Gaceta Oficial N° 40.409
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AÑO CXLI MES VIII Caracas, lunes 12 de mayo de 2014
SUMARIO PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA Decreto N° 959, mediante el cual se confiere la «Orden Francisco de Miranda» en su Primera Clase «Generalísimo», al ciudadano René González.
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORPOLARA Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Lenys Katiuska Castillo Peroza, como Coordinadora del Despacho de la Presidencia, de esta Corporación.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LAPRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO INASS Decisión mediante la cual se_declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar, y se le impone multa por la cantidad que en ella se indica.
MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARARELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y PARALADEFENSA Resolución Conjunta mediante la cual se suspende de manera temporal el Porte de Armas de Fuego en el estado Vargas de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo al inicio de los IIl Juegos Suramericanos de Playa, a celebrarse desde el 14 al 24 de mayo de 2014, en el Complejo Deportivo «Hugo Chávez Frías».
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA SENIAT Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Providencia N° SNAT-2014-002956, de fecha 21 de abril de 2014.
BCV Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del «Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito» marzo 2014.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAAGRICULTURAYTIERRAS INIA Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Sexly Yanidia Yánez Díaz, como Jefa de la Oficina de Recursos Humanos en el estado Bolívar de este Instituto, en condición de Encargada.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Ilich Erich Cira de Armas, como Consultor Jurídico de este Instituto, en condición de Encargado.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Enrique José Trias Ortiz, como Jefe Ad Honorem del Departamento de Personal de la Oficina de Planificación del Sector Universitario del Consejo Nacional de Universidades.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARAELAMBIENTE Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Efraín Enrique León Cornivell, como Director de Línea, Encargado, en la Dirección de Supervisión Ambiental, adscrita a la Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental de este Organismo.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAENERGÍAELÉCTRICA Addendum N° 2 al Convenio Interinstitucional de Encomienda de Gestión entre este Ministerio y la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico.
Número 40.409
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se absuelve de responsabilidad Disciplinaria al ciudadano Juan Carlos Arcides Chirino Colina, y se levanta la medida de suspensión sin goce de sueldo qúe recaía sobre el Juez denunciado.
Decisión mediante la cual se admite la denuncia formulada por las ciudadanas Dora Herrera Ojeda Viuda de Pinto y Karina del Valle Pinto Herrera, contra el ciudadano Franklin Oviedo Flores, en su condición de Juez Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy.
Decisión mediante la cual se declara_la Responsabilidad Disciplinaria del ciudadano Sixto Rondón Castillo, en consecuencia se impone la sanción de Amonestación Escrita.
Decisión mediante la cual se absuelve de Responsabilidad Disciplinaria al ciudadano César Alejandro Medrano Rengifo.
Decisión mediante la cual se absuelve de Responsabilidad Disciplinaria a la ciudadana Marianina Brazón Sosa.
MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 12 de mayo de2014 Decreto N°959 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y numerales 1 y 2 del artículo 236, ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley sobre la Condecoración "Orden Francisco de Miranda" en cumplimiento del deber histórico de honrar a quienes con su esfuerzo, sacrificio y entrega han contribuido a la consolidación del supremo ideal de la felicidad y de la libertad del pueblo venezolano,
CONSIDERANDO
Que el Ejecutivo Nacional, a través de la "Orden Francisco de Miranda", busca reconocer a todos los Hombres y Mujeres de nuestra Nación y extranjeros que en ejercicio de sus actividades, han contribuido al progreso del país y de la humanidad,
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CONSIDERANDO
Que el señor René González es un ejemplo a seguir, en virtud de la encomiable labor, destacado compromiso, preparación, perseverancia y entereza demostrada como luchador antiterrorista,
CONSIDERANDO
Que no le importe haber sido juzgado injustificadamente, apresado y despojado de su familia, continuó con paso firme la lucha para darle a la Nación que lo vio nacer, la alegría y la satisfacción de vivir en libertad,
CONSIDERANDO
Que llenó de júbilo su patria al conseguir su liberación y reafirmar una vez más la Victoria de la Revolución Cubana, logró con su participación gigantesca permanecer en la Historia de los pueblos de Bolívar y Martí. Hombre valiente, objeto de admiración de nuestra Patria, en virtud de su constancia, dedicación y espíritu de lucha; ejemplo de abnegación y de inagotable perseverancia.
DECRETO
Artículo Único. Se confiere la "Orden Francisco de Miranda” en virtud del heroísmo y pasión del honorable representante de los hombres luchadores y comprometidos con la humanidad.
iHonor y Gloria!
"ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA" PRIMERA CLASE "GENERALÍSIMO" RENÉ GONZÁLEZ Héroe Cubano.
"Formémonos una patria a toda costa y todo lo demás será tolerable".
Simón Bolívar
Dado en Caracas, a los doce días del mes de mayo de dos mil catorce. Año 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
NICOLÁS MADURO MOROS
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ TORRES
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA, CORPOLARA. PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 015/2014 Barquisimeto, 02 de Mayo de 2.014 Años 204°, 155° y 15° El Presidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA, ciudadano LUÍs RAMÓN REYES REYES, designado mediante Resolución Nº 047 de fecha 09 de septiembre de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.247 de fecha 10 de septiembre de 2013. En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 5 del artículo 11 dei Decreto N° 8.800 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara CoRPOLARA, de fecha 14 de febrero de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.874, de fecha 1º de marzo de 2012, en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Prgcedimientos Administrativos y el numeral 5 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, consustandado con lo establecido en el Punto de Cuenta del Directorio, identificado con el N° GG-001-2014 fechado 30 de Abrill de 2014.
RE$UELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana LENYS KATIUSKA CASTILLO PEROZA, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.848.996, Como COORDINADORA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA, coRPOLARA, quien deberá cumplir entre otras, las siguientes funciones:
1-_Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta el Presidente o Presidenta de la Corporación.
< 2- Revisar y presentar al Presidente o Presidenta de la Corporación, los asuntos de la dinámica diaria que deban ser sometidos al conocimiento y decisión de este.
3- Preparar la agenda personal del Presidente o Presidenta y los puntos de cuenta que deban ser presentados por éste a la consideración del Directorio.
4- Coordinar el sistema general de receptoría, registro, archivo y distribución de la correspondencia del Despacho de la Presidencia.
5- Atender, apoyar y canalizar el seguimiento de las solicitudes y propuestas realizadas por popular, entre otros, debidamente coordinado con la Gerencia de Desarrollo Comunal.
6- Dar contestación a solicitudes o requerimientos sobre que competan a su cargo.
Z- Certificar documentos, copias y cualquier documento relacionado con los que reposan nios archivos del Despacho de la Presidencia.
8.- Dirigir Comunicaciones Internas a los fines de dar consecución a las funciones que le son propias. De igual manera podrá, suscribir comunicaciones Externas por instrucciones del Presidente o Presidenta de Corpolara.
9.- Y cualesquiera otras actividades o tareas que le fuere asignadas por el Presidente o Presidenta.
Artículo 2. Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firme de conformidad con esta Providencia Administrativa, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha, número y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo Administrativos.
Artículo 3. La Funcionaria designada, antes de la toma de posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo y, deberá rendir cuenta al Presidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA, de todos los actos y documentos que hubiere firmado én razón de su gestión.
Artículo 4. A los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se encomienda en la Oficina de Consultoría Jurídica, la gestión de practicar la Notificación de la presente Providencia Administrativa.
Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la presente fecha, con su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y
mm CORPOLARLUTS RAMÓN REYES REYES RRASIDENTE DE CORPOLARA de facha 09 de sepombre de 2013, puotlcode an la Gacata Oncn rane de Venezue n cha 10 de septiembre de 2013, Gran 40.247.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DIVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
Caracas, 16 de diciembre de 2013.
I.- NARRATIVA Mediante Auto de Apertura de fecha 26 de septiembre de 2013, se Inició el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, con motivo del hecho, presuntamente Irregular, consistente en la no elaboración, ni presentación, nl suscripción de la respectiva acta de entrega, por parte del ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.382.495, (servidor público saliente), quien ostentaba el cargo de Jefe de Seguridad a Nivel Naclonal del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), designado por la Presidenta del INASS, según Oficio N° PRE/257/2011 de fecha 14 de marzo de 2011, y el cual cesó en sus funciones en fecha 19 de mayo del 2011, según constancia emanada de la Oficina de Recursos Humanos del INASS. Se practico actuación fiscal por Instrucciones Impartidas mediante Oficio Credencial N° INASS-UAI-493-11, de fecha 03 de octubre de 2011, dirigido al Auditor actuante, Johan José Piñero, titular de la cédula de identidad N° V.-13.151.042, adscrito a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Naclonal de Servicios Sociales (INASS), a los fines de cumplir con lo establecido en el artículo 9 de las "Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias", según Resolución emanada de la Contraloría General de la República N° 01-00-000162, publicadas en la Gaceta julio de 2009.
Estos hechos sirvieron de fundamento para que la Jefe de la División de Auditoría Administrativa, Lic. Jackalyz Rincón, titular de la cédula de identidad N° V.-13.537.992, adscrita a este órgano de control fiscal, en fecha 05 de junio de 2012, designara la Abogada Ligia González, titular de la cédula de Identidad N° V.-3.549.872, según credencial N° INASS-UAI.: 544/12, para que en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 41 y 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, activara la potestad investigativa, seguidamente, en fecha 26 de junlo de 2012 se formalizó el Auto de Proceder, participado a la Contraloría General de la República, según Oficio INASS-UAI-Nro. 242-12, de fecha 03/07/2012, órgano que mediante Oficio N° 0601-0190 de fecha 22/02/2013, hizo observaciones al mencionado Auto de Proceder, el cual fue modificado en fecha 11 de marzo de 2013 y enviado nuevamente a la Contraloría General de la República a través de oficlo N° UAI/059/13 de fecha 13 de marzo de 2013, y cuyas conclusiones del referido procedimiento están contenidas en el Informe de Resultado de fecha 29 de agosto de 2013. Posteriormente, encontrándose dentro de la oportunidad legal, la División de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Naclonal de Servicios Sociales (INAS$), según la competencia que se otorga con fundamento en los artículos 81 y 96 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Naclonal de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 6.013 de fecha 23 de diciembre de 2010, y en concordancia con lo dispuesto en los artículos 86 Y 88 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.240 de fecha 12 de agosto de 2009 y en uso de las atribuciones conferidas en el Capitulo XI, de las Atribuciones Especificas del Responsable de la Dependencia encargada de la Determinación de Responsabilidades, en su Punto N° 1 y 2, contenido en los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, emanados de la Contraloría General de la República, mediante la Resolución N° 01-00-000068 del 15 de abril de 201q; publicados en la Gaceta Oficlal de 1a República Bolivariana de Venezuela N° 39.408 de fecha 22 de abril de 2010,
dictó en fecha 26 de septiembre de 2013 el Auto de Apertura, fundamentado en la presunta comisión de hechos que encuadran dentro de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa consagrados en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Naclonal de Control Fiscal en su numeral 26 relativo a "Quienes Incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría General de la República." ACTUACIONES REALIZADAS EN LA DIVISION DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES 1.- Auto de Apertura (folios 121 al 130).
2.- Participación a la Contraloría General de la República (folio 131).
3.- Oficio de la Contraloría General de la República incorporando el Auto de Apertura a su archivo. (follo 134).
4.- Notificación personal realizada al cludadano Rosmel Alexander Peña Salazar, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.382.495. (folios 135 al 137).
5.- Auto mediante el cual se deja constancia que el interesado no presentó el escrito de promoción de pruebas, ni anexos, con ocasión del acto oral y público que se realizaría en fecha 16 de diciembre de 2013, conforme al artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (folio 138 al 139).
6.- Auto expreso donde este Órgano de Control Fiscal acordó la oportunidad para materializar la Audiencia Oral y Pública para el día 10-12-2013. (follo 140).
7.- Auto expreso donde este Órgano de Control Fiscal acordó la oportunidad para materializar la Audiencia Oral y Pública nuevamente debido a que los días 05,06 y 09 no fueron háblles fijada para el día 16-12-2013. (folio 143) 8.- Acta de Inicio del acto del día 16-12-2013, referida a la materialización de la Audlencia Oral y Pública (folios 146 al 156).
II MOTIVA Visto y analizado cada uno de los elementos que obran en el expediente contentivo de la potestad Investigativa, sustanciada conforme a las normas preceptuadas en el artículo 77 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Ejusdem, este Órgano de Control Fiscal procedió a dar Inicio al Procedimiento Administrativo, establecido en el articulo 95 y siguientes de la citada Ley; contenido en el expediente administrativo distinguido con el N° INASS-UAI-PADR-001-2013, en vIrtud de la presunta existencia de elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la efectiva Determinación de una Responsabilidad Administrativa.
Cónsono con lo expuesto, la División de Determinación de Responsabilidades dicto Auto de Apertura en fecha 26 de septiembre de 2013, a los efectos de iniciar el respectivo procedimiento. Documento en el cual se resaltan los hechos en los que presuntamente Incurrió el ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.382.495, (servidor público saliente), quien ostentaba el cargo de Jefe de Seguridad a Nivel Nacional del Instituto Naclonal de Servicios Sociales (INASS), designado por la Presidenta del INASS, según Oficlo N° PRE/257/2011 de fecha 14 de marzo de 2011, y el cual cesó en sus funciones en fecha 19 de mayo del 2011, según cinstancia emanada de la Oficina de Recursos Humanos del INASS.
Al ciudadano antes identificado, se le imputó el supuesto generador de Responsabilidad Administrativa, preceptuado en el artículo 91 numeral 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con fundamento en el hecho de la presunta no elaboración, ni suscripción, nl entrega formal medlante acta de entrega del Departamento de Seguridad del instituto, como servidor público (sallente) y quien cesó en sus funciones en fecha 19 de mayo del 2011; estos hechos en los que las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y sus Respectivas Oficinas o Dependencias, emanadas de la Contraloría General de la República, y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 39.229 de fecha 28 de julio de 2009, los cuales establecen:
Artículo 3. "Todo servidor público que administre, maneje o custodie recursos o blenes públicos, al cesar en su empleo, cargo o función deberá entregar formalmente el
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órgano, entidad, oficina o dependencia de la cual sea responsable." Artículo 4. "La entrega se efectuará mediante acta elaborada por el servidor público sallente en la fecha en que el servidor público que lo sustituya en sus funciones tome posesión del cargo, o en un plazo que no excederá posesión. (..)".
Artículo 8. "Corresponderá a los servidores públicos sallentes la elaboración, presentación y suscripción de la respectiva acta de entrega.".
Asimismo, al no haber sido elaborada, ni entregada, ni suscrita el Acta de Entrega, obviamente, tampoco se remitió al Órgano de Control Fiscal Interno el respectivo ejemplar de la misma para la verificación de la sinceridad, exactitud y observación que podrían haber surgido, de ser el caso, por parte del Órgano de Control en el ejercicio de sus funciones de control, vigilancia y fiscalización, tal como lo estipula el artículo 21 de las citadas Normas, el cual señala:
Artículo 21. "El acta de entrega y sus anexos se elaborarán en original y tres (3) coplas certificadas. Una vez suscrita el acta, el original se archivará en el despacho de la máxima autoridad jerárquica del órgano o entidad, o en la oficina o dependencia que se entrega; una (1) copla certificada se entregará al servidor público que recibe; una (1) al servidor público que entrega; y una (1) a la unidad de auditoría Interna del órgano o entidad, dentro de los cinco (5) días hábiles sigulentes de la fecha de suscripción de la mencionada acta (...)".
En virtud, de no haber recibido el acta de entrega correspondiente en la oportunidad establecida en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y sus Respectivas Oficinas o Dependencias, el órgano de control procedió conforme a lo señalado en el artículo 9 ejusdem, que reza:
Artículo 9. "Cuando el servidor público sallente no cumpla con la obligación de hacer la entrega formal del órgano, entidad, oficina o dependencia, mediante el acta a que se reflere el Articulo 4, corresponderá al servidor público entrante, o la persona que haya sido designada por la máxima autoridad jerárquica del organismo o entidad para recibirla, levantar acta detallada, con asistencia de dos testigos, y del auditor Interno del organismo o entidad, en la cual dejará constancia del estado en que se encuentren los asuntos, blenes y los recursos asignados, y se especificarán los errores, deficiencias u omisiones que se advirtleren, así como cualquier otra situación que sea necesarlo señalar en resguardo de la delimitación de responsabilidades de quien recibe.
El servidor público entrante, o la persona que haya sido recibirá, una vez suscrita el acta remitirá copla certificada a la unidad de auditoría Interna del órgano o entidad, para que ejerza las acclones que correspondan, en aplicación de lo dispuesto en la ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Naclonal de Control Fiscal.".
En consecuencia, en fecha 04 de noviembre del 2011 y en apego a la normativa antes citada, se levanta acta mediante la cual el ciudadano Roberto Moncada, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.686.001, en su carácter de Jefe del Departamento de Seguridad a Nivel Nacional del INASS, designado mediante oficio N° GRH-GA/350-2011 de fecha 23 de mayo de 2011, suscrito por la Presidenta del instituto, deja constancia en calidad de servidor público (entrante), en presencia de un servidor público adscrito a la Unidad de Auditoría Interna del INASS, que el cludadano Rosmel Alexander Peña Salazar, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.382.495, (servidor público sallente) quien ostentaba el cargo de Jefe de Seguridad a Nivel Nacional, designado por la Presicenta del INASs, según Oficio N° PRE/257/2011 de fecha 14 de marzo de 2011, presuntamente, no hizo entrega formal de la oficina ya señalada.
Durante el ejercicio de la potestad investigativa, iniciada por la División de Auditoría Administrativa de este Órgano de Control Fiscal, con el objeto de privileglar su derecho a la defensa, tal y como lo consagra el artículo 49, ordinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cludadano Rosmel Alexander Peña Salazar consigna escrito de fecha 01 de julio de 2013, que cursa en el folio 56 donde señala: "hago constar que hice acta de entrega del cargo de jefe de seguridad provisional, en fecha mayo del 2011" ...(omisiss)... de igual manera notifico que dado la verificación de los hechos hay testigos de dicha acta de entrega las cuales son: la secretaria del dpto. de seg Sra. Elsa Monroy, y el oficial de seg. Jesús Eduardo Vaquero".
...
(omisiss)...
En la oportunidad legal fueron citados a declarar los ciudadanos Elsa Monroy y Jesús Eduardo Vaquero, servidores públicos del INASS mediante notificaciones de comparecencia N° INASS-UAI-DAA-Nro-023-2013 y INASS-UAI-DAA-Nro- 027-2013, que cursan en los folios 51 y 102, respectivamente.
De la declaración efectuada por la cjudadana Elsa Monroy, (follo 53) en la pregunta N° 3 relacionada con el hecho de que si tenía conocimiento de que el cludadano Rosmel Alexander Peña Salazar, elaboró el acta de entrega del Departamento de Seguridad a Nivel Nacional adscrito al INASS, contesto que si tenía conocimiento de que el referido ciudadano sí elaboró el acta de entrega. Así mismo cuando se le formuló la pregunta número_4 del interrogatorio que textualmente es la siguiente: "Diga usted durante su desempeño como secretaria del departamento de seguridad, el conocimiento que tenga de la entrega del acta, por parte del servidor público saliente Rosmel Alexander Peña Salazar, quien desempeño el cargo de Jefe de Seguridad, durante el lapso comprendido del 15 de marzo de 2011 hasta el 19 de mayo de 2011. Contesto: "tengo conocimiento de que la hizo porque yo firme el acta como testigo, pero no recuerdo si se la devoivieron para su corrección, realmente no recuerdo que paso con eso."
El cludadano Jesús Eduardo Vaquero no compareció por ante esta Unidad de Auditoría Interna durante la fase de investigación de la potestad investigativa, en virtud de lo cual no rindió declaración sobre los particulares que lo mencionaban.
Con la finalidad de corroborar los dichos del ciudadano investigado y dado la Inexistencia en los archivos de la Unidad de Auditoría Interna del Acta de Entrega del Cargo de Jefe de Seguridad a Nivel Nacional del Instituto Nacional de Servicios Soclales (INASS) que debió suscribir el ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar, (quien afirmó haberla realizado); en fecha 08 de julio de 2013, la licenciada Jackalyz Rincón en su carácter de Jefe de División de Auditoría Administrativa giro comunicación signada bajo el N° INASS-UAI-DAA- NRO:026-2013 al Departamento de $eguridad solicitando la consignación de un ejemplar de la referida Acta de Entrega, cuya respuesta se realizó mediante Memorando signado bajo el N° INASS-DS-NRO:292-2013 de fecha 22 de julio de 2013 en el cual se expresa lo siguiente: "en cuanto a solicitud de documentación relacionada con la Acta de Entrega del ciudadano Rosmel Peña la cual no reposa en nuestros archivos.".
Ya en el Procedimiento de Determinación de Responsabilidad, el cludadano Rosmel Alexander Peña Salazar, suficientemente identificado en autos, fue notificado del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabllidades, conforme consta en la Notificación del Auto de Apertura, signada con las letras y números Oficio N° INASS-UAI-DR01/2013, de fecha 25 de octubre de 2013, que corre inserta en los folios 135 al 137.
Una vez notificado el referido ciudadano, del contenido del auto de apertura conforme al artículo 98 de la citada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se le concedió un lapso de quince (15) días hábiles, para que (indicará la o las pruebas que considerara le asisten para la mejor defensa de su$ Intereses, que produciría en el acto oral y público, preceptuado en el artículo 101 Ejusdem, este no compareció ni consignó pruebas ni alegatos para su defensa.
Vencido el lapso de quince (15) días hábiles contemplado en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, quedo fijada la Audiencia para el día 16 de diciembre de 2013, debido a que los días 05, 06 y 09 no son días háblles por realizarse los comicios municipales previstos para el 8 de diciembre y la Sede Central del Instituto es centro de votación, según se desprenden de Circular de fecha 04 de diciembre de 2013 emanada de la Economista María Magdalena VIllarroel Gerente de la Oficina de Recursos Humano.
ELEMENTOS PROBATORIOS
Los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho irregular y presunta participación del ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar, antes identificado son los sigulentes:
1.- Designación del cludadano Rosmel Alexander Peña Salazar, como Jefe de Seguridad a Nivel Nacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), designado por la Presidenta del INASS, según Oficio N° PRE/257/2011 de fecha 14 de marzo de 2011.
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2.- Cese de las funciones de Jefe de Seguridad a Nivel Nacional en fecha 19 de mayo de 2011, según constancia expedida por la Gerente de la Oficina de Recursos Humanos de fecha 22 de mayo del 2013 (folio 45).
3.- Inexistencia del acta de entrega del Departamento de Seguridad del INASS, sede central, por parte del cludadano Rosmel Alexander Peña Salazar.
4.- Acta del Departamento de Seguridad levantada de conformidad a lo establecido en el Artículo 9 de la Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y sus Respectivas Oficinas o Dependencias de fecha 04 de Noviembre de 2011. (folio 59) 5.- Memorando signado bajo el N° INASS-DS-NRO:292-2013 de fecha 22 de jullo de 2013 del Departamento de Seguridad, cuya respuesta señala que el Acta de Entrega del cludadano Rosmel Alexander Peña no se encontraba en sus archivos.
6.- Auto de Proceder de fecha 26 de junio de 2013.
7.-Acta de Declaración de Elsa Marina Monroy Millan de fecha 27 de junio de 2013 (follo 53).
8.- Escrito consignado por el cludadano Rosmel Alexander Peña Salazar de fecha 01 de jullo del 2013 (folio 56).
9.- Informe de Resultado de fecha 29 de agosto de 2013 (follo 106).
RELACION DE CAUSALIDAD
En consecuencia, de los elementos probatorios se desprende que el ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar fue designado como Jefe del Departamento de Seguridad a Nivel Nacional del INASS, que es una oficina pública consta además que cesó en sus funciones en fecha 19 de mayo de 2011 en virtud de lo cual este servidor público tenía la obligación de rendir cuentas de la administración a su cargo, de conformidad con las normas que al respecto ha dictado la Contraloría General de la República, como son las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y sus Respectivas Oficinas o Dependencias, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.229 de fecha 28 de julio de 2009. A partir de la fecha del cese el referido ciudadano tenía un lapso legal para presentar el acta de entrega, la cual no fue enviada, ni consignada ante la Unidad de Auditoría Interna del INAsS, ni se encontró en los archivos del Departamento de Seguridad aún cuando el investigado aseguró haberla realizado, sin aportar elementos de convicción para su ubicación y verificación.
La presunta conducta desplegada por el servidor público Rosmel Alexander Peña Salazar, puede ser subsumida en el supuesto generador de responsabilidad administrativa estatuldo en el numeral 26 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría Genera) de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010. Que señala:
"Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que disponga otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:
...Omisiss...
26. Qulenes Incumplan las normas e Instrucclones de control dictadas por la Contraloría General de la República."
DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA CONFORME AL ARTÍCULO 101 DE LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
El ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.382.495, en la audiencia oral y pública señalo verbalmente, los argumentos que considero le asisten para la mejor defensa de sus intereses Indicando los alegatos a su favor, como primer aspecto "que sus funciones como jefe de seguridad fueron muy cortas y que la entrega se realizo arte la secretaria Ciudadana Elsa Monroy Millan, pero que no posee el acta y siendo testigo de la presunta entrega el ciudadano Jesús Vaquero, que actuó de buena fe y que nunca se negó a participar en el Procedimiento y por ende se encuentra presente en esta audiencia".
Culminando su exposición a las 10:40 horas de la mañana
DE LA DEFENSA ORAL Y PÚBLICA.
De los principales elementos expuestos por el ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar. Alego que sus funciones como jefe de seguridad fueron muy cortas y que la entrega se realizo ante la secretaria Ciudadana Elsa Monroy Millan, pero que no posee el acta y siendo testigo de la presunta entrega el cludadano Jesús Vaquero, que el actuó de buena fe y que nunca se negó a participar en el Procedimiento y por ende se encuentra presente en esta audiencia.
Alegar la supuesta existencia del Acta de Entrega del Departamento de Seguridad del INASS, sin haber demostrado durante todo el Procedimiento de Determinación de Responsabllidades, especialmente durante la fase de Indicación de pruebas; (fase que garantiza para el investigado su pleno derecho a la defensa) elementos de convicción para verificar su existencia, nos Indica precisamente lo contrario, que no es más que la propia Inexistencia de dicho Instrumento. Toda vez que en e) artículo 21 de las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidaces de la Administración Pública y sus Respectivas Oficlnas o Dependencias se desprende que al realizar el Acta de Entrega se elaborará "en original y tres (3) copias certificadas una vez suscrita el acta, el original se archivará en el despacho de la Máxima Autoridad jerárquica del órgano o entidad o en la Oficina o dependencia que se entregará al Servidor Público que recibe; una_(1) al servidor público que entrega; y una (1) a la unidad de Auditoría Interna del órgano o entidad, dentro de los cinco (5) días háblles sigulentes de la fecha de suscripción de la mencionada acta".
Lo establecido en este artículo nos indica que el ciudadano Investigado debería tener en su poder una copia del acta de entrega del Departamento de Seguridad de haberla elaborado y suscrito, en cuyo caso su oportunidad para presentarla fue durante el desarrollo de este Procedimiento de Determinación de Responsabllidad.
Por otro lado la Inconsistencia del testimonio de la ciudadana Elsa Monroy, quien señalo en su declaración de fecha 27 de junio de 2013,realizado en la fase de potestad investigativa haber sido testigo de la supuesta Acta de Entrega por parte del servidor público Rosmel Alexander Peña Salazar, cuando fungía como secretaria del Departamento de Seguridad, sin haber señalado detalles de su existencia y suscripción, es contradictoria con lo señalado por la misma testigo en el acta de fecha 4 de noviembre del año 2011 (folio 59 al 61), a través de la cual se deja constancia de que el investigado "no presento Acta de Entrega". En virtud de esta evidente contradicción el referido testimonio se desestima en consecuencia.
En cuanto al cludadano Jesús Eduardo Vaquero invocado como testigo por el ciudadano Investigado, en su escrito presentado en la fase de potestad, se deja constancia que el mismo no se presenco a declarar.
Sobre lo esgrimido por el investigado, durante esta Audiencia Oral y Pública quien suscribe estima que los argumentos esgrimidos no desvirtúan el hecho controvertido en el presente procedimiento administrativo ya que el hecho de tratar de justificar la Inexistencia de Acta de Entrega del Departamento de Seguridad ha conllevado a la verificación de su no elaboración, ni suscripción, nl presentación lo cual no exime la responsabilidad del investigado en cuanto al Incumplimiento de las normas in comento, toda vez que hasta la fecha del cese en el cargo tuvo a su disposición y manejo toda la información y documentación necesaria para cumplir su obligación de levantar el acta; y durante el procedimiento no logró probar que la hubiere realizado.
Asimismo, el no haber aportado durante el procedimiento pruebas ni elementos de convicción de la existencia de la referida acta así como de su elaboración, suscripción y presentación como servidor público (saliente) del Departamento de Seguridad a Nivel Nacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales, lo que concatenado con otros elementos de juicio, ponen de manifestó la Inexistencia del referido instrumento, en virtud de lo cual se pasa a ratificar la Imputación formulada en el auto de Inicio del presente Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad.
Para decidir es Importante, dentro de esta argumentación, hacer referencia al Principio de Legalidad Administrativa, que consiste en la sujeción de la Administraclón Pública al ordenamiento jurídico Venezolano, el cual constituye
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el pilar fundamental de toda organización social que pretende denominarse estado de derecho, el cual conforme a la más calificada doctrina comparada, regula en todos los sentidos el ejercicio del orden público. En atención a dichos Integran el llamado "Bloque de la Legalidad" del Derecho Público, según el cual se Impone a las autoridades y en general a los funcionarios que ejercen el Poder Público, la obligación de cumplir sus funciones atendiendo a lo que dispongan las normas contenidas enla Constitución, Leyes, Decretos, Reglamentos y Actos Administrativos.
Existiendo siempre la posibilidad de que frente a actuaciones contrarias a lo establecer las sanciones a que hublere lugar, ya que como funcionario público sus actuaciones y actividades están sometidas al ordenamiento jurídico y por lo tanto deben actuar con sometimiento pleno al derecho, pues no le es dado dejar de hacer, lo requerido por un órgano de control con competencia para ello.
Como consecuencia de la Potestad Sancionatoria de la Administración, es importante señalar, que la Responsabilidad Administrativa, es una de las múltiples acciones ablatorias, que sobre un particular, o bien sobre un funcionario, tiene la Administración en virtud de la Ilicitud, omisión o negligencia manifiesta, haya tenido en la realización o no de una actividad administrativa. Sin duda, que los actos administrativos sólo revisten carácter sancionatorio cuando están precedidos de un acto Ilícito previo, calificado como tal por la Ley.
Ahora blen, en cuanto a los actos administrativos, la conducta de hacer o no hacer, que influye en la naturaleza de la sanción, es importante caracterizar la, a los efectos de poder determinar, si la actividad desplegada por el presunto Investigado es susceptible de una determinación de responsabilidad.
En ese sentido menclonaremos los elementos distintivos del acto, hecho u omisión:
Acto o acción. Traduce conducta humana, ejecución de algo por persona dotada de voluntad. Cuando es antijurídico equivale a acción por comisión y, por ende, a falta por comisión. En ese caso se hace lo prohibido.
Hecho. No es un hecho cualquiera, es decir, un mero acontecimiento o fenómeno. La expresión se refiere a suceso de interés para el Derecho. Este término, que para el derecho penal, por ejemplo, sería improplo, al decir de algunos tratadistas, por indicar cualquier acontecimiento, emana del hombre o de la naturaleza, no trae Inconvenientes en materia de responsabilidad administrativa, este no exige, necesariamente, la voluntad del sujeto culpable para la evidencia de la falta. Bastaría a trasgresión, aunque no sea requerida, para que tal responsabilidad sea posible.
Omisión. Independientemente de que, en lo jurídico, forma parte de la acción, Implica un dejar de hacer o un hacer incompleto; la abstención de algo en un oficio público hacendario. Traduce el no impedir voluntariamente un resultado. Cuando es antifurídico equivale a acción por omisión. En este caso no se hace lo mandado.
Por lo Indicado, y dada la limitación de concepto, no sería aproplado hablar indistintamente de acto, hecho, suceso, acontecimiento, por cuanto cada uno de esos términos sugiere ideas distintas; y no sólo eso: tiene consecuencias diferentes en el Derecho y más específicamente en el terreno jurídico.
De modo que, los actos hechos u om)siones a los que hace referencia la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Incumben al elemento de antijuridicidad cuando hace alusión a. la expresión: "contrarios a una disposición legal o sublegal", (del encabezamiento del articulo 91). Basta con que el acto, omisión o hecho sea antijurídico, aunque no reporte daño.
Sobre los particulares alegados, quien decide estima pertinente advertir que de acuerdo con lo dispuesto en las "Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias", según Resolución emanada de la Contraloría General de la República N° 01-00-000162, publicadas en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.229, de fecha 28 de julio de 2009, para los servidores públicos es imperativo el cumplimiento de la entrega de las oficinas o dependencias de los Órganos o Entidades de la Administraclón Pública de la cual sean responsables, mediante acta que se elaborará, presentará, suscribirá y verificará, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Instrumento normativo en la oportunidad del cese de funciones en el ejercicio del cargo.
Es evidente que la función principal del acta de entrega es que el servidor público cuando se cesa en sus funciones, proporcione a quien lo sustituya en sus obligaciones, los elementos necesarios que le permitan cumplir con las tareas y compromisos Inherentes al desempeño del cargo y que se permita constatar los objetivos trazados y el correcto destino de los medios y recursos que el servidor público tenía bajo su administración y resguardo.
La actividad que se realiza con ocasión de la elaboración de las actas de entregas en la Administración Pública, se enmarca dentro del principio constitucional de rendición de cuentas de la administración publica, establecido en el artículo 141 de la carta magna, desarrollado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de obligación de rendir cuentas que tienen todos los servidores y servidoras públicos que administren, manejen o custodien recursos.
La obligación genérica de rendición de cuentas sirve de fundamento, y la de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Dependencias", dictada por la Contraloría General de República de conformidad con el ordenamiento jurídico, en las que se establece en el Articulo 3, "el deber de hacer entrega" en los siguientes términos: "todo servidor público que administre, maneje o custodie recursos o bienes públicos, al cesar su empleo, cargo o función deberá entregar formalmente el órgano, entidad, oficina o dependencia de la cual sea responsable".
De acuerdo a lo anterlor, se entiende que la actividad a la cual se circunscribe el deber de hacer entrega mediante acta elaborada (art. 4 de las Normas), se constituye como la herramienta gerencial de la administración pública, para hacer constar la rendición de las cuenta de un servidor público cuya gestión haya finalizado por cualquier motivo y en cualquier momento. Esta rendición implica la obligación de demostrar formal y materialmente la corrección de la administración, para quien maneje o custodie los recursos.
Administración Pública y sus Respectivas Oficinas o Dependencias, dictadas por la Contraloría General de la Republica se infiere la obligación de todo servidor público apegado al conjunto de atribuciones que le son asignadas y delimitadas por el derecho, de presentar al cese de sus funciones el Acta de Entrega de la Oficina Publica que ostentaba, dentro de la esfera de su ámbito de competencia, pues tiene por objeto evitar que el servidor público pueda actuar en detrimento del estado, ejerciendo una conducta de descuido o negligente administración le ha sido encomendada, teniendo como fundamento y esencia la rendición de cuentas debidamente consagrada en nuestra constitución nacional.
III DISPOSITIVA.
En consecuencia probados como han sido los hechos, así como la relación de causalidad existente entre la no elaboración, no suscripción y no presentación del acta de entrega del Departamento de Seguridad por el ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar, debidamente Identificado en autos, cuya conducta omisiva se subsume dentro de las previsiones contenidas en el artículo 91, numeral 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por cuanto se incumplieron los artículos 3,4,8, y 21 de las Normas Para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Publica y sus Respectivas Oficinas y Dependenclas Públicas, esta Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales, ejerciendo las facultades que comprenden las potestades sancionatorias previstas en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y como resultado del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades Administrativas; decide en los siguientes términos:
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PRIMERo: Declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.382.495, venezolano, mayor de edad, quien para el momento de la ocurrencia del hecho se desempeñaba como el Jefe de Seguridad a Nivel Nacional, designado por la Presidenta del INASS, según Oficio N° PRE/257/2011 de fecha 14 de marzo de 2011, y el cual cesó en sus funciones en fecha 19 de mayo del 2011, según constancia emanada de la Oficina de Recursos Humanos del INASS, por no elaborar, ni presentar, ni suscribir el Acta de Entrega del mencionado Departamento, incumpliendo con las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y sus Respectivas Oficinas o Dependencias, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.229 de fecha 28 de julio de 2009.
La conducta antes descrita es subsumible en el supuesto generador de Responsabilidad Administrativa establecida en el numeral 26 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal relativo a Qulenes Incumplan las normas e Instrucclones de control dictadas por la Contraloría General de la República." Por cuanto las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la emanadas de la Contraloría General de la Republica, como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, γ las mismas fueron incumplidas por el cludadano Rosmel Alexander Peña Salazar, en sus artículos 3, 4, 8 y 21.
sEGunDo: Como consecuencia de la declaratoria de la Responsabllidad Administrativa se Impone al ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.382.495, suficientemente Identificado en autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que prevé la imposición de una multa en los términos consagrados en el articulo 94 ejusdem, de acuerdo cón la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. En este sentido se aplica el valor de la unidad tributaria vigente para la fecha en que ocurrió el hecho, a razón de Setenta y Seis Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 76,00); según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.623 de fecha 24 de febrero de 2011.
Para la aplicación de esta Multa se consideraron las circunstancia atenuantes previstas en el artículo 108 numerales 1 y 3, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.240 de fecha 12 de agosto de 2009, referente a "no haber sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en la Ley" y" las demás atenuantes que resultaren, a juicio del respectivo titular del órgano de control fiscal o su delegatarlo" como son que el ciudadano investigado no ha sido objeto de otra averiguación, el corto tiempo ocupando el respectivo cargo de jefe de seguridad del departamento correspondiente y los lapsos de reposo por enfermedad que presento durante su encargaduria como jefe de la dependencia señalada. En consecuencia después de haber realizado la operación matemática de buscar el término medio entre los dos extremos Indicados en la norma señalada y rebajadas las atenuantes mencionadas se acordó Imponer una multa de DOSCIENTAS CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS correspondientes a un monto total de DIECINUEVE MIL BOLIVARES (Bs.19.000,00) al ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar, como consecuencia de haberse declarado la DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD en su contra.
TERcERo: Contra esta decisión el Interesado podrá interponer Recurso de Reconsideración por ante esta Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales, dentro de los quince (15) días hábiles sigulentes, contados a partir de la fecha de la notificación de la presente decisión de conformidad con el arfículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 100 de su Reglamento vigente. De igual forma, se podrá interponer Recurso de Nulidad por ante la Corte de lo Contencioso Administrativo, en el lapso de seis (6) meses, contados a partir del día sigulente a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Naclonal de Control Fiscal.
CUARTO: Notifíquese de esta Decisión al ciudadano Rosmel Alexander Peña Salazar, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.382.495, acorde con las disposiciones consagradas en el artículo 73 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, y remitase la misma en copia debidamente certificada a la Contraloría General de la República una vez firme en sede administrativa.
QUINTo: Particípese al Ministerio del Poder Popular Para las Finanzas la decisión dictada, a los fines de que expidan las correspondientes planillas de liquidación de la multa y proceda a realizar la gestión de cobro, de conformidad con los dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
sExTo: Publíquese el texto integro de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela, conforme a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Naclonal de Control Fiscal.
Cúmplase, Dr. david González Auditor Interno Instituto Nacional de Servicios Sociales Según providencla administrativa N° cA/0208/07 del 28 de diciembre del 2007 y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 38.863 de fecha 01 de febrero del 2008.
Exp. N° INASS-UAI-PADR-007-2013.
MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y PARA LA DEFENSA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DESPACHO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ N° 178 DESPACHO DE LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA N° 204º, 155° y 15° Fecha: 12 de mayo de 2014
RESOLUCIÓN CONJUNTA El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha y la Ministra del Poder Popular para la Defensa, designada según Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, actuando de conformidad con lo dispuesto en los articulos 19, 55, 62, 156 numerales 2. 7 y 33; 328 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de las atribuciones previstas en el articulo 77 numerales 1. 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; articulos 16, 18 y 20 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; articulos 1, 2, 5, 15, 16, 26, 58, 75, 78, 82 y 83 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones: articulo 3 numerales 1. 2, 3. 13 y 19 del Decreto N° 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011, mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (actualmente Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz). publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana previsto en el Decreto N° 9.086 de fecha 10 de julio de 2012, mediante el cual se crea la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.961 de la misma fecha, CONSIDERANDO Que el Estado Venezolano tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana, la paz y el orden interno, asi como el bienestar de las personas, sus derechos y territoriales de la Nación; por lo cual es de suma importancia formular las politicas públicas, estrategias y directrices que sean pertinentes, en aras de regular y Seguridad Ciudadana en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela y dentro de las politicas del Plan Patria Segura,
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CONSIDERANDO
Que conforme al Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, es deber del Estado lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, mediante la Implementación del Plan Patria Segura a nivel nacional. para fortalecer la capacidad del Estado de protección a los ciudadanos y ciudadanas y construir la paz desde adentro,
CONSIDERANDO
Que el estado Vargas de la República Bolivariana de Venezuela será sede de los III Juegos Suramericanos de Playa, a celebrarse desde el 14 al 24 de mayo de 2014, en el Complejo Deportivo "Hugo Chávez Frías". para lo cual se deben implementar políticas públicas de prevención y de control dirigidas a disminuir la incidencia de hechos delictivos y asi garantizar la paz y tranquilidad de la población, por la magnitud y el atractivo que este evento representa para la región,
CONSIDERANDO
Que son potestades para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores.
Justicia y Paz conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la coordinación de políticas públicas, planes y acciones a fines de garantizar el orden público, la paz y la seguridad ciudadana, RESUELVEN Articulo 1. Suspender de manera temporal el Porte de Armas de Fuego en el estado Vargas de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo al inicio de los III Juegos Suramericanos de Playa, a celebrarse desde el 14 al 24 de mayo de 2014, en el Complejo Deportivo "Hugo Chávez Frias", como parte del dispositivo de prevención y seguridad ciudadana, preservando la paz y el orden público, en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela y dentro de las politicas del Plan Patria Segura.
Articulo 2. Quedan excluidos de la aplicación de la presente Resolución Conjunta, los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos de Policia que estén prestando el Servicio de Policia, los funcionarios y funcionarias de los Órganos de Seguridad Ciudadana y demás personal que cumpla labores de custodia y traslado de dinero en las empresas de transporte de valores, el personal de seguridad adscrito a Órganos, Entes.
Instituciones u Organismos Públicos Nacionales y Sedes Diplomáticas, cuando estén cumpliendo funciones especificas, debidamente autorizadas por el Comando Estratégico Operacional (CEO) y la Dirección General de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo quedan excluidas de la presente Resolución las personas que, con carácter de atietas o deportistas de federaciones y asociaciones del deporte del tiro, debidamente reconocidos por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, para transportar armas o municiones con fines deportivos, asi como los eventos que con ocasión de este deporte se realicen en el ámbito de la presente resolución.
Artículo 3. Todo lo no previsto expresamente en la presente Resolución será resuelto conjuntamente por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores.
Justicia y Paz y la Ministra del Poder Popular para la Defensa.
Artículo 4. La presente Resolución Conjunta entrará en vigencia a partir del dia 13 de mayo de 2014 hasta el día 25 de mayo de 2014 ambas fechas inclusive.
Comuniquese y Publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional, ud MERTERESMELENDEZ RIVAS MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA DAimiranta en Jefa Mystra der Poder Popular RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ para la Defensa
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEN:
SNAT/2014/0022 AVISO OFICIAL Caracas, 12MAY2014 204° y 155°
Por cuanto en la Providencia Administrativa N° $NAT-2014-002956, de fecha 21 de Abril de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivagiana de Venezuela N° 40.395 de fecha 21 de Abril de de identidad N° 8.886.097, como Gerente Genera de Tecnologia de Información y Comunicaciones en Donde dice:
...Providencia Administrativa N° SNAT-2014-0029$6.
Desconcentrada de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENiAT) para el ejercicio fiscal 2014.
Articulo 3. Delego en el mencionado funcionario la facultad para ordenar compromisos y pagos hasta por un monto de 1000 U.T..." Debe decir:
-...Providencia Administrativa N° SNAT-2014-0019.
Articulo 2. En los actos y documentos suscritos en ejercicio de esta delegación, se deberá indicar el Bolivariana de Venezuela y la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela...
Se procede en conformidad con lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales a una nueva impresión JOSE DAO CABELLO RONDON SUPERINTENOENZE MASONAL ADUANERO Y TRIBUTARIO Dedo-N5.851 de fecha 01-02-2008 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de1 01-02-2008
REPURLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SENIA
21ABR2014 Caracas 204° y 155° Quien suscribe, JOSE DAVID CABELLO RONDON. titular de la cédula de identidad N° 10.300.226, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT, en Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 de fecha 08 de noviembre de 2001, y en uso de las atribuciones Administrativa que dicta la Reforma Parcial del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del SENIAT, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.292 de fecha 13 de octubre de 2005, articulo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela N° 38.661 de fecha 11 de abril de 2007, artículos 48, 49 y 51 del Reglamento N 1 sobre el sistema presupuestario, publicado en la de 2005, dicto la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT-2014-0019 Artículo 1. Designo al funcionario DUNCAN JOSE BAILEY LUGO, titular de la cédula de identidad N° 8.886.097, como Gerente General de Tecnologia de Información y Comunicaciones en calidad de Titular, para que ejerza las competencias asignadas al cargo, señaladas en el Articulo 3 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2006-0489 de fecha 18 de agosto de 2006 publicada en Gaceta Articulo 2. En los actos y documentos suscritos en ejercicio de esta delegación, se deberá indicar el número y fecha de la presente Providencia, asl como el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y la fecha de publicación.
Articulo 3. La presente Providencia Administrativa entrarà en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniquese y Publiquese.
JOSOMIOSFABELLORONDON SUPERINTENOENTE NACIOMAL ADUANERO Y TRIBUTARIO DaNde echa 01-02-2008 Gaceta OnedelRepúbica Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de1 01-02-2008
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AVISO OFICIAL El Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 numeral 26 de la Ley que lo rige, en concordancia con lo dispuesto en el asticulo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, procede a publicar el siguiente:
“ESTUDIO COMPARATIVO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO" Marzo 2014
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO 1.
La Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela N° 39.021 de fecha 22 de septiembre de 2008, tiene por objeto garantizar el respeto y protección de los derechos de los usuarios y las usuarias de dichos instrumentos de pago, obligando al emisor de los mismos a otorgar información adecuada y no engañosa a los y las tarjetahabientes.
El presente "Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito" ha sido elaborado de conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la mencionado Ley, donde se establece que el Banco Central de Venezuela debe publicar "un estudio comparativo de las tasas de financiamiento en tarjetas de crédito que incluya como mínimo lo siguiente: tasas de interés financieras, moratorias y beneficios adicionales que no Para ello se ha tomado como base la información suministrada, con carácter de declaración jurada, por parto de las instituciones bancarias emisoras de tarjetas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 46 de la misma Ley.
En todo caso, el Banco Central de Venezuela reitera que se encuentra facultado para sancionar administrativamente, de conformidad con lo previsto en el articulo 13s de la Ley que rigo su funcionamiento, a aquellas instituciones que incumplan la normativa dictada por el Instituto en materia de tasas de interés financiera y moratoria que aplican a operaciones activas con tarjetas de crédito a que alude el articulo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débjto, Prepagadas y Demás Tarjetas do Financiamiento o Pago Electrónico; asi como a aquellas instituciones que incumplan la obligación prevista en el artículo 46 de la Ley en referencia, relacionado con la obligación de suministrar, en la oportunidad y forma alli prevista, la información requerida para realizar el presente estudio comparativo.
Igualmente, se observa que el incumplimiento de la normativa emitida por el Banco Central de Venezuela en materia de comisiones, tarifas o recargos, será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Ley del Banco Central de Venezuela.
Asimismo, el Banco Central de Venezuela cumple con advertir que el objetivo de este informe no es franquicias o marcas asociadas a las mismas.
En el caso de las tarjetas de crédito, el estudio comprende para cada tipo de tarjeta emitida por institución, n e e r e e e e plazo de pago y de financiamiento, número de puntos de venta y negocios afiliados, asi como beneficios sin costo para el cliente. Igualmente, en el caso de las tarjetas de débito, se considera: cobertura, número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos, desagregados en cajeros remotos y en agencias.
DEFINICIONES IL.
. Beneficios adicionales: Beneficios o servicios que brinda la franquicia (o marca) y el emisor a los calificación ni sobre su otorgamiento o no a los y las tarjetahabientes.
Cobertura: Ámbito geográfico o sector de mercado en el cual puede ser utilizada la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito.
Emisor: Empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, asi como las instituciones bancarias tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, internacional, o en ambas modalidades en él territorio nacional.
Franquicias: Entidades que otorgan las licencias de emisión de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American Express y Diners Club) y tarjetas de débito (Macstro y Visa).
Negocios afliados: Número de establecimientos comerciales que reciben pagos a través de la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación.
Plazo de pago: Periodo que transcurre desde la fecha de corte hasta el dia máximo establecido por la institución bancaria para que el tarjetahabiente realice, al menos, el pago minimo indicado en su estado de cuenta so pena de incurrir en mora.
Puntos de venta: Número de terminales de punto de venta que pueden procesar pagos originados por la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación.
Tarjeta de crédito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnologia de identificación del o de la tarjetahabiente que acredita una relación contractual entre el emisor y el o la tarjetahabiente, en virtud del otorgamiento de un crédito a corto piazo o linea de crédito a favor del segundo, el cual podrá ser utilizado para la compra de bienes, servicios, cargos automáticos en cuenta u obtención de avance de dinero en efectivo, entre otros consumos.
Tarjeta de débito: Instrumento magnético, electrónico o de cuaiquicr otra tecnología quo permite al o la tarjetahabiente realizar consumos o hacer retiros de dinero en efectivo con cargo automático a los haberes de su cuenta bancaria y que es emitida previa solicitud de parte del o de la titular de la cuenta bancaria.
Tarjetahabiente: Persona natural o juridica a la cual el Emisor, otorgue tarjetas de crédito, débito, prepagadas, y/o demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, para el uso de un crédito, linea de crédito o cargo en cuenta.
tarjetahabiente por concepto del crédito.
tarjetahabiente por concepto de retrasos en los pagos. Tales intereses deben ser calculados sobre el saldo vencido y no sobre todo el capital originario.
TARJETAS DE CRÉDITO En esta sección se detallan las tasas de interés de financiamiento y de mora que las instituciones bancarias financiamiento, el número de puntos de venta y de negocios afiliados (Anexo N° 1), asi como los beneficios Las tarjetas de crédito se encuentran clasificadas por niveles, de conformidad con Circular emitida por el (doradas y similares). Nivel 3 (platinum y similares) y Nivel 4 (black y similares). Estas tarjetas operan bajo las franquicias Visa, Mastercard, American Expess y Diners Club, y tienen cobertura nacional e internacional, siendo el caso que algunas instituciones bancarias ofrecen tarjetas privadas, las cuales son aceptadas exclusivamente en los comercios afiliados a nivel nacional.
En materia de tasas de interés, el Banco Central de Venezuela fijó las tasas de interés de financiamiento pactada por concepto de obligaciones morosas, según Aviso Oficial del 13/03/2014 (0.O. N° 40.371 del 13/03/2014).
En este sentido, la mayoria de las instituciones bancarias se ubicaron en la tasa máxima de financiamiento.
Sin embargo, el Banco Nacional de Crédito, en su tarjeta privada, estableció una tasa del 26%. La tasa de mora se ubicó en 3% anual para todas las instituciones.
Por otra parte, las tarjetas de crédito denominadas "Cédula del Buen Vivir Bicentenario" (15%) y "Cédula del Buen Vivir Turismo" (18%), ofrecidas por la Banca Pública han sido unificadas en la actual "Cédula del Vivir Bien". Mediante Aviso Oficial del 19/09/2013 (G.O. N° 40.266 del 07/10/2013), este Instituto fijó en 15% la tasa de interés activa mínima anual a ser aplicada por las operaciones activas realizadas con dicha Venezuela, una tasa minima de financiamiento del 14%.
e meses, siendo que el máximo de financiamiento jo ofrecieron BFC, Banco Industrial y el Banco de Venezuela; no obstante, la mayoria de las instituciones bancarias financian a 36 meses.
Las tarjetas de crédito son aceptadas en 388.545 puntos de venta, instalados en 316.821 negocios afiliados en el pais. Es importante señalar, que existen 58.416 negocios adicionales que sólo aceptan la tarjeta American Express de BOD.
IV. TARJETAS DE DÉBITO
En este apartado se presenta información sobre el número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos que aceptan tarjetas de débito emitidas por las instituciones bancarias, previo otorgamiento de licencias Maestro y Visa.
Estas tarjetas pueden ser utilizadas sólo a nivel naciopal y son recibidas en 388.426 terminales de puntos de venta, instalados en 316.702 negocios afiliados, asi como en 10.506 cajeros automáticos (Anexo N° 4).
débito, y aquellos que sólo admiten transacciones de débito, lo cual origina que el número de puntos de venta de las tarjetas de débito difiera respecto al de las tarjetas de crédito.
ANEXO N° 1 Información acerca de Tarjetas de Crédito
1N2 IRMaC Vaa
3.4 Nacional
29.00%
3.00% 36 100% BANCO 20
1.572
1.475 Intemacional Mastercerd
1.2.3.4 Vea 1. 2, 3., 4 Necional ACTIVO
29.00%
3.00% 20 36
4.292
3.842 Intenacional Maslercerd
1.2. 3.4 Mastercard
29.00% Nacional
1.2.3.4
3.00% 02 36 110 110 1. 2, 3.4 Visa Necional
29.00% 38
11.843
BANCARIBE 3,00%
12.385
1.2.3.4 Intemacional Mastercard 1. 2, 3,4 Viea Necionale 1. 2, 3,4 Meatercard Intemacional BANESCO 29.00% 3,00% 25 38 77.343 62.479 1.2.4 Espreee 2 Prlvada 2 Nacional (1) Vee 3 Nacional 12 0 BANPLUS 20 8.372 5.377 28.92% 3.00% Necional 1. 2.3.4 Maslercard 38 Integnacional Vea 1.2.3.4 Necional e BFC 20.00% 20 3.00% 60 7.645 0.817 Intamacional 1.2.3.4 Masteroard Vaa 1.2.3.4 29.00% Nacional BICENTENARIO 3,00% 20 36 43.940 40.010 Inlenacional Mastercard 15,00% (c) Viaa 1. 2, 3,4 20 42.012 38 Necional 1. 2, 3,4 Mastercard Iniemacional BOO 29.00% 3.00% 45.722 American 1. 2.3.4 21 48 58.416 Exprees gn 20 Priva de 2 Nacional 1) 36 42.012 Viea 1. 2. 3.4 Necional 3.00% 29.00% 20 36 4.090 4.375 Intenacional Mastercard 1.2. 3.4 Vee 1. 2.3 Necional 20 CITIBANK 29.00% 3,00% 36 .
0 Indemacional Mastercard 1. 2.3 Ves
1.2.3.4 Necional 20 DEL SUR
28.92%
3.00%
2.201
1.99 36 Inleimacional Mastoroard 1. 2. 3.4 Viaa Necional 1.2.3.4 28.00% 21 3.00% 38 3.767 3.578 DEL TESORO Iniemacional Maslercard 15.00% (3) 1 ESPIRITO Necional 20 1.2.3.4 29.00% 3 140 m Mastercard 3.00% SANTO Intemacional
página original (tal como se publicó)

Página 10
Enanclar EMo7 Viea 1. 2, 3. 4 Nacional EXTERIOR
3.00%
29.00% 20 48
11.802
10.178 Mastercard
1.2,3.,4 Intemacional Vea 1, 2, 3 (6) Nacional
29.00% Maslercard
1.2. 3 3,00% INDUSTRIAL Internacional 27 60 382 453 Privada 28,00% Nacional (1) 1 Vaa 1, 2. 3,4 20 Nacional e Maslercard 1. 2, 3,4 52.150 37.266 Internacional MERCANTIL 29.00% 3.00% 36 Diners Club 1 22 Privada Nacional (1) 1 20 18 1 Viaa 1.2.3.4 Nacional 9.498 7.891 Meslercard Iniernacional 1.2.3.4 3.00% 30 36 CRÉDITO Priveda 20.,00% Nacional (1) 3 B Viaa 1. 2,3.4 Nacional PLAZA 28.92% 3,00% 20 38 3.505 3.233 Mastercard 1. 2.3.4 Vee 1.2.3.4 Nacional PROVINCIAL N0082 3,00% 25 38 41.093 Intemnacional Mastercard 1.2.3.4 Nacional Meslercard 1.2.3,4 28,02% 3.00% 02 38 1.210 1.138 Intemacional 1. 2. 3 Visa Nacional Maslercard 1. 2, 3,4 29.00% 3,00% Intemacional 20 4.345 30 3.395 Prvada Nacional (1) 2 Vaa 1.2.4 20 Nacional 3,00% 29.00% 24 805 545 DE CRÉDITO Mestercard 1.2,3 intemacional 22 1. 2, 3 Viaa 29.00% 1. 2. 3,4 60 Maslercard 14,00% (4) Nacional e Internacional VENEZUELA 15,00% (3) 3,00% oc 33.529 27.502 Amercan 1.2.3 29,00% Exprees (2) 36 Privada 29.00% Nacional (1) 1 24 (1) Únicamenio en los eslablecimienios aflados al banco, según lo estabipcido en el convenio firmado entre ambos partes.
(2) La franquicia ofrece tajetne de cargo, en las que los consumos reeizados durante un periodo deben ser pagados en su totalidad al fnal del mismo. Estas larjelas no benen financiamiento por lo cual no son consideradas tarjetas de crédito.
(3) Correaponde a la tajeta de crédito "Cédula del Vivir Bien', ofrecida por ia Banca Púbica.
(4) Comresponde a la tajeta de crédito "Somos", dirigida a jóvenes inecriog en el Ministerio del Poder Popular para la Juventud.
(5) Destinada adio a ciantes corporativos.
(0) Poe une tarjeta (niveles 1 y 2). segin convenio con ia FANB con un lasa financiera de 22%.
ANEXO N° 2 Beneficios ofrecidos por las franquicias al consumidor Seguro de aocidanias de viajes.
Seguro de viajes.
an viajes. Acceso al programa Iniemnacional Selects.
Giobal Servios, Master seguro Seguro de accidentes de viajes.
Seguro de accidente en viajes.
Diners Club Caah. Salones VP en aaropuartoe de de viajen. servicios de automóviles Servicios de asistencia en seguro de aiqufados, aaisioncia en viajes Europe, Aale y Sur Amárica.
distancia de viajes, Maser y otros sarvicios encluaivos.
sope ap cuntes Internacional Selects.
2 senvicios turísticos en la mayoria de los paises. Caniro de Asislencia Giobal.
Seguro de accidentes de viajes, Global Service, Master seguro Seguro de accidente en viajes.
servicios de Servicios de asistencia en seguro automóviles de viajes.
alqulados, seguro médico de naistencia de viajen. Maabor viajes. Acceso l programa seguro de autos. Concierpe.
Internacional Selects.
MasierAssist Plus.
y otroe servicioe axclusivon.
;
especiales senvicios para ejaculvos de negocio, ofertas exclusivas de viajes. Caniro de asistencia global. Exclusivas Vaea Pladinum.
Olobal Service, Master seguro Seguro de accidente en vinjos.
Seguro de accidentes de viajes.
Servicios de aaislencia en servicios lde automóviles seguro de viajes.
de alqulados, seguro médico de asistencia de viajes, Masler viajes. Acceso al programa seguro de autos, asistantio centro Internacional Selects.
sslalencia Concierge Pereonal, programa de premios Viaa indinte Blach.
ATM. MaslerAssist Rewerdo, ofertas exclusivas de Inconveniencia de viajes.
Viajon, accoeo al sito web de prolección de equipaje.
Viaa Infinite, sanvicios especia los para ejecutivos de negocio. Seguro de pérdida de equpaje. Seguro de zamora de aqupajo. Garandia extendida.
Prolección de compres. Ceniro de Aalolencia Gicbal. Exclusivas Van Ininte. Exclusivas Viaa Signelure.
Otros beneficios adicionales sin costos
Viea
3.4 Alención telefónica a trevis del centro de 100% BANCO alención al cliente lans 24 horas. 100% Banco Nivel3: Priorky Paaj aCCe0 a salas 1.2.3,4 Intemet.
Maslarcard VIP en seropuertos.
Pago de sus lajalas a través de la dirección Vies
1.2.3.4 Recepción de loe ww.bancoacthvo.com.
ACTIVO estados de cuenta meraunios via correo Maslercard 1.2.3,4 electrónico. Envio de Sis al momento de realizar las compras.
Alención teléfonos por el 0601-909.99.99 / AGRICOLA Mestarcard 1.2, 3.4 0212-953.78.42.
Hixal. Protección de compras, seguro sod andes 'oledrbe ap eppued sod Viae 1.2.3.4 demora eqpaja.
garantia de Nixsiea. 2 x.f: Plan de Mlle Banceribe.
extendida.
Meslarcard 1. 2. 3.4 hiixal 5: Asistonte personal.
Ves 1, 2. 3. 4 Banesco On Line exclusivo; banca lelefónica Mastercard 1.2. 3.4 Banesco, descuento en alianzas comerciales.
Global Assisl, servicio de mensajería SMS. Programa de pervicio de asistencia médica y legal al viajero. Seguro de BANESCO pago oportuno. Servicio de conauta de accidenia Accasoal 1,2.4 viajes.
Express programa Inemnacional Selects.
movimientos en cuenta, anldos, referencias Programa lealtad Membership bencaries y pegos, a través de dapensadorae de Rewards.
de autoservicios.
Privada u 2 Alención lelelónioa las 24 horas, envio de S4S Viea 3 por transacciones. Reeumen de abonos y BANPLUS cargos de la cuenia via e-mall. Monitoreo de la Iicel.d: Prorit Pass acceso a salas cuenta travde de e-banking por Mastercard 1.2.3.4 VIP en aeropuertos.
wow.bacoua.cam Viea
1.2.3.4 BFC pagos y tranaferencies. Estados de cuenta MastarCard 1.2.3.4 detallados.
Envio de helados de cuenta via correo Viea
1.2.3.4 n BICENTENARIO pagos. a través de n pdoina wab:
Priority Pass acceso a Nilveian 2 v.S Maslercard
1.2,3.4 r.bicecianado.com.xs. Alención (alefónioa salas VIP en serppuertos.
por el 08008ANCA00 (0800-2282200).
1.2. 3,4 Vies Maatercard
1.2.3.4 movimientos y pegos. Programa BODecuanto, que consiola an la aoumuación de punto que Olobal Assiat, pervicio de asistencia Lo n A r n n end al viajaro. Seguro de médica y legal BOD el mismo oiroulo de la maros prhrada (Alllado American accidente viajen. Accesoal 1.2, 3,4 P opuenoe p raued en cound eon oos Express amnacional Selecta.
los consumos renlrados por los usuarios.
lealtad Mambership de n Rewards.
consumos realizado y transacoionee de 2 Privada go consula de said o de la laijela de crédião.
Viea
1.2.3.4 Servicio de slención telelónice las 24 horas.
elscirónico, cuando el clente lo socia.
Maslercard
1.2.3.4 Envio de estados de cuenia vie correo 1,2.3 Viaa CITIBANK electrónico, servicio lalefónioo las 24 hora a, los 305 dias dil afo, banca electrónica por 1.2.3 Meslercard woow.citibank.com.xs.
Vies
1.2.3.4 n n e n e e oed mice.deisur.com.xn. acoeso a sus estados de cuenta dginies en la ploine wab. Alanción DEL SUR lalefónion las 24 horas, Ioe 305 dian del afo.
(0L -000) -o0-0 p 1,2.3.4 Masiercard y notificacion de vencimiento de pago via SMS.
Alención personalizada en aoancian y a travde 1,2,3.4 Viea de Tajeta bioqueada por su seguridad.
DEL TESORO Coneula de saldos, movimientos y helados de cuenia de ia Tarjeta. Cuota de emisión dal Masiercard 1.2.3.4 plástico sin costo, para la tarjela de crédilo "Cadude del Wivir Bien".
n -
1.2.3.4 Mastercard mensual por correo electrónico. Mennajes SMS de confirmación por Vransacciones.
Vaa
1.2,3.4 EXTERIOR movimientos y pago de aue tajetas a banda de Intemnet e-24 en yocw.hacconxlador.com Servidio Mestercard 1,2,3,4 graltullo de notificaciones via SMS a través de EXTERIOR mÓvl e-24.
Descuenio por propio pago, de 3 puntos menos Viaa
1.2.3 sobre ia lasa de interna aplicada. Servicio de Home Banking. a travde de la página web yoor btr.com.8 Maslercard 1.2.3 Aiención lelefónion lan 24 horas, loe 305 dias del Prirada 1 2262200).
Viea
1.2.3.4 Bolos Mercantil, en al oual, por cada consumo que roalce acumula bolos carjanabiog aplcadoe a la Mastercard 1.2.3.4 desde con la tarjeta. Diners Club Awarde, programa Salones VIP en aeropuertos de Diners Club 2 pago oportuno.
Europa, Asia y Suramfrica.
MERCANTIL La Tarjeta Privada (Tarjeta Intellgente Caracas Country Club) tiene el benellcio del reintegro dal 1% Prvada m de los consumos facturedos. Bolos Mercanl, en al 1 carjeabios aplicados a la deuda con la sujeta.
Vaa 1. 2. 3.4 Servicio BNCNET para consultas de saldos.
movimientos y paoo de twrjetan. travda de Mestercard
1.2.3,4 yonw.bno.comas. Asesoria personalizada, * travde CRÉDITO del servicio de atanción telelónica 0500-2825000 o Privada se 0212-507800 lne 24 horas y en la red de oficinas.
1 n n 1, 2.3.4 Vee PLAZA xnoe.becoolaa.com: programa puntos pieza:
Mestercard
1.2.3.4 programa de estad pers clantes oon producios de los niveles 3 y 4.
Programa de Provimilas.
Pägina Web:
Viae
1.2.3.4 asistencia xone.neaxiociat.com.
Senvicio Nibales 2 y.s: Prorky Pess acceso PROVINCIAL e a salas VIP en seropurtoe.
1.2.3.4 Mastercard movimientos inustiados en TDC.
Consulta de saldos, movimientos, pagos, estados de
1.2.3.4 Mastercard -L0 -00 00, las 24 horas, los 305 dian del año.
Aceso via Intamet ai sarviclo de coneuitas de Vas
1.2.3 facturaciones, pago y conaumon, a través de xonr.aoflasa.com Programa de solpunios que se scumulan por pago y oonaumos. Alendión Mestercard e n SOFITASA 1.2.3.4 Mensajoria Informalivs por del 0500-SOFITEL MSM.
Gozs de benellcis de disfrute del Parque de Agua.
Privada m 2 ubicado en la cludad de Maracaibo.
Conaultas de saldo solitud de avances de
1.2.4 Viaa efectivo y pagos de la tajota, a trevde de los canales ONVIOZINNA duitalon, Ion 24 horas. Noufcaciones SM3 de DE CRÉDITO n n Mastercard 1.2.3 correo electrónico. Posbildad de bloqueo y actuar In tarjeta desde el celular, con BVC"móvil o Vlando.
Visa
1.2. 3 Programa Junios Sumamos Puntos, clave lalefónica personal por el 0500 MICLAVE, dlevenel personal 1.2.3. 4 Maslercard American 1.2.3 loe 300 dias del aho. Cuote de amiaión del pidatloo Express Priveda an (1) Beneficio opcional ofrecido al clenie, cuyo ooslo es asumido en su lotaldud por la insliución bancaria.
Wuen ap sojund ane od ureed cpe ooueg pop edoud seeln 1 (z)
ANEXO N° 4 Información acerca de Tarjetas de Débito
Negocioe AMndo Maeatro 100% BANCO Nacional
1.572
1.475 48 44 Maesiro ACTIVO Nacional
4.202
3.642 51 10 41
AGRICOLA Maesiro Nacional 110 110 0Z 68 2 BANCARIBE Maeairo 12.385 232 Necional 11.843 28 204 BANESCO Maesiro Nacional 77.343 82.479 1.094 1.331 6.372 BANPLUS Maesiro 5.377 Nacional 32 32 0 BFC Meestro Nacional 7.845 6.817 171 2 160 Maestro Nacional 43.940
1.159 BICENTENARIO
775
40.616 384 BOD Maestro Nacional
45.722
42.012 749 411 338 CARONI Meeetro Necional
4.800
4.375 137 122 15 CITIBANK Meeeiro Nacional 0 15 15 0 0 DEL SUR Meestro Nacional 2.201 1.989 49 41 8 DEL TESORO Manstro Nacional 3.767 3.576 177 228 40 ESPIRITO SANTO Moestro Nacional 140 111 3 3 0 Maestro Nacional
11.802 EXTERIOR
10.176 142 12 INDUSTRIAL Maeairo Nacional 453 212 382 65 147 MERCANTIL Massiro Nacional 52.150 37.268 1.368 404 108 NACIONAL DE Maesiro Nacional 9.498 7.691 404 293 CRÉDITO PLAZA Massiro Nacional 3.505 3.233 44 35 PROVINCIAL Maesiro Nacional 61.203 41.093 1.976 359 1.817 SOBERANO Maeeiro Nacional 1.210 1.138 45 33 15 SOFITASA Messtro Hacional 4.345 3.396 141 29 112 Maestro Vaa Nacional 488 428 191 54 CRÉDITO 137 Superefectira VENEZUELA Maestro Nacional 317 33.529 27.502 1.344 1.027 1/ Ubioados fuera de les agencias.
2/ Ubicedos dentro de las agencies.
página original (tal como se publicó)

Página 11
ANEXO N° 5 NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA
TARJETA DE CRÉDITO
388.545
395.000
380.000
365.000
350.000
335.000
320.000
305.000
290.000
275.000
260.000
245.000 sep-13 sep-12 jun-13 ago-13 oCt-13 nov-13 ene-14 mar-14 mar-12 may-12 ago-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 ju-13 dic-13 feb-14 ene-12 abr-12 oct-12 mar-11 may-11 jun-11 ago-11 sep-11 nov-11 feb-12 jun-12 jub-12 ene-11 feb-11 abr-11 jub-11 oct-11 dic-11 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
TARJETA DE DÉBITO
388.426
395.000
380.000
365.000
350.000
335.000
320.000
305.00
290.000
275.000
260.000
245.000 jun-13 jui-13 ago-13 sep-13 ene-14 sep-11 ene-13 mar-13 abr-13 may-13 0Ct-13 dic-13 mar-14 ago-11 0ct-11 nov-11 ene-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 0c1-12 nov-12 dic-12 feb-14 abr-11 may-11 dic-11 feb-12 mar-12 abr-12 sep-12 feb-13 mar-11 jun-11 jul-11 feb-11 ene-11 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
ANEXO N° 6 NÚMERO DE NEGOCIOS AFILIADOS
TARJETA DE CRÉDITO
325.000
316.821
315.000
305.000
295.000
285.000
275.000
265.000
255.000
245.000
235.000
225.000
215.000
205.000
195.000 ago-13 sep-13 nov-13 ago-12 may-13 oct-13 ene-14 mar-14 sep-12 nov-12 feb-13 mar-13 abr-13 jun-13 jub-13 dic-13 feb-14 sep-11 oct-11 ene-12 abr-12 may-12 ju-12 oct-12 ene-13 abr-11 ago-11 nov-11 dic-11 feb-12 mar-12 jun-12 dic-12 ene-11 mar-11 may-11 feb-11 jun-11 jul-11 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
TARJETA DE DÉBITO
325.000 -
316.702
315.000
305.000
295.000
285.000
275.000
265.000
255.000
245.000
235.000
225.000
215.000
205.000
195.000 sep-13 jun-13 ago-13 nov-13 ene-14 ago-12 nov-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 ju-13 oct-13 dic-13 mar-14 feb-12 abr-12 sep-12 oct-12 dic-12 feb-14 jun-11 sep-11 oct-11 nov-11 mar-12 may-12 jun-12 jub12 ju-11 ago-11 ene-12 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 dic-11 ene-11 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
página original (tal como se publicó)

Página 12
8
CAJEROS AUTOMÁTICOS
10.506
10.600
10.400
10.200
10.000
9.800
9.600
9.400
9.200
9.000
8.800
8.600 jun-11 ago-11 ub-12 ago-13 may-11 jub-11 sep-11 ene-12 mar-12 ago-12 sep-12 oct-12 dic-12 mar-13 ub-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 feb-14 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 oct-11 nov-11 dic-11 feb-12 abr-12 may-12 jun-12 nov-12 ene-13 abr-13 may-13 jun-13 ene-14 feb-13 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
Caracas, 08 de mayo de 2014.
10.506
3.515
1.611
9911.148930
1.229 496 299 287
Capital Los Lianos Insular Centro- Los Andes Zuliana Nor- De Central mar-14 Oriental Guayana Occidental Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios.
En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial. Comuníquese y publíquese.
/Julio César Viloria Sulbarán PRIMERA B GERENCIA
5 a a
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 485-2014. MARACAY, 30 DE ABRIL DE 2014.
Años 203º y 154º Quien suscribe, TATIANA PUGH MORENO, actuando en mi carácter de PRESIDENTA del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA), designada mediante Decreto 8.786 de fecha 27 de enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.852 de fecha 27 de enero de 2012, actuando de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el único aparte del artículo 5 y el artículo 19 párrafo segundo de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en uso de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.022 de fecha 25 de Agosto del 2000, este Despacho dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se designa a la ciudadana SEXLY YANIDIA YANEZ DÍAZ, titular de la cédula de Identidad N° V- 15.371.498, Como JEFA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO BOLÍVAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA-BOLÍVAR), en CondiCión de encargada desde el 25 de Abril de 2014 hasta el 09 de Junio de 2014.
Artículo 2: Se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a su cargo.
Artículo 3: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Caceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, yo TATIANA PUGH MOMO Presidenta del
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 484-2014. MARACAY, 30 DE ABRIL DE 2014.
Años 203° y 154º Quien suscribe, TATIANA PUGH MORENO, actuando en mi carácter de PRESIDENTA del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA), designada mediante Decreto 8.786 de fecha 27 de enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.852 de fecha 27 de enero de 2012, actuando de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el único aparte del artículo 5 y el artículo 19 párrafo segundo de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en uso de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.022 de fecha 25 de Agosto del 2000, este Despacho dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se designa al Ciudadano ILICH ERICH CIRA DE ARMAS, titular de la cédula de Identidad N° V- 13.642.894, como CONSULTOR 3URÍDICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA), en condición de encargado a partir del 16 de Abril de 2014.
Artículo 2: Se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a su cargo.
Artículo 3: Se deroga la Providencia Administrativa N° 404 de fecha 08 de Abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.155 de fecha 26 de Abril de 2013
Artículo 4: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, Tothane hegf TATIANA PUGH MOR RfS* MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/N° 0136 CARACAS, 07/05/2014 204º, 155º y 15º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 28, 62, 77, numerales 19 y 92 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, este Despacho Ministerial,
RESUELVE
Artículo 1. Designar al ciudadano ENRIQUE JOSE TRIAS ORTIZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.205.368, como Jefe Ad Honorem del Departamento de Personal de la Oficina de Planificación del Sector Universitario del Consejo Nacional de Universidades.
Artículo 2. Delegar en el preidentificado ciudadano, en su condición de Jefe Ad Honorem del Departamento de Personal de la Oficina de Planificación del Sector Universitario del Consejo Nacional de Universidades, las atribuciones y firma de los actos que a continuación se indican:
1. Planificar y diseñar las políticas de selección, clasificación, remuneración, entrenamiento, crecimiento, desarrollo y retiro del personal del Consejo Nacional de Universidades CNU-OPSU.
2. Asesorar y asistir a la Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPsU, en la fijación y aplicación de políticas en materia de personal.
3. Suscribir las comunicaciones a personas y órganos o entes públicos y privados relativas al trámite ordinario de los asuntos que sean competencia de la Oficina a su cargo, 4. Certificar copias de documentos cuyos originales reposan en el archivo de la Oficina a su cargo.
5. Suscribir la correspondencia externa., telegráfica, postal.
radiotelegráfica y telefacsímil, en respuesta a solicitudes de particulares dirigidas a la Oficina a su cargo.
6. Elaborar, coordinar y evaluar programas de administración de personal y desarrollo de recursos humanos del Consejo Nacional de Universidades CNU-OPSU y administrar el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño.
7. Promover el mejoramiento, bienestar y desarrollo del personal que presta sus servicios en el Consejo Nacional de Universidades CNU-OPSU, realizando los estudios e investigaciones que se requieran para conocer las necesidades de entrenamiento y ambiente de trabajo, proponiendo las estrategias con el objetivo de satisfacer tales necesidades.
8. Servir de enlace con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación, cuando el asunto le competa a la Dirección a su cargo y con los organismos de representación de los trabajadores y trabajadoras, previa autorización de la Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU.
9. Prestar todos los servicios relativos a la administración de los recursos humanos del Consejo Nacional de Universidades CNU-OPSU.
10. Cumplir y hacer cumplir las eyes, reglamentos, resoluciones, providencias y demás actos administrativos en materia de administración de personal.
11. Tramitar los movimientos de personal (FP-020).
12. Todo lo relacionado al Registro de Asignación de Cargos (RAC) y Registro de Asignación de Obreros (RNO).
13. Ordenar compromisos contra el presupuesto vigente de la Oficina bajo su cargo, previa opinión de la Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU, sin menoscabo de lo que dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.
14. Suscribir notificaciones a los funcionarios y funcionarias públicos del Consejo Nacional de Universidades CNU-ÓPSU, concerniente a la aceptación de renuncia, reducción de personal, jubilación y pensión, destitución, remoción, retiro, comisión de servicio, traslado, transferencia, ascenso, permiso y suspensión del ejercicio del cargo con o sin goce de sueldo.
15. La firma de los contratos de ingreso del personal, previa autorización de la Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU, previa planificación general con el Ministro.
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16. Las designaciones, remociones y retiros de los funcionarios clasificados como de libre nombramiento y remoción, adscritos a las Direcciones, Oficinas y Coordinaciones previa autorización del Presidente del Consejo Nacional de Universidades CNU.
17. Las notificaciones de las actos administrativos de designación, remoción y retiro de los funcionarios de libre nombramiento y remoción.
Artículo 3. Los actos y documentos suscritos de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado la fecha y número de Resolución y Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la cual haya sido publicada la delegación respectiva Artículo 4. El referido ciudadano deberá rendir cuenta al Presidente del Consejo Nacional de Universidades CNU o en su defecto en la Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU, de todos los actos y documentos que hubière firmado en virtud de la presente delegación.
Artículo 5. La presente Resolución entrará a partir del 23 de abril de 2014.
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Naeiama
RICARDO MENENDEZ ERIETO Ministro del Poder Popular para la Eaucectón Universitarla Presidente del Consejo Naclonpl deggicersiaades CNU Según Decreto N° 7gublteedb en G.O.R.B.V. N° 40.330 dei p9e enero g/2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR pl PARA EL AMBIENTE
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 000003 Caracas. 09 MAY 2614 Número:
204Y.155° RESOLUCIÓN
De conformidad con el Articulo 34. del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Lay Orgánica de la Administración Pública, Articulo 77, numeral 26 ejusdem. publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 de fecha 31-07-2008, Articulo 5, Ordinal 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el Articulo 1 del Reglamento de Delegación de firma de Ics Ministros del Ejecutivo Nacional, contenido en el Decreto N° 140 de fecha 17 de Septiembre- de 1969.
publicado en Gaceta Oficialde la República de Venezuela N° 29.025 del 18 de Septiembre de 1969, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N° 0c93 de fecha 23/08/2013. publicada en la Gaceta Oticial de la República Bclivariana da Venezuela N° 40.236 de fecha 26/08/2013 y Resolución 152 de fecha 24/:0/2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.280 de fecha 25/11/2013, designo a partir del 21/04/2014 hasta 19/05/2014 al ciudadano EFRAIN ENRIQUE LEON CORNIVELL, titular de la Cédula de Identidad 6.433.253 COMO DIRECTOR DE LINEA ENCARGADO EN LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL adsCrita a Ia DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL de este Organismo Se le autoriza para firmar los actos y documentos cn las materias concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección.
Comuniquese y Publiquese Por el Ejecutivo Nacional
MARIANGEL PERE DIRECTORA GENERAL DEL DESPACH Resolución N°000093 del 23/05/2013 G O 40 236 Resolución N° 000152 del 24/11/2013 G . 40 280 8n1/2013
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA ADDENDUM N° 2 AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR 1.
PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA; y PARTES FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 2.
SERVICIO ELÉCTRICO.
Entre la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, domiciliado en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital y creado mediante Decreto Presidencial N° 6.991, de fecha 21-10-2009, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.294, de fecha 28-10- 2009, siendo su última modificación la promulgada en el Decreto N° 8.528 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
39.780 de fecha 18-10-2011, que en lo sucesivo y a los efectos de este Contrato se denominará "EL MINisTERIO", y representado en este acto por el ciudadano Ministro JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO, mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.886.845, designado mediante Decreto Presidencial N° 02 de fecha 22-04-2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22-04-2013, por una parte; y por la otra, la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO ELÉCTRICO (FUNDELEC), creada mediante Decreto Presidencial N° 2.384, de fecha 18-06-1992, publicado en la Gaceta Oficial N° 35.010, de fecha 21-07-1992, y cuya Acta Constitutiva y Estatutos fueron protocolizados en fecha 24-09-1993, ante la Oficina Subalterna de Registro del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal (ahora Distrito Capital). quedando registrados bajo el N° 03, del Tomo 50, del Protocolo 1°, realizada su última modificación estatutaria en fecha 30-04-2013, Registrada por ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador, Distrito Capital, quedando anotado bajo el N° 1, Folio 1, Tomo 14, Protocolo de Transcripción del presente año, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.177, de fecha 29-05- 2013, titular del Registro de Información Fiscal (RIF) N° G-20000271-9 quien en los sucesivo y a los efectos del presente acto se identificará como "FUNDELEC", representada en este acto por el ciudadano ALBERTO JOANES URDANETA URDANETA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-4.766.685, en su carácter de Director Ejecutivo (E) designado mediante Resolución emanada del Ministerio del Poder Popular para la Energia Eléctrica N° 028 de fecha 18-03-2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° "b". "" y "h" del articulo 11 de los Estatutos Sociales de la Fundación, las cuales en su conjunto se identificarán como "LAs PARTEs", han convenido celebrar, el preSente ADDENDUM N° 2 al CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO ELÉCTRICO PARA LA ADECUACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA FÍSICA DEL MPPEE Y SUS ENTES ADSCRITOS Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de fecha 09-01-2014, cuyas cláusulas Primera y Novena fueron modificadas a través de Addendum N° 01, en fecha 22-01-2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.340 de fecha 23-01-2014, de conformidad al Punto de Cuenta N° de fecha suscrito por el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica donde se aprueba la suscripción del presente Addendum de conformidad con la Cláusula Quinta del citado Convenio de Encomienda, con la finalidad de que se modifiquen las clausulas que se señalar a continuación:.
PRIMERO: Se modifica las CLÁUSULA PRIMERA del Convenio Principal, relativo al Objeto, cuya redacción es la siguiente:
"CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.
Gestión a FUNDAELEC por parte del "MPPEE" para el cumplimiento de los siguientes aspectos:
sedes del MPPEE y sus Entes Adscritos, asl como la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
b) Electrificaciores nuevas de alumbrado público.
del territorio racional.
d) Adquisición de equipos para reemplazar equipos obsoletos
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Páblica vigente.
Quedando su redacción definitiva en los términos expuestos a continuación:
"CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.
El objeto del presente Convenio lo constituye la encomienda de Gestión a FUNDAELEC por parte del "MPPEE" para el cumplimiento de los siguientes aspectos:
a) Adecuación integral de la planta fisica que requieran los espacios de las sedes del MPPEE y sus Entes Adscritos, as/ como la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
b) Electrificaciones nuevas de alumbrado público.
c) Recuperación del alumbrado público en las principales vías de cada estado del territorio nacional.
d) Adquisición de equipos para reemplazar equipos obsoletos.
e) Rehabilitación y Puesta en Servicio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Olivos.
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública vigente.".
SEGUNDO: "LAS PARTES". expresamente convienen en que, salvo por lo aqui expresamente modificado y/o agregado, quedan en toda su fuerza y vigor las demás estipulaciones contenidas en el "CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN", principal, El Se hacen TREs (03) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto; en la ciudad de Caracas, a los dias del mes de_ de 2014.
POR-EL MINISTERIO
JESSE ALONSO MINIBTRO DEL PODER POPUL DIRECTOR EJECUTIVO (E) CTRIO
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL
Exp. N° AP61-A-201
En fecha cuatro (4) de octubre de 2011, este Tribunal Disciplinario Judicial dictó auto mediante el cual se abocó al conocimiento de la causa del procedimiento judicial que era sustanciado por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, contenido en el expediente N° 1935-2010, en el cual cursan las actuaciones disciplinarias que llevaba la mencionada Comisión al ciudadano Juan Arcides Chirinos Colina, titular de la cédula de identidad No. V-6.250.501, en su desempeño como Juez Titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Cumaná, librándose las boletas de notificación y oficios correspondientes. En este mismo auto, se designó según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño para el conocimiento del presente asunto.
En fecha siete (7) de febrero de 2012, el Tribunal Disciplinario Judicial dictó auto mediante el cual consideró que la siguiente actuación procesal sería la evacuación de las pruebas admitidas por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial el día siete (7) de junio de 2010.
En fecha veinte (20) de marzo de 2012, el ciudadano Juan Arcides Chirinos Colina, Juez investigado en la presente causa, solicitó la revocatoria del auto de tuviese lugar la evacuación de las mencionadas testimoniales.
En fecha dieciocho (18) de abril de 2012, el Tribunal Disciplinario Judicial dictó auto mediante el cual declaró la nulidad del auto dictado en fecha siete (7) de febrero de 2012, reponiendo la causa en la fase de evacuación de las pruebas admitidas fijando el tercer (3°) día de despacho dentro de los cinco (5) días previstos en el articulo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, fijando para la ciudadana Gilda Prado, la una de la tarde (1:00 pm) y para la ciudadana Verselys González, las dos de la tarde (2:00 pm).
En fecha seis (6) de junio de 2012, la Inspectoría General de Tribunales solicitó a esta instancia judicial ordene la notificación al Juez investigado mediante cartel, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha nueve (9) de agosto de 2012, este Tribunal acordó librar el oficio de notificación a la Fiscalla General de la República informándole el contenido del auto dictado en fecha dieciocho (18) de abril de 2012, en razón de que se omitió librar el correspondiente oficio en su oportunidad.
Posteriormente, el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha dieciocho (18) de octubre de 2012, acordó fijar cartel de notificación de conformidad con lo establecido en el articulo 233 del Código de Procedimiento Civil al ciudadano Juan Arcides Chirinos Colina, Juez investigado en la presente causa.
En fecha veintitrés (23) de octubre de 2012, se agregó a los autos ejemplar del cartel de notificación publicado en el Diario Vea, en fecha lunes veintidós (22) de octubre de 2012, en la página número veintitrés del mismo, a los fines de notificar al Juez que se le sigue el presente procedimiento disciplinario.
Acto seguido, en fecha veintidós (22) de noviembre de 2012, se celebró la audiencia de evacuación de testigos previamente fijada, cuyo acto fue declarado desierto, en virtud de que la única parte compareciente fue la representante de la Inspectoría General de Tribunales.
En fecha veintinueve (29) de noviembre de 2012, el Juez investigado en la presente causa, consignó escrito manifestando su imposibilidad de ubicar a los testigos promovidos y posteriormente admitidos.
Consecutivamente, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, este Tribunal el dia cuatro (4) de diciembre de 2012, acordó fijar la audiencia oral y pública en la causa seguida al ciudadano Juan Arcides Chirino Colina, para el día jueves veinticuatro (24) de enero de 2013, a las dos y treinta horas de la tarde (2:30 pm).
En fecha veinticuatro (24) de enero de 2013, el Juez investigado en'la causa que nos ocupa, consignó ciento ochenta y nueve (189) folios útiles contentivos de pruebas marcadas con las letras A, B, C, D, E, F, G y H.
En fecha veinticuatro (24) de enero del año que discurre, tuvo lugar la celebración de la audiencia oral y pública, en la cual el Juez investigado y la inspectora General de Tribunales expusieron sus alegatos; este Tribunal deliberó y adoptó la respectiva decisión, tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto íntegro de la decisión, en cumplimiento del artículo 82 ejusdem, y al respecto se observa:
1 DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES De las actas que cursan en el presente expediente disciplinario judicial, se desprenden las actuaciones investigativas de la Inspectoría General de Tribunales que a continuación se especifican:
En fecha treinta (30) de junio de 2009, la Inspectoría General de Tribunales acordó iniciar de oficio la investigación, en virtud del oficio N° CJ-09-994, de fecha diez (10) de junio de 2009, suscrito por la Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia ciudadana Luisa Estela Morales Lamuño, mediante el cual "acordó ratificar la decisión de que las suspensiones /con goce de sueldo que ha venido ordenando este Organismo, serán bajo la condición de suspensiones sin goce de sueldo"; todo ello en razón de que el ciudadano Juan Arcides Chirino Colina, Juez investigado en la presente causa, fue suspendido con goce de sueldo en fecha dos (2) de diciembre de 2007, por la referida Comisión, según oficio N° CJ-07-2758.
\ En fecha diecisiete (17) de marzo de 2010, la ciudadana Yris Armenia_Peña Espinoza, actuando como Inspectora de Tribunales Especial, solicitó ante la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que se iniciara el correspondiente procedimiento disciplinario al ciudadano Juan Arcides Chirino Colina, por verificarse que dictó una providencia contraria a la Ley por negligencia, y por haber incurrido en descuido injustificado en la tramitación de una causa judicial; ilícitos que se encuentran tipificados en los artículos 39, numeral 10 y 37, numeral 7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y el artículo 38, numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial, normativa vigente para el momento en que presuntamente acaecieron los hechos, los cuales daban lugar a las sanciones de destitución y amonestación, respectivamente.
Il DEL PROCEDIMIENTO LLEVADO POR LA COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL En fecha doce (12) de abril de 2010, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial dio entrada al expediente N° 090273, proveniente de la Inspectoría General de Tribunales, conformado por once (11) piezas, la primera de doscientos ochenta y ocho (288) folios útiles, la segunda de doscientos dieciséis (216) folios útiles, la tercera de doscientos treinta y cuatro (234) folios útiles, la cuarta de ciento noventa y dos (192) folios útiles, la quinta de doscientos treinta y cinco (235) folios útiles, la sexta de ciento noventa y cuatro (194) folios útiles, la séptima de doscientos treinta y cinco (235) folios útiles, la octava de ciento setenta y cuatro (174) folios útiles, la novena de ciento veintinueve (129) folios útiles, la décima de ciento sesenta y seis (166)
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folios útiles y la undécima de doscientos un (201) folios útiles, contentivo de las investigaciones levantadas al ciudadano Juan Arcides Chirino Colina, por sus actuaciones como Juez Titular a cargo del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre.
En esa misma fecha, se designó ponente a la Comisionada Alicia García de Nicholls, conforme al sistema de distribución llevado por el extinto órgano disciplinario, a los fines del pronunciamiento correspondiente.
En fecha catorce (14) de abril de 2010, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial admitió el escrito contentivo del acto conclusivo de la investigación seguida al ciudadano Juan Arcides Chirino Colina, fijándose la celebración de la audiencia oral y pública para el día jueves veintisiete (27) de mayo de 2010, a las ocho y treinta de la mañana (8:30 am), instando a las partes a promover las pruebas que consideraran pertinentes hasta el día anterior a la audiencia.
Acto seguido, en fecha veinticinco (25) de mayo de 2010, el ciudadano Juan Arcides Chirino Colina, Juez investigado en la presente causa, consignó escrito mediante el cual manifestó su delicado estado de salud, anexando los respectivos reposos médicos; razón por la cual solicitó el diferimiento de la audiencia oral y pública previamente pautada.
En fecha veinticinco (25) de mayo de 2010, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial admitió los elementos probatorios promovidos por la Inspectoría General de Tribunales, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.
En fecha veintiséis (26) de mayo de 2010, se agregó a los autos el escrito de adhesión presentado por la Fiscalía Sexagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en Materia Disciplinaria Judicial.
En fecha veintiséis (26) de mayo de 2010, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial acordó diferir la audiencia para el día viernes cuatro (04) de junio de 2010, a los fines de garantizar el debido proceso la tutela judicial efectiva.
Posteriormente, en fecha veintiocho (28) de mayo de 2010, el ciudadano Juan Arcides Chirino Colina, Juez investigado en la presente causa, consignó una efectuó en cumplimiento a lo indicado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en auto dictado el veintiséis (26) de mayo. de 2010, en el que se le concedieron tres (3) días para que convalidar a el reposo previamente consignado.
En fecha primero (1°) de junio de 2010, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en razón de lo anterior, acordó diferir la celebración de la audiencia oral y pública, fijando como nueva oportunidad el día miércoles catorce (14) de julio de 2010, a las ocho y treinta de la mañana (8:30 am).
En fecha siete (7) de junio de 2010, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, admitió las pruebas testimoniales promovidas por el Juez investigado, y negó las solicitudes referentes a una prueba de informes para expedir certificación del vehículo automotor involucrado en la causa y para comisionar a un Tribunal a que practique inspección judicial al referido vehículo.
En fecha catorce (14) de julio de 2010, día en el que estaba pautado el acto de celebración de la audiencia oral y pública, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en razón de la incomparecencia del Juez investigado, decretó medida cautelar innominada consistente en inhabilitación temporal; fijando como nueva oportunidad de dicha celebración el día veintinueve (29) de septiembre de 2010, a las diez y treinta de la mañana (10:30 am), en la cual de no comparecer sin una causa justificada se le declarará la contumacia.
En fecha catorce (14) de julio de 2010, el ciudadano Juan Arcides Chirino Colina, remitió a través de la empresa de envios de correspondencia MRw, escrito mediante el cual solicitó se dejara sin efecto la convocatoria a la audiencia oral y pública.
En fecha diecinueve (19) de julio de 2010, la extinta Comisión negó la solicitud anterior en virtud de que no se encuentran dadas las circunstancias para la procedencia de la misma.
Reestructuración del Sistema Judicial, en razón de la afección de salud de la Comisionada Presidenta de dicha Comisión, acordó diferir la celebración de la de diciembre de 2010, a las ocho y treinta de la mañana (8:30 am).
En fecha primero (1°) de diciembre de 2010, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en razón de la reorganización de las audiencias orales y públicas previstas por dicha Comisión, acordó reprogramar el acto, fijando como nueva oportunidad el día jueves diecisiete (17) de marzo de 2011, a las ocho y treinta de la mañana (8:30 am).
Finalmente, es oportuno señalar que no se evidencian actuaciones posteriores de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, a la indicada anteriormente, ello en virtud del cese de funciones del prenombrado del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
ⅢII ALEGATOS DEL JUEZ SOMETIDO AL PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL
Durante el transcurso de la investigación, se otorgó la oportunidad al Juez investigado de exponer los alegatos correspondientes a su defensa, los cuales fueron presentados en fecha tres (3) de noviembre de 2009, ante la Inspectoría General de Tribunales y constan a los folios treinta y uno (31) al sesenta (60) de la pieza seis (6) del presente expediente, resaltando por esta instancia judicial lo que a continuación se transcribe:
"(...) Yo JUAN ARCIDES CHIRINO COLINA (..) habiendo sido formalmente Inspectorfa General de Tribunales en virtud de las resultas presentadas con ocasión de la Inspecclón Integral realizada al Tribunal a su cargo, ordeno aperturar de oficlo en su contra el expediente" (...) (...omissis...) (.) CAUSAS QUE FUERON OBJETO DE OBSERVACIÓN. EXPEDIENTE N° RP01-P-2006-0433. ACUSADOS: ARMANDO RODRIGUEZ Y EFREN UELA JOSÉ SUAREZ. DELITO: TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS HERNÁNDEZ, difirió el acto del juicio oral y público y fijó para el dia 13 de resalta la Inspectora que no hubo auto de avocamiento, aqul insisto que no había lugar a dictar un auto de avocamiento, dado que la causa estaba en causas del tribunal en el estado en que se encuentran y éstas continúan en el estado en que se encuentran y éstas continúan su curso, siendo que los previstas sin necesidad de auto de avocamiento, dado que antes de la toma de cualquier decisión, las partes tienen oportunidad de ejercer su derecho a recusar al Juez, en el momento en que éste hace el avocamiento efectivo al conocimiento de la misma, al iniciar la audiencia. Pues de existir alguna causal de recusación prevista en la Ley, las partes podrán perfectamente plantear las antes que el Juez inicie el acto. En este caso, el juicio se celebró sentencia condenatoria por el delito de transporte illcito de 976 pane las de Marihuana, con un peso neto de 968.832 Gramos. (...) (...omissis...) (...)EXPEDIENTEN° RP01-P-2007-1186. ACUSADOS ENRIQUE FIGUEROA, DELITO: APROVECHAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR PROVENIENTE DE ROBO Y CAMBIO ILICITO DE PLACAS DE VEHICULO juez y del Secretario. Donde se deja constancia que dicha acta no fue debatida y suscrita por las partes, debido a la muerte del acusado. Es de debemos procurar la eficiencia en el desempeño, preservando siempre las partes. En este sentido, el acta de juicio, es un documento fundamental y esencial para el proceso, pues en ella se deja constancia del desarrollo del
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debate y con base en su contenido que se va a precisar el cumplimiento de muestren especial interés en que las actas sean debidamente leldas y debatiendo su contenido, es decir que tengan oportunidad de hacer observaciones o de pedir correcciones de errores, imprecisiones o inexactitudes que contengan y esa fue la intención del legislador al establecer la obligatoriedad de su lectura "inmediatamente después de la sentencia" como lo dispone el articulo 369 del Código Orgánico Procesal Penal . Por esta razón, las partes refieren que cuando se suspende una comienzo de la audiencia siguiente, para que sirva de recuento lo acontecido necesarias. (...) (...omissis...) (..) De esta manera quedan planteados mis descargos y pido que los mismos sean tomados en cuenta, a los fines de decidir y acordar el archivo de ya presente investigación, por no existir elementos que comprometan mi responsabilidad disciplinaria durante mi desempeño como Juez Titular de Prmera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre y continúo considerando que mi suspensión por parte de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, obedeció a un mal entendido o a una manipulación tergiversada de la información por intereses mezquinos y EiUELA contrarios al proceso de cambios que adelanta en nuestro sistema de justicia."
IV DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL
Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a una jurisdicción judicial, tal como lo establece su artículo 267:
"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República de las Defensor las Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.
La Jurisdicción disciplinaria Judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.
El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales." De conformidad con el articulo anterior, se escinden dos potestades: Una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomía presupuestaria del Poder Judicial; otra potestad que es de Índole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por otro lado una jurisdicción que ejerce funciones disciplinarias del poder judicial.
En este orden de ideas, el artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, establece a quiénes esta jurisdicción puede aplicar su potestad disciplinaria judicial, cuyo tenor reza:
Venezuela. Se entenderá por juez o jueza todo aquel ciudadano o ciudadana que haya sido investido o investida conforme a la ley, para actuar permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria.
(...Omissis...)"* De conformidad con el artículo parcialmente transcrito, el ámbito de aplicación del señalado Código se extiende a cualquier Juez de la República, por lo que la potestad disciplinaria envuelve a todos los Jueces: tanto que hubieren Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a la Carrera temporales, ocasionales, accidentales o provisorios.
La competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el poder judicial, la encontramos expresada en el artículo 39 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:
Tribunal Disciplinarlo Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los contenidos en este Código. El Tribunal Disciplinario Judicial contará con la Secretarla corresponderte y los servicios de Alguacilazgo." Como se desprende del presente artículo, el Tribunal Disciplinario Judicial ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 ejusdem.
De igual forma, la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana contempla lo que sigue:
"Primera. A partir de la entrada en vigencia del presente Código, y una vez constituido el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial cesará encuentren en curso se paralizarán y serán remitidas al Tribunal Disciplinario Judicial.
Una vez constituido e instalado el Tribunal Disciplinario Judici el, éste procesos." Siendo así, queda claramente determinada la competencia de este Tribunal Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes procedimientos disciplinarios, a los Jueces y Juezas integrantes del sistema de justicia venezolano. Así se decide.
V DE LA AUDIENCIA En fecha treinta y uno (31) de enero de 2013, a la una de la tarde (1:00 p.m.), se llevó a cabo la audiencia referida al artículo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los Jueces principales, la Secretaria temporal y el Alguacil; reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en presencia del ciudadano Juan Arcides Chirino Colina y fa ciudadana María Soledad Torres, en su condición de delegada de la Inspectoría General de Tribunales.
Del desarrollo de la mencionada audiencia se desprende que el Juez denunciado formuló sus alegatos y expuso sus conclusiones; de igual forma intervino la Inspectoría General de Tribunales.
Finalizada la exposición de las partes, se dio por concluido el debate y una vez reconstituida la audiencia, se procedió a proferir el respectivo pronunciamiento decisorio, del cual se transcribe lo siguiente:
"PRIMERO: SE ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria al ciudadano JUAN ARCIDES CHIRINO COLINA, por no encontrarse incurso en las sanciones disciplinarias previstas en los articulos 39, numeral 10 y 37, numeral 7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; y en el articulo 38, numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial, vigentes para el momento en que presuntamente acaecieron los hechos. Asl se decide.
SEGUNDO: SE LEVANTA la medida de suspensión sin goce de sueldo que recala sobre el Juez denunciado. En consecuencia, se ORDENA a la Camisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia la reincorporación del ciudadano JUAN ARCIDES CHIRINO COLINA al cargo que oCupaba, y el pago de los sueldos dejados de percibir y demás remuneraciones durante el tiempo que duró la medida de suspensión. Así se decide.".
VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Analizadas las actas que conforman el presente expediente y apreciadas las exposiciones realizadas por las partes en la audiencia oral y pública celebrada el.veinticuatro (24) de enero de 2013 y continuada el treinta y uno (31) de enero del mismo año, siendo la oportunidad para dictar el extenso de la decisión contenida en el acta correspondiente de esta última fecha, este Tribunal se pronuncia al respecto.
En el capítulo IV de la presente decisión, titulado "DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL", se desarrolló el contenido constitucional y legal que le otorga a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, por potestad disciplinaria judicial a los Jueces y Juezas del Estado, independientemente de su cualidad o categoría.
En este orden de ideas, es obligación del Tribunal Disciplinario Judicial la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética
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previstos en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 ejusdem.
Con motivo de los elementos presentes en el expediente, entre los cuales se incluyen las actuaciones investigativas de la Inspectoría General de Tribunales, las defensas expuestas ante ese organismo por el Juez Juan Arcides Chirino Colina, así como los alegatos presentados en el acto de audiencia por la ciudadana María Soledad Torres, en su carácter de representante de la Inspectoría General de Tribunales; este Tribunal Disciplinario Judicial pasa a pronunciarse sobre las presuntas faltas incurridas por el Juez investigado, consitentes en haber dictado una providencia contraria a la Ley por negligencia en la causa judicial N° RP01-P-2006-000433, y por haber incurrido en descuido injustificado en la tramitación de la causa judicial N° RP01-P-2007-001186; nomenclaturas del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, que regentaba el ciudadano a quien se le sigue el presente procedimiento disciplinario, ilícitos que se encuentran tipificados en los artículos 39, numeral 10 y 37, numeral 7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y el artículo 38, numeral 7 de la Ley dè Carfera Judicial, normativa vigente para el momento en que presuntamente acaecieron los hechos, los cuales daban lugar a las sanciones de destitución y amonestación, respectivamente, razón por la cual esta Instancia Disciplinaria pasa a evaluarlas de la siguiente manera:
En fecha diecisiete (17) de marzo de 2010, la Inspectoría General de Tribunales artículos 39, numeral 10 y 37, numeral 7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; y en el artículo 38, numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial, vigentes para el momento en que presuntamente acaecieron los hechos; las cuales daban lugar a las sanciones de destitución y amonestación, respectivamente.
Dicho acto corre inserto del folio ciento setenta y cinco (175) al folio ciento noventa y ocho (198) de la pieza once (11) del presente expediente.
Ahora bien, con relación a la primera sanción solicitada, referente a que el citado Juzgado a cargo del Juez investigado dictó una providencia contraria a la Ley en la causa judicial N° RP01-P-2006-000433, se tiene que en fecha treinta (30) de mayo de 2007, se celebró la audiencia de juicio en la que se condenó a los ciudadanos Armando José Rodriguez Vallenilla y Efrén José Suárez Moreno, a cumplir la pena de nueve (9) años de prisión por el delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Dicha decisión corre inserta del folio ciento veinte (120) al folio ciento cuarenta y dos (142) de la pieza cinco (5) del presente expediente disciplinario.
En este sentido, la Inspectoría General de Tribunales arguyó en su acto conclusivo y ratificó en el acto de audiencia, que el Juez investigado debió haber confiscados el vehículo automotor en el cual viajaban los imputados con la suştancia estupefaciente y psicotrópicas, ya que al omitir este particular dictó una providencia contraria a la Ley, ilícito disciplinario previsto en el artículo 39, numeral 10 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, vigente para el momento en que presuntamente ocurrió el hecho.
En defensa de lo anterior, el Juez investigado explanó en sus descargos ante la Inspectoría General de Tribunales y ratificó en el mencionado acto de audiencia, que en el caso de marras no es procedente el contenido del articulo 66 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el cual contempla lo que sigue:
"Artículo 66 Bienes Asegurados, Incautados y confiscados Los bienes muebles o inmuebles, capitales, naves, aeronaves, vehiculos automotores terrestres, semovientes, equipos, instrumentos y demás objetos capitales de los cuales no se pueda demostrar su licita procedencia, haberes otro aporte lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en efectivo violando normas aduaneras, transacciones comprobar su inversión o colocación lIcita, transacciones inusuales, en desuso, no convencionales, estructuradas o de tránsito catalogadas de sociedades falsas, o cualquier otro elemento de convicción, a menos que la ley prohíba expresamente admitirlo, serán en todo caso incautados preventivamente y se ordenará cuando haya sentencia definitiva firme, su confiscación y se adjudicará al órgano desconcentrado en la materia la cual dispondrá de los mismos a los fines de asignación de recursos para la dedicados a la represión, prevención, control y fiscalización de los delitos tipificados en esta Ley, asl como para los organismos dedicados a los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y readaptación social de los consumidores de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Igualmente, se asignarán recursos para la creación y fortalecimiento de las redes nacionales e internacionales mencionadas en esta Ley."
En razón de la norma transcrita, el Juez investigado esgrimió que en virtud de que el Ministerio Público no acreditó en el debate que dicho vehículo automotor perteneciera al acusado, no podría ordenarse una confiscación de un bien cuya titularidad no se ha acreditado, ya que se requiere plena identificación de la parte contra quien va a operar la confiscación, para así garantizar el debido proceso.
Por otro lado, con relación a la segunda sanción solicitada, referente a que el citado Juez investigado incurrió en descuidos injustificados en la tramitación de la causa judicial N° RP01-P-2007-001186, se desprende que la Inspectoría General de Tribunales esgrimió en su acto conclusivo y ratificó en el referido acto de audiencia, que el Juez a quien se le sigue el presente proceso \disciplinario, permitió que se retiraran sin firmar, las partes actuantes y octubre de 2007. Incurriendo así en un descuido injustificado en la tramitación de dicha causa, ilícito disciplinario previsto en el artículo 37, numeral 7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; y en el artículo 38, numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial, vigentes para el momento en que presuntamente acaecieron los hechos. Dicha acta corre inserta del folio trece (13) al folio diecisiete (17) de la pieza cuatro (4) del presente expediente disciplinario.
En razón de lo anterior, el Juez investigado puntualizó en sus descargos ante la Inspectoría General de Tribunales y ratificó en el acto de audiencia que dicha Secretaria donde se dejó constancia de lo que a continuación se transcribe: "Npta: Se deja constancia que la presente acta no fue suscrita debido a que se cónvino con las partes que se firmaría en la Audiencia del día 29/10/07, la cual no se realizó por la muerte del acusado ocurrida el día 27/10/07." Dicha nota riela en el folio diecisiete (17) de la pieza cuatro (4) del presente expediente disciplinario.
A estos efectos, una vez expuestos los alegatos por las partes en la presente audiencia, esta Instancia Judicial pasa a pronunciarse de la siguiente manera:
Este Tribunal Disciplinario Judicial, observa que en relación con la causa judicial signada bajo el N° RP01-P-2006-000433, los hechos denunciados están relacionados a la confiscación o no de un vehículo, y al denunciado le corresponde como Juez de Juicio, decidir de acuerdo a los hechos fijados conforme al expediente y a la interpretación jurídica que pueda darle al artículo 66 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, todo lo cual forma parte de la esfera que no disciplinarios y por ser potestad discrecional de los Jueces por encontrarse dentro de sus funciones.
Para mayor énfasis de lo anterior, esta instancia judicial considera imperioso traer a colación un fragmento de la sentencia N° 00808, de fecha cuatro (4) de junio de 2009, de la Sala Polltico Administrativa del Tribunal Supremo de- Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini que contempla lo sigue a continuación:
"Siendo ello asl, a los fines de decidir el presente recurso de nulidad, esta "Artículo 39. Son causales de destitución, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiera lugar:
...omissis...
10. Causar daño considerable a la salud de las personas; a sus bienes o a contraria a la ley por negligencia, ignorancia o error inexcusable, sin perjuicio de las reparaciones correspondientes".
De la norma parcialmente transcrita se desprende que los jueces, aparte de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, pueden ser destituidos, previo
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un debido proceso, cuando incurran en cualquiera de los supuestos all previstos, a saber. i) Causar daño considerable a la salud de las personas, a providencia contraria a la ley por: 1) negligencia, 2) ignorancia o 3) error inexcusable.
Con relación al error judicial inexcusable esta Sala ha establecido en reiteradas oportunidades que éste se verifica cuando la actuación del juez disciplinaria, esto es, la destitución. Se trata de un concepto jurídico indeterminado o indefinido, por lo que se requiere en cada asunto particular ponderar la actitud del juez y las características propias de la cultura jurídica del pals, para poder establecer el carácter inexcusable de la actuación del imprescindible para desempeñar con idoneidad la elevada función de junio de 2006 y 01336 del 31 de julio de 2007).
inexcusable, reconocido mediante sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, el Juzgado Superior o la respectiva Sala de la Corte Suprema de Justicia, según sea el caso, y se haya solicitado su destitución". (Vid., entre otras, sentencias de esta números 00331 del 14 de abril 2004 y 01336 del 31 de julio de 2007).
Por su parte, los supuestos referidos a dictar una "providencia contraria a la ley por ignorancia" y "sin motivación alguna", no suponen una declaratoria previa de un Tribunal de la República, pues la procedencia del primero debe ser analizada en el caso concreto por la Administración, haciendo un análisis concatenado de los hechos que dieron lugar al procedimiento disciplinario con la norma supuestamente ignorada por el juez; y en el caso de la denuncia relativa a la falta de motivación del proveimiento jurisdiccional dictado, evaluando si la inmotivación era tal y, en caso de asl constatarlo, examinar los efectos de carácter disciplinario que pudiesen comportar esa irregularidad.
De all, que esas conductas requieran de razonamientos diferentes y necesariamente la una con la otra aunque se encuentren en una misma norma y a pesar de que, eventualmente, coexistan."
Visto de esta forma, la jurisprudencia citada ut supra desglosa lo establecido en el numeral 10 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura donde se explana que los Jueces serán destituidos si dictan una providencia contraria a la ley por negligencia, ignorancia o error inexcusable; y en el caso de especie, no opera ninguna de estas determinantes, debido a que el Juez denunciado dictó la providencia conforme a su propia interpretación jurídica del artíqulo 66 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, donde consideró que el vehiculo automotor no debía confiscarse por ser un bien cuya titularidad el Ministerio Público no acreditó en el debate, para afirmar así que dicho vehículo perteneciera al acusado; aunado al hecho de que se requiere plena identificación de la parte contra quien va a operar dicha confiscación, para así garantizar el debido proceso; cuya razón de ser, se enmarca en la independencia judicial que gozan los Jueces para decidir.
En este sentido, esta instancia judicial cita el contenido del articulo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana que establece lo siguiente:
"Artículo 4 Independencia judicial El juez y la jueza en ejercicio de sus funciones son independientes y autónomos, por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Constitución de la República y al ordenamiento juridico. Sus decisiones, en la interpretación y aplicación de la ley y el derecho, sólo podrán ser revisadas recursos procesales, dentro de los límites del asunto sometido a su conocimiento y decisión. Los órganos con competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas podrán examinar su idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional." Del articulo citado ut supra, se infiere que los Jueces y Juezas de la República gozan de autonomía e independencia en sus decisiones, por lo cual, a este Tribunal le está vedada la revisión de las interpretaciones jurídicas que hagan los Jueces, así como la fijación de los hechos y valoración de las pruebas, aspectos estos que son de exclusivo examen de los Tribunales competentes pàra conocer de los recursos jurisdiccionales que establezca el ordenamiento Excepcionalmente, existen supuestos en los cuales los Jueces incurren en errores en la interpretación del derecho tan graves, que dejan de manifiesto su inidoneidad para el ejercicio del cargo. Esos errores solo pueden ser calificados como errores jurídicos inexcusables por el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala competente por la materia. Solamente en esos casos, este Tribunal Disciplinario Judicial podría determinar la responsabilidad disciplinaria de los Jueces que hayan errado en la interpretación del derecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se declara.
De igual forma, esta Instancia Judicial observa, que del estudio minucioso de las actas que conforman el presente expediente, el ciudadano Juan Arcides Chirino Colina, Juez investigado en la presente causa, no incurrió en descuidos injustificados en la tramitación de la causa N° RP01-P-2007-001186, y para Corte Disciplinaria Judicial de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, dictó sentencia N° 2, de fecha diecisiete (17) de enero de 2013, bajo la ponencia de la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, que reza lo que sigue:
"El contenido normativo nos permite advertir la existencia de cuatro modalidades de conducta, a saber: 1) incurrir en retrasos injustificados en la tramitación de los procesos; 2) incurrir en retrasos injustificados en cualquier diligencia; 3) Incurrir en descuidos Iniustificados en la tramitación de los procesos; y 4) incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de cualquier diligencia. Las cuatro conductas deben conducir, necesariamente, a un menoscabo de los derechos o garantias fundamentales de las partes.
Se aprecia entonces, que en los cuatro supuestos, todos disimiles, la condición para que el juzgador pueda imponer la sanción supone, establecer si se trata de una actuación u omisión injustificada, es decir, sin que medie justa causa que la determine y, además, verificar si la conducta bajo análisis constituyó un retraso o descuido, si se produjo un menoscabo a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y su ponderación a partir del resultado juridicamente reprochable que su concreción produjo.
Con relación al contenido y alcance del ilícito "desculdo Inlustificado" atribuido por el a quo a la Jueza denunciada, debe señalarse que tal conducta revela una omisión o negligencia del operador de lusticla en el cumplimiento de una obligación que le es propla en el trámite del proceso, sin que medie justa causa que excuse tal omisión y supone susencla de actividad Intelectiva y volitiva del juzgador. La locución desculdo ha sido Interpretada lurisprudenclal y pacificamente como un abandono total de la obligación establecida en la norma, lo que supone falta de actividad volitiva e Intelectiva del operador, o su cumplimiento defectuoso.
La determinación de la conducta delatada como desculdo injustificado en la tramitación de la causa, Impone verificar en autos las circunstancias en las cuales se produjo la conducta y las actuaciones cumplidas en el proceso penal que dio lugar a la denuncia." (Resaltado de este Tribunal Disciplinario Judicial)
Del análisis de la sentencia parcialmente citada ut supra se desprende que efectivamente en el caso de marras, el Juez denunciado no incurrió en un descuido injustificado debido a que efectivamente, la audiencia pautada para el día veintinueve (29) de octubre de 2007, no se celebró debido a la muerte del acusado, razón por la cual, la misma está carente de firmas pero con la nota explicita del referido Juez y la Secretaria con sus respectivas firmas. Asimismo, riela al folio diecinueve (19) de la pieza cuatro (4) del expediente disciplinario, diligencia entregada por el defensor del acusado mediante la cual consigna acta de defunción del mencionado occiso, de fecha veintinueve (29) de octubre de 2007. Así se declara.
Para mayor énfasis de lo anterior, el Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha treinta y uno (31) de octubre de 2007, decretó el sobreseimiento de la causa seguida en contra del ciudadano Enrique Manuel Figueroa, hoy occiso; cuyas copias certificadas corren insertas del folio veinte (20) al folio veintidós (22) de la pieza cuatro (4) del presente expediente disciplinario, ratificando de esta manera la debatida y firmada por las partes actuantes tal como lo esgrimió la Inspectoría General de Tribunales. Así se declara.
En tal sentido, este Tribunal Disciplinario Judicial observa que del estudio minucioso de las actas que conforman el presente expediente judicial, no se evidencian elementos probatorios que demuestren una providencia contraria a la Ley por parte del Juez en la causa judicial N° RP01-P-2006-000433, así como tampoco descuidos injustificados en la tramitación de la causa judicial signada bajo el N° RP01-P-2007-001186, a los fines de determinar la responsabilidad disciplinaria del referido Juez en la conducta que pudiera dar lugar a las sanciones solicitadas. Asi se declara.
Asimismo, solicitó el Juez investigado, dado que se cumplió la condición 9 resolutoria establecida para la vigencia de la medida impuesta por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución N° 2007-0185, de fecha dos (2) de diciembre de 2007, y aplicando el precedente establecido por la Corte Disciplinaria Judicial, mediante sentencia N° 5 del quince (15) de mayo de 2012, en el expediente N° AP61-R-2012-000004, este Tribunal Disciplinario Judicial LEVANTA la medida de suspensión impuesta contra el ciudadano Juan Arcides Chirino Colina. En consecuencia, se ordena a la
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Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, la reincorporación del ciudacano Juan Arcides Chirino Colina al cargo que ocupaba, y el pago de los sueldos dejados de percibir y demás remuneraciones, durante el tiempo que duró a medida de suspensión hasta su efectiva reincorporación. Así se decide.
Por/las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, declara que no se observaron elementos de convicción acerca de que la conducta desplegada por el Juez investigado constituya negligencia o descuidos injustificados en la tramitación de las causas identificadas ut supra; por lo tanto, este órgano decisor considera que el ciudadano JUAN ARCIDES CHIRINO COLINA, no incurrió en responsabilidad disciplinaria por las faltas previstas en los artículos 39, numeral 10 y 37, numeral 7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; y en el artículo 38, numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial, vigentes para el momento en que presuntamente acaecieron los hechos, las respectivamente. Así se decide.
VII DECISIÓN Por la$ razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley/bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide lo siguiente:
PRIMERO: SE ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria al ciudadano JUAN ARCIDES CHIRINO COLINA, por no encontrarse incurso en las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 39, numeral 10 y 37, numeral 7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; y en el artículo 38, numeral 7, de la Ley de Carrera Judicial, vigentes para el momento en que presuntamente acaecieron los hechos.
SEGUNDO: SE LEVANTA la medida de suspensión sin goce de sueldo que recaía sobre el Juez denunciado. En consecuencia, se ORDENA a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia la reincorporación del ciudadano JUAN ARCIDES CHIRINO COLINA al cargo que ocupaba, y el pago de los sueldos dejados de percibir y demás remuneraciones durante el tiempo que duró la medida de suspensión hasta su efectiva reincorporación.
Regístrese, publíquese y notifiquese a las partes intervinientes en el presente proceso disciplinario.
Dada, frmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Disciplinario Judician de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a los denuu_ (19 ) días del mes de SepHembre de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154º de la Federación.
ERNANPACHECO ALVIÁREZ Juez/Presidente
JAGQUELINE SOSA MARINO GARLOS MEDINA ROJAS Jueza (Ponente) guy RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria En fecha dieonuew (19) de Bphimbre_ de dos miltrece (2013), siendo jas BOLVARIAN bns ywe (3:1op,se publicó y registró la anterior decisión bajo el N T0-SD-2013-143 TRIBUNAL RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Expediente N° AP61-D-2012-0000136 En fecha trece (13) de marzo de 2012, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) recibió oficio N° 0146/2012 de fecha ocho (8) de marzo de 2012 emanado por la Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, mediante el cual remitió a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, escrito de denuncia constante de siete (7) de folios útiles, presentados por las ciudadanas DORA HERRERA OJEDA VIUDA DE PINTO y KARINA DEL VALLE PINTO HERRERA, titulares de las cédulas de identidad N° V-2.561.386 y V-16.453.816, respectivamente, contra el ciudadano FRANKLIN OVIEDO FLORES, titular de la cédula de identidad N° V-7.010.216, en su condición de Juez Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, y se le asignó al asunto la nomenclatura N° AP61-D-2012-000136.
En fecha catorce (14) de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación acordó dar entrada al presente asunto; dar inicio a la investigación de los hechos denunciados; realizar la investigación correspondiente, con el objeto de recabar todos los elementos indiciarios relacionados con los hechos denunciados; y, elaborar informe sobre la procedencia o no para abrir el procedimiento disciplinario correspondiente.
En fecha veintiséis (26) de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D), oficio N° 0186/2012 de fecha veinte (20) de marzo de 2012, emanado por la Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, mediante el cual remitió a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, escrito de denuncia y recolección de firmas de los habitantes de la Parroquia Salom del Municipio Nirgua constante de veintidós (22) de folios útiles, presentadas por el Consejo Comunal Centro de esa misma Parroquia, contra el ciudadano FRANKLIN OVIEDO FLORES, antes identificado.
En fecha veintisiete (27) de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D), oficio N° 0199/2012 de fecha veintidós (22) de marzo de 2012, emanado por la Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, mediante el cual remitió a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, copia certificada de las actuaciones practicadas por el Juez del Juzgado del Municipio Nirgua a cargo del ciudadano Iván Palenia-Añás, en el caso en el cual se encuentra involucrado el referido Juez FRANKLIN OVIEDO FLORES, constante de cincuenta y dos (52) de folios útiles.
En fecha veinte (20) de junio de 2012, la Oficina de Sustanciación recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D).
recibió las resultas recabadas por la funcionaria asignada por ese despacho, con ocasión de haberse constituido en los Juzgados Ejecutor de Medidas y del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los efectos de recabar toda la información necesaria para comprobar la veracidad de los hechos denunciados, constante de cuarenta (40) de folios útiles.
En fecha dieciocho (18) de julio de 2012, la Oficina de Sustanciación recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D).
oficio N° 71-12 de fecha trece (13) de julio de 2012, suscrito por la Secretaria del Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, ciudadana Carmen Pinto, mediante el cual remite copia certificada del libro diario a partir de enero de 2012 al 7 de junio de ese mismo año, y del libro de entradas y salida de comisiones correspondiente del año 2012, constante de ciento un (101) folios útiles.
En fecha veinticinco (25) de septiembre de 2012, la Oficina de Sustanciación dictó informe y remitió la presente causa al Tribunal denuncia presentada.
En fecha veintiséis (26) de septiembre de 2012, se recibió en la Secretaría del Tribunal Disciplinario Judicial la presente causa, y se asignó por distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial al Juez HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ.
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DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
Señalan las denunciantes es sus escrito, que con vino en forma verbal con el juez denunciado, el arrendamiento de una habitación de un bien inmueble perteneciente a la ciudadana Dora Herrera, bajo el cumplimiento de una serie de condiciones, entre las que según lo manifestado por la otros espacios del área de la casa (cocina).
Establecen, que en virtud de la necesidad económica que afrontaba su hija Karina Pinto Herrera, quien además tiene una niña en condiciones especiales, procedió a ocupar el inmueble en cuestión, situación esta que fracción la convivencia entre las partes, toda vez que el juez denunciado, presuntamente cambió sin autorización alguna, la cerradura que permite el acceso al área de la cocina.
De igual forma, arguyen que el ciudadano Franklin Oviedo Flores, la denunció ante la Guardia Nacional Bolivariana, después de haber contratado los servicios de un cerrajero para cambiar los cilindros de la puerta de la cocina de la vivienda principal; sin embargo los efectivos militares al observar procesada, en razón a que no poseía documentación alguna que sustentar a su condición en la mencionada vivienda.
Que las situaciones señaladas anteriormente, conllevaron a un presunto hostigamiento por parte del juez denunciado, asi como también de la ciudadana Yosmary Delgado Meza, concubina del denunciado, hacia su persona y demás miembros del núcleo familiar, hasta el punto que en fecha veintiséis (26) de febrero de 2010, fue víctima de amenazas de daños hacia su integridad fisica, por medio de un cuchillo por esta última. Siendo que, el juez denunciado hizo acto de presencia en su vivienda, en compañía de funcionarios policiales, obligando a su hija a firmar un documento, negándose ésta a lo solicitado, motivo por el cual la hoy denunciante selló la puerta que permite el acceso a vivienda principal, lo que ocasionó que el precitado ciudadano procediera a subirse en un poste de alumbrado eléctrico, con el objeto de conectar un esmeril, para tumbar la puerta.
Que ante tal situación, los vecinos de la localidad se apersonaron a la vivienda en apoyo de la denunciante y de sus familiares, ante lo cual el juez denunciado se retiro del lugar, como consecuencia de ello en horas de la madrugada, la ciudadana Dora Herrera decide retirar de la habitación de su vivienda y dejar en la vía pública los enseres personales del juez denunciado.
Finalmente, arguyen que en fecha cinco (5) de marzo de 2012, en horas de la mañana, se llevó a cabo inspección ocular, dirigida por el ciudadano Iván Palencia Arias, en su condición de Juez de Municipio Nirgua del Estado Yaracuy, previa solicitud de la ciudadana Yosbegiss Yosmary Delgado Meza, presunta concubina del juez denunciado.
Il CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la denuncia presentada por las ciudadanas DORA HERRERA OJEDA VIUDA DE PINTO y KARINA DEL VALLE PINTO HERRERA, antes identificadas.
Con respecto a la inadmisibilidad de la denuncia, el artículo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana establece lo siguiente:
" Artículo 55: Recibida la denuncia, la Oficina de Sustanciación la administra el primer dia hábil siguiente a la recepción y la remitirá al Tribunal Disciplinario Judicial.
El Tribunal Disciplinario Judicial no admitirá la denuncia cuando:
1. De los recaudos presentados no se pueda determinar la existencia del hecho objeto de la denuncia.
2. La acción disciplinaria ha prescrito o resulta acreditada la cosa juzgada.
3. La muerte del juez o jueza.
Del auto que no admita la denuncia, se le notificará al denunciante o a la denunciante, quien dispondrá de cinco días hábiles contados a partir de su notificación.
para apelar de la misma ante la Corte Disciplinaria Judicial." Siendo asi, es menester determinar la inexistencia de los supuestos previstos en los tres numerales del precitado articulo, para admitir la denuncia propuesta, o caso contrario, tanto de los argumentos esgrimidos en la misma, como de los recaudos traídos a proceso, se pueda establecer su inadmisión.
De lo contemplado en el primer supuesto, no se trata que el Juez al verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las denuncias, realice un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y mucho menos que las valore como lo haria al momento de estimar las en la definitiva. Es por preliminar de la documentación presentada a fin de determinar si hay la posibilidad que en esos recaudos, se pueda tener indicios de la existencia de los hechos objeto de la denuncia.
Realizado el análisis preliminar de las actas que conforman el expediente, concatenado con los recaudos presentados, se desprende que el denunciante manifestó, de manera clara los hechos que denuncia, además con relación a los otros supuestos de inadmisibilidad de la denuncia, se observa que la acción disciplinaria no ha prescrito, ni existe cosa juzgada sobre los referidos hechos, y tampoco se evidencia que el juez investigado haya fallecido, por lo cual la presente denuncia no está inmersa en ninguno de los supuestos de inadmisibilidad previstos en el articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana por ello es admisible la denuncia formulada. Asi se decide.
Ahora bien, no obstante la anterior declaratoria de admisibilidad, este Tribunal considera necesario realizar algunas consideraciones sobre la improponibilidad.
La improponibilidad se refiere a la facultad que tiene el juez de rechazar la demanda in limine litis, si considera que la sentencia de fondo no será susceptible de satisfacer las pretensiones del recurrente, bien sea porque se pretendió algo no tutelado por el ordenamiento juridico, o porque utilizó una vía no idónea para satisfacer su pretensión.
Así, la improponibilidad debe ser entendida desde un punto de vista objetivo, es decir, cuando resulta manifiesto que los hechos en que se funda la pretensión constitutiva de la causa petendi, considerados en abstracto, no son idóneos para obtener una favorable decisión de mérito. (Aldo Cader Camilot, tesis de la improponibilidad de la Demanda. Universidad José Simeón Cañas, San Salvador, 1996, p. 95). De manera que el estudio de la proponibilidad está orientado a realizar un análisis sobre la pretensión procesal, diferente al análisis de la admisibilidad, frente al ordenamiento jurídico.
En nuestra doctrina patria, el autor Rafael Ortiz Ortiz, ha precisado lo siguiente sobre la figura de la improponibilidad de la demanda:
"...desde hace algún tiempo, la doctrina y, hace poco, la jurisprudencia venezolana, viene inquiriendo si toda pretensión, por el sólo hecho de ser admisible, tiene que ser tramitada a lo largo del proceso si, desde el inicio, se sabe que la pretensión no puede tener la tutela jurídica del ordenamiento e, irremediablemente, será declarada improcedente. Estamos en presencia de la llamada improponibilidad manifiesta de la pretensión, la cual abarca los supuestos en que la pretensión objetiva o subjetivamente sea improponible. La procedencia de la pretensión (ya no se trata de admisibilidad) tiene que ver con la aptitud de la pretensión juridica y su respectiva tutela jurídica por el procedimiento; es decir revisar la procedencia de la pretensión es decir sobre el fondo de lo pedido, el mérito de la petición y
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el juicio de adecuación del ordenamiento juridico conforme lo solicitado... Para JORGE PEYRANO la improponibilidad objetiva que padece un pretensión siempre nace de alguna patología sufrida por el objeto de ésta y a resultas de la cual concurre un "defecto absoluto_ en_ la facultad de juzgar" (Resaltado y subrayado nuestro) ("Teoría General de la Acción Procesal en la Tutela de los Intereses Juridicos".
Primera Edición. Editorial Frónesis S.A.. Caracas, 2.004, pp. 336 y 338).
Por su parte, la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia estableció mediante sentencia de fecha cuatro (4) de noviembre de 2003, en virtud de una acción de amparo interpuesta, los siguientes planteamientos con respecto a la improponibilidad manifiesta de la pretensión:
"(omisis)" Ante tales circunstancias, debe esta Sala reiterar el criterio sostenido con relación a las declaraciones in limine Litis (sic), en el sentido de que resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar, para lo cual de verificarse durante el estudio de la admisión de la acción, que resulta inoficioso iniciar ese procedimiento, puede declararse in limine Litis la improcedencia de la acción...Por lo que, la declaración in limine Litis (sic) va dirigida únicamente a la improcedencia y en la oportunidad de la admisión, mientras la inadmisibilidad puede ser revisada en cualquier estado y grado de la causa por obedecer a causales de orden público, o a vicios esenciales..." (Resaltado de este Tribunal).
De los marcos doctrinarios y jurisprudenciales precedentemente expuestos, asume este Tribunal que el estudio de la procedencia de la pretensión se refiere a un análisis distinto al de la admisibilidad, pero que sin embargo, se realiza al inicio del proceso por el juez, pues resultaría a todas luces inoficioso su continuación si desde el primer momento, el juez como director del proceso, se percata que el resultado final será una declaratoria sin lugar, o en todo caso, una desestimación de la pretensión del recurrente, sea porque la misma no está tutelada por el ordenamiento juridico, o bien, porque el recurrente no optó por la via idónea para la satisfacción de su pretensión.
En fin, el criterio jurisprudencial y doctrinario expuesto, responde a los jurídico y por ende, debe según el criterio jurisprudencial hacerlo valer para el presente caso, ya que seria inoficioso que se deba agotar todo un procedimiento, para que la pretensión del denunciante vaya a ser declarada sin lugar en la definitiva.
Ahora bien, de la revisión de los hechos denunciados en concordancia con los recaudos aportados por los denunciantes, advierte este Órgano Jurisdiccional que las denunciantes arguyen la existencia de una serie de irregularidades por parte del juez denunciado tanto en relación a su conducta con respecto a la causa signada bajo el N° 5.905/12 del Juzgado de Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy; asi como de sus actuaciones en la comunidad de la parroquia Salom, del municipio Nirgua del estado Yaracuy.
Sobre la base de los planteamientos anteriores, este Tribunal Disciplinario Judicial concluye que los actos realizados por el Juez denunciado, no generan irregularidad disciplinaria alguna, en razón de que dichas actuaciones fueron en su entorno personal, fueron situaciones de su vida privada que no pueden ser evaluadas en materia disciplinaria ya que no Venezolano y la Jueza Venezolana, aunado a que como todo ciudadano de la República puede hacer uso de los órganos competentes para la resolución de algún conflicto de su vida privada, no observándose que esos hechos sean jurisdiccionales.
Por todo lo anterior y de acuerdo al análisis mencionado a lo largo de este punto, este Tribunal Disciplinario Judicial determinó que los hechos establecidos por las denunciantes no constituyen una infracción o violación a las disposiciones éticas y morales que deben regir la conducta de los Jueces y Juezas de la República, y por ende los mismos no se pueden subsumir dentro de los presupuestos establecidos en los articulos 31; 32; y 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que pueda acarrear una sanción de indole disciplinaria judicial, por lo que en aras de garantizar la celeridad y economia procesal, de conformidad con los principios rectores de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial consagrados en el articulo 3 del Código de Ética in comento, en concordancia con el articulo 37 ejusdem, resulta forzoso para este órgano jurisdiccional declarar improcedente in limine litis la presente denuncia. Asi se decide III DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide:
PRIMERO: se ADMITE la denuncia formulada por las ciudadanas DORA HERRERA OJEDA VIUDA DE PINTO y KARINA DEL VALLE PINTO HERRERA, titulares de las cédulas de identidad N° V-2.561.386 y V-16.453.816, respectivamente, contra el ciudadano FRANKLIN OVIEDO FLORES, titular de la cédula de identidad N° V-7.010.216, en su condición de Juez Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
sEGuNDo: se declara improcedente in limine Litis la denuncia formulada pOr las ciudadanas DORA HERRERA OJEDA VIUDA DE PINTO y KARINA DEL VALLE PINTO HERRERA, contra el ciudadano FRANKLIN OVIEDO FLORES, en su condición de Juez Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
Regístrese, publiquese y notifiquese de la presente decisión y líbrese oficios respectivos.
Dada, firmada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial en la ciudad capital de la República, a los_utcue o (2Y) dias del Abuil mes de de dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154 de la Federación.
ERNAN PACHECO ALVIÁREZ duz Presidente Ponente
4 JACQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINA HOJAS Juez Jeza
DUBRAVKA VIVAS Secretaria (T) uEnsmisma fecha, siendo las_Deykiutuxile (2:2→)pm.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISGIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL
Expediente N° AP61-D-2012-000022 En fecha diecisiete (17) de enero de 2012, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria mediante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D), recibió escrito de denuncia suscrito por el ciudadano JOSÉ LEONARDO CARRERO VARGAS, titular de la cédula de identidad N°V-14.454.084, en contra del ciudadano SIXTO RONDÓN
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CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° V-4.490.032, en su condición de Juez Temporal de los Municipios Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, signándosele con el numero de expediente AP61-D-2012-000022.
Seguidamente, el día veinte (20) de enero de 2012, ese órgano instructor ordenó proseguir con la investigación de los hechos denunciados y elaborar el correspondiente informe sobre la procedencia de la denuncia.
Igualmente, el dia veintiocho (28) de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial presentó el respectivo informe conclusivo.
En fecha quince (15) de mayo de 2012, el Tribunal Disciplinario Judicial recibió expediente signado con la nomenclatura N° AP61-D-2012-000022 y por distribución aleatoria, correspondió su ponencia al Juez Presidente HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Asimismo, en fecha veintidós (22) de mayo de 2012, este Tribunal admitió cuanto a lugar en derecho la denuncia incoada por el ciudadano JOSÉ LEONARDO CARRERO VARGAS, por la sanción de amonestación escrita, establecida en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
L El diecinueve (19) de julio de 2012, el Tribunal Disciplinario Judicial fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública para el dia doce (12) de diciembre de 2012, a las diez de la mañana (10:00 a.m.)
Seguidamente, doce (12) de diciembre de 2012, se celebró la audiencia oral y pública pautada para el presente proceso disciplinario.
DE LA DENUNCIA
En fecha diecisiete (17) de enero de 2012, la Unidad de Recepción y eee e n e e e CARRERO VARGAS, tituiar de la cédula de identidad N°V-14.454.084, en contra del ciudadano SIXTO RONDÓN CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° V-4.490.032, en su condición de Juez Temporal de los Municipios Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, señalando lo siguiente:
"(...) el 21 de enerO de 2011, el JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS RANGEL Y (SIC) CARDENAL QUINTERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, COn sede en Mucuchies, cuyo Juez temporal (sic) es el abogado sixTo RONDÓN CASTILLO,(..) admitió la demanda por cobro de bolivares via intimación, interpuesta por el ciudadano CARLoS MARTiN VARGAS, plenamente identificados en autos, en el expediente N° 5430 nomenclatura del TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, quien conoció en apelación (presentando) como documentos fundantes, instrumental privada..la cual contiene una obligación que no es liquida (sic) ni exigible ni a plazo vencido, indeterminada en el tiempo y además condicional, y por ende no (cumplía) con los estipulado en el articulo 640 del código (sic) de procedimiento (sic) civil (sic).
documental dada por reconocida judicialmente por el juzgado (sic) primero (sic) del municipio (sic) libertador (sic) del estado (sic) Mérida, de manera ilegal, irregular, y contraria a derecho, en franca DESNATURALIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, en el expediente N° 6830, inserto en el expediente 5430..se observa DESCONOCIMIENTO DE DICHO INSTRUMENTO PRIVADO, sin RECONOCIDA, POR EXTRAÑA METAMORFOSIS PROCESAL, además la parte actora aduce que la obligación contenida en dicha documental privada se encuentra avalada por las proformas que acompañó al escrito libelar'...insertas en el referido expediente 5430, las cuales no están suscritas ni aceptadas por la parte 2 medida preventiva de embargo sobre un vehiculo de (su) propiedad, violando lo dispuesto en el art. (sic) 641 del código de procedimiento civil, ya que (su) domicilio procesal es la ciudad de Mérida y no la localidad de Mucuchies, el Juez (sic) denunciado actúo sin ser el Juez (sic) natural para conocer la causa.
(Que)...El tribunal (sic) superior (sic) primero (sic) civil (sic) y mercantil (sic) del estado (sic) Mérida, conociendo en apelación, profiere sentencia en fecha 12 de agosto de 2011...expediente 5430...SUSPENDE LA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO decretada por el Juzgado de los municipios (sic) Rangel y Cardenal Quintero del estado (sic) Mérida en fecha 21 de enero de 2011 sobre bienes pertenecientes al ciudadano JOSE (sic) LEONARDO en que el instrumento privado no cumple con los extremos exigidos por el articulo 640 del código (sic) de procedimiento (sic) civil (sic) (...)"
Il DEL INFORME DE SUSTANCIACIÓN
La Oficina de Sustanciación en el informe conclusivo, en el capitulo VI denominado "VI CONCLUSIONES", señaló lo siguiente:
"(...) este Órgano Instructor, en primer lugar estima que están ante esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial según lo establecido en el articulo 54 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
En segundo lugar, vista la ratificación de la denuncia efectuada en fecha 29 de febrero del presente año, esta Oficina considera pertinente indicar que este expediente no fue remitido al Tribunal Disciplinario Judicial en la oportunidad correspondiente, en virtud del cúmulo de causas que debian ser instruidas con preferencia a cualquier otra, dada la complejidad de las mismas y en virtud de las diligencias que debieron efectuarse para poder extender los informes correspondientes, lo cual no fue necesario en el presente asunto.
Al respecto estima esta Oficina de Sustanciación que si bien es cierto, el Juez denunciado actuó dentro del ámbito de sus funciones jurisdiccionales al admitir la demanda interpuesta por el ciudadano CARLOS MARTIN DÁVILA, debidamente asistido por el abogado encontraban llenos los extremos exigidos en los articulos 640 y 647 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, procedió a decretar la medida preventiva de embargo sobre un bien mueble CARRERO VARGAS, basado en el contenido del articulo 646 Oficina, el descuido en el que incurrió el citado Juez SIXTO RONDÓN CASTILLO en cuanto a la revisión detallada del libelo de la demanda evidenciaba que la obligación contraida fuera liquida, ni exigible en fecha en la cual debia cumplirse con dicha obligación (...)
...omissis...
Ahora bien, en cuanto a que el 'sud judici' no era el Juez natural de la causa, esta Oficina pudo verificar nuevamente, el referido ciudadano no examinó detenidamente la denuncia y los anexos que demandada, era la ciudad de Mérida, estado Mérida y no la localidad de Mucuchies, sede del Juzgado a su cargo, por lo que igualmente inobservó el contenido del articulo 641 del Código de Procedimiento Civil (..) ...omissis...
En virtud de lo precedentemente expuesto, es por lo que considera que en el presente caso, existen elementos indiciarios para señalar que la conducta desplegada por el Juez denunciado pudiera el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, para la aplicación del procedimiento disciplinario a que hubiere lugar. En consecuencia, SE ACUERDA remitir el presente informe y las actas del expediente del Tribunal Disciplinario Judicial, a fin de que provea Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana."
III DE LA COMPETENCIA DE TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.860, de fecha 30 de diciembre de 1999, es el primero de los veintiséis (26) textos constitucionales que han regido en Venezuela desde su independencia de España, que incorpora la disciplina del Poder órgano administrativo.
En este sentido, la Constitución de 1961 establecia que la dirección y vigilancia de los tribunales estaba a cargo de un órgano administrativo distinto e independiente al Máximo Tribunal de la República, conocido como Consejo de la Judicatura.
No obstante, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se modificó el sistema anterior, tal como lo establece su artículo 267:
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"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la inspección y vigilancia de los tribunales de la República de las Defensorias Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.
La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.
El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional.
El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley.
Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales"
De conformidad con el articulo anterior, se escinden dos potestades:
Una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomia presupuestaria del Poder Judicial; y la otra potestad que es de indole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por otro lado una jurisdicción que ejerce funciones disciplinarias.
Con fundamento en lo anterior, fue intención de los constituyentes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la separación de la organicidad del Tribunal Supremo de Justicia de los órganos encargados de la disciplina judicial, creando de este modo una jurisdicción separada, bajo el nombre de Jurisdicción Disciplinaria Judicial, delegando en la Ley l creación de los tribunales encargados que conformarianla referido organización.
En este orden de ideas, la novísima norma del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estabiece la competencia legal para el
articulo 39 que señala:
"Articulo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código. El Tribunal Disciplinario Judicial contará con la Secretaría corresponderte y los servicios de Alguacilazgo".
Como se desprende del presente articulo, el Tribunal Disciplinario Judicial ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 eiusdem.
Siendo asi las cosas, queda claramente establecida la competencia de este Tribunal Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes procedimientos disciplinarios, asi como para reanudar las causas que se encontraren en curso en la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Asi se decide.
IV DE LA AUDIENCIA
El doce (12) de diciembre de 2012, siendo las diez de la mañana NEZUEU 10:00 am.) se llevó a cabo la audiencia a la cual se refiere el articulo 73 del digo de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales, reunidos la Sala de Audiencias, dejando constancia de la presencia de la parte enunciada ciudadano SIXTO RONDÓN CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° V-4.490.032. en su condición de Juez Provisorio del Juzgado de los Municipios Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, asistido en el referido acto por el abogado JOsÉ GASTÓN GUTIÉRREZ VILLALOBOS, titular de la cédula de identidad N° V-2.456.127, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 6.722, asimismo se dejó constancia de la incomparecencia de la parte denunciante y el representante del Ministerio Rúblico siendo que consta en autos sus debidas notificaciones.
A DE VEY
NEZUEL Del desarrollo de la mencionada audiencia se desprenden los siguientes que a continuación se describen:
ch He "(..) De los hechos constatados se evidencia: ) que el documento fundamental de la demanda de intimación en el presente caso, es un 'convenimiento transaccional' amistoso en virtud de un accidente de tránsito, el cual fue desconocido por el ciudadano José Leonardo Carrero Vargas —aqui denunciante— en fecha 26 de Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del contenido y firma de dicho 'convenimiento'; 2) que dicha obligación estaba sujeta a una condición, la cual era que ambas partes elegirían de mutuo acuerdo el taller en el cual se llevaría a cabo la reparación del vehiculo: 3) que los presuntos presupuestos que la parte demandada presentó para cumplir la condición, no fueron aceptados instrumentos puramente ejecutivo, sin condición, público o autentico, alguna cantidad liquida o exigible de plazo vencida.
En consecuencia, considera esta instancia que el juez siXTO numeral 6 articulo 31del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en razón de que incurrió en un descuido injustificado al admitir la demanda planteada por el procedimiento de intimación previsto en el articulo 640 del Código de Procedimiento Civil, dado que dicho instrumento no señalaba la cantidad cierta y liquida a exigir . por lo que debió haber declarado inadmisible dicha demanda. Asi se decide.
Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara:
UNICO: Se AMONESTA al Ciudadano SIXTO RONDÓN CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° V-4.490.032, como consecuencia CARRERO VARGAS, por haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 6 del articulo 31del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, durante su desempeño como Juez Provisorio del Juzgado de los Municipios Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida (...)"
V DE LAS PRUEBAS .-De las presentadas por la parte denunciante:
Se evidenció que el denunciante en el momento que consignó su escrito de denuncia por ante la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, no hizo referencia a las pruebas ni presentó anexo demostrar los hechos presuntamente disciplinables TRIBU .- De las pruebas del juez denunciado:
En este mismo orden, se hace necesario mencionar que el juez denunciado, durante el desarrollo de la audiencia, presentando las siguientes documentales:
1.-Copia certificada de las actuaciones contenidas en el expediente N°311, llevado por el Juzgado de los Municipios Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, ello a los fines de demostrar su tramitación. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del igo de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe de las actuaciones contenidas en el expediente N°311. llevado por el Juzgado de los Municipios Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
2.-Copia certificada de la comisión contentiva de los recaudos para practicar la intimación del ciudadano José Leonardo Carrero Vargas, por cobro de bolívares vía intimación, procedente del Juzgado de los Municipio Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, ello a los fines de demostrar que la causa fue llevada bajo el debido proceso, sin atraso
artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo statiacido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna
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y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe de la comisión procedente del Juzgado de los Municipio Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, para la práctica de la intimación por cobro de bolívares al ciudadano José Leonardo Carrero Vargas.
3.-Copia certificada del despacho de pruebas libradas en el juicio N°311, por el Juzgado de los Municipio Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, para lo cual fue comisionado el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, ello a objeto de demostrar que la causa fue llevada bajo el debido proceso, sin atraso o descuido alguno en su tramitación. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue hace plena fe del despacho de pruebas libradas en el expediente N°311, mediante el cual el juzgado a cargo del juez denunciado comisionó al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
4.-Copia certificada de la comisión librada al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripciór Judicial del Estado Mérida, relacionado con la medida de embargo decretada en la causa llevada en el expediente N° 311, ello a objeto de probar h procedimiento relacionado con la medida de embargo se realizó conforme a derecho, y que la decisión se tomó en el termino que fija el Código Adjetivo Civil, asi como la admisión de la apelación la cual fue oida de conformidad a ley y al debido proceso sin atraso o descuido alguno en su tramitación. Se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe de la omisión librada por el juez denunciado al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Mnicipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del 5.-Copia certificada de las actuaciones realizadas por las partes ante el Juzgado Superior Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de demostrar que hubo un hipotético atraso el cual no se podria imputar al tribunal a cargo del juez denunciado. Se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue o ae plena fe que las partes actuaron ante el Juzgado Superior Primero de la Ciffunscripción Judicial del Estado Mérida y la Sala de Casación Civil del bunal Supremo de Justicia.
VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Antes de emitir consideración alguna es menester realizar un breve análisis del supuesto normativo dentro del ilícito disciplinario para el presente caso, ya que el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana establece como supuesto de amonestación para los jueces en su numeral 6 del articulo 31: el "Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos".
Del contenido normativo se desprende la existencia de cuatro supuestos a configurarse en la conducta que el juez asuma dependiendo del caso en concreto, a saber: 1) incurrir en retrasos injustificados en la tramitación de los procesos; 2) incurrir en retrasos injustificados en cualquier diligencia; 3) incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de los procesos; y 4) incurrir en entonces, que en los cuatro supuestos, todos disímiles, la condición para que el juzgador pueda imponer la sanción supone, establecer si se trata de una actuación u omisión injustificada, es decir, sin que medie justa causa que la determine y, además, verificar si la conducta bajo análisis constituyó un retraso o descuido, si se produjo una afectación al debido proceso y su ponderación a partir del resultado juridicamente reprochable que su concreción produjo. (Vid.
Sentencia de la Corte Disciplinaria Judicial N°2 de fecha diecisiete (17) de enero de 2012)
Sobre este particular señala la Corte Disciplinaria Judicial en sentencia N° 2 que:
" (...) Con relación al contenido y alcance del ilicito 'descuido omisión o negligencia del operador de justicia en el cumplimiento locución descuido ha sido interpretada jurisprudencial y establecida en la norma, lo que supone falta de actividad volitiva e intelectiva del operador, o su cumplimiento defectuoso. La las actuaciones cumplidas en el proceso penal que dio lugar a la denuncia. (...)" Del criterio parcialmente transcrito supra, se concluye que para que pueda verificarse en la conducta del juez denunciado el descuido injustificado, - que pueda excusa la realización de dicha actuación, además de ello tal y como lo señala la jurisprudencia, el descuido presupone la omisión total o el cumplimiento defectuoso de la obligación que la norma le impone al juez en el desempeño de sus funciones, por lo que el Tribunal Disciplinario Judicial debe determinar bajo qué circunstancias se cometió el ilicito disciplinario y de all llegar a la convicción de si el juez aun cometiendo el ilicito disciplinario le es atribuible el hecho objeto de sanción disciplinaria o si por el contrario fueron echos circunstanciales que trajeron como consecuencia la configuración del ito disciplinario.
Ahora bien, este Tribunal Disciplinario Judicial debe verificar si alguno TVISan VARGAS, titular de la cédula de identidad N° V-14.454.084, en contra del ciudadano SIXTO RONDÓN CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° V-4.490.032, en su condición de Juez Temporal de los Municipios Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, haciendo el análisis sobre lo siguiente:
En relación a que el juez denunciado no debió admitir la demanda Código de Procedimiento Civil, dado que dicho instrumento no señalaba la cantidad cierta y liquida a exigir, este Tribunal Disciplinario estima necesario enunciar el criterio establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal JUNALL 2000, el cual señala lo siguiente:
"(...) El articulo 640 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:
Art. 640: "Cuando la pretensión del demandante persiga el cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o entrega la cosa dentro de diez dias apercibiéndole de ejecución. El demandante podrá procedimiento, pero éste no será aplicable cuando el deudor no quien pueda intimarse o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo." La doctrina patria, ha definido al procedimiento por intimación o monitoreo, como "aquel de cognición reducida, con carácter sumario, dispuesto a favor de quien tenga derechos de créditos que hacer valer, asistidos por una prueba escrita.
Juez, inaudita altera parte (sin oir a la otra parte), puede emitir un decreto con el que impone al deudor que cumpla su
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TRIBUNAL obligación. Esto debe ser notificado al deudor, y entonces, o el irrevocable, con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena. (Corsi, Luis, Apuntamiento Sobre el Procedimiento por Intimación. Caracas, 1.986).
La admisión de la demanda tramitada por el procedimiento plenamente, por cuanto el decreto de intimación posterior, contendrá una orden efectiva de pago o entrega de la cosa, que titulo ejecutivo derivado de una sentencia definitiva.
El procedimiento por intimación, está diseñado para el cobro o satisfacción de una obligación de hacer, a través de modalidades taxativas contempladas en el articulo 640 del Código de Procedimiento Civil, a saber:
a.- El pago de una suma liquida y exigible de dinero;
b.- La entrega de cantidad cierta de cosas fungibles; y, c.- La entrega de una cosa mueble determinada.
En el caso bajo estudio, obviamente no se trata del sociedad anónima y el correspondiente traspaso en el libro de accionistas. En realidad, la parte actora pretende el cumplimiento de un contrato de venta o cesión de acciones, a través del procedimiento por intimación. Esta pretensión procesal, de ninguna manera puede asimilarse acciones, es un contrato bilateral o sinalagmático, que comporta el cumplimiento de prestaciones reciprocas por cada una de las Tribunal Disciplinario Judicial) En este sentido, el articulo 643, ordinales 1º y 3º del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:
Art. 643: "EL Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos siguientes:
1° Si faltare alguno de los requisitos exigidos en el articulo 640.
(Omissis).
3°) Cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante condición." (Subrayado de la Sala).
En el caso del contrato de venta de acciones, es indudable que no es otra que el pago del precio de esas acciones. La demanda copia fotostática del referido documento de venta, cuya nota de certificación carece de firma por parte del funcionario que presuntamente la redactó. Sin descender la Sala a un análisis valorativo del referido instrumento, sino a la revisión de los aspectos formales de admisión de la demanda por el procedimiento monitoreo, es obvio que los ordinales 1° y 3° del articulo 643 del Código de Procedimiento Civil, impiden tal admisión, para concederle a la actora, lo que simplemente es una pretensión de cumplimiento de un contrato de venta.
Ciertamente, como indica el articulo 640 del Código de Procedimiento Civil, la via monitoria está diseñada para el cobro de un crédito, el cual deber ser liquido y exigible. Una prestación de hacer como la planteada, atinente al traspaso o cesión de acciones, que deberá cumplir el demandado en el libro de accionistas de la empresa, no tiene las caracteristicas antes enunciadas, ni se adecua a los Código de Procedimiento Civil. En otras palabras, la prestación reclamada por la parte actora en el presente juicio, intimación. (Resaltado propio del Tribunal Disciplinario Judicial) ...omissis...
Los derechos discutidos en el presente juicio, presentan caracteristicas especiales, donde la transferencia de las acciones se encuentra condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos, como la autorización por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de esa cesión. Sin descender la Sala a opinar en cuanto al cumplimiento o no de dichos trámites administrativos, simplemente se expresa, que una reclamarse por el procedimiento por intimación, a menos que se autorización previa a la aprobación posterior de la venta por parte del Ministerio de Transporte y Comunicación a que aluden las normas dichas.
Como ya fue señalado, el articulo 643 del Código de Procedimiento Civil, ordena al Juez que niegue la admisión de la demanda por auto razonado, si, entre otras causales, faltare alguno del los requisitos exigidos en el articulo 640 eiusdem. Es abvio que en el caso bajo estudio, al intentarse una reclamación que en forma efectiva pretende el cumplimiento de un contrato de venta de acciones, que encierra, como todo contrato de venta, prestaciones reciprocas por parte de los contratantes, asl como una particular obligación de hacer por el demandado referida al traspaso de las acciones en el libro de accionistas, y el cumplimiento de una obligación sujeta a una condición establecida en la Ley, no se verificaron los requisitos minimos de admisión de la demanda, que en el caso particular del procedimiento por intimación, son presupuestos procesales de indiscutible cumplimiento.
Todas estas razones, conducen a la Sala a casar de oficio sin reenvio el fallo recurrido ya que se hace innecesario un SCIPLINARI nuevo pronunciamiento sobre el fondo, y en consecuencia actora, ciudadano Rafael José Pinto, contra la "Sociedad Anónima de Construcciones y Parcelamientos (Sancopa)" por Código de Procedimiento Civil, anulándose en consecuencia, el mencionado auto de admisión de fecha 3 de agosto de 1994 Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, asi como todas las elimina la posibilidad de que dicha demanda pueda ser intentada por la via ordinaria adecuada, por cumplimiento de contrato. Asi se decide. (...)"
Del texto de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia desprende con meridiana claridad, que para que opere la admisión del iculo 640 del Código de Procedimiento Civil, en la pretensión de dicha manda se debe exigir el pago de una suma liquida y exigible de dinero, la trega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble JUDICIAL O determinada, es decir, es un procedimiento a favor de quien tenga derechos de créditos que hacer valer, asistidos previamente por una prueba escrita, la cual debe ser prueba fehaciente del derecho que se reclama.
En ese sentido, cabe destacar que la sentencia también menciona los supuestos por los cuales debe inadmitirse la interposición de dicha demanda, los cuales son los previstos en el articulo 643 ibídem, por lo que existen casos donde la obligación presenta características específicas, por ejemplo el que la obligación se encuentre condicionada a cumplimiento especial de una serie de condición legal establecida, a no ser que se acompañar el medio de prueba que haga presumir la reclamación del derecho a crédito que de la pretensión el demandante se desprenda.
Ahora bien, de los hechos constatados se evidenció que el documento ndamental de la demanda de intimación en el presente caso, es un 'SCIPLINARI an fue desconocido por el ciudadano José Leonardo Carrero Vargas —aqui denunciante- en fecha 26 de octubre de 2009, ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida con motivo de la solicitud de reconocimiento en su contenido y firma de dicho convenimiento; asimismo se evidenció que dicha obligación estaba sujeta a una condición, la cual era que ambas partes elegirían de mutuo acuerdo el taller en el cual se llevaría a cabo la reparación del vehiculo, sin embargo los presupuestos que la parte demandante presentó para cumplir la reparación del vehiculo, no fueron aceptados por la parte demandada, lo cual sigue condicionando la obligación de reparar el vehiculo por parte del demandado, pues no se materializó el convenimiento.
BOL de una suma liquida de dinero, presentando como instrumento fundamental ' civil, sin embargo como se expresó en párrafos anteriores el juicio de IBUNAL O.
intimación es un juicio especialisimo y por ende la prueba que contiene derecho reclamado debe ser un instrumento puramente ejecutivo, es decir, sujeto a ninguna condición, que sea público o auténtico, mediante el cual se pruebe fehacientemente la obligación del demandado de pagar una cantidad líquida o exigible de plazo vencido, y no como en el caso en particular que se referia a un convenimiento amistoso, y la obligación allí contraída estaba sujeta a una condición, por cuanto se elegiria el lugar donde debía repararse el vehiculo de mutuo acuerdo.
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Resulta evidente que el juez denunciado incurrió en descuido injustificado al admitir la demanda por el procedimiento de intimación ya que no verificó con la debida diligencia los requisitos que establece el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la obligación estaba sujeta condición por tratarse de un convenimiento amistoso, en el cual las partes pf mutuo acuerdo fijarian el taller mediante el cual se repararia el ocasionado al auto del accionante en el referido juicio civil, por lo que, este Tribunal del caso bajo análisis constató que el juez denunciado incurrió en falta Venezolano y la Jueza Venezolana, por el descuido injustificado al admitir la demanda planteada por el procedimiento de intimación previsto en el articulo in commento, siendo que el instrumento acompañado con la misma no señalaba la cantidad cierta y liquida a exigir, tratándose ésta de una obligación sujeta a condición, verificándose por lo tanto la negligencia y el descuido por parte del juez denunciado en la valoración de dicha demanda. ASÍ SE DECIDE.-
VII DECISIÓN
Por la razones antes expuestas, este órgano Tribunal Disciplinario udicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de enezuela y por autoridad de la Ley, bajo la ponencia del ciudadano Juez Presidente Hernán Pacheco Alviárez aprobada de manera unánime declara:
ÚNICO: se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA del ciudadano SIXTO RONDÓN CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° V-4.490.032, en su condición de Juez Temporal de los Municipios Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, por la comisión del ilicito disciplinario previsto en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; en consecuencia, se le impone la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA.
Registrese, publiquese y notifiquese a las partes intervinientes de la presente decisión.
CIPLINA Una vez que la presente decisión adquiera el carácter de definitivamente firme, remitase copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; al Registro de Información Disciplinario, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoría General de Tribunales de conformidad con el artículo 39 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en concordancia con la sentencia N° 516, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha siete (7) de mayo de 2013.
Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial, en la dias del mes de sepj de dos mil trece (2013). Año-203º y 154°.
ERNAN PACHECO ALVIAREZ Juek Presidente ponente
JACQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINAROJAS Jueza
RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria En misma fecha, siendo las guc yw anterior sentencia bajo el N°mg-SD2013. 1Y5- GOMZÁLEZ SUE Secretaria Exp.: AP61-D-2012-000022 O JUDICAL HPA/JSM/CMR/RSG
-*
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL.
TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL.
Expediente N° AP61-D-2012-000110 En fecha siete (7) de marzo de 2012, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) recibió oficio N° 054/12 de fecha veinticinco (25) de enero de 2012, emanado de la Rectoria de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante el cual remitió escrito de denuncia suscrito por el ciudadano JOSÉ JESÚs RIVERO BURGOS, titular de la cédula de identidad N° V-5.427.568, abogado debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS, titular de la cédula de identidad N° V-12.828.225. mediante el cual solicitó la apertura del correspondiente procedimiento disciplinario al ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, titular. de la cédula de identidad N° V-6.873.845, en su condición de Juez Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de determinar la responsabilidad disciplinaria; causa a la cual se le asignó la nomenclatura AP61-D-2012-000110.
La Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria recibió en fecha ocho (8) de marzo de 2012, las actuaciones antes descritas y acordó darle entrada al presente asunto e iniciar la investigación de los hechos denunciados y recabar los elementos indiciarios dentro de un lapso no mayor a treinta (30) dias hábiles, asi como elaborar el informe sobre la procedencia para iniciar el procedimiento disciplinario judicial. En la misma fecha, se libró oficio CDJ/OS/N°00464-2012, dirigido a la Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, solicitando copias certificadas de las actuaciones practicadas por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en la Civil. Mercantil y Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial. cursantes en el expediente N° 19.851, asi como. de la comisión N° 11-C-1695 que cursa ante el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la referida Circunscripción.
Fueron agregadas en fecha doce (12) de marzo de 2012, las resultas de la actuación practicada por el Alguacil de esta Jurisdicción, ante la Oficina Receptora de Correspondencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el ocho (8) del mismo mes y año.
:
En fecha veintiuno (21) de marzo de 2012, fue recibido oficio N° 0168/11 diecinueve (19) del mismo mes y año, suscrito por la Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante el cual remitió copias certificadas constante de doscientos ochenta y siete (287) folios útiles, debidamente requeridas mediante la comunicación CDJ/OS/N°00464-2012.
Se recibió en fecha once (11) de abril de 2012, escrito suscrito por el ciudadano JOSÉ JESÚS RIVERO BURGOS. ya identificado, a través del cual ratificó la solicitud realizada ante la Rectoria de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, asimismo, solicitó pronunciamiento de dicho requerimiento.
$ El órgano sustanciador del procedimiento elaboró en fecha catorce (14) de mayo de 2012, el informe conclusivo de la presente investigación; en tal sentido, acordó remitir el referido expediente a este Tribunal Disciplinario Judicial, mediante oficio CDJ/OS N° 00826-2012 del quince (15) del mismo mes y año.
- Mediante auto de fecha dieciséis (16) de mayo de 2012, se dio entrada al el Sistema de Gestión Judicial correspondió al Juez HERNÁN PACHECo ALVIÁREZ su ponencia, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El Tribunal Disciplinario Judicial dictó en fecha veinticuatro (24) de mayo de 2012, auto a través del cual admitió la denuncia cuanto ha lugar en derecho. Asimismo, ordenó citar al ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGiFO, en su condición de Juez Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de que, para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso consagrados en el F articulo 49 de la Carta Magna, consigne el escrito de descargos relacionado con los hechos que acarrearon la presente investigación, de conformidad con lo previsto en el articulo 62 de Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y notificar de la admisión de su denuncia al ciudadano JOsÉ JEsús RIVERO BURGOS, y a la Fiscal General de la República. Librándose en la misma fecha las respectivas comunicaciones.
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actuación realizada ante la Oficina Receptora de Correspondencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el seis (6) del mismo mes y año, relacionada con el oficio N° TDJ-872-2012 del veinticuatro (24) de mayo de 2012. dirigido a la Jueza solicita la practica de la notificación del Juez denunciado, mediante la Boleta de Citación N° 491-2012, de la misma fecha Se recibió en fecha doce (12) de junio de 2012, diligencia suscrita por el ciudadano JOSÉ JESÚS RIVERO BURGOS, mediante la cual se dio por notificado de la admisión de la denuncia, según auto de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2012 Este Tribunal Disciplinario Judicial en fecha veintiséis (26) de junio de 2012, dictó auto mediante el cual se acordó dejar sin efecto el oficio N TDJ-872-2012 del veinticuatro (24) de mayo de 2012. en virtud del error Judicial del Estado Miranda. y en consecuencia se ordenó librar nuevamente el oficio in comento Librándose efectivamente en la misma fecha, bajo el N TDJ-1098-2012. cuyas resultas de notificación fueron agregadas el primero (1°) de agosto de 2012.
Se dictó auto en fecha veintiocho (28) de junio de 2012, mediante el cual se orden cronológico, el oficio N° TDJ-872-2012 de fecha seis (6) del mismo mes y año, visto el error en que se incurrió al no haber sido incorporado en la respectiva oportunidad suscrito : + Ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO. en su condición. 1 It. Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscidie:• inicial del Estado Miranda, constante de once (11) folios útiles, y sus respectivos anexos constante de trescientos cuarenta (340) folios útiles.
Se recibio en fecha veinticinco (25) de septiembre de 2012, oficio N° 0408/12 del catorce (14) de agosto de 2012, emanado de la Rectoria de la unscrioa Judicial del Estado Miranda, mediante el cual se remitió las resultas de la boleta de notificación debidamente firmada por el ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, en su condición de Juez Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, constante de nueve (9) folios útiles, agregadas a los autos en fecha veintiséis (26) del mismo mes y año.
Fueron agregados en fecha diecisiete (17) de octubre de 2012, a autos las relacionada con la notificación contenida en la boleta N° 490-2012 del veinticuatro (24) de mayo de 2012, dirigida al ciudadano JOSÉ JESÚS RIVERO BURGOS.
El CIudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, en su condición de Juez denunciado, consignó en fecha dieciocho (18) de octubre de 2012, comunicación mediante el cual ratifica el escrito de descargos presentado el catorce (14) de agosto de 2012. Igualmente, el veintiocho (28) de la misma fecha, anexos constantes de veinticinco (25) folios útiles.
Este Tribunal Disciplinario Judicial en fecha seis (6) de noviembre de 2012, fijó la oportunidad para la audiencia oral y pública en el presente procedimiento, a meridiem (2:30 p.m.). de conformidad con lo previsto en el articulo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Librándose en la misma fecha las respectivas notificaciones.
Se dictó auto en fecha trece (13) de noviembre de 2012, mediante el cual se acordó dejar sin efecto el oficio N° TDJ-1864-2012 del seis de la misma fecha, en virtud del error material de los datos de identificación de la Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y en consecuencia se ordenó librar nuevamente el oficio in comento. Librándose en la misma fecha, signado bajo e N° TDJ-1914-2012, cuyas resultas de notificación fueron agregadas el quince (15 del mismo mes y año.
Se consignaron en fecha trece (13) de noviembre de 2012, las resultas de audiencia oral y pública Fue recibido en fecha veintiuno (21) de noviembre de 2012, escrito suscrito por el CIudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, en Su condición de Juez denunciado, a través del cual se dio por notificado del contenido del auto indicado Las resultas de las actuaciones practicas con el objeto de notificar el oficio N" TDJ-1863-2012 del seis (6) de noviembre de 2012, dirigido a la Fiscal General de la República, efectuado el catorce (14) del mismo mes y año, via fax, fueron consignadas en fecha dieciocho (18) de diciembre de 2012.
El oficio N° 0036/2013 del siete de enero de 2013, emanado de la Rectoria de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, recibido en fecha quince (15) de enero de 2013. mediante el cual se remitió las resultas de la boleta de notificación debidamente firmada por el ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, en su condición de Juez Ejecutor de Medidas de los constante de ocho (8) folios útiles, agregadas a los autos en fecha diecisiete (17) del mismo mes y año.
En fecha treinta (30) de enero de 2013, siendo el dia y hora fijados, tuvo lugar la realización de la audiencia en la presente causa, en ese sentido y en e e n el ciudadano Alguacil. el Juez Presidente de este Tribunal. pasó a instruir sobre las pautas sobre las cuales se llevaría a cabo la misma, y a tal efecto ordenó a la ciudadana Secretaria verificar la comparecencia de las partes, asistiendo al acto, tiempo señalado por el Tribunal. Una vez concluida la exposición de las partes, se dio por culminado el debate, y se fijó el acto de pronunciamiento del fallo para el dia jueves siete (7) de febrero del presente año, a la una y treinta pos! meridiem (1:30 p.m ) rend dia y hora fijados, tuvo lugar la realización de la audiencia en ia esente anonaun las puertas del Tribunal por el ciudadano Alguacil, el Juez Presidente de este honorable Tribunal, pasó a enunciar el dispositivo, previo análisis de los alegatos de las partes y las actas cursantes en el expediente disciplinario.
Cumplido el procedimiento legalmente establecido pasa este Tribunal Disciplinario Judicial a dictar el texto integro de la decisión, en los siguientes términos:
1 ESCRITO DE DENUNCIA En fecha siete (7) de noviembre de 2011, el ciudadano JOsÉ JESús RIVERO BURGOS. titular de la cédula de identidad N° V-5.427.568, abogado debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social bajo el N° 91.452, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana GLEYVE YAMILET VARGAS REY, titular de la cédula de identidad N° V-12.828.225, —previa revisión de la; base de datos llevada por el Consejo Nacional Electoral, se evidenció que la identificación correcta es GLEYVE YAMILET REY VARGAS, lo cual será considerado durante el desarrollo de la presente decisión, en virtud de los errores Estado Miranda, la apertura del correspondiente procedimiento disciplinario al ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, titular de la cédula de identidad N° V-6.873.845, en su condición de Juez Ejecutor de Medidas de los Municipios Piaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a _haciendo referencia puntual de la Acción de Amparo Constitucional incoada contra las ciudadanas KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PÉREZ, NORMA XIOMARA BRICEÑO CARMEN GONZÁLEZ VILLAMIZAR, declarado con lugar y en el cual se ordenó, a través del mandato de ejecución de ciudadanas aqui mencionadas, tal como lo indica el dispositivo VILLAMIZAR a que se abstenga de alguna forma de perturbar contrato de arrendamiento suscrito entre la prenombrada y mi SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA y el cese de las vías de hecho, debiendo hacer entrega de las llaves de acceso al permanecer en el inmueble los inquilinos legitimados y permitir el uso de la guarderia infantil que alli funciona. Asi mismo
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de amparo. con vista al contrato de arrendamiento suscrito entre ambas partes. Para tal fin fue comisionado el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, mediante comisión librada en fecha 06 de septiembre de 2011.
constituyéndose en el lugar de los hechos en fecha ocho de septiembre de 2011 levantándose el acta correspondiente y se dejó constancia. por parte del Apoderado Actor, de no haberse restituido totalmente los derechos de su patrocinada. corno lo ordena el mandato de amparo, porque solamente se restituyeron partes de las áreas que ocupa mi patrocinada como inquilina del inmueble, (..) igualmente recurrir al Tribunal de la causa a dejar constancia sobre los hechos que antenormente denuncio. atendiendo a ésta solicitud, el juez de la causa amplió la comisión a los efectos de la restitución total liempo necesario para cumplir con el mandato de fecha 08 y respuesta de su constitución nuevamente. quien me respondió en la sede del Juzgado Ejecutor la apoderada de la parte accionada, e inmediatamente el Juez la hizo pasar a su despacho. luego me invitó a mi a pasar al Despacho y me manifestó que ambas partes teniamos 30 minutos para presentar escrito de oposición, el cual sorprendió mi buena fe y mi poco conocimiento del ejercicio del derecho, cuando oi tal oposición estaba dado a que cumpliera con la comisión articulo 238 del Código de procedimiento (sic) Civil. articulo 26 Posteriormente, al dia siguiente me presenté ante el Tribunal Ejecutor, ya que habian quedado en llamarme por teléfono a los fines de informarme sobre la constitución del Tribunal en la sorprendo cuando el ciudadano juez manifiesta que él se va INHIBIR de la ejecución, es decir, no iba a ejecutar la medida, porque el Juez de la causa tenia que decile qué área, con medidas especificas ocupa mi patrocinada y que área, con medidas especificas ocupa mi patrocina y que área ocupaba la desalojo arbitrano y violación de los derechos constitucionales perturbaciones continuas en el desarrollo de niños y niñas en su desarrollo intelectual, emocional. Esta situación causa grave daño, toda vez que he recurrido al Tribunal Ejecutor de notificado a ninguna de las partes de las partes, he encontrado tanto no iba a ejecutar ninguna medida y que recurriera al ciudadana Jueza Rectora, que estamos en presencia de una falta grave de este Juez Ejecutor, en virtud que se han enviado causa, en la cual se dirimen los asuntos procesales, nos
en una decisión en materia de amparo constitucional, que a los devolver la comisión, a los efectos de cualquiera de las partes su derecho, debe recurrir al Tribunal de la causa, lo que debe ser respetado por el Juez de ejecución (sic). En cuanto a la inhibición planteada por el Juez Ejecutor, considero que este todo lo antes señalado (...) pues con esta conducta asumida por el Juez EjeCutor ES IMPOSIBLE LA RESTITUCIÓN TOTAL de los derechos constitucionales de mi patrocinada, un Juez Accidental para la Ejecución de la Sentencia Constifucional, dictada en fecha 05 de octubre de 2011, dado que él es el único en los Municipios Plaza y Zamora, y el inmueble objeto del litigio se encuentra ubicado en el Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda..." Il DEL INFORME DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN Por otra parte, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial estableció en su informe de fecha catorce (14) de mayo de 2012 lo siguiente:
"..Se desprende de las actas que conforman el presente expediente, (..) relacionado con la denuncia interpuesta por el ciudadano JOSE JESUS RIVERO BURGOS, en su carácter de apoderado judicial de GLEIVE (sic) YAMILET REY VARGAS, en contra del ciudadano CESAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO por presuntas irregularidades cometidas en su desempeño como Juez Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Comisionado-, en la tramitación de la ejecución de la medida segundo de primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Trânsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda extensión los Teques -Juzgado comitente-.
(..) Al respecto, este Órgano Instructor observa que el caso de marras se retrotrae al 29 de agosto de 2011. cuando el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado acción de amparo antes indicada, ordenando la notificación de Postenormente. el 05 de septiembre de 2011, recibió escrito cualidad en la propia audiencia constitucional llevada a cabo el 06 de ese mismo mes y año, donde declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la Acción de Amparo Constitucional intentada BRICEÑO DE HERNÁNDEZ. ordenando restituir la situación Tribunal Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zanora de la Circunscnpción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, habilitar a el tiempo necesario en el sentido de que la Ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS ocupará los espacios del inmueble que debia poseer en virtud del contrato ordenó darío estricto cumplimiento al mandamiento de Amparo Constitucional, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 31 desacato que podria traerle sanciones.
En virtud de la mencionada decisión el Juzgado Ejecutor de Circunscripción Judicial. el 08 de septiembre de 2011. se trasladó al inmueble en controversia a objeto de cumplir con la comisión encomendada dejando constancia en acta de esa misma fecha de que se constituyó en el lugar con la presencia de los Ciudadanos KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PÉREZ, -agraviante- asistida con su apoderado judicial Luisa Elena López Quijada, GLEIVE (sic) YAMILET REY VARGAS, -agraviada- asistida de su apoderado judicial José Jesús Rivero Burgos y NADEYA DEL CÁRMEN GONZÁLEZ VILLAMIZAR -tercera interesada-. una vez las partes el Juez denunciado hizo del identificadas conocimiento de las mismas el motivo de su presencia en el VILLAMIZAR PÉREZ. para que diera cumplimiento al lmandamiento de ejecución quien hizo entrega de la llave que XIOMARA BRICEÑO DE HERNÁNDEZ -agraviante-. 8 quien la referida tercera adhesiva, tenía en su poder la llave de la (sic) YAMILET REY VARGAS, no tenia llave motivo por el cual desalojo arbitrario, toda vez que la persona que tenia las llaves de acceso al inmueble en cuestión era la tercera adherida al ciudadana.
Posteriormente. consta auto de fecha 09 de septiembre de lo Crvil. Mercantil. y Tránsito del estado Bolivariano de el mencionado expediente y por cuanto se observada que no habia sido posible la ejecución de lo ordenado por ese Tribunal EJECUCIÓN y ordenó al Juzgado Ejecutor de Medidas de los espacios del inmueble que debia poseer según el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes. Áreas que serian mandamiento en cuestión, en vez de cumplir el mismo, procedió a dictar un auto el dia 13 de ese mismo mes y año, indicándole al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil, Transito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda -comitente-. que dicha comisión había sido cumplida a cabalidad, además señaló que con fundamento en la Sentencia N° RC-01202 de la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal de la República, de fecha mandamiento se hacia inejecutable.
Visto lo anterior, es opinión de esta Oficina de Sustanciación, que la conducta asumida por el juez denunciado en funciones de Ejecutor de Medidas, al incumplir el mandato de ejecución impone el ejercicio de su función como administrador de de Derecho y de Justicia por mandato Constitucional.
() A tal efecto este Órgano Instructor verificó que el 18 de Ejecutor de Municipio comisionado nuevo exhorto con motivo de la Accion de Amparo Constitucional. previa solicitud presentada el 21 de octubre de 2011, por el apoderado judicial de la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS, para que habilitar a el tiempo necesario. fijara la hora, el dia y tiempo para hacer efectivo el referido mandato por cuanto se apreciaba que no se habla dado cumplimiento a lo ordenado por ese juzgado. Luego, el 09 de noviembre y 01 de diciembre de 2011, mediante oficios Nos. 11-797 y 11-872 respectivamente. el juez denunciado informó sobre la inhibición y recusación en su contra, solicitando se oficiara a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia para que convocara a un Juez suplente que ejecutara esa comisión.
Motivo por el cual en fecha 05 de diciembre de ese año, libró
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oficio N° 11-881 informando al Juzgado comitente que habian transcurrido cuarenta y un (41) dias desde que se le participó de la recusación interpuesta en su contra, siendo que el 14 de diciembre de 2011. el Juzgado comitente en vista de la diligencia suscrita por el apoderado judicia! de la parte accionante, declaró sin lugar las incidencias de inhibición y ordenó reenviar el Mandamiento de Ejecución acordado en fecha 09 de septiembre de 2011, procediendo a remitir el exhorto al Juzgado comitente para que diera cumplimiento al precitado Mandato de Ejecución.
Tambien se constató que el 12 de enero de 2012, el Juez denunciado que fijara la oportunidad y el tiempo Inhibición y Recusación. No obstante ello, el Juzgado procedió a solicitarle el Juzgado comitente que identificara el grupo familiar de la Ciudadana NADEYA DEL CARMEN posesión que había venido ejerciendo la referida ciudadana, tal y como lo señalaba el segundo particular de la comisión y que se le remitiera copia certificada del contrato de arrendamiento a que hacia mención el mandamiento de ejecución. el cual fue de febrero de 2012 Igualmente. se observo que el 08 de marzo de 2012, el Juez denunciado remitió al Juzgado comitente un informe de inhibición cursante a los folios 41 al 43. Pieza N° 2, y después Estado Miranda. las razones por las cuales aún no se habia Juez denunciado no sólo mostró un proceder contumaz al no materializar el mandamiento de ejecución ordenado a pesar de sus funciones, pues no le estaba dado objetar el mandamiento de ejecución ordenado por el Juzgado comitente tal como ocurrió en el referido caso, incluso cuando trató de sustraerse de su conocimiento formalizando su inhibición la cual fue que a todo evento atenta contra la sana administración de justicia y trastoca la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.
Por todo lo antes expuesto, este Órgano Instructor es del de las actas del expediente que existen elementos indiciarios CESAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO en Su CondiciÓn de Juez del Tribunal Ejecutor de Medidas de los Municipios Bolivariano de Miranda, con sede en Guarenas, se subsume precitado Código. En consecuencia, se ACUERDA remitir el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial a los fines de que III DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL CIUDADANO CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO En fecha catorce (14) de agosto de 2012, el ciudadano cÉSAR n n presentó escrito, mediante el cual explana una serie de defensas, contra la denuncia formulada por el ciudadano JOSÉ JESÚS RIVERO BURGOS, en virtud Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito dela Circunscripción Judicial del Estado Miranda, signada bajo el N° 11-C-1695.
motivo de la acción de amparo incoada por la ciudadana GLEYVE YAMILET RE VARGAS —agraviada-— ontra las ciudadanas KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PEREZ y NORMA XIOMARA BRICEÑO DE HERNANDEZ —agraviantescomo la Ciudadana NADEYA DEL CARMEN GONZÁLEZ VILLAMIZAR, en condición de tercero interviniente en forma adhesiva para la defensa de sus derechos propios.
Arguyó, el Juez denunciado que "..En cumplimiento de la comisión conferida por el Tribunal de la causa (.) [se trasladó] el dia 08 de septiembre de 2011. a ia sede del inmueble. ubicado en la Urb. La Rosa, casa N° 43. en el Centro de Educación Inicial 'Beato Manuel Domingo y Sol'. en el Conjunto Residencial Colinas de Guatire, Guatire. Municipio Zamora del Estado Miranda.
Una vez en el lugar procedió] a notificar a la agraviante, la ciudadana KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PÉREZ del contenido del mandamiento de amparo constitucional decretado en su contra y notificó] a la tercera interviniente NADEYA DEL CARMEN GONZALEZ VILLAMIZAR de la ejecución del amparo. proced[ió] a levantar acta. con ocasión de la práctica de la referida comisión..."
En este sentido, señaló el funcionario investigado que posterior a la obstante de dicho órgano jurisdiccional envio un nuevo mandamiento de ejecución contenido en el oficio N° 11-631 del dieciocho (18) de octubre de 2011, recibido el veintiuno (21) de la misma fecha en el Juzgado a su cargo, en el cual ordenó ".restituir la situación infringida. en el sentido de que la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS ocupe Ios espacios del inmueble que venía poseyendo en virtud del contrato de arrendamiento suscrito con la ciudadana KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PÉREZ, espacios donde funciona la institución educativa COLEGIO PRIVADO C.E.I. BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL, C.A..
áreas que serán señaladas por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS al momento de la restitución. ." (Destacado de la cita).
Asimismo indicó el Juez denunciado que la apoderada de la accionada opinión sobre el caso objeto de tutela, en ese entendido fue remitido dicho recurso ai Tribunal de la causa, interponiendo por su parte de manera paralela su /inhibición. y solicitando a la Rectoria la designación de un Juez Suplente para que conociera de la causa. En fecha (14) de noviembre de 2011, fueron declaradas sin lugar ambas solicitudes.
EH doce (12) de enero de 2012, el representante de la parte En hoy denunciante— consignó diligencia acompañada con copia de las decisiones referidas a la inhibición y recusación descritas y solicitó se fijará fecha de ejecución, vista tal actuación el Juez denunciado dictó auto en la misma fecha, in commento, requirió instrucción según lo previsto en el articulo 238 del Código de Procedimiento Civil, a través de oficio N° 12-60, indicándose "...estudie la posibilidad de remitir copia certificada del contrato de arrendamiento a que hace mención en el mandamiento de ejecución y poder cumplir en '...restituir la situación juridica infringida, en el sentido de que la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS ocupe los espacios del inmueble que venia poseyendo en virtud del contrato de arrendamiento suscrito...
(Destacado de la cita).
la causa en fecha veintidós (22) de febrero de 2012, dictó el mismo mandato de ejecución indicado supra, el cual fue consignado por el apoderado de la accionante -hoy denunciante—. mediante diligencia en fecha cinco (5) de marzo de ese año, asimismo, destacó el Juez denunciado que en el contenido de dicha actuación se "..profiere amenazas [en su] contra, atribuyen[ole] un supuesto Derechos y Garantias Constitucionales que [lo] hace[n] merecedor de una sanción disciplinaria.." En razón de lo antes expuesto, el funcionario sujeto a proceso procedió a levantar un acta con el objeto de inhibirse, el cinco (5) de marzo de 2012, y "...remitió] informe al Juez de la causa como a la rectoria, a través de los oficios números 12-210 y 12-211 librados en fecha 08 de marzo de 2012 (...), recibidos en fecha 09 de marzo de 2012 (...) la cual fue declarada CON LUGAR en fecha pública a los fines de dar inicio a la investigación penal según lo previsto en el articulo 31 Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales. en concordancia con los articulos 283 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal.
Acotó el Ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENCIFO,e * la fecha en que fue declarada CON LUGAR la inhibición, el Y comitente, no habia dado respuesta a la solicitud de instrucción contenida en el oficio 12-60 (sic) fecha 12 de enero de 2012.." (Destacado de la cita) Finalmente, señaló el Juez denunciado que en fecha siete (7) de agosto de 2012, se trasladó el Juez Suplente designado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al inmueble objeto de la medida de restitución, señalando que "..el acta levantada en fecha 08 de septiembre de 2011 por el Juzgado Ejecutor de origen se limitó a hacer entrega material y colocar en posesión de la agraviada es el nivel inferior lo que corresponde al área del inmueble arrendado y encontraba ejecutada en vista de que se encuentra en funcionamiento la nidad Educativa en la planta inferior del inmueble, y en la parte superior
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el mismo se encuentra ocupado por la ciudadana NADEYA DEL CARMEN GONZÁLEZ con su grupo familiar. " (Destacado de la cita).
IV DE LA AUDIENCIA En la oportunidad para la realización de la audiencia y previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se llevó a cabo la audiencia en la presente causa, en los siguientes términos:
El Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial, expresó que esta audiencia de conformidad con lo previsto el articulo 73 del Código de Élica del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, tiene como finalidad la realización del debate acerca del proceso disciplinario JESÚS RIVERO BURGOS, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.427.568 en contra del Ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, titular de la cédula de identidad No. V-6.873.845. Juez Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas. por haber incurrido en presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación de la comisión N° 11C-1695, toda ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS contra KATIUSKA ILMIZAR PÉREZ y NORMAXIOMARA BRICEÑO ERNiNDEZ, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo deldadano JOSE JESÚS RIVERO BURGOS, titular de la cédula consta en el expediente su debida notificación; y la presencia de identificado. Acto seguido se informa a los presentes que a los fines de garantizar la más exacta y acertada valoración sobre lo discutido, las intervenciones de los presentes serán grabadas, a los fines de su remisión a la Corte Disciplinaria Judicial conforme a lo que establece Venezolana.- Se concede la palabra al ciudadano denunciante JOsÉ JESÚS RIVERO BURGOS, quien dispone de un tiempo de diez (10) minutos para formular su exposición, quien luego de realizar un recuento de Disciplinaria Judicial---.
Seguidamente, se le concede el derecho de palabra al Juez sometido a procedimiento disciplinario, quien haciendo uso de su derecho de palabra reprodujo las consideraciones establecidas en el correspondiente.-- Posteriormente, las partes hicieron uso de su derecho de réplica contrarréplica y conclusiones.-- Concluido el debate. el Juez Presidente de Tnbunal Disciplinario Judicial, acordó diferir la audiencia para el dia jueves siete (7) de febrero de 2013 a la una y treinta horas post meridiem (1:30 pm) para dictar ia dispositiva en la presente causa..." Posteriormente se reconstituyó el Tribunal Disciplinario Judicial y se llevó a cabo la celebración de la audiencia oral y pública el dia siete (7) de febrero de 2012, dándose cumplimiento a todas las formalidades de ley, de lo cual se levantó acta que a continuación se transcribe de forma sucinta en los siguientes términos:
-...En fecha seis (6) de septiembre de 2011, el Juzgado Segundo de RSPUBUCA BO Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, dictó decisión en la causa de amparo constitucional (...) ordenó, entre otras cosas: (...)
CUARTO: (..) ORDENA a la Ciudadana KATIUSKA INDIRA 3523 VILLAMIZAR PEREZ. se abstenga de manera personal o por disfrute en la posesión del inmueble objeto del contrato de TAEUNAL arrendamiento suscrito entre la prenombrada y la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS, asi mismo se ordena a la antes de las vias de hecho por lo que debe hacer entrega de las llaves de acceso al inmueble por lo que solo deben permanecer en el quardera infantil que funciona en el referido inmueble (. y -..
denunciado (. ) a objeto de dar cumplimiento con el primer mandamento el Juez Ejecutor notificó a la agraviante KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PÉREZ que debia de abstenerse de perturbar YAMILET REY VARGAS (.) queda evidenciado del expediente le fue ordenado (..) por lo tanto (...) no existe abuso de autoridad.
ASI SE DECIDE.- Igualmente. ordenó la decisión supra mencionada, lo siguiente:
'SEXTO Este Tribunal ordena a través del Juez de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipio Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, se sirva restituir la situación juridica infringida (...)'. Observa, este Tribunal Disciplinano. que en la misma acta el juez denunciado, dejó constancia que la mencionada agraviante hizo entrega de las llaves Comisionado que debian permanecer en el mismo lugar los quilinos legitimos e igualmente permitir el uso de la guarderia que funcionará en dicho inmueble (obligación de hacer).-.
Quedo asi demostrado. que el juez denunciado ejecutó la comisión encomendada ( ) ASI SE DECIDE ....
En este mismo orden de ideas el referido fallo, también ordenó:
'QuINTo: En relación al tercero interviniente en forma adhesiva para la defensa de sus propios derechos, el Tribunal establece que sea usurpación de funciones, ( ): en consecuencia, al no estar en Jurisdiccional. declarar la ausencia de responsabilidad disciplinaria al juez in comento. ASÍ SE DECLARA.- RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al Ciudadano CÉSAR Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado ciudadano JOSÈ JESÚS RIVERO BURGOS, titular de la cédula de contenido en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del sopunhace del conocimiento de los presentes. que con la lectura [eiusdem]..." V DE LA COMPETENCIA Este Tribunal Disciplinario Judicial pasa a analizar su competencia para conocer de la presente causa; y, en tal sentido debe señalar:
En fecha seis (6) de agosto de 2009 fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, reformado parcialmente según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha veintitrés (23) de agosto de 2010. el cual en su Capitulo V establece la competencia en materia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, siendo que en sus articulos 39 y 40 prevé:
Disciplinania Judicial. los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda respectivamente, procedimientos instancia, los disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código () "Articulo 40. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial. como órgano de primera instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes en materia ética contenidos en el presente Código (...)" Como se desprende de las referidas normas, el Tribunal Disciplinario Judiciai ostenta la competencia para aplicar el régimen disciplinario, lo cual se Venezolana, imponiendo ante su incumplimiento, la sanción disciplinaria previst en el articulo 33 eiusdem.
Siendo asi las cosas, queda claramente definida la competencia de este procedimientos disciplinarios contra los jueces y juezas de la República. Asm decide Finalmente. esta instancia disciplinaria considera oportuno señalar que según la Sentencia N 516 del siete (7) de mayo de 2013. emanada de la Sala Constifucionai del Tubunal Supremo de Justicia, fue suspendido de oficio, como medida cautelar innominada y hasta tanto se dicte sentencia definitiva, lo referente en el articulo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en la aplicación del procedimiento disciplinario a los jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios. por no tratarse de jueces o juezas que hayan ingresado a la carrera judicial, correspondiéndole a la Comisión In embargo, el ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, es Juez tular del Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y amor a de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en consecuencia quienes suscriben son competentes para dictar la presente decisión. Asi se declara.
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VI VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS Al respecto, este Tribunal Disciplinario Judicial debe señalar como punto previo que las partes no promovieron elementos probatorios en la oportunidad legal establecida en el articulo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, no obstante en sus escritos de denuncia así como, el de descargos. presentaron probanzas de manera extemporánea, al ser consignadas de manera anticipada al proceso disciplinario En este sentido, y a los fines de garantizar el derecho a la defensa y el ebido proceso, principios consagrados en el articulo 49 de nuestra carta Magna, pasa de seguida este Órgano Jurisdiccional analizar las pruebas producidas en el roceso por !as partes intervinientes. de conformidad con lo previsto en el articulo 74 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en concordancia con el articulo 509 del Código de Procedimiento Civil, con la didie obtener la convicción sobre la verdad procesal que se plasmar a en la presente decisión, en la oportunidad de conocer el mérito del procedimiento sancionatorio incoado contra el ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGiFO, en su condición de Juez Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
A) PRUEBAS PROMOVIDAS POR EL DENUNCIANTE:
Se pasa a valorar las pruebas de la parte denunciante el ciudadano JOsÉ JESÚS RIVERO BURGOS, promovidas mediante el escrito de denuncia de fecha veinticinco (25) de enero de 2012, de la siguiente manera:
DOCUMENTALES 1.- Desde el folio once (11) al trece (13) de la pieza uno (P-1), corre agregada al diciembre de 2011. emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente-: se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimientc Civil, no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna demostrando la probanza en referencia que el Tribunal Comitente exhortó al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la referida Circunscripción Judicial —Tribunal Comisionado—. con motivo de la acción de amparo constitucional, interpuesta por la ciudadana_GLEYVE YAMILET REY VARGAS contra la ciudadana KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PÉREZ, asI como la_ tercera_ interviniente_ciudadana_NADEYA_ DEL_ CARMEN_ GONZÁLEZ VILLAMiZAR, a que se dé cumplimiento en los términos expuesto en su contenido, en consecuencia restituir la situación juridica infringida.
disciplinario en copia simple del oficio N° 12-60 de fecha doce (12) de enero de 2012, emanado Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la referida Circunscripción Judicial —Tribunal Comisionado— se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna demostrando la probanza en referencia que el Juzgado Comisionado solicito al Juzgado Sequndo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —-Tribuna! Comitente-."... estudiar] la posibilidad de indicar (...) el_grupo familiar de la ciudadana_ NADEYA DEL CARMEN GONZÁLEZ VILLAMIZAR, que conjuntamente con la misma debe (sic) seguir ocupando el inmueble de marras y ser respetada la posesión que ha venido ejerciendo, tal y como lo señala el segundo particular de la comisión (.) [yl remitir copia certificada del contrato de arrendamiento a que hace mención el mandamiento de ejecución Desde el folio quince (15) al folio diecisiete (17) de la pieza uno (P-1) corre egada al expediente disciplinario copia certificada del oficio N° 0855-0623 de fegna seis (6) de septiembre de 2011, y adjunto al mismo el mandato de ejecución la misma fecha, emanados del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo ivil. Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda -Tribunal Comitente—. se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil. en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto demostrando dicha probanza que el Tnbunal Camitente_ ordenó al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios_ Plaza_ y_Zamora_ de_ la_ referida_Circunscripción_Judicial_—Tribunal Ccomisionado-_la restitución de la_ situación infringida a la ciudadana_ GLEYVE yAMILET REY VARGAS según decisión de fecha seis_(6) de septiembre de 2011, con ocasión a la acción de amparo interpuesta por la prenombrada ciudadana,_ en los términos establecidos en el fallo antes referido.
.- Desde el folio dieciocho (18) al folio diecinueve (19) de la pieza uno (P-1) corre agregada al expediente disciplinario copia certificada de la decisión emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—. de fecha Circunscrip e septiembre de 2011; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil. en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto demostrando dicha probanza que el referido Tribunal negó la solicitud de inspección judicial solicitada por la apoderada legal de la parte accionante, por cuanto la misma "..se encuentra precluida la oportunidad de evacuación de cualquier medio correcta para ello durante la audiencia constitucional..." 5.- Desde el folio veinte (20) al folio veintitrés (23) de la pieza uno (P-1) corre3 agregada al expediente disciplinario copia certificada del oficio N° 0855-0629 de fecha nueve (9) de septiembre de 2011. y adjunto al mismo el mandato de ejecución de la misma fecha, emanados del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—: se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto demostrando dichas_ probanzas que el Tribunal Comitente, exhortó al Juzgado de Municipio Ejecutor_ de_ Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la_ referida Circunscripción Judicial —-Tribunal Comisionado—. la restitución de la situación : infringida a la_ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS, según decisión de fecha 6 de septiembre de 2011, con ocasión a la acción de amparo interpuesta por la prenombrada ciudadana, en los términos establecidos en el fallo antes N° 0855-0623_indicado en el item 3 de esta valoración probatoria.
6.- Desde el folio veinticuatro (24) al folio veintisiete (27). y desde el folio cuarenta y uno (41) al folio cuarenta y ocho (48) de la pieza uno (P-1) corre agregada copia certificada del oficio N° 11-631 de fecha trece (13) de septiembre de 2011, conjuntamente con la decisión de la misma fecha, emanados del Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la referida Circunscripción Judicial —Tribunal Comisionado—. dirigido al Juzgado comitente;
se aprecian y valoran conforme lo establece el articulo 111 del Código de digo Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal tablecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto demostrando dicha probanza que el Tribunal Comisionado, con fundamento en el criterio establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Suprero de Justicia en sentencia N° RC-01202 del catorce (14) de octubre de 2004, se consideró imposibilitado de ejecutar la extensión del mandato ordenado el nueve (9) de septiembre de 2011, siendo que "...se desconoclia] el lugar que debía] ocupar la ciudadana NADEYA GONZÁLEZ al !gual de quienes conforma[ban] '...su grupo familiar exclusivamente...' todo lo que h[izo inejecutable en esta forma el [referido] mandamiento de ejecución..."
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n n e n e nn agregada copia certificada del acta de traslado de fecha ocho (8) de septiembre e 2011. mediante la cual el Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los nicipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judiciai del Estado Miranda Tribunal Comisionado—: se aprecia y valora conforme lo establece el articulo del Codigo de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el iculo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Triburc2 funcionario confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civi públifacultadpara dar fe pública y por tanto demostrando dicha probanza la práctica de Ta comisión conferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil._ Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—, en fecha seis (6) de septiembre de 2011, según oficio N° 0855-0623 y_el respectivo mandato de ejecución, en virtud del amparo constitucional que incoara la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS contra las_ ciudadanas KATIUSKA INDIRA_ VILLAMIZAR PÉREZ y NORMA XIOMARA BRICEÑO DE HERNÁNDEZ uno (P-1) corre agregada copia certificada del auto de fecha dieciocho (18) de emanados del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercanti y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribuna de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto dicha probanza demuestra que fue remitido nuevamente al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—. un exhorto con la finalidad de dar cumplimiento de lo ordenado en fecha seis (6) de interpuesta por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS en Ios términos indicados en el mismo.
9.- Desde el folio cincuenta y cuatro (54) ai folio cincuenta y seis (56) de la pieza uno (P-1) corre agregada copia certificada de la diligencia practicada en fecha diecisiete (17) de noviembre de 2011 por el ciudadano JESÚS RIVER BURGOS, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercanti y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—. mediante la cual solicita copia certificadas de determinadas veintitrés (23) de noviembre de 2011. emanado del referido órgano jurisdiccional proveyendo tal solicitud; se desechan dichas probanzas por ser impertinentes, de conformidad con el articulo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, ya que nada aportan en esta causa, por cuanto el presente procedimiento sancionatorio se fundamenta en la ejecución de la comisión N° 11-C-1695 ordenada al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda — Tribunal Comisionado—. en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS, supra referida.
PRUEBAS RECABADAS POR LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN:
B €3 3 Igualmente la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria, mo órgano instructor recabó los siguientes elementos indiciarios:
cof 3l Desde el folio sesenta y seis (66) al folio noventa y tres (93) de la pieza uno (P-1) corre agregada copia certificada de la sentencia de fecha cinco (5) de octubre de 2011. emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1 359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública gue el referido_Tribunal dictó el complemento de la audiencia de amparo constitucional celebrada en fecha seis (6) de septiembre de 2011, en >yitud de la acción interpuesta por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS _objeto del presente procedimiento disponiendo en el punto sexto los !heamientos de la comisión "...ordenar) a través del Juez de Municipio Ejecutor He Medidas de los Municipio Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, se sirva restituir la situación juridica infringida, en el sentido de que lla accionante ocupe los espacios del inmueble que debe pose virt del contrato de arrendamiento suscrito, espacios estos donde ciona la Stitución educativa_COLEGIO PRIVADO C.E.I BEATO MANUEL SOL._ C.A.._ áreas que serán señaladas por la [prenombrada] al momento de la restitución, asi como le sean entregadas (...) todas las llaves de acceso al inmueble sin limitación alguna, esto con el uso de la fuerza pública de ser necesario, respetándose igualmente, los derechos que como poseedora del inmueble también tiene la ciudadana NADEYA DEL CARMEN GONZÁLEZ, tercera interviniente en la presente acción de Amparo Constitucional, con su grupo familiar exclusivamente..." 2.- Desde el folio dieciséis (16) al folio diecinueve (19) de la pieza uno (P-1) corre agregada copia certificada del oficio N° 0855-0623 de fecha seis (6) de septiembre de 2011, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—; mediante el cual remite al Juzgado Ejecutor, exhorto que la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS a los fines de que notifique y referida prueba fue apreciada y valorada en el item 3 de las documentales promovidas por el denunciante.
3.- Desde el folio al veintiocho (28) al folio cuarenta y seis (46) de la pieza uno (P-1) corre agregada copia certificada del acta de traslado de fecha ocho (8) de septiembre de 2011. mediante la cual el Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—, dejó constancia de la práctica de la medida decretada en fecha seis (6) de septiembre de 2011, por el Juzgado/ Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de el amparo constitucional interpuesta por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS. Se debe indicar que la referida prueba fue apreciada y valorada ene item 7 de las documentales promovidas por el denunciante.
septiembre de 2011, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tnbunal Comifente—. mediante el cua! remite al Juzgado Ejecutor de Municipio Comisionado, exhorto de ampliación del mandato de ejecución que le fuera librado con motivo de la acción de amparo constitucional, interpuesta por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS a Ios fines de que notifique y practique el mandato de ejecución decretado. Se debe indicar que la referida cuba fue apreciada y valorada en el item 5 de las documentales promovidas por el denunciante s.- Corre agregado en el folio noventa y nueve (99) de la pieza uno (P-1) copia ificada del oficio N° 0855-0693 de fecha dieciocho (18) de octubre de 2011, mando del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—. dirigido al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado-; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el articulo 1 384 del Codigo Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública del exhorto que le fuera librado al Juzgado Comisionado con motivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS a los fines de que notifique y practique el mandato de ejecución relacionado con la sentencia de fecha cinco (5) octubre de 2011, la cual fue apreciada y valorada en el item 1 de las pruebas omovidas por el órgano sustanciador.
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6.- Corre agregada en el folio ciento ochenta y cuatro (184) de la pieza uno (P-1) copia certificada de la diligencia de fecha veintiuno (21) de octubre de 2011, practicada por el apoderado judicial de la ciudadana GLEYVE YAMILET REY ¿VARGA8: spprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de adionto Civil, en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública gue la parte actora consignó mandato de ejecución emanado del Juzgado Comitente para que el Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—, habilitará el tiempo necesario y fijara la hora, el día y tiempo para dar cumplimiento a la precitada decisión. Asimismo, se debe indicar anteriormente apreciada por este órgano jurisdiccional.
pieza uno (P-1). corre agregada copia certificada del oficio N° 11-797 de fecha nueve (9) de noviembre de 2011, emanado del Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado-: se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—. que dicho oficio_guardaba relación con las comunicaciones libradas por ese Tribunal Ejecutor de fecha veinticuatro (24) de octubre de 2011, identificadas con los números 11-738 y 11-740, respectivamente, concernientes a la recusación que interpusiera contra su persona Ia ciudadana LUISA ELENA LOPEZ QUIJADA y la inhibición que alegar a para no conocer de la comisión cursante en dicho Tribunal la cual asignó el Juzgado Ejecutor en fecha dieciocho /18) de octubre de 2011.
n motivo de la sentencia dictada el cinco (5) de octubre de 2011, por la acci e_amparo constitucional que incoara la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS 8.- Desde el folio ciento veintiuno (121) al folio ciento veinticuatro (124) copias certificadas de los oficios Nros. 11-872 y 11-881 de fechas primero (1°) y cinco (5) de diciembre de 2011. respectivamente, emanados del Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—: se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y no haber ig impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública el ciudadano CESAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, en su carácter de ez del Tribunal Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, informó al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil,_ Mercantil y de Tránsito de esa misma Circunscnipción Judicial,_que habian transcurrido treinta y cuatro (34) dias desde que el Juzgado a su cargo participó la inhibición gue planteó para conocer de la comisión librada por dicho Tribunal,_ dada la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS, presunta agraviada, contra_ la ciudadana KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PÉREZ, supuesta agraviante, asi como por la tercería de la ciudadana NADEYA DEL CARMEN GONZALEZ VILLAMIZAR, la cual se sustanciaba en el expediente número 19.851 9- Al folio ciento catorce (114) corre agregada copia certificada del auto de fecha catorce (14) de diciembre de 2011, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado randa —Tribunal Comitente—. se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil. en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia de de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por e Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 def Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública gue dicho órgano jurisdiccional declaró sin lugar la inhibición y la recusación referidas en el item 7, asimismo ordenó_"..enviar el mencionado Juzgado el Mandamiento de Amparo ordenado en fecha dieciocho (18) de octubre de esfel mismo año, a los fines de que se restituya la situación juridica infringida en los términos dispuestos....
10.- Desde el folio ciento quince (115) al folio ciento dieciocho (118) de la pieza uno (P-1). corre agregada copia certificada del oficio N° 0855-0816 de fecha catorce (14) de diciembre de 2011. emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tnbunal Comitente-: se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil. en concordancia conj lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública gue dicho órgano jurisdiccional remitió exhorto al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—.con motivo de la acción de amparo constitucional.
interpuesta por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS contra la ciudadana KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PÉREZ, asI como la tercera interviniente ciudadana NADEYA DEL CARMEN GONZÁLEZ VILLAMIZAR, a fin de que dar cumplimiento al mismo, notifique y practique el mandato de ejecución decretado en dicho proceso 11.- Desde el folio doscientos seis (206) al folio doscientos veintitrés (223) de pieza uno (P-1) corre agregada copia certificada de la diligencia de fecha dode (12) de enero de 2012. presentada por el apoderado judicial de la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS, parte actora en la acción de amparo constitucional: se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil. en concordancia con lo establecido en ículo SOPLN 1 384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública gue fue consignado oficio N° 085-0816, de fecha catorce (14) de diciembre de 2011, asi como el mandato de ejecución de la medida decretado por el Tribunal Comitente, e igualmente, solicitó se fijara la oportunidad y el tiempo necesario para que se constituyera y cumpliera con lo ordenado en el aludido mandato de ejecución, anexando dos (2) juegos de copias de las sentencias que declararon sin lugar las incidencias de inhibición y de recusación planteadas, en fechas catorce (14) de noviembre y cinco (5) de diciembre de 2011, respectivamente.
doscientos seis (206) al doscientos veinticinco (225). sin embargo se evidencia que cursa en los folios doscientos veinticuatro (224) al doscientos veinticinco (225) copia certificada del auto de fecha doce (12) de enero de 2012, emanado del Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—. en virtud de la diligencia ut supra indicada, mediante el cual ordenó: "...librar oficio al Tribunal Comitente a los fines de que instruya a es[e] Juzgado Comisionado sobre la identificación del grupo familiar de la tercera asi como del contrato de arrendamiento que contiene el área objeto de [dicha] medida, y una vez resuelto es[e] Trbunal fijarà la materialización a [la referida] comisión, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 238 del Código de Procedimiento Civil...". En tal sentido la mencionada probanza se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil. en concordancia con lo establecido en el articulo 1 384 del Código Civil y no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública.
folio doscientos veintiocho (228) al doscientos veintinueve (229) de 412.- Desd uno (P-1). corre agregada copia certificada del oficio N° 12-60 de fecha
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doce (12) de enero de 2012, emanado del Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—: se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil. toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública gue fue requerido al Juzgado Comitente, lo ordenado mediante auto de la misma fecha y el cual fue apreciado y valorado en el item supra.
13.- Al folio ciento treinta y siete (137) y desde el folio doscientos ochenta y seis (286) al folio trescientos uno (301) de la pieza uno (P-1) asimismo desde el folio dos (2) al folio veintinueve (29) de la pieza dos (P-2). corre agregada copias certificadas del oficio N° 0855-071 de fecha veintidós (22) de febrero de 2012, librado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—. se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario público facultado para dar fe pública gue el Juzgado Comitente remitió copia certificada del contrato de arrendamiento, asi como copia certificada de la sentencia emanada de ese Tribunal en fecha cinco (5) de octubre de 2011, las cuales fueron consignadas por el apoderado de la parte agraviada GLEYVE YAMILET REY VARGAS, mediante diligencia de fecha dieciséis (16) de febrero de 2012, a los fines de dar cumplimiento al mandato de ejecución en los términos expuestos en su texto.
(P-2). corre agregada copia certificada de la decisión de fecha ocho (8) de marzo de 2012 emanada del Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Trbunal Comisionado—. se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue certificado por un funcionario Inbunal Comitente, indicándose en el mismo la diligencia practicada por el ciudadano_JOSÉ JESUS RIVERO BURGOS, en la Cual señaló_que el juez denunciado_CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO_ habia incurrido en desacato judicial,_ asimismo presentó informe de inhibición de la comisión de fecha cinco (5) de marzo de 2012_Ordenándose de igual forma en la referida decisión librar oficio a la Rectoria del Estado Miranda, informando la situación y solicitando se asignara un suplente especial para conocer la comisión in commento, siendo librado los referidos oficios bajo los Nros. 12-210; 12-211 y 12-212, de fecha ocho (8) de marzo de 2012, respectivamente, los cuales cursan en los folios cuarenta y cuatro (44) al folio cuarenta y seis (46) de la pieza dos (P-2).
15.- Desde el folio cuarenta y siete (47) al folio cuarenta y nueve (49) de la pieza dos (P-2). corre agregada copia certificada del oficio N° 12-244 de fecha diecinueve (19) de marzo de 2012. emitido por Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda -Tnbunal Comisionado—. dirigido a la Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto este Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento_ fue SAB_ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, remitió informe denuno deraedo de las uaciones llevadas a cabo en la práctica de la Comisión identida con siglas N° 11-C-1695, ello en virtud, del oficio N° 0155 del trece (13) de marzo de 2012, de la Rectoria de la referida Circunscripción Judicial.
C) PRUEBAS PROMOVIDAS POR EL JUEZ DENUNCIADO:
En el mismo orden de ideas, se evidencia que el juez denunciado CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, en su escrito de descargo presentó las siguientes documentales.
1.- Desde el folio ciento cinco (105) al folio ciento seis (106) de la pieza dos (P-2) corre agregada copia simple de mandato de ejecución fecha seis (6) de septiembre de 2011, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—, en el cual remite exhorto al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—. con motivo de la acción de amparo constitucional, interpuesta por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGA, a los fines de que en cumplimiento de los términos del mismo. Se debe indicar que la referida prueba fue apreciada y valorada en el Item 3 de las documentales promovidas por el denunciante, y reproducida dicha valoración en item 2 de las_probanzas de la Oficina de Sustanciación de este Jurisdicción Disciplinania.
2.- Desde el fol:o ciento siete (107) al folio ciento diecinueve (119) de la pieza dos (P-2), corre agregada copia simple del acta de traslado de fecha ocho (8) de septiembre de 2011. mediante la cual el Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—, dejó constancia de la práctica de la
Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y Tránsito de la GLEYVE YAMILET REY VARGAS. Se debe indicar que la referida prueba fue apreciada y valorada en el item 7 de las documentales promovidas por el denunciante, y reproducida dicha valoración en el item 3 de las probanzas de la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria.
3.- Desde el folio ciento veinte (120) al folio ciento veintidós (122) de la pieza dos (P-2). corre agregada copia simple de oficio N° 11-631 de fecha trece (13) de septiembre de 2011. emanado del Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Trbunal Comisionado—. mediante el cual participa al Juzgado Comitente que de conformidad con el criterio establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° RC-01202 del catorce (14) de octubre de 2004, se encontró imposibilitado de ejecutar la extensión del mandato ordenado el nueve (9) de septiembre de 2011. Se debe indicar que la referida prueba fue apreciada y valorada en el item 6 de las documentales promovidas por el denunciante.
4.- Desde el folio ciento veintitrés (123) al folio ciento veinticinco (125) de la pieza dos (P-2). corre agregado copia simple de mandato de ejecución fecha dieciocho (18) de octubre de 2011, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y Tránsito de Ia Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—. en el cual remite exhorto al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—. con motivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS. Se debe indicar que la referida prueba fue apreciada y valorada en el item 8 de las documentales promovidas por el denunciante.
5:- Al folio ciento veintiséis (126) de la pieza dos (P-2). corre agregada copia simple de control de reposo médico expedido por la Dirección de Servicios Médicos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene so Adigna demostrando la probanza que el juez denunciado CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO_RENGIFO, mantuvo_un reposo médico_ durante el periodo comprendido entre el trece (13) y veintidós (22) de octubre de 2011, en virtud del postoperatorio de hernioplastia derecha con malla, vale destacar que dichas fechas se encontraban relacionadas con el tiempo que transcurrió durante las distintas actuaciones llevadas a cabo con ocasión a la Comisión objeto del presente procedimiento sancionatorio.
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6.- Al folio ciento veintisiete (127), folio ciento treinta y tres (133) y ciento treinta y cuatro (134) de la pieza dos (P-2), corren agregadas copias simples del escrito de recusación realizado por la ciudadana LUISA ELENA LÓPEZ QUIJADA, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR en contra del juez denunciado CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO; del escrito de informe de inhibición realizado por el juez recusado; asi como del oficio N° 11-740 dirigido al Juzgadc Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Comitente—, informando por ser el único competente para conocer de la inhibición realizada por el mismo. igualmente oficio N° 11-743 dirigido a la Rectoria de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, solicitando la convocatoria de un suplente especial para que conociera de la comisión número 11-C-1695, se aprecian y valoran conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, no haber sido impugnadas dentro de la oportunidad legal establecida, se tienen como fidedigna demostrando dichas probanzas las actuaciones practicadas por el Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—. con ocasión a la recusación e inhibición que amparo constitucional_ interpuesta_ por la ciudadana_ GLEYVE YAMILET REY j VARGAS.
simple de la diligencia consignada por el denunciante de fecha doce (12) de enero de 2012, en la que anexó copias de las decisiones de inhibición y recusación e igualmente solicitó se fijara fecha para la ejecución in comento. Se debe indicar gue la referida prueba fue apreciada y valorada en el item 11 de las documentales promovidas por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria.
8.- Desde el folio ciento treinta y seis (136) al folio ciento treinta y siete (137) de la pieza dos (P-2). corre agregada copia simple del auto de fecha doce (12) de Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la cual ordenó librar oficio al identificación del grupo familiar de la tercera asi como del contrato de arrendamiento. antes mencionado Se debe indicar que la referida prueba fue apreciada y valorada en el item 11 de las documentales promovidas por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinana.
9.- Desde el folio ciento treinta y ocho (138) al folio ciento treinta y nueve (139) de la pieza dos (P-2). corre agregada copia simple del oficio 12-60. de fecha doce 2) de enero de 2012, suscrito por el juez denunciado dirigido al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—. solicitando la identificación del grupo familiar de la tercera y del contrato de arrendamiento, igualmente del acta de fecha dieciséis (16) de enero de 2012, mediante la cual se dejó constancia de la notificación del mencionado oficio. Se debe indicar que la referida prueba fue apreciada y valorada en el item 12 de las documentales promovidas por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria.
10.- Desde el folio ciento cuarenta (140) al folio ciento cuarenta y uno (141) de la pieza dos (P-2). corre agregada copia simple de la diligencia consignada por el ciudadano JOSÉ JESÚS RIVERO BURGOS, en su carácter de apoderado de la conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, no haber sido impugnada dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna demostrando dicha probanza las amenazas proferidas por el denunciante en contra del juez CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantias Constitucionales.
el folio ciento cuarenta y dos (142) al folio ciento cuarenta y cinco (145) de lanza dos (P-2), corre agregada copia simple del informe de fecha er marzo de 2012, levantadopor el juez denunciado en razón a la aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, no haber sido impugnada dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna demostrando dicha probanza que vista la amenaza_proferida_ por el _denunciante,_el funcionario investigado _procedió_a inhibirse para tramitar la Comisión N° 11-C-1695, de conformidad con lo previsto en el artículo 82, numeral 19 del Código de Procedimiento Civil. Se debe igualmente destacar que la probanza in commento está vinculada con la documental referida en el item 10.
12.- Al folio ciento cuarenta y seis (146) de la pieza cos (P-2), corre agregada copia simple del cómputo de dias de despacho realizado en fecha ocho (8) de marzo de 2012, por el Secretario del Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—: se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, no haber sido impugnada dentro. de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna demostrando dicha probanza que no se ejerció recurso de allanamiento.
13.- Desde los folios ciento cuarenta y siete (147) al ciento cuarenta y nueve (149) y desde el folio ciento sesenta (160) y ciento sesenta y uno (161) de la pieza dos (P-2), corren agregadas copias simples de los oficios Nros. 12-202, 12-210, 12-211, el primero del cinco (5) de marzo de 2012, y segundo y tercero del ocho (8) de la misma fecha, emanados del Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comisionado—, se aprecian y valoran conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, no haber sido impugnadas! demostrando dichas probanzas que el Juez denunciado informó en esas fechas Ministerio Público, a la Rectoria de dicha Circunscripción y al Juzgado Segun de de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicia del Estado Miranda —Tribunal Comitente. sobre la inhibición planteada, en. virtud de las amenazas proferidas por el denunciante mediante diligencia del cinco (5) de marzo de 2012, la cual ya fue apreciada y valorada en el item 10.
!gualmente, cursa copia simple donde se evidencia la recepción de los oficios 210 y 211_respectivamente.
14.- Desde el folio ciento cincuenta (150) al folio ciento cincuenta nueve (159) de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente-—. en fecha veintiuno (21) de marzo de 2012, se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 dei Código de Procedimiento Civil. por no haber sido impugnada dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna demostrando dicha probanza que se declaró con lugar la inhibición planteada por CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, en su condición de Juez_ Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
15.- Desde el folio ciento sesenta y dos (162) al folio ciento setenta y cuatro (174) de la pieza dos (P-2). corre agregada copia simple del acta de trasiado de fecha siete (7) de agosto de 2012, levantada por el Juzgado Accidental Ejecutor de Procedimiento Civl. no haber sido Impugnada dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna demostrando dicha probanza que "..el acta levantada en fecha 08 de septiembre de 2011 por el Juzgado Ejecutor de origen se limitó a hacer entrega material y colocar en posesión de la agraviada es (sic) nivel inferior lo que corresponde al área del inmueble arrendado y que es lo que ordena el Tribunal Comitente le sea entregado, por consiguiente eslel Juzgado Accidental deja constancia que la presente comisión ya se encontraba ejecutada.." /16.- Desde el folio ciento setenta y seis (176) al folio ciento setenta y siete (177) de la pieza dos (P-2), corre agregada original de la solicitud de inspección ocular N° 9676, realizada por el juez denunciado CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENg, de fecha nueve (9) de agosto de 2012. por ante el Tribunal de cipio Plaza de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la que solicitó inspección judicial sobre el expediente Nro. 11-C-1695, dicha probanza se desecha por ser impertinente y no aportar elementos de convicción en el presente procedimiento, ello de conformidad con el articulo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En la oportunidad de decidir y previo los pronunciamientos supra señalados, este Tribunal Disciplinario Judicial pasa a analizar el mérito del asunto, de la siguiente forma:
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Se observa que el presente procedimiento disciplinario se inició con ocasión a la denuncia formulada por el ciudadano JOSÉ JESÚs RIVER9 BURGOS, titular de la cédula de identidad N° V-5.427.568, contra el ciudadan CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, titular de la cédula de identida N° V-6.873.845, en su condición de Juez Ejecutor de Medidas de los Municipio Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, por presuntamente no haber ejec tado lo ordenado en la decisión relacionada con la causa de amparo constitucional incoado por la agraviada GLEYVE YAMILET REY VARGAS, contra IaS agravantes KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PÉREZ y NORMA XIOMARA BRICEÑO DE HERNÁNDEZ, así como la tercera adhesiva NADEYA DEL CARMEN GONZÁLEZ VILLAMIZAR, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en la Civil, Mercantil y Tránsito de dicha Circunscripción Judiciai, en fecha seis (6) de septiembre de 2011, cuya conducta podria configurarse en el ilicito disciplinario de abuso de autoridad, previsto en el articulo 14 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Al respecto, para resolver la denuncia planteada este Tribunal Disciplinario Judicial, debe reiterar el criterio ya señalado en la sentencia N° TDJ-2012-138 del cinco (5) de mayo de 2012, emanada de este órgano jurisdiccional relacionada con el ilicito disciplinario ut supra señalado, estableciendo lo siguiente:
Al respecto. se hace necesario por parte de este órgano jurisdiccional precisar lo establecido por la Sala Politico Admunistrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Rolland Manrique interpone recurso de nulidad contra el acto Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judlicial). donde señala (.) en reiteradas oportunidades esta Sala ha autoridad se comete cuando el juez realiza funciones que no le están conferidas por ley.
produciéndose una desmedida utilización de las atribuciones que se le han otorgado.
traspasando asi los limites del buen ejercicio y correcto uso de sus facultades. En ese orden de ideas, se ha expresado que el supuesto consagrado en el precitado articulo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial, se refiere al ejercicio abusivo.
esto es.
extremo, desproporcionado e injustificado de los deberes legales que corresponden a todo juez.
Asi. la aplicación de la causal in commento.
requiere de la verificación de dos supuestos: la total carencia de base legal en la actuación y la actividad abusiva que se despliega a través de la conducta del sometido a régimen disciplinario y que evidencia su idoneidad para de este es administrar justicia dentro de los limites que el ordenamiento fija. distribuyendo, en razón de criterios relativos a la materia, cuantía y territorio las competencias especificas donde cada uno desarrollará sus funciones (...) Asimismo. la misma Sala del Máximo Tnbunal de la República, estableció en sentencia N° 00400 de fecha 25 de marzo de 2009 (caso Antonio Reyes Sánchez interpone recurso de nulidad contra el acto administrativo de fecha 12 de junio de 2000, dictado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Sala Accidental), lo siguiente:
(...) Respecto al abuso de autoridad esta Sala en anteriores oportunidades ha establecido () extremo, desproporcionado o injustificado de los deberes legales que corresponden a requiere de la verificación de dos supuestos: la total carencia de base legal en la actuación y la actividad abusiva que se despliega a través de y la conducta del sometido al régimen disciplinario (Vid. entre otras, sentencias Nros.
451 del 11 de mayo de 2004 y 974 del 13 de junio de 2007). Asimismo se ha sostenido que el ilicito de abuso de autoridad se comete cuando el juez realiza funciones que no le están conferidas por la ley, produciéndose una desmedida utilización de las atribuciones que se le han otorgado, traspasando asi los limites del buen ejercicio y correcto uso de sus facultades. (Sentencia N° 00741 del 19 de junio de 2008) Conforme al fallo parcialmente transcrito, el abuso de autoridad se produce 1) cuando se hace un ejercicio extremo y desproporcionado de las facultades legales que la ley le atribuye y 2) cuando se realizan funciones que no le están conferidas por la ley. (...)' En relación a ello, se observa que de acuerdo a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, las caracteristicas esenciales de dicho ilicito, se encuentran circunscrita en el ámbito del ejercicio de funciones que no se le encuentran atribuidas por ley al juez, y que dicho ejercicio sea desproporcionado y desmedido.
Ahora bien, resulta necesario para este órgano jurisdiccional disciplinario establecer que la conducta desproporcionada y mencionadas, no se presenta en la actividad desarrollada por la delimitario para la comprensión del ilicito disciplinario contenido República.
En tal sentido, el carácter abusivo que debe conllevar la partes. y es que el vocablo utilizado por el legislador de la conducta abusiva Y..) cuando tenga por fin exclusivo daños a terceros el cual debe ser indemnizado (..)'. (PLANIOL): o como perjudicar al próximo (..)' (MOISSET DE ESPANÉS, Luis).
Por lo tanto, se hace necesario establecer que toda conducta que se entienda como abusiva, debe indubitablemente circunscribirse a una conducta generadora de una daño a un tercero, es decir, debe concebirse con un carácter injusto o malo, una conducta lesiva de derechos o inequitativa; siendo que el concepto de abuso de autoridad como falta disciplinaria judicial, no puede escapar de dicha circunscripción Es por ello. que la conducta del juez —tal como se señaló 2, al juez. sino que dicho ejercicio sea desproporcionado. abusivo y desmedido, entendiendo dicho ejercicio abusivo, como aquella intervinientes en los procesos jurisdiccionales llevados por ese juez o jueza; ya que, es evidente que todo ilicito disciplinario normado en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (sic) y que se encontraba normado en la derogada Ley de Carrera Judicial, constituye un daño de manera directa o (Destacado de este Tribunal Disciplinario).
Partiendo del citado criterio jurisprudencial, es importante acotar que el denunciante indicó en el caso objeto de estudio, como elemento de convicción la actuación practicada en fecha el ocho (8) de septiembre de 2011. por el ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, en Su condición de Juez Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. con sede en Guarenas, en la cual presuntamente solo fue restituido parcialmente los derechos de la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS. antes identificada, por cuanto persistia la ocupación ilegal de los educativa "COLEGIO PRIVADO C.E I BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL".
considerando que la misma se puede configurar como "abuso de autoridad".
Conforme al aspecto fundamental de la denuncia objeto del presente procedimiento. este Órgano Jurisdiccional considera oportuno traer a colación el mandato de ejecución de fecha seis (6) de septiembre de 2011, mediante el cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia en la Civil. Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, ordenó la ejecución del fallo ut supra . indicado al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de dicha Circunscripción Judicial, señalando que:
por acta de audiencia constitucional [de fecha 6 de septiembre de 2011]. donde se dictó el dispositivo del fallo.
e mediante el cual se le exhorta amplia y suficientemente para fallo se estableció.
1.- Se ORDENA a la ciudadana KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PEREZ, se abstenga de manera personal o por interpuesta persona. de alguna forma perturbar el uso, goce y disfrute en la posesión del inmueble objeto del contrato de arrendamiento suscrito entre la prenombrada y la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS.
2.- Se ORDENA a la antes prenombrada la restitución de la que debe hacer entrega de las llaves de acceso al inmueble, a legitimados y permitir el uso de la guarderia infantil que funciona en el referido inmueble.
3.- En relación al tercero interviniente en forma adhesiva para la sea respetada la posesión que ha venido ejerciendo de manera pacifica, pública y notoria la ciudadana NADEYA DEL CARMEN exclusivamente, en calidad de arrendataria del inmueble objeto de contrato de arrendamiento suscrito entre la prenombrada y la ciudadana KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PEREZ..." Para tal fin este Tribunal le exhorta amplia y suficientemente a este Juzgado, para la notificación y ejecución de lo ordenado en
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constituya en la siguiente dirección: Urbanización Las Rosas, casa N° 43, Centro de Educación Inicial Beato Manuel Domingo y Sol, Guatire, Municipio Zamora del Estado Bolivariana de Miranda; con el uso de la fuerza pública si fuese necesario, asi como para la designación de los auxiliares de justicia que sea menester..."
En este orden de ideas, cabe señalar lo previsto en los artículos 234 y 238 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son del siguiente tenor:
Articulo 234 "Todo Juez puede dar comisión para la práctica de cualesquiera diligencias de sustanciación o de ejecución a los que le sean inferiores, aunque residan en el mismo lugar..." Articulo 238. "El Juez comisionado debe limitarse a cumplir estrictamente su comisión, sin diferir la so protexto de consultar al comitente sobre la inteligencia de dicha comisión* Los mencionados articulos fijan los parámetros mediante los cuales se practicar la misma en los términos expresados por el Juez del Tribal deia causa.
Sobre la figura procesal de la "comisión" ha sostenido el Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, en sentencia N° 940 de fecha dieciséis (16) de junio de 2008, emanada de la Sala Constitucional, lo siguiente:
Existe una caracteristica fundamental de las sentencias, según la cual el juez tiene la posibilidad de hacer ejecutar, incluso a través de la fuerza pública (art 528 Codigo de Procedimiento Civil). las decisiones que dicta.
Bajo tal premisa, el legislador de 1987 dispuso en el articulo 523 del Código de Procedimiento Civil, que la ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, corresponderà al Tribunal deberia existir duda en cuanto a que el juez de la causa puede ejecutar sus propias decisiones, sin embargo. existe la posibilidad. y Procedimiento Civil, que el juez de la causa comisión 'para los actos de ejecución' a cualquier juez competente.
Conviene relatar a manera ilustrativa, que en lo atinente a la práctica creó para la Circunscnpción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. los cargos administrativos de funcionanos ejecutores de medidas judiciales preventivas y ejecutivas. con los siguientes fundamentos Que los requerimientos de administración de justicia actividad que, por su naturaleza. no exige ser practicada Judicial del Area Metropolitana de Caracas deben dedicar gran parte de su tiempo a la práctica de ese tipo de medidas, desatendiendo retardos en la tramitación y decisión de las causas.
Posteriormente, la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en la establecer en su articulo 70. lo siguiente:
'Articulo 70 Los jueces de municipio actuarán como jueces unipersonales.
Los juzgados de municipio serán ordinarios y especializados en ejecución de medidas Los juzgados ordinarios tienen competencia para.
1° Conocer en primera instancia de las causas civiles y mercantiles cuyo interés, calculado según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, no exceda de cinco millones de bolivares.
2° Ejercer las atribuciones que les confiere la Ley de Registro Público.
3° Conocer en primera instancia de los juicios de quiebra de menor cuantía.
4° Conocer de las juicios de deslinde, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil.
5° Recibir manifestaciones de esponsales y presenciar la celebración de matrimonios.
prohibitivos, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil 7° Las demás que les señalen las leyes.
Los juzgados especializados en ejecución de medidas tienen competencia para cumplir las comisiones que le sean dadas por los tribunales de la República, de acuerdo con la ley.
(Destacados del presente folio).
Con base en el referido articulo, el entonces Consejo de la Judicatura procedió a la creación en la estructura judicial, de cargos de jueces ejecutores de medidas en todo el territorio nacional. Por lo que respecta al Estado Carabobo —de interés al caso de autos— en Gaceta Oficial N° 5.370 del 9 de agosto de 1999, a través de la Resolución 107, se crearon los tribunales especializados para tal fin.
Como consecuencia de tal creación, la práctica de medidas puede.
ejecutores de medidas, en tanto y en cuanto hayan sido comisionados para ello.
Corno puede apreciarse. de la lectura del arriba trascrito articulo 70 de medidas, posean competencia exclusiva y excluyente en cuanto a in fine de dicha norma, de la cual se desprende que los tribunales de para ello.
En efecto. el referido articulo establece lo siguiente:
...Los juzgados especializados en ejecución de medidas tienen competencia para cumplir las comisiones que le sean dadas por los tribunales de la República, de acuerdo con la !ey'. (Destacados del presente fallo).
Siendo entonces la comisión un acto potestativo del juez de la causa, debe señalarse que mientras la misma no sea acordada, el tribunal ejecutor no podrá asumir de oficio la ejecución de sentencias y medidas Efectivamente. al analizar el tratamiento doctrina hecho a la figu Tomo II de su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano (segunda edición). que:
La comisión es el acto judicial por el cual el colaboración necesaria para la práctica de diligencias de sustanciación o de ejecución en el mismo lugar del juicio o en otro distinto de él Ahpra bien. a los efectos prácticos y desde el punto de vista del justiciable, la ejecución de la sentencia es una función del Estado; la jurisdicción no se agota con el conocimiento y decisión de la causa, es necesario que esa tutela judicial sea efectiva, y ello implica que una vez declarado el derecho se provea lo necesario para satisfacerlo; principios estos recogidos novedosamente en los articulos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Como consecuencia de lo anterior, se observa que el juez de la causa, como juez de conocimiento, debe dar cumplimiento a ese mandato constitucional de otorgar una justicia efectiva, pero debe hacerlo además de manera expedita y sin dilaciones, es por ello que la creación de jueces ejecutores de medidas atendió entre otros motivos, a evitar retardos en la tramitación y decisión de las causas asi entonces, el estado actual de congestión de causas en los tribunales ordinarios del pais sumado a la obligación de tramitar y decidir de manera expedita_ justifica y conlleva el empleo de la laura de la comisión al momento de ejecutar las decisiones Es uecesano precisar además. que la figura de la comisión no está imnda de nmguna manera a la práctica de medidas, como Orgánica del Poder Judicial sino que el juez ejecutor de medidas debe prestar su apoyo al juez de la causa, y colaborar con la obtención de una justicia expedita y eficaz, dando cumplimiento estricto a cualquier comisión que le sea encomendada, tal como lo dispone la parte in fine del citado articulo. en concordancia con lo dispuesto en el articulo 234 del Código de Procedimiento Civil.
i En efecto. el hecho de que puedan comisionarse por el juez de la causa la práctica de medidas preventivas, es un indicativo claro de que la colaboración de los juzgados ejecutores de medidas, no será ? sólo en etapa de ejecución de sentencias, sino en cualquier estado y cita es de este Órgano Jurisdiccional).
En este orden de ideas, este Tribunal Disciplinario Judicial observa que el denunciante en su escrito de fecha siete (7) de noviembre de 2011, señaló ejecutor (sic) de Medidas, para la fecha 08 de septiembre de 2011 konr se onstitusde forma parcial. en cuanto a los derechos antes mencionados, en cto se le hizo saber que (...) no habia cumplido con lo señalado en el ese mismo me y en la comisión de fecha 06 de septiembre de 2011, igualmente [indicó que] recurso) al Tribunal de la causa a dejar constancia sobre los hechos que anteriormente denunci]. atendiendo a [e]sa solicitud, el juez de la causa amplió la comisión a los efectos de la restitución total de la situación, de fecha 09 de septiembre de 2011. (..) [se está] en presencia de una falta grave (...) en virtud que se han enviado 03 mandatos de ejecución a los efectos de restituir los derechos de [su] patrocinada y [se han] encontrado con un Juez que aún no siendo un Juez de la causa, en la cual se dirimen los asuntos procesales, nos encontramos con el prenombrado que aldana y viola los derechos del Juez Natural del proceso y los mandatos de ejecución reiterados, incumpliendo asi el mandato expresado en una decisión en materia de amparo constitucional, gue a los efectos solo debe el Juez Ejecutor, cumplir con el mandato y devolver la comisión, a los efectos de cualquiera de las partes tenga a bien ejercer alguna acción por considerarse lesionado su derecho, debe recurrir al Tribunal de la causa, lo que debe ser respetado por el Juez de ejecución..." (Destacado de este Tribunal Disciplinario Judicial).
De este modo, esta Instancia Disciplinaria trae a colación extracto del acta de fecha ocho (8) de septiembre de 2011, actuación procesal que se efectuó conforme al mandato de ejecución de fecha seis (6) de septiembre de 2010,
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emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en la Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda:
"...este Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede
PRIMERO: Se ORDENA materializar la presente medida conforme lo ejecución librado por el Tribunal Comitente.
QUINTO: Se hace constar y a manera de instrucción que la prevé medida se tomó con base a la sentencia de la Sala Constituciona fecha 26 de junio de 2000. con ponencia del Magistrado JESU EDUARDO CABRERA ROMERO. en el juicio de Regalos Coccinelle C.A. en el expediente número 00-0263 Sentencia número 619 en la que entre otras cosas señaló que los jueces tienen potestad de hacer uso de todos los medios coercitivos para ejecutar sus actos. incluso ingresar a los inmuebles, sin orden previa de allanamiento. SEXTO:
Librese. fijese y entréguese un cartel de notificación a las notificadas, marras Cúmplase Seguidamente, la co-agraviante, ciudadana KATIUSKA INDIRA VILLAMIZAR PEREZ, hace entrega al Tribunal de una llave que abre los cerrojos que dan acceso al inmueble de minas. lo cual es verificado por el Tribunal y de seguidas se le VARGAS REY (sic) quien verifica su funcionamiento por lo cual el Tribunal deja expresa constancia de haber restituido el derecho Tribunal de la causa en el cuerpo de la comisión..." Es evidente para este Tribunal Disciplinario Judicial, de las actuaciones Inencionadas en el acta ut supra citada, que el Juez denunciado, dejó constancia que la agraviante hizo entrega de las llaves que dan acceso al inmueble a la agraviada, advirtiendo el Juez Comisionado que debian permanecer en el mismo lugar los inquilinos legitimos e igualmente permitir el uso de la guarderia que funcionará en dicho inmueble (obligación de hacer) Quedó demostrado que el juez denunciado ejecutó la comisión encomendada tal como le fue ordenado en la decisión de marras conforme a lo establecido en los articulos 234 y 238 del Código de Procedimiento Civil, relativos a la comisión judicial. Asi se decide.
Para mayor abundamiento, respecto a la conducta desplegada por el Ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, en Su condición de Juez de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en el momento de ejecutar la decisión emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente—. en fecha seis (6) de septiembre de 2011, con motivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana GLEYVE YAMILET REY VARGAS, y la cual fue considerada por el denunciante como abuso de autoridad, se/hace necesario citar parte del acta de fecha siete (7) de agosto de 2012.
acione cona actuación ejecutada por el Juzgado Accidental Ejecutor de Midas, engiguientes términos -... Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de pronunciamientos. PRIMERO. Se deja constancia que el Tribunal Accidental Ejecutor de medidas (sic) no tiene mas nada que ejecutar en vista de que la presente comisión fue cumplida a cabalidad en fecha 08 de septiembre de 2011 por este Juzgado Ejecutor de origen, por consiguiente, se ORDENA REMITIR las resultas al Juzgado de origen..." (Destacado de este Tribunal Disciplinario Judicial).
Asimismo, se debe hacer mención a las actuaciones practicadas posteriormente al cumplimiento de la comisión N° 11-C-1695 por el funcionario investigado, consistente en solicitar al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda —Tribunal Comitente-. información relacionada con "..el documento fundamental del contrato de arrendamiento y en lo atinente a los familiares de la tercera interviniente, ambos aspectos de trascendental importancia para la ejecución de lo acordado por el Tribunal de la causa...". A los cuales, fueron remitidos diversos exhortos por el Juzgado Comitente, ratificando el mandato de ejecución de fecha seis (6) de septiembre de 2011, tal como fueron apreciados y valorados en las pruebas promovidas por las partes intervinientes en el presente proceso sancionatorio.
Aunado a lo antes expuesto, es importante significar que para atribuir el ilicito disciplinario de abuso de autoridad, señalado por el denunciante es necesario que dicha conducta sea con ocasión al ejercicio extremo y desproporcionado de las facultades legales que la ley le atribuye afectando y denunciado. tal como se estableció en la sentencia N° TDJ-2012-138, ut supra citada, en el caso de marras dicha conducta está circunscrita al cumplimiento del mandato de ejecución de fecha seis (6) de septiembre de 2011, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana GLEYv de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Miranda, el cual fue ejecutado según se evidencia mediante acta de fecha ocho (8) de septiembre de 2011, no verificándose en dicha conducta la condición supra mencionada, por cuanto se evidencia de las actas que conforman el expediente disciplinario que la comisión se cumplió conforme a lo previsto en los articulos 234 y 238 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual queda desvirtuada la denuncia formulada por el Ciudadano JOSÉ JESÚS RIVERO BURGOS, en CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO, en Su CondiCIÓn de Juez de unscripción Judicial del Estado Miranda, prevista en el numeral 14 del articulo 3del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asi se decide VI DECISIÓN En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Disciplinario Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela bajo la ponencia del Juez Pre$idente HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, y por autoridad de la Ley.
declara
CÉSAR ALEJANDRO MEDRANO RENGIFO. respecto al ilicito disciplinario previsto en el articulo 33 numeral 14 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana por su conducta desplegada como Juez de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. en la tramitación de la comisión signada bajo el N° 11-C-1695.
ordenada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la referida Circunscripción Judicial.
Registrese, publiquese y notifiquese a las partes interesadas y remitase copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia: al Poder Ciudadano: a la irección Ejecutiva de la Magistratura, al Registro de Información Disciplinaria;a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoria Generalde Tribunales, una vez que la presente decisión adquiera carácter de definitivamente firme, de conformidad con lo establecido en el articulo 89 del Código de Ética del Juez Venezolana y la Jueza Venezolana en concordancia con la sentencia N° 516 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Dada, firmada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial en la ciudad Dece ([2_) dias del mes de capital de la Repaos Duiuu6de s mil trece013). Años 203° de la Independencia y 154° de la AZ3Ng Federación - ERRANPACHEGO ALVIAREZ ez Presidente Ponente JAQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINA RQJAS Ref Juez Jueza RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secreiar registro la anterior sentencia bajo el N°T-SD-∂013-/32
RAQUEL SUE GQNZAEZ
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL.
TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL.
Exp.N°AP61-D-2012-000016 El dia doce (12) de enero de 2012, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) recibió escrito suscrito y presentado por la ciudadana MARÍA DE JESÚS FIGUEROA ARAQUE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.766.537,contentivo de denuncia formulada contra la ciudadana MARIANINA BRAZÓN SOSA, en su desempeño como Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida; asunto al que le fue asignada la nomenclatura AP61-D-2012-000016.
Posteriormente en fecha dieciséis (16) de enero de 2012, fueron recibidas por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, las actuaciones indicadas supra; acordando en esa oportunidad darle entrada al presente asunto e iniciar la investigación de los hechos denunciados, así como recabar los elementos indiciarios dentro de un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, emitiendo el informe correspondiente el día veintinueve (29) de febrero de 2012 y ordenando la remisión de las actuaciones a este Tribunal, el día primero (1°) de marzo de 2012.
Recibidas las anteriores actuaciones, en fecha siete (7) de marzo de 2012, por distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, correspondió su ponencia al Juez HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
A tales efectos el día quince (15) de marzo de 2012, este Tribunal ordenó la admisión de la presente causa, bajo las causales contenidas en los numerales 1 y 6 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la asimismo ordenó informar a la Fiscalia General de la República de la admisión del presente asunto.
En ese sentido, una vez notificada la jueza denunciada, procedió a presentar escrito de defensa el dia quince (15) de mayo de 2012.Y en fecha veintidós (22) de mayo de 2012, el abogado ALEXIS SALVADOR CURIEL QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° V-3.097.285, en su carácter de apoderado judicial de la jueza denunciada consignó escrito contentivo de promoción de pruebas.
Verificadas las anteriores actuaciones, este Tribunal fijó la oportunidad para la realización de la audiencia en la presente causa para el dia diecinueve (19) de septiembre de 2012, a las diez antes meridiem (10:00 a.m.): fecha en la cual se realizó la misma, dictándose el respectivo dispositivo de conformidad con lo establecido en el articulo 81 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
DE LA DENUNCIA.
En fecha doce (12) de enero de 2012, la ciudadana MARÍA DE JESÚS FIGUEROA ARAQUE, identificada supra, presentó escrito ante la Jurisdicción Disciplinaria Judicial contentivo de denuncia contra la abogada MARIANINA BRAZÓN SOSA, en su condición de Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.
Manifestó la denunciante que en su condición de victima en la causa penal N° LP01-P-2008-001653, le han sido vulnerados sus derechos constitucionales e individuales, derechos sociales y económicos, sus derechos extra patrimoniales y en resumen sus derechos humanos, en virtud de que le ha sido fijada en dos oportunidades la audiencia en el Tribunal a cargo de la jueza denunciada, viéndose obligada en la segunda oportunidad a recusarla por enemistad manifiesta. Alegó que el mayor propósito de la jueza denunciada es el retardo procesal con el único fin de augurar la prescripción de la acción.
Asimismo agregó que ha sido objeto de maltrato verbal, moral y social en la sala de audiencias en presencia de la Fiscal del Ministerio Público María Eugenia Paredes así como frente al abogado de la contraparte, el alguacil y la secretaria. Por lo antes expuesto solicitó la investigación, a los fines de que su causa sea conocida por un juez imparcial y objetivo.
Il DEL INFORME DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN.
La Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, señalo en su informe extendido lo siguiente:
"(...) Del estudio de las actas que conforman el presente asunto, se observa que la denunciante alegó que la Jueza Marianina del Valle Brazón Sosa, a cargo del Juzgado (sic) del estado (sic) Mérida, incurrió en retardo procesal en la tramitación de la causa judicial signada con el N°LP01-P- dicha Juzgadora por enemistad manifiesta, además de que ésta la maltrato verbal, moral y socialmente en la sala de audiencias en presencia de la Fiscal del Ministerio Público, el secretaria del Tribunal de la causa.
Ahora bien, en atención a los hechos denunciados, [ese] tiene a cargo el Tribunal N° 5 del Circuito Judicial Penal del estado (sic) Mérida, y no el Tribunal Séptimo como lo señaló la denunciante de autos, siendo que dicha Juzgadora recibió el expediente judicial N° LP01-P-2008-001653, en fecha 11 de agosto de 2011. el cual provenia del Tribunal de Juicio N° 3 del mismo Circuito Judicial Penal. seguido contra la ciudadana Maria Elena Guzmán de Carias por el delito de Apropiación Indebida Calificada y lesiones Intencionales Simples, en perjuicio de Maria de Jesús Figueroa (...) De lo verificado en las actas que conforman el presente asunto, en criterio de [esa] Oficina de Sustanciación, quedo evidenciado que la Jueza Marianina Brazón Sosa, no incurrió judicial N°LP01-P-2008-001653, desde el 11 de agosto de 11-2011, la celebración de la audiencia de inicio al juicio orag? público, estas fueron diferidas por razones debidamente mencionada Operadora de Justicia (...)" III DE LOS ALEGATOS DE LA JUEZA SOMETIDA A PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.
La jueza denunciada presentó escrito de defensa, en el cual señaló ser totalmente falso las razones por las cuales la denunciante procedió a recusarla por enemistad manifiesta, pues como la indicó en su informe correspondiente, no conoce a la denunciante; que desconoce cualquier circunstancia llegada a ella, que únicamente tiene conocimiento que figura n n nn ren nn n e e n tanto no encuentra justificación para que la hoy denunciante la haya recusado, alegando enemistad manifiesta, razón por la cual solicita se desestime tal argumento.
Asimismo manifestó, que es totalmente falso que tuviera interés en retardar el proceso a los fines de que se verificara la prescripción de laj acción penal, pues se trataba de otro asunto más que conoció, y que de esaj forma la oportunidad de imponerse del tema es en el desarrollo de la audiencia, ya al no haber realizado el juicio, alude que su atención fue cónsona con los principios constitucionales y legales.
En razón de lo señalado, solicitó muy respetuosamente se declare sin lugar la denuncia interpuesta en su contra por resultar falsa y contraria a su conducta como juez.
IV DE LA AUDIENCIA.
En la oportunidad para la realización de la audiencia y previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se llevó a cabo la audiencia en la ; .
presente causa, en los siguientes términos:
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"(.) Seguidamente, el Juez Presidente, en virtud de la incomparecencia de la parte denunciante, da por reproducido los hechos constitutivos de la denuncia interpuesta ante esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial. Seguidamente le fue concedido el derecho de palabra a la Jueza sometida a procedimiento disciplinario, quien corroboró el escrito por ella presentado, el cual cursa en el presente expediente disciplinario, asl como los medios de pruebas presentados en dicho escrito y solicitó el sobreseimiento de la presente causa. En tal sentido, vistas las pruebas promovidas y ratificadas por la Jueza denunciada, los jueces integrantes del Tribunal Disciplinario Judicial deliberaron para pronunciarse sobre las pruebas promovidas en el proceso, ADMITIENDO las mismas, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, ni contrarias a derecho, salvo su apreciación en la definitiva, de conformidad con el articulo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. De denunciada para que realizara sus respectivas conclusiones.
Luego de la exposición realizada por la Jueza denunciada, el Juez Presidente HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, le realizó realizada en contra usted que fue declarada sin lugar y en la misma oportunidad una inhibición que fue declarada con lugar en el mismo proceso penal, puede explicar esta situación?" a lo que la Jueza denunciada contestó: "la recusación se presentó en virtud de una supuesta enemistad manifiesta, yo levanta mi correspondiente informe y remiti la recusación en consecuencia; por otro lado, en cuanto a la inhibición realizada por mi persona, existe un criterio que los jueces hemos adoptado, el cual es que, al ser recusada de enemistad manifiesta ya está siendo cuestionada mi imparcialidad objetiva; entonces a pesar de no estar incursa imparcialidad objetiva que debe reinar sobre el juez que decida la causa, situación ésta que fue declarada con lugar por la Corte, toda vez que el fin de la recusación es que yo conozca del caso en cuestión y al inhibirme pues cesan las causales de dicha recusación". Cesan las preguntas. Se da Tribunal Disciplinario Judicial se retiran a deliberar con el objeto de dictar el pronunciamiento respectivo, anunciando a los intervinientes la reconstitución de la audiencia para el dia de hoy a las tres de la tarde (3:00 p.m).-- Siendo la hora para continuar con el presente acto, los jueces se incorporaron a la Sala de Audiencia con la finalidad de alegatos de la jueza denunciada, asi como las actas cursantes en el expediente disciplinario judicial y la denuncia objeto de maltrato verbal, moral y social en la sala de Marianina Brazón Sosa el dia 20-10-2011, fecha esta que se P-008-001653; en este sentido, se observa que riela al folio treinta y ocho (38) de la pieza 4 acta de diferimiento de audiencia de inicio de juicio oral y público, levantada el mismo dia del acto, que por petición de la ciudadana Fiscal Quinta denunciante). por lo que la ciudadana jueza denunciada la atendió personalmente y le explicó los motivos por el cual no adoptando la ciudadana denunciante una actitud irrespetuosa para con el tribunal e indicó que iba a recusar a la jueza. En fecha 15-11-2011, efectivamente la ciudadana denunciante interpone escrito de recusación en contra de la jueza Marianina Brazón Sosa (folio 40 pieza 4) procediendo la jueza denuncia inhibirse de seguir conociendo de la causa de marras, y en fecha 17-1-2012 la Corte de Apelaciones declarô con lugar la inhibición planteada por la jueza denunciada Marianina Brazón Sosa e inadmisible la recusación interpuesta por la ciudadana hoy denunciante, en razón de.
haber cesado las causales que dieron origen a la misma. En tal sentido este Órgano Jurisdiccional observa que no se ofendido a la ciudadana Marla De Jesús Figueroa De Araquex y en consecuencia se hace imperioso declarar la absolución en el punto denunciado. ASI SE DECLARA.--- Con respecto al segundo punto alegado por la denunciante, referente a que la Jueza denunciada ha incurrido en retardo procesal con el único propósito de augurar la prescripción penal, se hace necesario analizar los diferentes actos que le correspondia realizar como jueza de juicio, observa que la causa antes mencionada irgresa al Juzgado 5° de Juicio a cargo de la jueza denunciada en fecha 11-08-2011 (folio 149 pieza 3), procediendo en fecha 19-9-2011 a fijar el acto para acto de la depuración de los escabinos para el día 29-09- 2011 por lo que llegado el aludido dia, se llevó a cabo dicho acto, constituyéndose el Tribunal Mixto fijándose fecha para la celebración para el dia 20-10-2011 (folio 172 pieza 3).
siendo imposible la realización del acto in comento por incomparecencia de la Fiscal Quinta_(5") del Ministerio Público, ausencia esta que justificó la Representante de la Vindicta Pública, por cuanto se encontraba en la continuación de un juicio oral de otro caso que llevaba, procediendo la secretaria a levantar acta correspondiente, donde dejó como de la ausencia de la Fiscal Quinta del Ministerio Público. y fijó nueva fecha para el día 11-11-2011, habiendo transcurrido 16 dias hábiles según copia certificada del calendario judicial del año 2011 llevado por el Juzgado 5* de Juicio (folio 185 de la pieza 3). Llegado el aludido dia, encontrarse el Tribunal 5° de Juicio en la continuación del 2011-2254, con detenido, tal como se evidencia en el acta de diferimiento, que corre inserta al folio 199 de la pieza 4. En este sentido queda evidenciado del expediente disciplinario judicial que no existe retardo procesal alguno imputable a la este Tribunal Disciplinario Judicial declarar la absolución en el punto denunciado. ASI SE DECLARA (...)"
V DE LA COMPETENCIA.
Este Tribunal Disciplinario Judicial antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, pasa a analizar su competencia para conocer de la presente causa; y, en tal sentido debe señalar:
Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se consagró la creación de la jurisdicción disciplinaria judicial, la cual estaría a cargo de los tribunales disciplinarios que la ley destine para ello. en base a lo señalado el articulo 267, establece:
"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República de las Defensor las Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.
La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.
El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales* (Negrillas del Tribunal).
De conformidad con el articulo anterior, se desprende entre otras cosas la potestad disciplinaria, atribuida en forma exclusiva a los tribunales disciplinarios, creados por la constitución. De esta forma, en fecha seis (6) agosto de 2009 fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, reformado parcialmente según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha veintitrés (23) de agosto de 2010, establece en el Capitulo V, lo relativo a la competencia en materia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, sujetos al ámbito de aplicación, y en sus articulos 39 y 40 prevé:
"Articulo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces o juezas de a República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial. los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código (...)" "Articulo 40. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de primera instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes en materia ética contenidos /!/s en el presente Código (...)"
Finalmente y en uso de la potestad disciplinaria conferida por artículo 267 de la Canstitución de la República Bolivariana de Venezuelajy Venezolana; visto que el presente proceso disciplinario judicial está dirigido contra la abogada MARIANINA BRAZÓN SOSA, en su desempeño como Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por la presunta infracción a los principios y deberes contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; este órgano jurisdiccional se considera competente para conocer de la presente causa, conforme a lo establecido en el artículo 39 del ?y declara.
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VI DE LAS PRUEBAS.
Ahora bien, este Tribunal observa que dadas las caracteristicas que revisten el procedimiento de amonestación, la oportunidad procesal para presentar pruebas, se circunscribe al acto de la audiencia oral. Sin embargo, conforme al criterio sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° RC.00562 de fecha veinte (20) de julio de 2007, en ponencia de la magistrada Isbelia Pérez, se estableció:
"(...) De la narración de los actos procesales antes descritos, [esa] Sala de Casación Civil observa que el juez superior al decidir la apelación interpuesta, derecho las como no presentadas por extemporáneas,_sin observar ni declarar si el acto de promoción de pruebas fue extemporáneo por anticipado o por tardio,_o si acogió el criterio del a-quo, no obstante que el juzgado de cognición consideró la promoción de pruebas de la parte demandada formulada de forma extemporánea por anticipada Ahora bien, como quiera que [esa] Sala, en aplicación de los criterios contenidos en la Sala Constitucional, ha intimación ejercidas anticipadamente deben ser consideradas tempestivas y, adicionalmente ha establecido que la contestación a la demanda ejercida con antelación no puede ser considerada extemporánea, porque evidencia el interés del afectado en ejercer el derecho a la defensa y a contradecir los alegatos de la parte actora. Por tanto, [esa] Sala estima necesario señalar que debe considerarse válida la promoción de pruebas consignada en forma anticipada, aún en el caso que nos ocupa, pues si bien el criterio de validez de los actos anticipados fue establecido después de cumplidos los actos procesales del presente juicio, se trata de una infracción contra la garantia de tutela judicial efectiva, que debe ser corregida para que se alcance el propósito de una correcta administración de los intereses comprometidos en el juicio.
En ese sentido, la Sala Constitucional en sentencia N° 2595, de fecha 11 de diciembre de 2001, estableció que 'la apelación proferida el mismo dia de la publicación del fallo, no es extemporánea por anticipada, toda vez que se evidencia el interés inmediato de la parte afectada por recurrir ante la alzada' Asimismo, [esa] Sala de Casación Civil se ha pronuado y al respecto ha indicado que los actos procesales son ejercidos anticipadamente, son tempestivos y por tanto válidos (...) Resaltados del Tribunal.
En atención a la decisión, parcialmente transcrita este Tribunal pasa a valorar las pruebas promovidas en el escrito de defensa y en el escrito de pruebas de la jueza denunciada, debidamente admitidas en la oportunidad de la audiencia oral y pública.
en e n ee e n nn n ee escrito de denuncia medio de prueba a los fines de enervar sus alegatos, razón por la cual se valorarán los instrumentos probatorios aportados por la jueza sometida a procedimiento de la siguiente forma:
1. Copia certificada de la causa penal N° LP01-P-2008-001653, este Tribunal le otorgavalorprobatorio a las referidas copiagde conformidad con lo establecido en el articulo 1.384 del Códigg Civil y articulos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, toda ella se desprende la actuación desplegada por la jueza sometida procedimiento disciplinario en la causa penal que da origen presente asunto. Asi se declara.
2. Copia simple de los oficios en los cuales se le autorizó a la jueza sometida a procedimiento disciplinario a ausentarse de sus funciones el dia dieciséis (16) de septiembre de 2011; al respecto este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto no fue impugnada por la parte denunciante se tiene como fidedigna, desprendiéndose de ella debidamente autorizada. Asi se declara.
3. Copia certificada del calendario llevado por el Tribunal de Juicio N° del Circuito Judicial del Estado Mérida, del cual se desprenden los dias de despacho transcurridos desde su ingreso, es decir, hastã la fecha de la audiencia, donde surgió la incidencia de recusación, es decir, el dia once (11) de noviembre de 2011. Este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los articulos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil; en virtud de desprenderse de esta prueba el cómputo de los lapsos procesales transcurridos en el Tribunal a cargo de la jueza denunciada. Asi se declara.
4. Copia certificada de la agenda llevada por el Tribunal de Juicio N° 5 del Circuito Judicial del Estado Mérida, de la cual se evidencia que los dias pautados para la realización de los actos del tribunal, constatándose la causa penal que da origen al presente procedimiento. Este tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil; en virtud que la misma permite evidenciar los asuntos tramitados en el juzgado a cargo de la jueza denunciada. Así se declara.
5. Copia certificada de la experticia psiquiátrica practicada a la denunciante, de la cual se desprende que la misma presenta un trastorno del tipo esquizofrenia. Este Tribunal, no le otorga valor probatorio, por cuanto no constituye objeto del debate el estado psíquico o emocional de la denunciante. Asi se declara.
6. Copia simple de control de reposo, avalado por la Dirección de Servicios Médicos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con fecha de preparación el dia diecinueve (19) de diciembre de 2011.
Este Tribunal, no le otorga valor probatorio. por cuanto la fecha del reposo es posterior a la ocurrencia de los hechos investigados, en ese sentido se considera impertinente la aludida prueba. Asi se declara.
7. Testimoniales de la ciudadana Maria Eugenia Paredes en su condición de Fiscal Quinta del Ministerio Público y de la ciudadana Zulay Molina, secretaria del tribunal. Este Tribunal, observa que en virtud de no haber sido evacuada la presente prueba, resulta inconducente otorgarle valor probatorio, a la presente prueba. Así se declara.
VII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
Este Tribunal Disciplinario Judicial a los fines de pronunciarse sobre el fondo del asunto, observa en primer lugar el alegato de la parte denunciante denunciada efectuado el dia veinte (20) de octubre de 2011, oportunidad fijada para la realización de la audiencia oral y pública en la causa penal N° LP01-P-2008-001653.
En relación a ello, se observa que un conjunto de actitudes y comportamientos, no constituyen per se una agresión, ya sea verbal, moral o social; indica en ese sentido la denunciante, que ha sido victima de agresiones de tipo moral por parte de jueza denunciada; las cuales a criterio de esta instancia judicial resultan difíciles de percibir, detectar, demostrar, probar y valorar, que las agresiones fisicas, pues a través de ella —agresión moral— se persigue la desvalorización y sufrimiento de la persona contra la cual se dirige.
En este aspecto y conforme a los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas procesales aplicadas por analogía al proceso disciplinario, que regula el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el juez, como sujeto procesal en el cual recae la tarea de dirimir el asunto sometido a su conocimiento debe tene a lo alegado y probado en autos; en este aspecto la sentencia dictada por Juzgado Tercero de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha veintiuno (21) julio 2008, indica en relación a la carga de probar de las partes en I procesos judiciales, lo siguiente:
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"(..) el juez debe decidir de acuerdo a la pretensión fundamentalmente que el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos.
De alli que la formación del material del conocimiento en el proceso constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del juez desde que no puede en su sentencia referirse a otros hechos que a los alegados por aquélla. De su actividad depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas, de modo que junto a la carga de la afirmación de los hechos, tienen la carga de la prueba de los mismos, cuando no fueren reconocidos o no se trate de hechos notorios para no correr el riesgo de ser declarados perdidosos. Ello es lo que se conoce como la carga de la prueba la cual tiene su razón de ser en el art. 1354 del Código Civil en concordancia con el art. 506 del Código de Procedimiento Civil.
Establece el articulo 1.354 del Código Civil, que regula la Carga de la Prueba en las Obligaciones, lo siguiente:
'Quien pida la ejecución de una obligación, debe probar la, y parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación." Asi mismo el articulo 506 del Código de procedimiento Civil, estatuye:
Las partes tienen la carga de probar sus respectivas obligación, debe probar la, y quien pretenda que ha sido extintivo de la obligación." Las normativas citadas, nos evidencian que en las acciones la Prueba", se distribuye equitativamente entre las Partes en la Controversia, de acuerdo a los alegatos y afirmaciones excepciones, argumentaciones y defensas contenidas en el Escrito de Contestación a la Demanda, siempre respetando el orden público.
Sin embargo, Por otra parte la Sala de Casación Civil ha ampliado el concepto de distribución de la carga de la prueba, estableciendo a cual parte corresponde la misma, simplemente en la demanda; el actor queda exento de toda prueba; b) Si el demandado reconoce el hecho, pero le desconoce los hechos, y por tanto, los derechos que de ellos derivan, de manera pura y simple, sin aportar hechos de lo que demuestre depende del alcance de sus pretensiones; y d) Si el demandado reconoce los hecho excepción fundada en un hecho extintivo, impeditivo o modificativo; le corresponde al demandado probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas (CFA.
Hernando Debis (sic) Echandia (sic) Teoria General de La Prueba Judicial. Tomo I Pág. 393 a 518, Sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 17-11-1.997 entre otras) (...)" (Resaltado del Tribunal).
En este aspecto; observa que en la naturaleza en los procesos disciplinarios, difiere de otras ramas del derecho, en virtud de que en esta no corresponde a las partes demostrar sus afirmaciones de hecho, por el contrario corresponde al Estado, por medio del órgano con competencia para investigar en materia disciplinaria al que le recae la carga de desvirtuar —en ciudadano de conformidad con la garantia constitucional consagrada en articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;? ese orden, observa este Tribunal que riela al folio treinta y ocho (38) d la levantada el mismo dia del acto, y de la cual se desprende que por petición de la ciudadana Fiscal Quinta del Ministerio Público la ciudadana jueza denunciada atendió a la victima (hoy denunciante); y le explicó los motivos razón de lo cual la denunciante adoptó una actitud irrespetuosa para con el tribunal, manifestando en esa oportunidad que iba a recusar a la jueza.
De esta forma, se evidencia que en fecha quince (15) de noviembre de 2011, efectivamente la ciudadana denunciante interpone escrito de recusación en contra de la jueza Marianina Brazón Sosa (folio 40 pieza 4); y, posteriormente la jueza denunciada pasó a inhibirse en la causa pena incidencias que fueron resueltas en fecha diecisiete (17) de enero de 20:
por la Corte de Apelaciones de esa Circunscripción Judicial, declarando c lugar la inhibición planteada por la jueza denunciada Marianina Brazón Sos TAIBUN.
e inadmisible la recusación interpuesta.
En consideración a lo expuesto y conforme al contenido del principio In Dubio Pro Disciplinado, este Tribunal observa que no se verificó en autos la actuación denunciada e imputada a la jueza sometida a procedim ento disciplinario, referida a la supuesta agresión —moral— en contra de la denunciante, en razón de lo cual, corresponde a este órgano jurisdiccional, en virtud de la naturaleza del proceso disciplinario resolver a favor de la investigada, toda vez que de las actas procesales no se verifico la actuación presunción de inocencia, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe ABSOLVER de responsabilidad objeto de denuncia en la presente causa. Así se declara.
Asimismo, se verificó que conforme a la recusación interpuesta por la denunciante en fecha quince (15) de noviembre de 2011 en contra de la jueza denunciada, la misma se fundamentó en la supuesta enemistad entre ambas, y que por tanto la jueza no es imparcial en la tramitación de la causa penal. En este aspecto es necesario indagar acerca de la imparcialidad judicial, lo cual nos conduce a dejar asentado lo referente a la competencia subjetiva de la jueza; es decir, a la capacidad de administrar justicia guiada por la aptitud moral, por sus vínculos personales, como el afecto o desafecto, el interés patrimonial o personal.
En este mismo sentido, se observa que el Legislador patrio ha dispuesto mecanismos tendientes a garantizar y tutelar el derecho constitucional de ser juzgado por un juez imparcial, independiente e idóneo, de esta forma la institución de la inhibición y recusación, forman parte integrante de ese derecho, para lo cual nos referiremos solo a la última de ellas. En este aspecto, la recusación, es un medio procesal previsto para inhabilidad o como lo ha manifestado recientemente la doctrina de nuestro Máximo Tribunal, por cualquier otra causal que lo hagan sospechoso de parcialidad.
Así pues la institución de la recusación, conlleva a la abstención d funcionario —juez de la causa— por un hecho contrario a su voluntad y definitiva separación del asunto. De esta forma se podría responder la elementos subjetivos que garantice que el operador de justicia se encuentra en la mejor disposición y situación psicológica y anímica para emitir un juicio objetivo en el asunto judicial sometido a su consideración, lo que implica una decisión ajustada a derecho de acuerdo a la garantía de la tutela judicial efectiva contenida en el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el caso bajo estudio se observa que la recusante —hoy denunciante— manifestó la causal de enemistad manifiesta, sin embargo ng aportó elementos de convicción para que la misma prosperara. No obstagt es importante indicar que de acuerdo a lo manifestado ante este Tribunal Disciplinario por la jueza en la oportunidad de la audiencia, que aun cuajpão no estaba incursa en la referida causal a los fines de garantizar imparcialidad judicial, procedió a inhibirse, lo cual constituye una práctica forense, referida a que el juez o jueza que sea recusado en una causa aun cuando sea declarada sin lugar o inadmisible por el funcionario a quien corresponda su conocimiento, éste deberá posteriormente inhibirse del conocimiento del asunto a los fines de evitar imparcialidades en el proceso por el ejercicio de tal actuación.
Luego se evidencia, de los folios del 56 al 60 de la pieza 4, que la aludida inhibición fue declarada con lugar por la Corte de Apelaciones y en la jueza sometida a procedimiento no realizó los actos que le pretende imputar la denunciante, razón por la cual resulta necesario absolver la en relación a ese particular. Así se declara.
Ahora bien, en relación al supuesto retardo procesal por parte de la
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que el referido asunto ingresó en el Juzgado a cargo de la jueza denunciada en fecha once (11) de agosto de 2011, procediendo en fecha diecinueve (19) de septiembre de 2011, a fijar el acto de depuración de los escabinos para el dia veintinueve (29) de septiembre de 2011 por lo que llegado el aludido dia, se llevó a cabo dicho acto constituyéndose el Tribunal Mixto, fijándose fecha para la celebración para el dia veinte (20) de octubre de 2011, siendo imposible la realización del acto in comento por incomparecencia de la Fiscal Quinta (5°) del Ministerio Público, ausencia ésta que justificó la representante de la Vindicta Pública, por cuanto se encontraba en la continuación de un juicio oral de otro caso que llevaba, procediendo la secretaria a levantar el acta correspondiente, donde dejó constancia de las partes que se encontraban presentes, asi como de la ausencia de la Fiscal Quinta del Ministerio Público, y fijó nueva fecha para el dia once (11) de noviembre de 2011. habiendo transcurrido dieciséis (16) días hábiles según copia certificada del calendario judicial del año 2011 llevado por el Juzgado Quinto (5°) de Juicio, valorada supra.
Ahora bien llegado el aludido día, fue imposible la celebración del juicio oral y público en razón de encontrarse el Tribunal Quinto (5°) de Juicio en la continuación del juicio oral de la causa contenida en el expediente LPOP-P-2011-2254, nomenclatura de ese Tribunal, tal como se evidencia en el acta de diferimiento, que corre inserta al folio 199 de la pieza 4.
En relación a este particular es necesario traer a colación lo señalado por este mismo Tribunal en sentencia N° TDJ-SD-2012-102, de fecha veinticuatro (24) de abril de 2012, que estableció:
"(...) No obstante. este Tribunal Disciplinario Judicial considera necesario precisar que el solo hecho de haber dictado fuera del lapso una sentencia o, en general, haber emitido cualquier decisión fuera del lapso establecido en la existir circunstancias en cada caso que eximan de eventuales responsabilidades a los jueces que incumplan los lapsos procesales.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1565 del once (11) de junio de 2003, estableció lo siguiente:
"Visto que para resolver el presente caso debe tenerse en cuenta si hubo o no dilación indebida, esta Sala considera respecto de la expresión 'sin dilaciones indebidas' (articulo 26;, indicar que la misma debe ser entendida como el derecho de toda persona a que su causa sea oida dentro de un piazo razonable, por lo tanto, la falta de cumplimiento del condición necesaria mas no suficiente para declarar que hubo dilación indebida o retardo judicial.
Ahora bien, la determinación de ese plazo razonable no es posible hacerla a través de una regla concreta, pues cada caso reviste peculiaridades que lo distinguen de otros. Para determinar dicho plazo debe atenderse a una serie de criterios que el derecho comparado y esta Sala en anteriores oportunidades han señalado de manera enunciativa. En efecto, el Tribunal Constitucional Español, acogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia n° 5/1985, del 23 de enero estableció lo siguiente:
'La complejidad del litigio, la conducta de los litigantes y de presuntamente demorado se siguen para las partes s ciertamente, criterios desde los que debe llenarse contenido el concepto del 'plazo razonable'. Otros critenes proceso de que se trata, o en otros términos en estándar medio admisible, para proscribir dilaciones más allá de l.
(Jorge Carreras del Rincón. Comentarios ala docth procesal civil del Tribunal Constitucional y del Tribun Supremo. El articulo 24 de la Constitución Española. Lo derechos fundamentales del justiciable. Madrid. Marcial Pons, 2002, p. 588).
(...) Omissis (...) Debe considerarse asi la complejidad del asunto, esto es, que 'elementos de derecho y a los de prueba de los hechos que dificultan o complican la labor del órgano jurisdiccional, al implicar mayor actividad para la resolución del supuesto planteado' (Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Madrid.
Editorial Civitas, 1994, p. 88).
(..) Omissis (..) Otro aspecto determinante es el relativo a la conducta de los litigantes, quienes pueden utilizar legítimamente todos los medios que existen en el ordenamiento jurídico, pero la manipulación y el abuso de los mismos para lograr un fin distinto a la naturaleza del proceso, es lo que ha de tenerse en cuenta para afirmar que hubo una prolongación anormal del procedimiento, en este caso imputable a la parte cuya actividad estuvo dirigida a entorpecer deliberadamente.
(...) Omissis (...) La conducta de la autoridad judicial es importante en el tema en cuestión, pues si se constata que hubo una duración anormal del proceso y que no existe una explicación que la justifique por parte del órgano jurisdiccional correspondiente, puede hablarse de dilación indebida o retardo judicial.
(...) Omissis (...) Finalmente, debe verificarse si el retardo judicial ha causado un perjuicio al accionante'.
Asimismo, mediante sentencia N° 2198 del nueve (9) de noviembre de 2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló que:
'Debe recordarse, no obstante, que el concepto de proceso indeterminado, cuyo contenido concreto deberá ser obtenido mediante la aplicación, a las circunstancias especificas de cada caso, de los criterios objetivos que sean congruentes con su enunciado genérico. Podrian identificarse como ejemplo de tales criterios objetivos: la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo. la conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes. Asi pues, criterios de razonabilidad pesarán sobre la decisión que se tome en cada caso concreto' Asimismo, mediante sentencia N° 2627 del doce (12) de agosto de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ratificada por esa sala mediante sentencia N° 1914 del primero (1°) de diciembre de 2008, dejó sentado lo siguiente:
'En tal sentido, acota la Sala, que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un derecho de configuración legal. En consecuencia, dicho derecho contiene un mandato al legislador para que ordene 'el proceso de forma que se alcance el dificil equilibrio entre su rápida tramitación y las garantias de la defensa de las partes", proporcionando los medios legales para que el Juez pueda evitar las maniobras dilatorias.
El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas plantea como principal problema el determinar qué debe entenderse por 'dilación indebida'. Al respecto, el Tribunal Constitucional Español, en sentencia No. 36/1984, estableció: 'El concepto de dilaciones indebidas es manifiestamente un concepto indeterminado o abierto que ha de ser dotado de contenido concreto en cada caso atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico'.
Estima la Sala, que la dilación indebida no hace referencia exclusiva y de manera inmediata a los plazos procesales legalmente establecidos, sino al limite que no debe ser traspasado en el cumplimiento de los mismos. Los plazos deben constituirse en orientadores del juicio de valor que ha de precisar si se ha producido o no una dilación indebida.
Pues el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es "el derecho a que los plazos se cumplan". Los plazos deben cumplirse, pero el cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoria de derecho fundamental.
En tal sentido, no es posible entonces decidir en abstracto, qué son dilaciones indebidas y cuando estamos en presencia de la infracción de tal derecho, dejando en todo caso establecidos ciertos criterios objetivos a ser tomados en cuenta por el juzgador, al momento de decidir sobre la supuesta violación denunciada.
De alli que, en todo caso, debe apreciarse, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales.
A criterio de la Sala, este último, es obviamente el criterio determinante, siendo la evaluación del mismo independiente del requerimiento de responsabilidad disciplinaria del órgano judicial y de las carencias que afectan las estructuras de la administración de justicia' De las sentencias transcritas se colige que la determinación de la existencia de retardo judicial indebido dependerá de las circunstancias de cada caso concreto, para lo cual deberán tomarse en cuenta, entre otras, la complejidad d litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios mismo tipo, la conducta procesal del interesado y des autoridades implicadas y las consecuencias que de ãa demora se siguen para los litigantes, pues el salo :
constituye un hecho ilícito por parte del juez de la casa toda vez que, como lo ha establecido el Tribunal Supre de Justicia en las sentencias citadas, los lapsos procesales establecidos en las leyes constituyen orientadores del juicio de valor que realiza el juez en su proceso intelectivo para determinar si se ha producido o no una dilación indebida que para que se configure el retardo judicial.
Otra de las circunstancias que para este Tribunal Disciplinario Judicial es de obligatoria consideración, es la cantidad de actuaciones jurisdiccionales que haya realizado el tribunal en cuestión en un periodo determinado, pues es razonable que la realización de una elevada cantidad de actos le haya impedido al juez decidir una o varias causas o en general la realización de cualquier acto procesaldentro de los lapsos previstos en la ley.
Es ese el espíritu que fue plasmado por el legislador en Venezolana, el cual consagra como ilícito disciplinario inobservancia de los lapsos para la realización de los actos efecto, en el numeral 6 del articulo 31 ejusdem se sanciona a los jueces que incurran en "retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos': asimismo, en numeral 1 del articulo 32 ejusdem se sanciona a los jueces que inobserven "sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir o dictar alguna providencia, o diferir las sentencias sin causa justificada expresa en el expediente
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respectivo": de igual forma, en el numeral 6 del artículo 32 ejusdem se sanciona a los jueces por 'retardar ilegalmente una medida, providencia, decreto, decisión o sentencia, aunque no se hubiere interpuesto por dichos motivos el procedimiento de queja en su contra para hacer efectiva la responsabilidad civil, ni la acción penal correspondiente a la retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o garantias fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva'.
De lo anterior se observa, que el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana exige, para que el incumplimiento de los lapsos procesales genere la responsabilidad disciplinaria del juez, que la conducta sea injustificada, ilegal o que adicionalmente menoscabe derechos o garantias fundamentales, lo cual exige el análisis de las circunstancias del caso concreto, a los fines de determinar si existieron causas razonables que le impidieron (Resaltado propio del Tribunal).
En consideración a la sentencia parcialmente transcrita y conforme a los señalamientos supra indicados, este órgano jurisdiccional determina, que origen al presente asunto disciplinario, en virtud de verificarse de las actas procesales, asi como del calendario judicial, que la actuación de la jueza en la tramitación de la causa N° LP01-P-2008-001653, no generò un retardo procesal, que conforme al criterio señalado supra, menoscabar a derechos o garantias fundamentales en el marco de la garantia de la tutela judicial efectiva a la denunciante y victima en la aludida causa penal.
En atención a los razonamientos expuestos y con miras a los elementos probatorios valorados ut supra, permiten concluir que no se desprende de autos que la jueza denunciada, haya retardado en forma injustificada la sustanciación de la causa que da origen al presente asunto, por el contrario se evidencia que su actuación mientras conoció la causa penal, fue ajustada al ordenamiento juridico a criterio de quienes suscriben, motivo por el cual este Tribunal Disciplinario Judicial, debe absolver de responsabilidad disciplinaria a la jueza sometida a procedimiento, en virtud desempeño en la referida causa, no da origen a una sanción de tipo disciplinario. Asi se declara.
VIII DECISIÓN.
En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Disciplinario Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, bajo la ponencia del Juez Presidente Hernán Pacheco Alviárez, declara:
ÚNICO: ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la jueza denunciada MARIANINA BRAZÓN SOSA, en su desempeño como Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del, Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en la sustanciación de la causa Nf procesada, en virtud que no fueron verificados los hechos objeto de denuncia, para declarar la sanción prevista en el articulo 31 numerales 1 y del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Registrese, publiquese y notifíquese a las partes interesadas.
carácter de definitivamente firme; al Tribunal Supremo de Justicia; al Poder Ciudadano; a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; al Registro de Información Disciplinaria; a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoria General de Tribunales, de conformidad con lo establecido en el articulo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana en concordancia con la N° 516 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha siete (7) de mayo de 2013.
Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial ciudad la capital de República,a.losed la veicetigen(So)dio delmsd fibue de (Dor) Años. .203* de la Independencia la Federación.-
091.7
N PACHECO ALVIÁREZ JuetPresidente (Ponemtef
JACQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINA ROJAS Fufl kan Jueza RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria En misma fecha, siendo las y dieciocho (3:18)m .se publicó y registro la anterior sentencia bajo el N°D
RAQYEL
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 07 de mayo de 2014 Años 204°, 155° y 150 RESOLUCIÓN N° 587 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la Rapública En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICQ: Designar a la cudadana Licendiada PATRICrA CORomOTO ZAMBRANO BUJOSA, titular de la cédula de Identidad N° 10.780.991, DIRECTORA DE LABORATORIOS CRIMINALÍSTICOS (ENCARGADA), en la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, adscrita a la Vicefiscalía, cargo creado. La referida cudadana se desempeña como Sub-Directora (Encargada) en la Dirección Técnico Científica y de Investigaciones; y, como Investigadora Criminalista Jefe en la mencionada Dirección.
Igualmente, conforme a lo establecido en el numeral 20 del artículo 25 de la citada Ley Orgánica, delego en la nombrada ciudadana la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación, mientras esté Encargada de la aludida Dirección.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 08-05-2014.
gístreseomugiquese y Publíquese.
LUISA ORTEGA DIAZ REPÚBLICA Fiscal General de la República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 07 de mayo de 2014 Años 204°, 155° y 15º RESOLUCIÓN N° 589 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al ciudadano Licenciado EDUARD ENRIQUE RANGEL DÍAZ,titular de la cédula de identidad N°25.023.032, EXPERTO ANALISTA IV en la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, adscrita a la Vicefiscalía. El referido ciudadano se viene desempeñando como Auditor IV en la División de Control Posterior de la Dirección de Auditoría Interna.
La presente designación tendrá efectos_administrativos a partir del 08 de mayo de 2014.
INARIANA Regístrese,ComuníqueseyPublíquese.
67 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República
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GACETA OFICIAL 11:55 AM
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO CXLI — MESIV Caracn, jueves 23 de enero de 2014 N°6.123 Estrardiarie SUMARIO Providenca por le cual se nsiuye a ia Comlion de Adnogracon de Dévisas (CAV). pers ue procede a la relums de la hepuu Pe o rb EAEanUpy sDUnpIGId Minisierto del Podar Popular de leonomia, Piunas y Banca Pbica SCV CAOM Providencis mediarte ia cual se estabiacan ios regusios y e:
ag pro npy o nopy ened ln extraniere.
Prondencia medante le cual se establecen ho recusios y al Vanile pars lo Aulontacion de Aduin de Dusae (AD) um U cere RodU ep srsanue se E cepeugoo0 Providencua mediante la cual se esiablecoen los requaios.
contreins y rémiles para la selciud de Autorzación de y REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUEIA CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR REPÓBUICA BOLNAUNA DE VENQUELA CENTRO NACIOHAL DE COMERCIO EXTEUOR Preridondo er en-244 27.se,1e
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 MES VIII AÑO CXLI Número 40.409 Caracas, lunes 12 de mayo de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 48 Págs. costo equivalente a 19,65 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
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