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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 40.399

25 de abril de 2014 · 24 páginas
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AÑO CXLI MES VII

Número 40.399

Caracas, viernes 25 de abril de 2014

SUMARIO

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Oficina de Auditoría Interna Dirección de Determinación de Responsabilidades Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano Luis Alberto Escobar Camacaro, y se impone sanción de multa por la cantidad que en ella se índica.- (Se reimprime por fallas en los originales).

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Omar José Lozano Buelvas, como Director de Servicios Financieros, adscrito a la Oficina de Gestión Administrativa.

Superintendencia Nacional de Valores Resolución mediante la cual se autoriza la extensión del plazo de la prórroga hasta el 30 de mayo de 2014, para iniciar la oferta pública de las Obligaciones Quirografarias al Portador no convertibles en acciones por el monto que en ella se señala, emitidas por la sociedad mercantil F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A., la cual fue autorizada por esta Superintendencia.

Ministerio del Poder Popular para Industrias Corporación Venezolana del Plástico, S.A.

Providencia mediante la cual se constituye, con carácter temporal, la Comisión de Contrataciones de esta Corporación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Patricia Nataly Osio Mora, Directora (Encargada) de Ejecución y Seguimiento de Convenios, adscrita a la Dirección General del Despacho del Ministro.

Academia Nacional de la Historia Aviso Oficial mediante el cual se declara vacante el Sillón Letra «Z» por el fallecimiento del Numerario don Santos Rodulfo Cortés.

Ministerio del Poder Popular para el Deporte Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Eliana Trinidad Cherubini Sánchez, en su carácter de Directora General del Despacho, en calidad de Encargada, de este Ministerio, las atribuciones que en ella se especifican.

Tribunal Supremo de Justicia Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Katherine Casellas Jiménez, y se Revoca Parcialmente la Decisión N° TDJ-SD-2013-137, en la cual se absolvió de Responsabilidad Disciplinaria a la ciudadana Cristina Helena Agostini Cancino.

Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se Absuelve de Responsabilidad Disciplinaria Judicial al ciudadano José Valentín Torres Ramírez, en su condición de Juez del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con Sede en Caracas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Caracas, 25 de Marzo de 2014 AUTO DECISORIO N° MPPRIJP-AI-PADR-012-2013 203º y 155º CAPÍTULO I NARRATIVA A.- ANTECEDENTES.

Quien suscribe, Germán Rafael Laverde, titular de la cédula de Identidad N° V-3.400.167, Director General Encargado de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado mediante Resolución Ministerlal N° 124 de fecha 07 de Mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.161 de fecha 07 de Mayo de 2013, en ejercicio de la competencia consagrada en el artículo 106 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, y siendo la oportunidad legal prevista en el artículo 103 e/usdem, y de conformidad con la atribución conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de esta Oficina de Auditoría Interna, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, para decidir el Procedimiento Administrativo tramitado en este Órgano de Control Fiscal Interno, con motivo al presunto hecho irregular, que consta en las actuaciones administrativas practicadas al Supervisor (CPNB) Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, las cuales fueron remitidas a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, mediante Memorando N° DCP-336 de fecha 18 de Noviembre de 2013, suscrito por el cludadano José Rodríguez, recaudos que constan en el Expediente Administrativo Identificado con las siglas y número POTEST. INV. 016-2013, (Nomenclatura de la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna), que cursan a los folios uno (01) al setenta y tres (73) del expediente administrativo, relacionados con el presunto hurto de un Bien Nacional, correspondiente a una Unidad Policial, Tipo: Moto, Marca: Suzuki, Modelo:

GN125, Color: Rojo, Año: 2010, Serial de Motor: 157FMI3A1T45590, Serial de Carrocería: LC6PCiG92A0801719, Placa: AA0N90K; el cual estaba adscrito a este Ministerio por Órgano del Cuerpo de Policía Nacional Bolivarlana (CPNB), y que se función policial; mediante el presente Acto Decisorio, hago constar que en el mismo, las siglas LocGRysNcF, se refieren a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

B.- PRESUNTO HECHO IRREGULAR INVESTIGADO.

De los recaudos y documentos que cursan en el expediente administrativo Identificado con las siglas y número POTEST. INV. 016-2013 (Nomenclatura de la Dirección de Control Posterior), remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, revelan fundados Indicios del sigulente hecho, que se presume irregular y el cual se destaca:

El presunto hurto de un Bien Nacional, correspondiente a una Unidad Policial, Tipo: Moto, Marca: Suzuki, Modelo: GN125, Color: Rojo, Año: 2010, Serlal de Motor:

157FMI3A1T45590, Serial de Carrocería: LC6PCIG92A0801719, Placa: AA0N90K;

el cual estaba adscrito a este Ministerio por Órgano del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), y que se encontraba bajo la custodia del Supervisor (CPNB) Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, para el cumplimiento de la función policial.

Sobre la base del hecho antes descrito, se dio Inicio al Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, mediante Auto de fécha 20 de Diciembre de 2013, toda vez que el mismo constituye una presunta Irregularidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 numeral 2 de la LOCGRYSNCF, en lo atinente a la imprudencia.

En el contenido del citado Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, se describió el hecho presuntamente

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irregular investigado, se Identificó como presunto responsable de su comisión, al funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, con domicilio en la UD-5, Avenida Principal de la Hacienda 3, Parroquia Caricuao, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, se le Indicó los elementos probatorios y las razones que, presumiblemente, comprometían la responsabilidad del imputado, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la LOCGRYSNCF y 88 de su Reglamento.

C.- DE LA SUSTANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

Los principales recaudos y actuaciones que cursan en el expediente de Potestad Investigativa identificado con las siglas y número POTEST. INV. 016-2013, son los sigulentes:

1. Auto de Proceder Nº 016-2013 de fecha 26 de Abril de 2013, dictado por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, mediante el cual se ordenó iniciar la Potestad Investigativa en contra del funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, cursante a los folios cuarenta y tres (43) al cuarenta y cinco (45) y sus respectivos vueltos, del expediente administrativo.

2. Oficio Nº DCP-018 de fecha 26 de Abril de 2013, mediante el cual se le notificó del Inicio de la Potestad Investigativa al funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, cursante a los folios administrativo.

3. Auto de incorporación de documentos de fecha 06 de Mayo de 2013, cursante al folio cincuenta (50) del expediente administrativo.

4. Acta de fecha 06 de Mayo de 2013, mediante la cual se dejó constancia de la entrega de las copias simples requeridas por el funcionario Luís Alberto Escobar. Camacaro, ya Identificado, cursante al folio cincuenta y dos (52) del expediente administrativo.

5. Auto de Clerre para consignar argumentos y promover pruebas e Inicdio del lapso de evacuación de fecha 21 de Mayo de 2013, cursante al folio cincuenta y tres (53) del expediente administrativo.

6. Auto de cierre del lapso para la evacuación de prueba e Inicio del lapso para presentar el informe de resultados de fecha 11 de Junio de 2013, cursante al folio cincuenta y cuatro (54) del expediente administrativo.

7. Informe de fecha 28 de Junio de 2013, contentivo de los Resultados de la Investigación realizada por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, cursante a los folios cincuenta y cinco (55) al cincuenta y nueve (59) y sus vueltos del expediente administrativo:

8. Memorando N° DCP-259 de fecha 01 de julio de 2013, mediante el cual la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, remitió 2013, a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de esta Oficina de Auditoría Interna, cursante al folio sesenta (60) del expediente administrativo.

9. Memorando- N° DDR-012 de fecha 31 de Julio de 2013, mediante el cual la Dirección de Determinación de Responsabilidades le solicitó a la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, la realización de actuaciones complementarias, cursante al folio sesenta y uno (61) y su vuelto, del expediente administrativo.

10. Memorandas Números DG-OAI-300-511, DG-0AI-130-401 y DG-OAI-536, de fechas 07 de Agosto y 23 de Septiembre de 2013, mediante los cuales la Dirección de Control Posterior, requirió al Director Nacional (E) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), la remisión de recaudos, cursante a los folios sesenta y dos (62), sesenta y tres (63) y su vuelto, sesenta y cinco (65) y su vuelto, del expediente administrativo 11. Auto de Incorporación de documentos de fecha 18 de Noviembre de 2013, cursante al folio sesenta y seis (66) del expediente administrativo.

12. Memorando N° DCP-336 de fecha 18 de Noviembre de 2013, mediante el cual la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, remitió expediente administrativo identificado con las siglas y número POTEST. INV. 016- 2013, a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de esta Oficina de Auditoría Interna, cursante al folio setenta y tres (73) del expediente administrativo.

Los principales recaudos y actuaciones que cursan en el expediente contentivo del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades identificado con las siglas y número MPPRI3P-AI-PADR-012-2013, son los siguientes:

1. Auto motivado de fecha 16 de Diciembre de 2013, fundamentado en la valoración del informe de resultados y de los recaudos contenidos en el expediente administrativo Identificado con las siglas y número POTEST. INV. 016-2013, cursante a los folios setenta y cuatro (74) al setenta y nueve (79) y sus respectivos vueltos del expediente administrativo.

2. Punto de Cuenta N° 036-2013 de fecha 16 de Diciembre de 2013, mediante el cual el ciudadano Germán Rafael Laverde, Director General Encargado de este Órgano de Control Fiscal Interno, aprobó iniciar un Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, en contra del funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, cursante al folio ochenta (80) del expediente administrativo.

3. Punto de Cuenta N° 037-2013 de fecha 20 de Diclembre de 2013, mediante el cual el ciudadano Germán Rafael Laverde, Director General Encargado de este Órgano de Control Fiscal Interno, aprobó el Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, en contra del en contra del funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de Identidad N° V-15.598.643, cursante al folio ochenta y uno (81) del expediente administrativo.

4. Auto de fecha 23 de Diciembre de 2013, mediante el cual se acuerda la Incorporación del Auto de Inicio, al expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la LocGRYsNcF, cursante al folio ochenta y dos (82) del expediente administrativo.

5. Auto de Inicio de fecha 20 de Diciembre de 2013, dictado por la Dirección del cual se ordenó la apertura de un Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, en contra del funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, cursante a los folios ochenta y tres (83) al noventa y dos (92) y sus respectivos vueltos del expediente administrativo.

6. Oficio N° DG-0AI-DDR-055-026 de fecha 06 de Enero de 2014, dirigido a la cludadana Mercedes de Blanco, Directora de Control del Sector Poderes Naclonales y Seguridad Pública de la Contraloría General de la República, a través del cual se remitió un ejemplar del Auto de Inicio del Procedimlento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, cursante al folio noventa y tres (93) del expediente administrativo.

7. Oficio N° MPPRIJP-AI-DDR-007 de fecha 07 de Enero de 2014, mediante el cual el día 28 de Enero de 2014, se le notificó al funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, ya Identificado, de la Apertura del Procedimlento para la Determinación de Responsabilidades iniciado en su contra, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con los artículos 85 numeral 2 y 88 del Reglamento de la Ley elusdem, previa valoración de los documentos probatorios cursantes al expediente, se acordó formularle cargos y salvaguarda de un Bien Nacional, correspondiente a una Unidad Policial, Tipo:

Moto, Marca: Suzuki, Modelo: GN125, Color: Rojo, Año: 2010, Serial de Motor:

157FMI3A1T45590, Serial de Carrocería: LC6PCIG92A0801719, Placa: AA0N90K, cursante a los folios noventa y cinco (95), noventa y seis (96) y vuelto del expediente administrativo.

8. En la notificación en referencia, y de conformidad con lo establecido en el se le Informó al precitado funcionario, que contaba con el término de quince (15) días hábiles siguientes de practicada su notificación, para que Indicara las pruebas que producirían en el acto oral y público a que se reflere el artículo 101 de la Ley elusdem, así como para que consignara los medios de pruebas documentales y testimoniales, de que disponía el Imputado y que a su juicio, desvirtuaran el presunto hecho que se le Imputo mediante Auto de Inicio de fecha 20 de Diclembre de 2013; asimismo se le comunicó que en virtud de la notificación en comento, quedaba a derecho para todos los efectos de este Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, a tenor de lo Indicado en el artículo 98 de la referida Ley.

9. Auto de preclusión del lapso para indicar las pruebas de fecha 19 de Febrero de 2014, mediante el cual se dejó constancia, que ni el imputado ni representante alguno, presentaron ante la Dirección de Determinación de Responsabilidades de esta Oficina de Auditoría Interna, escrito de indicación de pruebas, cursante al folio noventa y siete (97) del expediente administrativo.

10. Auto de fecha 19 de Febrero de 2014, mediante el cual la Dirección de Determinación de Responsabilidad de esta Oficina de Auditoría Interna, fijó el décimo quinto (15) día hábil siguiente, para la celebración del acto oral y público, con la finalidad de que el Interesado o su(s) apoderado(s), expresaran los argumentos que les asisten para la mejor defensa de sus Intereses, cursante al folio noventa y ocho (98) del expediente administrativo.

11. Punto de Cuenta Nº 005-2014 de fecha 19 de Febrero de 2014, mediante el cual el ciudadano Germán Rafael Laverde, Director General Encargado de este Órgano de Control Fiscal Interno, aprobó fijar el décimo quinto (15°) día hábil siguiente, para la celebración del acto oral y público, con la finalidad de que el presunto responsable o su(s) apoderado(s) legal(es) expresen en forma oral y pública, ante el titular del Órgano de Control Fiscal Interno, los argumentos que consideran le asisten para la mejor defensa de sus intereses, cursante al folio noventa y nueve (99) del expediente administrativo.

12. Auto de fecha 26 de febrero de 2014, mediante el cual se dejó constancia que por Decreto Presidencial N° 802 de fecha 24 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.363 de fecha 25 de febrero de 2014, se declaró no laborables los días Jueves 27 y Viernes 28 de febrero de 2014, cursante al folio cien (100) del expediente administrativo.

13. Acta de fecha dieciocho (18) de Marzo de 2014, mediante la cual se dejó constancia de la celebración del acto oral y público, cursante a los folios ciento uno (101) al ciento tres (103), y sus vueltos del expediente administrativo.

CAPÍTULO II MOTIVA A. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

::

Análisis del hecho y supuesto generador de Responsabilidad Administrativa.

Una vez expuesto lo anterior, quien suscribe tiene a blen referirse a las actuaciones administrativas practicadas al funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de Identidad N° V-15.598.643, por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, las cuales fueron remitidas a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, mediante Memorando N° DCP-336 de fecha 18 de Noviembre de 2013, suscrito por el ciudadano José Rodríguez, recaudos que constan en el Expediente Administrativo distinguido con las siglas y número POTEST. INV. 016-2013, (Nomenclatura de la Dirección de Control Posterior), con ocasión al hecho descrito inicialmente.

En este sentido tenemos, que el día 27 de Abril de 2011, siendo aproximadamente las 07:45 p.m., el Supervisor (CPNB) Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, quien para la fecha de la ocurrencia del hecho estaba adscrito al Servicio de Tránsito Terrestre, Centro de Coordinación Policial Sucre, se encontraba realizando recorrido con la unidad policial Tipo: Moto, Marca: Suzukl, Modelo: GN125, Color: Rojo, Año: 2010, Serial de Motor: 157FMI3A1T45590, Serial de Carrocería: LC6PCIG92A0801719, Placa:

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AA0N9oK, y recibe una llamada de parte del operador de servicio Oficial (CPNB) Enderson Quintana, indicándole que se trasladara hasta la Plaza Catia, para verificar un procedimiento que se llevaba a cabo; según llamado radiofónico efectuado por el Oficial Edder González al Puesto de Mando, quien-cumplía servicio en el punto de la Farmacia La Fe, específicamente en la Avenida Bolívar con Calle Real de los Magallanes de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, indicando que requería una unidad para trasladar un procedimiento hasta la sede del Centro de Coordinación Policial Sucre, en virtud de que tenían a un ciudadano aprehendido que presuntamente participó en una riña, es por ello, que el presunto responsable Luís Alberto Escobar Camacaro, procedió de inmediato a trasladarse al sitio en la unidad policial dejándola estacionada en el lugar donde supuestamente se ejecutará el procedimiento, y como no observó a ningún funcionario, decidió desplazarse a pie para verificar, avistándolos en un punto adyacente a pocos metros del puesto de servicio, constatando que efectivamente tenían a un ciudadano aprehendido indocumentado, y era necesario verificar su identidad y antecedentes policiales, razón por la cual se trasladó nuevamente al sitio donde había dejado aparcada la moto, consiguiéndose con la novedad que no estaba en el referido lugar, procediendo Inmediatamente a inspeccionar el área e igualmente a indagar con los cludadanos acerca de quien se la había llevado, no obteniendo ninguna información; tal hecho se evidencia en los informes de fechas 27 y 28 de abril de 2011 y 15 de noviembre de 2011, que cursan a los folios siete (7) y su vuelto, nueve (9) y velntislete (27) del expediente administrativo.

Debe señalarse, que el día de la ocurrencia del hecho, el funclonarlo Luís Alberto Escobar Camacaro, se encontraba ejerciendo funciones policiales, como Supervisor en la Avenida Sucre, tal como se evidencia de la orden del Día N° 0117 de fecha 27 de Abril de 2011, emanada de la Divislón de Tránsito Terrestre, Centro de Coordinación Policlal Sucre, cursante a los folios trelnta y slete (37), treinta y ocho (38) y su vuelto.

Ahora bien, conviene destacar, que el presunto responsable Luís Alberto Escobar Camacaro, a través de los Informes de fechas 27 y 28 de abril de 2011 y 15 de noviembre de 2011, que rielan a los folios siete (7) y su vuelto, nueve (9) y veintisiete (27) del expediente administrativo, reconoció que el día 27 de abril de 2011, estacionó la moto en la Avenida Bolívar con Calle Real de los Magallanes de Catia, específicamente en los alrededores de la Farmacia la Fe, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, y a pesar que es una zona conocida públicamente como de alta peligrosidad, el precitado funcionario no señaló que medida de seguridad adoptó para su respectivo aseguramiento, como pudo ser la colocación de un candado o cualquier otro instrumento de protección de este Bien Nacional.

Es por ello, que de los referidos informes, se desprenden suficientes elementos de convicción o prueba, que nos hacen presumir que el funcionario Investigado desempeñó una conducta impropia no cónsona con la del buen padre de familia, al aparcar la moto policial en la Farmacia La Fe, específicamente en la Avenida Bolívar con Calle Real de los Magallanes de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas Distrito Capital, y desplazarse a pie hasta donde supuestamente se encontraba la comisión, verificándose de lo expresado en dichos informes, que el precitado funcionario no adoptó ninguna medida de seguridad, a sabiendas de que es una zona conocida públicamente como de alta peligrosidad.

De modo tal, que el funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, a pesar de estar cumpliendo la función policial, asumió una conducta presuntamente imprudente, siendo lo razonable que ante todo hubiese reservado el resguardo del identificado Bien Nacional con alguna medida de seguridad (colocación de algún candado); lo que trajo como consecuencia el supuesto hurto del mismo.

Por otra parte, es oportuno indicar que la unidad policial, Tipo: Moto, Marca:

Suzuki, Modelo: GN125, Color: Rojo, Año: 2010, Serial de Motor: 157FMI3A1T45590, Serial de Carrocería: LC6PCIG92A0801719, Placa: AA0N90K, fue Indemnizada por la empresa aseguradora Seguros Altamira, C.A., mediante cheque N° 00012938, por la Cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 11.500,00); tal como se evidencia en el Memorando N° CPNB-STMA-495-13 de fecha 21 de octubre de 2013, y su anexo, suscrito por el Supervisor Agregado (PNB) Alberto José Cari el Bracho, quien para la fecha se desempeñaba como Jefe (E) del Servicio de Transporte y Mantenimiento Automotriz, cursantes a los folios setenta (70), setenta y uno (71) del expediente administrativo.

No obstante que la aseguradora canceló el identificado Bien Nacional, ésta circunstancia no le resta el carácter 'de irregular al hecho investigado, en virtud de que lo controvertido en el presente caso, no es el perjuicio que fue causado al patrimonio de la Institución Policial por la pérdida del mismo, sino la conducta desplegada por el funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, en la custodia de la moto que utilizada para el cumplimiento de sus funciones policiales, al aparcarla en una zona conocida públicamente como de alta peligrosidad, sin que el mismo manifestara que tomó alguna medida de seguridad para su respectivo aseguramiento.

De allí pues, que en el presente Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, iniciado mediante Auto de fecha 20 de diciembre de 2013, y notificado personalmente al funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro el día 28 de Enero de 2014, no se Imputó el correspondiente reparo resarcitorio.

De tal manera, que la conducta asumida por el funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, antes Identificado, fue presuntamente imprudente, en la para el cumplimiento de sus funciones, al demostrar una actitud carente de prudencia, de precaución, de diligencia debida o previsión frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida por un buen padre de familia, al dejar la aparcada en la Farmacia La Fe, específicamente en la Avenida Bolívar con Calle Real de los Magallanes de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas Distrito Capital, y desplazarse a ple hasta donde supuestamente se encontraba la comisión, y a pesar que es una zona conocida públicamente como de alta administrativo, ningún soporte que avale que el funcionario investigado adoptó alguna medida de seguridad, para evitar el hurto de la misma.

El hecho descrito, presuntamente podría configurar el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del

artículo 91 de la LoCGRYsNCF, en lo atinente a la Imprudencia, que establece lo siguiente:

Artículo 91: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

(...omissis...) 2. La omisión, retardo, negligencia o Imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley..." (Negrllas nuestras).

El legislador, en el dispositivo anteriormente transcrito, enumera las formas de actuar (omisión, retardo, negligencia o Imprudencda) que son vedadas respectivo derivado del cargo que ostenta, Inćcumpla sus deberes y funciones, sin que sea requerido que se materialice el daño.

En este orden de Ideas, el legislador, en el dispositivo anteriormente transcrito, enumera las formas de actuar (omisión, retardo; negligencia dentro del ente administrativo respectivo derivado del cargo que ostenta, Incumpla sus deberes y funciones, sin que sea requerido que se materlalice el daño.

Este supuesto relativo a la omisión, retardo, negligencia o Imprudencia en la preservación y salvaguarda de bienes o derechos del patrimonio público, está referido, como su texto claramente lo indica, a la falta de actuación, actuación a destiempo, falta de diligencia o falta de cuidado, en el desempeño de las funciones de conservación, resguardo, defensa o protección de bienes o derechos del patrimonio público, que de conformidad con el conjunto de normas que regulan la actividad administrativa inherente al Estado, corresponde a todo funclonarlo en el s en e enn n e administren, manejen o custodien recursos afectados al cumplimiento de finalidades públicas provenientes de los entes y organismos sujetos a las disposiciones de la citada Ley y al control, vigllancia y fiscalización de la Contraloría General de la República.

Este comportamiento imprudente se materializa por el hecho de que el funcionario no adopta una conducta diligente, tal como lo hubiera asumido un buen padre de familia, esto es, mediante un modelo de conducta caracterizada por un comportamiento serio y razonable, prudente y diligente ante una situación determinada.

A los efectos de entender la conducta que debe observarse como la de un buen padre de familia, debe entenderse que "Cuando se trate de exigirle a una persona una diligencia o prudencia normales, se compara su conducta con la de un ente abstracto constituido por el hombre normalmente diligente y prudente, o sea, con la de un buen padre de familia" Siendo así, la imprudencia "es la falta de prudencia, de precaución, omisión de la diligencia debida, defecto de advertencia o previsión de alguna cosa. (...)".

Imprudencia: En el sentido amplio, se refiere a cualquier profesional que su actuación imprudente, derivada de su ineptitud, exceso de confianza o de cualquier otra causa similar, ocasione un daño a terceros, sancionable penal o civilmente (...) Así pues, se infiere que el deber de diligencia y cuidado que reside en un servidor público o particular, en preservar y salvaguardar los bienes o derechos del patrimonio del ente u organismo al cual se encuentra adscrito, constituye una obligación ineludible y esencial a la tutela del interés general, siendo que cualquier daño causado a su patrimonio incardina la responsabilidad administrativa del De tal manera, que el funcionario público se presenta bajo la perspectiva de la normativa en comento, como sujeto de ser declarado responsable en lo administrativo, en el supuesto de verificarse el incumplimiento de deberes y funciones que se concretan en la preservación y salvaguarda de bienes, es decir, que la conducta del funcionario de la administración pública debe ser diligente, similar a la de un buen Pater-Familiae en lo referente a la preservación, cuidado, omisivo o. imprudente que sea la consecuencia directa al no adoptar una conducta diligente en el cumplimiento del deber del funcionario, que puede causar un perjuicio a los bienes o patrimonio del ente u organismo.

Sobre la figura de la imprudencia, la doctrina patria en la autora Nélida Peña, en su obra "El Régimen de la Responsabilidad Administrativa", página 235, administrativa, en lo atinente a la Imprudencia, señalando lo siguiente: "..Además de la negligencia del funcionario, también su imprudencia, que es una conducta activa caracterizada por la falta de previsión o de precaución, puede dar lugar a que se configure el supuesto generador de responsabilidad administrativa...el funcionario en lugar de incurrir en la Irregularidad por omisión o retardo, lo hace por acción, pero sin adoptar las debidas precauciones que le impone el ejercicio de un cargo que comporta la administración de bienes públicos...Desde luego... se produce un daño al patrimonio del ente y en general al patrimonio público...". (Negrillas nuestras).

B. RELACIÓN DE CAUSALIDAD DEL HECHO PRESUNTAMENTE IRREGULAR.

Una vez determinado el carácter presuntamente Irregular del hecho investigado por este Órgano de Control Fiscal Interno, resulta necesarlo verificar la participación del funcionario investigado en la comisión del mismo.

-A- Relación de causalidad del funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643.

De la revisión de las pruebas documentales cursante en autos, se desprende que el Supervisor (CPNB) Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° v-15.598.643, quien para la fecha de la ocurrencia del hecho estaba adscrito al Servicio de Tránsito Terrestre, Centro de Coordinación Policial Sucre, fue supuestamente Imprudente en la preservación y salvaguarda de la

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de sus funciones policiales, al demostrar una actitud carente de prudencia, de precaución, de diligencia debida o previsión frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida por un buen padre de familla, trayendo como consecuencia la pérdida del Bien Nacional.

Cabe mencionar, que el día 27 de Abril de 2011, siendo aproximadamente las 07:45 p.m., el Supervisor (CPNB) Luís Alberto Escobar Camacaro, ya Identificado, se encontraba realizando recorrido con la unidad policial Tipo: Moto, Marca: Suzukl, Modelo: GN125, Color: Rojo, Año: 2010, Serlal de Motor:

157FMI3A1T45590, Serial de Carrocería: LC6PCIG92A0801719, Placa: AA0N90K, y recibe una llamada de parte del operador de servicio Oficial (CPNB) Enderson Quintana, Indicándole que se trasladara hasta la Plaza Catia, para verificar un procedimiento que se llevaba a cabo; según llamado radiofónico efectuado por el Oficial Edder González al Puesto de Mando, quien cumplía servicio en el punto de la Farmacia La Fe, específicamente en la Avenida Bolívar con Calle Real de los Magallanes de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Bolivarlano Libertador, Caracas, Distrito Capital, indicando que requería una unidad para trasladar un procedimiento hasta la sede del Centro de Coordinación Policial Sucre, en virtud de que tenían a un funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, procedió de Inmediato a trasladarse desplazarse a pie para verificar, avistándolos en un punto adyacente a pocos metros del puesto de servicio, constatando que efectivamente tenían a un cludadano aprehendido Indocumentado, y era necesario verificar su identidad y antecedentes policiales, razón por la cual se trasladó nuevamente al sitio donde había dejado procediendo inmediatamente a inspeccionar el-área e igualmente a indagar con los ciudadanos acerca de quien se la había llevado, no obteniendo ninguna información;

tal hecho se evidencia en los informes de fechas 27 y 28 de abril de 2011 y 15 de noviembre de 2011, que cursan a los folios siete (7) y su vuelto, nueve (9) y veintisiete (27) del expediente administrativo.

Esta irregularidad se desprende, de los referidos informes presentados por el funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, a través de los cuales reconoció que el día 27 de abril de 2011, estacionó la moto en la Avenida Bolívar con Calle Real de los Magallanes de Catia, específicamente en los alrededores de la Farmacia la Fe, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, y a pesar que es una zona conocida públicamente como de alta peligrosidad, el precitado funcionario no señaló que medida de seguridad adoptó para su respectivo aseguramiento, como sería la colocación de un candado o cualquier otro instrumento de protección de este Bien Nacional.

Por otra parte, conviene destacar que la unidad policlal, Tipo: Moto, Marca:

Suzukl, Modelo: GN125, Color: Rojo, Año: 2010, Serial de Motor: 157FMI3A1T45590, Serlal de Carrocería: LC6PCIG92A0801719, Placa: AA0N90K, fue Indemnizada por la empresa aseguradora Seguros Altamira, C.A., mediante cheque N° 00012938, por la Cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 11.500,00); tal como se evidencia en el Memorando N° CPNB-STMA-495-13 de fecha 21 de octubre de 2013, y su anexo, suscrito por el Supervisor Agregado (PNB) Alberto José Cari el Bracho, quien para la fecha se desempeñaba como Jefe (E) del Servicio de Transporte y Mantenimiento Automotriz, cursante a los folios setenta (70), setenta y uno (71) del expediente administrativo.

No obstante que la aseguradora canceló el Identificado Bien Nacional, ésta circunstancia no le resta el carácter de Irregular al hecho investigado, en virtud de que lo controvertido en el presente caso, no es el perjuicio que fue causado desplegada por el funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, en la preservación funciones, al aparcarla en una zona conocida públicamente como de alta peligrosidad, sin que el mismo manifestara que tomó alguna medida de seguridad para su respectivo aseguramiento.

De all pues, que en el presente Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, iniciado mediante Auto de fecha 20 de diciembre de 2013, y notificado personalmente al funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro el día 28 de Enero de 2014, no se imputó el correspondiente reparo resarcitorio.

Se Infiere que el deber de diligencia y cuidado que reside en un servidor público en preservar y salvaguardar los bienes o derechos del patrimonio del ente u organismo al cual presta servicios, así como la responsabilidad de custodiar el correcto uso de los Bienes que pertenecen al patrimonio público, constituye una obligación ineludible y esencial a la tutela del Interés general.

Por lo tanto, que la conducta asumida por el presunto responsable Luís Alberto Escobar Camacaro, demuestra una supuesta Imprudencia, por la siguiente razón:

Al dejar aparcada la unidad policial, Tipo moto, en la Farmacia La Fe, específicamente en la Avenida Bolívar con Calle Real de los Magallanes de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas Distrito Capital, y desplazarse a pie hasta donde supuestamente se encontraba la comisión, y a pesar que es una zona conocida públicamente como de alta peligrosidad, no se evidencia de los recaudos que cursan en el expediente administrativo, ningún soporte que avale que el funcionario investigado adoptó alguna medida de seguridad, para evitar el hurto de la misma.

Establecido lo anterior, tenemos que el hecho descrito, presuntamente podría dispuesto en el numeral 2 del artículo 91 de la LocGRYsNCF, en lo atinente a la Imprudencia, que establece lo siguiente:

Artículo 91: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

(...omissis...)) 2. La omisión, retardo, negligencia o Imprudencia en la preservación y salvaguarda de los blenes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

ELEMENTOS PROBATORIOS DEL_ ILÍCITO_ ADMINISTRATIVQ c.- IMPUTADO.

Los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho presuntamente Irregular, antes descrito, y la participación del cludadano, plenamente Identificado en el mismo, que pudieran comprometer la responsabilidad administrativa y civil son los que a continuación se mencionan:

A. DOCUMENTALES.

A.1.- Transcripción de Novedad de fecha 27 de abril de 2011, suscrita por el Supervisor (CPNB) Carlos Angarita, quien para la fecha se desempeñaba como Jefe de Turno de Guardia de la Oficina de Control de Actuación Policial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que cursa al folio uno (01) del expediente administrativo, en la cual se evidencia lo siguiente:

"LLAMADA RADIOFÓNICA RECIBIDA: La re Cbe el SuperVISOr (C.P.N.B) Angarita Carlos, por parte de Puesto de Mando, del Oficial (CPNB) Chacón Vicente, C.I.V-17.130.110, quien Indicó que en la avenida Bolvar de Catia, frente a la Farmacia la Fe, C.A; se encontraba un procedimiento de nuestra competencia, donde presuntamente un funcionario perteneciente a nuestra Institución, había sido objeto de Hurto de una unidad polidal tipo moto." A.2.- Auto de Inicio de Intervención Temprana de fecha 27 de abril de 2011, suscrito por el Supervisor (CPNB) Carlos Angarita, quien se desempeñaba como Jefe de Turmo de Guardia de la Oficina de Control de Actuación Policial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que riela al folio tres (03) y su vuelto del expediente administrativo, del cual se extrae lo siguiente:

"C...OMISSIS..) LLAMADA_ RADIOFÓNICA RECIBIDA: La reCibe el Supervisor (C.P.N.B) Angarita Carlos, por parte de Puesto de Mando, del Oficial (CPNB) Chacón Vicente, C.I.V-17.130.110, quien Indicó que en la avenida Bolívar de Catia, frente a la Farmacia la Fe, C.A; se encontraba un procedimiento de nuestra competencia, donde presuntamente un funcionario perteneciente a nuestra Institución, había sido objeto de Hurto de una unidad policial tipo moto. (...)" A.3.- Acta Disciplinaria de fecha 27 de abril de 2011, suscrita por el Supervisor (CPNB) Carlos Angarita, que cursa al.folio cuatro (04) y su vuelto del expediente administrativo, de la cual se desprende'lo siguiente:

"C...OoMIssIs...) Encontrándome de servicio en la Oficina de Control Actuación Policial, siendo las 08:30 horas de la noche, el OFICIAL JEFE (CPNB) JAVIER RODRIGUEZ (sic) me Informó que en la Parroquia Sucre, específicamente en el sector de Catia, Avenida Bolivar (sic) frente a la Servicio de Puesto de Mando, de parte del OFICIAL (CPNB) CHACÓN VICENTE, titular de la cédula de identidad número V-17.130.110, quien indicó que presuntamente a un funcionario de nuestra Institución, adscrito al Modelo GN-125, de color Rojo, propiedad de esta Institución, motivo por el cual se constituyo Comisión Policial de este Despacho, al mando del suscrito una vez en el mismo, nos entrevistamos con el SUPERVIsOR (CPNB) ESCOBAR CAMACARO LUIS ALBERTO, C.I.V-15.598.643, adSCIto al Servicio de Transito de la Coordinación Sucre, quien nos Informó que siendo aproximadamente las 07:45 horas de la noche cuando se encontraba en comunicaciones que unos funcionarios bajo su mando, en la calle principal de se desarrollará para el momento, al llegar al lugar el mismo vista el procedimiento aproximadamente a una cuadra, abarca la moto en una donde la dejo (sic) aparcada, motivo por el cual reporta la situación al Servicio de Puesto de Mando (...OMISSIs...)" A.4.- Informe de fecha 27 de abril de 2011, dirigido por el presunto responsable Luís Alberto Escobar Camacaro, al Comisionado Agregado (CPNB) Luís Rodríguez Vieira, quien para la fecha se desempeñaba como Director (E) de la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), que riela al folio siete (07) y su vuelto del expediente administrativo, del cual se desprende lo sigulente y cito:

"... hecerle (sic) del conocimiento de la novedad ocurrida el día martes 27 de abril del 2011, es el caso que encontrándome (sic) de servido de supervisor motorizada GN Suzuki Color Rojo Placa AA0NgOk (sic) pertenedente al Cuerpo de Policia (sic) Nacional Bolivariana; siendo aproximadamente las 19:45 horas de la noche y estando en la Plaza Catia el Oficial Gonzalez(sic) Edder quién se encontraba de servicio en el Punto de Farmaca la Fe especificamente en la avenida Bolivar (sic) con Calle Real de los Magallanes hace el llamado via (sic) radiofónico al Puesto de Mando indicando que requiere una unidad para trasladar un procedimiento a la sede del Centro de Coordinación Policial Sucre ya que tenian (sic) a un cudadano aprehendido que presuntamente estaba incurso en uría sña por lo que el operador de servicio OFICIAL QUINTANA ENDERSON me realizo llamado Indicándome (sic) que me trasladara al lugar, de inmediato procedí a trasiadarme al sito para verificar dicho procedimiento al llegar al lugar deje la moto aparcada en la esquina de la Calle Real de los Magallanes con la Avenida Bollvar (sic) ya que donde se encontraban ya que all (sic) tenian (sic) el procedimiento constató que efectivamente tienen a un ciudadano aprehendido el mismo estaba Indocumentado pero no tenia (sic) denunciante por lo que le Indique (sic) al un R13 y un R9 al ciudadano para verificar su Identidad y antecedentes policiales es cuando me traslado nuevamente al sitio donde deje (sic) la moto aparcada no encontrando la misma, procedi (sic) a inspeccionar el area (sic) y habia (sic) llevado la moto no obteniendo ninguna Información ..." A.5.- Denuncia N° K-11-0232-00667 de fecha 27 de abril de 2011, formulada por el funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, ante la División de Investigaciones Contra el Robo de Vehículos del Cuerpo de Investigaclones Clentíficas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que riela a los folios ocho (08), y quince (15) del expediente administrativo, mediante la cual Indicó textualmente lo sigulente y cito:

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"Manifesto (sic) el denunciante (sic) que sujetos desconocidos hurtaron un vehiculo (sic) con la (sic) siguiente (sic) caracteristicas (sic) Clase: Moto, Marca: SUZUKI, Modelo: GN-125, Año: 2010, Color: ROJO, Placas: AAON90K, 157FMI3A1T45590, del lugar de donde se encontraba (sic) aparcado, el mismo es propiedad del Cuerpo de Policía Nacional Bollvariana." A.6.- Informe de fecha 28 de abril de 2011, suscrito por el Supervisor (CPNB) Luís Alberto Escobar Camacaro, que cursa al folio nueve (09) del expediente administrativo, del cual se extrae lo siguiente y cito:

"... el día martes 27 de Abril del 2011, es el caso que encontrándome de perteneciente al. Cuerpo de Policía Nacional Bollvariana; siendo aproximadamente las 19:45 horas de la noche y estando en la Plaza Catia el Oficdal Gonzalez (sic) Edder quién se encontraba de servicio en el Punto de Farmacia la Fe específicamente en la avenida Bolvar con Calle Real de los requiere una unidad para trasladar un procedimiento a la sede del Centro de OFICIAL QUINTANA ENDERSON me realizo llamado Indicándome que me trasladara al lugar, de inmediato procedí a trasladarme al sitio para verificar dicho procedimiento al llegar al lugar deje la moto aparcada en la esquina de la Calle Real de los Magallanes con la Avenida Bolívar ya que no aviste a los oficiales en el sitio procedo a verificar y los visto adyacente al punto a pocos que all tenían el procedimiento constató que efectivamente tienen a un ciudadano aprehendido el mismo estaba Indocumentado (...OMIsss...) me misma, procedí a inspeccionar el área y a indagar con los cudadanos acerca de si habían observado quien se había llevado la moto no obteniendo ninguna Información. (...OMISSIS….)" A.7.- Declaración de Siniestro de Automóviles y Decaración Complementaria del Siniestro (Robo-Hurto), realizada por el presunto responsabie Luís Alberto Escobar Camacaro, ante Seguros Altamira, C.A., de fecha 29 de Abril de 2011, que cursa a los folios once (11) y su vuelto y doce (12) del expediente administrativo.

A.8.- Certificado de Registro de Vehículo, emanado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de fecha 09 de Septiembre de 2010, correspondiente a la Moto, Marca: Suzukl, Modelo: GN125, Color: Rojo, Año: 2010, Serlal de Motor: 157FMI3A1T45590, Serial de Carrocería: LC6PCIG92A0801719, Placa: AAon9ok, a través del cual se evidencia que la referida unidad policial, pertenecía al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que riela al folio catorce (14) del expediente administrativo.

A.9.- Orden de Compra en la cual se establece que el valor del bien nacional, tipo moto, marca Suzukl, modelo GN125, era la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 5.212,48), que cursa al folio diecisiete (17) del expediente administrativo.

A.10.- Informe de fecha 15 de Noviembre de 2011, suscrito por el presunto responsable Luís Alberto Escobar Camacaro, que riela al folio veintisiete (27) del expediente administrativo, se desprende lo sigulente y cito:

"... el día martes 27 de Abril del 2011, es el caso que encontrándome de servicio de supervisor de los servicios por la División de Tránsito Sucre abordo perteneciente al Cuerpo de Polica Nacional Bollvariana; siendo Oficial Gonzalez (sic) Edder quién se encontraba de servicio en el Punto de Farmacia la Fe especificamente en la avenida Bolivar con Calle Real de los requiere una unidad para trasladar un procedimiento a la sede del Centro de Coordinación Policial Sucre ya que tenían a un ciudadano aprehendido que presuntamente estaba incurso en una riña por lo que el operador de servico OFICIAL QUINTANA ENDERSON me realizo llamado Indicándome que me trasladara al lugar, de inmediato procedí a trasladarme al sitio para verificar dicho procedimiento al llegar al lugar deje la moto aparcada en la esquina de la Calle Real de los Magallanes con la Avenida Bolivar ya que no aviste a los oficiales en el sitio procedo a verificar y los avjsto adyacente al punto a pocos ciudadano aprehendido el mismo estaba Indocumentado (...oMIssis...) me traslado nuevamente al sitio donde deje la moto aparcada no encontrando la misma, procedi a inspeccionar el área y a indagar con los dudadanos ninguna Información. (...OMIssIs...)".

A.11.- Orden del Día Nº 0117 de fecha 27 de Abril de 2011, emanada de la División de Tránsito Terrestre del Centro de Coordinación Policial Sucre, que cursa a los folios treinta y siete (37), treinta y ocho (38) y su vuelto, relacionadas con los funcionarlos HRS hasta 20:30 HRS, y a tal efecto se destaca lo sigulente:

ORDEN DE SERVICIO TRÁNSITO SUCRE GRUPO "B" SERVICIO COMPRENDIDO DESDE LAS 13:30 HRS. HASTA 20:30 HRS.

GRADO C.L.

SERVICIO APELLIDOS RADIO NOMBRES dns LUIS ALBERTO 15598643 0416-5590743 2500462 Supervisor Avenida ESCOBAR CAMACARO Sucre A.12.- Orden de Liquidación de Siniestro N° 00166C112501 de fecha 08 de mayo de 2012, emitida por Seguros Altamira, C.A., a favor del Tesoro Nacional, a través de la cual se ordena cancelar la cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMos (Bs. 11.500,00), por concepto de indemnización total del siniestro ocurrido el día 27 de abril de 2011, que riela al folio sesenta y ocho (68) del expediente administrativo.

A.13.- Copia simple del Cheque N° 00012938 de fecha 15 de Mayo de 2012, emitido por Seguros Altamira, C.A, a nombre del Tesoro Nacional, por la cantidad de OnCE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 11.500,00), que cursa al folio setenta (70) del expediente administrativo.

A.14.- Memorando N° CPNB-STMA-495-13 de fecha 21 de octubre de 2013, mediante el cual el Supervisor Agregado (PNB) Alberto José Cari el Bracho, para la fecha Jefe (E) del Servicio de Transporte y Mantenimiento Automotriz, informó al ciudadano Luís Karabin, Director Nacional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que la unidad policial, Tipo: Moto, Marca: Suzuki, Modelo: GN125, Color:

Rojo, Año: 2010, Serial de Motor: 157FMI3A1T45590, Serial de Carrocería:

LC6PCIG92A0801719, Placa: AA0N90K, había sido indemnizada por la empresa aseguradora Seguros Altamira, C.A., mediante cheque Nº 00012938, por la cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.

11.500,00), que riela al folio setenta y uno (71) del expediente administrativo.

A.15.- Acta de Nombramiento, Juramentación y Aceptación del cargo de Oficial, del funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, de fecha 20 de julio de 2010, que cursa al folio setenta y dos (72) del expediente administrativo.

Estos documentos, que no fueron objetados, Impugnados nl desconocidos Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, cometió el hecho irregular Imputado mediante auto de inicio de fecha 20 de Diciembre de 2013, al dejar aparcada la unidad policial, Tipo moto en la Farmacia La Fe, específicamente en la Avenida Bolívar con Calle Real de los Magallanes de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas Distrito Capital, y desplazarse a pie hasta conocida públicamente como de alta peligrosidad, no se evidencia de los recaudos que cursan en el expediente administrativo, ningún soporte que avale que el funcionario investigado adoptó alguna medida de seguridad, para evitar el hurto de la misma; razón por la cual, no habiendo regla legal expresa para valorar su mérito probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la LoCGRYsNCF, se valoran en base al principio de la sana crítica, entendida ésta como la libertad de apreciar las pruebas, de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia, ya que producen certeza acerca de la ocurrencia del hecho imputado.

D. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS D.1.- DE_ LOS_ ARGUMENTOS_ DE_ DEFENSA_ EXPUESTOS_ POR_ EL FUNCIONARIO LUÍS ALBERTO ESCOBAR CAMACARQ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la LocGRYSNCF, los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho, y la responsabilidad de su autor han sido valorados, en base a las reglas expresas que se citan en cada caso, o, en su defecto en atención a las reglas de la sana crítica.

Los alegatos y argumentos del presunto responsable, serán analizados en el siguiente acápite.

D.2.- DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL FUNCIONARIO LUÍS ALBERTO ESCOBAR CAMACARO DURANTE LA ETAPA DE POTESTAD INVESTIGATIVA El Auto de Proceder N° 016-2013 de fecha 26 de Abril de 2013, que dió Iniclo a la potestad investigativa, fue notificado al funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, el día 06 de Mayo de 2013, tal como se evidencia en el Oficio N° DCP-018 de fecha 26 de Abril de 2013, que riela a los folios cuarenta y sels (46) al cuarenta y ocho (48) y sus vueltos del expediente administrativo, en el cual se le indicó que a partir de la fecha de su notificación quedaba a derecho para todos los actos procesales teniendo acceso Inmediato al expediente.

no expuso sus argumentos, nl promovió las pruebas que estimada necesarias para su defensa.

E. DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTQ ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

El auto que, dio Inicio al presente procedimiento administrativo, fue notificado el día 28 de Enero de 2014, al funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, tal como se evidencia en el Oficio MPPRI3P-AI-DDR-007 de fecha 07 de Enero de 2014, que riela a los follos noventa y cinco (95), noventa y seis (96) y su vuelto del expediente administrativo, en el cual se le Indicó las fases del Procedimiento Administrativo para la Determinación de las Responsabilidad previsto en la LOCGRYSNCF y su Reglamento; asimismo, se le hizo la mención que conforme al artículo 98 e/usdem, quedaba a derecho para todos los efectos del procedimiento.

El mencionado ciudadano no indicó en tiempo hábil, las pruebas que de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con el artículo 91 del Reglamento de la citada Ley, serían producidas en el acto oral y público, según se evidencia del auto de fecha 19 de Febrero de 2014, cursante al folio noventa y siete (97) del expediente administrativo.

F. AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA El día dieciocho (18) de Marzo de 2014, siendo las 10:00 a.m, se llevó a cabo el Acto Oral y Público a que se contrae el artículo 101 de la LOCGRYSNCF y 92 al 97, ambos inclusive, de su Reglamento, tal como consta en los folios ciento uno (101) al ciento tres (103), y sus vueltos del expediente administrativo Identificado con las siglas y número MPPRIP-AI-PADR-012-2013, relacionado con el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, Iniciado por Auto de fecha 20 de diciembre de 2013, al funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de Identidad N° V-15.598.643, Imputado en el presente procedimiento, con la finalidad de que expresara en forma oral y pública, los argumentos que considerara le asisten para la mejor defensa de sus derechos e intereses, el cual fue declarado desierto, en virtud que el imputado no compareció personalmente, ni por medio de representante legal, por cuyo motivo, en su beneficio, se acordó una (1) hora de espera, seguidamente siendo las 11:00 A.M, sin haberse hecho presente el imputado, ni por si ni por medio de representante alguno, se procedió a levantar el acta respectiva.

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precedentemente expuesto, que de quedar demostrado constituiría el ilícito administrativo tipificado en el numeral 2 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF, que disponen:

Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación":

(omissis).

2.- "La omisión, retardo, negligencia o Imprudenda en la preservadón y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley. (Negrillas nuestras).

De la lectura del artículo parcialmente transcrito relativo a la omisión, retardo, negligencia o Imprudencia en la preservación y salvaguarda de bienes o derechos del patrimonio público, está referido, como su texto claramente lo Indica, a la falta de actuación, actuación a destiempo, falta de diligencia o falta de cuidado, en el desempeño de las funciones de conservación, resguardo, defensa o protección de bienes o derechos del patrimonio público, que de conformidad con el conjunto de normas que regulan la actividad administrativa inherente al Estado, corresponde a todo funcionario en el ejercicio de sus competencias públicas y a todos aquellos particulares que administren, manejen o custodien recursos afectados al cumplimiento de finalidades públicas provenientes de los entes y organismos sujetos a las disposiciones de la citada Ley y al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la República.

Se infiere entonces, que el deber de diligencia y cuidado que reside en un servidor público o particular, en preservar y salvaguardar los bienes o derechos del patrimonio del ente u organismo al cual se encuentra adscrito, constituye una obligación Ineludible y esencial a la tutela del interés general, siendo que cualquier daño causado a su patrimonio incardina la responsabilidad administrativa del funcionario público o particular encargado de administrar y custodiar dichos bienes.

De tal manera, que el presupuesto fáctico de la imprudencia, a la cual alude el numeral 2 del artículo 91 de la LocGRysncF, Implica no ejercer las funciones públicas encomendadas con natural cuidado y prudencia.

Siendo así, la imprudencia "es la falta de prudencia, de precaución, omisión actuación Imprudente, derivada de su ineptitud, exceso de confianza o de cualquier otra causa similar, ocasione un daño a terceros, sancionable penal o civilmente (...) Sobre la figura de la imprudencia, la doctrina patria en la autora Nélida Peña, en su obra "El Régimen de la Responsabilidad Administrativa", página 235, ha fijado posición en cuanto a los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, en lo atinente a la Imprudencia, señalando lo siguiente: ".Además de la negligencia del funcionario, también su imprudencia, que es una conducta administrativa...el funcionario en lugar de incurrir en la Irregularidad por omisión o impone el ejercicio de un cargo que comporta la administración de bienes públicos...Desde luego... se produce un daño al patrimonio del ente y en general al patrimonio público...". (Negrillas nuestras).

CAPÍTULO III DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quien suscribe, Germán Rafael Laverde, titular de la cédula de identidad N° V-3.400.167, Director General Encargado de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado mediante Resolución Ministerlal N° 124 de fecha 07 de Mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.161 de fecha 07 de Mayo de 2013, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 105, en concordancia con el de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, para dictar decisiones, en concordancia con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de la ley elusdem, y en ejerciclo de la atribución que me es conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores y Justicia, publicado en Gaceta Oficial de la República Boliváriana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, DECIDO:

PRIMERQ: Declarar la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, y con domicilio en la UD-5, Avenida Principal de la Hacienda 3, Parroquia Caricuao, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, por el hecho Irregular descrito determinación de responsabilidades de fecha 20 de diciembre de 2013.

La responsabilidad del precitado ciudadano resulta comprometida, por haber actuado de manera Imprudente en la preservación y salvaguarda de una unidad policial, Tipo: Moto, Marca: Suzuki, Modelo: GN125, Color: Rojo, Año: 2010, Serial de Motor: 157FMI3A1T45590, Serial de Carrocería: LC6PCIG92A0801719, Placa:

AA0n9ok, cuya custodia le había sido confiada para el cumplimiento de sus funciones policiales, al demostrar una actitud carente de prudencia, de precaución, de diligencia debida o previsión frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida.

por un buen padre de familia, al dejar la aparcada en la Farmacia La Fe, específicamente en la Avenida Bolívar con Calle Real de los Magallanes de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas Distrito Capital, y desplazarse a pie hasta donde supuestamente se encontraba la comisión, y a pesàr que es una zona conocida públicamente como de alta peligrosidad, no se evidencia de los recaudos que cursan en el expediente administrativo, ningún soporte que avale que el funcionario Investigado adoptó alguna medida de seguridad, para evitar el hurto de la misma; hecho que se subsume en el numeral 2 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF.

SEGUNDQ: De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Fiscal, el cual señala entre otros aspectos, que la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de la misma Ley, será sancionada con multa prevista en el artículo 94 e/usdem; se Impone al ciudadano Luís Alberto Escobar Camacaro, titular de la cédula de identidad N° V-15.598.643, MULTA de QUINIENTAS CINCUENTA (550) UnIdades Tributarias (U.T), que representan la suma de CUARENTÀ YUN MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 41.800,00).

Esta multa constituye el término medio de los dos extremos que fija el artículo 94 de la Ley elusdem, que será calculada de la siguiente manera: la base es el término medio entre la sanción menor de cien (100) unidades tributarias y la sanción mayor de mil (1000) unidades tributarias, lo cual equivale a quinientas cincuenta

artículo 37 del Código Penal, por darse en el presente caso, la circunstancia agravante prevista en el numeral 2 (la condición de funcionario público), así como la circunstancia atenuante contemplada en el numeral 1 (por no haber constancia de que el multado haya sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en la Ley), ambas tipificadas en los artículos 107 y 108 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Se tomó como base de cálculo el valor de la Unidad Tributarla vigente para el año 2011, fecha de la ocurrencia del hecho, que era la suma SETENTA SEIS BOLÍVAREs (Bs. 76,00) cada U.T., fijada por el entonces Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, según Resolución-publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.623 de fecha 24/02/2011.

TERCERQ: Se le notifica al funcionario Luís Alberto Escobar Camacaro, plenamente Identificado en autos, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la Ley eiusdem, podrá Interponer contra la presente decisión, el correspondiente RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, ante este Órgano de Control Interno, dentro de un lapso de QuincE (15) días hábiles sigulentes, contados a partir de que con lo previsto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los artículos 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el RECURso DE REVIsióN, ante el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dentro de los TREs (3) meses siguientes a la fecha de ocurrencia de los causales que lo hacen procedente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control FisCal, el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, por ante el Tribunal Contencioso Administrativo competente, con sede en la cludad de Caracas, dentro de los SEIs (06) meses siguientes contados a partir del día siguiente a su notificación CUARTQ: Remítase un ejemplar de este Acto Decisorio, una vez firme en sede administrativa, a la Contralora General de la República, a los fines de las sanciones que le corresponde imponer, de manera exclusiva y excluyente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la LOCGRYSNCF.

QuINTQ: Remitase un ejemplar de este Acto Decisorio, una vez firme en sede administrativa, al Ministerio del Poder Popular de Finanzas, a los fines de la expedición de la planilla de liquidación de la multa y la realización de las gestiones de cobro, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento de la LOCGRYSNCF.

Sexto: A los fines de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, remítase un ejemplar de la presente Decisión, una vez firme en esta sede, a la Secretaría del Consejo de Ministros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de la LOCGRYSNCF.

SÉPTIMQ: Remítase un ejemplar de este Acto Decisorio a la Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 2003 2 Cúmplase, ECON. GERMÁN RAFAEL LVERDE Director General Encargado de la Oficina de Auditoria Interna Rasolucón N° 124 de fecha 07 de Mayo de 20ig, Duéilcada an la Gagag nal de le Repúblca Bolvriana de Venerone R.0 10 che 07 de ge 2012

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, DESPACHO DEL MINISTRO N°>04 3 a 24 ABR 2014.

Caracas,

203° 155º

RESOLUCIÓN + € El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, designado mediante Decreto N° 738 de fecha 16 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bólivariana de Venezuela N° 40.335 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que me confiere lo dispuesto en los numerales 2,19 y 27 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se designa al ciudadano OMAR JOsÉ LOZANO BUELVAS, titular de la cédula de identidad N° 13.586.996, como Director de Servicios Financieros, adscrito a la Oficina de Gestión Administrativa, a partir del primero 01 de abril de 2014.

Comuníquese y Publíquese.

test RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Ministro del Poder Ropular de Economía, Finanzas y Banca Duhlica

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONONIA, FINANZAS Y BANCA PUBLICA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES X -0 3 9 Resolución Nº 7 Caracas, 203º y 155º 0 9 APR 2014 Visto que la sociedad mercantil F.V.I. FONDo DE VALORES INMoBILiARios S.A.C.A., se dirigió ante este Organismo a fin de solicitar la extensión del plazo de la prórroga hasta el 30 de mayo de 2014, parà iniciar la oferta pública de las Obligaciones Quirografarias al Portador no convertibles en acciones por un monto de Trescientos Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 350.000.000,00), emitidas por la sociedad mercantil F.V.t.

FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS, S.A.C.A., la Cual fue autorizada por esta Superintendencia Nacional de Valores, mediante Resolución N° 099, de fecha 10 de octubre de 2013.

<.

Esta Superintendencia Nacional de Valores en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 4 y 19 numeral 1 de la Ley de- Mercado, de Valores, en concordancia con el artículo 8 de las Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de las Emisiones,

RESUELVE 1. Autorizar la extensión del plazo de la prórroga hasta el 30 de mayo de 2014, para iniciar la oferta pública de las Obligaciones Quirografarias al Portador no convertibles en acciones por un monto de Trescientos Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 350.000.000,00), emitidas por la soCiedad merCantil F.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS, s.A.c.A., la cual fue autorizada por esta Superintendencia Nacional de Valores mediante Resolución N° 099, de fecha 10 de octubre de 2013.

2.- Ordenar a la sociedad mercantil F.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIos, S.A.C.A., actualizar al mes de diciembre de 2013 la información financiera y las calificaciones de riesgo, que se encuentran en el Prospecto de emisión 2013-l, correspondiente a la oferta pública de las Obligaciones Quirografarias al Portador no convertibles en acciones, la cual fue autorizada por esta Superintendencia Nacional de Valores mediante Resolución N° 099, de fecha 10 de octubre de 2013.

3.- Notificar a la sociedad mercantil F.V.I. FONDo DE VALORES INMoBILIARIos, S.A.C.A., lo acordado en la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

4.- Notificar a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., a la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., lo acordado en la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administras Gustavo J. Hernández J.

-Superintendente Nacional de Valores MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PLÁSTICO, S.A.

Caracas, 14 de marzo de 2014

Años 203 y 155

Providencia Administrativa No. 001 El PreSidente dela CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PLÁSTICO, S.A, COVEPLAST, S.A., Ciudadano ANTONIO JOSÉ NÚÑEZ NIEVES, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V- 7.277.006, de conformidad con lo establecido en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionista de Fecha ocho (08) de noviembre de 2013, debidamente protocolizada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, según consta de asiento registrado en el tomo 34-A 314, N° 4, año 2013, Publicada en Gaceta Oficial N°. 40.367 del 07 de marzo de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 08 de la clausula 27, de los Estatutos de COVEPLAST, S.A. a tenor de lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Contrataciones Públicas, conjuntamente con el Artículo 15 de su Reglamento:

RESUELVE

PRIMERO: Se constituye con carácter temporal la Comisión de Contrataciones de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PLÁSTICO, S.A. COVEPLAST, S.A.,

SEGUNDO: En la Comisión de Contrataciones de COVEPLAST, S.A estarán designará un Secretario (a) con derecho a voz, mas no a voto.

Miembros Miembros c. I.

Área c.I.

Suplentes Principales V-6.253.661 Haydee Sosa Deyanira Ordaz V-3.226.108 Jurídica Enrique Luis Zurita V-5:219.888 Técnica V-7.354.578 José Alberto Montes Agullera De Oca Migdalia Aranda V-10.897.135 Económico/ V-5.524.439 José Celestino Méndez Jaime Rodríguez Financiero Las faltas absolutas, temporales o accidentales de los Miembros Principales serán cubiertas con su respectivo Suplentes.

TERCERO: se designa como Secretario Temporal de la Comisión de Contrataciones de COVEPLAST, S.A, al ciudadano Audio Efrain Amaro Colmenares titular de la cédula de Identidad No. V- 13.786.429, quién tendrá derecho a voz, más no a voto en las deliberaciones de la comisión y será el encargado de compilar, organizar y

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suministrar toda la información y documentación que fuese necesaría para la correcta actividad de la Comisión de Contrataciones. En ejercicio de sus funciones, levantará actas de reuniones que se lleven a cabo y de los Actos Públicos de Recepción y Aperturas de Sobres contentivos de manifestación de Voluntad, de Ofertas, así como, realizar cualquier otra labor que le sea encomendada, relacionada con la Comisión de Contrataciones.

CUARTO: La Comisión de Contrataciones de COVEPLAST, S.A., será competente para conocer, iniciar y sustanciar los procedimientos de contrataciones relacionados con la selección de contratistas para la ejecución de las obras, adquisición de bienes y prestación de servicios distintos a lo laborales y profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y su respectivo Reglamento.

QUINTO: La Comisión de Contrataciones de COVEPLAST, S.A. se constituirá válidamente con la presencia de la mayorla de los miembros Principales o de los respectivos Suplentes en caso de ausencia de los Titulares y sus decisiones serán tomadas con el voto favorable de la mayoría.

sExTO: La Contraloría General de la República, podrá designar cuando lo estime conveniente representantes para que actúen como observadores en los procedimientos de contrataciones, con derecho a voz y sin derecho a voto.

SÉPTIMO: Los miembros de la Comisión de Contrataciones de COVEPLAST, S.A., las actuaciones de la Comisión deberán guardar debida reserva de la documentación presentada, así como de los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión del procedimiento.

oCTAVO: La Comisión de Contrataciones de COVEPLAST, S.A, podrá convocar a participe en el procedimiento respectivo y con sus aportes, conocer los detalles de los requerimientos y necesidades, con derecho a voz más no a voto.

NOVENO: La Comisión de Contrataciones de COVEPLAST, S.A. deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas, su Reglamento y demás Normativas que regulen la materia.

DÉCIMO: La Comisión de Contrataciones de COVEPLAST, S.A. para la ejecución de las obras, adquisición de bienes y contratación de bienes, podrá solicitar la Asesoría de Técnicos especialistas en el área, dependiendo de la complejidad de la contratación.

DÉCIMO PRiMERO: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

COVEABASTONIO OSE NUNEZ NIEVES RLF:8-800939-9.

CORsiente de/COVEPLAST, S.A.

GacelerOnicial N°. 40.367 de 07 de marzo de 2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN República Bolivariana de:Venezuela:

Ministerio del Podes:Popularpara Ja Edecación:

Despacho del Ministro

Caracas, 24 de abril DM/N°042 de 2014.

204° y 155°

calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Ministro del Poder Popular para la Educación dicta la siguiente;

RESOLUCIÓN Artículo Único. Se designa a la ciudadana PATRICIA NATALY OSIO MORA, titular de la cédula de identidad N° V-16.890.901, DIRECTORA (Encargada) DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS, CódIgO de Nómina (33047), Código de Dependencia 1100021, adscrita a la Dirección General del Despacho del Ministro, a partir del tres (03) de febrero de 2014, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental, descansa sobre los caminos de la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República.

Comuníquese y publíquese;

HÉCTOR VICENTE RODRIGUE Ministro del Poder Popular para la

AVISO OFICIAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

La Academia Nacional de la Historia, en Junta Ordinaria del 20 de marzo y de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de la Corporación, declaró vacante el Sillón Letra “Z" por el fallecimiento del Numerario don SANTOS RODULFO CORTÉS.

Caracas, 21 de marzo de 2014

Comuníquese y publíquese.

Igrerfnd L.

HDEFONSO LEAL Director Vicedirector Secretario

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE DESPACHO DEL MINISTRO

RESOLUCIÓN N° 041/14 Quien suscribe, ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-12.731.661, designado Ministro del Poder Popular Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330,de esa misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los articulos 12, 34, 62, 77 numerales 2, 3, 22, 26 y 27 y 170, 171, 172 y 173 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, concatenado con los artículos 5 numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 del 06 de septiembre de 2002, el articulo 1 del Decreto N°140 de fecha 17 de septiembre de 1969, mediante el cual se dicta el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República de publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.311 del 09 Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 5.781 del Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.818 Extraordinario, de fecha 01 de julio de 1981.

RESUELVE:

PRIMERO: Delegar las atribuciones que aquí se señalan, en la ciudadana ELIANA TRINIDAD CHERUBINI SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N°V.- 6.877.613, en su carácter de Directora General del Despacho en calidad de Encargada del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, según consta en Resolución N° 039-14 de fecha 09 de abril de 2014 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.393 del 14 del mes y año antes mencionado, en los términos siguientes:

a) Certificar copias fotostáticas de toda la documentación, cuyos originales reposen en los archivos del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

b) Suscribir toda la documentación y actos administrativos, sin determinación decisiva, que son competencias del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

c) Autorizar todo acto de administración y disposición, cuya cuantía no exceda el equivalente a CINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (5.000 U.T.), calculado de acuerdo a las normativas vigentes y sin perjuicio de lo dispuesto en las normas

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especiales que regulan el gasto público, así como firmar cheques, giros y órdenes de pago, hasta por esa misma cantidad.

d) Aceptación de la renuncia del personal adscrito a la Dirección General del Despacho del Ministro.

SEGunDo: El Ministro del Poder Popular para el Deporte, podrá reservarse discrecionalmente la autorización y firma de algunos de los actos delegados en la presente Resolución.

TERCERO: El funcionario delegado deberá presentar mensualmente al Ministro del Poder Popular para el Deporte, una relación detallada de la documentación que hubiere fimado, en virtud de la presente delegación.

CUARTO: La documentación firmada con motivo a esta delegación, deberá indicar la fecha publicada.

QUINTO: Se deja sin efecto la Resolución N° 025, de fecha 08 de marzo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.372, del 14 de marzo de 2014.

SExTO:La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada en Caracas, Distrito Metropolitano, a los quince(15) dlas del mes de abril de dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

Comuniquese y Publiquese

ITONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS MINISTRO DELPODER POPULAR PARA EL DEPORTE Designación gpe ponata en Decreto N° 729 de fecha 00 de enero de 2014.

ubicado en la ga Ofical de ia República Bolvariana de Venezuela N° 40.330.

de ess misma fecha.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Exp. N° AP61-R-2014-000003 Mediante oficio N° TDJ-128-2014 de fecha 22 de enero de 2014, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente signado con el N° AP61-A-2011-000027, contentivo del procedimiento disciplinario seguido a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI, titular de la cédula de identidad N° V-9.291.525, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial-del Estado Nueva Espairta.:

Tal remisión se efectuó en virtud del auto dictado por el TDJ en fecha 21 de enero de 2014, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, Inspectord de Tribunales quien MENDOZA JOVER, según consta en la Resolución N° 5 de fecha 30 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.978 en fecha 3 de agosto de 2012, contra la decisión N° TDJ-SD-2013-137, publicada el día 14 de agosto de 2013, a través de la cual se ABSOLvIó DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO de todos los ilicitos disciplinarios que le fueron increpados por la Inspectoría General de :Tribunales (en lo adelante IGT), conforme a la motivación contenida en el precitado fallo.:

El 28 de enero de 2014, la Secretaría de esta Corte recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo URDD) el presente expediente constante de nueve (9) piezas, el cual quedó signado bajo el N° AP61-R- 2014-0oooo3, asimismo dejó constancia de su distribución correspondiéndole la ponencia al Juez TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, quien con tal carácter suscribe este fallo.

Recibido el expediente en esta Corte, el 6 de febrero de 2014 se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública para el décimo (10°) día de despacho siguiente, más cinco (5) días del término de la distancia, contados'a partir* de la fecha en que constara la última notificación.

Mediante escrito consignado en fecha 13 de febrero de 2014, la abogada KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales consignó la fundamentación del recurso de apelación.

En fecha 25 de febrero de 2014, el profesional del derecho JOSÉ FRANCISCO ÁVILA MARCANO, apoderado judicial de la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, consignó escrito de contestación a la formalización de la apelación, suscrito por su patrocinada.

En fecha 19 de marzo de 2014 se realizó la audiencia oral y pública, de conformidad con lo previsto en los articulos 87 y siguientes del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo adelante Código de Ética), oportunidad en la cual se emitió el respectivo pronunciamiento.

El 20 de marzo de 2014, la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, consignó diligencia ante la secretaría de esta Corte, a través de la cual solicitó le fuera concedido el beneficio de jubilación, invocando la sentencia N° 1518 de fecha 20 de julio de 2007, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En vista de la solicitud presentada por la jueza investigada, esta Corte Disciplinaria Judicial dictó auto en fecha 26 de marzo de 2014, en el cual se acordó diferir la publicación del texto íntegro de la sentencia e igualmente se acordó oficiar a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a fin de que informara a esta instancia, en un lapso que no excederá de cinco (5) días a partir de la recepción del correspondiente oficio, si de la revisión del expediente administrativo correspondiente a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, se constataba que la misma cumplirse En fecha 9 de abril de 2014, la secretaría de esta Corte dejó constancia de la recepción del-oficio N° 085-0414, suscrito por el Director Ejecutivo de la Magistratura Ing. ARGENIS CHÁVEZ, en atención a la comunicación N° CDJ-AC-00061-2014 de fecha 27 de marzo de 20.14, librada por esta alzada.

corresponde a ésta Corte Disciplinaria Judicial emitir pronunciamiento fundado, previo el análisis de las siguientes consideraciones:

1 ANTECEDENTES

En fecha 30 de junio de 2009, la IGT acordó de oficio abrir expediente administrativo signado con el N° 090271 a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, Supremo de Justicia según Oficio N° CJ-08-0309.

En fecha 27 de octubre de 2010 la IGT dictó el correspondiente acto conclusivo la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta y la aplicación de la sanción de DESTITUCIÓN, basado en las' siguientes argumentaciones:

Denunció la infracción del deber legal por los siguientes hechos: 1. Al no motivar las sentencias dictadas en las causas números OP01-R-2006-00134.

OP01-R-2006-000123 y OP01-R-2006-000193; 2. Al no aplicar la atenuante prevista en el numeral 1 del articulo 74 del Código Penal en la causa judicial OP01-R-2006-000016 y; 4. Por omitir la citación de la victima para la realización de la audiencia especial a que se refería el articulo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, ilícitos disciplinarios subsumibles en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, instrumento legal vigente para el momento de ocurrencia de los hechos.

Asimismo, denunció el abuso de autoridad en que incurrió la jueza integrante de la Corte de Apelaciones del Estado Nueva Esparta por los siguientes hechos: 1. Haber modificado de oficio los procedimiento penales ordinarios que habría de seguirse en las causas números: OP01-R-2006-91, OP01-R- 2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R-2006-148, OP01-R-2005-70, OP01-R- 2007-25, OP01-R-2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R- 2006-120, OP01-R-2006-135, OP01-R-2006-160, OP01-R-2006-78. OP01-R- 2006-125, OP01-R-2006-142 y OP01-R-2005-28, por el procedimiento declarado inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación en la causa judicial N° OP01-R-2006-000186, pese a que su presentación fue anterior al lapso previsto en la ley y: 3. Por no aplicar la atenuante prevista en el artículo 75 del Código Penal en la causa N° OP01-R-2006-000124, conductas que se tipifican en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, normativa vigente para el momento de ocurrencia de los hechos.

Por auto de fecha 4 de noviembre de 2010, la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial admitió el escrito contentivo del acto conclusivo de la investigación seguida a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOsTINI CANCINO, en el cual le imputó las faltas disciplinarias previstas en los numerales 11 y 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial y en virtud de esa admisión fijó la celebración de la audiencia oral y pública para el 10 de diciembre de 2010, siendo reprogramado la misma por auto separado para el día 21 de marzo de 2011.

En fecha 16 de septiembre de 2011 se recibió en la URDD de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial-el expediente disciplinario N° 1988-2010, constante de ocho (8) piezas, asignándole la nomenclatura AP61-A-2011-000027 y en fecha 27 de septiembre de 2011 el TD,J se abocó al conocimiento de la causa y se designó como ponente el Dr. HERNÁN PACHECHO ALVIÁREZ, fijándose a su vez un lapso para la reanudación del proceso.

En fecha 11 de eñero de 2012 el TDJ ordenó citar a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, a los fines de que presentara en un lapso de cinco (5) días de despacho, más el término de la distancia fijado en cinco (5) días continuos, su escrito de descargo.

Cumplidos los trámites procesales correspondientes el TDJ fijó, a través de auto de octubre de 2012.

En fecha 31 de octubre de 2012, se llevó a cabo la audiencia oral y pública correspondiente, acordando la reanudación de la audiencia para el día 7 de noviembre de 2012.

En fecha 7 de noviembre de. 2012, el TDJ dictó decisión en la presente causa cuyo texto íntegro fue publicado en fecha 14 de agosto de 2013, resolviendo ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciUdadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO de los siguientes ilicitos disciplinarios: 1. Infracción del deber de motivar las sentencias en las causas judiciales números AOP01-R-2006-000134, de audiencias de presentación de imputados en las causas números: OP01-R-2006- 000091. OP01-R-2006-000082, OP01-R-2006-000154, OP01-R-2006-000148, OP01- R-2005-000070, OP01-R-2007-000025, OP01-R-2006-000145, OP01-R-2006- 000065, OP01-R-2006-000115, OP01-R-2006-000120, OP01-R-2006-000135, OP01- 000142 y OP01-R-2005-000028; 3. Abuso de autoridad al declarar inadmisible el

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R-2006-000186; 4. Abuso de autoridad en la supuesta aplicación de la atenuante prevista en el articulo 75 del Código Penal en el expediente N° OP01-R-2006- 000124; 5. Abuso de autoridad al no aplicar la atenuante prevista en el numeral 1 del .articulo 70 del Código Penal en la causa N° OP01-R-2006-000194; 6. Infracción del deber de ordenar la reposición de la causa a fin de la correspondiente citación a la víctima en el expediente judicial N° OP01-R-2007-000016 y aunado a ello LEVANTÓ la medida de suspensión sin goce de sueldo que fuera dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia mediante oficio N° CJ-09-994 de fecha 10 dejados de percibir y demás remuneraciones.

/Mediante comparecencia realizada ante el TDJ en fecha 3 de octubre de 2013, la delegación del Inspector General de Tribunales, apeló de la decisión publicada el 14de agosto de 2013, lo cual ratificó en comparecencia de fecha 8 de enero de 2014 y. por auto del 21 de enero de 2014, el a quo admitió y oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto.

Il DEL FALLO APELADO

Mediante sentencia publicada el 14 de agosto de 2013, el TDJ absolvió de responsabilidad disciplinaria a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI, de varios ilicitos disciplinarios que le fueron atribuidos por la IGT, conforme a la motivación que seguidamente se expone:

El a quo resaltó que la jueza denunciada CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, las decisiones denunciadas por la IGT con ocasión a la inspección integral practicada durante los días 8, 9, 10, 11, 12 y 15 del mes de junio de 2009 en la referida Corte de Apelaciones.

En relación a la conducta desplegada por la jueza denunciada en la tramitación de las causas judiciales números OP01-R-2006-000134, OP01-R-2006-000123 y OP01- R-2006-193, el TDJ estimó que sus decisiones fueron producto de la actividad jurisdiccional, relacionados intimamente con la facultad y soberania que detentan los conocimiento, citando el contenido del articulo 4 del Código de Ética, para finalmente concluir que los hechos denunciados no se subsumían en los ilícitos disciplinarios previstos en los artículos 31, 32 y 33 eiusdem.

Por otro lado, en relación al señalamiento de abuso de autoridad cometido en las causas judiciales números: OP01-R-2006-000091. OP01-R-2006-000082, OP01-R- 2006-000154. OP01-R-2006-000148, OP01-R-2005-000070, OP01-R-2007-000025, OP01-R-2006-000145, OP01-R-2006-000065, OP01-R-2006-000115, OP01-R-2006- 000120, OP01-R-2006-000135, OP01-R-2006-000160, OP01-R-2006-000078, OP01- R-2006-000125, OP01-R-2006-000142 y OP01-R-2005-000028, en virtud que el procedimiento disciplinario acordó modificar de oficio los autos dictados por los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, cambiando la prosecución de dichas causas que habrían de seguirse por los trámites del procedimiento ordinario penal por el procedimiento abreviado, la primera instancia disciplinaria judicial señaló:

"(...) en lo que respecta al carácter abusivo del juez éste debe entenderse como una conducta generadora de daño dentro del proceso jurisdiccional llevado por el juez sometido a procedimiento disciplinario, a alguna de las partes intervinientes en dicho proceso o a algún tercero.

...(Omissis)... visto que las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta... fueron producto del estudio de las circunstancias de hecho y de derecho realizado por la jueza denunciada en cada uno de los casos en especifico, lo cual conllevó a la declaratoria de oficio del cambio de procedimiento para la prosecución del proceso, es decir, del cambio de procedimiento ordinario, por el procedimiento especial, cuya decisión fue tomada en virtud de la independencia y autonomía de los jueces y juezas de la República.

En tal sentido, estima este Tribunal que la conducta asumida por la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, en su condiCiÓn de jueza integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, en las sentencias objeto de denuncia, no fueron tomadas al margen de la ley. por lo cual no constituyeron una actividad realizada fuera del ámbito de su competencia y no ocasionaron daños dentro del proceso jurisdiccional o a las partes intervinientes.. las partes que sintieron vulnerados sus derechos con las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones ejercieron el correspondiente recurso de casación, con lo cual se garantizó el derecho a la defensa y el debido proceso.." (Negrilla del TDJ).

En este aspecto el a quo concluyó que no se configuró la falta disciplinaria de abuso* de autoridad imputada por la IGT, tal como lo establece el articulo 16 numeral 40 de la Ley de Carrera Judicial, normativa legal vigente para el momento de ocurrencia de los hechos.

En otro sentido, la recurrida sentenció respecto al abuso de autoridad en que incurrió judicial número OP01-R-2006-000186, de la siguiente manera:

"(...) A juicio de esta Instancia Disciplinaria, la decisión dictada por la alzada del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, fue producto de la interpretación juridica realizada al ordenamiento juridico, motivo por el cual . enmarcada en el. articulo 4 del Código de Ética del Juez. Venezolano y la Jueza Venezolana, que establece la independencia y autonomia de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones, pues le corresponde a los tribunales ejercer las razones de hecho y de derecho que conllevaron a la decisión tomada." Y luego de citar el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para la norma, el a quo estableció que la conducta de la jueza no se subsume en el ilicito disciplinario previsto en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial.

En otro sentido la IGT increpó a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO -haber incurrido en abuso de autoridad al aplicar la atenuante prevista en el artículo 75 del Código Penal en la causa signada con el N° OP01-R-2006-00124, relativa a la imposición de una pena que no excedía de cuatro (4) años de prisión al acusado mayor de setenta (70) años, sin que tal circunstancia se encontrara probada en autos.

Respecto a lo anterior el TDJ revisó el contenido del escrito de descargos de la jueza sometida a procedimiento disciplinario en este aspecto, asi como los pronunciamientos emitidos en votos salvados relativos a la sentencia de fecha 26 de abril de 2007 (Exp. 07-000003) por los Magistrados BLANCA ROSA MÁRMOL DE. LEÓN y HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, integrantes de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, destacando criterios según los discutir la debe probarlo y la duda beneficia al reo, atendiendo al principio del indubio pro reo.

En este sentido, la primera instancia disciplinaria judicial determinó que no podía considerar que la conducta desarrollada por la jueza investigada en la decisión dictada en la causa judicial N° OP01-R-2006-000124. configurar a el ilícito disciplinario previsto en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial.

En quinto lugar, la sentencia recurrida estimó que la conducta desplegada por la procesada en la tramitación de la causa judicial N° OP01-R-2006-000194, no encuadró en la falta disciplinaria establecida en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial que la IGT denominó infracción del deber de aplicar la se fundamentó en sentencias dictadas por las diferentes Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencias Nros. 0106 del 23/02/2001 y 52 del 13/03/2005, ambas de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia) de cuyo contenido se desprende el criterio según el cual el numeral 4 del artículo 74 del Código Penal resulta de aplicación facultativa para los jueces penales y señaló En lo que concierne a la denuncia de IGT relativa a la infracción del deber de ordenar la reposición de la causa N° OP01-R-2006-000016, a fin de citar a la víctima para que-pudiera debatir en audiencia los fundamentos de la solicitud de sobreseimiento y garantizar con ello sus derechos, el TDJ observó que la Alzada integrada por la ciudadaná CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, basó la inadmisibilidad de la acción de amparo ejercida por la victima en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, asi como en las sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que se enumeran: N° 1688 del 18 de julio de 2002, N° 3137 del 6 de diciembre de 2002, N° 128 del 13 de febrero de 2004 y N° 3914 del 7 de diciembre de 2005 e indicó que el vicio no subsanable fue ocasionado por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta y el" mismo no podía ser imputable a la jueza investigada, quien producto de la potestad jurisdiccional que ostentaba estimó que el presunto agraviado tuvo la oportunidad procesal de haber agotado la via ordinaria con el ejercicio de los medios legales de impugnación contra la decisión que le resultó desfavorable, todo lo cual conllevó a falta prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial.

Finalmente, al declarar la absolución de la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCiNO se levantó la medida de suspensión sin goce de sueldo dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, ordenándose la reincorporación de la misma al cargo que poseía y el pago de los sueldos dejados de percibir y demás remuneraciones.

III FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

En fecha 13 de febrero de 2014 la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial recibió escrito de formalización de la apelación presentado por la profesional del derecho KATHERINE- CASELLAS JIMÉNEZ, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, en contra de la sentencia publicada por el TDJ en fecha 14 de agosto de 2013, en el expediente seguido a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO y en é! se aprecia lo siguiente:

En primer lugar, la recurrente alega el vicio de contradicción en la motivación relacionado al abuso de autoridad que fue increpado a la jueza por la decisión de declarar la inadmisibilidad por extemporaneidad del recurso de apelación de la causa judicial N° OP01-R-2006-186, ya que por una parte, la decisión apelada señala que el pronunciamiento de la jueza fue producto de la interpretación juridica que efectuó conforme al articulo 437 del Código Orgánico Procesal Penal y en virtud de ello estableció que no podía entrar a juzgar dicha conducta conforme al artículo 4 del Código de Ética y, contrariamente, entró a analizar la conducta de la misma cuando se pronunció sobre los elementos configuradores del abuso de autoridad, en razón de lo cual solicita la nulidad de la recurrida y que esta alzada se pronuncie sobre la mencionada imputación realizada por la IGT.

Como segundo punto de apelación, la IGT denunció que la recurrida no resolvió el HELENA AGOSTINI CANCINO, en la tramitación de la causa N° OP01-R-2006- 00124, incurrió en abuso de autoridad al acordar la atenuante prevista en el artículo edad del condenado, ello supone, a juicio de la apelante, una actuación carente de base legal, arbitraria y desproporcionada y que además acarreó la nulidad declarada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a través de sentencia N° 179 de fecha 26 de abril de 2007.

interpretación de la norma en tres vertientes:

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2006-00123 y AP01-R-2006-00193 indicó:

"(...) al absolver a la jueza de la imputación de haber infringido el deber legal de motivar las sentencias dictadas, por considerar que las decisiones por ella suscritas como integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, fueron producto de su actividad netamente jurisdiccional, no aplicando en todo su contenido y alcance el

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articulo 4 del Código de Ética del juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que en parte in fine establece la potestad del Organo Disciplinario para examinar la idoneidad y excelencia del juez, sin que ello se entienda como una intervención indebida en la actividad jurisdiccional, de alli el error que incurrió en su interpretación...

No se trata en cada caso que se pretenda que un juez decida de una,forma u.

otra, pues esa sl sería una intromisión en su esfera jurisdiccional, sino que cumpla en.cada decisión que dicte, sea cual fuere su dispositivo, con el deber insoslayable de todo administrador de justicia, de garantizar decisiones debidamente razonadas y motivadas que expliquen clara y certeramente dispositivo del fallo..." (Negrillas y subrayado de la apelante).

2. Con relación al abuso de autoridad que la IGT le atribuyó a la jueza denunciada tanto en la tramitación del expediente judicial N° OP01-R-2006-00124, por haber aplicado la atenuante prevista en el articulo 75 del Código Penal, sin que estuviera demostrado la edad del imputado en un delito de Transporte de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, como en los asuntos penales números: OP01-R-2006-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R-2006- 148, OP01-R-2005-70, OP01-R-2007-25, OP01-R-2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R-2006-120, OP01-R-2006-135, OP01-R-2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R-2006-125, OP01-R-2006-142 y OP01-R-2005-28, enlos cuales oficiosamente se modificó el procedimiento de ordinario a abreviado, el escrito de formalización señaló:

"(...) la recurrida absolvió a la jueza de la falta imputada al considerar que no interpretación de la.norma, respecto al contenido y alcance del articuio 40 numeral 16 de la Lay de Carrera Judicial (hoy previsto 33,14 CEJVJV). y (sic) de la jurisprudencia pacifica y reiterada de la Sala Polltico Administrativa de nuestro máximo Tribunal...

En el caso, del. expediente OP01-R-2006-124, de haber interpretado correctamente el articulo 40.16 de la Ley de Carrera Judicial.. hubiese determinado la concurrencia de los extremos del abuso de autoridad... pues sin que exista prueba fehaciente de la edad del condenado...

Asimismo en el caso de los expedientes OP01-R-2006-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R-2006-148, OP01-R-2005-70, OP01-R-2007-25, - OP01-R-2005-145 (sic), OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R-2006- 120, OP01-R-2008-135 (sic), OP01-R2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R- 2006-125, OP01-R-2006-142 y OP01-R-2005-28, de haber interpretado señalados, la recurrida hubiese determinado la carencia de base legal en la actuación desplegada por la jueza. pues independientemente de tratarse de recursos de apelación conocidos por la Corte de Apelaciones a su cargo, no le estaba dado pronunciarse sobre aspectos no solicitados ni impugnados por oficio', el cambio de procedimiento ordenado por el FMP y acordado por el Juez de Control, infringiendo los articulos 373, 374 del Código Orgánico Procesal Penal, además del art. 441 eiusdem..."

Respecto al análisis del expediente judicial OP01-R-2006-000194, en el que 3.

IGT le imputó a la Jueza el haber infringido el deber legal de aplicar la atenuante prevista en el numeral 1 del articulo 74 del Código Penal, la recurrente expresó:

"(...) en razón de la edad del condenado... incurre la recurrida en error de interpretación de la norma precedentemente señalada, al absolver a la jueza de la falta imputada por considerar que la Corte de Apelaciones habia decidido conforme a criterios jurisprudenciales emanados de la Sala de casación Penal del TSJ, los que transcribió parcialmente (Cfr. Sent. 0106 del 23/2/2001 y N° 52 del 13/3/2005), siendo que las sentencias indicadas tratan de la atenuante del ordinal 4° del Art. (Sic) 74, y (sic) no de la atenuante del ordinal 1° (sic)." Un cuarto motivo de apelación, lo constituye un supuesto error de derecho en que el análisis efectuado por el TDJ relacionado con las causas OP01-R-2006-91, OP01- R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R-2006-148, OP01-R-2005-70, OP01-R-2007- 25. OP01-R-2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R-2006-120, OP01-R-2006-135, OP01-R2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R-2006-125, OP01-R- las Cortes para conocer los recursos de apelaciones en materia penal) para establecer que la referida Corte tenía el dęber de conocer las causas e incidencias decididas por los tribunales de primera instancia, concluyendo que no se daban los extremos del abuso de autoridad, pues tales decisiones no se tomaron al margen de la ley, no fueron actividades realizadas fuera del margen de su competencia y que no ocasionaron daños en el proceso jurisdiccional y para quien recurre tal normativa no es aplicable al caso, pues no se cuestiona la competencia material que corresponde a la Corte de Apelaciones del Estado Nueva Esparta, lo que se planteaba era que con tales decisiones se infringió el marco legal que limitaba su actuación, de acuerdo al contenido de los artículos 373 y 374 del Código Orgánico Procesal Penal.

la recurrida sea anulada y se dicte una decisión con base a los elementos probatorios contenidos en el expediente y de acuerdo a los hechos imputados.

Asimismo requiere la revisión de oficio de la decisión apelada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 in fine del Código de Ética.

IV DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN

En fecha 25 de febrero de 2014 la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial recibe escrito de contestación formal al recurso de apelación presentado por la profesional del derecho KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, suscrito por la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, el cual se fundamentó en las siguientes razones de hecho y de derecho:

Respecto al vicio de contradicción en la motivación de la recurrida relacionada al expediente judicial N° OP01-R-2006-186 solicitó la declaratoria sin lugar del recurso interpuesto bajo los siguientes argumentos:

"(...) el Tribunal Disciplinario judicial consideró, que no estaban acreditados invocada por el órgano inquisidor, sencillamente porque los supuestos de de sustento legal y actividad abusiva, desproporcionada e injustificada) no contraposición, lo que sl quedó fehacientemente comprobado es que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, garantizó siempre el derecho a la defensa de las partes, el uso de los recursos de impugnación contra sus decisiones, y (sic) dio cumplimiento efectivo a las sentencias provenientes del Alto Tribunal de la República." Más adelante, la parte contrarrecurrente en su escrito de contestación expresa en relación con la causa judicial N° OP01-R-200600124 que se trató de la emisión de un imponerse a un ciudadano mayor de 72 años de edad, tomando como base el TIDeg.

entonces también podria plantearse abuso de autoridad el criterio de dos, votos- Corte de Apelaciones.

Por otro lado, respecto a la errónea interpretación de la norma contenida en el artículo 4 del Código de Ética en que presuntamente incurrió el TDJ por considerar que la omisión de motivar las sentencias de las causas números 00134, 00123 y 00193, es un aspecto jurisdiccional, la, ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO expresó:

"(...) Vale destacar que, las decisiones de los expedientes 134, 123 y 193, por los cuales la recurrente pretende subvertir el proceso, y (sic) juzgarme por supuestas 'faltas' que la impugnante aspira sean suficientes para declarar mi falta de idoneidad. Asl, explique profusamente en el juicio, el método de trabajo en un tribunal colegiado, explique que en ninguna de las doce (12) ponente... sin embargo, la representación de la Inspectorla, insiste en que debo ser destituida, utilizando un razonamiento juridico propio de la abominable heredia juridica, utilizado en el antiguo Tribunal de la Inquisición, para lograr por cualquier medio y bajo cualquier argumento, la condena del acusado." Cor relación al abuso de autoridad cometido al decidir las causas Nros. OP01-R- 2096-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R-2006-148, OP01-R-2005-70, ©P01-R-2007-25, OP01-R-2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R- 2006-120, OP01-R-2006-135, OP01-R-2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R-2006- 125, OP01-R-2006-142y OP01-R-2005-28, la jueza sometida a procedimiento precisó que acertadamente el TDJ consideró que no estaban acreditados los órgano inquisidor, por lo que pidió se declarara sin lugar el recurso interpuesto por tal motivo.

En lo que concierne al alegato esbozado en torno a la causa judicial N° OP01-R-_ 2006-000194, la jueza denunciada otorgó plena validez a los principios de autonomía e independencia de los jueces, así como la afirmación que la sentencia cuestionada era producto de la libre y autónoma actividad jurisdiccional, en los cuales se basó la sentencia recurrida para absolver la y en virtud de ello, solicitó la declaratoria sin lugar del recurso de apelación ejercido.

Por otra parte, señaló el escrito de contestación que la recurrente no indicó cuáles articulos o normas se infringieron con el supuesto error de derecho atribuido en atención a los razonamientos de la sentencia apelada acerca de la modificación de oficio en causas que no llenaban los extremos para ser ventilados por la vía del juicio ordinario dicha y manifestó:

"(...) obvia la recurrente, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela obliga al juez a aplicar el control judicial, en caso de violación de derechos humanos, como ocurra con los imputados a quienes el Ministerio Público, sin darse las circunstancias exigidas en la ley, imputada un hecho flagrante pero solicitaba la via ordinaria para tener tiempo de 'investigar. Ante Ministerio Público, el juez debe pronunciarse, procurando salvaguardar derechos constitucionales..." Por:-to antes transcrito la contrarrecurrente solicitó desechar el supuesto error de derecho denunciado.

Pos @itimo, expresa que la solicitud de nulidad absoluta pretendida por la recurrente Administración Pública, sin antecedentes disciplinarios; además del ejercicio durante 6 años ininterrumpidos como integrante de la Corte de Apelaciones y de la Sala Especial con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, Presidenta del Circuito Judicial Penal, Jueza Rectora y desde abril de 2006 Conjueza_ de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y solicità se declare SIN LUGAR la apelación incoada por la IGT.

V DE LA COMPETENCIA

Debe esta Corte Disciplinaria Judicial establecer su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y al respecto observa:

El artículo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben:

Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano do Alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación" del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y la Jueza venezolana.

Del análisis de las actuaciones que integran el presente expediente, se puede constatar que la profesional del derecho KATHERINE CASELLAS JIMÈNEZ, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, apeló del fallo

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definitivo publicado por el TDJ en fecha 14 de agosto de 2013, mediante el cual se absolvió de responsabilidad disciplinaria a la jueza denunciada. En tal sentido, esta Alzada verifica que, efectivamente, se trata de un recurso de apelación ejercido contra sentencia definitiva, razón por la cual declara su competencia para conocer el presente asunto. Así se declara.

VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La recurrente fundamentó su escrito de apelación distinguiendo cuatro denuncias, las . cuales serán resueltas tal como sigue:

De entrada alegó el vicio de contradicción en la motivación relacionada al abuso de autoridad que fue increpado a la jueza denunciada por la decisión de declarar la inadmisibilidad por extemporaneidad del recurso de apelación en la causa judicial N° OP01-R-2006-186, ya que por una parte, la decisión apelada señala que su. pronunciamiento fue producto de la interpretación jurídica que efectuó conforme al artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal y producto de ello estableció que no podía entrar a juzgar dicha conducta conforme al articulo 4 del Código de Ética y, contrariamente, entró a analizar la conducta de la jueza cuando se pronunció sóbre, los elementos configuradores del abuso de autoridad, en razón de lo cual solicita la nulidad de la recurrida y que esta alzada se pronuncie sobre la mencionada imputación realizada por la IGT.

En este sentido, es menester para esta Corte Disciplinaria Judicial acudir a la La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, consiste en:

"(...) En relación al vicio de contradicción, esta Sala de Casación Civil se pronunció en sentencia N° 18 de fecha 28 de enero de 2009, (caso:

Magdalena de González y otra contra Nicolai Machuca), expediente N° 08- 265, estableciendo lo siguiente:

...Sobre estos particulares, resulta necesario en primer término, reiterar en esta oportunidad, doctrina inveterada de esta Sala que respecto al vicio de contradicción previsto en el articulo 244 del Código de Procedimiento Civil, ha señalado que la misma debe estar contenida en el dispositivo del fallo, de lo cual resultaría que la sentencia no pueda ejecutarse o no incompatibilidad entre los motivos y lo dispositivo; mucho menos si la contradiccióntiene lugar solo en la parte motiva del fallo.

En conclusión, el vicio de contradicción (articulo 244 del Código de.

Procedimiento Civil), sólo existe cuando los diferentes dispositivos del fallo sean de tal modo inconciliables, que se haga imposible su ejecución, o lo decidido sea ininteligible, pues la incompatibilidad entre los motivos y lo decidido, no constituye el vicio de contradicción previsto en el articulo 244 del Código de Procedimiento Civil, alegado por los recurrentes en infracción del ordinal 4° del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil...

De acuerdo con'el criterio antes citado, el cual se ratifica en esta oportunidad.

para que se cohfigure la contradicción en el dispositivo. y de motivo a la nulidad de la sentencia recurrida, la contradicción debe ser de tal entidad que haga imposible su ejecución: o que conlleve una absoluta incertidumbre sobre su obieto, de manera que no se pueda determinar el alcance de la cosa juzgada." (Negrillas de la Sala) (Sala de Casación Civil, 17 de febrero de 2012.

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ. Expediente N° 2011-000582). (Subrayado de esta Corte Disciplinaria Judicial) Para reforzar el criterio anteriormente esbozado, tramos a colación la doctrina del autor RIVERA MORALES, RODRIGO (2009), en su libro titulado "Recursos Procesales Penales y Civiles". quien afirma que la motivación contradictoria tienelugar cuando:

"(...) los argumentos se destruyen entre sl, cuando se afirma un juicio pero se concluye en contrario, o cuando se aplican argumentos jurídicos contrarios entre si, así por ejemplo, comprende aquellos casos en los que la motivación se realiza a favor de una de las partes, y sin embargo se acaba fallando en su contra, o bien si la argumentación es contradictoria de manera que se eliminan los argumentos de la motivación entre sí, con el resultado de que la sentencia carezca de ratio decidendi." (p. 611).

De lo anterior se deduce que la motivación contradictoria supone que los dispositivos del fallo sean inconciliables, la falta de coherencia entre los argumentos de una sentencia o bien, cuando se afirma un juicio pero se concluye en contrario o cuando se aplican argumentos jurídicos-que se destruyen entre si, al punto de llegar a una inmotivación. En el caso de marras el TDJ estableció respecto a la conducta asumida por la jueza al declarar la inadmisibilidad por extemporaneidad en la causa judicial N° OP01-R-2006-186 que:

"(...) A juicio de esta Instancia Disciplinaria, la decisión dictada por la alzada del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta fue producto de la interpretación juridica realizada al ordenamiento jurídico, motivo por el cual no puede entrar.a juzgar dicha conducta que se encuentra enmarcada en el articulo 4 del Código de Etica...

Adicionalmente, considera este Tribunal que en la decisión dictada en la causa judicial Nro. OP01-R-2006-000186, dictada por el Tribunal de Alzada, no se configuró la concurrencia de los dos supuestos generadores del ilicito_ disciplinario de abuso de autoridad denunciado por la Inspectoría General de Tribunales, vale decir, la total carencia de base legal y la actividad abusiva por parte del juez que conoce la causa..." Tribunal Colegiado, del que formaba parte la. jueza denunciada, fue producto de la interpretación juridica realizada a la norma y en vista de ello, determinó que no podía entrar a juzgar una conducta enmarcada en el articulo 4 del Código de Ética, no obstante, entró à revisar los elementos configuradores del ilicito atribuido por la IGT como abuso de autoridad y concluyó que el mismo no se configuraba en este caso.

absolutorio de responsabilidad disciplinaria que le fue declarado en primera instancia a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO.

En razón de lo anterior, esta alzada estima que no le asiste la razón a la parte recurrente al denunciar la supuesta existencia del vicio de contradicción de la

sentencia respecto al pronunciamiento relacionado a la causa judicial N° QP01-R-. 2006-000186, ya que el TDJ realizó afirmaciones que le llevaron a un pronunciamiento congruente, en consecuencia, se declara improcedente la denuncia relativa a este punto. Y así se establece.

Como segundo punto de apelación, la IGT denunció que la recurrida no resolvió el hecho de que la Corte de Apelaciones integrada por la ciudadana CRISTINA HELENA AGO$TINI CANCINO al decidir la causa N° OP01-R-2006-00124, incurrió en abuso de autoridad por acordar la atenuante prevista en el articulo 75 del Código expediente, ello supone, a juicio de la apelante, una actuación carente de base legal. arbitraria y desproporcionada y que además acarreó la nulidad declarada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a través de sentencia N° 179 de fecha 26 de abril de 2007.

Esta Corte Disciplinaria Judicial acogiéndose al principio iura novit curia debe entender que el segundo punto impugnado pretende denunciar la incongruencia omisiva o también denominada incongruencia negativa del a quo, entendida por la doctrina como la omisión o no resolución del fallo apelado acerca de algunas de las pretensiones o defensas expresadas por las partes, en concreto, la IGT denuncia la falta de resolución del presunto abuso de autoridad en que incurrió la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINO CANCINI al acordar la atenuante prevista en el articulo 75 del Código Penal sin que la edad del condenado estuviese debidamente demostrada en el expediente N° OP01-R-2006-00124 (nomenclatura de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta).

En este sentido, aprecia este órgano jurisdiccional de alzada que el TDJ, luego de citar parte del escrito de descargos de la jueza investigada, cursante a los folios 64 al 116 de la pieza N° 8 de la causa disciplinaria y algunos extractos de votos salvados que constan en la sentencia N° 179 de fecha 26 de abril de 2007. proferida por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que: "(..) la jueza en su condición de integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, actuó conforme al mandato constitucional establecido en el articulo 253.. y correspondía en todo caso al quejoso probar desvirtuar la presunción de buena fe en relación a la edad del ciudadano Julio Larrea Lizcano" por lo que finalizó considerando que con la conducta asumida por la jueza no hubo arbitrariedad, desproporcionalidad o carencia de base legal, pues se dejó ver su conducta enmarcada en la norma penal y en criterios jurisprudenciales, con lo cual se dictaminó que no concurrieron los supuestos de hecho para establecer la falta disciplinaria de abuso de autoridad.

/ .~

Corolario de lo antes expuesto esta Corte Disciplinaria Judicial deja sentado que el Tribunal a quo si cumplió con su deber de pronunciarse motivadamente acerca de las razones que le llevaron a absolver de responsabilidad disciplinaria a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINO CANCINO del ilícito disciplinario de abuso de autoridad, por ende, esta alzada debe desechar la denuncia relativa a la incongruencia negativa del fallo. Y asi se decide.

3 E un tercer aspecto, la recurrente delata error de juzgamiento por la errónea interpretación de la norma respecto a los expedientes judiciales números AP01-R- 2006-00134, AP01-R-2006-00123 y AP01-R-2006-00193 indicó gue el a quo no aplicó el contenido. y alcance total del articulo 4 del Código de Ética, pues debió observar que en la parte in fine se señala la potestad del Organo Disciplinario para examinar la idoneidad y excelencia del juez, sin que ello se entienda como una_ intervención indebida en la actividad jurisdiccional, indicando además que no se trata en cada caso que se-pretenda que un juez decida de una forma u otra, sino que cumpla en cada decisión que dicte, con el deber de todo administrador de justicia de garantizar decisiones debidamente razonadas y motivadas que expliquen clara y argumentadas.

CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO relativa al hecho de "(...) [haber incumplido] el deber de motivar las sentencias dictadas en las causas judiciales Nros. OP01-R-2006-000134, OP0.1-R-2006-000123, OP01-R-2006-000193" ilícito disciplinario mejor conocido como "infracción de ley" que se encontraba previsto en el articulo 40 numeral 11 de la derogada Ley de Carrera Judicial.

En primer término esta instancia disciplinaria judicial debe dejar claramente justicia siempre se encuentran estrechamente vinculadas a las causales quecevestidos de autonomia e independencia, ello no implica que puedan actuar en desacato de las obligaciones que son propias de su investidura judicial, es ésa la lectura que debe dársele al contenido del articulo 4 del Código de Ética, por lo que el TDJ incurrió en un error de interpretación de la referida norma.

Determinado como ha sido el error de interpretación del artículo 4 del Código de Etica en que incurrió el TDJ, corresponde ahora precisar si la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, integrada por la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, incurrió en una conducta disciplinariamente reprochable al emitir pronunciamiento en las causas Nros. OP01- R-2006-000134, OP01-R-2006-000123 y OP01-R-2006-000193.

De la revisión efectuada a todas las actas que conforman el presente expediente 216 al 243 de la pieza N° 1, 37 al 53 de la pieza N° 5 y 74 al 111 de la pieza N° 5, respectivamente, constatado que la jueza sometida a procedimiento 'realizó una" motivación sucinta en cada uno de tales asuntos.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha expresado:

...La Sala ha establecido por lo menos desde 1906, que la inmotivación consiste 3 en la falta absoluta de fundamentos; que los motivos exiguos o escasos, o la motivación errada no configura el vicio de inmotivación (..) y no se puede errados. Se necesitaria que se tratara de una carencia absoluta de fundamentos, o que todos fuesen falsos, ya que según doctrina y jurisprudencia corriente bastaría que uno al menos fuese bastante para sostener la parte

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dispositiva ..." (Sentencia N° 1397 del 17-07-2006, ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz). (Negrillas de esta Corte).

En consonancia con lo anterior la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Magistrado Alfonso Valbuena Cordero dictaminó: "(...) Ahora bien, en cuanto al vicio que se le endilga a la sentencia cuya impugnación se pretende, ha sido reiterada la doctrina de la Sala en cuanto a que la motivación exigua o errónea no constituye absoluto de fundamentos, por lo cual, no debe confundirse la exiglidad de la motivación con la falta de motivos." Así las cosas, en criterio de instancia disciplinaria judicial el ilicito referido a "infracción del deber legal"no se encuentra configurado en el presente caso, en vista que la jueza denunciada si cumplió con el deber legal de motivar sus decisiones, aunque de forma sucinta y una motivación exigua, tal como ha sido un criterio constituye inmotivación.

En este aspecto la IGT subsumió la conducta de la jueza denunciada en la normativa disciplinaria vigente en el ilicito referido a descuido injustificado que, en su criterio, 23 del Código de Ética que reza asi:

"Articulo 33. Son causales de destitución:

(...Omissis...) 23. Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que-con ello-.

se menoscaben derechos o garantias fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva". (Negrilla y subrayado de esta Corte Disciplinaria Judicial).

El contenido normativo antes citado ha permitido a esta alzada establecer que la de una actuación u omisión injustificada, bien sea en la tramitación de los procesos o en la tramitación de cualquier diligencia, es decir, el ilicito disciplinario descrito se encuentra asociado al trámite procedimental de la causa. (Vid. Sentencia N° 2 de esta Corte Disciplinaria Judicial de fecha 17/01/2013).

Al respecto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define trámite (con respecto a la tramitación de los procesos o diligencias) como: "Cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta su conclusión" y proceso como: "Der. Agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal. /Der. Causa criminal." De ahi es posible determinar que lo que el legislador sancionó disciplinariamente en la mencionada causal fue la conducta de los jueces o juezas que injustificadamente retarden los procesos judiciales odescuiden el trámite procedimental de un asunto judicial, como por ejemplo aquellos relacionados con: la remisión de actuaciones, la elaboración de cómputos de lapsos procesales, las resoluciones de mero trámite, las órdenes de librar oficios o boletas de citación y/o notificaciones, entre otros, siempre que con tales descuidos/se correspondiente proceso, entendida ésta como el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la defensa.

( En el caso que nos ocupa, la IGT pretende subsumir el supuesto incumplimiento del deber de motivar las sentencias en el precepto descrito por el artículo 33 numeral 23 del Código de Ética y ello, en opinión de esta Corte Disciplinaria Judicial, no encuentra una perfecta adecuación típica con la conducta que el legislador sanciona, por lo que tal argumento debe ser desechado y al haberse determinado la existencia de una motivación sucinta en las decisiones cursantes en las causas judiciales números OP01-R-2006-000134. OP01-R-2006-000123 y OP01-R-2006-000193, es posible concluir que tales. pronunciamientos no comportan una conducta disciplinariamente reprochable.

/En consecuencia, esta Corte Disciplinaria Judicial declara SIN LUGAR la tercera denuncia presentada por la IGT en su escrito de formalización de la apelación. Y así se decide.

Por otra parte, adujo la recurrente errónea interpretación de la norma contenida en el articulo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial, pues de haber interpretado correctamente la recurrida dicha norma se habría determinado la concurrencia de los extremos del abuso de autoridad en la decisión proferida en el expediente judicial N° OP01-R-2006-00124, indicando además la inexistencia de norma legal que autorice a los jueces a conceder rebajas de pena sin que exista prueba fehaciente de la edad del condenado.

El artículo referido por la parte recurrente tipifica el abuso o exceso de autoridad como causal de destitución, hoy previsto y sancionado en el artículo 33 numeral 14 del Código de Ética. En este orden de ideas, tal y como ha sido establecido en el desarrollo de la presente sentencia, para que se configure el abuso de autoridad deben concurrir: 1. Carencia de base legal y 2. Actividad abusiva, esto significa que deberes legales que debe poner en evidencia su inidoneidad para ocupar el cargo de juez.

En la decisión asociada a la causa judicial N° OP01-R-2006-00124, la jueza _CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, como integrante de la Corte de : Apelaciones del estado Nueva Esparta, acordó imponer una pena que no excedía de cuatro (4) años al tratarse de un acusado mayor de setenta (70) años de edad, ello obedeció a la aplicación de la disposición contenida en el articulo 75 del Código Penal, cuyo tenor es el siguiente: "Al que ejecuta un hecho punible, siendo mayor de setenta años, no se le impondrá pena de presidio, sino que en lugar de ésta y la de prisión se aplicará la de arresto que no excederá de cuatro años" (subrayado las actuaciones cursantes en el expediente original, de las cuales se desprendía lo siguiente: "ACUSADO: JULIO LARREA LIZCANO, quien es colombiano, natural de Santa Marta, nacido en fecha 17 de Septiembre de 1933, de 72 años de edad, de oficio chofer, titular de la Cédula de Identidad N° E-82.249.379, de tránsito en este Estado, residenciado en sector La Lagunita, vía El Espinal Posada de Daysi Montilla, Municipio Diaz de este Estado". lo que le permitió apreciar a la Corte de Apelaciones que el acusado contaba con setenta y dos (72) años de edad para el momento de ocurrencia de los hechos, tal como lo afirmó la jueza contrarrecurrente en su escrito de contestación a la apelación, en donde además aseveró que en la oportunidad de demostrativos de la edad del acusado aparecían incompletos, todo lo cual permite procedimiento.

Al revisar las actas procesales, esta instancia disciplinaria observa que le asiste la razón a la jueza sometida a procedimiento, en cuanto a que el imputado de la causa judicial OP01-R-2006-00124 expresó que contaba con setenta y dos (72) años de edad y nació en fecha 17 de septiembre de 1933. (Véase acta de presentación del imputado levantada por el Tribunal de Control).

Sumado a lo anteriormente apreciado por esta Corte Disciplinaria Judicial, se constata que los Magistrados integrantes de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al conocer sobre el recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por la Corte que integrada la hoy sometida a procedimiento, no mantuvieron un criterio unánime en la apreciación de los hechos y el derecho aplicado al caso en concreto, de hecho, tres (3) de los cinco (5) magistrados de la referida Sala refirieron que la Corte había errado en la aplicación de la circunstancia atenuante por cuanto la edad del imputado no se encontraba demostrada en'autos," mientras que el resto del pleno explicó que los dichos del imputado debían tenerse del derecho constitucional a la presunción de inocencia. (Vid. sentencia N° 179 de fecha 26 de abril de 2007, caso: Julio Larrea Lizcano).

Conforme a ello, si bien resulta incuestionable que la Corte de Apelaciones resolvió la aplicación de una circunstancia atenuante de la pena sin que de los autos se tener el imputado, a criterio de esta Alzada la actuación de la hoy sometida a procedimiento no resulta disciplinariamente reprochable por cuanto el hecho afirmado (la edad del imputado) no devino de una consideración arbitraria o ficticia por parte del Cuerpo Colegiado, máxime cuando los dichos del imputados debían tenerse como ciertos en virtud de la preeminencia del principio in rubio pro reo, así De tal manera que esta Corte comparte el criterio empleado por el a quo para. determinar que la conducta desarrollada por la jueza denunciada no constituía un abuso de autoridad, especialmente cuando esta alzada estima que la interpretación desplegada por la Corte de Apelaciones tiene asidero legal y constitucional, pudiendo desproporcionada e injustificada. En consecuencia, se declara Improcedento la presente denuncia. Y asi se establece.

De la misma manera, la abogada KATHERINE CASELLLAS JIMÉNEZ, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, indicó errónea interpretaciónî. de la norma prevista en el articulo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial, respecto a la revisión de la conducta de la jueza denunciada en la tramitación de los expedientes Nros. OP01-R-2006-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R- 2006-148, OP01-R-2005-70, OP01-R-2007-25, OP01-R-2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R-2006-120, OP01-R-2006-135, OP01-R2006-160, OP01- R-2006-78, OP01-R-2006-125, OP01-R-2006-142 y OP01-R-2005-28, señalando que de haber interpretado correctamente tanto la norma como los criterios, pacíficos y. reiterados proferidos por el Tribunal Supremo de Justicia, la recurrida hubiese independientemente de tratarse de recursos de apelación conocidos por la Corte de Apelaciones a su cargo, no le estaba dado pronunciarse sobre aspectos no solicitados ni impugnados por las partes, desplegando así una conducta abusiva y Público y acordado por el Juez de Control, infringiendo los artículos 373, 374 y 441, todos del Código Orgánico Procesal Penal, además indicó que no se cuestionó la competencia material que corresponde a la Corte de Apelaciones del Estado Nueva, Esparta, lo que se planteó era que con tales decisiones se infringió el marco legal. que limitaba su actuación.

A efectos de resolver la presente denuncia, se hace necesario para esta corte Disciplinaria Judicial acudir al criterio pacifico y reiterado que, en relación al vico de errónea interpretación de una norma jurídica, ha sostenido el máximo Tribural de Justicia y así se aprecia:

"(..) Este Alto Tribunal ha sostenido de manera pacifica y reiterada, que el error de interpretación de una norma jurídica se produce cuando el Juez, en su labor-.

sentenciadora, pese a haber elegido la disposición apropiada para solucionar el conflicto surgido entre las partes, yerra al determinar su verdadero sentido y alcance "haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido". (Vid. Sentencia N° 079, de fecha de fecha 31 de marzo de 2005, reiterada Comunicaciones, C.A. contra Rinsal C.A. y otra.).

De lo antes expuesto, se deduce que la interpretación errónea comprende, tanto los errores de interpretación en los que puede incurrir el juez, en lo que se refiere a la hipótesis abstractamente prevista en la norma, como la determinación de sus consecuencias legales, es decir, el juez habiendo elegido acertadamente una norma yerra al interpretar la en su alcance general y abstracto.

3.

Así, existe error en la interpretación de la ley en todos los casos en que, no haciéndose derivar de ella consecuencias que no concuerdan en su contenido." (Sala de Casación Civil del TSJ. 3/10/2013. Exp. N° AA20-C-2013-000273). (Negrillas de esta Corte).

Por tanto, un juzgador incurre en errónea interpretación de una norma jurídica al determinar equivocadamente el sentido y alcance de una norma, pese a haber elegido la disposición apropiada para la solución del asunto.

En este mismo orden de ideas, se extrae del contenido del fallo apelado (folios vto. 71 y 72 de la pieza N° 9) las siguientes consideraciones:

"(...) visto que las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta... fueron producto del estudio de las circunstancias de especifico, lo cual conllevó a la declaratoria de oficio del cambio de procedimiento para la prosecución del proceso, es decir, del cambio de procedimiento ordinario, por el procedimiento especial, cuya decisión fue tomada en virtud de la independencia y autonomia de los jueces y juezas de la República.

En tal sentido, estima este: Tribunal que la conducta asumida por la ciudadana Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, en las sentencias objeto de denuncia, no fueron tomadas al margen de la ley, por lo cual no constituyeron una actividad realizada fuera del ámbito de su competencia y no ocasionaron daños dentro del proceso jurisdiccional o a las partes intervinientes, ya que las decisiones fueron tomadas en base a lo alegado y probado en autos, tomando en cuenta las reglas de la sana crítica...

En consecuencia, a juicio de este Tribunal Disciplinario Judicial, 1a conducta autoridad..." (Negrillas del TDJ).

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falta disciplinaria de abuso de autoridad, pues en su criterio, las sentencias objeto de investigación disciplinaria no fueron tomadas al margen de la ley, no constituyeron una actividad realizada fuera del ámbito de competencia de la jueza sometida a procedimiento y no ocasionaron daños dentro del proceso jurisdiccional.

Para lograr determinar si hubo o no una errónea interpretación del ilicito disciplinario de abuso de autoridad tipificado en el articulo 16 numeral 40 de la derogada Ley de Carrera Judicial, hoy previsto y sancionado en el articulo 33 numeral 14 del Código de Ética, con respecto a la conducta desplegada por la jueza CRISTiNA HELENA AGOSTINI CANCINO, como integrante de la Corte de Apelaciones del Estado Nueva Esparta, al suscribir las decisiones tomadas en las causas jurisdiccionales Nros. QP01-R-2006-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R-2006-148, OP01-R- 2005-70, OP01-R-2007-25, OP01-R-2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, /OP01-R-2006-120, OP01-R-2006-135, OP01-R2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R- 2006-125, OP01-R-2006-142 y OP01-R-2005-28, este Alzada debe verificar si dentro del ordenamiento jurídico penal venezolano, existe normativa alguna que le permitiera a la jueza modificar de oficio el trámite del procedimiento ordinario penal por el del procedimiento especial abreviado, al apreciar que había sido calificada la flagrancia en cada uno de tales casos.

En tal:sentido cabe citar el contenido de los artículos 372 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyos menores son los siguientes:

Articulo 372. Procedencia. El Ministerio Público podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este Titulo, en los casos siguientes:

1. Cuando se trate de delitos flagrantes, cualquiera que sea la pena asignada al delito;

2. Cuando se trate de delitos con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en su limite máximo;

3. Cuando se trate de delitos que no ameriten pena privativa de libertad. (Negrilla y subrayado de esta Corte).

Articulo 373. Flagrancia y Procedimiento para la presentación del aprehendido. El aprehensor dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al treinta y seis horas siguientes, lo presentará ante el juez de control a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión, y según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido. En este último caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar...

Si el juez de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el articulo anterior, siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince dias siguientes.

En este caso, el fiscal y la victima presentarán la acusación directamente en la _ audiencia del juicio oral y se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.

lo hará constar en el acta que levantará al efecto. (Negrilla y subrayado añadido).

Asi tenemos que dentro del proceso penal venezolano al Ministerio Público se le otorga la facultad de poder solicitar la aplicación del procedimiento abreviado cuando se trate de delitos flagrantes y el juez de control acordará la prosecución de la causa por tal procedimiento, siempre que el Fiscal lo haya solicitado, lo cual implica que el partes, en este caso, la decisión acerca de cuál procedimiento aplicar pende de lo que solicite el titular de la acción penal, esto es, el Fiscal del Ministerio Público.

Por otra parte, el Código Orgánico Procesal Penal en las disposiciones generales de los recursos dispone en el articulo 441 que: "Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados." Es así que nos atrevemos a asegurar que la tendencia de nuestro ordenamiento jurídico, incluso en los procedimientos de índole penal en los que se ventilan delitos de orden público, el juez debe atenerse al contradictorio y basar su decisión con fundamento en los argumentos de las partes y a las pruebas que ellas aporten y las Cortes de Apelaciones deben resolver exclusivamente los puntos de la decisión que han sido impugnados, con lo cual se establecen limites a la arbitrariedad en la que pueda desembocar el poder discrecional de los juzgadores.

Resulta entonces evidente que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a la hora de resolver las apelaciones presentadas en las causas Nros: OP01-R-2006-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R-2006-148, OP01-R-2005-70, OP01-R-2007-25, OP01-R- 2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R-2006-120. OP01-R-2006y 135, OP01-R2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R-2006-125, OP01-R-2006-142 y OP01-R-2005-28, debía limitarse al objeto de las correspondientes impugnaciones, las cuales pretendían enervar las medidas de coerción personal impuestas en cada caso, pero de ninguna manera trajeron a colación el procedimiento a seguir en cada una de esas causas, por lo que, esta Corte Disciplinaria Judicial concluye que dicha - Corte de Apelaciones realizó funciones que no le estaban atribuidas legalmente al modificar de oficio el procedimiento ordinario por el procedimiento abreviado en las prenombradas causas.

En consonancia a lo anteriormente establecido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar las acciones de amparo incoada por el Ministerio Público respecto a las causas Nros. OP01-R-2005-000070 y OP01-R- 2005-00o028, estableciendo especificamente en la sentencia signada con el N° 1981, de fecha 23 de octubre de 2007, lo siguiente:

(..) al no haber sido presentados los imputados por parte del Ministerio Público como aprehendidos in fraganti y siendo que éste solicitó expresamente la aplicación del procedimiento ordinario, mal pudo la Corte de 'Apelaciones, presunta agraviante, anular el fallo del Tribunal de Control, decretar de oficio la flagrancia y, en consecuencia, aplicar el procedimiento abreviado; máxime, cuando esta Sala ha potestad de cambiar tal calificación juridica.

En atención a los criterios anteriores, tal actuación por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta lesionó el · amparo constitucional es procedente en derecho. Asi se declara." (Negrillas de esta Alzada).

. De_ ahi es posible determinar que la jueza sometida a procedimiento realizó actuaciones al margen de la ley y además menoscabó derechos fundamentales del Ministerio Público, entre ellos la facultad de realizar una investigación exhaustiva en cada una de las causas en las que fue modificado de oficio el procedimiento, lo cual habría posibilitado obtener la verdad sobre los hechos por las vías jurídicas, tomando en consideración, tal como se estableció con anterioridad, que la Vindicta Pública es la única facultada por ley como directora de la investigación y titular de la acción penal del Estado, de elegir de acuerdo a las circunstancias y complejidad de cada caso en concreto, entre solicitar la flagrancia y por ende el procedimiento abreviado o pedir que la causa se siga por el procedimiento ordinario.

Corolario de lo anterior y visto que el TDJ no determinó a la luz del ordenamiento. investigada, lo cual además traspaso el limite del ejercicio de sus facultades, puede esta segunda instancia disciplinaria judicial acreditar el vicio referido a la errónea interpretación de la norma que se encuentra prevista en el artículo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial que tipifica el abuso o exceso de autoridad, hoy subsumible en el articulo 33 numeral 14 del Código de Ética, por lo que debe anularse el particular segundo del dispositivo del fallo N° TDJ-SD-2013-137, publicado por el TDJ en fecha 14 de agosto de 2013.

En consecuencia, se declara la responsabilidad disciplinaria de la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO y se le DESTITUYE del cargo de Jueza Titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, por haber incurrido en el ilícito de abuso de autoridad, previsto en el articulo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial, normativa legal vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, actualmente previsto en el articulo 33, numeral 14 del Código de Ética, por el hecho comprobado de haber modificado de oficio les procedimientos penales ordinarios y en su lugar ordenar la prosecución del procedimiento especial abreviado en las causas números: OP01-R-2006-000091, OP01-R-2006-000082, OP01-R-2006-000154, OP01-R-2006- R-2006-000065, OP01-R-2006-000115, OP01-R-2006-000120, OP01-R-2006- 000135, OP01-R-2006-000160, OP01-R-2006-000078, OP01-R-2006-000125, OP01- R-2006-0g0142 y OP01-R-2005-000028. Y así se decide.

comeai En vista de la declaratoria anterior resulta inoficioso para esta Alzada emitir pronunciamiento respecto al resto de los alegatos presentados en el recurso de apelación. Y asi se decide.

Finalmente, se aprecia que en fecha 20 de marzo de 2014 la jueza denunciada presentó solicitud relativa al trámite de su jubilación, lo cual sirvió de fundamento para que el 27 de marzo de 2014 esta alzada librar a comunicación N° CDJ-AC- 00061-2014 a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a fin de que informara si de . la revisión del expediente administrativo correspondiente a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, titular de la cédula de identidad N° V-9.291.525, se constataba que la misma cumpliera con los requisitos exigidos para la concesión del beneficio de la jubilación.

En fecha 9 de abril de 2014 la secretaria de esta Corte Disciplinaria Judicial dejó constancia de là recepción del oficio N° 085-0414, suscrito por el Director Ejecutivo de la Magistratura Ing. ARGENIS CHÁVEZ FRÍAS, mediante el cual expresa:

"(...) se constató que al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), cuenta con la edad de cuarenta y seis (46) años y tiene un tiempo de servicio en la Administración Pública de veinticuatro (24) años, tres (03) meses y cuatro (04).

dias, de los cuales catorce (14) años, un (01) mes y ocho (08) dias, en la Carrera Judicial, por lo cual, no cumple con los requisitos establecidos en el articulo 41 de la Ley de Carrera Judicial, para otorgar el beneficio de jubilación.

(Negrilla y subrayado de esta alzada).

En consecuência, al verificarse que el órgano competente para la tramitación y el otorgamiento del beneficio de jubilación informó a esta instancia. que la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley de Carrera Judicial para concederle el mismo, presente fallo en idénticos términos a los expuestos en la oportunidad de la audiencia Con fuerza en la motivación que antecede esta Corte Disciplinaria Judicial declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la profesional del derecho KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, Inspectora de Tribunales actuando por delegación del Inspector General de Tribunales Magistrado JUAN JOSÉ de Venezuela N° 39.978 de fecha 3 de agosto de 2012, REVOCÁNDOSE los ordinales 2° y 7° de la decisión N° TDJ-SD-2013-137 publicada en fecha 14 de agosto de 2013 y se CONFIRMA la decisión N° TDJ-SD-2013-137 en los particulares 1°, 3°, 4°. 5° y 6°, bajo la asunción de la motivación expuesta en el presente fallo. Y así se decide.

VII DECISIÓN

justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso apelación interpuesto por la profesional del derecho KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, Inspectora de Tribunalesactuando por JOVER, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.978. de fecha 3 de agosto de 2012. SEGUNDO: Se REVOCA PARCIALMENTE la decisión N° TDJ-SD-2013-137 publicada por el TDJ en fecha 14 de agosto de 2013, mediante la cual se ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, Jueza Titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, titular de la cédula de identidad N° V-9.291.525, sólo en lo que respecta a los ordinales 2° y 7° de la referida decisión. TERCERO: Se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, titular de la cédula de identidad N° V-9.291.525 y se DESTITUYE del cargo de Jueza Titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, por haber incurrido en el ilícito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial, normativa legal vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, actualmente previsto en el articulo 33, numeral 14 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por el hecho comprobado de haber modificado de oficio los procedimientos penales ordinarios por el procedimiento especial abreviado que

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000082, OP01-R-2006-000154, OP01-R-2006-000148, OP01-R-2005-000070, OP01- R-2007-000025, OP01-R-2006-000145, 0P01-R-2006-000065, OP01-R-2006- 000115, OP01-R-2006-000120, OP01-R-2006-000135, OP01-R-2006-000160, OP01- R-2006-000078. OP01-R-2006-000125, OP01-R-2006-000142 y OP01-R-2005- 000028. CUARTO: Se CONFIRMA parcialmente la decisión N° TDJ-SD-2013-137 publicada por el TDJ en fecha 14 de agosto de 2013, sólo en cuanto a los ordinales 1°.3°,4°, 5° y 6°.

decisión al Tribunal Supremo de Justicia, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoría General de Tribunales. Devuélvase el expediente a su Tribunal de origen. Se ordena la publicación del presente fallo en la . Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los 22 dias del mes de abril del ano 2014. Años 203° de la Independencia y 155° de la ederacfóp El Presidente-Ponente, La Vicepresidenta,

ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ

La Jueza,

MERLY MORALES HERNÁNDEZ

Hunloy MARIANELAGIL MARTINEZ

SUVARIANA Hoy-22 de abril de 2014, siendo las 11:15 am, se publicó la antenor decisión bajo el N° 13, dejándose constancia que la jueza Merly Morales Hernández.por motivos justificados no estuvo presente en el momento de suscribir la decisión.

Secretana

Quien suscribe, Marianela Gil Martínez, Secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica:

que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas del original de la decisión N° 13 de fecha veintidós (22) de abril de 2014, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial, cursante a los folios, ciento sesenta y ocho (168) al ciento setenta y ocho (178) de la pieza N° 09, del expediente AP61-R-2014- 000003. Certificación que se expide a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2014.- Secretaria,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

Exp. N° AP61-D-2012-000176

En fecha diez (10) de abril de 2012 se recibió, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, escrito suscrito por el ciudadano MANUEL DE JESÚs DOMÍNGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.625.730 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 41.605 en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MARUF AMADOR HALAGUI HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.391.938, mediante el cual denuncia al ciudadano JOSÉ VALENTIN TORRES RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.809.647, en su condición de juez del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, asignando el número de expediente AP61-D-2012-000176, de esta jurisdicción.

Seguidamente, en fecha dieciocho (18) de abril de ese mismo año, la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dio entrada al mencionado asunto, acordando proseguir la investigación de los hechos a objeto de, recabar elementos indiciarios dentro de un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles.

Igualmente, el día dieciocho (18) de abril de ese mismo año, se libró el oficio CDJ/OS/N°00685-2012, solicitando a la Coordinadora de los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos de la Región Capital, que remita copia certificada del asunto N° 1620-2011, a partir de la decisión de fecha nueve (9) de junio de 2011 hasta la fecha del referido oficio, así como el cómputo de los días de despacho del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

El ocho (8) de mayo de 2012, se recibió parte de los recaudos solicitados por la Oficina de Sustanciación en virtud que la decisión de fecha nueve (9) de junio de 2011 se encontraba en apelación, por lo que las actuaciones solicitadas no pudieran ser remitidas, siendo enviadas las copias certificadas de la sentencia de fecha veintinueve (29) de febrero de 2012, oficio N°TS8CA/108 de fecha veinte (20) de marzo de 2012 dirigido a la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual se remitió el expediente signado con el N° 1620-2011; así como copia certificada del Libro de Expedientes Remitidos a las Cortes, Libro de Causas de ese Tribunal y el cómputo de los dias de despacho solicitado.

El día treinta y uno (31) de mayo de 2012, el Abogado Sustanciador constituido para instruir la presente causa, se trasladó a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en la ciudad de Caracas, a los fines de recabar elementos indiciarios relacionados con la presente denuncia, por cuanto el expediente contentivo de la decisión del nueve (9) de junio de 2011, cursaba ante esa Alzada, siendo recabada copia certificada del referido expediente.

Por otra parte, en fecha siete (7) de junio de 2012 la Oficina de Sustanciación elaboró el respectivo informe conclusivo, ordenando remitir el presente expediente disciplinario judicial a esta instancia disciplinaria a fin de que se proveyera lo conducente, de conformidad a lo previsto en el artículo 55 del Código de Ética del Juez Venezoláno y la Jueza Venezolana.

En fecha trece (13) de junio de 2012, este Tribunal recibió la presente causa signada con el N° AP61-D-2012-000176, constante de una (1) pieza contentiva de doscientos (268) folios útiles, proveniente de la Oficina de Sustanciación y se designó según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, al juez HERNÁN PACHECo ALVIÁREZ para el conocimiento del presente asunto.

Seguidamente, el día veintiséis (26) de junio de 2012, verificados como fueron los requisitos de procedencia de la denuncia interpuesta, y revisadas las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y como quiera que no se encontraron

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presentes en este asunto, este Tribunal Disciplinario Judicial admitió la denuncia interpuesta. Asimismo, se ordenó las notificaciones a las partes intervinientes, por presuntas irregularidades cometidas por el juez denunciado; hechos que de ser verificados serían subsumidos en la sanción de amonestación, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

En fecha treinta y uno (31) de julio de 2012, este Tribunal fijó la audiencia oral y pública para el día miércoles treinta (30) de enero de 2013, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), ordenando las respectivas notificaciones.

En la oportunidad pautada, tuvo lugar la celebración de la audiencia y el juez denunciado y la parte denunciante expusieron sus alegatos y conclusiones, así como las pruebas que consideraron pertinentes en fundamentación de sus defensas, acordando este Tribunal diferir la continuación del referido acto para dictar el dispositivo, para el día cinco (5) de febrero de 2013, a la una (1) horas de la tarde (1:00 p.m.).

Igualmente, el día seis (6) de febrero de 2013, este Tribunal Disciplinario Judicial, acordó reprogramar la continuación de la audiencia, oral y pública pautada, fijando como nueva fecha el día miércoles trece (13) de marzo de 2013, a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), ello en virtud de que el día cinco (5) de febrero de hogaño no hubo despacho en esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial.

Posteriormente, en fecha trece (13) de febrero de 2013, una vez efectuada la deliberación por los jueces de este Tribunal Disciplinario Judicial, se adoptó la respectiva decisión, tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario.

1 DE LA DENUNCIA

En fecha diez (10) de abril de 2012 se recibió, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, escrito suscrito por el ciudadano MANUEL DE JESÚS DOMÍNGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.625.730, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MARUF AMADOR HALAGUI HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.391.938, mediante el cual denuncian al ciudadano JOSÉ VALENTIN TORRES RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.809.647, en su condición de juez del Tribunal Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, exponiendo lo siguiente:

..) tengo razones suficiente (sic) para interponer al escrito de AVOCAMIENTO bajo el amparo de los articulos 2,39 y 40 del Código de Etica del Juez Venezolano y Jueza Venezolana en el RECLAMO_de fecha 08 (sic)de Agosto de 2011, incoada al ciudadano Juez-Provisorio: JOSE VALENTIN TORRES RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula (sic) de Identidad (sic) N° V-10.809.647, del Tribunal Octavo (8*) Superior en lo Civil, y Contencioso Administrativo de la Región Capital, por haber publicado en la página Web o portal de ese órgano jurisdiccional dos (2) decisiones que se exclulan una de la otra y con diferentes fecha (sic) donde declara Improcedente (sic) la Medida (sic) Cautelar (sic) de Amparo (sic) Constitucional (sic), consecuencia hoy se DENUnCIA POR ESTAR INCURRIENDO EN DESCUIDO DE SUS FUNCIONES, AL NO HABER SUPERVISADO QUE LA SECRETARIA CUMPLIERA DE REMITIR LA PRIMERA APELACIÓN AL DECLARA (Sic) IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR EL 01 DE AGSTO DE 2011, A LA OFICINA DE LA UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE . DOCUMENTOS DE LAS CORTE PRIMERA Y SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS (SIC). y LA SEGUNDA APELACIÓN 24 DE_ FEBRERO DE 2011, RETRÀSO INJUSTIFICADAMENTE LA TRAMITACIÓN DE LA APELACIÓN INTERPUESTA EN LA CAUSA JUDICIAL N° 1620-2011.

...omissis...

(...) en el presente avocamiento al reclamo, ahora una nueva denuncia se debate sobre un dramático caso Por (sic) esta (sic) incurriendo en descuido de sus funciones, al no supervisado (sic) que la secretaria cumpliera en remitir las apelaciones al Tribunal (sic) de Alzada (sic), y en un retraso injustificado de dichas apelaciones, por el Juez-Provisorio JOSÉ VALENTIN TORRES RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula (sic) de Identidad (sic) N° V-10.809.647, del Tribunal Octavo (8*) Superior en lo Civil, y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el expediente judicial N°1620-2011 violado el articulo 11, El (sic) Juez (sic) o la Jueza (sic) debe garantizar que los actos procesales se realicen Conforme (sic) al debido proceso , Igualdad ante la ley y en respeto de los derechos, garantias constitucionales y legales.

...omissis...

En conclusión: No fue remitido en la actualidad la primera apelación en lo relativo a le (sic) Improcedencia (sic) de la Medida (sic) Cautelar (sic) de Amparo (sic), después de tal dramático retardo (sic) procesales (sic) cronológicamente señalado (sic) por parte del Juez (sic) denunciado.

...omissis...

El Juez-Provisorio JOSÉ VALENTIN TORRES RAMÍREZ, veneZolano, mayor de edad, titular de la Cédula (sic) de Identidad (sic) N° v- 10.809.647, del Tribunal Octavo (8*) Superior en lo Civil, y Contencioso Administrativo de la Región Capital en el expediente judicial N° 1620-2011, a (sic) estando (sic) incumplido (sic) el supuesto en el Código del Juez (sic) y Jueza Venezolana en su Artículo 11.

...omissis...

Señor Juez-Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial y demás miembros No obstante lo expuesto, no puede admitirse que, quien tiene director del proceso está obligado a atender al cumplimiento de las normas Texto Fundamental, lesione los postulados constitucionales, a las formas y tiempo (sic) procesales previstos por el legislador, a la seguridad juridica; y ponga en entredicho el buen funcionamiento de los órganos de justicia.(...)" (Resaltado, mayúsculas y subrayados propios del escrito de denuncia)

Il DE LA INVESTIGACIÓN DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN

:

Cumplido el trámite correspondiente a la investigación, la Oficina de Sustanciación elaboró informe de fecha dos (2) de febrero de 2012, de conformidad con lo previsto en el Manual de Procedimiento de la Oficina de Sustanciación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.797, de fecha 10 de noviembre de 2011; en cuyo capítulo intitulado "VI CONCLUSIONES", se dejó sentado que:

: (.) PRiMERO: En cuanto a que el Juez denunciado presuntamente incurrió en descuido de sus funciones, al no haber supervisado que la Secretaria remitiera la primera apelación contra la decisión de fecha 20 de julio da 2011, por la parte querellante el 01 de agosto de 2011.

...omissis...

(...) considera este Órgano Instructor, que si bien la parte no consignó los fotostatos faltantes, es también responsabilidad del Juez velar porque la secretaria cumpla con sus funciones y de el tramite de manera diligente y expedita los asuntos sometidos a su conocimiento, por lo que la actuación delatada pudiera traducirse en un descuido en la tramitación de los procesos o cualquier diligencia de estos.

SEGUNDO: Referente a que el Juez denunciado, incurrió en un retraso injustificado al tramitar la segunda apelación ejercida por el abogado MANUEL DE JESÚS DOMÍNGUEZ, en contra de la decisión de fecha 29 de febrero de 2012. A tal efecto esta Oficina de Sustanciación, se constató de las actuaciones del mencionado caso que luego de dictada la referida sentencia, que declaró sin lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano MARUF AMADOR HALAGUI HERNÁNDEZ.

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... omissis...

(...) se observa que en fecha 23 de marzo de 2012 fue devuelto el asunto N° 1620-2011 por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de origen, dado que tenia errores de forma en algunos folios.

... omissis...

(...) que de los elementos indiciarios recabados se pudiera considerar que la conducta desplegada por el ciudadano JOSÉ VALENTIN TORRES RAMÍREz, Juez del Tribunal Octavo Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital pudiera subsumirse como presunta falta Código de Ética del juez Venezolano y la Jueza Venezolana solo en lo atinente a la primera denuncia delatada (descuido al no supervisar que la secretaria cumpliera con la remisión de la causa a la Alzada). En consecuencia, se ACUERDA remitir el expediente en el estado en que se encuentra al Tribunal Disciplinario Judicial, a fin de que provea lo conducente según lo establecido en el articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.(...)" (Resaltado, mayúsculas y subrayados propios del escrito del informe de la Óficina de Sustanciación)

III JUDICIAL

De los alegatos expuestos er el transcurso de la audiencia de fecha treinta (30) de enero de 2013, asi como del escrito de descargos presentado por el juez JOSÉ VALENTIN TORRES RAMÍREZ, en esa misma fecha, constante de veintiocho (28) folios, se desprenden los siguientes alegatos:

En primer lugar, realizó el análisis sobre el rol que cumple todo secretario judicial dentro de los tribunales venezolanos, citando el contenido del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; argumentando que son tan relevantes las funciones de dicho funcionario judicial que el artículo 17 ejusdem dispone que debido al carácter técnico que conlleva las funciones del cargo, que con ello no se pretende deslindar de responsabilidad al juez de supervisar al secretario, si no que debe verse como un órgano auxiliar de este mismo, el cual debe asumir competencias individuales para gestionar las actividades tendentes a impulsar e manera idónea y expedita, concluyendo al respecto que "(...) todos los procesos que se tramitar en el Tribunal (sic) del cual [es] responsable, cumplen a cabalidad y razonablemente con los mandatos constitucionales y legales previstos en [el] ordenamiento juridico, en razón de la estricta función de vigilancia y supervisión que [realiza] sobre todos los funcionarios adscritos a [su] Tribunal (sic) y el trabajo que estos (sic) desarrollan, logrando el tramite (sic) diligente de las causas sometidas a [su] conocimiento. (...)", por lo que la Inspectoría General de Tribunales en fecha dos (2) de agosto de 2012, mediante la cual no se observó ninguna irregularidad cometida por dicho tribunal.

Alegó que en relación a la remisión del cuaderno contentivo de la medida demanda solicita tal medida, por lo que el juez investigado de conformidad a lo previsto en los artículos 98 y 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ordenó citar a la Procuradora General de la República, procediendo una vez vencido los lapsos de ley, el día ocho (8) de julio de 2011, a ordenar la apertura del cuaderno separado respectivo.

Sigue arguyendo el juez denunciado, que en fecha veinte (20) de julio de 2011, se declaró improcedente la medida cautelar, procediendo a librar las respectivas notificaciones incluyendo a la Procuradora General de la República, constando en autos la última de las notificaciones ordenadas el día veintiséis (26) de septiembre de 2011, y en consecuencia oyéndose el recurso de apelación interpuesto por la parte actora de manera tempestiva por anticipada en fecha treinta (30) de septiembre de 2011, ordenando su remisión a la alzada correspondiente, el cual fue devuelto al tribunal a cargo del juez investigado en dos oportunidades, en virtud que fueron enviadas de manera incompleta las copias, ordenando el tribunal a la parte recurrente que consignase las mismas para remitir nuevamente éstas, siendo subsanada por la parte actora en la primera oportunidad pero no en la segunda en que fueron devueltas, por lo que el juez investigado, señaló que la recurrente diligenció en varias oportunidades en el expediente principal haciendo caso omiso al auto dictado por el tribunal en fecha quince (15) de noviembre de 2011, mediante el cual ordenó a la recurrente subsanar el pedimento de la alzada, consignando los fotostatos faltantes para ser remitidos junto a las demás copias a la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Por otra parte, señaló el juez denunciado que en fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2012, la parte actora acude a la audiencia definitiva, celebrada palabra de quince (15) minutos sin que dicha parte hiciere referencia acerca del supuesto retardo o descuido del trámite del recurso de apelación de la medida cautelar innominada.

Agregó, para concluir su escrito, que este Tribunal Disciplinario Judicial declarase improcedente la denuncia interpuesta en su contra referente al ilícito disciplinario previsto en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

IV DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a una jurisdicción judicial, tal como lo establece su artículo 267:

-Artículo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República de las Defensor las Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.

La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales." (Resaltado propio de este órgano jurisdiccional disciplinario)

De conformidad con el artículo anterior, se escinden dos potestades: Una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración,

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inspección, vigilancia y autonomía presupuestaria del Poder Judicial; otra potestad que es de índole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por otro lado una jurisdicción que ejerce funciones disciplinarias del poder judicial.

La competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el poder judicial, la encontramos expresada en el artículo 39 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:

"Artículo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código. El Tribunal Disciplinario Judicial contará con la propio de este órgano jurisdiccional disciplinario)

Como se desprende del presente artículo, el Tribunal Disciplinario Judicial ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 ejusdem.

Siendo así, queda claramente determinada la competencia de este procedimientos disciplinarios, a los jueces y juezas integrantes del sistema de justicia venezolano. Así se declara.-

V DE LA AUDIENCIA

En fecha 30 de enero de 2013, siendo las diez antes meridiem (10:00 a.m.), estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, se dejó constancia de la presencia del ciudadano JOsÉ VALENTIN TORRES RAMÍREz, plenamente identificado en autos, asÍ como de su apoderada judicial SILVYA MONTIEL, plenamente identificada en autos. Asimismo, se dejó constancia de la comparecencia del ciudadano MANUEL DE JESÚs DOMÍNGUEZ, en su condición de denunciante, asÍ como de la incomparecencia de la representación de la Fiscalía General de la República aun cuando consta en el expediente la debida notificación.

Del desarrollo de la mencionada audiencia, se desprende que las partes intervinientes formularon sus alegatos y conclusiones. Seguidamente se abrió a lugar las pruebas, siendo consignados a la Secretaria de este Tribunal Disciplinario Judicial los respectivos escritos de promoción de pruebas, en consecuencia suspendiéndose la celebración de la audiencia por treinta (30) minutos, a fin de que los jueces deliberasen acerca de la admisibilidad de las mismas. Finalizada la exposición, se dio por concluido el debate y en fecha 9 de mayo de 2013 se profirió el pronunciamiento decisorio, el cual se transcribe a continuación:

(.) PRIMERO: Se ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL a al ciUdadano JOSÉ VALENTÍN TORRES RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.809.647, en su condición de Juez del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, por encontrarse presuntamente incurso en la sanción disciplinaria prevista en el numeral 6 del articulo 31 Código de Ética del Juez Venezolano y Joeza Venezolana (...)".

VI DE LAS PRUEBAS

Las partes durante la celebración de la audiencia hicieron uso de su derecho a la defensa a través de las pruebas promovidas las cuales durante el transcurso del referido acto, este órgano disciplinario judicial consideró lo siguiente:

Respecto a las pruebas promovidas por el denunciante durante la celebración de la audiencia oral y publica, este Tribunal asume y ratifica el criterio establecido por la Corte Disciplinaria Judicial en sentencia N°32, de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2012, la cual señala que la oportunidad procesal en que el denunciante o la denunciante debe promover las pruebas relativas a su escrito es en el de la interposición de la denuncia, ello de conformidad a lo previsto en el numeral 4 del artículo 54 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en concordancia con los artículos 864 y 868 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este Tribunal Disciplinario Judicial consideró EXTEMPORÁNEAS dichas probanzas.

Asimismo, a los fines de probar que el juez cometió el ilícito disciplinario que se le imputa, el denunciante promovió copia certificada de la sentencia dictada por el juez denunciado, donde presuntamente fue consignada en copia certificada sin previamente estar firmada, este Tribunal consideró esta prueba como INADMISIBLE, por cuanto no guarda relación con los hechos que se quieren demostrar, no se trata el inicio de este procedimiento disciplinario verificar si el juez firmó o no la sentencia definitiva que dictó, sino de la debida diligencia en la tramitación de las apelaciones interpuestas por el denunciante en la causa N° 1620-2011.

En efecto, las documentales relacionadas con copia certificada del auto dictado por el juez denunciado, mediante el cual se fijó audiencia preliminar, copia certificada del acta de audiencia, copia certificada del escrito de oposición de pruebas por parte del accionante, copia certificada de audiencia definitiva, copia certificada de la sentencia N° 2012-2575, dictada por la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, asi como las reproducciones magnetofónicas contenidas en los discos compactos, relacionadas con la audiencia preliminar y audiencia definitiva de la causa N° 1620-2011, consideró impertinentes, por cuanto no se relacionan con los hechos denunciados, ya que descuido injustificado para la celebración de las audiencias preliminares y definitivas en la causa N° 1620-2011, si no por el contrario en lo que se refiere a referida causa.

Ahora bien, en la celebración de la audiencia oral y pública el Tribunal lo que es menester para este órgano disciplinario judicial valorar el contenido probatorio de los referidos medios.

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De las pruebas promovidas por la parte denunciante en el escrito de denuncia:

1.- Copia simple del escrito de realizado por el ciudadano MANUEL DE JESÚs DOMíNGUEz ante la Inspectoria General de Tribunales en fecha ocho (8) de septiembre de 2011. Considera esta instancia disciplinaria judicial que los alegatos argumentados en el presente medio probatorio no tienen relación administrativo por lo cual se desecha dicha probanza.

2.- Copia simple del oficio N° 398-2012 de fecha veintitrés (23) de marzo de 2012, emanado de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. Se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia' dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe Documentos de la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió al Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital a fin de que el referido juzgado salvare la foliatura de las copias del expediente judicial N°1620, asi como la firma de la secretaria de dicho en el folio 21 que corre inserto en el cuaderno separado.

3.- Copia simple de la primera decisión de fecha nueve (9) de junio de 2011. Considera esta instancia disciplinaria judicial que el presente medio probatorio no guarda relación alguna con el hecho objeto de la litis en el presente proceso, por lo cual se desecha dicha probanza por que en nada demuestra alguna circunstancia que guarde relación con la falta disciplinaria denunciada.

4.- Copia simple de la segunda decisión de fecha veinte (20) de julio de 2011. Respecto a este medio probatorio esta instancia disciplinaria judicial considera que no guarda relación alguna con el hecho objeto de la litis en el presente proceso, por lo cual se desecha dicha probanza por que en nada demuestra 5.- Copia simple del acta de tramitación de reclamo. Al respecto considera esta medio probatorio no tienen relación directa alguna con el hecho objeto de la litis en el presente proceso, por cuanto son alegatos realizados en virtud de una investigación iniciada ante un órgano administrativo por lo cual se desecha dicha probanza.

6.- Copia simple del oficio N° 290-2011 de fecha dieciocho (18) de octubre de 2011, emanado de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, asi como de la solicitud de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a ese tribunal para que remitiera la diligencia de apelación y el auto que oye dicho recurso, a los fines del correcto ingreso al Sistema de Gestión, Decisión y Documentación Juris 2000.

7.- Copia simple del auto de fecha veinte (20) de octubre de 2011, mediante el cual el juez investigado insta al querellante para que consignar las fotocopias de los folios faltantes para la tramitación de la apelación. Se aprecia y valora conforme lo establece el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que el juez denunciado instó al ciudadano MANUEL DE JESÚS DOMÍNGUEZ para que consignase copia de la diligencia de apelación.

8.- Copia simple de la diligencia de fecha veintiséis (26) de octubre de 2011, mediante el cual el querellante consignó lo ordenado en el auto de fecha veinte (20) de octubre de 2011. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que el querellante consignó lo ordenado en el auto de fecha veinte (20) de octubre de 2011.

9.- Copia simple de la nota secretarial de fecha primero (1°) de noviembre de 2011, emanada de la secretaria del tribunal a cargo del juez investigado. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que en fecha primero (1°) de noviembre de 2011 la secretaria del tribunal ordenó librar oficio a fin de remitir las copias faltantes para el trámite del recurso de apelación.

10.- Copia simple del oficio N° TS8CA/01-11-2011-0007-J, suscrito por el juez denunciado, mediante el cual remitió las copias faltantes del expediente N°1620 Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario faltantes del expediente N°1620 y del cuaderno separado a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.

11.- Copia simple del oficio N°307-2011, del nueve (9) de noviembre de 2001, emanado de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las

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Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe de la devolución de las copias certificadas del expediente N°1620 al Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, por cuanto los fotostatos pertenecientes al libelo de la demanda estaban incompletos.

12.- Copia simple del auto de fecha quince (15) de noviembre de 2011, mediante el cual se insta al recurrente consignar los fotostatos faltantes para el trámite de la apelación. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital instó al recurrente consignar los fotostatos faltantes para el trámite de la -apelación.

13.- Copia simple de la nota secretarial de fecha veintisiete (27) de marzo de 2012, mediante el cual el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital corrige foliatura en virtud del oficio N°398- 2012 emitido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe de la actuación del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital al corregir la foliatura en virtud del oficio N°398-2012 emitido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.

14.- Copia simple del poder apud acta otorgado por el ciudadano MARUF AMADOR HALAGUI HERNÁNDEZ al CiudadanO MANUEL DE JESÚS DOMÍNGUEz. Este medio probatorio no guarda relación con los presuntos hechos disciplinarios denunciados en el presente asunto por lo que se desecha esta probanza.

15.- Copia simple del escrito de apelación de fecha veintisiete (27) de febrero de 2012. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que la fecha en que el querellante interpuso el recurso de apelación ante el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital fue el veintisiete (27) de febrero de 2012.

16.- Copia simple del auto de fecha veintisiete (27) de marzo de 2012, mediante el cual el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital ordenó remitir las copias del recurso de apelación, asi como corregir y salvar la foliatura que mediante oficio N°398-2012, Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo solicitó salvar. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho pública y por tanto hace plena fe que el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha veintisiete (27) de marzo de 2012, ordenó remitir las copias del recurso de apelación, así como corregir y salvar la foliatura que mediante oficio N°398-2012, Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo solicitó salvar.

17.-Copia del oficio N° TS8CA suscrito por el juez denunciado, mediante el cual remite las copias certificadas del expediente N°1620, y del cuaderno separado a fin de que se tramitase el recurso de apelación interpuesto. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que le tribunal a cargo de la parte denunciada de 2012, las copias certificadas del expediente N°1620, y del cuaderno separado a fin de que se tramitase el recurso de apelación interpuesto.

De las pruebas promovidas por el juez denunciado:

A) DOCUMENTALES:

1.- Cómputos certificados, suscritos por la Secretaria Titular del Tribunal Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, desde el día doce (12) de abril de 2011, hasta el día veintisiete (27) de marzo de 2012, ello a fin de demostrar el correcto transcurrir de los lapsos procesales en el procedimiento principal de la causa judicial N°1620 y que por lo tanto el juzgado a cargo del juez denunciado decide y tramita los asuntos dentro de los lapsos razonables y exigidos por las leyes aplicables. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue hace plena fe que el juez denunciado dio despacho en los días indicados y que las actuaciones ocurrieron en los días all señalados.

2.- Cómputo certificado del día ocho (8) de julio de 2011 hasta el día quince (15) de noviembre de 2011, con dicho medio probatorio se pretende demostrar que en las actuaciones procesales de la causa N°1620, el juez respetó las prerrogativas procesales de las partes en total apego a los principios y garantías constitucionales. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo

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artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que el juez denunciado despachó en las fechas alli referidas y que las actuaciones procesales ocurrieron en los días de despacho allí indicados.

3.- Copia certificada del auto dictado por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha quince (15) de noviembre de 2011, con el cual pretende demostrar el juez investigado que instó a la parte recurrente a consignar las copias faltantes para la tramitación rector del proceso. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del". Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que el juez denunciado instó a la parte recurrente a consignar las copias faltantes para la tramitación del recurso de apelación en cumplimiento a sus funciones como supervisor y rector del proceso.

4.- Copia certificada de la sentencia N° 2012-2575, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, el siete (7) de diciembre de 2012, mediante la cual la Corte declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia recurrida. Considera esta instancia disciplinaria judicial de la litis en el presente proceso, por lo cual se desecha dicha probanza por que en nada demuestra alguna circunstancia que guarde relación con la falta disciplinaria denunciada.

5.- Copia certificada de los folios relacionados con el Libro de Préstamo de Expediente al Publico, llevado por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital a fin de demostrar los días que el querellante acudió al tribunal y revisó efectivamente el expediente N°1620. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe que el ciudadano MANUEL DE JESÚS DOMÍNGUEZ, dejó constancia de su comparecencia a la sede del Tribunal a cargo del juez denunciado, en fecha siete (7) y dieciséis (16) de diciembre de 2011, nueve (9), doce (12), dieciséis (16), diecinueve (19) y veintitrés (23) de enero de 2012.

6.- Copia certificada de los folios relacionados con el Libro de Expediente Enviado a la Corte, llevado por el Tribunal a cargo del juez denunciado, a fin de probar la'remisión de las copias del Cuaderno de Medidas hasta la posterior devolución realizada por la unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe de la remisión de las copias del Cuaderno de Medidas hasta la posterior devolución realizada por la unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.

7.- Copia Certificada del Libro de Causas llevado por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a fin de demostrar la entrada y salida de la causa N°1620. Se aprecia y valora conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala. el articulo 1.359 del Código Civil, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública y por tanto hace plena fe de la entrada en fecha doce (12) de abril de 2011 y salida de fecha veinte (20) de agosto de 2012, de la causa N°1620 al Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

VII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Con motivo de los elementos presentes en el expediente, entre los la parte denunciante en la presente audiencia y los elementos indiciarios antes descritos; este Tribunal Disciplinario Judicial, estima conveniente, conocer si,el ciudadano JOSÉVALENTIN TORRES RAMÍREZ, incurrió en retrasos descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquiér diligencia propia de éstos; hecho disciplinable de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Sobre el supuesto normativo dentro del ilícito disciplinario para el presente caso, es menester apuntar que el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana establece como supuesto de amonestación para los jueces en su numeral 6 del articulo 31: "Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos".

El contenido normativo nos permite advertir la existencia de cuatro supuestos a configurarse en la conducta que el juez asuma dependiendo del caso en concreto, a saber: 1) incurrir en retrasos injustificados en la tramitación de los procesos; 2) incurrir en retrasos injustificados en cualquier diligencia; 3) incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de los procesos; y 4) incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de cualquier diligencia. Se aprecia entonces, que en los cuatro supuestos, la condición para que el juzgador pueda imponer la sanción supone, establecer si se trata de una actuación u omisión injustificada, es decir, sin que medie justa causa que la

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determine y, además, verificar si la conducta bajo análisis constituyó un retraso o descuido, si se produjo una afectación al debido proceso y su ponderación a partir del resultado jurídicamente reprochable que su concreción produjo. (Vid. Sentencia de la Corte Disciplinaria Judicial N°2 de fecha diecisiete (17) de enero de 2012)

Sobre este particular señala la Corte Disciplinaria Judicial en sentencia N° 2 que:

"Con relación al contenido y alcance del ilicito 'descuido Injustificado' operador de justicia en el cumplimiento de una obligación que le es pacíficamente como un abandono total de la obligación establecida en la norma, lo que supone falta de actividad volitiva e intelectiva del operador, o su cumplimiento defectuoso. La determinación de la conducta delatada como descuido injustificado en la tramitación de la causa, impone verificar en autos las circunstancias en las cuales se produjo la conducta y las actuaciones cumplidas en el proceso penal que dio lugar a la denuncia. (...)" Del criterio parcialmente transcrito supra, se concluye que para que pueda verificarse en la conducta del juez denunciado el descuido injustificado, la comisión del hecho disciplinable debe haberse cometido sin causa válida que pueda excusa la realización de dicha actuación, además de ello tal y como lo señala la jurisprudencia, el descuido presupone la omisión total o el cumplimiento defectuoso de la obligación que la norma le impone al juez en el desempeño de sus funciones, por lo que el Tribunal Disciplinario Judicial debe determinar bajo qué circunstancias se cometió el hecho y de alli llegar a la convicción de si al juez que lo realizó le es atribuible la responsabilidad por el hecho objeto de sanción disciplinaria o si por el contrario fueron hechos circunstanciales que trajeron como consecuencia la configuración del hecho pero media una justificación.

A los fines de demostrar la suficiencia de elementos probatorios para nomenclatura del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de realizar un breve análisis de las circunstancias que pudieron verificarse en el curso del presente proceso disciplinario:

En folio cuarenta y seis (46) corre inserto oficio N° 290-2011, suscrito por la Coordinadora Encargada de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual devuelve copias simples y certificadas del expediente N° 1620-2011, por cuanto no fueron "acompañadas" con la diligencia mediante la cual se interpuso la apelación y el auto que oye la apelación.

Riela en el folio cuarenta y siete (47) de la pieza N° 1 auto de fecha veinte (20) de octubre de 2011, mediante el cual el juez denunciado, instó a la parte recurrente a consignar a dicho Tribunal las copias faltantes para que sea tramitado el referido recurso.

Se evidencia en el folio cincuenta (50) de la pieza N° 1 del presente expediente disciplinario judicial, oficio N°TS8CA/01-11-2011/0007, de fecha primero (1°) de noviembre de 2011, mediante el cual el Tribunal Octavo de lo la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas, copias certificadas y simples del expediente judicial N°1620, en virtud del referido recurso de apelación.

Asimismo, consta en el folio cincuenta y uno (51) de la pieza N° 1 del presente expediente disciplinario judicial, oficio N°307-2011, de fecha nueve (9) de noviembre de 2011, mediante el cual la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas, devolvió copias certificadas del expediente N°1620-2011 al Tribunal Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, por cuanto las copias de la reforma del libelo de la demanda estaban incompletas.

Corre inserto en el folio cincuenta y dos (52) de la pieza N° 1 del presente expediente disciplinario judicial auto del día quince (15) de noviembre de 2011, mediante el cual el Tribunal Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas instó a la parte recurrente a consignar los fotostatos faltantes de la reforma del libelo de la demanda.

Se evidenció del folio ciento setenta y uno (171) de la pieza N°1 del presente expediente, diligencia de fecha veintisiete (27) de febrero de 2012, mediante la cual la parte accionante apeló de la decisión de fecha veintinueve (29) de febrero de 2012, donde se declaró sin lugar el recurso funcionarial interpuesto por la misma ante el Tribunal Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas.

Igualmente, corre inserta en el folio ciento ochenta y siete (187) de la pieza N°1 del presente expediente diligencia de fecha siete (7) de marzo de 2012, suscrita por el recurrente, ratificando la diligencia de fecha veintisiete (27) de febrero de 2012, mediante la cual apeló de la decisión dictada por ese tribunal en fecha veintinueve (29) de febrero de 2012.

Riela en el folio ciento ochenta y ocho (188) de la pieza N°1 del presente expediente, auto de fecha veinte (20) de marzo de 2012, mediante el cual el Tribunal Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, admitió la apelación interpuesta en contra de la decisión del veintinueve (29) de febrero de 2012, en la que se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto en fecha cinco (5) de abril de 2011, ordenando la remisión del expediente a la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas.

Corre inserto en el folio ciento ochenta y nueve (189) de la pieza N°1 del presente expediente, oficio de fecha 20 de marzo de 2012, mediante el cual el Tribunal a cargo del juez denunciado remitió el expediente N°1620-2011, a la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas.

Igualmente se constata en el folio ciento noventa (190) de la pieza N° 1 del presente expediente, oficio N°398-2012, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2012, suscrito por la Coordinadora Encargada de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual devolvió el expediente remitido por el Tribunal Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, por cuanto carecía de auto salvado la foliatura enmendada en el cuaderno separado.

Riela en el folio ciento noventa y uno (191) de la pieza N° 1 del presente expediente, auto de fecha veintisiete (27) de marzo de 2012, mediante el cual el juez denunciado ordenó remitir el expediente devuelto a la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Asimismo, consta en el folio ciento noventa y dos (192) de la pieza N° 1 del presente expediente, oficio de fecha 27 de marzo de 2012, mediante el cual el Tribunal a cargo del juez denunciado remitió el expediente contentivo de la decisión apelada.

Ahora bien, siendo como fueron relatadas las actuaciones de parte del juez denunciado, referente a la tramitación de las apelaciones interpuestas en el expediente N°1620-2011, nomenclatura del Tribunal Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, este órgano disciplinario judicial considera pertinente hacer mención a lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala:

"Articulo.295. Admitida la apelación en el solo efecto devolutivo, se remitirá con oficio al Tribunal de alzada copia de las actas conducentes que indiquen las partes, y de aquellas que indique el Tribunal, a menos cuyos casos se remitirá el cuaderno original."

Según lo previsto en el artículo antes trascrito, se remitirán a la alzada solo aquellas copias "(...) que indiquen las partes, y de aquellas que indique el Tribunal (...)", es decir, que el Legislador cree relevante para la tramitación de tribunal como por el recurrente, creando por ende una carga procesal a la parte recurrente a fin de que por medio de las mismas pueda ejercer su defensa ante la alzada; por lo que, al conformar la indicación de las copias por parte del recurrente en dicho trámite un medio de defensa, tal hecho se convierte en una interés propio, es decir, que si las partes quieren obtener ciertos resultados deben ejercer una serie de actuaciones necesarias para el logro de ese interés, sin embargo, si ésta no hiciere uso de ese derecho el juez seguirá la tramitación correspondiente, remitiendo el expediente pues no puede exigir a la parte que señale lo que considere conducente.

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La Sala de Casación Civil en sentencia N°176 de fecha del diecinueve (19) de octubre de 2000, expediente 00-133, establece lo concerniente a la carga procesal de la parte recurrente de consignar las copias certificadas concernientes para que el juez conozca los elementos de juicio y de allí producir el respectivo fallo, señalando:

"(...) Ahora bien, la labor de un Juez es dirigir el proceso y dirimir una controversia, pero sólo podrá hacerlo si cuenta con los elementos de juicio necesarios para ello: es decir, es deber irrenunciable de las partes suministrar las coplas certificadas de las actuaciones pertinentes en los cuales estén esos elementos de juicio que el juez necesita para producir su decisión.

Es de hacer notar que dentro del proceso las actuaciones tienen una oportunidad procesal, salvo lo previsto en el articulo 202 del Código de Procedimiento Civil. Por ello, cuando sea necesaria la consignación de ciertos recaudos para la resolución de un recurso, dicha actividad inherente a las partes debe ser realizada en la oportunidad procesal que se fije al efecto.

En este orden de ideas, la Sala, en sentencia de 11 de febrero de 1987, (Rockwell International Corporation General Aviation División c/ Invgrsiones Goecab, C.A.), expresó el siguiente criterio que hoy se reitera:

...si el apelante, cuyo recurso de apelación se le oyó en el solo efecto apelado, como le corresponde por ser su carga procesal, dando lugar a que el Tribunal Superior declare que "no tiene materia sobre qué decidir", ello entraña una renuncia a la apelación, pues apelar de un fallo y no ejercer luego los recursos que da la ley contra la omisión del sentenciador en providencia la apelación, equivale a no ejercer ese recurso ordinario, o mejor dicho, a renunciar o desistir del mismo.

...Omissis...

En consecuencia, al renunciar o desistir de dicha apelación, debido a legitimación procesal para anunciar casación, que como recurso extraordinario que es, impone necesariamente ejercer previamente en la instancia respectiva los recursos ordinarios; y como su falta de diligencia en hacer llegar al superior la copia certificada de la actuación más importante, como era el fallo apelado, entraña a juicio de la Sala una renuncia o desistimiento de la susodicha apelación que habria interpuesto, mal podia en consecuencia anunciar casación, al no haber agotado el recurso ordinario de apelación....

En el caso de autos, no fueron presentados ante el juez que debía pronunciarse sobre la perención de la tacha por falsedad de instrumento público, propuesta por la demandada, los recaudos necesarios para el conocimiento del recurso de apelación, como son el auto recurrido y el que oyó la apelación en un solo efecto. Por tanto, la Sala, al iqual que el Tribunal Superior, no puede suplir -por mandato del articulo 12 del Código de Procedimiento Civil- la conducta omisa de las apoderadas de la demandada, razón por la cual este Alto Tribunal debe tener como denunciada o desistida la apelación interpuesta, y a la demandada sin (Resaltado y subrayado propio del Tribunal Disciplinario Judiciai).

Tal y como se evidencia del criterio transcrito, el juez solo esta obligado a solucionar la controversia y dirigir el proceso, ello a través de actuaciones jurisdiccionales que éste realice, autos fundados, autos de mero tramite, autos para mejor proveer, entre otros, sin embargo, ello no incluye el tener que suplir las cargas procesales que corresponden ejercitar a las partes pues como se dijo en párrafos anteriores éstas persiguen un interés propio que no puede ser suplantado por el juez quien debe ser el director del proceso, la figura imparcial del proceso, en pocas palabras, el juez no puede hacerse parte y deducir la pretensión de las partes.

Ahora bien, el juez denunciado cumplió con los trámites pertinentes para la remisión de las copias indicadas a la alzada tal y como se evidenció en el recuento de las actuaciones antes descritas, sin que la parte recurrente consignase nuevamente los fotostatos faltantes, por lo que pareciera un desinterés de la parte el no cumplir con la carga a la que el tribunal le instó mediante auto de fecha quince (15) de noviembre de 2011, respecto a la consignación de los fotostatos faltantes de la reforma del libelo de la demanda, evidenciándose además que la parte actora compareció ante el tribunal en varias oportunidades después de dictado el referido auto, tal y como se observa en la copia certificada del Libro de Préstamo de Expedientes al Publico, llevado por ese Tribunal (Vid. 482 al folio 490, ambos inclusive de la pieza N°1 del presente expediente), sin que cumpliera con dicha carga, siendo previamente indicadas dichas copias.

Asimismo, observa el Tribunal Disciplinario Judicial que la Secretaría del Tribunal Octavo Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, cumplió con las diligencias oportunas para lograr la remisión de lo pertinente en virtud de las apelaciones interpuestas, puesto que se libró los oficios y notificaciones que el juez a través de autos ordenó, agregó debidamente las diligencias, y corrigió los errores de foliatura que le fueron ordenados a través de auto, dando respuesta inmediata a los mandatos y directrices del juez en la antes descritas, quedando de parte del recurrente la consignación de las copias faltantes para ser remitidas a la alzada, constatándose claramente que no hubo violación de ningún derecho, ni negación de ninguna índole por parte del accionante fueron oportunamente proveidos, resueltos y acordados, no interpuestos, pues como ya ha sido reiterado la parte recurrente una vez indicada las copias debió consignar los fotostatos que hacían falta para completar su defensa ante la alzada, y ser remitidos a la misma, no siendo tal descuido y retardo atribuible ni al juez ni a la secretaria, pues la conducta de ambos estuvo enmarcada al cumplimiento efectivo del proceso, siendo justificado por ende la falta de remisión-de los recursos. Así se decide.-

VIII DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, baja la ponencia del Juez Presidente HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, aprobada d• manera unánime, decide lo siguiente:

Único: Se ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL al ciudadano JOSÉ VALENTIN TORRES RAMÍREZ titular de la cédula de identidad N° V-10.809.647, en su condición de Juez del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, en relación a la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA prevista en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Una vez que la presente decisión adquiera el carácter de definitivamente firme, remitase copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Inspectoría General de Tribunales, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de conformidad con el articulo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en concordancia con la sentencia N°516 de fecha 7 de mayo de 2013, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a los de la Independenela y 154de la Federación HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ Juez Presidente Ponente > CARLOS MEDINA ROJAS JAGQUELINE SOSA MARIÑO zens RAQUEL SUE CONZÁLEZ Secretaria En misma fecha, siendo las doce ytrint y dos (12:3pa. se publico yreβistro la anterior decisión bajo el N° D-SD-013- 168.

RAQUEL SUE GONZÁLEZ Sécxetaria

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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 MES VII Número 40.399 AÑO CXLI Caracas, viernes 25 de abril de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 Págs. costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria GACETA OFICIAL 11:55 AM DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MESIV Caracn, jueves 23 de esero de 214 NA.133 Esadau SUMARIO Proridencin por oul se nauye ia Comuin dn dmoeracon do Diévisae (CADT). pers que prode lo reforma de las rp or sneapy sUpudid de Beonomla, Finanzas y Banca Poba BCV Providencis mediarte la cual se estabiacan ina regusitoe y o py py Ed a y ue scecupre. soeyt e sesue) g foueseredo * Prordoncia mediarto le cual se estaoiecon lon reguistoas y al Irâmile pers le Autoricación de Adqusioón de Ouises (AAD) yuoumu cupe modue p sesanue te E cepeugio0 Providencia mediana la cual se establacan los requisitos.

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