano José Duvino Escalona Romero, titular de la cédula de identidad N° V-7.982.334, debidamente asistido por la abogada Liliana Escalona, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 153.013, contra el ciudadano José Diego Colina Posada, titular de la cédula de identidad N° V-5.436.762, por la cantidad de doscientos veinte mil quinientos ochenta y siete bolivares sin céntimos (Bs. 220.587,oo).
En dicho proceso laboral, la parte denunciante señala que se celebró tiene la parte demandante por ser analfabeta, acordando las partes con intermediación de la juęza un acuerdo que cercena los derechos laborales del demandante, al establecer un pago que asciende a la cantidad de treinta y dos mil doscientos ochenta y ocho bolivares sin céntimos (Bs. 32.288,54). restando una diferencia en contra del trabajador de ciento ochenta y ocho mil doscientos noventa y ocho bolívares con cuarenta y seis céntimos (Bs.
188.298,46); en virtud de que —a decir de la denunciante— "(...) en forma engañosa y mal intencionada colocaron en el acta que el trabajador había seis meses lo llevaron a solo dos años, perjudicando económica y (...).
En tal sentido, se observa que en fecha veinticinco (25) de octubre de 2012 se levantó acta por la Jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en el expediente N° KP02-L-2012-001176 asignado
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por distribución a ese órgano jurisdiccional, en donde se dejó sentado lo siguiente:
"(...) Hoy, 25 de Octubre (sic) de 2012, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), comparecen voluntariamente la parte actora venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° 7.982.334, debidamente asistido por la abogada LUZ ADRIANA Previsión Social del Abogado bajo el N° 138.631 y por la parte demandada JOSE (sic) DIEGO COLINA POSADA, su apoderada judicial abogada DIESTHER COLINA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 147.143, quien presenta instrumento poder. En este estado ambas partes solicitan a este comparecencia para la Audiencia Preliminar. En consecuencia, vista la renuncia hecha por ambas partes, el Tribunal basándose en los principios de brevedad, celeridad e inmediatez, establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, conforme al articulo 11 ejusdem y en aplicación supletoria del articulo 203 del Código de Procedimiento Civil vigente siendo que no se violenta ninguna norma de orden público pasa a celebrar la Audiencia Preliminar en el Presente Proceso. Iniciada la misma luego de varias deliberaciones de hecho y de derecho las partes con la intermediación de la Jueza han llegado al siguiente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el articulo 133, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y exponen:
PRIMERO: Toma la palabra la parte accionada quien expone:
reconozco la relación laboral y el cargo alegado, pero difiero de la fecha de ingreso pues lo cierto es que comenzó a laborar para mi 08(sic)-2012 por despido; sostengo que las vacaciones, bono vacacional y utilidades fueron pagadas en su oportunidad salvo las fraccionadas que corresponden al año en curso que se alimentación mi representada lo pagó regularmente y únicamente adeuda 90 dias que conviene pagar en este acto. En tal sentido se ofrece pagar por todos y cada uno de los conceptos demandados a cantidad de Bs. 32.288,54 en dos partes, la primera en este acto mediante cheque No. 00002957, de la cuenta cliente No. 0108-2456-70-0100079166, girado contra el Banco Provincial a nombre del actor por Bs. 20.716,88 y la segunda por Bs. 11.571,66 para el 26-11-2012 por ante la URDD Civil de esta Circunscripción Judicial, discriminado de la siguiente manera:
..Bs. 11.571,66 · Prestación de Antigüedad...
· Vacaciones 2011-2012....
..Bs. 1.071,45 · Bono Vacacional Fraccionado...
..Bs. 1.071,45 ....Bs. 214,29 · Descanso...
..Bs. 1.335,03 · Vacaciones Fraccionadas.......
...Bs. 3.428,00 · Utilidades Fraccionadas.....
... Bs. 2.025,00 · Beneficio de Alimentación.....
..Bs. 11.571,66 · Indemnización por despido........
TOTAL= Bs. 32.288,54
SEGUNDO: La parte accionante con la debida asistencia toma la palabra y expone: Convengo en los argumentos expuestos por la demandada y con el propósito de dar por terminada la present9 en la cantidad y forma de pago ofrecida en este acto, monto que incluye todos los conceptos reclamados, a saber, antigüedad, vacaciones, bono vacacional, utilidades, beneficio de alimentación e indemnización por despido. En consecuencia la demandada nada adeuda, ni por estos ni por ningún otro concepto, derivado de la relación laboral que unió a las partes.
TERCERO: La falta de provisión de fondos en el cheque que hoy se entrega, como el incumplimiento del pago acordado derá derecho a la parte actora a pedir la ejecución forzosa de la costas de ejecución estimadas en un veinte por ciento de lo convenido.-
CUARTO: Este Tribunal, visto que la mediación ha sido positiva, Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluida la audiencia preliminar y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, decide HOMOLOGAR EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, de Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores. (.. )".
(Resaltados, subrayados y mayúsculas propias de la sentencia)
Ahora bien, se hace necesario establecer como punto inicial, que el principio de independencia judicial consagrado en el articulo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, radica en la única y excluyente sujeción en la que se encuentran los jueces y juezas de la República a la Constitución y a las leyes del ordenamiento jurídico venezolano, en la libre interpretación de dichas normas jurídicas; así como en los dos aspectos fundamentales que componen dicho principio como lo es el Público, y el deber de los funcionarios judiciales de mantener su independencia.
Es por ello, que como consecuencia inmediata a ese principio, las siendo exclusivo de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial el examen de la idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en la examen disciplinario puede implicar la revisión de aspectos jurisd ccionales, siempre limitando su alcance, a los fines de no invadir la esfera jurisdiccional, asi se ha establecido en sentencia N° 00401 de la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de marzo de 2C03 (caso: Inspectora General de Tribunales vs. Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial) donde se expresa que "(...) en ocasiones el examen de la disciplina de los jueces incluye la revisión de aspectos jurisdiccionales, aun cuando vinculando este examen a la idoneidad del funcionario para continuar en el ejercicio del cargo, dada la responsabilidad que supone la función del juzgar. De manera que por existir una línea divisoria muy fina entre la revisión de aspectos relacionados con la aptitud personal del juez y otros relativos al ámbito jurisdiccional, es preciso siempre atender al caso concreto, a fin de limitar el alcance del poder disciplinario (...) de manera que no se invada en forma indebida el campo de actuación jurisdiccional (...)".
Precisado lo anterior, observa este órgano jurisdiccional que el único aparte del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la "(.) ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos."; situación ésta que se materializa en los procesos laborales a través de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el artículo 133 que establece:
"Artículo 133. En la audiencia preliminar el Juez de Sustanciación, Mediación Ejecución y deberá, personalmente, mediar y conciliar las posiciones de las partes, tratando con la mayor diligencia que éstas pongan fin a la controversia, a través de los medios de autocomposición concluido el proceso, mediante sentencia en forma oral, que dictará de inmediato, homologado el acuerdo de las partes, la cual reducirá en acta y tendrá efecto de cosa juzgada." (Resaltado propio de este órgano jurisdiccional).
Es por ello, que la audiencia preliminar es el primer llamado que realiza la ley adjetiva laboral para que el juez funja una labor mediadora, con el propósito de garantizar la celeridad y la economia procesal, asi como el principio conciliador y promovente de los distintos medios autocomposición procesal y cualquier otro medio alternativo para la solución de conflictos.
En tal sentido, en dicho acto del proceso establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Juez de Mediación, Sustanciación y Ejecución Laboral tiene la obligación —de acuerdo al articulo 129— de realizar la audiencia de manera oral, privada y presidida por él, verificando la asistencia de las partes intervinientes en el proceso o sus apoderados judiciales.
Al respecto, debe entenderse por partes del proceso laboral, lo regulado en el artículo 46 de la ya mencionada ley adjetiva laboral, que señala "(...) Son partes en el proceso judicial del trabajo, el demandante y el demandado (...)": las cuales podrán actuar en el proceso judicial laboral "(...) mediante apoderado, debiendo estar éstos facultados por mandato o poder, ante el Secretario del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 eiusdem.
Tal situación regulada por al Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es lo n nn cnn e enn n e ee e nn en n el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, en atención a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados. En relación a ello, el tratadista Ricardo Henriquez La Roche en su libro "Comentarios al Código de
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Procedimiento Civil". Tomo I, Editorial Centro de Estudios Jurídicos de Venezuela, Caracas, 2009, páginas 530 y 531, establece que "(..) La tribunal debe rechazar los escritos y diligencias que no lleven firma letrada, según se infiere de este artículo [articulo 166 del Código de Prccedimiento Civil] y de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley de Abogados (..)": es por ello que "(...) Esta capacidad de postulación es común a todo acto procesal, y constituye, a su vez, un presupuesto de validez del proceso, desde que la misma norma especial mencionada sanciona con nulidad y reposición de la causa la omisión del nombramiento de abogado (..)".
Asimismo, señala que "(...) El espíritu y razón de ser de la obligatoriedad de asesoramiento ha sido garantizar la validez del juicio, los contenedores, y asegurar a ultranza la función pública del proceso, cual es la eficacia y continuidad del derecho objetivo procesal. Porque asi como la ley quirúrgica por el peligro a la salud que ello supone, aunque el paciente lo consienta o sea pariente del lego, asi impide también que la sustanciación del proceso quede avenida al empirismo o improvisación de personas ignorantes e inexpertas, cuyos derechos correrían el riesgo de ser desconocidos por una utilización inadecuada de la ley adjetiva, perdiéndose toda la actividad procesal en un propósito frustrado de hacer justicia (...)".
En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en jurisprudencia reiterada, ha establecido que "(...) para la ejercitación de un poder dentro de un proceso se requiere ser abogado en ejercicio, sin que la falta de cualidad profesional pueda suplirse ni [es [n ] i) n o n ee e n Sala considera que, tal como la ha dispuesto la jurisprudencia, en el caso de autos, el tribunal de la causa debió declarar como no interpuesta la demanda que se intentó y la nulidad de todo lo actuado (...)". (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1.371 del siete (7) de julio de 2006).
Es por ello, que verificadas las actas procesales que conforman el fue recibida por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) libelo de la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros pasivos laborales, interpuesto por el ciudadano José Duvino Escalona Romero, titular de la cédula de identidad N° V-7.982.334, debidamente asistido por la abogada Liliana Escalona, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 153.013, tal como se evidencia en los folios que van del nueve (9) al quince (15).
De igual forma, se observa que en fecha veinticinco (25) de octubre de 2012 la jueza denunciada levantó acta dejando constancia de la comparecencia voluntaria de la parte actora ciudadano José Duvino Escalona Romero, ya identificado, debidamente asistido por la abogada Luz Adriana Pérez Velásquez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 138.631; asi como la parte demandada ciudadano José Diego Colina Posada, por su apoderada judicial abogada Diesther Colina, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 147.143, tal camo se evidencia en el folio veintidós (22) del presente expediente judicial.
Por lo cual, al estar asistido la parte demandante tanto al momento de interponer la demanda como en el acto procesal de celebración de audiencia preliminar, el accionante cumplió con la formalidad esencial exigida en el artículo 4° de la Ley de Abogados, garantizando de derecho a la defensa y su debido proceso; no obstante, tal asistencia inicial de la abogada Liliana Escalona, —ahora denunciante— no deriva una representación judicial de la parte actora en el proceso, tal como se explicó supra, sino el cumplimiento de un requisito esencial para que el trabajador accionante pudiese activar el aparto jurisdiccional de manera válida, como lo es la asistencia debida de un abogado o una abogada.
Tal es la asistencia de la abogada —ahora denunciante— la cual no ostenta cualidad de apoderada judicial del accionante laboral, que en el acto procesal subsiguiente, como lo fue la audiencia preliminar prevista sposin: articulos 129 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la juez únicamente tenía la obligación de constatar que la parte accionante tuviera articulo 129, requisito éste cumplido, al estar debidamente asistido por la abogada Luz Adriana Pérez Velásquez.
Es por ello, que de acuerdo a los análisis mencionados a lo largo de este punto III del presente fallo, este Tribunal Disciplinario Judicial no constituya una infracción o violación a las disposiciones éticas y morales que deben regir la conducta de los jueces y juezas de la República, y por ende ninguna actuación que se subsuma dentro de los presupuestos establecidos en los artículos 31; 32; y 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Así se declara.
Por lo tanto, visto que los hechos reseñados por la parte denunciante, no se constituyen como hechos disciplinarios que permitan la continuación y economía procesal de los mencionados procesos, de conformidad con los principios rectores de egta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, consagrados en 37 eiusdem, le resulta forzoso para este órgano jurisdiccional declarar improcedente in limine litis la presente denuncia. Asi se decide.
III DECISIÓN En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Disciplinario Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- ADMISIBLE la denuncia interpuesta por la ciudadana LILIANA ESCALONA, titular de la cédula de identidad N° V-16.898.707, debidamente inscrita en el Instituto Previsión Social del Abogado bajo el N° 153.013, contra la ciudadana ROSANNA BLANCO LAIRET, titular de la cédula de identidad N° V-13.034.990, actualmente Jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
2.- IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS en virtud de que Ios hechos reseñados por la parte denunciante, no se constituyen como hechos judicial, ello en aras de garantizar la celeridad y economía procesal de los Jurisdicción Disciplinaria Judicial, consagrados en el artículo 3 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en concordancia con el articulo 37 eiusdem.
Regístrese, publíquese y notifiquese de la presente decisión a la parte denunciante, de acuerdo al numeral 2 del articulo 63 del Código de Ética que rige a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial.
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Dada, firmada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial en la (14) dias del ciudad capital de la República, a los _Catoce mes de _Hauzo de dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154 dea Pderación.
RERUBLICA 1
ACHECO ALVIÁREZ ponente Presidente
CARLOS MEDINAROJAS JACQUELINE SOSA MARINO Juez Jueza
DUBRAVRAVIVAS MORALES a Secretaria Temporal Exp.: AP61-D-2012-000576 HPA/JSM/CMR/DVM
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-D-2012-000608 Anexo a oficio N° 02992-12 del doce (12) de diciembre de 2012. el Magistrado a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial escrito de petición sancionatoria relacionado con la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, titular de la cédula de identidad N° V.- 6.315.656, quien se desempeña como Jueza Titular del Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, por presuntamente haber incurrido causas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 33, numeral 23, del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Luego de recibir formal entrada la causa, la Oficina de Sustanciación acordó, en fecha diecinueve (19) de diciembre de 2012, el inicio de la investigación El veinte (20) de febrero de 2013, se recibió la causa en este Tribunal y se designó al juez CARLOS ALFREDO MEDINA ROJAS como ponente.
El doce (12) de marzo de 2013, este Tribunal admitió la denuncia de conformidad ordenó en consecuencia la citación para escrito de descargos de la jueza denunciada, asi como la notificación de la Inspectoria General de Tribunales, del Ministeno Público y presente asunto.
Inpreabogado bajo el Nro. 97.184, actuando en su carácter de apoderado judicial de la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, consignó escrito de descargos.
El cuatro (4) de junio de 2013, el abogado Marcos Dámaso Rivero, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 32.800, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano Tomás Roberto Ojeda Garrido, promovió elementos de prueba.
Tribunales, presentó escrito de promoción probatoria.
Inpreabogado bajo el Nro. 17.891, acreditada apoderada judicial de la ciudadana AURA MARIBEL CoNTRERAS DE MOY, presentó su respectivo escrito de promoción de pruebas.
Judicial en su sentencia N° 32 de fecha veintinueve (29) de diciembre de 2012.
articulo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, para el dia ocho (8) de octubre de 2013.
El ocho (8) de octubre de 2013, tuvo lugar la audiencia oral y pública fijada por MARIBEL CONTRERAS DE MOY expusieron sus respectivos alegatos y defensas dispositivo del asunto para el dia quince (15) de octubre de 2013.
El quince (15) de octubre de 2013, fecha pautada para dictar el dispositivo del CONTRERAS DE MOY, al considerar que no incurrió en la falta prevista en el artículo 33, numeral 23, del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Tribunal a efectuar las siguientes consideraciones:
1 ACUSACIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES El Inspector General de Tribunales, Magistrado JUAN MENDOZA JOVER, acusó a la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY de incurrir en responsabilidad disciplinaria a tenor de lo dispuesto en el articulo 33, numeral 23, del Codigo de Ética BUCA argumentación:
Que la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY incurrió en_ömisiOnd de 2008 a diciembre de 2010.
Que la causa en cuestión se sustanció bajo las previsiones del procedimiento breve, de conformidad con los articulos 881 y siguientes del Código de Procedimiento su favor, incurriendo en confesión ficta, el caso no revistió de mayor complejidad.
Que si bien la ciudadana Jueza Temporal, Rhayza Peña Villafranca "se encontraba a (.. por lo que en principio a ésta le correspondió dictar sentencia (.). a Jueza Titular AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY. en fecha primero de octubre de dos mil ocho, se abocó nuevamente al sentencia (..).
NEZUELA realizadas por la parte actora en el transcurso de los más de 3 años que estuvo la causa bajo su conocimiento".
fecha de interponer la demanda y (..) en estado de salud precaro(....
Itinerante el 15 de febrero de 2012, luego de transcurrido más de 3 años, desde qu6 se abocó al "l DEFENSAS DE LA JUEZA La Ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, en Su escrito de descargos, señaló lo siguiente:
AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, denunció la violación del debido proceso en Citó sentencia recaida en el expediente N° 11-0202 del diez (10) de agosto de 2011, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señalando a procedimiento, pues no se [le] permitió ejercer el derecho a presentar los descargos en tiempo oportuno disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer [su] defensa.".
de noventa (90) dias consagrado en el articulo 28, numeral 3, de la derogada Ley su representada comenzó el primero (1°) de noviembre de 2010 y finalizó el doce (12) de diciembre de 2012, "esto es. luego de haber transcurrido mas (sic) de dos (2) años": y si bien la jurisprudencia de la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia tiene se la nulidad cel procedimiento, siendo la excepción a esa regla el menoscabo de los derechos del interesado, enfatizó que en el caso concreto de su representada -a su de tiempO sin justificaciÓn alguna, "NI SIQUIERA SE DICTÓ EL ACTO CONLUSIVO DEL PRocEDMIEnTo", lo que refleja la violación del debido proceso, el derecho a la defensa, presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva.
CONTRERAS DE MOY señaló lo siguiente:
de su representada es la contenida en el expediente N° AH15-v-2007-o00010 contentiva de un juicio de resolución de contrato de arrendamiento.
Que en el mes de noviembre de 2009. "se realizó el proyecto de Sentencia (.. lo cusl consta en el Sistema Juris2000, en ei Asunto identificado con las Siglas AH15-V-2007-000010,como Noviembre del 2011, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia".
Que es un hecho notorio el gran cúmulo de trabajo que manejan los Tribunales de ámbitos "Civi, Mercanti, Tránsito, Bancario y Familia"; nivel de trabajo éste que se mantiene a obstante "el aumento de la cuantía" decretado por el Tribunal Supremo de Justicia.
Maria Vargas, los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercati del Trênsito, comenzaron a dar despacho sálo los dias lunes, miércoles y viernes".
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Que en el mes de diciembre del año 2008, "se ordeno realizar, inventario qe bieñ muebles y expedientes pertenecientes al Tribunal, a los fines de realizar la mudanza definitiva ag Sede que hoy ocupa(n]. la cual se efectuó los primeros dias del año Dos Mil Nueve (20o9), sbrindoséja.
puertas del Circuito al público en general, en fecha Dieciséis (16) de marzo del Dos Ma Nueve (2009)".
Que "el cambio de Sede a la actual, trajo consigo diversas transformaciones a nive: administrativo Tribunales de Juez Unipersonal a Tnbunales de Circuito, lo cual conllevo (sic) a la reducción del personal, Asistentes, con relación a los Abogados Asistente (sic) de este Despacho, ha sido intermitente la duración de los mismos dentro de (sic) Tribunal, por cual actualmente no cuenta] con Abcgado Asistente alguno, en vista de (sic) una de ellas renuncio (sic). y la otra fue postulada al cargo de Secretaria del Tnbunal.".
Que "durante el periodo comprendido entre el Quince (15) de Enero al Veinticuatro (24) de Mayo de Dos Mi Diez (2010). en virtud de la Resolución N°. 2010-0001, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14 de Enero del referido año., se laboró en el horario comprendido de 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. como medida temporal generada por la situación a nivel Nacional en materia de Energia Eléctrica.".
Que "se puede evidenciar y demostrar el hecho de que la respuesta tardía en el presente Juicio, no se debe a una flagrante violación y denegación de justicia (..) sino al cúmulo de trabajo reinante en los Tribunales de Primera Instancia, aunado a las diversas transformaciones que se presentaron entre los Asistentes dentro de este Tribunal, y que igualmente infiuye de manera directa en el aumento de Trabajo de los Tribunaies, el hecho del crecimiento pobiacional (..).
Que "desde el año 2002 hasta la presente fecha, han ingresado CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS (14.732) causas, mas las causas existentes cuando recib[io] el Tribunal, de las cuales se han resuelto un total de CATORCE MIL. CIENTO CINCO (14.105) decisiones, entre definitivas e interlocutorias." Que la Inspectoria General de Tribunal incurre en una falsedad cuando afirma que la resolución del juicio "no ameritaba 'esfuerzo intelectual alguno', lo cual evidencia el ciaro juridico de la relación arrendatario y donde además. la demanda resultaba un verdadero MAMoTRETO JURÍDICO que por más confesión ficta que existiese, resultaba CONTRARIA A DERECHO, A LA LEY Y AL ORDEN PÚBLICO (..
III DE LA COMPETENCIA DE TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Previo a cualquier otra consideración. debe este Tribunal Disciplinario Judicial Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la regulación sobre la disciplina judicial quedó establecida en el articulo 267 del siguiente modo:
"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.
disciplinarios que determine la ley.
El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario serà público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que regionales". (Êénfasis añadido).
Como puede observarse de la disposición constitucional transonita, en la que se corresponde con la atribución otorgada al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, sobre dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomia presupuestaria del Podet Judicial; la segunda, que es de indole disciplinaria, atribuida únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo una organicidad que ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y. por otro lado, una jurisdicción que ejerce funciones disciplinarias.
De esto se desprende la intención de los constituyentes en separar a los órganos encargados de la disciplina judicial de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, creando de este modo una jurisdicción especial, bajo el nombre de Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a la cual le corresponde garantizar que los postulados del Estado Social de Derecho y de Justicia se materialicen en la actividad de administrar justicia intervinientes del sistema de justicia.
Acerca de la competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el judicial, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el articulo 267 ut supra transcrito, a saber:
Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán servicios de Alguacilazgo".
Como se desprende del articulo precitado, en el Tribunal Disciplinaric JudiciaPg.
disciplinario, correspondiéndole al primer órgano, según el articulo 40 del mismo Código, la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los articulos 31, 32 y 33 eiusdem.
Es claro que la creación de esta jurisdicción especial obedeció a la necesidad de atribuciones de naturaleza jurisdiccional encargada la tarea de examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la misma.
Técnicamente, la función jurisdiccional se desarrolla o ejerce meciante una final, la sentencia, dirigido a resolver y definir la controversia juridica con fuerza de Tribunal Disciplinario Judicial como, en segunda instancia, la Corte Disciplinaria La Constitución de 1999 creó, pues, una jurisdicción, cuyos actos, en consecuencia, se configuran en verdaderas sentencias; ello fue reconocido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual, mediante sentencia N° 1.183 de fecha siete (7) de agosto de 2012, estableció lo siguiente:
sustancial en lo que se refiere a la naturaleza del órgano encargado de levar a cabo la actividad disciplinaria judicial en el pals y el procedimiento empleado para allo: en efecto, antes de la creación de esos tribunales disciplinarios, dicha ejercicio del recurso de reconsideración o por la via judicial, a través del ejercicio Administrativa del Tribunal Supremo de Juaticia (Vid. Articulo 32 del Régimen de marzo del 2000) En la sgtualidad, el hecho de que la actividad disciplinaria judicial se encuentre Yanzaa atribuida a una jurisdicción especial, implica la presencia de verdaderos órganos como (ada decisión de carácter jurisdiccional. está sujeta al ejercicio ordinario del Venezolano y Jueza Venezolana- y de recursos o solicitudes extraordinarias como la acción de amparo o la solicitud de revisión".
Realizadas las precisiones que anteceden y visto que en el presente caso se especial, de conformidad con la normativa previamente transcrita y en línea con las medidas de naturaleza cautelar que acordó la sentencia N° 516 del siete (7) de mayo del presente año, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, este Tribunal Disciplinario Judicial ratifica su competencia para pronunciarse en primera instancia sobre la causa de autos y procede, en consecuencia, a señalar los fundamentos de hecho y de derecho de la absolución de responsabilidad disciplinaria declarada a la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, en fecha quince (15) de octubre del presente año. Asi se decide.
IV DE LA AUDIENCIA En la audiencia celebrada en fecha quince (15) de octubre de 2013, en la cual este Tribunal Disciplinario Judicial absolvió de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, se dejó establecido lo siguiente:
"En primer término, debe este Tnbunal pronunciarse acerca de cuatro (4) defensas CONTRERAS DE MOY tanto en el escrito de descargos presentado en la causa como an el desarrolio de la audiencia que tuvo lugar el ocho (8) de octubre de Respecto a la pnmera cuestión, es decir, la denuncia de violación al debido derechos e intereses de ctro sujeto independiente de ella en el proceso, lo cual de plano es tanto inviable como inadmisible, sin embargo, y a todo evento, es preciso advertir que el representante judicial del ciudadano Tomás Roberto Ojeda participó 2013, escrito éste en el que no hizo ninguna alusión -ni directa ni indirectamente- a inconvenientes en la nofifcación de su representado, o a supuestas trasgresiones cometidas en su contra, de una u otra manera, en perjuicio del debido proceso, sentido. As/ se declara.
Cor respecto a la investigación de la Inspectoria General de Trbunales y el tiempo de duración de la investigación preliminar, el Tribunal observa que este aspecto es ajeno a la cuestión debatida en este proceso, consistente única y exclusivamente procedimiento, CiUdadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY. AsI se decide.
Gereral de Tribunales, para este Tribunal es manifiesto que en el caso de autos el hecho por el que se acusó, se debatió y se está examinando la responsabilidad disciplinaria de la Ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, consiste en el presunto retardo en que incuriera con ocasión al pronunciamiento decisorio del expediente AH15-V-2007-00010, no divisándose otra cuestión distinta o Por lo que se refiere a la alegada falta de Cualidad de la jueza AURA MARIBEL contra en este proceso, vale decir, el retardo en dictar sentencia, el Tribunal ese preciso momento la responsabilidad constitucional y legal de tramitana y decidirá, siendo justamente esa responsabilidad la que está siendo discutida y decide.
Resueltas las defensas previas en los términos indicados, el Tribunal procede a resolver el mérito del asunto (..
(... Omissis..) De manera pues que, la ingente exigencia laboral arrastrada en el Tribunal s lo largo del último lustro, las diversas coyunturas y transformaciones estructurales consigo, por mencionar algunas adversidades, siembra en este Tribunal la lo tanto, no resulta disciplinariamente reprochable.
En consecuencia, se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil, Del Tránsito y Bancsrio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dado que 9ste n n r r n e la Jueza Venezolana. Asi se establece.
justicia an nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de ley, ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana AURA MARIBEL Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.".
V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Cumplida como fue en su totalidad la sustanciación del proceso, este Tribunal Disciplinario Judicial pasa a explanar los fundamentos de hecho y de derecho de la
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decisión pronunciada en la audiencia oral celebrada el quince (15) de octubre de 2013, mediante la cual se absolvió de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY.
A tales fines, es preciso hacer referencia, primeramente, a la valoración adoptada por este Tribunal en torno a las distintas defensas previas que alegaron los apoderados judiciales de la mencionada jueza en el escrito de descargos y en el desarrollo de la audiencia de debate realizada el dia ocho (8) de octubre de 2013.
Asi, en primer orden, los apoderados en cuestión señalaron, en e escrito de descargos, que en el curso del presente juicio se incurrió en una violación del debido constancia en el expediente, que dejo la boleta de notificación a la esposa del denunciante, y con eliq:2 Asimismo, alegaron que la Inspectoria General de Tribunales incumpli6 el lapso de.
investigación que establecia el articulo 90 de la derogada Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, sumado a que dicho organismo omitió dictar el acto conclusivo del procedimiento, lo que generó violaciones de múltiples derechos constitucionales a su representada.
Tribunal admitió que la representación judicial de la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, al plantear esta delación, intentó suplir una defensa que la Inspectoria General de Tribunales, toda vez que la delación involucra el acto de la notificación personal del referido ciudadano así como las circunstancias en que ella tuvo carece de todo fundamento al ser contratada con las actas del expediente, y especificamente, con la intervención del abogado Marcos Dámaso en calidad de representante legal del ciudadano Tomás Roberto Ojeda, pues se constató que el configuraran en violaciones al debido proceso.
Adicionalmente, para este Tribunal resulta incomprensible que la representación AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, obstaculizándose Su "derecho s presentar los descargos en tiempo oportuno y disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer [su] defensa".
ya que en el curso del proceso la referida ciudadana ha gozado y hecho uso plenamente de todas sus garantías y defensas según lo dispuesto en el Código de Êtica del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. La jueza presentó escrito de descargos en ello que la denuncia que se analiza una vez más resulta infundada y asi se decide.
Y con relación al tiempo de la investigación desarrollada por la Inspectoria General de Tribunales al margen de que esta situación es independiente del thema decidendum en esta causa, limitada al establecimiento o no de responsabilidad de la jueza AURA.
MARIBEL CONTRERAS DE MOY, es necesario señalar que al Tribunal le corresponde prescripción), el juicio de determinación de responsabilidad iniciará y seguirà su curso.
hasta la etapa definitiva no obstante que haya existido una considerabie extensión de tiempo invertido en la etapa de investigación.
investigación por parte de la Inspectoria General de Tribunales es un ámbito normativo pronunciarse sobre las consecuencias de su incumplimiento. El Tribunal, se reitera, de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Por otra parte, resulta no menos desconcertante para este Tribunal la manifestación hecha en el escrito de descargos al señalarse que la Inspectoria General de Tribunales no presentó acto conclusivo, cuando esta actuación fue la que dio origen Por las razones que anteceden, este Tribunal debe desestimar las defensas En lo que atañe a lo manifestado en la audiencia celebrada en fecha ocho (8) de CONTRERAS DE MOY alegó la existencia de múltiples acusaciones en el escrito de petición de sanción y la falta de cualidad pasiva de su poderdante, este Tribunal arribó expediente se desprende con claridad la presencia de una única irregularidad imputada a la jueza mencionada, como fue el presunto retardo injustificado en dictar sentencia en la causa AH15-V-2007-000010, fundamentado en los hechos que la Inspectoria General de Tribunales describió y desarrollo en su escrito acusatorio.
Por otra parte, al momento de abocarse la jueza al conocimiento de la causa, Por tanto, como administradora de justicia, la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, una vez reincorporada en el Juzgado, reasumió la obligación ante su autoridad, en cumplimiento de los deberes propios de la función jurisdiccional que torna operante, entre otros principios, el acceso efectivo a la administración de justicia.
que ahora esgrime su representación judicial, en tanto que ello significaría incurrir en el absurdo de librar de toda responsabilidad por retardo a todos aquellos jueces o juezas que ingresaron en reemplazo de quienes inicialmente recayó el deber de dictar sentencia, lo cual obviamente representaría un despropósito desde la óptica de nuestro materialización y el afianzamiento de derechos y garantias tales como la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, etc., labor ésta que no se cumpliriía de existir la exención Sobre la base de los razonamientos que anteceden, este Tribunal desestima las defensas hasta esta oportunidad examinadas, alegadas por la representación judicial de la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY durante el desarrollo de la audiencia que tuvo lugar el ocho (8) de octubre de 2013. Asi se decide.
* Una vez decididos los anteriores planteamientos, este Tribunal pasa a esbozar la resolución acogida en el examen del mérito del presente asunto, no sin antes efectuar examinó en este caso en particular, como lo fue el retardo procesal injustificado; esto, a los fines de delimitar con claridad el esquema trazado para adoptar la decisión definitiva dictaminada, a través de la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria a la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY:
los retardos y las demoras judiciales lesionan gravemente los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y debido proceso, en los términos de los articulos 26 y 49 de la Ley Superior. La razón de ser de esta postura estriba en que los postulados constitucionales establecen expresamente el deber de todas las autoridades;
públicas, incluyendo las judiciales, de adelantar actuaciones y resolver de manera diligente y oportuna los asuntos sometidos a ella.
Y es que, quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos legales, esconocerian sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la Como lo ha puesto de relieve este Tribunal, la jurisdicción, como potestad pública los juicios se prolongan y sufren dilaciones interminabies, con la carga y el peso de litigios y controversias valor superior de justicia al que tienen derecho los ciudadanos, por imperativo constituciona" (TDJ-SD- 2013-000123 del treinta y uno [31] de julio de 2013, dictada por este Tribunal Disciplinario Judicial).
entenderse en un sentido meramente formal, que se agota en la concurrencia de los tribunales, sino que también —y sobre todo— abarca la posibilidad cierta, garantizada Por ese motivo, el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia aplica necesariamente que los jueces resuelvan en forma imparcial y efectiva los sversos conflictos que entran bajo su conocimiento. Para lograr este objetivo, es legislador, o, en caso de no ser esto posible, dentro de un margen de tiempo razonable, pese al incumplimiento del término procesal, ya que:
convirtiéndose en una injusticia, pues la inexistencia del fallo judicial ocasiona que las controversias queden sumergidas en una falta de certidumbre, con la natural procegas y los derechos de las partes, satisfacióndose de este modo una legítima lestud, desorganización y fallas operatorias, los intereses de la comunidad se sienten amenszados y se sestimula el impulso creador de la comunidad entera" (Jaime Castro, "La justicia en Colombia".
Bogotá, Colombia, Pág. 12).
Ahora bien, en el caso de autos, la Inspectoria General de Tribunales acusó a la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, por no haber dictado sIrtencia en el expediente N° AH15-V-2007-000010, de incurre en omisión de pronunciamiento y Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, normativa que señala que siempre que con ello se menoscaben derechos o garantias fundamentales en el marzo de la tutela Judlicial efectiva" (Relieve añadido).
El criterio de la Corte Disciplinaria Judicial en torno a la norma citada refiere que en ella existen "cuatro modalidades de conducta, a saber: 1) incurre en retrasos injustificados en la descuidos injustificados en la tramitación de los procesos; y 4 incurrir en descuido injustificados en la menoscabo de los derechos o garantias fundamentales de las partes", insistiendo dicha Corte en
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justa causa que la determine y, además, verificar si la conducta bajo análisis constituyó un retraso o descuido, si se produjo un menoscabo a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y su Sentencia N° 02/2013).
cuestiones fundamentales del tipo disciplinario que se analiza, como lo es el carácter injustificado de la omisión, no obstante, como lo ha advertido este Tribunal, a los fines de la determinación de este aspecto, es necesario efectuar un análisis acerca de la Con ese propósito, el Tribunal ha establecido que las situaciones de retardo procesal indebido se ponen de manifiesto, en cada caso, luego de una específica irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. En cuanto a este punto, esto es, el carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a la confluencia de diversos factores presentes en el caso concreto con arreglo a criterios comportamiento y la situación en que se encuentre el órgano judicial actuante.
zones más sostenidas por los funcionarios judiciales para juticar haber incurrido en mora se encuentra la elevada carga de trabajo jurisdiccional, hecho éste que, por si mismo, sin más valoración, no constituye una defensa suficiente ni razonable para excusa la demora surgida.
Ciertamente, para esta Instancia Disciplinaria el retardo procesal por el motivo indicado, vale decir, la congestión de causas, sólo podria considerarse justificado en el evento de que, pese a la diligencia y celeridad judicial exhibidas por el juez eludir ni prever, como pueden ser la carga laboral del despacho, reducciones en la plantilla de personal, reestructuraciones administrativas, implementaciones técnicas, /numerosas causas que lo originan: escaso personal e infraestructura insuficiente, cantidad de causas por encima de lo razonable, regias procesales con numerosas etapas y permisivas en el abuso de los incidentes, dilaciones producidas por los abogados por razones de estrategia y otras": por ello, de forma aleccionadora, se advierte que es "la demora del propio juez, ya sea por lentitud, desinterés o desidia (.) de todas estas causas y con causas mencionadas, sóio esta última, esto es, el retardo, escasa dedicación, desinterés, desidia, responsabilidad es lo que puede ser objeto de reproche sus Dimensiones", Tomo I, Editorial Depalma, Año 2006, p.713) Asi pues, sólo con apoyo de una justificación debidamente comprobada y fuera de incumplir su obligación constitucional de dictar sentencia dentro de los plazos que establece la ley, en cumplimiento de los principios de celeridad procesal y tutela judicial efectiva. La justificación es extraordinaria y no puede satisfacerse con el simple ajendibie, es necesario determinar que se obró con comprobada dedicación en el sea consecuencia de un estado de cosas singularizado y probado que se constituye en motivo insuperable de omisión.
Si los factores a que se hizo referencia no están presentes en el contexto de la aplicará la responsabilidad que corresponda atendiendo a la entidad de la falta y, en conformidad con el Código de Ética del Juaz Venezolano y la Jueza Venezolana.
Pues bien, de la lectura del escrito presentado por la Inspectorià General de MARIBEL CONTRERAS DE MOY la constituye el retardo incurrido en dictar sentencia diligencias de parte solicitando pronunciamiento, retardo éste que se expendio desde el año 2008 y hasta principios del año 2012, cuando la jueza, dando cumplimiento a instrucciones provenientes del Tribunal Supremo de Justicia (Resolución N° 2011-0082 designados con calidad de itinerantes.
-. En el análisis del hecho denunciado, el Tribunal pudo observar, de una revisión al en el decurso del tiempo implicado en el retardo, el despacho atravesó por múltiples dificultades que entorpecieron el funcionamiento esperado, evidenciadas no sólo en las ;
transformaciones de orden institucional que le restaron capacidad administrativa, sino inevitablemente estrechaba el margen de acción del que disponia la jueza para poder atender y resolver las causas con diligencia razonable.
A finales del año 2011, producto del exceso de trabajo (reconocido incluso por el propio Tribunal Supremo de Justicia), fue necesario que el Máximo Tribunal resolviera 2011-0062 de fecha treinta [30] de noviembre de 2011, dictadas por la Sala Plena) la redistribución a otros despachos de un gran número de causas (en total, el Tribunal cursantes -entre otros- en el juzgado de la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY y que contribuyan a su congestionamiento, circunstancia ésta que permite deducir dos (2) aspectos muy importantes y de suma relevancia para la decisión que antiguedad superior al de la causa que dio origen a este proceso disciplinario (con dafs algunos de estos juicios (concretamente, los más recientes) a los fines de podek gramixa proceder a resolver los más antiguos: y 2) que la carga laboral afrontada por laiueza para ese entonces era ardua y notabiemente exigente, situación esta que, conjugada podían ser de la más variada indole y con diferentes grados de complejidad.
condiciones de infraestructura material que sortear, pues el permanente trámite de cada uno con sus responsabilidades y tareas pendientes, todas distintas, corroboran desempeño de la jueza pero que ineludibiemente influyen en la buena marcha del tribunal.
Este exceso de trabajo era tal que, inclusive, a finales del año 2012, el Tribunal Supremo de Justicia acordó prorrogar por un (1) año más la existencia de los juzgados oviembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial N° 40074 del dieciocho [18] de que refleja y refuerza la difi situación estructural en que se encontraban los Juzgados con competencia civil, mercantil, bancario y de tránsito del Área Metropolitana de Caracas, en cuya circunscripción está adscrito el despacho de la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY.
constató que la jueza mantuvo frente a esta situación un desempeño que fuera de toda significaba afrontar la inmensa responsabilidad derivada del elevado congestionamiento estadisticos, sino también en el portal de internet del Tribunal Supremo de Justicia, en (60) resoluciones entre los años 2009 y 2012 (es decir, aproximadamente cincuenta mensuales que el Tribunal Supremo de Justicia fijó para los jueces itinerantes, de expediente); aunado a que, en todo el año 2008, dictó más de mil setedientas (1700) un Juzgado Unipersonal y que da cuenta, junto a los elementos mencionados anteriormente, de los esfuerzos y la respônsabilidad de la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY en el cumplimiento de sus funciones.
Claramente, estos datos referenciales aportan con toda certeza el proceder estableció el Tribunal Supremo de Justicia como condición necesaria para poder juzgados civiles del Área Metropolitana de Caracas Aún más, en el desarrollo de la audiencia,la jueza hizo énfasis en los resultados positivos que su rendimiento profesional ha arrojado a la gestión del Tribunal, siendo menester destacar que estas afirmaciones no fueron refutadas por la Inspectoría General de Tribunales, ni tampoco se consignó ninguna prueba que contrastara con lo dicho por la jueza. En ese sentido, la acusación de retardo únicamente estribó en los hechos singularizados de la causa que dio origen a este proceso, y en modo alguno se cuestionó la gestión en general que la jueza desarrolló en el Tribunal durante el tiempo en que tuvo lugar el retardo denunciado, de modo que, lejos de constituirse en un hecho aislado, se demostrara su total falta de compromiso sobre la administración de justicia.
existieron un número elevado de diligencias apercibiéndole a la jueza acerca del retardo sucedieron (de octubre de 2008 a diciembre de 2010) el Tribunal fue objeto de distintas medidas de corte institucional que afectaron su organización y funcionamiento, todo lo cual bien pudo haber sembrado obstáculos para la terminación de la causa pese a las 2010-0001 del catorce [14] de enero de 2010, dictada por la Sala Plena del Tribunal plataformas técnicas y tecnológicas, entre otras causas, traen consigo consecuencias
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seguimiento de expedientes en el tribunal.
providencias a los cuales ya se hizo mención.
En atención a lo expuesto, ha quedado claro a través de las pruebas presentes en la causa que la demora que se denuncia no estuvo motivada a la escasa dedicación, desinterés, desidia o irresponsabilidad de la Jueza en el ejercicio de su función, sino que se produjo como consecuencia de su contracción al trabajo y el esfuerzo continuado que le significó hacer frente a la gran responsabilidad de reducir la excesiva afluencia de procesos existentes en el Tribunal, sumado a la diversa gama de coyunturas que afectaron la buena marcha del despacho.
Sobre la base de los razonamientos antes señalados y, fundamentalmente, de las pruebas que reposan en el expediente, concluye este Tribunal que el retardo que se le puto a la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY no puede calificarse de injustificado, de modo que sea procedente declarar su responsabilidad por observancia o cumplimiento defectuoso de sus funciones. Asi se decide.
En consecuencia, este Tribunal ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY respecto a la falta prevista en el articulo 33, numeral 23, del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asi se establece.
VI DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial. administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, bajo la ponencia del ciudadano Juez CARLOS MEDINA ROJAS, aprobada de manera unánime, ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, titular de la cédula de identidad N° V.- 6.315.656, quien se desempeña como Jueza Titular del Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, respecto al tipo sancionatorio consagrado en el articulo 33, numeral 23, del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Una vez que adquiera firmeza la presente decisión, remitase copia certificada de la misma a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria y a la Inspectoria General de Tribunales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en concordancia con la sentencia N° 516 de fecha siete (7) de mayo del presente and;
dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Publiquese, registrese y notifiquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Discipfinaria Judicial, a los Tæes ( 8 ) dias del mes de de dos'mil trece 2013). Anos 203° de la Independencia y 154° de la Dic.embrE Federación.
HERNAN RACHECO ALVIÁREZ Juez Prasidente
JACQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINA ROJAS i Jueza Juez Ponepte RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Exp. AP61-R-2014-000010 Mediante oficio N° TDJ-457-2014 del 12 de febrero de 2014, el Tribuna Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente signado con el N° AP61-D-2012-000608, contentivo del procedimiento disciplinario ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, titular de la cédula de identidad N° V-6.315.656, por actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Tal remisión se efectuó en virtud del auto dictado el 11 de febrero de 2014 por el TDJ, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la Jueza denunciada de la falta prevista y sancionada en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, subsumible en el numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética).
El 13 de febrero de 2014, la Secretaria de esta Corte recibió de la Unidad de distribución, correspondiéndole la ponencia al Juez Tulio Jiménez Rodriguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 6 de marzo de 2014, se acordó fijar audiencia oral y pública para el noveno (9°) dia de despacho siguiente, contados a partir de la fecha en que constara en autos la El 13 de marzo de 2014, la representante de la IGT consignó escrito de de Ética.
En fecha 20 de marzo de 2014, la Juaza denunciada consignó contestación a la apelación interpuesta en su oportunidad.
El 27 de marzo de 2014. la Secretaria de esta Corte dictó auto mediante el cual acordó diferir la celebración de la audiencia oral y pública, fijando como nueva oportunidad a las 2:00 p.m., del quinto dia de despacho siguiente a esa fecha.
-> El 1° de abril de 2014, diligencia presentada por la ciudadana Sarely A. Gallardo fecha 30 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.978 del 3 de agosto de 2012, mediante el cual informó que la En fecha 8 de abril de 2014, esta Corte dictó auto mediante el cual convocó al Juez Romer Abner Pacheco Morales, para cubrir la ausencia temporal de la Jueza Merly Jacqueline Morales Hernández, integrante de la esta Alzada Disciplinaria Judicial, por encontrarse de reposo médico.
El 9 de abr1 de 2014. la Secretaria de esta Corte dictó auto mediante el cual acordó reconstitución de esta Alzada, fijando como nueva oportunidad a las 9:00 a.m.. del Procedimiento Civil.
El 8 de mayo de 2014, a las 09:00 a.m.. se realizó la audiencia oral y pública de Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial emitir pronunciamiento sobre el.
recurso interpuesto, previo el análisis de las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES En fecha 1° de noviembre de 2010, el ciudadano Marcos Dámaso Rivero, apoderado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
El 18 de enero de 2012, la IGT ordenó abrir la correspondiente investigación y en inspecciones en la sede del Juzgado a cargo de la Jueza denunciada, a objeto de constatar las irregularidades denunciadas.
Mediante acto conclusivo de fecha 12 de diciembre de 2012, la IGT solicitó el inicio presuntamente, en el ilicito disciplinario previsto en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, subsumible en el numeral 23 del articulo 33 del Código de dieciocho (18) peticiones en la cual instaba a la Jueza a dictar sentencia.
En fecha 18 de diciembre de 2012 el TDJ, recibió de la IGT, oficio N° 02992-12.
mediante el cual remitió el expediente N° 100572, (nomenclatura de ese órgano).
contentivo de la investigación seguida a la ciudadana Aura Maribel Contreras de menoscabo de la tutela judicial efectiva, al incurrir en infracción del deber legal de conclusivo la aplicación de la sanción de destitución.
El 19 de diciembre de 2012, la Oficina de Sustanciación recibió el expediente acordó rem tir el expediente al TDJ.
El 20 de febrero de 2013, el TDJ recibió el expediente y designó como ponente p el conocimiento del asunto al Juez Carlos Alfredo Medina Rojas. Posteriormente, 12 de marzo de ese año admitió la denuncia y ordenó librar las notificaciones y citaciones correspondientes.
En fechas 4 y 12 de junio de 2013, el ciudadano Marcos Dámaso Rivero apoderado judicial del ciudadano Tomás Roberto Ojeda Garrido, la IGT y la Jueza denunciada, cuales fueron decididas el 26 de junio de ese año y en fechas el 8 y 15 de octubre de 2013, se llevó a cabo la celebración de la audiencia oral y pública.
Il DEL FALLO APELADO En fecha 3 de diciembre de 2013, el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SD-2013-164 con fundamento en lo siguiente:
Que, la IGT acusó a la referida Jueza por no haber dictado sentencia en el expediente N° AH15-V-2007-000010, de incurrir en omisión de pronunciamiento y
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retardo injustificado de conformidad con lo establecido en el numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética, normativa que señala que los Jueces y Juezas serán destituidos de su cargo cuando incurran en retraso o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propias de éstos, siempre que con ello menoscaben derechos o garantias fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva.
Que, el contenido de la sentencia N° 2 dictada el 17 de enero de 2013 por esta Alzada en torno a la citada norma, refiere que en ella existen cuatro modalidades de conducta, a saber: 1) incurrir en retrasos injustificados en la tramitación de los procesos: 2) incurrir en retrasos injustificados en cualquier diligencia: 3) incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de los procesos: y 4) incurrir en descuidos conductas deben conducir a un menoscabo de los derechos fundamentales de las partes.
Que, aunque el referido criterio no realiza ninguna precisión acerca de una de las cuestiones fundamentales del tipo disciplinario que se analiza, como es el carácter injustificado de la omisión, no obstante, a los fines de determinar este aspecto, es necesario efectuar un análisis acerca de la razonabilidad del retardo o dilación verificada en el trámite de que se trate.
Que, las situaciones de retardo procesal se ponen de manifiesto, luego de una especifica ponderación acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración de lo previsible o tolerable.
Que, el retardo procesal sólo podría considerarse justificado en el evento de que, .
sucedieron situaciones imprevistas e inevitables que no le permitieron dictar el pronunciamiento de la causa con la prontitud deseada. El funcionario que pretenda excusa la demora debe demostrar que ésta surgió pese a su esmero y diligencia en, el cumplimiento cabal de las funciones, por circunstancias que no pudo eludir ni prever, como pueden ser la carga laboral del despacho, reducciones en la plantilla de personal, reestructuraciones administrativas, implementaciones técnicas, y otros, pues todos estos factores, influyen de manera directa en el buen funcionamiento d los Tribunales.
Que, de la lectura del escrito presentado por la IGT verificó que la *.. demora judicial sentencia en la causa N° AH15-V-2007-000010, ello a pesar de la consignación de dieciocho (18) diligencias de parte solicitando pronunciamiento, retardo éste que se expendio desde el año 2008 y hasta principlos del año 2012, cuando la jueza, dando cumplimiento a instrucciones provenientes del Tribunal Supremo de Justicia (Resolución N° 2011-0062 de fecha treinta [30] de noviembre de 2011), remitió la referida causa a jueces designados con calldad de itinerantes...".
Que, observó de la revisión del acervo probatorio incorporado a los #utos por la Jueza denunciada, que en el transcurso del tiempo implicado en el retardo, el despacho atravesó por múltiples dificultades que entorpecieron el funcidrtamiento del Tribunal, evidenciadas no sólo en las transformaciones de orden institucional que le restaron capacidad administrativa, sino también, la carga de asuntos que se gestionaba, lo que estrechaba el margen de acción del que disponía a Jueza para poder atender y resolver las causas con diligencia.
Que, a finales del año 2011 producto del exceso de trabajo, fue necesario que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolviera mediante las Resoluciones Nros. 2012-0033 del 28 de noviembre de 2012 y 2011-0062 del 30 de noviembre de 2011, respectivamente, la redistribución a otros despachos de un gran número de causas, y el Tribunal gestión en el año 2011 una cantidad que excedía de los cuatro (4) mil expedientes cursantes en el Juzgado a cargo de la Jueza denunciada que contribuyan a su congestionamiento, circunstancia ésta que permitia deducir dos (2) aspectos importantes: 1) que en el Tribunal cursaban juicios con antigüedad superior al de la causa que dio origen al proceso disciplinario (con data del año 2007), hecho éste que bien podía facultar a la Jueza a tener que desatender algunos de estosjuicios (concretamente, los más recientes) a los fines de poder tramitar y proceder a resolver los más antiguos; y 2) que la carga laboral afrontada por la Jueza para ese entonces era ardua y notablemente exigente, situación esta que, conjugada con las múltiples competencias asignadas al Tribunal, dejó entrever al TDJ que la ciudadana Jueza tenia a su cargo innumerables asuntos cuyas materias podian ser de la más variadas índole y con diferentes grados de complejidad.
Que, no resultaba dificil inferir que la acumulación de labores y responsabilidades" que no obedecieron al desempeño de la Jueza pero que influian en la buena marcha del Tribunal, que el exceso de trabajo era tal que a finales del año 2012, el Tribunal Supremo de Justicia acordó prorrogar por un (1) año más la existencia de los Juzgados itinerantes, ello ante el considerable volumen de causas en estado de sentencia que recibieron como consecuencia de la redistribución, hecho éste que competencia en materia Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito del Área- Metropolitana de Caracas.
Que, al examinar las estadisticas de servicio que se promovieron, el a quo constató que la aludida Jueza mantuvo frente a esta situación un desempeño estimable teniendo en cuenta la gran exigencia y responsabilidad derivada del elevado congestionamiento existente en el Juzgado, hecho que se evidenció de los reportes estadisticos y del portal de Internet del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se observó que dictó un promedio anual de más de seiscientas (600) resoluciones entre los años 2009 y 2012, es decir, aproximadamente cincuenta (50) sentencias por mes, número ampliamente superior al estándar de resoluciones mensuales que el Máximo Tribunal de la República fijó para los Jueces itinerantes, de treinta (30) resoluciones mensuales; y en el año 2008 dictó más de mil setecientas (1700) pravideñei cantidad que resultó meritoria para un Juzgado Unipersonal.
Que, si bien es cierto que existió un número elevado de diligencias apercibiendo a la periodo en que las mismas sucedieron (de octubre de 2008 a diciembre de 2010) el Tribunal fue objeto de distintas medidas de corte institucional que afectaron su- consideración el cambio de sede, la realización de inventarios, la reducción de jornadas laborales, según Resolución N° 2010-0001 del 14 de enero de 2010, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la reestructuración y pérdida de personal, la adaptación a nuevas plataformas técnicas y tecnológicas, entre otras causas, traen consigo. consecuencias estructurales y administrativas sobre el despacho que redundan en su actividad y modifican las pautas, la programación y Tribunal.
Que, la demora que se denunció no estuvo motivada a la escasa dedicación, desinterés, desidia o irresponsabilidad de la Jueza en el ejercicio de su función, sino que se produjo como consecuencia del esfuerzo de la mencionada Jueza que le significó hacer frente a la gran responsabilidad de reducir la excesiva afluencia de procesos existentes en el Tribunal, sumado a la diversa gama de coyunturas que afectaron la buena marcha del despacho y en razón de ello, el a quo concluyó que el retardo que se le imputó a la aludida Jueza no se calificó de injustificado, por lo que absolvió a la misma de responsabilidad disciplinaria.
II1 FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 13 de marzo de 2014, la representación de la IGT fundamentó su apelación en los siguientes términos:
Que, la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia omisiva al no pronunciarse respecto a la imputación del descuido injustificado en menoscabo a la tutela judicial efectiva, al no dictar sentencia definitiva en la causa N° AH15-V-2007-000010, en el cual el TDJ realizó un pronunciamiento sobre un supuesto "retraso". que el TDJ fijó en el inicio de la motivación de la decisión que el hecho imputado era descuido injustificado, no obstante, dictó su fallo en relación a un retraso en dictar la sentencia, cuando ese hecho no fue imputado por ja IGT.
Que, la sentencia apelada incurrió en el vicio de silencio de pruebas, al no pronunciarse respecto a las probanzas aportadas por la IGT, tanto en el escrito acusatorio como en el escrito de promoción de pruebas, las cuales fueron admitidas en su oportunidad mediante auto del 26 de junio de 2013. que de haberlas analizadas y valoradas hubieran sido determinantes para declarar la responsabilidad disciplinarias de la aludida Jueza.
Que, la recurrida incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho en errónea interpretación de la sentencia N° 2 dictada en fecha 17 de enero de 2013. por esta Corte Disciplinaria Judicial, la cual invocó para dictar el fallo objeto de apelación, al hacer un análisis parcial de la misma y no aplicarla en todo su alcance y contenido, toda vez que la misma realiza un análisis del numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética, la cual estable cuatro (4) modalidades de conducta que se desprenden del mencionado articulo y la condición para el Juzgador disciplinario, los cuales son: si se trata de una actuación o una omisión injustifica; si la conducta constituye un retraso o descuido y, si se produjo un menoscabo a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, no obstante, el a quo hizo una errónea interpretación al indicar.
se analizada, como lo es el carácter injustificado de la omisión, motivo por el cual retardo o dilación presuntamente verificado en el trámite procesal.
IV CONTESTACIÓN DE LA APELACIÓN El dia 20 de marzo de 2014, el ciudadano Ricardo Valera, en su carácter de apoderado judicial de la Jueza Aura Marlbel Contreras de Moy interpuso ante esta Instancia escrito de contestación bajo los siguientes términos:
Solicitó a esta Alzada la perención del recurso, por cuanto el formalizahle incumplió con los requisitos establecidos en el articulo 84 del Código de Ética, en razón de que se violenta el derecho a la defensa de su representada.
En cuanto a la primera denuncia realizada por la apelante, solicitó sea desechada, puesto que el TDJ si atendió y resolvió conforme a lo pedido y solicitado por la IGT lo cual se evidencia tanto de la audiencia oral y pública celebrada como de la denuncia.
En relación al silencio prueba estableció que no podia ser denunciado como vicio de "inmotivación" pues la violación del articulo 509 del Código de Procedimiento Civil, no fueron las pruebas silenciadas.
Con relación al falso supuesto de derecho, esgrimió que resulta infundada y que no existia tal vicio al interpretar una sentencia, ya que el mismo se encuentra sustentado en las mismas razones explanadas en la primera denuncia, por lo que solicitó sea delaciones.
V DE LA COMPETENCIA
asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:
El articulo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ. ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben:
"Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación venezolana". (Resaltado de la Corte Disciplinaria Judicial) Del análisis de los autos que integran el expediente, se puede constatar que la ciudadana Romina José Torres Gándara, actuando en representación' de la IGT.
apeló de la sentencia N° TDJ-SD-2013-164, dictada el 3 de diciembre de 2013, por el a quo mediante la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria a la Jueza Ética. En tal sentido, esta Alzada verifica que, efectivamente, se trata de un apelación contra sentencia definitiva, razón por la cual declara su competencia para conocer el presente asunto. Asi se declara.
VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Una vez declarada la competencia, analizadas las actas que conforman el expediente asi como los argumentos expuestos por las partes en la audiencia oral y consideraciones:
En cuanto a lo alegado por el apoderado judicial de la Jueza denunciada, referido a que esta Corte declare la perención del escrito de fundamentación de la apelación interpuesto por la representante de la IGT, toda vez que el mismo no cumple con lo establecido en el articulo 84 del Código de Ética, por estar redactado con una letra "TAN PEQUEÑA" que no permite y dificulta conocer su contenido y con ello se violenta el derecho a la defensa de su representada, esta Instancia Disciplinaria pasa a analizar el contenido de la referida norma el cual establece expresamente lo siguiente:
... Articulo 84. Al quinto dia siguiente al recibo del expediente, la Corte despacho, el dia y la hora de la celebración de la audiencia de apelación, dentro de un lapso no menor de tres dias ni mayor a diez dias, contados a
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partir de dicha determinación. El o la recurrente tendrá un lapso de tres días contados a partir del auto de fijación, para presentar un escrito fundado, en el cual debe expresar concreta y razonadamente cada motivo y lo que pretende, y el mismo no podrá exceder de tres folios útiles y sus vueltos, sin más formalidades. Transcurridos los tres dias antes establecidos, si se ha consignado el escrito de fundamentación, la contraparte podrá, dentro de los tres dias siguientes, consignar por escrito, los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del recurrente. Dicho escrito no puede exceder de tres folios útiles y sus vueltos.
Será declarado perimido el recurso, cuando la formalización no se presente en el lapso a que se contrae este articulo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos establecidos. Si la contestación a la formalización no se presenta en el lapso a que se contrae este articulo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos establecidos, la contrarrecurrente no podrá intervenir en la audiencia de apelación...".
De la norma anteriormente transcrita, se observa que el recurso de apelación será declarado perimido cuando la parte apelante no presente su escrito de formalización en el lapso previsto o cuando no cumpla con los requisitos, los cuales son: expresar concretamente y razonadamente cada motivo de lo que pretenda y no exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos.
Verifica esta Alzada de las actas de] expediente, que la parte apelante interpuso oportunamente dicho medio recursivo, cumpliendo con los requisitos previstos en el aludido articulo, toda vez que se observó que no excede de tres (3) folios útiles y sus vueltos, asi como el contenido del mismo expresa los motivos de sus pedimentos.
de una forma clara, lacónica y concisa, de modo que el tamaño de la letra siempre y cuando sea legible será analizado por esta Alzada, con lo cual queda desestimado el pedimento realizado por contrarrecurrente en este punto. Asi se declara.
Seguidamente, la recurrente en su escrito de apelación denunció el vicio de incongruencia omisiva, en razón que el TDJ no se pronunció en relación al descuido injustificado en el que incurrió la Jueza denunciada al no dictar sentencia definitiva en la causa N° AH15-V-2007-000010, y en su lugar lo calificó como un supuesto "retraso" que no fue imputado por la IGT: el vicio de silencio de pruebas al no haberse pronunciado respecto de las pruebas aportadas por la IGT. tanto en el escrito acusatorio como en el escrito de promoción de pruebas las cuales fueron admitas por auto del 26 de junio de 2013: y el falso supuesto de derecho, por incurrir en errónea interpretación de la sentencia N° 2 del 17 de enero de 2013, dictada por esta Alzada.
Ahora bien, respecto al primer vicio delatado referido a la incongruencia omisiva, conviene resaltar que el mismo se origina como consecuencia de una incongruencia o error de concordancia entre la actuación requerida al órgano jurisdiccional y la producida por éste; en el presente caso se aprecia de las actas insertas al expediente asi como de la sentencia apelada, que en el fallo objeto de apelación el a quo fijó al inició de su motivación que el hecho imputado era el descuido injustificado aun cuando en su redacción. refirió el aludido "retardo", lo cual si bien delató un desajuste de lo pretendido, no constituye per se una causal de nulidad de la sentencia conforme lo prevé el articulo 243 del Código de Procedimiento Civil, por lo que esta Alzada desestima el referido vicio. Asi se declara.
Respecto al vicio de silencio de pruebas, delatado por la recurrente, bajo el.
argumento de que el TDJ no se pronunció respecto de las pruebas aportadas por la IGT, tanto en el escrito acusatorio como en el escrito de promoción de pruebas las cuales fueron admitas por auto del 26 de junio de 2013. Es necesario resaltar que dicho vicio conforme a la sentencia N° 00-0262 del 20 de junio de 2011, dictada por la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal de la República, lo ha definido como un defecto de la sentencia que supone la omisión de pronunciamiento por parte del sentido, esta Corte advierte que el a quo en la sentencia recurrida señaló que efectuó una revisión del acervo probatorio incorporado a los autos tanto por la IGT como por la Jueza denunciada, lo cual contradice lo argumentado en el escrito de apelación, de manera que no encuentra esta Superioridad razón alguna para avalar los argumentos por los cuales el recurrente pretende que sea declarada la procedencia del aludido vicio, pues tal silencio no existe al quedar verificado señalado pronunciamiento emitido por el a quo, que dichas pruebas fueron objeto de análisis, siendo evidente que no existe el mencionado silencio. Asi se declara.
Asimismo, respecto al vicio de falso supuesto de derecho por incurrir en errónea interpretación de la sentencia N° 2 del 17 de enero de 2013, dictada por esta Alzada, es necesario recalcar que dicho vicio esta referido a la aplicación errónea o inexistente de normas, que se configura cuando los hechos que originan la decisión existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero al dictarse el acto decisorio se subsumen en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión.
En este orden, conviene advertir que el referido vicio no es el configurado por cuanto en el presente cáso, los hechos se subsumieron conforme a una norma prevista y por lo que el aludido vicio no puede configurarse bajo la interpretación de la referida sentencia y la aplicación de su criterio en el caso de marras, toda vez que el mismo refiere a normas más no a criterios de interpretación, aspecto que si bien interviene los argumentos esgrimidos para la justificación de la actuación juzgada, los uales el presente caso, están referidos al congestionamiento del Tribunal, expuso de trabajo, estadisticas de servicios, constituyendo datos determinantes que aportan certeza sobre el proceder de la aludida Jueza en el cumplimiento de sus funcionesous En este sentido, esta Instancia Disciplinaria observa que la Jueza acusada alegó en los Tribunales de Primera Instancia por las diversas y múltiples materias que conocen, como son los ámbitos Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Familia, lo cual trajo como consecuencia que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia suprimiera la competencia de los Juzgados Séptimo y Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con competencia Nacional y sede en la ciudad de.
Caracas, atribuyéndoles competencias en materias Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario mediante Resolución N° 2010-0017 del 14 de abril de 2010 (Folios 458 al 462 de la pieza 1) asi como los problemas de infraestructura que adolecía la sede del Tribunal a su cargo, que conllevó inclusive su mudanza definitiva conforme a la Resolución N° 2008-0059 de fecha 3 de diciembre de 2008. (Folios 455 al 457 de la pieza 1) que trajo consigo transformaciones a nivel administrativo como la reducción de personal, aumento de la cuantía de los Tribunales de Primera Instancia hasta
3.000 unidades tributarias conforme a la Resolución N° 2009-0006 del 18 de marzo al 466 de la pieza 1). a lo cual se le suma las Resoluciones Nros. 2012-0033 del 28 de noviembre de 2012 y 2011-0062 del 30 de noviembre de 2011, (Folio 467 al 471 otros Despachos de un número de causas que excedía de los cuatro mil (4.000) permitió al TDJ deducir que en dicho Tribunal cursaban juicios con antigúedad afrontada por la Jueza para aquel entonces era ardua y exigente.
: Asimismo, esta Superioridad no puede pasar por alto el rendimiento de la Jueza denunciada al dictar un promedio anual de seiscientas (600) decisiones entre los años 20q9 y 2012. (Folios 388 al 454 de la pieza 1) cantidad superior de decisiones mensuales que el Máximo Tribunal de la República fijó a los Jueces itinerantes (Resolución N° 2012-0062 del 30 de noviembre de 2011).
De manera que, advertidas las circunstancias de carácter institucional las cuales se encuentran acreditadas y certificadas en autos, ajenas a la voluntad de la Jueza y que impidieron el normal desenvolvimiento del Órgano Jurisdiccional a su cargo, que se produjeron durante el periodo comprendido entre el 1° de octubre de 2008.
oportunidad en la que la Jueza se abocó al conocimiento de la causa que dio lugar a la presente denuncia y el 1° de noviembre de 2010, oportunidad en la que se interpuso la denuncia ante la IGT. constituyen circunstancias que justifican la conducta reprochada a la Jueza denunciada, desvirtuando asi el ilicito disciplinario.
atribuido por la IGT. Asi se declara.
En consideración a los planteamientos que preceden, resulta forzoso para esta Corte Disciplinaria Judicial declarar sin lugar el recurso de apelación ejercido por la IGT. y en consecuencia, confirma la decisión N° TDJ-SD-2013-164 del 3 de diciembre de 2013, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial que absolvió de responsabilidad del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, subsumible en el numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética, y por lo tanto se absuelve de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana Aura Maribel Contreras de Moy. Asi se decide.
-
vII DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1) Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante de la Inspectoria General de Tribunales contra la decisión N° TDJ-SD-2013-164, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 3 de diciembre de 2013, mediante la cual ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciUdadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY. Jueza Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metrooolitana de Caracas, de la falta prevista y sancionada en el.numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, subsumible en el numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
2) CONFIRMA, por los motivos expuestos en el presente fallo, la decisión N° TDJ- SD-2013-164, dictada en fecha 3 de diciembre de 2013, por el Tribunal Disciplinario Judicial.
Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en (20 ) del mes de_MAyO la ciudad de Caracas, a los _VEINIE 2014. Años 203" de la Independencia y 155° de la Federación.
El Presiden:e-Ponent
La Vicepresice ANA CECILIA ZULUERODRÍGUEZ
ROMER-dACHECO Nwubukp MARIANE A GIL MARTINEZ Exp. N° AP61-R-2014-000010.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución Nº 0068
Caracas, 16 de junio de 2014 204° y 155° y 15° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZFRÍAS, titular de la cédula de identidad N°
4.925.031, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su COndiCiÓn de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, deSignadO en Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día doce (12) de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.188 de fecha trece (13) de junio de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010. RESUELVE
PRIMERO:Designación dela ciudadana GLEISYS JOSEFINA BASTARDO D’ORLEMoNT, titular de la Cédula de Identidad N° 6.920.907, como Directora General de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a partir de la presente fecha, cargo considerado de libre nombramiento y remoción.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracaş; a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2014. Comuniguese Rubliquese, JUSTICIA TRIBUNAL REPÚBLIC RATURA ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS Director Ejecutivo de la Magistratura
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A LOS GESTORES DILE NO GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MENS SUMARIO
Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial G-20001768-6 Estimados usuarios El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial facilita a todas las personas naturales, jurídicas y nacionalizadas la realización de los trámites legales para la solicitud de la Gaceta Oficial sin intermediarios.
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 Número 40.434 AÑO CXLI MES IX Caracas, lunes 16 de junio de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos Ios días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICÁ BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
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