Gaceta Oficial N° 40.414
Página 1
AÑO CXLI MES VIII
Número 40.414
Caracas, lunes 19 de mayo de 2014 SUMARIO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 974, mediante el cual se nombra al ciudadano Jorge Amilcar González Vásquez, como Director Ejecutivo de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, S.A., CORPOVEX.
Decreto Nº 975, mediante el cual se nombra a la ciudadana Maribel Rosario Contreras, Viceministra de Desarrollo Productivo de Igualdad de Género, en calidad de Encargada.
Decreto N° 976, mediante el cual se nombra a la ciudadana Amanda Norah Camacho Jaua, como_Presidenta del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), en calidad de Encargada.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARARELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se otorga el Exequátur de Estilo al señor René Alejandro Duarte Galavís, para el ejercicio de sus funciones como Cónsul de la República de Colombia en señalan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LASALUD Resolución mediante la cual se crea el Colectivo de Dirección del Hospital Pedriátrico Dr. Julio Criollo Rivas, integrado por trabajadoras y trabajadores del hospital, una vocería del Poder Popular y representantes de otras instituciones públicas del Estado.
Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución número 132, del 21 de marzo de 2014.
MINISTERIO DELPODER POPULAR PARAEL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Macho Hernández, Director General, adscrito a la Dirección General del Despacho de este Ministerio, y se le delega la firma de los documentos que en ella se indican.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Sala Constitucional Decisión mediante la cual se establece: «Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el 'archivo del expediente».
REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA DEFENSAPÚBLICA Resolución mediante la cual se convoca a la ciudadana Carmen Eneida Alves Navas, para que, en su condición de Segunda Suplente, asuma las funciones relacionadas con la dirección y responsabilidad de la Defensa Pública.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Drisley Pastora Triana Piñero, como Coordinadora, Encargada, en la Coordinación de Recursos Humanos.
MINISTRO DE ESTADO PARALATRANSFORMACIÓN DE LA GRAN CARACAS Acta.
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA Jubilación a las ciudadanas que en ellas se mencionan.
PODER CIUDADANO Consejo Moral Republicano Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana Miriam Coromoto Escalona de Echeverria, como Coordinadora de Servicios Financieros de este Organismo; y se autoriza a suscribir correspondencia en materia de su cómpetencia.
Avisos
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 19 de mayo de 2014 Decreto N° 974 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con lo previsto en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4° y 18 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 16 del Decreto Presidencial N° 601 de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.116 extraordinaria, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior.
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 9.402 de fecha 11 de Marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de Marzo de 2013.
DECRETA
Artículo 1°. Nombro al ciudadano JORGE AMILCAR GONZÁLEz VÁsQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-7.585.627, cOmo DIRECTOR EJECUTIVO de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR, S.A., coRPovEx. con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2°. Delego en el Presidente de la CORPoRACIÓN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR, S.A., CORPOVEX, la juramentación del referido ciudadano.
Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (LS.)
AEBERTO ARREAZA MONTSERRAT
página original (tal como se publicó)

Página 2
19 de mayo de 2014 Decreto N° 975
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 226, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 46 y 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo previsto en los artículos 4º, 18, 19 y 20 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en virtud de lo preceptuado en el numeral 27.3 del artículo 1° del Decreto N° 730 de fecha 9 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.330 de la misma fecha.
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 9.402 de fecha 11 de Marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de Marzo de 2013.
DECRETA
Artículo 1°. Nombro a la ciudadana MARIBEL ROSARIO CONTRERAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.117.027, VICEMINISTRA DEDESARROLLO PRODUCTIVODELA MUJER DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO, en Calidad de ENCARGADA, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2º. Delego en la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, la juramentación de la referida ciudadana.
Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
A BERTO ARREAZA MONTSERRAT 5 -.
Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR
Decreto N° 976 19 de mayo de 2014
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con lo previsto en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 4°, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación, Estimulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero.
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 9.402 de fecha 11 de Marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de Marzo de 2013.
DECRETA
Artículo 1º. Nombro a la ciudadana AMANDA NORAH CAMACHO JAUA, titular de la cédula de identidad N° V-7.515.058, como DEL FONDO DE DESARROLLO PRESIDENTA MICROFINANCIERO (FONDEMI), en Calidad de ENCARGADA, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2º. Delego en el Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, la juramentación de la referida ciudadana.
Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
AEBERTO ARREAZ MONTSERRAT -.
Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ
página original (tal como se publicó)

Página 3
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DIRECCION DEL DESPACHO
ORC. N° 076 Caracas, 14 de mayo de 2014 204º, 155º y 15° RESUELTO La Directora General (E) del Despacho del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, actuando de conformidad con la delegación contenida en la Resolución DM N° 148 de fecha 20 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.232 de fecha 20 de agosto de 2013, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Artículo 12 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, otorga el Exequátur de Estilo al SeñOr RENÉ ALEJANDRO DUARTE GALAVIS, para el ejercicio de sus funciones como Cónsul de la República de Colombia en Valencia con circunscripción en los estados Carabobo, Guárico y Cojedes; y en los municipios Bolívar, Francisco Linares Alcántara, Girardot, José Angel Lamas, José Félix Rivas, José Rafael Revenga, Libertador, Mario Briceño Iragorry, Ocumare de la Costa de Oro, San Sebastián, Santiago Mariño, Santos Michelena, Sucre, Tovar y Zamora del estado Aragua; y Silva, Palmasola, Monseñor Iturriza, Cacique Manaure, Acosta, San Francisco, Jacura, Píritu, Unión, Petit, Zamora, Tocópero, Colina y Federación del estado Falcón.
Comuníquese y publíquese,
"RAREÑALEJANDRA ROMERO DÁVILA DIRECTORA GENERAL (E) DEL DESPACHO DEL MINISTRO MINISTERIO DEL PQDÉR POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 1 9 DE MAY 2014 NÚMERO 227 204°, 155º y 15° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto número 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2, 12 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y los artículos 2, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Popular, este Despacho Ministerial, CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que la salud es un derecho social fundamental y forma parte del derecho a la vida, reiterado en el Plan de la Patria como derecho absoluto y de alcance pleno, elemento fundamental para lograr la mayor suma de felicidad posible de nuestro pueblo, CONSIDERANDO Que en el marco del Sistema Público Nacional de Salud, los hospitales forman parte fundamental de las Redes de atención, siendo el Hospital Pediátrico Dr. Julio Criollo Rivas, un centro de alta complejidad, ubicado en una zona con alta concentración poblacional de la Región Capital, a la cual debe atender y dar respuesta oportuna y de calidad, CONSIDERANDO Que es necesario la implementación de un Plan Estratégico Hospitalario que guie la gestión y la atención, que conduzca a ofrecer un servicio eficiente, humano, digno, desde el ingreso de los usuarios, pasando por las etapas de diagnóstico, tratamiento de la salud hasta su restitución, egreso y seguimiento, CONSIDERANDO Que la direccionalidad en la conducción de la gestió Hospital Pediátrico Dr. Julio Criollo Rivas, debe participativa y ejercida de manera colectiva, desde una perspectiva de integralidad de la salud.
RESUELVE PRIMERo: Crear el Colectivo de Dirección del Hospital Pediátrico Dr. Julio Criollo Rivas, integrado por trabajadoras y trabajadores del hospital, una vocería del Poder Popular, y representantes de otras instituciones públicas del Estado.
SEGUNDo: El Colectivo de Dirección Hospital Pediátrico Dr.
Julio Criollo Rivas, tendrá por objeto la conducción implementación y seguimiento de las políticas, programas y planes emanados del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
TERCERO: El Colectivo de Dirección del Hospital Pediátrico Dr. Julio Criollo Rivas, permanecerá en sus funciones por un (01) año contado a partir de su juramentación.
CUARTO: La persona que ejerza la vocería del Poder Popular en el Colectivo de Gestión, será, elegida en asamblea de los Consejos Comunales del área.
De la misma manera, la Directora o Director del Hospital es miembro originario y formará parte del Colectivo de Dirección del Hospital Pediátrico Dr. Julio Criollo Rivas.
En reunión de sus miembros, se designará una Coordinadora o Coordinador General, esta función no podrá ser ejercida por la Directora o Director del Hospital.
Todos los miembros deberán ser ratificados mediante Resolución de la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Salud, condición sin la cual no podrán ejercer sus funciones dentro del Colectivo de Dirección.
QUINTo: El Colectivo de Dirección del Hospital Pediátrico Dr.
Julio Criollo Rivas, orientará las inversiones provenientes del cumplimiento del compromiso de responsabilidad social que de acuerdo a la Ley de Contrataciones Públicas sean destinadas al Hospital.
Los integrantes del Colectivo de Dirección adscritos a/ents públicos distintos a los del Ministerio del Poder Popular rara la Salud gestionarán las inversiones de sus instituciones en Hospital Pediátrico Dr. Julio Criollo Rivas.
sExTo: El Colectivo de Dirección del Hospital Pediátrico Dr.
Julio Criollo Rivas, deberá diseñar e implementar en un lapso de tres (03) meses el Plan Estratégico Hospitalario, para el fortalecimiento de la gestión hospitalaria.
sÉPTIMo: El Colectivo de Dirección deberá reunirse por lo menos una (01) vez a la semana de manera ordinaria, basados en una agenda de trabajo previa, donde se discutirán y aprobarán los mecanismos de implementación y seguimiento de las políticas, proyectos, programas, planes y acciones que dicte el Ministerio del Poder Popular para la Salud. De la misma manera podrán reunirse de forma extraordinaria a solicitud de la Coordinadora o Coordinador General, o tres o más de sus integrantes.
ocTAvo: El Ministerio del Poder Popular para la Salud a través de la Dirección de Salud del Distrito Capital brindará el
página original (tal como se publicó)

Página 4
apoyo necesario al Colectivo de Dirección en el ejercicio de sus funciones.
NovENo Se designa para el primer período de gestión del Colectivo de Dirección del Hospital Pediátrico Dr. Julio Criollo Rivas, a las siguientes ciudadanas y ciudadanos:
Nombre Cédula de Carácter:
y apellido Identidad Milagro Guerra
2.114.731 Directora General María Hernández
15.757.297 Administrador del Hospital Rafael Vásquez
3.137.170 Jefe de Almacén Eusebia Mijares
3.986.734 Promotora de Contraloría Social Iris Rodríguez 5.885.231 Médica Pediatra Pacheco 18.442.635 Nairobi Enfermera Castro Rudy Hernández Médica Pediatra 11.461.596 Pedro Arellán Z.
6.362.449 Abogado Jorge Collins
13.463.493 Jefe de Recursos Humanos
8.268.647 Patricia Gómez Jefa de Enfermería
3.801.757 Vocero Consejo Comunal Francisco García Mireya Tarazona 6.524.273 Vocera Consejo Comuna Las personas aquí designadas ejercerán su representación de remuneraciones ni dietas algunas por su participación en el Colectivo de Dirección.
DÉCIMo: La presente Resolución tendrá efecto a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, .
ANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Ministro del Poder Popular para la Salud eeto N° 558 de fecha 05 de noviembre de 2013 Gaceta Oficial Nº 40.287 de fecha 05 de noviembre de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD NÚMERO 2 2 8 19 MAY DE 2014 204°, 154º y 15° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, de conformidad con la atribución conferida en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales y visto que en la Resolución número 132 del 21 de marzo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.377 de la misma fecha, se incurrió en error material, donde dice: "(...) HOsPITAL TIPO I "Dr. ANTONIO NARVAEZ SILVA (...)", debe decir:
"(.) HOSPITAL TIPO I "Dr. MANUEL' ANTONIO NARVÁEz SILVA (...)". En consecuencia, procédase a una nueva publicación de la mencionada Resolución con la inclusión de la corrección anotada.
Comuníquese y publíquese, NN.
FRANEISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Ministro del Poder Popular para la Salud Decreto N° 558 de fecha 05 de noviembre de 2013 Gaceta Oficial Nº 40.287 de fecha 05 de noviembre de 2013
NÚMERO 132 21 MAR DE 2014 204º y 155º RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Salud; artículo 60 y 77 numerales 13 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 17 numeral 1° del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, este Despacho Ministerial, RESUELVE ArtícuIo 1. Reclasificar la CLÍNICA POPULAR "NUEVA ESPARTA, ubicada en La Asunción, Estado Nueva Esparta, a HOSPITAL TIPO I "Dr. MANUEL ANTONIO NARVÁEZ SILVA".
Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, FRANCSCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Ministto del Poder Popular para la Salud Berêto Nº 558 de fecha 05 de noviembre de 2013 Gaceta Oficial N° 40.287 de fecha 05 de noviembre de 2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 13 de Mayo de 2014 204º y 155º No. 8740 RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 77, numerales 2 y 19 del Decreto No. 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5, numeral 2, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se procede a Designar, al ciudadano ELÍAS RANGEL MACHO HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad No. 7.434.584, en el cargo de Director General, código de nómina No. 33, adscrito a la Dirección General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. De conformidad con los artículos 34 y 77 en su numeral 26, del Decreto No. 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el artículo 33 del Decreto No. 6.732, de fecha 02 de junio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.202, de fecha 17 de junio de 2009, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional y con el artículo 1° del Decreto 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, sobre el Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se le delega la firma de los documentos que a continuación se indican:
1. Las circulares, memoranda, oficios y comunicaciones inherentes a su Dirección, dirigidas a las oficinas dependientes del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
2. La correspondencia inherente a su Dirección, dirigida a los funcionarios subalternos, administrativos, judiciales, municipales, de los Estado y del Distrito Capital.
página original (tal como se publicó)

Página 5
3. La certificación de la documentación correspondiente a la Dirección a su Cargo.
4. La documentación relacionada con la contratación del personal empleado y obrero, previa presentación de Punto de Cuenta, adscritos a la Dirección General del Despacho, Consultoría Jurídica, Oficina de Administración y Gestión Interna, Oficina de Planificación Estratégica y Control de Gestión, Oficina de Auditoría Interna y la Unidad Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.
Las atribuciones delegadas, así como la firma de los actos señalados en la presente Resolución, ejercidas y firmadas con motivo de este acto funcionario delegado, la fecha y el número de la presente Resolución y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en donde haya sido publicada. De conformidad con lo establecido en el artículo 6º, del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el Funcionario (a) delegado (a) deberá rendir cuenta al ciudadano Ministro de los actos y documentos firmados en virtud de esta delegación. La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Según Decreto No. 729, de fecha 09-01-2014 Gaceta Oficial No. 40.330 de fecha 09-01-2014 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Nº 446.
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE.
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: ARCADIO DELGADO ROSALES El 28 de enero de 2014, los abogados Pedro Rendón Oropeza, Mónica Viloria Méndez y Luis Fraga Pittaluga, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 11.639, 73.344 y 31.792, respectivamente, actuando en su VARGAS IRAUSQUÍN, titular de la cédula de identidad número 3.949.297, acudieron ante esta Sala Constitucional a fin de presentar solicitud de revisión de la sentencia número y siglas AVC.000752 dictada y publicada el 9 de diciembre de 2013 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró, conociendo de la solicitud de avocamiento formulada por los representantes judiciales de la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas respecto de la demanda de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, lo la representación judicial del ciudadano Victor José de Jesús Vargas Irausquin, 2) PROCEDENTE EL AVOCAMIENTO solicitado por los abogados León Henrique Cottin, Beatriz Abraham, Alfredo Abou Hassan y Álvaro Prada Alviarez en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas. 3) NULA la decisión dictada en fecha 13 de mayo de 2013, por el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que declaró disuelto el vinculo matrimonial de los ciudadanos Victor José de Jesús Vargas Irausquin y Carmen Leonor Santaella de Vargas. 4) Se ORDENA la remisión de copia certificada de la presente decisión a la Inspectoria General de Tribunales a los fines consiguientes. 5) Se ORDENA la remisión de copia certificada de la presente decisión a la Fiscalia del Ministerio Público a los fines consiguientes. En razón de la declaratoria de nulidad antes acordada, se DA POR TERMINADO EL extraordinaria del avocamiento, no hay especial condenatoria en costas". (Negrillas y subrayado de la decisión cuya revisión se petición).
El 31 de enero de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys Maria Gutiérrez Alvarado.
En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena de este máximo Tribunal para que se separar a temporalmente del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys Maria Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Antonio Francisco Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.
El 24 de febrero de 2014, los abogados León Henrique Cottin, Beatriz Abraham M.. María Carolina Solorzano, Alfredo Abou-Hassan F. y Álvaro Prada Alviarez, 24.625, 52.054, 58.774 y 65.692, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas, presentaron oponer[se] a la solicitud de revisión constitucional propuesta por la representación del ciudadano VICTOR JOSÉ DE JESÚS VARGAS IRAUSQUÍN contra la decisión AVC-000752 dictada por la Sala de Casación Civil (Ponencia Conjunta) de fecha 9 de diciembre de 2013...". (Entre corchetes de la Sala y negrillas y mayúsculas del escrito).
El 5 de marzo de 2014, los apoderados judiciales del solicitante en revisión presentaron escrito "a los fines de hacer consideraciones" respecto al escrito presentado, el 24 de febrero de 2014, por los apoderados judiciales de la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas.
Posteriormente, esta Sala recibió de la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal el expediente original de la causa que dio origen a la presente solicitud.
El 14 de mayo de 2014, la ponencia fue reasignada en el Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones.
I FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN La presente solicitud de revisión fue fundamentada en los siguientes términos:
1. Señala la representación judicial del peticionante como primer motivo de la solicitud de revisión, que: "[la] Sala de Casación Civil violó los articulos 334 y 335 de la Constitución y el articulo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto se (sic) avocó el conocimiento de un asunto en el cual se había ejercido el control desconcentrado de la constitucionalidad y al hacerlo, ignoró por completo el procedimiento legalmente establecido en estos supuestos, el cual hada imperativo enviar en consulta obligatoria la decisión adoptada en fecha 13.de mayo de 2013, por la Jueza Kigésima de Municipio a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que ésta estableciera si efectivamente la norma desaplicada colida o no con la Constitución y de ser asi procediera como lo indica el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia"; argumentando para ello lo siguiente:
Que “[I]a sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia No. AVC-000752 de fecha 9 de diciembre de 2013, es nula por cuanto desconoció y no aplicó los articulos 334 y 335 de la Constitución y el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[e]1 tribunal de la causa consideró que el articulo 185-A del Código Civil ha devenido inconstitucional a la luz de la Carta Fundamental de 1.999 (sic). Por ello y con base en los articulos 253 y 334 de la Constitución y 7 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal tenia que señalar cuál era el procedimiento análogo aplicable, como en efecto lo hizo, siguiendo los lineamientos de esta Sala Constitucional en el fallo N° 7 de I de febrero de 200 o en el fallo N° 1571 de 22 de agosto de 2001, por lo que la desaplicación se complementaba con la utilización, por Tribunal que efectuó el control desconcentrado de la constitucionalidad del artículo 185-A del Código Civil".
Que "[a]l desaplicar el contenido de dicha norma (articulo 185-A del Código Civil) en lo referente a la literalidad del procedimiento de divorcio en ella establecido (i.e. terminación del procedimiento y archivo del expediente) y como desarrollo directo e inmediato del articulo 334 constitucional, el Tribunal que aplicó el control difuso o desconcentrado de la constitucionalidad, y en su defecto, cualquier otro que conociera la causa (incluso cualquiera de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia), debla seguir el procedimiento previsto en el articulo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con el cual se debía informar a esa digna Sala Constitucional sobre los fundamentos y alcances de la desaplicación adoptada, a fin que sea esa honorable Sala y no otra, que carece de competencia para ello, según el citado articulo 33, quien proceda a realizar un examen sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión".
Que "[cuando la Sala de Casación Civil se avocó (sic) y anuló el fllo del ya mencionado Tribunal Vigésimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, que desaplicó el articulo 185-A del Código Civil por considerar que coca con normas analizar si se está ante una norma que colide o no con la Constitución".
página original (tal como se publicó)

Página 6
e n nup n n e e .
forma manifiesta de su texto, revela el pleno conocimiento de los juzgadores en torno a la desaplicación por control difuso o desconcentrado de la constitucionalidad que efectuó la jueza de la causa, y a pesar ello, en franca violación de los articulos 334 y 335 de la Constitución, de acuerdo con los cuales a todos los tribunales les corresponde asegurar la integridad de la Constitución y la supremacia y eficacia de las normas y principlos constitucionales, hizo caso omiso a esas obligaciones constitucionales y no examinó la naturaleza constitucional de la desaplicación, conformándose a decidir que el procedimiento del articulo 185-A del Código Civil tenía que ser aplicado literalmente".
2. Seguidamente exponen que: "[1]a Sala de Casación Civil violó los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución y conculcó el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el derecho de petición de nuestro representado, desconociendo toda la doctrina vinculante de la Sala Constitucional al respecto, por cuanto inadmitió sin motivación alguna la intervención de éste en el proceso de avocamiento antes identificado, negándole su derecho a intervenir en un asunto que afecta en forma directa y grave sus derechos subjetivos e intereses legítimos, al tratarse nada menos y nada más que de la definición de su estado civil. La sentencia cuya revisión constitucional se pide incurrió en incongruencia negativa al no decidir conforme a la alegado y probado en el expediente, desconociendo en forma paladina y grotesca las consecuencias jurídicas de los hechos probados en el proceso, los cuales no fueron analizados, y se le negó, sin fundamentación alguna, todo efecto juridico";
arguyendo para ello las siguientes razones:
Que "[I]a sentencia de la Sala de Casación Cnl del Tribunal Supremo de Justicia No. AVC-000752 de fecha 9 de diciembre de 2013, es nula por cuanto desconoció y no aplicó los articulos 26, 49 y 51 de la Constitución, violando el derecho constitucional de nuestro representado a ser oido dentro de un proceso judicial que afectaba de manera directa y actual sus derechos subjetivos e intereses legitimos, para obtener la tutela judicial efectiva de los mismos". (Negrillas y Que "[e]n efecto, nuestro representado intervino en el procedimiento de avocamiento interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana señora CARMEN LEONOR SANTAELLA, con respecto a la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13 de mayo de 2013, mediante la cual se declaró la disolución del vinculo matrimonial entre la n n n n n Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza a toda persona el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[nJuestro representado sostuvo ante la Sala de Casación Civil que las resultas de la solicitud de avocamiento planteada por los apoderados judiciales de la señora CARMEN LEONOR SANTAELLA, con respecto al referido asunto, afectan de manera directa, inmediata y actual sus derechos subjetivos e intereses legitimos y que de ello resultaba evidente e indisputable que tenía interés procesal actual en torno a los hechos planteados y, sobre todo, con respecto a la decisión definitiva que se dictase en el proceso de avocamiento, por lo cual ostentaba tanto legitimación ad Que "[s]in embargo, la Sala de Casación Civil no se pronunció en forma alguna sobre los alegatos de hecho y de derecho esgrimidos por nuestro representado, vaciado de contenido su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva".
Que "(...) entonces que además de estar legitimado para rechazar los fundamentos de hecho y de derecho en que se ha basó la solicitud de avocamiento planteada por los apoderados judiciales de la señora CARMEN LEONOR SANTAELLA, nuestro patrocinado tiene legitimación para pedir a la Sala de Casación Civil que se (sic) avocase al conocimiento del asunto, pero con fundamento en las razones que fueron explanadas en el escrito correspondiente y claro está, tiene derecho a que la Sala de Casación Civil, en su carácter de órgano jurisdiccional que imparte justicia, se pronuncie sobre todo lo alegado y probado en autos, norma ésta de insoslayable cumplimiento, como lo ha señalado esa honorable Sala Constitucional".
Que “(...) nuestro representado arguyó: (I) que tenía derecho a oponerse a las infundadas denuncias de supuesto desorden procesal en que se sostuvo la solicitud de sostener la conformidad a derecho tanto del proceso sustanciado ante el Juzgado Vigésimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, como de la sentencia definitiva dictada en el mismo, en la cual se declaró la disolución del vinculo matrimonial que lo unía a la ciudadana CARMEN LEONOR SANTAELLA, por haber quedado total y absolutamente demostrado que dicha ciudadana mintió en fecha 15 de (ii) que tenía derecho y estaba legitimado para pedir a la Sala de Casación Civil que se avocare al (sic) conocimiento del asunto y estableciera que la (sic) Juzgado Vigésimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, no hizo otra cosa que aplicar rectamente y de manera progresiva el articulo 185-A, al abrir la causa a pruebas una vez negado el hecho de la separación fáctica por más de cinco (5) años, permitiendo asl a ambas partes defenderse y probar sus respectivas afirmaciones de hecho: y finalmente (iv) que tenia derecho y estaba legitimado para requerir la intervención de la Sala de Casación Civil a los fines de que resolviera el fondo del asunto debatido, que es la interpretación progresiva del articulo 185-A del Código que subyace a la institución de la familia y el matrimonio y por ser una materia de orden público atinente al estado y capacidad de las personas".
Que "(...) si bien es cierto el procedimiento de avocamiento en sí mismo no contempla un contradictorio, es decir, no prevé la intervención propiamente dicha de la parte contra la cual el mismo se dirige, resulta que una vez reclamado el expediente y adoptada la decisión de avocarse (sic) al conocimiento del asunto, la Sala debe asumir el proceso en el estado en que éste se encontraba y de ser necesario, oir los alegatos y admitir, evacuar y valorar las pruebas promovidas".
(Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[e]n el caso concreto la Sala de Casación Civil decidió avocarse a (sic) una causa que se encontraba en segunda instancia y en la cual las partes aún no habian presentado sus informes o conclusiones finales. La Sala de Casación Civil arrebató esta oportunidad procesal de defensa a nuestro representado y sólo tuvo en consideración los argumentos expuestos por los apoderados judiciales de la ciudadana solicitante del avocamiento". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[I]a Sala de Casación Civil se limitó a declarar, sin motivación alguna, la inadmisibilidad de la intervención de nuestro representado, señalando de manera cual las partes puedan oponerse al mismo, ni promover pruebas y menos aún que ante la solicitud de avocamiento sea interpuesto sobrevenidamente un avocamiento por la parte contra quien obra el mismo". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[domo consecuencia de lo anterior, la Sala de Casación Civil confundió la primera fase del avocamiento, en la cual ciertamente no hay un contradictorio, con lo que ocurre una vez que se adopta la decisión de avocarse al (sic) asunto, donde el juez atrae para si el conocimiento de un proceso contradictorio en el cual defensa y de prueba que la ley les concede".
Que "[I]a decisión de la Sala de Casación Civil cercenó clara y ostensiblemente el derecho constitucional de nuestro representado de obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos, conforme al articulo 26 de la Constitución, dentro de un proceso cuyas resultas afectaban de manera clara, directa y actual sus.derechos subjetivos e intereses legitimos, porque se trató nada menos y nada más que de establecer su estado civil". (Negrillas y subrayado del solicitante).
porque fue excluido de un proceso que le interesa porque en el fondo y como hemos dicho ya, el avocamiento comporta que la Sala de Casación Civil asuma la posición de juez de la causa -y en este caso de la Alzada- debiendo sentenciar el fondo".
Que "(..) si el procedimiento en el que se produjo la sentencia que hoy pedimos sea revisada versaba sobre un asunto de evidente interés para nuestro representado, como lo es su estado civil, esto es, sobre la determinación de si él estaba divorciado o si aún permanecía casado con la señora CARMEN LEONOR SANTAELLA, de la cual estaba separado de hecho desde hacía más de cinco años, no podía negársele en modo alguno su derecho a ser escuchado y a que sus derechos fueren efectivamente tutelados, mediante una sentencia razonable, congruente y fundada".
Sala de Casación Civil señaló que nuestro mandante no tenia derecho intervenir en dicho procedimiento, es decir, no tenía derecho- a defenderse, no tenía derecho a alegar y probar en su favor, vulnerando abiertamente los articulos 26 y 49 de la Constitución Bolivariana".
Que "(..) para la Sala de Casación Civil, en un proceso judicial en el cual se estaba dilucidando si nuestro representado estaba divorciado o casado, él no tenía derecho a intervenir o, lo que es lo mismo, el juicio podía transcurrir a sus espaldas e derechos e intereses al respecto".
Que "[e]n ese juicio, crucial para el normal desenvolvimiento de su vida como persona capaz y por lo tanto titular de derechos y obligaciones, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia le negó a nuestro representado, sin explicación juridica alguna, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva garantizada por el articulo 26 de la Constitución a todo ciudadano, en todo proceso y sin distinción alguna, asi como el derecho a defenderse, entendiendo por tal el derecho a alegar y probar en su favor previsto en el articulo 49 de la Constitución".
(Negrillas y subrayado del solicitante).
página original (tal como se publicó)

Página 7
Quc "[e]s absolutamente indiscutible que la Sala de Casación Civil violó de derechos, pues consideró que él no tenía derecho a intervenir en el proceso y con ello argumentos de hecho y de derecho, todo ello con fundamento en un sofisma de acuerdo con el cual, como el avocamiento lo solicita una parte y es una facultad discrecional de la Sala, la parte 'contra' la cual se dirige el mismo, no puede oponerse, ni promover pruebas ni menos aún adherirse a la solicitud de avocamiento pero por razones juridicas distintas".
Que "[s]semejante conclusión no encuentra asidero alguno ni el articulo 26 de la Constitución que garantiza a toda persona sin distinción alguna el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; el derecho a la tutela efectiva de los mismos y el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente, sin distinguir en modo alguno si estos derechos operan en unos procesos sí y en otros no, ni mucho menos en el articulo 49 constitucional, siendo claro el menoscabo a la Carta Magna causado por la inconstitucional sentencia de la Sala de Casación Civil que pedimos respetuosamente se someta a revisión". (Negrillas y subrayado del solicitante).
dichas causas en curso hay partes, las cuales tienen interés en ser oídas y exponer sus puntos de vista ante quien conoce el avocamiento. Ello responde al derecho a ser oido que reconoce el articulo 49 de la Constitución, y que en cualquier caso es un derecho humano establecido en los articulos 8 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocidos ambos como parte del ordenamiento constitucional venezolano de acuerdo con el artículo 23 de la Carta Fundamental".
Que “[e]l hecho de que en algunos procedimientos no se precise ni la citación ni la notificación de las partes, como ocurre en el avocamiento, no elimina la posibilidad que tienen los interesados de ser odos en elos, si se hicieren parte y así lo solicitaren, ya que ese es un derecho humano que tienen y además una garantía judicial fundamental derivada del debido proceso".
Que “[e]l que existan otras partes interesadas en el avocamiento no es sólo una realidad (las partes de la causa objeto de avocamiento), sino que el fallo cuya revisión se solicita le reconoce a nuestro mandante tal carácter como se lee del texto expreso de la propia sentencia que fue transcrito anteriormente. Resulta entonces absolutamente contradictorio -además de burdamente inconstitucional- que si a avocamiento, se le impida actuar y defenderse". (Subrayado del solicitante).
Que "[a]l negársele a nuestro poderdante el derecho ser oldo en el procedimiento de avocamiento se violó el debido proceso y el derecho a la defensa (artículo 49 de la Constitución), además del derecho de acceso a la justicia (articulo 26 de la Constitución) y el derecho de petición (articulo 51 de la Constitución)".
Que “[I]a Sala de Casación Civil estaba obligada, por mandato expreso de los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución, a admitir la intervención de nuestro mandante en el proceso de avocamiento y a pronunciarse sobre todo lo alegado y probado en autos una vez que decidió avocarse al conocimiento del caso: (1) porque esa intervención fue tempestiva; (ii) porque se hizo a través de un escrito en el cual se justificó su interés procesal actual y por lo tanto su legitimación ad processum y ad causa; (ii) porque en dicho escrito se expusieron pormenorizada y prolijamente razones de hecho y de derecho que era necesario analizar para resolver el asunto de sobre todo, (iv) porque esa intervención representaba la defensa de los derechos e intereses de una de las dos partes que sería afectada de manera grave y directa por la decisión que se adoptarse".
Que "[1]a decisión fatal e irrecurrible de no considerar en forma alguna la intervención de nuestro representado sin revisar, valorar y pronunciarse sobre sus argumentos, ni sobre los alegatos de hecho y de derecho que rielan a los autos, indiscutiblemente conculcó de manera flagrante y abierta los derechos a la tutela e incontestable de los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución y desconocimiento de la doctrina vinculante de la Sala Constituclonal al respecto".
Que "[s]i bien es cierto, como hemos dicho, que en el procedimiento propiamente dicho de avocamiento no está contemplada intervención alguna de las partes salvo la que concierne a quien solicita el avocamiento, debemos insistir en que si la Sala del Tribunal Supremo de Justicia que se trate decide avocarse (sic), debe traer para si el proceso en el estado en que éste se encuentre y sustanciar los actos que falten para la culminación del juicio, sobre todo si los mismos se relacionan con el ejercicio de garantías y derechos constitucionales de naturaleza procesal como el derecho a la defensa y el derecho a la prueba".
Que "(..) la causa avocada se encontraba en segunda instancia a la espera del acto de informes o conclusiones finales, acto éste que con respecto a nuestro sólo a escuchar los argumentos de la ciudadana solicitante del avocamiento, sino defender los derechos subjetivos e intereses legitimos derivados de la sentencia apelada y a la postre anulada por la Sala de Casación Civil".
Que "[I]a Sala de Casación Civil declaró inadmisible sin motivación alguna la intervención de nuestro representado y como consecuencia de ello le conculcó su derecho humano y constitucional a la defensa, en tanto los argumentos de hecho y de derecho expuestos en el escrito presentado en fecha 14 de octubre de 2013, no fueron examinados, ni valorados, ni se emitió pronunciamiento alguno sobre los mismos".
de ser oido en un asunto que afecta de manera grave y directa sus derechos subjetivos e intereses legitimos, porque se trata de establecer la suerte de su estado civil".
Que "[domo consecuencia del (sic) errónea e inexcusable interpretación de la Sala de Casación Civil sobre el alcance de la intervención de las partes afectadas en el tendenciosas afirmaciones, las mentiras y los hechos tergiversados que plagaron la solicitud de avocamiento; (i) no pudo discutir y rebatir las erróneas interpretaciones de la Constitución y la Ley contenidas en la misma: (ii no pudo llustrar a los juzgadores sobre la realidad de los hechos, plenamente probados en el expediente, y sobre la recta interpretación del derecho aplicable: (iv) no pudo en definitiva alegar absolutamente nada en su defensa, aun cuando la decisión que iba a adoptarse (sic) le afectaba, como hemos dicho, de manera grave y directa, porque a través de ella se determinará, como en efecto se determinó, si estaba divorciado o si seria inconstitucional e ilegítimamente forzado a permanecer casado en contra de su voluntad con una ciudadana con la cual no tenía vida marital alguna desde hacía más mandato constitucional de acuerdo con el cual la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso, sin distinción alguna (artículo 49.1). Violó asimismo dicha Sala la garantía fundamental de acuerdo con la cual toda persona tiene derecho razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad (articulo 49.3 de la Constitución). Y violó asimismo las reglas del procedimiento de avocamiento, pues una vez que decidió avocarse (sic) no trajo para si el proceso en el estado en que éste se encontraba, sino que suprimió el acto de informes o conclusiones finales de las partes, escuchando sólo los argumentos de hecho y de derecho expuestos por la ciudadana solicitante del avocamiento y no los alegatos de nuestro mandante, a quien no se le permitió ejercer su derecho humano y constitucional a la defensa". (Negrilas y subrayado del solicitante).
Que "(...) a partir de una errónea e inexcusable interpretación sobre la facultad extraordinaria del avocamiento y contrariando su propia jurisprudencia y la de esa digna Sala Constitucional, la Sala de Casación Civil entendió que estaba de derecho para oponerse a la solicitud interpuesta por la ciudadana señora CARMEN LEONOR SANTAELLA, aun cuando existia un indiscutible interés procesal actual de su parte para proponer dicha oposición".
Que "(..) la Sala de Casación Civil consideró, en categórica y flagrante violación del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa, que avocamiento de dicha Sala, aun cuando era paladino y evidente su interés procesal actual en obtener un pronunciamiento definitivo sobre la recta interpretación que debia darse al articulo 185-A del Código Civil, porque ello resulta determinante para establecer nada menos y nada más que su estado civil y porque se trata de una materia que afecta el interés público y social que subyace a la institución de la familia y el matrimonio, siendo además un asunto de orden público atinente al estado y capacidad de las personas".
n o n r e argumentos de hecho y de derecho de nuestro representado no fueron examinados ni e e e e n mismos- aparte de violar en forma ostensible y grave el derecho a la defensa de nuestro mandante, no encuentra asidero alguno en la regulación legal del n e alguno sino más bien contradice y desconoce de manera abierta y frontal la jurisprudencia reiterada y pacífica de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal en torno al alcance y contenido del derecho humano y constitucional a la defensa. Así solicitamos muy respetuosamente sea declarado".
Que "(...) como se extrae sin resquicio alguno para la duda del texto expreso de la sentencia cuya revisión solicitamos, la misma se fundamentó, única y exclusivamente, en los argumentos expuestos por la ciudadana solicitante del e ee
página original (tal como se publicó)

Página 8
representado, que rebatian clara y contundentemente dichos argumentos, no fueron examinados ni valorados por los juzgadores; antes bien, fueron ccompleta y totalmente ignorados en la sentencia".
probado por las partes, sino sólo con fundamento en las afirmaciones tendenciosas, en las mentiras y en las erróneas interpretaciones de la ley de los representantes de la ciudadana solicitante del avocamiento". (Negrillas y subrayado del solicitante).
representado, no eran simples consideraciones sobre el asunto debatido que podían ser omitidas sin afectar de manera determinante la decisión adoptada".
Que "(..) la Sala de Casación Civil estaba obligada a examinar, valorar y pronunciarse sobre dichos alegatos porque los mismos desvirtuaban por completo la existencia del supuesto desorden procesal en que se basó la decisión adoptada por dicha Sala para avocarse (sic) y anular la sentencia proferida por el Juzgado Vigésimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas (...". (Subrayado del solicitante).
de Casación Civil desconoció de manera abierta los presupuestos establecidos por su propia jurisprudencia para la procedencia del avocamiento (Cf. Sentencias N° AVOC.
000482, en el expediente N° 10- 418, de fecha 4 de noviembre de 2010, caso:
PROPATRIMONIO, S.C., CONTRA PEDRO CAMPOS PLAz; SentenCIa N° AVOC.00771 de fecha 29 de julio de 2004, CAsO TEODULo DOMINGo DlAz GUEVARA; Sentencia de fecha 13 de diciembre de 2012, caso: CONSTRUCCIONEs Y EQUIPOs INEQUIP, C.A.), nuestro poderdante que desvirtuaban por completo la existencia del supuesto desorden procesal denunciado y por ende el cumplimiento de un requisito esencial para el avocamiento por los motivos invocados por los apoderados judiciales de la ciudadana señora CARMEN LEONOR SANTAELLA". (Mayúsculas del solicitante).
3. Indican como tercer motivo de la solicitud de revisión, que: "[I]a Sala de Casación Civil violó los articulos 21 y 49 de la Constitución, conculcando el derecho humano y constitucional de [su] representado a la igualdad en su vertiente procesal, y con ello ocasionó un estado de indefensión en cabeza de [su] poderdante, pues decidió el asunto que fue llevado a su conocimiento tomando en cuenta única y exclusivamente los argumentos de hecho y de derecho aportados por una de las partes, en este caso por la ciudadana solicitante del avocamiento, creando asi una situación de absoluto y siguiente:
Que "[]a sentencia No. AVC-000752, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de diciembre de 2013, es nula por cuanto violó el articulo 21 de la Constitución y los principios fundamentales del proceso que se derivan de los articulos 26 de la Constitución y 15 del Código de Procedimiento Civil". (Negrillas del solicitante).
Que "[I]a Sala de Casación Civil ejerció su facultad extraordinaria y discrecional de avocarse al (sic) conocimiento de la demanda de divorcio que cursaba ante el Juzgado Vigésimo de Municipio del Area Metropolitana de Caracas, posteriormente remitida al Juagado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, signada bajo el N° AP71-R-2013-000603, en virtud de la apelación intentada contra la decisión de fecha 13 de mayo de 2013, y anuló dicha sentencia, con fundamento en la existencia de un desorden procesal y el desequilibrio procesal que causaron a la r e e causa".
Que "(..) esa decisión de la Sala no se fundamentó en la necesaria confrontación de los argumentos de hecho y de derecho y de las pruebas de ambas partes que obraban en el expediente avocado, sino única y exclusivamente en los elementos de juicio aportados por una sola parte, cuya posición fue a la postre la favorecida".
Que "(..) pretendiendo corregir un desequilibrio procesal que jamás existió en la tramitación del juicio de divorcio, la Sala de Casación Civil causó un gravísimo desequilibrio procesal entre las partes que intervinieron en el procedimiento de avocamiento, generando con ello un estado de indefensión en nuestro representado, pues mientras examinó, valoró y decidió sobre los argumentos de hecho y de derecho expuestos por una de ellas, derecho sumaria e inmotivadamente todos los argumentos de hecho y de derecho ofrecidos por la otra parte". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que “[I]a sentencia de la Sala de Casación Civil cuya revisión constitucional se n e las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades, sino que atendió única y exclusivamente la posición de una parte en perjuicio claro y evidente de la otra que, como no podía ser de otra forma pues nunca se le escucha, resultó vencida. Se violó asi, de manera directa, ostensible y grotesca, el principio procesal fundamental de igualdad de armas, reconocido por el artículo 26 de la Constitución y desarrollado por el articulo 15 del Código de Procedimiento Civil, nn n n violatorio del artículo 49 de la Constitución. Asi solicitamos sea declarado".
4. Refieren como cuarto motivo de la solicitud de revisión, que: "[I]a Sala de Casación Civil violó en forma conjunta los articulos 26, 49 y 257 de la Constitución, al desconocer en forma manifiesta y grotesca el principio constitucional de acuerdo con omitió por completo un hecho plena y absolutamente probado en el expediente de la causa, como lo es la separación de hecho por más de cinco (5) años entre la ciudadana solicitante del avocamiento y nuestro representado", exponiendo para ello lo siguiente:
Que "[I]a sentencia No. AVC-000752, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de diciembre de 2013, es nula por cuanto subrayado del solicitante).
Que "[u]n proceso que culmina protegiendo la pretensión de quien ha sentido en forma manifiesta porque asi ha sido plenamente probado en el expediente, no es un articulos 26, 49 y 257 de la Constitución, sin importar el dopaje formal mediante el cual este hecho pretenda ser encubierto. La violación conjunta de estas normas constitucionales es motivo suficiente para la revisión de la sentencia No. AVC-000752, dictada por la Sala de Casación Civll del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de diciembre de 2013, tal como lo ha establecido la Sala Constitucional en el fallo No.
3242 de fecha 12 de diciembre de 2002".
Que "[p]precisamente all es donde anida el caso e inexcusable error de juzgamiento cometido por la sentencia cuya revisión constitucional se demanda, pues la misma dio la espalda tanto a la verdad procesal como a la verdad verdadera, plenamente probada en el expediente, y premio la declaración falsa proferida por la ciudadana solicitante del avocamiento, cuando compareció ante el Tribunal de la en rn e r inexistencia absoluta de vida marital con nuestro representado".
Que "[I]a sentencia de la Sala de Casación Civil cuya revisión se pide: () le dio la espalda a la realidad de los hechos, plenamente probada en el expediente; (ii) se colocó al margen de lo alegado y probado en el procedimiento de divorcio: (til) omitió un elemento de juicio esencial, crucial y determinante en la resolución del asunto debatido: y (iv) no tuvo por norte la verdad sino que premio la mentira con una decisión favorable a la parte que mintió".
Que "[e]sa honorable Sala Constitucional ya ha establecido que: '..el derecho al proceso, lo que prohibe es que los derechos o intereses de las personas sean afectados sin proceso..' y que 'El derecho fundamental al proceso garantiza, en suma, que los efectos directos de los mandatos, órdenes o declaraciones dictadas en estuvieron involucrados en la controversia, salvo los que habiendo sido llamados, fueron negligente en hacerse parte de la misma' (TSJ/SC, No.1141, DEL 8 DE JUNIO DE 2006); y eso es precisamente lo que ha ocurrido en el caso concreto puesto que la decisión de la causa fue adoptada sin oir a nuestro representado, causándole indefensión, y sin tomar en cuenta los héchos plenamente probados en el expediente, que acreditan de manera plena la separación fáctica por más de cinco (5) años entre la ciudadana solicitante del avocamiento y nuestro representado".
Que "[e]n franca violación de los articulos 26, 49 y 257 de la Constitución, el proceso de avocamiento no fue en este caso un instrumento para la realización de la justicia, sino que desembocó en una iniquidad muchísimo más grave que aquélla que nuestro mandante, siendo por lo tanto transformado por la Sala de Casación Civil en un mecanismo para la consumación de una clara y evidente injusticia. Así solicitamos muy respetuosamente sea declarado".
5. Como quinto motivo de la solicitud de revisión, arguyen que: "[I]a Sala de Casación Civil violó el articulo 20 de la Constitución y el derecho humano y constitucional de nuestro representado al libre desenvolvimiento de su personalidad, al emitir una interpretación inconstitucional y errada del articulo 185-A del Código voluntad manifiesta y a pesar de estar plena y absolutamente probado en el expediente de la causa que no mantiene vida marital alguna desde hace más de cinco (5) años con la ciudadana solicitante del avocamiento. Además, la Sala de Casación Civil violó e incurriendo en error inexcusable de juzgamiento, al no considerar en su decisión que la institución del matrimonio, de acuerdo con la Carta Fundamental, se basa en el consentimiento, el cual no solamente es necesario para celebrarlo, sino también para mantenerlo, porque la libertad es un valor esencial de nuestro sistema juridico, como lo confirma la interpretación conjunta y congruente de los articulos 2, 20 y 77 de la
página original (tal como se publicó)

Página 9
Constitución, todos violados por la Sala de Casación Civil en la sentencia cuya revisión constitucional se pide", exponiendo al efecto lo siguiente:
Que "[I]a sentencia No. AVC-000752, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de diciembre de 2013, es nula por cuanto violó los articulos 2, 20 y 77 de la Constitución". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "(..) la Constitución reconoce y garantiza la libertad al desenvolvimiento de la personalidad de cada ciudadano, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social (articulo 20)". (Negrillas y Que "[e]ste derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad, interpretado en el contexto de la institución del matrimonio, para cuya celebración y existencia el articulo 77 de la Constitución requiere el consentimiento, permite n desde 1999, nadie puede estar casado en contra de su voluntad y cualquier disposición de rango legal de la cual se pueda extraer otra conclusión, es contraria al Texto Fundamental, por lo que, o bien debe ser reinterpretada a la lua del mismo, o bien debe ser desaplicada en el caso concreto o bien debe ser anulada con efectos erga omnes. El articulo 185-A es una norma preconstitucional que ha devenido inconstitucional a la luz de los postulados establecidos en la Carta Fundamental de 1999 y por eso se imponía de manera insoslayable su desaplicación en el caso concreto por via del control desconcentrado de la constitucionalidad, tal como acertadamente lo hizo la Jueza Vigésima de Municipio del Área Metropolitana de Caracas". (Negrillas y subrayado del solicitante).
y es la doctrina reiterada y vinculante de esa digna Sala Constitucional, abiertamente desconocida por la Sala de Casación Civil. Cualquiera sea la interpretación que se de (sic) al articulo 185-A del Código Civil, la misma no puede ser más importante ni ser privilegiada por el juzgador en desmedro de una norma constitucional. En este caso, y en uso de la potestad-deber a que se contrae el articulo 334 de la Constitución, el juzgador está obligado a desaplicar total o parcialmente la norma al caso concreto y aplicar de manera preferente la Constitución y los principios que de ella dimanan, tal como lo hizo la Jueza Vigésima de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, en el asunto concreto".
Que "[c]onforme al articulo 77 de la Constitución el matrimonio sólo puede existir si hay consentimiento de ambos cónyuges en celebrarlo y mantenerlo y por ello, si con base en el articulo 185-A del Código Civil un cónyuge solicita el divorcio basado en la ruptura por más de cinco (5) de la vida en común y el otro cónyuge niega este hecho, no puede simplemente darse por terminado el procedimiento y ordenarse el archivo del expediente, sino que por mandato de la Constitución (ex articulos 26, 49, ue e n declarar, con apego a la verdad que surge de las actas procesales, lo que corresponda, n prolongada resulta probada". (Negrillas y subrayado del solicitante).
celebración y el mantenimiento del matrimonio, y si ese consentimiento no existe, el matrimonio debe disolverse aún (sic) sin contar con la anuencia de uno de los cónyuges". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[nuestro representado sostuvo ante la Sala de Casación Civil. sin ser oldo, que la decisión adoptada por la Jueza Vigésima de Municipio del Area Metropolitana de Caracas, permite que un cónyuge solicite en forma unilateral el divorcio, cuando pueda probar que existe una separación de hecho por más de cinco (5) años; es decir, cuando quede demostrado en un proceso contradictorio rodeado de n e e n meramente formal que ha quedado totalmente vaciado de contenido". (Negrillas y.
Que "[I]a decisión adoptada por la Jueza Vigésima de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, en ejercicio del control desconcentrado de la constitucionalidad, protege el derecho constitucional al libre desenvolvimiento de la personalidad y se con sustancia con el principio constitucional previsto en el articulo 77 de la Carta Fundamental y desarrollado en el articulo 49 del Código Civil, conforme al cual el matrimonio debe necesariamente estar basado en el falta, según lo revela el hecho objetivo de la separación prolongada". (Negrillas y Que "[I]a decisión indebidamente anulada por la Sala de Casación Civil sustenta el matrimonio en la voluntad libre de los cónyuges, es decir, en el consentimiento y no en la imposición caprichosa y egoista de uno de sus integrantes, para que el vinculo matrimonial no se[a] rebajado a la condición de mecanismo extorsivo". (Negrillas y subrayado dal solicitante).
Que "(..) esta visión progresista del matrimonio basado únicamente en el consentimiento, como lo ordena de manera categórica y clara la Constitución en su artículo 77, y del divorcio como remedio necesario cuando desaparece el consentimiento de ambos cónyuges en mantener el vinculo como lo demuestra la inexistencia prolongada de la vida en común, impide que un cónyuge utilice de manera simplemente económicos- que nada tienen que ver con la protección de la familia o de los hijos menores". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que “[a] través de esta constitucional concepción del matrimonio, se impide que una persona sea forzada en contra de su voluntad a mantenerse casada, pero no por cualquier razón ni de cualquier forma, sino por un motivo concreto y especifico sujeto.
a prueba, que es la ruptura prolongada de la vida en común o, lo que es lo mismo, la inexistencia de un verdadero matrimonio en los hechos".
Que "[e]l matrimonio no es la excepción y por ello hoy en día, bajo el nuevo orden constitucional y civil de la República Bolivariana de Venezuela, no es posible ignorar que el libre consentimiento no es sólo el origen del vínculo matrimonial, sino que es un elemento absolutamente indispensable para mantener dicho vinculo. Asi, siendo que el articulo 185-A es una norma adjetiva anterior al nuevo orden constitucional imperante a partir de 1999, dicha norma tenía (sic) debe ser reinterpretada constitucionalmente para adaptarla a la Carta Fundamental y dar cumplida satisfacción al principio establecido en el articulo 77 constitucional".
(Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[djel consentimiento libremente manifestado a partir del cual nace y se mantiene el matrimonio, y del principio fundamental de la-igualdad absoluta de derechos y obligaciones de los cónyuges, se deriva otro principio irrefutable y es que nadie puede ser obligado a permanecer casado en contra de su voluntad. Admitir lo contrario supone, por una parte, conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y por lo tanto violar el articulo 20 de la Constitución; y por la otra y lo que es aún más grave, obviar el consentimiento como elemento esencial para la validez del matrimonio, contrariando asl en forma abierta el articulo 77 de la Constitución". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[I]as interpretaciones tanto gramatical como teleológica del articulo 77 de la Constitución y de las normas sobre el matrimonio y el divorcio contenidas en el Código Civil, permiten afirmar que en nuestro ordenamiento juridico está completamente proscrita la celebración del matrimonio y el mantenimiento del vinculo matrimonial, sin la presencia del libre consentimiento de ambos cónyuges, es decir, en contra de la voluntad del individuo". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[p]or esa razón es que la Constitución protege solamente el matrimonio verdadero, aquel que está basado en la voluntad de los cónyuges; pero no protege los espejismos de matrimonio, las farías que pretenden ser mantenidas a todo trans (sic) en desmedro de la paz de la familia y en la consecución de intereses ajenos a ésta y por esa razón es que los jueces de la República, ante una norma procedimental cuya fuerza, desprovisto del consentimiento de ambos cónyuges, están obligados a desaplicar por via del control desconcentrado de la Constitución esa norma adjetiva y aplicar preferentemente la Carta Fundamental y los principios que de ella dimanan, adoptando el procedimiento que sea cónsono con la misma". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "(..) si bien puede afirmarse con cierto que el matrimonio y las uniones civiles de hecho son por definición el sustento de la familia, es válido sostener que el matrimonio por coacción, impuesto por la sola voluntad de uno de los cónyuges contra la voluntad del otro, puede convertirse sin la menor duda en un elemento perturbador en una verdadera plaga para la sociedad".
Que “[]a discriminación nacida de la interpretación literal del articulo 185-A del Código Civil, fue resuelta por el fallo del Juzgado Vigésimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, al desaplicar por inconstitucional el articulo 185-A del Código Civil, y al considerarlo un procedimiento contencioso, ante la negativa de un cónyuge a divorciarse, motivo por al cual permitió al otro probar que la vida en común no existía en los últimos cinco (5) años".
Que "[cuando el matrimonio se inicia, el consentimiento para celebrarlo queda formalizado en el acto del matrimonio y documentado en las actas que recogen ese consentimiento debe necesariamente extraerse de otros elementos reveladores del deseo de permanecer unidos en matrimonio, similares a los que califican la existencia de una unión estable de hecho. De lo contrario se producir la una discriminación odiosa y contraria al articulo 21 de la Carta Fundamental y se vaciaria completamente de contenido el requisito establecido en el referido artículo 77 no con respecto al matrimonio en si mismo, lo que desde luego es un fraude a la voluntad del constituyente".
página original (tal como se publicó)

Página 10
n integridad de la Constitución a través del control desconcentrado de la ley para el n n matrimonio de verdad, aquél que está basado en el amor, la devoción, el respeto mutuo y sobre todo el consentimiento de ambos cónyuges, que voluntariamente han decidido permanecer juntos, es decir, realmente unidos tanto en los hechos como en el derecho. Esa decisión no ampara las farías, los matrimonios frivolos, mantenidos para guardar las superficiales y vacunas apariencias sociales, ni tampoco los matrimonios económicos ajenos totalmente a la tuición de la familia como base fundamental de la sociedad". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[a]qul se encuentra precisamente el grave error juridico en que incurre la viola el articulo 20 de la Constitución porque conculca el derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad y le da un espaldarazo al matrimonio por la fuerza, mantenido contra la voluntad de uno de los cónyuges, haciendo que el principio contenido en el articulo 77 de la Constitución y desarrollado en el artículo 49 del Código Civil, que constituye el fundamento esencial del matrimonio, sea letra muerta".
Que “[d]e manera equivocada la Sala de Casación Civil soslaya el mutuo consentimiento como elemento esencial del matrimonio, al institucionalizar el mantenimiento del vinculo en contra de la voluntad de uno de los cónyuges, sólo para complacer una interpretación retrógrada y anacrónica de una norma adjetiva preconstitucional; pero en cambio exige el mutuo consentimiento como requisito para la disolución del vinculo matrimonial cuando ha habido una ruptura prolongada de la vida en común, cuando lo cierto es que el divorcio puede ser o no consentido. La Sala de Casación Civil se ha equivocado de manera evidente, pues la Constitución no establece el mutuo consentimiento como origen del divorcio, sino como requisito Constitución, incurriendo en error inexcusable de juzgamiento, al no considerar en su decisión que la institución del matrimonio, de acuerdo con la Carta Fundamental, se basa en el consentimiento mutuo, el cual no solamente es necesario para celebrarlo, sino también para mantenerlo, porque la libertad es un valor esencial de nuestro sistema jurídico, como lo confirma la interpretación conjunta y congruente de los articulos 2, 20 y 77 de la Constitución, todos violados por la Sala de Casación Civil en la sentencia cuya revisión constitucional se pide. Asi solicitamos respetuosamente sea declarado".
6. Como sexto y último motivo de la solicitud de revisión, acotaron que: "...) la Sala de Casación Civil violó los articulos 26, 49, 253 y 257 de la Constitución, al considerar el procedimiento de divorcio previsto en el articulo 185-A del Código Civil como de jurisdicción voluntaria, cuando lo cierto es que la sentencia de divorcio produce cosa juzgada y tiene efectos entre las partes y erga omnes porque modifica el estado civil de las personas, de acuerdo con el articulo 507 del Código Civil, cosa que no se compadece con los efectos de las determinaciones del juez en materia de jurisdicción voluntaria, las cuales establecen simples presunciones juris tamtum de acuerdo con el articulo 898 del Código de Procedimiento Civil, lo que jamás puede ser el efecto juridico de una sentencia de divorcio", señalando al efecto lo siguiente:
Que “[]a sentencia No. AVC-00752, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de diciembre de 2013, es nula por cuanto violó los articulos 26, 253 y 257 de la Constitución de la Constitución". (Negrillas y articulos 334, 335 y 336. 10 de la Constitución y 25.11, 33, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debe revisar y declarar nula la sentencia de la Sala confirmar si la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad efectuada por la Jueza Vigésima de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, es o no conforme a derecho".
e en s contenciosos. Están colocados en el Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil cuyo epígrafe es 'de los procedimientos especiales' y dentro de la parte primera cuyo titulo es: 'De los Procedimientos Especiales Contenciosos'. Es evidente y ello no admite discusión alguna, que no están incluidos dentro de los procedimientos de 'jurisdicción voluntaria' regulados a partir del articulo 895 del Código de Procedimiento Civil". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[e]n el Capitulo VII de esta Primera Parte están los juicios de divorcio y de la separación de cuerpos (hemos subrayado la palabra: 'juicio', lo que es tipico del consentimiento, queda plasmado en el articulo 765 del Código de Procedimiento Civil al prever la articulación del articulo 607, eiusdem para dirimir la reconciliación que se llegare ". (Subrayado del solicitante).
Que “(..) la naturaleza contenciosa de cualquier clase de causa que conduzca al divorcio surge de dos hechos: () siempre pueden haber alegaciones controvertidas (il) el fallo que se dicte es de efectos erga omnes (oponible a todo el mundo, asi no.
haya sido parte), como puede leerse del articulo 507 del Código Civil. Slo un proceso sociedad, o se la llama directamente mediante edictos, pueda producir tal efecto, ya que a la sociedad se la hizo parte".
Que "[I]a circunstancia de que el articulo 185 del Código Ctvil al establecer desde el punto de vista del derecho sustantivo, que la conversión en divorcio de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento se hace de manera sumaria, en nada varia la naturaleza contenciosa que le atribuye el Código de Procedimiento Civil, ya conversión a fin [de] que si lo considera necesario a la defensa de sus derechos e intereses, trate la contención".
Que "[e]l articulo 185-A del Código Civil, es una forma expedita para que se declare un divorcio que no deja de ser contencioso aun cuando eventualmente pueda iniciarse por mutuo consentimiento de los cónyuges, ya que si se declara el divorcio porque en ello consiente el cónyuge que no lo ha solicitado judicialmente, el fallo surtirá los efectos del articulo 507 del Código Civil, como sentencia definitivamente firme recalda en los juicios sobre estado civil y filiación, con efectos absolutos para estado civil, según el articulo 506 eiusdem, son las que se dictan en los juicios de disolución del matrimonio, las cuales – además- hay que inscribir las en los registros del estado civil. Eso no se compadece con los efectos de las determinaciones del Juez en materia de "jurisdicción voluntaria" las cuales de acuerdo con el articulo 898 del Código de Procedimiento Civil, no causan cosa juzgada, sino que establecen una presunción desvirtuable. Además, para continuar el procedimiento del articulo 185-A del Cdigo Civil hay que citar al Ministerio Público. Luego, tal procedimiento no puede ser sino de naturaleza contenciosa, asi erradamente se le haya calificado de no contenciosa".
divorcio y la alegación de una ruptura prolongada de la vida en común, que se convierte asi en la causal de divorcio, si han transcurrido cinco años ininterrumpidos de la ruptura; y admitida la solicitud el juez cita al otro cónyuge y al Ministerio Público para un acto de contestgeión a la solicitud, en el cual el cónyuge no peticionario puede admitir los hechos y se declara el divorcio, al igual que en cualquier juicio; o niega los hechos o el Ministerio Publico (sic) se opone". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "[c]omo el principio de lealtad procesal obliga al litigante (ex articulo 170 del Código de Procedimiento Civil) a afirmar los hechos según la verdad (exponer los hechos de acuerdo a la verdad, conforme al ordinal 1° del articulo 170 del Código de e e e comparecen, niegan u objetan el hecho, el juez que conoce de esta clase de divorcio tiene que abrir la causa a pruebas, a fin de que el accionante pruebe sus afirmaciones.
ya que de no ser así se estaría premiando al desleal, a quien burlándose de la administración de justicia niega los hechos verdaderos o no comparece a rebatirlos".
consentimiento, cuando se alegue reconciliación, prevé que se abra la articulación del articulo 607, en una situación análoga, como es la que sucede en el supuesto del inventando un procedimiento. El archivo del expediente debe entenderse que ocurre cuando ante el supuesto de la negativa, el accionante nada prueba".
matrimonio entre un hombre y una mujer fundado en el libre consentimiento, y cuando éste cesa, en razón de la causal del articulo 185-A, falta un clemente de raiz constitucional del matrimonio, y mantenerlo con una interpretación literal del articulo 185-A, ajena a lo que en la actualidad es el matrimonio a nivel constitucional, es no sólo violar el articulo 77 citado, sino desnaturalizar el proceso destinado a que se cumpla dicha norma, desconociéndole su naturaleza contenciosa y sus efectos que no son simplemente ordenar archivar el expediente".
Que "(..) al obrar como lo hizo, el fallo de la Sala de Casación Civil violó los obtener justicia, (ii) al obviar el consentimiento como elemento esencial del matrimonio, (tii) al no aplicar el procedimiento idóneo para la resolución del asunto y (iv) al convertir el proceso en un instrumento para la consumación de una injusticia, en el cual se premio con una sentencia favorable a quien compareció ante un juez para mentir".
Que "(..) al desaplicar por vía de control difuso de la constitucional el artículo 185-A del Código Civil, la decisión indebidamente anulada por la Sala de Casación Civil adaptó dicha norma a los principios y los derechos fundamentales de aplicación
página original (tal como se publicó)

Página 11
n e h e de all que esta digna Sala Constitucional, al examinar la conformidad a derecho de ese control desconcentrado de la constitucionalidad, deba poner fin al inveterado error que ha existido tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, en torno a la naturaleza de los procedimientos establecidos en la mencionada norma".
Que "(..) el articulo 185-A del Código Civil regula dos situaciones procesales perfectamente diferenciadas. En un primer caso, uno de los cónyuges se dirige al juez para solicitar el divorcio en vista de que ha permanecido separado por más de cinco (5) años del otro cónyuge. Citado el otro cónyuge si éste manifiesta su acuerdo y no hay oposición del Ministerio Público, el juez debe declarar el divorcio. La misma situación puede presentarse, obviamente, si ambos cónyuges solicitan al divorcio al juez con fundamento en la separación prolongada de hecho. Lo crucial en este procedimiento es la voluntad de los cónyuges que desean formalizar juridicamente una situación de hecho consolidada que es la ruptura de la vida conyugal. Pero aún (sic) en este caso no estamos ante un procedimiento de jurisdicción voluntaria aunque no haya contención sino acuerdo entre las partes, y donde el juez se limita a intervenir para formalizar judicialmente la separación fáctica, convirtiéndola en divorcio a todos tiene efectos erga omnes de acuerdo con el artículo 507 del Código Civil, lo cual es totalmente ajeno a los procedimientos de jurisdicción voluntaria de acuerdo con el articulo 898, del Código de Procedimiento Civil".
Que "(..) la ley civil admite expresamente la situación en la cual es uno de los cónyuges quien solicita el divorcio sin contar con la anuencia del otro. La solicitud de hecho de la separación. Este cónyuge no es llamado al procedimiento para que e e e e e e e ee separación por más de cinco (5) años".
Que "[u]na vez negado el hecho es indiscutible que hay contención, pues mientras un cónyuge pide divorciarse porque ha estado separado por más de cinco (5) años del otro, este último contradice esa situación. No se trata de si hay o no la voluntad conjunta de divorciarse porque ese hecho ha devenido irrelevante. Lo que debe determinarse es si se da el presupuesto establecido por el legislador como causal de divorcio, esto es, la separación prolongada de hecho por más de cinco (5) años, y ello jamás puede ocurrir en el seno de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, sino dentro de un procedimiento de jurisdicción contenciosa". (Negrillas y subrayado del solicitante).
n e procedimiento a seguir no puede ser en modo alguno de jurisdicción voluntaria, sino contenciosa. Deben aplicarse las reglas sobre la distribución de la carga de la prueba y quien ha afirmado unos hechos debe probar los. En ese supuesto, el juez está obligado a permitir que las partes desarrollen la actividad probatoria necesaria para determinar la existencia en la práctica del presupuesto legalmente establecido que da lugar al divorcio, a saber, la separación de hecho por más de cinco (5) años. Además y como se ha dicho, ningún procedimiento de divorcio puede calificarse como de jurisdicción voluntaria, pues la sentencia que se dicta tiene efectos entre las partes y erga omnes porque modifica el estado civil de las personas, mientras que las determinaciones de los jueces en materia de jurisdicción voluntaria establecen simples presunciones juris tamtum conforme al articulo 898 del Código de Procedimiento Civil, lo cual desde luego no es admisible con respecto a la disolución del vínculo matrimonial".
Que "(..) el articulo 185-A del Código Civil es preconstitucional y antes de la vigente Constitución, fue considerado por algunos como de jurisdicción voluntaria, lo que acogió, sin estudiar su naturaleza y caracteristicas, el equivocado fallo de la Sala de Casación Civil cuya revisión soliatamos. En su interpretación literal este articulo por la sentencia de la Jueza Vigésima de Municipio del Área Metropolitana de Caracas".
Que “(..) debe esta Sala Constitucional tener en cuenta que las únicas sentencias que producen cosa juzgada (material y formal) son las que se dictan en procesos contenciosos. Los procesos no contenciosos (i.e. de jurisdicción voluntaria).
no producen cosa juzgada y así lo establece de manera clara y categórica, como ya hemos sostenido, el articulo 898 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza: "Las determinaciones del juez en materia de jurisdiión voluntaria no causan cosa juzgada, pero establecen una presunción desvirtuable". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que “(...) el divorcio que se tramite con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil no puede ser de jurisdicción voluntaria, ya que declarado con lugar el divorcio, por las razones que contempla dicha norma (separación de hecho por más de cinco años), la sentencia respectiva al quedar firme produce cosa juzgada (por demás e e n contenciosa en un sentido y de jurisdicción voluntaria en otro, como lo pretende no sólo la Sala de Casación Civil en el fallo cuya revisión y nulidad solicitamos, sino el Ministerio Público en su informe". (Negrillas y subrayado del solicitante).
Que "(..) a lo que conduce la decisión cuya revisión solicitamos, es a que si incoada la solicitud de divorcio la parte no solicitante conviene en ello, se declara el divorcio con carácter de cosa juzgada, incontrovertible entre las partes, y por lo tanto o n e Civil y 898 del Código de Procedimiento Civil. Pero si el no solicitante del divorcio, voluntaria y se cierra de inmediato, archivándose el expediente".
Que "[t]al cualidad procesal no existe, es absurda y repugna a la lógica. Por ello ha sido práctica formal inveterada, que puede ser controlado por esta Sala conforme al articulo 145 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que ante la negativa de los hechos firmados, realizada por el cónyuge que no solicita el divorcio o por objeción del Ministerio Público, los Tribunales de Familia (sic) de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas abren la causa a pruebas a tenor del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil". (Negrillas y subrayado del solicitante).
e r e n la interpretación conforme a la cual el articulo 185-A del Código Civil regula un procedimiento de jurisdicción voluntaria, surge de lo que pudiere ocurrir si el conviene en el hecho de la separación prolongada y por ende en la ruptura de la vida marital".
Que “[a]nte tal objeción de un tercero, que no conoce la realidad de la relación matrimonial, a quien sólo -por aplicación literal de la norma- basta objetar la solicitud para que el procedimiento concluya y el expediente sea archivado, dándosele continuidad al matrimonio inexistente en los hechos, aun cuando los cónyuges no lo desean, ni de hecho ni de derecho, nos preguntamos ¿Qué importancia tiene la declaración judicial, si realmente el decisor es el Ministerio Público, a quien sin alegar hechos, basta objetar la petición del cónyuge que invoca para divorciarse el artículo 185-A del Código Civil?".
Que “[I]a interpretación de las leyes no puede conducir al absurdo. Cuando ello ocurre, como enseñan las reglas de la mejor hermenéutica, el resultado de la interpretación efectuada es incorrecto (de all surge precisamente el argumentum ad absurdum). Eso es precisamente lo que ocurre con la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil en el caso concreto, al establecer que el articulo 185-A del Código Civil contempla en su seno no un proceso contencioso sino de jurisdicción voluntaria, pero los efectos de la sentencia que se dicte son los propios de una decisión proferida en un procedimiento contencioso. La contradicción es sin duda manifiesta".
Que "[I]o cierto es que ante una objeción como la del ejemplo que hemos expuesto, necesariamente hay que abrir la causa a pruebas, ya que si no estariamos ante una norma absurda y sin contenido, porque resultaría más fácil en cualquier caso acudir ante el Ministerio Público y pedir su permiso para divorciarse, ya que realmente es este organismo quien decide el divorcio y no el juez".
Que "[e]ste ejemplo es otro elemento que denota el carácter contencioso del procedimiento previsto en el articulo I85-A del Código Civil, el cual por esa pruebas la causa, aplicando por analogía el articulo 607 del Código de Procedimiento Civil, contemplado también en la conversión de la separación de cuerpos en divorcio".
Que "(...) fundar la decisión, como lo hace la Sala de Casación Civil, en que el procedimiento del articulo 185-A del Código Civil no es contencioso, es un dislate producto de la falta de un estudio a fondo sobre su naturaleza, que en definitiva conduce a una violación grotesca del articulo 49 constitucional en lo referente a la garantía del debido proceso, ya que el no reconocer el carácter contencioso a un proceso que lo es, con todos sus efectos, es desconocer el debido proceso y en el fondo, infringir el orden público constitucional al matar la naturaleza del juicio".
Que "[s]i el articulo 185-A del Código Civil no se aplica en la forma que hemos indicado anteriormente, se violan, como de manera manifiesta lo ha hecho la Sala de Casación Civil en este caso y desconociendo la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, los articulos 26, 49, 253 y 257 de la Constitución al instaurarse un proceso no idóneo para obtener justicia premiando con una sentencia favorable a separación de hecho por más de cinco (5) plena e incontestablemente probada por nuestro representado. Asi solicitamos respetuosamente sea declarado".
Finalmente, piden a esta Sala:
"1. Admita y declare que ha lugar la revisión constitucional de la sentencia No.
AVC-000752, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de 2. Anule la sentencia No. AVC-000752, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de diciembre de 2013.
3.Declare la conformidad a derecho de la desaplicación por control difuso o desconcentrado de la constitucionalidad efectuada en la sentencia dictada en fecha 13 de mayo de 2013, por el Juzgado Vigésimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas".
página original (tal como se publicó)

Página 12
II DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
Mediante sentencia siglas y número AVC.000752 dictada y publicada el 9 de diciembre de 2013, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el avocamiento "sobrevenido" solicitado por la representación del ahora solicitante en revisión; procedente el avocamiento pedido por los apoderados de Carmen Leonor Santaella de Vargas; nula la decisión dictada el 13 de mayo de 2013 por el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró disuelto el vínculo matrimonial de los prenombrados ciudadanos y, en consecuencia, dio por terminado el sustanciado ante el referido juzgado de municipio y ordenó el archivo del expediente. Esta decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:
"La presente controversia surge por la solicitud de divorcio incoada por el ciudadano Víctor José de Jesús Vargas Irausquin, en contra de la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas, alegando que han transcurrido más de cinco (5) años desde la separación de hecho con su cónyuge sin haberse logrado reconciliación entre ellos, previsto en el artículo 185-A del Código Civil.
De los alegatos que soportan el escrito de avocamiento se observa que los fundamentos de dicha solicitud están dirigidos a delatar un desorden procesal lo cual -según la solicitante- no garantizó a las partes el debidò equilibrio a sus pretensiones, por cuanto fue declarada la disolución del vinculo matrimonial en contravención de los artículos 75 y 77 de la Constitución y artículos 185 y 185-A del Código Civil, empleando un procedimiento no previsto por la ley.
Ante tales alegatos, esta Sala conociendo la primera fase del avocamiento, consideró que los mismos eran de tal gravedad que podían implicar una vulneración de los derechos de la solicitante, estimando necesario determinar si efectivamente en el presente caso existieron dichas circunstancias de desorden procesal capaces de causar una situación de manifiesta injusticia, razón por la cual declaró procedente la primera fase del avocamiento en fecha 29 de julio de 2013, y ordenó la remisión del expediente contentivo de la demanda de divorcio.
Del examen del expediente cuya remisión fue ordenada, esta Sala constató lo siguiente:
1) La solicitud de divorcio fue incoada con fundamento en el artículo 185-A.
2) La ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas, negó la separación de hecho del cónyuge, o que hubiese ocurrido ruptura prolongada de la vida en común y solicitó se declarara terminado el procedimiento y el archivo del expediente.
3) Ante tal rechazo y por solicitud del demandante, se ordenó la apertura de una articulación probatoria a fin de determinar la veracidad de los hechos narrados por su mandante y negado por su cónyuge.
4) De la apertura de la articulación probatoria, la demandada presentó escrito en su primera oportunidad oponiéndose a la misma y solicita se declare terminado el procedimiento de divorcio y se ordene el archivo del expediente.
5) Asimismo, la Fiscal Centésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presenta oposición a la apertura de la articulación probatoria y solicita se declare terminado el procedimiento de divorcio y se ordene el archivo del expediente.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR El matrimonio es la base fundamental de la familia, ya que un hombre y una mujer se asocian con obligaciones reciprocas, siendo su objeto esencial la creación de la familia.
A su vez, la familia es la base fundamental de la sociedad, razón por la cual el Estado debe proteger al matrimonio y a la familia como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, conforme a lo establecido en los artículos 75 y 77 de nuestra Carta Magna.
Ahora bien, el vinculo matrimonial puede disolverse por muerte de uno de los cónyuges y por divorcio, siendo las causales únicas del divorcio las establecidas en los articulos 185 y 185-A del Código Civil, las cuales son: el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común, el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge o a sus hijos, así como la convivencia en su corrupción o prostitución, la.
condenación a presidio, la adicción alcohólica u otras formas graves de fármacodependencia que hagan imposible la vida en común, y la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común.
En el mismo orden de ideas, el artículo 185-A del-mismo Código, establece lo siguiente:
...Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país.
Admitida la solicitud, el juez librar sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera Audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente...".
De la precitada norma se desprende que cualquiera de los cónyuges podrá solicitar el divorcio alegando ruptura prolongada de la vida en común, siempre y cuando '...hayan permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años...'.
Una vez admitida tal solicitud, y citado el otro cónyuge se presentan tres (3) situaciones respecto a la comparecencia o no del mismo, del cual derivan distintas consecuencias:
1.- Si el cónyuge citado comparece y reconoce el hecho y el fiscal no se opone, ei juez declarará el divorcio.
2.- Si el cónyuge no comparece personalmente se declarará terminado el procedimiento y se ordenará ei archivo del expediente.
3.- Si el cónyuge comparece pero niega el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.
Así pues, conforme al articulo 185-A del Código Civil antes analizado, al haber la cónyuge comparecido y negado el hecho de la separación por más de cinco (5) años, y habiendo el Fiscal del Ministerio Público objetado el mismo, la consecuencia era la declaratoria de terminado el procedimiento y el archivo del expediente.
Sobre la naturaleza de la solicitud de divorcio a la que se refiere el precitado artículo 185-A del Código Civil, la Sala Plena ha establecido lo siguiente (sentencia N° 40 del 03 de agosto de 2010. Caso: Jhon Antonio Viera Dávila y Yulimar Maria Blanco Blanco):
Código Civil antes señalado, se tiene como requerimiento principal en este tipo de divorcio, que haya ocurrido la separación de hecho del vínculo conyugal por un período mavor a los cinco (5) años, aunado a la manifiesta voluntad de las partes que da origen a la jurisdicción graciosa, o sea, la característica no contradictoria del divorcio fundamentado en éste artículo, puesto que en definitiva no hay un proceso contencioso en el que hava conflicto de intereses...'. (Subrayado de la Sala).
Conforme a lo anterior, el procedimiento establecido en el artículo 185-A del Código Civil, tiene como característica la 'no contradicción del divorcio'. pues las partes manifiestan voluntariamente la separación de hecho del vinculo conyugal por un período mayor a los cinco (5) años, dando ello origen a la jurisdicción graciosa.
De modo que, al surgir conflicto de intereses por haber la parte demandada negado la separación de hecho del vinculo conyugal por un periodo mayor a los cinco (5) años, se generó una contención, que hacía necesario que la juez ante tal situación de hecho diera por terminado el procedimiento y ordenara el archivo del expediente, dando paso para que se ventilara el asunto conforme a la normativa correspondiente relativa al divorcio contencioso.
En relación a ello, la Sala Constitucional, en fecha: 28 de octubre de 2005, caso:
Sonia Ortiz de Lachello y otro, indicó lo siguiente:
'...En el presente caso, luego de examinados los recaudos que acompañan el presente expediente, considera la Sala que la decisión objeto de amparo no es violatoria de garantías constitucionales, por cuanto, la decisión tomada por el juez de la causa, no daba lugar a la interposición de recurso alguno, ya que en todo caso, el iuez a quo debía de inmediato dar paso a la jurisdicción contenciosa para que se ventilara el asunto conforme a la normativa correspondiente, de tal forma, que el juez presuntamente agraviante, al conocer del recurso de hecho por la negativa en oir el recurso de apelación ejercido, hizo uso adecuado de las potestades que le otorga la ley: en virtud de que en este tipo de jurisdicción, al no existir contención como tal.
mal podía ordenar que se opera la apelación para que un juzgado ad quem la decidiera, vuinerando en este sentido el debido proceso que debía seguirse y, que presuponía actos para alegatos y términos probatorios en la primera instancia- Por otra parte, partiendo de la noción que en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, por no ser de naturaleza contenciosa, al interponerse oposición o aparecer cualquier otro tipo de controversia, al juzgador no le queda otra alternativa que desestimar la solicitud misma e indicar a los intervinientes que la controversia entre ellos debe resolverse por el procedimiento ordinario, si el asunto controvertido no tiene pautado un procedimiento especial. Advierte la Sala, que la parte accionante en amparo no sólo apeló de la decisión tomada por el juez de la causa -cuyo tratamiento no se corresponde con el de un auto de admisión ordinario como señaló el juez de amparo- sino que se opuso a dicha decisión, para de esa forma atacar la decisión dictada al admitir y fijar la oportunidad para la celebración de la asamblea solicitada...'. (Subrayado de la Sala).
Por otra parte, esta Sala de Casación Civil ha sostenido que en los procedimientos de (...) jurisdicción voluntaria, por no ser de naturaleza contenciosa, al interponerse oposición o aparecer cualquier otro tipo de controversia, al juzgador no le queda otra alternativa que desestimar la solicitud misma e indicar a los intervinientes que la controversia entre ellos debe resolverse por el procedimiento ordinario, si el asunto controvertido no tiene pautado un procedimiento especial. (Sent. S.C.C. 29-02-12 caso: Mary Carmen Arriaga Ochoa y otras, contra Carmen Hortensia Arriaga Retali y otros).
Analizado lo anterior se determina que tal como fue alegado por la parte solicitante, contravención de los articulos 75 y 77 de la Constitución y el articulo 185-A del Código Civil, empleando un procedimiento no establecido por la ley, al haber admitido la apertura de una articulación probatoria no pautada en dicho procedimiento, y haber generado consecuencias no previstas a la situación de hecho planteada, como lo fue el haber declarado el divorcio a pesar de que la cónyuge compareció negando los hechos de la ruptura prolongada de la vida en común y el Fiscal del Ministerio Público objetó tal procedimiento, generando en forma grotesca un desorden procesal que distorsión el procedimiento establecido en el artículo 185- A del Código Civil menoscabó el derecho de, defensa y el debido proceso a la cónyuge.
De conformidad con el artículo 7° del Código de Procedimiento Civil. los actos deben realizarse en la forma prevista en este Código y en leves especiales. Esta cual la estructura del proceso, su secuencia y desarrollo, está preestablecida en la ley, y no es disponible por las partes o por el iuez subvertir o modificar el trámite ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en que deben practicarse los actos procesales.
log tribunales subvertir las formas procesales dispuestas por el legisiador para la tramitación de los juicios, puo su observancia es de orden público. En efecto, las formas procesales no fueron establecidas caprichosamente por el legislador, ni persiguen entorpecer el proceso en detrimento de las partes, por el contrario, su finalidad es garantizar el debido proceso. (Sent. S.C.C. de fecha 11-12-07, caso:
Addias Ramos Diaz y otros, contra Dámaso Moreno y otros).
Sobre este derecho procesal constitucional, la propia Sala Constitucional de este Alto Tribunal, mediante sentencia N° 553, de fecha 16 de marzo de 2006, (caso: Francisco D Angelo), estableció lo siguiente:
".a Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra los derechos y garantías inherentes a las personas, entre ellos los derechos procesales; así a título de ejemplo puede citarse el articulo 49 eiusdem, en el cual se impone el respeto al derecho a la defensa, a la asistencia jurídica, a ser notificado, a recurrir del fallo que declare la culpabilidad y al juez imparcial predeterminado por la ley, entre otros; el jurisdiccionales; y el artículo 253 eiusdem, segundo párrafo que establece el derecho a la ejecución de las sentencias.
Estos derechos procesales aseguran el trámite de las causas conforme a ciertas reglas y principios que responden al valor de la seguridad jurídica, es decir, al saber a que atenerse de cara a la manera en que se tramitar las causas.
Todos los bienes jurídicos procesales a que se ha hecho referencia, han sido agrupados por la doctrina alemana y la española en el llamado derecho a la tutela judicial efectiva. En él se garantizan:
(...) b) el proceso debido: en él se garantiza el derecho al juez imparcial predeterminado por la ley, el derecho de asistencia de abogado, el derecho a la defensa (exigencia de emplazamiento a los posibles interesados; exigencia de notificar a las partes, así como de informar sobre los recursos que procedan...'.
También es de señalar que es doctrina inveterada, diuturna y pacifica de este Supremo Tribunal de Justicia, -la cual queda aqui ratificada- desde el 24 de diciembre de 1915: *..QUE AUN CUANDO LAS PARTES LITIGANTES MANIFIESTEN SU_ ACUERDO, NO ES POTESTATIVO A LOS TRIBUNALES SUBVERTIR LAS REGLAS LEGALES CON OUE EL LEGISLADOR HA REVESTIDO LA TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS:
PUES SU ESTRICTA OBSERVANCIA ES MATERIA INTIMAMENTE LIGADA AL ORDEN PUBLICO... (Memorias de 1916, Pág. 206. Sent. 24-12- 15. -Ratificada: G.F. N° 34, 2 etapa, pág. 151. Sent. 7-12-61; G.F. N° 84. 2 ctapa, pág. 589. Sent. 22-05-74; G.F. N° 102, 3 etapa, pág. 416. Sent. 15-11-78; G.F. N° 113, V.I, 3 etapa, pág. 781. Sent. 29-07-81; G.F. N° 118. V. II. 3 etapa, pág. 1.422.
Sent. 14-12-82)" (cfr CSJ, Sent. 4-5-94, en Pierre Tapia, O.: ob. cit. N° 5, p. 283).
(Destacado de la Sala).
Asi pues, la iuez de la recurrida al haber ordenado la apertura de una articulación probatoria en el juicio de divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código
página original (tal como se publicó)

Página 13
Civil y declarar disuelto el vinculo matrimonial, violentó el debido proceso, ya que tal articulación probatoria no está contemplada en dicha norma, siendo lo correcto ante la negativa por parte de la demandada de la ruptura conyugal por más de cinco (5) años, dar por terminado el procedimiento y ordenar el archivo del expediente.
En tal sentido, la juez no hizo adecuado uso de las potestades que le otorga la ley, en virtud de que al existir contención de la cónyuge, debió finalizar el proceso de jurisdicción voluntaria iniciado, puen tal contradicción no es característica propia de la misma, sino de un "procedimiento contencioso". el cual debía ser conocido conforme a la normativa correspondiente, y no mediante la apertura de una articulación probatoria y posteriormente declarar disuelto el vinculo matrimonial.
De modo que, la situación de hecho planteada por la solicitante y de la revisión exhaustiva de las actas se observa que, las situaciones alegadas y surgidas en la sustitutiva de las vías ordinarias y extraordinarias establecidas para dirimir la controversia, pues tal situación violó el derecho a la defensa de la parte solicitante, al haber la iuez empleado un procedimiento no previsto en la ley para declarar disuelto el vínculo matrimonial, contraviniendo el marco aditivo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.
Por lo que tal proceder por parte de la juez no debe aceptarse, pues ello generaría una incitación al caos social, al permitírsele a los administradores de justicia la resolución de conflictos sin el cabal cumplimiento del debido proceso, pues, en el sub índice se vulneró flagrantemente el 'derecho de protección de la familia' y 'el matrimonio' el "derecho al debido proceso", el "derecho a la defensa" de la hoy solicitante del avocamiento, y el derecho a ser oido por un tribunal imparcial, ocasionando con ello inseguridad juridica y desequilibrio procesal, que desde todo punto de vista resulta contrario a los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico.
través de una conducta imputable al juez se han limitado los derechos y recursos que criterio este compartido por el autor patrio, el maestro de maestros Humberto Cuenca, en su obra, Curso de Casación Civil. Tomo I. Pág. 105, que explica:
'..se rompe la igualdad procesal cuando se establecen preferencias y desigualdades;
se acuerdan facultades, medios o recursos no establecidos por la ley o se niegan los permitidos en ella; si el juez no provee sobre las peticiones en tiempo hábil en perjuicio de una parte; se niega o silencio una prueba o se resiste a verificar su evacuación; en general cuando el Juez menoscaba o excede sus poderes de manera que rompe el equilibrio procesal con perjuicio de un litigante...
En este mismo orden de ideas, cabe reiterar que el debido proceso, se cumple cuando los órganos jurisdiccionales conocen, tramitar y ejecutan las sentencias en las causas y asuntos de su competencia a través de los procedimientos establecidos en las leyes procesales, englobando todas las garantias y derechos de los cuales las partes pueden hacer uso en el proceso, como lo son, el acceso a la jurisdicción, el derecho a alegar y contradecir, el derecho a la defensa: los cuales evidentemente quedaron cercenados por la iuez al emplear un procedimiento no previsto en la ley.
Lo anteriormente expuesto, constituyen razones suficientes para declarar la esta decisión.
De modo que, para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, se declara Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que declaró disuelto el vinculo matrimonial de los ciudadanos Victor José de Jesús Vargas Irausquin y Carmen Leonor Santaella de Vargas, y se dé por terminado el procedimiento y se ordene el archivo del expediente, en virtud de la negativa por del Ministerio Público conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil. Asi se decide.". (Mayúsculas, negrillas y subrayado de la decisión original).
DE LA COMPETENCIA
revisión y al respecto observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, esta Sala tiene atribuida la potestad de: "(.) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas juridicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (...)".
Por su parte, desde el fallo n.° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso:
"Corpoturismo"), esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:
"1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier cualquier juzgado o tribunal del pais.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del pais que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional".
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada su reimpresión en la Gaceta Oficial n.° 39.522 del 1° de octubre de 2010) reguló en los numerales 10, 11, 12 del artículo 25 el régimen competencial de esta Sala en los casos de solicitudes de revisión constitucional, en concreto, respecto de aquellas decisiones dictadas por el resto de las Salas que integran esta máxima instancia, en la forma siguiente:
"(..) 10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio aplicación de algún principio o normas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, asi como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.
12. Revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas juridicas, que sean dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República (..)". (Negrillas del presente fallo).
En el presente caso se requirió la revisión constitucional de un fallo que mano de la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal de Justicia, razón por la cual, esta Sala Constitucional declara su competencia para el conocimiento exclusivo y excluyente de la misma, conforme lo supra expuesto. Así se decide.
IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Llevado a cabo el estudio individual del expediente, la Sala pasa a decidir y, en tal sentido, observa lo siguiente:
Con la consignación de la presente solicitud, el accionante de autos pretende que, en principio, sea revisada la sentencia dictada y publicada el 9 de diciembre de 2013 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, antes identificada.
En primer lugar, debe esta Sala emitir pronunciamiento respecto del escrito presentado, el 24 de febrero de 2014, por los apoderados judiciales de la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas, mediante el cual solicitaron su intervención “...en el presente recurso [rectius: solicitud] y oponer[se] a la solicitud de revisión contra la sentencia señalada en el párrafo anterior.
Al respecto, debe esta Sala señalar que la solicitud de revisión ha sido concebida como una vía extraordinaria tendiente a preservar la uniformidad de la interpretación principios o reglas. Así, en múltiples oportunidades esta Sala ha reiterado el criterio contenido en la decisión n.° 93/06.02.2001 (caso: Corporturismo) conforme a la cual la revisión constitucional es una potestad excepcional, extraordinaria y discrecional de esta Sala. Adicionalmente, se ha insistido en que esta vía especial es disímil a las demandas o recursos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano, no solo por cuanto puede desestimarse sin motivación alguna, sino que, en tanto que responde a la labor tuitiva del Texto Constitucional, no implica el cuestionamiento de una decisión judicial contraria a los intereses de a quienes afecta negativamente o el mero perjuicio que éste pueda causar, ni la defensa de los intereses de aquellos a quienes la decisión cuestionada pueda favorecer, sino más bien -como sè indicó- la revisión tiene por finalidad verificar si hubo desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, la indebida aplicación de una norma constitucional, un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, de su falta de aplicación, para decidir objetivamente en defensa de la Constitución.
Por ello, la revisión constitucional no debe entenderse como una demanda o recurso judicial -ordinario o extraordinario- en el que los sujetos afectados directamente o indirectamente por una decisión, planteen ante la Sala Constitucional sus conflictos de intereses, sus argumentaciones fácticas y jurídicas y/o sus pretensiones, ya que no es un proceso contencioso sino una potestad excepcional, extraordinaria y discrecional de esta Sala en su labor tuitiva de la Constitución. Lo contrario implicaría que esta Sala, al darle entrada a una solicitud de revisión, estaría obligada a citar a los terceros interesados en la decisión objeto de revisión, a fin de que acudieran a sostener sus derechos e intereses, como si se tratara de un conflicto entre partes, lo cual -se insiste- no se corresponde con la naturaleza de esta potestad extraordinaria. No obstante, la Sala de oficio y en uso de la referida potestad discrecional podría estimar los argumentos y medios de pruebas traídos al expediente resolución de la solicitud de revisión constitucional. En este sentido, vale destacar que la revisión constitucional está comprendida dentro de las causas que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 145 ha señalado que no requieren sustanciación, dejando a salvo la facultad de la Sala de dictar autos para mejor proveer y fijar audiencia si lo estima pertinente.
Con fundamento en lo anterior, la solicitud planteada por la representación judicial de la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas, mediante la cual solicitan ".intervenir en el presente recurso (sic) y oponer([se] a la solicitud de revisión constitucional propuesta...", resulta improponible en derecho. Como consecuencia de lo anterior, también es improponible en derecho la réplica o escrito presentado, el 5 de marzo de 2014, por los apoderados judiciales del solicitante en revisión, "a los fines de hacer consideraciones" respecto del escrito consignado por la representación de la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas. Así se declara.
página original (tal como se publicó)

Página 14
Ahora bien, procede entonces esta Sala Constitucional a decidir sobre la solicitud de revisión constitucional planteada por el ciudadano Victor José de Jesús Vargas Irausquín, de la sentencia identificada como AVC.000752, dictada y publicada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 9 de diciembre de 2013.
Ello así, debe verificar esta Sala si la presente solicitud de revisión constitucional es admisible conforme lo dispone el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, de la revisión de las actas procesales que integran el expediente, se observa que la parte solicitante consignó el correspondiente instrumento poder especial, así como copia certificada del fallo cuya revisión se solicita; además, no se configura ninguna de las causales de inadmisibilidad que se refiere la norma antes referida; y así se declara.
Ahora, en lo que respecta a los alcances de la potestad de la revisión certiorari' propio del sistema anglosajón en cuanto le interesa el conocimiento de advertido, la cosa juzgada de aquellos fallos sometidos a revisión puede verse afectada social de Derecho y de Justicia que proclama el articulo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lograr la justida positiva en el caso concreto".
(Sentencia n.° 365/10.05.2010, caso: Fernando Pérez Amado).
Así entonces, la revisión constitucional no constituye una tercera instancia ni un recurso ordinario concebido como medio de defensa ante las violaciones o injusticias sufridas a raíz de determinados fallos, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional cuya finalidad es mantener la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma otro valor como lo es la seguridad jurídica (sentencia n.° 1725/23.06.2003, caso: Carmen Bartola Guerra); por lo tanto, no hay ninguna duda sobre el carácter emínentemente discrecional de la revisión y con componentes de prudencia jurídica, estando por tanto destinada a valorar y razonar normas sobre hechos concretos a fin de crear una situación jurídica única e irrepetible.
Por ende, dada la naturaleza extraordinaria y excepcional de las solicitudes de revisión constitucional, esta Sala fijó claros supuestos de procedencia (sentencia n.° 93/06.02.2001, caso: "Corpoturismo"), lo cuales fueron recogidos en la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 25, numerales 10 y 11), con el propósito de orientar su uso prudente, con fundamento en el solo interés del restablecimiento de la situación jurídica subjetiva supuestamente lesionada.
Es pertinente precisar que esta Sala está obligada a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de peticiones que pretendan la revisión de actos de juzgamiento que han adquirido el carácter de cosa juzgada al momento de ejecutar su potestad de revisión constitucional. Ello de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consideración a la mencionada garantía; de allí que esta Sala tenga facultad para la desestimación de cualquier requerimiento como el de autos, sin que medie ningún tipo de motivación y cuando en su criterio se verifique que lo que se pretende en nada contribuye con la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, dado el carácter excepcional y limitado que ostenta la revisión constitucional.
En esta oportunidad esta Sala conoce de la petición de revisión constitucional respecto de una sentencia que fue dictada en ejercicio de una potestad excepcional que tienen confiadas todas las Salas que integran este Tribunal Supremo de Justicia, a saber, avocar causas en materias que les sean “afines", lo que supone que una Sala – cúspide en su específica competencia jurisdiccional- resuelva excepcionalmente el fondo de una controversia -que ordinariamente no le corresponde- tal y como si se tratase de un tribunal de instancia, por los motivos de mérito, oportunidad y conveniencia preestablecidos por el legislador.
En el presente caso la Sala pasa a ejercer su potestad revisora y de máximo intérprete de la Constitución, contemplada en los articulos 334, 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asi como en el artículo 25.11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, en tal sentido, debe examinar tanto la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil objeto de revisión como la decisión del juzgado de municipio objeto de apelación, bajo una interpretación constitucionalizante del articulo 185-A del Código Civil, en los siguientes términos:
El Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través de su sentencia del 13 de mayo de 2013, interpretó el contenido del artículo 185-A del Código Civil y, bajo el fundamento de protección de los derechos y garantías constitucionales, ordenó la apertura de una incidencia probatoria, exponiendo al efecto lo siguiente:
"Tradicionalmente, el procedimiento establecido en el artículo antes transcrito ha sido comprendido como un procedimiento sumario de jurisdicción voluntaria, establecido por el legislador en el Código Civil de 1982 para incorporar una nueva causal de divorcio, que tendría lugar por el mutuo consentimiento de los cónyuges, al no poder encuadrar su situación de hecho en alguna de las causales de divorcio taxativamente establecidas en el articulo 185 eiusdem.
Sin embargo, la discusión sobre la naturaleza contenciosa o no de este procedimiento ha sido amplia dentro de la doctrina venezolana. A modo de ejemplo, podemos señalar que el autor Juan José Bocaranda en su obra 'Guía informática de Derecho de Familia', opina que:
'El procedimiento establecido en el artículo 185-A es en principio de jurisdicción voluntaria, pero no puede negarse que, en los hechos, puede devenir en algo litigioso, cuando uno de los cónyuges introduce algún elemento contencioso, como lo es el alegato de reconciliación, alegato litigioso que no debe dejarse en el aire, sin solución, por cuanto habría denegación de justicia. Además, la propia Corte Suprema de Justicia ha este Tribunal).
De igual forma, en cuanto a la posibilidad de calificar el procedimiento establecido en el articulo 185-A del Código Civil como de jurisdicción contenciosa, establece Arturo Luis Torres-Rivero, que:
'Para el divorcio por separación de cuerpos de hecho (...) el mismo 185-A trae un procedimiento especial, de naturaleza contenciosa, en nuestra opinión: los cónyuges tienen intereses contrapuestos, han de actuar en el procedimiento y no basta lo que ellos exterioricen como acordado (aunque así no sea realmente), sino que es menester la intervención del Ministerio puedan surgir, se requiere la decisión judicial (...)'.
Asimismo, tomando en cuenta el carácter de orden público que rige los juicios de divorcio, señala:
'Nada obsta para que el Juez ciñéndose al Código de Procedimiento Civil, dicte un auto para mejor proveer. Esto y todo proceder de oficio - incluso cuando el Juez, por conocer a los cónyuges y saber de su vida matrimonial, observa que el 185-A se ha invocado indebidamente - con distorsión, con fraude'.
Tomando como punto de partida lo antes descrito, resulta válido preguntarse si es posible afirmar que el procedimiento establecido en el artículo 185-A del Código Civil debe ser concebido como un juicio de naturaleza contenciosa, contrariamente a lo establecido de manera tradicional por una parte de la doctrina y de la jurisprudencia. Sobre la discusión acerca de la clasificación de la jurisdicción en contenciosa y voluntaria, Piero Calamandrei, en su obra "Instituciones de Derecho Procesal Civil' considera que, en el caso de la jurisdicción voluntaria, el Estado interviene para integrar la actividad de los particulares dirigida a la satisfacción de sus intereses mediante el desarrollo de las relaciones jurídicas, por lo cual las personas pueden crear, modificar o extinguir relaciones juridicas mediante declaraciones de voluntad. Señala, jurisdicción voluntaria la finalidad a la cual se dirige esta colaboración dada interesados concordes (..) no es la de garantizar la observancia del derecho en el sentido que antes de ha visto (jurisdicción contenciosa), sino la de la mejor satisfacción, dentro de los límites del derecho, de aquellos intereses privados a los cuales se refiere la relación jurídica que la intervención de la autoridad judicial sirve para constituir o modificar'.
Por su parte, Humberto Cuenca, en su obra 'Derecho Procesal Civil', considera que la principal diferencia entre la jurisdicción voluntaria y la frente a la primera, se revela en el producto de uno u otro proceso. Así, discute el surgimiento de la cosa juzgada según la naturaleza del proceso de que se trate, señalando que la jurisdicción contenciosa es la única capaz de producir cosa juzgada, alcanzando entonces la sentencia la inmutabilidad proveniente de la misma. Por su parte, considera que al no haber contención en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, la misma es incapaz de producir situaciones jurídicas definitivas, por lo cual sólo 'engendra situaciones plásticas, cambiantes y lo que el juez negó hoy, con nuevos elementos, puede concederlo mañana". Siguiendo lo señalado por Arístides Rengel Romberg en su obra "Tratado de Derecho Procesal Civil' la jurisdicción voluntaria sólo daría lugar entonces a 'condicionamientos concretos que le dan significación jurídica a la conducta de los solicitantes y que están destinados a mantenerse con validez en tanto no cambien las circunstancias que los originaron y no sean revocados expresamente en juicio contradictorio".
En el mismo sentido, se pronunció la Sala de Casación Civil mediante sentencia N° 179 del 16 de diciembre de 2003 en los siguientes términos:
'(los casos) de jurisdicción voluntaria, es decir que no tienen una naturaleza contenciosa, de conformidad con el articulo 11 del Código de Procedimiento Civil no producen cosa juzgada ni surten efectos contra terceros, por cuanto no existe conflicto de intereses de relevancia jurídica, ni parte demandada que conformen el elemento material de la jurisdicción para la cosa juzgada'.
De igual forma, se pronunció la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 22 de Octubre de 1991, en los siguientes términos:
"Las sentencias proferidas en jurisdicción voluntaria, no conllevan en sí la actuación de una tutela jurisdiccional de un sujeto contra otro u otros sujetos, sino que realiza objetivamente la voluntad concreta de la ley respecto a un determinado interés, donde y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 898 del vigente Código de Procedimiento Civil, las determinaciones del Juez no causan cosa juzgada, pero establecen una determinaciones del juez sean apelables, salvo disposición especial en contrario, sin que necesariamente el ejercer dicho recurso ordinario implique que se ha dejado de actuar bajo la jurisdicción voluntaria por comenzar a existir contención entre las partes, sin embargo esta contención podrá determinarse examinando el contenido de la pretensión y las circunstancias de cada caso".
página original (tal como se publicó)

Página 15
Tal como señala el autor José Ángel Balzán en su libro Lecciones de Derecho Procesal', en la jurisdicción voluntaria no hay contraposición de intereses, ni conflicto, por lo cual los actos emanados del órgano judicial no tienen la fuerza ni la autoridad que dimana de la cosa juzgada. En la jurisdiccióncontenciosa, por el contrario, el Juez, después del enfrentamiento juridico entre las partes procede a fijar la realidad, lo cual justifica la existencia de la cosa juzgada formal y material que trae consigo la sentencia.
Por lo tanto, desde este punto de vista, resulta juridicamente imposible afirmar que el proceso de divorcio seguido por el articulo 185-A es un procedimiento de naturaleza voluntaria. De ser así, tal afirmación equivaldría a aceptar que la disolución de un vínculo de tal importancia, como lo es el matrimonio, mediante este procedimiento no adquiere en ningún momento fuerza de cosa juzgada. Para apoyar este criterio, el autor Emilio Calvo Baca, en su Código esencialmente de naturaleza no contenciosa, aunque la ley no lo diga en forma partes, en el siguiente sentido: a) de que existe el matrimonio; b) de que la separación fáctica tiene más de 5 años y c) de que dentro de este lapso no ha habido reconciliación. Tal como en cualquier procedimiento de divorcio, al ser alegada la reconciliación, no basta con sólo alegar la causal de separación fáctica de cuerpos por más de 5 años para que la demanda de divorcio proceda, sino que se hace necesario aportar al proceso las pruebas que demuestran la existencia de tal causal.
De igual modo, es importante resaltar que si no se reconoce la naturaleza contenciosa del procedimiento establecido en el artículo 185-A del Código Civil, no existirá el carácter de cosa juzgada en una sentencia de divorcio que, además de ser materia de riguroso orden público, afecta el estado familiar y el personal, entre los cuales destaca la disolución del matrimonio como efecto principal y. consecuentemente, la extinción de los deberes y derechos conyugales, asi como otros efectos patrimoniales para ambos cónyuges.
Considerando lo anteriormente expuesto sobre la naturaleza contenciosa del procedimiento establecido en el articulo 185-A del Código Civil, al ser alegada dentro de este procedimiento la reconciliación de los cónyuges o la inexistencia de una separación fáctica por más de cinco (5) años, procede entonces la apertura de una articulación probatoria como la establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre esta incidencia, señala Emilio Calvo Baca en su Código de Procedimiento Civil comentado que 'este procedimiento incidental supletorio, tiene por finalidad la sustanciación y decisión de todos aquellos asuntos que carecen de un procedimiento determinado, en el supuesto de la tercera hipótesis 'por alguna necesidad del procedimiento'.
(...) En el caso de marras, la posición asumida por la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas, al negar que hayan surgido diferencias irreconciliables entre los cónyuges y que los mismos hayan establecido residencias separadas por más de cinco (5) años, ha traído al presente procedimiento un elemento contencioso que hace necesario que este Tribunal, en aras de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, asi como la tutela judicial efectiva de las partes intervinientes, pase a analizar de la siguiente forma.
La primera parte del articulo 185-A del Código Civil de Venezuela es sumamente clara, transcurridos 5 años separados de hecho, cualquiera de los cónyuges puede solicitar y obtener el divorcio. Esta norma no somete la realización de la consecuencia jurídica que contiene a condición o supuesto alguno que no sea la propia separación por más de cinco (5) años y la solicitud de uno de los cónyuges.
Sin embargo, el verdadero problema que presenta esta norma tiene que ver con el procedimiento que consagra para la tramitación de esta solicitud de divorcio. El procedimiento, entre otras características, dispone que una de las partes podria privar a la otra de obtener la declaratoria de disolución del vínculo matrimonial al permitir que, por su sola voluntad, se extinga el procedimiento.
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, no puede tolerarse la existencia de un procedimiento en el cual una de las partes no pueda obtener que se tutelen judicialmente sus derechos, alegar y probar en su favor cuando la otra parte haya contradicho los hechos alegados en su petición y obtener una decisión judicial, que con fuerza de cosa juzgada, dirima la controversia planteada.
(...)
Por su parte, establece el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:
'Artículo 334: Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella'.
Conforme a lo antes expuesto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es posible contemplar la posibilidad de aplicar un procedimiento que impida a una de las partes tutelar efectivamente sus derechos, en particular el derecho a solicitar y obtener la disolución del vínculo matrimonial, por la sola voluntad de la parte contra la cual se pretende hacer obrar este derecho.
En cuanto a la definición y naturaleza del control difuso y control concentrado, así como a la interpretación del articulo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia vinculante No. 833 del 25 de Mayo de 2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera (caso Instituto autónomo Policia Municipal de Chacao), en los siguientes términos:
'Debe esta Sala, con miras a unificar la interpretación sobre el artículo 331 de la vigente Constitución, y con carácter vinculante, señalar en qué consiste el control difuso, y en qué consiste el control concentrado de la Constitución. (..).
Consecuencia de dicha norma es que corresponde a todos los jueces (incluso los de jurisdicción alternativa), asegurar la integridad de la Constitución, lo cual adelantan mediante el llamado control difuso.
Dicho control se ejerce cuando en una causa de cualquier clase que está conociendo el juez, éste reconoce que una norma jurídica de cualquier categoría (legal, sublegal), es incompatible con la Constitución. Caso en que el Juez del proceso, actuando a instancia de parte o de oficio, la desaplica (la suspende) para el caso concreto que está conociendo, dejando sin efecto la norma en dicha causa (y sólo en relación a ella), haciendo prevalecer la norma constitucional que la contraría. (...) Ahora bien, el juez al aplicar el derecho aditivo, debe hacerlo ceñido a la Constitución, adaptándose en sus actuaciones a lo constitucional, y por ello sin que se trate de un control difuso, sino de aplicación de la ley, puede anular los actos procesales que contraríen a la Constitución.
y sus principios. Este actuar amoldado a la Constitución es parte de su obligación de asegurar la integridad constitucional y. dentro de la misma, el juez debe rechazar en su actividad todo lo que choque con la Constitución". (Negrita y subrayado de este Tribunal).
En este sentido se pronunció la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 124 del 13 de Febrero de 2001, expediente 11529, en los siguientes términos:
La naturaleza de ley suprema de la Constitución se refleja en la necesidad de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con la Constitución y en la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que la contradiga o viole mediante los medios procesales previstos en ella, incluido en ello. la inconstitucionalidad sobrevenida de aquellas normas dictadas baio el ordenamiento constitucional derogado, incompatibles con la novísima Constitución: así como. la aplicación preferente de la Constitución por los jueces (CRBV: 334) respecto a las interpretaciones de normas subconstitucionales que la contradigan (desaplicación singular: control difuso de la constitucionalidad), lo cual si bien mantiene su validez, ocasiona la pérdida de la eficacia de la norma cuestionada para el caso concreto, cuando ello fuera necesario para su solución en el mismo, conforme a la Constitución y dictando las medidas conducentes a tales fines (CRBV:334).
La constitucionalización de las normas sobre derechos y garantías procesales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV), no es una simple formalización de reglas, conceptos y consagración de normas que han adquirido un significado distinto.
desde el momento de su incorporación en el Texto Constitucional, por ser normas de garantía' que configuran la tutela del ciudadano frente a los poderes públicos y de los particulares entre sí. De tal carácter deviene que deben ser interpretadas teniendo en consideración a todas las demás reglas constitucionales con los que guarda relación e inevitablemente. tal interpretación estará influenciada por los valores.
normas y principios que inspiran el orden constitucional en el cual se consagran y por el necesario balance del contenido esencial de los derechos presentes en el proceso. Es por ello que resultaría inadecuado pretender interpretar la norma constitucional desde la norma legal misma;
ya que por el contrario, es la norma legal la que debe ser examinada bajo el prisma constitucional. (Negrita y subrayado nuestro).
Vistos los argumentos antes explanados y la conducta de las partes en el proceso, resulta evidente que no puede este Juzgador proceder simplemente a ordenar el cierre y archivo del presente expediente, por cuanto estaría contraviniendo flagrantemente los principios y normas constitucionales antes señalados, violentando además expresamente el derecho a la defensa y el debido proceso de los ciudadanos Victor José de Jesús Vargas Irausquín y Carmen Leonor Santaella de Vargas.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, este Tribunal, tomando en cuenta los más importantes principios y fundamentos constitucionales, abrió una articulación probatoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en la cual ambas partes promovieron y evacuaron pruebas a fin de demostrar los hechos alegados por cada una.
Las pruebas promovidas y evacuadas por ambas partes fueron objeto de control y contradicción por parte de su adversario, por lo cual el trámite realizado por este Tribunal cumple con todos los elementos que la Sala Constitucional ha utilizado para definir el derecho al debido proceso.
(...) Siendo así, este Juzgador, como director del proceso, en aras de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva de las partes involucradas y, siguiendo los principios y fundamentos constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna, ampliamente explicados en el presente fallo, a fin de obtener la verdad material que se encuentra consagrada como el objetivos de cualquier proceso judicial a la luz del Estado de Derecho y de Justicia consagrado en el articulo 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, vistas las pruebas aportadas por las partes en el presente juicio, se aparta de la opinión expresada por la Fiscal Centésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Asiul Haití Agostini Purroy, y considera procedente la solicitud de divorcio interpuesta por el ciudadano VÍCTOR JOSÉ DE JESÚS VARGAS IRAUSQUÍN, conforme a lo establecido en el articulo 185- A del Código Civil, y ASI SE ESTABLECE".
Como se explicó anteriormente, corresponde a la Sala la interpretación constitucional del artículo 185-A del Código Civil y la revisión tanto del criterio efectuado por el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas como de la Sala de Casación Civil, para la resolución de la demanda de divorcio incoada por el hoy solicitante en revisión contra la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas; para lo cual observa:
página original (tal como se publicó)

Página 16
Refiere el artículo 185-A del Código Civil, lo siguiente:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país.
Admitida la solicitud, el Juez librar sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente".
La norma en cuestión regula lo referido a la figura del divorcio, bajo el especial supuesto según el cual, producto de la ruptura de la "vida en común" se genera la separación de hecho alegada por alguno de los cónyuges por más de (5) años, procediendo la declaratoria del mismo, siempre y cuando el otro cónyuge convenga en ello y no exista negativa del mismo u objeción por parte del Ministerio Público.
Ahora bien, en el asunto planteado la sentencia del Juzgado de Municipio bajo una interpretación de la Constitución de 1999, se abstuvo de aplicar la parte in fine del artículo 185-A del Código Civil, es decir, la consecuencia jurídica prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil en el curso del proceso de divorcio regulado en dicha norma del Código Civil y, con ello, permitir la promoción y evacuación de pruebas por vía de articulación, a fin de clarificar y resolver la situación que se presenta cuando el cónyuge citado niega la separación de hecho o la ruptura fáctica respecto al otro cónyuge por más de cinco (5) años.
Así, el tema de fondo versa sobre la interpretación constitucional del artículo 185-A del Código Civil y la ponderación de derechos y garantías constitucionales, como los contenidos en los artículos 75 y 77 constitucionales, los relacionados con las libertades del ser humano y el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, cuya importancia -vale resaltar- no se limita al orden público vinculado con la protección de la familia y el matrimonio; sino también comprende los derechos al debido proceso y a la defensa en procedimientos donde el control probatorio de los hechos deviene en fundamental y en los cuales las conductas procesales individuales no pueden condicionar el desarrollo y final resolución del iter procesal, esto es, en el que una de que la Sala al revisar la ratio de la decisión cuestionada en revisión y de la decisión mencionado artículo 185-A, de cara al orden público, vinculado al estado y capacidad de las personas (p.ej.: la familia y el matrimonio), asi como respecto a los efectos procesales vinculados a las acciones judiciales orientadas a su declaración o extinción, de allí la presencia del orden público constitucional que esta Sala debe tutelar en el ámbito procesal o adjetivo.
Por ende, el examen acerca de la constitucionalidad, habrá de ser efectuado por parte de esta Sala desde un plano constitucional tanto sustantivo como adjetivo, considerando para ello las normas contentivas de derechos fundamentales intimamente vinculadas a la materia, previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como son el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 26); los derechos al debido proceso y a la prueba (artículo 49); asi como el derecho a la protección de la familia (artículo 77).
Por lo tanto, debe entonces analizarse los elementos que convergen en el proceso de divorcio regulado en el artículo 185-A del Código Civil, todo lo cual conducir a dilucidar su carácter y naturaleza jurídica, cuestión que finalmente permitirá a esta Sala determinar si resultaba correcto que el juez de primera instancia habilitar a la apertura de una articulación probatoria, como consecuencia de la interpretación comentada, o bien estuvo a ajustada la aplicación literal del mencionado artículo a través del fallo de la Sala de Casación Civil, sujeto a la potestad revisora de esta Sala Constitucional.
El mencionado artculo 185-A del Código Civil incluye una causal de divorcio adicional que no está contenida en las enumeradas en el artículo 185 eiusdem. Este último artículo dispone:
"Artículo 185: Son causales únicas de divorcio:
1° El adulterio.
2° El abandono voluntario.
3° Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común.
4° El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la convivencia en su corrupción o prostitución.
5° La condenación a presidio.
6° La adicción alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común.
7° La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común.
En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo.
También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de declarada la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges.
En este caso el Tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de ellos, declarará la conversión de separación de cuerpos en divorcio, previa notificación del otro cónyuge y con vista del procedimiento anterior".
Los procedimientos para ventilar los juicios de divorcio fundados en las causales del artículo 185 del Código Civil, están establecidos en los artículos 754 a 761 y 765 del Código de Procedimiento Civil, normas ubicadas en el Título "De los procedimientos relativos a los derechos de familia y al estado de las personas".
Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Capítulo V (De los Derechos Sociales y de las Familias) del Titulo III (De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes), contempla la protección tanto a la familia como al matrimonio. Asi, el articulo 75 constitucional expresa que:
“El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional".
Por su parte, el artículo 77 de la Constitución señala:
"Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio".
De las citadas disposiciones constitucionales y de su ubicación en el Texto Fundamental se puede indicar que el Constituyente engrana al matrimonio dentro de la protección genérica a la familia, a que se refiere el artículo 75 constitucional, otorgándole, además, protección propia conforme al articulo 77. Debe precisarse que este desarrollo de la Constitución de 1999 contrasta con lo que la Constitución de la República de Venezuela de 1961 conceptualizaba como familia y matrimonio. Así, el articulo 73 de ese derogado Texto Fundamental, disponía:
"El Estado protegerá a la familia como célula fundamental de la sociedad y velará por el mejoramiento de su situación moral y económica.
La ley protegerá el matrimonio, favorecerá la organización del patrimonio familiar inembargable, y proveerá lo conducente a facilitar a cada familia la adquisición de vivienda cómoda e higiénica".
página original (tal como se publicó)

Página 17
La citada norma carece de otras referencias sobre la familia y el matrimonio que orientará a los intérpretes sobre qué podía entenderse por familia y matrimonio, así como sus características, principios que los rigen, entre otros aspectos a interpretar.
Por tanto, era el Código Civil y las leyes especiales -y no la Constitución de 1961–, los textos normativos que aportaban los principios que regirán tanto a la familia como al matrimonio. Bajo esta situación surgió el artículo 185-A, producto de la reforma del Código Civil ocurrida en el año de 1982.
No obstante, la actual Constitución tiene otros elementos para entender jurídica y socialmente a la familia y al matrimonio y que implica un examen de la constitucionalidad del comentado articulo 185-A de origen preconstitucional.
En este sentido, el artículo 75 de la Constitución de 1999 considera a la familia una asociación natural de la sociedad; pero así ella sea natural, toda asociación corresponde a una voluntad y a un consentimiento en formar la familia. Igualmente, considera que la familia (asociación fundamental) es el espacio para el desarrollo integral de la persona, lo que presupone -como parte de ese desarrollo integral- la preparación para que las personas ejerzan el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social. Por su parte, el artículo 77 eiusdem establece la protección al matrimonio, entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, lo que se concatena con los-lineamientos del referido artículo 75.
De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente -por interpretación lógica- nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos -como consecuencia de su libre consentimiento la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artculo 140 eiusdem). En efecto, esta última norma del la mujer tengan establecido, de mutuo acuerdo, su residencia".
Ahora, a pesar de ser estas normas pre-constitucionales -con relación de la Constitución vigente-, ellas encajan perfectamente en las caracteristicas del matrimonio según la Constitución de 1999, ya que el consentimiento libre para mantenerlo es el fundamento del matrimonio, y cuando éste se modifica por cualquier causa y por parte de cualquiera de los cónyuges, surge lo que el vigente Código Civil Alemán en su articulo 1566, califica como el fracaso del matrimonio, lo cual se patentiza por el cese de la vida en común, uno de cuyos indicadores es el establecimiento de residencias separadas de hecho y que puede conducir al divorcio, como lo reconoce el citado artículo. La suspensión de la vida en común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado, pero ello no basta per se, ya que el matrimonio, con motivo de su celebración mediante documento público da la existencia de un régimen patrimonial-matrimonial que crea efectos entre los cónyuges (artículo 148 eiusdem) y, con respecto a terceros, la posibilidad entre ellos de efectuar capitulaciones matrimoniales con motivo del matrimonio y registrar las, surgiendo negocios que puedan involucrar a terceros sin que éstos pertenezcan al régimen patrimonial-matrimonial e igualmente permite determinar los efectos sucesorales entre cónyuges, y hace necesario que la ruptura del vínculo matrimonial requiera una y 185-A del Código Civil.
Justamente, entre las causales de divorcio hay dos que se fundan en la modificación del libre consentimiento de uno de los cónyuges de mantener la vida en común, las cuales son: el abandono voluntario (ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil) y la separación de hecho por más de cinco años (artículo 185-A eiusdem), la cual al igual que la separación de cuerpos decretada judicialmente, bien como resultado de un proceso a ese fin o bien por mutuo consentimiento, requiere de una declaración judicial que la reconozca como requisito previo al divorcio. Luego, para el derecho venezolano, el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges es una causal de divorcio, de igual entidad en todos los anteriores supuestos, ya que en la actualidad se adapta a la previsión del artículo 77 constitucional, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento.
Adicionalmente, la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (articulo 23-3), como la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17-3), establecen que el matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes; derecho que también está contemplado en el artículo 16-2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos, conforme al artículo 19 de la Constitución vigente, son de goce y ejercicio irrenunciables, indivisibles e interdependientes y regidos por el principio de progresividad y sin discriminación alguna.
Sobre este particular, la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n.° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Victor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que "[e]l antiguo divorclosanción, que tiene sus origenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general".
Por tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio. Asi, debe ser interpretada en el sentido que -manifestada formalmente ante los tribunales en base a hechos que constituyen una reiterada y seria manifestación en el tiempo de disolver la unión matrimonial, como es la separación de hecho, contemplada como causal de divorcio en el artículo 185-A del Código Civil-, ante los hechos alegados, el juez que conoce de la solicitud, debe otorgar oportunidad para probar los, ya que un cambio del consentimiento para que se mantenga el matrimonio, expresado libremente mediante hechos, debe tener como efecto la disolución del vínculo, si éste se pide mediante un procedimiento de divorcio. Resulta contrario al libre desenvolvimiento de la personalidad individual (artículo 20 constitucional), así como para el desarrollo con las secuelas que ello deja tanto a los cónyuges como a las familias, lo que es contrario a la protección de la familia que debe el Estado (artículo 75 ibidem).
Por otra parte, el artículo 137 del Código Civil, que refiere la obligación de los cónyuges de cohabitar, establece:
"Artículo 137.- Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente".
Planteada así la situación, no hay razón alguna, salvo una estrictamente formal, para sostener que en casos de que se invoque el abandono voluntario para solicitar el divorcio (artículo 185.2 del Código Civil) o que se pida la conversión en divorcio de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento decretada judicialmente (artículo 185 del Código Civil), se pruebe en el procedimiento de divorcio que el abandono existió, o que no hubo reconciliación (artículos 759 y 765 del Código de Procedimiento Civil), mientras que para el caso de que en base al artículo 185-A del Código Civil, se pida que se declare el divorcio por existir una separación de hecho permanente por más de cinco años, no se ventile judicialmente la existencia real de tal situación por el solo hecho de que uno de los cónyuges (el citado) no concurriere a la citación, o no reconociere el hecho, o el Ministerio Público simplemente se opusiere. Sostener esta última solución, a juicio de esta Sala Constitucional crea una discriminación ante una situación de naturaleza idéntica en los mencionados casos de suspensión de la vida en común, suspensión que denota que un presupuesto constitucional del matrimonio: el libre consentimiento para mantenerlo de al menos uno de los esposos, ha dejado de existir.
Ante la negativa del hecho de la separación por parte del cónyuge demandado prevista en el articulo 185-A del Código Civil, el juez que conoce la pretensión debe abrir una articulación probatoria para constatar si es cierto lo que señala el solicitante, la cual será la del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, ya que ante un caso de igual naturaleza: la petición de conversión de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento en divorcio, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 765 prevé que si citado el cónyuge que no solbeitó la conversión, éste llegare reconciliación, se abrirá la articulación probatoria del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil para que se pruebe la reconciliación, habiendo quedado ya probada la suspensión de la vida en común con el decreto judicial que autoriza la separación de cuerpos.
Por ello, no encuentra esta Sala ninguna razón para que una articulación probatoria similar no sea ordenada, para probar la separación de hecho, si al aplicarse el artículo 185-A del Código Civil, el cónyuge demandado (quien no solicitó el divorcio) no compareciere, o se limite a negar los hechos, o el Ministerio Público objeto la solicitud. La diferencia es que en el caso de la conversión de la separación de cuerpos en divorcio, la carga de la prueba de la reconciliación la tiene quien la invocó, y en el caso del mencionado articulo 185-A, la carga de la prueba de la separación de hecho prolongada la tiene quien solicita el divorcio. Debe advertir la Sala, que la interpretación del artículo 185- A del Código Civil, en razón de la actual Constitución (artículo 77), del desarrollo de la personalidad, de la expresión del libre consentimiento, que se ha manifestado por aquel (cónyuge) quien suspendió la vida conyugal por un tiempo que el legislador lo consideró suficiente, no puede ser otra que ante la no comparecencia del otro cónyuge o la negativa por éste de los hechos, o la objeción del Ministerio Público, por tratarse de una negativa u objeción a los hechos
página original (tal como se publicó)

Página 18
(negativa que está involucrada en la no comparecencia del cónyuge de quien solicitó el divorcio), resulta absurdo interpretar que los hechos firmados no los puede probar quien los alega. Es un principio de derecho que cuando se alegan hechos, ellos tienen que ser objeto de prueba, ya que ésta tiene como fin primordial y material constatar los;
y el artículo 185-A, plantea la negativa del hecho alegado por el solicitante del divorcio, quien, ante tal negativa, debe probar que no existe tal separación.
Adicionalmente, se observa que dentro de los elementos integradores de todo proceso judicial destaca la existencia de las partes y del juez, que en su conjunto conforman la trilogía clásica a través de la cual se conduce el ejercicio del derecho de acción (que corresponde en igualdad de condiciones a las partes en conflicto), colocando en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado, con la finalidad de administrar e impartir justicia en un conflicto previamente existente.
En el caso del articulo 185-A del Código Civil, ciertamente el derecho a la acción desde el punto de vista activo viene delimitado por la presentación de la solicitud de divorcio ante el juez competente, quien una vez recibida la misma, cita al otro cónyuge a fin de que comparezca personalmente y, en un acto procesal respectivo, proceda a: i) convenir en el hecho de la separación fáctica que se haya prolongado por el lapso de tiempo indicado en la norma o, en su defecto, ii negar al aludido hecho.
Así, por una parte se observa la presencia del elemento decisor que recae en el juez, quien constituye el tercero frente al cual se desarrolla el conocimiento y sustanciación del proceso de divorcio y, por la otra, se encuentra el elemento de las partes, dado que la solicitud de divorcio en el contexto del articulo 185-A, es presentada por el cónyuge solicitante, siendo dirigida contra el otro al cual se llama a juicio para oir sus razones -reconozca el hecho que sustenta la solicitud o bien lo niegue-.
En ese orden, destaca también el aspecto de la citación, dado que el curso e e o n ello con la finalidad de que, frente a la pretensión del cónyuge solicitante, aquél dé lugar a la exposición de las razones fundadas (de hecho o de derecho) que habiliten o no a la declaratoria del divorcio; donde como bien es sabido, puede existir el rechazo del cónyuge contra el cual va dirigida la misma.
Lo anterior descansa sobre un pilar fundamental, que es la comprobación de la ruptura fáctica del deber de vida en común de los cónyuges por un lapso mayor a cinco (5) años, aspecto que corresponde ser dilucidado de forma sumaria a través del cauce procedimental contenido en el mismo y en la forma que mejor convenga a los intereses asi calificar el carácter potencialmente contencioso del proceso estatuido en el artículo 185-A del Código Civil, a través del cual se declara el divorcio cuando es solicitado por uno de los cónyuges aduciendo la ruptura fáctica del deber de vida en común por un lapso mayor a cinco (5) años; pueg como ya se ha dicho, puede surgir la situación según la cual, el cónyuge que no prapuso la solicitud, en ejercicio del derecho de acción (desde el punto de vista pasivo, por haber sido citado y llamado a contestar la solicitud contra él dirigida). puede perfectamente oponer, negar y contradecir los hechos sostenidos por el solicitante.
Ahora bien, este carácter potencialmente contencioso del proceso de divorcio consagrado en la norma contenida en el articulo 185-A del Código Civil, se erige afirmaciones de hecho, razón por la cual, adquieren importancia las manifestaciones del derecho constitucional a la prueba que informa a todo proceso judicial, cuyos alcances ha tenido oportunidad de ser desarrollados por esta Sala Constitucional, a través de una jurisprudencia prolífica y diuturna.
En ese sentido, destaca entre muchas, la decisión de esta Sala del 14 de abril de 2005, caso: Jesús Hurtado Power y otros; en el sentido siguiente:
...la defensa garantiza a las partes la posibilidad de probar sus alegaciones, y tal garantía se satisface si se dan en el proceso las siguientes facilidades:
1) la causa debe ser abierta a pruebas (sea mediante una declaración expresa o por la preclusión de un lapso anterior); 2) las partes deben tener la posibilidad de proponer medios de prueba; 3) las pruebas sólo serán inadmitidas por causas justificadas y razonables, sin que estas causas sean de tal naturaleza que su sola exigencia imposibilite el ejercicio del derecho; 4) debe ser posible practicar la prueba propuesta y admitida, y, por último, 5) el juez debe valorar la prueba practicada (ver: A. Carocca Pérez, Garantía Constitucional de la Defensa Procesal, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1998, pp. 276-306)". (Negrillas del presente fallo).
En similar tenor se cita lo establecido en la sentencia dictada el 1º de agosto de 2005, recaída en el caso: Vicente Emilio Hernández, en la cual esta Sala asentó que:
“el Tribunal Constitucional español ha señalado al respecto lo siguiente:
'Con base en la amplitud con que se encuentra redactado el artículo 24 de la CE el Tribunal Constitucional ha declarado (STC 151-90, de 4 de octubre, FJ 3) que 'el derecho a la prueba' es un derecho fundamental que emana del Derecho a la tutela judicial efectiva.. (STC 212-90, del 20 de diciembre FJ 3)...". (Negrillas del presente fallo).
Código Civil, tal como concluyó el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas -en la sentencia recurrida de la cual conoció por avocamiento la Sala de Casación Civil-, ciertamente es un proceso judicial de carácter contencioso y lógicamente admite la posibilidad de que el solicitante tenga derecho a comprobar a través de cualquier mecanismo y/o medio de prueba, los hechos, alegaciones y oposiciones que se presenten a través del mismo..
Admitir lo contrario, no solamente implicaría dejar en poder de una de las partes la posibilidad de poner fin a un proceso por su simple voluntad en perjuicio del peticionante de tutela judicial, sino además implica ceder ante el anacronismo de una norma anterior a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, texto supremo que propugna la progresividad de los derechos constitucionales, más aún respecto de aquellos vinculados con aspectos sociales, la institución de la familia, el estado y capacidad de las personas, asi como el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Además, la calificación del procedimiento como contencioso o de jurisdicción voluntaria no está sujeta a la existencia o no de una articulación probatoria. Así, el artículo 11, aparte único, del Código de Procedimiento Civil, prevé que en los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los jueces deben obrar con conocimiento de causa y, al efecto, pueden exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encuentren deficiente y aún requerir otras pruebas que juzguen indispensables, todo sin necesidad de la tramitación de la causa por vía de procedimiento judicial ordinario. Para tal fin, el mecanismo idóneo debe ser la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, sobre la aplicación material e inmediata de los principios y derechos constitucionales como consecuencia de gu interpretación progresiva, la Sala ha resuelto numerosos casos, a través de una prolífica jurisprudencia, en donde destacan entre otras las siguientes sentencias: n.° 85/24.01.2002 (caso: ASODEVIPRILARA) aplicación material e inmediata de los principios que integran al Estado Social de Gaetano Minuta Arena y otros) -aplicación práctica del principio de soberanía agroalimentaria-; n.° 1.942/15.07.2003 -rango constitucional de las normas intemacionales más favorables en materia de Derechos Humanos-; n.° 1.277/13.08.208 -contenido del derecho constitucional a la libertad de religión y de culto-; n.° 1.682/15.07.2005 -protección constitucional a las uniones estables de hecho y al concubinato, como hechos sociales-; n° 1.542/17.10.2008 -responsabilidad patrimonial del Estado como garantia en favor de los ciudadanos-; n.° 1.456/27.07.2006 -principios sobre bioética, fecundación artificial y derecho a procrear-; n.º 1.541/17.10.2008 -carácter constitucional de los medios alternativos para la resolución de conflictos y su relación de asistencia y auxilio con el sistema de justicia-; n° 190/28.02.2008 (caso Asociación Civil Unión Afirmativa de Venezuela) — ausencia de discriminación a las uniones del mismo sexo y la inexistencia de una protección "reforzada" para tales uniones-; y la n° 1.431/14 .08.2008 —que definió la labor del juez constitucional ante casos que involucran disputa entre derechos de igual rango (el derecho a la libertad de culto y el derecho a la vida)-.
En el presente caso, advierte esta Sala que la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de mayo de 2013, a los fines de determinar la comprobación de la veracidad de lo sostenido por la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas en la oportunidad de ser citada y exponer lo conducente sobre la solicitud de divorcio presentada por el ciudadano Victor José de Jesús Vargas Irausquin, se sustentó en la instancia, contenida ésta en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de dilucidar el aspecto medular de su defensa en fase de contestación de la solicitud de divorcio, como lo fue negación de la ruptura fáctica del deber de vida en común de los cónyuges por un lapso mayor a cinco (5) años.
Ahora bien, esta Sala Constitucional en su sentencia n.º 175 del 8 de marzo de alcance de la antedicha norma regulatoria de la mencionada articulación probatoria, expresando que todo tipo de pruebas resultan admisibles para la comprobación de hechos y solución de incidencias que surjan en el marco de los procesos judiciales;
conforme a lo siguiente:
"Reminiscencias en el vigente Código de Procedimiento Civil de este tipo de término único para promover y recibir pruebas es la articulación probatoria del artículo 607, norma que estabiece una articulación por ocho días sin término
página original (tal como se publicó)

Página 19
de distancia, lo que significa -ya que el Código de Procedimiento Civil no distingue- que dentro de la articulación se promoverán y evacuarán pruebas, ya que necesariamente el lapso probatorio es para ello.
Al no limitar el artículo 607 en comento los medios a promoverse, entiende la Sala que en un sistema de libertad de medios, los ofrecibles son tanto medios nominados como innominados.
En consecuencia, testigos, experticias, inspecciones judiciales, documentos y otros medios no prohibidos expresa o tácitamente para las incidencias, pueden proponerse en estas articulaciones; y no señala el Código de Procedimiento Civil que las pruebas deban evacuarse obligatoriamente dentro de la articulación, y que si allí no se reciben, las que se insertar en luego resultaren extemporáneas. Si no existe tal distinción en la ley, el intérprete tampoco debe distinguir". (Negrillas de la presente decisión).
Por su parte, y más recientemente, esta Sala a través de la sentencia n.º 523 del 25 de abril de 2012 (caso: Valores Abezur, C.A.), tuvo oportunidad de advertir sobre la que: "(..) el procedimiento incidental a que hace referencia el articulo trascrito, tiene por finalidad dilucidar cualquier asunto que en el transcurso del juicio se presente y carezca de un procedimiento determinado para su resolución. Lógicamente, es imposible efectuar un catálogo de las numerosas incidencias que se pudieran presentar en juicio, pero en aras de la seguridad juridica, se previó la manera de sustanciar las". (Negrillas de la presente decisión).
ya mencionado Juzgado de Municipio sobre el elemento de la articulación probatoria adelantada en el comentado proceso de divorcio, resultó conforme al Texto Fundamental puesto que su oportunidad y pertinencia estuvo motivada por la necesidad de comprobar la situación de la ruptura fáctica del deber de vida en común de los cónyuges por un lapso mayor a cinco (5) años.
Con lo cual, no podía el juez de instancia declarar la extinción del vínculo matrimonial o, en su defecto, extinguir la causa y archivar el expediente por el solo dicho de uno de los cónyuges, sin antes haber atendido a los principios que integran la garantía del debido proceso como lo son la libertad y control de la prueba y la inmediación del juez, mediante la comprobación de los hechos y alegaciones de ambas partes.
salvaguardar la garantía constitucional del debido proceso -exigible aún en los juicios más cotidianos y que en apariencia no revisten ninguna complejidad, como lo sería un divorcio de acuerdo al artículo 185-A del Código Civil- sino también por la naturaleza consensual que se exige tanto al nacimiento del vinculo matrimonial (cuando se espontánea y bilateral cuya prolongación supere los cinco (5) años. Asi, cuando el cónyuge citado o emplazado niegue, rechace o contradiga (en un juicio de divorcio conforme al artículo 185-A), que no ha habido la ruptura en forma libre, espontánea y bilateral, ese mismo carácter consensual se controvierte e impone un deber al juez de buscar la verdad sobre las afirmaciones efectuadas, tanto por quien ha iniciado el proceso en condición de accionante, como también de aquel que ha comparecido en calidad de emplazado o citado.
Muestra de lo anterior se encuentra en lo claramente establecido por el legislador, cuando en el Código de Procedimiento Civil, Libro Cuarto ("De los Procedimientos Especiales"). Parte Primera ("De los Procedimientos Especiales Contenciosos"). Titulo IV ("De los Procedimientos Relativos a los Derechos de Familia y al Estado de las Personas"), Capítulo VII ("De la Separación de Cuerpos por Mutuo Consentimiento"), en el único aparte in fine del artículo 765, estatuye que:
"Si se llegare la reconciliación [lo que supone "vida en común"] por alguno de los cónyuges, la incidencia se resolverá conforme a lo establecido en el artículo 607 (que prevé una articulación probatoria) de este Código." (Negrillas y entre corchetes de esta decisión).
De la simple lectura de esa disposición (concatenada con los artículos 762, 763, y 764 eiusdem que le preceden) pueden extraerse los siguientes elementos:
voluntaria" por, la circunstancia que ambos cónyuges de forma libre y primera instancia" (véase artículo 762 del Código de Procedimiento Civil), la ruptura de la vida en común;
(ii) Una vez acordada la separación, los cónyuges pueden de “mutuo acuerdo" y sin contención alguna, solicitar la conversión de la aludida separación en divorcio;
(ii) No obstante, si una vez efectuada la anterior solicitud de conversión por uno solo de los cónyuges, el otro “llegare " la "reconciliación", esto es, afirmase que se han restablecido los atributos y deberes del matrimonio que incluyen, pero no exclusivamente, la “vida en común ", el juez (en aparente jurisdicción "voluntaria"), resolverá ese controvertido o debate, a través de la articulación probatoria a que se refiere el artículo 607 del CPC.
De la norma bajo análisis (artículo 765 del Código de Procedimiento Civil) destaca el empleo de diversos vocablos por parte del legislador, tales como: i)
argumentos; ii "reconciliación", que supone, en un vínculo matrimonial, no menos que la interrupción o extinción de la "separación" y un cúmulo de hechos y circunstancias fácticas que incluyen el restablecimiento de la "vida en común" o cohabitación, entre otros factores; ii) "incidencia" que alude a la ocurrencia en el proceso (de aparente "jurisdicción voluntaria") de un hecho sobrevenido que implica proveer sobre un controvertido entre las partes, generando así la necesidad de desarrollar una etapa, fase o iter que no estaba inicialmente previsto, de allí la “ocurrencia de una incidencia"; y iv) "resolverá" lo que supone una sentencia que hará un juicio de mérito y valor respecto de lo "alegado" y “probado" (porque se evacuarán pruebas conforme a la articulación prevista en el artículo 607 eiusdem).
En ese mismo contexto, destaca la Sala que el procedimiento judicial que se ha previsto en el articulo 185-A del Código Civil —bajo análisis- debe adaptarse a las garantias procedimentales consagradas en el constitucionalismo modelo -recogidas en la Constitución de 199– que exigen la existencia de un debate probatorio en donde las partes puedan, no solo comprobar los hechos que le asisten, sino también controlar Prueba de ello se encuentra, precisamente, en el procedimiento de separación de cuerpos por mutuo consentimiento -antes analizado- que, a pesar de estar incluido por Contenciosos" y de suponer un consenso entre los cónyuges para “manifestar" ante el juez su deseo de separarse, puede generar una “incidencia" que sólo será “resuelta" mediante una sentencia que haya antes desarrollado una incidencia probatoria a tenor de lo previsto en el artículo 607 eiusdem.
Razones todas estas que generan certeza y convicción en esta Sala, que una interpretación del artículo 185-A del Código Civil conforme con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe ser aquella que admita la apertura de una articulación probatoria para el supuesto que cualquiera de los cónyuges cuestión la verificación de la ruptura de la vida en común por un tiempo superior a cinco (5) años.
Constata esta Sala a través de las sentencias cuyo examen de la constitucionalidad via revisión aquí se analiza, que el fundamento a través del cual el ya identificado Juzgado de Municipio habilitó la apertura de la mencionada articulación probatoria, radio en que la cónyuge citada en el proceso de divorcio negó el hecho principal objeto del proceso (es decir, negó la ruptura fáctica del deber de vida en común de los cónyuges, por un lapso mayor a cinco años). Pues bien, situaciones como las aqui analizadas donde se formulan afirmaciones negativas de hechos definidos y concretos, no escapan igualmente de la necesaria actividad probatoria, puesto que la sola circunstancia de ser un hecho negativo, no dispensa de su prueba a quien lo alega; en otras palabras, al encontramos en presencia de alegaciones negativas definidas, su prueba es perfectamente factible.
En tal sentido, esta Sala Constitucional, en ejercicio de su facultad de garante y último intérprete de los derechos y garantías constitucionales, fija con carácter vinculante la interpretación constitucional del artículo 185-A del Código Civil que ha sido efectuada en la presente decisión a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Además, se ordena publicar la siguiente decisión en la Gaceta Judicial y la página web de este Máximo Tribunal, con el siguiente sumario: "Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el articuio 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio: en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente". Asi se declara.
Esta Sala Constitucional considera innecesaria la apertura de un procedimiento judicial orientado al ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad de la norma ya analizada; todo de conformidad con lo previsto en el articulo 34 ae la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que habilita a esta Sala Constitucional a interpretación uniforme de los principios y garantías constitucionales.
Adicionalmente esta Sala observa que, de la decisión cuya revisión se solicita se advierte que la Sala de Casación Civil, en ejercicio de sus competencias legales (articulo 31.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), tramitó y decidió
página original (tal como se publicó)

Página 20
un avocamiento que le fuere solicitado respecto de un proceso de divorcio, con la especial particularidad de que en el contexto de dicho asunto, subyacía el ejercicio previo del mecanismo de control difuso del artículo 185-A del Código Civil por parte de un juzgado de municipio, que conoció y decidió primigeniamente un proceso de divorcio, cuyo falo de primera instancia fue objeto de anulación por esa Sala, actuando extraordinariamente como segunda instancia, con base en las razones que guardan estrecha vinculación con la norma cuya desaplicación resultó efectuada.
A tales efectos, se cita un extracto de lo decidido sobre este particular por la sentencia de la Sala de Casación Civil cuya revisión constitucional aquí se petición:
“..en el presente caso no se garantizó a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones, por cuanto fue declarada la disolución del vínculo matrimonial en contravención de los artículos 75 y 77 de la Constitución y el artículo 185-A del Código Civil, empleando un procedimiento no establecido por la ley, al haber admitido la apertura de una articulación probatoria no pautada en dicho procedimiento, y haber generado consecuencias no previstas a la situación de hecho planteada, como lo fue el haber declarado el divorcio a pesar de que la cónyuge compareció negando los hechos de la ruptura prolongada de la vida en común.
(...) ... la juez de la recurrida al haber ordenado la apertura de una articulación probatoria en el juicio de divoeeio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil y declarar disuelto el vínculo matrimonial, violentó el debido proceso, ya que tal articulación probatoria no está contemplada en dicha norma.
(...) ... la juez no hizo adecuado uso de las potestades que le otorga la ley, en virtud de que al existir contención de la cónyuge, debió finalizar el proceso de jurisdicción voluntaria iniciado, pues tal contradicción no es caracteristica propia de la misma, sino de un procedimiento contencioso, el cual debía ser conocido conforme a la normativa correspondiente, y no mediante la apertura de una articulación probatoria y posteriormente declarar disuelto el vínculo de esta Sala).
Sobre el particular, considera pertinente esta Sala formular algunas consideraciones sobre la institución del avocamiento y, en ese sentido, se destaca que tal figura se constituye en una herramienta excepcional de la cual se encuentran dotadas -actualmente- todas las Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia (artículo 31.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), con el objeto de remediar o componer causas cuyo desarrollo ha estado apartado de los principios y presupuestos básicos de la función judicial. De alli que su procedencia está condicionada a la plena verificación de graves quebrantamientos formales o sustanciales en la tarea de administrar justicia en sede del tribunal que, de forma ordinaria, le corresponde el conocimiento de la causa en estudio; o bien a la incuestionable verificación de elementos que si bien resultan extraños en sí a la propia función judicial, no obstante, tengan la capacidad de afectar la por la magnitud o trascendencia que adquieran en el foro en que se desarrolla. Se trata de una situación procesal de carácter excepcional, por la cual, tratándose de una causa que curse por ante un tribunal competente conforme a la legislación adjetiva, sin embargo, por razones de elevada estimación o de relevantes consideraciones axiológicas, la Sala respectiva estima "conveniente" privar o sus traer de dicho conocimiento al juez ordinario de instancia que resulte competente con base a los criterios de materia, territorio y cuantía.
Esta posibilidad excepcional que permite a todas las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia conocer y dirimir hechos controvertidos que en condiciones ordinarias no le corresponden -por estar asignadas a la jurisdicción ordinaria-, se solventar graves quebrantamientos tanto de forma como de fondo, capaces de generar vicios censurables en sede de instancia y siempre que sean percibidos sin efectuar un examen exhaustivo sobre la valoración de los actos y etapas procesales. En otras alteraciones del interés colectivo de trascendente magnitud, susceptibles de ser percibidos o advertidos sin mayores rigorismos.
En el caso concreto, las razones empleadas por la Sala de Casación Civil para acordar la figura del avocamiento estuvieron enmarcadas en valoraciones de entidad constitucional y, más concretamente, a pretendidas violaciones constitucionales realizadas por parte del juez de primera instancia —Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas-, al momento de ordenar una articulación probatoria.
En ese sentido, debe observarse que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia lógicamente confió la figura excepcional del avocamiento a esta Sala Constitucional, y no a ninguna de las demás Salas, en aquellos supuestos en donde el orden público constitucional se considerase bajo riesgo o perturbación. Al efecto, el artículo 25.16 eiusdem establece que será exclusiva competencia de la Sala Constitucional: Avocar las causas en las que se presuma violación al orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme". La exclusividad que público constitucional, ya ha sido objeto de análisis en diversos casos, entre los que destaca recientemente la sentapcia n.º 796.20.07.2013 (caso: "elecciones presidenciales 2013").
La Sala de Casación Civil a través de la sentencia decisoria del avocamiento cuya revisión se solicita, expresó, con ponencia conjunta, respecto de la norma objeto de la desaplicación por control difuso (artículo 185-A del Código Civil), lo siguiente:
"De la precitada norma se desprende que cualquiera de los cónyuges podrá solicitar el divorcio alegando ruptura prolongada de la vida en común, siempre y cuando *...hayan permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años...".
Una vez admitida tal solicitud, y citado el otro cónyuge se presentan tres (3) situaciones respecto a la comparecencia o no del mismo, del cual derivan distintas consecuencias:
1.- Si_el cónyuge citado comparece y reconoce el hecho y el fiscal no se opone, el juez declarará el divorcio.
2.- Si el cónyuge no comparece personalmente se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.
3.- Si el cónyuge comparece pero niega el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.
Así pues, conforme al artículo 185-A del Código Civil antes analizado, al haber la cónyuge comparecido y negado el hecho de la separación por más de cinco (5) años, y habiendo el Fiscal del Ministerio Público objetado el mismo, la consecuencia era la declaratoria de terminado el procedimiento y el archivo del expediente". (Subrayados de la decisión original).
Tal como se ha visto, la sentencia de la Sala de Casación Civil cuya revisión se propias de una alzada civil, en su lugar resolvió el fondo de la controversia mediante una interpretación exegética del comentado artículo 185-A del Código Civil en cuanto a sus "tres (3) supuestos". Esto es, la Sala de Casación Civil a pesar de estar "revisando" en la práctica la interpretación que justificó en el Juzgado Vigésimo de Municipio un control difuso, simplemente realizó la interpretación de la norma en el plano legal, no en el constitucional. Asi, en el caso concreto, ha debido la Sala de Casación Civil emitir su decisión de mérito sobre el fondo como juez superior (por el sobre el control difuso efectuado por la primera instancia civil, para lo cual ha debido aplicar la técnica adecuada. Respecto de esto último, la técnica que deben emplear los tribunales de instancia, o las Salas que integran este máximo Tribunal, al momento de emitir pronunciamiento en relación al control difuso de la constitucionalidad, conociendo en alzada de sentencias que lo hayan practicado, esta Sala ha tenido oportunidad de delinear sus elementos.
Asi, desde sus comienzos esta Sala Constitucional, en la determinación de los alcances del mecanismo de control difuso de la constitucionalidad, cuyo origen se encuentra en la decisión adoptada por el Juez Marshall en el conocido caso: Marbury v. Madison, determinó en el caso del ejercicio del control difuso, priva la necesidad de observancia de la Constitución, como norma de rango superior. Al respecto, esta Sala en su sentencia del 25 de abril de 200, caso: José Gregorio Rossi, expuso lo siguiente:
"En el caso de autos, el tribunal de instancia ejerció el llamado control difuso de la Constitución, establecido en el artículo 20 del Codigo de Procedimiento Civil, y hoy presente en la nueva Constitución en el primer aparte del articulo 334.
(...) Los mencionados artículos 20 y 334 transcritos, responden, sin duda, a la llamada supremacía constitucional, formulada originalmente en Alemania - Verfassungskonforme Auslegung del Gesetze- y en los Estados Unidos de América del Norte -obligación de interpretar las leyes in harmony with the Constitution- y que tiene su más acendrada expresión jurisprudencial en la celebérrima decisión del juez Jolan Marshall en el caso Marbury v. Madison, 5
página original (tal como se publicó)

Página 21
U. S. (1 Granch), 137 (1803), de la Corte Suprema del segundo de los países nombrados, de cuyo texto conviene, a los fines de resolver el caso, citar las siguientes líneas:
‘Aquellos que aplican las normas a casos particulares, deben necesariamente exponer e interpretar aquella regla (.) de manera que si una Ley se encuentra en oposición a la Constitución (.) la Corte debe determinar cuál de las reglas en conflicto debe regir el caso: esta es la real esencia del deber judicial. Si en consecuencia, los tribunales deben ver la Constitución, y la Constitución es superior a cualquier acto ordinario de la Legislatura, es la Constitución, y no tal acto ordinario, la que debe regir el caso al cual ambas se aplican.' En la doctrina constitucional, la supremacía constitucional se resuelve en varios medios de protección, entre los cuales se cuenta precisamente el utilizado por el sentenciador de instancia, llamado control difuso de la Constitución. Dicho medio consiste en la potestad que se reserva a los órganos judiciales de examinar las leyes de las cuales deba valerse para dar solución a un asunto concreto sometido a su dictamen, debiendo e n e e e e e flagrantemente contradigan la Constitución, por cuanto la consecuencia inmediata y lógica del principio de la supremacía constitucional, es el de que todo acto que la desvirtúe es nulo, variando, no obstante, los medios por los cuales se hace valer tal anomalía". (Resaltado de de la presente decisión).
Por ende, en lo que concierne al mecanismo del control difuso y a su técnica, la determinación de las reglas juridicas que privaban en el caso del examen de constitucionalidad del articulo 185-A del Código Civil, implicaba el deber para el juez de buscar todas las interpretaciones posibles de una norma legal y, proceder a contrastarlas con la norma constitucional. El control difuso debe salvaguardar la presunción de constitucionalidad de toda norma legal que ha sido dictada por los excepcional); razón por la cual, el juez debe realizar todo esfuerzo interpretativo que haga compatible la norma legal con la norma constitucional.
Sin embargo, la sentencia de la Sala de Casación Civil cuya revisión se trata, además de circunscribir la interpretación de la norma contenida en el artículo 185-A del Código Civil a "tres (3) supuestos" literales, no efectuó ese contraste entre sus interpretaciones y la eventual contradicción con la Norma Suprema. El análisis de la Sala de Casación Civil se limitó a señalar que los “tres (3) supuestos" del mencionado artículo 185-A del Código Civil, concluyendo que no daban lugar a la articulación procedimiento no previsto en la ley," lo que resultó en la violación constitucional de los derechos de la parte cuyo avocamiento fue declarado procedente.
En suma, no hubo en ese análisis ningún contraste entre el artículo 185-A del Código Civil y el Texto Fundamental, a pesar que la Sala de Casación Civil estaba actuando en pretendido control de la interpretación de una decisión del varias veces mencionado Juzgado Vigésimo de Municipio, en el contexto del conocimiento y decisión de una solicitud de avocamiento y, cuando, precisamente, era esa interpretación de instancia un auténtico e incuestionable ejercicio de un “control difuso de la constitucionalidad".
Por las razones antes expuestas, esta Sala declara que ha lugar la revisión de la sentencia AVC.000752, con ponencia conjunta, dictada y publicada el 9 de diciembre de 2013 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que, en consecuencia, se declara nula. Así se decide.
Corresponde de seguidas, precisar los efectos de la revisión efectuada en el presente caso, para lo cual, debe hacerse referencia al contenido del artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual dispone:
la Sala Constitucional determinará los efectos inmediatos de su decisión y podrá reenviar la controversia a la Sala o tribunal respectivo o conocer la causa, siempre que el motivo que haya generado la revisión constitucional sea de mero derecho y no suponga una nueva actividad probatoria; o que la Sala pondere que el reenvio pueda significar una dilación inútil o indebida, cuando se trate de un vicio que pueda subsanarse con la sola decisión que sea dictada".
En el presente caso, la Sala decide hacer uso de la facultad prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, debe referirse que desde antes de la promulgación de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en aras de evitar reposiciones inútiles o indebidas, esta Sala Constitucional ha entrado a conocer del mérito de las causas en ejercicio de su facultad discrecional y extraordinaria de revisión constitucional, siempre y cuando las situaciones que se presenten en las mismas versen sobre aspectos de mero derecho y que no requieran de una nueva actividad probatoria (sentencias n.º 2.973/10.10.2005, caso: "Halliburton"; n.º 1460/27.07.2006, caso: Contraloria General de la República;
y n.º 2.423/18.12.2006, caso: Pride International, C.A.).
consagró a partir del ya citado articulo 35 eiusdem, el referido supuesto extraordinario a través del cual, la Sala asume para sí el conocimiento de las causas que traten sobre la resolución de aspectos de mero derecho, siempre que no exista necesidad de llevar a cabo actividad probatoria destinada a la clasificación y resolución de la causa que se trate; ello, tal y como así lo ha hecho recientemente en diversas decisiones, entre las cuales se encuentran las recaídas en las sentencias n.° 1.235/14.08.2012, (Caso: Ana Victoria Uribe), n.° 1.043/29.07.2013 (caso: Banco Industrial de Venezuela), n.° 1.316/08.10. 2013 (caso: Osmar Buitrago Rodriguez y otro), n.° 1.674/29.11.2013 (caso: Vale Canjeable Ticketven, C.A.), entre otras.
Por lo anteriormente expuesto, esta Sala estima que efectuar un reenvío a la Sala de Casación Civil o al Tribunal Superior Octavo en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para que se dicte nueva decisión, resultaría modo alguno resultó afectado por la declaratoria contenida en la presente solicitud de revisión constitucional; y, por cuanto si bien ha quedado resuelta la cuestión de mero derecho circunscrita a la validez de la apertura de la articulación probatoria regulada en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala de la revisión de las actas de la causa civil ha podido verificar que ha quedado probado en autos que el demandante -ahora solicitante- demostró que ha permanecido separado de hecho por más de cinco (5) años de su cónyuge, tal como lo indicó el juzgado que conoció en primera instancia y declaró el divorcio.
En tal sentido, esta Sala Constitucional, en los casos que ha tenido lugar el ejercicio de su potestad de revisión constitucional al anular sentencias de otras Salas de este Máximo Tribunal, que han resuelto el mérito de solicitudes de avocamiento, ha declarado por via de consecuencia la validez juridica de las decisiones que han precedido y subsistido en tales procesos judiciales (Vgr. sentencia n.° 1.082 del 25 de julio de 2012, caso: Marisela de Abreu Rodriguez), ante lo cual, por razones de celeridad y economía procesal de conformidad con lo previsto en los articulos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara ajustada a Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de mayo de 2013, que declaró con lugar la solicitud de divorcio formulada por el ciudadano Victor José de Jesús Vargas Irausquín, contra la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas, ambos identificados, por lo que se declara sin lugar la apelación intentada contra dicho por haber resuelto la causa esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia, definitivamente firme el fallo apelado. Así se decide.
Finalmente, vista la declaratoria de nulidad de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del 9 de diciembre de 2013, antes identificada, y la declaratoria de firmeza del fallo dictado por el mencionado Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se deja sin efecto alguno la declaratoria de error inexcusable efectuada en la decisión de la Sala de Casación Civil y, en consecuencia, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoria General de Tribunales y al Ministerio Público a fin de que pongan fin a la investigación correspondiente, en el supuesto de haberla iniciado.
v DECISIÓN Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara:
PRIMERO: Se declara COMPETENTE para conocer de la presente solicitud de revisión.
SEGUNDO: Que HA LUGAR la revisión de la sentencia siglas y números AVC.000752 dictada y publicada el 9 de diciembre de 2013 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, planteada por los apoderados judiciales del ciudadano VICTOR JOSÉ DE JESÚS VARGAS IRAUSQUÍN; sentencia que se ANULA, al igual que los actos posteriores realizados en consecución de la misma.
TERCERO: Se fija con carácter vinculante el criterio contenido en el presente fallo respecto al artículo 185-A del Código Civil y, en consecuencia, se ORDENA la publicación integra del presente fallo en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, así como en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: "Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo
página original (tal como se publicó)

Página 22
establecido en el articulo 607 del Código de Procedimiento Civil y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario.
se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente".
CUARTO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por la representación judicial de la prenombrada ciudadana contra el referido fallo del Juzgado Vigésimo de Municipio y, en consecuencia, definitivamente FIRME dicha sentencia, que declaró con lugar la demanda de divorcio que interpuso el ciudadano Victor José de Jesús Vargas Irausquin contra la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas. Vista la anterior declaratoria se condena en costas a la parte apelante, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
QUINTO: Se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales y al Ministerio Público a fin de que pongan fin a la investigación ordenada en la sentencia AVC.000752 dictada y publicada el 9 de diciembre de 2013 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la declaratoria de nulidad de dicho fallo.
Publiquese, regístrese y remitase copia certificada del presente fallo a la Sala de Casación Civil, al Juzgado Superior Octavo en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y al Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los- (/S) días del mes de mayo de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARIAGUHÉR
El Vicepresidente, ammol- FRANCISCO CARRASEROLÓPEZ Los Magis grados,
LUISAMRALES LAMUNO
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES Ponente
JUAN JOSÉMENDOZA JOVER El Sechetario, JOßÉ LEONARDO REQUENA CABELLO ADR.- Expediente n.° 14-0094 Quien suscribe, Magistrada Luisa Estella Morales Lamuão, conforme a la atribución que le reconoce el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, presenta el voto concurrente que sigue respecto del fallo que antecede, en el cual la mayoría sentenciadora procedió a conocer directamente de la solicitud de revisión planteada para declarar seguidamente la nulidad de dicho fallo en el contexto de la interpretación constitucionalizante formulada.
Al respecto, quien aquí concurre debe advertir que la Sala desde el punto de vista procedimental, debió conocer en primer lugar de la desaplicación del control difuso de la parte in fine del artículo 185-A del Código Civil, que hiciera el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y a partir de tales consideraciones, fijar el criterio vinculante respecto de la interpretación del artículo 185-A del Código Civil, por constituir una cuestión de orden público constitucional.
En tal sentido, se estima oportuno reiterar que la Sala en diversas oportunidades ha sostenido el criterio contenido en la sentencia N° 2.290 del 18 de diciembre de 2007, en el que señaló que: "(..) el pronunciamiento que se efectúe por parte de esta Sala Constitucional sobre control difuso aplicado en determinada sentencia, tiene prelación, a cualquier medio extraordinario de control que se ejerza sobre la licitud de la referida sentencia, pues se trata como refiere el articulo 5 numeral 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de un análisis general y abstracto de la constitucionalidad de la norma previamente desaplicada que interesa al orden público general, y no de la constitucionalidad de la sentencia como tal, que sólo tendrá incidencia en el caso en concreto (...)" (Destacado añadido).
Queda asi expresado el criterio concurrente de la Magistrada que suscribe.
La Presidenta de la Sala,
GLADYS MARIA GUTIERREZ ALVARADO
El Vicepresidente, famy/.
FRANCISCO ANTONTO OARRASQUERO LÓPEZ
Los Magistrados, LOISALESEAORAES LAMUÑO Magistrada Concusrente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Pemtmeetkul CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES Ponente
JUAN JOSÉMENDOZA JOVER
El Secretario, CONARDO REQUENA CABELLO Exp. N° 14-0094 LEML
página original (tal como se publicó)

Página 23
REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 19 de mayo de 2014 N° DDPG-2014-225 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJo, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 10, ejusdem, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene a su cargo la dirección y supervisión de esta institución.
CONSIDERANDO Que mediante Acuerdo de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.384, de la misma fecha, reimpreso por error material, y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, la Asamblea Nacional designó a la Defensora Pública General y sus dos (2) suplentes, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que en virtud de la renuncia de la anterior Defensora Pública General, la Asamblea Nacional encargó al primer suplente como Defensor Público General Encargado.
CONSIDERANDO Que por motivos institucionales, el Defensor Público General Encargado debe asistir en calidad de Coordinador a la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur, que tendrá lugar en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, durante los días jueves (22) y viernes (23) de mayo de 2014.
CONSIDERANDO Que en virtud de la referida ausencia temporal se hace necesario que la Abog. CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.960.029, en su carácter de segunda suplente, asuma la dirección y responsabilidad de la Defensa Pública durante el lapso antes señalado.
RESUELVE PRIMERQ: CONVOCAR a la AbOg. CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS, titular de la cédula de identidad N° V-6.960.029, para que, en su condición de Segunda Suplente, AsUMA las funciones relacionadas con la dirección y responsabilidad de la Defensa Pública, a partir del día miércoles (21) hasta el día viernes (23) de mayo de 2014, ambas fechas inclusive.
SEGunDQ: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, AbOg. CIRO RAMÓN GRAUJO DEFENSOR BÚBLICO GENERAL (E) o e e o r o 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oncal de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.782, de la misma fecha
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 19 de mayo de 2014 N° DDPG-2014-226 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJo, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3.de. la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el Artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a Ia CiUdadana DRISLEY PASTORA TRIANA PIÑER0, titular de la. cédula de identidad N° V-10.124.089, quien funge como Jefa de la División Técnica de la Coordinación de Recursos Humanos, como Coordinadora Encargada, en esa misma Coordinación, desde el día miércoles veintiuno (21) hasta el día viernes veintitrés (23) de mayo de 2014.
SEGUnDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y publíquese, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Asambiea Nacianal, de fecha 20 de octubre de 2011, pubicado en la Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezueia Nº 39.782, de la misma fecha
MINISTRO DE ESTADO PARA LA TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DE LA GRAN CARACAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA -"* SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS **
Diescises (16) de Mayo del dos mil catorce (2014) 204° y 155° El anterior documento fue redactado por el(la) Abg. CRISTOBAL GLYNN FRANCIS FERREIRA inscrito(a) en el Inpreabogado No. 14351; identificado con el Número 214.2014.2.899, de fecha 14/05/2014. Planilla PUB. N° 21421470899 de fecha 14/05/2014 por Bs.0,00. Presentado para su regIStro pOr CRISKELLYN ENIBETH FARIAS DE GUTIERREZ, CÉDULA N° V-13.608.615.
original por sU(s) otorgante(s) ante mi y los testigos NORELVIS SOLEDAD TERAN VICTOR A y MARCELLA ZAMBRANO MONSALVE con CÉDULA N° V-23.782.044 y CÉDULA N° V-6.533.755. La Revisión Legal fue realizada por el(la) Abg. ANGELICA MARIA VARGAs Revisión de Prohibiciones fue realizada por YENNY MARGARITA ROJAS BLANCO, con cÉDULA N° V-12.916.185.La identificación de (los) Otorgante(s) fue efectuada así:
CRISKELLYN ENIBETH FARIAS DE GUTIERREZ, nacionalidad VENEZOLANA, estado civil CASADO, CÉDULA N° V-13.608.615. Los ReCaUdos COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DEL OFICIO 0138 DE FECHA 26/02/2014, COPIAS DE LAS GACETAS OFICIALES NOS* 40.311. 40.312, 40.016 Y 40.330 DE FECHAS 09/12/2013. 10/12/2013, 26/09/2012 Y 09/01/2014 y COPIA DEL REGI$TRO DE INFORMACIÓN FISCAL N° G200091878 agregados al Cuaderno de Comprobantes bajo los números 5419, 5420, 5421 y 5422 y folios 7018-7018, 7019-7019, 7020-7039 y 7040-7040 respectivamente. Este documento quedó Transcripción del presente año respectivamente. Este documento quedó otorgado en esta oficina a las 09:20 a.m.
El Otorgant J-13608615 dui Lyatut Abg. Luis Alberto Motute Vásquez Registrador Público del 1º Circuito unicinin ihrtedor Del Distrito Capitol Los Testigos;
página original (tal como se publicó)

Página 24
GZUELA Yo, ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK, venezolano, titulareaedulade Revolucionaria de la Gran Caracas, según consta en el Decreto N° 642 de fecha 09 de Diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.311 de la misma fecha, y en mi carácter de Presidente de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.), designado mediante Resolución N° 066-13, de fecha 10 de Diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.312 de la misma fecha, por el presente documento declaró:
que a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto N° 704 de fecha 19 de Venezuela N° 40.330 de fecha 9 de enero de 2014, en Asamblea General extraordinaria del Consejo Directivo de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (OPPPE), celebrada en fecha 28 de abril de 2014, se sometió a consideración el siguiente punto: PUNTO ÚNICO: Reforma de los Estatutos Sociales de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.). cuyos Estatutos Sociales se encuentran debidamente Libertador del Distrito Capital, bajo el N° 37, Folio 166 del Tomo 1 del Protocolo de Transcripción del 10 de enero de 2011, y fueron debidamente publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.016, de fecha 26 de septiembre de 2012. Considerada la Agenda antes mencionada, fue aprobada por unanimidad. Quedando redactada el Acta Constitutiva-Estatutaria de la siguiente manera:
CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, DURACIÓN, OBJETO Y DOMICILIO CLÁUSULA PRIMERA: La Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.), es una Fundación de Estado, sin fines de nn nu e ten en n n tutelar y estatutario del Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. -- Presidente de la República decida su intervención, supresión y liquidación de conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.-- CLÁUSULA TERCERA: La Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.). tendrá por objeto proponer, coordinar, planificar, ejecutar todo tipo de planes y acciones, encaminados a impulsar el desarrollo urbanístico, arquitectónico y paisajista de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, que permitan influir suficientemente en la realidad del pais en estas áreas, en aras de la armonización del sujeto social y el entorno en el cual se desarrolla, mejorando así la calidad de vida de los habitantes y visitantes de la República Bolivariana de Venezuela, de forma autónoma y en coordinación con los distintos niveles de gobierno.-.
CLÁUSULA CUARTA: Para el cumplimiento del objeto de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.). promoverá las del pueblo en la formulación, ejecución y control de su gestión, orientada a la construcción de una sociedad socialista, en aplicación del Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013- 2019, así como de los lineamientos, politicas, y planes emanados de la Comisión Central de Planificación.--- CLAUSULA QUINTA: La organización, actividad y funcionamiento de la simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de las formas, equidad, inclusión social y justicia.-..
CLÁUSULA SEXTA: La Fundación "Oficina Presidencial de Planes Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.), en cumplimiento de su objeto, actuará en Ppios de una sociedad socialista basada en la justicia, la iguala CARACAS solidaridad.- LÁUSULA SÉPTIMA: El domicilio de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.). es la ciudad de Caracas, cuya dirección es la Avenida Urdaneta, Edificio Palacio Blanco Piso 3, Parroquia Altagracia; pudiendo establecer otras oficinas y dependencias dentro y fuera del territorio nacional, previa aprobación del Consejo Directivo.
CAPÍTULO II DEL PATRIMONIO CLÁUSULA OCTAVA: El patrimonio de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.), está constituido por.
1. El aporte inicial de cien por ciento (100%) de los bienes muebies e EN-UELA inmuebles propiedad de la Fundación * Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales", que le sean transferidos, previo cumplimiento de las formalidades legales.-- extraordinarios que le asigne el Ejecutivo Nacional.-.
3. Las asignaciones modificadas provenientes de los recursos originalmente aprobados en la Ley de Presupuesto que le hubieren sido otorgados a la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales".
4. Los bienes, derechos y acciones de cualquier naturaleza que le sean transferidos, adscritos o asignados por el Ejecutivo Nacional.-- Estatutaria y el Reglamento Interno de la Fundación.-- 6. Donaciones, legados, aportes, subvenciones y demás liberalidades que reciba de personas naturales o jurídicas nacionales e intemacionales. de carácter público o privado.--.
:
7. Otros aportes, ingresos o bienes que se destinen al cumplimiento de su objeto, que se adquieran por cualquier otro título legalmente valido.adscripción, de las donaciones, aportes, bienes y derechos adquiridos transmitidos por cualquier causa, asi como de los ingresos provenientes de s gestión; sin perjuicio de las atribuciones y competencias del órgano de adscripción. Las donaciones realizadas por cualquier persona natural o juridica, en la dirección, administración y funcionamiento de la fundación.
CAPÍTULO III DEL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN CLÁUSULA NOVENA: El Ministro de Estado para la Transformación tutelar de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.), sin embargo, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la Gestión de Gobierno continuará su funcionamiento, el cual ejercerá la tutela del sistema nacional de control fiscal.
El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, podrá ejercer, además de las atribuciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y sus reglamentos, las siguientes:--- 1. Fijar políticas generales que conduzcan a la orientación de planes, ordenanzas, proyectos de diseño urbano y acciones urbanísticos que los distintos niveles de gobierno dicten o lleven a cabo en la Gran Caracas, de conformidad coni la normativa lega.-.
2. Fijar estrategias que permitan que los programas, proyectos y acciones de Indole urbanística de todos los entes del Gobierno Nacional para la Gran Caracas, se elaboren y lleven a cabo de manera coordinada y planificada.
3. Proponer pianes y acciones urbanísticos para ser ejecutadas por los/ distintos organismos..
4. Hacer seguimiento y velar por el cumplimiento de los objetivos de Fundación.- 5. Establecer las políticas de uso y administración de los ingresos derivados de las actividades de la Fundación.-- 6. Autorizar la aceptación o no de las donaciones o aport Fundación.-..
7. Autorizar la aceptación o no la enajenación o gravamen de losbismesde Fundación, sin perjuicio del cumplimiento de los trámitesegateaeco $$ 8. Establecer politicas de control de la ejecución del presupuesto para que 9. Requerir, en cualquier momento a la Fundación, la Información administrativa y financiera de su gestión, entre otros, los referidos a los ingresos derivados de sus actividades y gestión.-- 10. Definir, evaluar y controlar las políticas y medidas en materia de personal, con sujeción a las atribuciones del Ejecutivo Nacional y de los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de planificación, especialmente en lo referido a la aprobación de las remuneraciones, beneficios sociales, gratificaciones, incentivos, emulaciones, primas y otras ENEZ de naturaleza similar.-
página original (tal como se publicó)

Página 25
Recomendar, cuando asi lo estime conveniente, comisarios especiales, auditores y auditoras, revisores o revisoras contables con amplias facultades para examinar y evaluar a la Fundación.-- Remitir al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Y2.
finanzas, durante el primer trimestre de cada año, el informe y cuenta anual de la Fundación.-- tenor de lo que disponga el ordenamiento jurídico aplicable.--
CAPÍTULO IV DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DIRECTIVO CLÁUSULA DÉCIMA: La Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Eapeciales" (O.P.P.P.E.) tendrá un Consejo Directivo conformado Por tres (03) miembros, a saber: El Presidente o Presidenta de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE): un (1) representante del Ministro o Ministra del Poder Popular del Despacho de respectivas suplentes.- nombramiento y remoción por el Ministro o Ministra designante.
establecido en la legislación aplicable, el Acta Constitutiva Estatutaria y el Reglamento Interno de la Fundación.--- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: El Consejo Directivo de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.) tendrá las siguientes atribuciones: -- 1. Aprobar las propuestas de politicas, planes y programas de la Fundación, 2. Aprobar las propuestas de normas técnicas sobre organización funcionamiento de la Fundación.-- 3. Aprobar el Reglamento Interno de la Fundación.- 4. Aprobar la propuesta del Plan Operativo Anual Institucional y lPp.
presupuesto de la Fundación, a ser presentada a consideración del órgano de adscripción.- 5. Aprobar la clasificación de los cargos de dirección o administración de la 6. Aprobar el informe anual de resultados, el informe anual de gestión, la memoria y cuenta y los estados financieros, asi como cualquier otro instrumento de control de gestión. -- 7. Aprobar la propuesta de modificación de Estatutos de la Fundación, previa consideración del órgano de adscripción, para su respectiva autorización.
8. Aceptar o rechazar las donaciones y aportes que se hagan a la Fundación, previa autorización del órgano de adscripción.
9. Enajenar y gravar los bienes que conforman su patrimonio, previa/ autorización expresa del órgano de adscripción, y cumplimiento de los:
trámites legales al efecto.- 10. Considerar puntos de cuentas e informes periódicos de la ejecución y desarrollo de la politica, planes y programas de la Fundación.- 11. Considerar las materias de interés que sean presentadas por el Presidente o Presidenta de la Fundación o cualquiera de sus integrantes.- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La Fundación "Ofiqig rgadagcial Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.) participarcactivameg actividades que realice el Ministro de Estado para las Transtosfiación Revolucionaria de la Gran Caracas.-- RAC CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Las sesiones del Consejo Directivo de la Fundación serán ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán por lo menos una vez (01) al mes o cuando así lo requiera el Presidente o Presidenta de la Fundación. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidenta o Presidenta de la Fundacion.-- Las convocatorias para las sesiones ordinarias del Consejo Directivo de la e n ee e n nm n e n nn puntos a tratar.-- De todas las sesiones se levantarán actas que deberán ser suscritas por los y las integrantes del Consejo Directivo presentes y a tal efecto, se llevara un Libro de qLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Para la validez de las sesiones y simple.- De existir conflictos de intereses con la materia considerada en la sesión, el integrante deberá manifestarlo expresamente y abstenerse de intervenir en las deliberaciones y en la votación, dejando constancia en acta lo correspondiente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Las faltas temporales del Presidente o Presidenta suplente.-- En caso de falta absoluta del Presidente o Presidenta de la Fundación, asumirá como Presidente o Presidenta, en condición de encargado o encargada, el vicepresidente o Vicepresidenta. El Minlstro de Estado para la Transformación Revplucionaria de la Gran Caracas, hará la designación correspondiente.
En este caso, para el adecuado funcionamiento del Consejo Directivo, se entenderá por falta absoluta: la renuncia, la ausencia sin justa causa a más de tres (03) sesiones consecutivas del Consejo Directivo, la muerte; o la discapacidad total o permanente.--..
SECCIÓN SEGUNDA DEL PRESIDENTA O PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: El Presidente o Presidenta de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.) tiene las siguientes atribuciones: ..
1. Ejercer la máxima dirección, administración y representación legal de la Fundación, otorgando poderes judiciales y extrajudiciales a que haya lugar.
2. Celebrar contratos y convenios de obras, servicios y adquisición de bienes, así como todos los actos vinculados con el objeto de la Fundación, según la recomendación emitida por la Comisión de Contrataciones de la Fundación, si fuera el caso.-- REPLUD.
4. Convocar, asistir y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de Consejo Directivo.-.
5. Presentar a consideración del Consejo Directivo las propuestas de políticas, planes y programas de la Fundación, Reglamento Interno, normas técnicas de organización y funcionamiento, Plan Operativo Anual Institucional y presupuesto de la Fundación.--.
6. Ejercer la máxima autoridad en materia de relaciones laborales, en ejercicio de las atribuciones y potestades establecidas en la legislación sobre la materia.-.
7. Designar a los y las integrantes de la Comisión de Contrataciones, conforme a la ley que regula la materia.-- 8. Abrir y movilizar cuentas bancarias con dos (02) firmas conjuntas, tipo "A" y tipo "B".-- 9. Autorizar la firma o suscripción de los actos juridicos que le corresponda, previo cumplimiento de las formalidades legales.-- 10. Presentar cuentas y todos los informes que sean requeridos por el órgano de adscripción.- 11. Establecer y mantener un sistema de control inféno" naturaleza, estructura y fines de la Fundación.- Mantener informado a los trabajadores y trabajadoras y su Co forma periódica, sobre la gestión y los proyectos de la Fundaciéa Las demás que le atribuya el ordenamiento juridico vigente.-- SECCIÓN TERCERA DEL VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.: EI Vicepresidente o Vicepresidenta de la (O.P.P.P.E.), tiene las siguientes atribuciones: - del Presidente o Presidenta de la Fundación.- 2. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con derecho a voz.--- 3. Levantar las actas de las sesiones del Consejo Directivo y hacerlas copiar en los libros destinados ai efecto; dar certificación de las mismas y de los demás documentos que reposan en los archivos de la Fundación.-- $$ las integrantes principales y suplentes del Consejo Directivo.- 5. Rendir cuenta al Consejo Directivo de la gestión que le encomiende el Presidente o Presidenta de la Fundación.--.
página original (tal como se publicó)

Página 26
6. Mantener la interrelación entre la Presidencia de la Fundación, con los y las integrantes de las distintas dependencias de la Fundación, a fin de gestión.-- 7. Colaborar y apoyar al Presidente o Presidenta de la Fundación en la gestión diaria.- 8. Cooperar con el Presidente o Presidenta de la Fundación a cumplir las politicas, planes y programas, asi como las normas técnicas de organización y funcionamiento de la misma.-- 9. Colaborar en la administración de los recursos financieros presupuestarios.--- 10. Supervisar la formulación y elaboración de la propuesta del Pa Operativo Anual Institucional y del presupuesto de la Fundación.- 11. Firmar, previa autorización expresa del Presidente o la Presidenta Fundación, los documentos o contratos en los casos que futerev necesario.-- 12. Considerar las propuestas de ingreso del personal y hacer las observaciones que estime convenientes.- 13. Proponer recomendaciones y efectuar las medidas administrativas que sean convenientes para l efectivo cumplimiento de los objetivos planteados en materia de proyectos, ejecución de obras y contrataciones.s.-..
14. Recibir las cuentas e informes que sean presentados por las Direcciones, Oficinas, Coordinaciones o Unidades de la Fundación.
15. Las demás que establezcan el Consejo Directivo, el Presidente (a) de la Fundación, las leyes, decretos y reglamentos.-
CAPÍTULO V DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.) contará con una Oficina de Auditoria Intema, que se encargará de efectuar el examen posterior, objetivo y sistemático y profesional de las actividades administrativas y estados financieros de la Fundación. Dicho examen se hará con el fin de evaluar, verificar y elaborar informes contentivos de observaciones, conclusiones y dictámenes.-- La Oficina de Auditoria Interna de la Fundación actuará bajo la responsabilidad y Dirección del Auditor Interno o Auditora Interna, quien será designado o designada mediante concurso público, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
CAPÍTULO VI DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: La Fundación contará con una Oficina de Atención al Ciudadano, cuyo funcionamiento estará regulado en el Reglamento Interno de la misma.--.
CAPÍTULO VII DE LA OFICINA DE BIENES NACIOÑALES CLÁUSULA VIGESIMA: La Fundación contará con una instancia administrativa CARACAS como unidad responsable de los bienes públicos pertenecientes aia-misma, cuyo funcionamiento estará regulado de conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Vaior y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos en la materia relativa a la adquisición, uso mantenimiento, registro y disposición de los bienes y en el Reglamento Interno de la referida Fundación.--
CAPÍTULO VIII DEL PERSONAL CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: El personal de la Fundación estará integrado por los trabajadores y trabajadoras necesarios para los cumplimientos de sus fines conforme a lo que establezca el Reglamento Interno, los cuales se regirán por la legislación laboral ordinaria.-...
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Conforme a la legislación laboral ordinaria, Consejo Directivo, conforme a los principios de justicia, igualdad y solidaridad.
CAPÍTULO IX / DEL EJERCICIO ECONÓMICO CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: La elaboración y ejecución del presupuesto de la Fundación estará sujeto a las disposiciones establecidas en ley que regula la materia y demás normativas aplicables.---.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: El ejercicio económico de la Fundación se inicia el primero (1º) de enero de cada año y culmina el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año, fecha en la cual se rendirán las cuentas, se elaborará el balance general y el informe de gestión, todo lo cual se remitirá los primeros treinta (30) días de cada año.-- CAPÍTULO X DE LA RESPONSABILIDAD COMUNAL CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: La Fundación "Oficina Presidencial mecanismos dirigidos a incentivar y reconocer el trabajo voluntario de las personas en sus comunidades. Asimismo, adoptará las medidas para incentivar y reconocer el trabajo voluntario de sus trabajadores y trabajadoras a favor de las comunidades y la consolidación del Poder Popular.-- CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: La Fundación "Oficina Presidenclal de Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.k.), en desarrollo del deber de solidaridad y responsabilidad social, establecerá una cláusula de Responsabilidad Comunal dentro de los contratos, convenios y acuerdos de conformidad con la Ley de Contrataciones Públicas, a los fines de garantizar que los contratantes realicen acciones que beneficien a las comunidades en donde desarrollen sus actividades, de conformidad con los lineamientos y orientaciones que adopte el Consejo Directivo.—-
CAPÍTULO XI DE LA SUPRESIÓN CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: La modificación, supresión o liquidación de la Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en las demás normativas que le sean aplicables. -- CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: Una vez cumplida la supresión de la Fundación, los bienes pasarán a la orden de la República Bolivariana de Consejo de Ministros.-- CAPÍTULO XII DISPOSICIONES FINALES Civil y demás normas aplicables, y por las directrices, instrucciones y lineamientos impartidos por el Ministro de Estado para la Transformación Reviu aria de la Gran Caracas.--- SEGuNDA: De conformidad con lo dispuesto en el ordinal tercefódeiarticulo 19 n n e n n u en en efecto.- Planes y Proyectos Especiales" (O.P.P.P.E.), quedara conformado como sigue:
PRESIDENTE: ciudadano ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK, V- 9.487.963;
ciudadano JULIO CESAR AGUILAR RONDÓN, V- N°11.991.296, Representante por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y ciudadano JOSÉ ALEJANDRO ARANGUREN, V- N° 14.329.126, Representante del Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. Los respectivos suplentes serán designados Ju ta Di ctiva.- Forma parte integrante de este Documerel reN85 de fecha siete (07) de enero de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la Bepública Bolivariana de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.613, de fecha 10 de febrero de 2011 y el Decreto N°704 del 19 de diciembre de 2013 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 del 09 de enero de 2014, con el propósito que sea agregado al respectivo Cuademo de Comprobantes. -- Finalmente, de manera unánime se aprobó autorizar al ciudadana CRISKELLYN ENIBETH FARIAS ROMERO, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- protocolización y certificación de la presente Acta ante el Registro Público del con las formalidades legales del caso. Por último, una vez protocolizada la presente Acta se procederá de conformidad con el articulo 111 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública para su ---.
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. No existiendo otro punto que tratar se da por concluida la Asamblea y se levanta la presente Acta donde firman los presentes en señal de su conformidad y aprobación, ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK, V- 9.487.963 (Fdo.) JULIO
página original (tal como se publicó)

Página 27
CESAR AGUILAR RONDÓN, V- N°11.991.296 (Fdo.) JOSÉ ALEJANDRO ARANGUREN, V- N° 14.329.126. (Fdo.). Y yo, CRISKELLYN ENIBETH FARIAS ROMERO, anteriormente identificada, certifico que la anterior Acta es copia fiel y exacta de su original que se encuentra transcrita en el Libro de Actas.- En la ciudad de Caracas, a la fecha de su protocolización.
J-13608615:
CONSEJO LEGISLATIVO DELESTADOARAGUA República Biivariana de Venezueia Coneejo Legialalivo del Esiado Aragua CONSULTORIA JURIDICA Rif-G-20100017-4 N°001/11
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA
En el uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 162 de la Constiución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el articulo 82 de la Constitución del Estado Aragua ordinal 1, aunado con lo preceptuado en el articulo 22 ordinal 8, de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, articulo 5 de la Ley del Estatu:o de La Función Pública, en relación a lo dispuesto por el Parágrafo Segundo, ordinal 2 del articulo 19 del Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo del Estado Aragua vigente.
CONSIDERANDO Que son atribuciones de esta Presidenta dirigir, evaluar y coordinar la administración del personal del Ente legislativo.
CONSIDERANDO aQue la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que la Jubilación nforme a la ley es un caso de-retiro de la Administración Pública.
CONSIDERANDO 7 dando cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto Presidencial Que o. 4.107, publicado en Gaceta Oficial Nro. 38.323 de fecha 28 de Noviembre el 2005, el cual establece las "Normas que regulan la tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Empleados que prestan servicio en la Administración. Pública Nacional, Estadal y Municipal y para los Obreros dependientes del Sector Publico" en virtud del cual la funcionaria ANGELICA .ROSA MACHADO VARGAS, titular de la cedula de Identidad Nro. V-12.143.980 realizó solicitud formal ante esta Presidencia, de que le fuese concedido el beneficio de Jubilación Especial.
CONSIDERANDO Que este organismo comenzó el estudio y análisis de la procedencia de la solicitud de Jubilación Especial, tomando en cuenta edad, tiempo de servicio, circunstancias de salud y/o sociales, además de existir para ese momento en la aprobado según Acuerdo de Cámara Nro. 4800 publicado en Gaceta Oficial de fecha 10 de Julio de 2009 y Resolución 0109 publicada en Gaceta Oficial Nro.
4945, de fecha 17 de Diciembre de 2009, dirigido a fortalecer la capacidad de gestión y acción de este Cuerpo Legislativo, en función de consolidar el Poder Popular, realizado y fundamentado en el articulo 78, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública donde la aplicación del procedimiento, derogó la Organización Administrativa que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, y el Primero (01) de Enero de 2010 entró en vigencia e nuevo Organigrama Institucional que nos rige.
CONSIDERANDO Que este organismo a través de la Dirección de Recursos Humanos, procedió a remitir el expediente respectivo al MINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARRoLLo ( MINPADES) con todos los recaudos necesarios, a os fines de que el ministerio procediera a la revisión, análisis y verificación correspondiente del cumplimiento de los extremos de ley y que Vicepresidencia de la Republica, comprobara los años de servicio, y verificara si existen para el caso en concreto las razones de hecho y de derecho para la procedencia de la solicitud interpuesta, respetándose de esta manera, con los Derechos Legales y Constitucionales del Funcionario y Funcionaria Público solicitante.
CONSIDERANDO Que en fecha 15 de Diciembre del 2010, esta presidencia recibió Oficio Nro. F-2711-00640, emanado del Ciudadano Jorge Giordani en su carácter de Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, donde se nos notifica que la ciudadana que fue debidamente aprobada la solicitud de Jubilación Especial por parte del Ciudadano Vicepresidente de la Republica Elías Jaua según Punto de Cuenta Nro. 31 Oficio 00507 de fecha 08/10/2010 según Decisión de fecha 03/11/2010.
RESUELVE ARTicuLo 1. En virtud de lo anteriormente expuesto, a partir de la presente que cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos exigidos para el otorgamiento del beneficio de la Jubilación Especial de acuerdo a la normativa legal aplicable.
ARTIcuLo 2. Esta Resolución debe ser publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela conforme a lo dispuesto en el Articulo 6° de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional de los Estados y Municipios.
ARTIcuLo 3. El monto de la Jubilación Especial concedida corresponde al 40% del último sueldo devengado por la mencionada ciudadana lo que equivale a la Cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE CON DIESISEIS CENTIMos (Bs. 619,16) pero de acuerdo al contenido de la Ley de Homologación de Pensiones del Seguro Social y de las Jubilaciones y Pensiones de la Administración Publica se equipar a su monto al Salario Mínimo Nacional llamado también Pensión Mínima Vital.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
RATIVO ECAMARA LUIS ROJAS LEG. LQUARESREVERON PRESIDENTAJOLEG SECRETARIO
del Estado Aragua CONSULTORÍA JURIDICA Rif-G-20100017-4 002/11 N°
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA
En el uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 162 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el articulo 82 de la Constitución del Estado Aragua ordinal 1, aunado con lo preceptuado en el artículo 22 ordinal 8, de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, articulo 5 de la Ley del Estatuto de La Función Pública, en relación a lo dispuesto por el Parágrafo Segundo, ordinal 2 del articulo 19 del Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo del Estado Aragua vigente.
CONSIDERANDO Que son atribuciones de esta Presidenta dirigir, evaluar y coordinar la administración del personal del Ente legislativo.
CONSIDERANDO Que la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que la Jubilación conforme a la ley es un caso de retiro de la Administración Pública.
CONSIDERANDO dando cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto Presidencial 4.107, publicado en Gaceta Oficial Nro. 38.323 de fecha 28 de Noviembre 2005, el cual establece las "Normas que regulan la tramitación de las ubilaciones Especiales para los Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y para los Obreros dependientes del Sector Publico" en virtud del cual la funcionaria LIZ MARGARITA SANCHEZ CHANCHARULO, titular de la cedula ce Identidad Nro. V-6.196.696 realizó solicitud formal ante esta Presidencia, de que le fuese concedido el beneficio de Jubilación Especial.
CONSIDERANDO Que este organismo comenzó el estudio y análisis de la procedencia de la.
solicitud de Jubilación Especial, tomando en cuenta edad, tiempo de servicio, circunstancias de salud y/o sociales, además de existir para ese momento en la institución un proceso de "Cambios en la Organización Administrativa" aprobado según Acuerdo de Cámara Nro. 4800 publicado en Gaceta Oficial de fecha 10 de Julio de 2009 y Resolución 0109 publicada en Gaceta Oficial Nro. 4945, de fecha 17 de Diciembre de 2009, dirigido a fortalecer la capacidad de gestión y acción de este Cuerpo Legisiativo, en función de consolidar el Poder Popular, realizado y fundamentado en el articulo 78, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública donde la aplicación del procedimiento, derogó la Organización Administrativa que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, y el Primero (01) de Enero de 2010 entró en vigencia el nuevo Organigrama Institucional que nos rige.
CONSIDERANDO Que este organismo a través de la Dirección de Recursos Humanos, procedió a remitir el expediente respectivo al MINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARRoLLo ( MINPADES) con todos los recaudos necesarios, a los fines de que el ministerio procediera a la revisión, análisis y verificación correspondiente del cumplimiento de los extremos de ley y que Vicepresidencia de la República, comprobara los años de servicio. y verificara si existen para el caso en concreto las razones de hecho y de derecho para la procedencia de la solicitud interpuesta, respetándose de esta manera, con los Derechos Legales y Constitucionales del Funcionario y Funcionaria Público solicitante..
página original (tal como se publicó)

Página 28
CONSIDERANDO Que en fecha 15 de Diciembre del 2010, esta presidencia recibió Oficio Nro. F-2711-00640, emanado del Ciudadano Jorge Giordani en su carácter de Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, donde se nos notifica que la ciudadana que fue debidamente aprobada la solicitud de Jubilación Especial por parte del Ciudadano Vicepresidente de la Republica Elias Jaua según Punto de Cuenta Nro. 31 Oficio 00507 de fecha 08/10/2010 según Decisión de fecha 03/11/2010.
RESUELVE .
ARTicuLo 1. En virtud de lo anteriormente expuesto, a partir de la presente fecha JUBILAR a la CiUdadana LIZ MARGARITA SANCHEZ CHANCHARULO, ya que cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos exigidos para el otorgamiento del beneficio de la Jubilación Especial de acuerdo a la normativa legal aplicable.
ARTIcuLo 2. Esta Resolución debe ser publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela conforme a lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional de los Estados y Municipios.
ARTIcuLo 3. El monto de la Jubilación Especial concedida corresponde al 37,5% del último sueldo devengado por la mencionada ciudadana lo que CENTIMos (Bs. 722,14) pero de acuerdo al contenido de la Ley de Homologación de Pensiones del Seguro Social y de las Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública se equipar a su monto al Salario Mínimo Nacional llamado también Pensión Mínima Vital.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
En Maracay a los decett2) días del mes de Enero del 2011
LOURPES RE LEG.
6N PRESONUAGISLAT SECRETARIG
Répdbça Bofivariana de venezueus
Consejo Legisiativo enbery pea lp CONSULTORÍA JURÍDICA RI-G-20100017-8 003/11
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA
En el uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 162 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución del Estado Aragua ordinal 1, los Consejos Legislativos de los Estados, articulo 5 de la Ley del Estatuto de La Función Pública, en relación a lo dispuesto por el Parágrafo Segundo, ordinal 2 del artículo 19 del Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo del Estado Aragua vigente.
CONSIDERANDO Que son atribuciones de esta Presidenta dirigir, evaluar y coordinar la administración del personal del Ente legislativo.
CONSIDERANDO Que la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que la Jubilación conforme a la ley es un caso de retiro de la Administración Pública.
CONSIDERANDO Que dando cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto Presidencial Nro. 4.107, publicado en Gaceta Oficial Nro. 38.323 de fecha 28 de Noviembre del 2005, el cual establece las "Normas que regulan la tram'tación de las Jubilaciones Especiales para los Empleados que prestan servicio en la.
Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y para los Obreros dependientes del Sector Publico" en virtud del cual la funcionaria LILIANA TERESA HERNANDEZ LEON, titular de la cedula de Identidad Nro. V-11.683.179, realizó solicitud formal ante esta Presidencia, de que le fuese concedido el beneficio de Jubilación Especial.
CONSIDERANDO Que este organismo comenzó el estudio y análisis de la procedencia de la solicitud de Jubilación Especial, tomando en cuenta edad, tiempo de servicio, circunstancias de salud y/o sociales, además de existir para ese momento en la institución un proceso de "Cambios en la Organización Administrativa" aprobado según Acuerdo de Cámara Nro. 4800 publicado en Gaceta Oficial de fecha 10 de Julio de 2009 y Resolución 0109 publicada en Gaceta Oficial Nro.
4945, de fecha 17 de Diciembre de 2009, dirigido a fortalecer la capacidad de gestión y acción de este Cuerpo Legislativo, en función de consolidar el Poder Popular, realizado y fundamentado en el articulo 78, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública donde la aplicación del procedimiento, derogó la Organización Administrativa que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, y el Primero (01) de Enero de 2010 entró en vigencia el nuevo Organigrama Institucional que nos rige.
CONSIDERANDO
Que este organismo a través de la Dirección de Recursos Humanos, procedió DESARRoLLo ( MINPADES) con todos los recaudos necesarios, a los fines de que el ministerio procediera a la revisión, análisis y verificación correspondiente del cumplimiento de los extremos de ley -y que Vicepresidencia de la Republica, comprobara los años de servicio, y verificara si existen para el caso en concreto las razones de hecho y de derecho para la procedencia de la solicitud interpuesta, respetándose de esta manera, con los Derechos Legales y Constitucionales del Funcionario y Funcionaria Público solicitante.
CONSIDERANDO Que en fecha 15 de Diciembre del 2010, esta presidencia recibió Oficio Nro. F-2711-00640, emanado del Ciudadano Jorge Giordani en su carácter de Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, donde se nos notifica que la ciudadana que fue debidamente aprobada la solicitud de Jubilación Especial por parte del Ciudadano Vicepresidente de la Republica Ellas Jaua según Punto de Cuenta Nro. 31 Oficio 00507 de fecha 08/10/2010 según Decisión de fecha 03/11/2010.
RESUELVE ARTicuLo 1. En virtud de lo anteriormente expuesto, a partir de la presente fecha JUBILAR a la ciUdadana LILIANA TERESA HERNANDEZ LEON, ya que otorgamiento del beneficio de la Jubilación Especial de acuerdo a la normativa legal aplicable.
ARTIcuLo 2. Esta Resolución debe ser publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela conforme a lo dispuesto en el Articulo 6° de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional de los Estados y Municipios.
ARTICULo 3. El monto de la Jubilación Especial concedida corresponde al 37.5% del último sueldo devengado por la mencionada ciudadana lo que equivale a la Cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y OCHO CENTIMOs (Bs. 690,78) pero de acuerdo al contenido de la Ley de Homologación de Pensiones del Seguro Social y de las Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública se equipar a su monto al Salario Mínimo Nacional llamado también Pensión Mínima Vital.
COMUNIQUESE X.PUBLIQUESE En Maraca s del mes de Enero del 2011
LOIS ROJAS SECRETARIO
;
República Bnivariana de Venezueia
209 Consejo Legislativo Estado Aragua PRESIDENCIA DICKNTENTRIO R-G-20100017-6 N°022/11
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA
En el uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 162 de la establecido en el articulo 82 de la Constitución del Éstado Aragua ordinal 1, aunado con lo preceptuado en el artículo 22 ordinal 8, de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, articulo 5 de la Ley del Es:atuto de La el artículo 19 del Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo Estado Aragua vigente.
CONSIDERANDO Que son atribuciones de esta Presidenta dirigir, evaluar y coordinar la
página original (tal como se publicó)

Página 29
CONSIDERANDO Que la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que la Jubilación conforme a la ley es un caso de retiro de la Administración Pública.
CONSIDERANDO Que dando cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto Presidencial Nro. 4.107, publicado en Gaceta Oficial Nro. 38.323 de fecha 28 de Noviembre del 2005, el cual establece las "Normas que regulan la tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y para los Obreros dependientes del Sector Publico" en virtud del cual la funcionaria YOLETTY ESMERALDA ROLO GARCIA, titular de la cedula de Identidad Nro. V-7.274.524 realizó solicitud formal ante esta Presidencia, de que le fuese concedido el beneficio de Jubilación Especial.
CONSIDERANDO Que este organismo comenzó el estudio y análisis de la procedencia de la solicitud de Jubilación Especial, tomando en cuenta edad, tiempo de servicio, circunstancias de salud y/o sociales, además de existir para ese momento en la aprobado según Acuerdo de Cámara Nro. 4800 publicado en Gaceta Oficial de fecha 10 de Julio de 2009 y Resolución 0109 publicada en Gaceta Oficial Nro. 4945, de fecha 17 de Diciembre de 2009, dirigido a fortalecer la capacidad de gestión y acción de este Cuerpo Legislativo, en función de consolidar el Poder Popular, realizado y fundamentado en el articulo 78, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública donde la aplicación del procedimiento, derogó la Organización Administrativa que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, y el Primero (01) de Enero de 2010 entró en vigencia el nuevo Organigrama Institucional que nos rige.
CONSIDERANDO Que este organismo a través de la Dirección de Recursos Humanos, procedió a remitir el expediente respectivo al MINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARRoLLo ( MINPADES) con todos los recaudos necesarios, a los fines correspondiente del cumplimiento de los extremos de ley y que Vicepresidencia de la República, comprobara los años de servicio, y verificara si existen para el caso en concreto las razones de hecho y de derecho para la procedencia de la solicitud interpuesta, respetándose de esta manera, con los Derechos Legales y Constitucionales del Funcionario y Funcionaria Público solicitante.
CONSIDERANDO Que en fecha 19 de Enero de 2011, esta presidencia recibió Oficio Nro. F-244-0044, emanado del Ciudadano Jorge Giordani en su carácter de Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, donde se nos notifica que a la CiUdadana YOLETTY ESMERALDA ROLO GARCIA le fue debidamente aprobada la solicitud de Jubilación Especial por parte del Ciudadano Vicepresidente de la Republica Elías Jaua según Punto de Cuenta Nro. 56 Oficio 00611 de fecha 07/12/2010 según Decisión de fecha 05/01/2011.
RESUELVE ARTicuLo 1. En virtud de lo anteriormente expuesto, a partir de la presente fecha JUBILAR a la ciudadana YOLETTY ESMERALDA ROLO GARCIA, ya que cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos exigidos para el otorgamiento del beneficio de la Jubilación Especial de acuerdo a la normativa legal aplicable.
ARTícuLo 2. Esta Resolución debe ser publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezueia conforme a lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional de los Estados y Municipios.
ARTícuLo 3. El monto de la Jubilación Especial concedida corresponde al 40% del último sueldo devengado por la mencionada ciudadana lo que equivale a la Cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 635,95) perO de aCUerdo al contenido de la Ley de Homologación de Pensiones del Seguro Social y de Ías Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública se equipar a su monto al salario Mínimo Nacional llamado también Pensión Mínima Vital.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE mes de Marzo de 2011.
LEG. LOURDES REVERON AS SECRETARIO A PRESIDENTA
Consejo Legisiativo Estado Aragua PRESIDENCIA AF-G-20100017-4 023/11
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA
En el uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 162 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el articulo 82 de la Constitución del Estado Aragua ordinal 1, aunado con lo preceptuado en el articuio 22 ordinal 8, de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, artículo 5 de la Ley del Estatuto de La ARivEúnción Pública, en relación a lo dispuesto por el Parágrafo Segundo, ordinal 2 10 A de estado Aragua vigente.
CONSIDERANDO ue son atribuciones de esta Presidenta dirigir, evaluar y coordinar la administración del personal del Ente legislativo.
CONSIDERANDO Que la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que la Jubilación conforme a la ley es un caso de retiro de la Administración Pública.
CONSIDERANDO Que dando cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto Presidencial Nro. 4.107, publicado en Gaceta Oficial Nro. 38.323 de fecha 28 de Noviembre del 2005, el cual establece las "Normas que regulan la tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y para los Obreros dependientes del Sector Publico" en virtud del cual la funcionaria YAskARA EMPERATRIZ LEÓN D'DIANCOFF, titular de la cedula de Identidad Nro. V-7.265.616 realizó solicitud formal ante esta Presidencia, de que le fuese concedido el beneficio de Jubilación Especial.
CONSIDERANDO
Que este organismo comenzó el estudio y análisis de la procedencia de la solicitud de Jubilación Especial, tomando en cuenta edad, tiempo de servicio, circunstancias de salud y/o sociales, además de existir para ese momento en la institución un proceso de "Cambios en la Organización Administrativa" aprobado según Acuerdo de Cámara Nro. 4800 publicado en Gaceta Oficial de fecha 10 de Julio de 2009 y Resolución 0109 publicada en Gaceta Oficial Nro. 4945, de fecha 17 de Diciembre de 2009, dirigido a fortalecer la capacidad de gestión y acción de este Cuerpo Legislativo, en función de consolidar el Poder Popular, realizado y fundamentado en el articulo 78, numerai 5 de ia Ley del Estatuto de la Función Pública donde la aplicación del procedimiento, derogó la Organización Administrativa que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, y el Primero (01) de Enero de 2010 entró en vigencia el nuevo Organigrama Institucional que nos rige.
CONSIDERANDO
a remitir el expediente respectivo al MINISTERIO. DE PLANIFICACION Y correspondiente del cumplimiento de los extremos de ley y que Vicepresidencia de la República, comprobara los años de servicio, y verificara si existen para el caso en concreto las razones de hecho y de derecho para la procedencia de la solicitud interpuesta, respetándose de esta manera, con los Derechos Legales y Constitucionales del Funcionario y Funcionaria Público solicitante.
CONSIDERANDO Que en fecha 19 de Enero de 2011, esta presidenciarecibió Oficio Nro. F-244-0044, emanado del Ciudadano Jorge Giordani en su carácter de Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, donde se nos notifica que a la Ciudadana YASKARA EMPERATRIZ LEÓN D'DIANCOFF le fue debidamente aprobada la solicitud de Jubilación Especial por parte del Ciudadano Vicepresidente de la Republica Elías Jaua según Punto de Cuenta Nro. 56 Oficio 00611 de fecha 07/12/2010 según Decisión de fecha 05/01/2011.
RESUELVE ARTicuLo 1. En virtud de lo anteriormente expuesto, a partir de la presente fecha JUBILAR a la CiUdadana YASKARA EMPERATRIZ LEÓN D'DIANCOFF, ya que cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos exigidos para el otorgamiento del beneficio de la Jubilación Especial de acuerdo a la normativa legal aplicable.
ARTícuLo 2. Esta Resolución debe ser publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela conforme a lo dispuesto en el Artículo 6° Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional de los Estados y Municipios.
ARTícuLo 3. El monto de la Jubilación Especial concedida corresponde al 37,5% del último sueldo devengado por la mencionada ciudadana lo que equivale a la Cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 672,92) pero de acuerdo al contenido de la Ley de Homologación de Pensiones del Seguro Social y de las Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública se equipar a su monto al salario Mínimo Nacional llamado también Pensión Mínima Vital.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE:
En Maracay al Primer (01)ao Marzo de 2011.
LEG. LOURDES REVERON S JA PRESIDENTA
página original (tal como se publicó)

Página 30
PODER CIUDADANO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER CIUDADANO CONSEJO MORAL REPUBLICANO
204°y155°
N° CMR-004-2014
1 9 MAYO 2014 Caracas,
RESOLUCIÓN CONSEJO MORAL REPUBLICANO
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, se designa a la ciudadana MIRIAM cOROMoTO ESCALONA DE ECHEVERRÍA, titular de la cédula de identidad N° V-4.120.176, como Coordinadora de Servicios Financieros del Consejo Moral Republicano.
En virtud de esta designación dicha ciudadana queda autorizada para ejercer las atribuciones inherentes al cargo previstas en el artículo 9 de las Normas que contienen la Estructura Organizativa y Funcional del Consejo Moral Republicano.
Nombramiento que entrará en vigencia a partir del veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014).
Comuníquese y Publíquese;
PODEN
LUISA ORTEGA DIAZ Presidenta del Consejo Maral Republicaag Fiscal General de la República OESIDEOUS
página original (tal como se publicó)

Página 31
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER CIUDADANO CONSEJO MORAL REPUBLICANO
2049y155°
N°CMR-005-2014
Caracas, 19 MAYO 2014
RESOLUCIÓN CONSEJO MORAL REPUBLICANO
De conformidad con lo dispuesto en numeral 1 del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en concordancia con lo establecido en los numerales 2 y 4 del artículo 9 de la Estructura Organizativa y Funcional de este Consejo Moral Republicano, se autoriza a la ciudadana MIRIAM COROMOTo ESCALONA DE ECHEVERRÍA, titular de la cédula de identidad N° V-4.120.176, Coordinadora de Servicios Financieros de esta Institución, a suscribir correspondencia en materia de su competencia, exceptuando las reservadas al Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano.
Comuníquese y Publíquese;
LUISA ORTEGA DÍAZ.
Presidenta del Consejo MoralRepubticano Fiscal Generalde la RepublicAE
página original (tal como se publicó)

Página 32
DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLI MES VIII Número 40.414 Caracas, lunes 19 de mayo de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICÁ BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
AVISOS CARTEL DE EMPLAZAMIENTO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA.- El VigÍa, dOS de diciembre de dos mil trece.
203° y 154°
SE HACE SABER:
Al CiUdadanO RIGOBERTO DE JESUS ALBARRAN SANTIAGO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-10.719.522, domiciliado en Mérida, Estado Mérida, en su carácter de deudor, que debe comparecer por ante este Tribunal, dentro del lapso de tres (3) días de despacho, contados a partir de. día siguiente a aquél en que conste en autos la fijación del cartel en la morada de la demandada, más un d(1) día que se le concedido como término de distancia y en la puerta de este Tribunal, así como la consignación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y del Diario "FRonTErA”, donde se hubiere publicado el cartel, a darse por citado, en el S.A. BANCO INTIMACIÓN, intentÓ el BANCO PROVINCIAL, UNIVERsAL, contra usted. Se La Secretaria, leadvierte que si no temporal, HdInández
página original (tal como se publicó)
