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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 40.367

7 de marzo de 2014 · 32 páginas
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AÑO CXLI

Caracas, viernes 7 de marzo de 2014 MES V

SUMARIO Vicepresidencia de la República Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Alí Lacruz Calderón, como Delegado Estadal (E) para el Mar Territorial de esta Región.

Consejo de Ministras y Ministros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carolina del Valle Cestari Vásquez, como Presidenta de la Junta Directiva del Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social «Hijos de Venezuela».

Ministerio del Poder Popular para la Defensa Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos Profesionales Militares que en ella se mencionan, como Jefes de los Proyectos para los nuevos contratos a ser suscritos por el Componente Armada Bolivariana en el marco de la «Misión Negro Primero», y los contratos aprobados por el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Bolivariana.

Ministerio del Poder Popular para Industrias Actas.

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Resolución mediante la cual se prorroga por un lapso de seis (06) meses, es decir, desde el 1º de marzo de 2014 y hasta el 28 de agosto del presente año, para culminar el proceso de supresión y liquidación de la Empresa del Estado CVA Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas, S.A. (CVA ECISA, S.A).

Ministerio del Poder Popular para la Salud Resolución mediante la cual se asigna, con carácter transitorio, a cada uno de los Despachos de las Viceministras y Viceministros, el ejercicio de las funciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, de la misma manera se establece temporalmente la estructura orgánica de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se dictan las «Normas para la Aplicación, Seguimiento, Control y Cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social» de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 013, de fecha 17 de febrero de 2014.

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carolina del Valle Cestari Vásquez, como Directora Ejecutiva del «Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social Hijos de Venezuela», con carácter de Encargada.

Número 40.367

FUNDACREDESA Providencia mediante la cual se reforma la Comisión de Contrataciones de esta Fundación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.

Ministerio del Poder Popular para el Deporte Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Pablo Azuaje Romero, como Director de Relaciones Públicas, adscrito a la Dirección General de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de este Ministerio.

IND Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Juan Karlos Castellanos Varela, Director General (Encargado) de este Instituto.

INH Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Alberto Martínez Rodríguez, como Director General del Hipódromo de Santa Rita, de este Instituto.

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones, con carácter permanente, de este Ministerio, integrada por las ciudadanas y el ciudadano que en ella se señalan.

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Lourdes Mariela Sánchez Jaeger, como Directora General de Participación Popular, de este Ministerio.

Procuraduría General de la República Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ana Cristina Sulbarán Zafra, Gerente de Recursos Humanos, con las atribuciones y firmas de los documentos y actos que en ella se indican.

Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se Absuelve de responsabilidad disciplinaria judicial a la ciudadana Silvia Ángela Carroz de Pulgar.

Decisión mediante la cual se Absuelve de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana Aura Maribel Contreras de Moy.

Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Con Lugar el recurso de apelación ejercido por la Inspectoría General de Tribunales, y se anula el auto de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), dictado por el Tribunal Disciplinario Judicial en el expediente que en ella se indica.

Decisión mediante la cual se declara el Decaimiento del Objeto en el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Leslie Beatriz García Fermín, en su condición de representante de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y en su carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República.

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VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ZONA MARITIMA Y ESPACIOS INSULARES RESOLUCIÓN REDIMI N° 000031 CaraCas, 25 de FEBRERO de 2014 AÑOS 203°, 155° y 14° De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, numeral 11; 3° y 4° del Decreto No. 216 de fecha 08 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.202 de la misma fecha; 3° del Decreto No. 300 del 10 de agosto de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.227 de fecha 13 de agosto de 2013, reimpreso según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.240 del 30 de agosto de 2013 y, 5 y 6, numeral 1 del Decreto No. 11 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.157 de la misma fecha y según lo establecido en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 19 de la Resolución No. 040 del 06 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.223 del 07 de agosto de 2013, que establece la Estructura y Normas de Funcionamiento de los Órganos Desconcentrados de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral.

RESUELVE Artículo 1. Designo a partir del 17 de febrero de 2014, al ciudadano JESUs ALI LACRUz CALDERÓN, titular de la Cédula de Identidad No. 5.002.152, como Delegado Zona Marítima y Espacios Insulares.

Artículo 2. Se le autoriza para firmar los actos y documentos en las materias concernientes a las atribuciones y actividades de esa Delegacióg Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional MARLENE YADIRA CÓRDO MINISTRA DE ESTADO Decreto No. 300 del 10/08/2013 Gaceta Oficlal No. 40.227 del 13/08/2013 .J.

reimpreso en la Gaceta Oficdal N° 40.240 del 30/08/2013

CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS REVOLUCIONARIOS DEL GOBIERNO BOLIVARIANO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS REVOLUCIONARIOS DEL GOBIERNO BOLIVARIANO

SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS REVOLUCIONARIOS DEL GOBIERNO BOLIVARIANO PARA EL ÁREA SOCIAL NÚMERO: 001/2014 CARACAS, 06 DE MARZO DE 2014

AÑOS 203° y 155° El Segundo Vicepresidente del Consejo de Ministras y Ministros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano para el Área Social, designado mediante Decreto N° 02 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151, de fecha 22 de abril de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 8.777, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial Nº 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Gran Misión "Hijos de Venezuela”, que regula la Organización, Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos de Venezuela", en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana CAROLINA DEL VALLE CESTARI VÁSQUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° v-

6.235.930, COMO PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO DE AHORRO FAMILIAR E INVERSIÓN SOCIAL "HIJOS DE VENEZUELA".

Artículo 2. Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3. La funcionaria designada por esta Resolución deberá rendir cuenta al Segundo Vicepresidente del Consejo de Ministras y Ministros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano para el Área Social, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en ejecución de las atribuciones contempladas en el Reglamento Parcial Nº 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Gran Misión "Hijos de Venezuela", que regula la Organización, Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos de Venezuela".

Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Por el Ejecutivo Nacional.

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUESTR Segundo Vicepresidente del Consejo de Minisuras y ministros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano para er Area Social

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 06 MAR 2014 203° y 155° 003965 RESOLUCIÓN N°_ Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, RESUELVE ÚNICO: Designar al Personal Militar abajo mencionado, como Jefes de los Proyectos para los nuevos contratos a ser suscritos por el Componente Armada Bolivariana en el marco de la "MISIÓN NEGRO PRIMERO", y los contratos aprobados por el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Bolivariana en respuesta a los requerimientos de Seguridad y Defensa:

Vicealmirante ALBERTO JOSÉ ACOSTA SOTOMAYOR, C.I. N°

8.833.994, Jefe del Proyecto de Adquisición e Instalación del Sistema Nacional Integrado de Control de Tráfico Marítimo, e/r del Capitán de Navío ALEXANDER JOSÉ VELÁSQUEZ BASTIDAS, C.I. N° 8.970.528.

Capitán de Fragata DOUGLAS ALEXANDER BRICEÑO FIALLO, C.I. N° 11.991.499, Jefe del Proyecto de Actualización de Doce (12) Sistemas de Propulsión, Generación de Energía Eléctrica, Ayuda a la Navegación y Mantenimiento de Carena de los Patrulleros Guardacostas Clase "GAVION", e/r del Capitán de Fragata JOSÉ MIGUEL BUCCHERI PEON, C.I. N° 10.354.647.

Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional

ara Ja Defensa

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS.

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL

Municipio Libertador, 26 de Noviembre del Año 2013 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el documento redactado por el Abogado CRISTINA ISABEL ALONZO DE MARIÑA IPSA N.:

131718. se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 156, TOMO -104-A SDO.

Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. . Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó así: CRISTINA ISABEL ALONZO DE MARIÑA, C.I: V-8.268.797.

Abogado ReviSor: ELEIXED GONZALEZ MARQUEZ

Registrador Mescanti Segundo Encargado Abogado EVER ENR QUE REYES RINEDA ESTA PÁGINA PERTENECE A:

VENEZOLANA DE CEMENTOS S.A.C.A, S.A Número de expediente: 976 DIV Bolivariano industrias JUNTA DIRECTIVA DE VENEZOLANA DE CEMENTOS, S.A.C.A.

ACTA N° 12-2013 En el dia de hoy, veinte (20) de Noviembre de 2013, siendo las dos post meridiem (2:00 p.mi.), en la oficina principal, ubicada en la Urbanización Las Mercedes, calle Londres. Torre Venezolana de Cementos, piso 7. Municipio Baruta, Estado Bolivariano de Miranda, reunida la JUNTA DIRECTIVA DE VENEZOLANA DE CEMENTOS, S.A.C.A.. conformada por Ios ciudadanos. RAÚL ERNESTO PACHECO SALAZAR, NATACHA CASTILLO, RAMÓN ERNESTO PERDOMO y CARLOS RAFAEL FARIA TORTOSA, titulares de las cédulas de identidad Nos.

V-5.53.246, V-7.295.813, V-7.357.025, V-6.047.587, respectivamente en su caráctes de Miembros Principales y la cludadana EUNICE NÚÑEZ, titular de la cédula de identidad No. V-6.270.171 como miembro suplente, todos designados para el período 2013-2014, tal y como se desprende del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha veinticinco (25) de febrero de, dos mill (2013), con el objeto de celebrar la reunión de Junta Directiva para esta fechá y hora: Seguidamente toma la palabra el ciudadano-RAÚL ERNESTO PACHECo SALAZAR, en su condición de Presidente de la Junta Directiva, quien:una vez verificado el quorum procede a dar lectura al Orden del Día, el cual es del tenor siguiente:- 1.- Considerar la renuncia de la Lic. Natacha Castillo, al cargo de Presidenta de la Empresa; 2.- Considerar la solicitud de creación del Comité Ejecutivo de Dirección de Venezolana de Cementos, S.A.C.A; 3.- Designación de). Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutivo de Dirección; 4.- Delegar en el Comité Ejecutivo de Dirección de Venezolana de Cementos, S.A.C.A, para que actuando conjunta o separadamente, el Presidente y Vicepresidente, tengan las --'ejeyes es inbe enb seunque : Una vez leido el Orden del Dia, el Presidente de la Junta Directiva, Ing. Raúl Pacheco, pasa a explicar que conforme al contenido de la comunicación presentada por la Presidenta de la Empresa, Lic. Natacha Castillo, mediante la cuaj - motivado a razones personales- pone a disposición de la Junta Directiva el cargo de Presidenta que viene desempeñando desde el 25 de febrero de 2013, resulta necesario que ese cuerpo colegio considere dicha renuncia. En este contexto pasa a agradecer y reconocer la labor cumplida por la Lic. Castillo durante los años que tuvo al frente de la empresa en todas y cada una de sus presidenta de la Empresa Estatal Venezolana de Cementos, S.A.C.A, todo ello enmarcado siempre en una gerencia comprometida y responsable. En este mismo Natacha Casio, al cargo de Presidenta de la Empresa y dada la neesida gu gacantizar la continuidad de las operaciones y de la Administración de,sta misma...

propone la creación de un Comité Ejecutivo de Dirección de Venezolana de Cementos, bajo la Presidencia del ciudadano Basilio Labrador Amaya y la Vicepresidencla del ciudadano Gilberto Barrios.--.

Posteriormente, se pasó a considerar todos y cada uno de los puntos del orden del dia, donde la Junta Directiva haciendo uso de sus más amplios poderes de administración de la empresa conferidos en el articulo 9 del Documento Estatutarlo Constitutivo, APROBÓ POR UNANIMIDAD, 1. Aceptar la renuncia de la Lic. Natacha Castillo al cargo de Presidenta de la Empresa, presentada el 15 de.

creación del Comité Ejecutivo de Dirección de Venezolana de Cementos, S.A.C.A; 3- Designar al ciudadano Basilio Labrador Amaya, titular de la cédula de identidad N° V- 9.463.236, como Presidente del Comité Ejecutivo de Dirección de la Empresa; y ai ciudadano Gilberto Barrios Contreras, titular de la cédula def identidad' N° y- 5.760.702; como Vicepresidente; 4.- Delegar en el Comité Ejecutivo de Dirección de Venezolana de Cementos, S.A.C.A, para que actuando conjunta o separadamente, el Presidente y Vicepresidente, tengan las siguientes 4 atribuciones:-a) Ejercer la plena representación legal de la Compañía en sus relaciones con los terceros. La representación judicial podrá encomendar la a un Director representante judicial quien tendrá las facultades que se señalan el Documento Constitutivo Estatutario.-- El Presidente de la Compañía hará el nombramiento y revocación del Director Representante Judicial mediante participación inscrita en el Registro mercantil y. una vez hecha la participación, el Director Representante Judicial ejercerá exclusivamente dicha Representación Judiclal, cesando en ella solo cuando ocurra la revocación.-b) Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones de las Asambleas y de la Junta * Directiva.periódicamente las plantas y explotaciones de la Compañía y de sus filiales y a tal efecto, recibirá Informe de los Vicepresidentes, de los Asesores y de los Gerentes y les impartirá sus instrucciones a la vez que coordinará las labores de ellos entre sí.-d) Tendrá a su cargo, además de las otras funciones atribuidas a él en el Documento Constitutivo Estatutario; velar por el adecuado desarrollo de los recursos humanos, la administración directa e inmediata de los negocios de la compañía en todo, cuanto no esté atribuido a otros funcionarios y tiene bajo su control inmediato la marcha y funcionamiento de las máquinas y explotación de la Compañía y sus empresas filiales. Tendrá bajo su dependencia al personal de la compañía adscrito a las destituir aquellos que falten a sus deberes y reemplazarlos, salvo el decisión previa de la Junta.-- Dará cuenta minuciosa a la Junta Directiva de todas sus actuaciones y ejecutará las instrucciones recibidas de la misma. Desempeñará además las funciones especiales que en él delegue la Junta Directiva.e) Delegar en los Vicepresidentes o en otros funcionarios el ejercicio de las atribuciones que le competen.f) Suplirá las ausencias temporales o absolutas del Presidente de la Junta Directiva.-- Finalmente los miembros de la Junta Directiva presentes, autorizaron amplia y suficientemente a la ciudadana Cristina Alonzo, titular de la cédula de identidad No. V- 8.268.797. para que formalice la inscripción y protocolización ante el Registro Mercantil correspondiente.--- No existiendo otro punto que discutir, se levantó la sesión previa lectura, Pacheco; (fdo.), Natacha Castillo; (fdo.), Ramón Ernesto Perdomo; (fdo.), Carlos Faria; (fdo.) y Eunice Nuñez; (fdo.).-

CERTIFICACIÓN: Quien suscribe, Cristina Alonzo, que el Acta transcrita es copia fiel y exacta de la original elaborada por la Junta Directiva de Venezolana de Cementos, S.A.C.A., celebrada en fecha veinte (20) de Noviembre de 2013, la

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409.782 cual se encuentra inserta en el Libro de Actas respectivo. En la Ciudad de Carasas, a los (20) días del mes de Noviembre de 2013.

Natacha Castillio Quenesas.

Ramón Ernesio Beriomo

C

Eunice Núñez

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

ERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y RM No. 221 OTARÍAS.

203° y 154° REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL Municipio Libertador, 13 de Enero del Año 2014 Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expidase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado DEYANiRA ORDAZ DE HERRERA IPSA N.: 7992, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asI: DEYANIRA ORDAZ DE ERRERA, C.I: V-3.226.108.

Abogado ReVisor: OBERSYS DEL VALLE AGUILAR VILORIA

Registrador Mercantil Segundo Encargado FDO. Abogado EVER ENRIQUE REYES PINEDA ESTA PÁGINA PERTENECE A:

CORPORACION VENEZOLANA DEL PLASTICO, COVEPLAST, C.A Número de expediente: 488688 MOD

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE PROMOTORA DE EMPRESAS SOCIALISTAS PROESCA, C.A.

/ suscribe, ANTONIO JOSE NUÑEZ NIEVES, Venezolano, mayor de edad, identificado con la Cédula de Identidad N° 7.277.006, de profesión Militar (Gral/Brig Aviación), procediendo en este acto, en mi carácter de Presidente de la "PRomoTORA DE EMPRESAS SOCIALISTAS, PROESCA, C.A.", según consta de Resolución N° 058, publicada en Gaceta Oficial N° 40265 de fecha 04 de Octubre de 2013, Empresa originariamente constituida con la denominación social Productos Especiales PROESCA.C.A. e inscrita en esa oportunidad, en la Oficina de Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (actualmente Distrito Capitai) y Estado Miranda, en fecha 05 de junio de 1995, inserta bajo el Tornc 225-A-Sdo, Numero 40, cuyo documento Constitutivo-Estatutario, ha sido objeto de varias reformas y sompilaciones en un solo texto, encontrándose dentro de ellas el cambio de su Denominación Social a PROMOTORA DE EMPRESAS SOCIALISTAS, PROESCA Č.A. y el cambio de su Domiciio ocil a la cidad de Valecia, Expediente N° 314-963 del Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo. En fecha 19 de Marzo de 2013, se registra nuevamente el traslado dei Domicilio Social de la Empresa a la Ciudad de Caracas, según consta de asiento registrado en el tomo 34-A 314, N° 4, año 2013 del Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo, y en el Registro Mercantil Segundo de ia Circunscripción Judicial del Distrito Capital. y Estado Miranda, Tomo.93-A Sdo N° 208, Expediente N° 221-38732. CERTIFICO: Qáe el Acta que a continuación se transcribe, es copia fiel y exacta de su original, el cual corre inserto en el Libro de Acras de Asamblea de Accionistas de la Sociedad "PROMOTORA DE EMPRESAS Viernes 7 de marzo de 2014 sOCIALISTAs PROESCA, C.A." y cuyo tenor es el siguiente: En fecha 08 de Noviembre de 2013, siendo las 10:00 am. se constituyó en la sede del Ministerio del -- Ibarras, Edificio Central, Piso 5, Municipio Bolivariano Libertador. Sector La Candelaria, 7 Caracas. una Asamblea Generai Extraordinaria de Accionista de la Empross "PROMOTORA DE EMPRESAS SOCIALISTAS, PROESCA, C.A.", ente adscrito al MINISTERIO DEL. PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS, segÚn DeCreIO No. 8.610. publicado en la Gaceta Oficial N°6.058, Extraordinario, de fecha 26 de Noviembre de 2011, originalmente constituida con la denominación social de "Productos Especiales, PROESCA, C.A", e inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (actualmente Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 05 de junio de 1995, inserta en el Tomo 225-A- Sgdo, bajo el N° 40. cuyo documento Constitutivo-Estatutario ha sido objeto de varias reformas.

encontrándose dentro de ellas el cambio de su domicilio a la ciudad de Caracas, según asiento de fecha 19 de Marzo de 2013, tomo 34-A 314. N° 4, año 2013, Expediente N° 314-963, del Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo. La reunión se efectúo sin convocatoria previa, cumpliendo con los extremos previstos en la Cláusula 8 del documento Constitutivo-Estatutario de la empresa PROESCA, C.A. Se encontraba presente en la reunión el ciudadano RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad numero V.- 10.333.821, domiciliado en la ciudad de Caracas, en su carácter de MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUsTRIAS, según nombramiento realizado mediante Decreto N° 8.610 de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, publicado en Gaceta Oficial N° 6.058, Extraordinario, de fecha 22 de noviembre de 2011, quien presidio la Asamblea y ejerce la representación de la República Bolivariana de Venezuela, única acciOniSta de la "PROMOTORA DE EMPRESAS SOCIALISTAS PROESCA, C.A.", según consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionista, celebrada el 26 de enero de 2011 y protocolizada ante la Oficina de Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo, bajo el Numero 30, Tomo 31-A, de fecha 22 de marzo de 2011, y la ciudadana Diomarys Malave, venezolana, titular de la Cédula de Identidad No. V.- 16.061.194, designada con el carácter de Secretaria Accidental de dicha Asambiea. El ciudadano RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO, solicitó a la Secretaría de la Asamblea que verificara el quórum, y una vez revisado, se dejo constancia con la presencia en la reunión del Ciudadano Ministro Ricardo Menéndez, de la representación del Cien por Ciento (100%) del Capital Social de la PROMOTORA DE EMPRESAS SoCIALISTAS PROESCA, C.A., por lo que se declaró válidamente constituida la misma, con el siguiente Orden del Dia PRIMERO: Considerar y resolver acerca de la modificación de la CLAUSULA 1 del documento Constitutivo-Estatutario de la empreSa PROMOTORA DE EMPRESAS SOCIALISTAS, PROESCA, C.A.

referente a la DENOMINACION SOCIAL de la Sociedad. El Ciudadano Antonio José Núñez Nieves, en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercanti-PROESCA, C.A.. según consta de Gaceta Oficial N° 40.265 de fecha 04 de Octubre de 2013, manifestó que en virtud de lo aprobado en el Punto de Cuenta N°034-13 de fecha 22 de Julio de 2013, suscnto por los ciudadanos Presidente de la República Nicolás Maduro, y el Ministro del-Poder Popular para Industrias, Ricardo Menéndez, y se acuerda el cambio de DenGminación Social de la PROMOTORA DE EMPRESAS SOCIALISTAS. PROESCA.:C.A. en virtud de las nuevas actividades a las cuales se dedica la misma, en consideración a la visión y misión social que orienta a la República Bolivariana de Veñezuéla, según el Plan de la Patria 2013-2019 y por responder administrativamente a la misma dirección técnica, financiera y politica. El contenido de la CLAUsULA 1 a partir de la presente fecha, se modifica de PROMOTORA DE EMPRESAS SOCIALISTAS PROESCA, C.A. a CORPORACION VENEZOLANA DEL PLÁSTICO, S.A. (CoVEPLAST, S.A.) Luego de las deliberaciones pertinentes ia Asamblea de Accionista, aprobó el contenido del Punto Primero dei Orden del Día, quedando la Clausula 1 del documento Constitutivo-Estatutario, redactada en los siguientes términos CLAUSULA 1: "La Sociedad se denominará CORPORACION VENEZOLANA DEL PLASTICo, S.A (CovEPLAST, S.A.), girará bajo la forma de Sociedad Anónima, y tendrá su Domicilio Social, en la Avenida Urdaneta, Esquinas de Ibarras a Pelota, Edificio Gentral, sede del Ministerio del Poder Popular para Industrias, Piso 5, Municipio Bolivariano Libertador, Secior La Candelaria, Caracas, siendo el término de su duración documento Constitutivo-Estatutario, en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, La sociedad podrá establecer sucursales, agencias, o representaciones en otros lugares de la Republica Bolivariana de Venezueia o en el exterior, previo acuerdo de la "Asamblea General de Accionista"

SEGUNDO: Considerar y resolver, acerca de la modificación de la CLAUsULA 13 del documento Constitutivo-Estatutario de la Sociedad, en relación con la conformación de la Junta Directiva, en la cual se incluye el cargo de Vicepresidente y un (1) Director Pnncipal, quedando la misma redactada de la forma siguiente CLAusULA_13: "La Junta Directiva estará conformada por un (1) Presidente, que fungirà también como Presidente de la Sociedad, un (1) Vicepresidente y cinco (5) Directores Principales, con

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sus respectivos Suplentes, quienes cubrirán las ausencias temporales o absolutas de ios Dire:actores Principales". TERCERO: Consice a/ y resolver sobre !a modificación de la CLAUSULA 38 del documento Constitutivo-Estatutario de la PROMOTORA DE EMPRESAS SOCIALISTAS, PROESCA, C.A.. denominada a partir de la presente fecha CORPORACION VENEZOLANA DEL PLASTICO, COVEPLAST, S.A., en lo referente al nombramiento y designación de la Junta Directiva y otras autoridades.

Luego de discutido el Punto Tercero del Orden del Día, la Asamblea de Accionista, aprobó la modificación de la CLAUSULA 38 del documento Constitutivo- Estatutario, como se transcribe a continuación: CLAusULA 38 "La Junta Directiva de la compañía estará integrada por los siguientes miembros:

NOMBRE Y APELLIDO CARGO CEDULA DE IDENTIDAD ANTONIO JOSÉ NUÑEZ C.I. V- 7.277.006 PRESIDENTE YAJAIRA DOMINGUEZ C.. V-12.039.619 VICEPRESIDENTE PATRICIA FEBLES C.I. V-13.615.221 DIRECTORA PRINCIPAL SUJEY MALAVER C.I. V-13.444.949 DIRECTORA PRINCIPAL CARLOS FARIAS C.I. V- 6.047.587 DIRECTOR PRINCIPAL CAROLINA ORTEGA C.I. V- 9.696.670 DIRECTORA PRINCIPAL EFRAIN ALFONSO C.I. V- 7.122.689 DIRECTOR PRINCIPAL C.I. V-19.123.353 YESICA MOLINA DIRECTORA SUPLENTE C.. V-17.386.879 GABIEL RANGEL DIRECTOR SUPLENTE C.I. V- 6.270.171 EUNICE NUÑEZ DIRECTOR SUPLENTE PEDRO MIGUEL GUILLEN C.I. V- 8.984.719 DIRECTOR SUPLENTE C.I. V- 11.220.509 KARLA ESCOLA DIRECTORA SUPLENTE CARGO NOMBRE Y APELLIDO CEDULA DE IDENTIDAD DENYS ANTELIZ C.I. V- 17.018.941 COMISARIA PRINCIPAL FRANCIS GUILLEN C.I. V- 14.609.788 COMISARIO SUPLENTE CEDULA DE NOMBRE Y APELLIDO CARGO IDENTIDAD JUDALIS MAS Y RUBI C.I. V- 16.631.072 REPRESENTANTE JUDICIAL PRINCIPAL C.I. V- 3.226108 DEYANIRA ORDAZ REPRESENTANTE JUDICIAL SUPLENTE C.I. V-16.061.194 SECRETARÍA PRINCIPAL DIOMARIS MALAVE C.I. V- 19.959.032 SECRETARIO SUPLENTE YAMILETH CORNEJO cuaRTO: Considerar y resolver sobre la reestructuración del documento Constitutivo- Estatutario de la empresa y su compilación en un solo texto. Luego de las deliberaciones de rigor, la Asamblea General Extraordinaria de Accionista, aprobó ia reestructuración del documento Constitutivo-Estatutario de la empresa, la inclusión.de n nnen nn en n n n nen n n en e

DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO DE LA " CORPORACION VENEZOLANA DEL PLASTICO, S.A. COVEPLAST, S.A."

DISPOSICIONES GENERALES DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA CORPORACION CLAUSULA 1: La Sociedad Se denominarà CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL.

PLÁSTIco (CoVEPLAST,S.A.), girarà bajo la forma de sociedad anónima adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS, tendrá Su DomiCilio Social en la Avenida Urdaneta, Esquinas de Ibarras a Pelota, Edificio Certral. Piso 5, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Sector la Candelaria, pudiendo establecer Bolivariana de Venezuela o en el exterior, previa autorización de la Asarblea de Accionista, y su órgano de adscripción. Su término de duración es de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de inscripción de la presente acta en el Registro correspondiente, pudiendo prorrogarse dicho lapso, por periodos iguales o superiores, per decisión de su Asamblea de Accionista.

CLAUSULA_.2: La empresa tendrá por Objeto Social la producción. fabricación. comercialización, de los productos que a continuación se indican: Estibas (Paletas). Tanques de Agua, Sacos de Rafia, Piezas Sanitarias, Cestas Plásticas para la Jeringas, Kits Hospitalarios, Catéteres, Sondas; productos de Higiene y Cuidado Personal tales como: Pañales y Toallas Sanitarias; Cuñetes, Cajetines. Centro Pisos, Sifones y cualquier otro producto fabricado en parte o totalmente con polímeros o con algún producto de la Industria Petroleoquímica o de los insumo o desechos provenientes de la misma; así mismo podrá desarrollar proyectos de transformación e industrialización de productos derivados del gas y corrientes de refinación o de cualquier otro tipo de producto procedentes aguas abajo en la cadena de producción, ya sea de las actividades en la Industria Petroquímica o fuera de ella directamente o a través de sus filiales o empresas mixtas, cualquiera que sea su participación accionaria en ellas o no, así como mediante aquellas empresas o sociedades civiles o mercantiles en las que almacenaje, manejo y disposición de sustancias, materiales y de todo tipo de desechos sean estos peligroso o no, que ayuden a la transformación, industrialización y desarrollo del país siempre que tales productos y proyectos se generen conformes a la Ley. Dentró de este objeto la empresa podrá contribuir con sus recursos a impulsar el desarrollo industrial, científico y tecnológico dirigido a transformar el modelo productivo nacional preservando y protegiendo el medio ambiente, consolidando así la justicia social a fin de satisfacer las necesidades de la población y el interés colectivo. La Empresa en cumplimiento de su objeto podrá: 1. Adquirir total o parcialmente participación accionaria en todas aquellas sociedades mercantiles y de servicios relacionados directa o indirectamente con su objeto social, previa notificación al órgano de adscripción de la Compañía, en atención a lo establecido en el artículo 123 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; sean propiedad de entes nacionales o extranjeros, o fusionarse con ellas. Asimismo, debe ser informada a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, de conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuesto para cada Ejercicio Fiscal; 2. Adquirir y enajenar cualquier otro tipo de bienes muebles e inmuebles, que se requieran para el cumplimiento del objeto. 3. Realizar todo tipo de para la buena marcha de la Empresa y en resumen la celebración de todo tipo de actividades de lícito comercio vinculadas con el objeto social, atendiendo a las limitaciones previstas en la ley. Todo ello en forma permanente, en beneficio de la comunidad y en el marco de la política socialista.

TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES CLAUSULA 3: El Capital Social de la compañía es de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS BOLIVARES, CON CERO CENTIMOS (Bs.

2.531.F00,00), representado por DOS MILLONES QUINIENTAS TREINTA Y UN MIL SETECIENTAs (Bs. 2.531.700) acciones nominativas, no convertibles al portador, por un valor de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una, equivalentes al CIEN POR CIENTO dominio a la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por Órgano dei extinto MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA. TECNOLOGIA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS en la aCtualidad, MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDusTRIAS, a titulo gratuito, de conformidad al contenido de Acta inscrita por antè la Oficina del Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo, bajo el Tomo 31-A, Numero 30, de fecha 22 de marzo de 2011. Esta transferencia comprende 9 incluyen la totalidad de los deberes y derechos políticos y económicos correspondientes a los títulos que se transmiten. La propiedad de las acciones se prueba y se establece por su inscripción en el Libro de Accionistas, en el que se anotará el nombre y apellido o razón social, según el caso, nacionalidad y domicilio del tituiar, el número de las acciones que posea y cualquier limitación o gravamen que exista sobre ellas. Sólo se reputará como Accionista de la empresa, a quien se encuentre inscnto en dicho Libro. Las acciones no podrán ser vendidas, gravadas, pignoradas, cedidas o en cualquier otra forma traspasadas a terceros, en todo o en parte, sin el acuerdo previo por escnto de la Asambiea de Accionistas y el cumplimiento de las formalidades de iey. La cesión en propiedad de las acciones de la Sociedad, se hará mediante traspaso inscrito en el Libro de Accionistas, firmado por el cedente, el cesionario o sus apoderados, el Presidente y ei Secretario de la Junta Directiva. En caso que existan otros accionistas estos tendrán el derecho de preferencia para la adquisición de las acciones en caso de cesión o venta de las misma; razón por la cual, el accionista enajenante deberá participar por escrito al Presidente de la Junta Directiva, el número de acciones que desea enajenar, con indicación expresa del precio y de las condiciones de la oferta. Recibida la comunicación, el Presidente de la Junta Directiva, dentro de los tres (03; dias habiles siguientes, deberá informar por escrito de la oferta a ios otros accionistas.

continuos, contados a partir de la recepción de la comunicación remitida por el Presidente de la Junta Directiva, para ejercer su derecho de preferencia. En caso de que existan varios accionistas interesados en la enajenación, las acciones serán adquiridas en forma proporcional a la composición del capital social y en igualdad de condiciones. En caso que no se ejerza el derecho de preferencia, el accionista enajenante podrá ofrecer sus acciones a terceros, al mismo precio y condiciones ofertados a los accionistas, en un período de noventa (90) días continuos. Vencido ese

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lapso, el accionista enajenante deberá cumplir nuevamente con el procedimiento antes descrito DE LAS ASAMBLEAS CLAUsULA 4; La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de dirección de la Compañía y sus decisiones son obligatorias para todos los accionistas y para la Junta las Acciones de la República Bolivariana de Venezuela en las Asambleas, las cuales serán presididas por él. CLAusULA 5; La Asamblea de Accionistas podrá ser Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá en el domicilio de la Sociedad dentro de los noventa (90) días siguientes al cirr de cada ejercicio anual,

ley exija una representación mayor; para conocer y resolver las cuestiones a que se refiere el artículo 275 del Código de Comercio, a cuyo fin la Junta Directiva fijará el día y e e n n n e e e n mediante carta personal dirigida a cada accionista, debidamente recibida por éste.

Dicha convocatoria deberá enunciar el lugar, día y hora de la reunión y, cada uno de los puntos a tratar. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas se reunirá en el mismo domicilio, siempre que interese a la Sociedad. CLAUSULA 6; La Asamblea Ordinaria de de circulación nacional. CLAUSULA.7: Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se reunirán cada vez que lo requiera el interés de la Compañia, a juicio de la Junta Directiva, dei Comisario o de un número de accionistas que representen por io menos una quinta parte (1/5) del Capital Social, deberán constituirse con la presencia de un

convocatoria publicada al menos con siete (7) dias continuos de anticipación, en un jano de circu ación nacional y mediante carta personal dirigida a cada accionista. y debidamente recibida por éste. Dicha convocatoria deberá enunciar el lugar, día y hora de la reunićn y, cada uno de los puntos a tratar. A las Asambleas, ordinarias o extraordinarias. pueden asistir los apoderados de los Accionistas, siempre que estén debidamente autorizados por éstos y se identifiquen como tal ante el Presidente de la Asambiea, una Carta Poder suscrita por el Accionista interesado. Se considerará que no existe quórum si, sesenta (60) minutos después de la hora fijada para la reunión no na concurnido la representación del Capital Social necesario. A falta de quórum para la constitución de la Asamblea convocada, bien sea ordinaria o extraordinana, la reunión convocatoria la fecha, hora y lugar a celebrarse, así como los puntos a tratar, En esta nueva sesión, la Asamblea de Accionistas quedará constituida sea cual fuere el número de accionistas que concuieran a ella. Las decisiones se tomarán por unanimidad, mediante consenso y cuando esto no fuere posible, se adoptarán con el voto favorable CLAUsULA_8:_Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas podrán constituirse cuando concurran la totalidad de los accionistas, sin necesidad de CLAUSULA 9: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria de Accionistas: 1. Discutir y aprobar o modificar el balance, con vista del informe de los Comisarios. 2. Nombrar los administradores, llegado el caso. 3. Nombrar los Comisarios. 4. Fijar las retribuciones que haya de darse a los administradores y comisarios, si no se falla estableada en los estatutos. 5. Conocer de cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido. CLAUsULA 10: Son atribuciones de la Asamblea Extraordinaria de Accionista: 1. Elegir los miembros principales de la Junta Directiva, señalando en la misma oportunidad ei que ejercerá las funciones de Presidente y removerlos, aun antes del vencimiento d.a penodo para al cual fueron elegidos. La Asamblea de Accionista podrá designar los miembros principales de la Junta Directiva a excepción del Presidente. Corresponderá al Presidente convocar a cualquiera de los Suplentes al ocurrir la falta temporal de uno de los miembros principales de la Junta Directiva. En caso excepcional de falta temporal del Presidente, la Asamblea de Accionistas designará, dentro del seno de la Junta Directiva, a la persona que desempeñará la Presidencia interinamente. 2. Fijar el sueldo del Presidente y de los miembros de la Junta Directiva, según sea el caso. 3.

la Sociedad y evaluar periódicamente el resultado de las decisiones adoptadas; 5. Conocer, aprobar o improbar el presupuesto anual de ingresos de gastos y el programa

n n e n le e k ne e n

n e e e n :

los empleados que determine la Asamblea de Accionista, cuando lo considere conveniente. 9. Acordar el establecimiento y clausura de oficinas, agencias o domicilios corresponsales en el país o en el exterior. 10. Decidir sobre la disolución anticipada de la sociedad, la prorroga de su duración, la fusión con otras sociedades, la venta del Comercio. 11. Nombrar y remover al Comisario y su suplente, y fijarles sus honorarios profesionales. 12. Conocer y aprobar el Informe de Gestión anual que deberá presentar la Junta Directiva, así como el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas, con vista al informe de los Comisarios y de los Auditores Externos. 13. Designar el Representante .Distritales y Municipales, y de los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal, y sus Entes Descentralizados. 15. Nombrar y remover a los Auditores Externos independientes de la Financieros, así como fijarles sus honorarios profesionales. 16. Examinar y Aprobar el informe que debe presentar la Junta Directiva sobre las actividades del ejercicio fiscal inmediatamente anterior. 17. Supervisar la gestión de la Junta Directiva, para lo cuai se podrán examinar los libros y documentos, así como los bienes que le estén asignados. 18. Resolver cualquier asunto sometido a su consideración, previsto en esta Acta Coinstitutiva Estatutaria o en cualquier otra normativa aplicable. 19. Enviar al Ministro de Poder Popular de Industrias. y a los demás representantes de la República variana de Venezuela, si los hubiere, con quince (15) días de antelación a ia fecha popicada para la celebración de la Asamblea de Accionistas Ordinaria, los proyectos consolidados, informes anuales de la Junta Directiva, Balance General Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas. y los informes de los Comisarios. CLAUsULA 11; De las representantes de los accionistas, por los miembros de la Junta Directiva presentes y po: ei Secretario principal o si fuere el caso por los secretarios Ad Hoc.

TITULO IV DE LA ADMINISTRACION CAPITULO I DE LA JUNTA DIRECTIVA CLAusuLA 12: La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la sociedad, con ias más amplias atrbuciones de administración y disposición que le confieren esta Acta Constitutiva Estatutaria, la Asamblea de Accionista y las 1eyes. CLAUSULA.13: 1.a Junta Directiva estará conformada por un (1) Presidente, que fungirá también como Presidente de la Sociedad, un (1) Vicepresidente y cinco (5) Directores Principales, con sus respectivos Suplentes, quienes cubrirán las ausencias temporales o absolutas de Ios Directores Principales. Los miembros de la Junta Directiva, serán designados por la Asamblea de Accionista. CLAUSULA.14; Los miembros de la Junta Directiva durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos. Sin embargo, sustitutes sean designados y tomen posesión de los respectivos cargos CLAusULA 15. Los Dirsctores designados con arreglo a Ic dispuesto o: ta Ley O:gánica del deberán dedicarse a sus funciones a tiempo completo, salvo ei caso de asig-na.iones autorizadas por el Ministro del Poder Popular para Industrias. CLAUsULA 16: En caso de falta absoluta de un miembro de la Junta Directiva, la Asamblea de Accionista si lo considera conveniente, designará al sustituto por el tiempo que falte para completar su periodo. A los efectos de esta clausula, se entiende por falta absoluta: a) La ausencia, sin razón que la justifique, a más de cuatro (4) sesiones consecutivas de la Junta Directiva durante un (01) año; b) La remoción procederá en cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo; c) La renuncia, d) La jubilación: y e) La muerte o incapacidad permanente. CLAUsULA 17: La Junta previa en la sede de su domicilio principal en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela o en cualquier otro lugar dentro del pais. pero podrá reunirse extraordinariamente cuanta veces sea necesario, previa convocatoria del Presidente. Si se encontrare presente la totalidad de ios miembros de la Junta Directiva, se podrá reunión, pudiendo tomar en ella los acuerdos que sean procedentes. En este caso, deberá acordarse el orden del día al iniciar la reunión. CLAuSULA_18: Las reuniones

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más uno de los miembros presentes de la Junta Directiva. Cuando el Presidente no estuviere de acuerdo con la decisión aprobada, podrá convocar una Asamblea Extraordinaria de Accionista para que decida en definitiva. CLAUsULA 19: La Junta Directiva tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 1. Planificar las actividades de la empresa y evaluar periódicamente el resultado de las decisiones adoptadas, de conformidad con los lineamientos aprobados por la Asamblea de Accionistas. 2. Presentar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el proyecto de Presupuesto siguiente. 3. Presentar a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que ha de celebrarse en el primer trimestre de cada año, el informe anual sobre sus operaciones, el balance y estado de ganancias y pérdidas del ejercicio anterior. 4. Proponer. a la Asamblea de Accionistas en reunión anual, la distribución de utilidades, su monto, así como la cuantía de las reservas facultativas que considere procedentes. 5. Proponer a la Asamblea de Accionistas la distibución de utilidades y e! p. de bor.ficz..

e n e n e o s en e o tenga"participación accionaria en cualquier forma, tanto dentro de la República de acuerdo a lo previsto a la Ley de Contrataciones Públicas Vigente, así como Asamblea de Accionistas. 10. Someter a la consideración de la Asamblea de Accionistas la enajenación o constitucion de hipotecas, prendas o cualquier otra clase de gravámenes sobre todo o parte de bienes muebles, inmueb'es o derechos de i Compañia 11. Nombrar y remover el personal de ia Empresa con arreglo a los 12. Acordar la apertura y cierre de cuentas bancarias, designar a las persona que firmarán los contratos, cheques, pagarés, letras de cambio y demás efectos de comercio y titulos de crédito que emita la Socedad. 13. Elegir, remover o ratificar al secretario pnncipai y a los Ad Hoc de la Asambiea de Accionista y de la Jura Di:ectiva. 14. Delegar el ejercicio de una o varias de sus atribuciones en uno o más membros de la Junta Directiva o en otros funcionarios o comités de la sociedad; que tenga a bien designar. 15. Presentar para la aprobación de la Asamblea de Accionistas los Planes Anuales de Trabajc y el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, los Estados Financieros, el Balance General Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas. la Memoria Explicativa, asl como los documentos que sean pertinentes, con treinta (30) dias de antelación a la reunión ordinaria anual. 16. Representar a la Compañía por medio e su Presidente, o quien haga sus veces, ante cualquier autoridad pública y/o pnvada, ejerciendo todas las acciones que correspondan. 17. Proponer a la Asambiea las modificaciones del Acta Constitutiva Estatutana que considere necesanas 18. Excocoi todas aquellas funciones que le sean encomendadas por la Asambiea de Accionistas, por esta Acta Constitutiva Estatutaria y demás normativa aplicabie. CLAUSULA. 20: la sociedad, con el Ministerio del Poder Popular de Industrias, ni con otras sociedades o otros. Los miembros de la Junta Directiva deberán abstenerse de participar on tas conflicto, actual o potencial, entre sus intereses y los de la sociedad. CLAusULA 21: Están inhabilitados para ser miembros de la Junta Directiva, los declarados en estado de quiebra o los condenados por delitos castigados con penas de presidio o de prisión.

CLAUsULA 22: Los miembros de la Junta Directiva serán personal y solidariamente responsables en los términos establecidos respecto a los administradores en el Código de Comercio, Código de Ética Profesional y las Normas y Procedimientos Internos de la Organización. CLAuSULA 23: En caso de inasistencia de un miembro de la Junta Ditectiva a cualquiera de sus reuniones, se presume su conformidad con respecto a las reunión a la cual asista. CLAUsULA 24; De las decisiones tomadas por la Junta Directiva se levantará acta en libro destinado al efecto. Las actas serán firmadas por los miembros que hubieren concurridos a la sesión y por el Secretario Principal o si fuere el caso por los secretarios Ad Hoc. CLAusULA 25: El Secretario Principal o si fuere el. caso, los secretarios Ad Hoc, levantarán las actas a que se refieren las clausulas 11 y 24 de este documento, certificarán las copias que de las mismas hubieren de expedirsé y desempeñará las demás funciones que le asigne la Junta Directiva.

CAPITULO II DEL PRESIDENTE

Sociedad estarán a cargo del Presidente. CLAusULA 27: El Presidente tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 1. Representar legalmente a la compañía en todos los asuntos en que ella tenga interés, excepto por lo que respecta a la representación judicial, la cual será ejercido exclusivamente por el Representante Judicial de la compañía conforme a lo establecido en las Clausulas 28 y 29 de este documento; 2. contemplados en las Clausulas 6 y 7, y convocarlas en el caso previsto en la Clausula 18; 3. Convccar y presidir la Junta Directiva, 4. Ejecutar o hacer que se ejecuten las decisiones d9 la Asambiea de Accionista y de la Junta Directiva; 5. Suscribir todos los conforme a los reglamentos de organización intema; 6. Coordinar las actividades de la Socriedad en materia Administrativa y técnica. 7. Ejecutar los actos de comercio de la Compañia. administrar los recursos, negocios e intereses de la misma, con las susqibir la contratación de préstamos, créditos bancarios, librar, endosar y descontar letras de cambio, cheques u otros títulos valores; firmar contratos, pedidos y órdenes de compra; efectuar y ordenar que se realicen los cobros de obligaciones pendientes, otorgando los recibos correspondientes y/o finiquitos; realizar los pagos por cuenta de la cgímpañía y suscribir a nombre de la misma todo tipo de documentos de créditos; préstamos, descuentos de giros, cartas de crédito, sobre giros y celebrar cualesquiera otras transacciones necesarias para el financiamiento de las operaciones que se sucedan dentro del giro normal de la Compañía; 8. Crear comités. grupos do trabajo u organismos similares que se consideren necesarios, fijándoles sus atnbu-ones y obligaciones; 9. Proponer a la Junta Directiva la creación y aplicación de los confiera. 12. Abrir, movilizar y cerrar las cuentas bancarias, asi como designar las Asambiea de Accionistas. En todo caso, el reglamento interno establecerá los descentralizadas, necesarias para la operación de las unidades de la Cn:parte, observando siempre el principio de la doble firma mancomunada, 13. Resoiver todo asunto que no este reservado expresamente a la Asambiea de Accionista o a la Junta Directiva, debiendo informar a esta en su próxima reunión.

TITULO V DEL VICEPRESIDENTE CLAUsULA_28: El Vicepresidente suplirà las faltas temporales o absolutas del a siguientes facultades:

1. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo, y presidir las en ausencia del Presidente de la Sociedad.

2. Suplir las faltas temporales del presidente, con sus mismas facultades.

3. Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones de la Junta Directiva que le sean representada por el Ministerio del Poder Popular para Industrias.

4. Las demás que le confiera la Junta Directiva y estos Estatutos.

TITULO VI DEL REPRESENTANTE JUDICIAL

quienes serán de la libre elección y remoción por la Asamblea de Accionista y al efecto. El Representante Judicial será el único funcionario, salvo los apoderados debidamente constituidos, facultado para representar judicialmente a la sociedad y. en consecuencia. toda citación o notificación judicial de la Sociedad deberá practicarse en facultado para intentar, contestar y sostener todo género de acciones, cuestiones e e n e e s

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o de los procedimientos: absolver posiciones juradas, celebrar transacciones en juicio o fuera de él, comprometer en árbitros, arbitradores o de derecho; tachar documentos públicos y desconocer documentos privados: hacer posturas en remates judiciales y constituir a ese fin las cauciones que sean necesarias y, en general, realizar todos los actos que considere más convenientes a la defensa de los derechos e intereses de la Sociedad, sin otro límite que el deber de rendir cuenta de su gestión, por cuanto las facultades aqui confendas lo son a titulo meramente enunciativo y no limitativo. Previa autorización de la Junta Directiva el Representante Judicial, por virtud de la naturaleza misma de su cargo, otorgará los poderes judiciales que requiera la Sociedad y podrá constituir los apoderados que, conforme al Articulo 217 del Código de Procedimiento ol.xguo el poder. CLAUSULA 30: El Representante Judicial para convenir, transigir, desistir, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, hacer posturas en remates y añanzarlas, necesitará la previa autorización escrita de la Junta Directiva. Las facultades señaladas en la Clausula 29 de este documento, podrán ser ejercidas por el Representante Judicial, conjunta o separadamente con otro u otros apoderados judiciales que designe. CLAUsULA_31:_Las faltas temporales del Representante participadas al correspondiente Registro Mercantil por el Representante Judicial o por la persona que este designe.

TITULO VII DEL EJERCICIO ECONOMICO

enero: y finalizará el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. A partir dei treinta y uno (31) de diciembre del año 2013. liquidará y cerrará sus cuentas y formara el balance general del correspondiente ejercicio, con el respectivo estado de ganancias y pérdidas, todo lo cual, debidamente certificado por un Auditor Comisario, se someterá a la consideración de Ia Asamblea General Ordinaria de Accionista. CLAUSULA 33: El informe de la Junta Directiva contendrá un resumen general dei estado de la sociedad.

de las operaciones realizadas en el ejercicio y de cualesquiera otros datos que la Junta Directiva considere conveniente citar. CLAUSULA 34: El cálculo de las utilidades se practicara al cierre de cada ejercicio, después de haber necho la provisión necesaria para cubrir los créditos incobrables o dudosos y la depreciagon del activo. De las utilidades netas se harán los siguientes apartado: 1. No menos de cinco por ciento (5%) destinado al fondo de reserva legal, hasta que este alcance por io menos el diez por conveniente establecer la Sociedad. 3. Establecido el Fondo de Reserva a que so reñere tos puntos anteriores y previos a la distribución de dividendos, si éstos se decretasen, se creará, además un Fondo de Reserva para el Desarrollo Social, el cual se constituirá mediante un apartado anual por la cantidad que fije la Asamblea de Accionistas. Dicho Fondo será destinado al fortalecimiento del desarrollo social en la, 1, República Bolivariana de Venezuela y eventualmente en el exterior si se considera necesario CLAUSULA_35:_La distribución de dividendos debe ser autonzada por la Asambiea de Accionistas, y en su caso se hará el terminar el ejercicio, después de se: aprobado ci balance.

TITULO VIII DEL COMISARIO CLAUSULA 36: El (1.a) Comisario(a) y su Suplente duraran un (1) año en sus funciones y podrán ser reelegidos por periodos iguales y sucesivos. CLAusULA_37:_El (La) Comisario(a) tendrá las atribuciones que se establecen en el Código de Comercio y las otras que le señale la Asamblea de Accionistas.

TITULO IX DISPOSICIONES FINALES

CLAusULA 38: La Junta Directiva de la Compañía está integrada por los siguientes miembros:

NOMBRE Y APELLIDO CEDULA DE IDENTIDAD CARGO C.I. V- 7.277.006 ANTONIO JOSÈ NUÑEZ PRESIDENTE C.1. V-12.039.619 YAJAIRA DCMINGUEZ VICEPRESIDENTE PATRICIA FEBLES DIRECTORA PRINCIPAL C.I. V-13.615.221 SIEY MALAVER C.1 V-13.444 949 DIRECTORA PRINCIPAL CARLOS FARIAS C.I. V.- 6.047.587 DIRECTOR PRINCIPAL CAROLINA ORTEGA C.1. V- 9.696.670 DIRECTORA PRINCIPAL EFRAIN ALFONSO C.. V- 7.122.689 DIRECTOR PRINCIPAL

NOMBRE Y APELLIDO CEDULA DE IDENTIDAD CARGO YESICA MOLINA C.. V-19.123.353 DIRECTORA SUPLENTE GABIEL RANGEL C.l. V-17.386.879 DIRECTOR SUPLENTE EUNICE NUÑEZ C.I. V- 6.270.171 DIRECTORA SUPLENTE C.I. V- 8.984.719 PEDRO MIGUEL GUILLEN DIRECTOR SUPLENTE C.. V- 11.220.509 KARLA ESCOLA DIRECTORA SUPLENTE NOMBRE Y APELLIDO CEDULA DE IDENTIDAD CARGO C.. V- 17.018.941 DENYS ANTELIZ COMISARIA PRINCIPAL C1V 14.609 782 FRANCIS GUILLEN COMISARIA SUPLENTE JUDALIS MAS Y RUBI REPRESENTANTE JUDICIAL C.I. V- 16.631.072 PRINCIPAL DEYANIRA ORDAZ C.I. V- 3.226.108 REPRESENTANTE JUDICIA!. :

SUPLENTE NOMBRE Y APELLIDO CEDULA DE IDENTIDAD CARGO DOMARIS MALAVE C.I. V -16.061.194 SECRETARIA PRINCIPAL XAMILETH CORNEJO C.I. V -19.959.032 SECRETARIA SUPLENTE

CLAUSULA 39: El MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS,o «l (Ios)

Asamolea de Accionistas sean Ordinarias o Extraordinarias y la presidirá. El MinisTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS, podrá reservarse el manejo de ias finanzas de la Sociedad. CLAuSULA 40: El Ejecutivo Nacional decretará la supresión y liquidación de la Compañía y designará a las personas encargadas de ejecutarlas y las reglas necesarias a tales fines, de conformidad con lo previsto en e: Decreio con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de ia Administración Pública; en ei Código de Comercio y demás normativa aplicable. CLAusULA 41: Todo lo no previst en este documento, se regira por las normas de derecho público, disposiciones es:ablecadas en el Decrero con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración CLAUSULA 42; Se autoriza a la ciudadana DEYANIRA ORDAZ., venezolana, mayor de edad. tuiar de la Cédula de Identidad Ne V-3.226.108, abogada, inscrita er. ol Inpreabogado bajo el No. 7.992, para que proceda al registro de esta Acta Constitutiva Estatutaria, ante la correspondiente Oficina de Registro Mercantil y tramite todo lo relacionado con la presentación, inscripción, registro y publicación del presente como, solicitar cinco (5) copias certificadas del presente documento. Agotados todos sos puntos, no habiendo mas nada a tratar se levanto la sesión y dándose por terminada, se ieyó y conformes firman. En Caracas. a la fecha de su presentación.

(Forado por el ciudadano Ministro del Poder Populanpaa Industisisicardo Menendez Pneto) ANTONIO JOSE NUNE PRESIDENTE DE PROERCA CA.

Geceta Oficia: N°40265 de techa 04 de Octdses8s 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 009/2014. CARACAS, 28 DE FEBRERO DE 2014.

203º, 155º y 15º Por cuanto el Decreto Nº 355 de fecha 28 de agosto de 2013 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.238 de la misma fecha ordena en su artículo 1º° la supresión y liquidación de la empresa del Estado CVA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGRÍCOLAS, S.A. (CVA ECISA, S.A.), y en sU artículo 17 se dispone que el proceso de supresión y liquidación de dicha Empresa podrá ser prorrogado por el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras por igual período y por una sola vez, Por cuanto, mediante Resolución N° DM/N° 093/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.253 de fecha 18 de septiembre de 2013 el ciudadano Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras designó al Presidente y a los miembros principales y suplentes de la Junta Liquidadora de la empresa del Estado CVA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGRÍCOLAS, S.A. (CVA ECISA, S.A.), para cumplir las funciones previstas en el artículo 5º del Decreto Nº 355 de fecha 28 de agosto de 2013, De conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, artículo 77, numerales 1 y 27, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto N° 355 del 28 de agosto de 2013,

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publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.238 de la misma fecha, dicta la siguiente;

RESOLUCIÓN Artículo 1. Se prorroga por un lapso de seis (06) meses, es decir, desde el en el Decreto N° 355 de fecha 28 de agosto de 2013 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.238 de la misma fecha, para culminar el proceso de supresión y liquidación de la empresa del EstadO CVA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGRÍCOLAS, S.A. (CVA ECISA, S.A.).

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional

À GIL PINTO Ministro del Poder Popu para la Agricultura y Tierras

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DE MAR.

07 NÚMERO105 DE 2014 203° y 155° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 558 del 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 64, 77 numerales 2 y 19 y 83 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 32 del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional y articulo 4 del Decreto número 730 de fecha 09 de enero de 2014, publicado er. la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.330 de la misma fecha, RESUELVE Artículo 1.- Se asigna con carácter transitorio a cada uno de los Despachos de las Viceministras y Viceministros el ejercicio de las funciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, de la misma manera se establece temporalmente la estructura orgánica de este Ministerio del Popular para la Salud.

Artículo 2.- Se asigna transitoriamente al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Salud Integral las siguientes funciones:

1. Definir mecanismos que permitan y promuevan la articulación entre los Despachos de Viceministros o Viceministras, y la red de establecimientos, servicios y programas de salud, con el fin de fortalecer y optimizar las políticas estratégicas del Ministerio.

2. Determinar y difundir el modelo de gestión participativo que responda a las necesidades sociales, mediante la organización y participación de las comunidades, a fin de impulsar la contraloría social.

3. Establecer mecanismos para el desarrollo, promoción y seguimiento de las Áreas de Salud Integral como unidades poblacionales y técnico administrativas de la gestión de salud.

4. Diseñar mecanismos, en coordinación con los Despachos de los Viceministros para construir perfiles de salud de la población venezolana, de acuerdo a los determinantes sociales y al territorio que habitan.

5. Impulsar la articulación intersectorial con el fin de fortalecer y optimizar las politicas estratégicas para la promoción de salud y el vivir bien, en la comunidad y establecimientos de salud.

6. Determinar en coordinación con el órgano rector en la materia, las políticas educativas en materia de salud, para definir la organización del sistema educativo, enmarcado en la calidad educativa, la innovación y el desarrollo tecnológico.

7. Establecer y difundir estrategias que permitan la atención a pueblos y comunidades Indigenas en los establecimientos de salud, garantizándoles el respeto de su cultura.

8. Gestionar ante los órganos competentes en la materia, los recursos necesarios para el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el área de salud.

9. Definir en coordinación con el órgano competente en la materia la elaboración, implementación y evaluación de los diseños curriculares, relativos a la formación de profesionales y técnicos en el área de la salud.

10. Las demás funciones que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos normativos en materia de su competencia; así como aquellas que le instruya o delegue el Ministro o Ministra.

Artículo 3.- El Despacho de la Viceministra o Viceministro de Salud Integral, estará integrado temporalmente por la siguiente Direccion General:

1. Investigación y Educación.

Artículo 4.- Se asigna transitoriamente al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Redes de Atención Ambulatoria de Salud las siguientes funciones:

1. Dirigir y controlar las políticas, estrategias, planes generales, programas y proyectos relacionados con la atención integral ambulatoria, a fin de mejorar la calidad de vida y buen vivir de la población.

2. Diseñar acciones orientadas al fortalecimiento primordial de la promoción de la salud en su área de competencia, así como la prevención de efectos adversos a la salud.

3. Definir las políticas y estrategias, para el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento y optimización de la red ambulatoria pertenecientes al Misterio, a fin de proveer a la población el acceso y la atención a la salud, sin ningún tipo de discriminación.

4. Determinar sistemas y estrategias para la obtención de datos de la red ambulatoria, a los efectos de producir de manera oportuna de información estratégica para la atención en salud de los centros de la red ambulatoria.

5. Definir mecanismos para el fortalecimiento continuo de las áreas de salud integral comunitarias y sus niveles de funcionamiento, a través de las Direcciones Estadales de Salud.

6. Establecer en articulación con el Despacho del Viceministro o Viceministra de Salud Integral los procedimientos de integración y funcionamiento de los establecimientos de la red ambulatoria en el marco de la conformación de las Áreas de Salud Integral Comunitarias del sistema de salud.

7. Dirigir acciones para Fomentar la organización e integración sanitaria de los establecimientos y servicios de la red ambulatoria, en coordinación con las Direcciones Estadales de Salud, en el marco de la conformación de las Áreas de Salud Integral Comunitarias del sistema de salud.

8. Establecer e implementar en coordinación con el Viceministro o Viceministra de Hospitales el sistema de referencia y contrarreferencia en los establecimientos de salud del Ministerio, que contemple la definición de los mecanismos de relación orgánica e inter orgánica.

9. Promover el desarrollo de modelos de gestión participativos con la comunidad que favorezcan la atención integral a la salud de la población.

10. Fomentar cambios e innovaciones en la organización, gestión y funcionamiento de los servicios de salud de la Red Ambulatoria de acuerdo a los avances técnicos y científicos.

11. Asesorar a los diferentes niveles del sistema intergubernamental e interinstitucional, en la organización y desarrollo de los servicios de salud que correspondan a la red ambulatoria.

12. Diseñar en articulación con los Despachos de los Viceministros o Viceministras, las políticas de promoción de salud y condiciones de vida para el vivir bien.

13. Las demás funciones que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos normativos en materia de su competencia; así como aquellas que le instruya o delegue el Ministro o Ministra.

Artículo 5.- El Despacho de la Viceministra o Viceministro de Redes de Atención Ambulatoria en Salud, estará integrado temporalmente por las siguientes Direcciones Generales:

1. I Nivel de Atención en Salud.

2. Red Ambulatoria Especializada.

Artículo 6.- Se asigna transitoriamente al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Hospitales las siguientes funciones:

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1. Definir y difundir los reglamentos por los cuales se guaira la ejecución de los Planes Estratégicos de Salud de la Red Hospitalaria.

2. Establecer mecanismos de estandarización y control de los procesos que se efectúan en la Red Hospitalaria, normados por el Ministerio a nivel nacional..

3. Impulsar el desarrollo de las Direcciones Colectivas de Salud con la presencia del poder popular en la Red Hospitalaria del Ministerio, que garanticen una atención acorde con las necesidades de la población.

4. Definir los servicios básicos de atención de salud integral con una visión colectiva, en la Red de Hospitalaria, en base a su complejidad.

5. Regularizar y estandarizar los procesos que se realizan en la Red Hospitalaria, mediante la difusión de los protocolos de atención, marco normativo y reglamentos.

6. Desarrollar un sistema de información para el seguimiento y evaluación del desempeño de la Red Hospitalaria, a través de las Direcciones Estadales de Salud.

7. Asesorar a las dependencias del Ministerio, en coordinación con la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, en materia de convenios, tratados, acuerdos de cartas de intención y otros similares de carácter internacionales en el ámbito de la salud, asistencial y de capacitación continua, que se lleven a cabo en la Red Hospitalaria.

8. Identificar los nudos críticos y proponer alternativas de solución en análisis compartido con otras instancias que tienen responsabilidades en la problemática hospitalaria, en la búsqueda de la optimización de los recursos y una mejoría en la calidad de los servicios.

9. Definir estrategias orientadas al impulso de la modernización y actualización tecnológica en la Red Hospitalaria 10. Establecer mecanismos de coordinación con los órganos y entes con competencia en materia de educación superior, a través del Programa de Medicina Integral Comunitaria, para la incorporación de sus egresados a la Red Hospitalaria.

11. Hacer cumplir todas las directrices que se desprendan de la politica de salud a nivel nacional dirigidas a la Red Hospitalaria.

12. Efectuar convenios de cooperación con Universidades nacionales e institutos de investigación para el desarrollo de actividades docentes y de investigación en los espacios de la Red Hospitalaria.

13. Las demás funciones que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos normativos en materia de su competencia; así como aquellas que le instruya o delegue el Ministro o Ministra.

Artículo 7.- El Despacho de la Viceministra o Viceministro de Hospitales, estará integrado temporalmente por la siguiente Dirección General:

1. Red de Hospitales.

Artículo 8.- Se asigna transitoriamente al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Redes de Salud Colectiva las siguientes funciones:

1.Dirigir las politicas, estrategias, planes generales, programas y proyectos relacionados con la red de salud colectiva a nivel nacional, con el fin de fortalecer y optimizar las politicas estratégicas del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

2. Proponer estudios de investigación sobre el comportamiento de las variables determinantes de la situación de salud, con el propósito de identificar las necesidades de salud y desarrollar mecanismos que limiten el progreso de las enfermedades, promuevan y restauren la salud.

3. Definir estrategias dirigidas al control de los determinantes de salud, a fin de disminuir los factores de riesgos haciendo énfasis en la prevención de la enfermedad y protección de la salud.

4.Evaluar el cumplimiento de las normas por parte de empresas públicas y privadas, en lo relacionado con registro sanitario de personas naturales; licencias sanitarias de productos, sustancias y equipos para uso y aplicación ambiental, con el objeto de emitir certificados apegados a la normativa vigente.

5. Establecer normas y estrategias que permitan la obtención y calidad de datos e información correspondiente a su Despacho, a los efectos de disponer de manera oportuna y útil, de los instrumentos de vigilancia y análisis para la atención en salud.

6. Colaborar con el Despacho de Viceministro o Viceministra de Recursos, Tecnología y Regulación en el proceso de dotación, conservación, almacenamiento y distribución de productos biológicos, medicamentos, insumos y equipos de los Programas de Salud Colectiva, a nivel nacional, con el propósito de facilitar la ejecución de las estrategias y mecanismos de acción en el ámbito de la Salud Colectiva.

7.Las demás funciones que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos normativos en materia de su competencia; así como aquellas que le instruya o delegue el Ministro o Ministra.

Artículo 9.- El Despacho de la Viceministra o Viceministro de Redes de Salud Colectiva, estará integrado temporalmente por las siguientes Direcciones Generales:

1. Epidemiología.

2. Programas de Salud.

3. Salud Ambiental.

Artículo 10.- Se asigna transitoriamente al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Recursos, Tecnologia y Regulación las siguientes funciones:

1. Definir las politicas y dictar lineamientos estratégicos para el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos, orientados al fortalecimiento y optimización de los procesos relacionados con la materia de su competencia.

2. Diseñar politicas y coordinar acciones interinstitucionales para lograr la integración de iniciativas, destinadas a estimular el desarrollo de la industria nacional de insumos, para incorporarlos al sistema de salud.

3. Gestionar ante los órganos y entes competentes, los recursos necesarios para el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el área de salud.

4. Dictar las políticas y lineamientos en materia de producción y suministro de insumos, las cuales regirán para el sector salud.

5. Conducir la gestión del proceso requerido para garantizar la obtención y calidad de datos e información correspondiente al Despacho, a los efectos de disponer de manera oportuna y útil, de los instrumentos de vigilancia y análisis económicos para la atención en salud.

6. Definir, en coordinación con el órgano competente en la materia de producción y comercialización, políticas de seguridad en plantas y laboratorios de producción de insumos, que permita evaluar el efectivo cumplimiento de las normas y estándares legales de producción establecidos.

7. Ejercer la rectoría en el ámbito del desarrollo tecnológico en salud, para la evaluación, pertinencia, eficacia y seguridad de técnicas, procedimientos, productos y equipos a utilizar en los centros de salud, que respondan a las prioridades nacionales, criterios éticos, económicos, de calidad y uso óptimo de recursos.

8. Establecer politicas y normas destinadas a regular el desarrollo de productos y uso de insumos en materia de salud, en cumplimiento con los estándares legales de producción, para el uso y consumo humano.

9. Las demás funciones que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos normativos en materia de su competencia; así como aquellas que le instruya o delegue el Ministro o Ministra.

Artículo 11.- El Despacho de la Viceministra o Viceministro de Recursos, Tecnologiía y Regulación, estará integrado temporalmente por las siguientes Direcciones Generales:

1. Producción de Insumos.

2. Suministro de Insumos.

Artículo 12.- Se encuentran bajo la coordinación del Despacho de la Viceministra o Viceministro de Salud Integral, de manera temporal los siguientes órganos:

1. Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina.

2. Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón".

3. Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (SACAICET).

Artículo 13.- Se encuentra bajo la coordinación del Despacho de la Viceministra o Viceministro de Hospitales, de manera temporal el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM).

Articulo 14.- Se encuentran bajo la coordinación del Despacho de la Viceministra o Viceministro de Recursos, Tecnologia y Regulación, de manera temporal los siguientes entes:

1. Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR).

2. Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Las Direcciones Generales y demás unidades administrativas creadas o modificadas temporalmente en la presente Resolución, entrarán en funcionamiento a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDA. La asignación de funciones y estructura aqui dispuesta permanecerá vigente hasta tanto sea aprobado y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el nuevo Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Salud de conformidad con el Decreto número 730 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número

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40.330 de la misma fecha. Ei día hábil siguiente a que se produzca este hecho, queda sin efecto de pleno derecho la presente Resolución.

TERCERA. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese y publiquese, ÉRANCISCO ARMADA PÉREZ Mipistro del Poder Popular para la Salud Reeto N° 558 del 05 de noviembre de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 07 DEMAR.

NÚMERO: 8 - 2014 203° y 155° RESOLUCIÓN

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela numero 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y el artículo 44 del Reglamentc de la Ley de Contrataciones Públicas, este Despacho Ministerial, CONSIDERANDO Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética y el pluralismo político, CONSIDERANDO Que conforme al Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.118 Extraordinario, de fecha 4 de diciembre de 2013, establece en el Gran Objetivo Histórico número 2, el deber de impulsar la participación protagónica del Poder Popular en los espacios de articulación intersectorial e institucionales para la promoción de la calidad de vida y la salud, CONSIDERANDO Que en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas, se contempla que el Compromiso de Responsabilidad Social, podrá cumplirse a través de la ejecución de proyectos sociales, destinados para la atención de las demandas del pueblo organizado, con la finalidad de continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, mediante el empoderamiento y apalancamiento de proyectos presentados por las instancias del Poder Popular, que consoliden la Democracia Participativa y Protagónica, como forma de organización político social, en la cual el Poder es ejercido directamente por el Pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, orientados a alcanzar la suprema felicidad social de las venezolanas y los venezolanos,

CONSIDERANDO

Que el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, señala que el órgano o ente contratante, velará por el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social asumido por el contratista, y que para ello se definirá dentro de su estructura una unidad técnica administrativa para que se encargue del seguimiento y control de su ejecución y cumplimiento.

RESUELVE Dictar las:

"NORMAS PARA LA APLICACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD".

ARTícuLo 1. La presente Resolución tiene por objeto establecer las normas que definirán el procedimiento para la aplicación, seguimiento, control, ejecución y cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social, previsto en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, en el marco de las contrataciones efectuadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y sus órganos o entes adscritos.

ARTícuLo 2. A los efectos de la presente Resolución se entiende 1. Beneficiario del Compromiso de Responsabilidad Social: Toda persona natural o jurídica que puede percibir ciertas prestaciones económicas, bienes, servicios, ejecución de una obra o proyecto socio comunitario, derivados de un contrato suscrito por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, sus órganos o entes adscritos y los contratistas, mediante la aplicación del Compromiso de Responsabilidad Social.

2. Órgano o Ente Contratante: Se refiere al Ministerio del Poder Popular para la Salud y sus órganos o entes adscritos.

3. Compromiso de Responsabilidad Social: Son todos aquellos acuerdos que el órgano o ente contratante establezca en las distintas contrataciones, para la atención de por lo menos una de las demandas sociales relacionadas con:

La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario.

La creación de nuevos empleos permanentes.

Formación socio productiva de integrantes de la comunidad.

Venta de bienes a precios solidarios o al costo.

Aportes en dinero o especies a programas sociales determinados por el Estado o a Instituciones sin fines de lucro y, Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del órgano o ente contratante.

4. Fondo del Compromiso Responsabilidad Social: Es el conjunto de aportes monetarios, recibidos por parte de los contratistas beneficiados de una adjudicación, en cumplimiento de su Compromiso de Responsabilidad Social, derivado de una contratación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, sus órganos o entes adscritos.

5. Comité de Compromiso de Responsabilidad Social: Es el órgano interno encargado de velar por el seguimiento y control, del cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social asumido por los contratistas, siendo la unidad técnico administrativa, expresada en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

6. Contrato: Es el instrumento jurídico mediante el cual, dos o más partes, manifiestan su voluntad, para el cumplimiento de una obligación que regulará la prestación de un servicio, suministro de bienes o ejecución de una obra.

7. Poder Popular: Es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del Pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas formas de organización.

8. Empoderamiento: Es el ejercicio del Poder del Pueblo organizado en la toma de decisiones y la autogestión para el desarrollo de las comunidades y su bienestar social.

9. Contratista: Toda persona juridica que suministra bienes, preste un servicio no profesional, ni laboral o que ejecute una obra, para el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y sus órganos o entes adscritos, debidamente inscrito en el Registro Nacional de Contratista, en virtud de la adjudicación de un contrato sin que medie relación de dependencia.

10. Organizaciones o instancias del Poder Popular: Están constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal y sus articulaciones, para ampliar y fortalecer la acción de la autogestión de los Consejos Comunales y las que surjan de la iniciativa popular, de conformidad con la

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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o la Ley.

11. Proyectos Sociales o Comunitarios: Es el conjunto de actividades concretas, orientadas a lograr uno o varios objetivos, para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades para una mejor calidad de vida. Los proyectos deben contar con una programación de acciones determinadas en el tiempo, los recursos, los responsables y los resultados esperados.

12.Contraloría Social: Es la acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo comunal para la concreción del plan comunitario del desarrollo integral y en general sobre las acciones realizadas por la comunidad organizada.

ARTícULo 3. El cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social, estará encaminado a la consecución del bienestar social de la comunidad, para el logro de la mayor suma de felicidad posible, los mismos serán derivados, de una contratación entre el Ministerio del persona jurídica.

ARTícULO 4. Se crea el "Comité de Responsabilidad Social del Ministerio del Poder Popular para la Salud", como la unidad técnico administrativa de apoyo, el cual estará integrado por cinco (05) miembros principales con sus respectivos suplentes, y una Secretaria o Secretario con derecho a voz, más no a voto, designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Salud. Estos miembros serán representantes de los siguientes Órganos:

1. Oficina de Consultoría Jurídica.

2. Oficina de Gestión Administrativa.

3. Oficina de Atención al Ciudadano.

4. Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales.

5. Dirección de Comité de Salud.

ARTícULO 5. El Comité para el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Garantizar la ejecución de la presente Resolución, para el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social, asumido por los contratistas, así como su seguimiento y control.

2. Considerar, revisar, evaluar y aprobar, los proyectos o solicitudes que sean presentados, por las personas naturales o jurídicas, de acuerdo a las solicitudes, en articulación con los Comités de Salud y las Instancias del Poder Popular.

3. Coordinar las acciones inherentes al cumplimiento del.

Compromiso de Responsabilidad Social de las distintas Direcciones que integran este Comité, entre ellas: La convocatoria y regularidad de las reuniones, el registro de las minutas de reuniones, la rendición de cuentas, la recepción de solicitudes y proyectos, y la elaboración de las actas de aprobación de los proyectos.

4. Velar que la Dirección General de Gestión Administrativa, constituya un Fideicomiso del Fondo de Compromiso de Responsabilidad Social, en el cual los contratistas realizarán los aportes monetarios, por concepto de cumplimiento de Compromiso de Responsabilidad Social.

5. Conocer, velar y auditar, el destino, movimientos y uso de los aportes monetarios recibidos y depositados en el Fondo de Compromiso de Responsabilidad Social, consignados por los contratistas en el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social.

6. Crear un sistema de información de los aportes de Compromiso de Responsabilidad Social, que incluya los contratos, sus montos y los contratistas, un registro de los proyectos financiados por éste y la emisión automatizada de las solvencias de cumplimiento de Compromiso de Responsabilidad Social.

7. Velar que la Dirección General de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Salud garantice, por parte de las contratistas, una declaración jurada mediante la cual especifique el Compromiso de Responsabilidad Social.

8. Velar por una justa, equitativa y estratégica distribución territorial de los aportes monetarios provenientes del Compromiso de Responsabilidad Social, dirigido al desarrollo comunal a través de la ejecución por parte de las instancias del Poder Popular.

9. Velar por la debida tramitación de la solvencia del cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social por parte de la Dirección General de Gestión Administrativa, una vez honrada la obligación.

10, Las atribuciones señaladas son a modo enunciativo, quedando a facultad de la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Salud, designar cualquier otra atribución que redunde en una eficaz y eficiente aplicación, cumplimiento y control del Compromiso de Responsabilidad Social.

ARTícuLo 6. El quórum necesario para el funcionamiento del Comité de Compromiso de Responsabilidad Social, se verificará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Y las decisiones del Comité, serán válidas con la aprobación de la mayoría simple de los miembros presentes en las reuniones. En caso de empate se convocará a una nueva reunión en la cual se someterá nuevamente a votación del punto no aprobado, de no existir consenso entre la mayoría simple de los presentes, se declarará desierto el punto, quedando registradas las actuaciones en las correspondientes actas. ARTícuLo 7. Las reuniones del Comité para la ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social, podrán ser ordinarias o Las reuniones ordinarias se extraordinarias.

realizarán, preferiblemente una vez a la semana, en el día y hora que fije el Comité mediante acta. La convocatoria deberá realizarla la Secretaria o Secretario del Comité de Compromiso de Responsabilidad Social por escrito, con acuse de recibo.

Las reuniones extraordinarias serán convocadas por la Secretaria o Secretario, por tres (03) miembros del Comité de Compromiso de Responsabilidad Social o a solicitud de la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Salud.

La convocatoria, el quórum, y las decisiones de las reuniones extraordinarias serán las establecidas para las reuniones ordinarias.

ARTícULo 8. Se crea el Fondo del Compromiso de Responsabilidad Social, cuyo funcionamiento será a través de un fideicomiso que se constituirá a tales fines, destinado para la recepción de los aportes en monedas o billetes de curso legal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, provenientes del cumplimiento de Compromiso de Responsabilidad Social.

Para constituir este fideicomiso se privilegiará una institución bancaria del sector público.

ARTícULO 9. Los aportes recibidos en el Fondo del Compromiso de : Responsabilidad Social, serán destinados principalmente para:

1. El financiamiento de proyectos comunitarios.

2. La ejecución de una obra presentada por la comunidad organizada.

3. La formación socio productiva de los integrantes de la comunidad.

4. La venta de bienes o productos a precios solidarios.

5. La ayuda a las personas afectadas en acontecimientos de casos fortuitos o de fuerza mayor, previa comprobación de su afectación.

Dependiendo de la necesidad o circunstancia del entorno social de una población o persona natural, podrán ser sometidos otros supuestos a consideración para la aprobación o no del Comité de Responsabilidad Social.

ARTícULO 10. Los contratistas adjudicados para una contratación por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y sus órganos o entes adscritos, cumplirán con el Compromiso de Responsabilidad Social de acuerdo a los siguientes criterios:

Categoría de Contratista o Nivel Contratos Contratos de más de 2.500 y hasta Financiero en el Registro Nacional de mayores a

5.000 UT

5.000 UT Contratista.

Cooperativas y Empresas de Propiedad 2% 1% Social (Sin distingo de sus Niveles Financieros de Contratación) 3,50% 4% Nivel Financiero de Contratación I-XIX Nivel Financiero de Contratación XX- 4% 4,50% XXI Nivel Financiero de Contratación XXII- 4,50% 5% XIXXX Lo establecido, está determinado bajo la premisa del trato diferenciado, con equidad, ponderado los montos de los contratos con el nivel financiero del contratista de acuerdo al Registro Nacional de Contratista.

El aporte para el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social, derivado de la aplicación de los porcentajes (%) enunciados, se cumplirá preferiblemente, por desembolsos en el Fondo del Compromiso de Responsabilidad Social, expresados en monedas o

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billetes de curso legal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Los trámites administrativos y de registro necesarios para el control y cumplimiento del Compromiso de seguimiento, Responsabilidad Social, serán competencia de la Secretaria o Secretario del Comité.

ARTícULO 11. Los órganos y entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Salud, como unidades desconcentradas territorialmente o descentralizadas funcionalmente, podrán, previa aprobación por parte de la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Salud, constituir por separado su Fondo del Compromiso de Responsabilidad Social y su Comité de Compromiso de Responsabilidad Social, para la recepción y utilización de los aportes que se deriven de sus propios procesos de contrataciones públicas, de acuerdo con las normas establecidas en la presente Resolución.

ARTícULO 12. Se deroga cualquier normativa interna que colida con la presente.

ARTícuLO 13. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, RANCICO ALEJANDRO ARMADA PEREZ Minis o del Poder Popular para la Salud creto N° 558 del 05 de noviembre de 2013 Gaceja Oficial N° 40.287 del 05 de noviembre de 2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO Nº 015 FECHA: 24/02/2014 203° y 155°

RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el articulo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a la corrección de la Resolución N° 013 de fecha 17 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.357 de la misma fecha, a través de la cual se designa a la ciudadana IMERIA VALENTINA ODREMÁN NÚÑEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.-10.794.878, como Presidenta de la Empresa del Estado "QUIMBIOTEC, C.A.", ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnologia e Innovación, por cuanto se incurrió en el error material siguiente:

Donde dice:

PRIMERO: Designar a la ciudadana IMERIA VALENTINA ODREMÁN NÚÑEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.-10.794.878, como Presidenta de la Empresa del Estado "QUIMBIOTEC, C.A.", ente adscrito a este Ministerio.

Debe decir:

PRIMERO: Designar a la ciudadana IMERIA VALENTINA ODREMÁN NÚÑEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.-10.794.878, como Presidenta (E) de la Empresa del Estado "QUiMBIOTEC, C.A.", ente adscrito a este Ministerio.

En consecuencia, reimprimase integramente el texto de la Resolución N° 013 de fecha 17 de febrero de 2014. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.357 de la misma fecha, subsanándose el error antes referido y manteniendo el mismo número y fegai

Comuniquese y Publiquese, Por El Ejecutivo Nacional.

Bolivariano de Venezuela MANUELA. FERNÁNDE a det Prds Pooulor pore Ministro del Poder Popular para Ciencia Tecnologta erinnovación Decreto N° 02 de fecha 22 de bril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 2a abril de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO

N° 013 FECHA: 17/02/2014 203°y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, de conformidad con lo establecido en el articulo 77, numerales 2. 12, 13,19 y 27 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en los Artículos Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad Mercantil "QUIMBIOTEC, C.A.": y los articulos 5, numeral 2; 19 en su último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002 este Despacho, RESUELVE

PRIMERO. Designar a la ciudadana IMERIA VALENTINA ODREMÁN NÚÑEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.-10.794.878, como Presidenta (E) de la Empresa del Estado "QUIMBIOTEC, C.A.", ente adscrito a este Ministerio.

SEGunDo. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese y Publiquese, Por El Ejecutivo Nacional.

Gobiemo Bolivariano MANUEL A. FERNÁNDEZVenezuela Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha de abril de 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

MPCPS N° 023 -2014 Caracas, 07 de marzo de 2014 203* y 155* RESOLUCIÓN El Minis!ro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, designado mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de la atribución conferida por el articulo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánico do la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 5 del Dec:eto N° 8.687 de fecha 08 de diciembre de 2011, mediante el cual se crea el Servicio Desconcentrado "Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social Hijos de Venezuela"; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.8:S ce fecha 12 de diciembre de 2011.

RESUELVE

PRIMERO: Designar a la ciudadana CAROLINA DEL VALLE CESTARI VÁSQUEZ titular de la Cédula de Identidad N° V-6.235.930 como Directora Ejecutiva del "Fondo de Ahorro Familiar o Inversión Social Hijos de Venezuela"; con carácter de encargada.

SE CUr'dO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicar ón en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese y publiquese.

REINALDONO Miniatro duoder P Comunas y 18e Movim Decreto N° 02 de focha Gaceta Ofcial N° 40.151 de fe

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Caracas, 06 de enero de 2014 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001-2014 Año 203° y 154° El presidente de la Fundación "CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA" (FUNDACREDESA).

ciudadano HERICK SAEL GOICOECHEA GÁMEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.327.947, designado mediante Decreto Presidencial N° 406 de 5 fecha 18 de septiembre de 2013 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.253, de conformidad con lo establecido en el Articulo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010, conjuntamente con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009.

DECIDE Artículo 1. Reformar la Comisión de Contrataciones de la Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA), a los fines de atender la sustanciación de los procedimiento de selección de contratistas requeridos para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, en los términos previstos en la siguiente Providencia.

Artículo 2. La Comisión de Contrataciones de la Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA) estará conformada por tres (03) miembros principales y sus respectivos suplentes y estará integrada por las siguientes personas:

ÁREA MIEMBROS MIEMBROS SUPLENTES PRINCIPALES Jurídica Yesenia Abad Ramón Ruíz C.I. V-6.321.941 C.I. V-14.495.258 Económica Financiera Jhon Maita Blanco Ingrid Reyes C.I. V- 6.450.078 C.I. V-17.390.873 Técnica Yusmaira Delgado Aymara Montes Polo C.I. V-6.122.318 C.I. V-15.394.647 Artículo 3. Se designa como secretaria de la comisión a la ciudadana Soledad Valerio, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.131.288, quien tendrá derecho a voz pero no a voto.

Articulo 4. La comisión de Contrataciones garantizará el cumplimiento de los deberes y ejecución de las atribuciones que le confieren la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento; además, podrá requerir el asesoramiento técnico que considere pertinente para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Los asesores requeridos, de ser el caso, deberán ser designados previamente al inicio del procedimiento de selección respectivo y tendrán derecho a voz más no a voto en las reuniones.

Artículo 5. El Auditor o Auditora Interna de la Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA), o el personal que designe, podrá asistir en calidad de observador, con derecho a voz más no a voto, a las reuniones y a los actos públicos celebrados a los fines de sustanciar los procedimientos de selección de contratistas respectivos.

Articulo 6. Se deja sin efecto la Providencia Administrativa N° 008.2013 de fecha 09 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.229 de fecha 15 de agosto de 2013.

Artículo 7. De conformidad con lo establecido con el artículo 72 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos, comuniquese publiquese.

Popular

HERICK SAEL GOICOECHEA GA Designado según Decreto Presidencial ge-g13 de fo de septiembre de 2013, publicada en Gaceta Oficiagévariana

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE DESPACHO DEL MINISTRO

RESOLUCIÓN N°02 0 1141

Quien susCribe, ANTONIO ENRIQUE ALVAREZ CISNEROS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.731.661, designado Ministro del 2014, publicado en Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330, de esa misma fecha, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 12, 62 y 77 numerales 19 y 27 del Decreto N° 6.217 Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de Julio de Procedimientos Administrativos, Publicada en Gaceta Oficial de la República N° 2.818 Extraordinario, de fecha 01 de julio de 1981, concatenado con lo consagrado en el artículo 5 numeral 2 y los artículos 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 6 de septiembre de 2002.

RESUELVE:

PRIMERO: Designar al ciudadano AZUAJE ROMERO JUAN PABLO,venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.917.123, como Director de Relaciones Públicas, adscrito a la Dirección General de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

Cargo éste de Alto Nivel y libre nombramiento y remoción. El presente nombramiento surtirá efecto a partir del momento de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGunDo: Se encomienda a la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio la notificación de la Presente Resolución al ciudadano AZUAJE ROMERO JUAN PABLO.

Dado en Caracas a los 24 días del mes de febrero de dos mil catorce (2014). Año 203° de la Indepeadeacia, 154º de la Federación y 14º de la Revolución Bolivariana.

Comuprigse y Publiguese.

ANTONTO ENRIQUE ALVAREZ CISNEROS usignació que consta en el Decreto Nº 729 de fecha 09/01/2014 ado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 De fecha 09/01/2014.

el

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES PRESIDENCIA 203°, 154° Y 14° Caracas, 17 de febrero de 2014

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 017-2014 Quien SuSCribe, ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidac N° v- 12.731.661, en mi carácter de Presidente (encargado) del Instituto Nacional de Deporte, designación ésta que consta en el Decreto número 740 de fecha 20 de enero de 2014. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.337. de fecha 20 de enero de 2014; de conformidad con lo previsto en el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo establecido en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, he acordado dictar el presente Acto Administrativo:

PRIMERO: Designar al ciudadano JUAN KARLOS CASTELLANOS VARELA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.499.873, en el CargO de DIRECTOR GENERAL (ENCARGADO) DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (código N° 150). Cargo éste de libre nombramiento y remoción por ser de alto nivel, tal como lo establece el numeral 8 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Con vigencia desde la fecha de su notificación.

SEGunbSe encomienda a la Oficina de Recursos Humanos de este Ogganismopotificación de la presente Providencia Administrativa.

ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS PRESIDENTE (E) suod INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES de fecha 20 de enero de 2014

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS JUNTA LIQUIDADORA PRESIDENCIA 203°, 155° Y 15° Caracas, 25 de febrero de 2014 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 3L-PDCIA-_O-14 El SUsCrito, ANTONIO ENRIQUE ALVAREZ CISNEROS, venezolano, mayOr de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-12.731.661, en mi carácter de Presidente (encargado) del Instituto Nacional de Hipódromos, designación ésta que consta en el Decreto N° 800 de fecha 21 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.361, de la misma fecha; de conformidad con lo previsto en el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, he acordado dictar el presente Acto Administrativo:

ÚNICO: DesignO al Ciudadano CARLOS ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-10.778.807, COMO DIRECTOR GENERAL DEL HIPÓDROMO DE SANTA RITA del Instituto Nacional de Hipódromos, en calidad de Encargado, cargo éste de libre nombramiento y remoción por ser de Alto Nivel, tal y como lo dispone el numeral 8 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. La presente tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

ANTONIO ENRIQUE ALVAREZ CISNEROS PRÉSIDENTE (É) DE LA JUNTA LIQUIDADORA INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS Decreto Nº 800 de fecha 21/2/2014, publicado en la

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

hl02-£0-to Resolución Nro. 008

Ministra del Poder Popular para los Puebios Indígenas, Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez, designada por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Decreto N° 9.221 de fecha 13 de octubre de 2012 y ratificada según Decreto Presidencial N° 02 de fecha 22 de Abril de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de Abril de 2013, conforme a las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el articulo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.503 de fecha 06 de Septiembre del 2010 y el articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

RESUELVE:

ARTICULO1: Se COnStituye la COMISIÓN DE CONTRATACIONES CON CARÁCTER PERMANENTE DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAs, la cual conocerá de los procedimientos de contrataciones públicas relacionados con la selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras de Ministerio del Poder Popular para los Puebios Indígenas, dando fiel cumplimiento con las atribuciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

principales con sus respectivos suplentes,los cuales serán funcionarios del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indigenas, de las siguientes áreas:

Miembro Principal Miembro Suplente Área Jurídica Yenica Yenelyn Alcalá Ponce Maria Magdalena Guilarte C.I V-15.928.658 C.I V-9.938.366 Área Económica- Arcedys Del Carmen Figueroa Lopez Claudilith José Vidal Financiera C.I V-9.894.798 Ventresca C.I V-14.317.691 Yeiska Manuela zurita rosal Giovanna Gabriella Sanabria C.I. V-16.044.161 D'ignacio C.I. V-18.473.149 Área Técnica Guivi Del Carmen Arreaza Carpio Carmen Iraide Bautista C.I V-15.245.875 Belandria C.I V-13.708.598 Esmerita Josefina González Bracho Yasnellys Coromoto Larreal C.I. V-13.004.891 Castillo C.I. V-16.352.537

ARTiCULO 3: Se designa al ciudadano Danny Javier Ramírez Ríos, titular de la cédula de actuara con derecho a voz, mas no a voto.

ARTicuLO 4: Los miembros de la comisión podrán designar un equipo técnico para analizar las ofertas recibidas, dependiendo de la particularidad y complejidad de cada proceso de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 17 del reglamento de la ley de contrataciones públicas.

articulo 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

ARTICuLO 6: Los miembros de la comisión serán sólidamente responsables con la máxima

ARTICULO 7: Cada uno de los miembros que conforman la comisión de contrataciones deberá guardar debida reserva y confidencialidad de la documentación presentada ante la comisión, así como los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión de los procedimientos de contrataciones.

ARTicULO 8: La comisión de contrataciones se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y sus decisiones se tomara con el voto favorable de la mayoría.

ARTicULO 9: El miembro que disienta de una decisión, lo manifestara en el mismo acto, debiendo razonar los motivos de su disentimiento en el acta respectiva.

ARTICULO 10: El auditor interno o auditora interna, podrá asistir en calidad de observación u observadora, sin derecho a voto, en los procedimientos de contratación.

ARTICULO 11: Se deja sin efecto la resolución N° 020 de fecha 31 de Octubre del 2011 publicada en Gaceta Oficial N° 39.790 en fecha 1 de Noviembre del 2011.

ARTICULO 12: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese y Publíquese.

-Ejecutivo Nacional

Jgniln Nynez Gutierrez Ministra del Pode opular pag Pueblos indigenas

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA DESPACHO DEL MINISTRO N°025 Caracas, 203° y 154°y14° 0 6 MAR 20% RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, 62 y 77 numerales 1 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, Extraordinaria de fecha 31 de julio de 2008; en Estatuto de la Función Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002; en concordancia con lo previsto en el artículo 1° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, este Despacho Ministerial;

RESUELVE

Artículo 1. Designar a la ciudadana LOURDES MARIELA SÁNCHEZ JAEGER, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.462.788, como Directora General de Participación Popular, de este Ministerio, a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 2. Se delega en la ciudadana LOURDES MARIELA SÁNCHEZ JAEGER, la firma de ios P y documentos que a continuación se indican:

a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Direoción General de Participación Popular.

b) Los oficios de respuesta a funcionarios subaltemos, administrativos, judiciales o municipales de c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza en respuesta a solicitudes dirigidas a la Dirección General de Participación Popular.

la Dirección General de Participación Popular.

1. Promover la organización y participación de las comunidades en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas y planes, destinados a la creación de infraestructura del servicio eléctrico, conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano y con las Direcciones Estadales.

2. Diseñar e implementar la elaboración de proyectos de electrificación de zonas no servidas en 3. Capacitar a las Mesas Técnicas de Energía en conocimientos de orden técnico y administrativo inversión ante las autoridades nacionales, estadales y municipales, así como realizar la supervisión y 4. Apoyar a través de asesoría técnica a los miembros de las Mesas Técnicas de Energía en las actividades de fiscalización de la prestación del servicio conjuntamente con la Dirección de Fiscalización del Servicio Eléctrico de este Ministerio.

5. Las demás que señalen las leyes y actos normativos en materia de su competencia.

Comuniquese y Publíquese, JESSE CHACON ESCAMILLO Ministro del Podeg Popular para la Energía Eléq

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR RESOLUCIÓN N°00S/2014.

Caracas, 07 de Margo de 2014.

Año 203° de la Independencia y 155° de la Federación.

Todo ello, de conformidad con el artículo 44, numeral 1 del Decreto No. 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de fecha treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008). publicado en Gaceta Oficial Extraordinario No.

5.892 de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008).

RESUELVE

Artículo 1: Se designa a la ciudadana ANA CRISTINA SULBARAN ZAFRA, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.820.428, GERENTE DE RECURSOS HUMANos, cargo de Alto Nivel y por ende de libre nombramiento y remoción, a partir de la fecha de su notificación, con las atribuciones y firmas de los documentos y actos que se indican a continuación:

Administración y ejecución de los trámites relativos al ingreso, a la nómina, 1.

a los beneficios legales institucionales, a la gestión y emisión de documentos y al egreso del personal de la Procuraduría Gene eral de la República.

Tramitar lo relacionado con nómina y demás instrumentos de pago al 2.

personal empleado, contratado y obrero de la Procuraduría General de la República.

Elaboración de Anteproyecto Anual de Gastos de personal.

3.

4.

Contratación en materia de personal, previa aprobación del Ciudadano Procurador General de la República.

5.

Tramitar los expedientes del personal empleado, contratado y obrero, así como los expedientes disciplinarios de personal que labora en la Procuraduría General de la República.

6.

Tramitar lo relacionado con las situaciones administrativas especiales.

Tramitar los movimientos de jubilaciones, jubilaciones especiales, 7.

pensiones y aquellos referentes a los cálculos de las mismas.

Tramitar los movimientos de prestaciones sociales correspondientes al 8.

viejo régimen y los movimientos correspondientes al nuevo régimen de prestación de antigledad.

Notificación de los actos administrativos de carácter particular 9.

debidamente aprobados por el Procurador General de la República.

Artículo 2: Se deja sin efecto, a partir de la presente fecha la Resolución N° 126/2012 de fecha 04 de Diciembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.065 de fecha cinco (05) de diciembre de dos mil doce (2012).

Comuniquese y Publiquese, MANUEL GALINDO BALLESTEROS Procurador General de la República (E)

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA MIRUNAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Exp. N° AP61-A-2012-0000013 En fecha diecisiete (17) de febrero de 2012, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, recibió el expediente administrativo N° 090594, proveniente de la Inspectoría General de Tribunales, contentivo de las actuaciones investigativas a la ciudadana SILVIA ÁNGELA CARROZ DE PULGAR, titular de a cédula de

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identidad N° V-4.698.528, por actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, asignando el número de expediente AP61-A-2012-000013, de esta jurisdicción.

En fecha primero (1°) de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dio entrada al mencionado asunto, acordando proseguir la investigación de los hechos a objeto de recabar elementos indiciarios dentro de un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, conforme a lo previsto en el numeral 6, Parte Ill de las "Normas Generales" del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.797, de fecha 10 de noviembre de 2011, así como de elaborar informe sobre la procedencia o no para iniciar procedimiento disciplinario judicial.

Cumplido el trámite correspondiente a la investigación, la Oficina de Sustanciación elaboró informe en fecha diez (10) de mayo de 2012 y en la misma fecha, acordó librar Oficio CDJ/OS/N°00800/2012, remitiendo el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial, con el correspondiente informe.

En fecha dieciséis (16) de mayo de 2012, este Tribunal recibió la presente causa, signada con el N° AP61-A-2012-000013, constante de una (1) pieza, contentiva de ciento noventa (190) folios, proveniente de la Oficina de Sustanciación y se designó según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño para el conocimiento del presente asunto.

En fecha veintitrés (23) de marzo de 2012, verificados como han sido los requisitos de procedencia de la denuncia interpuesta, y revisadas las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 55 del Código de Ética presentes en este asunto, este Tribunal Disciplinario Judicial admitió la Ángela Carroz de Pulgar, por cuanto del Informe de fecha 10 de mayo de 2012, emitido por la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, así como en el escrito de solicitud de inicio de procedimiento disciplinario de fecha 26 de enero de 2012, presentado por el magistrado Juan José Mendoza Jover, actuando en su cualidad de Inspector General de Tribunales, se desprenden presuntas irregularidades cometidas por la jueza denunciada, las cuales podrían encuadrarse en el supuesto normativo de abuso de autoridad, sancionable con DESTITUCIÓN, de conformidad con el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, normativa vigente para la fecha en que presuntamente se cometió el hecho irregular, actualmente subsumible en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

En fecha once (11) de julio de 2012, la ciudadana Silvia Ángela Carroz de Pulgar, estando dentro del lapso previsto en el artículo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, presentó el escrito de descargos, constante de cuatro (4) folios útiles.

En fecha veinticinco (25) de julio de 2012, la ciudadana Sandra Castillo Soto, titular de la cédula de identidad No. V-15.150.116, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 83.826, en su condición de delegada de la Inspectoría General de Tribunales, presentó escrito de promoción de pruebas constante de cuatro (4) folios, sin anexos. Asimismo, del escrito de descargos presentado por la jueza denunciada en fecha once (11) de julio de 2012, se desprende la consignación de una documental, constante de diecisiete (17) folios.

En fecha catorce (14) de agosto de 2012, este tribunal declaró inoficioso conocer de las pruebas promovidas por las partes.

En fecha veintisiete (27) de septiembre de 2012, esta instancia judicial acordó fijar la audiencia oral y pública en la causa seguida a la ciudadana Silvia Ángela Carroz de Pulgar, para el día jueves veintinueve (29) de novierte:ds 2012, a las dos horas de la tarde (2:00pm).

la jueza Silvia Ángela Carroz de Pulgar y la delegada de la Inspectoría respectiva decisión, tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto íntegro de la decisión, en cumplimiento del artículo 82 ejusdem, y al respecto se observa:

DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES De las actas que cursan en el presente expediente disciplinario judicial, se desprenden las actuaciones investigativas de la Inspectoría General de Tribunales que a continuación se especifican:

En fecha nueve (9) de octubre de 2009, la Inspectoría General de Tribunales ordenó iniciar de oficio el expediente administrativo, en virtud del oficio F64NN- 462-2009, emanado del Ministerio Público, por las presuntas irregularidades cometidas por la jueza Silvia Ángela Carroz De Pulgar, durante su desempeño como Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en el proceso signado bajo el N° 1C-15378-09, bajo la nomenclatura de dicho Juzgado, contra los ciudadanos Julio Alberto Contreras Larrea y Geraldo Antonio Zuberu.

A los fines de la realización de la investigación correspondiente, se comisionó a la Inspectora de Tribunales Elizabeth Rondón, quien practicó las diligencias constancia de la notificación de la jueza investigada en fecha 9 de junio de 2010.

En fecha veintiséis (26) de enero de 2012, el ciudadano Magistrado Juan José Mendoza Jover, actuando como Inspector General de Tribunales, solicitó ante este Tribunal Disciplinario Judicial que se iniciara el correspondiente procedimiento disciplinario a la jueza Silvia Ángela Carroz De Pulgar, por haber otorgado una medida sustitutiva a los ciudadanos Julio Alberto Contreras Larrea y Geraldo Antonio Zuberu, dejando de cumplir los requisitos estable en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a los libertad, asi como al criterio vinculante en materia de drogas emanado de la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República en la sentencia N° 1712, de fecha 19 de septiembre de 2001, encuadrando tal hecho en el supuesto de abuso de autoridad, subsumible en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, normativa vigente para la fecha en que presuntamente se cometió el hecho irregular, actualmente subsumible en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Il DE LA INVESTIGACIÓN DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN Cumplido el trámite correspondiente a la investigación, la Oficina de Sustanciación elaboró informe en fecha diez (10) de mayo de 2012, en cuyo capítulo IV intitulado "CONCLUSIONES", expuso lo siguiente:

"De las actas contenidas en el presente asunto signado con el N° AP61-A- 2012-0000013, proveniente de la Inspectorla General de Tribunales, afin con las actuaciones seguidas en contra de la ciudadana SILVIA ANGELA CARROZ DE PULGAR, en su condición de Jueza Décima (10*) de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por la presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación de la causa judicial N° 1C-15378-09, nomenclatura del ut supra citado Juzgado de Control, delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, privación de libertad aun y cuando se trataba de un delito cuya pena máxima excede los diez (10) años, que aunado a ello los imputados eran de identificación alguna, además de pasar por alto el criterio vinculante en materia contenido en la sentencia N° 1712, del 19 de septiembre de 2001, donde se considera a los delitos de drogas como pluriofensivos y de lesa humanidad oportunidad de optar a las medidas cautelares sustitutivas de libertad.

(...Omissis...) En consideración a lo anterior este Órgano Instructor es del criterio que la Jueza SILVIA ANGELA CARROZ DE PULGAR, con su proceder contraviene lo contenido en el principio iura novit curia, ya que es el Juez quien aplica el derecho porque es quien lo conoce, es por todo lo anteriormente descrito que Jueza denunciada se subsume dentro de los supuestos de hecho sancionatorios establecidos en el Código de Ética del Juez Venezolana y la Jueza Venezolana, para la apertura de procedimiento disciplinario alguno por N° 1C-15378-09".

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III ALEGATOS DE LA JUEZA SOMETIDA AL PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL En fecha once (11) de julio de 2012, la ciudadana Silvia Ángela Carroz de Pulgar, estando dentro del lapso previsto en el artículo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, presentó el escrito de descargos, constante de cuatro (4) folios útiles, exponiendo los siguientes alegatos:

Alega que para el momento que fue dictado el auto de fecha 18 de marzo de 2012, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante auto N° 635 de fecha 21 de abril de 2008, había suspendido con efecto vinculante la vigencia del último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el .Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por sustitutivas de libertad de conformidad con los artículos 250 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

Continúa arguyendo que, con fundamento en lo antes expuesto, debe prevalecer la garantía prevista en los articulos 26 y 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referida a que todo ciudadano debe ser juzgado de Inspectoría General de Tribunales plantear su acusación en normas legales cuya vigencia se encontraba suspendida.

Finalizó alegando que su conducta en el auto de fecha 23 de marzo de 2009 se ajustó dentro de los límites de su competencia y a la normativa legal vigente, en otorgar algún beneficio o medida en tales casos.

IV DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes:

del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a una jurisdicción judicial, tal como lo establece su articulo 267:

"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno la República de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la 9laboración y ejecución de su propio presupuesto.

La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales." De conformidad con el artículo anterior, se escinden dos potestades: Una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomía presupuestaria del Poder Judicial; otra potestad que es de índole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por otro lado una jurisdicción que ejerce funciones disciplinarias del poder judicial.

En este orden de ideas, el artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, establece a quiénes esta jurisdicción puede aplicar su potestad disciplinaria judicial, cuyo tenor reza:

"Articulo 2. El presente Código se aplicará a todos los Jueces y todas las juezas dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Se investido o investida conforme a la ley, para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria.

(...Omissis...)" De conformidad con el articulo parcialmente transcrito, el ámbito de aplicación del señalado código se extiende a cualquier juez de la República, por lo que la potestad disciplinaria envuelve a todos los jueces: tanto que hubieren ingresado a la carrera judicial según la previsión del artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a la Carrera Judicial (concursos públicos de oposición), como también a los permanentes, temporales, ocasionales, accidentales o provisorios.

La competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el poder judicial, la encontramos expresada en el articulo 39 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:

"Articulo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en corresponderte y los servicios de Alguacilazgo." Como se desprende del presente artículo, el Tribunal Disciplinario Judicial la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 ejusdem.

Siendo así, queda claramente determinada la competencia de este Tribunal justicia venezolano. Así se decide.

V DE LA AUDIENCIA En fecha veintinueve (29) de noviembre de 2012, siendo las dos horas de la tarde (2:00pm), se llevó a cabo la audiencia a la cual se refiere el artículo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en presencia de la ciudadana Silvia Ángela Carroz de Pulgar, en su cualidad de jueza investigada y de la ciudadana Sandra Castillo Soto, en su condición de delegada de la Inspectoría General de Tribunales.

Del desarrollo de la mencionada audiencia se desprende que las partes formularon sus alegatos e hicieron uso de su derecho de réplica, contrarréplica y conclusiones.

reconstituida la audiencia, se procedió a proferir el respectivo pronunciamiento decisorio, del cual se transcribe lo siguiente:

"Único: Se ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL a la ciudadana SILVIA ÁNGELA CARROZ DE PULGAR, titular de la cédula de identidad N° V-4.698.528, por sus actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia y en relación a la sanción prevista en el numeral 16 del articulo 40 de presuntamente se cometió el hecho irregular, actualmente subsumible en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la

VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

suficiencia los alegatos expuestos por la jueza investigada y por la delegada de la Inspectoría General de Tribunales en la audiencia oral y pública celebrada en fecha veintinueve (29) de noviembre de 2012 y siendo la oportunidad para dictar el extenso de la decisión, este Tribunal Disciplinario Jud:cial, estima conveniente, conocer si la jueza investigada se encuentra incursa en el ilícito de abuso de autoridad, analizando a tales efectos los alegatos expuestos, consistentes en que actuó dentro de los límites de su competencia y con fundamento en la decisión N° 635 de fecha 21 de abril de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual había suspendido con efecto vinculante la vigencia del último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

En tal sentido, este Tribunal estima necesario definir el contenido de dicha causal, la cual se encontraba establecida en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, normativa aplicable para el momento de la comisión del hecho, en los siguientes términos:

proceso, por las siguientes causas:

(...).

16. Cuando incurran en abuso o exceso de autoridad."

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ARO En tal sentido, es propicio señalar que la Sala Politico Administrativa Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 148 de fecha 4 de febrero de 2012, al referirse al abuso o exceso de autoridad, estableció lo siguiente:

".que el mismo se comete cuando el Juez realiza funciones que no le están Complementando el concepto anterior, la prenombrada Sala del Tribunal Supremo de Justicia, al referirse al numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, reproducido en el vigente numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, ha delimitado el supuesto constitutivo del abuso de autoridad, haciendo determinante que se verifiquen dos supuestos: la total carencia de base legal en la actuación y la actividad abusiva que se despliega a través de la conducta del sometido al régimen disciplinario, según puede apreciarse en sentencia N° 451, de fecha 11 de mayo de 2004, que a continuación se transcribe parcialmente:

"Ahora bien, las normas precedentemente indicadas se refieren al ejercicio abusivo, esto es, extremo, desproporcionado, injustificado de los deberes requiere de la verificación de dos supuestos: la total carencia de base legal en la actuación y la actividad abusiva que se despliega a través de la conducta del sometido al régimen disciplinario.

(...) En tal sentido, para que se verifique este illcito disciplinario, no basta simplemente fuera de su ámbito operativo, sino que será menester que el juez vaya mas allá, desplegando una conducta abusiva, desproporcionada de sus deberes legales, que debe poner en evidencia su inidoneidad para ocupar el cargo de juez. Los ejemplos que se señalan para ilustrar mejor lo que constituye dicho concepto, son el caso de un juez civil que ordene un auto de detención o un juez de menores que ordene un reenganche de trabajadores, etc." (Negrillas de este Tribunal).

Igualmente, mediante sentencia N° 1088 del tres (3) de mayo de 2006, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia señaló:

"Ahora bien, el ilícito de abuso de autoridad se comete cuando el juez realiza funciones que no le están conferidas por ley, produciéndose una desmedida utilización de las atribuciones que se le han otorgado, traspasando asl los limites del buen ejercicio y correcto uso de sus facultades y en tal sentido, es necesario aclarar que en el ejercicio de la potestad disciplinaria no la está vedado a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial analizar las sentencias o actos dictados por los jueces, limitando su examen a la idoneidad del funcionario, dada la alta responsabilidad que supone la función de juzgar, por tanto, el cometido de dicho organismo es verificar si efectivamente la conducta del juez encuadra dentro de un illcito disciplinario que deba ser sancionado y sin que ello implique una intromisión indebida o ccnfigure un atentado a su autonomía".

De las anteriores citas jurisprudenciales se desprende que para determinar la existencia de la falta disciplinaria de abuso de autoridad, se requiere que la conducta realizada carezca absolutamente de base legal y, como consecuencia de lo anterior, que sea una conducta en extremo desproporcionada; toda vez que ello pondría en evidencia que el juez en cuestión no es idóneo para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Ahora bien, a los efectos de delinear el concepto de la conducta abusiva, este Tribunal Disciplinario Judicial se ha pronunciado en sentencia de fecha 24 de mayo de 2012, contenida en el expediente N° AP61-D-2011-000027, aduciendo que el carácter abusivo de la conducta del juez o jueza, debe entenderse como una conducta que haya causado un daño a las partes en el proceso jurisdiccional, tal como se transcribe de seguidas:

como abusiva, debe indubitablemente circunscribirse a una conducta generadora malo, una conducta lesiva de derechos o inequitativa; siendo que el concepto de abuso de autoridad como falta disciplinaria judicial, no puede escapar de dicha circunscripción.

Es por ello, que la conducta del juez —tal como se señaló ut supra—, debe desproporcionado, abusivo y desmedido; entendiendo dicho ejercicio atusivo, como aquella conducta que halla causado un daño a las partes intervinientes en los procesos jurisdiccionales llevados por ese juez o jueza; ya que, es evidente que todo ilícito disciplinario normado en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y que se encontraba normado en la derogada Ley de Carrera garantiza la tutela judicial efectiva y el debido proceso; pero en el caso del ilícito disciplinario in comento, cuando este afecte a las partes intervinientes del proceso, debe considerar como conducta abusiva".

Es criterio de este Tribunal que para que se materialice el abuso de autoridad, es menester la realización por parte del juez o jueza de una conducta separada de su competencia judicial, de conformidad con los deberes que le impone la ley, con la concurrencia del carácter abusivo de dicha conducta, ergo, desproporcionada en relación con los deberes legales, que le desmerita para el ejercicio del cargo, debiendo asimismo ocasionar un daño a las partes en el proceso jurisdiccional, siendo fundamental que se desprenda la inidoneidad del juez o jueza para el desempeño de la función judicial.

En otro orden, este tribunal estima conveniente señalar que la actividacdan juzgamiento se encuentra consagrada en el ordenamiento jurídico teniendo como premisas la independencia y autonomía de los jueces. De esta forma, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé como garantía que la justicia debe ser autónoma e independiente:

"Articulo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles".

Por su parte, el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana establece en su artículo 4 que los jueces serán autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones, estando sujeta su actuación únicamente a la Constitución y a la Ley. En este orden, se aprecia que los jueces gozan de autonomía en cuanto a las motivaciones que utilicen para fundamentar las decisiones dentro de los procesos jurisdiccionales, sometidos únicamente al ordenamiento jurídico vigente.

Ahora bien, concatenado las nociones antes expuestas sobre el abuso de autoridad, se observa que, en el marco de la autonomía judicial, los jueces y juezas no siempre que efectúen decisiones que puedan ser consideradas fuera de su ámbito competencial, incurrirían en abuso de autoridad, toda vez que, en primer lugar, la determinación de la incompetencia está otorgada a los tribunales de alzada y en segundo lugar, el órgano disciplinario debe determinar que con la conducta abusiva, se evidencie indefectiblemente la inidoneidad del juez o jueza para administrar justicia, tal como se dejó sentado anteriormente, citando la sentencia 00451, de fecha 11 de mayo de 2004, N° 00401, emanada de la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1451 del siete (7) de junio de 2006, manifestó que:

"el referido ilicito se configura cuando el juez realiza funciones que no le están que se le han otorgado, traspasando asl los limites del buen ejercicio y correcto uso de sus facultades (Vid Sentencia de esta Sala N° 400 de fecha 18 de marzo de 2003).

La aplicación de la referida causal de destitución requiere de la verificación de dos supuestos: a) la carencia total de base legal en la actuación y b) la actividad competencia que le sea ajena o que está fuera de su ámbito operativo, sino que abusiva, desproporcionada y evidencie su inidoneidad para ocupar el cargo de Juez.

Más especificamente, estableció la referida Sala del máximo tribunal, mediante sentencia N° 1093 del veintidós (22) de julio de 2009, que:

"para determinar la comisión de la referida falta debe corroborarse: 9) una de lo anterior, b) una conducta abusiva, es decir, en extremo desproporcionada e injustificada; las cuales demuestran, al verificarse ambas, la inidoneidad para ocupar el cargo de administrador de justicia".

configuración de las causales de abuso de autoridad, esta instancia disciplinaria debe igualmente verificar la inidoneidad del juez o jueza para el desempeño en el cargo, asi como determinar si no se encontraba obrando dentro de su autonomia como decisor dentro del Poder Judicial.

Ahora bien, a los fines de valorar si la conducta de la jueza investigada se subsume dentro del supuesto de abuso de autoridad, este tribunal observa que constan a los folios noventa (90) al cien (100) de la única pieza del presente expediente disciplinario, las copias certificadas del Acta de Presentación de Imputado N° 298-09, de fecha 18 de marzo de 2009, dictada en el curso de la causa N° 1-C-15378-09, bajo la nomenclatura del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, seguida a los ciudadanos Julio Alberto Contreras Larrea y Geraido Antonio Zuberu, por la presunta comisión del delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

De la referida decisión, materializada en el Acta de Presentación de Imputado, se evidencia que el referido juzgado acordó la medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad, de presentación cada treinta (30) días ante el Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia y la prestación de dos fiadores, de conformidad con los ordinales 3° y 8°

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del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, contra los enunciados imputados, por el delito previsto y sancionado en el encabezamiento y primer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y Consumo d Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

La jueza investigada fundamentó su decisión de otorgar la medida sustitutiva de Procesal Penal, considerando que los funcionarios policiales actuantes no tenían testigos en el procedimiento y analizando los supuestos contenidos en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 250 ejusdem.

Igualmente, se evidencia del expediente que, ante la apelación ejercida por el Ministerio Público en fecha 20 de marzo de 2009, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia dictó la decisión de fecha 20 de abril de 2009, declarando con lugar la apelación, revocado las medidas sustitutivas y dictando medida privativa de libertad, advirtiendo que la jueza inobservó circunstancias tales como que el ilícito merece una privativa de libertad, en razón de no estar prescrita, que la pena supera su límite máximo de 10 años, por la magnitud del daño causado, el quantum de la pena a imponer, cantidad de droga incautada (38,120kg.). por no poseer los imputados arraigo en el país sino que son nativos de Colombia y uno de ellos ingresó de forma ilegal a la República, todo lo cual hace presumir el peligro de fuga y la obstaculización en la búsqueda de la verdad.

Seguidamente, ante el señalamiento de la jueza en su escrito de descargos y en la presente audiencia, referido a que para la oportunidad que se dictó la decisión de fecha 18 de marzo de 2009, los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se encontraban suspendidos por la decisión N° 635 de fecha 21 de abril de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, este Tribunal Disciplinario Judicial observa que la jueza Silvia Carroz de Pulgar si tenía la competencia para dictar cualquiera de las medidas sustitutivas previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal de 2006, además que previstos en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal y procedimiento (ver folios 97 al 99 del presente expediente).

Igualmente, se evidencia la manera disímil como ha tratado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el tema de los beneficios que para la oportunidad que se dictó la decisión de fecha 18 de marzo de 2009, los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilicito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se encontraban suspendidos por la decisión N° 635 de fecha 21 de abril de 2008, dictado por la referida Sala, tal como se transcribe a continuación:

"Precisado lo anterior, esta Sala observa que el contenido de las disposiciones derecho penal, por lo que a primera vista pareciera existir un error del legislador al normativos (Código Penal y en la Ley Orgánica contra el Tráfico llícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), que por su naturaleza jurídica están destinados exclusivamente a establecer los tipos o modalidades Ahora bien, como quiera que el Código Orgánico Procesal Penal contiene disposiciones que regulan la materia objeto del presente recurso, y en atención a sustantivo, y a la Ley Orgánica contra el Tráfico llícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, esta Sala, mientras procede al examen de los dispositivos cuestionados a la luz del texto constitucional, el bien común y la paz Tribunal Supremo de Justicia, SUSPENDE la aplicación de los parágrafos únicos de los articulos 374, 375, 406, 456, 457. 458, 459, parágrafo cuarto dei articulo 460, 470 in fine, todos del Código Penal, asi como el último aparte de los articulos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en el presente caso. Como consecuencia de ello, ORDENA se aplique en forma estricta la disposición contenida en el articulo 500 del Código Orgánico Procesal Penal".

Asimismo, se observa la existencia de otros criterios emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al no otorgamiento de beneficios procesales en esta materia, tales como las sentencias Nos. 1874 del 28 de noviembre de 2008, caso: Marcos César Alvarado Bethecourt; 128 del 19 de febrero de 2009, caso Joel Ramón Vaquero, dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desprendiéndose de las primeras de las enunciadas lo siguiente:

tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas son delitos de lesa humanidad, y, por ende, conforme a lo dispuesto en ei articulo 29 constitucional, están excluidos las medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de la libertad. Al respecto, es pertinente señalar que la aludida interpretación de esta Sala, reiterada 2.507/2005, del 5 de agosto; 3.421/2005, del 9 de noviembre; 147/2006, del 1 de fundamento, la sentencia 359/2000, del 28 de marzo, dictada por la propia Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia".

Ahora bien, a los fines de delimitar si la jueza incurrió en el ilicito de abuso de autoridad, es menester para este tribunal considerar que aun cuando existía un criterio reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de mediante decisión de fecha 21 de abril de 2008, había suspendido la aplicación de los artículos de contenido adjetivo contenidos en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en lo concerniente a la imposibilidad de conceder beneficios procesales para cada uno de los delitos en estos contenidos.

En este orden de ideas, bajo la premisa que la jueza investigada sí tenía la competencia para valorar el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de la libertad, mal podría configurarse el ilícito de abuso de autoridad, sólo siendo revisable su decisión a través de los recursos ordinarios previstos en la normativa adjetiva penal y no por medio de esta instancia disciplinaria judicial. De esta manera, no se cumplen con los requisitos exigibles para que se verifique el abuso de autoridad, entendidos en la falta de competencia, el carácter abusivo de la conducta, así como la inidoneidad para el desempeño del cargo, al haber cobrado dentro de los límites de su autonomía e independencia.

Asimismo, no puede este tribunal dejar de desconocer que la ciudadana Silvia Carroz de Pulgar se encuentra desempeñando como jueza dentro del sistema judicial desde septiembre de 1.999 y asimismo no ha sido sancionada anteriormente, hecho que se desprende de la revisión de su expediente administrativo, evidenciando su idoneidad en el desempeño de sus funciones.

Carroz de Pulgar no se encuentra incursa en el ilicito disciplinario del abuso de autoridad, previsto en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera LMN Judicial, normativa vigente para la fecha en que ocurrió el hecho denunciado, actualmente subsumible en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.

VII DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide lo siguiente:

ÚNICO: Se ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL a la ciudadana SILVIA ÁNGELA CARROZ DE PULGAR, titular de la cédula de identidad N° V-4.698.528, por sus actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia y en relación a la sanción prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, normativa vigente para la fecha en que presuntamente se cometió el hecho irregular, actualmente subsumible en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

La presente decisión se ejecutará una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme.

Contra la presente decisión podrá ejercerse apelación ante este Tribunal Disciplinario Judicial, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente decisión, de conformidad con el artículo 83 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Una vez que la presente decisión adquiera el carácter de definitivamente firme, remítase copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y al Sistema de Registro de

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Información Disciplinaria, de conformidad con el artículo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

proceso disciplinario judicial, de conformidad con la parte in fine del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente de acuerdo al artículo 51 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

HERNAN PACHECO ALVIÁREZ

JACQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINA ROJAS Jueza Ponente Juez DUBRAVKA VIVAS Secretaria Temporal En fechacliinucve_ 09) de FbeRo de dos mil trece 2013), siendo las UNA y cu ArsntA y ued1: p se publicó y registagpterior decisij of el N°TDT-SD-20/3-Q2'1 DUBRAVKA VIVAS Secretaria Temporal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL AP61-D-2012-000059 En fecha siete (7) de febrero de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, cédula de identidad N° V- 218.133, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 3.673, actuando como representante judicial de la ciudadana SASHA VALENTINA ARGÜELLES GUZZO, titular de la cédula de identidad N° V-16.432.856, en contra de la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, titular de la cédula de identidad N° V-6.315.656, por actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presuntamente constitutivas de la sanción de destitución establecida en el artículo 33 numeral 23 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, asignándose el número de expediente AP61-D-2012-000059, de esta jurisdicción.

En fecha nueve (9) de febrero de 2012, la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dio entrada a la denuncia propuesta, acordando proseguir la investigación de los hechos, con el objeto de recabar los elementos indiciarios correspondientes al caso.

En fecha tres (3) de julio de 2012, la Oficina de Sustanciación emitió Informe de Investigación, y en fecha once (11) de julio de 2012, remitió el mismo al Tribunal Disciplinario Judicial, siendo que esta instancia judicial acordó su entrada en la misma fecha, asignándose ponente para conocer el presente asunto, según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño, quien con tal carácter suscribe esta decisión.

En fecha dieciocho (18) de julio de 2012, este Tribunal Disciplinario Judicial, verificados como fueron los requisitos de procedencia de la denuncia interpuesta y revisadas las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y como quiera que no se encontraron presentes ninguna de las causas de inadmisibilidad, admitió la denuncia interpuesta.

CONTRERAS DE MOY, dentro del lapso previsto en el artículo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, presentó escrito de descargos, constante de veinticinco (25) folios útiles, con anexos de doce (12) folios útiles.

audiencia oral y pública, para el jueves seis (6) de junio de 2013, a las diez (10:00 am), siendo diferida por falta de notificación del denunciante en fechas 8 de agosto de 2013 y 10 de octubre de 2013, y fijada para el cinco (5) de diciembre de 2013, a las diez de la mañana (10:00 am), oportunidad en la que se celebró la audiencia prevista en el artículo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, durante la cual la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, expuso sus alegatos, y luego de la deliberación del Tribunal Disciplinario Judicial se dictó el dispositivo respectivo, en fecha 10 de diciembre de 2013, tal como consta en acta cursante al presente expediente disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad publicar el texto Íntegro de la decisión, en cumplimiento del artículo 82 ejusdem.

DE LA DENUNCIA En fecha siete (7) de febrero de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, denuncia suscrita por el ciudadano JOsÉ MACHADO HENRIQUEz, ya identificado, actuando como representante judicial de la ciudadana SASHA VALENTINA ARGÜELLES GUZZO, en contra de la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, por actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, exponiendo lo siguiente:

"(...) En la presente causa no se ha cumplido los derechos y las asisten a nuestra mandante la parte actora, establecidas en los art.

49.1, 26 y 51 de la const. el Articulo 515 del Código de Procedimiento Civil, vigente. Incurriendo además en demoras procesales y sanciones contempladas en los Articulos 18, 19, 27, 399 y 830. 4 ejusdem.

...TODO LO CUAL CONSTITUYE UNA FLAGRANTE VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO. RETARDO EN LA SENTENCIA AUSENCIA DE OPORTUNA Y ADECUADA RESPUESTA Y DENEGACIÓN DE JUSTICIA...

"(...) En esta causa no es posible la excusa del juzgador. del exceso de trabajo que pudiera tener el tribunal, que es lo común para justificar las demoras, uno de llos conviene en la demanda, que es cosa juzgada y el otro demandado queda confeso, la causa entra en fase de sentencia, entonces_al juzgador se le facilita pronunciarse sin perder mayor tiempo en el estudio y análisis de todo el proceso, como lo establece el articulo 362 ejusdem, antes ampliamente explicado._...)" Il DE LA INVESTIGACIÓN DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN Cumplido el trámite correspondiente a la investigación, la Oficina de Sustanciación elaboró informe de fecha tres (3) de julio de 2012, en cuyo capítulo signado "V CONCLUSIONES", expuso lo siguiente:

"(...) De las actuaciones practicadas por la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, se desprende que la mencionada juzgadora no peticionando que se dictara la decisión privado al denunciante de obtener un pronunciamiento judicial oportuno, dentro de los lapsos procesales establecidos en la ley, los cuales se activan en la medida en que el órgano jurisdiccional retarda u omite el cumplimiento de su deber fundamental, como lo es el dictado de decisiones judiciales oportuna, que tiene por finalidad restituir la situación jurídica infringida. De ese mismo modo, podemos observar, como la omisión en la que incurrió la

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III ALEGATOS DE LA JUEZA INVESTIGADA Durante el transcurso de la audiencia, se le otorgó la oportunidad a la jueza denunciada de exponer los alegatos correspondientes a su defensa, manifestando que: "si bien es cierto, que el apoderado judicial de la parte actora solicitó se dictara sentencia sin que se proveyera tal solicitud dentro del lapso de ley, ello es motivado al habida en un tribunal requiere de un examen exhaustivo y minucioso de todas y cada una de las actas procesales que lo conforman a objeto de determinar la veracidad de ios hechos reducción del personal, debido a que estos tribunales unipersonales fueron cambiados a tribunal en circuito judicial, generando con esto una reducción de personal para estos juzgados por cuanto los funcionarios adscritos a los tribunales unipersonal fueron distribuidos en forma equitativa a las unidades de apoyo para el funcionamiento del circuito, motivado a esto actualmente cuento con 8 asistentes, 2 abogados asistentes, una contratada y la otra postulada en ascenso". Tal y como consta a los folios ciento cincuenta y seis (156) al folio ciento ochenta (180) de la pieza segunda del presente expediente.

IV DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a una Jurisdicción Disciplinaria Judicial, tal como lo establece su artículo 267:

"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.

La Jurisdicción disciplinaria Judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en ios términos y condiciones que establezca la ley Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales." De conformidad con el articulo anterior, se escinden dos potestades: una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomía presupuestaria del Poder Judicial; otra potestad de Índole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios creados mediante la respectiva ley.

el Poder Judicial, este se encuentra expresado en el artículo 39 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; al prever:

conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código. El Tribunal Disciplinario Judicial contará con la Secretaria correspondiente y los servicios de Alguacilazgo." Como se desprende del transcrito artículo, el Tribunal Disciplinario Judicial la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 ejusdem.

Realizadas las precisiones que anteceden y visto que en el presente caso se debate la determinación de responsabilidad disciplinaria de una jueza titular de la República, cuyo régimen sancionatorio se encuentra atribuido a esta jurisdicción especial, de conformidad con la normativa previamente transcrita y en línea con la medida de naturaleza cautelar que acordó la sentencia N° 516 del siete (7) de mayo del presente año, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, este Tribunal Disciplinario Judicial declara su procede, en consecuencia, a señalar los fundamentos de hecho y de derecho de la absolución de responsabilidad disciplinaria declarada a la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, en fecha diez (10) de diciembre del 2013. Así se declara.

V DE LA AUDIENCIA En fecha cinco (5) de diciembre de 2013, se llevó a cabo la audiencia prevista Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los Jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial, acordándose diferir el dispositivo correspondiente para el día diez (10) de diciembre de 2013.

Del desarrollo de la mencionada audiencia, en la cual solamente compareció la jueza denunciada, con su apoderado judicial, se levantó acta, de cuyo contenido se transcribe el pronunciamiento respectivo, en el siguiente sentido:

"(omissis)" Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, bajo la ponencia de la Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide:

"(omissis)" "...) Único: Único: Se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria, a la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, titular de la cédula de identidad N° V-6.315.656, por sus actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del ilicito disciplinario previsto en el artículo 33 numeral 23 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

(....

VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Como punto previo al pronunciamiento del dispositivo correspondiente a la presenta causa, debe este Tribunal manifestarse acerca de la solicitud de inadmisibilidad de la denuncia de marras planteada por la denunciada durante el acto de audiencia, en razón de la falta de cualidad del ciudadano JOSÉ MACHADO HENRIQUEZ, para formular esta denuncia por carecer de instrumento poder para formular dicha denuncia.

En este sentido, debe señalarse que en virtud de la finalidad del objeto tutelado por el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que es garantizar la independencia e idoneidad de jueces y juezas para preservar la confianza de las personas en la integridad del Poder Judicial como elemento fundamental de nuestro Sistema de Justicia, la legitimidad para acceder a esta jurisdicción, se encuentra enmarcada dentro de lo determinado por la doctrina procesal como interés simple, siendo la figura del denunciante, dentro del proceso disciplinario, un coadyuvante a juezas de la República y la disciplina de estos, para con ello materializar el fin último establecido por el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en su artículo 2. En consecuencia, resulta forzoso negar la solicitud de inadmisibilidad por el motivo expuesto por la denunciada. Así se declara.

En cuanto a la responsabilidad disciplinaria de la jueza MARIBEL CONTRERAS DE MOY, por los hechos contenidos en la denuncia interpuesta en fecha 7 de febrero de 2012 por el ciudadano JOSÉ MACHADO HENRIQUEZ, abogado en ejercicio, presuntamente porque la ciudadana denunciada vulneró derechos y garantías N° AH15-V-2008-000297, cursante en el Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por presuntamente no emitir decisión oportuna en dicho proceso civil, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones y que el caso trataba un asunto sencillo en razón del convenimiento y la confesión ficta de los litisconsortes pasivos de la referida causa, esta Instancia observó del escrito de ciudadana Maribel Contreras de Moy, que efectivamente dicha jueza tramitó una demanda por simulación de venta de un inmueble, admitida por el Tribunal a su cargo en fecha 23 de julio de 2008, constatándose en el expediente de marras, que la jueza investigada dictó la sentencia correspondiente en fecha 17 de julio de 2012, partir de la última notificación de las partes intervinientes, la cual fue practicada en fecha 23 de noviembre de 2010.

En este sentido, se aprecia que a raiz de la fecha plasmada en la referida sentencia definitiva y la emisión de la misma, habrían transcurrido dos (2) años y ocho (8)

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para decidir el caso, entre las que se destacan el alto volumen de trabajo, la mudanza del tribunal, la insuficiencia de recursos humanos y de equipamiento para el desempeño de la función jurisdiccional y los efectos de la transición judicial. Asimismo, planteó como defensa el alto nivel de rendimiento que arroja el tribunal a VENEZUELA aportados al expediente disciplinario N° AP61-2012-000608, decidido en fecha 3 de iciembre de 2013, bajo sentencia N° TDJ-SD2-013-164.

compareció a la audiencia oral y pública, no precisó la fecha que alegó como la del prueba alguno que permitiera evidenciar la situación procesal denunciada.

Ál respecto, este Tribunal pasa a efectuar unas necesarias consideraciones previas acerca de la presunta conducta indebida que se examina en este caso en particular, como lo es el retardo procesal injustificado; esto, a los fines de delimitar con claridad disciplinaria de la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY. En tal dirección, 2012, asi como las pruebas cursantes al expediente disciplinario setecientos cuarenta y uno (14.741) decisiones" relativas a la situación estadística del Tribunal de Primera Instancia a su cargo; apreciando además este órgano desempeño jurisdiccional, este Tribunal ha reiterado en diversas decisiones, en sentencias Nros° TDJ-SD2-012-102, entre TDJ-SD2-013-066 y TDJ-SD2-013-164, que para faltas relativas al retardo procesal como causal de sanción disciplinaria, las mismas deben ser reiteradas e injustificadas, máxime en este caso cuando se tramita la causal de destitución prevista en el artículo 33. numeral 23 del Código de retrasos (...) en la tramitación de procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva ...".

Acerca de la referida causal sancionatoria, el Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que los retardos y las demoras judiciales injustificadas lesionan FZUELA gravemente los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, acceso a la arta Fundamental, siendo que la razón esencial de tal criterio estriba en que los postulados constitucionales establecen expresamente el deber de todas las autoridades públicas, incluyendo las judiciales, de adelantar actuaciones y resolver de manera diligente y oportuna los asuntos sometidos a ella, toda vez que quien presenta una demanda o petición, interpone un recurso, formula una impugneó o adelanta cualquier otra actuación de carácter judicial dentro de los términos del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello, pues de lo contrario se desconocerían sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

jurisdicción, como potestad pública del Estado, "no podría funcionar debidamente y, atentarían no sólo contra la propia dinámica del Poder Judicial, sino también contra el valor superior de justicia al que tienen derecho los ciudadanos, por imperativo constitucional echa del 31 de julio de 2013).

De tal manera, el acceso a la administración de justicia, como lo ha reiterado nuestro Máximo Tribunal, desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, no debe entenderse en un sentido meramente formal, que se agota en la concurrencia de los tribunales, sino que también, y sobre todo, abarca la pretensión, obtenga respuesta oportunamente. Por ese motivo, el derecho los jueces resuelvan en forma imparcial y efectiva los diversos conflictos que entran razonable, de modo tal que el derecho a la tutela judicial efectiva sea verdaderamente garantizado pese al incumplimiento del término procesal, toda vez 7/que cuando:

... la sentencia es tardía, esa situación de retardo en si misma termina convirtiéndose en una injusticia, pues la inexistencia del fallo judicial ocasiona que las controversias queden sumergidas en una falta de certidumbre, con la natural tendencia a agravarse al cabrian aplicar, por lo cual se entiende que la adopción oportuna de las providencias judiciales resulta imprescindible para el colectiva -la de asegurar el funcionamiento de la administración de justicia-, cuya frustración genera desasosiego en toda la sociedad (Ibidem).

Por su parte, la doctrina plantea que, "[e] buen funcionamiento de la justicia en e en e en comunidad entera" (Jaime Castro, "La justicia en Colombia". Bogotá, Colombia, Pág. 12). En cuanto al caso de autos, se observa que en fecha 18 de julio de 2012, este Tribunal Disciplinario Judicial, una vez analizado el informe conclusivo y los recaudos del caso de autos, abrió procedimiento disciplinario a la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, por no haber dictado sentencia en el expediente N° AH15-V-2008-000297, cursante por ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia Pen lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de incurrir en omisión de pronunciamiento y retardo injustificado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 23, del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, normativa que señala retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva" (Resaltado añadido).

torno a ella existen "cuatro modalidades de conducta, a saber: 1) incurrir en retrasos injustificados en la tramitación de los procesos; 2) incurrir en retrasos injustificados en cualquier diligencia; 3) incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de ios procesos; y 4) incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de cualquier diligencia. Las cuatro conductas deben conducir, necesariamente, a un menoscabo de los derechos o garantías establecer si se trata de una actuación u omisión injustificada, es decir, sin que medie justa causa que la determine y, además, verificar si la conducta bajo análisis constituyó un retraso produjo" (Corte Disciplinaria Judicial, Sentencia Nro 2 de fecha 17 de enero de 2013). Aunque el criterio citado no precisa respecto a un elemento fundamental del tipo disciplinario bajo análisis, como es el carácter injustificado de la omisión, retardo o descuido, no obstante, como ha advertido esta Instancia, a efectos de determinar procesal indebido o injustificado se ponen de manifiesto, en cada caso, luego de una específica ponderación acerca de si efectivamente ha existido un retraso atribuible al órgano jurisdiccional respectivo, siempre que el mismo resulte injustificado y constituya una irregularidad inaceptable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Esto es, el carácter razonable de la dilación de un proceso, atendiendo a la

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esencialmente en las siguientes condiciones: complejidad del litigio; márgenes de duración normal respecto a procesos similares; interés que exterioricen las partes durante el proceso; comportamiento y situación del órgano judicial actuante.

En todo caso, este Tribunal considera que el retardo procesal sólo podría tenerse correspondiente, surgieran situaciones imprevistas e inevitables que no le permitieron dictar el pronunciamiento respectivo dentro del plazo fijado. Por tanto, el funcionario que pretenda excusarse deberá demostrar que la demora ocurrió a pesar de su esmero y actuaciones en cabal cumplimiento de su función, por motivos negativamente el servicio de justicia. Tal como ha señalado la doctrina al plantear originan: escaso personal e infraestructura insuficiente, cantidad de causas por encima de lo razonable, reglas procesales con numerosas etapas y permisivas en el abuso de los lentitud, desinterés o desidia (.) de todas estas causas y con causas mencionadas, sólo esta última, esto es, el retardo, escasa dedicación, desinterés, desidia, irresponsabilidad es lo que puede ser objeto de reproche disciplinario y en casos extremos, la destitución." (Santiago Alfonso, "La Responsabilidad Judicial y sus Dimensiones". Tomo I, Editorial Depalma, Año 2006, p.713)

Es ese el espíritu que fue plasmado por el legislador en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual consagra como ilicito disciplinario la inobservancia de los lapsos para la realización de los actos procesales, sean estos de carácter decisorio o no. En efecto, en el numeral 6 del artículo 31 ejusdem se amonesta por escrito a los jueces que incurran en *...retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos"; asimismo, en el numeral 1 del artículo 32 ejusdem se suspende a los jueces que inobserven "sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir o dictar alguna providencia, o diferir las sentencias sin causa justificada expresa en el expediente respectivo". (Negrillas del Tribunal).

De igual forma, en el numeral 6 del artículo 32 ejusdem, se sanciona a los jueces por .4 "...retardar ilegalmente una medida, providencia, decreto, decisión o sentencia, aunque no se hubiere interpuesto por dichos motivos el procedimiento de queja en su contra para hacer efectiva la responsabilidad civil, ni la acción penal correspondiente a la denegación de justicia", y finalmente en el numeral 23 del descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva". Resaltados del Tribunal. Así pues, sólo con apoyo de una justificación debidamente comprobada y fuera de toda duda puede exonerarse al juez o jueza de responsabilidad disciplinaria por cumplimiento de los principios de celeridad procesal y tutela judicial efectiva. Así argumentos, toda vez que para justificar el retardo procesal, es necesario determinar que se el juzgador o la juzgadora actuó en cumplimiento integral de las funciones, resultando el retardo en la actuación la consecuencia de un estado de cosas singularizado y probado que se constituye en motivo insuperable de la omisión. De contrario a los deberes propios del ejercicio de sus funciones, en consecuencia, se deberá aplicar la responsabilidad correspondiente conforme a lo establecido en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

de una revisión a las documentales presentadas anexas al escrito de descargo, incorporado a los autos por la jueza sometida a procedimiento, (cursante en los folios 164 al folio 179 de la pieza N° 2 del expediente Disciplinario), que en el decurso del tiempo implicado en el retardo, el despacho atravesó por múltiples dificultades que entorpecieron el funcionamiento esperado, evidenciadas no sólo en las transformaciones de orden institucional que le restaron capacidad administrativa y funcional, sino también, en la elevada carga de asuntos que gestionaba, lo que resolver las causas dentro de las oportunidades procesales respectivas.

Al respecto, vale indicar, por notoriedad judicial, que este Tribunal Disciplinario Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictó la resolución N° 2011-0062 de fecha 30 de noviembre de 2011, en donde se determinó la redistribución a otros despachos de un gran número de causas, siendo que en total, el Tribunal a cargo de la jueza denunciada, gestión durante el año 2011 una cantidad que excedía de los cuatro mil expedientes lo que evidentemente generó congestionamiento, circunstancia ésta que permite deducir dos aspectos de relevancia para la decisión adoptada en este caso: 1°) en el tribunal cursaban juicios con antigledad superior al afrontada por la jueza debido a las múltiples competencias asignadas para entonces al Tribunal a su cargo, consecuencialmente, es evidente determinar una sobrecarga importante de obligaciones por razones no imputables al desempeño de la jueza investigada, que influyeron en la marcha del tribunal.

juzgados itinerantes, ante el "considerable volumen de causas en estado de sentencia" que recibieron "como consecuencia de la redistribución* (Resolución N° 2012-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.074 del 18 de diciembre de 2012, apreciada estructural en que se encontraban los juzgados con competencia civil, mercantil, bancario y de tránsito del Área Metropolitana de Caracas, a cuya circunscripción estaba y permanece adscrito el despacho de la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY.

En consecuencia, este Tribunal Disciplinario Judicial reitera el criterio establecido en 17.EEn la sentencia N° TDJ-SD-2012-102, publicada en fecha 24 de abril de 2012, referida al expediente N° AP61-A-2011-55, donde se considera que el solo hecho de haber disciplinable en este caso, toda vez que pueden existir circunstancias en cada caso particular que podrían absolver o atenuar eventuales responsabilidades de los jueces correspondientes.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1565 del 11 de junio de 2003, determinó lo siguiente:

"Visto que para resolver el presente caso debe tenerse en cuenta si hubo o no dilación indebida, esta Sala considera respecto de la expresión dentro de un plazo razonable, por lo tanto, la falta de cumplimiento del órgano jurisdiccional de los lapsos procesales es una condición necesaria mas no suficiente para declarar que hubo dilación indebida o retardo judicial.

Ahora bien, la determinación de ese plazo razonable no es posible peculiaridades que lo distinguen de otros. Para determinar dicho plazo debe atenderse a una serie de criterios que el derecho comparado y esta Sala en anteriores oportunidades han señalado de manera enunciativa.

En efecto, el Tribunal Constitucional Español, acogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia n° 5/1985, de! 23 de enero estableció lo siguiente:

"La complejidad del litigio, la conducta de los litigantes y de las on se siguen para las partes son, ciertamente, criterios desde los que debe llenarse de contenido el concepto del "plazo razonable". Otros criterios son las pautas y márgenes ordinarios en los tipos de proceso de que se trata, o en otros términos en estándar medio admisible, para proscribir dilaciones más allá de él." (Jorge Carreras del Rincón. Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. El articulo 24 de la Constitución Española. Los derechos fundamentales del justiciable. Madrid. Marcial Pons, 2002, p. 588).

(.…).

Debe considerarse asi la complejidad del asunto, esto es, que complican la labor del órgano jurisdiccional, al implicar mayor actividad para la resolución del supuesto planteado" (Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Madrid.

Editorial Civitas, 1994, p. 88).

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(..).

Otro aspecto determinante es el relativo a la conducta de los litigantes, quienes pueden utilizar legítimamente todos los medios que existen en el ordenamiento juridico, pero la manipulación y el abuso de los mismos para lograr un fin distinto a la naturaleza del proceso, es lo que ha de tenerse en cuenta para afirmar que hubo una prolongación anormal del procedimiento, en este caso imputable a la parte cuya actividad estuvo dirigida a entorpecer deliberadamente (...) La conducta de la autoridad judicial es importante en el tema en cuestión, pues si se constata que hubo una duración anormal del proceso y que no existe una explicación que la justifique por parte del órgano jurisdiccional correspondiente, puede hablarse de dilación indebida o retardo judicial.

(...) Finalmente, debe verificarse si el retardo judicial ha causado un perjuicio al accionante". (Resaltado y negrita nuestro) Asimismo, mediante sentencia N° 2198 de fecha nueve (9) de noviembre de 2001, la citada Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, señaló que:

"Debe recordarse, no obstante, que el concepto de proceso sin dilaciones indebidas es un concepto juridico indeterminado, cuyo contenido concreto deberá ser obtenido mediante la aplicación, a las circunstancias con su enunciado genérico. Podrian identificarse como ejemplo de tales criterios objetivos: la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes. Asi pues, criterios de razonabilidad pesarán sobre la decisión que se tome en cada caso concreto"

necesaria consideración, lo constituye el elemento representado por la cantidad de actuaciones jurisdiccionales que haya realizado el tribunal en cuestión en un varias causas o en general, la realización de cualquier acto procesal dentro de los lapsos previstos en la ley. Siendo que en el presente caso, se observa de las documentales referidas a las graficas del resumen de las estadísticas de los casos correspondientes al Tribunal a cargo de la jueza denunciada, que la misma mantiene un aceptable nivel de rendimiento.

De lo precedente, este Tribunal concluye que no existen elementos cuya ponderación permita determinar que en el presente caso se configuren los supuestos requeridos para dar por verificado el ilícito disciplinario previsto en el artículo 33 numeral 23 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, con relación a la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, por actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara.

7

VII DECISIÓN

justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide:

Único: Se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria, a la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, titular de la cédula de identidad N° V-6.315.656, por sus actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del ilicito disciplinario previsto en el artículo 33 numeral 23 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Una vez que la presente decisión adquiera el carácter de definitivamente firme, remítase copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Inspctoria General de Tribinaleß?est6-de boadadion lo previsto en el artículo 89:deb:SCódigo de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en co U192 cns Regístrese y publiquese la presente decisión._.

Dada, firmada y sellada en el-Salón de-Despacho del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a los mes de _ENERO de dos mil catorce (2014). Años 203° de la VARIAN Independencia y 154º de la ederaciono VENER ^

HENANE CHESO ALVIÁREZ ¿ :

Presidente

CARLOS MEDINAROJAS JACQUELINE SOSA MARINO Rufj fanr Jueza Ponente RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretana CATRCE(14 ) de ENERO_de dos mil trece (201), En fecha se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° TDT-SD-20J4-002, siendo las dace y VEintiuno fostnroiden (12.m

RAANEL SUA GONZÁLEZ

P61-D-2012-000059 RIANA HPAJSMCMR/RS

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL Caracas, doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014) Año 203° de la Independencia y 154° de la Federación

EXPEDIENTE N° AP61-R-2014-000002 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ.

Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, conocer del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana ROMINA JOSÉ TORRES GÁNDARA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V.-16.660.869, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, contra el auto de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013) dictado por el Tribunal Disciplinario Judicial, en el procedimiento seguido contra el ciudadano MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA, por sus actuaciones durante su desempeño como Juez del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, mediante el cual se ordena la remisión de las actuaciones del expediente disciplinario Nro. AP61-A-2013-000001, a la Inspectoria General de Tribunales, en razón de la decisión N° 516 de fecha siete (7) de mayo dos mil trece (2013). y N° 1388 de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

-- ANTECEDENTES En fecha cinco (5) de diciembre de dos mil trece (2013), la ciudadana ROMINA JOSÉ TORRES GÁNDARA, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, compareció ante el Tribunal Disciplinario Judicial y apeló del auto dictado por ese órgano disciplinario en fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013).

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Mediante auto de fecha catorce (14) de enero de dos mil catorce. (2014), el representación de la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES en lo sucesivo IGT, ordenando la remisión de la causa original a esta superioridad.

En fecha dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014), se dio entrada ante esta Corte Disciplinaria Judicial del recurso de apelación contra el auto dictado por el Tribunal Disciplinario Judicial, de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), en el expediente disciplinario seguido al ciudadano MARCOS RAFAEL ROJAS GARCIA, asignándole el N° AP61-R-2014-000002, correspondiéndole la ponencia a la Dra. MERLY MORALES HERNÁNDEZ.

En fecha (30) de enero de dos mil catorce (2014), esta Corte Disciplinaria este Despacho en un lapso de veinticuatro (24) horas, si en el expediente disciplinario que se le sigue al ciudadano MARCOS RAFAEL ROJAS GARCIA, cursaba acto conclusivo por parte de la IGT, asimismo se le solicitó al a-quo se sirviera informar si fue practicada la citación al juez denunciado. No obstante, el mencionado auto fue denominado por error material, auto para mejor proveer, siendo lo correcto tenerlo como un auto de mero trámite o de sustanciación del proceso, por cuanto el mismo es una providencia interlocutoria dictada por el juez que dirige el proceso, en ejecución de normas procesales atribuidas a este funcionario para impulsarlo, aun de oficio, hasta su conclusión, (articulo 14 Código de Procedimiento Civil), sin que ello implique decisión UILA En fecha cuatro (04) de febrero de dos mil catorce (2014) el Tribunal Disciplinario libró oficio N° TDJ-318-2014, mediante el cual dio respuesta a la información solicitada y remitió las copias correspondientes.

DEL RECURSO DE APELACIÓN En fecha cinco (5) de diciembre de dos mil trece (2013), la ciudadaña ROMINA JOSÉ TORRES GÁNDARA, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, compareció ante el Tribunal Disciplinario Judicial y apeló del auto dictado por ese órgano disciplinario en fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), en los siguientes términos:

( investigación de los hechos y dictó en fecha 28 de enero de 2013, el correspondiente acto conclusivo consistente en ACUSACIÓN (sic) en la cual se solicitó se le impusiera al mencionado juez titular la sanción de DESTITUCIÓN. Por ello, ordena que se remitan de nuevo las presentes actuaciones a la Inspectorla General de Tribunales, conllevaría a retrasar innecesariamente el procedimiento disciplinario judicial, lo cual contraria el principio de celeridad procesal previsto en el articulo 3 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana".

Finalmente, la delegación de la IGT solicitó que la presente apelación fuese /pertinentes a esta Corte Disciplinaria Judicial.

DEL AUTO APELADO.

En fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), el Tribunal Disciplinario Judicial dictó auto referido a la causa N° AP61-A-2013-000001, en virtud del acta N° 44 de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil trece (2013), suscrita disciplinaria, en la cual se dejó constancia de la remisión a la IGT, de los expedientes admitidos o no que cursaban ante dicho Tribunal, en los cuales no había citación del juez denunciado o jueza denunciada, dicha remisión fue realizada con el fin de que el correspondientes, todo ello en acatamiento de la decisión N° 516 de fecha siete (7) de mayo dos mil trece (2013). y decisión N° 1388 de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: :

DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA ZUTA Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial debe determinar su competencia para conocer del presente recurso ordinario de apelación y a tal efecto observa lo siguiente:

7/ Establece el articulo 42 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana lo siguiente:

Artículo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y venezolana. (Negrilias de esta alzada).

vigentes y del ordenamiento jurídico patrio.

Corolario de lo anterior, visto que en el caso de marras existe la apelación realizada por la representación de la IGT, contra el auto de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), referido a la causa N° AP61-A-2013-000001, ciudadano MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA, en consecuencia, esta Corte Disciplinaria Judicial se declara competente para conocer del presente recurso de apelación. Y así se decide.

-II- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Fundamenta su recurso la recurrente en que el órgano al cual ella representa correspondiente acto conclusivo, arrojando como conclusión la acusación del ciudadano MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA, solicitando a la Jurisdicción Disciplinaria Judicial se le imponga la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN del cargo.

Sostiene la IGT en el mismo orden de ideas que "(..) ordenar que se remitan de nuevo las presentes actuaciones a la Inspectorla General de Tribunales, conllevarla a retrasar innecesariamente el procedimiento disciplinario Judicial (sic), lo cual contraria el principio de celeridad procesal previsto en el articulo 3 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana".

En este sentido, observa esta Corte Disciplinaria Judicial que la decisión N° 516, del Tribunal Supremo de Justicia luego de decretar de oficio, que las competencias que el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana le asigna a la Oficina de Sustanciación y al Tribunal Disciplinario Judicial para iniciar de oficio o por denuncia las conducentes al esclarecimiento de los hechos, serán propias del Inspecto: General de Tribunales, y suspender el segundo párrafo del artículo 35 y los cardinales 2, 3, 5, 7 y 8 del artículo 37 (relativos a la competencia de la Oficina de Sustanciación para realizar la Jurisdicción Disciplinaria, ordenó lo siguiente:

actualmente ante la Oficina de Sustanciación; asi como las que cursen ante el jueza denunciado deberán ser remitidas a la Inspectoría General de Tribunales, esclarecimiento de los hechos".

Posteriormente, a solicitud de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013) dictó decisión N° 1388, mediante la cual al aclarar el contenido de la decisión señalada ut supra, luego de establecer que al "(...) afirma[r] que la Oficina de Sustanciación será el órgano sustanciador pero del proceso judicial, se debe señalar que con dicha frase se alude a las competencias que de común corresponde a cualquier Juzgado de Sustanciación en un cuerpo colegiado.", al analizar la distribuciórf "(...) se debe comenzar por afirmar dos cosas. La primera, que en materia sancionatoria no hay lugar para poderes discrecionales; y la segunda, que que se le asigna a cada órgano un rol especifico; el del Inspector General de Tribunales de investigar e impulsar la sanción: y el de los órganos jurisdiccionales disciplinarios de iuzgar la actuación del juez en atención a lo presentado por el Inspector. Ni a uno ni a los otros le corresponde cuestionar, más allá del diseño procesal, la institucionalidad en el actuar de cada uno.

De la misma forma, la Sala en su aclaratoria al referirse a las competencias que detentaria en adelante la Inspectoria General de Tribunales como órgano de investigación disciplinaria, estableció que:

"(...) i) A tenor de lo señalada,en la sentencia cuya aclaratoria se solicita, Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana le atribuyen a V Inspector General de Tribunales". se concluye que el Inspector General de Tribunales es el único competente para admitir las denuncias contra los jueces y juezas. Si la denuncia es recibida por cualquier otro órgano la misma debe ser remitida inmediatamente al Inspector General de Tribunales para que éste proceda en consecuencia;

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En este sentido, de las citas parcialmente trascritas, puede esta alzada inferir en principio que, las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, otorgaron, transitoriamente, competencia exclusiva a la investigar e impulsar la sanción investigaciones a lugar.

De seguido, la referida aclaratoria al referirse a las causas en curso contra jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios, estableció lo siguiente:

"(..) Siendo que esta Sala suspendió cautelarmente la referencia que hace del procedimiento disciplinario contemplado en los articulos 51 y siguientes del mencionado Código, los procesos que ya se habían iniciados a tales jueces para el momento en que se dictó la decisión cuya aclaratoria se solicita (7 de mayo de 2013) penden de lo decidido en esta demanda de nulidad. De tal suerte que existe una cuestión preiudicial en cada una de esas causas en los términos previstos en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimionto Civil, razón por la cual, con base en el artículo 355 eiusdem, continuarán su curso hasta llegar al estado de sentencia, bien sea de primera instancia o de apelación, en cuyo estado se suspenderá hasta que se resuelva la presente demanda de nulidad, sin menoscabo de la competencia de la Comisión Judicial de excluir los de la función actividades y desempeño de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,. la Escuela Nacional de la Magistratura y la Inspectorla General de Tribunales y de someter a la consideración de la Sala Plena las políticas de reorganización del Poder Judicial y su normativa. Corolario de lo anterior, jurídicos. Asi se decide".

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asl como el alcance y extensión de la aclaratoria dictada al efecto y de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual impone a esta disciplinarias, resulta imperiosa la necesidad de dilucidar las competencias y facultades que subsistieron a cada uno de los órganos que participan en el proceso disciplinario judicial, lo cual pasa esta alzada a analizar de la siguiente forma:

n s [ d se alude a las competencias que de común corresponde a cualquier Juzgado de Sustanciación en un cuerpo colegiado", correspondiéndole en efecto "(..)la realización de todos los actos necesarios para la tramitación de la causa a los fines de acondicionar a para la emisión de la decisión de mérito sobre el fondo una vez celebrada la audiencia. En otras palabras, de velar 7por la consecución de los típicos actos de sustanciación del proceso, tales como: la admisión de la demanda, la admisión de pruebas, citaciones y notificaciones, etcétera." En el mismo orden, la Inspectoría General de Tribunales detenta por orden de la decisión cautelar, el rol de "(...) investigar e impulsar la sanción" de los jueces y juezas, sin que las mencionadas decisiones (516 y 1388) hicieran distinción de la condición del cargo de los jueces denunciados, correspondiéndole investigar e impulsar la sanción de los jueces, no solo titulares, sino incluso provisorios, temporales u ocasionales (...) sin menoscabo de la competencia de la Comisión Judicial de excluidos de la función jurisdiccional, Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Escuela Nacional de la Magistratura y la Inspectorfa General de Tribunales".

Corresponde de la misma forma a la Inspectoría General de Tribunales, según la practicar las diligencias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, precalificar los presuntos ilícitos disciplinarios, solicitar el archivo de las actuaciones, solicitar el sobreseimiento y solicitar medidas cautelares.

Por su parte, al órgano colegiado de primera instancia disciplinaria judicial, quien cón posterioridad a la cautelar dictada, trasladó la competencia para sustanciar los procesos disciplinarios a la Oficina de Sustanciación, corresponde adicionalmente a las competencias habida en el artículo 40 del Código de Ética, el conocimiento de los recursos intentados contra la decisión de la IGT que determine la inadmisión de la denuncia presentada y de los recursos que se intentaren contra las decisiones u actos de la Oficina de Sustanciación.

Por ultimo, se observa que las competencias de esta Alzada fueron únicamente IGT que determine la inadmisión de la denuncia presentada, la cual por orden de la Sala corresponderá al Tribunal Disciplinario Judicial.

por orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dentro del proceso disciplinario judicial, a la luz de la tutela cautelar dictada, se considera necesario realizar En este sentido, observa con meridiana claridad este despacho superior, al Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en relación a los procesos en _Curso la sala expresamente estableció que "(..) las denuncias -admitidas o no- que cursen Disciplinario Judicial en las cuales no haya habido citación del juez o jueza denunciado deberán ser remitidas a la Inspectoria General de Tribunales, para que dicho órgano lleve a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos*.

Dicho pronunciamiento fue realizado por el máximo interprete de la Carta Magna, hasta tanto se decida la demanda de nulidad, un trasiado de las competencias propias de la Oficina de Sustanciación al órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, encargado de la inspección y vigilancia de los tribunales de la República, estableciendo con el fin de que se realizara la investigación correspondiente y se arribar a a las conclusiones respectivas.

ordenada (la citación del juez), conlleva en principio, una convalidación a aquellos procesos, donde sin distinción de cual órgano de instrucción realizó la investigación De igual forma, entiende esta Alzada que dicha disposición (remisión a la 1GT)— obedece al traslado de competencias de la Oficina de Sustanciación a la IGT, que de correspondiente decisión (acto conclusivo). sin distinción de si los mismos fueron admitidos o no, o si fue realizada la citación del juez denunciado, no será necesario remitir nuevamente dichas actuaciones al mencionado órgano, por cuanto ello implicaría órgano instructor reconocido por la Sala, constituyendo ello una violación al principio de Disciplinario Judicial y la Oficina de Sustanciación observar las presentes consideraciones a la hora de aplicar la mencionada tutela cautelar. Y así se establece.

Por otra parte, la aclaratoria de la sentencia cautelar, al hacer referencia a la .suspensión de la aplicación del Código de Ética a los jueces que se encontraran en condición de temporales, ocasionales, accidentales o provisorios estableció que "(... los cuya aclaratoria se solicita (7 de mayo de 2013) penden de lo decidido en esta demanda de términos previstos en el ordinal 8* del articulo 346 del Código de Procedimiento Clvil, razón por la cual, con base en el articulo 355 eiusdem, continuarán su curso hasta llegar al estado de • sentencia, bien sea de primera instancia o de apelación, en cuyo estado se suspenderá hasta que se resuelva la presente demanda de nulidad,", siendo entendida dicha decisión como una suspensión de los mencionados procesos "por vía cautelar", lo que hace necesario, dictada o de la demanda de nulidad del Código de Ética existente en la Sala aplicabie. Y asi se establece.

En eşte sentido, de acuerdo a las afirmaciones precedentemente expuestas, _observa esta Alzada que en la presente causa, en fecha treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014) se dictó auto mediante el cual se le solicitó al Tribunal Disciplinario .Judicial informara a esta Alzada, si en el expediente AP61-A-2013-000001, cursaba acto conclusivo emanado de la IGT, y si fue realizada la citación del juez denunciado, en cuyos casos, de ser afirmativo, señalará las respectivas fechas y remitiera las copias— 3..

(2014), oficio N° TDJ-318-2014, emanado del Tribunal Disciplinario Judicial, mediante el cual se informó a esta Corte que en el referido expediente consta del folio dos (2) al folio treinta (30) de la pieza N° 4, acto conclusivo dictado por parte de la IGT, sobre la investigación realizada al ciudadano MARCOS RAFAEL ROJAS GARCÍA, en el cual el órgano de instrucción concluyó una vez realizada la correspondiente investigación, que

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el juez denunciado podría encontrarse incurso en los ilícitos disciplinarios tipificados en los ordinales 8 y 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, siendo merecedor de la sanción de destitución, evidenciándose de la revisión de las copias certificadas remitidas al efecto que el mismo fue dictado en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil trece (2013), siendo señalado de igual forma por parte del, a quo, que no se desprende de autos la realización de la citación del juez En este sentido, estima esta Corte Disciplinaria Judicial que, tal y como consta de las actas que conforman el presente expediente, la IGT ha venido participando en la presente acción disciplinaria desde su fase de investigación, realizando todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, siendo corroborado por esta Alzada que en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil trece imputo al juez denunciado la comisión de dos (2) ilicitos disciplinarios, razón por la cual, improcedente la remisión del presente asunto a la IGT, por cuanto dicho órgano ya realizó la investigación correspondiente, siendo lo ajustado a derecho, a los fines de garantizar el debido proceso, los principios de celeridad y concentración que informan el representación de la IGT, la nulidad del auto de fecha veintiséis (26) de noviembre de 000001, en la fase correspondiente. Y asi se declara.

II DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivaríana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la Inspectoría General de Tribunales. SEGUNDO: SE ANULA el auto de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), dictado por el Tribunal

TERCERO: Se ordena continuar la tramitación de la causa AP61-A-2013-000001, en la fase procesal correspondiente.

Se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Disciplinario Judicial. Librese oficio.

Publíquese, regístrese, notifiquese a las partes y déjese copia.

Dada, sellada y firmada en la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014).

Año 203° de la Indepengencia y 154° de la Federación.

JUEZ PRESIDENTE,

TULIO JUMÉNEZ RODRIGUE JUBIE RUICEPRESIDENTA,

ANA CECILIAQULUÈTÀRODRIGUEZ JUEZA PONENTE

MERLY MORALESHERNANDEZ SECRETARIA,

MARIANELA GIL'MARTÍNEZ

Hoy doce (12) de febrero del año dos mil catorce (2014), sind o la 1:15 m, se publicó la anterior decisión bajo el N° 05.

Frofmg Laecretafia

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Exp. AP61-R-2014-000008 Mediante oficio N° TDJ-280-2014 del 4 de febrero de 2014, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente ciudadano HENRY JOSÉ AGOBIÁN VIETTRI, titular de la cédula de identidad N° V- 8.795.727, en su condición de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado sucesivo, JDJ) ordene a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (en lo sucesivo, DEM) la restitución inmediata de su salario, el pago de los salarios caídos y demás beneficios laborales mensuales, y solicitó su reincorporación al cargo que desempeñaba como juez titular.

Tal remisión se efectuó en virtud del auto dictado el 13 de agosto de 2013 por el TDJ, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto en su oportunidad, por la ciudadana Leslie Beatriz Garcia Fermín, en su condición de representante de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la DEM y en · su carácter de sustituta de la Procuraduria General de la República contra la decisión N° TDJ-SD-2012-254 del 1° de noviembre de 2012, que expresó: *..PRIMERQ:

Declara procedente la solicitud formulada en fecha 13 de marzo de 2012, por el ciudadano HENRY JOSÉ AGOBIAN VIETTRI...en su carácter de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui; SEGUNDO: Se levanta la medida de suspensión cautelar del ejercicio del cargo de juez sin goce de sUeldo, al ciudadano HENRY JOSÉ AGOBIAN VIETTRi..dictada en fecha 9 de marzo de 2009 por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia; TERCERO: Se ordena a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura reincorporar al ciudadano HENRY JOSÉ AGOBIAN VIETTRI al cargo de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y a pagar los sueldos, bonos y demás beneficios dejados de percibir durante el tiempo que duró la medida de suspensión decretada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Todo de conformidad con lo establecido en el articulo 46 numerales 6 y 8 de nuestra Carta Magna en Judicial, de fecha 15 de mayo de 2012, con ponencia de la Magistrada Ana Cecilia Zulueta" Rodriguez...", corregida por error material mediante decisión N° TDJ-SI-2012-280, del material en que incurrió en el fallo dictado en fecha primero (1") de noviembre del presente mes y año (sic), que ordenó a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura reincorporar al ciudadano HENRY JOSÉ AGOBIAN VIETTRI al cargo de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y a pagar los sueldos, bonos y demás beneficios dejados de percibir durante el tiempo que duró la medida de suspensión decretada por la Comisión Judicial del.

Tribunal Supremo de Justicia. Todo de conformidad con lo establecido en el-articulo-46 numerales 6 y 8 de nuestra Carta Magna en concordancia con la sentencia N° AP61-R-2012- 000004, emanada de la Corte Disciplinaria Judicial, de fecha 15 de mayo de 2012, con ponencia de la Magistrada ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ (..) siendo lo correcto Magna en concordancia con la sentencia N° AP61-R-2012-000004, emanada de la Corte Disciplinaria Judicial, de fecha 15 de mayo de 2012, con ponencia de la Magistrada ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ (sic)' (...)".

El 6 de febrero de 2014, la Secretaría de esta Corte recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) el presente expediente signado bajo el N° AP61-R-2014-000008. y dejó constancia de su distribución, correspondiéndole la ponencia al Juez Tulio Jiménez Rodríguez, quien con tal carácter suscribe este fallo.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Corte Disciplinaria Judicial observa lo siguiente:

ANTECEDENTES

El 11 de Mayo de 2010, la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT)

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Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia suspendió sin goce de sueldo al Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, y como consecuencia de ello, el 11 de marzo de 2009, ordenó de oficio realizar inspección integral en el mencionado Juzgado, y visto que la referida Comisión Judicial suspendió al prenombrado Juez hasta tanto dicho organismo presentara acto conclusivo, efectuada la referida parte del ciudadano Juez, que lo hiciera merecedor de alguna de las sancionesdisciplinarias contempladas como ilicito disciplinario previstas en la Ley de Carrera Judicial ni en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, vigentes para el momento de la referida suspensión e inspección (folios 27 al 54, pieza N° 1).

El 12 de julio de 2010, la IGT dictó auto en el cual señaló que habiendo transcurrido más de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del último de los interesados (17 de mayo de 2010) del acto del día 11 de ese mes y año, así como también había concluido el lapso establecido en los artículos 85 y 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en el literal e) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Óficial N° 37.942, de fecha 20 de mayo de 2004, para impugnar el precitado acto, y que al no constar en el expediente administrativo que se hubiere recurrido del mismo, lo declaró firme, toda vez que no existió actuación alguna pendiente del procedimiento (folio 57, pieza N° 1).

Il DEL FALLO APELADO

En fecha 1° de noviembre de 2012, el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SP.2012-254 con fundamento en lo siguiente:

Que, en el numeral 2 de la Segunda Disposición Transitoria del Código de Ética establece que *..Los procedimientos en curso se tramitarán (sic) conforme a las siguientes pautas: 2.- Causas decididas. Serán Ejecutadas inmediatamente por el Tribunal Disciplinario Judicial....

disciplinarios en el ejercicio de su función jurisdiccional, por lo que no podía ser objeto de sanción disciplinaria y. en consecuencia, declaró terminada la averiguación, ordenando el archivo del expediente, una vez que el acto dictado alcanzara firmeza.

Que, la IGT consideró que el ciudadano Juez "..no realizó actuación alguna que pueda subsumirse en las faltas disciplinarias previstas en la Ley de Carrera Judicial ni en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, instrumentos legales que se encontraban vigentes para el momento en que ocurrieron los hechos, razón por la cual se declara EUCLA terminada la averiguación de conformidad con lo establecido en el articulo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en consecuencia, se ordena archivar el expediente, una vez que quede definitivamente firme el presente acto...".

Que, tanto el prenombrado Juez como la Fiscalia Sexagésima Tercera (63*) del Ministerio Público"en Materia Disciplinaria Judicial a Nivel Nacional, se dieron por notificados de la referida decisión, el 13 y 17 mayo de 2010, respectivamente, ello a los fines de que ejercieran el recurso correspondiente ante la extinta Comisión de Funcionamiento y Restructuración Sistema Judicial dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a sus correspondientes notificaciones, y dado que no ejercieron ningún recurso, quedó definitivamente firme dicho acto administrativo, siendo asi declarado por la IGT mediante auto del 12 de julio de 2010.

Que, verificada la solicitud planteada por el aludido Juez en lo referente a la suspensión del cargo como Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, mediante resolución de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia sometida a condición resolutoria, es decir, hasta tanto la IGT emitiera acto conclusivo que a bien tuviera lugar. y dado que dicho acto lo eximió de responsabilidad disciplinaria y alcanzó firmeza, el TDJ advirtió que lo solicitado se trataba de una causa terminada conforme a la normativa vigente para el momento en que se desarrolló la investigación, correspondiéndole a esta JDJ, ejecutar el acto conclusivo al cual luego la IGT, debiendo resolver en consecuencia la solicitud realizada por el mencionado Juez.

Que, a los fines de garantizar el cumplimiento de la Segunda Disposición Transitoria en su numeral 2 del Código de Ética, en concordancia con la sentencia N° AP61-R- 2012-ooo004, emanada de la Corte Disciplinaria Judicial, de fecha 15 de mayo de 2012, con ponencia de la Magistrada Ana Cecilia Zulueta Rodríguez y, en virtud de los razonamientos anteriormente señalados, resultó imperioso para el TDJ declarar procedente la solicitud formulada por el ciudadano Juez en fecha 13 de marzo de 2012, y levantó la medida de suspensión cautelar del ejercicio del cargo sin goce de Supremo de Justicia, por lo que ordenó a la DEM reincorporar al citado Jaez al cargo* que ostentaba así como el pago de los sueldos, bonos y demás beneficios dejados de percibir durante el tiempo que duró la medida de suspensión decretada por la aludida Comisión.

Cabe advertir que la anterior decisión fue corregida por error material mediante fallo N° TDJ-SI-2012-280, del 29 de noviembre de 2012, dictada por el TDJ donde estableció que: "...CoRRiGE el error material en que incurrió en el fallo dictado en fecha primero (1") de noviembre del presente mes y año (sic), que ordenó a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura reincorporar al ciudadano HENRY JOSÉ AGOBIAN VIETTRI al cargo de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y a pagar los sueldos, bonos y demás beneficios dejados de percibir durante el tiempo que duró la medida de suspensión decretada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Todo de conformidad con lo establecido en el articulo 46 mumerales 6 y 8 de nuestra Carta Magna en concordancia con la sentencia N° AP61-R-2012-000004, emanada de la Corte- Disciplinaria- Judicial, de fecha 15 de mayo de 2012, con ponencia de la Magistrada ANA CECILIA ; articulo 49 numerales 6 y 8 de nuestra Carta Magna en concordancia con la sentencia N° AP61-R-2012-000004, emanada de la Corte Disciplinaria Judicial, de fecha 15 de mayo de 2012, con ponencia de la Magistrada ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ (.....

III FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN

La ciudadana Leslie Beatriz Garcia Fermín, en nombre y representación de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la DEM, en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, mediante escrito presentado el 3 de abril de 2013, fundamentó el recurso de apelación en los siguientes términos:

Que, "apeló anticipadamente" de la sentencia N° TDJ-SD-2012-254 dictada por el TDJ el 1° de noviembre de 2012, corregida el 29 ese mes y año, que declaró ...) PROCEDENTE la solicitud formulada por el ciudadano HENRY JOSÉ AGOBIAN VITERI (sic)..en fecha 13 de marzo de 2012; i) Levantó la medida de suspensión cautelar del Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia; y ii) Ordenó a la Dirección Ejecutiva de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con el pago de los sueldos, bonos y demás suspensión...".

página original (tal como se publicó)Página 29 de la Gaceta

Página 30

Que, a ese último punto se refirió la apelación, por cuanto la DEM resultaba.

incompetente para ejecutar dicho mandato pues era la Comisión Judicial del Tribunal :

Supremo de Justicia el órgano legitimado para designar y remover a los jueces de la :

República.

IV DE LA COMPETENCIA

asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:

El artículo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben:

"Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de Alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean Interlocutorlas o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y la Jueza venezolana". (Resaltado de la Corte Disciplinaria Judicial)

Del análisis de los autos que integran el expediente, se puede constatar que la ciudadana Leslie Beatriz García Fermin, en nombre y representación de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la DEM, en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, apeló en fecha 3 de abril de 2013, - de la sentencia N° TDJ-SD-2012-254 dictada el 1° de noviembre de 2012 (corregida por error material mediante decisión N° TDJ-SI-2012-280 del 29 de noviembre de 2012), dictada por el a quo donde se declaró competente para conocer de la solicitud realizada por el juez Henry José Agobian Viettri; procedente su solicitud y ordenó levantar la medida de suspensión cautelar del ejercicio del cargo de juez sin goce de.

sueldo acordada en su contra, ordenó su reincorporación a dicho cargo asi como el pago del sueldo, bono y demás beneficios dejados de percibir durante el tiempo que duró la medida de suspensión decretada.

En tal sentido, esta Alzada verifica que, efectivamente, se trata de una apelación presente asunto. Así se declara.

V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

apelación interpuesto y, al respecto observa:

En el presente caso, el recurso de apelación se interpuso contra la decisión contenida en el ordinal tercero del dispositivo de la sentencia N° TDJ-SD-2012-254 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 1° de noviembre de: 2012 (corregida el 29 ese mes y año), en el cual se ordenó a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura reincorporar al Juez Henry José Agobian Vittri al cargo de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

Al respecto, observa esta Alzada que en el expediente disciplinario cursa oficio N° /CJ-13-3583 del 20 de septiembre de 2013, suscrito por la Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, dirigido al Presidente del Tribunal Comisión Judicial, en reunión de esa misma fecha, acordó que el "...abogado HEnRY JOSE AGOBIAN VIETTRI, titular de la cédula de identidad N° 8.795.727, asuma como Juez Iitular_el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la- Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui; extensión El Tigre..." (Subrayado propio) y le solicitó al Director Ejecutivo de la DEM informar las resultas de ello conforme lo dispuesto en el ordenamiento jurídico aplicable, de lo cual se informará al a quo (folio 199, pieza N° 12).

Igualmente, cursa oficio N° CJ-13-3582 del 20 de septiembre de 2013, suscrito por la Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, dirigido a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en el cual hace de su conocimiento que la mencionada Comisión Judicial, en reunión de esa misma fecha, acordó que el "...abogado HENRY JOSE AGOBIAN VIETTRI, titular de la cédula de identidad N° 8.795.727, asuma como Juez Titular el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui; extensión El informe definitivo de sus actuaciones, a fin de comunicar al TDJ lo que fuere conducente (folio 261, pieza N° 12).

De las actuaciones constatadas en el expediente disciplinario, resulta evidente que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia acordó la reincorporación del juez Henry José Agobian Viettri, circunstancia que puso de manifiesto la titularidad de la pretensión del recurrente, lo que determina el decaimiento del objeto del recurso de apelación interpuesto.

En relación al decaimiento del objeto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 01270, de fecha 18 de julio de 2007, señaló respecto a tal figura procesal que la misma "(...) se constituye por la perdida del interés procesal en el juicio incoado entre las partes, por haberse cumplido con la pretensión obieto de la acción, lo cual trae como consecuencia la extinción del proceso (...)".

(Negrillas y subrayado de esta Corte Disciplinaria Judicial).

Si bien el desarrollo normal de un procedimiento culmina con una sentencia en la una o ambas partes, como también negar las, no obstante, pueden darse situaciones en las cuales una de ellas satisface las pretensiones de la otra, resultando innecesario que el Juzgador dicte sentencia en dicha causa, pues como se deriva de pedido ha sido demostrado por alguna de las partes; por lo que, resultaría cuestionable si la continuación del juicio tiene utilidad práctica.

Asi pues, resulta claro para esta Alzada que dicho acto administrativo satisfizo el planteamiento de la parte recurrente, y en virtud de ello, se produjo el decaimiento del objeto del recurso de apelación, en consecuencia, esta Corte declara el DECAIMIENTO DEL OBJETO en el presente recurso de apelación interpuesto. Así se decide.

VI DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DEL OBJETO en el presente recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Leslie Beatriz Garcia Fermin, en su condición de representante de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y en su carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República.

Publiquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, registrese, notifiquese a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Remitase copia certificada del presente fallo al Registro de Información Disciplinaria.

Dada, firmada y sellada en el salón dejdespacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los EinieeQ (25) del mes de_FEBEiO_de.

2014. Años 203° de la Independencia y 155° de la Federación.

El Presidente-Ponente, TULIO NMÉNEZ RODRIGUEZ La Vicepresidesta ANA CEGILIA ZULUETAROORIGUEZ La Jueza, MERLY MORALES La Gecretarig, MARIANELAGILMARTINEZ Exp. N° AP81-R-2014-000008.

Hoy veinticinco (25) de febrero del año dos mil catorce (201§), siendo la 2:10 pm, se publicó la anterior decisión bajo el N° 07.

página original (tal como se publicó)Página 30 de la Gaceta

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GACETA OFICIAL 11:55 AM DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO CXLI - MESIV Caracm, jueves 23 de eero de 2014 N6.123 Esranrd SUMARIO Uy on alne p od Eupro de Divisas (CADT) pare que procede s l reforma delas Previdencios Adminisratires que en sle se mencionar.

de Econonis, Finaas y Bancs BCV Camvenis Cambiario Mr 25.

CADM Providencio medarte la cual se estabiacan lns rgue y extranjero.

Providoncia mediante le cual se establecen los regusie y al IOYY) msn ornboy o uporuNny R Eed aguA uumu cuge Nuadves 0o sesau se e peugp Providencua mediante la cual se establecen los requsies.

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página original (tal como se publicó)Página 31 de la Gaceta

Página 32

DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLI Número 40.367 MES V Caracas, viernes 7 de marzo de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria

DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

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